Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXIII Legislatura
Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar
Director del
Diario de los Debates
Luis Alfredo Mora Villagómez
Año II
México, DF, martes 25 de octubre de 2016
Sesión No. 18

SUMARIO


ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

De la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes de las juntas directivas en comisiones ordinarias. Aprobada, comuníquese

COMUNICACIONES OFICIALES

Del Servicio de Administración Tributaria, por la que se informa que durante el mes de septiembre de 2016 únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, que no resultan transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la que remite Informe Anual de Actividades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en México, correspondiente al Ejercicio 2015. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento

De la Secretaría de Gobernación, por la que remite información relativa a las “Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2016”, del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al tercer trimestre de 2016. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento

De la Secretaría de Gobernación, por la que remite el Tercer Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal de 2016, de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía. Se turna a las comisiones de Economía, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para su conocimiento

De la Secretaría de Gobernación, por la que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, elabore las estrategias pertinentes, con el fin de ordenar el sector pesquero a nivel nacional, particularmente mejorar el diseño del Programa de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, con base en las observaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Se remite a la Comisión de Pesca, para su conocimiento

– Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar, previamente a la repatriación, si el retorno al país de origen de las personas migrantes centroamericanos localizados en la casa de seguridad del municipio de Amozoc, Puebla, es seguro y adecuado, y de parte a esa comisión para que brinde asesoría, estudie la situación y determine si existe motivos para solicitar el estatus de refugiado. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento

– Para exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo federal adopte las medidas pertinentes y urgentes para garantizar, previo a la repatriación, la atención integral interdisciplinaria, incluyendo la asesoría legal de las y los migrantes centroamericanos localizados en la casa de seguridad del municipio de Amozoc, Puebla, el pasado 20 de agosto, y en el interior del tráiler que circulaba por la autopista Puebla-Orizaba. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a la Semarnat, Sedesol, y SEP a formular e instrumentar de forma incluyente un programa nacional de educación para el desarrollo sustentable que obedezca al programa de acción mundial de educación para el desarrollo sostenible. Se turna al promovente, para su conocimiento

De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por la que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados:

– Por el que se exhorta al Gobierno federal, para que considere al cambio climático como una amenaza real a la seguridad nacional y se implementen acciones para reducir su impacto en la población de nuestro país. Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento

– En relación con hacer públicas las declaraciones patrimoniales, de conflictos de interés y fiscales de los titulares de los tres poderes de la Unión. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a que atendiendo las necesidades de leche que requieran sus respectivos programas sociales, ésta sea comprada directamente a Liconsa, para que dicha empresa a su vez, pueda adquirir los excedentes de leche que existen en el mercado nacional. Se remite a la Comisión de Ganadería, para su conocimiento

De la Cámara de Senadores, por la que remite once proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención

INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Del Congreso del estado de Baja California Sur, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los subsecuentes al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Del Congreso del estado de Jalisco, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 105, fracción I inciso I) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY FEDERAL DE TRABAJO

Del Congreso del estado de Jalisco, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen

DECLARE EL 27 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO “EL DÍA NACIONAL DEL MARIACHI”

Del Congreso del estado de Jalisco, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto para que se declare el 27 de noviembre de cada año, como “El Día Nacional del Mariachi”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen

INICIATIVAS DE SENADORES

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

De la Cámara de Senadores, se recibió del senador Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de diversos senadores de diferentes grupos parlamentarios, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

De la Cámara de Senadores, se recibió del senador Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 2o. a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de acreditación del cinco por ciento del IVA en la región fronteriza. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

MONEDA CONMEMORATIVA DEL QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DN-III-E

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que establecen las características de una moneda conmemorativa del Quincuagésimo aniversario de la Aplicación del Plan DN-III-E

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

LEY GENERAL DE SALUD

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, en materia de displasia de cadera

LEY GENERAL DE SALUD

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley General de Salud

Desde la curul, hace uso de la voz:

El diputado Enrique Zamora Morlet, del PVEM, para exhortar a la Secretaría de Salud, para que intensifique las campañas de salud en la frontera sur

La diputada Araceli Damián González, de Morena, para referirse a los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

A discusión el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Para fundamentar el dictamen, participa:

El diputado Armando Luna Canales, del PRI

Para fijar la postura de su grupo parlamentario, interviene:

El diputado Abdies Pineda Morín, del PES

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral, de NA

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de MC

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, de Morena

El diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del PVEM

La diputada Maricela Contreras Julián, del PRD

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del PAN

La diputada Alma Lilia Luna Munguía, del PRI

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Pasa al Ejecutivo federal, para sus efectos constitucionales

Desde la curul, el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, para referirse a los vehículos Toyota, los cuales fueron regresados por su grupo parlamentario

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

A discusión el dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez

Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra:

El diputado Jorge Álvarez Maynez, de MC

Para fijar la posición de su grupo parlamentario, hace uso de la voz:

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del PES

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, de NA

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, de MC

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, de Morena

La diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del PVEM

La diputada María Luisa Beltrán Reyes, del PRD

El diputado Juan Carlos Ruíz García, del PAN

La diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix, del PRI

Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez

Para la discusión en lo particular, participa:

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez. Se devuelve al Senado de la República, para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

PERIÓDICO “LA CRÓNICA DE HOY”

La diputada Gloria Himelda Félix Niebla, presidenta de la Mesa Directiva felicita al periódico “La Crónica de Hoy” por su vigésimo aniversario de su fundación

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

A discusión el dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos

Para fundamentar el dictamen, interviene:

La diputada Georgina Trujillo Zentella, del PRI

Para fijar la posición de su grupo parlamentario, participa:

El diputado Francisco Javier Pinto Torres, de NA

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de MC

La diputada Sofía González Torres, del PVEM

El diputado Julio Saldaña Morán, del PRD

La diputada Gretel Culin Jaime, del PAN

El diputado José Luis Toledo Medina, del PRI

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

De la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19 Bis, 60 y 64 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen

LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO

La diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 21, 45, 59 y 164 y adiciona el artículo 164-Bis de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY AGRARIA

El diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria. Se remite a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

La diputada María Ávila Serna, a nombre propio y de diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se remite a la Comisión de Justicia, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN

El diputado Salvador Zamora Zamora, a nombre propio y del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y deroga el artículo 7o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Se remite a la Comisión de Transportes, para dictamen

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos, a nombre propio y del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

De la diputada María Gloria Hernández Madrid y del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

LEY DE AGUAS NACIONALES

El diputado Carlos Barragán Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o., 12 Bis 6 y 46 de la Ley de Aguas Nacionales. Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 34, 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, a nombre propio y de diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 14 y 42 de la Ley General de Educación; y 116 y 118 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Derechos de la Niñez, para dictamen, y a la Comisión Especial de las Tecnologías de Información y Comunicación, para opinión

LEY GENERAL DE SALUD

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen

ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

De la Junta de Coordinación Política, por el que se aprueban las preguntas parlamentarias que se dirigirán al Presidente de la República con motivo del análisis del 4to. Informe de Gobierno. Aprobado, comuníquese

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El presidente Edmundo Javier Bolaños Aguilar, informa que en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria

EFEMÉRIDES

DÍA DEL MÉDICO

De la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se recibió efeméride con motivo del 23 de octubre, Día del Médico

DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

De la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, PAN, se recibió efeméride con motivo del 24 de octubre, Día Internacional contra el Cambio Climático

DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS

De la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se recibió efeméride con motivo del 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas

VOTACIONES

De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los dictámenes:

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (en lo general y en lo particular)

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez (en lo general y en lo particular los artículos no reservados)

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez (en lo particular el artículo 78, reservado, en términos del dictamen)

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos (en lo general y en lo particular)

APÉNDICE

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 25 de octubre de 2016, de conformidad con los artículos 100, numeral 1 y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados



Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

ASISTENCIA

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 261 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum, presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla(a las 11:32 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 25 de octubre de 2016.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política

En relación con cambio de comisión ordinaria.

Del Servicio de Administración Tributaria

Informa que durante el mes de septiembre de 2016 únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, que no resultan transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Remite informe anual de Actividades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en México, correspondiente al Ejercicio 2015.

De la Secretaría de Gobernación

Remite información relativa a las “contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2016”, del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al tercer trimestre de 2016.

Remite el tercer informe trimestral para el ejercicio fiscal de 2016, de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía.

Remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y Comisión Permanente.

De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

Remite tres contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Cámara de Senadores

Remite once proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.

Iniciativa del Congreso del Estado de Baja California

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los subsecuentes al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciativas del Congreso del Estado de Jalisco

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 105, fracción I inciso I) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo.

Con proyecto de decreto para que se declare el 27 de noviembre de cada año, como “El Día Nacional del Mariachi”.

Iniciativas de senadores

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Héctor Flores Avalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Senadores de diversos Grupos Parlamentarios.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 2o. a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de acreditación del 5% del IVA en la región fronteriza, presentada por el senador Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Quincuagésimo Aniversario de la Aplicación del Plan DN-III-E.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley General de Salud.

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez.

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al decreto por el que se Establece el Horario Estacional que se Aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 110 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 56, 57, 58 y 59 de la Ley General de Educación y 21 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 61-Bis y 66-Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Propaganda Gubernamental y Comunicación Social Reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el artículo 1o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 113 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Óscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 46 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 74 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley General de Asentamientos Humanos, de la Le General de Desarrollo Forestal Sustentable, y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Laura Mitzi Barrientos Cano y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 366 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 61, 64 Bis y 67 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 51 y 73 de la Ley General de Partidos Políticos, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Efraín Arellano Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 3o.y 8o. de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano, Georgina Zapata Lucero y Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Hortensia Aragón Castillo y Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 52 y adiciona un artículo 52 Bis de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 150 y 154 Bis a la Ley del Seguro Social, suscrita por el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 22 y 67 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 7o., 42 y 58 de la Ley General de Educación, cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 149 Quáter del Código Penal Federal, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 187 Bis y 420 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 21 y 42 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de la Agencia Mexicana del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agrícola, Pecuaria, Agroforestal, Pesquera y Acuícola, y reforma los artículos 92, 93, 94 y 96 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 23, 26 y 30 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 27 Bis, 56, 58, y 70 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 12, 22 y 120 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 140 y 141 de La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 114-B del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 24 de agosto de 2009, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 97 del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 60 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Alberto Martínez Urincho y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 150 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 194 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un Capítulo VIII Ter de los Principios y Derechos de los Usuarios de Espectáculos Públicos y un artículo 76 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 41 Bis y noveno transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el Capítulo Décimo de los Observatorios Urbanos a la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 17, 48, 52, 61 y 62 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, a cargo de Dip. Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Turismo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 16 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 3o. y 45 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 9o., 12 Bis 6 y 46 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Carlos Barragan Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que abroga la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 109 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley Federal de Gobierno de Coalición, Reglamentaria de los Artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 12, 14 y 42 de la Ley General de Educación, y 116 y 118 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Transición Energética, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Candelario Pérez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 22 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de la diputada Sofía del Sagrario de León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga los párrafos octavo y noveno del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 115 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados María Elena Orantes López del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Kathia Bolio Pinelo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Carlos Sarabia Camacho del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Alberto Martínez Urincho del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Edgar Spinoso Carrera del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 196 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o. y 10 y deroga el artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con proyecto de Decreto por el que se declara el 15 de octubre de cada año, como el “Día Nacional del Amaranto”, suscrita por los diputados Blanca Margarita Cuata Domínguez, Norma Xochitl Hernández Colín y Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y adiciona el artículo 162 Bis de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 21, 45, 59 y 164 y adiciona el artículo 164-Bis de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 381 del Código Penal Federal y reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 194 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 226 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 79 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 109 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 192-D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 123 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 172-O de la Ley Federal de Derechos y adiciona un segundo párrafo al artículo 199 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7-Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de la Juventud, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 138 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Zonas Económicas Estratégicas para los Estados de la Frontera Norte, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 54 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 224 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 159 Bis 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o., 6o., 104 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada María Ávila Serna y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 10 Bis, 10 Ter y 10 Quáter de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 6o., 9o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 9o., 27, 96 y 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que reforma el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 55, 82 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 y 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 57 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 57 y 58 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 7o. y 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Tomás Roberto Díaz Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Tomás Roberto Díaz Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 19 Bis, 60 y 64 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 11 y 40 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a cargo del diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Sara Latife Ruíz Chávez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y adiciona el artículo 79 a la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Javier Octavio Herrera Borunda y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que expide la Ley Federal que establece el Derecho a recibir un Apoyo Económico a las Madres Solas, Jefas de Familia, de Escasos Recursos y Residentes en México, suscrita por el diputado Alfredo Basurto Román y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto por el que se declara el 30 de mayo como Día Nacional de las Personas Sobredotadas, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o. y 4o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, César Camacho Quiroz y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 302 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que expide la Ley Federal de Mejora Regulatoria, a cargo del diputado Otniel García Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 10 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 34, 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por los diputados María Gloria Hernández Madrid y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 89, 94, 97, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato, a cargo del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y deroga el artículo 7o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación, suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 3, 3 Bis, 4, 8 y 15 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 52, 52 Bis, 52 Ter y 52 Quáter a la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que reforma y adiciona los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación, suscrita por las diputadas Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o.de la Ley General de Víctimas, suscrita por los diputados Armando Luna Canales y Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Víctimas, suscrita por los diputados Julieta Fernández Márquez y Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la SHCP, emita los lineamientos concernientes a la aplicación del estímulo fiscal al diésel agropecuario 2016, a que se refiere el transitorio segundo del acuerdo por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2015, a cargo del diputado Alex Le Barón González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, para que a través de su auditoría especial de cumplimiento financiero, verifique y lleve a cabo las acciones correspondientes e informe a la opinión pública sobre el ejercicio de los recursos otorgados con motivo de la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente programas dirigidos a formentar el trabajo decente en la población joven, a cargo de la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno, ejecutar campañas informativas para concientizar sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer infantil, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, para que realice una auditoría a los programas sociales a través de los cuales se han entregado tarjetas con dinero y despensas en diferentes municipios del estado de México de parte de Sedesol y Sedatu, suscrito por las diputadas Delfina Gómez Álvarez y Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Guerrero, a reforzar el programa “Escuelas Seguras”, para generar un ambiente de libre de violencia en todas las escuelas de la entidad, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que en coordinación con el gobierno del estado de Chihuahua, emita la declaratoria de desastre natural en el sector agropecuario y se liberen los recursos del programa componente atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero, a fin de mitigar los daños ocasionados por la granizada de los últimos días, a cargo del diputado Alex Le Barón González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, a efecto de que se realice una auditoría especial de cumplimiento financiero y se establezcan las acciones correspondientes por los hechos ocurridos en el estado de México en donde funcionarios públicos hicieron entrega de despensas y tarjetas con dinero electrónico, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a la seguridad e integridad física de artesanos y comerciantes de la zona arqueológica de Chichen Itzá y la salvaguarda de sus derechos humanos respecto del desalojo que se pretende realizar de sus lugares de trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Veracruz, a llevar a cabo todas las acciones conducentes para transferir de modo inmediato los recursos federales que corresponden a los municipios de la entidad, a cargo del diputado Javier Octavio Herrera Borunda y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a que en el ámbito de sus atribuciones elabore y publique el plan de manejo del área natural protegida Yum Balam, y no permita el cambio de uso de suelo en la isla de Holbox, ambos ubicados en Quintana Roo; así como a la Profepa, para que investigue que los desarrollos turísticos y urbanísticos de la misma isla se hayan llevado a cabo conforme a la normatividad ambiental, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los hospitales civiles de Guadalajara, a llevar a cabo los servicios de salud con calidad y garantizar el suministro de medicamentos a los derechohabientes, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a las 32 entidades federativas para que implementen campañas de prevención, detección oportuna y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a conducirse con legalidad, y al INE y al Instituto Electoral del estado de México, a investigar y sancionar presuntas acciones anticipadas de campaña, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas, a erogar de forma eficiente, en tiempo y forma del presupuesto etiquetado en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, el correspondiente al Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad de Género”, suscrito por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas dependencias del Ejecutivo Federal, para que atiendan la situación que vive el estado de Baja California por la migración de nacionales africanos y haitianos en tránsito en el país, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a la SE, a la SHCP y a la Secretaría de Salud, a fin de implementar las medidas necesarias para atender la problemática de la producción y comercialización de manzana del país, suscrito por los diputados Germán Escobar Manjarrez y Alex Le Baron González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y la SHCP, para que diseñen y ejecuten programas para la protección, conservación y restructuración a la infraestructura deportiva, así como en materia deportiva para el próximo año 2017, a cargo del diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE y a la SRE, a solicitar al gobierno de la República de Chile, que basen su determinación en el caso antidumping contra las barras de acero originarias de México, en pruebas positivas y en un examen objetivo de las importaciones investigadas, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía celebra la decisión de la CIDH para abordar el caso de Mariana Selvas Gómez y otras contra México, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esperando encontrar justicia en los hechos ocurridos en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Con motivo del 24 de octubre, Día Internacional contra el Cambio Climático, suscrita por la diputada Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y diputados integrantes de la Comisión de Cambio Climático.

Con Motivo del 23 de octubre, “El día del Médico” a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con Motivo del 24 de octubre, “Día de las Naciones Unidas” a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veinte de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos nueve diputadas y diputados, a las once horas con cincuenta y un minutos del jueves veinte de octubre de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, en relación a modificaciones de:

• Iniciativa proyecto de decreto por el que se reforman los artículos ciento quince y ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y suscrita por el diputado Ulises Ramírez Núñez, del Partido Acción Nacional, el once de octubre de dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, para opinión.

• Iniciativa proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional, el seis de octubre de dos mil dieciséis. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.

• Minuta proyecto de decreto que expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que remitió la Cámara de Senadores, el tres de mayo de dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión Transparencia y Anticorrupción, para dictamen, y a la Comisión Especial de las Tecnologías de Información y Comunicación, para opinión.

• Iniciativa proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, presentada por el diputado Felipe Cervera Hernández y suscrita por el diputado César Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional, el trece de septiembre de dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen, y a la Comisión Especial de las Tecnologías de Información y Comunicación, para opinión.

• Iniciativa proyecto de decreto por el que se reforman los artículos doscientos veintisiete y doscientos veintiocho del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada por las diputadas Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, y Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional, el seis de octubre de dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, y a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para opinión.

• Iniciativa proyecto de decreto por el que se reforman los artículos cuarenta y cuatro, y cuarenta y seis de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, presentada por las diputadas Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, y Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional, el seis de octubre de dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen, y a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para opinión.

Se modifica el turno de la minuta y de iniciativas mencionadas. Actualícense los registros parlamentarios.

b) De los diputados:

• Hugo Eric Flores Cervantes, del Partido Encuentro Social, por la que solicita el retiro de la iniciativa que reforma el artículo sesenta y uno, ciento once, y ciento doce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el tres de febrero de dos mil dieciséis.

• Mariana Arámbula Meléndez, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que se retire la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, presentada el catorce de abril de dos mil dieciséis.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De los diputados Laura Beatriz Esquivel Valdés, y Alberto Silva Ramos, por las que comunican su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir de esta fecha. De enterado. Comuníquese.

d) De la Comisión Nacional del Agua, con la que remite el Informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre del Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, de los recursos asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento, inmersos en el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER). Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Agua Potable y Saneamiento, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de septiembre de dos mil dieciséis, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de septiembre de dos mil quince. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

f) De la Consejería Jurídica del Gobierno del estado de Oaxaca, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para conmemorar el Día Mundial sin Automóvil, el veintidós de septiembre del presente año. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

g) De la Cámara de Senadores, con la que remite:

• Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos ciento siete y ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para opinión.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

h) Del Congreso del estado de Jalisco, con las que remite iniciativas con proyecto de decreto:

• Por el que se expide la Ley Federal para Regular el Uso de Aeronaves No Tripuladas Pilotadas a Distancia. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Por el que se reforman los artículos segundo fracción primera, dieciocho, veintisiete, veintiocho, treinta, cuarenta y cuatro, setenta, setenta y uno, setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis, ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres, ochenta y cuatro, y ochenta y ocho; y adiciona una fracción décima novena al artículo segundo de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transporte, para dictamen.

• Por el que se reforma el artículo dieciséis de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Flor Estela Rentería Medina, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo segundo de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna la Comisión de Economía, para dictamen.

Presidencia de la diputadaGloria Himelda Félix Niebla

El Presidente saluda la presencia en el Salón de Sesiones del excelentísimo señor Kristof Sherski, Secretario de Estado en el Gabinete de la República de Polonia, así como de la excelentísima Señora Beata Voyna, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de dicho país en México, quienes asistieron al acto de instalación del Grupo de Amistad México-Polonia, que preside la diputada María Ávila Serna.

• Jorge Ramos Hernández, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Juan Manuel Celis Aguirre, y diversos diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona el artículo setenta de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

• Ernestina Godoy Ramos, de Morena:

– Que reforma el artículo noventa y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma los artículos ciento noventa y cuatro, y ciento noventa y ocho de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Cecilia Soto González, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Población y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Gobernación, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano:

– Que reforma los artículos treinta y siete de la Ley de Coordinación Fiscal y diecinueve, sesenta y seis, sesenta y siete de la Ley General de Protección Civil. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Protección Civil, para dictamen.

– Que reforma el artículo treinta y siete de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza, que reforma los artículos doscientos uno, y doscientos cinco de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, que expide la Ley General de los Derechos de la Mujer Embarazada y del Niño por Nacer. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Igualdad de Género, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

A las trece horas con un minuto, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y siete diputadas y diputados.

• Edith Yolanda López Velasco, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos sexto, y ciento cuarenta y dos de la Ley Federal de Sanidad Animal. Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

• Cristina Ismene Gaytán Hernández, a nombre propio y del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática, que deroga el párrafo octavo del artículo dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Sharon María Teresa Cuenca Ayala y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Alfredo Basurto Román, a nombre propio y del diputado Juan Romero Tenorio, y diversos diputados integrantes de Morena, que expide la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Mariana Arámbula Meléndez, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos doscientos sesenta y uno, y doscientos sesenta y seis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El Presidente saluda la presencia en el Salón de Sesiones del excelentísimo señor Ogbole Amedu Ode de la República de Nigeria, invitado por la presidenta del Grupo de Amistad México-Nigeria y un grupo de diputados integrantes de Movimiento Ciudadano.

• María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano, que adiciona el artículo veintisiete de la Ley Minera. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Carlos Gutiérrez García, del Partido Nueva Alianza, que reforma el artículo setenta y tres de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social, que adiciona los artículos treinta y siete bis, treinta y siete ter y treinta y siete quater a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público:

a) Por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

b) De la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad, y virtud de que se ha llevado a cabo su debida publicación, en votación económica se autorizan que se sometan a discusión y votación de inmediato los dos dictámenes.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Se concede el uso de la palabra a la diputada Rosa Elena Millán Bueno, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; Mirna Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza;

Presidencia de la diputadaSharon María Teresa Cuenca Ayala

María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

Juan Romero Tenorio, de Morena; Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México; Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática; Javier Antonio Neblina Vega, del Partido Acción Nacional; y Pablo Basáñez García, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en contra el diputado Vidal Llerenas Morales, de Morena; en pro los diputados: Santiago Taboada Cortina, del Partido Acción Nacional; Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática; y Javier Octavio Herrera Borunda, del Partido Verde Ecologista de México. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa a la Asamblea que a efecto de poner en orden las reservas que se han presentado a esta Mesa Directiva, a las quince horas con catorce minutos se declara un receso.

A las quince horas con veinte minutos se reanuda la sesión.

El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular las siguientes disposiciones:

• Del Artículo Primero del Decreto: Ley del Impuesto sobre la Renta, los artículos dieciséis, veintisiete, veintiocho, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, setenta y nueve, ochenta y dos, ochenta y dos ter, noventa, ciento cincuenta y uno, ciento noventa, ciento noventa y seis, ciento noventa y siete, ciento noventa y ocho, ciento noventa y nueve, doscientos, doscientos uno, doscientos dos, doscientos tres y doscientos cuatro. Asimismo, los artículos de esta Ley reservados y que no están considerados en el dictamen son: noveno, veinticinco, treinta y tres, ciento diez, ciento once, ciento once bis, ciento once ter, ciento once quáter, ciento once quintus, ciento once sextus, ciento once septimus, ciento once octavus, ciento doce, ciento trece, ciento cuarenta, y doscientos ochenta y seis.

• Del Artículo Segundo del Decreto: Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las fracciones: primera, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, y décima primera,

• Del Artículo Tercero del Decreto: Ley del Impuesto al Valor Agregado los artículos quinto y veintinueve. Asimismo, de los artículos reservados de esta Ley y que no considerados en el dictamen son: uno-C, dos, dos-A, cinco, nueve, y veintinueve.

• Del Artículo Quinto del Decreto: Código Fiscal los artículos artículos diecisiete-F, diecisiete-L, treinta y dos-I, cincuenta y tres-B, ochenta y uno, y adición de un artículo transitorio.

• Del Artículo Sexto del Decreto: Disposiciones Transitorias al Código Fiscal de la Federación la fracción tercera.

En votación nominal por cuatrocientos once votos a favor; cuarenta y dos en contra; y una abstención se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para referirse a los artículos reservados del Artículo Primero: Ley de Impuestos Sobre la Renta, a las diputadas y los diputados siguientes:

• David Gerson García Calderón, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo dieciséis, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo dieciséis, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena, para presentar propuestas de modificación al artículo veintisiete y suprimir el doscientos dos, que en diversas votaciones económicas no se admiten a discusión y se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Alejandra Gutiérrez Campos, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas de modificación a los artículos veintiocho, setenta y nueve, y doscientos ochenta y seis, que en diversas votaciones económicas no se admiten a discusión y se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Nadia Haydee Vega Olivas, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas de modificación a los artículos veinticinco y veintiocho, que en diversas votaciones económicas no se admiten a discusión y se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Vidal Llerenas Morales, de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos veintiocho que adiciona una fracción, y treinta y cuatro fracción catorce, que en diversas votaciones económicas no se admiten a discusión y se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los artículos treinta y cuatro, treinta y cinco fracción sexta, y doscientos dos, que en diversas votaciones económicas no se admiten a discusión y se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Francisco Ricardo Sheffield Padilla, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo treinta y seis, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Ernestina Godoy Ramos de MORNEA, para presentar propuestas de modificación a los artículos setenta y nueve, fracción vigésima quinta; setenta y nueve, fracción vigésima quinta, inciso j); ochenta y dos; y ochenta y dos ter, que en diversas votaciones económicas no se admiten a discusión y se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación para suprimir el artículo ochenta y dos ter, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• María Chávez García, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo noventa, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Miguel Alva y Alva, de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos ciento cincuenta y uno, doscientos dos, y doscientos cuatro, que en diversas votaciones económicas no se admiten a discusión y se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que se retiran las intervenciones para presentar propuestas de modificación al Artículo Primero del Decreto: Ley del Impuesto Sobre la Renta la diputada y los diputados:

• Juan Pablo Piña Kurczyn, del Partido Acción Nacional, al artículo ciento cincuenta y uno.

• Laura Beatriz Esquivel Valdés, de Morena, al artículo ciento noventa.

• Ángel Antonio Hernández de la Piedra, de Morena, a los artículos ciento noventa, y suprimir el ciento noventa y nueve.

Se continúa con la discusión en lo particular, y se concede el uso de la palabra para referirse a los artículos reservados del Artículo Primero: Ley de Impuestos Sobre la Renta, a los siguientes diputados:

• Jesús Serrano Lora, de Morena, para presentar propuesta de modificación que suprime el artículo ciento noventa y seis, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, para presentar propuesta de modificación que suprime el artículo ciento noventa y siete, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Mariana Trejo Flores, de Morena, para presentar propuesta de modificación que suprime el artículo ciento noventa y ocho, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Guadalupe Hernández Correa, de Morena, para presentar propuesta de modificación que suprime el artículo doscientos, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Roberto Guzmán Jacobo, de Morena, para presentar propuesta de modificación que suprime el artículo doscientos uno que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que se retiran las intervenciones para presentar propuestas de modificación al Artículo Segundo del Decreto: Disposiciones Transitorias a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la diputada y el diputado:

• Laura Beatriz Esquivel Valdés, de Morena, a la fracción décima primera.

• Roberto Guzmán Jacobo, de Morena, las fracciones, primera, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima y décima primera.

Asimismo informa que el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, de Morena, retira su intervención para presentar propuesta de modificación al Artículo Primero del Decreto: Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo doscientos tres.

Se continúa con la discusión en lo particular, y se concede el uso de la palabra para referirse a los artículos reservados del Artículo Primero: Ley de Impuestos Sobre la Renta, a las diputadas y los diputados siguientes:

• Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo doscientos tres, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo doscientos tres, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que retira su intervención la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, de Morena para presentar propuesta de modificación al Artículo Primero del Decreto: Ley del Impuesto Sobre la Renta, suprime el artículo doscientos cuatro.

• Refugio Trinidad Garzón, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo doscientos cuatro, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo doscientos cuatro, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Santiago Torreblanca Engell, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo noveno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Joaquín Jesús Díaz Mena, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo veinticinco, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Luis Agustín Rodríguez Torres, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo treinta y tres, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Ariadna Montiel Reyes de Morena, para presentar propuesta de modificación a los artículos ciento diez, ciento once octavus, ciento once sextus, ciento once quintus, y ciento once septimus, ciento once quater, ciento once ter, ciento once bis, ciento once, ciento doce, y ciento trece, que en diversas votaciones económicas no se no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento cuarenta, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para referirse a los artículos reservados del Artículo Tercero: Ley de Impuestos al Valor Agregado, a las diputadas y los diputados siguientes:

• Jacqueline Nava Mouett, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación a los artículos primero-C; segundo; segundo-A; y quinto, que en diversas votaciones económicas no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena, para presentar propuesta de modificación a los artículos segundo-A, y noveno, que en diversas votaciones económicas no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que se retira la intervención de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, de Morena, para presentar propuesta de modificación al Artículo Tercero del Decreto: Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo veintinueve fracción cuarta.

• María García Pérez, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo-A, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para referirse a los artículos reservados del Artículo Quinto: Código Fiscal de la Federación, a las diputadas y los diputados siguientes:

• Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena, para presentar propuesta de modificación a los artículos diecisiete-F, y treinta y dos-I, que en diversas votaciones económicas no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan, para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Se concede el uso de la palabra a la diputada Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social, para presentar propuesta de modificación al Artículo Tercero del Decreto: Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo quinto fracción primera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Se concede el uso de la palabra a la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena, para presentar propuesta de modificación al Artículo Primero del Decreto: de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo ochenta y dos, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

Continúa la discusión en lo particular del Artículo Quinto del Decreto: del Código Fiscal de la Federación, se concede el uso de la palabra para referirse a los artículos reservados a las diputadas y diputados siguientes:

• Alicia Barrientos Pantoja, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo diecisiete-L, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• José Everardo López Córdova, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo cincuenta y tres-B, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que se retira la intervención de la diputada Ernestina Godoy Ramos, de Morena, para presentar propuesta de modificación al Artículo Quinto del Decreto: Código Fiscal de la Federación, artículo ochenta y uno.

• Renato Josafat Molina Arias, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo ochenta y uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

Continúa la discusión en lo particular del Artículo Sexto del Decreto: Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación, se concede el uso de la palabra para referirse a la fracción reservada al diputados:

• Sergio López Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación a la fracción tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo particular. En votación nominal por doscientos cincuenta votos a favor; y ciento noventa y ocho en contra, se aprueban en lo particular los siguientes artículos reservados:

• Artículo Primero del Decreto: Ley del Impuesto Sobre la Renta: los artículos dieciséis, veintisiete, veintiocho, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, setenta y nueve, ochenta y dos, ochenta y dos ter, noventa, ciento once, ciento cincuenta y uno, ciento noventa, ciento noventa y seis, ciento noventa y siete, ciento noventa y ocho, ciento noventa y nueve, doscientos, doscientos uno, doscientos dos, doscientos tres, y doscientos cuatro.

• Artículo Segundo del Decreto: Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: las fracciones primera, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, y décima primera.

• Artículo Tercero del Decreto: Ley del Impuesto al Valor Agregado, los artículos quinto y veintinueve.

• Artículo Quinto del Decreto: Código Fiscal de la Federación, artículos diecisiete-F, diecisiete-L, treinta y dos-I, cincuenta y tres-B, y ochenta y uno.

• Artículo Sexto del Decreto: Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación: fracción tercera.

Desde su curul el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional, refiere que el voto de su Grupo Parlamentario ha sido en contra de los artículos que esta fracción reservó.

Desde su curul realizan moción de hechos la diputada y el diputado: Norma Rocío Nahle García, de Morena, y Eukid Catañon Herrera, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete. Se concede el uso de la palabra a la diputada Fabiola Guerrero Aguilar, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión y presentar una adenda con propuesta de modificación a los artículos veintiséis, fracción cuarta; y veintisiete del dictamen. En votación económica se aceptan las modificaciones propuestas, y se incorporan al dictamen. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Hugo Eric Flores Cervantes, del Partido Encuentro Social;

Presidencia de la diputadaSharon María Teresa Cuenca Ayala

Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza; María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano; Vidal Llerenas Morales, de Morena; Javier Octavio Herrera Borunda, del Partido Verde Ecologista de México; José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática; Herminio Corral Estrada, del Partido Acción Nacional; y Charbel Jorge Estefan Chidiac, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

Se somete a discusión en lo general e intervienen las diputadas y los diputados: en contra Ariadna Montiel Reyes, de Morena; en pro Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México; en contra Alicia Barrientos Pantoja, de Morena; en pro Mariana Benítez Tiburcio, del Partido Revolucionario Institucional; en contra Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena; en pro Óscar Ferrer Abalos, del Partido de la Revolución Democrática; en contra Rodrigo Abdala Dartigues, de Morena; en pro Leticia Amparano Gámez, del Partido Acción Nacional; en contra Delfina Gómez Álvarez, de Morena; en pro Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano; en contra Patricia Elena Aceves Pastrana, de Morena; y en pro Yericó Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional; y Rocío Matesanz Santamaría, del Partido Acción Nacional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: uno, dos, seis, siete, nueve, diez, once, doce, trece, quince, dieciséis, dieciocho, veintiuno, veintitrés, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintinueve, treinta, treinta y dos; así como los siguientes artículos transitorios: primero, sexto, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo segundo; y la adición de diversos transitorios. En votación nominal por cuatrocientos seis votos a favor; y cuarenta y tres en contra, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para referirse a los artículos reservados del Artículo Primero Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete, a los siguientes diputados:

• Fidel Calderón Torreblanca, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación a los artículos uno párrafo quinto, y décimo segundo transitorio, que en diversas votaciones económicas no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo uno párrafo sexto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Vidal Llerenas Morales, de Morena, para presentar propuesta de modificación a los artículos uno párrafos sexto y décimo tercero, y diez adición de un párrafo, que en diversas votaciones económicas no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Sergio López Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación a los artículos uno y veintinueve, que en diversas votaciones económicas no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Lucia Virginia Meza Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación a los artículos uno adición de un párrafo, y adición de dos artículos transitorios, que en diversas votaciones económicas no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Norberto Antonio Martínez Soto, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación a los artículos uno adición de un párrafo, veinticinco fracción primera inciso a), veintiséis fracción tercera, décimo segundo transitorio fracciones primera y segunda, que en diversas votaciones económicas no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Ariadna Montiel Reyes, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva, para su votación en conjunto en términos del dictamen.

Presidencia del diputadoJerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo uno adición un párrafo, supresión de los artículos veinticinco, veintiséis y veintisiete, y modificación a los artículos transitorios noveno y vigésimo segundo, así como la supresión de los transitorios décimo primero, décimo segundo, décimo cuarto, décimo sexto, décimo séptimo y vigésimo primero, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

• Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo tercero transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Isaura Ivanova Pool Pech, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo uno numeral uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación a los artículos uno adición de un párrafo, dos, dieciocho adición de un párrafo, y veintitrés, que en diversas votaciones económicas no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Juan Romero Tenorio, de Morena, para presentar propuesta de modificación a los artículos uno párrafo décimo tercero; dos párrafos primero, sexto, octavo y décimo tercero; siete; nueve; diez párrafos tercero, quinto y décimo cuarto; once párrafo décimo; trece; quince párrafo primero; dieciséis apartado B, fracción segunda; dieciocho párrafo cuarto; y los transitorios décimo, párrafo segundo, vigésimo y la adición de dos artículos transitorios, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que el diputado Armando Soto Espino, del Partido de la Revolución Democrática, retira su intervención para presentar propuesta de modificación a los artículos uno numeral uno, sexto y octavo transitorios, y la adición de un artículo transitorio.

• Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar dos propuestas de modificación al artículo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

• Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo dos, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo dos que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Araceli Madrigal Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo dos adición de un párrafo, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación a los artículos dos, treinta adición de un párrafo, y adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Rogerio Castro Vázquez, de Morena, para presentar propuesta de modificación a los artículos seis, once párrafo primero, y décimo noveno transitorio párrafo primero, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Adriana Elizarraraz Sandoval, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo diez, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Guadalupe Hernández Alcalá, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo diez, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo doce, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo doce, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

• Alicia Barrientos Pantoja, de Morena, para presentar propuesta de modificación a los artículos dieciséis apartado A fracciones séptima y décima, y décimo segundo transitorio fracción primera, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo dieciséis apartado A fracción novena, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que la diputada Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, retira su intervención para presentar propuesta de modificación a los artículos dieciséis apartado A fracción décima y adición de una fracción; veintitrés párrafo primero fracción primera inciso b); y veinticinco fracción primera inciso a).

• Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo dieciséis apartado A fracción novena, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo veintiuno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Ángel II Alanís Pedraza, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar dos propuesta de modificación a los artículos veintitrés párrafo primero fracción primera inciso c), y veintitrés párrafo primero fracción primera inciso b), que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Carlos Hernández Mirón, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación a los artículos veinticinco, veintiséis, y a los transitorios primero y décimo segundo, y suprime los artículos transitorios décimo tercero y décimo quinto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Leonardo Amador Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta para suprimir los artículos veintiséis y veintisiete, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, retira su intervención para presentar propuesta de modificación al artículo treinta párrafo tercero.

• Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación a los artículos veintinueve, y los transitorios décimo segundo y vigésimo, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación a los artículos segundo, décimo segundo transitorio, y adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Miguel Alva y Alva, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Jesús Antonio López Rodríguez, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Ma. Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Araceli Saucedo Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo primero transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Carlos Hernández Mirón, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación para suprimir el artículo décimo segundo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Ximena Tamariz García, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de dos un artículos transitorios, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Alfredo Basurto Román, de Morena, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Miguel Alva y Alva, de Morena, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Wenceslao Martínez Santos, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo particular. En votación nominal por doscientos cuarenta y ocho votos a favor; y ciento noventa y tres en contra, se aprueba en lo particular los artículos reservados uno, dos, seis, siete, nueve, diez, once, doce, trece, quince, dieciséis, dieciocho, veintiuno, veintitrés, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintinueve, treinta, treinta y dos; y los artículos transitorios primero, sexto, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo segundo del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se da cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes de comisiones ordinarias y juntas directivas de grupos de amistad. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional, y diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, que expide la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Francisco Martínez Neri, coordinador del Partido de la Revolución Democrática, Charbel Jorge Estefan Chidiac, del Partido Revolucionario Institucional y Candelario Pérez Alvarado, del Partido de la Revolución Democrática, que adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y al Código Fiscal de la Federación,. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Marco Antonio García Ayala, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con las Secretarías de Salud de las entidades federativas, implementen campañas de difusión en materia de prevención, control y atención del cáncer testicular. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que establezca como obligatoria la realización de una ecocardiografía fetal entre las semanas dieciocho y veintidós de gestación en todo el Sistema Nacional de Salud y, en coordinación con el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y las instituciones educativas correspondientes, promueva la formación de especialistas en el área de patologías fetales. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Tomás Octaviano Félix, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a solicitar la renuncia inmediata del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, licenciado Enrique Nava Miranda y a realizar una investigación exhaustiva por la entrega condicionada de despensas y de tarjetas “La Efectiva” en el estado de México por parte de servidores públicos federales y estatales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las autoridades ambientales del estado de Tlaxcala, para que en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ejecuten las acciones necesarias para resolver la problemática y afectaciones provocadas por el derrame de azufre, ocurrido en el municipio de Hueyotlipan. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Mirna Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza, relativo a la implementación de una estrategia de prevención y detección oportuna con base en la autoexploración y mastografía a través de unidades médicas móviles que otorguen servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Tomás Roberto Díaz Montoya, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de incluir en su legislación la alienación parental como una forma de violencia familiar y tomar las medidas adecuadas para su detección y tratamiento procurando el interés superior del menor. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• José Hernán Cortés Berumen, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las legislaturas locales, a legislar en materia de desplazamiento interno forzado. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Sara Paola Galico Félix Díaz y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, a la demarcación de Cuajimalpa de Morelos, y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, para formular y aprobar un nuevo programa delegacional de desarrollo urbano para dicha demarcación. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

• Tomás Roberto Díaz Montoya, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los gobernadores de las entidades federativas, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Electricidad, para que tomen medidas tendientes a incentivar el uso de vehículo automotores híbridos y eléctricos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Omar Noé Bernardino Vargas y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al gobierno de Michoacán y al Instituto Tecnológico de Morelia, realicen las acciones necesarias, para llevar a cabo la conclusión de las obras en el Campus II de esa casa de estudios. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Julieta Fernández Márquez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero, para que adopten las medidas o acciones necesarias a fin de resolver con prontitud la problemática derivada del incumplimiento de la empresa Grupo Mexicano de Desarrollo SA, a los compromiso adquiridos con el ejido Tres Palos, al concesionarle la construcción, conservación y explotación de la autopista La Venta-Punta Diamante, en Acapulco de Juárez. Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión el día viernes veintiuno de octubre a las dos horas con un minuto.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobada el acta.

Proceda la Secretaría con los comunicados de la Junta de Coordinación Política.



ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada María García Pérez cause baja como secretaria de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que la diputada María García Pérez cause alta como secretaria en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 24 de octubre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados. Comuníquese.

El siguiente punto del orden del día corresponde a comunicaciones oficiales. Proceda la Secretaría a hacer del conocimiento.



COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Servicio de Administración Tributaria.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera vigente, me permito informarle que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de las autoridades aduaneras, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante el mes de septiembre de 2016, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, mismas que no resultan transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Al respecto, se destinaron por conducto de las autoridades aduaneras bienes aptos para su uso y consumo siendo los siguientes:

• Alimentos y bebidas sin alcohol; artículos de limpieza y aseo; pinturas, barnices, solventes y lubricantes; productos agrícolas y agro pecuarios; productos farmacéuticos y material de curación, entre otros.

El total de bienes destinados en el mes de septiembre de 2016 fue de 107,441 los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida, tales como pieza, litro y kilogramo. Se anexa al presente el detalle respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2016.— Licenciada Verónica Díaz Oliveros Vallarino (rúbrica), administradora central de Destino de Bienes.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento. Proceda la Secretaría con los comunicados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura.— Presente.

Por medio del presente, de conformidad con el artículo 23 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, me permito hacer llegar a usted un ejemplar del informe anual de actividades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en México correspondiente al ejercicio de 2015.(1)

(1) El documento solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “A”.

Reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2016.— Licenciado Luis Raúl González Pérez (rúbrica), Presidente.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento. Proceda la Secretaría con comunicados de la Secretaría de Gobernación.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 511.1.4/ 2361 signado por el licenciado Jesús Orta Martínez, director general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se remite información relativa a las “Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2016”, del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al tercer trimestre de 2016.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, les acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido, así como el anexo que en el se cita, en forma impresa y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Asunto: Se envía el reporte sobre la contratación de honorarios llevada a cabo por el Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales con datos al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016.

Fundamento: Artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativo a la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, así como la obligación de los ejecutores de gasto de reportar en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública las contrataciones realizadas.

Información: En atención a la solicitud de la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para enviar al Congreso de la Unión las contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores I de gasto durante el ejercicio fiscal de 2016, me permito solicitar a usted su apoyo para cumplir con dicha obligación.

Para lo anterior, le envío en impresión y disco compacto, el formato “Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2016” del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales con datos al tercer trimestre de 2016.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2016.— Licenciado Jesús Orta Martínez (rúbrica), director general.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. Continúe la Secretaría.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número 113.2016. DGVP.300 el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, envía el tercer informe trimestral para el ejercicio fiscal de 2016 de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U”, a cargo de esa dependencia y su sector coordinado.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en formato impreso y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 177, fracciones III, VI y VII, 181 y 285 de su Reglamento, 3, fracción XXI y 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, por este conducto me permito remitir de manera impresa y electrónica, el tercer informe trimestral 2016 de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U”, operados por esta secretaría y el sector coordinado, los cuáles se enuncian a continuación:

Con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, me permito solicitarle que por su amable conducto se remita la información en comento al H. Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 19 de octubre de 2016.— Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase a las Comisiones de Economía, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Fomento y Economía Social, para su conocimiento.

Continúe la Secretaría con contestaciones a puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, por la que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-3-900, signado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar 112.02.- 620/ 2016, suscrito por el ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de su anexo, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que exhorta a esa dependencia para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca elabore las estrategias pertinentes a fin de ordenar el sector pesquero a escala nacional, particularmente mejorar el diseño del Programa de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, con base en las observaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Julio César Córdova Martínez, coordinador general de la oficina del secretario, referente a su atento oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 942/ 16, de fecha 19 de mayo de 2016, mediante el cual la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, comunica a esta secretaría el acuerdo aprobado en sesión celebrada el 29 de abril de 2016, anexas al presente me permito enviarle las respuestas que nos hicieron llegar la Dirección Jurídica del Inapesca, mediante el oficio RJL/ INAPESCA/ DJU/ 439/ 2016, de fecha 26 de agosto de 2016; de la Dirección de Legislación de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Conapesca oficio UAJ.- 23876/ 061016, de fecha 7 de octubre de 2016.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Ingeniero César Rafael Ocaña Romo (rúbrica), director general adjunto de Enlace con el Congreso.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero César Rafael Ocaña Romo, Director General Adjunto de Enlace con el Congreso.— Presente.

Por medio del presente y atento a su oficio número 112.02.- 242/ 2016, de fecha 19 de mayo de 2016, recibido en esta dirección jurídica el 31 de mismo mes y año, mediante el cual remite punto de acuerdo presentado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobado en sesión celebrada el 29 de abril de 2016, y solicita se emitan los comentarios al mismo, consecuentemente se envían los comentarios realizados al punto de acuerdo mencionado (anexos).

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2016.— Licenciado Octavio Plascencia Olivares (rúbrica), director jurídico.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Antelmo Muñoz Alberto, subdirector de Consulta y Contratos del Instituto Nacional de Pesca.— Presente.

Hago referencia al oficio número RJL/ INAPESCA/ DJU/ 262/ 2016, de fecha 6 de junio de 2016, mediante el cual solicita a esta dirección emitir comentarios respecto al similar 112.02.- 242/ 2016, de fecha 19 de mayo de 2016, mediante el cual se remite el punto de acuerdo aprobado en sección celebrada el 29 de abril de 2016 en la Cámara de Diputados, donde exhorta a la Sagarpa para que a través de la Conapesca elabore las estrategias pertinentes a fin de ordenar el sector pesquero a escala nacional, con base en las observaciones del Coneval y evaluar las condiciones de los recursos pesqueros y acuícolas para incidir en su aprovechamiento.

Respecto a lo expresado en los elementos proporcionados, la Dirección General Adjunta de Investigación en Acuacultura del Inapesca coincide con el exhorto que hacen a la Conapesca para mejorar el ordenamiento pesquero y acuícola del país, principalmente por lo que corresponde al Registro Nacional de Pescadores (RNP) y a las estadísticas pesqueras y acuícolas.

Cabe destacar que esta información es básica en la evaluación de los recursos pesqueros y acuícolas, debido a que las herramientas de evaluación dependen de la correcta información para calcular los puntos de referencia biológicos para el manejo de los recursos pesqueros. En el tema acuícola, la correcta información de cosecha permite elaborar políticas públicas en la materia, de manera que el crecimiento del sector acuícola crezca de manera ordenada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de junio de 2016.— Maestro en Ciencias Daniel Hernández Montaño (rúbrica), director general adjunto de Investigación en Acuacultura.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Luis Alfonso Velázquez Mezta, Director en la Dirección General Adjunta de Enlace con el Congreso.— Presente.

Me refiero al oficio número 112.02.-241/2016, recibido por la oficina del comisionado nacional de Acuacultura y Pesca el 25 de mayo de 2016, a través del cual la Coordinación General de Enlace Sectorial de la Sagarpa envía a esta comisión el punto de acuerdo que exhorta a la Sagarpa para que a través de la Conapesca elabore estrategias pertinentes a fin de ordenar el sector pesquero a escala nacional, particularmente mejorar el diseño del Programa de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, con base en las observaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y evaluar la condición de los recursos pesqueros y acuícolas para incidir en su aprovechamiento sustentable, signado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, aprobado en sesión celebrada el 29 de abril de 2016.

Por lo anterior y a fin de dar atención a dicho asunto, la Unidad de Asuntos Jurídicos requirió el apoyo de la Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, la cual emitió sus comentarios a través del oficio número DGOPA.- 00742/ 16, que se anexa en copia fotostática simple para pronta referencia.

En ese orden de ideas, dicha dirección general manifestó lo siguiente:

1. Que el ordenamiento pesquero actual incluye un conjunto de instrumentos cuyo objeto es regular y administrar las actividades pesqueras, induciendo el aprovechamiento sustentable de los recursos.

2. Los instrumentos a que se hace referencia abarcan los programas de ordenamiento, asignación de títulos de pesca y disposiciones normativas, normas oficiales mexicanas, acuerdos regulatorios, vedas, etcétera.

3. Las reglas de operación de la Sagarpa, artículo 215, define los conceptos en que se pueden implantar acciones de ordenamiento a) ribereño (identificación y seguimiento del esfuerzo real de pesca y sus equipos); b) de pesquerías en máximo aprovechamiento; c) de pesquerías con potencial; d) para la recuperación de recursos pesqueros; y e) zonas de refugio pesquero (diseño, sociabilización, implementación y monitoreo); la información que se genera sirve para actualizar o sustentar la creación de estos instrumentos de ordenamiento. Para cubrir las necesidades de información, generación de conocimiento, creación de capacidades, creación de grupos o comités con participación social, se requiere invertir aproximadamente 200 mdp anuales.

4. Asimismo, manifiesta que el esquema actual de ordenamiento implica la implantación de esquemas de control del sector productivo, como al cuidado del recurso que se aprovecha. Sin embargo, la eficacia y eficiencia dependen en gran medida de la existencia de recursos humanos y financieros para llevarlos a cabo, y en requeridas ocasiones no se cuenta con suficiencia presupuestaria para atender todas las solicitudes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Mazatlán, Sinaloa, a 7 de octubre de 2016.— Licenciado Marco Antonio del Carmen Vélez (rúbrica), director de Legislación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Rigoberto García Soto, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.— Presente.

En relación con el oficio número UAJ.- 00802/ 16, donde solicitan a esta dirección general observaciones y comentarios respecto al punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobado en sesión celebrada el 29 de abril de 2016 y signado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, específicamente donde se exhorta a la Sagarpa para que a través de la Conapesca elabore estrategias pertinentes a fin de ordenar el sector pesquero a escala nacional, particularmente mejorar el diseño del Programa de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, con base en las observaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y evaluar la condición de los recursos pesqueros y acuícolas para incidir en su aprovechamiento sustentable.

Al respecto, le informo que el esquema de ordenamiento pesquero actual incluye un conjunto de instrumentos cuyo objeto es regular y administrar las actividades pesqueras, induciendo el aprovechamiento sustentable de los recursos. Los instrumentos a que se hace referencia abarcan los programas de ordenamiento, asignación de títulos de pesca y disposiciones normativas (normas oficiales mexicanas, acuerdos regulatorios, vedas, etcétera). Es importante destacar que el ordenamiento pesquero no es la aplicación de uno solo de esos instrumentos: sino la implantación de todos ellos, y su efectividad se garantiza con la veracidad y actualización de la información que los sustenta y para ello se requiere asignar recursos humanos y financieros a proyectos específicos de ordenamiento pesquero.

En las reglas de operación de la Sagarpa (artículo 215) se definen los conceptos en que se pueden implantar acciones de ordenamiento: a) ribereño (identificación y seguimiento del esfuerzo real de pesca y sus equipos) b) de pesquerías en máximo aprovechamiento; c) de pesquerías con potencial; d) para la recuperación de recursos pesqueros; y e) zonas de refugio pesquero (diseño: sociabilización. implementación y monitoreo) la información que se genera sirve para actualizar o sustentar la creación de estos instrumentos de ordenamiento, Para cubrir las necesidades de información generación de conocimiento, creación de capacidades, creación de grupos o comités con participación social, se requiere invertir aproximadamente 200 mdp anuales.

Como se observa, el esquema actual de ordenamiento implica la implantación de esquemas de control del sector productivo como al cuidado del recurso que se aprovecha. Sin embargo, la eficacia y eficiencia dependen en gran medida de la existencia de recursos humanos y financieros para llevaros a cabo y en requeridas ocasiones no se cuenta con suficiencia presupuestaria para atender todas las solicitudes, por lo que se genera un rezago que afecta directamente al sector pesquero y a los recursos acuáticos.

Sin embargo, se considerará el exhorto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y las recomendaciones del Coneval para reforzar el esquema de ordenamiento pesquero con medidas que contribuyan a salvaguardar la actividad pesquera y sus recursos en el país.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Mazatlán, Sinaloa, a 9 de junio de 2016.— Ingeniero Raúl Villaseñor Talavera (rúbrica), Director de Normatividad.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se remite a la Comisión de Pesca, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-1959 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia de los similares números COMAR/CG/505/2016 y COMAR/CG/ 532/2016 suscritos por la licenciada Sandra Velasco Ludlow, Coordinadora General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a investigar, previamente a la repatriación, si el retorno al país de origen de las personas migrantes centroamericanos localizados en la casa de seguridad del municipio de Amozoc, Puebla, es seguro y adecuado, y de parte a esa Comisión para que brinde asesoría, estudie la situación y determine si existen motivos para solicitar el estatus de refugiado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia a mi similar COMAR/CG/ 505/2016, mediante el cual se remitió información respecto del oficio SELAP/ 300/2231/16, a través del hace del conocimiento de esta Coordinación General el oficio DGPL 63-1I-8-1959 signado por la Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y mediante el cual se comunica el Acuerdo aprobado el 13 de septiembre de 2016 por el Pleno de la referida Cámara. Al respecto, en alcance a la información previamente remitida, me permito señalar lo siguiente:

El 13 de octubre de 2016, esta Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, recibió el oficio INM/ DGCVM/ 2872/ 2016 signado por el director general de Control y Verificación Migratoria, mediante el cual refiere que la delegación federal en Puebla informó que ninguna de las personas alojadas en la estación migratoria de ésa delegación, solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado. Adjunto al presente me permito remitir copia del oficio antes referido.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2016.— Sandra Velasco Ludlow (rúbrica), coordinadora general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciada Sandra Velasco Ludlow, Coordinadora General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Ciudad de México.— Presente.

En respuesta a su oficio COMAR/CG/493/2016 del 21 de septiembre de 2016, recibido en esta Dirección General el pasado día 27 del mismo mes y año, en el cual refiere que, se hace del conocimiento de esa Coordinación General el Acuerdo aprobado el 13 de septiembre de la anualidad por el Pleno de la Cámara de Diputados en relación a los migrantes localizados en una casa de seguridad en el municipio de Amozoc, Puebla, el pasado 20 de agosto del presente; requiriendo saber si las referidas personas han manifestado la intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Asimismo puntualiza la disposición de esa Comisión para proporcionar directamente la información respecto del procedimiento del reconocimiento de la condición de refugiado y, en su caso, iniciar los procedimientos de los migrantes que así lo requieran.

Derivado de lo anterior, me permito comunicarle que de acuerdo a la información proporcionada por la autoridad migratoria de la delegación federal en el estado de Puebla, ninguna de las personas que fueron alojadas en esa estación solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Mario Madrazo Ubach (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al oficio SELAP/300/2231/16, a través del hace del conocimiento de esta Coordinación General el oficio DGPL 63-II-8- 1959 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y mediante el cual se comunica el Acuerdo aprobado el 13 de septiembre de 2016 por el Pleno de la referida Cámara. Al respecto me permito señalar lo siguiente:

1. Del análisis realizado al acuerdo aprobado el 13 de septiembre de 2016 por el pleno de la Cámara de Diputados, se advierte que los hechos referidos corresponden a situaciones que se ubican, en un primer momento, dentro de la esfera de competencia del Instituto Nacional de Migración, de conformidad con los supuestos establecidos en el artículo 20 de la Ley de Migración.

2. No obstante, toda vez que el acuerdo refiere que esta Coordinación General realice diversas accion.es encaminadas a determinar si. las personas migrantes de origen centroamericano pudieran ser consideradas como refugiadas, mediante oficio COMAR CG/493/ 2016 se solicitó al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Licenciado Ardelio Vargas Fosado, su colaboración a efecto de proporcionar a este órgano desconcentrado información respecto del asunto que nos ocupa, específicamente aquella que permitiera conocer si las referidas personas migrantes han manifestado la intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado; de igual forma se manifestó la disposición de esta Coordinación General para colaborar con el Instituto Nacional de Migración, con la finalidad de proporcionar directamente la información respecto del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y, en su caso, iniciar los procedimientos correspondientes, en términos de lo establecido en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

3. Actualmente, esta Coordinación General se encuentra a la espera de la información que el Instituto Nacional de Migración tenga a bien remitir, a efecto de tener elementos suficientes para coordinar las acciones que resulten necesarias para la atención de las personas migrantes referidas, en lo que corresponde al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

4. No omito señalar que en cuanto esta Coordinación General cuente con mayor información respecto del presente asunto, se estará informando pormenorizadamente a esa Subsecretaría a su digno cargo.

5. Finalmente, adjunto al presente me permito remitir copia del oficio COMAR CG/493/ 2016, referido en los puntos que anteceden.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2016.— Sandra Velasco Ludlow (rúbrica), coordinadora general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Ardelio Vargas Fosado, Comisionado del Instituto de Migración.— Presente.

Hago referencia al oficio SELAP/ 300/ 2231/16 signado por el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, mediante el cual hace del conocimiento de esta Coordinación General el oficio DGPL 63-II-8-1959 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y a través del cual se comunica el acuerdo aprobado el 13 de septiembre de 2016 por el pleno de la referida Cámara.

Derivado de lo anterior, tengo a bien solicitar su colaboración a efecto de proporcionar a esta Coordinación General, información respecto de los migrantes de origen centroamericano que el pasado 20 de agosto fueron localizados en una casa de seguridad en el municipio de Amozoc, en Puebla; específicamente solicitó su colaboración para conocer su las personas migrantes referidas han manifestado la intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado.

No omito señalar, que esta Coordinación General se encuentra en la mayor disposición para colaborar con el Instituto a su digno cargo, con la finalidad de proporcionar directamente a las personas migrantes antes mencionadas, la información respecto del procedimientos de aquellas de reconocimiento de la condición de refugiado y, en su caso, iniciar los procedimientos de aquellas personas que decidan presentar su correspondiente solicitud en términos de lo establecido en la Ley sobre Refugiados, Protección, Complementaria y Asilo Político, así como del Reglamento de la referida ley.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2016.— Sandra Velasco Ludlow (rúbrica), coordinadora general.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-1959 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SPMAR/258/2016 suscrito por el licenciado Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a adoptar las medidas pertinentes y urgentes para garantizar, previo a la repatriación, la atención integral interdisciplinaria, incluyendo la asesoría legal de las y los migrantes centroamericanos localizados en la casa de seguridad del municipio de Amozoc, Puebla.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio SELAP/300/2233/16, recibido el pasado 19 de septiembre de 2016, remito para los fines procedentes, copia del similar INM/CAS/50/2016 y COMAR/CG/506/2016, suscritos por el antropólogo Ignacio García Contreras, coordinador de asesores del Instituto Nacional de Migración y la licenciada Sandra Velasco Ludlow, coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), respectivamente; mediante los cuales responden el punto de acuerdo en relación a la medidas pertinentes y urgentes para garantizar, previo a la repatriación, la atención integral interdisciplinaria, incluyendo la asesoría legal de las y los migrantes centroamericanos localizados en la casa de seguridad del municipio de Amozoc, Puebla.

Con mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2016.— Licenciado Humberto Roque Villanueva (rúbrica), subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado José Manuel García García, Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos.— Presente.

En atención a su oficio número SPMAR/COORDAS/ 405/2016, de fecha 20 de septiembre, por el que se refiere al oficio SELAP/300/2233/16, signado por el subsecretario Felipe Solís Acero y por el que hace del conocimiento el acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y notificado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura, a través del oficio número DGPL 63-II-8-1959, me permito informarle lo siguiente:

1. Conforme a la información vertida por el director de Asuntos Consulares, encargado del Departamento de Asuntos Jurídicos en nuestra delegación federal en el estado de Puebla, se brindó atención y asistencia legal, conforme a las disposiciones de la Ley de Migración a los migrantes centroamericanos localizados en la “casa de seguridad” en Amozoc, Puebla, el pasado 20 de agosto y en el interior del tráiler que circulaba por la autopista Puebla-Orizaba, brindándoles información y acompañamiento en la interposición de denuncia penal, con las siguientes precisiones:

A. Migrantes detectados en una casa de seguridad en Amozoc

• Los migrantes en cuestión fueron detectados el 20 de agosto del presente año, por la Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, la que por vía telefónica dio parte a la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla, solicitando el apoyo para determinar si las personas en cuestión eran efectivamente de nacionalidad extranjera, por lo que se acordó el desahogo de la revisión migratoria en el domicilio ubicado en la calle 13 oriente sin número, frente al fraccionamiento Los Encinos, colonia San José Las Flores.

• Una vez en el lugar, la Policía Municipal permitió el acceso al inmueble, donde se verificó que las personas que se encontraban en el lugar eran de nacionalidad guatemalteca, hondureña y salvadoreña con estancia irregular en el país, mismos que fueron presentados ante la delegación en Puebla de la Procuraduría General de la República, toda vez que se advirtió la posible comisión de hechos constitutivos del delito de tráfico de personas, iniciando el agente del Ministerio Público federal la apertura a la carpeta de investigación correspondiente, dentro de la cual se entrevistó al azar a un grupo de 10 personas en calidad de testigos de los hechos materia de la investigación, incluidas dos menores presuntamente agredidas sexualmente, mismas que posteriormente fueron puestas a disposición de la estación migratoria en Puebla.

• Un segundo grupo formado por 85 extranjeros, que no tuvieron participación en las diligencias, fueron trasladados a la estación migratoria de Las Agujas, de la Ciudad de México, a efecto de que la misma resolviera los procedimientos administrativos migratorios correspondientes, toda vez que los hechos en que se vieron involucrados, si bien son posiblemente constitutivos del delito de tráfico de personas, dichas personas carecen de la calidad víctimas y por tanto no existe causa relacionada con la investigación:

• De los 10 migrantes que testificaron los hechos, una vez que transcurrió el plazo previsto por la Ley de Migración y su reglamento, 8 fueron retornadas voluntariamente a sus países de origen, previa satisfacción de las condiciones previstas en el artículo 14 del acuerdo por el que se emiten las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2012.

• En relación al señalamiento en medios de comunicación respecto de la existencia de dos menores presuntamente agredidas sexualmente, el agente del Ministerio Público federal dio vista inmediatamente a la Fiscalía General del Estado de Puebla, garantizando así el seguimiento correspondiente, desahogándose las entrevistas y dictámenes pertinentes con las citadas menores, quienes además fueron entrevistadas por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

• La Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de la Unidad Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales, determinó que sólo una de las menores fue víctima de agresión sexual, por lo que cuenta con la calidad de víctima de delito, situación por la que el Instituto Nacional de Migración le otorgó tarjeta de residente, bajo la condición de visitante temporal por razones humanitarias, con lo que se garantiza su regular estancia en el país.

• Respecto de la segunda menor, la delegación de Puebla de la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General del Estado de Puebla y personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recabaron las entrevistas correspondientes, en las que dicha menor negó haber sido objeto de agresión alguna y tampoco encontraron elementos adicionales que desvirtuaran tal afirmación, por lo cual no es posible tenerle como víctima del delito. A la fecha la menor ha solicitado el retorno asistido.

• Ambas menores fueron puestas a disposición del Sistema Estatal DIF donde permanecen para garantizarles una protección y atención adecuada, en el caso de la que cuenta con tarjeta de residente como visitante por razones humanitarias carece de familiar alguno en el territorio nacional por lo que permanecerá en el Sistema DIF hasta en tanto se presente persona que acredite vínculo suficiente para recibir la custodia de la misma y quien en su caso podrá obtener también documento migratorio que garantice su regular estancia en el país. En lo que se refiere a la segunda menor, ha solicitado de manera expresa el retorno asistido a su país de origen, sin embargo a la fecha el procedimiento se encuentra suspendido por virtud de la interposición de un juicio de amparoradicado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, dentro del cual se ha concedido la suspensión del procedimiento a efecto de no ejecutar el retorno asistido de dichas menores a sus países de origen, pese a que no existe resolución en sus procedimientos administrativos migratorios, por lo que permanecerán alojadas en el Sistema DIF estatal hasta que se resuelva el tema de fondo planteado por una tercera persona que tiene interés en el procedimiento.

B. Migrantes detectados en el interior de un tráiler que circulaba por la autopista Puebla-Amozoc

• Los 108 migrantes fueron detectados el 20 de agosto del presente año, a la altura del kilómetro 217+500 de la Autopista México-Veracruz, con dirección a Puebla, por elementos de la Policía Federal, quienes trasladaron el vehículo tipo tráiler con caja cerrada a la altura del kilómetro 139 de la misma autopista, solicitando por vía telefónica el apoyo de la Delegación Federal en el Estado de Puebla del Instituto Nacional de Migración.

• Como resultado de la llamada en cuestión, se giró oficio de comisión y orden de revisión migratoria, trasladándose los agentes federales de Migración al kilómetro 139 de la Autopista México-Veracruz con sentido a la ciudad de Puebla, donde el personal de Policía Federal refirió que al realizar acciones propias de su función, hicieron la parada al vehículo y encontraron personas a bordo del camarote de la caja, quienes señalaron ser de procedencia extranjera, por lo que a efecto de corroborar dicha información, solicitaron la participación de la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado de Puebla.

• En consecuencia, los agentes federales de Migración, comisionados se entrevistaron con las personas presentes en el vehículo, encontrando, mujeres, hombres y menores de edad que señalaron ser de nacionalidad salvadoreña, guatemalteca y hondureña, destacando que algunos de ellos contaban con documentos de identidad expedidos por autoridades de sus respectivos países, pero ninguno justificó su regular estancia en el territorio nacional, por lo cual se tomó la determinación de realizar el traslado de personas y objetos a las instalaciones de la Delegación de la Procuraduría General de la República, para dar parte a la autoridad ministerial por la posible comisión de hechos constitutivos de un delito.

• La delegación en Puebla de la Procuraduría General de la República dio inicio a la carpeta de investigación en contra de los señores Jaime “N” y Salvador Antonio “N”, personas quienes conducían el vehículo en cuestión como presuntos responsables en hechos constitutivos del delito del tráfico de personas, previsto en el artículo 159, fracción tercera, de la Ley de Migración y la agravante prevista en el diverso 160, fracción I, de la misma.

• Como parte de sus actuaciones, el Ministerio Público federal entrevistó a un grupo de 14 personas de las 108 detectadas, concluyendo que si bien existen hechos posiblemente constitutivos de delito, ninguno de ellos se cometió en prejuicio de los migrantes en cuestión, por lo cual les tuvo como testigos en la investigación y posterior causa penal que a la fecha se sigue ante el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla.

• En atención a la existencia de la carpeta de investigación, una vez que el agente del Ministerio Público terminó las entrevistas de los 14 extranjeros elegidos de forma aleatoria, estos fueron puestos a disposición de la estación migratoria de la delegación federal del INM en el estado de Puebla. Los restantes 94 extranjeros fueron liberados por el Agente del Ministerio Público federal toda vez que no participaron en la investigación, razón por la que fueron puestos a disposición de la estación migratoria Las Agujas, de la Ciudad de México, para dar inicio al procedimiento administrativo migratorio en cuestión.

• Los 14 extranjeros que quedaron alojados en la estación migratoria de la delegación federal del INM en el estado de Puebla, fueron retornados a sus países de origen, sin que haya existido delito alguno del cual hayan sido víctimas y por tanto, sin que existiera impedimento para resolver su retorno asistido, como lo dispone la Ley de Migración.

2. Como se señala anteriormente, se otorgaron medidas especiales de protección a las menores que presuntamente fueron víctimas de agresión sexual, a través de la atención y acompañamiento en la presentación de la denuncia penal de hechos ante la delegación en Puebla de la Procuraduría General de la República, iniciando el agente del Ministerio Público federal la apertura a la carpeta de investigación correspondiente; organismo que turnó el caso a la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de la Unidad Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales; por su parte el Instituto Nacional de Migración otorgó a una de las menores que fue víctima de agresión sexual tarjeta de residente, bajo la condición de visitante temporal. Por razones humanitarias. Para efectos de su protección y atención especial, las menores se encuentran alojadas en el Sistema DIF del estado de Puebla, por las razones expuestas y hasta el tiempo que sea necesario.

3. Por lo que respecta al retorno de los migrantes rescatados en ambos casos a sus países de origen, fue realizado con apego a las disposiciones de la Ley de Migración y su reglamento, respetando en todo momento sus derechos.

Sin otro particular, le reitero mis permanentes atenciones.

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2016.— Antropólogo Ignacio García Contreras (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado José Manuel García García, Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos.— Presente.

Hago referencia al oficio SPMAR/COORDAS/405/16, mediante el cual refiere el oficio SELAP/300/2233/16, suscrito por el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, a través del cual comunica a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos el oficio DGPL 63-II-8-1959 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y mediante el cual se comunica el acuerdo aprobado el 13 de septiembre de 2016 por el pleno de la referida Cámara. Al respecto me permito señalar lo siguiente:

1. El 20 de septiembre de 2016, esta coordinación general recibió el oficio SELAP/300/2231/16 signado por el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, mediante el cual remite el referido oficio DGPL 63-II-8-1959 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez.

2. Del análisis realizado al acuerdo aprobado el 13 de septiembre de 2016 por el pleno de la Cámara de Diputados, se advierte que los hechos referidos corresponden a situaciones que se ubican, en un primer momento, dentro de la esfera de competencia del Instituto Nacional de Migración de conformidad con los supuestos establecidos en el artículo 20 de la Ley de Migración.

3. No obstante, toda vez que el acuerdo refiere que esta coordinación general realice diversas acciones encaminadas a determinar si las personas migrantes de origen centroamericano pudieran ser consideradas como refugiadas, mediante oficio COMAR CG/493/2016 se solicitó al comisionado del Instituto Nacional de Migración, licenciado Ardelio Vargas Fosado, su colaboración a efecto de proporcionar a este órgano desconcentrado información respecto del asunto que nos ocupa, específicamente aquella que permitiera conocer si las referidas personas migrantes han manifestado la intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado; de igual forma se manifestó la disposición de esta coordinación general para colaborar con el Instituto Nacional de Migración, con la finalidad de proporcionar directamente la información respecto del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y, en su caso, iniciar los procedimientos correspondientes, en términos de lo establecido en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

4. Actualmente , esta coordinación general se encuentra a la espera de la información que el Instituto de Migración tenga a bien remitir, a efecto de tener elementos suficientes para coordinar las acciones que resulten necesarias para la atención de las personas migrantes referidas, en lo que corresponde al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

5. Asimismo, resulta relevante referir que esta coordinación general mediante oficio COMAR CG/505/2016 dirigido al licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, proporcionó la información antes referida.

6. No omito señalar que en cuanto esta coordinación general cuente con mayor información respecto del presente asunto, se le estará informando pormenorizadamente.

7. Finalmente, adjunto al presente me permito remitir copia de los oficio COMAR CG/493/2016 y COMAR CG 505/2016, referidos en los puntos que anteceden.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2016.— Sandra Velasco Ludlow (rúbrica), coordinadora general.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio D.G.P.L. 63-II-3-364, signado por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 JOS/CECU/1065/16 suscrito por la doctora Lorena Buzón Pérez, coordinadora de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a formular e instrumentar de forma incluyente, un programa nacional de educación para el desarrollo sustentable que obedezca al Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/UEL/311/040/16, del 13 de enero del presente año, por el que informó al maestro Mauricio Dávila Morlotte, jefe de la Oficina del Secretario, el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente referente al Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible.

Sobre el particular, me permito remitir a usted copia del oficio número SPEC/JO/109/2016, suscrito por maestro Israel Joab Sifri Cortés, jefe de la Oficina de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación que adjunta similar número DGPPyEE/150/2016, signado por el licenciado Antonio Ávila Díaz, director general de Planeación, Programación y Estadística Educativa, con los comentarios correspondientes.

Aprovecha la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2016.— Doctora Lorena Buzón Pérez (rúbrica), coordinadora de enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Doctora Lorena Buzón Pérez, Coordinadora de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión.

En atención a su oficio número UR 120 JOS/CECU/0047/16, de fecha 18 de enero de 2016, mediante el cual remite copia del oficio SELAP/UEL/311/040/16, de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobernación informando el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 13 de enero de 2016.

Al respecto, remito copia del oficio DGPPYEE/150/2016, signado por el licenciado Antonio Ávila Díaz, director general de Planeación, Programación y Estadística Educativa, quien somete a consideración algunos puntos para dar respuesta a la Secretaria de Gobernación.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2016.— Maestro Israel Joab Sifri Cortés (rúbrica), jefe de la oficina.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Marlenne Johvana Mendoza González, Coordinadora de Seguimiento y Vinculación Institucional de la subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación.— Presente.

Hago referencia a su atento oficio SPEC/CAS-CSVI/0113/ 2016 de fecha 9 de mayo del presente, en el cual cita el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en su sesión celebrada el 13 de enero de 2016, y que a la letra dice:

“Único: La Comisión Permanente exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales , de Desarrollo Social y de Educación Pública, a formular e instrumentar de forma incluyente, un programa nacional de educación para el desarrollo sustentable que obedezca al Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo sostenible.”

Al respecto, me permito someter a su consideración los siguientes elementos para dar respuesta a la Secretaría de Gobernación, como le fue solicitado al licenciado Jesús Álvarez Gutiérrez, coordinador de asesores de la subsecretaría, por la Coordinadora de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión, de la entonces Unidad de Coordinación Ejecutiva de esta dependencia, mediante oficio UR 120 UCE/CECU/0047/16, Ref 0001-P, de fecha 18 de enero de 2016.

• Como tema específico, el desarrollo sustentable o sostenible está presente en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), desde el diagnóstico hasta la formulación de objetos, estrategias y líneas de acción bajo responsabilidad de distintas dependencias de la Administración Pública Federal.

• Los planteamientos en torno al desarrollo sustentable fueron considerados con mayor nivel de detalle en algunos de los programas derivados del PND, como es el caso de los programas sectoriales de Desarrollo Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o de los programas Especiales Concurrente para Desarrollo Rural Sustentable y Especial de Cambio Climático, entre otros.

• En el caso del sector educativo, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE) plantea la siguiente línea de acción transversal en materia de desarrollo sustentable Incorporar en los programas y materiales de estudio, contenidos que favorezcan una comprensión de mundo natural y promuevan el cuidado del medio ambiente.

• Sobre el punto anterior cabe señalar que en próximas semanas como una de las siete prioridades de la reforma educativa, se presentarán los nuevos planes y programas de estudio de educación básica, mismos que, hasta donde se sabe, integrarán componentes o elementos vinculados al cuidado del medio ambiente y, en general, al desarrollo sustentable.

Por otra parte, bajo una concepción amplia de lo que se entiende por educación para el desarrollo sostenible, esto es, como aquella que dota a los estudiantes de la capacidad necesaria para tomar decisiones fundamentadas y realizar actividades responsables a favor de la integridad del medio ambiente la viabilidad económica y la justicia social, para las generaciones actuales y las venideras, con respeto a la diversidad cultural, así como aquella vinculada al aprendizaje a lo largo de toda la vida y que forma parte integral de la educación de calidad, y que se centra ámbitos como la transformación de los contextos de aprendizaje, la capacitación de profesores y el fomento a la solución de problemas desde el ámbito escolar, puede afirmase que el tema está plenamente considerado en el Programa Sectorial de Educación vigente; en múltiples estrategias y líneas de acción.

En este sentido, dados los referentes del PND y del PSE, así como de otros programas especiales a cuya implantación contribuye la Secretaría de Educación Pública, la formulación e instrumentación de un nuevo programa nacional de educación para el desarrollo sustentable, no se considera necesario.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2016.— Antonio Ávila Díaz (rúbrica), director general de Planeación, Programación y Estadística Educativa.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Para: Doctora Lorena Buzón Pérez

Coordinadora de Enlace con el Congreso

De: Licenciado Israel Joab Sifri Cortés

Secretario Particular del Titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva

Hago referencia al oficio SELAP/UEL/311/040/16 (anexo para su pronta referencia), mediante el cual el maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, hace del conocimiento de esta Unidad de Coordinación, la aprobación por el pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, del acuerdo que se menciona en el citado oficio.

En ese sentido, me permito solicitar su valioso apoyo para que brinde la atención que estime procedente e informe a esta oficina sobre su seguimiento.

Sin otro particular, le envío saludos cordiales.

México, DF, a 14 de enero de 2016.— Licenciado Israel Joab Sifri Cortés (rúbrica), secretario particular del titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se turna al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por la que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados.

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número SPC/447/ 2016, de fecha 7 de septiembre de 2016, signado por el ingeniero Fausto Lugo García, secretario de Protección Civil del gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar DGPL 63-II-4-788, por el cual se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, pare que impulsen y coordinen medidas para llevar a cabo acciones firmes de mitigación y se incorporen las previsiones necesarias para que se apliquen medidas de adaptación, sobre todo dirigidas a reducir la vulnerabilidad de la población y resguardar la infraestructura estratégica del país frente a los efectos del cambio climático, dando el seguimiento adecuado y plasmándolas en los informes que la legislación dispone y asumiendo que dicho fenómeno es una amenaza real a la seguridad nacional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2016.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.— Presente.

En seguimiento a su oficio número SG/CEL/PA/ 748/2016, recibido en esta Secretaría de Protección Civil el 20 de abril del año en curso, por el que hace de conocimiento la propuesta con un único punto de acuerdo del pleno de la Cámara de Diputados, aprobado el 18 de abril de 2016, a través del cual exhorta entre otras autoridades (la los gobiernos de las entidades federativas, para que impulsen y coordinen medidas para llevar a cabo acciones firmes de mitigación y se incorporen las previsiones necesarias para que se apliquen medidas de adaptación, sobre todo dirigidas a reducir la vulnerabilidad de la población y resguardar la infraestructura estratégica del país frente a los efectos del cambio climático...”, me permito comunicar lo siguiente en cuanto a la Ciudad de México:

Como es de su conocimiento el 16 de junio de 2011 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal (LMACCDS), que tiene por objeto el establecimiento de políticas públicas que permitan propiciar la mitigación de gases de efecto invernadero, la adaptación al cambio climático, así como el coadyuvar al desarrollo sustentable.

En el marco de la citada ley se constituyó la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático del Distrito Federal (Cicc), que preside el jefe de gobierno, en donde participan las secretarías (incluyendo la Secretaría de Protección Civil), así como diversos órganos desconcentrados, organismos descentralizados y la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, todas autoridades de la Ciudad de México.

Esta comisión tiene, entre otras, la facultad de formular, impulsar y coordinar las políticas para hacer frente a los efectos del cambio climático en la Ciudad de México; diseñar y elaborar el Plan de Acción Climática, así como los planes de acción climática subsecuentes; coordinar a las diferentes instituciones, para que desarrollen sus estrategias enfocadas a la mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático, así como el desarrollo sustentable.

Respecto a las líneas de acción de acción a cargo de la Secretaría de Protección Civil, se ha subido información al sistema de seguimiento del PACCM, de manera trimestral, sobre el monitoreo y pronóstico hidrometeorológico (PMR4); asimismo, en el trimestre de marzo-mayo se reportaron las actividades realizadas para emprender acciones preventivas en caso de eventos hidrometeorológicos extremos (PMR5). En cuanto a la línea de acción PMR1 estamos en espera de que la Secretaría de Medio Ambiente apruebe las modificaciones propuestas de las actividades concernientes a la Actualización del Atlas de Riesgo, para estar en posibilidad de enviar la información a través del Sistema de Seguimiento del PACCM de manera bimestral como se venía haciendo hasta antes de las modificaciones propuestas.

Por otra parte, cabe destacar que paralelamente al PACCM 2014-2020, la Secretaría de Protección Civil también colaboró dentro del ámbito de su competencia, en la elaboración de la “Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México”, instrumento que está por darse a conocer por parte de la SEDEMA, quien es responsable de la ejecución y seguimiento del PACCM, en el cual esta Dependencia tendrá participación activa sobre las acciones de mitigación dirigidas a reducir la vulnerabilidad de la población y resguardar la infraestructura estratégica del país frente a los efectos del cambio climático.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016.— Ingeniero Fausto Lugo García (rúbrica), Secretario de Protección Civil.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III, artículo 23, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número DT/CA/124/2016, de fecha 19 septiembre de 2016, signado por el maestro Héctor Villegas Sandoval, coordinador de asesores en la Delegación Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo aprobado por la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar DGPL 63-II-8-0917, por el que se exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los poderes y de los organismos constitucionales autónomos, tanto de la federación como de las entidades federativas, así como a los servidores públicos de mandos superiores, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a que como muestra de su compromiso con el combate a la corrupción, hagan públicas a la brevedad sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2016.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa Delegacional en Tlalpan.— Presente.

Por instrucciones de la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 122,apartado C, Base tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Estatuto de Gobierno, así como de los numerales 2, 15, fracción I, 16, 17 y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal ,en relación con los artículos 7, fracción 1, y 32 Ter del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y por las facultades conferidas a la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública del Distrito Federal en el manual administrativo de la Secretaría de Gobierno en el apartado de funciones publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 26 de noviembre de 2013, me permito referir lo siguiente:

Mediante punto de acuerdo suscrito por la vicepresidenta en funciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, me permito informar que para aplicación de los órganos político-administrativos, se solicita que en muestra de su compromiso con el combate a la corrupción, se hagan públicas a la brevedad las declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal de los servidores públicos de mandos superiores de la delegación que representa, información que se detalla en las documentales que se anexan.

En virtud de lo anterior, es menester que sean implementadas las medidas necesarias en el ámbito de sus atribuciones con el propósito de atender él punto de acuerdo en comento.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39, fracción VIII ,de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, así como de los numerales 120, 121 y 122 párrafo segundo y sexto del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, me permito solicitarle que en un término breve sea enviada la información sobre las acciones conducentes para dar cumplimiento al referido punto de acuerdo, con el propósito de dar una respuesta al órgano legislativo citado y contar con el puntual seguimiento del asunto que nos ocupa.

Sin más por el momento me permito enviar un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2016.— José Francisco Acevedo García (rúbrica), subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

José Francisco Acevedo García, subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública.— Presente.

Por instrucciones de la doctora Claudia Sheinbaurn Pardo, jefa delegacional en Tlalpan, y en atención a su oficio número SG/SSPDYRVP/156.13/2016, en donde hace del conocimiento el punto de acuerdo suscrito por la vicepresidenta en funciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y en el cual señala:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los tres Poderes y de los organismos constitucionales autónomos, tanto de la federación como de las entidades federativas, así como a los servidores públicos de mandos superiores, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a que como muestra de su compromiso el combate a la corrupción, hagan públicas a la brevedad sus declaraciones patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal.

Al respecto, le informo a usted que este órgano político administrativo simpatiza completamente con el punto de acuerdo, por lo que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa delegacional en Tlalpan, giró instrucciones a la Dirección General de Administración de la Delegación Tlalpan, para que con fundamento en sus facultades y atribuciones se difundieran y se diera cumplimiento a los lineamientos para la declaración y difusión de información patrimonial, fiscal y de intereses a cargo de las personas servidoras públicas de la administración pública de la Ciudad de México y homólogos.

Derivado de lo anterior, y a efecto de dar cumplimiento a dichos lineamientos, mismos que fueron difundidos en todas las direcciones generales de este órgano político administrativo en Tlalpan, mediante oficio DT/DGA/922/2016 de fecha veintisiete de abril del año en curso, suscrito por la ciudadana María de Jesús Herros Vázquez, directora general de Administración en la Delegación Tlalpan, en donde a groso modo se indica que la falta de presentación de declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos, así como la presentación de firma extemporánea de la misma, dará lugar a la imposición de sanciones en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Sin más por .el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Tlalpan, Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2016.— Maestro Héctor Villegas Sandoval (rúbrica), coordinador de asesores.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o. 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número UDTP/ 496/2016, de fecha 13 de septiembre de 2016, signado por el licenciado José Luis Rivera Hernández, jefe de Unidad Departamental de Técnicas Pedagógicas en la delegación Cuajimalpa, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo aprobado por la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar DGPL 63-11-8- 0770, por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a que atendiendo las necesidades del leche que requieran sus respectivos programas sociales, ésta sea comprada directamente a Liconsa, para que dicha empresa a su vez, pueda adquirir los excedentes de leche que existen en el mercado nacional.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de octubre de 2016.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Licenciado José Francisco Acevedo García, subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública.— Presente.

En atención al oficio número SG/ SSPDYRVP/ 108.4/ 2016, en el cual se refiere del conocimiento punto de acuerdo remitido por el Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal mediante el oficio ya señalado, me permito informar sobre el siguiente punto de acuerdo;

Suscrito por el vicepresidente en funciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, me permito informar que para aplicación de los órganos político administrativos se realiza un exhorto a fin de que en atención a las necesidades de leche que requieran sus respectivos programas sociales, esta sea comprada directamente a Liconsa, para que dicha empresa a su vez, pueda adquirir los excedentes de leche que existen en el mercado nacional, lo anterior derivado de la determinación tomada en la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de ganadería de la Cámara de Diputados, mediante la cual diversas Uniones Ganaderas Regionales expusieron sus problemáticas respecto al estado actual que guarda la comercialización de leche fluida en el país.

A través del presente, me permito informar que se a solicitado al Área de Adquisiciones de eta Delegación sea considerado el punto de acuerdo y que se realcen la gestión necesaria para que en caso de ser posible, se compre leche Liconsa como parte de los insumos que se adquieren para el Programa de Alimentación sana para los centros de desarrollo infantil, Cendi.

Por otro lado, se exhortara a las administradoras de los centros de desarrollo infantil para que a la medida de sus posibilidades realicen la compra de leche Liconsa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección

Atentamente

Cuajimalpa de Morelos; Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2016.— Licenciado José Luid Rivera Hernández (rúbrica), Jefe de la Unidad Departamental de Técnicas Pedagógicas.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Licenciado Miguel Ángel Salazar Martínez, jefe delegacional en Cuajimalpa.— Presente.

Por instrucciones de la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 122, Apartado C, Base Tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Estatuto de Gobierno, así como de los numerales 2, 15, fracción I, 16, 17 y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal en relación con los artículos 7, fracción I y 32 Ter del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y por las facultades conferidas a la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública del Distrito Federal en el manual administrativo de la Secretaría de Gobierno en el apartado de funciones publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 26 de noviembre de 2013, me permito referir lo siguiente:

Mediante punto de acuerdo suscrito por el vicepresidente en funciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, me permito informar que para aplicación de los órganos político administrativos se realiza un exhorto a fin de que en atención a las necesidades de leche que requieran sus respectivos programas sociales, esta sea comprada directamente a Liconsa, para que dicha empresa a su vez pueda adquirir los excedentes de leche que existen en el mercado nacional, lo anterior derivado de la determinación tomada en la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Ganadería de la Cámara de. Diputados, mediante la cual diversas Uniones Ganaderas Regionales expusieron sus problemáticas respecto al estado actual que guarda la comercialización de leche fluida en el país, información que se detalla en las documentales que se anexan.

En virtud de lo anterior, es menester que el órgano desconcentrado que representa a través de las áreas competentes, implementen las medidas necesarias en el ámbito de sus respectivas atribuciones con el propósito de atender el punto de acuerdo en comento.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del distrito Federal, así como de los numerales 120, 121 y 122, párrafo segundo y sexto, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, me permito solicitarle que en un término breve sea enviada la información sobre las acciones conducentes para dar cumplimiento al referido punto de acuerdo, con el propósito de dar una respuesta al órgano legislativo citado y contar con el puntual seguimiento del asunto que nos ocupa.

Sin más por el momento me permito enviar un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2016.— José Francisco Acevedo García (rúbrica), subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se remite a la Comisión de Ganadería, para su conocimiento.

Proceda la Secretaría con comunicados de la Cámara de Senadores.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Se recibieron oficios de la Cámara de Senadores por los que se remiten 11 proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 considere y destine recursos para distintos rubros, suscritas pro senadores de diversos grupos parlamentarios.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Félix González Canto, Martha Elena García Gómez, Luz María Beristáin Navarrete, Hilda Flores Escalera, Fernando Torres Graciano, Manuel Cota Jiménez, Isaías González Cuevas, Daniel Ávila Ruiz, Hilaria Domínguez Arvizu, María del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara y Sofío Ramírez Hernández presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, se etiqueten recursos suficientes para el programa de la Secretaría de Turismo denominado “Desarrollo regional turístico sustentable y pueblos mágicos”.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Los suscritos, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

El turismo es una actividad fuerte y resistente, que cuenta con una gran capacidad para contribuir a la recuperación económica, puesto que genera miles de millones de dólares en exportaciones y crea millones de empleos directos e indirectos.

La actividad turística es fundamental para propiciar oportunidades de desarrollo a nivel local y municipal, haciendo que las personas participen activamente en las decisiones y programas que puedan beneficiar a sus comunidades. Con las actividades turísticas, se pueden crear espacios de microempresas donde participa toda la comunidad en beneficio de los turistas y de sí mismos.

El país tiene diversos atractivos turísticos que le permiten ser uno de los principales destinos en el mundo. Contamos con destinos de turismo de naturaleza, cultural, de sol y playa, religioso, gastronómico, de negocios, entre otros, los cuales hacen que México sea una gran oferta para las distintas necesidades.

Si bien en el segmento de sol y playa somos un mercado muy competitivo a nivel mundial, es necesario trabajar en la diversificación de la oferta turística y con ello garantizar el desarrollo y crecimiento de zonas, regiones, municipios y estados para el beneficio económico de la sociedad.

Con la intención de crear una oferta turística que aprovechara nuestra cultura, en 2001 nació el programa Pueblos Mágicos, el cual toma como elemento central a poblados típicos con atractivos turísticos culturales de gran singularidad para fomentar su conservación y el mejoramiento de su imagen urbana e identidad.

La Secretaría de Turismo federal define un pueblo mágico como una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin magia que emanan en cada una de sus manifestaciones socioculturales, y que significan hoy una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico.

El programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros.

Entre los objetivos del programa Pueblos Mágicos encontramos resaltar el valor turístico de localidades en el interior del país, para estructurar una oferta turística innovadora y original, que atienda una demanda naciente de cultura; sus repercusiones rebasan la idea de mejorar la imagen urbana y se inscriben en la necesidad de conjuntar esfuerzos para convertirlos en detonadores de la economía local y regional.

El número de visitantes de los pueblos mágicos produce resultados sorprendentes en comunidades de gran fuerza cultural y entornas urbanos y naturales de gran impacto.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, este programa ha generado más de 6 mil millones de pesos en derrama económica y se han recibido 4 millones de turistas en los ya 111 pueblos mágicos.

Este programa ha comprobado su valor como referente en el impulso del turismo en diversas regiones del país. Sin embargo, como todo programa debe ser renovado periódicamente para mejorar su funcionamiento.

Por lo anterior, el 26 de septiembre de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los nuevos Lineamientos Generales para la Incorporación y Permanencia al Programa Pueblos Mágicos, lo que sin duda refuerza esta herramienta para el desarrollo de nuestras comunidades, ya que aumenta la participación social, fomenta la competitividad y la inclusión productiva, promueve la sustentabilidad ambiental y sin duda, reconoce, impulsa y empodera la participación comunitaria; además es necesario que cada vez más localidades se incorporen a este programa.

Con la creación del programa Pueblos Mágicos, se estableció un compromiso del Estado Mexicano por impulsar todos los segmentos turísticos y poner a nuestro país en los principales lugares del mundo en la materia.

El éxito de este programa turístico sirvió para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015, se etiquetaran 500 millones de pesos para los pueblos mágicos y destinos prioritarios que existían en ese entonces.

En 2016, con el Presupuesto Base Cero se fusionaron los programas de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, dando paso al Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (Prodermagico), como un programa sujeto a reglas de operación, en virtud de ello no se definió una bolsa especifica de recursos, sino que se buscó que se compitiera con proyectos viables y exitosos que detonaran los pueblos mágicos.

De conformidad con el periódico La Jornada, este año se otorgaron para el Prodermagico mil 571.7 millones de pesos. Dichos recursos, de conformidad con las reglas de operación del programa han sido dirigidos preferentemente a la atención de los proyectos que contribuye a mejorar la capacidad competitiva de los destinos turísticos, considerando los siguientes tipos de apoyo: infraestructura y servicios, equipamiento turístico, creación o fortalecimiento de rutas, circuitos o corredores turísticos e impulso del desarrollo regional, creación de sitios e interés turístico y asistencia técnica y servicios relacionados a las obras de los proyectos.

De conformidad con el comunicado 163 de la Secretaría de Turismo, de 2001 a la fecha el gobierno federal ha invertido 5 mil millones de pesos en pueblos mágicos. De ellos, 2 mil 500 millones de pesos se invirtieron durante la presente administración.

El mencionado comunicado también refiere que durante 2016 y 2017 la Secretaría de Turismo consolidará el programa Pueblos Mágicos.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, turnado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, continúa considerando el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos como un programa prioritario de la Secretaría de Turismo, y lo continúa siendo un programa sujeto a reglas de operación. Sin embargo, notas periodistas señalan que de aprobarse el proyecto de Presupuesto de Egresos como fue enviado, el programa Pueblos Mágicos tendría una reducción de 63.8 por ciento.

Al referirse a los recortes a las secretarías de Estado, el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid, comentó que de aprobarse esta situación, afectaría sin duda la creación de más pueblos mágicos, asimismo, se afectarán obras y programas de infraestructura que son de vital importancia para el desarrollo de regiones con potencial turístico.

En virtud de que los resultados de la inversión en los pueblos mágicos han venido a cambiar la dinámica de las comunidades receptoras, ya que se ha incrementado el empleo, mejorado los servicios e infraestructura de las comunidades, así como la calidad de vida de sus habitantes, se considera necesario hacer un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se pueda etiquetar recursos suficientes para que el programa Pueblos Mágicos y con ello garantizar el desarrollo constante de las localidades incluidas hasta ahora.

Por lo anterior, quienes suscribimos este punto de acuerdo consideramos necesario que el Estado mexicano continúe garantizando recursos suficientes para mantener en marcha los diversos programas turísticos que permiten el desarrollo de las localidades incluidas en estos programas, en especial el de pueblos mágicos.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 se etiqueten recursos suficientes para el programa de la Secretaría de Turismo denominado “Desarrollo regional turístico sustentable y pueblos mágicos” y, con ello, contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las localidades incluidas en él.

Notas:

1 La Jornada, 18 de septiembre de 2016. Recuperado de http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/18/reducen-en-63-8-presupuesto-de-pu eblos-magicos

2 Sectur. Invierte esta administración en los últimos cuatro años 2.5 mmdp en pueblos mágicos. Recuperado de

http://www.gob.mx/sectur/prensa/invierte-esta-adminitracion-en- los-ultimos-cuatro­anos-2-5-mmdp-en-pueblos-magicos-sectur

3 Véase http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/18/reducen-en-63-8-presupuesto-de-pu eblos-magicos

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de octubre de 2016.— La Comisión de Turismo, senadores: Félix González Canto (rúbrica), presidente; Martha Elena García Gómez (rúbrica), Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica), secretarias; Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica), Roberto Albores Gleason, Fernando Torres Graciano (rúbrica), Manuel Cota Jiménez (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Daniel Ávila Ruiz (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), María del Rocío Pineda Gochi (rúbrica), Angélica Araujo Lara (rúbrica), Sofío Ramírez Hernández (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Félix González Canto, Martha Elena García Gómez, Luz María Beristáin Navarrete, Hilda Flores Escalera, Fernando Torres Graciano, Manuel Cota Jiménez, Isaías González Cuevas, Daniel Ávila Ruiz, Hilaria Domínguez Arvizu, María del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara y Sofío Ramírez Hernández presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, se considere otorgar a la Secretaría de Turismo un presupuesto mayor que el otorgado en el Presupuesto de 2016.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Los suscritos, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

Durante la presente administración, México ha recuperado su lugar como uno de los destinos más visitados en el mundo. El turismo se ha venido consolidando como uno de los principales motores de nuestra economía, ante la crisis petrolera, el turismo ocupa el tercer puesto como actividad generadora de divisas, tan solo por detrás de la industria automotriz y las remesas, representando el 8.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional.

El turismo tiene la cualidad de ser un sector incluyente, ya que los ingresos permiten generar más empleos (hoy produce 9 millones de empleos directos e indirectos, principalmente para mujeres y jóvenes), integra las cadenas de valor, es una importante herramienta para combatir la pobreza, ya que atrae inversiones, fortalece los mercados donde operan las pequeñas y medianas empresas, mejora los medios de transporte y acelera la creación de infraestructura, generando bienestar a los ciudadanos de las comunidades receptoras.

Desde mediados de 2013, la actividad turística ha presentado un crecimiento sostenido y una tendencia al alza, lo que ha permito que nuestro país recuperará su lugar dentro del grupo de los primeros 10 países receptores de turistas internacionales.

En 2015, México avanzó al puesto número 9 de países con más llegadas de visitantes internacionales, pues recibió a 32 millones 100 mil personas, lo que representa 37 por ciento más que en 2012. El crecimiento del turismo en México representa más del doble que el incremento del turismo a nivel mundial durante este periodo, y es el mayor entre los 10 países más visitados en 2015 (véase el cuarto Informe de Gobierno, 2015-2016. Disponible en

http://www.presidencia.gob.mx/cuartoinforme/).

En los ingresos de divisas provenientes de turistas internacionales, en el año 2015, México escaló cinco posiciones en la clasificación de la Organización Mundial del Turismo al pasar del lugar 22 al 17, al haber obtenido un monto de 17 mil 700 millones de dólares por ingresos provenientes de divisas por turismo internacional.

La tendencia al alza de ingresos por divisas de turismo internacional se mantiene durante 2016, ya que cifras de la Presidencia de la República reportan que de enero a junio de dicho año se tuvo un ingreso de 10 mil millones de dólares, lo que equivale a un 8 por ciento más a lo obtenido durante el mismo periodo de 2015.

Este escenario positivo del turismo cobra de singular importancia para nuestro país, debido a que en los últimos años, se ha registrado una baja significativa en los precios internacionales del petróleo y otras materias primas, lo que ha producido entornos complejos y bajas expectativas de crecimiento, dada la disminución importante de los ingresos petroleros.

De acuerdo con el cuarto Informe de Gobierno, 2015-2018, en 2012 los ingresos fiscales por petróleo representaban 8.9 por ciento del PIB y aportaban 39.4 de los ingresos públicos. En cambio, en 2015 los ingresos petroleros disminuyeron a 4.7 del producto interno bruto y pasaron a aportar 19.7 de los ingresos públicos.

Ante este escenario tan complejo, si bien se debe reconocer el actuar de la administración pública que ha venido trabajando en privilegiar el manejo responsable de las finanzas públicas, se hace necesario que se fortalezcan y se destinen más recursos a los sectores que producen buenos resultados económicos a México, como el turismo, el cual podría convertirse en el principal motor de la economía nacional.

La presente proposición con punto de acuerdo tiene como finalidad que la Cámara de Diputados le otorgue, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, un aumento presupuestal a la Secretaría de Turismo, para que continúe implementado las acciones y estrategias necesarias para fortalecer la actividad turística nacional.

Hoy, el turismo atraviesa por uno de los mejores momentos de su historia, debemos de aprovecha el que México ha venido recobrando su papel preponderante en el escenario mundial, para convertir esta actividad en uno de los mayores motores de la economía nacional, para ello se requiere que se destinen los recursos económicos necesarios para fortalecer la infraestructura turística, ya que si queremos tener más visitantes se requerirán más habitaciones en diferentes destinos, mejorar la conectividad aérea y terrestre, mejorar la capacitación para profesionalizar a los prestadores de servicios turísticos, promover altos estándares de calidad en los servicios turísticos, fortalecer los programas exitosos, como el de pueblos mágicos, rescatar nuestras playas, para que nuestros destinos de sol y playa continúen siendo de los más importantes en el mundo, continuar la promoción turística de México en los mercados tradicionales e impulsar la diversificación de mercados.

En la decimosexta asamblea de la Unión de Secretarios de Turismo de México, los funcionarios estatales informaron que se requieren por los menos 5 mil millones de pesos para complementar más de 500 proyectos turísticos para aumentar el arribo de visitantes a los destinos turísticos, los que se relacionan con infraestructura, capacitación, promoción, accesibilidad, entre otros aspectos. En la Secretaría de Turismo federal se tienen registrados diversos proyectos turísticos positivos, viables y aprobados, pero no se tienen recursos presupuestales para ponerlos en marcha, de forma tal que existe un rezago de 3 mil millones de pesos para proyectos.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 se consideran importantes recortes para la Secretaría de Turismo.

El recorte para proyectos de infraestructura de turismo es de 90 por ciento, ya que se consideran sólo 100 millones de pesos, en comparación con los mil millones 700 mil pesos del ejercicio 2016; la reducción para la promoción y fomento de la actividad turística es de casi el 20 por ciento, ya que los recursos proyectados para 2017 son de mil 233 millones 614 mil 479 pesos, frente a los mil 535 millones 393 mil 813 pesos del ejercicio 2016; los recursos destinados para estudios de preinversión se reducen a cero, frente a los 73 millones de pesos que hubo en 2016.

Para el ejercicio presupuestal de 2017, la Secretaría de Turismo tiene proyectados 3 mil 497 millones 455 mil 241 pesos, lo que equivale a una reducción de 32.9 por ciento en comparación con los 5 mil 211 millones 444 mil 461 pesos aprobados en 2016.

Las previsiones señalan que el turismo continuará teniendo una dinámica superior a la del crecimiento nacional, por lo que consideramos que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, se debe autorizar un presupuesto mayor que el autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, para que el turismo en México pueda seguir generando más empleos y contribuyendo al desarrollo social y económico del país.

Por lo expuesto nos permitimos poner a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, se considere otorgar a la Secretaría de Turismo un presupuesto mayor que el otorgado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, a fin de impulsar el crecimiento de la actividad turística del país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de octubre de 2016.— La Comisión de Turismo, senadores: Félix González Canto (rúbrica), presidente; Martha Elena García Gómez (rúbrica), Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica), secretarias; Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica), Roberto Albores Gleason, Fernando Torres Graciano (rúbrica), Manuel Cota Jiménez (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Daniel Ávila Ruiz (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), María del Rocío Pineda Gochi (rúbrica), Angélica Araujo Lara (rúbrica), Sofío Ramírez Hernández (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, contemple la creación de un fondo compensatorio para atender asuntos indígenas.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante de la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

En vista de la difícil situación nacional, en materia de presupuesto, urge explorar mecanismos que contribuyan de manera efectiva a atenuar el impacto sobre las poblaciones más pobres del país. La reducción presupuestal no debe darse a expensas de los que menos tienen; urge cuidar que este recorte no genere mayor miseria y carestía.

Es por esto que, de la mano con alcaldes del Estado de Oaxaca, propongo un Fondo Compensatorio para atender Asuntos Indígenas. Este fondo busca como principal propósito, constituirse como una alternativa de atención presupuestal a otros fondos federales que no han cumplido con eficiencia y eficacia su cometido de ofrecer alternativas presupuestales a los proyectos y acciones que demandan los grupos indígenas del país.

Durante los últimos 5 años, fondos presupuestales como el Programa de Infraestructura Indígena (PROII) a cargo de la CDI, no sólo se han caracterizado por ser uno de los programas federales más complicados para su planeación, programación y comprobación; sino que también, se han caracterizado por ser uno de los programas que mayor volumen de recortes presupuestales han tenido. A este respecto, podemos citar como ejemplo el caso de Oaxaca, que pasó de tener una asignación presupuestal de 1,000 millones de pesos en 2011 a una de 183 millones de pesos en 2016; es decir, una disminución de sus recursos de más del 80%. Tendencia que se va a endurecer aún más en 2017, a causa del recorte presupuestal planteado por la SHCP, quien en el Proyecto de Presupuesto ha establecido una asignación presupuestal para los programas de Infraestructura Indígena, mejoramiento de la producción y productividad indígena a nivel nacional de 3,000 millones de pesos, cifra que contrasta con la asignación presupuestal para el mismo rubro en el PEF 2016, que fue de 9,000 millones de pesos.

Resulta difícil explicar por qué la normatividad de los programas orientados a atender a los grupos indígenas del país, se caracterizan por su complicada normatividad y nula flexibilidad, cuando debería ser todo lo contrario. La propia experiencia, sin embargo, exhibe la existencia de restricciones para implementar los cambios que son necesarios. De un lado, la magnitud de los rezagos históricos hace claramente insuficientes los recursos disponibles. Por otro, hay un desajuste creciente entre los patrones normativos asociados con los recursos y la realidad social en que se aplican. La política del actual gobierno federal se expresa, ante todo, en no reconocer y menos respetar la condición culturalmente diferenciada de los pueblos indios. Al proponerles normatividades confusas y complicadas, más aún que las de Fonregión o Fenmet, el gobierno federal no está admitiendo que los grupos indígenas del país responden con sus comportamientos y aspiraciones a una definición que no es homogénea y general; que esos pueblos tienen pleno derecho a seguir existiendo como lo que son y a ejercer, a plenitud, su libertad de ajustarse a sus propios patrones culturales. Este empeño, si se cumple, fortalecerá en su base misma la construcción de una sociedad democrática, al articular profundamente la acción gubernamental con la participación social.

Por ello, como parte de una estrategia que busca compensar a los grupos indígenas del país y del estado de Oaxaca, de los recortes presupuestales y la falta de atención social y económica, se ha formulado contando con el apoyo y opinión de varios municipios, localidades y ONG de tipo indígena, una propuesta para crear este fondo presupuestal de tipo compensatorio.

Anexo al presente se encuentran las propuestas de distribución de dicho fondo compensatorio.

En vista de lo anterior, ponemos a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La LXIII Legislatura del Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a contemplar, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, la creación de un Fondo Compensatorio para Atender Asuntos Indígenas

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2016.— Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos de infraestructura vial y sus obras complementarias del municipio de Tenamaxtlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos de infraestructura vial y sus obras complementarias del municipio de Tenamaxtlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2017, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las vías de comunicación no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.

Para el municipio de Tenamaxtlán, es prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados han deteriorado los carriles de esta zona, ocasionando baches, grietas, desprendimiento de concreto, obteniendo como resultado un aumento en accidentes viales y peatonales, así como carga excesiva vehicular que perjudica los tiempos de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares.

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera y sus obras complementarias para beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. Con la rehabilitación del pavimento, redes potables y las redes hidrosanitarias, se beneficiarán de forma directa a más de cinco mil 500 habitantes, quienes tendrán vialidades accesibles y podrán transitar con seguridad y comodidad a la población.

Bajo la necesidad urgente de volver a proveer una nueva estructura de pavimento y la instalación de redes hidrosanitarias, resultan ser cada día más eficientes, debido a la larga vida de los nuevos componentes en donde circula el agua a los diferentes servicios, evitando que se requiera un mantenimiento periódico y sus características para obtener un servicio confiable a largo plazo, teniendo como objetivo principal la fuente de empleos temporales, destinos viables para el turismo, inversiones productivas para la región, aliviar la carga vehicular, disminuir accidentes, concientizar a la población sobre la seguridad vial y las personas que transitan por la calle para llegar a sus destinos, así como favoreciendo la economía del municipio.

Por todo lo anterior, se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Tenamaxtlán, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de Red de Agua Potable, Red de Drenaje y Pavimento de Concreto Hidráulico en la Calle Vallarta del municipio de Tenamaxtlán, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2017.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de Red de Agua Potable, Red de Drenaje y Pavimento de Concreto Hidráulico en la Calle Donato Guerra del municipio de Tenamaxtlán, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2017.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de Empedrado Ahogado en Concreto en la Calle Zapopan del municipio de Tenamaxtlán, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2017.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a los veinte días del mes de octubre de 2016.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos y sus obras complementarias del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos y sus obras complementarias del municipio el San Juan de los Lagos, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2017, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente, las vías de comunicación son de gran importancia para detonar la economía del país mediante el fortalecimiento de actividades estratégicas sustentables e innovadoras, siendo posible transitar todo tipo de mercancías, y traslados de personas que necesitan llegar a sus destinos.

Por ello, el municipio de San Juan de los Lagos, cuenta con caminos de terracería que se comunican entre sí, mismos que tienen un deterioro superficial debido al aumento vehicular y la mala infraestructura que se tiene actualmente en los carriles principales de esta zona, ocasionando un gran porcentaje de accidentes automovilísticos, así como los tiempos de traslados de los habitantes en llegar a sus respectos lugares.

Por tal motivo, la pavimentación de las calles principales, mejorara la infraestructura vial de la comunidad, ya que la sustitución de superficie de rodamiento ayudará a los habitantes a no gastar más en el mantenimiento de los vehículos, donde será menor el impacto de desgaste que se transita por la zona, así como la disminución de los accidentes de tránsito y peatonales, mejorara la calidad de los habitantes, ya que habrá menos proliferación de tierra en el ambiente y facilitara el acceso y comunicación con otras localidades del municipio, sin olvidar la creación de empleos temporales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera no solo será indispensable para un futuro, si no para reforzar la plusvalía de las casas-habitación y mejorar la imagen urbana del municipio, siendo de vital importancia la seguridad y el bienestar de sus habitantes, así como los que transitan de otros municipios.

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para la pavimentación en concreto hidráulico de la calle David Galván en la colonia Mártires Cristero en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos para la pavimentación de la calle Halcón en la colonia Los Halcones en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2017.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la pavimentación de la calle principal en la comunidad de El Salvador, del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2017.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a los veinte días del mes de octubre 2016.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos de infraestructura del municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos de infraestructura del municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2017, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las vías de comunicación no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.

Para el municipio de Valle de Juárez, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, ya que, debido al alto índice de vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, ocasionando baches, grietas, desprendimiento de concreto, obteniendo como resultado un aumento en accidentes viales y peatonales, así como una carga excesiva vehicular que perjudica los tiempos de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares.

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera y complementarias para beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio.

Con la rehabilitación del pavimento, redes potables y las redes hidrosanitarias, se beneficiarán de manera de forma directa a más de 10 mil habitantes, quienes tendrán vialidades accesibles, mediante las cuales podrán transitar con seguridad y comodidad a la población, así como la conservación de la imagen urbana del Centro Histórico.

Por todo lo anterior, se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para el desarrollo diversos proyectos de infraestructura y obras complementarias del municipio de Valle de Juárez, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2017.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a los veinte días del mes de octubre de 2016.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de carreteras entre las localidades Los Gavilanes, en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes en materia de infraestructura en la localidad “Los Gavilanes”, en el municipio de Teocaltiche, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Actualmente, las vías de comunicación son de gran importancia para detonar la economía del país mediante el fortalecimiento de actividades estratégicas sustentables e innovadoras, siendo posible transitar todo tipo de mercancías, y traslados de personas que necesitan llegar a sus destinos.

La construcción de carreteras debe concebirse como una estrategia de inversión de largo plazo, como parte de la infraestructura del país para promover la competitividad económica de este último. Los empedrados ahogados de concreto, a diferencia de aquellos hechos con asfalto, ofrecen muchos beneficios, tales como: mayor durabilidad, disminución de costos a lo largo del ciclo de vida de la obra, reducción de temperatura y mayor seguridad. Debido a su rigidez, el pavimento de concreto ofrece menor resistencia al rodado de los neumáticos. En consecuencia, el pavimento de concreto permite que el consumo de combustible, en vehículos que se trasladen a más de 30 kilómetros por hora, y esta sea menor en comparación con otros pavimentos como los hechos con asfalto.

El municipio de Teocaltiche, requiere de apoyo para la asignación presupuestal para concretar sus proyectos en materia de pavimentación en la localidad “Los Gavilanes”, esta obra beneficiará de manera directa a los habitantes de este municipio, al tener calles idóneas para facilitar el tránsito vehicular y peatonal. Por lo que es importante mencionar que la durabilidad de los tramos carreteros es vital, para mejorar las condiciones de acceso a las comunidades.

Por lo anterior, se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Teocaltiche, Jalisco, para la obra pública solicitada y con ello atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la Construcción de Carretera de la localidad “Los Gavilanes”, en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a los veinte días del mes de octubre de 2016.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la implementación de la primera etapa de rehabilitación del parador Tequila, en el municipio de Amatitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la implementación de la 1er Etapa de Rehabilitación del Parador Tequila en el municipio de Amatitán, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2017, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La rehabilitación del espacio público parador del tequila en el municipio de Amatitán, Jalisco, convertirá al municipio en fuente de atracción turística y comercio, donde se caracteriza por ser un espacio recreativo, ambiental y cultural. Además, este parador contará con la promoción y difusión de la gastronomía tradicional mexicana, así como servicios relacionado al ocio y de esparcimiento, satisfaciendo las necesidades de los visitantes y respetando el entorno natural.

Es indispensable apoyar esta obra pública con la posibilidad de armonizar los espacios públicos y atraer al turismo, así como implementar proyectos de impacto estatal, que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos.

El proyecto propuesto por el municipio permitirá la creación de una infraestructura hotelera a partir de la rehabilitación de edificios históricos. En esta primera etapa consistirá en el retiro del adoquín que está en malas condiciones, así como la demolición de los baños que están mal ubicados, el desencalcado y reubicación de los árboles para recuperar más espacios. Se contempla la construcción de taquilla, módulo de información turístico y una recepción de hospedaje en la planta baja del primer edificio histórico.

Se instalará jardinería y señalamientos de orientación para los visitantes y huéspedes, así como un sistema de iluminación por medio de lámparas solares para brindar mayor seguridad, así como el mejoramiento de mobiliario urbano. La concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general.

Luego entonces, la inversión que representa esta obra, será el reflejo de los ciudadanos con un gobierno de calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos es la respuesta, por lo que la aplicación de los recursos debidos debe ser el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la implementación de la 1er Etapa de rehabilitación del parador del Tequila en el municipio de Amatitán, Jalisco dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a los veinte días del mes de octubre de 2016.— Senador José María Martínez Martínez.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Luz María Beristáin Navarrete, Armando Ríos Piter y Félix Arturo González Canto, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar para el ejercicio 2017 mayores recursos presupuestales al sector turístico de los estados de Guerrero y Quintana Roo.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Los suscritos, Luz María Beristáin Navarrete, Armando Ríos Piter y Félix Arturo González Canto, senadores en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto con lo previsto en el artículo 8 numeral 1, fracción II, artículo 76 fracción IX,95 numeral 1, 108y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que el Senado de la República exhorta a la Honorable Cámara de Diputados a que destine para el ejercicio 2017 mayores recursos presupuestales al sector turístico de Guerrero y Quintana Roo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El turismo en México es uno de los principales sectores del país, prueba de esto es que ocupa la novena posición por llegada de turistas de acuerdo al ranking de turismo internacional de 2015 con 32.1 millones de turistas; además, ocupa la posición 16 por ingreso de divisas procedentes de turistas internacionales.

La relevancia de este sector también se ve reflejado en el PIB, para el primer trimestre del 2016 el PIB turístico aumento 3.2% con respecto al mismo trimestre del año anterior y desde enero de 2013 a marzo de 2016 el PIB turístico ha registrado un incremento del 8.5% con cifras desestacionalizadas.

México es el tercer país de la OCDE por aportación del turismo a su PIB. Por otro lado, ocupa el lugar 13 en el ranking sobre participación en la generación de empleos del sector turismo. Durante 2013 el PIB turístico mexicano estuvo al nivel de Nueva Zelanda (8.7%) y por encima del Francés que represento 7.2 %.

En el informe de WorldTravel and Tourism Councilse detalla que en 2014 este sector contribuyó con 6.8% del PIB mientras que en 2015 fue con 6.2%, estima que se generarán4 millones 819 mil empleos para 2025 y “... la llegada de 39 millones 209 mil turistas extranjeros que van a generar gastos por 408 mil millones de pesos.”

Evidenciando la importancia del sector turístico para el desarrollo y crecimiento económico el indicador trimestral de la actividad turística muestra que el consumo turístico en México registró un incremento anual de 67.4% en el primer trimestre de 2016.

México es un país rico en diversidad cultural, lo que atrae a la comunidad internacional, quienes durante el primer trimestre de 2016 registraron un aumento en su consumo de 24.3% y el consumo de turistas nacionales creció en 3.2%.

En el contexto internacional también destaca que las visitas de turistas extranjeros aumentaron en promedio 4.6% en la OCDE y a nivel mundial 4.5 %, mientras que el aumento en México fue de 5.9% entre 2010 y 2014.

Los servicios turísticos representan una fuente de empleo primordial. Con datos de la Secretaría de Turismo (SECTUR), durante el segundo trimestre de 2016, tres millones 892 mil empleos estaban situados en el sector turismo, representando 8.4% del empleo total. El empleo turístico aumentó 5.5% en el segundo trimestre de 2016 con respecto al mismo periodo de 2015 (Tabla 1).

En el contexto nacional, los estados donde el empleo turístico representa una mayor participación respecto al total del personal ocupadoson: Quintana Roo (44.7%), Baja California Sur (30.5%), Nayarit (25.1%) y Guerrero (22.4%).

Quintana Roo y Guerrero también estuvieron dentro de los primeros diez lugares a nivel nacional de activos turísticos durante 2013, estos hacen referencia a la inversión nacional en inmuebles, instalaciones, equipo de trasporte y de oficina; Quintana Roo el segundo y Guerrero ocupó el sexto lugar.

En cuanto al valor de la producción que generan las entidades con litoral relacionadas con actividades turísticas, Guerrero aporta el 1.7 % y Quintana Roo es el segundo lugar con 11.5% (Tabla 2).

Los resultados del Censo Económico 2014 muestran que, las entidades federativas con mayor participación de unidades económicas turísticas con respecto al total de cada entidad son Quintana Roo (23.1%), Baja California Sur (19.2%), Nayarit (16.3%) y Guerrero (15.6%).

Además, Quintana Roo es el primer estado a nivel nacional por participación turística en el valor agregado estatal con 44.2%, Guerrero es el cuarto con 21.8 %.

La Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas identifica seis sectores estratégicosen Quintana Roo, de los cuales el más relevante es el de servicios turísticos con 906 empresas; mientras que para Guerrero encuentra tres sectores, de los cuales servicios turísticos es el que sobresale con 518 empresas.

El turismo en Guerrero y Quintana Roo son puntos de referencia obligados cuando los turistas nacionales e internacionales buscan vacacionar en México. La clasificación nacional por llegada de turistas revela que Quintana Roo y Guerrero se encuentran entre los primeros cinco lugares.

Tan solo en 2014, el estado de Guerrero recibió 5 millones 683 mil 881de turistas, de los cuales 5 millones 469 mil 748 fueron turistas nacionales y 214 mil 133 internacionales. Quintana Roo recibió 12 millones 257 mil 870 turistas de los cuales 3 millones 229 mil 908 fueron nacionales y 9 millones 27 mil 962 extranjeros el equivalente al 73% del total (Tabla 3).

El potencial turístico de Guerrero es enorme, y con una oferta de alojamiento de 26,969 cuartos impulsar el sector turístico es primordial para detonar el crecimiento y el desarrollo económico.

Actualmente Quintana Roo ya está en la ruta para potencializar su privilegiada ubicación. Según datos de SECTUR, los principales destinos turísticos de playa durante estos últimos dos años y lo que va del 2016 han sido la Riviera Maya y Cancún (Tabla 4).

No obstante lo anterior, el pasado 8 de septiembre se publicó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 (PPEF¬2017) el cual contempla un recorte de 1,713,989,220 pesos a la Secretaria de Turismo, esto representa una reducción real del 35% en comparación con 2016 (Tabla 5).

En el PPEF-2017 el Ejecutivo Federal propone un gasto federalizado para el estado de Guerrero de 46,705.0 millones de pesos, cifra inferior en 5.3% en términos reales respecto de lo aprobado en 2016. Lo anterior obedece principalmente a una disminución del gasto federalizado identificado en el Ramo 23, donde se elimina el Fondo Regional, Fondo Metropolitano y no hay asignación para la zona metropolitana de la Ciudad de Acapulco (Tabla 6).

A continuación, se presenta el gasto federalizado para el estado de Guerrero por concepto de los Ramos 28, 33 y 23.

Por otra parte para el Ramo 28. Participaciones Federales, tiene un incremento de 1,192 millones de pesos nominales, lo que equivale a un incremento real de 4.4 por ciento con respecto al 2016.

El Ramo 33. Aportaciones Federales, se plantea un decremento real de 3.5 por ciento, lo que representa una disminución nominal de 105 millones de pesos con respecto a 2016.

Se contempla para Guerrero, dentro del PPEF-2017, la eliminación de siete programas y proyectos de inversión, se eliminó el fondo para Estudios de pre factibilidad de recuperación de playas en Acapulco y se está a la espera de que la Cámara de Diputados asigne recursos para el Estudios de pre inversión para el proyecto Nuevo Acapulco (Tabla 9 y 10).

Se eliminan los Estudios de prefactibilidad de recuperación de playas para el municipio de Acapulco, que en 2016, se le destino 3,820 millones de pesos y también se eliminan los Fideicomisos de promoción turística con 65,240 millones de pesos.

Asimismo en el estado de Quintana Roo, el Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas, es de los más afectados para el proyecto de presupuesto del 2017, ya que no se contemplan asignaciones presupuestarias para el Estado, el Fondo Metropolitano y la Zona Metropolitana de la Ciudad Cancún.

El Ramo 28. Participaciones Federales para Quintana Roo, tiene un incremento de 627.5 millones de pesos nominales, lo que equivale a un incremento real de 3.6 por ciento con respecto al 2016.

En cuestión del Ramo 33. Aportaciones Federales en Quintana Roo, se plantea un decremento real de 2.1 por ciento, lo que representa una disminución nominal de 99.7 millones de pesos con respecto a 2016

Mientras que en Quintana Roo el 78% de su PIB proviene del turismo, los recursos para tres de cinco fondos y fideicomisos siguen a la espera de la asignación presupuestaria de Cámara de Diputados, se creó un nuevo fondo para el Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y PTI Caribe 2017 y se eliminó el de Estudios y Gestión Ambiental Necesarios para el Proyecto Puente del Sistema Lagunar Nichupté en Cancún, Quintana Roo (Tabla 14).

Se crearon tres proyectos de inversión para Estudios de prefactibilidad de recuperación de playas en Isla mujeres, Cancún y Cozumel (Tabla 15).

Con base en lo anterior, quienes proponemos este punto de acuerdo destacamos la relevancia actual y futura del Sector Turístico para Guerrero y Quintana Roo. En estos estados se materializa el potencial de México para ser la primera potencia turística del mundo, es por esto que destinar mayores recursos federales en el ejercicio fiscal 2017 es de suma relevancia.

Asimismo es destacable el impacto benéfico de las inversiones turísticas en materia de calidad de vida y empleo para estas entidades, a través de éstas el desarrollo económico y el crecimiento se concretaran. Este impacto no solo se verá en Guerrero y Quintana Roo, todas las entidades se beneficiaran al consolidarse la posición de México como principal destino turístico global.

Por lo anteriormente fundado y motivado, los suscribientes sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, de urgente resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisione de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se autoricen y se incrementen en términos reales las asignaciones de recursos públicos en materia de política pública turística en las entidades de Quintana Roo y Guerrero.

Notas:

1 Sectur (2015) Compendio estadístico en http://www.datatur.sectur. gob.mx/SitePages/CompendioEstadistico.aspx

2 Sectur (2016) Crece 8.5% PIB turístico en los primeros tres años del gobierno del presidente Peña Nieto. Prensa en https://www.gob.mx/ sectur/prensa/crece-8-5-pib-turistico-en-los-primeros-tres-anos-del-gobierno-de l-presidente-pena-nieto

3 Gonzales, S. (2016) Turismo en México, con mayor contribución al PIB que al empleo. La Jornada en http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/12/turismo-en-mexico-con-mayor-tasa- de-contribucion-al-pib-que-al-empleo-714.html

4 Inegi (2013) Sistema de cuentas nacionales de México : cuenta satélite del turismo de México 2013 en http://internet.contenidos. inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/product os/nueva_estruc/7028250704 96.pdf

5 Martínez, C. (2016) Prevén que turismo aporte 7.5% del PIB de México para 2025. El Universalen: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/03/26/preven-que-t urismo-aporte-75-del-pib-de-mexico-en-2025

6 Gonzales, S. (2016) Turismo en México, con mayor contribución al PIB que al empleo. La Jornada en http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/12/turismo-en-mexico-con-mayor-tasa- de-contribucion-al-pib-que-al-empleo-714.html

7 Sectur (2016) Empleo turístico. Datatur en http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ResultadosITET.aspx

8 Sectur (2016) Estadística Turística Derivada de los Censos Económicos 2014. Subsecretaría de Planeación y Política Turística en http://www.datatur.sectur.gob.mx/Comite%20de%20Estadisticas%20del%20Sector%20Tu rismo/CENSOS_ECONOMICOS_2014.pdf

9 Inegi (2015) Estadísticas a propósito del día mundial de turismo. INEGI en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/turismo0.pdf

10 SECTUR (2016) Estadística Turística Derivada de los Censos Económicos 2014. Subsecretaría de Planeación y Política Turística en http://www.datatur.sectur.gob.mx/Comite%20de%20Estadisticas%20del%20Sector%20Tu rismo/CENSOS_ECONOMICOS_2014.pdf

11 INEGI (2015) Encuesta Nacional sobre productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. INEGI en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/establecimientos/otr as/enaproce/default.aspx

12 Solo se contemplan empresas pequeñas y medianas.

13 Sectur (2014) Actividad Hotelera por Entidad Federativa. Datos abiertos en http://datos.gob.mx/busca/dataset/actividad-hotelera¬por-entidad-federativa/res ource/575cc191-d5af-40d1-a36a-fe39a5573774

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de octubre de 2016.— Senadores: Luz María Beristain Navarrete (rúbrica), Armando Ríos Piter, Félix Arturo González Canto.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos de infraestructura en Amatitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con puntos de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos de infraestructura en Amatitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inversión en infraestructura permite rediseñar el futuro, de ahí que sea prioridad para Amatitán, recuperar las calles que comunican el centro histórico, debido a que actualmente estas no se encuentran en óptimas condiciones para transitar por estas calles, ya que estas presentan grietas y desprendimiento de concreto, obteniendo como resultado un aumento de accidentes viales y peatonales.

Por tal motivo se requiere beneficiar a este municipio con la intención de crear una estructura de pavimento e instalación de redes hidrosanitarias que beneficien de forma directa a los habitantes del municipio. Con esta reestructura conexiones se logrará beneficios a largo plazo, tales como disminución de la carga vehicular, aumento del turismo, inversiones productivas en la región.

La construcción de carreteras debe concebirse como una estrategia de inversión de largo plazo, como parte de la infraestructura de un país, para promover la competitividad económica de este último. Los empedrados ahogados de concreto, a diferencia de aquellos hechos con asfalto, ofrecen muchos beneficios, tales como: mayor durabilidad, disminución de costos a lo largo del ciclo de vida de la obra, reducción de temperatura y mayor seguridad. Debido a su rigidez, el pavimento de concreto ofrece mucha menor resistencia al rodado de los neumáticos.

Amatitán requiere el apoyo de la asignación presupuestal para concretar los proyectos para la pavimentación de la vialidad en la esperanza; del acceso principal a la localidad de San Marcos, y el acceso principal a la cabecera municipal, obras que beneficiarán de manera directa a los habitantes de este municipio, ya que, tendrán calles idóneas que facilitarán el tránsito vehicular y peatonal. De apoyarse estos proyectos se permitirá reducir los tiempos de traslados, facilitando el acceso y comunicación con otras localidades de mayor seguridad.

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para Amatitán, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de redes de agua potable, drenaje y base de rodamiento en la calle de los Naranjos, entre calle Casuerina y calle Cedro, fraccionamiento de Lomas de la Cruz, del municipio de Amatitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de redes de agua potable, drenaje y base de rodamiento en la calle Arrayán, entre la calle Roble y calle cedro, fraccionamiento Lomas de la Cruz, del municipio de Amatitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de redes de agua potable, drenaje y base de rodamiento en la calle de las Rosas, entre la Casuerina y calle Amates, y tramo de calle Copal, entre Amates y calle Cedro, fraccionamiento de Lomas de la Cruz, del municipio de Amatitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de redes de agua potable, drenaje y base de rodamiento en la calle Encino, entre la calle Pino y calle Cedro, fraccionamiento Lomas de la Cruz, del municipio de Amatitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Quinto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de redes de agua potable, drenaje y base de rodamiento en la calle Roca, entre calle Casuerina y calle Amates, fraccionamiento Lomas de la Cruz, del municipio de Amatitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Sexto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de redes de agua potable, drenaje y base de rodamiento en la calle Casuerina, entre la calle de las Rocas y calle de los Naranjos, fraccionamiento Lomas de la Cruz, municipio de Amatitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Séptimo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de redes de agua potable, drenaje y base de rodamiento en la calle Roble, entre calle de las Rosas y calle Arrayán, fraccionamiento Lomas de la Cruz, municipio de Amatitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Octavo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de redes de agua potable, drenaje y base de rodamiento en la calle Pino, entre las calles de las Rocas, y calle de los Naranjos, fraccionamiento Lomas de la Cruz, municipio de Amatitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Noveno. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de redes de agua potable, drenaje y base de rodamiento en la calle Amates, entre calles de las Rocas y calle Arrayán, fraccionamiento Lomas de la Cruz, municipio de Amatitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Decimo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Construcción de redes de agua potable, drenaje y base de rodamiento en la calle Cedro, entre calle Encino y calle Arrayán, fraccionamiento Lomas de la Cruz, municipio de Amatitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de octubre de 2016.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputa os a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos de infraestructura deportiva en el municipio de Amatitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.

Con fundamento n los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos de infraestructura deportiva en el municipio de Amatitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los espacios deportivos han evolucionado con el paso del tiempo, y se constituyen como un generador de calidad de vida en la población, que facilitan la práctica deportiva de forma segura y motivacional, razón por la cual; dicho tema forma parte de las prioridades gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal. Para Jalisco, el deporte es un elemento esencial que contribuye a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la población. Por ello, es un estado líder en la promoción y desarrollo de deportistas, siendo la base de las selecciones nacionales y profesionales de la cultura física-deportiva.

Por tal necesidad, dicho municipio tiene la necesidad de fomentar aún más el deporte, siendo como prioridad el contar con nuevas y mejores espacios deportivos con equipamientos de calidad que son un eje primordial y central en el funcionamiento de la práctica deportivas mismas que, basándose en desarrollar nuevas habilidades en un ámbito de la población y contando siempre con personal capacitado en deporte.

La inversión para la rehabilitación de espacios recreativos y sus obras complementarias trae grandes beneficios no solo al municipio, si no a las comunidades aledañas, debido a la repercusión directa al fomentar el deporte y la actividad física de forma regular se mejora la calidad de vida, así como la integración familiar y se combaten los altos índices de obesidad y sobrepeso.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Amatitán, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos en materia de infraestructura deportiva.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la Rehabilitación de Espacios Deportivos Hugo Sánchez Márquez 2da etapa, del municipio de Amatitlán, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2017.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de espacios deportivos Hugo Sánchez Márquez tercera etapa, del municipio de Amatitlán, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a 20 de octubre de 2016.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención. Continúe la Secretaría con iniciativa del Congreso del estado de Baja California.

INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Congreso del Estado de Baja California Sur.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En sesión pública ordinaria celebrada el jueves 22 de septiembre del presente año, el Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo (se anexa copia) consistente en el siguiente resolutivo:

Primero. La Decimocuarta Legislatura del Congreso de Baja California Sur, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su correlativo 64, fracciones II y III, de la Constitución Política de Baja California Sur, remite al Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los demás en el orden natural, al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los demás en su orden natural, al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete

I. a IV. ...

La...

Cualquiera de las Cámaras, a través de sus comisiones ordinarias, podrá convocar a las legislaturas de los estados, mediante la representación de los integrantes que éstas acuerden, cuando se discuta una iniciativa de reformas o adiciones a esta Constitución, o la ley que implique la armonización de la legislación local, con objeto de conocer sus posicionamientos al respecto.

El...

No...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El presente punto de acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición.

Artículo Tercero. El presente punto de acuerdo se remitirá a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adjuntando la iniciativa y el acta de la sesión de su aprobación.

Artículo Cuarto. Remítase el presente acuerdo a los congresos locales de las entidades federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su conocimiento y, en su caso, adhesión al mismo.

Se hace de su conocimiento lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

La Paz, Baja California Sur, a 13 de octubre de 2016.— Diputada Norma Alicia Peña Rodríguez (rúbrica), secretaria de la Mesa Directiva.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. Proceda la Secretaría con iniciativas del Congreso del estado de Jalisco.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Congreso del Estado de Jalisco.

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada el día jueves 13 octubre 2016, aprobó el acuerdo legislativo número 802-LXI-2016, del que le adjunto copia, en el cual de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 14 de octubre de 2016.— Licenciado José de Jesús Reynoso Loza (rúbrica), Secretario General del Honorable Congreso del Estado.»

«Congreso del Estado de Jalisco.

Acuerdo legislativo

Del Congreso del Estado de Jalisco que presenta ante el Honorable Congreso de la Unión iniciativa de ley que reforma el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Envíese al Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de la LXI Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, junto con el presente acuerdo legislativo como exposición de motivos, la siguiente:

Iniciativa de ley

Que reforma el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

Artículo Único. Se reforma el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política federal, para quedar como sigue:

Artículo 105. ...

I. ...

a) a la k). ...

l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión, el Congreso de la Unión, o entre los mismos Poderes existentes, en las entidades federativas, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Guadalajara, Jalisco, octubre de 2016.— Diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Hugo Contreras Zepeda (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, Liliana Guadalupe Morones Vargas (rúbrica), Edgar Oswaldo Bañales Orozco (rúbrica), Juana Ceballos Guzmán (rúbrica), Érika Lizbeth Ramírez Pérez (rúbrica), Augusto Valencia López, Ramón Demetrio Guerrero Martínez (rúbrica), Felipe de Jesús Romo Cuéllar (rúbrica), Saúl Galindo Plazola (rúbrica), José García Mora.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. Continúe la Secretaría.



LEY FEDERAL DE TRABAJO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Congreso del Estado de Jalisco.

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada el día jueves 13 de octubre de 2016, aprobó el acuerdo legislativo número 803-LXI-2016, del que le adjunto copia, en el cual de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva,

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

2016, año de la acción ante el cambio climático en Jalisco.

Guadalajara, Jalisco, 14 de octubre de 2016.— Licenciado José de Jesús Reynoso Loza (rúbrica), Secretario General del Honorable Congreso del Estado.»

«Congreso del Estado de Jalisco.

Acuerdo legislativo

Único. Envíese al Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de la LXI Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, junto con el presente acuerdo legislativo como exposición de motivos, la siguiente

Iniciativa de decreto

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132.

...

I. a XXVII. ...

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante;

XXVII Ter. Disfrutarán de un permiso de doce semanas los padres o tutores, de menores de edad que padezcan una enfermedad terminal o se encuentren en tratamiento contra el cáncer, a solicitud expresa del trabajador, previa certificación escrita que expida el médico de la institución de seguridad social que le corresponda, o en su caso del servicio de salud que otorgue el patrón; y

XXVIII. Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta Ley; y

XXIX. Otorgar permiso sin perjuicio en su trabajo o salario, cuando el trabajador sea citado a declarar por cualquier autoridad en funciones jurisdiccionales, sin importar con qué carácter sea citado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Guadalajara, Jalisco, octubre de 2016.— Sala de comisiones del Congreso del estado de Jalisco. La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Hugo Contreras Zepeda (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, Liliana Guadalupe Morones Vargas (rúbrica), Edgar Oswaldo Bañales Orozco (rúbrica), Juana Ceballos Guzmán (rúbrica), Érika Lizbeth Ramírez Pérez (rúbrica), Augusto Valencia López, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, Felipe de Jesús Romo Cuéllar (rúbrica), Saúl Galindo Plazola (rúbrica), José García Mora.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen. Continúe la Secretaría.



DECLARE EL 27 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO “EL DÍA NACIONAL DEL MARIACHI”

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Congreso del Estado de Jalisco.

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada el día jueves 14 de abril de 2016, aprobó el acuerdo legislativo número 273-LXI-2016, del que le adjunto copia, en el cual se eleva iniciativa de decreto para que se designe el 27 de noviembre de cada año como “Día Nacional del Mariachi”, de conformidad a la motivación y justificación que se expresa en el acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para los efectos legales correspondientes.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

2016, año de la acción ante el cambio climático en Jalisco.

Guadalajara, Jalisco, 14 de octubre de 2016.— Licenciado José de Jesús Reynoso Loza (rúbrica), Secretario General del Honorable Congreso del Estado.»

«Congreso del Estado de Jalisco.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos a cargo de los suscritos, les fue turnada por acuerdo de la asamblea para su estudio y dictamen, la iniciativa de acuerdo legislativo para que se eleve al Honorable Congreso de la Unión la iniciativa de decreto por la que propone se declare el 27 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Mariachi, y en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 97,157 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, nos permitimos proponer el siguiente dictamen de acuerdo legislativo con base en los siguientes:

Antecedentes

I. Que la diputada María de Lourdes Martínez Pizano, en uso de las facultades que le confiere el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, se sirvió presentar el pasado 25 de febrero de 2016 la iniciativa de decreto que tiene como objeto declarar el 27 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Mariachi;

II. Que el Congreso del estado de Jalisco tiene competencia para legislar en la materia de la iniciativa señalada en el punto anterior de conformidad con los artículos 73, 124 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco;

III. Que el Congreso del Estado en sesión de fecha 25 de febrero de 2016 turnó la señalada iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos;

IV. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 64 y 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos el estudio y dictamen del asunto que nos trata;

V. Que entre las propuestas presentadas por la diputada María de Lourdes Martínez Pizano destacan las siguientes:

1. La presente iniciativa tiene por objeto declarar el día 27 de noviembre de cada año como “Día Nacional del Mariachi” con la finalidad de colocar dentro de la agenda pública del país las acciones tendientes a la difusión y promoción de esta tradición fundamental de la cultura del pueblo mexicano.

2. Con ello se busca desarrollar una mayor cantidad de políticas públicas a favor del mariachi en México, que mejoren sus condiciones como gremio. Comprende, además un medio de preservación de las artes populares, del modo de vida, el sistema de valores, las tradicionesy creencias que nos dan identidad a los mexicanos en el mundo entero.

3. Los mexicanos tenemos mucho que ofrecer a los turistas en materia de atractivos. En ese sentido, Como parte de la cultura en México, nuestro mariachi es reconocido a nivel mundial, siendo pieza fundamental para el turismo a nivel Nacional e internacional, por lo que es de radical importancia, impulsar todos los mecanismos necesarios para el desarrollo difusión de nuestro mariachi.

4. Es importante señalar que los cuatro pilares de identidad nacional son mariachi, tequila, charrería y artesanía. Tratándose del mariachi hay mucho por hacer para detonar el impulso de nuestra identidad e impulsar el desarrollo económico de nuestro país, reactivando con ello, la generación de empleos.

Los tiempos que vivimos exigen que nuestros gobiernos diseñen estrategias para defender nuestra cultura, en este caso, para presentar nuestro mariachi, el cual, es un elemento importante para nuestro pueblo. El mariachi es una práctica en la que la comunidad y familia transmiten, a través de la música, sus conocimientos, su historia y el placer por cantarle a la vida.

5. El mariachi nos une a trm1és de la distancia, tiene un uso apegado a las costumbres de la sociedad mexicana, un fuerte arraigo en nuestra sociedad mexicana y es una de las expresiones multiculturales que sintetizan la identidad de los mexicanos. El mariachi expresa el amor por nuestra tierra, pueblo y patria, además de propiciar el dialogo y la diversidad intercultural.

6. Un 27 de noviembre, del año 2011, en la Isla de Bali, Indonesia, se dio el reconocimiento a lo nuestro, a lo valioso de nuestra cultura, a lo que ha nacido en nuestra tierra para el disfrute de toda la humanidad. Es así como tenemos el orgullo de contar con la declaratoria de la UNESCO, que otorga la denominación de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al “Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta”.

Es de radical importancia, sumarnos a la tendencia de celebrar esta distinción en todo el país, como ya se hace en Jalisco, y que se declare el 27 de noviembre de cada año, “El Día Nacional del Mariachi”, toda vez que contribuirá al fortalecimiento de nuestra identidad. Por ello, como legisladores, tenemos la responsabilidad de preservar nuestra cultura, de ser motores de cambio a favor de los mexicanos y sus tradiciones.

La propuesta apunta a que además de llenarnos de orgullo, nos comprometerá a impulsar la promoción de los atractivos turísticos de nuestros estados y municipios en relación a la difusión de importantes atractivos naturales y culturales como lo es el mariachi dentro del desarrollo de la actividad turística y cultural de Jalisco, con proyectos de alto impacto.

7. Específicamente, el 1 de septiembre de 2012 se instaló una Comisión Nacional para la Salvaguarda del Mariachi, integrada por representantes de agrupaciones de Mariachis, de autoridades federales y estatales, así como de instituciones académicas que promueven activamente la educación musical en este campo. Dicha Comisión trabaja por la protección, difusión, preservación y promoción de esta tradición fundamental de la cultura del pueblo -mexicano. Como el de esta comisión hay muchos esfuerzos para impulsar nuestro mariachi, por lo que se considera, desde esta autoría, loable la presente iniciativa.

La presente propuesta concluye que es necesario contribuir en la gestión de políticas culturales, para que se promueva la salvaguarda del mariachi, desde esa alta soberanía y propiciar la enseñanza de la música tradicional, respetando todos los estilos regionales; asimismo reforzar la investigación académica.”

VI. Una vez estudiado el punto que integra la iniciativa en comento, la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos considera lo siguiente:

Que efectivamente como lo cita la autora de la iniciativa y como lo establece la fracción III del artículo 71 de la Constitución General de la República, es facultad del Congreso del Estado de Jalisco presentar iniciativas de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión.

Que la finalidad de la presente iniciativa es declarar el día 27 de noviembre de cada año como “Día Nacional del Mariachi” como un impulso a una tradición cultural del pueblo mexicano que nos da identidad a los mexicanos en el mundo entero y que es pieza fundamental para el turismo nacional e internacional.

El mariachi expresa la música tradicional mexicana mayormente conocida y es una pieza fundamental de la cultura mexicana. Los grupos de mariachi tradicional no sólo transmiten el amor por nuestra tierra, por nuestro pueblo y por nuestra patria, también narran historias religiosas, de amor y desamor, historia rurales, leyendas.

El Mariachi también es una de las expresiones multiculturales que sintetizan la identidad de los mexicanos al usar en sus presentaciones trajes tradicionales de diferentes lugares y regiones de nuestro país; al utilizar diferentes instrumentos musicales sobre todo de viento y que van del violín al arpa; al entonar en sus repertorios música de diferentes géneros como jarabes, huapangos, baladas, sones, pasos dobles, polcas, valses, serenatas, corridos, fandangos, bolero ranchero, norteña, cumbia.

Quienes dictaminamos la presente iniciativa coincidimos plenamente con su autora en el sentido de sumarnos a la tendencia de distinguir al Mariachi en todo el país como ya se ha hecho a través de la declaratoria de la UNESCO, que otorgó la denominación de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al “Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta”; asimismo, la distinción recibida precisamente el 27 de Noviembre del año 2011, en la Isla de Bali, Indonesia, denominada “El reconocimiento a lo nuestro, a lo valioso de nuestra cultura, a lo que ha nacido en nuestra tierra para el disfrute de toda la humanidad”.

Se advierte además que esta propuesta conlleva la difusión del mariachi, el impulso y promoción de nuestras tradiciones culturales, folclóricas, artísticas y el fomento de sitios, espacios y actividades turísticas, orientados al desarrollo en todos sus aspectos.

En mérito de lo expuesto, fundado y motivado en las consideraciones y argumentos vertidos, de conformidad con lo que establecen los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150, fracción 1, 156 y 157 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, resolvemos y sometemos a la elevada consideración de ustedes ciudadanos diputados, el siguiente dictamen de

Acuerdo Legislativo

Único. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en nombre de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del estado de Jalisco, elévese la presente iniciativa de decreto al Honorable Congreso de la Unión para que se declare el 27 de noviembre de cada año, como “El Día Nacional del Mariachi”.

Guadalajara, Jalisco, abril de 2016. Sala de comisiones del Congreso del estado de Jalisco.— La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Hugo Contreras Zepeda (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo (rúbrica), Liliana Guadalupe Morones Vargas (rúbrica), Edgar Oswaldo Bañales Orozco (rúbrica), Juana Ceballos Guzmán (rúbrica), Érika Lizbeth Ramírez Pérez (rúbrica), Augusto Valencia López, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, Felipe de Jesús Romo Cuéllar (rúbrica), Saúl Galindo Plazola (rúbrica), José García Mora (rúbrica).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.

Continúe la Secretaría con iniciativas de los ciudadanos senadores.

INICIATIVAS DE SENADORES



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Héctor Flores Ávalos y senadores de diversos grupos parlamentarios, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo IX al título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b ) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito, senador Héctor Flores Ávalos, y los infrascritos senadores integrantes de la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8o., numeral 1, fracción I, 163, numeral 1, fracción 1, 164, numeral 1, 169, numerales 1 y 4, 172, numeral 1,y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capitulo IX al Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con lo señalado a continuación

Exposición de Motivos

E1 1 de enero de 2014 entró en vigor una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión en conjunto con otras reformas a leyes federales tributarias, que tuvieron como algunos de sus objetivos establecer un sistema fiscal más justo y equitativo para nuestro país, y contar con mayores recursos que le permitan al Estado mexicano sufragar los gastos públicos, enfatizando la prioridad de atender los programas con alto contenido e impacto social.

Sin embargo, la reforma fiscal realizada en ese año, lejos de alcanzar su objetivo ha resultado regresiva y ha inhibido el sano desarrollo de las empresas, la creación de nuevos empleos y, por ende, el crecimiento económico del país.

Otros factores también han incidido de forma negativa en la economía mexicana, como lo ha sido la disminución de los ingresos petroleros como consecuencia de la baja en los precios del crudo, la reducción en la producción de petróleo, la depreciación del peso en un 50% por el incremento del dólar, el aumento en los precios de los energéticos y de otros insumos y materias primas utilizados en la producción de bienes y servicios y el sobre-endeudamiento público contraído en los últimos cuatro años.

Como ejemplo de que la economía mexicana está en atonía, baste citar los indicadores de ocupación y empleo con cifras a julio de 2016, emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el pasado 30 de agosto, en que la tasa de informalidad laboral se colocó en 57.1 por ciento de la población ocupada; es decir, 6 de cada 10 mexicanos trabajan en la economía informal, incluyendo a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas lo que representa, aproximadamente, a 29 millones 948 mil 214 de mexicanos en esta situación. Por su parte, 2 millones 97 mil 949 mexicanos no tienen empleo (4 por ciento de tasa de desocupación).

Aunado a lo anterior, cabe tener en cuenta que en días pasados las conocidas calificadoras internacionales Moody´s y Standard & Poor s cambiaron la perspectiva de la calificación de deuda mexicana a negativa, lo que ha afectado aún más a los mercados financieros presionando al tipo de cambio así como al mercado bursátil. Esta perspectiva negativa significa que de continuar la situación y las tendencias actuales en un periodo máximo de dos años se pondría al emisor en revisión a la baja, esto es, se analizará si el riesgo de incumplimiento se ha incrementado, lo que, sin lugar a dudas, ha revertido la imagen que se tenía de la situación financiera mexicana.

La modificación negativa en la calificación crediticia de nuestro país ha sido motivada, entre otras razones, por la exposición al sector petrolero, un crecimiento económico menor al esperado y por el riesgo de que aumente la deuda del gobierno federal o que la carga de intereses sea superior a las expectativas actuales.

Y respecto de la deuda pública, de acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el informe de finanzas públicas y deuda pública al segundo trimestre de este año, al cierre de julio la deuda del sector público llegó a 7.5 billones (millones de millones) de pesos, equivalente al 42.2 por ciento del producto interno bruto y se prevé que al cierre de 2016 se incremente por arriba del 51 por ciento, con lo que en el mediano plazo pone a nuestro país en un alto riesgo de volatilidad financiera con consecuencias sumamente dañinas para la economía nacional y para el bolsillo de todos los mexicanos.

Todo ello, plantea un escenario sombrío y delicado para el crecimiento económico de nuestro país a corto y mediano plazo. Recordemos que hace poco más 20 años sufrimos una de las crisis económicas más severas donde todos padecimos los efectos negativos en la que, de no haber contado con el apoyo del gobierno de Estados Unidos de América (situación que hoy parece imposible), el país hubiera enfrentado una espiral perniciosa que seguramente dejaría a México en la situación financiera más delicada de su historia reciente.

El Ejecutivo federal y el secretario de Hacienda y Crédito Público han planteado públicamente que el paquete económico para 2017 no incluirá la creación de nuevos impuestos ni el aumento a los existentes e incluirá diversas iniciativas que fomenten a los emprendedores, promuevan el ahorro voluntario y mejoren el servicio profesional de carrera, simplificarán el pago de impuestos para pequeñas y medianas empresas (pymes) e incentivos para que empresarios inviertan en ciencia y tecnología; además de que se impulsará un Presupuesto de Egresos de la Federación mucho más austero, buscando reducir el déficit público.

Ante este escenario, es urgente una modificación a la política tributaria, básicamente en incorporar un esquema de tributación fácil y sencillo que ayude a revertir los efectos nocivos que están afectando al desarrollo de la economía mexicana, concretamente, que coadyuve en el impulso y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, creadora de empleos y parte fundamental del crecimiento económico nacional.

La ley vigente del impuesto sobre la renta establece el denominado “régimen de incorporación” el cual simplemente somete a los contribuyentes personas físicas con actividades empresariales a un régimen transitorio que paulatinamente los llevará a tributar en el régimen general, en el que finalmente deberán soportar toda la carga administrativa que ello conlleva.

No se debe perder de vista que la micro, pequeña y mediana empresa, es un sector muy importante de la producción económica de nuestro país, siendo, en su mayoría, personas que tienen negocios familiares y que son la fuente de ingresos en sus hogares.

Promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas también es una obligación de contenido social del Estado que armoniza con los ideales constitucionales, pues con ello se promueve el crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza.

Por ello, una política pública responsable debe diseñar mecanismos fiscales que facilite a estos sectores productivos cumplir con su obligación tributaria y no complicarlos con mayores cargas administrativas, pues, al hablar de la micro, pequeña y mediana empresa, hacemos referencia a pequeños negocios y comercios de bienes y servicios, como son las misceláneas y abarroterías, los plomeros, carpinteros, estilistas, reparadores de calzado o zapateros, entre otros, que, para vivir de forma lícita, forman parte del pequeño comercio o prestan servicios de algún oficio que han aprendido.

Por tal motivo, es necesario que las personas que tienen este tipo de actividades empresariales con ingresos menores, estén sujetos a un régimen tributario que les permita cumplir con sus obligaciones fiscales fácilmente, empezando por un esquema sencillo para efectuar el cálculo del impuesto sin mayor complicación y, en muchos de los casos, sin la necesidad de contratar los servicios de un contador.

A fin de otorgar plena certeza de los sujetos que pueden acogerse a este régimen, en primer término se contempla a las personas físicas y morales con actividades empresariales que se consideren como micro, pequeña y mediana empresa en términos de lo que dispone la fracción 111 del artículo 30 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micra, Pequeña y Mediana Empresa.

El esquema que se propone implica la adición de un capítulo a la nueva Ley de Impuesto sobre la Renta, creando un régimen opcional para las personas morales y las personas físicas con actividad empresarial que obtengan ingresos anuales de hasta 250 millones de pesos, en el que aplicarán una tasa conforme el nivel de ingresos que reporten en el ejercicio fiscal que corresponda, sin deducción alguna. Se trata de una tasa reducida que varía de 5 por ciento a 12 por ciento, dependiendo del monto de los ingresos obtenidos en el ejercicio, y que son congruentes con los montos de ventas que al efecto se señalan en el acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micra, Pequeña y Mediana Empresa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2011 y reformado el 28 de marzo y 12 de noviembre de 2012.

Debe tomarse en consideración que un sistema simplificadocon una tasa baja, invariablemente aumentará la recaudación fiscal, dado que será mucho más oneroso para el contribuyente pagar las consecuencias de una sanción por no cumplir con sus obligaciones fiscales que pagar sus impuestos con una tasa más baja y, sobre todo, en forma sencilla y clara. En el ámbito económico esta teoría se encuentra sustentada por la curva Arthur Laffer, misma que establece que cuando se aumentan los impuestos no siempre se da como resultado el aumento en ingresos fiscales, ya que un impuesto alto inhibe la oferta del bien o servicio y ésta tiende a disminuir. Este fenómeno de inhibición se ve acrecentado si consideramos, además, la dificultad del actual esquema de cálculo tributario, con su complejo e ineficiente régimen de deducciones. Así, con la baja de la tasa impositiva que se propone, se busca una mayor recaudación, al aumentar proporcionalmente la curva de oferta del bien o servicio de que se trate.

Este esquema ha sido implementado con éxito en Europa del este, y un ejemplo claro y palpable es el registrado en Islandia, que de 1991 a 2001, redujo gradualmente el tipo impositivo de 45 por ciento hasta 18 por ciento, periodo en el que los ingresos fiscales se triplicaron y, desde 2001 a la fecha, los ingresos fiscales se han vuelto a triplicar, no obstante que el crecimiento económico islandés crece a una tasa media del 4 por ciento.

Una característica esencial de este esquema es ser optativo, es decir, los contribuyentes podrán elegir libremente si se sujetan a este esquema de tributación, teniendo plena libertad de ponderar qué opción les conviene más para cumplir con el pago del impuesto, pero una vez que elijan, deberán permanecer en este régimen por lo menos cinco años.

Se trata de permitir que los contribuyentes con actividades empresariales que formen parte de la micro, pequeña y mediana empresa cuenten con una opción fácil y sencilla para el cumplimiento de la obligación de pago en el impuesto sobre la renta, con ciertos límites para poder tributar bajo el mismo, de ahí que, por ejemplo, no puedan beneficiarse de este esquema los integrantes del sistema financiero, las grandes empresas, los fideicomisos, o aquéllos cuyos ingresos provengan del extranjero, por mencionar algunos.

La propuesta contenida en la presente iniciativa trae aparejado un beneficio tanto para los contribuyentes menores con actividades empresariales, como para el fisco, dado que mientras a unos les facilita el cumplimiento de la obligación fiscal, al otro le permite recaudar ingresos públicos de un sector importante de la economía, sin tener que llevar a cabo atribuciones complejas de comprobación fiscal.

Debe recalcarse la necesidad de fomentar en las micros, pequeñas y medianas empresas el cumplimiento de la obligación fiscal bajo esquemas sencillos y claros que no les implique mayor gasto administrativo, máxime cuando el país requiere de incentivar este tipo de negociaciones generadoras de empleo.

Asimismo, se hacen las referencias necesarias en el Código Fiscal de la Federación en lo que concierne a la expedición de comprobantes fiscales.

Consecuentemente sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un capitulo VIII al Título II de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta

Único. Se reforma el artículo 27, fracción VIII, primer párrafo y se adiciona un capítulo IX al Título II de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que comprende los artículos 78-A a 78-E, así como el artículo 110 Bis a la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

VIII. Que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes personas físicas, de los contribuyentes a que se refieren los artículos 72, 73, 74 y 78-A de esta ley, así como de aquéllos realizados a los contribuyentes a que hace referencia el último párrafo de la fracción I del artículo 17 de esta ley y de los donativos, éstos sólo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate, se entenderán como efectivamente erogados cuando hayan sido pagados en efectivo, mediante transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; o en otros bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones.

Título IIPersonas Morales

Capítulo VIIIDel Régimen opcional para actividades empresariales

Artículo 78-A. Las personas físicas y morales con actividades empresariales que sean consideradas como micro, pequeña y mediana empresa en términos de lo dispuesto por la fracción III del artículo 3° de la Ley para el desarrollo de la competitividad de la Micra,. Pequeña y Mediana Empresa, que estén obligadas al pago del impuesto sobre la renta de conformidad con el Título 11 o el Capítulo II del Título IV de esta Ley, en lugar de calcular y pagar el impuesto sobre la renta a su cargo en los términos previstos anteriormente, podrán optar por calcular, determinar y pagar el impuesto sobre la renta a su cargo aplicando la siguiente tasa a los ingresos netos obtenidos en el ejercicio:

Tasa a aplicar sobre ingresos netos

Monto de ingresos Tasa

0 a 20 millones 5%

20 millones 1 pesos a 50 millones de pesos 7%

50 millones 1 pesos a 80 millones de pesos 9%

80 millones 1 pesos a 250 millones de pesos 12%

Para los efectos de este capítulo, se consideran ingresos netos los que resulten de disminuir de los ingresos brutos, las devoluciones, descuentos y rebajas.

El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que se presentará dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal de que se trate, de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación.

Los contribuyentes que inicien actividades, podrán optar por aplicar lo dispuesto en el presente Capítulo, siempre que estimen que sus ingresos no excederán el monto máximo de $250’000,000.00 pesos a que se refiere este artículo.

En el caso de que durante el ejercicio se exceda el límite máximo de ingresos de 250 millones de pesos, señalado en este artículo, los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, continuarán tributando en los términos de este capítulo hasta el cierre del ejercicio, pero deberán determinar el impuesto a su cargo del mismo en los términos de las disposiciones de esta Ley que resulten aplicables y considerarán los pagos provisionales efectuados como acreditables.

Para efectos de este capítulo, los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos.

Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllos correspondan a anticipas, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se les designe. Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago; tratándose de cheques, se considerará percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También se entenderá que el ingreso es efectivamente percibido, cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones.

Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, será la cantidad que resulte de dividir por el factor de 0.30 el impuesto sobre la renta que resulte a cargo del contribuyente calculado conforme lo dispuesto en este artículo.

Artículo 78-B. Los contribuyentes que opten por tributar conforme al régimen establecido en el presente Capítulo, deberán cumplir con las demás disposiciones previstas en esta Ley, salvo que expresamente se señale un tratamiento distinto en este capítulo.

Una vez ejercida la opción que establece este capítulo, el contribuyente deberá pagar el impuesto con base en la misma por lo menos durante los cinco ejercicios subsecuentes, incluso cuando durante dicho periodo se inicie el ejercicio de liquidación. Quienes paguen el impuesto conforme a este capítulo no podrán disminuir las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir al momento de ejercer la opción.

No podrán tributar conforme al presente capítulo:

I. Las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración, o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley.

Se entenderá por control, cuando una de las partes tenga sobre la otra el control efectivo o el de su administración, a grado tal, que pueda decidir el momento de reparto o distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea directamente o por interpósita persona.

II. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomiso con actividad empresarial o asociación en participación.

III. Quienes tributen conforme al capítulo VI, del Título II de esta ley.

IV. Las personas morales cuyos socios, accionistas o integrantes hayan sido socios, accionistas o integrantes de otras personas morales que hayan tributado conforme a este capítulo.

V. Los contribuyentes que dejen de aplicar la opción prevista en este Capítulo.

VI. Quienes reciban ingresos procedentes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero.

VII. Quienes realicen actividades de comisión o intermediación mercantil.

Cuando el autor de una sucesión haya sido contribuyente de este Capítulo y en tanto no se liquide la misma, el representante legal de ésta continuará cumpliendo con lo dispuesto en este Capítulo.

Si existe copropiedad, los copropietarios podrán tributar bajo este Capítulo siempre que los ingresos de la copropiedad no excedan el monto máximo de $250’000,000.00 pesos señalado en el artículo 78-A de esta ley.

Artículo 78-C. Los contribuyentes que ejerzan la opción establecida en este Capítulo, deberán efectuar pagos mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago. El pago mensual del impuesto tendrá el carácter de provisional.

El pago mensual será la cantidad que resulte de aplicar a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes al que corresponda el pago, sin deducción alguna, la tasa que corresponda conforme a lo siguiente:

Tasa a aplicar sobre ingresos brutos

Monto de ingresos Tasa

0 a 1 millón 666 mil 666 pesos 5%

1 millón 666 mil 667 a 4 millones 166 mil 666 pesos 7%

4 millones 166 mil 667 pesos a 6 millones 666 mil 666 pesos 9%

6 millones 666 mil 667 a 20 millones 833 mil 333 pesos 12%

Los pagos a que se refiere este artículo, se enterarán ante las oficinas autorizadas de la entidad federativa en la cual el contribuyente tenga su domicilio fiscal, siempre que dicha entidad federativa tenga celebrado convenio de coordinación para administrar el impuesto a que se refiere este Capítulo. En el caso de que la Entidad Federativa en donde se ubique el domicilio fiscal del contribuyente no celebre el citado convenio o éste se dé por terminado, los pagos se enterarán ante las oficinas autorizadas por las autoridades fiscales federales.

El Servicio de Administración Tributaria y, en su caso, las entidades federativas con las que se celebre convenio de coordinación para la administración del impuesto establecido en este capítulo, podrán ampliar los periodos de pago, a bimestral, trimestral o semestral, tomando en consideración la rama de actividad o la circunscripción territorial, de los contribuyentes.

Artículo 78-D. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en este capítulo, tendrán las obligaciones siguientes:

I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

II. Presentar ante las autoridades fiscales el aviso correspondiente en el que informarán que optan por tributar conforme lo dispuesto en el presente Capítulo. El aviso se presentará en los plazos que a continuación se indican:

a) A más tardar el 31 de marzo del ejercicio en el que comiencen a pagar el impuesto conforme a este Capítulo cuando ya se encuentre realizando la actividad empresarial y esté percibiendo ingresos por este régimen;

b) Dentro del primer mes siguiente al de inicio de operaciones cuando el contribuyente comience a percibir ingresos por actividades empresariales, y

c) Dentro del mes siguiente a la fecha en que el contribuyente deje de pagar el impuesto conforme a este capítulo.

III. Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial adicionados de los intereses que se perciban por estos mismos ingresos que hayan sido obtenidos por el contribuyente durante el ejercicio de que se trate, excedan de la cantidad máxima de 250 millones de pesos señalada en el artículo 78-A de esta ley, el contribuyente dejará de tributar en los términos de este capítulo y deberá tributar conforme las disposiciones que le corresponda aplicar de esta ley, a partir del mes siguiente a aquél en que se excedió el monto citado. En este caso, pagará el impuesto del ejercicio de acuerdo a lo establecido en las disposiciones de esta Ley que le corresponda aplicar, pudiendo acreditar contra el impuesto que resulte a su cargo, los pagos que por el mismo ejercicio, hubieran realizado en los términos de este capítulo. Adicionalmente, deberá pagar la actualización y recargos correspondientes a la diferencia entre los pagos provisionales que les hubieran correspondido en términos de las disposiciones que corresponda aplicar de esta ley y los pagos que se hayan efectuado conforme a este capítulo.

El contribuyente que se ubique en el supuesto señalado en esta fracción, podrán continuar tributando conforme a este capítulo siempre que los ingresos que obtenga en el ejercicio subsecuente no exceda el monto mencionado en el párrafo anterior.

IV. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo continuarán llevando la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley, durante el primer ejercicio en que se ejerza la opción a que se refiere el presente Capítulo.

V. Llevar un registro de sus ingresos diarios.

VI. Entregar a sus clientes los comprobantes fiscales que deberán reunir los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, conteniendo el importe total de la operación en número o letra.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá liberar de la obligación de expedir dichos comprobantes tratándose de operaciones menores a 100 pesos.

VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar la retención y el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus trabajadores, conforme a las disposiciones previstas en esta ley y su Reglamento. Esta obligación podrá no ser aplicada hasta por tres trabajadores cuyo salario no exceda del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año.

VIII. No realizar actividades a través de fideicomisos.

IX. Requerir a sus proveedores comprobantes fiscales que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, siempre que amparen compras superiores a los 2 mil pesos.

Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en este capítulo, cambien de régimen para el pago del impuesto, deberán, a partir de la fecha del cambio, cumplir con las obligaciones previstas en esta ley.

Artículo 78-E. Los contribuyentes que ya no reúnan los requisitos para tributar en los términos de este Capítulo u opten por hacerlo en los términos de otro, pagarán el impuesto conforme a las disposiciones de esta Ley según corresponda, y considerarán como fecha de inicio del ejercicio para efectos del pago del impuesto aquélla en que se dé dicho supuesto.

Artículo 110 Bis. Las personas físicas que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta por obtener ingresos derivados de la realización de actividades empresariales de transportación y agropecuarias o podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos de este capítulo, o bien, tributar bajo el régimen previsto en los capítulos VII y VIII del Título II de esta ley. Los profesionistas podrán tributar bajo éste régimen aplicando la tasa de 9 por ciento a que se refiere la tabla prevista en el artículo 78-A.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero de dos mil diecisiete.

Dado en la sede del Honorable Senado de la República, a los 20 días del mes de octubre de dos mil dieciséis.— Senador Héctor Flores Ávalos (rúbrica).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

Continúe la Secretaría.



LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2016.—Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Ernesto Ruffo Appel, senador por Baja California en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, inciso H, y 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 163, numeral 2, 164, numeral 1, 169, numerales 1 y 4, 172, numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, se permite someter a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de acreditación de 5 por ciento del IVA en la región fronteriza, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Desde 1 de enero de 2014 se incrementó de 11 a 16 por ciento la tasa del IVA en la región fronteriza. Estamos por cumplir tres años desde aquella homologación.

La aprobación de dicha reforma trajo consigo una serie de acciones en contra de esta medida. Diversas iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, denuncias, amparos, hasta una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ninguna de estas acciones ha sido favorable.

La visión recaudadora del gobierno en funciones, representó un fuerte golpe a la economía de los residentes de la frontera con Estados Unidos y un golpe aniquilador para el comercio fronterizo, al representarles una seria pérdida en su competitividad, esto sin mencionar las implicaciones en la pérdida de empleos, ya que tan sólo la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación que se asienta en la frontera, representa aproximadamente el 30% del total de los empleos de esa región del país.

Debemos recordar que el principio de competitividad se encuentra previsto en el primero y último párrafos del artículo 25 de la Carta Fundamental, que a la letra dice:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

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La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

Por tanto, la competitividad se convirtió es una obligación constitucional que se debe preservar y garantizar. Toda disposición legal que lesione el crecimiento económico, afecte la promoción de la inversión y frene la generación de empleo es sencillamente inconstitucional.

La mayoría de las definiciones de competitividad nos dicen que es la habilidad de un país para crear, producir y distribuir productos o servicios en el mercado internacional, manteniendo ganancias crecientes de sus recursos.

Adam Smith, exponente de la economía clásica, en sus teorías se opone en virtud del principio de competitividad, a cualquier política de control o restricción del comercio cuyo efecto no hace más que disminuir la importancia del mercado potencial, lo que limita la extensión de la división y, por tanto, la renta nacional.

Es necesario fortalecer la dinámica económica bilateral y regional, en especial aquellos sectores que empujan a México hacia una mayor integración con la economía de Estados Unidos. Esto se verá reflejado en aumento del intercambio comercial entre los dos países.

Por lo anterior, no sólo se debe insistir en las políticas de diversificación comercial y económica en general, sino que también es necesario construir estrategias de desarrollo con la finalidad de contrarrestar los efectos negativos y aumentar los efectos positivos que nuestra economía necesita para así poder hacer frente con la economía del país vecino.

Podemos decir que para poder lograr una competitividad internacional debemos enfocarnos en factores macroeconómicos y microeconómicos, tales como el valor agregado al producto. Sabemos que el aumento del IVA de 11 a 16 por ciento trajo una serie de consecuencias negativas para el comercio de los estados fronterizos, por tanto, es importante tomar medidas y cambios necesarios ante esta situación.

Homologar la tasa del IVA en la franja fronteriza ha ocasionado pérdidas significativas, donde se destaca lo siguiente:

Caída de -5.03 por ciento real anual en la actividad económica de Baja California en el primer trimestre de 2016 (Inegi).

De acuerdo con cifras del Inegi, la inflación acumulada anual nacional es de 1.47 por ciento, mientras que ciudades fronterizas como Tijuana (-2.72), Mexicali (-6.76) presentan desviaciones importantes a la media nacional. Otras ciudades que son importantes de nombrar es la Ciudad de México, con 2.29 por ciento, La Paz (-1.46) y Hermosillo (-1.3). Es importante tener en cuenta que la inflación acumulada en el cuarto mes, en cada uno de los 3 años a partir del incremento ha sido mayor que el nacional en la mayoría de las ciudades fronterizas, como Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros y La Paz.

La inflación nacional anualizada, de acuerdo con datos de Inegi para septiembre de 2016 ha alcanzado 2.96 por ciento y sólo una de las ciudades fronterizas sobrepasa el límite fijado por el Banxico de 4 por ciento. Esta ciudad es Matamoros, con 4.03. Las ciudades fronterizas con mayor inflación son Tijuana (2.78), Monterrey (2.73) y teniendo en cuenta a Hermosillo y La Paz, con inflación de 2.54 y 2.42, respectivamente.

En los estados de la franja fronteriza, los saldos en cuentas de ahorro se redujeron de 27.6 millones de pesos (mdp) en marzo de 2013 a 5.7 mdp en marzo 2016 (28 mdp en desahorro). Esta contracción resultó aún mayor en Mexicali, Nogales y Tijuana, donde la capacidad de ahorro se ha reducido en más de 25 por ciento.

El saldo mensual de las cuentas de ahorro en Tijuana cayó de 7.5 millones de pesos mdp en enero de 2013 a tan sólo 2.6 mdp en julio de 2016, esto es un desahorro de 35.4 por ciento, de acuerdo con cifras de la CNBV.

La tasa de desempleo en las entidades federativas afectadas 100 por ciento por la homologación del IVA (BC, BCS y QR) tienen un comportamiento similar entre sí. En 2014, la tasa de desempleo aumentó considerablemente en los 3 estados, siendo sus niveles más altos en el tercer trimestre de 2014, con 6.05 por ciento en Baja California, 6.9 en Baja California Sur y de 5.65 en Quintana Roo, probablemente como efecto de la homologación del IVA. Sin embargo, en 2016 alcanzaron niveles muy bajos, sobre todo en Baja California, llegando a ser de 2.46 por ciento y posicionándose dentro de los 5 estados con menos desempleo del país (junto con Oaxaca, San Luis potosí, Guerrero y Yucatán) y siendo este, el que tiene mejor calidad de vida de los 5 (considerando el índice de desarrollo humano).

Los demás estados fronterizos tienen una tendencia a la disminución de la tasa de desempleo en los últimos 4 años a excepción de Sonora que no presenta una tendencia clara.

Según los registros del IMSS, el saldo entre cierres y altas de empresas al segundo trimestre de 2016 ha sido bajo para ciertas ciudades fronterizas como Mexicali (-183), Ciudad Acuña (109), Matamoros (91). Con relación a tasas de crecimiento en los registros del IMSS en relación a las altas de las empresas, se tiene lo siguiente: Mexicali (-0.56 por ciento), Monterrey (0.69), Matamoros (0.77) y Chihuahua (1.51), presentando estas ciudades las tasas más bajas de crecimiento.

La inversión extranjera directa (IED) en el país ha sido afectada negativamente por la homologación del IVA en la frontera. A partir de 2014, el año en que se implantó el aumento del IVA en la frontera, México no ha logrado recuperar la IED que llegó a tener en 2013. Este efecto negativo se percibe al comparar el segundo trimestre de 2013 y el segundo trimestre de 2014: en el primero, la inversión extranjera fue de 20 mil 520.88 millones de dólares; y en el segundo, de 3 mil 789.30 millones de dólares, una diferencia de 16 mil 731.57 millones de dólares, que porcentualmente representa una caída de 81.5 de IED, unos datos bastante negativos para el país.

Tras ese periodo, el comportamiento ha sido inconsistente, presentando altas y bajas de un semestre a otro, pero sin llegar a pasar la cifra de 10 mil millones de dólares en ningún trimestre.

Uno de los sectores más afectados han sido las manufacturas y el comercio. En el caso de las primeras, tan solo en Baja California la IED en la industria manufacturera paso de 65.55 mdd en el segundo trimestre de 2014 a 6.33 mdd en el segundo trimestre de 2015, casi 10 por ciento de la IED del año anterior, en el primer trimestre de 2016 alcanzó una cifra 12.55 mdd, y no se percibe que aumente a causa a la homologación del IVA. En el sector comercio, la IED en Baja California en el segundo trimestre de 2014 fue de 287.81 mdd y en el segundo trimestre de 2015 fue de 131.40 mdd, una disminución porcentual de 54.34. Esto es de esperarse debido a que la inversión privada es afectada directamente por la homologación del IVA en los estados fronterizos.

En la región de la frontera norte, los estados también sufrieron una estrepitosa caída del segundo trimestre de 2013 a igual periodo de 2014: pasaron de 4 mil 11.71 mdd a mil 929.19 mdd, una disminución de 51.91 por ciento en la IED. En el segundo trimestre de 2015 alcanzó una cifra de mil 388.67; es decir, disminuyó aún más. En el primer trimestre de 2016, la IED fue de mil 985.04, una cifra que sigue siendo baja en comparación con la alcanzada antes del aumento del IVA.

Los cruces fronterizos del país no presentan inconsistencias, siguen una tasa de crecimiento parecida a la de antes de la homologación del IVA, sin embargo, es muy probable que sea debido a un fenómeno contrapuesto de las variaciones en el tipo de cambio.

Por lo anterior es importante impulsar la competitividad que se encuentra sustentada a nivel constitucional en su artículo 25. No hay que olvidar que el Estado tiene la obligación de velar y garantizar este principio, por lo que se propone implementar un nuevo sistema que apoye a los habitantes de la región, donde los comerciantes puedan acreditar el 5 por ciento del IVA, cuando los actos o actividades se realicen en la región fronteriza, siempre y cuando se realicen por residentes de la misma. Es decir que la acreditación de vea reflejada como descuento inmediato en las compras que hagan los consumidores finales.

Asimismo, es importante delimitar el espacio que comprenda a la región fronteriza en la propia Ley del IVA, por tanto se propone sea la misma que se utilizaba antes de la reforma de 2013, donde además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, se aplicaba a todo el territorio de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, y Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 2o. El impuesto podrá ser acreditado en una tasa de cinco por ciento cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o prestación de servicios se lleven a cabo en dicha región fronteriza.

La acreditación referida en el párrafo anterior, tendrá que reflejarse como descuento en las facturas correspondientes ante la autoridad competente.

Para los efectos de esta ley se considera región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: Al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de octubre de 2016.— Senador Ernesto Ruffo Appel (rúbrica).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

Continúe la Secretaría con declaratoria de publicidad.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO



MONEDA CONMEMORATIVA DEL QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DN-III-E

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E

A la Comisión de Hacienda y Crédito de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión le fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que autoriza la emisión de una moneda conmemorativa del Quincuagésimo Aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44, 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 157, 158, 182 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido de la iniciativa de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Legislativas, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1. El 29 de junio de 2016, el diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que autoriza la emisión de una moneda conmemorativa del Quincuagésimo Aniversario de la Aplicación del Plan DN-III-E.

2. En sesión ordinaria de la misma fecha, con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó la iniciativa antes señalada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen mediante oficio CP2R1A.-1824.

3. Los integrantes de esta comisión legislativa realizaron diversos trabajos a efecto de contar con mayores elementos que les permitieran analizar y valorar el contenido de la citada iniciativa, expresar sus consideraciones de orden general y específico sobre la misma e integrar el presente dictamen.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

El Diputado Méndez Bazán plantea que para la población civil, el Plan DN-III-E es un símbolo de esperanza, de alivio y de protección, derivado de la rapidez de acción y eficacia mostrada por los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en ayuda a sus conciudadanos, lo que ha dado como resultado que la sociedad mexicana se sienta respaldada por sus fuerzas armadas, ya que cuando las autoridades civiles se han visto rebasadas, sólo el personal militar ha sido capaz de controlar la situación, lo cual refuerza los lazos de confianza, identidad y solidaridad entre el pueblo de México y sus soldados, haciéndose manifiesta en múltiples muestras de gratitud y reciprocidad.

La iniciativa expone que al transcurrir cincuenta años desde la primera vez que se aplicó el Plan DN-III-E, dichas siglas han adquirido significado especial para los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, se han convertido en un emblema que conjunta las virtudes militares de lealtad, patriotismo, abnegación y valor; aquellos que son designados para portar el brazalete amarillo que distingue a esta misión, perciben su nombramiento como una oportunidad que se les confiere para convertirse en héroes de su nación.

El Ejército mexicano ha coadyuvado a crear esta cultura de protección civil de manera preponderante, al brindar, en un primer término y de manera inmediata, la atención a un sinnúmero de eventos que han impactado en el territorio nacional de manera significativa, originando en la población nacional, un sentimiento de seguridad y tranquilidad, al tener en mente que el Plan DN-III-E estará siempre en alerta y preparado para atender al país ante cualquier eventualidad.

El Diputado Méndez Bazán menciona que el pueblo de México y los integrantes del Ejército mexicano, debemos conocer y sentirnos orgullosos del plan que por excelencia, es y será una actividad de agradecimiento y beneplácito al ver la actuación y presencia del soldado mexicano vistiendo el brazalete amarillo, tomando en cuenta por igual, a la comunidad internacional que, en el momento que sea requerido el Ejército mexicano brindará el apoyo dentro de las actividades de ayuda humanitaria con el mismo empeño y profesionalismo que en el territorio nacional.

Por esas razones, la iniciativa propone la acuñación de una moneda de curso legal, conmemorativa de los cincuenta años de vigencia del Plan DN-III-E y que represente un justo reconocimiento al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Dicha moneda tendría la denominación de veinte pesos.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Primera. La Comisión de Hacienda y Crédito Público reconoce que el Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, denominado PLAN DN-III-E, es un instrumento de protección civil que se aplica en los momentos en que la naturaleza cimbra la vida del ser humano, o cuando por causas provocadas ocurre un desastre, en los que el Ejército Mexicano entra en acción para defender y proteger la vida y bienes de los connacionales.

Segunda.La Secretaría de la Defensa Nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 1/o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y los artículos 21/o. y 73/o. de la Ley General de Protección Civil por conducto de las Regiones. Zonas, Unidades Militares y demás organismos, cooperan con los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y Municipal), desarrollando actividades tendientes al apoyo a la población civil en casos de desastre.

Este Plan fue elaborado y aplicado a partir de 1966 como consecuencia del desbordamiento del Río Panuco, su denominación data del mismo año, a raíz de su inclusión en la Planeación de Defensa Nacional como anexo “E” y aunque en posteriores revisiones del plan de defensa, se ha presentado la disyuntiva de darle otro nombre, el Secretario de la Defensa Nacional, decidió continuar designándolo como “PLAN DN-III-E”, debido a la identificación que bajo esta denominación tienen autoridades civiles, medios de comunicación y población en general.

Al respecto, el Plan DN-III-E cuenta con tres fases que rigen la participación del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, siendo las siguientes:

1. Fase de Auxilio.

En esta fase se realizan acciones destinadas primordialmente a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y la planta productiva y a preservar los servicios públicos y el medio ambiente, ante la presencia de un agente destructivo.

2. Fase de Prevención.

Permite una preparación para reaccionar en forma oportuna y tomar acciones dirigidas a controlar el riesgo, evitar o mitigar el impacto destructivo de los desastres sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente.

3. Fase de Recuperación.

Es el proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del sistema afectado (población y entorno), así como, a la reducción del riesgo de ocurrencia y la magnitud de los desastres futuros.

Tercera. La Comisión que dictamina considera adecuado recordar las circunstancias que dieron origen al Plan DN-III-E, así como la evolución que ha tenido en estos cincuenta años de existencia.

Así pues, el 9 de marzo de 1965, el Secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, ordenó la revisión y actualización del Plan de Defensa Nacional, es decir, al Plan Estratégico Militar a nivel de alto mando destinado a preparar a las Fuerzas Armadas para responder efectiva y coordinadamente contra agresiones del exterior, desastres y cualquier otra eventualidad similar previsible, que perturbe la paz, la seguridad y el orden del país.

El 18 de septiembre de 1965, se incluyó el Plan de Auxilio a la población civil como anexo “E” del Plan de Defensa Nacional número “III”; de ahí derivó el nombre del “Plan DN-III-E”. Dicho Plan fue aprobado por el alto mando el día 22 de septiembre de 1965.

En marzo del año siguiente, el General García Barragán entregó al presidente Gustavo Díaz Ordaz, la primera versión oficial del Plan DN-III-E, quien al considerar su magnitud, ordenó que fuera distribuido entre todos los organismos involucrados, incluso a los 34 comandantes de las zonas militares que existían en aquel entonces, para que estos últimos proyectaran y trazaran los planes de detalle en sus demarcaciones, en los que debían contemplar la participación de autoridades civiles y de la iniciativa privada.

El martes 14 de junio de 1966, el Secretario de la Defensa Nacional puso en manos del Presidente de la República el plan para el auxilio a la población civil en el área de la cuenca baja del río Pánuco, así como los planes a detalle para el auxilio de las poblaciones de Tampico, Tuxpan y otras comunidades que se encontraban en el curso bajo del río Bravo. Las tareas consideradas a desempeñar por parte del Instituto Armado incluían:

• Búsqueda, recolección, análisis y difusión de información específica en todos los niveles.

• Alarma por todos los niveles disponibles, regionales o superiores.

• Apoyo logístico (abastecimientos, alimentos, medicinas, materiales, etc.) y evacuación hacia áreas previamente determinadas.

• Refuerzo en tropas y servicios de seguridad pública, para garantizar el orden y protección de las instalaciones y bienes afectados.

• Salvamento, búsqueda y rescate en general, para entrenar tanto a los organismos responsables, como a la población civil.

El 25 de junio de 1966, el Secretario de la Defensa Nacional remitió a los comandantes de las 34 zonas militares el Plan DN-III-E-Pánuco, con la intención de que se utilizara como ejemplo para la elaboración de los planes correspondientes a cada jurisdicción y de esta forma estandarizar las actividades de planeación, aunque sin limitar la iniciativa de cada comandante.

El 10 de octubre de 1966 la Secretaría de la Defensa Nacional se vio obligada a aplicar por primera vez el Plan DN-III-E. Los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos acudieron al auxilio de la población civil durante tres meses, realizaron actividades de asistencia y evacuación de personas; proporcionaron seguridad y atención médica a los damnificados; establecieron puentes aéreos para el traslado de comida y víveres; ayudaron a la remoción de escombros, entre otras acciones. Incluso, el personal militar formuló un instructivo para damnificados a fin de agilizar las acciones de ayuda.

Cabe destacar que actualmente el Plan DN-III-E también realiza una labor social en coordinación con las entidades Federales, Estatales y Municipales, con el propósito de hacer llegar a la población civil más aislada o de escasos recursos, que vive en áreas rurales o suburbanas marginadas, o que por su ubicación, no tiene acceso a los servicios básicos, tales como servicio médico y odontológico; aplicación de vacunas; reparación de aparatos electrodomésticos; reparación de aparatos electrónicos; cortes de pelo; servicios de mantenimiento a planteles educativos; trabajos de albañilería; trabajos de plomería y, trabajos de herrería.

Para el desarrollo de estas actividades, la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con personal especialista, el cual se traslada a las áreas determinadas, y una vez en ellas, se despliega estableciendo consultorios médicos y odontológicos; talleres de reparación; peluquerías y células de trabajos de mantenimiento.

El servicio que se brinda es totalmente gratuito y no se requiere de ningún trámite o documento para recibir la atención requerida por la población. En los planteles educativos que lo requieren, se proporciona servicio de pintura, herrería, carpintería, plomería, chaponeo y limpieza y arreglo de juegos, con el fin de proporcionar a la población infantil, mayor seguridad, higiene y comodidad durante su estancia en dichas instalaciones. Las actividades son desarrolladas por personal militar especialista, entre los que se encuentran, médicos, enfermeros, plomeros, albañiles, carpinteros y herreros.

Por otro lado, debe destacarse también que las fuerzas armadas que llevan a cabo el Plan DN-III-E han tenido una valiosa participación en el contexto internacional de carácter bilateral, brindando ayuda humanitaria a países afectados, bajo un esquema de coordinación y cooperación con sus autoridades, empleando los mismos procedimientos para la aplicación del Plan en nuestro país. A la fecha se han enviado misiones a los países de Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Perú, Belice, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Chile, Venezuela, Colombia, Haití, Irán, Indonesia, Panamá y Jamaica.

Cuarta. La Comisión de Hacienda y Crédito Público coincide con el proponente en que al transcurrir cincuenta años desde la primera vez que se aplicó el Plan DN-III-E, dichas siglas han adquirido un simbolismo especial para los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, se han convertido en un emblema que conjunta las virtudes militares de lealtad, patriotismo, abnegación y valor.

El Ejército mexicano ha coadyuvado a crear entre la población un sentimiento de seguridad y tranquilidad, al tener en mente que el Plan DN-III-E estará siempre en alerta y preparado para atender al país ante cualquier eventualidad.

En particular, destaca el invaluable papel que ha desempeñado el Ejército mexicano en todo el territorio nacional durante los siguientes acontecimientos:

• En 1985, durante el sismo en la Ciudad de México.

• En 1995, en el sismo en Colima y Jalisco.

• En 1997, ante los desastres ocasionados por el huracán Paulina.

• En 1998, al hacer frente a la situación ocasionada por el huracán Isis.

• En 1998, brindó invaluable ayuda frente a una temporada sin precedentes de fuertes lluvias en Chiapas.

• En 1998, realizó importantes labores ante una temporada de incendios forestales a lo largo del país.

• En 1999, destacó su presencia ante la una temporada de fuertes lluvias en Oaxaca y el sismo ocurrido en esa región

• En 1999 y 2000, durante las inundaciones en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tabasco, Valle de Chalco e Ixtapaluca.

Por ello, el pueblo de México y los integrantes del Ejército mexicano, debemos conocer y sentirnos orgullosos del plan que por excelencia, es y será una actividad de agradecimiento y beneplácito al ver la actuación y presencia del soldado mexicano vistiendo el brazalete amarillo, tomando en cuenta por igual, a la comunidad internacional que, en el momento que sea requerido el Ejército mexicano brindará el apoyo dentro de las actividades de ayuda humanitaria con el mismo empeño y profesionalismo que en el territorio nacional.

Quinta. Por otra parte, esta Comisión dictaminadora tiene en consideración que el amplio uso de las monedas permite la difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento del legado histórico y cultural, constituyendo un gran medio para consolidar en la memoria colectiva la importancia de las instituciones y de las acciones emprendidas por las mismas al servicio del pueblo mexicano.

En consideración de lo anterior, la Comisión que dictamina coincide en que el reconocimiento de la obra del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos mediante la emisión de una moneda conmemorativa de cuño corriente sobre el Quincuagésimo Aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E, que por su extensa distribución nacional y la gran aceptación entre los habitantes del país, es el medio óptimo para hacer accesible a todos los ciudadanos el significado de la aplicación y vigencia del instrumento de protección civil que llevan a cabo las fuerzas castrenses con un amplio sentido humanitario.

Sexta. La que dictamina está de acuerdo en establecer las características de una moneda conmemorativa del Quincuagésimo Aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E, para lo cual se coincide con la propuesta de que su valor nominal sea de veinte pesos y que el motivo sea presentado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera adecuado aprobar la propuesta de mérito, por lo que se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DN-III-E.

Artículo Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del “L Aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E”, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes características:

I. Valor nominal: Veinte pesos.

II. Forma: Circular.

III. Diámetro: 32.0 mm (treinta y dos milímetros).

IV. Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda. Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a. Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

b. Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c. Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos).

d. Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda. Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a. Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre, 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

b. Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c. Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa miligramos).

d. Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos.

3. Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la moneda, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos), y la tolerancia en peso por pieza 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

V. Los cuños serán:

Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el semicírculo superior.

Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo Segundo Transitorio del presente Decreto, apruebe el Banco de México, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dicho motivo deberá relacionarse con el quincuagésimo aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E (1966-2016) y el valor de su participación institucional en la vida nacional.

VI. Canto: Estriado discontinuo.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de la Defensa Nacional enviará al Banco de México la propuesta del diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el presente Decreto, la cual deberá incluir las leyendas “50 AÑOS” y “PLAN DN-III-E”, así como mencionar los años 1966 y 2016. En caso de que la Secretaría no presente una propuesta del motivo indicado en este artículo dentro del plazo establecido, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, el cual se contendrá en el reverso de la moneda.

Tercero.La moneda a que se refiere el presente Decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la aprobación del diseño señalado en el artículo Segundo Transitorio del presente Decreto.

Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los que deberán ser acordes con las características esenciales de la moneda descrita en el presente Decreto.

Quinto. Corresponderán al Banco de México todos los derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad intelectual derivado del diseño y la acuñación de la moneda a que se refiere el presente Decreto.

Dado en la sala de comisiones de la Honorable Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, a los trece días del mes de septiembre de dos mil dieciséis.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), presidenta; Mariana Benítez Tiburcio (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Ricardo David García Portilla, Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Fabiola Guerrero Aguilar (rúbrica), Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Herminio Corral Estrada (rúbrica), Carlos Alberto de la Fuente Flores (rúbrica), Armando Alejandro Rivera Castillejos (rúbrica), Fidel Calderón Torreblanca (rúbrica), Waldo Fernández González (rúbrica), Carlos Hernández Mirón (rúbrica), Lucia Virginia Meza Guzmán, Adriana Sarur Torre, Juan Romero Tenorio (rúbrica), María Elena Orantes López (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Hugo Eric Flores Cervantes, secretarios; Yerico Abramo Masso (rúbrica), Marco Polo Aguirre Chávez (rúbrica), Alejandro Armenta Mier (rúbrica), Pablo Basáñez García (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich, Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), Federico Döring Casar (rúbrica), Óscar Ferrer Ábalos (rúbrica), Javier Octavio Herrera Borunda, Miguel Ángel Huepa Pérez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, Rosa Elena Millán Bueno (rúbrica), Ariadna Montiel Reyes (rúbrica), Tomás Roberto Montoya Díaz (rúbrica), Matías Nazario Morales, Javier Antonio Neblina Vega (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín, César Augusto Rendón García (rúbrica), José Antonio Salas Valencia (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica), Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.



LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos , y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento presenta el siguiente:

DICTAMEN

Metodología

Esta Comisión, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el Diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, efectúa el presente dictamen conforme al siguiente procedimiento:

I. En el apartado denominado Antecedentes, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la Iniciativa.

II. En el apartado Contenido de la Iniciativa, se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, y se hace una síntesis de los temas que la componen. Así mismo, se presenta un cuadro comparativo, con el texto de la norma vigente y el texto legislativo que se propone.

III. En el apartado Consideraciones, los integrantes de esta Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del dictamen.

I. Antecedentes

a. Con fecha 29 de abril de 2016, el diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dicha iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública.

b. Con fecha 23 de mayo de 2016, se recibió mediante oficio No. DGPL 63-II-7-792 de la Mesa Directiva en la Comisión de Seguridad Pública la citada iniciativa para su estudio y dictamen.

c. Con la finalidad de un mejor análisis y estudio, esta Comisión solicito la prórroga correspondiente para emitir el dictamen a la iniciativa; dicha prórroga fue autorizada mediante oficio No. D.G.P.L 63-II-7-1095 de fecha de 26 julio de 2016.

II. Contenido de la iniciativa

a. La iniciativa en cuestión propone reformar el artículo 31 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, agregando como función a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, la de proponer mecanismos para implementar la salud integral, psicológica, psiquiátrica y prevención social, como medios de reinserción social.

b. Dentro del apartado de exposición de motivos del proyecto de decreto que nos ocupa, el iniciante señala que la reinserción social de la delincuencia en el ámbito penitenciario, es uno de los objetivos de las políticas de la Seguridad Pública preceptuados en los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos.

c. En este sentido, continua el proponente, las funciones de la Seguridad Pública en México corren por cuenta de la Secretaría de Gobernación a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual, conforme los Estatutos de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, tienen como objetivo regular la integración organizacional y funcional de los trabajos de promoción y coordinación de esfuerzos de todos los centros de reclusión para recuperar el sentido de la reinserción social, basada en el trabajo, la capacitación laboral, la educación, las actividades deportivas y desde luego, la salud.

d.Argumenta el Diputado que el fin de la reclusión no sólo es mantener al interno aislado de la sociedad, sino generar los esfuerzos para reencausar sus hábitos de conducta, costumbres y procesos cognoscitivos con la mirada puesta al futuro a fin de que el interno sea capaz de generar nuevos patrones de vida ajenos a las tendencias de cometer ilícitos, así como eliminar los factores que llevan a la reincidencia.

e. El iniciante señala lo importante que es para México responder a la exigencia social de brindar certidumbre en los procedimientos penitenciarios, para que operen con eficacia y garantizarla mediante los programas de trabajo comunitario, educativo, salud y deporte en el marco del Sistema de Seguridad Pública que consagra la ley fundamental, es una tarea que también involucra a los responsables del gobierno, custodia, vigilancia y capacitación dentro de los centros penitenciarios, pero ha sido un galimatías hacer tangible la función en forma autónoma para erradicar la corrupción interna de manera coordinada con las funciones de la salud.

Para una mejor compresión, se muestra el siguiente cuadro comparativo:

III. Consideraciones

La Comisión de Seguridad Pública examinó el contenido de la iniciativa a la luz de una revisión del marco normativo vigente y propuesto, consulta de otros antecedentes legislativos, doctrina así como enriquecido por la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

En cuanto a los argumentos del autor

1. Se coincide con el espíritu del autor en cuanto que la reinserción social de la delincuencia en el ámbito penitenciario es uno de los objetivos de las políticas de la Seguridad Pública preceptuados en los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esto con un enfoque en derechos humanos.

2. En este sentido, la reinserción social del sentenciado es uno de los objetivos principales a instrumentar en política pública penitenciaria, siempre con estricto cumplimiento a la legislación aplicable, la cual emana de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

3. Con la reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de junio de 2011, además de un cambio de nomenclatura, se incorporan la salud y deporte, que ya se establecían en las legislaciones reguladoras de la ejecución de penas privativas de libertad como medio de reinserción social.

4. No pasa desapercibido para esta Comisión dictaminadora que el artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala la existencia de las Conferencias con que se integra el Sistema nacional de Seguridad Pública, siendo estas: Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

A su vez el artículo 11 de la misma Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que las Conferencias Nacionales establecerán los mecanismos de coordinación que permitan la formulación y ejecución de políticas, programas, acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. El Secretario Ejecutivo realizará las acciones necesarias para asegurar que la coordinación sea efectiva y eficaz e informará de ello al Consejo Nacional.

5.Es de destacarse que el pasado 16 de junio del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal, y que dicha ley fue producto de un largo proceso de análisis y estudio por parte de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, con la finalidad de conseguir el mejor instrumento jurídico que atienda al sistema penitenciario.

En ese sentido, la Ley Nacional de Ejecución Penal en diversos artículos contempla lo relacionado a la salud integral, psicológica, psiquiátrica y prevención social, por lo que, para fortalecer la reinserción social es procedente la propuesta de reforma.

La Comisión dictaminadora hace la precisión en el sentido de que al hablar de salud integral, va inmerso el estado completo de bienestar físico, mental y social, tal y como lo señala el artículo 1 bis de la Ley General de Salud. Por lo anterior considera redundante referirse a la salud psicológica y psiquiátrica, pues estas se encuentran contenidas en el concepto de salud integral.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión coincide con la propuesta contenida en la iniciativa de mérito, en consecuencia, sometemos a consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo Único. Se reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

I. a III. ...

IV. Proponer mecanismos para implementar la educación, la salud integral, la prevención social, y el deporte como medios de reinserción social;

V. a IX. ...

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Jorge Ramos Hernández (rúbrica), presidente; Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), María Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Liliana Ivette Madrigal Méndez (rúbrica), Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica), José Everardo López Córdova (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Cándido Ochoa Rojas (rúbrica), Manuel de Jesús Espino (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), secretarios; Federico Döring Casar (rúbrica), Delfina Gómez Álvarez (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, María Gloria Hernández Madrid, Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), Angélica Moya Marín, Abel Murrieta Gutiérrez (rúbrica), Jisela Paes Martínez, Adriana Sarur Torre, Paulino Alberto Vázquez Villalobos (rúbrica), Jorge Tello López (rúbrica).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.



LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.



LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A esta Comisión de Salud fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 87 y 95 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado José Bernardo Quezada Salas, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Esta dictaminadora, con fundamento en los artículos 72 y 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1, 2 fracción XLV y 3, artículo 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6 numeral 1 fracción III, 80 numeral 1 fracción II, 81 numeral 2, 82 numeral 1, 84, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV, 162, 167, 175, 176, 177, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en la siguiente:

METODOLOGÍA:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES

1. En la sesión celebrada el 5 de abril de 2016, el diputado José Bernardo Quezada Salas, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 87 y 95 de la Ley General de Salud, para regular la prestación de Servicio Social de los pasantes de los profesionales de la Salud.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo, mediante oficio número D.G.P.L. 63-II-3-738, turnó la citada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen, con número de expediente 2445.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En su exposición de motivos el diputado promovente señala que es pertinente especificar los tiempos en los que los prestadores de servicio social en el área médica deben descansar, con la finalidad de salvaguardar y no comprometer su integridad física y mental.

Plantea el promovente que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala en su informe sobre la salud 2014:

“...si bien la oferta de trabajadores de la salud en el país se ha incrementado en los últimos años, se encuentra por debajo de los estándares de los países pertenecientes a la OCDE.”

El número de médicos se ha incrementado sustancialmente en México, pasando de 1.6 médicos por cada 1000 habitantes en el año 2000 a 2.2 médicos por cada 1000 habitantes en el año 2012.

El texto de la iniciativa asevera que México se encuentra rezagado en la formación de estos profesionistas, y las razones son variadas y pueden ser económicas, culturales y sociales; sin embargo se identifica como constante obstáculo para el egreso de los estudiantes el trato al que son sometidos durante su internado, prácticas y/o servicio social, destacando el promovente los casos del sistema de guardias médicas.

Señala el diputado José Bernardo Quezada Salas que las jornadas de las guardias médicas suelen ser de hasta 36 horas continuas aún cuando las Normas Oficiales Mexicanas señalan que no deberán ser mayor a 12 horas.

Esta dictaminadora coincide con el promovente en que la situación antes descrita repercute de manera negativa en la salud física, mental y emocional de los estudiantes de las ciencias de la salud; pues se han reportado casos de depresión y ansiedad, uso y abuso de sustancias como analgésicos, tranquilizantes, sedantes, anfetaminas estimulantes, alto consumo de alcohol, lo que repercute en errores técnicos, asistenciales y en la interpretación de resultados clínicos, derivados de la disminución de la capacidad psicomotriz de los estudiantes.

El promovente concluye que no existe en la Ley General de Salud alguna disposición que posibilite la consideración del tiempo y ciclo de descanso en la productividad y atención de un estudiante que realice internado, prácticas o servicio social en ciencias de la salud.

La propuesta considera reformar el artículo 87 y el segundo párrafo del artículo 95 de la Ley General de Salud para no comprometer “...en ningún momento... la integridad física y mental de los pasantes en relación con sus ciclos de descanso, para optimizar la atención médica...”; y propone precisar que el servicio social se preste todos los días del año, incluyendo los inhábiles y festivos, señalando que los turnos en ningún caso podrán exceder de 12 horas continuas, y no podrán exceder de tres veces por semana con intervalos de, por lo menos, dos días.

Las modificaciones señaladas por el promovente a la Ley General de Salud, pretenden reformar el texto legal como a continuación se indica:

III. CONSIDERACIONES

La iniciativa del diputado José Bernardo Quezada Salas, es considerada por esta Comisión como una propuesta encaminada a salvaguardar la integridad física y mental de los pasantes de ciencias de la salud que se encuentran realizando su servicio social, internado de pregrado y residencias médicas, respetando sus ciclos de descanso, señalando los días y el intervalo en los cuales se puede prestar el mismo, así como la duración de los turnos; lo anterior con la finalidad de optimizar la atención médica. No obstante, resulta pertinente para la dictaminadora resaltar las siguientes consideraciones:

PRIMERA. Para estar en condiciones de dar cumplimiento a lo mandatado por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (el derecho a la protección de la salud, del cual debe gozar toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna), texto constitucional que en su parte conducente es del tenor siguiente:

...

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XI del artículo 73 de ésta Constitución.”

El Sistema Nacional de Salud debe contar con suficiencia de recursos humanos, principalmente técnicos, auxiliares y profesionales de ciencias de la salud; por lo que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en el 2014 había poco más de 277 mil médicos ocupados, de cada 100 médicos ocupados 36 son mujeres y 64 hombres; lo que de acuerdo con el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 significa que hay 2.2 médicos y 2.7 enfermeras por cada mil habitantes.

En virtud de la estadística antes referida, es que esta comisión coincide con el promovente al señalar que nos encontramos por debajo del promedio de médicos en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mismo que es de 3.2 médicos y 8.7 enfermeras por cada mil habitantes.

SEGUNDA. Para efecto de tener suficiencia de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, la Ley General de Salud contempla, en el artículo 79 que para el ejercicio de actividades técnicas, auxiliares y profesionales en las ciencias de la salud, es necesario contar con títulos profesionales, diplomas o certificados de especialización según corresponda, legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes:

Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.”

TERCERA. De conformidad con lo anterior, y en el marco de lo establecido por el artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de libertad de profesión, industria, comercio o trabajo, la Ley General de Educación establece en el artículo 60 que las instituciones del sistema educativo nacional expiden certificados, constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes:

Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional tendrán validez en toda la República.

Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados tendrán validez en toda la República.

La Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial en la República sean reconocidos en el extranjero.”

Así también, el artículo 24 del ordenamiento en cita señala que de acuerdo con las disposiciones reglamentarias correspondientes, la prestación del servicio social se deberá prever como requisito para obtener título o grado académico.

CUARTA. Toda vez que esta dictaminadora ha revisado que es requisito indispensable la prestación del servicio social para la obtención del título profesional o de especialización según corresponda, y así poder ejercer en el campo de la salud, se analizaron las características de la prestación del servicio antes referido.

El servicio social se instituyó en México en el año 1936, a fin de dar respuesta a la escasez de médicos en las zonas rurales, indígenas y campesinas, toda vez que se consideraba un grupo etario al margen del desarrollo del país.

Es considerado como un periodo académico obligatorio para todos los profesionales, es requisito previo a la titulación y tiene como propósitos principales la vinculación del estudiante con su entorno, así como retribuir a la sociedad en forma de acción social, los beneficios que como estudiantes se recibieron durante la formación.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior el servicio social es:

“El conjunto de actividades teórico-prácticas de carácter temporal y obligatorio que contribuye a la formación integral del estudiante y que le permiten al aplicar sus conocimientos, destrezas y aptitudes comprender la función social de su perfil académico; realizando actividades educativas, de investigación, de asistencia, de difusión, productivas, de desarrollo tecnológico, económico y social en beneficio de la sociedad.”

QUINTA. El Reglamento para la Prestación del Servicio Social de los Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior en la República Mexicana señala que los estudiantes de las instituciones de educación superior prestarán el servicio social con carácter temporal y obligatorio, como requisito previo para obtener el título o grado académico que corresponda; asimismo mandata que:

El servicio social de estudiantes tendrá por objeto I. Desarrollar en el prestador una conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenece. II. Convertir esta prestación en un verdadero acto de reciprocidad para con la misma, a través de los planes y programas del sector público. III. Contribuir a la formación académica y capacitación profesional del prestador del servicio social.”

Las disposiciones contenidas en este Reglamento son aplicables a las instituciones de educación superior de la Federación y a las autorizadas o con reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública.”

Si bien es cierto el ordenamiento en cita tiene como fundamento la Ley Federal de Educación derogada por la Ley General de Educación el 13 julio 1993, además de no ser aplicable en la materia, para las universidades e Instituciones autónomas, el artículo Segundo y Tercero Transitorio de la Ley vigente establecen que:

. Se abrogan la Ley Federal de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1973; la Ley del Ahorro Escolar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 1945; la Ley que Establece la Educación Normal para Profesores de Centros de Capacitación para el Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1963, y la Ley Nacional de Educación para Adultos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975. Se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Las disposiciones normativas derivadas de las leyes mencionadas en el artículo segundo anterior se seguirán aplicando, en lo que no se opongan a la presente Ley, hasta en tanto las autoridades educativas competentes expidan la normatividad a que se refiere esta Ley.”

Desde 1993 a la fecha, el poder ejecutivo no ha expedido normatividad en la materia que actualice el instrumento legal de referencia, por lo que el Reglamento citado es aplicable.

SEXTA. Para la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, el servicio social de medicina tiene como propósito fundamental vincular al alumno con su entorno real y retribuir a la sociedad, en forma de acción social lo que recibió durante su formación.

Los prestadores de servicio social en medicina son alumnos que cursan el último año de la carrera, es una etapa en la que el pasante debe adquirir conciencia de su nivel educacional, reafirme sus conocimientos y se replantee la relación que el médico tiene con los servicios de salud, con la comunidad y con los demás miembros del equipo de salud.

Es por lo anterior que la presencia de las Instituciones Educativas y de Salud es fundamental en cuanto a la supervisión y evaluación de las acciones del servicio social, a fin de evaluar el cumplimiento a lo estipulado en un Programa Académico que responda a las expectativas de la Universidad, de la Institución de Salud y del alumno.

SÉPTIMA.Asimismo, la Ley General de Salud establece que todos los pasantes de las profesiones para la salud, están obligados a prestar servicio social, el Capítulo II del Título Cuarto Recursos Humanos para los Servicios de Salud es del tenor siguiente:

“CAPITULO IIServicio Social de Pasantes y Profesionales

Artículo 84. Todos los pasantes de las profesiones para la salud y sus ramas deberán prestar el servicio social en los términos de las disposiciones legales aplicables en materia educativa y de las de esta Ley.

Artículo 85. Los aspectos docentes de la prestación del servicio social se regirán por lo que establezcan las instituciones de educación superior, de conformidad con las atribuciones que les otorgan las disposiciones que rigen su organización y funcionamiento y lo que determinen las autoridades educativas competentes.

La operación de los programas en los establecimientos de salud se llevará a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos por cada una de las instituciones de salud y lo que determinen las autoridades sanitarias competentes.

Artículo 86. Para los efectos de la eficaz prestación del servicio social de pasantes de las profesiones para la salud, se establecerán mecanismos de coordinación entre las autoridades de salud y las educativas, con la participación que corresponda a otras dependencias competentes.

Artículo 87. La prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para la salud, se llevará a cabo mediante la participación de los mismos en las unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico y social.

Artículo 88. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, con la participación de las instituciones de educación superior, elaborarán programas de carácter social para los profesionales de la salud, en beneficio de la colectividad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables al ejercicio profesional.”

OCTAVA. Los integrantes de esta dictaminadora, una vez analizada la institución del servicio social obligatorio para los pasantes de ciencias médicas, coinciden con el promovente en que es indispensable salvaguardar la integridad física y mental del prestador, toda vez que de su actividad profesional depende la calidad en la prestación de los servicios de salud.

El promovente señala que el sistema de guardias utilizado para estudiantes de servicio, práctica o internado repercute de manera negativa en la salud física, mental y emocional, en la que las jornadas de guardias médicas son incluso de 36 horas continuas.

Atento a lo anterior, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó una investigación a fin de recabar datos sobre la experiencia de los pasantes en esta etapa crucial para el sistema de salud y para el mismo médico.

La encuesta se denominó “La experiencia del pasante en el servicio social”, en la que se enfatizó, dentro de los temas que se abordaron, en las condiciones de trabajo de los médicos pasantes, focalizadas en los espacios físicos de las unidades médicas (tomando en consideración que la prestación del servicio social se realiza en comunidades rurales preferentemente); de aquí se desprendió lo siguiente:

, entendido como el conjunto de cuidados o necesidades de los pasantes para vivir dignamente en su trabajo cotidiano. Se tomaron en cuenta las preguntas que indagaban sobre aspectos económicos como la beca recibida y la ayuda familiar, al igual que las actividades domésticas en el centro de salud y la higiene personal.

La mayoría de los pasantes de medicina que participaron en la encuesta asociaron este rubro de inmediato con la retribución económica por la prestación del servicio social obligatorio.

El pago por la labor realizada no se presentó como “salario”, sino como “beca”.

Los pasantes recibieron una beca cuyo monto promedio mensual (aproximado) ascendía a 1 un mil 230 pesos, cantidad que no les permitió sufragar los gastos para vivir de manera digna e implicó que siete de cada diez pasantes recibieran ayuda económica de alguien más para mantenerse

como necesidad para subsistir. Se tomaron las preguntas que daban cuenta de los hábitos alimenticios, la calidad de la alimentación, lugar para cocinar y conservar alimentos, número de comidas al día y adquisición de alimentos. Alimentarse es una condición para, además de trabajar, mantenerse sano.

El número apropiado de ingestas diarias recomendadas por los estudiosos, quienes sostienen la necesidad de hacer cinco o seis ingestas diarias porque esto influye de manera positiva en la prevención y el tratamiento de padecimientos como la obesidad, enfermedades cardiovasculares o la diabetes.

La información analizada confirmó que 17.6% de los pasantes realizaba sólo una comida al día; 59.5% dos; 20.6% tres; 1.9% cuatro y apenas 0.4% realizaba más de cuatro comidas habitualmente.

La escasez en los alimentos redundó en la percepción que los pasantes tuvieron sobre la calidad en la alimentación, ya que 93.1% mencionó que ésta cambió a partir del inicio del servicio social, en tanto que 55.7% notó cambios en los hábitos alimenticios.

para mantenerse mentalmente saludable. Se consideró como tiempo libre a aquel que no se dedicaba al trabajo o a las responsabilidades relacionadas con el empleo o con otras formas de mantenimiento económico. Se incluyeron aquellas actividades relacionadas con las vacaciones, el descanso, los eventos recreativos y extra laborales junto a la comunidad que fueron realizadas por los pasantes. Se consideraron las preguntas relacionadas con el contacto con familias del lugar, la generación de lazos afectivos con miembros de la comunidad, los días de descanso y los periodos vacacionales, las actividades recreativas y los eventos sociales, así como las actividades extralaborales con el equipo de salud.

Los datos obtenidos muestran que un sector importante de pasantes quedó fuera de los lineamientos internacionales sobre el tiempo libre como un derecho del trabajador: a 34.4% no se le respetaron los días para descansar; en 12.6% de los casos no se acataron los periodos vacacionales que marca el Reglamento del Servicio Social de la Facultad de Medicina de la UNAM, en tanto que 27.9% no pudo elegir libremente los periodos vacacionales.

como una actividad que fue un medio y un fin para concluir la última etapa de la carrera. Se consideraron las preguntas relativas a la relación con el equipo y el comité de salud, que son parte importante de las unidades; el horario de atención, traslado de pacientes al segundo nivel de atención en caso necesario, la realización de guardias nocturnas y los apoyos recibidos por las instituciones de salud y la UNAM para realizar las actividades correspondientes.

El encuentro del médico pasante con el nuevo medio ambiente laboral representó un triple choque de culturas: la biomédica, adquirida por los estudiantes en los años previos al inicio del servicio; la organizacional, entendida como el conjunto de normas, hábitos y valores que practican los individuos de una institución y que hacen de ésta su forma de comportamiento; y la rural, definida por las características propias del lugar en el que se preste el servicio social.

como una cualidad para el desempeño de cualquier actividad laboral.

Se tomaron en cuenta las preguntas relacionadas con la supervisión de la seguridad por las autoridades comunales, la irrupción sin consentimiento al centro de salud, acoso o abuso sexual, robo, la percepción de peligro y la posibilidad de renunciar al servicio social debido a la inseguridad percibida.

que hizo referencia a las circunstancias en que los pasantes realizaron su trabajo, ya que era el lugar en el que pasaban la mayor parte del día. Se consideraron los servicios públicos básicos como agua potable, electricidad, drenaje, ventilación adecuada y suministro de gas, así como los aspectos elementales para el descanso y recuperación de la jornada de todos los días, como poseer una cama y agua caliente para bañarse. También se tomaron en cuenta los medios para estudiar (libros de consulta) y para comunicarse (teléfono e Internet) con el mundo circundante.

Es por lo anterior, y las condiciones a las que los prestadores de servicio social obligatorio en las ciencias de la salud se enfrentan, que se ha presentado en diversos casos el llamado Síndrome de Burnout.

El concepto de burnout fue utilizado por primera vez en el ámbito de la psicología en 1974. Se definió como un estado de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma de vida o relación que no produce el esperado esfuerzo. Más tarde, se propuso que este concepto abarcara tres dimensiones interrelacionadas: el cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal.

El Síndrome de Burnout está directamente relacionado con el estrés y las enfermedades psicosomáticas, mismas que repercuten directamente con el rendimiento profesional.

El personal médico y paramédico que labora en las instituciones de salud no escapa a esta condición, la que repercute en la calidad de los servicios que ofrece.

Diversos estudios han demostrado la presencia del síndrome de burnout entre el personal médico y paramédico. El contacto estrecho con los pacientes y la sobrecarga de trabajo son las principales causas de este síndrome. En un estudio realizado entre 248 médicos intensivistas de Estados Unidos, el 40% presentó el síndrome con detrimento emocional, lo que coincide con otro estudio realizado en enfermeras que atienden a pacientes con cuidados paliativos y a otros con trasplantes de médula.

También, en un estudio realizado en residentes de medicina interna de la Universidad de Washington, se encontró prevalencia de 76% de desgaste profesional, con una autopercepción de menor calidad en el cuidado profesional de los pacientes al compararlos con los residentes no afectados.

NOVENA. En México, un estudio que investigó el nivel de burnout en un grupo de 450 médicos, enfermeras y paramédicos de 12 instituciones hospitalarias, reveló los siguientes datos: 10.9% de cansancio emocional, 19.6% de despersonalización y 74.9% de baja realización personal.

Se documentó una prevalencia general de 44% del síndrome en médicos anestesiólogos; la sobrecarga de trabajo y el conflicto de valores eran variables que influían en la presencia de este síndrome.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social, se realizó un estudio entre médicos familiares, en el que la prevalencia de síndrome de burnout fue del 42,3%. De igual forma, de 236 enfermeras estudiadas, 92 (39%) tuvieron datos compatibles con el padecimiento, con diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la edad y la antigüedad en el puesto al compararlas con enfermeras sin el síndrome.

El síndrome de burnout fue considerado por la Organización Mundial de la Salud como riesgo de trabajo. Su trascendencia radica en el impacto que tiene en la relación laboral entre el personal médico y/o paramédico y las instituciones de salud.

DÉCIMA. La salud laboral del personal sanitario puede incidir tanto en la calidad prestada como en su formación. Existen numerosos estudios sobre la prevalencia de este síndrome en diferentes profesionales de la salud.

En la categoría de enfermería llama la atención que no hay ningún dato que revele la presencia de síndrome de desgaste emocional, lo que difiere de lo reportado en otros estudios realizados en España.

En virtud de los estudios antes señalados, el Gobierno Federal ha establecido criterios mínimos para la prestación del servicio social de medicina; mediante las Normas Oficiales Mexicanas y Proyecto de Norma Oficial Mexicana siguientes:

• NOM-009-SSA3-2013, Educación en Salud. Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para la prestación del servicio social de medicina y estomatología.

Esta norma publicada el 2 de julio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, puntualiza los criterios para la atención médica en el Sistema Nacional de Salud, principalmente en la prestación del servicio social de pasantes en medicina y estomatología, también para los responsables de los programas de formación de recursos humanos para la salud.

Dentro de las disposiciones aplicables para las instituciones de salud, se enlistan los siguientes deberes que para el objeto de estudio del presente dictamen, son destacables:

a. Establecer en coordinación con la institución de educación superior y las autoridades estatales, municipales y de la localidad, los mecanismos de protección a la integridad física de los pasantes durante la prestación del servicio social.

b. Realizar la programación de plazas en campos clínicos, con base en lo establecido en los instrumentos consensuales correspondientes y tomando en cuenta el presupuesto disponible para el pago de becas.

c. Acordar con la unidad administrativa competente de la Secretaría de Salud, una vez concluido el periodo regular de adscripción, la asignación de pasantes en los campos clínicos vacantes.

d. Elaborar, aplicar y evaluar el programa operativo, en coordinación con las instituciones de educación superior.

e. Realizar al inicio del servicio social y en coordinación con las instituciones de educación superior, actividades de inducción que deben incluir: contenidos de los programas académico y operativo, características socioculturales de la localidad, recomendaciones de seguridad de los pasantes y otros temas relevantes.

f. Establecer con las instituciones de educación superior, las actividades de supervisión, asesoría y evaluación del desempeño de los pasantes en campos clínicos, durante las cuales se debe corroborar que los establecimientos para la atención médica cumplan con las condiciones de infraestructura, mobiliario, equipamiento, seguridad e insumos, conforme a lo establecido en la norma.

g. Vigilar que los pasantes den cumplimiento a sus obligaciones, conforme a lo establecido en los instrumentos consensuales correspondientes.

h. Otorgar, atendiendo a las disposiciones aplicables, las prerrogativas para los pasantes que se establezcan en los instrumentos consensuales que al efecto se suscriban, las cuales pueden ser, entre otras, las siguientes:

I. Asistencia legal en caso de incurrir en alguna responsabilidad con motivo de la prestación del servicio social.

II. Atención médica, quirúrgica y farmacológica a él y sus parientes en primer grado.

III. Seguro de vida o su equivalente.

IV. El pago oportuno de la beca y apoyos que correspondan.

V. Atender de inmediato, en coordinación con las instituciones de educación superior y la participación que corresponda a las autoridades competentes de la localidad, las denuncias o quejas, tanto del pasante como de la comunidad, por actos u omisiones que afecten la prestación del servicio social o pongan en riesgo la integridad física del pasante en el campo clínico, a fin de implementar las medidas oportunas para su solución.

• NOM-001-SSA3-2012, Educación en Salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas.

Esta norma considera elementos indispensables para la realización de residencias médicas expresados en deberes de las instituciones de salud integrantes del Sistema Nacional de Residencias Médicas, tales como convenios, disposiciones para los profesores titulares y adjuntos, los requerimientos mínimos de las unidades médicas receptoras de residentes, además de los derechos y obligaciones de los médicos residentes; dejando sin efecto la NOM-090-SSA1-1994.

En el contenido de la norma se establece en materia de guardias médicas que:

a. Los médicos residentes deben cumplir solamente las guardias previstas en el programa operativo correspondiente.

b. Los médicos residentes deben estar disponibles cuando sus servicios sean requeridos durante la realización de las guardias. Cuando no sea así, podrán hacer uso de las áreas de descanso para médicos residentes con la autorización del responsable del servicio.

c. Las guardias deben calendarizarse en el programa operativo correspondiente para desarrollar puntualmente el programa académico, incluyendo la frecuencia, horario y duración; ocurrirán tres veces por semana como máximo y tendrán intervalos de por lo menos dos días entre cada una de ellas.

d. En días hábiles, las guardias inician a la hora que termina el turno matutino y concluyen a la hora establecida para iniciar el turno matutino siguiente, de acuerdo a la normatividad de la institución de salud.

e. Los sábados, domingos y días festivos, la duración de las guardias es de 24 horas; iniciando y concluyendo actividades según se especifique en la normatividad de la institución de salud. Los médicos residentes que terminen su guardia en día hábil, deben continuar las actividades descritas para el turno matutino en el programa operativo.

f. El personal de las unidades médicas receptoras de residentes sólo debe aplicar las guardias establecidas en el programa operativo, respetando los roles de guardias correspondientes de los médicos residentes.

g. Los médicos residentes no deben acreditar guardias, a través de otro médico residente.

Respecto de los derechos de los médicos residentes, refiere que de manera enunciativa y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, entre otros, son derechos de los médicos residentes, los siguientes:

a. Recibir las remuneraciones y prestaciones estipuladas por la institución de salud.

b. Recibir los programas académico y operativo de la residencia médica correspondiente y el reglamento interno de la unidad médica receptora de residentes en el que se encuentra adscrito; así como la normatividad relativa a las residencias médicas.

c. Recibir la educación de posgrado, de conformidad con los programas académicos de la institución de educación superior y operativo de la residencia médica correspondiente; bajo la dirección, asesoría y supervisión del profesor titular, el jefe de servicio y los médicos adscritos, en un ambiente de respeto.

d. Contar permanentemente con la asesoría de los médicos adscritos al servicio, durante el desarrollo de las actividades diarias y las guardias.

e. Disfrutar de dos periodos vacacionales por año de diez días hábiles cada uno, de conformidad con lo señalado en el programa operativo correspondiente.

f. Recibir alimentación durante la jornada de trabajo y en las guardias, de acuerdo al programa operativo correspondiente.

g. Utilizar las áreas de descanso durante las guardias.

h. Recibir de la institución de salud en la cual realiza la residencia médica, según sus disposiciones en la materia, asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica.

• PROY-NOM-033-SSA3-2013 Educación en Salud. Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para ciclos clínicos e internado de pregrado de la licenciatura en medicina.

Tomando en consideración que la Secretaría de Salud Federal tiene entre otras facultades emitir las Normas con las cuales las instituciones de salud establezcan las bases para la utilización de sus instalaciones y servicios en la formación de recursos humanos para la salud, así como la coordinación entre las instituciones de salud y de educación superior para la formación de recursos humanos, es que se publicó éste proyecto de Norma Oficial Mexicana el 8 de octubre de 2014.

Entre otras cosas, el texto normativo señala que el periodo de ocupación del campo clínico tiene una duración de doce meses continuos, con adscripción a plazas para iniciar el internado médico el primero de enero o de julio de cada año.

Del mismo modo, se establece que las instituciones de salud de conformidad con su normatividad interna deberán entre otras cosas establecer las obligaciones y prerrogativas de los internos, las cuales de manera enunciativa pueden ser:

a. Asistencia legal en caso de incurrir en alguna responsabilidad durante las actividades propias de internado de pregrado.

b. Atención médica, quirúrgica y farmacológica al interno.

c. Seguro de vida o su equivalente.

d. El pago de la beca, apoyos de vestuario y alimentación en los horarios contemplados en el programa operativo.

e. El programa operativo debe describir las prácticas clínicas complementarias en los siguientes términos:

I. Rol, horario, duración, servicio y frecuencia, con al menos dos días entre cada una de ellas, de conformidad con el programa académico.

II. Las jornadas de prácticas clínicas complementarias de lunes a viernes deben ser por un máximo de doce horas; sábados, domingos y días festivos, por un máximo de veinticuatro horas.

III. Sólo deben aplicarse las prácticas clínicas complementarias establecidas en el programa operativo, respetando los roles, servicios, módulos y asignaturas.

IV. Los internos en ningún caso deben acreditar prácticas clínicas complementarias a través de un sustituto, sin la autorización previa del coordinador de internado o el responsable de los procesos de formación de recursos humanos para la salud en la sede o subsede.

V. Es improcedente la realización de prácticas clínicas complementarias o periodos extraordinarios de actividades en el campo clínico, adicionales a las establecidas en los programas académico y operativo.

DÉCIMO PRIMERA. Acorde con lo anterior, dentro del eje transversal “México Incluyente”del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 el Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud, establece como estrategia:

“Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.”

Y como líneas de acción específicas:

“Instrumentar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de los servicios de salud.”

“Mejorar la calidad en la formación de los recursos humanos y alinearla con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población.”

DÉCIMO SEGUNDA. Asimismo, el Programa Sectorial de Salud en su Objetivo 5establece que en éste rubro, el Gobierno Federal se ha planteado impulsar un sector salud eficiente, con mecanismos que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios, con esquemas sectoriales de planeación y evaluación del desempeño; asimismo que impulse la innovación y la investigación científica. Por lo que la estrategia 5.1 “Fortalecer la formación y gestión de recursos humanos en salud” establece como líneas de acción específicas:

5.1.1. Establecer los criterios para el crecimiento responsable y ordenado de los recursos humanos.

5.1.2. Impulsar la formación de los recursos humanos alineada con las necesidades demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico y culturales.

5.1.3. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades nacionales de salud.

5.1.4. Promover la capacitación para mejorar los procesos de atención en salud, gerenciales y de apoyo administrativo.

5.1.5. Participar en la elaboración de criterios y lineamientos de acreditación de las instituciones educativas conjuntamente con las instituciones correspondientes.

5.1.6. Contribuir a la integración de contenidos básicos de género, derechos humanos e interculturalidad en la formación de profesionales.

5.1.7. Impulsar la capacitación en salud pública, salud ocupacional, gestión y calidad de servicios del personal de salud.

5.1.8. Consolidar los mecanismos interinstitucionales de colaboración para la formación de recursos humanos.

5.1.9. Evaluar la aplicación de las políticas nacionales de formación y capacitación de recursos humanos.

5.1.10. Promover la contratación de recursos humanos alineados con un modelo enfocado en la atención primaria.

Los diputados integrantes de ésta comisión consideran que los lineamientos antes referidos, impulsan la formación de los recursos humanos de ciencias de la salud, a fin de contribuir con servicio médico y atención de calidad, procurando su bienestar físico y salud ocupacional y mental.

DÉCIMO TERCERA.Respecto de la propuesta de reforma al artículo 87 de la Ley General de Salud, misma que pretende señalar que en ningún momento se comprometerá la integridad física y mental de los pasantes en relación con los ciclos de descanso de los mismos, para optimizar la atención médica; asimismo establece que “el servicio social se llevará a cabo todos los días del año, incluyendo los inhábiles y festivos, los cuales no podrán exceder para cada pasante de tres veces por semana con intervalos de por lo menos dos días; y los turnos en ningún caso podrán exceder de 12 horas continuas”; esta dictaminadora considera pertinente hacer las siguientes observaciones:

a. Los integrantes de esta comisión coinciden con el promovente respecto a que la prestación del servicio social, no se debe comprometer la integridad física y mental de los prestadores; toda vez que de ellos depende la atención y la calidad de la prestación de los servicios médicos. De manera que si la salud del prestador de servicio social se ve afectada, de conformidad con lo analizado en los considerandos Octavo y Noveno del presente instrumento, el servicio de salud no será de la calidad apropiada, en detrimento del usuario del Sistema Nacional de Salud.

b. Respecto de establecer los días, las veces por semana y los intervalos de los mismos para la prestación del servicio social, esta dictaminadora concluye que es inviable, toda vez que, tal como lo señala la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, es el Programa Operativo del Servicio Social el instrumento que señala el desarrollo calendarizado de actividades asistenciales, educativas, académicas y de investigación del médico pasante, así como los tiempos de toma de alimentos, descansos y vacaciones acordes a las necesidades de la jurisdicción sanitaria y la comunidad.

Por lo que no es materia de esta Ley General normar los tiempos, modalidades e intervalos con los que cada Universidad, Institución de Educación Superior e Instituciones de Salud desarrollan su programa de prestación de servicio social obligatorio.

En virtud de lo anterior y tomando en consideración que cada Institución Académica con enseñanza en las áreas médicas debe contar con su propio Programa en coordinación con las autoridades del Sistema Nacional de Salud determinará las particularidades de la prestación del servicio social obligatorio.

El Programa operativo en mención es un elemento del área médica que tiene doble propósito, uno académico y otro asistencial, que al mismo tiempo sirve para fortalecer el proceso formativo del médico general y de atención a las demandas en materia de salud en las unidades médicas que son sede de la prestación del servicio social en las entidades federativas.

c. El programa en cita debe tener al menos las siguientes características:

• Duración.

• Periodos para realizar el servicio social.

• Espacios para realizar el servicio social, en el que establece que deberá ser en Unidades Médicas de Primer Nivel, Hospitales de Cabecera Municipal y Hospitales Integrales autorizados como sedes del Programa de servicio social por entidad federativa.

• Marco legal.

• Justificación.

• Objetivo general.

• Objetivos específicos.

• Contenido del programa.

• Calendario de actividades clínicas y académicas.

d. Por lo expuesto, cada programa considera que el servicio social sirve para consolidar las habilidades y destrezas adquiridas por el médico en el ámbito hospitalario, que le permita un mayor ejercicio profesional y, en consecuencia, una mayor responsabilidad personal que fomente en el pasante el hábito de la enseñanza autodirigida; que permita la necesaria vinculación de la formación profesional y la realidad epidemiológica del país en el ámbito rural.

e. Aunado a lo anterior, las Bases para la instrumentación del Servicio Social de las Profesiones para la Salud, establecen en el Capítulo III de la Práctica del Servicio Social que: la práctica del servicio social tendrá una duración de doce meses continuos y se efectuará en los lugares que para este efecto tengan disponibles la Secretaría de Salud o las instituciones de servicio o las de Educación Superior.

f. Los recursos humanos son estratégicos para el buen desempeño de cualquier sistema de salud, México no es la excepción, y el reto de acuerdo con el Programa Sectorial de Salud, es desarrollar una fuerza laboral para la salud que esté disponible, tenga arraigo en las comunidades, sea competente, productiva y responda a las necesidades de la población con prioridad hacia la prevención y promoción de la salud.

g. Existe una tendencia a que los recursos humanos se concentren en las áreas urbanas, debido a que los incentivos personales y profesionales para establecerse en centros de atención lejanos a las grandes ciudades son escasos o inexistentes. La principal consecuencia es que la atención brindada en los centros de salud rurales suele depender de los médicos en formación que se encuentran realizando su servicio social. Además, la mayor parte de las plantillas de personal de salud en las diferentes instituciones médicas, se concentra en turnos matutinos, careciendo de atención en turnos vespertinos, nocturnos y fines de semana.

h. Establece el mismo Programa Sectorial de Salud que el perfil de la plantilla de profesionales en las unidades médicas del sector salud y la forma grupal de organizarse no están alineados con las necesidades de salud de la población. Se observa, por un lado, una excesiva especialización del personal médico en áreas inadecuadas respecto del perfil epidemiológico y, por el otro, una carencia de profesionales con las habilidades idóneas para atender la problemática particular a la que se enfrentan en las unidades.

Por lo anteriormente expuesto, esta dictaminadora aprueba con modificaciones la reforma al artículo 87 de la Ley General de salud, para quedar como sigue:

Artículo 87. La prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para la salud, se llevará a cabo mediante la participación de los mismos en las unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico y social.

La prestación del servicio social a que se refiere el presente capítulo respetará los ciclos de descanso de los pasantes, salvaguardando su integridad física y mental; con la finalidad de mejorar la calidad de la atención médica.

DÉCIMO CUARTA. Esta dictaminadora analizó la propuesta de reforma al artículo 95 de la Ley en cita, misma que pretende dejar el texto como a continuación se indica:

Los aspectos docentes del internado de pregrado y de las residencias de especialización, se regirán por lo que establezcan las instituciones de educación superior, de conformidad con las atribuciones que les otorguen las disposiciones que rigen su organización y funcionamiento y lo que determinen las autoridades educativas competentes.

La operación de los programas correspondientes en los establecimientos de salud, se llevará a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos por cada una de las instituciones de salud y lo que determinen las autoridades sanitarias competentes. Todos los lineamientos deberán evitar comprometer la integridad física y mental de los pasantes en relación con los ciclos de descanso de los mismos. Las jornadas en ningún caso podrán exceder de 16 horas continuas.

Resulta pertinente señalar que dicho numeral de la ley se encuentra dentro del Título Cuarto “Recursos Humanos para los Servicios de Salud”; Capítulo III “Formación, capacitación y actualización del Personal”.

En este capítulo se regula la promoción de actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud, normando entre otras cosas los aspectos docentes de la formación del personal médico.

Aunado a lo anterior, y toda vez que el artículo que se pretende realizar la reforma establece que los aspectos docentes del internado de pregrado y de las residencias de especialización, se regirán por lo que la propuesta de reforma no es viable ya que de acuerdo con el artículo 94 del ordenamiento objeto de la reforma por lo que como se ha establecido en la consideración novena del presente, las NOM atienden la preocupación del iniciante, dando lugar a ser modificadas de acuerdo con las necesidades de su campo de aplicación.

En atención a lo anterior, esta dictaminadora no es omisa en señalar que los instrumentos que regulan la prestación del servicio social de los pasantes de ciencias médicas, los realiza cada Universidad o Institución Académica en coordinación con las Autoridades Educativas y las Autoridades Sanitarias, a fin de establecer las necesidades y prioridades del Sistema Nacional de Salud.

Sin embargo, gran parte del marco jurídico para la prestación del servicio social es de hace más de 2 décadas y requiere ser actualizado; por lo que el promovente está en posibilidades de agotar los recursos que nuestro marco jurídico le otorga, a fin de exhortar al Gobierno Federal a efecto de actualizar las disposiciones reglamentarias aplicables a la prestación del servicio social obligatorio en el campo de la medicina, el internado de pregrado y las residencias médicas.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud someten a consideración de ésta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 87 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 87. ...

La prestación del servicio social a que se refiere el presente capítulo respetará los ciclos de descanso de los pasantes, salvaguardando su integridad física y mental; con la finalidad de mejorar la calidad de la atención médica.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.

...

...

...

...

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de mayo de 2016.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina, José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez, Mariana Trejo Flores, Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, Roberto Guzmán Jacobo, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz, José Refugio Sandoval Rodríguez, Ana Laura Rodela Soto, Wendolín Toledo Aceves, Yahleel Abdala Carmona.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

Sonido en la curul del diputado Enrique Zamora, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Enrique Zamora Morlet(desde la curul): Con la venia de la Presidencia. Exhortar a la Secretaría de Salud a reforzar las campañas de salud en la frontera sur debido al flujo migratorio que se está viviendo de las personas del Continente Africano, que sabemos que las amigas y los amigos migrantes buscan una mejor calidad de vida, pero también nosotros como autoridades mexicanas, debemos darle buena salud a los migrantes y a nuestros connacionales.

Solamente ahorita tenemos un crecimiento del 253 por ciento de las personas del Continente Africano y de 2015 entraron 2 mil 27 personas africanas y en el 2016, de enero a agosto tenemos un ingreso de 7 mil 162 africanos. Es por eso, pido el apoyo de la Mesa Directiva para que podamos redoblar esfuerzos para los migrantes y nuestros connacionales. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Diputado, estamos a la espera a del acuerdo de la Junta de Coordinación Política al respecto, se registran sus apreciaciones y se solicita el que se le sonido a la curul de la diputada Araceli Damián.

La diputada Araceli Damián González(desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Llamando aquí la atención de la Mesa Directiva desde el día de ayer, como es de conocimiento de todos, están aquí familiares de los 43 desaparecidos en plantón, y han solicitado el uso de la palabra aquí en este recinto.

Recordar que desde el 19 de abril se solicitó que se abrieran las puertas de este recinto en una reunión de trabajo de comisiones unidas que incluye la Comisión Especial de Ayotzinapa, de Derechos Humanos, de Gobierno, de Justicia, entre otras, y que desde el 20 de julio de este año también el abogado de los padres entregó ya el formato para hablar ante los diputados.

Me sorprende que el día de ayer que los padres tuvieron reunión con la Junta de Coordinación Política, no se les haya dado ya la fecha y se esté turnando a la comisión especial, cuando en la comisión especial ya determinamos que estábamos de acuerdo con el mecanismo que nos propuso el abogado de los padres. Solicito a la mesa que ya les dé apertura y que tengamos la reunión con los familiares de los 43, los queremos aquí y ahora.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Diputada, en efecto, ya han sido atendidos por el presidente de la Junta de Coordinación Política y estamos a la espera de los acuerdos que se logren en la materia y atentos para darle el seguimiento correspondiente.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO



LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para fundamentar el dictamen el diputado Armando Luna Canales.

El diputado Armando Luna Canales: Muy buenos días. Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el 2011 los mexicanos tomamos una decisión trascendental, el respeto a los derechos humanos sería el eje central de nuestra vida pública y privada.

Esta reforma generó un nuevo paradigma en relación de lo que se puede y lo que no se puede hacer en nuestro país. Y también generó un nuevo paradigma en torno a lo que es imposible omitir.

Este nuevo contexto obliga que las instituciones trabajen activamente para que estos derechos sean una realidad para todas y todos los mexicanos. Llevar el discurso a los hechos requiere de autoridades facultadas para hacerlo efectivamente. Sin duda la prohibición de cualquier tipo de discriminación es la piedra angular del futuro de nuestro país.

Como nunca, los mexicanos estamos obligados a que la única intolerancia permitida sea en contra de la discriminación. Por ello es de gran importancia tener autoridades bien articuladas para evitar cualquier tipo de discriminación.

Hoy vemos como se manifiestan posturas que parecieran irreconciliables en torno a distintos temas que afectan nuestra vida diaria. La discusión, el diálogo y el entendimiento serán en estos temas el camino que lleve a nuestro país a un rumbo de paz y prosperidad sin discriminación alguna. La lucha contra la discriminación exige de una acción de la autoridad, misma que debe ser eficiente y eficaz en la erradicación de todos los tipos de discriminación.

Por eso es importante el dictamen que se presenta el día de hoy, pues plantea establecer dentro de las atribuciones de la Presidencia de la Conapred las relativas a emitir y suscribir resoluciones e informes especiales, a establecer medidas administrativas de reparación que deriven de la tramitación de quejas por presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, atribuibles a particulares o servidores públicos federales o a los Poderes de la Unión; así como la facultad de delegar dichas atribuciones al titular de la Dirección General Adjunta de Quejas de este organismo.

Esta adecuación se realiza para otorgar precisión a lo establecido por la ley, actuar en materia que se encuentra de manera muy genérica, pues no indica sobre qué funciones en concreto se puede hacer esta delegación, lo que genera problemas sin duda graves al momento de tramitar estos expedientes y aplicar sanciones a los responsables.

Por otro lado se plantea precisar de manera expresa que cada año sólo podrá renovarse un máximo de seis integrantes de la Asamblea Consultiva de la Conapred. Sustituyen a la renovación imperativa anual de al menos cuatro de sus integrantes. Favorecerá esta reforma la profesionalización y la toma de mejores decisiones en el organismo.

De esta forma se privilegia la continuidad por el periodo completo para el que fueron electos las y los asambleístas de dicho órgano colegiado, y así garantizar el seguimiento de los proyectos de la Conapred.

Se realizan también las adecuaciones para que se haga la remisión al capítulo correcto de la ley, al respecto, al segundo párrafo del artículo 3. Éste era un error que había quedado por ahí en una reforma anterior y eso generaba errores al momento de hacer las remisiones en los textos legales de aplicación de esta norma.

Finalmente, en cuanto a los artículos transitorios se establece de manera precisa que la renovación de los asambleístas se propondrá mediante acuerdo de la propia Asamblea Consultiva y que se pondrá a consideración de la Junta de Gobierno de la Conapred para su aprobación.

Compañeras y compañeros diputados, desde la Comisión de Derechos Humanos las herramientas necesarias para el cumplimiento de todos sus importantes objetivos. Pido a todas y todos los integrantes de esta asamblea el voto a favor de un paso más hacia la consolidación de un marco legal apegado a los derechos humanos y a la no discriminación.

Pido a la asamblea un voto a favor para dar un paso más hacia el México del futuro. Muchas gracias por su atención. Es todo, presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Gracias, diputado Luna.

Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con lo que establece el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados.

Diputado Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social; diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Partido Nueva Alianza; diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Partido Movimiento Ciudadano; diputado Roberto Cañedo Jiménez, de Morena; diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del Partido Verde Ecologista de México; diputada Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Partido Acción Nacional; diputada Alma Lilia Luna Murguía, del Partido Revolucionario Institucional.

Por lo tanto, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social.

El diputado Abdies Pineda Morín:Con su venia, diputada presidente. Honorable asamblea, manifiesto la posición del Grupo Parlamentario de Encuentro Social con respecto al dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Nuestra bancada votará a favor de que esta Cámara de Diputados asigne recursos para la implementación de medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación.

Votaremos a favor, porque es parte de nuestra identidad política. Encuentro Social está a favor de los ajustes razonables, en materia de accesibilidad física, de información y comunicación, de la adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad, del diseño y distribución de comunicaciones oficiales, convocatorias públicas, libros de texto, licitaciones, entre otros, en formato braille o en lenguas indígenas, del uso de intérpretes de lenguas de señas mexicana y de los traductores de lenguas indígenas.

De la accesibilidad del entorno social, incluyendo acceso físico de comunicación y de información, de eliminar disposiciones que impongan requisitos discriminatorios de ingreso y permanencia a escuelas, trabajos, entre otros, y de la creación de licencias de paternidad, homologación de condiciones de derechos y prestaciones para los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad.

Estamos a favor de que haya presupuesto para favorecer el acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación en espacios educativos, laborales y cargos de elección popular a través del establecimiento de porcentajes o cuotas.

Estamos a favor del presupuesto para hacer justicia para quienes son discriminados. Coincidimos en que el presidente del Conapred se le adicione la atribución de emitir y suscribir informes especiales y delegar a órganos internos la atención de quejas, al establecer medidas para su cumplimiento.

Uno de los problemas de los órganos ciudadanos de consulta de la mayoría de las dependencias que cuentan con estos, es que acumulan influencia y crean votos de poder. Por ello, en Encuentro Social se pronuncia a favor de que cada año se pueda renovar hasta un máximo de 6 de sus integrantes, la Asamblea Constitutiva requiere no perder su rumbo de consultora y la sociedad le demanda que le represente de manera positiva, a fin de que se alcance la eliminación y erradicación de la discriminación.

Diputados, diputadas, es necesario la reingeniería del Conapred, a fin de que sea más eficiente en defensa del derecho humano a la no discriminación. Diputado presidente, Luna Canales, de la Comisión de Derechos Humanos, por mi conducto, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social presentó una iniciativa el pasado 4 de octubre para reformar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con la finalidad de hacer compartida la designación del presidente de Conapred mediante una consulta ciudadana, para elevar la incidencia de la asamblea en la vida del Consejo, para darle estabilidad al Consejo por medio de un ciclo sexenal de su presidencia.

Este dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, me da la confianza de que atenderán con sensibilidad la propuesta que Encuentro Social le ha formulado. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Gracias, diputado Pineda. A continuación tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, para fijar el posicionamiento del Partido Nueva Alianza.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hago uso de esta tribuna para referirme al dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación con la finalidad de facultar a quien ocupe la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, para emitir y suscribir resoluciones, así como para establecer medidas administrativas y de reparación. También se busca la continuidad de las y los asambleístas del consejo, para así incentivar la consecución de los proyectos.

En Nueva Alianza tenemos como principio fundamental la defensa de la igualdad y la dignidad de las personas, razón por la cual nos manifestamos en contra de cualquier forma de discriminación y nos sumamos a las medidas que se adopten para combatirla y para erradicarla.

Nuestra Carta Magna establece en el último párrafo del artículo 1o., la prohibición de todo tipo de discriminación. En congruencia con este precepto se creó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyo objetivo es precisamente prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo referido, así como de promover la igualdad de oportunidades y el mismo trato a las personas.

A pesar de que la ley fue reformada en el 2014, a fin de armonizarla con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, algunas de las disposiciones perdieron funcionalidad. La intención de la reforma consiste en que este ordenamiento siga siendo un instrumento de vanguardia para garantizar el pleno goce de ejercicio del derecho a la igualdad y no a la discriminación.

La ley crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es la institución rectora encargada de promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social, así como de avanzar en la inclusión y garantizar el derecho de la igualdad. No obstante, alguna de sus funciones han quedado ilimitadas ante las exigencias de las prácticas cotidianas, es por ello que se pretende dar mayor vigor a la presidencia de la Conapred.

En tal sentido, se faculta a la persona que ocupa la presidencia del consejo, para emitir y suscribir resoluciones por disposición de informes oficiales, así como de establecer las medidas administrativas y de reparación, derivadas de las quejas por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias que sean atribuidas a particulares, a personas físicas o morales, a personas servidores públicas federales y a los poderes públicos federales, teniendo la facultad de delegar dichas atribuciones a la persona titular de la Dirección General Adjunta de Quejas.

De este modo se complementaría el artículo 20 de la ley, que en su fracción XLVI establece dicha atribución del Consejo, pero que no precisa sobre qué funcionario recae dicha facultad.

Otro de los objetivos de esta reforma consiste en promover la continuidad de los miembros de la Asamblea Consultiva, que es el órgano de opinión y asesoría ante las políticas públicas, programas y proyectos que desarrolla el Consejo en materia de prevención y eliminación de la discriminación. Así se pretende que la rotación de los integrantes de la misma no se vea reflejada en el cumplimiento de dichos proyectos.

Estamos convencidos de las ventajas que esta reforma traerá para el ejercicio de las labores de la Conapred. Por esa razón, en nueva alianza votaremos a favor de este dictamen. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Campa.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Y además mi amiga.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la discriminación en este país es una triste y cruda realidad que nos alcanza día con día a todas y a todos los mexicanos. Por eso, lo primero que tendríamos que decir y señalar con toda claridad es qué significa la discriminación.

La discriminación es una distinción, es un acto de abuso, es una injusticia que viola derechos fundamentales de los mexicanos y que incluso, de alguna manera también destruye. Evita que estos derechos fundamentales se puedan poner en práctica en un país como México donde las desigualdades son el problema más creciente que tenemos, la discriminación sigue siendo una realidad que nos acomete.

Por ejemplo, solo en algunas cifras que nos ha dado el Coneval de la discriminación laboral a las mujeres. Ejemplo, tres de cada diez se quejan de que han sufrido una discriminación salarial.

En este país también las cifras nos dicen que una persona que tiene 40 años ya no consigue trabajo en ningún lado. Por otro lado, también el 80 por ciento cree que no se han respetado sus derechos por cultura, acento, color de piel o religión. Además, 44 por ciento de los mexicanos creen que no se respetan los derechos de los indígenas.

También en el caso de los discapacitados, 23.5 por ciento no está dispuesto a vivir solo con un discapacitado. Por otra parte, de los mismos discapacitados, 78 por ciento cree que es muy difícil recibir apoyo económico en este país.

En un país donde aproximadamente 15 millones de personas vive con alguna discapacidad, la discriminación se vuelve una realidad y un problema de diario. Los ciudadanos diputados recientemente incluso presentamos una iniciativa para reformar el artículo 3o. constitucional, para que toda persona con discapacidad tenga acceso a la educación, hasta una profesión o un oficio.

Por eso esta iniciativa que hoy se pone a consideración de todos ustedes es un avance para que la discriminación pueda erradicarse en este país. Si bien la ley para prevenir y eliminar la discriminación es una ley que tiene algún tiempo, como muchas leyes en este país, tiene muy buenas intenciones. Pero si no se le dan recursos y además no se establecen las normas coercitivas que la lleven a la práctica, va a ser muy difícil que podamos erradicar un problema como la discriminación.

El Conapred necesita más facultades y esas facultades son parte de lo que se va a considerar en esta minuta, que es la facultad, lo que se establece aquí, de emitir y suscribir soluciones e informes especiales, así como establecer medidas administrativas y de reparación que deriven de la tramitación de quejas por presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias y que sean atribuibles a particulares, servidores públicos, federales y los Poderes de la Unión. Igualmente, se contempla la facultad para que el titular del Conapred delegue estas atribuciones al titular de la Dirección General Adjunta de Quejas de ese organismo.

Creemos que esta reforma que tiene la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación es un avance, pero no será suficiente si no implementamos otras reformas y buscamos que la inclusión, la nivelación y las prácticas discriminatorias se erradiquen en este país.

Por supuesto que hago un llamado para que también los recursos –hoy que se va a discutir en estos días el Presupuesto– sean suficientes para todas las instancias y dependencias públicas tanto locales, federales y municipales para que la discriminación no siga siendo un problema en este país.

Diputadas y diputados, los llamo a que el voto sea a favor, pero también los llamo a que tomemos con toda la seriedad del caso lo que significa que en nuestro país la discriminación siga siendo un problema latente. Los invito a que propongamos reformas de fondo para que en este país se acabe la discriminación.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Gracias, diputado Sánchez Orozco. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Roberto Cañedo Jiménez.

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez:Con su venia, señora presidenta. Compañeros diputados, muy buenos días. Pueblo de México, muy buenos días. Morena votará a favor de este dictamen que nos presenta la Comisión de Derechos Humanos por el que se reforman y adicionan las disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ya que el principal objetivo de estas reformas es en esencia perfeccionar el citado ordenamiento y permitir un mejor funcionamiento institucional del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, es decir lo que es la Conapred.

Existe una sensible debilidad institucional dentro de la administración pública federal en términos de la provisión de mecanismos de protección y garantía del derecho a la igualdad y no discriminación, dado que únicamente la autoridad en el ámbito federal dispone del Conapred como mecanismo operativo, situación que limita significativamente la disposición de un recurso accesible, efectivo y sobre todo adecuado para toda la sociedad en materia de la protección del derecho a la igualdad y a la no discriminación.

No existe al momento un mecanismo homologado y adecuado, expedito y ágil para la atención de quejas por presuntos actos de discriminación, cuestión que bien deja en un estado de indefensión a la población que, por tiempo, por inaccesibilidad a las tecnologías o un desincentivo, no tiene la posibilidad de acceder a instancias como lo es el Conapred, o complejiza y obstaculiza más el derecho a un recurso efectivo, ágil, expedito, de reclamo del derecho a la igualdad y a la no discriminación.

El presente dictamen es bienvenido, toda vez que busca dotar de nuevas atribuciones al Conapred, como lo son la emisión de resoluciones por disposición o informes especiales, así como establece medidas administrativas derivadas de las quejas por presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias cometidas por personas físicas, morales o bien, lo más grave, por servidores públicos.

Con esta reforma se pretende hacer más funcional al Conapred, institución que sin lugar a dudas debe de fortalecerse ante lo cotidiano que desafortunadamente resulta en nuestro país la práctica de la discriminación, en lo cual se puede normalizar y no puede, y por ello incluso, llega a no percibirse en efecto, los tratos desfavorables o el desprecio inmerecido hacia determinada persona o grupos que están presentes diariamente.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, nos indica que nueve de cada 10 mujeres, discapacitados, indígenas, homosexuales, adultos mayores y pertenecientes a minorías religiosas, opinan que padecen de discriminación. Por su condición, una de cada tres personas, pertenecientes a dichos grupos, manifiesta haber sido segregada y discriminada. La vida de las personas se ve impactada por los efectos de la discriminación, el rechazo, el vivir situaciones de violencia, e incluso, la pérdida de la vida son algunos de los casos más graves.

En México el tema de la discriminación no ha sido abordado y atendido con políticas públicas eficaces, el Conapred, además de contar con un marco jurídico que le permita funcionar adecuadamente requiere de mayores recursos, para por ejemplo, llevar adelante campañas, amplias contra discriminación. Así basta señalar que la gran mayoría de los mexicanos desconocen la existencia de dicha institución, según la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México del año 2010. Se revela que dos cada diez lo conocen, el resto, por obvias razones no.

Así los resultados del Conapred, son muy pobres; para poner un ejemplo, entre el año 2011 y el 2016, tan solo se tuvieron 76 expedientes.

En el caso de las personas con discapacidad el 6.6 por ciento de la población mexicana tiene algún tipo de discapacidad. Esto es más de 7 millones de ciudadanos en el país.

Por tal razón para Morena le resulta importante que instituciones, como el Conapred, estén realmente al servicio de la población, de manera particular de aquellos grupos que históricamente han sido víctimas de situaciones de discriminación.

Y, para finalizar, les quiero comentar lo siguiente: Cómo vamos a hablar aquí de derechos humanos y en contra de la discriminación, compañeros, si no se atiende con prontitud la petición de unos padres de familia a quienes el Estado desapareció a sus hijos y no se les otorga la voz desde esta tribuna, desde este recinto. Se le tiene que dar voz al Estado. El Estado tiene en eficacia una deuda con ellos. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Cañedo. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Alberto Couttolenc Buentello.

El diputado José Alberto Couttolenc Buentello:Con su venia, presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el goce y disfrute pleno de todos los derechos humanos, sin importar la raza, religión, género, referencia sexual o el padecimiento de alguna disparidad, está respaldado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales, de los cuales formamos parte.

El artículo 1o. de nuestra ley fundamental establece la prohibición de todo tipo de discriminación motivada por origen étnico, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales.

La importancia del derecho a no sufrir discriminación es tal que el Estado mexicano se dio a la tarea de crear un ordenamiento jurídico específico, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual tiene por objeto garantizar la erradicación de todas las formas de desegregación que se ejerzan contra cualquier persona en nuestro país.

En este mismo sentido, frente a la carencia de una institución que velará por el derecho a la no discriminación, se previó dentro de la ley marco la creación de un órgano para atacar dicho problema; y fue así como nació el Conapred, institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir el desarrollo cultural y social, y de esta manera avanzar en la inclusión de todos los grupos de la población, particularmente aquellos más propensos a sufrir discriminación.

No obstante lo anterior, en la vida diaria los hechos discriminatorios siguen dándose y cada vez de manera más reiterada a lo largo y ancho de nuestro territorio, lo cual menoscaba la dignidad de diversos grupos sociales.

Por tal motivo consideramos en el Partido Verde, urgente actualizar y armonizar el marco normativo vigente con la finalidad de darle una dirección más incluyente a las políticas públicas, y al mismo tiempo contribuir al correcto desarrollo social de nuestro país.

Específicamente, creemos pertinente fortalecer la figura de presidente del Conapred con la finalidad de que este pueda emitir y suscribir resoluciones, así como establecer medidas administrativas y reparaciones del daño. Además se prevé dinamizar la Asamblea Consultiva del organismo, a fin de que puedan renovarse hasta seis de sus miembros cada año, permitiendo así que el Conapred pueda nutrirse con experiencia e ideas nuevas.

Por lo anterior expuesto es que el Partido Verde Ecologista de México votará a favor de la aprobación del presente dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, pues consideramos que dichas adecuaciones contribuirán a inhibir los actos discriminatorios, los cuales desgraciadamente de manera consciente o inconsciente siguen teniendo lugar en nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Gracias, diputado Couttolenc. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Maricela Contreras Julián.

La diputada Maricela Contreras Julián:Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, nuestra sociedad es altamente discriminatoria, a grado tal que vemos de manera normal las expresiones que denigran, que hacen menos, que maltratan, que ofenden y que pretenden negar derechos a personas por su condición o por su forma de vida. Esto resulta inaceptable.

Si bien existe el principio constitucional que prohíbe la discriminación y contamos con una ley federal, la cultura institucional y el ADN social reproducen esquemas cotidianos que implican obstáculo para acceder a los derechos, lo cual orilla a las personas a su aislamiento, a sufrir violencia y, en casos extremos, a la pérdida de la vida.

Lamentablemente tenemos una doble moral que se refleja en el discurso y no en los hechos. Por ejemplo, hoy todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados vamos a votar a favor de este dictamen que presenta la Comisión de Derechos Humanos, mediante la cual reforma la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Con la aprobación de esta minuta, vamos a facultar a la titular de Conapred para que suscriba informes especiales y recomendaciones en materia de discriminación. Además, que mediante la adopción de medidas administrativas o la reparación del daño por actos de Estado que discrimine a las personas y violente sus derechos.

Sin embargo, algunos grupos parlamentarios desdeñan, ignoran, incluso menosprecian el llamado de la misma titular del Conapred para no caer en actitudes discriminatorias, negando el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio civil en términos igualitarios.

¿En qué quedamos entonces? Fortalecemos al Conapred en la ley, pero ignoramos en los hechos sus llamados y sus recomendaciones. Suena fuerte, pero la realidad es esta, no podemos caer en una hipocresía legislativa.

Desde luego, en el PRD vamos a votar a favor de esta minuta, pues fortalece una institución como el Conapred, para hacer frente a una cultura discriminatoria y que niega derechos de manera constante. También dará certeza a las y los integrantes de su asamblea constitutiva sobre su permanencia, respetará el tiempo por el que resultaron electos y podrán realizar su trabajo con certeza.

Con esta reforma impulsaremos la eliminación de las actitudes que afectan el ejercicio de los derechos y las libertades en igualdad de condiciones debido a los prejuicios, estereotipos y estigmas que dañan mucho a toda nuestra sociedad.

Sin embargo, reclamamos, no se trata solo de votar a favor, sino de demostrarlo en los hechos y poner el ejemplo a la sociedad desde este Poder Legislativo. Debemos dejar de fomentar prácticas discriminatorias y legislar sin prejuicios mandamientos religiosos y convicciones morales y convicciones personales para atender a la problemática social.

Por ello, debemos reconocer el matrimonio civil igualitario como una manera y una muestra clara de voluntad y dejar de ser los principales agentes del Estado que ahondan actitudes discriminatorias, fomentan el odio y la división de nuestra sociedad.

Los principios de igualdad y no discriminación no se consultan, no se negocian, tan sólo, compañeras y compañeros, es nuestra obligación reconocerlos y por supuesto que estamos incumpliendo el llamado de la Conapred, para legislar a favor de los matrimonios en general. Amor es amor. El odio sólo fomenta odio.

Diputada, presidenta, también me uno a la petición de Morena, como Grupo Parlamentario del PRD, para la atención de las familiares y los familiares de los 43 desaparecidos en Guerrero. Es cuanto, muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Contreras. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn.

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn:Con la anuencia de la Presidencia. La discriminación podemos entenderla como la práctica que pretende alterar o modificar la igualdad entre las personas, ya sea por reducción, exclusión o restricción.

La Comisión Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, fue aprobada por la Asamblea General de la ONU, en 1965 y entró en vigor en 1969. Su comité ha reconocido que la discriminación es un fenómeno que existe en todos los países del mundo, por supuesto incluyendo México.

El 11 de junio de 2003, en nuestro país, se expidió la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que tiene por objeto establecer mecanismos para eliminar todo obstáculo que limite el ejercicio e impida el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica y cultura, por cualquier motivo, ya sea por sexo, color, discapacidad social o económica, entre otras.

La misma ley creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Conapred, organismo que desde su creación ha realizado esfuerzos importantes para erradicar la discriminación en nuestro país. Cifras de este organismo señalan que en 2015 se recibieron 17 por ciento más denuncias que en el año anterior, con un total de mil 493, de las cuales 36 por ciento fueron cometidas por servidores públicos, la mayoría de estas denuncias fueron presentadas por personas con discapacidad, alguna apariencia física o alguna condición de salud.

La misma institución señala que desde 2012 ha recibido hasta la fecha seis mil 190 denuncias que incluyen tanto a personas particulares, como a personas públicas. En el 2014 se realizaron importantes reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a efecto de lograr una mejor concordancia con los elementos internacionales en la materia, así como incorporar resoluciones y recomendaciones realizadas por organismos internacionales a México. Sin embargo, dicha reforma dejó el inconveniente de algunos vacíos legales y carecer de técnica legislativa.

Es por eso que el día de hoy, las reformas que se proponen a dicha ley permitirán brindar mayor certeza jurídica a los ciudadanos y una mejor efectividad en el desarrollo de las funciones de la autoridad.

Se establece la adecuada aplicación del artículo 20, donde se señala como una atribución del consejo, el emitir resoluciones por disposición e informes especiales y, en su caso, establecer medidas administrativas y de reparación contra las personas y servidores públicos federales que en caso de cometer alguna acción u omisión, discriminen de las formas marcadas en dicha ley, sin que se establezca con anterioridad qué funcionario específicamente sería el competente para ejercer dicha atribución del consejo ni la posibilidad de delegar dicha atribución. Con esta reforma corregimos este vicio legal.

Sabemos que el día de hoy México se encuentra en una grave crisis, no solo de derechos humanos y de inseguridad sino también en una crisis social en donde se está perdiendo el respeto y la dignidad de las personas.

Ahora bien, que quede claro que la misión del Conapred es luchar contra cualquier signo de discriminación, sin colores, sin partidos, sin filias y sin fobias.

En el Partido Acción Nacional hemos velado siempre por el respeto a los derechos humanos, y fue precisamente en los gobiernos panistas en donde se promulgó la Ley Federal contra la Discriminación y se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que ha dado cobijo a tantos ciudadanos que han sido víctimas de algún tipo de discriminación.

Compañeros, la discriminación es un problema tan grave que posiblemente sea el motivo que defina el resultado de la elección presidencial en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en el PAN, lejos de invitar a las personas que nos discriminan, nosotros estamos por fortalecer a las instituciones encargadas de erradicar este mal. Es cuanto.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Piña. A continuación, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene la palabra la diputada Alma Lilia Luna Munguía.

La diputada Alma Lilia Luna Munguía:Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. México, al ser parte de diversos tratados internacionales se ha comprometido a respetar, promover y garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación.

En congruencia con ello, el artículo 1 de nuestra Constitución expresa la prohibición de todo tipo de discriminación, ya sea por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, preferencias o cualquier motivo que atente contra la dignidad de las personas, con el propósito de proteger el respeto irrestricto de los derechos humanos fundamentales.

El gobierno federal, en su Plan Nacional de Desarrollo señala que para alcanzar un México incluyente es necesario garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, así como la erradicación de la discriminación.

El presidente Enrique Peña Nieto ha manifestado en diversas ocasiones su firme compromiso por construir un México que sea verdaderamente incluyente. Un botón de muestra es que el pasado 17 de mayo el presidente de la República instruyó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo para que, en conjunto con el CIDE, la UNAM, y el Conapred, lleven a cabo las acciones pertinentes a fin de revisar e identificar las normas jurídicas cuyo contenido o lenguajes impliquen cualquier forma de discriminación.

Otro ejemplo es la creación de la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, instrumento del gobierno de la República que busca promover el acceso y permanencia de los grupos en situación de discriminación, con el objetivo de que los centros de trabajo hagan suyas las prácticas internacionales en materia de igualdad y prevención de actos discriminatorios.

Esta ley fue objeto de una reforma trascendental en el año 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de marzo del mismo año, mediante el cual se modificó aproximadamente el 60 por ciento de su contenido, armonizándola así con el nuevo enfoque de derechos humanos contenido en la Constitución y con los más altos estándares de protección de los derechos humanos contemplados en instrumentos y resoluciones, así como recomendaciones internacionales.

Hoy en día es nuestra responsabilidad legislativa responder al condicionamiento social para mejorar el funcionamiento de la institución encargada de combatir la discriminación en nuestro país.

Por ello, apoyamos de forma decidida y determinada el dictamen que ha presentado la Comisión de Derechos Humanos, en donde se cumple con uno de los objetivos que será dictar las resoluciones que se formulen en el procedimiento de queja, dando con ello la certeza jurídica, facultando expresamente al presidente de Conapred para emitir y suscribir resoluciones e informes especiales, así como para establecer medidas administrativas y de reparación que deriven de quejas por presuntos actos discriminatorios, otorgando la posibilidad de delegarlas en el titular de la Dirección General Adjunta de Quejas de ese organismo.

Votaremos a favor porque en nuestra plataforma electoral de 2015 nos propusimos exigirles a las autoridades que observen los mecanismos relacionados con los principios pro persona y de interpretación, conforme a lo establecido en leyes nacionales e internacionales. Asimismo, señalamos que nuestro reto es hacer de México una nación de oportunidades, en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga nuestra Constitución.

De igual forma, en nuestro programa de acción refrendamos nuestra decisión de combatir la discriminación, la marginación y la exclusión social con el fin de avanzar hacia un pleno reconocimiento de los derechos de las personas.

Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI queremos aportar a nuestro México una mejor calidad de vida contribuyendo con reformas que garanticen la estabilidad integral y emocional de las personas, actuando siempre con los mismos valores y principios.

Hoy proponemos soluciones para erradicar la discriminación en nuestro país y por eso aprobaremos las modificaciones propuestas en el dictamen que hoy se presenta. Seguiremos trabajando para lograr una ciudadanía en plenitud que esté basada en la tolerancia y que rechace las descalificaciones de cualquier tipo.

Los invito a seguir legislando para generar políticas públicas que equilibren las desigualdades, den poder a quien no lo tiene y permitan crear una auténtica sociedad de derechos y de igualdad de oportunidades. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Luna. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Falta alguna diputada o diputado? Adelante, por favor. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputado Pichardo, el sentido de su voto.

El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Presidenta, se emitieron 420 votos a favor, 3 abstenciones y 1 en contra.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado en lo general y en lo particular –Por favor, el voto de la diputada Julieta.

La diputada Julieta Fernández Márquez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Diputada Adriana, el sentido de su voto.

La diputada Adriana Sarur Torre (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Adriana Sarur a favor. Presidenta, se emitieron 422 votos a favor, 3 abstenciones y 1 en contra.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado en lo general y en lo particular por 422 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales correspondientes.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Sonido en la curul del diputado Ariel Juárez, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Sí, presidenta. Nada más para exhortar a los presidentes de las comisiones ordinarias que recibieron los vehículos híbridos Toyota, línea Prius, mediante un arrendamiento que fue de casi 30 millones de pesos, de los cuales siendo congruentes con el pueblo de México y con esta crisis económica por la que estamos atravesando Morena regresó los 5 vehículos que le asignaron, ocasionando con esto un ahorro para los mexicanos de casi 2 millones de pesos.

El exhorto es para que en congruencia el costo de estos vehículos, que además tienen un sobreprecio por parte de la empresa Jet Van Car Rental, que además está sumamente denunciada por Pemex, CFE, el SAT y el INE por corrupción, en donde están teniendo un beneficio de más de 4 mil 630 millones de pesos de puras adjudicaciones directas por parte del gobierno federal. La solicitud es...

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado...

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez(desde la curul): Permítame, concluyo. La solicitud es que regresen...

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Diputado, permítame. No es tema de esta Mesa Directiva. Quedan registrados sus comentarios...

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Sí, pero no he concluido. Entonces nada más para que en congruencia los presidentes de las comisiones regresen los vehículos, porque creo que ganan lo suficiente como para poderse comprar un vehículo los presidentes de las comisiones, y en congruencia Morena regresó esos vehículos...

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado, por favor le invito a que concluya por favor, ya que como le reitero no es tema del orden del día de esta Mesa Directiva. Quedan registrados sus comentarios para los efectos conducentes.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): No es tema, pero que quede registrada la solicitud que estoy haciendo para que en congruencia se regresen los vehículos que indebidamente se les asignaron por parte de esta Secretaría General de Cámara.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:En todo caso el planteamiento debe de hacerse ante la Junta de Coordinación Política.

VOLUMEN II



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación. para incorporar el principio de interés superior de la niñez

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 50 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 92, 95, 157, 158, 167, 176 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Senadores el 11 de abril de 2013 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación (LGE), por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura.

2. En sesión celebrada por el pleno de la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores el 23 de agosto de 2013 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4º de la Ley General de Educación (LGE), por el Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura

3. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones, acordó turnar la iniciativa a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

4. Con fecha del 08 de abril de 2015, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen correspondiente, con 88 votos a favor. En consecuencia, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. La Cámara de Diputados recibió la Minuta el 14 de abril de 2015 y la presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el día 13 de octubre de 2015, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

En la Minuta se propone que se armonice la Ley General de Educación con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), a partir de uno de los principios rectores de la política educativa y de los servicios educativos sea el Interés Superior de la Niñez (ISN).

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben estar por encima de cualquier impedimento para acceder o permanecer a la educación; es decir, que “en todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio” (artículo 18, LGDNNA).

El propósito de la Minuta es que conforme al principio del Interés Superior de la Niñez, los niños tengan el “derecho a una educación de calidad que fomente su dignidad humana, impulse sus capacidades, desarrolle sus potencialidades y los prepare para el logro de su proyecto de vida”. Lo anterior, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales.

En este contexto y con base en los anteriores argumentos, en la Minuta se propone la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto:

Único. Se reforman el primer párrafo del artículo 3o.; el primer párrafo del artículo 4o., y el primer párrafo del artículo 8o.; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 3o., un segundo párrafo al artículo 4o., recorriéndose el subsecuente, un segundo párrafo al artículo 11, recorriéndose el subsecuente; un tercer párrafo al artículo 78, recorriéndose el subsecuente, y un cuarto párrafo al artículo 79, recorriéndose el subsecuente, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Conforme al interés superior de la niñez, el Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

Asimismo, la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberá basarse en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a la dignidad humana de las personas, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y que fortalezca la protección, el ejercicio y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internaciones de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 4o. Todos los habitantes del país tienen el derecho y la obligación de cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, ningún interés podrá estar por encima del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes que imposibilite el pleno ejercicio de este derecho o que impida su acceso y permanencia en los servicios educativos prestados por el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial.

...

Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan –así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan– atenderá en todo momento el interés superior de la niñez; se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I.a IV. ...

Artículo 11. ...

Las actuaciones y decisiones que tomen dichas autoridades deberán considerar, primordialmente, el interés superior de la niñez, cuando se trate de la educación que concierna a niñas, niños y adolescentes. Las autoridades establecerán los mecanismos necesarios para garantizar este principio.

...

I. a VI. ...

Artículo 78. ...

...

Cuando se tome una decisión que afecte a educandos menores de edad, en lo individual o colectivo, las autoridades educativas y escolares deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

...

Artículo 79. ...

...

...

Dicha resolución deberá considerar de manera primordial el interés superior de la niñez cuando se trate de decisiones sobre una cuestión que involucre a educandos menores de edad. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

III. CONSIDERACIONES GENERALES

En opinión de la Comisión Dictaminadora, reconoce la importancia de armonizar la Ley General de Educación a partir del principio de Interés de Educación de la Niñez, el cual se considera un eje rector para la toma de decisiones concernientes a asuntos de los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de ellos, las autoridades deben realizar las acciones conforme a uno de los principios rectores, el Interés Superior de la Niñez.

En la Convención sobre los Derechos del Niño, realizada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se le otorgó una nueva encomienda a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la cual la educación debe contemplar dos grandes principios: el interés superior de la niñez y la no discriminación.

“En pro del interés superior del niño, la Convención garantiza el derecho del menor a participar y a expresar su opinión, a ejercer la libertad de conciencia, y a participar activamente en la comunidad a través de la libertad de expresión y de asociación. Esta actitud de participación social en los niños se alimenta, en la práctica, a través de la educación, dentro de la familia y en la escuela, con el fin de prepararlos como ciudadanos activos y responsables”.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se pretende garantizar “los derechos de la infancia a través de un mejor diseño institucional y programático, además del incremento de la inversión en el bienestar de los más pequeños de acuerdo con el principio del interés superior del niño establecido en la legislación nacional e internacional”. Asimismo, menciona que para lograr la paz se debe iniciar con la erradicación de la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes y observar en cada una de las acciones de los funcionarios públicos el interés superior de la niñez.

Por otra parte, en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se menciona que la educación es un medio primordial para la construcción de una sociedad más justa, democrática, incluyente y tolerante, por lo que en este programa se comprometen a promover “el respeto a los derechos humanos, la equidad de género, la tolerancia, y en particular, la observancia irrestricta del principio de interés superior de la niñez y la adolescencia”. Asimismo, una de las estrategias para mejorar la gestión del sector educativo, es la de impulsar la perspectiva de género y de derechos humanos en los procesos de evaluación y planeación, para ello, las subsecretarías de educación básica y media superior y los órganos desconcentrados incorporaran de manera transversal el principio de Interés Superior de la Niñez en el sector educativo conforme lo marca el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

En lo que respecta al Proyecto de Decreto de la Minuta, se tienen los siguientes argumentos:

En la Ley General de Educación existe un apartado de criterios que orientarán la educación (artículo 8). Por lo que, el “interés superior de la niñez, como tal, es un principio o un criterio que regirá el derecho a la educación, es decir, su acceso y permanencia en los servicios educativos. Por ende, no se estima procedente la reforma al primer párrafo del artículo tercero de la Ley General de Educación.

Además en el párrafo que se agrega a este artículo en cuestión, que a la letra dice: “Asimismo, la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberá basarse en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a la dignidad humana de las personas, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y que fortalezca la protección, el ejercicio y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internaciones de los que el Estado mexicano sea parte”. Dicho párrafo está considerado en la Ley General de Educación, en el artículo séptimo sobre los fines de la educación y en el artículo octavo referente a los criterios que orientan la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan. Por lo cual, no se requiere reformar dicho artículo.

En lo que respecta al artículo 4º de la Ley General de Educación, no es necesario incluir un criterio o un principio rector en un artículo que está expresamente redactado para establecer el derecho y la obligación de los mexicanos en cursar la educación básica y media superior que ofrece el Estado y los particulares. Este artículo está relacionado con el artículo 31 Constitucional que a la letra dice:

Son obligaciones de los mexicanos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.

II. a la IV. ...

Por lo cual, no se estima procedente la reforma.

La reforma a estos artículos se estima procedente, ya que como lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes “el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes” (artículo 2) y “en todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio” (artículo 18). Por tanto, el principio sobre interés superior de la niñez, debe ser un criterio que oriente la educación y un eje rector que incorporen las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios en la toma de decisiones.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 Apartado E de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea que el presente Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación sea devuelto a la Cámara de Senadores, para efecto de que las modificaciones aprobadas por esta Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara de Origen.

Por lo anterior, y una vez analizada la Minuta materia de este Dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 8o.; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 11, recorriéndose el subsecuente; un tercer párrafo al artículo 78, recorriéndose el subsecuente, y un cuarto párrafo al artículo 79, recorriéndose el subsecuente, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan –así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan– atenderá en todo momento el interés superior de la niñez; se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I. a IV. ...

Artículo 11. ...

Las actuaciones y decisiones que tomen dichas autoridades deberán considerar, primordialmente, el interés superior de la niñez, cuando se trate de la educación que concierna a niñas, niños y adolescentes. Las autoridades establecerán los mecanismos necesarios para garantizar este principio.

...

I. a VI. ...

Artículo 78. ...

...

Cuando se tome una decisión que afecte a educandos menores de edad, en lo individual o colectivo, las autoridades educativas y escolares deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

...

Artículo 79. ...

...

...

Dicha resolución deberá considerar de manera primordial el interés superior de la niñez cuando se trate de decisiones sobre una cuestión que involucre a educandos menores de edad. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 UNESCO (1989) Convención sobre los derechos del Niño. Recuperado el 20 de febrero de 2016, desde: http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001012/101215s.pdf

2 Ídem. Pág. 3

3 Gobierno de la República (2013) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Recuperado el 20 de febrero de 2016, desde: http://pnd.gob.mx/

4 Secretaría de Educación Pública (2013) Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Recuperado el 20 de febrero de 2016, desde: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial_de_educacion_13_18#.VswzSfnhDI U

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 12 de abril de 2016.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), presidenta; María Esther Guadalupe Camargo Félix (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica), Matías Nazario Morales (rúbrica), Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Rocío Matesanz Santamaría, María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), Patricia Elena Aceves Pastrana, Carlos Gutiérrez García (rúbrica), Jorge Álvarez Máynez, María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), Jorgina Gaxiola Lezama, secretarios; Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica), Manuel Jesús Cloutier Carrillo (rúbrica), Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán (rúbrica), Juana Aurora Cavazos Cavazos, Delfina Gómez Álvarez (rúbrica), Gustavo Enrique Madero Muñoz, Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Francisco Alberto Torres Rivas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas, Francisco Martínez Neri (rúbrica), Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena, Virgilio Daniel Méndez Bazán.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Tiene la palabra hasta por cinco minutos para fundamentar el dictamen, el diputado Jorge Álvarez Maynez.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Con su permiso, presidente. En los últimos años, México ha vivido una lucha constante, una batalla constante en la que este Poder Legislativo ha tenido un papel preponderante, es la batalla por los derechos humanos que primero, con la reforma constitucional de 2011 y después, ya en específico con la Ley General para las Niñas, Niños y Adolescentes de México, se transformó en la batalla por los derechos humanos de los niños.

La Comisión de Educación que hoy nos toca representar, vio desde un principio como una de sus misiones fundamentales el tema de avanzar en todo lo pendiente a raíz de la aprobación de esta ley general, en lo que tiene que ver con armonización de los distintos instrumentos legales, específicamente del que se trata hoy de la Ley General de Educación, para hacer realidad del principio del interés superior de la niñez, un principio que rija todos los ordenamientos que hay en materia de educación hacia los niños, porque este país avanzó con muchas visiones, que si son las escuelas las que están en el centro, que si son los maestros los que están en el centro, y lo que hoy venimos aquí a reafirmar es: son las niñas y los niños de México, los estudiantes de México los que deben estar en el centro, no solamente de los ordenamientos legales, sino de las políticas públicas del Estado mexicano en materia de educación.

Somos un país que les ha fallado a sus niños y somos un país que tiene una deuda pendiente, no con el conjunto de comunidades que tienen escuelas sin agua, sin drenaje, sin luz, sino con las niñas y con los niños que atienden a esas escuelas.

Solo el 20 por ciento de los niños entre 12 y 14 años, que están en pobreza extrema están en la escuela. Solo el 15 por ciento de los hijos de jornaleros agrícolas van a la escuela. Solo el 20 por ciento de los niños indígenas tienen niveles suficientes en las evaluaciones que tiene que ver con sus capacidades en lectura, en lingüística y en matemáticas. Solo la mitad de los niños indígenas tienen un maestro que habla su lengua natal. Esos son algunos de los pendientes que tiene el Estado mexicano con la educación con las niñas y con los niños de México.

Nosotros estamos convencidos que armonizar la legislación a la luz del interés superior de la niñez, que primero fue un logro constitucional, después un logro a nivel de ley general va a ser un instrumento que le permita, no solamente a los tomadores de decisiones de políticas públicas, sino por ejemplo a los jueces, a los encargados del control de convencionalidad, que ahora también tienen la posibilidad de decidir de nombrar su criterio con base a tratados internacionales, a la Convención Internacional para los Derechos de la Niñez. Por ejemplo, tener resoluciones que vayan mucho más allá, que sean mucho más garantistas en materia de protección del interés superior de la niñez.

Hay un ejemplo, por ejemplo la organización civil Mexicanos Primero, aduciendo el interés legítimo de los niños a la educación logró un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interceder o para llevar como tercero interesado el tema de la educación.

Con instrumentos como los que hoy se aprueban, como la armonización de la Ley General de Educación, con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de México, se robustece este entramado legal, este entramado institucional que permitirá la defensa jurídica del interés superior de la niñez.

Nosotros estamos convencidos de que este es un resultado positivo de la Comisión de Educación y quiero aquí felicitar el trabajo, especialmente de mis compañeras, que son la inmensa mayoría de esta comisión, de la presidenta y de los compañeros de la comisión, que en la inmensa mayoría de los asuntos trabajamos por consenso, por unidad y con altura de miras.

Y simplemente, presidenta, quisiera que quedara asentado en el Diario de los Debates, que los compañeros de Movimiento Ciudadano hemos decidido subir hoy a tribuna con una leyenda que nos parece, a propósito de educación, insoslayable.

Esta tribuna no le debería de ser negada a quienes luchan porque este siga siendo un país con esperanza. Esta tribuna no les debería ser negada a los padres de familia de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Justicia, pero antes tribuna a los 43.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado. Álvarez Maynez.

Está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario los diputados que a continuación se enumeran. La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social; la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza; diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena; diputada Jorgina Gaxiola Ledezma, del Partido Verde Ecologista de México; diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Juan Carlos Ruíz García, del Partido Acción Nacional; diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Por lo que tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para fijar el posicionamiento del Partido Encuentro Social, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Les saludo, diputada presidenta y honorable asamblea. El Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, por mi conducto se complace en venir a la más alta tribuna de la nación, a refrendar su permanente compromiso con la niñez de nuestro país.

Bajo esta premisa coincidimos con el espíritu de la propuesta, por lo que apoyamos el dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación para incorporar y transversalizar el principio de interés superior de la niñez.

El objetivo de la pretendida reforma es armonizar la Ley General de Educación con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la finalidad de que el principio del interés superior de la niñez pueda ser observado en las políticas educativas y en los servicios que ella imparte.

Hace más de un cuarto de siglo con la firma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en 1989 se dio el primer gran paso para el reconocimiento de protección de los derechos de los niños con la instauración justo de la figura del interés superior. Este principio, el interés superior de la niñez que se concibe como el conjunto de gestiones y procesos que garantizan su desarrollo integral y posibilitan las condiciones materiales y afectivas que le permitan vivir en plenitud alcanzando el máximo bienestar posible.

En tal lógica, los niños tienen derecho a que se tomen las medidas que promuevan y protejan sus derechos y vigilar que ningún tipo de acción u omisión del Estado los trasgreda.

En consecuencia, se obliga al Estado a que dentro de las políticas públicas tengan prioridad justamente los derechos de los niños y prevalezcan sobre otros intereses, de manera muy particular cuando esos intereses generan conflicto, esto sin perder jamás de vista el derecho de los padres a decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos atendiendo principalmente a temas de madurez asociados al desarrollo evolutivo del niño a su vulnerabilidad y al profundo valor que tiene para México un sano desarrollo de nuestra niñez.

En atención a lo anterior, con la reforma que habremos de aprobar, se garantiza que toda la educación que se imparte a través del sistema deberá atender en todo momento justo a este interés, vigilando siempre por supuesto ese lugar primigenio que tiene la familia en la toma de decisiones, criterio que habrá de orientar las actuaciones y decisiones que tomen las autoridades educativas que pudieran afectar a los niños y de contar con esos mecanismos necesarios para salvaguardar sus intereses.

Asimismo, cuando las autoridades educativas busquen sancionar a un menor, a un niño que aún no alcanza los 18 años de edad, deberán evaluar y ponderar las repercusiones de esta sanción a fin de salvaguardar tan noble principio, lo que incluso llegar a ser aplicable para los casos de revocación o retiro de reconocimiento de validez oficial, en tanto que son ellos los últimos y sobre todo los principales afectados.

En consecuencia, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, se congratula por el avance legislativo contenido en el dictamen que nos ocupa, toda vez que se abone con él a la construcción de las condiciones necesarias para favorecer a los niños de México, como se ha ido construyendo en esta noble Cámara de Diputados a partir de otras iniciativas que reflejan un interés común de muchos legisladores para defender y para asegurar que nuestros niños puedan crecer de la mejor manera.

Este dictamen que hoy se aprueba, si ustedes así lo deciden, si todos así lo decidimos, representa una pequeña, pero al mismo tiempo, una trascendente aportación para las generaciones que hoy se encuentran en este rubro de edad, y para todas las generaciones que habrán de venir en nuestro México. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Gracias, diputada Martínez. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar al mundo. La educación, la única solución.

Con su permiso, diputada presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la niñez es una etapa que se debe cuidar, toda vez que en ella es donde se van delineando los aspectos fundamentales que van a caracterizar a un individuo. Para Nueva Alianza proteger y propiciar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes ha sido, es y seguirá siendo un principio conductor de nuestra labor.

Sabemos que el desarrollo sano de la infancia es crucial para el progreso de cualquier sociedad. Por ello, en diferentes ocasiones hemos insistido en iniciativas y puntos de acuerdo el privilegiar su interés superior.

El principio del interés superior de la niñez se entiende como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar a los menores un desenvolvimiento integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar su máximo bienestar posible. Congruentes con nuestra esencia de proteger a los menores, las y los diputados de Nueva Alianza votaremos a favor de este dictamen para que el interés superior de la niñez sea uno de los principios rectores de la política y los servicios educativos.

En Nueva Alianza estamos seguros que a través de la educación los individuos llegan a ser capaces de formular un proyecto de vida y llevarlo a la práctica en su existencia individual y colectiva.

De igual forma estamos convencidos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben estar por encima de cualquier inconveniente para acceder o permanecer en la educación y que el Estado debe preponderar en sus políticas públicas estos derechos, a fin de combatir y superar cualquier condición vulnerable. Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente de que coyunturas políticas sociales y económicas, se asignen todos los recursos posibles para construir condiciones que les permitan desplegar sus potencialidades y acceder a niveles más altos de satisfacción y de una vida digna.

Sin duda la educación es el mejor camino para lograrlo, para alejarlos de la pobreza, propiciar su crecimiento y detonar sus habilidades. Desafortunadamente, de acuerdo con el Inegi, en 2015 el 35 por ciento de la población de entre 6 y 14 años no asistía a la escuela.

Por ello, resulta fundamental que en el proceso de concepción, diseño, planeación, ejecución y evaluación de las políticas y servicios educativos se garantice el interés superior de la niñez, a fin de que los menores cuenten con el pleno goce de los derechos en todos los ámbitos de su vida.

Compañeras y compañeros, la educación es un derecho humano que permite cerrar las brechas de pobreza, marginación y desigualdad social. Impulsemos cambios sustantivos para que nuestros niños estén en la escuela recibiendo una educación de calidad y laica.

Por su atención, muchas gracias. Esperamos contar con su valiosa sensibilidad para pasarla a la educación, pero sobre todo para darles beneficios a las niñas, niños y adolescentes de este país. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Gracias, diputada Ocampo. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis:Gracias, señora presidenta. Con su venia. Armonizar la Ley General de Educación con la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a partir de uno de los principios rectores de la política educativa, es un gran acierto.

El artículo 18 de la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes establece que todas las medidas concernientes deberán ser tomadas por los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, siempre armonizadamente.

Por eso resulta de primordial interés el que el día de hoy estemos aquí discutiendo y aprobando esta minuta, pues si bien es cierto nos hemos ocupado de atender y armonizar ese reclamo nos hemos olvidado de la gran importancia que tiene el fortalecer la educación de esos niños, de esas niñas, de esos adolescentes que cursan el nivel preprimaria, primaria y secundaria.

Por eso, con la adición a la reforma del primer párrafo del artículo 8, del segundo párrafo en el artículo 11, del tercer párrafo en el artículo 78, debemos considerar primordialmente el interés superior de la niñez.

Por lo tanto, es nuestra obligación como legisladores ponderar esos derechos ante cualquier baja presupuestal o ante cualquier recorte de Presupuesto. La educación no tiene cabida en el recorte presupuestal. Es nuestra obligación como legisladores fortalecer los recursos necesarios para cumplir con esa obligatoriedad.

Cuando hablamos de adicionar el cuarto párrafo al artículo 79 para recorrerlo al subsecuente, estamos obligados a darle esa validez que otorga a los particulares el conducirse en manera primordial por encima de cualquier otro interés para garantizar el interés de los infantes en el ámbito educativo.

Por eso, cuando nosotros pretendamos en este recinto aprobar el recorte presupuestal a educación deberemos de hacer conciencia de lo que el día de hoy estamos participando, discutiendo y votando. No cabe el recorte presupuestal en educación si queremos ser congruentes con lo que aquí se está autorizando y votando a favor el día de hoy.

Esta reforma trae grandes avances, primero, porque hemos encontrado la armonización legislativa en el ámbito de la educación y la atención al cuidado de las niñas, niños y jóvenes, siempre fortaleciendo y dándole una mejor calidad a esa educación, porque eso serán los que tomarán las decisiones aquí el día de mañana.

Por ello, este Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano va en favor de estos ordenamientos y sé que todos y cada uno de ustedes en forma congruente así lo harán, porque no basta con decir que estamos acatando y que participamos para fortalecer la educación. Tenemos que aplicarnos y manifestarlo con nuestra participación en el día a día.

Además, es necesario que este recinto parlamentario y sus 500 diputados les den la voz a los familiares de Ayotzinapa. Eso, compañeros, es falta de educación, es falta de atención, es falta de probidad y es falta compromiso para con el pueblo de México.

Movimiento Ciudadano está convencido que lo que aquí se hace es legislar a favor de los menos tienen. Por ello, vamos trabajando en pro de este proyecto y Movimiento Ciudadano participa porque se respeten los derechos de los niños y se equiparen con los derechos de los infantes a través de la Ley de Educación, pero que también se les de la oportunidad a los familiares de Ayotzinapa, de manifestarse a través de esta tribuna. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Ramírez Nachis. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra la diputada María Elena Aceves Pastrana.

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana:Aclaro mi nombre, me llamo

Patricia Elena Aceves Pastrana, para servirles. Nos faltan 43. Ojalá que la Junta de Coordinación Política de esta Cámara sea sensible a la petición de los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, para que desde esta tribuna podamos escuchar su verdad.

Compañeras legisladoras y legisladores, presidenta, los diputados de Morena votaremos a favor del proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Educación para incorporar el principio del interés superior de la niñez.

Uno de los objetivos de la modificación es armonizar nuestra legislación con la norma internacional, en particular, con la Convención de los Derechos del Niño, en la que se establece, cito: –Los niños no son propiedad de los padres ni tampoco son los beneficiarios indefensos de una obra de caridad. El niño es un individuo, miembro de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades–. Cierro cita.

A partir de la convención se abandonó la concepción de caridad y tutela para la atención de la infancia. Dejó de concebirse como menores a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y se les reconoció la capacidad de adquirir paulatinamente responsabilidades y expresar sus opiniones.

En el caso de nuestro país la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño comprometió al Estado mexicano a cumplir cabalmente con sus disposiciones, adecuar sus leyes conforme a sus principios y colocar a la infancia en el centro de la agenda nacional a través del desarrollo de políticas públicas y a destinar el mayor número de recursos posibles para la niñez y la adolescencia.

Sin embargo, un estudio realizado en 2014 por la Unicef y el Coneval revela que en México 1 de cada 2 niños y adolescentes vive en condiciones de pobreza. El ingreso de su familia es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas y carece de las condiciones mismas que garanticen sus derechos sociales, como son: el acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, a la seguridad social y a una vivienda digna con servicios.

Si la frase infancia es destino, es verdadera, el futuro de millones de mexicanos será terrible. Actualmente de los 32 millones de menores de 18 años que hay en el país 21 millones viven en la pobreza, 4.5 padecen pobreza extrema, 25 millones no cuentan con seguridad social, 11 millones enfrentan dificultades para su alimentación y los niños más necesitados consumen refrescos y comida chatarra porque son comida llenadora.

El resultado ha sido que México es el país con el mayor número de niños con obesidad infantil. A este resultado se suman 6.5 millones de niños que carecen de atención médica; 2 y medio millones de niños y jóvenes se ven en la necesidad de trabajar, y lo hacen en condiciones inapropiadas e insalubres para su edad, expuestos a las peores formas de trabajo forzoso, incluyendo el tráfico de drogas y la prostitución.

Desde Morena consideramos que enfatizar el interés superior de la niñez no debe ser un enunciado abstracto o vago como en su momento ha sido el término de calidad educativa. El interés superior de la niñez debe convertirse en un compromiso del Estado mexicano para atender a los cerca de 5 millones de niños, adolescentes y jóvenes que no asisten a la escuela, y no deberá convertirse en una trampa política para el magisterio que defiende la educación pública y sus derechos.

Morena considera que es necesario establecer políticas públicas para que los niños y niñas puedan vivir plenamente, sin amenazas y con protección en su etapa de formación. Por las razones anteriores nuestro voto será a favor del dictamen y precisamente en este espíritu decimos no al recorte presupuestal para la educación en 2017. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Muchas gracias, diputada Patricia Elena Aceves. A continuación, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Jorgina Gaxiola Lezama.

La diputada Jorgina Gaxiola Lezama:Gracias, presidenta. Compañeras diputadas y diputados. Las niñas, niños y adolescentes en México son la mayoría de la población en nuestro país, sin quienes más protección necesitan del Estado y de la implementación de políticas públicas en su favor.

En virtud de ello, consideramos oportuna la aprobación del presente dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, pues esto refleja el compromiso del Poder Legislativo por armonizar y actualizar las leyes de acuerdo a los compromisos internacionales que como nación hemos adoptado en materia de respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Para garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de ellos, las autoridades deben realizar las acciones conforme al interés superior de la niñez.

Coincidimos plenamente con el propósito del dictamen, el cual no es otro que establecer que conforme a este principio los menores tendrán el derecho a una educación de calidad, que fomente su dignidad humana, impulse sus capacidades, desarrolle sus potencialidades y los prepare para el logro de su proyecto de vida, pues con ello se garantiza el fortalecimiento de la educación, como una herramienta indispensable para el desarrollo personal y profesional de las y los mexicanos.

Estamos convencidos de que la educación es la vía inequívoca para potenciar al máximo las capacidades de cada persona, especialmente desde los primeros años de la vida. Por ello, todas aquellas acciones que ya sean operativas o legislativas que se diseñen para lograr dicho fin, contarán con el respaldo de mi grupo parlamentario.

La presente reforma es, sin duda, una base sólida para transitar hacia la inclusión del concepto y acciones que abonen a proteger el interés superior de la niñez en los distintos ordenamientos en materia educativa.

A partir de ahora, todos en México tendremos en cuenta el interés superior de la niñez sobre cualquier otro y ello, sin duda, contribuirá a que seamos juntos un mejor país.

Debemos enfocarnos en que toda la educación que se imparta en nuestro país atienda, en todo momento, dicho interés; es decir, la plena satisfacción de sus derechos. De igual manera, sabemos lo indispensable que resulta que los profesores estén en constante capacitación para aumentar y fortalecer sus conocimientos, siendo parte elemental de dicha capacitación la inclusión de mecanismos de protección y garantía al interés superior de las niñas, niños y adolescentes en México.

Paralelamente se debe establecer que las actuaciones y decisiones que tomen las autoridades educativas de la federación considerarán primordialmente dicho interés superior, pues ello garantiza un ejercicio armónico en la ejecución de una de las políticas públicas más importantes para quienes representan el futuro de nuestro país.

Mi mayor reconocimiento a las y los integrantes de la Comisión de Educación y Servicios Educativos, pues si en algo coincidimos es en el interés superior de la niñez.

Por todo ello, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México manifiesto nuestro voto a favor del presente dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Es cuanto.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Gaxiola.

Esta Presidencia saluda la presencia, en este recinto, de estudiantes de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, invitados por el diputado Matías Nazario Morales. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a este recinto.

A continuación, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Luisa Beltrán Reyes.

La diputada María Luisa Beltrán Reyes:Con su venia, diputada presidenta. Diputadas y diputados, acudo a esta tribuna a presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD, a favor del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma la Ley General de Educación e incorpora el principio del interés superior de la niñez, entendido como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar el desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitirán vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible.

La incorporación de este principio permitirá que los derechos de las y los niños prevalezcan sobre otros intereses, determinando como principales objetivos la protección y desarrollo de su autonomía en el ejercicio de los mismos.

En este sentido, reconocer el carácter integral de los derechos de la niñez nos obliga a reflexionar sobre su acceso a la educación en 11 entidades de la república, ya que de acuerdo a la encuesta del Inegi de 2015, este se encuentra debajo de la media nacional, destacando los estados de Michoacán, Oaxaca, Chihuahua y Chiapas.

En consecuencia, a mí y a mi grupo parlamentario, nos preocupan los recortes presupuestales en materia de educación, ya que sin importar el interés superior de la niñez, se afectará el acceso y la calidad de la educación de esta población.

Por lo tanto, hago un llamado a que su incorporación vaya más allá del reconocimiento en un término jurídico y nos comprometamos con la niñez mexicana, con la adecuada asignación de recursos para que las políticas públicas den prioridad a las niñas y niños de México.

Reitero, que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen y velará por la verdadera aplicación de los principios rectores del interés superior de la niñez. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada María Luisa. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Ruíz García.

El diputado Juan Carlos Ruíz García:Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Convención de los Derechos del Niño establece en su artículo 3, que en todas las medidas que tomen los órganos legislativos concernientes a los niños serán consideración primordial el atender su interés superior.

Por eso, el artículo 4o. constitucional dispone que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Es decir, se les debe garantizar un desarrollo integral, una vida digna y las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

En este orden de ideas, el dictamen de la minuta que hoy discutimos propone incorporar el principio del interés superior de la niñez en la Ley General de Educación, busca que el criterio orientador de la educación que el Estado y sus organismos descentralizados imparten, atienda en todo momento el interés superior del niño.

En Acción Nacional estamos convencidos de que debemos trabajar desde todos los ámbitos hasta lograr un mejor país para todas las niñas y los niños. Por ello, consideramos loable la armonización de la Ley General de Educación con las disposiciones previstas en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Votaremos a favor del dictamen que nos ocupa, porque estimamos pertinente que las actuaciones y decisiones que tomen las autoridades educativas a nivel federal, de las entidades federativas y de los municipios deben de considerar primordialmente el interés superior de la niñez cuando se trata de la educación que concierne a niños, niñas y adolescentes.

Estamos ciertos de que los derechos de la niñez deben prevalecer sobre otros intereses y de que el Estado tiene deber de priorizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por ello, coincidimos en que al tomar una decisión que afecte a menores de edad, individual o colectivamente, las autoridades educativas deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales para la niñez.

Además, resulta oportuno que se adecúe la ley, para que en el caso de que se dicte una resolución para el retiro del reconocimiento de validez oficial a cualquier institución educativa, siempre sea considerando de manera primordial el interés superior de la niñez cuando se trate de decisiones sobre una cuestión que involucre a educandos menores de edad.

No debemos perder de vista que con la aprobación de esta reforma permitimos que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, y al mismo tiempo mantenemos la exigencia para que el Estado tenga como prioridad los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es cuanto.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Gracias, diputado Ruiz. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene el uso de la palabra la diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix, hasta por cinco minutos.

La diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix:Muchas gracias presidenta. Honorable asamblea, presidenta, estimados compañeros y compañeras, hemos pasado por dictámenes muy interesantes, muchos temas de difícil consenso, de incertidumbre, de presiones diversas.

Reconozco que ha habido momento de definiciones que implican costos políticos y por parte de nosotros como actores, en esta etapa histórica en donde se están dando las bases para implementar diversas reformas con la participación y el debate de todas las fuerzas políticas.

Estamos aquí porque representamos a regiones, pueblos, barrios, comunidades, ciudades, entidades federativas y estoy segura que queremos un México fuerte, seguro y justo. Tenemos en nuestras manos la gran responsabilidad de legislar por el bien de la nación.

Por ello, hoy es un día significativo porque con el apoyo de todos estableceremos como principio de las políticas públicas el interés superior de la niñez, porque es precisamente en esta etapa de la vida, en los primeros años, cuando se forma, define y modela la personalidad, el carácter, los hábitos y la inteligencia de los que más queremos, nuestros niños, niñas y adolescentes.

Y ningún interés podrá estar por encima del derecho a la educación de ellos, que imposibilite el pleno ejercicio de este derecho o que impida su acceso y permanencia en los servicios educativos prestados por el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial.

Esto permitirá que en las actuaciones y decisiones que tomen las autoridades educativas deberán considerar, primordialmente, el interés superior de la niñez, cuando se trate de la educación que concierna a nuestras niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades establecerán los mecanismos necesarios para garantizar este principio. Cuando se tome una decisión que afecte a educandos menores de edad, en lo individual o colectivo, las autoridades educativas y escolares deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

El derecho de los niños y su educación es lo que más debemos cuidar y en donde más debemos invertir recursos si buscamos ser una nación fuerte, sana, inteligente, con visión de futuro, porque a fin de cuentas ellos son nuestra mayor riqueza. Esta población, sus generaciones, a las que les tenemos que cumplir desde esta LXIII Legislatura.

Agradezco y felicito también a todos mis compañeros, a nuestra presidenta de la comisión, diputados y diputadas de las diferentes fracciones parlamentarias que de manera responsable estamos comprometidos con nuestro máximo interés: la educación de los mexicanos.

Y agradezco al Grupo Parlamentario del PRI cederme el honor de presentar ante ustedes nuestra postura, la cual no tengo duda, siempre es y será a favor de los que más queremos: nuestros niños, niñas y adolescentes, sobre todo los más vulnerables de nuestra ciudad y país. Gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Camargo. Agotada la lista de oradores, consulte al Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha reservado para su discusión en lo particular el siguiente artículo. Artículo 78, propuesto por la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Esta Presidencia saluda a personas provenientes de Tultepec, estado de México, invitadas por el diputado David Sánchez Isidoro. Bienvenidos a este recinto parlamentario.

De igual forma, esta Presidencia saluda la presencia en este recinto de estudiantes del Instituto Salvador Allende, de Puebla, invitados por el diputado Rodrigo Abdala Dartigues. Bienvenidos a este recinto parlamentario.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Algún compañero diputado o compañera diputada que falte de emitir su voto? Está abierto el sistema. Continúa abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 447 votos a favor, 0 abstención, 0 en contra.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 447 votos.

De conformidad con lo que establece el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Norma Xochitl Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 78.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:Con su venia, diputada presidenta. En el caso que nos ocupa se aprecia que la intención del dictamen es salvaguardar el principio del interés superior de la niñez. Parece adecuado, derivado de la obligación constitucional en la materia, sin embargo se estima que su inclusión en el artículo 78 es un error de técnica legislativa que desatiende la naturaleza jurídica del precepto.

Basta recordar que el artículo en comento se sitúa en el capítulo VIII, relativo a las infracciones, sanciones y recursos administrativos relacionados con las acciones u omisiones de quienes prestan servicios educativos. Relacionado con el artículo que se pretende reformar se encuentran los artículos 75, 76 y 77, donde se exponen las infracciones que pueden ser cometidas, así como las sanciones que se impondrán si se llegan a acreditar.

El artículo 78 atiende al procedimiento que se llevará a cabo para la imposición de las sanciones. Menciona que se hará del conocimiento del presunto infractor a efecto de que este manifieste en su derecho a lo que le convenga. Además se estipula que la imposición de sanciones se considerará de gravedad de la infracción las circunstancias en las que se comenta, los daños y perjuicios causados, el carácter culposo o doloso de las mismas, así como la posible reincidencia.

Como se aprecia, la naturaleza jurídica del artículo 78 es eminentemente procesal, que atiende de manera tácita el principio de interés superior de la niñez, ya que este sanciona las infracciones que vayan en detrimento de la educación que reciben los educandos, por lo que su inclusión implícita es completamente innecesaria.

Por otro lado, la redacción del párrafo que se pretende adicionar es confusa y reiterativa, en detrimento de la certeza jurídica que las normas deben brindar. Además atiende a los supuestos estipulados en el artículo 79 de la ley que refiere a la adopción por parte de la autoridad de medidas necesarias para evitar perjuicios a los educandos.

Sin duda es importante hacer prevalecer los principios constitucionales, más aun cuando se trata de los derechos de los menores. Sin embargo, también es nuestro trabajo hacer los adecuados fundamentos en términos de la teoría de la legislación, por lo que no es correcta la reproducción de textos de manera discrecional con la supuesta intención de dar mayor fuerza y debemos atender el espíritu y naturaleza de los preceptos que se pretenda reforzar. Debemos basarnos en las estructuras legales que provean sentido no sólo jurídico sino lógico a las normas. Es cuanto.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Hernández Colín. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación del artículo 78, en términos del dictamen.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal del artículo 78, en términos del dictamen.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 401 votos a favor, 0 abstención, en contra 33.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el artículo 78 reservado en términos de dictamen por 401 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación para incorporar el principio de interés superior de la niñez. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E) del artículo 72 constitucional.



PERIÓDICO “LA CRONICA DE HOY”

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:El día de hoy festejamos 20 años del periódico La Crónica de hoy, que a lo largo de este tiempo ha sido referencia en el concierto informativo de nuestro país. Sin dudarlo, la crónica de hoy ha fungido como cabal defensor de la libertad de expresión y ha sido un medio de aciertos y éxitos.

La Cámara de Diputados felicita a su presidente y su director general, Jorge Kawhagi Gastine y su vicepresidente Jorge Kawhagi Macari y a todo el personal administrativo de redacción y de talleres por el impulso que ha sabido darle a La crónica de hoy, se mantenga en la referencia de los ciudadanos.

Fue un 17 de junio de 1996 cuando salió a la luz pública el primer ejemplar de La crónica de hoy. Desde entonces hemos sido testigos de diferentes acontecimientos nacionales e internacionales reflejados en sus páginas.

Por eso es que hoy celebramos, en este Palacio Legislativo, las dos décadas de este importante medio de comunicación, con el firme deseo de que sigan muchos, pero muchos aniversarios más. Felicidades y enhorabuena.



DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Energía con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura de fecha 17 de agosto de 2016, la diputada Gretel Culin Jaime, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con Proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción IV, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes, al artículo Único del Decreto por el que se establece el horario estacional que aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó a la Cámara de Diputados el proyecto en comento y ésta a su vez lo remitió a la Comisión de Energía, para su estudio y dictamen.

II. Contenido de la Iniciativa

La Diputada Culin Jaime refiere que de acuerdo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 31 de enero de 2015, del artículo 3, fracción IV, de la Ley de Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, el estado de Quintana Roo, se ubica dentro de una nueva zona geográfica para efecto de los husos horarios, correspondiéndole el meridiano 75 grados al oeste del meridiano de Greenwich. Y por el contrario el Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo único, fracción IV, sigue estableciendo que todas las demás entidades que integran la federación, incluyendo Quintana Roo, estarán sujetas al meridano 90 grados por ubicación y por el meridiano 75 grados por horario estacional.

Por lo anterior, la legisladora considera necesaria la reforma al Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para actualizarlo de acuerdo a la nueva disposición establecida en la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto anteriormente la Diputada Culin Jaime propone reformar el Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a lo siguiente:

Se adiciona una nueva fracción IV, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes al artículo único del Decreto por el que se establece el horario estacional que aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Único . ...

I. ...

II. ...

III. ...

V. Todas las demás entidades integrantes de la federación estarán sujetos al meridiano 90 grados por ubicación y por el meridiano 75 grados por horario estacional, y

VI. Islas, arrecifes y cayos, el correspondiente a su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos del derecho internacional aceptados donde no aplica el horario estacional.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez establecidos los antecedentes y el objetivo de la iniciativa, se elabora el dictamen correspondiente con base en las siguientes:

III. Consideraciones

A. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, alude a la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual se encuentra plenamente justificada su competencia y su facultad para conocer y resolver la materia del asunto que se analiza.

B. Con fecha 29 de diciembre de 2001, se publicó en el DOF la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, en la que se reconoció para nuestro país la aplicación y vigencia de los husos horarios 90 grados, 105 grados y 120 grados oeste del meridiano de Greenwich y los horarios que les corresponden conforme a su ubicación, de acuerdo a lo siguiente:

Para el efecto de la aplicación de esta Ley, se establecen dentro del territorio nacional las siguientes zonas y se reconocen los meridianos que les correspondan:

Referida al meridiano 90 grados al oeste de Greenwich y que comprende la mayor parte del territorio nacional, con la salvedad de lo establecido en los numerales II, III y IV de este mismo artículo;

Referida al meridiano 105 oeste y que comprende los territorios de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora;

Referida al meridiano 120 oeste y que comprende el territorio del Estado de Baja California, y

as islas, arrecifes y cayos quedarán comprendidos dentro del meridiano al cual corresponda su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos de derecho internacional aceptados.

Posteriormente, el Poder legislativo aprobó la reforma a los artículos 2 y 3 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de reconocer en el artículo 2, la vigencia y aplicación del uso horario 75 grados, así como la de establecer en la fracción IV, del artículo 3, una nueva zona horaria en el territorio nacional, comprendiendo a la zona sureste, referida precisamente al meridiano 75 grados oeste y que corresponde al territorio del estado de Quintana Roo. En ese sentido, con fecha 31 de enero de 2015, se publicó en el DOF la reforma en los siguientes términos:

Se reforman los artículos 2; 3, numeral I y se adiciona un numeral IV, pasando el actual IV a ser V al artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Se reconoce para los Estados Unidos Mexicanos la aplicación y vigencia de los husos horarios 75 grados, 90 grados, 105 grados y 120 grados oeste del meridiano de Greenwich y los horarios que les corresponden conforme a su ubicación, aceptando los acuerdos tomados en la Conferencia Internacional de Meridianos de 1884, que establece el meridiano cero.

...

Referida al meridiano 90 grados al oeste de Greenwich y que comprende la mayor parte del territorio nacional, con la salvedad de lo establecido en los numerales II, III, IV y V de este mismo artículo;

...

Referida al meridiano 120 oeste y que comprende el territorio del Estado de Baja California;

Las islas, arrecifes y cayos quedarán comprendidos dentro del meridiano al cual corresponda su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos de derecho internacional aceptados.

C. Con base en dicha Ley, el viernes 01 de marzo de 2002, se publicó el Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a las atribuciones que otorgaba al Congreso de la Unión para establecer horarios estacionales. En este Decreto se definieron los husos horarios aplicables en las entidades federativas durante el verano (abril-octubre de cada año).

Con fundamento en las fracciones XVIII y XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aplica el horario estacional a partir de las dos horas del primer domingo de abril, terminando a las dos horas del último domingo de octubre de cada año, de conformidad con lo siguiente:

Estados de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Sinaloa, sujetos al meridiano 105 grados por ubicación y 90 grados por horario estacional;

Estado de Sonora, sujeto al meridiano 105 grados por ubicación y 105 grados por horario estacional;

Estado de Baja California, sujeto al meridiano 120 grados por ubicación y 105 grados por horario estacional;

Todas las demás entidades integrantes de la Federación estarán sujetos al meridiano 90 grados por ubicación y por el meridiano 75 grados por horario estacional, y

Islas, arrecifes y cayos, el correspondiente a su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos del derecho internacional aceptados donde no aplica el horario estacional.

D.Tomando en cuenta que el Decreto al que nos hemos referido en el inciso anterior, no fue armonizado durante la reforma de 2015 a la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, la que Dictamina coincide con la proponente respecto a la pertinencia de actualizar el Decreto y que se contemple de manera independiente al estado de Quintana Roo, indicando claramente que en la aplicación del horario estacional a partir de las dos horas del primer domingo de abril y terminado a las dos horas del último domingo de octubre de cada año, se tomara como base el meridiano 75 grados oeste por ubicación y 75 grados oeste por horario estacional.

E. A partir de las consideraciones vertidas en los incisos anteriores, los diputados integrantes de la Comisión de Energía, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo Único. Se adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes al Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Único. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Estado de Quintana Roo, sujeto al meridiano 75 grados oeste por ubicación y 75 grados oeste por horario estacional;

V. Todas las demás entidades integrantes de la federación estarán sujetos al meridiano 90 grados por ubicación y por el meridiano 75 grados por horario estacional, y

VI. Islas, arrecifes y cayos, el correspondiente a su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos del derecho internacional aceptados donde no aplica el horario estacional.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=757732&fecha= 29/12/2001

2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5380123&fecha= 31/01/2015

3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=734901&fecha= 01/03/2002

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.

La Comisión de Energía, diputados:Georgina Trujillo Zentella (rúbrica), presidenta; Jerico Abramo Masso (rúbrica), Alfredo Anaya Orozco (rúbrica), Fernando Navarrete Pérez, Ricardo Taja Ramírez, Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Augusto Rendón García (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Elio Bocanegra Ruiz, Julio Saldaña Morán, Sofía González Torres (rúbrica), Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), secretarios; Leonardo Amador Rodríguez, José Antonio Arévalo González, Carlos Bello Otero (rúbrica), Juan Alberto Blanco Zaldívar (rúbrica), Juan Manuel Cavazos Balderas, Susana Corella Platt (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Daniela de los Santos Torres, Guadalupe Hernández Correa (rúbrica), Luis Manuel Hernández de León, David Jiménez Rumbo (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández, Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Esdras Romero Vega (rúbrica), Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Georgina Trujillo Zentella, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 104, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Georgina Trujillo Zentella:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el establecimiento de los distintos husos horarios tiene la finalidad de, por un lado, incrementar el aprovechamiento de los recursos energéticos del país. Por el otro, reducir el consumo de la energía, y en consecuencia también reducir el costo. Y como consecuencia, mejorar las condiciones de desarrollo en las comunidades en las que se aplican los distintos husos horarios.

El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión para legislar, entre otras cosas, en términos de energía eléctrica.

El pasado 31 de enero de 2015 fueron reformados los artículos 2 y 3 de la Ley del Sistema del Horario en los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de reconocer la aplicación y la vigencia del huso horario 75 grados oeste en el territorio del estado de Quintana Roo.

Actualmente nuestro país cuenta con cuatro diferentes husos horarios, uno de ellos es el que corresponde a este, 75 grados oeste.

Derivado de esa modificación del pasado mes de enero de 2015, el 17 de agosto del presente año fue presentada una iniciativa para presentar dicha zona horaria al decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de marzo de 2002. La propuesta fue turnada a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Tras escuchar, analizar y razonar las diversas opiniones de los integrantes de la Comisión de Energía, la comisión consideró conveniente dictaminar esa iniciativa en sentido positivo, para adicionar una fracción IV al mencionado decreto, a fin de armonizarlo con la Ley del Sistema Horario en los Estados Unidos Mexicanos, ubicando, como ya les decía, al estado de Quintana Roo en el huso horario 75 grados oeste; tanto por su ubicación como por su horario estacional.

Quiero comentarles que dicha medida ha demostrado en los años que se ha aplicado ser efectiva. Han logrado reducir los índices de violencia por tener más luz. Han incrementado las actividades al aire libre y, por supuesto, ha incrementado también la derrama económica al tener más tiempo con luz del día para realizar actividades de esparcimiento, recreativas y aprovechar las ventajas turísticas que ofrece el estado de Quintana Roo.

Compañeras y compañeros diputados, México es grande en sus aspiraciones, rico en su historia y valioso por su gente. El desarrollo de nuestro país es tan diverso como diversas son sus necesidades, su pluralidad de culturas y las tradiciones que en él conviven. Quintana Roo es un estado que tiene enormes fortalezas, no solamente su ubicación geográfica privilegiada, su amplia red logística, sino también por supuesto sus atractivos y sus bellezas turísticas.

Esta medida que hoy aprobamos sin duda alguna impactará de manera positiva en las actividades económicas de la entidad. Va a generar mejores condiciones de conectividad aérea en beneficio no solamente de los turistas sino de los residentes del estado de Quintana Roo, en general, gozando además, como ya lo comentábamos, de una hora adicional de luz natural para aprovechar de mejor manera los atractivos turísticos de la entidad.

De igual manera, la armonización legislativa que el día de hoy estamos proponiendo a su consideración en este multicitado decreto y la ley en la materia significa lograr dar mayor certeza jurídica y consolidar en este tema el Estado de derecho.

Señoras diputadas, señores diputados, quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios representados en la comisión la coincidencia para legislar en este sentido y generar condiciones que puedan incentivar un mayor bienestar en las distintas regiones de nuestro país.

Esta Comisión de Energía seguirá prevaleciendo el ánimo de un mayor diálogo constructivo de escuchar, entender y atender los distintos planteamientos que resuelvan la problemática de nuestro país. En esta comisión, como yo decía, seguirán prevaleciendo las ganas de que le vaya bien a México y le vaya bien a nuestra gente. Si ustedes el día de hoy aprueban este dictamen, seguramente estaremos privilegiando a los habitantes del estado de Quintana Roo y a sus millones de visitantes que año con año llegan a sus bellas tierras. Muchas gracias por su atención, y ojalá y su voto sea en sentido positivo.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Trujillo.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a este recinto legislativo, a los 14 presidentes y presidentas municipales del estado de Zacatecas, invitados por los diputados Leonel Cordero Lerma y el diputado Marko Cortés Mendoza. Les deseamos éxito en su gestión.

Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. Se han anotado para fijar el posicionamiento de sus grupos parlamentarios. El diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Partido Nueva Alianza; el diputado Macedonio Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano; la diputada Sofía González Torres, del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática; la diputada Gretel Culin Jaime, del Partido Acción Nacional y el diputado José Luis Toledo Medina, del Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. No sin antes felicitar a nuestra compañera diputada Georgina Trujillo, presidenta de la comisión, así como a todos los integrantes de la Comisión de Energía de los diversos grupos parlamentarios por la muestra de este trabajo conjunto; a todos los ciudadanos que nos ven en el Canal del Congreso, en las diferentes latitudes de nuestro país.

Hago uso de esta tribuna para referirme al dictamen de la Comisión de Energía por el que se adiciona la fracción IV al artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

Con esta adición se busca solucionar un error que se presentó en una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2015 que se refería al artículo 3o, fracción IV de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos y que ubica al estado de Quintana Roo dentro de una nueva zona geográfica para efectos de los husos horarios, correspondiéndole el meridiano 75 grados al oeste del meridiano de Greenwich.

La Ley del Sistema de Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, publicada en 2001, reconoce la aplicación y vigencia de los husos horarios 90 grados, 105 grados y 120 grados oeste del meridiano de Greenwich, y los horarios que les corresponde conforme a su ubicación.

Esta ley tuvo una reforma para reconocer en el artículo 2 la vigencia y aplicación del huso horario 75 grados y establece una nueva zona horaria en el territorio nacional, correspondiendo a la zona suroeste referida al meridiano 75 grados oeste, y que corresponde al territorio del estado de Quintana Roo.

En 2002 fue publicado el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos que define los husos horarios aplicables en las entidades federativas durante el verano, conocido por todos nosotros como horario de verano. Sin embargo, dicho decreto no fue armonizado con la reforma que se hizo en 2015 a la Ley del Sistema de Horarios en los Estados Unidos Mexicanos.

Nueva Alianza coincide con el dictamen en que es necesario actualizar el decreto y que se contemple de manera independiente al estado de Quintana Roo, indicando claramente la forma en la que se deberá aplicar el horario estacional.

Compañeras y compañeros, este no es un tema menor, Quintana Roo es el estado fundamental para el desarrollo nacional. Basta señalar que es la primera fuente de divisas turísticas para el país, así como el principal destino para la inversión en esta materia.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo –la local, debo aclarar–, durante 2015 el número de habitaciones ocupadas en Quintana Roo se incrementó en más de 2000 con respecto al año anterior –es decir 2014– y superó sus expectativas de ocupación hotelera y afluencia turística por cuatro años consecutivos.

Seamos congruentes con la trascendencia que esta entidad tiene para todo el país, y démosle claridad en un tema primordial como el huso horario que afecta a todos sus visitantes. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, compañera presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias diputado Pinto Torres. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el diputado Macedonio Tamez Guajardo.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo:Con su venia, presidenta, buenas tardes. No deja de ser tarea nuestra el deshacer entuertos, y aquí existe un entuerto con la contradicción de dos normas vigentes, es lo que se pretende corregir con este proyecto que se está votando. El dejar muy claro que el Estado oriental de Quintana Roo pertenece a un solo huso horario 75 este de meridiano de Greenwich, de tal manera que con esto habrá claridad en la norma.

Realmente no hay nada más qué decir, es de sentido común, es sensato, de tal manera que los invito a votar a favor y dejar un mejor marco legislativo para estos temas. Mucha gracias, buenas tardes.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado. A continuación para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra la diputada Sofía González Torres.

La diputada Sofía González Torres:Muchas gracias, presidenta. Con su permiso, compañeros y compañeras legisladores, el dictamen que presenta la Comisión de Energía busca armonizar el decreto por el que se establece el horario estacional que aplica en territorio nacional con la Ley del Sistema de Horarios del país.

Esta ley fue reformada en 2015, a fin de agregar una nueva zona horaria para el estado de Quintana Roo. Desde entonces, por su ubicación geográfica a dicha entidad le corresponde una hora de adelanto, en relación con el resto del país. Sin embargo, el decreto que rige al horario de verano no ha sido actualizado y sigue sin considerar esta importante reforma.

El reconocimiento del nuevo huso horario le brinda al Estado mayor competitividad frente a distintos destinos turísticos del mar Caribe. Le da una mejor conectividad aérea con los vuelos provenientes de Estados Unidos, que año con año traen a nuestro país más del 55 por ciento de los pasajeros internacionales que nos visitan. De ellos, una gran mayoría elige arribar al aeropuerto de Cancún.

Con la incorporación de los nuevos husos horarios y la correspondiente adecuación en el horario de verano no solo se reducen los tiempos de conexión en el aeropuerto, esta medida también beneficia a los paseantes permitiéndoles un mayor goce de los atractivos turísticos bajo la luz del día.

Compañeros, votar a favor de esta propuesta significa reconocer y apoyar la economía de Quintana Roo. Es una de las regiones más dinámicas en cuanto a captación de divisas para el país y transmite una de las mejores caras de México al mundo.

Es por esto que en mi grupo parlamentario, el del Partido Verde, va a votar a favor del dictamen de la Comisión de Energía. Contemplar de manera independiente al estado de Quintana Roo durante el verano es congruente con el desarrollo económico de nuestro país, el uso eficiente de la energía eléctrica, la disminución de la quema de combustibles y en consideración sobre todo con nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Gracias, diputada Sofía. A continuación, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos el diputado Julio Saldaña Morán.

El diputado Julio Saldaña Morán:Con su permiso, diputada presidenta. El estado de Quintana Roo se ubica dentro de una nueva zona geográfica para efectos de los husos horarios, así se determinó con la reforma a la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del 2015, indicando que Quintana Roo se encuentra en el meridiano 75 grados al oeste por ubicación y 75 grados oeste por horario estacional. Sin embargo, en el decreto que establece el horario estacional sigue contemplando que todas las entidades, incluyendo Quintana Roo, estarán sujetas al meridiano 90 grados.

Es necesario actualizar el decreto con la ley para que contemple de manera individual al estado de Quintana Roo, toda vez que el horario estacional tiene por objeto el ahorro de energía eléctrica y que a 20 años de su aplicación se ha consolidado como una medida para contribuir a reducir los efectos adversos del cambio climático, además de otorgar algunos otros beneficios.

Tan solo en 2015 se llevó a cabo algunos estudios, algunos análisis por los expertos, donde llegamos a la coincidencia de poder expresar que en el grupo del PRD apoyamos las medidas necesarias para la preservación del ambiente y sobre todo de la nacionalización de los recursos naturales. Por ello votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Saldaña.

El diputado Julio Saldaña Morán: Estamos un poco quietos por alguna razón. Estamos, diputada presidenta, si me permite.

Yo le hago un llamado al secretario de este Congreso. Anteriormente teníamos tres curules aquí al frente, tres allá. Nos están haciendo falta a algunos de los diputados...

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado, discúlpeme, pero ajústese al tema por favor.

El diputado Julio Saldaña Morán: No, no, ya terminé, ya le agradecí, no hay por qué echar bronca. Estoy a favor, estamos a favor, sólo estoy haciendo una observación porque luego tenemos invitados y andamos corriendo. Es en el sentido positivo, propositivo y afirmativo de que hay que mejorar las condiciones, diputada presidenta. No se equivoque usted por favor. Gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado. Tiene a continuación la palabra hasta por cinco minutos para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Gretel Culin Jaime.

La diputada Gretel Culin Jaime:Con su permiso, diputada presidenta. El Partido Acción Nacional reconoce y agradece el apoyo de las y los legisladores que apoyaron el dictamen de la Comisión de Energía que permitió restructurar y derogar los artículos 2o y 3o, fracción IV, de la Ley del Sistema de Horario, que tuvo como finalidad crear un huso horario específico para Quintana Roo con el propósito de priorizar las necesidades del estado, demandas que se habían venido solicitando desde 2002.

Cabe destacar que ya desde 2002 se estaba demandando a este Congreso hacer cambios en la ley, pero desafortunadamente en la reforma de 2015 a la Ley del Sistema del Horario de los Estados Unidos Mexicanos, no se armonizó esta norma, por lo que continuó esta petición por parte de la ciudadanía y autoridades locales.

Uno de los mayores objetivos que se tenía planteado era que dicho territorio, con diferencia a su localización y su respectiva distancia al meridiano de Greenwich, estipulado en la ley, no se viera afectado por las demás zonas geográficas del país.

Quintana Roo, siendo el único con zona sureste al meridiano 75 grados al oeste de Greenwich, insistió en generar una nueva zona horaria que le permitiera la aplicación del horario estacional, a partir de las dos horas del primer domingo de abril y terminando a las dos horas del último domingo de octubre de cada año.

Es así, con este cambio se logra enlazar horarios con diferentes ciudades de Estados Unidos y Canadá, fomentar el turismo de la zona, además de otros beneficios para la población, al aprovechar de manera más eficiente el horario establecido, en particular se contribuye con dos demandas sentidas de los hogares: aumentar la seguridad de los menores de edad, que acuden a las escuelas, ya que no estará oscuro cuando se salgan de sus casas, y lograr un ahorro de las tarifas de luz domésticas de dichas entidades.

Por ello, la postura de Acción Nacional en este dictamen es a favor, al contribuir significativamente en los ámbitos sociales, económicos y laborales de la población que reside y trabaja en Quintana Roo y que ahora, gracias al cambio del uso de horario, mejorará con su calidad de vida. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Gretel.

Esta Presidencia saluda la presencia, en este recinto, de líderes del distrito 24 de Naucalpan, Estado de México, invitados por el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor. Bienvenidos.

A continuación, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Luis Toledo Medina.

El diputado José Luis Toledo Medina:Con su venia, presidenta. Quintana Roo es, sin lugar a dudas, un estado excepcional, no solo porque su gente dedica su vida a la construcción y el mantenimiento de un paraíso, sino por las bondades de cada extensión de nuestra tierra.

Nuestra ubicación ha permitido que en México el turismo genere bienestar y nuevas oportunidades. Quintana Roo es el estado que dialoga con la comunidad internacional y que muestra lo mejor del sureste de México. Es un estado con 900 kilómetros de litoral, con casi 95 mil cuartos de hotel, genera un empleo directo y cuatro indirectos por cada cuarto hotelero. Es el punto más cercano de México hacia Europa, África y Asia. Quintana Roo es la tercera frontera de México y es un estado extraordinario.

Anteriormente, durante los meses de noviembre y marzo en Quintana Roo caía la noche a las 5:30 de la tarde, los efectos económicos y sociales eran sustantivos, niñas y niños no podían hacer actividades en la tarde, madres y padres llegaban prácticamente de noche a sus hogares, encender las luces implicaba un gasto adicional a la economía familiar, el turismo se frenaba afectando a comerciantes y la calidad de vida de las y los quintanarroenses.

Frente a esto, en el 2015 el Congreso de la Unión discutió si Quintana Roo debía compartir un uso horario o contar con uno adecuado para su ubicación. La resolución fue adicionar la zona sureste, referida al meridiano 75 oeste, con esto las y los quintanarroenses tenemos nuestros relojes en coordinación con 19 estados de los Estados Unidos de América, 2 provincias de Canadá, 5 países caribeños y 1 país centroamericano y 3 países sudamericanos, y no sólo esto, la adición del uso horario traería como consecuencia la reducción de costos de interconexión, 8 aeropuertos de Canadá y 22 de los Estados Unidos de América tendrían sus relojes empatados con los nuestros.

El epicentro turístico se fortaleció, mejoraron nuestras tarifas hoteleras, mejoró nuestra estadía, se hizo un esfuerzo con la iniciativa privada, a quien hoy reconocemos su participación, pero ahora nuestra labor es completar todos esos esfuerzos que emanan del gobierno de Enrique Peña Nieto y de la Secretaría de Turismo, para no dejar espacio a contradicciones o lagunas jurídicas, debemos dar certeza y hoy este Congreso está poniendo el ejemplo.

En el PRI estamos seguros que votar en favor del dictamen significa continuar con los beneficios que este cambio requiere.

Primero. Mejor rendimiento estudiantil y laboral. Mayor infraestructura turística. Mejores resultados en el campo. La reducción de consumo de energía eléctrica ayudando a la economía familiar. Mayor esparcimiento de la sociedad. Ciudades más seguras, y en general, días más felices y productivos para nuestras familias en Quintana Roo.

En el PRI apoyamos un México más fuerte y un Quintana Roo tan grande como su gente. Gracias, queridas y queridos diputados, porque juntos hoy estamos dándole una muestra de solidaridad a Quintana Roo. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Toledo. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema.

La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Diputada Rosalina Mazari, a favor.

¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema... No se cierre. Sigue abierto. Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidente, se emitieron 438 votos a favor y 1 abstención.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 438 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al decreto que establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS



LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 19 Bis, 60 y 64 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Claudia Edith Anaya Mota integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

“La voluntad institucional del Parlamento se caracteriza frente a las demás formas de producción jurídica por un procedimiento especialmente calificado y por la intervención de órganos cualificados”.

Tanto la sesión constitutiva de la Cámara de Diputados como la integración, duración y elección de la Mesa Directiva son pilares fundamentales dentro de la estructura, organización, funcionamiento y dinámica interna de la institución parlamentaria.

Aunque la fuente formal del derecho es la costumbre, y de ella emanan las prácticas del Congreso, resulta fundamental establecer en el derecho escrito dichas costumbres de manera formal en la ley. El proceso relacionado con la elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la Legislatura contiene una costumbre cuya relevancia impacta en los haberes de carácter jurisdiccional y jerárquico de la organización al interior de la Cámara.

Como lo establece el artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso General, “para la conducción de la sesión constitutiva de la Cámara habrá una Mesa de Decanos”. Dicha Mesa, integrada por los diputados electos que hayan desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de legislador federal, es el ente encargado de abrir la sesión constitutiva.

Al iniciar la sesión constitutiva de la Cámara, se da conocer el orden del día, donde se incluye la protesta constitucional del Presidente de la Mesa de Decanos, a continuación él toma protesta de los demás integrantes de la Cámara para pasar a la elección de la Mesa Directiva.

En este contexto, se entiende que la Mesa de Decanos es, en orden jerárquico el órgano con mayores atribuciones en el Congreso General al tener sus integrantes históricamente una mayor trayectoria como legislador federal y con el tiempo ha adquirido el carácter de vértice en las prácticas protocolarias, al ser el órgano encargado de celebrar la sesión constitutiva.

Como consecuente, se espera que la Mesa de Decanos también intervenga en el proceso de transición de Mesa Directiva correspondiente al segundo y tercer año legislativo.

Como se establece en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso, dentro de las atribuciones de la Mesa Directiva y sus integrantes se señala la elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el siguiente año legislativo; proceso conducido por los integrantes que concluyen su ejercicio.

Al transitar de una Mesa Directiva a otra, es el Presidente de la nueva Mesa Directiva quien lleva por sí mismo el procedimiento de rendir protesta y no se consideran más las atribuciones del presidente de la Mesa de Decanos.

Modificar los instrumentos normativos identificados como parte de los protocolos al interior de la Cámara de Diputados resulta una cuestión de gran trascendencia para tomar en cuenta las atribuciones que, por jerarquía corresponden a cada uno de sus órganos.

Argumento que lo sustenta

La Constitución General de la República establece que “el Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.”

Prevé que en ambos Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan. En cada Período de Sesiones Ordinarias, prosigue nuestra Carta Magna, el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.

Asimismo, señala que el primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.

El segundo párrafo del artículo 70 constitucional indica que “El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos”, es decir, el procedimiento de creación de la Ley Orgánica del Congreso es un medio distinto en el cual no interviene otro poder que no sea el Legislativo.

Por otra parte, la Ley Orgánica del Congreso del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es el cuerpo legislativo que, junto con el Reglamento del Congreso General contiene gran parte de las normas de derecho parlamentario mexicano a nivel federal, por esta razón se propone actualizar el funcionamiento interno de la institución parlamentaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Bajo el contexto del derecho parlamentario sistemático, donde existe una “sistematización orgánica de las figuras, órganos internos, instituciones, etcétera, que comprenden las asambleas legislativas, las instituciones representativas u órganos o poderes legislativos, en este caso particular la Cámara de Diputados” se propone establecer en la norma escrita la figura del Presidente de la Mesa de Decanos como rector en el proceso de transición de la Mesa Directiva.

El artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos prevé:

Artículo 15.

1. Para la conducción de la sesión constitutiva de la Cámara habrá una Mesa de Decanos, constituida por un Presidente, tres Vicepresidentes y tres Secretarios.

2. La Mesa de Decanos se integra por los diputados electos presentes que hayan desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de legislador federal. En caso de presentarse antigüedades iguales, la precedencia se establecerá en favor de quienes hayan pertenecido al mayor número de Legislaturas y, en su caso, a los de mayor edad. El diputado electo que cuente con mayor antigüedad será el Presidente de la Mesa de Decanos. Serán Vicepresidentes los diputados electos que cuenten con las tres siguientes mayores antigüedades, procurando reflejar la pluralidad de la conformación de la Cámara. En calidad de Secretarios les asistirán los siguientes tres diputados electos que cuenten con las sucesivas mayores antigüedades.

3. ...

4. ...

5. El Presidente de la Mesa de Decanos se pondrá de pie y al efecto harán lo propio los demás integrantes de la Cámara. Aquél prestará la siguiente protesta con el brazo derecho extendido: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado a la (número ordinal) Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que el pueblo me ha conferido, así como la responsabilidad de Presidente de la Mesa de Decanos de la Cámara, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hago, que la Nación me lo demande”.

6. El resto de los integrantes de la Cámara permanecerá de pie y el Presidente de la Mesa de Decanos les tomará la protesta siguiente: “¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado a la (número ordinal) Legislatura del Congreso de la Unión que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”. Los diputados electos responderán, con el brazo derecho extendido: “¡Si protesto!”. El Presidente de la Mesa de Decanos, a su vez, contestará: “Si no lo hacen así, que la Nación se los demande”.

7. Una vez que se hayan rendido las protestas constitucionales referidas en los dos párrafos anteriores, se procederá a la elección de la Mesa Directiva de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

8. Realizadas las votaciones y declarados los resultados para la elección de la Mesa Directiva de la Cámara, el Presidente de la Mesa de Decanos invitará a sus integrantes a que ocupen el lugar que les corresponde en el presídium, y los miembros de ésta tomarán su sitio en el salón de sesiones.

9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de los Estados y del Distrito Federal.

10. En la circunstancia de que la Mesa de Decanos deba actuar como Mesa Directiva, en tanto se concretan los entendimientos necesarios para elegir ésta, se harán las comunicaciones pertinentes a que se refiere el párrafo anterior.

A resaltar, es lo manifestado en el numeral 6, en el sentido de que el Presidente de la Mesa de Decanos se erige como un ente de calidad moral y de trayectoria reconocida, y bajo esa legitimidad toma protesta a los miembros de un órgano constituyente de un órgano de gobierno en las Cámaras. Así como el acto de toma de protesta de la Mesa Directiva por parte del presidente de la Mesa de Decanos.

El artículo 46 de la Ley Orgánica, establece que los comités son órganos para auxiliar en actividades de la Cámara que se constituyen por disposición del Pleno, para realizar tareas diferentes a las de las comisiones, y que para efectos de consulta y opinión en materia política y legislativa, se integrará el Comité de decanos que atenderá las solicitudes que le requieran la Junta de Coordinación Política y los órganos legislativos. Este Comité estará constituido por los diputados que integren la Mesa de Decanos, conservando la composición y estructura jerárquica.

Por lo que se refiere al Senado de la República, el numeral 7 del artículo 60 prevé

7. Enseguida, el Presidente de la Mesa de Decanos se pondrá de pie, y al efecto harán lo propio los demás integrantes de la Cámara. Aquél prestará la siguiente protesta, con el brazo derecho extendido: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senador a la (número ordinal) Legislatura del Congreso de la Unión que el pueblo me ha conferido, así como la responsabilidad de Presidente de la Mesa de Decanos de la Cámara, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”.

La Ley Orgánica del Congreso tiene contempla para el segundo y tercer a año de ejercicio, lo siguiente:

Capítulo Segundo De la Mesa Directiva

Sección Primera De su integración, duración y elección

Artículo 17.

7. La elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda, garantizando que la presidencia de la Mesa Directiva para tales ejercicios recaiga, en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido. El proceso será conducido por los integrantes de la Mesa Directiva que concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada requerida, esta Mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes con el fin de que se logren los entendimientos necesarios.

Para el caso de la Cámara de Senadores, se prevé:

Artículo 60.

1. Exclusivamente para la conducción de la sesión constitutiva de la Cámara habrá una Mesa de Decanos, formada por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.

Artículo 62.

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con un Presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios, electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en votación por cédula.

2. La Mesa Directiva durará en su ejercicio un año legislativo y sus integrantes podrán ser reelectos. Antes de tomar posesión de sus cargos, los integrantes de la Mesa Directiva rendirán la protesta correspondiente en los términos que disponga el Reglamento.

Por ello es necesaria reformar y adicionar la Ley Orgánica a fin de que su presidente de Mesa Directiva sea investido con este cargo por el Presidente del Comité de Decanos, en el caso de la Cámara de Diputados, y por el presidente de la Mesa de Decanos del Senado de la República.

Por lo que se propone lo siguiente:

Primero. A fin de que el presidente del Comité de Decanos tome la protesta al presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados.

Segundo.Se amplían las atribuciones del Comité de Decanos en la Cámara de Diputados. Para hacerla congruente con la reforma al artículo 46.

Tercero.Se elimina la limitante del fin de la Mesa de Decanos al prescindir del concepto “Exclusivamente” con la finalidad de que cumpla con el objeto de la presente iniciativa.

Cuarto.Se propone que el presidente de la Mesa de Decanos tome protesta al presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Año de Ejercicio de la Legislatura; así como también a los subsecuentes

Fundamento legal

Es por lo anteriormente planteado y argumentado; con base en lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Denominación del proyecto de decreto:

Por el que se reforma el artículo 60; se adicionan los artículos 19 Bis y 64 Bis y un párrafo al numeral 4 del artículo 60 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Texto propuesto:

Artículo 19 Bis. En la Sesión Preparatoria, una vez electa la Mesa Directiva que ejercerá estas funciones durante el Segundo Año de la legislatura, el Presidente del Comité de Decanos tomará la protesta a quien fungirá como Presidente de la Mesa Directiva.

Para el Tercer Año de Ejercicio se realizará el mismo procedimiento para la toma de protesta del Presidente de la Mesa Directiva.

Artículo 46.

1. a 3. ...

4. ...

Además de lo previsto en el párrafo anterior, el Presidente del Comité tomará protesta al Presidente de la Mesa Directiva.

5. ...

Artículo 60.

1. Para la conducción de la sesión constitutiva de la Cámara habrá una Mesa de Decanos, formada por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.

2. a 10. ...

Artículo 64 Bis. En la Sesión Preparatoria de la Cámara de Senadores, una vez electa la Mesa Directiva que ejercerá estas funciones durante el Segundo Año de la legislatura, el Presidente del Comité de Decanos tomará la protesta a quien fungirá como Presidente de la Mesa Directiva.

Para los años subsiguientes de Ejercicio en la Legislatura, se realizará el mismo procedimiento para la toma de protesta del Presidente de la Mesa Directiva

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Mora-Donatto, Cecilia (2013), Treinta años de investigaciones parlamentarias en México (1977-2007). ¿Qué investigaron los diputados federales?, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

2 Pedroza de la Llave, Susana T. () p. 33

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de octubre de 2016.— Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.



LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 21, 45, 59 y 164 y adiciona el artículo 164 Bis de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Esta Presidencia saluda a comerciantes del Centro Histórico del municipio de Cuernavaca, Morelos. Bienvenidos.

La diputada Beatriz Vélez Núñez:Muchas gracias, presidente. Saludo con mucho respeto a mis compañeros diputados. El día de hoy presento ante todos ustedes, la reforma para eliminar la cláusula de exclusión de la Ley sobre el Contrato de Seguro, este tema ha sido largamente debatido en los Congresos de otros países y su eliminación ha significado un paso hacia adelante dentro de los nuevos paquetes de reforma moderna en materia de salud.

La salud abarca todos los ámbitos y protege a todos los ciudadanos por igual, por lo mismo el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de vigilar y regular el ámbito privado, de la misma manera que no puede ignorar al social. Es por ello que también aquellas personas que tengan los medios para poder asegurarse de manera privada, merecen de la misma protección y cuidado que el resto de la población.

Desde hace años los seguros privados manejan una cláusula prácticamente inviolable que se conoce como cláusula de exclusión. Básicamente se refiere al permiso con el que gozan las compañías aseguradoras para negar la cobertura que se ha pagado cuando descubren que el asegurado mantenía una enfermedad previa a la firma del contrato.

La excusa que usan para realizar este tipo de acciones, es que la presencia de esta enfermedad y su agravación con el transcurso del tiempo afecta la noción de prevención; es decir que la enfermedad previa atenta contra la posibilidad de la aseguradora de cubrir un riesgo futuro.

Eso es todo y, lo que significa en términos simples, es que ante algo ocurrido con anterioridad no se hacen responsables; sin embargo la realidad es que se trata de impedir el desembolso de gastos sobre todo ante un hecho que con seguridad los obligará a hacerlo.

Es que estas compañías se benefician principalmente del riesgo que les menciono. El asegurado paga de manera constante para evitar un inconveniente que probablemente o seguramente nunca ocurrirá, así que cuando ocurre la empresa se ve en la necesidad de cubrir cualquier recurso suficiente para negar la atención médica.

Lo que sucede es una práctica desleal, pues hay una parte que ha pagado lo estipulado por el contrato, pero ante una eventualidad se niega la atención y la respuesta por parte de las aseguradoras es el hecho de que el asegurado les ha mentido o ha actuado de mala fe.

Pero ¿Qué hay de los cientos de asegurados que no tenían forma de saber de su enfermedad? El desconocimiento no es una excusa ni es dolo. Muchas ocasiones el paciente o incluso el médico, no tiene forma de saber con certeza sobre la presencia de una enfermedad. Quizá sea un tumor dormido o quizá los síntomas no sean fuertes, y ello no significa que el asegurado haya querido timar a la empresa.

Por el contrario, existe mala fe y discriminación cuando la empresa aseguradora niega la atención sabiendo que tendrá que cubrir un gasto sin darle algún tipo de oportunidad clara y legal al asegurado para poder defenderse.

El artículo 4o. constitucional que se encuentra por encima de cualquier tipo de cláusula señalada en los contratos, se refiere precisamente a la importancia de proteger la salud. Por lo tanto, es violatorio de la Constitución el impedimento de recibir atención médica. No importa si es un convenio privado, la posibilidad de recibir atención médica no puede ser limitada ni impedida, aun cuando el contrato excluya de una manera precisa determinados acontecimientos.

Un ejemplo de ello es la atención médica urgente en los hospitales privados, no pueden negar de recibir algún paciente en situación crítica. En ningún convenio privado se puede violentar los principios rectores de nuestra Carta Magna.

Por estas razones, creo que existe una desigualdad en el contrato que beneficia exclusivamente a las aseguradoras, y por lo que creo conveniente realizar una modificación en la que ambas partes puedan estar tranquilas y la balanza no se cargue de un solo lado.

Propongo, para esta reforma, que cuando una persona deseara realizar un contrato de seguro de salud será necesaria la realización de un examen médico elaborado por las autoridades sanitarias.

Si logramos incluir la necesidad de realizar un examen médico, las compañías de seguro no podrán negar la cobertura por una condición preexistente, pues el asegurado logró comprobar fehacientemente que previo al contrato gozaba de buena salud.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de decreto

Artículo único. Se reforman los artículos 21, 45 y 59, y se adiciona el artículo 164 Bis, todas de la Ley sobre el Contrato de Seguro para quedar como sigue:

Puede celebrarse sujeto a plazo cuyo vencimiento se iniciará su eficiencia para las partes, pero tratándose de seguro de vida y de salud, el plazo que se fije no podrá exceder de 30 días a partir del examen médico, si éste fuera necesario y si no lo fuera, a partir de la oferta.

Espero, compañeros diputados, contar con este respaldo que sin duda habrá de salvar muchas vidas. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 21, 45, 59 y 164, y adiciona el 164-Bis de la Ley sobre el Contrato de Seguro, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del PRI

De la diputada, Beatriz Vélez Núñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley sobre el Contrato de Seguro, tomando en cuenta la siguiente

Exposición de Motivos

Condición de enfermedad preexistente se refiere a la cláusula de exclusión que se usa en los contratos de seguro de gastos médicos y que permite a las compañías aseguradoras negarse a cubrir algún tratamiento e incluso en algunos casos negarse a celebrar dicho contrato.

Esto quiere decir, que cualquier asegurado que hubiese omitido o se le descubriera una enfermedad que existiera previo a la cobertura contratada, será motivo para rescindir el contrato y liberar a la aseguradora de cualquier obligación proveniente de él.

La excusa que usan para realizar este tipo de acciones es que la presencia de esta enfermedad y su agravación con el transcurso del tiempo afecta la noción de Prevención, es decir, contra la posibilidad de la aseguradora de cubrir una futura eventualidad.

Sin embargo, la realidad es que se trata de impedir el desembolso de gastos, sobre todo ante un hecho que con seguridad los obligará a hacerlo. Y es que estas compañías llevan un tipo de negocio muy lucrativo que se vale principalmente del Riesgo, se les paga de manera constante para evitar un inconveniente que probablemente nunca ocurrirá.

Por tanto, se debe de asumir que el propósito final de las aseguradoras consiste en recibir dinero, evitando en la medida de lo posible verse en la necesidad de pagar cualquier atención médica. Ello no es una interpretación vacía, se vuelve clara cuando las compañías se rehúsan a cumplir sus obligaciones cuando tienen conocimiento de una enfermedad preexistente aún y cuando no existiera mala fe por parte del asegurado.

Desafortunadamente para los asegurados o los clientes potenciales lo que sucede es una práctica desleal por parte de quien se niega a cumplir aun cuando se ha pagado por el servicio y cuando la finalidad del contrato es quedar protegidos en contra del gasto para la atención de cualquier enfermedad y no en contra de su posible aparición.

Me refiero a que la interpretación del contrato de seguro médico se ha realizado de manera incorrecta y debiera de re direccionarse para entenderse como protección contra la necesidad de realizar un gasto mayor ante una enfermedad.

De la otra manera, implica que a cientos de personas se les niega y se les negará el pago por un tratamiento que no sabían que tenían antes de contratar su seguro e implica que cientos de personas no podrán contratar un seguro luego de haber sido diagnosticados con alguna enfermedad del corazón, diabetes o cáncer.

El riesgo y la contingencia son parte integral de una sociedad moderna y la intención de lucrar con su prevención no debe de interpretarse de ninguna manera como un delito o abuso. Pero si existe mala fe y discriminación cuando sabiendo que tendrá que cubrir un gasto se nieguen a respetar o asumir los objetivos que dan vida al contrato.

El artículo cuarto constitucional que se encuentra por encima de cualquier tipo de cláusulas señaladas en los contratos se refiere precisamente a la importancia de proteger la salud, el impedimento de recibir atención médica por lo tanto es violatorio de la Constitución.

No importa si es una transacción privada, la posibilidad de recibir atención médica no puede ser limitada ni impedida aún y cuando el contrato excluya de una manera precisa determinados acontecimientos. Un ejemplo de ello es la atención médica urgente en la que hospitales privados no pueden negar recibir a algún paciente en situación crítica.

Lo que se está haciendo es similar a generar un contrato de compra venta de un aparato tecnológico en el que se señale una cláusula que impida al vendedor asumir los costos de su reparación o devolver el dinero en los casos en los que se tenga certeza de que el mismo fallará.

De ser así se podría permitir situaciones como la muerte asistida simplemente por el hecho de que fue elaborado un contrato con las reglas y formas legales que le dieran vida. Ninguna transacción puede violentar los principios rectores de nuestra Carta Magna.

Por estas razones creo que existe una desigualdad en el contrato que beneficia a exclusivamente a las aseguradoras, pero creo conveniente realizar una modificación en la que ambas partes puedan estar tranquilas y la balanza no se cargue del lado contrario.

En el caso de que una persona deseara realizar un contrato de seguro de salud es apropiado que la empresa primero solicite al asegurado la realización de exámenes médicos autorizados que comprueben su buen estado de salud.

De esa manera la empresa aseguradora debería de responder por todos los acontecimientos aún en el caso de una enfermedad preexistente pues el asegurado comprobó previo a la realización del contrato que gozaba de buena salud.

La enfermedad preexistente no quiere decir falta de cuidados de salud o conocimiento previo, en demasiados casos tumores u otras enfermedades pueden alojarse en el cuerpo sin que se sepa o cree síntomas claros.

No obstante, para que ninguna parte intente realizar dolo intencional los exámenes médicos deberán realizarlos las autoridades sanitarias, la Ley General de Salud señala como estas al Consejo de Salubridad General; la Secretaría de Salud, y los gobiernos de las entidades federativas.

Su intervención en situaciones especiales no es nueva, de hecho cuando así lo estime conveniente la autoridad sanitaria, someterá a examen médico a cualquier persona que pretenda entrar al territorio nacional.

Incluso señala que los reconocimientos médicos que deban realizar las autoridades sanitarias tendrán preferencia y se practicarán con anticipación a los demás trámites que corresponda efectuar a cualquier otra autoridad.

Dentro de la Ley sobre el Contrato de Seguro también hay casos similares, por ejemplo tratándose de seguro de vida, el plazo que se fije no podrá exceder de treinta días a partir del examen médico, si éste fuere necesario.

La intención de esta reforma es clara, que el estar enfermo no sea impedimento para conseguir un seguro médico, como no lo es al momento de recibir atención médica de calidad en alguna instancia de salud pública o incluso privada.

Si logramos incluir la necesidad de realizar un examen médico las compañías de seguro no debería negar la cobertura por una condición preexistente, pues el asegurado logró comprobar fehacientemente que previo al contrato gozaba de buena salud.

Se trata de cumplir con lo estipulado por la Constitución, de asegurar la salud de todas las personas sin que ello suponga abuso por parte del consumidor ni abuso por parte de las compañías privadas. Esta nueva reforma permitirá a las dos partes beneficiarse.

No podemos permitir el uso de la discriminación o al estado de indefensión como lucro, en cambio se vuelve prioritario dotar de herramientas suficientes a todas las personas para que sientan garantizada su protección y seguridad en materia de salud.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo único. Se reforman los artículos 21, 45, 59 y 164 y se añade el artículo 164 Bis, todos de la Ley sobre el Contrato de Seguro, para quedar como sigue:

Artículo 21. El contrato de seguro:

I. a II. ...

III. Puede celebrarse sujeto a plazo, a cuyo vencimiento se iniciará su eficacia para las partes, pero tratándose de seguro de vida y de salud, el plazo que se fije no podrá exceder de treinta días a partir del examen médico, si éste fuere necesario, y si no lo fuere, a partir de la oferta.

Artículo 45. ...

En el caso de pólizas del seguro sobre las personas el contrato no será nulo si al momento de su celebración un examen médico emitido por las autoridades sanitarias fuese requerido.

Artículo 59. La empresa aseguradora responderá de todos los acontecimientos que presenten el carácter del riesgo cuyas consecuencias se hayan asegurado, a menos que el contrato excluya de una manera precisa determinados acontecimientos.

En el caso de pólizas del seguro sobre las personas la empresa aseguradora responderá también cuando un examen médico emitido por las autoridades sanitarias fuese requerido al momento de la celebración del contrato.

Artículo 164.- La póliza del seguro sobre las personas, además de los requisitos del artículo 20 de la presente ley, deberá contener los siguientes:

I. a III. ...

IV. Los resultados favorables del examen médico practicado por las autoridades sanitarias, si éste fuere necesario, y

V. En su caso, los valores garantizados.

Artículo 164 Bis. Tratándose de seguro de salud no se podrá celebrar el contrato hasta que el asegurado presente a la empresa su examen médico favorable emitido por las autoridades sanitarias. La institución no podrá exigir nuevos exámenes o alguna otra institución de salud distinta a las señaladas.

El asegurado tendrá obligación de avisar a la empresa el día de la realización del examen médico, así como la fecha de recepción y deberá presentárselos en un plazo no mayor a cinco días. Si el examen médico emitido por las autoridades sanitarias fuese negativo el asegurado no podrá celebrar el contrato, salvo por convenio expreso de las partes contratantes.

Transitorio

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2016.— Diputadas y diputados: Beatriz Vélez Núñez,Alejandro Armenta Mier, Ana Leticia Carrera Hernández, Ana María Boone Godoy, Araceli Saucedo Reyes, Arlet Mólgora Glover, Cecilia Guadalupe Soto González, Delia Guerrero Coronado, Felipe Reyes Álvarez, Gloria Himelda Félix Niebla, Julio Saldaña Morán, Lluvia Flores Sonduk, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María Esther Guadalupe Camargo Félix, María Luisa Beltrán Reyes, Mercedes del Carmen Guillen Vicente, Salomón Majul González, Silvia Rivera Carbajal (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Vélez Núñez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame un segundo, diputado. Adelante, diputada. Cecilia Soto adelante.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Gracias, presidente, por escucharnos. La bancada del Partido de la Revolución Democrática quiere apoyar esta iniciativa. Es importante reconocer que el mercado de seguros de salud ha estado desde hace 10 años en 9 millones de personas, es decir, ha disminuido relativamente porque cada vez es más caro, más difícil acceder a ello. Esta iniciativa contra la cláusula de exclusión nos parece justa y la apoyamos.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Cecilia Soto. Diputada Vélez. La diputada Vélez está en sesión fotográfica, permítame un segundo. ¿Acepta la adhesión?

La diputada Beatriz Vélez Núñez (desde la curul): por supuesto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada está de acuerdo. Está a su disposición, de quienes quieran suscribirla, aquí en la mesa de la Secretaría.

Esta Presidencia saluda a los presidentes municipales Rómulo Isaías Martín, de Maxcanú; y José Cortés, de Progreso, invitados por los diputados de Yucatán. Igualmente saludamos a los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus San Juan del Río, encabezados por el licenciado Gustavo González Barrón, invitados por la diputada vicepresidenta María Guadalupe Murguía Gutiérrez. Sean todos bienvenidos.



LEY AGRARIA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria.

El diputado Gerardo Federico Salas Díaz:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la tenencia en la tierra ha tenido una base histórica fundamental. La reforma al artículo 27 constitucional de 1992 tuvo como finalidad el cambio de régimen de derechos de ejidatarios sobre sus tierras, pasando de un derecho de naturaleza indefinida sobre tierras colectivas que impedían su comercialización y vinculaban al ejidatario a intereses de terceros, al régimen de propiedad privada, el cual, sin desvincular al ejidatario de la colectividad a la que pertenece, le confería la seguridad jurídica que se requiere para realizar cualquier acto jurídico que le permitiera obtener de sus tierras el mayor provecho posible.

Hoy estamos planteando la posibilidad de la adopción del dominio pleno de parte de los titulares de derechos ejidales, fincando las bases para que ejidatarios y comuneros puedan transformar la propiedad social e incorporarla al régimen de propiedad privada, reconoce la asignación, delimitación, usufructo de la propiedad de sus parcelas que fueron dotadas al ejido en lo general y asignadas en lo particular al titular de las parcelas, así como también certifica los actos de sucesión.

Con estas modificaciones la Ley Agraria facultará a la Asamblea Ejidal para determinar la delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, por lo que el núcleo de población agrario podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o regularizar la tenencia de los posesionarios o de los que carezcan de los certificados correspondientes, y consecuentemente destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarias en favor de los ejidatarios y al uso de servicios públicos o de interés general.

En cuanto a la aplicación del dominio pleno y su adopción, ya sea como individuo o como asociados ejidales, resulta necesario revisar, modificar y con ello actualizar la tramitología burocrática para que esta se adecúe efectivamente a la realidad imperante en la que se encuentra la tenencia y propiedad y de la tierra.

La indeterminación de la ley es en cierto grado necesaria, sin embargo en exceso puede convertirse en arbitrariedad. Esta situación es la que acontece en la Ley Agraria en lo que se refiere a dominio pleno y la adopción del mismo, debido a que este mecanismo no se encuentra debidamente clarificado como concepto ni como procedimiento, a saber la Asamblea Ejidal, tras cumplir varios trámites y algunas formalidades especiales puede autorizar o no en base a sus propios criterios subjetivos, que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio pleno de sus parcelas, es decir que se conviertan en propietarios de ellas.

Sobreproteger es limitar, éste es el supuesto en el que se encuentran miles de sujetos de derechos agrarios a los cuales se les aplican figuras arcaicas y sujetas a la discrecionalidad de las autoridades. Estas situaciones impiden en la continuación de un modelo burocrático que constituye desde hace muchos años un caldo de cultivo para la corrupción.

La reforma que se plantea tiene como fin último respetar la decisión de los sujetos de derechos agrarios para adoptar o no la propiedad de las tierras asignadas, y con ello hacerlas susceptibles de enajenación, simplificar la tramitología para la adopción del dominio pleno para que, incluso cuando las tierras del ejido no se encuentren asignadas en su totalidad, baste con la nueva delimitación al interior para que los sujetos con derechos agrarios tengan la facultad de adoptarlo en el momento que lo deseen.

Pretendemos hacer más ágiles las asambleas, con menos requisitos para reducir la tramitología y se mantienen las resoluciones que involucran a todo el ejido y se clarifican las aportaciones que los ejidos hacen para obras de infraestructura e interés público.

Son muchas las trabas que se presentan a los ejidatarios para ejercer los derechos sobre sus tierras, por ello es necesario hacer lo que en nuestras manos se encuentre, un mecanismo legal lo suficientemente ágil y dinámico para marcar la diferencia. Se establece un nuevo concepto con respecto a la delimitación, el concepto achurado, que actualmente existe pero que no se encuentra contemplado en ninguna legislación.

Dicho término tiene su origen en los decretos de dotación que fueron ejecutados y medidos y que en los planos de delimitación no aparece, pero que en la realidad son excedentes de tierras.

Los excedentes de tierras son reconocidos de hecho como propiedad del ejido, más no se encuentran delimitados con planos ni registrados en el Inegi ni en el Registro Agrario Nacional. De ahí la motivación de que sean delimitados y entregados a hijos de ejidatarios con residencia probada en el ejido y avecindados, de acuerdo a lo que establece la iniciativa que hoy presento.

Para el caso de las donaciones, se establecen requisitos y procedimientos de inscripción.

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y en el marco de las 24 acciones para reactivar la economía, estamos convencidos de que simplificar el proceso de conversión de régimen ejidal al de pequeña propiedad posibilita el financiamiento productivo del campo.

Tenemos que salvaguardar el dominio pleno de la propiedad ejidal en pro de los trabajadores de la tierra, para dar cabal cumplimiento en las necesidades del campo mexicano y fomentar su desarrollo con el dominio pleno y absoluto de las tierras a sus legítimos poseedores. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gerardo Federico Salas Díaz, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa que reforma los artículos 14, 23, 44, 46, 56, 57, 61, 62,75, 78, 80, 81, 82, 83, 152, 155, 156 y 161; todos de la Ley Agraria, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La tenencia en la tierra ha tenido una base histórica fundamental; la transformación en el campo ha sido paulatina y es a partir del año de 1992 que se da la reforma constitucional que tenía como base el cambio de régimen de derechos del ejidatario sobre sus tierras, así como el hecho de que se pueden comercializar las tierras ejidales, en un régimen de propiedad privada, otorgándole la seguridad jurídica y obtener mayores y mejores aprovechamientos sobre sus tierras.

La reforma al artículo 27 constitucional de 1992 tuvo como finalidad el cambio de régimen de derechos del ejidatario sobre sus tierras, pasando de un derecho de naturaleza indefinida sobre tierras colectivas que impedían su comercialización y vinculaban al ejidatario a intereses de terceros, al régimen de propiedad privada, el cual, sin desvincular al ejidatario de la colectividad a la que pertenece, le confería la seguridad jurídica que se requiere para realizar cualquier acto jurídico que le permitiera obtener de sus tierras el mayor provecho posible.

Es momento de concretar los objetivos establecidos en la reforma constitucional de 1992, al tiempo que, en un marco de desarrollo y competitividad, se impulse el desarrollo del campo mexicano, a través del otorgamiento del dominio pleno y absoluto de las tierras a sus legítimos poseedores.

Después de 24 años de la reforma constitucional al artículo 27, la presente iniciativa pretende reformar algunos puntos que han ido quedando pendientes como el facultar a la asamblea ejidal para determinar la asignación y destino de las tierras de uso común, por lo que el ejido podrá darle un rumbo certero al destino de las tierras que no esté dentro de las formalidades parcelarias, en favor de los ejidatarios y al uso de servicios públicos o de interés público.

Se plantea la posibilidad de la adopción del dominio pleno de parte de los titulares de derechos ejidales, fincando las bases para que ejidatarios y comuneros, puedan transformar la propiedad social e incorporarla al régimen de propiedad privada; reconoce la asignación, delimitación, usufructúo, de la propiedad de sus parcelas, que fueron dotadas al ejido en lo general y asignadas en lo particular al titular de la parcela, así como también certifica los actos de sucesión.

Con estas modificaciones, la Ley Agraria faculta a la asamblea ejidal para determinar la delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, por lo que el núcleo de población agrario podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarias o de los que carezcan de los certificados correspondientes y, consecuentemente, destinarlas al asentamiento humano, al uso común o a parcelarlas en favor de los ejidatarios, y al uso de servicios públicos o de interés público.

En cuanto a la aplicación del dominio pleno y su adopción ya sea como individuo o como asociados ejidales, resulta necesario revisar, modificar y con ello actualizar la tramitología burocrática para que esta se adecue efectivamente a la realidad imperante, en la que se encuentra la tenencia y propiedad de la tierra.

La indeterminación de la ley es en cierto grado necesario, sin embargo en exceso puede convertirse en arbitrariedad, esta situación es la que acontece en la ley agraria en lo que se refiere a domino pleno y la adopción del mismo, debido a que este mecanismo no se encuentra debidamente clarificado como concepto ni como procedimiento, a saber, la asamblea ejidal, tras cumplir varios trámites y algunas formalidades especiales, puede autorizar o no, en base a sus propios criterios subjetivos, que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el “dominio pleno” de sus parcelas, es decir, que se conviertan en propietarios de ellas.

Sobreproteger es limitar, este es el supuesto en el que se encuentran miles de sujetos de derechos agrarios a los cuales se les aplican figuras arcaicas y sujetas a la discrecionalidad de las autoridades, estas situaciones inciden en la continuación de un modelo burocrático que constituye desde hace muchos años un caldo de cultivo para la corrupción.

La movilidad social de sujetos agrarios de un ejido a otro por cuestiones de índole familiar como el matrimonio es otro de los factores que motivan la presentación de esta iniciativa, pues es necesario facultar a sujetos de derechos agrarios como avecindados y posesionarios para adoptar el domino pleno de sus tierras.

Por otro lado, ponderar la decisión de una mayoría sobre la voluntad individual, constituye en la actualidad una vulneración de derechos, por ello es necesario reconocer la autonomía de un sector de la sociedad que se ve afectado por situaciones como ésta que acontece hasta el día de hoy en el campo mexicano.

La reforma que se plantea a continuación tiene como fin último respetar la decisión de los sujetos de derechos agrarios para adoptar o no la propiedad de las tierras asignadas y con ello hacerlas susceptibles de enajenación, simplificar la tramitología para la adopción del domino pleno para que incluso cuando las tierras del ejido no se encuentren asignadas en su totalidad baste con la nueva delimitación al interior para que los sujetos con derechos agrarios tengan la facultad de adoptarlo en el momento que lo deseen.

Son muchas las trabas que se presentan a los ejidatarios para ejercer los derechos sobre sus tierras, por ello es necesario hacer lo que en nuestras manos se encuentre un mecanismo legal lo suficientemente ágil y dinámico para marcar la diferencia.

La propuesta de esta reforma es hacer más agiles las asambleas con menos requisitos para los tramites en lo personal y se mantienen las resoluciones que involucran a todo el ejido y se clarifica las aportaciones que los ejidos hacen para obras de infraestructura e interés público.

Se establece un nuevo concepto con respecto a la delimitación, el concepto achurado que actualmente existe pero que no se encuentra contemplado en ninguna legislación. Dicho término tiene su origen en los Decretos de Dotación que fueron ejecutados y medidos y que en los planos de delimitación no aparece pero que en la realidad son excedentes de tierras.

Dichos excedentes de tierras son reconocidos de hecho como propiedad del Ejido, más no se encuentran delimitados con planos y éstos registrados en el Inegi ni en Registro Agrario Nacional.

Es por eso la motivación de que sean delimitados y entregados a hijos de ejidatarios con residencia probada en el ejido y avecindados de acuerdo a lo que establece el artículo 57.

Para el caso de las donaciones se establecen requisitos y procedimiento de inscripción.

Las modificaciones propuestas para las tierras de uso común así como las tierras parceladas, facultando a la asamblea a emitir una nueva delimitación, parcelamiento y asignación a sujetos de derechos agrarios, ejidatarios, posesionarios, avecindados u otros, que a su vez se adecue el término no solo de usufructo y posesión, sino que se amplía insertando el termino de propiedad de las parcelas.

Asimismo, se clarifica la facultad jurídica que poseen los sujetos de derechos agrarios, ejidatarios, posesionarios, avecindados u otros. Ya que han existido diferentes criterios y conceptos a quien se le otorga el dominio pleno y desde la visión legislativa esta facultad la tiene la persona independientemente que tenga una o varias parcelas, y no la propia tierra.

Es así que considerando que es una demanda permanente de los ejidos y que es oportuno, fundamental y necesario el contar con un ordenamiento adecuado y que otorgue certeza jurídica a los núcleos ejidales de nuestro país, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXIII Legislatura nuevamente presentamos esta iniciativa de nuestro partido que reforma diversos artículos de la Ley Agraria, la cual, en su momento por razón del artículo 89 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados no fue analizada ni dictaminada durante la LXII Legislatura.

Al tenor de lo anterior y considerando que en México la gran mayoría de las tierras son de propiedad social, es importante que desde esta soberanía se den los cambios en el marco legal para la adquisición de dominio pleno de sus parcelas y propiedades ejidales y transformarlas para que sean económicamente productivas, por lo que someto a consideración el presente proyecto de

Decreto

Único.Se reforman los artículos 14, 23, 44, 46, 56, 57, 61, 62,75, 78, 80, 81, 82, 83, 152, 155, 156 y 161; de la Ley Agraria.

Artículo 14.Corresponde a los ejidatarios el derecho de propiedad sobre sus parcelas. Además, gozarán de los otros derechos que el reglamento Interno de cada ejido les otorgue sobre las tierras ejidales y los demás que legalmente les correspondan.

Artículo 23.La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:

I.Formulación y modificación del reglamento interno del ejido;

II.Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones;

III.Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros;

IV.Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos;

V.Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común;

VI.Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido;

VII.Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, donaciones a la Federación, Estado o Municipio, para obras de infraestructurafundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización;

VIII.Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios;

IX. Reconocimiento de la propiedad de los ejidatariossobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley;

X.Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación;

XI.División del ejido o su fusión con otros ejidos;

XII.Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia;

XIII.Conversión del régimen ejidal al régimen comunal;

XIV.Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y

XV.Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido.

Artículo 44.Para efectos de esta ley las tierras ejidales, por su destino, se dividen en:

I.Tierras para el asentamiento humano;

II.Tierras de uso común,

III.Tierras parceladas; y

IV. Tierras para infraestructura, interés público o servicio público.

Artículo 46. El ejido, por resolución de la asamblea y los ejidatarios, podrá otorgar en garantía el usufructuo de las tierras de uso común o parcelado. Esta garantía deberá constituirse ante notario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de la Propiedad que corresponda.

En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, cuando se trate de tierras de uso común, el acreedor, por resolución del tribunal agrario, podrá hacer efectiva la garantía.

Artículo 56.La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, para infraestructura, interés público o servicio público, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue:

I.Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondientes al asentamiento humano y delimitará las tierras de uso común del ejido;

II.Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos;

En el caso de tierras achuradas estas se asignaran a hijos de ejidatarios con residencia probada con el debido parcelamiento económico.

III.Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo y

IV. Podrá donar las áreas necesarias para infraestructura, interés público o servicio público a favor de la Federación, los Estados y Municipios.

En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas que deberá seguir la asamblea al realizar la delimitación de las tierras al interior del ejido y proveerá a la misma del auxilio que al efecto le solicite. El Registro certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los títulos de propiedad o los certificados de derechos comunes, o ambos, según sea el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Estos certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional.

Para el caso de las donaciones a la Federación, Estados o Municipios el Registro Agrario Nacional emitirá el título de propiedad respectivo y lo inscribirá ante el Registro Público de la Propiedad.

Artículo 57.Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción II y III del artículo anterior, la asamblea se apegará, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia:

I.Posesionarios reconocidos por la asamblea;

II.Ejidatarios y avecindados del núcleo de población cuya dedicación y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversión las tierras de que se trate;

III.Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o más.

IV.Otros individuos, a juicio de la asamblea.

Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción IV del artículo 56, deberá existir solicitud previa a la asamblea ejidal por conducto del comisariado ejidal con los siguientes requisitos:

I. Superficie requerida y plano georreferenciado de la misma;

II. Descripción de la obra de infraestructura a realizar, la causa de interés público a satisfacer o el servicio público que se pretenda prestar.

De esta solicitud deberá darse vista a la Procuraduría Agraria, la cual se cerciorará que se cumplan con los requisitos,

Cuando así lo decida la asamblea, la asignación de tierras podrá hacerse por resolución de la propia asamblea, a cambio de una contraprestación que se destine al beneficio del núcleo de población ejidal.

Artículo 61.La asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por los individuos que se sientan perjudicados por la asignación y que constituyan un veinte por ciento o más del total de los ejidatarios del núcleo respectivo, o de oficio cuando a juicio del Procurador se presuma que la asignación se realizó con vicios o defectos graves o que pueda perturbar seriamente el orden público, en cuyo caso el tribunal dictará las medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses. Los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignación de tierras podrán acudir igualmente ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación, sin que ello pueda implicar la invalidación de la asignación de las demás tierras.

La asignación de tierras que no haya sido impugnada en un término de noventa días naturales posteriores a la resolución correspondiente de la asamblea será firme y definitiva. Incluidas las relativas a infraestructura, interés público o servicio público.

Artículo 62.A partir de la asignación de parcelas, corresponderán a los ejidatarios beneficiados los derechos de propiedad y usufructo de las mismas, en los términos de esta ley.

El Registro Agrario Nacional emitirá el título de propiedad y lo someterá a inscripción en el Registro Público de la Propiedad que corresponda.

Cuando la asignación se hubiere hecho a un grupo de ejidatarios, se presumirá, salvo prueba en contrario, que gozan de dichos derechos en partes iguales, y serán ejercidos conforme a lo convenido entre ellos o, en su defecto, a lo que disponga el reglamento interno o la resolución de la asamblea y, supletoriamente, conforme a las reglas de copropiedad que dispone el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

Artículo 75.En los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, éste podrá transmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios conforme al siguiente procedimiento:

I.La aportación de las tierras deberá ser resuelta por la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley;

II.El proyecto de desarrollo y de escritura social respectivos serán sometidos a la opinión de la Procuraduría Agraria, la que habrá de analizar y pronunciarse sobre la certeza de la realización de la inversión proyectada, el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales y la equidad en los términos y condiciones que se propongan. Esta opinión deberá ser emitida en un término no mayor a treinta días hábiles para ser considerada por la asamblea al adoptar la resolución correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que, para los efectos de esta fracción, el ejido pueda recurrir a los servicios profesionales que considere pertinentes.

III.En la asamblea que resuelva la aportación de las tierras a la sociedad, se determinará si las acciones o partes sociales de la sociedad corresponden al núcleo de población ejidal o a los ejidatarios individualmente considerados, de acuerdo con la proporción que les corresponda según sus derechos sobre las tierras aportadas.

IV.El valor de suscripción de las acciones o partes sociales que correspondan al ejido o a los ejidatarios por la aportación de sus tierras, deberá ser cuando menos igual al precio de referencia que establezca la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier institución de crédito.

V.Cuando participen socios ajenos al ejido, éste o los ejidatarios, en su caso, tendrán el derecho irrenunciable de designar un comisario que informe directamente a la asamblea del ejido, con las funciones que sobre la vigilancia de las sociedades prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el ejido o los ejidatarios no designaren comisario, la Procuraduría Agraria, bajo su responsabilidad, deberá hacerlo.

VI. Igualmente, podrá haber usufructuo de la propiedad de las tierras de uso común, en caso de hacerse efectiva una garantía, siempre que se hubieren cumplido con los requisitos previstos por el artículo 46.

Las sociedades que conforme a este artículo se constituyan deberán ajustarse a las disposiciones previstas en el Título Sexto de la presente ley.

En caso de liquidación de la sociedad, el núcleo de población ejidal y los ejidatarios, de acuerdo a su participación en el capital social, y bajo la estricta vigilancia de la Procuraduría Agraria, tendrán preferencia, respecto de los demás socios, para recibir tierra en pago de lo que les corresponda en el haber social.

En todo caso el ejido o los ejidatarios, según corresponda, tendrá derecho de preferencia para la adquisición de aquéllas tierras que aportaron al patrimonio de la sociedad.

Artículo 78. Elderecho de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditará con el título de propiedad, certificado parcelario o certificado de derechos agrarios, expedido por el Registro Agrario Nacional, el cual contendrá los datos básicos de identificación de la parcela.

Artículo 80.Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población , así como a personas ajenas al ejido.

Para la validez de la enajenación se requiere:

a)La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público;

b)La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional, y

c)Dar aviso por escrito al comisariado ejidal.

Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

Artículo 81.Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios en los términos del artículo 56, la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto por los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá facultar a los ejidatarios, avecindados, posesionarios y otros a solicitar el dominio pleno de su o sus parcelas y otorgará a los solicitantes la propiedad de dichas parcelas, cumpliendo lo previsto por esta ley.

Artículo 82.Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el artículo anterior, los ejidatarios, avecindados, posesionarios y otros interesados asumirán la propiedad de sus parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho Registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad.

A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común.

Artículo 83. La asignación en propiedad de las parcelas ejidales no implica cambio alguno en la naturaleza jurídica de las demás tierras ejidales, ni significa que se altere el régimen legal, estatutario o de organización del ejido.

La enajenación a terceros no ejidatarios tampoco implica que el enajenante pierda su calidad de ejidatario, a menos que no conserve derechos sobre otra parcela ejidal o sobre tierras de uso común, en cuyo caso el comisariado ejidal deberá notificar la separación del ejidatario al Registro Agrario Nacional, el cual efectuará las cancelaciones correspondientes.

Artículo 152.Deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional:

I.Todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales;

II.Los títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y parcelas de ejidatarios o comuneros, donaciones de interés público a la Federación, Estados y Municipio

III.Los títulos primordiales de las comunidades, y en su caso, los títulos que las reconozcan como comunidades tradicionales;

IV.Los planos y delimitación de las tierras a que se refiere el artículo 56 de esta ley;

V.Los planos y documentos relativos al catastro y censo rurales;

VI.Los documentos relativos a las sociedades mercantiles, en los términos del Título Sexto de esta ley;

VII.Los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales; y

VIII.Los demás actos y documentos que dispongan esta ley, sus reglamentos u otras leyes.

Artículo 155.El Registro Agrario Nacional deberá:

I.Llevar clasificaciones alfabéticas de nombres de individuos tenedores de acciones de serie T y denominaciones de sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales;

II.Llevar clasificaciones geográficas de la ubicación de predios de sociedades, con indicaciones sobre su extensión, clase y uso;

III.Registrar las transmisiones de derechos sobre tierras ejidales y la garantía a que se refiere el artículo 46, así como las operaciones de los censos ejidales;

IV.Disponer el procesamiento y óptima disponibilidad de la información bajo su resguardo; y

V.Participar en la regularización de la tenencia de la tierra ejidal y comunal en los términos que señala el artículo 56 de esta ley.

Artículo 156.Los notarios y los registros públicos de la propiedad, cuando autoricen o registren operaciones o documentos sobre conversión de propiedad ejidal a propiedad privada y de ésta al régimen ejidal, así como la adquisición de tierra por sociedades mercantiles o civiles, deberán dar aviso al Registro Agrario Nacional. Asimismo, los notarios públicos deberán dar aviso al Registro Agrario. Nacional de toda traslación de dominio de terrenos rústicos de sociedades mercantiles o civiles.

Artículo 161.La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano estará facultada para enajenar a título oneroso, mediante subasta pública, terrenos nacionales a los particulares, cuando estos cuenten con vocación agropecuaria, el valor base de la subasta será de acuerdo al valor comercial que fije el Comité Técnico de Valuación de la propia Secretaría. Los terrenos turísticos, urbanos, industriales o de otra índole no agropecuaria, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano igualmente estará facultada para enajenarlos de acuerdo al valor comercial que determine el Institutode Avalúos de Bienes Nacionales. Los dos supuestos anteriores procederán, siempre y cuando los terrenos no se requieran para el servicio de las dependencias y entidades federales, estatales o municipales y su utilización prevista no sea contraria a la vocación de las tierras.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Registro Agrario Nacional contará con el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir los títulos de propiedad a favor de los ejidatarios que cuenten con la resolución emitida por la respectiva asamblea ejidal en que se hizo constar el dominio pleno sobre sus parcelas.

Para efectos del párrafo anterior, el Registro Agrario Nacional deberá dar de baja de sus registros las tierras que se encuentren inscritas mediante certificado parcelario y deberá expedir el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad en que se encuentren las tierras.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2016.— Diputados y diputadas: Gerardo Federico Salas Díaz,Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Eloísa Chavarrías Barajas, Jesús Antonio López Rodríguez, Karla Karina Osuna Carranco, Lilia Arminda García Escobar, Lorena del Carmen Alfaro García, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Mariana Arámbula Meléndez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Salas Díaz. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Victoriano Wences Real:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la extorsión, un delito que se define como el que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro, causando a alguien un perjuicio patrimonial.

De acuerdo a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad 2016, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el delito de extorsión es uno de los que más se comete en nuestro país. Sin embargo, dicha conducta delictiva no se considera grave, lo que genera que muchos delincuentes continúen cometiendo dicho ilícito.

Por lo que se requiere urgentemente que este tipo penal se considere grave, a efecto de que los extorsionadores no logren burlar la justicia. Por ello debe hacerse la reforma constitucional, ya que esta es la norma jurídica que prevé el delito o los delitos que sean considerados graves. Un tema –sin lugar a dudas– que resulta importante revisar es lo relacionado a los delitos que se consideran graves y que son aquellos que alcanzarán la prisión preventiva oficiosa. Esto es, quien delinque no alcanzará libertad bajo caución.

Una particularidad del delito de extorsión es que no se denuncia con la frecuencia con la que se comete, lo anterior porque las víctimas tienen el temor de que persista el delito o que les ocurra algo peor.

Compañeras diputadas, compañeros, en nuestro país el delito de extorsión no respeta condición política, social o económica, lo mismo le puede pasar al más próspero empresario que al más humilde campesino, como ha sucedido en diversos casos en el país, incluso donde personas han perdido la vida por no acceder a las pretensiones de sus extorsionadores.

Un delito que se ha visto hasta los más apartados lugares del país, lugares donde las personas son más susceptibles de ser engañados o presionados, dado que no tienen a quién recurrir.

Quién de nosotros no ha sabido de algún ciudadano de nuestro distrito que ha sido víctima de alguna de las modalidades de extorsión. Desafortunadamente este delito es de carácter patrimonial, ya que en muchos casos llega a configurarse en otros delitos, como el secuestro, lesiones y hasta el homicidio.

La presente iniciativa de reforma del segundo párrafo, del artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, va encaminada a aumentar los delitos graves, incluyendo el delito de extorsión.

La propuesta de reforma que planteo textualmente señala. Artículo 19, segundo párrafo. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, extorsión, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del Problema

De acuerdo a la Encuesta de Nacional de Victimización y Percepción Sobre la Seguridad 2016, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el delito de extorsión es uno de los que más se cometen en nuestro país, sin embargo dicha conducta delictiva no se considera grave, lo que genera que muchos delincuentes continúen cometiendo dicho ilícito, por lo que se requiere urgentemente que este tipo penal se considere grave a efecto de que los extorsionadores no logren burlar a la justicia, por ello, debe de hacer la reforma constitucional ya que es la máxima norma que prevé que delitos son graves.

Argumentos

Los argumentos que soportan la viabilidad jurídica para la reforma del segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están sustentados bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, mismo que inició a partir del día 18 de Junio del año 2016, entraron en vigencia una serie de normas jurídicas que harían posible su funcionamiento, entre este conjunto de normas jurídicas se encuentra el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual aplicará en toda la República Mexicana y deroga a las normas adjetivas penales de todos los Estados del país.

Un tema que sin lugar a dudas resulta importante revisar es el relacionado a los delitos que se consideran graves, y que son aquellos que alcanzarán la prisión preventiva oficiosa.

En este contexto el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece literalmente lo siguiente:

Artículo 19....

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Para un mayor entendimiento de la importancia de esta reforma señalamos que el Código Nacional de Procedimientos Penales señala en el artículo 167 en que delitos procede la prisión preventiva oficiosa, numeral que en lo que interesa señala:

Artículo 167...

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;

II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;

III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis;

IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;

V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;

VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;

VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;

IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.

Hay que señalar que la ley adjetiva penal es única para todo el país pero los tipos penales que establecen las leyes sustantivas de las entidades federativas serán de aplicación en su territorio, y desafortunadamente el delito de extorsión no se contempla como grave, por lo que es fundamental tipificarlo de esta manera.

Entidades federativas como Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí, Colima y Nuevo León ya contemplan como grave el delito de extorsión, sin embargo resultan inconstitucionales porque nuestra Carta Magna ya establece los tipos penales que se consideran graves, resultando necesario incluir dentro de esta lista de tipos penales graves al delito de extorsión cuando el mismo sea cometido por integrantes de la delincuencia organizada.

Conocemos los argumentos por los cuales se acota la prisión preventiva oficiosa, entre los cuales se destacan el abuso que se ejerció de la prisión preventiva bajo el anterior sistema penal, incluso se utilizó como herramienta para encarcelar a luchadores sociales, sin embargo considero que el delito de extorsión por su gravedad, por el sujeto activo que la comete, y por el enorme que pasan las víctimas de este delito, debe de considerarse grave para efecto de que se aplique la prisión preventiva oficiosa y de esta manera los delincuentes no salgan en libertad de manera pronta.

En México no queremos más extorsiones por parte de los delincuentes; las personas activas del delito deben de estar en prisión preventiva oficiosa porque son sujetos de alta peligrosidad.

Debemos de considerar que actualmente nuestro país atraviesa por una enorme crisis de inseguridad que se ha acentuado en determinados Estados de laRepública Mexicana, pero que desafortunadamente hapermeado en gran parte del territorio a tal grado que un 70% de la población manifiesta que se siente insegura, esto es, 7 de cada 10 mexicanos, no se siente segura en nuestro país, esto de acuerdo a los resultadosde la encuesta de Nacional de Victimización y Percepción Sobre la Seguridad 2016, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Fundamento legal

El que suscribe, diputado federal Victoriano Wences Real, integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma al artículo 19 de la s, para quedar como sigue:

Artículo 19. (...)

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, extorsión, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

(...)

(...)

(:..)

(...)

(...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez agotado el procedimiento previsto por el artículo 135 constitucional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.— Diputado y diputada Victoriano Wences Real,Ana Leticia Carrera Hernández,(rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Victoriano Wences Real. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada María Ávila Serna, en representación de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la vida orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La diputada María Ávila Serna:Con su permiso, diputado presidente. Las ciencias forenses se entienden como la aplicación de prácticas científicas dentro del proceso legal, para lo cual se requiere de la intervención de investigadores altamente especializados para localizar evidencias que solo se convierten en prueba concluyente al ser sometidas a estudios de laboratorio.

Ejemplo de ello es que hoy en día muchos países se basan en la ciencia forense y usa, de manera rutinaria, el análisis de ADN en la investigación de delitos complejos, lo cual ha permitido aportar soluciones para la identificación de delincuentes y cadáveres a partir de estos.

En el tema de seguridad pública la ciencia forense es fundamental para que las autoridades puedan hacer una reconstrucción de hechos. En consecuencia, nos permite contar con herramientas científicas para crear estrategias para resolver problemas como el aumento de la criminalidad, la inseguridad y la violencia.

En ese sentido, la formación de profesionales relacionados con la ciencia forense e investigación criminal permite a las sociedades contar con una herramienta confiable para la investigación y esclarecimiento de los delitos.

A nivel internacional son varios los ejemplos de creación de agencias o institutos de ciencias forenses. Como botón de muestra está la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, la cual está integrada por 27 instituciones de criminalística y ciencias forenses que representan a 18 países latinoamericanos, además de España y Portugal.

Otro ejemplo de instituciones con el mismo fin son el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia, dependiente de la Fiscalía General de la Nación, así como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, que es la institución encargada de brindar servicios de investigación científica forense al sistema de justicia.

En cuanto respecta a nuestro país no se cuenta con un organismo de estas características que concentre a nivel nacional un banco de datos con la información y pruebas recabadas en los servicios forenses, lo cual hace más compleja la administración de justicia.

Lo anterior porque el proceso para la obtención de pruebas, su preservación y generación de escenarios sobre los hechos delictivos o de otras índoles dan a las ciencias forenses un papel protagónico y de coordinación del trabajo de manera transversal con las autoridades federales, estatales y municipales.

Sin duda alguna, contar con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en México, de carácter multidisciplinario, sería un gran avance; pues existe una gran variedad de campos de interés en relación de las ciencias forenses. Desde la investigación en la práctica del cálculo de la antigüedad de cadáveres a través de insectos o ecosistemas acuáticos, hasta la valoración del daño corporal o la evaluación de la credibilidad de testimonios, entre otras cuestiones.

Por ello, a través de esta iniciativa de ley estamos proponiendo que el Poder Judicial de la Federación cuente con un Instituto Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses, órgano auxiliar de las instituciones de procuración y administración de justicia en el ámbito federal y local en materia de peritajes técnico-científicos para la investigación de delitos, el cual no actuará de oficio sino a petición de los jueces y/o fiscales.

Para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México es fundamental que nuestro país cuente con un banco de datos único que sea alimentado por la información que entreguen las autoridades municipales y estatales, para que de esta manera las autoridades federales puedan contar con información real y precisa sobre los delitos cometidos, contando con todos los métodos científicos al alcance de las autoridades, para construir una seguridad pública que ayude a brindar protección legal a la sociedad. Es cuanto, diputado presidente. Y por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada María Ávila Serna e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada María Ávila Serna y diputados del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XV Bis al artículo 81 y una sección 6a. Del Instituto Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses” al capítulo II, del título sexto, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las ciencias forenses se entienden como la aplicación de prácticas científicas dentro del proceso legal, para lo cual se requiere de la intervención de investigadores altamente especializados para localizar evidencias que sólo se convierten en prueba concluyente al ser sometidas a estudios de laboratorio.

En muchos países, la ciencia forense actualmente usa de manera rutinaria, por ejemplo, el análisis del ácido desoxirribonucleico (ADN) en la investigación de delitos complejos, lo cual ha permitido aportar soluciones para identificación de delincuentes y cadáveres a partir de éstos.

En el tema de seguridad pública, la ciencia forense es fundamental para que las autoridades puedan hacer una reconstrucción de hechos; en consecuencia, nos permiten contar con herramientas científicas para crear estrategias para resolver problemas como el aumento de la criminalidad, la inseguridad y la violencia.

En ese sentido, la formación de profesionales relacionados con la ciencia forense e investigación criminal permite a las sociedades contar con una herramienta confiable para la investigación y esclarecimiento de los delitos.

A nivel internacional son varios los ejemplos de creación de agencias o institutos de ciencias forenses. Como botón de muestra está la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, la cual está integrada por 27 instituciones de criminalística y ciencias forenses que representan a 18 países latinoamericanos, además de España y Portugal.

En el caso de Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es una dependencia adscrita a la Fiscalía General de la Nación y se encarga de practicar la actividad forense en la ciudad de Bogotá. Dentro de los servicios que presta se cuentan: la emisión de certificados de necropsia, la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas; la entrega de cadáveres, la evaluación psiquiátrica o psicológica forense, la realización de exámenes médico-legales, la investigación genética de la paternidad y maternidad, entre otras cuestiones.

Esta institución administra también:

• Laboratorios Acreditados

• Comisión de Carrera Especial

• Registro Nacional de Desaparecidos

• Servicios de Información de Clínica y Genética

• Ruta de Atención a Familiares

• Certificación de Peritos Forenses

• Sistema Integrado de Gestión-Solución

En cuanto respecta a nuestro país, no se cuenta con un organismo con estas características que concentre un banco de datos con la información y pruebas recabados en los servicios forenses, lo cual hace más complejo el proceso de seguridad pública a nivel nacional. Lo anterior porque el proceso para la obtención de pruebas, su preservación y generación de escenarios sobre los hechos delictivos o de otras índoles dan a las ciencias forenses un papel protagónico y de coordinación del trabajo de manera transversal con las autoridades federales, estatales y municipales.

Sin duda alguna, contar con un Instituto Nacional de Ciencias Forenses en México de carácter multidisciplinario sería un gran avance, pues existen una gran variedad de campos de interés en relación con las ciencias forenses, desde la investigación en la práctica del cálculo de la antigüedad de cadáveres a través de insectos o ecosistemas acuáticos, hasta la valoración del daño corporal o la evaluación de la credibilidad de testimonios, entre otras cuestiones.

Por ello, a través de esta iniciativa de ley estamos proponiendo, que el Poder Judicial de la Federación, cuente con un Instituto Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses órgano auxiliar de las instituciones de procuración y administración de justicia en el ámbito federal y local en materia de peritajes técnico-científicos para la investigación de delitos, el cual no actuará de oficio, sino a petición de los jueces y/o fiscales.

Para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, es fundamental que nuestro país cuente con un banco de datos único que sea alimentado por la información que entreguen las autoridades municipales y estatales, para que de esta manera las autoridades federales puedan contar con información real y precisa sobre los delitos cometidos contando con todos los métodos científicos al alcance de las autoridades para construir una seguridad pública que ayude a brindar protección legal a la sociedad.

En conciencia de esta real y urgente necesidad, cada vez más universidades han incorporado la licenciatura en ciencias forenses, pero, es una obligación del Estado, que no sólo se quede en teoría, en la impartición de las materias correspondientes a una licenciatura, sino que, los profesionistas tengan un verdadero campo de trabajo donde ejerzan sus conocimientos y que los hallazgos realizados sirvan a las autoridades para dar una verdadera seguridad pública en los tres niveles de gobierno.

Por lo aquí expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XV Bis al artículo 81 y una sección 6a. Del Instituto Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses, al capítulo II, del título sexto, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Artículo Único. Se adiciona una fracción XV Bis al artículo 81 y una sección 6a. Del Instituto Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses, al capítulo II, del título sexto, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal:

I. a XV. (...)

XV Bis. Designar, a propuesta que haga su presidente, al director del Instituto Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses;

XVI. a XLIII. (...)

(...)

Título Sexto
De los órganos administrativos del Poder Judicial de la Federación Capítulo II
De los órganos auxiliares Sección 6a.
Del Instituto Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses

Artículo 104 Bis. El Instituto Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses es el órgano auxiliar de las instituciones de procuración y administración de justicia en el ámbito federal y local en materia de peritajes técnico-científicos para la investigación de delitos.

Artículo 104 Ter. El Instituto Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses prestará sus servicios de investigación científica emitiendo dictámenes técnico-científicos que aporten elementos de prueba válidos para los procesos judiciales. Los dictámenes emitidos por el Instituto Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses se realizarán a solicitud de jueces y fiscales, tanto del ámbito federal como local.

Artículo 104 Quáter. El Instituto Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses estará a cargo de un director y estará integrado por los demás servidores públicos que se requieran para su buen funcionamiento.

Artículo 104 Quintus. El director del Instituto Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses será designado por el Consejo de la Judicatura Federal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2016.— Diputadas y diputado: María Ávila Serna, Jesús Sesma Suárez, (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada María Ávila Serna. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Renato Josafat Molina Arias:Gracias, señor presidente. A lo largo de nuestra historia el Poder Legislativo estuvo totalmente supeditado a la voluntad del Ejecutivo, lo que se entiende si consideramos que nacimos a la vida independiente con una fuerte y arraigada tradición de entender como principio de autoridad a un mando único.

Ya desde la época prehispánica con la figura de los tlatoanis en la época colonial los virreyes, y a partir de México independiente y hasta el siglo XX, caudillos y figuras presidenciales emblemáticas; todo lo cual forzó nuestro sistema presidencial.

A finales del siglo XX ya en nuestra historia moderna el papel del Poder Legislativo comenzó a cambiar vertiginosamente, pasando a representar ahora a un verdadero contrapeso al Ejecutivo.

El Congreso de la Unión es fiel reflejo de los cambios que han venido a fortalecer la vida democrática de México, y en este contexto donde han comenzado a tener importancia los controles parlamentarios que la propia Constitución establece, para que el Legislativo fiscalice la labor del Ejecutivo, mismo que han carecido de eficacia por diversas disfunciones en el sistema mexicano, tales como: mayorías aplastantes, disciplina de partido, escasez de oposición, etcétera.

En ese contexto encontramos la figura de la presentación de la presentación del informe del titular del Ejecutivo federal ante el Congreso de la Unión, que es una figura que sin querer estrictamente un medio de control parlamentario podría convertirse en tal y respecto del cual todas las fuerzas políticas coincidimos en que su actual formato está agotado y no corresponde a un verdadero ejercicio de rendición de cuentas y de colaboración entre Poderes, que debe de distinguir a una nación con una vida auténticamente democrática como la que decimos vivir.

Para Morena, el informe presidencial debe ser la oportunidad para que el titular del Ejecutivo federal, de cara a la nación, comparezca para exponer el estado que guarda la administración pública del país, pero para también escuchar los posicionamientos de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, convirtiéndose así en un ejercicio de rendición de cuentas y de verdadero diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, fortaleciéndose el sistema de pesos y contrapesos.

Para Morena, la presentación del informe presidencial debe convertirse en una auténtica forma de control parlamentario, a partir del cual el Legislativo ejerza un escrutinio a la actividad del Ejecutivo y, al mismo tiempo, se privilegien el diálogo y la colaboración entre Poderes, en el marco de una relación de respeto y entendimiento.

Proponemos que el informe del titular del Ejecutivo federal, como medio de control parlamentario, se complemente con la comparecencia en los días subsecuentes, ante los plenos de ambas Cámaras del Congreso, de los titulares de las secretarías responsables de la conducción de la política interior, exterior, económica y social del país, quedando entonces estas comparecencias como una obligación constitucional, esto independientemente de que se puedan citar a comparecer a otros secretarios de Estado, al titular de la Procuraduría General de la República, así como a los titulares de las entidades paraestatales.

Nuestra propuesta consiste en reformar los dos primeros párrafos del artículo 69 constitucional en los siguientes términos:

Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año del ejercicio del Congreso, el presidente de la República asistirá para presentar un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En el marco de dicha presentación, dirigirá un mensaje a la nación y posteriormente escuchará los posicionamientos de los grupos parlamentarios.

Cada una de la Cámaras podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de las Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Posterior a la presentación del informe del titular del Ejecutivo federal, las Cámaras del Congreso procederán a analizarlo para lo cual ante cada uno de sus respectivos plenos comparecerán los titulares de las secretarías responsables de la conducción de la política interior, exterior, económica y social del país, sin perjuicio de poder citar a otros secretarios de Estado, al titular de la PGR y a directores de entidades paraestatales, quienes comparecerán, rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus Reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

La discusión de este tema no puede seguirse postergando ni las iniciativas que se han presentado, junto con la que ahora pongo a su consideración, deben permanecer en la congeladora legislativa.

Hago un respetuoso llamado a la Comisión de Puntos Constitucionales para retomar la discusión y el análisis sobre el formato de la presentación del informe presidencial ante el Congreso de la Unión.

Por último –insisto– solicito a los diversos grupos parlamentarios voten a favor de la presente iniciativa, pues el titular del Ejecutivo federal debe rendir cuentas frente a los representantes populares, informar el estado de la administración pública y el estado que guardan los temas de interés nacional como es el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, las violaciones de derechos en Nochixtlán, Tlatlaya y las acciones que emprenderán contra gobernantes corruptos como es el caso de Javier Duarte, Guillermo Padrés, César Duarte.

Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Renato Josafat Molina Arias, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A lo largo de nuestra historia, el Poder Legislativo estuvo totalmente supeditado a la voluntad del Ejecutivo, lo que se entiende si consideramos que nacimos a la vida independiente con una fuerte y arraigada tradición de entender como principio de autoridad a un mando único, ya desde la época prehispánica con la figura de los “tlatoanis”, en la época colonial los virreyes y a partir del México independiente y hasta el siglo XX caudillos y figuras presidenciales emblemáticas como Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez, Porfirio Díaz, Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas, todo lo cual forjó nuestro sistema presidencial.

No obstante, elegimos una forma de gobierno republicana con división de poderes, estando entonces presente el Legislativo, aún en esos grandes enfrentamientos ideológicos del siglo XIX entre liberales y conservadores, cuando los primeros pugnaban por el federalismo y los segundos por el centralismo, ahí estaba el Legislativo, ahí continuaba presente la representación del pueblo y en los lapsos federalistas la representación de las entidades federativas.

A finales del siglo XX, ya en nuestra historia moderna, el papel del Poder Legislativo comenzó a cambiar vertiginosamente, pasando a representar ahora un verdadero contrapeso del Ejecutivo. El Congreso de la Unión es fiel reflejo de los cambios que han venido a fortalecer la vida democrática de México, y en este contexto han comenzado a tener importancia “los controles parlamentarios que la propia Constitución establece para que el Legislativo fiscalice la labor del Ejecutivo, los que han carecido de eficacia por diversas disfunciones en el sistema mexicano, tales como: mayorías aplastantes, disciplina de partido, escasez de oposición, etcétera. Las comparecencias de miembros del gabinete incorporadas a la práctica parlamentaria mexicana son el mejor ejemplo de que es posible introducir mecanismos de control sin que nuestro sistema presidencial pierda lo que podría considerarse su esencia.... Bajo este hilo argumentativo, interesa destacar dos instrumentos que en algunos países son instrumentos de control parlamentario, el primero de ellos equivale a lo que en nuestra práctica nacional conocemos como el informe presidencial, que sin ser mecanismo de control puede convertirse en tal y coadyuvar al fortalecimiento de las labores parlamentarias, y los otros mecanismos son las preguntas y las interpelaciones”.

Hablando de manera particular del informe presidencial, éste se trata de una figura que la doctrina ha definido de la siguiente forma:

En opinión del jurista Rafael Martínez Morales, el informe del presidente de la República es el “escrito anual que debe presentar el titular del Ejecutivo ante el Congreso de la Unión cuando éste inicie el primer periodo ordinario de sesiones. Tal escrito debe manifestar el estado general que guarda la administración pública del país”.

Para el jurista Elisur Arteaga Nava, el informe presidencial es “una exposición que en forma escrita debe formular el presidente de la república y presentar anualmente al Congreso de la Unión en la que manifieste el estado general que guarda la administración pública federal”.

Históricamente, la figura del informe presidencial aparece desde la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, la cual estableció en sus artículos 67 y 68 que el 1 de enero se reuniría el Congreso General y que asistiría el presidente de la federación mexicana a pronunciar un discurso que sería con­testado en términos generales por el presidente del Congreso. La presentación de este informe se tomó a imitación de la disposición contenida en la Constitución de Estados Unidos de América de 1787, la cual disponía en su artículo 11, sección 3 que “el presidente informará al Congreso sobre el estado de la Unión haciendo las recomendaciones necesarias”.

En los periodos centralistas, tanto en las Bases y Leyes Constitucionales de 1836 como en las Bases Orgánicas de 1843 no se reguló la mencionada figura. Al reestablecerse el federalismo en la Constitución de 1857, nuevamente se hizo referencia a la asistencia del presidente a la apertura de sesiones del Congreso.

Así, “el primer presidente mexicano en rendir un informe del estado que guardaba la administración pública fue Guadalupe Victoria, en el México independiente, al participar en el acto inaugural del Congreso el 1 de enero de 1825, además de pronunciar un discurso de carácter informativo, iniciando así la tradición de informar verbalmente al Congreso...”

Ya a principios del siglo XX y con base en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, Venustiano Carranza fue el primer presidente en presentar el 1 de septiembre de manera formal el informe.

Fueron casi 9 décadas de que el 1 de septiembre de cada año era considerado el Día del Presidente, por todo el protocolo alrededor de la figura presidencial antes, durante y después de la entrega del Informe del estado de la administración pública que marcaba la apertura de sesiones del Congreso.

Este discurso llegaba a durar varias horas, de las cuales la mayor parte era la constante mención de gran cantidad de cifras, por lo cual también se le llamó la Danza de las cifras; además, al día siguiente los diarios reproducían íntegro el informe presidencial...

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se “recogió la tradición histórica y política de México y establecería, en su artículo 69, que el Presidente de la República asistiría a la apertura del periodo de sesiones del Congreso de la Unión y presentaría un informe por escrito sobre el estado que guardaba la administración pública del país...”

En el texto original del artículo 69 de la Constitución de 1917 se estableció que el presidente de la República asistiría a la apertura de sesiones tanto ordinarias como extraordinarias del Congreso de la Unión, presentando en el caso de la apertura de las sesiones ordinarias un informe por escrito sobre el estado de la administración pública del país. Para 1923, el artículo 69 fue reformado, suprimiéndose lo relativo a la asistencia del presidente a la apertura de sesiones extraordinarias, en cuanto a la contestación al discurso presidencial, en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de 1934, encontramos ya la disposición de que sería el presidente del Congreso quien daría la mencionada contestación.

El 8 de abril de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva reforma del artículo 69 constitucional, cuyo objetivo fue precisar que la asistencia del presidente al Congreso sería sólo en la apertura de sesiones del primer periodo ordinario.

La reforma de mayor trascendencia del artículo 69 de la Carta Magna se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2008. A partir de ella se eliminó la obligación del titular del Ejecutivo federal de asistir a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso de la Unión, quedando sólo la obligación de presentar un informe por escrito sobre el estado que guarda la administración pública del país, con motivo de esta reforma, el citado precepto fue adicionado con un párrafo en el cual se estableció que con motivo del análisis del informe presiden­cial las cámaras del Congreso podrán solicitar por escrito al presidente la ampliación de información, así como citar a los secretarios de Estado, procurador general de la República y a los titulares de las entidades paraestatales para que comparezcan y rindan informes bajo protesta de decir verdad.

Finalmente, el 10 de febrero de 2014 se publicó la última reforma que se ha realizado al artículo 69 constitucional; en este caso, al párrafo segundo.

En la actualidad, todas las fuerzas políticas coinciden en que el actual formato del informe presidencial está agotado. Para Morena, el informe presidencial debe ser la oportunidad para que el titular del Ejecutivo federal, de cara a la nación, comparezca para exponer el estado que guarda la administración pública del país, pero para también escuchar los posicionamientos de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, convirtiéndose así en un ejercicio de rendición de cuentas y de verdadero diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, fortaleciéndose el sistema de pesos y contrapesos.

Para Morena, la presentación del informe presidencial debe convertirse en una auténtica forma de control parlamentario, a partir del cual el Legislativo ejerza un escrutinio a la actividad del Ejecutivo y, al mismo tiempo, se privilegien el diálogo y la colaboración entre poderes, en el marco de una relación de respeto y entendimiento.

Proponemos que el informe del titular del Ejecutivo federal como medio de control parlamentario, se complemente con la comparecencia en los días subsecuentes, ante los plenos de ambas Cámaras del Congreso, de los titulares de las secretarías responsables de la conducción de la política interior, exterior, económica y social del país, quedando estas comparecencias como una obligación constitucional, esto independientemente de que se puedan citar a comparecer a otros secretarios de Estado, al titular de la Procuraduría General de la República así como a los titulares de las entidades paraestatales.

La iniciativa de reforma del artículo 69 se propone en los términos siguientes:

Sobre el artículo 69 constitucional se han presentado en la LXIII Legislatura las siguientes iniciativas de reforma:

No se puede seguir postergando la discusión de un tema tan importante como lo es la presentación del informe presidencial ante el Congreso de la Unión, que se insiste debe ser considerado un medio de control parlamentario.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el primer y segundo párrafos del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República asistirá para presentar un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En el marco de dicha presentación dirigirá un mensaje a la nación, y posteriormente escuchará los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Cada una de las Cámaras podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Con posterioridad a la presentación del informe del titular del Ejecutivo federal, las Cámaras del Congreso procederán a analizarlo, para lo cual ante cada uno de sus respectivos plenos comparecerán los titulares de las secretarías responsables de la conducción de la política interior, exterior, económica y social del país, sin perjuicio de podercitar a otros secretarios de Estado, al titular de la Procuraduría General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

...

Notas:

1 http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/4/art/art4. htm

2 http://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/revista-cultura/pdf/CJ3_ Art_5.pdf

3 Ídem.

4 http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/ mochilazo-en-el-tiempo/nacion/sociedad/2016/09/2/el-informe-de-la

5 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2016.— Diputados y diputadas: Renato Josafat Molina Arias,Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Blandina Ramos Ramírez, Concepción Villa González, Cuitláhuac García Jiménez, Delfina Gómez Álvarez, Guadalupe Hernández Correa, Jorge Tello López (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Molina Arias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Cuitláhuac García. ¿Con qué objeto, diputado? Sonido.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Sólo para solicitarle al diputado que nos permita adherirnos a su iniciativa.

El diputado Renato Josafat Molina Arias (desde la curul): Sí, adelante.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado está de acuerdo, está a su disposición para el trámite correspondiente aquí en la mesa de la Secretaría.



LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos, y deroga el artículo 7o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación, suscrita igualmente, por el diputado Clemente Castañeda Hoeflich. Adelante, diputado.

El diputado Salvador Zamora Zamora:Gracias, presidente, con su venia. El fortalecimiento y empoderamiento del municipio mexicano ha sido una de las grandes consignas que ha quedado en la simulación dentro de la vida pública nacional, una consigna que ha sido olvidada, e incluso ha atestiguado retrocesos que ponen de manifiesto el rumbo errático de nuestro sistema político.

Una de las grandes debilidades a las que hoy se enfrentan los municipios, es la relativa a su libertad hacendaria, consagrada en nuestra Constitución y que se ve amenazada en muchas ocasiones por la incapacidad de ejercer instrumentos recaudatorios y hacer cumplir la ley.

La libertad hacendaria del municipio es el principal eslabón para asegurar la autonomía financiera municipal, y por lo tanto su independencia política. No obstante, desde hace décadas los municipios mexicanos se enfrentan a un régimen ambiguo en el que se ven imposibilitados para ejercer sus atribuciones elementales ante grandes corporativos que han obtenido concesiones federales para operar determinados servicios.

El caso más emblemático de lo anterior es el de los aeropuertos concesionados que gozan de un injustificable régimen de excepción ante la autoridad tributaria del municipio. Tenemos que ser claros en la interpretación de nuestras leyes.

La única excepción prevista por la Constitución para que los municipios no puedan ejercer su potestad tributaria, es la relativa a los bienes de dominio público de la Federación, los estados y los municipios. Y subrayo, bienes de dominio público.

Está claro que los bienes que son objeto de una concesión federal estarán exentos de pagar contribuciones por mandato constitucional, en este caso serían los bienes inherentes a la operación de un aeropuerto.

Sin embargo, con ese pretexto observamos cómo en los aeropuertos instalados en los municipios mexicanos, distintos inmuebles que no son inherentes al objeto público de la concesión, no pagan contribuciones municipales a pesar de que obtienen rendimientos por la operación y administración de diversos servicios. Es decir, no pagan las contribuciones municipales, como el impuesto predial, el servicio de agua potable y alcantarillado, las licencias de giro y los permisos de estacionamiento.

Estamos hablando de todos los inmuebles y servicios que son accesorios o complementarios a la concesión, como: los estacionamientos, los locales comerciales, los bares, los bancos y cualquier otra actividad que no es parte del bien de dominio público.

La misma Constitución mexicana protege a los municipios al reconocerles su potestad para agravar a este tipo de inmuebles. Y, por ello, distintos municipios a lo largo de los últimos años han impulsado acciones jurídicas para reclamar sus potestades tributarias, como ya lo hizo el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde está enclavado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara y desde donde se ha dado la batalla más importante en esta materia.

Por ello es que nuevamente los diputados ciudadanos presentamos esta iniciativa que plantea derogar el artículo 7 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos, en donde planteamos que todos los establecimientos mercantiles al interior de los aeropuertos cumplan con la obligación de pagar contribuciones municipales, como lo pagan el resto de los habitantes de los municipios.

Con la presente reforma se busca garantizar el cabal cumplimiento del artículo 115 constitucional, y por lo tanto impulsar el principio de equidad y justicia hacendaria en beneficio de los municipios mexicanos.

Ya la Presidencia de la Comisión de Transportes en dos ocasiones ha presentado a su Mesa Directiva un proyecto de dictamen en sentido positivo para aprobar la presente iniciativa; sin embargo, por acuerdo de la mayoría de la Junta Directiva de esa comisión, ha sido retirada del orden del día en la última sesión nuevamente.

Por lo tanto, para evitar que venciera es que en su momento retiramos la presente iniciativa y es que hoy la volvemos a presentar por la importancia que Movimiento Ciudadano le da a la independencia y la libertad municipal.

Estamos seguros que esta iniciativa encontrará el respaldo de los más de 50 municipios mexicanos, en donde se presenta el esquema de concesión de aeropuertos y en los más de 20 municipios donde existen esquemas mixtos, porque resulta a todas luces inequitativo e injustificado que distintas instancias que obtienen beneficios económicos por las actividades que realizan en su territorio no paguen impuestos, como lo hacen el resto de los mexicanos. No sólo se trata de fortalecer el principio de libertad hacendaria del municipio, sino de ser justos y equitativos en la recaudación. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y deroga el artículo 7o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación, suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y Salvador Zamora Zamora, diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se deroga el artículo 7 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El municipio es un pilar del sistema político mexicano, que debe ser fortalecido y reconocido como un eslabón central en el desarrollo de nuestro andamiaje institucional. Para ello, resulta crucial fortalecer y robustecer su hacienda, su capacidad recaudatoria y su autonomía financiera.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la atribución de los municipios para administrar libremente su hacienda, señalando en la fracción IV, inciso a) y c), lo siguiente:

Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

b) [...]

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la federación, de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Esta disposición es la base de la autonomía financiera y tributaria de los municipios mexicanos, y sólo establece como excepciones en donde los municipios no podrán gravar a los inmuebles en los casos en que sean “bienes de dominio público” de la federación, los estados o los municipios, siempre y cuando no sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares con propósitos distintos a los de su objeto público.

Este precepto tiene su origen en la reforma constitucional de 1983, planteada por el Poder Ejecutivo Federal, quien en su exposición de motivos, señalaba lo siguiente:

Consideramos como medida fundamental para robustecer al municipio, piedra angular de nuestra vida republicana y federal, hacer algunos cambios al artículo 115 de la Constitución, tendientes a vigorizar su hacienda [...] en una fórmula de descentralización, de correcta redistribución de competencias en materia fiscal, estimamos conveniente asignar a las comunidades municipales los impuestos o contribuciones [...] Como una disposición importante para la seguridad de los ingresos municipales, se consigna la obligación del pago de sus contribuciones para toda persona, física o moral o instituciones oficiales o privadas, sin excepciones o subsidios, evitando de esta manera a nivel constitucional las prácticas de exentar diversas personas o empresas del sector público, de estas contribuciones que son consubstanciales para la vida de los municipios [...] Sin embargo, por imperativas razones de orden público, que por sí solas se explican, se exceptuó de estas reglas a los bienes de dominio público de la federación, estados y municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

El dictamen que en su momento elaboró la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados concluyó lo siguiente:

Los bienes de dominio público de los tres órdenes de gobierno, que utilicen las entidades paraestatales o cualquier forma de concesión, contrato o autorización, mediante los cuales particulares hagan uso de dichos bienes para actividades accesorias al objeto público. [...] dichos bienes e instituciones o personas que los utilizan, demandan los mismos servicios municipales que otros bienes que no tienen la calidad de bienes del dominio público y que sin embrago tributan impuesto predial. Además del principio de equidad, se busca fortalecer el ámbito municipal en lo que se refiere a sus ingresos propios, por lo que a partir de la presente reforma, debe verificarse en contrapartida, un esfuerzo recaudatorio municipal en donde las tasas y los valores que le sirvan de base sean justos, y no se concedan subsidios, (como ya lo previene la Constitución en el párrafo que se reforma en su parte subsistente) y las tasas sean la pauta de los principios de proporcionalidad y equidad para los causantes.

A pesar de que la Constitución Mexicana, norma máxima de nuestra legislación ha descrito lo anterior, no ha sido actualizado el fondo del artículo 7 de la Ley de Vías Generales de Comunicación desde el 19 de febrero de 1940 fecha en que fue promulgada dicha ley, artículo que a la letra establece:

“Las vías generales de comunicación, los servicios públicos que en ellos se establezcan, las capitales y emprestititos empleados en ellos, las acciones, bonos y obligaciones emitidas por las empresas, no podrán ser objeto de contribuciones de los estados, Departamento del Distrito Federal, territorios federales o municipios”

Artículo en que claramente podemos observar se contrapone a la reforma de 1983 en el artículo 115 constitucional, puesto que al permitir en una norma de menor rango a la Constitución un impedimento para la libertad en las haciendas públicas locales, hemos permitido una antinomia, misma que hoy podemos corregir dando el sentido correcto a la protección de la libertad hacendaria de los municipios y buscar impulsar su capacidad recaudatoria para dotarlo de autonomía.

Es una realidad que estas atribuciones han sido atropelladas en los últimos años, particularmente por grandes corporativos, que bajo la figura de concesión, han dejado de pagar las contribuciones municipales a las que estarían obligados, como son el impuesto predial, los derechos por arrendamiento de cajones de estacionamiento, las licencias para operación de giros, las licencias de giros restringidos y el servicio de agua.

El caso que más ha afectado a los municipios mexicanos es el de las terminales aéreas, ya que en todo el país existen aeropuertos concesionados a empresas y corporativos que, si bien es cierto prestan un servicio público mediante una concesión, también obtienen rendimientos por la operación y administración de diversos servicios y productos accesorios, que son distintos a los de su objeto público, y que sin embargo no pagan las contribuciones municipales mencionadas.

En nuestro país, existen 54 municipios que albergan aeropuertos directamente concesionados a empresas, así como 21 en donde se presenta un esquema mixto en donde se presenta servicios y actividades complementarias a las del objeto público, por lo que comparten esta situación de irregularidad en la recaudación municipal, de tal manera que no estamos ante un fenómeno aislado, sino que se trata de un problema que impacta en todos los rincones del país, afectando de manera directa a los municipios y sus finanzas públicas.

Resulta fundamental que el Estado mexicano genere condiciones óptimas para que los municipios puedan fortalecer su hacienda y contar con mayores recursos para lograr sus fines. En este sentido, es responsabilidad de este órgano legislativo generar herramientas para que los municipios puedan exigir el pago de las contribuciones que les corresponden.

Mediante la presente iniciativa se plantea reformar la Ley de Aeropuertos para que se distingan de manera clara los bienes que son objeto de la concesión, y por lo tanto son inherentes a su objeto público, de los que son accesorios y distintos a su objeto púbico, y por lo tanto estarían obligados a pagar sus contribuciones municipales. Del mismo modo, se propone añadir como causal de revocación de la concesión el no pago de las contribuciones a las que están obligados los concesionarios.

Con la presente reforma se busca dotar de mayor claridad las disposiciones previstas en la Ley de Aeropuertos y con ello garantizar el cabal cumplimiento del artículo 115 constitucional, y por lo tanto impulsar el principio de equidad y justicia hacendaria, en beneficio de los municipios mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Mediante el cual se reforman se deroga el artículo 7 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos.

Artículo Primero. Se deroga el artículo 7 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Artículo 7. Derogado

Artículo Segundo.Se reforman las fracciones VIII y X del artículo 25, la fracción III del artículo 48, el segundo párrafo del artículo 54, el artículo 60 y 61, y se adiciona una fracción XVII, se modifican las fracciones XV y XVI y se adiciona un último párrafo al artículo 27 de la Ley de Aeropuertos, para quedar como sigue:

Artículo 25. El título de concesión o permiso, según sea el caso, deberá contener, entre otros:

I. a VII. [...]

VIII. Los servicios que podrá prestar el concesionario o permisionario inherentes de la concesión, así como aquellas actividades comerciales y de servicios accesorias que por su naturaleza complementen el servicio concesionado, los cuales se sujetarán a las reglas tributarias y de operación aplicables;

IX. [...]

X. Los derechos y obligaciones del concesionario o permisionario, incluyendo los relativos al pago de contribuciones federales, estatales y municipales que correspondan por las actividades y servicios complementarios a la concesión;

XI. a XIII. [...]

Artículo 27.Serán causas de revocación de las concesiones y permisos, las siguientes:

I. a XIV. [...]

XV. Limitar el número de prestadores de servicios complementarios o negar su operación mediante actos de simulación, por razones distintas a las contempladas por el artículo 57 de esta ley;

XVI. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley, sus reglamentos y en el título de concesión o permiso respectivos, siempre que por el incumplimiento se haya impuesto una sanción y ésta haya quedado firme en términos de ley, y

XVII. No realizar el pago de las contribuciones federales, estatales o municipales por el uso, explotación, y aprovechamiento del inmueble donde se encuentre la concesión, así como por las actividades comerciales o de servicios complementarias a la concesión.

[...]

[...]

La federación, las entidades federativas y los municipios conservarán en todo momento sus facultades y atribuciones económico-coactivas respecto al cumplimiento de las obligaciones y pago de contribuciones que les corresponda de conformidad a lo establecido en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 48.Para efectos de su regulación, los servicios en los aeródromos civiles se clasifican en:

I. a II. [...]

III. Servicios comerciales: los que se refieren a la venta de diversos productos y servicios a los usuarios del aeródromo civil y que no son esenciales para la operación del mismo, ni de las aeronaves. Estos servicios pueden ser prestados directamente por el concesionario o permisionario, o por terceros que con él contraten el arrendamiento de áreas para comercios, restaurantes, arrendamiento de vehículos, publicidad, telégrafos, correo, casas de cambio, bancos y hoteles, entre otros, los cuales se sujetarán a las reglas de operación y autorización de giros comerciales y de prestación de servicios en el municipio o delegación donde se encuentre ubicado el inmueble.

[...]

[...]

[...]

Artículo 54. Todos los actos y contratos para la prestación de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales en los aeródromos civiles de servicio al público serán de carácter mercantil.

Cuando los servicios aeroportuarios y complementarios se proporcionen en los aeropuertos por personas distintas a los concesionarios, los prestadores de dichos servicios deberán constituirse como sociedades mercantiles mexicanas, y deberán registrarse ante la autoridad municipal correspondiente para la obtención de las licencias aplicables.

Artículo 61. En cada aeropuerto se constituirá un comité de operación y horarios que estará integrado por el concesionario del aeropuerto a través del administrador aeroportuario, por el comandante de aeródromo y por las demás autoridades militares y civiles federales, estatales y municipales que intervienen en el mismo, así como por los representantes de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo y de los prestadores de servicios.

[...]

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados, a 25 de octubre de 2016.— Diputados y diputadas: Salvador Zamora Zamora,Ana Leticia Carrera Hernández, Felipe Reyes Álvarez, Francisco Martínez Neri, Germán Ernesto Ralis Cumplido, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, María Candelaria Ochoa Avalos, María Luisa Beltrán Reyes, Moisés Guerra Mota, Olga Catalán Padilla (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Zamora. Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

Sonido en la curul de la diputada María Candelaria Ochoa. Adelante, diputada.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente, gracias. La iniciativa que nuestro compañero Salvador Zamora ha presentado sin duda es un beneficio para los municipios, por ello le queremos pedir si nos permite adherirnos a la misma.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Da su anuencia el compañero diputado, así es que está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría para las firmas correspondientes.

Esta Presidencia saluda a Katy María García Uterralde y Catalina Gaspar Camargo. Están aquí presentes, nos visitan para escuchar la iniciativa de la diputada Saldívar Paz. Bienvenidas. Adelante, diputada.



LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o y 4o de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz:Gracias, diputado presidente. Los trastornos de talla y peso son condiciones que deben estar consideradas por la ley como un tipo de discapacidad. Hoy, 25 de octubre, Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña.

Compañeras y compañeros legisladores, ¿se han puesto a pensar qué les parecería si por ejemplo el cajero automático estuviera 40 centímetros más arriba? ¿O cómo sería pagar la tarjeta del Metro con 40 centímetros menos? Esas son sólo algunas de las dificultades que enfrentan todos los días las personas de talla pequeña.

Por ello, hoy pongo a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa que reforma la fracción XXI del artículo 2, y el primer párrafo del artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de que las personas con trastornos de talla o peso sean reconocidas como personas con alguna discapacidad.

De acuerdo con datos de los institutos nacionales de salud de Estados Unidos, existen más de 200 cuadros distintos que pueden causar trastornos del crecimiento, siendo la acondroplasia la más común. Se presenta en uno de cada 25 mil niños nacidos, es un defecto de nacimiento que afecta el crecimiento óseo del bebé.

Para las personas que padecen este trastorno, no solo se producen limitaciones físicas de orden práctico, sino también son sujetos de burla desde su infancia, lo que puede impedir su pleno desarrollo psicosocial.

Dentro de los principios fundamentales de Nueva Alianza se encuentran la inclusión, la igualdad y el respeto a la dignidad de las personas.

Queremos mediante esta iniciativa hacer visible a un grupo de la población que ha sido discriminado por ignorancia y por costumbre. La cifra de personas de talla pequeña no se conoce ni siquiera con certeza, dado que en el país no existe un registro estadístico de las personas que viven con esta condición. El Inegi no cuenta con un censo de personas con este padecimiento. Una persona pequeña es invisible en México.

En Nueva Alianza queremos poner fin a esta situación. Sin duda se han dado avances en relación al respeto y la inclusión de las personas con discapacidad y eso lo celebramos. No obstante, para las personas de talla pequeña resulta evidente que existe una mayor sensibilización, información y atención hacia discapacidades más prevalentes y visibles.

Sin duda las personas de talla pequeña cumplen con los criterios para ser consideradas como personas con alguna discapacidad. A pesar de ello, la ley no los menciona. Eso es lo que pretendemos cambiar con esta iniciativa, tenemos que hacer visible a quienes han sido ignorados en las políticas públicas, que se han visto apartados y segregados por barreras arquitectónicas y a quienes no se les considera como un grupo vulnerable. Este es nuestro compromiso. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 4o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción XXI del artículo 2 y el párrafo primero del artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de que se reconozca a las personas de talla pequeña como personas con discapacidad, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La acondroplasia es la forma más frecuente de lo que comúnmente se le conoce como enanismo. Se trata de una alteración ósea de origen cromosómico, caracterizada porque todos los huesos largos se encuentran acortados simétricamente, siendo normal la longitud de la columna vertebral, lo que provoca un crecimiento disarmónico del cuerpo. Esta condición, de carácter congénito, genera que quienes la padecen rara vez superen el metro y medio de estatura, por lo que son generalmente llamadas personas de talla pequeña.

Las personas con acondroplasia son mentalmente normales; sin embargo, sus limitantes físicas les generan marginación, exclusión e, incluso, rechazo, colocándolos en una situación de vulnerabilidad.

Las personas de talla pequeña pueden presentar una amplia gama de enfermedades, situación que aunada a los inconvenientes de su físico origina diversos niveles de discapacidad, que les impide el desarrollo de una vida plena en igualdad de condiciones que el resto de la población.

Si bien desde diferentes ámbitos se han dado pasos importantes en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, aquella que sufren las personas con acondroplasia no ha sido plenamente reconocida como tal.

Es así, que el objeto de la presente Iniciativa consiste en que las personas de “talla pequeña” sean reconocidas como “personas con discapacidad”, ya que a pesar de las dificultades a las que se enfrentan día con día, derivadas de su condición y limitantes, no son consideradas ni reconocidas como parte de la población con discapacidad.

Debido a la desproporción de su talla con respecto a las medidas estándares –socialmente aceptadas–, se producen limitaciones físicas de orden práctico en la vida cotidiana que pueden condicionar el desarrollo psicosocial de la persona con acondroplasia.

La desproporción corporal, la hiperlaxitud de las rodillas y la presencia de alteraciones en la alineación de los miembros inferiores ocasiona ciertas dificultades funcionales al reducir la base de sustentación del niño y empeorar el equilibrio, lo que origina dolor en las articulaciones, una capacidad de carga inferior y una movilidad reducida. Esto se ve agravado por una menor capacidad pulmonar como consecuencia de un perímetro toráxico más pequeño, lo que genera mayor cansancio ante un menor esfuerzo. Por ello, la energía necesaria para llevar a cabo las tareas cotidianas como por ejemplo estar sentado en posición de escritura, caminar o subir escaleras, es desproporcionadamente elevada.

Lo anterior nos demuestra que las personas de talla pequeña son y deben ser reconocidas como personas con una discapacidad, ya que la condición física especial que padecen los obliga a mayores esfuerzos, puesto que vivimos en un mundo en donde todo está adaptado para personas que alcanzan por lo menos 1.60 metros de estatura.

Ejemplo de esto son, entre otros: los cajeros electrónicos, los teléfonos públicos, los interruptores de luz, las cerraduras de puertas, los estantes, los mostradores, los andenes, los escalones y los automóviles, los cuales han sido diseñados pensando en personas de talla convencional, excluyendo a las personas de talla pequeña.

Entre las circunstancias sociales que tienen que afrontar las personas de talla pequeña se encuentran las miradas burlonas, los comentarios malintencionados, las preguntas que quizás no tienen respuesta y, tristemente los muchos cuestionamientos que existen en la mente de la persona que no ha descubierto del todo su condición y las causas que originaron cuando fue niño el que no haya podido crecer como los demás. Todo ello se convierte en una marcada discriminación que, desde la infancia, enfrentan las personas con esta condición. Recordemos que uno de los más grandes deseos que se tiene cuando se es niño es crecer, ser grande y soñar con lo que vamos a ser y hacer. Desafortunadamente, para los niños con acondroplasia estos sueños se ven ensombrecidos, pues al llegar la etapa en la cual quieren ser más independientes y hacer todo por sí mismos, se enfrentarán ante la cruda realidad de tener que pedir ayuda para las cosas más elementales como alcanzar un objeto.

Muy poca gente es consciente de cómo esa falta de estatura afecta la vida de una persona y, por ello, no se les reconoce como personas con una discapacidad, tanto desde un punto de vista clínico como social.

Si bien las personas de talla pequeña tienen el derecho de ser tratadas como iguales a las de “talla estándar o normal” y no ser discriminadas, también es su derecho contar con los mecanismos necesarios que les permitan desarrollar una vida plena, con las mismas oportunidades educativas, laborales y sociales, pero siempre acorde con su condición.

En México, una gran parte de las personas de talla pequeña no logran incorporarse a un trabajo digno y estable, lo que las orilla a emplearse en lugares en donde se ridiculiza su condición y, peor aún, muchos de ellos son utilizados, mal pagados y explotados.

Es necesario que el gobierno promueva programas para atender a este sector de la población, a fin de formar a la sociedad respecto a la diversidad, aprendiendo a respetar las diferencias físicas, raciales, religiosas, culturales, etc. De igual forma, se les deben de crear empleos dignos y una amplia gama de oportunidades.

La diferencia de discernimiento sobre si se reconoce como discapacidad o no, es un verdadero calvario que, de acuerdo con las personas de talla pequeña, comienza desde que son menores de edad, cuando se les ponen inconvenientes a la hora de solicitar el certificado de reconocimiento de discapacidad, ya que en la valoración se les informa que para los menores el pronóstico de evolución es incierto, por lo que únicamente analizan las limitaciones adaptadas a su edad. La consecuencia lógica es que al no ser reconocidos como personas con discapacidad se les niegan servicios, beneficios y derechos propios de las personas certificadas.

Otra discriminación que viven cotidianamente tiene que ver con la falta de adecuación del lugar y puesto de trabajo, seguida de la experiencia de exclusión en los procesos de selección y contratación, únicamente por su aspecto físico.

Cuando se solicita a una persona de talla pequeña que describa la conducta discriminatoria, las respuestas van dirigidas a un sentimiento de frustración por los procesos laborales selectivos; un ejemplo de lo anterior es el testimonio que nos brindó uno de los miembros de la Fundación Gran Gente Pequeña de México, AC, que manifestó lo siguiente: “Pasé todas las pruebas que no fueron presenciales, cuando fue la entrevista personal se acabó todo, ni siquiera se tomaron la molestia de disimular y me dijeron que el trabajo era de cara al público y que yo debía comprender que una persona como yo no era la adecuada para el puesto”.

Además de todas las barreras que hemos descrito, como son las físicas, donde se incluyen las arquitectónicas, de transporte y urbanísticas; de comportamiento y actitud, o las de tipo legal y organizativo, existen barreras que dificultan el acceso a los bienes y servicios públicos en igualdad de condiciones que el resto de la población, porque no están pensados y diseñados para personas de talla pequeña, tal es el caso de algunos transportes públicos, la señalización de información, los baños públicos, las cabinas telefónicas o los cajeros automáticos.

La realidad es que el actual sistema de diseño no está concebido para las personas con discapacidad y, mucho menos, para las personas de talla pequeña. De acuerdo a la fundación antes citada, algunos lugares han avanzado en materia de diseño, haciéndose más accesibles, pero es por lo regular para personas en silla de ruedas, no para aquellas de talla pequeña.

Asimismo, debido a que las personas de talla pequeña no son consideradas como personas con discapacidad, los poderes públicos no promueven la lucha contra la discriminación. La sensibilización e información está, en general, enfocada hacia otro tipo de patologías o discapacidades, más prevalentes y “notorias” desde un punto de vista socio-político.

A lo anterior se suma la ausencia de datos reales y precisos sobre el número de personas de talla pequeña, lo que supone un serio inconveniente para conocer las circunstancias de esta población y sus necesidades concretas. Para cubrir esta carencia, es necesario identificar: ¿cuántos son?, ¿dónde residen?, ¿qué limitaciones tienen?, ¿cómo es su vida laboral, educativa, sanitaria?, etcétera.

Determinar el número de personas afectadas por acondroplasia establece, en primer lugar, contextualizar sus circunstancias: desligarla de la población heterogénea donde se mezclan personas de baja estatura debido a diferentes causas, para situarla de manera específica y abordar sus complicaciones médicas y psicosociales de modo diferente al de otras personas cuya baja estatura se debe a un origen diferente a la acondroplasia.

El sentir de la población de talla pequeña es que su condición física provoca risa en personas que ni siquiera entienden por qué no se pudieron desarrollar de manera convencional. Esto tiene consecuencias extremadamente graves para las personas de talla pequeña, quienes además de padecer los mismos o parecidos déficits que el resto de población con discapacidad, sufren una devaluación de su persona y la consiguiente negación de su estatus como ciudadanos con plenos derechos.

A la discriminación directa se suma la errónea valoración que se hace de una persona con acondroplasia, teniendo en cuenta únicamente el componente de la altura, dejando de lado otros criterios de manifestaciones clínicas atribuibles a la alteración de órganos y sistemas que además del sistema musculoesquelético se resienten por la patología principal.

Si bien cada afectado es un caso único con una evolución clínica diferente, son las características físicas las que antes o después derivan en una situación de discapacidad. Sin embargo, el criterio estrictamente médico que se sigue en la aplicación del baremo impide que la percepción del estigma causado por los particulares rasgos físicos de la acondroplasia y que impactan de manera directa en el bienestar e integración social de las personas afectadas, se tenga en verdadera consideración a la hora de valorar la discapacidad, existiendo una desigualdad en los servicios debido a la falta de unificación de criterios de actuación en todo lo relacionado con la valoración.

Exposición de Motivos

La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, ratificada por México el veinticinco de enero del dos mil uno, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo del mismo año, estableció un término bastante amplio de la palabra discapacidad. Para este instrumento internacional, el término “discapacidad” significa: “una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”.

El actual instrumento de valoración de la discapacidad debe de abandonar obsoletos modelos médicos basados eminentemente en el aspecto científico, para acoger un paradigma también social y de entendimiento de la discapacidad. Se hace necesario que el índice de valoración de la discapacidad adopte verdaderamente los criterios recogidos no solamente en su referente inmediato como lo es, o debiera de ser la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), sino también, y de modo especial, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Resulta igualmente imperativo unificar criterios de actuación, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad proclamado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México, evitando así desigualdades y tratos diferenciados hacia las personas de talla pequeña.

De acuerdo con la antes mencionada Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, la discapacidad es un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación, por lo que se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad y los factores personales y ambientales.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), consciente de este problema, lleva años intentando desarrollar una herramienta útil, práctica y precisa que sea reconocida a nivel internacional y que ayude en el diagnóstico, valoración, planificación e investigación del funcionamiento y la discapacidad asociada a las condiciones de salud del ser humano.

“De la nueva clasificación se deriva que una persona puede poseer una deficiencia, sin que la deficiencia incurra en discapacidad o en minusvalía, en tanto el entorno social no obstaculice su desarrollo personal. Es decir, la deficiencia se refiere a la biología, la discapacidad a la restricción en la actividad y la minusvalía a la situación desventajosa.”

“...Las obligaciones específicas de los Estados, de hacer realidad los derechos de las personas con discapacidad, se traducen en las modificaciones y actuaciones necesarias a que hace referencia el concepto de grupo vulnerable; es válido sostener que el desarrollo del contenido de un derecho, se dará en función de la necesidad de la persona o grupo de personas hacia quien se dirige, por ejemplo, cuando se abordó el derecho de accesibilidad, se dijo que es deber del Estado adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información, etc., y para ello, resulta necesario, entre otras obligaciones, asegurar que las entidades públicas y privadas proporcionen instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tomando en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad, es decir, lo que el Estado debe hacer a través de los ajustes razonables, es realizar las adaptaciones y modificaciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer un derecho en igualdad de condiciones que los demás.”

En nuestro país, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, los tratados internacionales fueron elevados a rango constitucional, por lo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es ley suprema.

Característicamente, se considera un elemento esencial del concepto de discapacidad, la limitación en la participación plena y efectiva en igualdad de condiciones que los demás, limitando la capacidad de realizar acciones que para otras personas no representa ningún problema, pues ello implica limitar el ejercicio y goce de ciertos derechos, en igualdad de condiciones.

Sin embargo, la lucha legislativa por los derechos humanos de las personas de “talla pequeña” aún es incipiente.

Las personas de talla pequeña deben ser consideradas como personas con discapacidad, en aras de que puedan recibir una atención temprana en los sectores de educación, salud y servicios sociales, para que se pueda actuar como parte de un proceso integral y no de manera independiente, además se debe tener como fin primordial su desarrollo armónico en todos los ámbitos de su vida.

La fracción XXI del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad define a las personas con discapacidad como: “Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.”

Sujetándonos al concepto y definición de discapacidad de este ordenamiento, se confirma, que las personas de talla pequeña cuentan con uno o varios de los elementos para ser necesariamente consideradas como personas con discapacidad.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Estado mexicano el trece de diciembre del dos mil trece, expone que “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

No obstante, en el aspecto de la salud no existe, de momento, ningún Protocolo de actuación médica específico sobre el tema a nivel nacional, la baja prevalencia de las personas de talla pequeña no la hace equiparable al resto de enfermedades Esta situación supone una inequidad asistencial y una inexistente igualdad de oportunidades en materia de sanidad, al quedar supeditada la atención sanitaria a los criterios de valoración de discapacidad.

A lo largo de esta exposición se ha hecho evidente que las personas de talla pequeña experimentan discriminación con base a su condición física. Sin embargo, la falta de información, el hecho de que apenas conocemos sus causas, su naturaleza, la extensión o los efectos de la misma, ha contribuido a ignorar el problema.

Las mencionadas definiciones tienen una característica común, la cual consiste en que la discapacidad no solo impide o limita ejercer actividades cotidianas: por un lado, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad dispone que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social, y por otro lado, la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establecen que la discapacidad puede impedir la inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás, ofreciéndonos una concepción más amplia de dicho concepto, que efectivamente puede ser objeto de una interpretación más favorable para las personas de talla pequeña.

Derivado de lo anterior, se deduce que no se aplica debidamente el régimen normativo en favor de las personas de talla pequeña, ni en materia de “igualdad de oportunidades”, ni en relación a la “no discriminación” y “accesibilidad universal”, entre otros derechos. Existe entonces, una flagrante vulneración de derechos en estos aspectos, al no considerárseles ni reconocérseles como personas con discapacidad, ya que esto impide su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás.

A pesar de lo anterior, es de reconocer que comienzan a abrir posibilidades de actuación bajo el amparo de reformas en la legislación en su favor y, fundamentalmente, ante las progresivas demandas de las asociaciones civiles que actúan a favor de las personas de talla pequeña, frente al difícil acceso a sus derechos a través de las instituciones y poderes públicos que se pierden en la formalidad de sus procedimientos, entorpeciendo la aplicación de soluciones necesarias.

Es por ello que el Estado debe asegurar el principio constitucional de igualdad en materia de discapacidad, por la vía de planificación y concertación, que permita abordar metódica e igualitariamente el problema, y de otra que consienta acuerdos entre los tres órdenes de gobierno.

Cuando se dice que un grupo de personas se encuentra en situación de vulnerabilidad significa que se encuentra en una posición de desventaja para poder hacer efectivos sus derechos y libertades. Entender a las personas con discapacidad como un grupo vulnerable implica para la autoridad competente la obligación de realizar los ajustes necesarios para que las personas con discapacidad superen esa desventaja.

Para dar mayor abundancia respecto a este tema, a efectos de la presente Iniciativa, resulta pertinente transcribir algunas consideraciones vertidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

“...En este sentido, la Corte Interamericana reitera que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. El Tribunal recuerda que no basta con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre, como la discapacidad. En este sentido, es obligación de los Estados propender por la inclusión de las personas con discapacidad por medio de la igualdad de condiciones, oportunidades y participación en todas las esferas de la sociedad, con el fin de garantizar que las limitaciones anteriormente descritas sean desmanteladas. Por tanto, es necesario que los Estados promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva para remover dichas barreras.

Asimismo, la Corte considera que las personas con discapacidad a menudo son objeto de discriminación a raíz de su condición, por lo que los Estados deben adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para que toda discriminación asociada con las discapacidades sea eliminada, y para propiciar la plena integración de esas personas en la sociedad. El debido acceso a la justicia juega un rol fundamental para enfrentar dichas formas de discriminación ...”

La Corte Interamericana reitera que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos.

Para las personas de talla pequeña se hace patente, entonces, la representación cultural estereotipada y estigmatizante que mantiene la sociedad sobre su condición física, factor identificado como generador de discriminación.

El reconocimiento de las personas de talla pequeña como personas con discapacidad continúa extendiéndose en Latinoamérica, países como Guatemala y Colombia ya establecen en sus legislaciones dicho reconocimiento.

En Colombia, el 5 de enero de 2009 se estableció en la ley 1275 los lineamientos de política pública nacional para las personas que padecen acondroplasia, en su artículo 1 se advierte que: “Las personas que presentan enanismo, gozarán de los mismos beneficios y garantías contempladas en las leyes vigentes, otorgadas a favor de la población en condición de discapacidad”.

En el Congreso de la República de Guatemala, en 2010, se aprobó una reforma al Decreto 135-96, para incluir a las personas de talla pequeña en su artículo 1o, que establece que: “se declara de beneficio social el desarrollo integral de las personas con discapacidad física, sensorial, intelectual y/o trastornos genéticos de talla y peso, en igualdad de condiciones para su participación en el desarrollo educativo, económico, social y político del país.”

En México, en el estado de Guanajuato, el 13 de septiembre del 2012, el Honorable Congreso del estado aprobó una reforma al artículo 2 de la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, para estipular lo siguiente: “Personas con discapacidad: aquéllas que presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual, sensorial, de trastorno de talla o peso, ya sea de naturaleza congénita o adquirida, permanente o temporal, que limite su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, y que puede impedir su desarrollo”.

Asimismo, en Colima, el 10 de febrero de 2009 se aprobó por el Congreso del estado el reconocimiento de las personas de talla pequeña como personas con discapacidad en el artículo 2 de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad, el cual señala: “Persona con Discapacidad: Todo ser humano que tenga temporal o permanentemente una alteración funcional física, mental o sensorial; o un trastorno de talla y peso congénito o adquirido, que le impida realizar una actividad propia de su edad y medio social, que implique desventajas para su integración familiar, social, educacional o laboral.”

Hasta el momento, éstos son los únicos dos estados de la República Mexicana que han avanzado en el reconocimiento de las personas de talla pequeña como personas con discapacidad.

La dignidad de la persona está incorporada en el ordenamiento constitucional y en los ordenamientos internacionales, y debe marcar el camino de una intervención de los poderes públicos que resulte efectiva en la protección de las personas de talla pequeña, ya que es importante fomentar la sensibilización y promover acuerdos en favor de las personas con esta condición.

Actualmente, organizaciones y asociaciones de la sociedad civil como lo es la “Fundación Gran Gente Pequeña de México, AC”, citada al principio de este documento, luchan por el reconocimiento, respeto e inclusión de las personas de talla pequeña e impulsan la modificación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que los considere y reconozca como personas con discapacidad.

Para Nueva Alianza fomentar, defender y salvaguardar los derechos de los grupos más vulnerables es un principio rector, es por ello que atendiendo el justo reclamo de las personas de talla pequeña, la presente Iniciativa propone modificar la fracción XXI del artículo 2, y el primer párrafo del artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de incluir a las personas de talla pequeña como personas con discapacidad, para que puedan gozar de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano en favor de las personas con discapacidad, y para propiciar su plena integración en la sociedad.

La sociedad demanda gobiernos verdaderamente comprometidos con la ética y la moral pública. Todos debemos tener como premisa fundamental el compromiso ineludible de actuar en favor de la sociedad, de los grupos más vulnerables, sin excusa ni pretexto, privilegiando en todo momento el interés superior de la Nación.

Fundamento legal

Por lo expuesto, en mi calidad de diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman la fracción XXI del artículo 2 y el párrafo primero del artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Único. Se reforma la fracción XXI del artículo 2 y el párrafo primero del artículo 4, ambos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 2. ...

I. a XX. ...

XXI. Persona con discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual, sensorial, o un trastorno de talla o peso, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás;

XXII. a XXVIII. ...

Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, o un trastorno de talla o peso, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otro motivo u otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuente:

Campos Silva, Javier Arturo, Los derechos de las personas con discapacidad, septiembre 26, 2014, http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Los_Derechos_de_las_personas_con_discap acidad.shtml.

Corte IDH. Caso Furlan y Familiares versus Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012

Álvarez Ramírez, Gloria Esperanza, Las situaciones de discriminación de las personas con acondroplasia en España, Informe jurídico, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, y el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Octubre, 2010

Díaz Balado, Alicia, La inserción laboral de las personas con discapacidades en la provincia de A Coruña desde una perspectiva de género, Universidad de Santiago de Compostela Facultad de Ciencias da Educación, Departamento de Didáctica e Organización Escolar 2009, página 76.

Durand Ponte, Víctor Manuel, 2010, Desigualdad social y ciudadanía precaria: ¿Estado de excepción permanente?, México, Instituto de Investigaciones Sociales/ UNAM-Siglo XXI Editores

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). Las personas con discapacidad en México: una visión al 2010 / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.— México: INEGI, 2013

Organización de las Naciones Unidas. “Países y organizaciones de integración regional”, http://www.un.org/spanish/disabilities/countries. asp?navid=17&pid=578

Parra Dussan, Derechos Humanos y discapacidad, Bogota, Colombia, Centro Editorial Universidad del Rosario, 2004, páginas 22-23.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, Incorporación de la perspectiva de la discapacidad en el programa de desarrollo, Consejo Económico y Social [E/CN.5/2008/6], https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad

Notas:

1 Consultado en Fundación MAGAR acondroplasia. Disponible en el sitio web: http://www.acondroplasia.com/que-es-la-acondroplasia/

2 Fundación Alpe Acondroplasia, México, 2015. Guía “Rasgos discapacitantes propios de la acondroplasia”, se puede encontrar en http://www.fundacionalpe.org/es/biblioteca/acondroplasia/)

3 Álvarez Ramírez, Gloria Esperanza, Las situaciones de discriminación de las personas con acondroplasia en España, Informe jurídico, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Octubre, 2010, página 103.

Léase en http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO25946/SITUACIONES_DISCRIMINACION.pdf

4Ibíd.Página 25.

5 Ibíd.Página 113.

6Ibíd.Página 114.

7 Díaz Balado, Alicia, La inserción laboral de las personas con discapacidades en la provincia de A Coruña desde una perspectiva de género, Universidad de Santiago de Compostela Facultad de Ciencias da Educación, Departamento de Didáctica e Organización Escolar, 2009, pág. 76.

8 Campos Silva, Javier Arturo, Los derechos de las personas con discapacidad, 26 septiembre, México DF, 2014. Se puede encontrar en http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Los_Derechos_de_las_personas_con_discap acidad.shtml

9 Corte IDH. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputadas y diputados: Mirna Isabel Saldívar Paz,Angélica Reyes Ávila, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Carmen Victoria Campa Almaral, Eloisa Chavarrias Barajas, Gloria Himelda Félix Niebla, Jesús Antonio López Rodríguez, Leticia Amparano Gamez, Luis Alfredo Valles Mendoza, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María Eugenia Ocampo Bedolla, María Luisa Beltrán Reyes, Mariana Arámbula Meléndez, Mariano Lara Salazar, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Saldívar Paz. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

La diputada Angélica Reyes Ávila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Angélica Reyes, ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Angélica Reyes Ávila (desde la curul): Gracias, presidente. Para reconocer la sensibilidad de la iniciativa que hoy acaba de presentarnos la diputada Mirna Saldívar, y a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza solicitarle a la diputada nos permita adherirnos a la misma.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada está de acuerdo y está a su disposición aquí en la Mesa de la Secretaría. Igualmente, la diputada vicepresidenta Himelda Félix solicita adherirse, ya nos dio su anuencia la compañera diputada, estará a su disposición aquí en la Mesa de la Secretaría, y su servidor la suscribirá también. Muchas gracias. La vicepresidenta Sharon también.



LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, a nombre del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adicione el artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados y medios que nos acompañan. A nombre del diputado Alejandro González Murillo presento iniciativa en favor de los adultos mayores.

Para el Encuentro Social, la institución familiar es uno de los conceptos sobre los que reposa el tejido social, más valioso, por lo que siempre merece la pena trabajar. La iniciativa de reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que hoy someto a consideración de esta soberanía, abona a la solución de una realidad que necesitamos encausar desde ahora, toda vez que la pirámide poblacional se ha alterado, lo que proyecta a futuro un México viejo, y es que para el 2015 existía una población de 65 años y más, aproximadamente, de 8 millones 546 mil 566 personas adultas, de las cuales el 86.7 por ciento estaban afiliados a algún servicio de salud y un 12.90 por ciento no tenían algún acceso, esto significa que un millón 102 mil 80 de nuestros adultos mayores, de ese rango de edad, sí podían ejercer su derecho a la salud.

Estas cifras resultan lacerantes a la conciencia, la falta de acceso a una adecuada atención médica, en razón de su condición, de edad y deterioro pone a nuestros adultos mayores en una situación vulnerable.

Si bien la ley ya establece, dentro de su artículo 5, el derecho de las personas adultas mayores al acceso a la salud, alimentación y a una familia, la letra muerta por cuanto al acceso a servicios de salud es donde reside el detalle al momento de costear la atención médica y hospitalaria, especialmente si se trata de servicios de origen privado.

Con nuestra iniciativa se pretende que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Inapam, para el cumplimiento de su objetivo realice las acciones necesarias para celebrar convenios con el sector salud, a fin de garantizar descuentos en los bienes y servicios que presta la iniciativa privada en materia de salud, y especialmente en el tema de atención hospitalaria, que es donde el acceso a este derecho se encuentra en mayor entredicho.

El mercado, el Estado y la sociedad civil necesitamos trabajar codo con codo, con altura de miras y amor por México, para combatir la falta de oportunidades para las personas adultas mayores en materia de acceso a la salud.

Se trata entonces, también de un tema de exclusión social que como grupo parlamentario nos demanda la mejor de nuestra capacidad propositiva y actitud incluyente.

De acuerdo con los resultados referentes a las personas adultas mayores de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, el 27.9 por ciento de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad.

El 40.3 por ciento describe como sus problemas principales los económicos, el 37.3 por ciento la enfermedad, el acceso a servicios de salud y medicamentos. Y el 25.9 por ciento los laborales. Todos estos son medios necesarios para llevar a cabo una vida digna.

De acuerdo con el documento anterior citado, 8 de cada 10 personas adultas mayores se atienen y se atienden con médicos de servicios de salud pública, mientras que 3 de 10 lo hacen con servicios médicos privados. Casi 4 de 10 señalan que se atienden con remedios recomendados por familiares o amigos, y 1 de cada 10 acude a medicinas alternativas.

Sirva la presente iniciativa como un testimonio de gratitud, preocupación y ocupación para mejorar sus condiciones de vida digna. Por su atención, muchas gracias, es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES

Alejandro González Murillo, diputado federal por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XXXI y XXXII al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el Estado Mexicano, todas las personas deben gozar del Derecho a la Salud; así lo mandatan los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Si bien, en el último de los numerales referidos, se señala que la legislación secundaria definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, siguen existiendo importantes rezagos en el sector de los adultos mayores que, ante la omisión legislativa, combinada con la incapacidad del Estado para satisfacer todas sus necesidades, no ven materializado el acceso a tan importante derecho humano.

La presente exposición de motivos tiene, como finalidad, demostrar la necesidad, viabilidad y beneficios de la modificación propuesta, así como su coherencia con el sistema jurídico mexicano y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

Resulta relevante, en primer término, señalar qué se entiende por personas adultas mayores; las cuales han sido definidas como aquéllas que cuentan con sesenta años o más de edad y que se encuentran domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.

Para nuestras personas de la tercera edad, el escenario actual dista de ser el deseable. Existen, por un lado, importantes complicaciones en nuestro sistema de pensiones; una clara imposibilidad material del Estado para cubrir las necesidades de sus ancianos por cuanto hace a la salud, así como un significativo crecimiento demográfico proyectado en dicho sector de la población.

En lo que respecta al sistema de pensiones para el retiro, su colapso ha sido anunciado. Los dos esquemas actuales: i) beneficios definidos que se caracterizan por el hecho que los trabajadores activos sostienen a los retirados, y ii) las contribuciones o ahorros individuales; resultan insostenibles a largo plazo.

Se afirma lo anterior pues, al tratarse de un sistema de transferencias, se depende de la productividad del momento y del esquema distributivo, los cuales carecen de equilibrio entre las aportaciones hechas a la seguridad social durante la vida activa y la pensión recibida durante el retiro, llegando a presentarse el caso en que un trabajador aporte únicamente 29.4 meses pero reciba la cantidad equivalente a 219 meses de sueldo nominal.

Por cuanto a la cobertura en materia sanitaria por parte del Estado para Adultos Mayores, de acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la Encuesta Intercensal 2015, tenemos lo siguiente:

La alarmante realidad que estos datos presentan radica en que, al 2015, existían en nuestro país al menos 1 millón, 102 mil, 080 personas de sesenta y cinco años o más que no se encontraban afiliados a servicios de salud que ofrece el Estado. Es decir, independientemente de la calidad de los servicios de salud y la protección efectiva que estos brindan a quienes sí están afiliados, más del doce por ciento de nuestros adultos mayores se encuentran en franco desamparo en materia de salud.

Cuando en una familia se encuentra una persona de la tercera edad los gastos que se efectúan varían de manera considerable. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010, los hogares donde no hay adultos mayores erogan en promedio en la salud de sus integrantes $1 mil 199 pesos trimestrales, el cual se incrementa a $1 mil 561 pesos cuando los hogares se componen por al menos una persona de 60 años o más lo que significa un incremento del 30%.

Es importante señalar que, por rangos de edad, quienes más padecen una enfermedad crónica o discapacidad permanente son las personas que tienen entre 65 y 74 años, es decir los adultos mayores.

Los gastos que se realizan en promedio para adquirir medicamentos y materiales de curación o de aplicación asciende a $513 pesos. De igual manera, más de la mitad de los encuestados (53.9%) respondió que destina a este rubro entre $25 y $625.

Tenemos que el 26.4% de las personas encuestadas contestó que destinó parte de sus ingresos para los servicios médicos. Y el gasto promedio mensual es de $1,715 en servicios médicos, o especialistas, es decir $20,580 anuales.

La siguiente grafica muestra que la mayoría gastó en este rubro entre $326 y $625, aunque casi 23% asigna más de $925:

Asimismo, debido al alto costo que los servicios de salud para este sector de la población representan, alrededor de 80% de los adultos mayores se atienden con médicos de servicios de salud pública, mientras que solamente el 31% lo hacen con servicios médicos privados.

En relación con las principales causas de muerte entre adultos mayores contamos con los siguientes datos:

De lo anterior, se desprende que, adicional al elevado monto de los gastos necesarios para el cuidado de la salud en la tercera edad, las principales enfermedades tienen el carácter de crónicas o degenerativas, mismas que implican una mayor erogación de recursos para su tratamiento.

Por si lo anterior no fuera motivo para actuar de inmediato, los actuales datos demográficos arrojan un pronóstico nada favorable para el Estado, presentado un importante crecimiento de la población de adultos mayores en los próximos años.

De tal modo que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, para el año 2050 existirán más de 20 millones de personas mayores a sesenta y cinco años en nuestro país, de los cuales se teme que en su mayoría sean “...mujeres, viviendo solas y enfermas...”.

En consecuencia, resulta necesario cuestionarnos que, ante la actual imposibilidad del Estado de garantizar servicios de salud a ocho millones de adultos mayores y al inminente colapso de nuestro sistema de pensiones, ¿Qué calidad de vida podemos esperar cuando seamos más de 25 millones de personas en nuestra tercera edad?

A efecto de puntualizar qué se entiende por el Derecho Humano a la Salud, resulta relevante recalcar que, a partir de la Reforma Constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de Derechos Humanos así como su desarrollo jurisprudencial subsecuente, el contenido y alcance de los mismos se determina no solo por las disposiciones en el ámbito nacional, sino por los tratados internacionales que sean acordes con la CPEUM, celebrados por el Presidente de la República con la aprobación del Senado de la República.

A continuación, se nombran los principales instrumentos internacionales en materia de salud, así como con relación al cuidado, atención y protección de las personas de la tercera edad, mismos que sirven de fundamento supranacional a la presente iniciativa. En todos los casos el subrayado es nuestro.

La Declaración Universal de los Derechos humanos,firmada y ratificada por México en 1948, señala en su artículo 25 lo siguiente:

Artículo 25.

1. T oda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

De donde se desprende el derecho a un nivel de vida adecuado para asegurar la salud y el bienestar, mismo que necesariamente incluye a los adultos mayores, especialmente por lo que hace a su alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

A nivel regional, el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, del cual México es parte, define el derecho a la salud de la siguiente manera:

Artículo 10

Derecho a la Salud

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:

a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;

b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;

c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;

d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;

e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y

f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.

Teniendo así el Estado Mexicano la clara obligación de garantizar a todos sus habitantes, sin discriminación por edad, el Derecho a la Salud.

En el plano nacional, el Derecho Humano a la Salud de los adultos mayores permea de la CPEUM a la ley secundaria; a nivel constitucional, el artículo 4°, en su párrafo tercero, establece el derecho de toda persona a tener acceso a la salud al señalar:

Artículo 4o.

(...)

. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

(...)”

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en su artículo 5 señala:

“Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

(...)

III. De la salud, la alimentación y la familia:

a. A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral.

b. A tener acceso preferente a los servicios de salud, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4o. Constitucional y en los términos que señala el artículo 18 de esta Ley, con el objeto de que gocen cabalmente del derecho a su sexualidad, bienestar físico, mental y psicoemocional.

(...)

VI. De la asistencia social:

a. A ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia.

(...)”

De lo anterior, se desprende que, en congruencia con lo descrito con anterioridad, los adultos mayores deberán tener acceso tanto a alimentos, bienes y servicios como a servicios de salud, así como a programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de medios de subsistencia.

Tras la revisión de la información presentada, resulta evidente que existe una clara discrepancia entre el contenido y alcance del Derecho Humano a la Salud y los medios que el Estado Mexicano puede proveer a sus habitantes para garantizar el goce del derecho.

Más alarmante aún resulta el hecho que, en un futuro cercano, el número de personas mayores crecerá exponencialmente lo que implicará el colapso del sistema de salud mexicano ante la incapacidad de garantizar la atención médica por sus propios.

En virtud de lo anterior, se propone hacer las modificaciones legislativas necesarias a efecto de que el Estado y sus habitantes en conjunto con la iniciativa privada puedan maximizar sus recursos a efecto de hacer viable el acceso a tan importante derecho.

Así, la presente iniciativa propone el adicionar dos fracciones al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. La primera de ellas plantea la siguiente modificación:

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

(...)

XXXI. Celebrar, en términos de lo dispuesto por las fracciones VII y XVIII de este artículo, convenios con el sector salud, a fin garantizar descuentos en los bienes y servicios que presta la iniciativa privada en materia de salud, especialmente en materia de atención hospitalaria.

Se opta por esta redacción con la intención de facilitar la comprensión de la fracción que se agrega en el contexto completo de la LDPAM, de manera que su intérprete esté consciente de que las directrices, estrategias, programas y proyectos en beneficio de los adultos mayores son diseñadas y establecidas por el Inapam (fracción VII) así como la posibilidad de que el Instituto referido celebre convenios con comerciantes, industriales y prestadores de servicios (fracción XVIII).

Así, a través de esta modificación se dota al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) de la facultad expresa para celebrar convenios con el sector salud, a efecto de garantizar a los adultos mayores y sus familias, descuentos en los bienes y servicios que presta la iniciativa privada en materia de salud, especialmente en materia de atención hospitalaria.

La adición planteada resulta relevante y representa importantes beneficios, tanto para el Estado como para la población mexicana.

Como se ha plasmado, los actuales precios al consumidor final de los servicios de salud ofertados por la iniciativa privada, resultan prohibitivos para un amplio sector de la población, especialmente para nuestros adultos mayores, cuyos ingresos y recursos se ven seriamente afectados al tener por terminada su vida laboral útil.

En virtud de lo anterior, resulta necesario que el Estado a través del instituto designado para tal efecto, promueva los acuerdos necesarios para facilitar que un mayor número de personas tengan acceso a tales bienes y servicios.

La presente iniciativa incidirá directamente en la calidad de vida de un amplio sector de la población que ya atiende a sus adultos mayores en la iniciativa privada, pues al disminuir los precios de los bienes y servicios de salud, los recursos de millones de familias serán utilizados de una manera más efectiva haciendo posible que el ahorro se invierta en otros satisfactores.

Adicionalmente, al hacer más accesible los bienes y servicios de salud de la iniciativa privada y ampliar el número de personas que tiene acceso a ellos, se reduce la sobresaturación de los servicios sanitarios que brinda el Estado, incidiendo de manera favorable en la calidad de los mismos.

Asimismo, no le es ajeno al suscrito que, de un análisis superficial de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, así como del Manual de Procedimientos de Convenios Colaboración del Inapam, podría pensarse que el fin de la iniciativa ya está cubierto; sin embargo, de un análisis detallado se desprende que tal aseveración es falsa, pues la modificación no sólo robustece el papel del Instituto sino que, desde una posición única, vela por la salud y economía de todos los mexicanos.

Se sostiene lo anterior pues si bien el artículo 10, fracción XIII de la Ley en comento, dispone:

“Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

(...)

XIII. Establecer las bases para la asignación de beneficios sociales, descuentos y exenciones para ese sector de la población de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

(...) “

De lo que se desprende que, si bien uno de los objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores, consiste en establecer las bases para la asignación de beneficios sociales, descuentos y exenciones, la modificación propuesta es necesaria a efecto de dotar al instituto de la facultad celebrar convenios, atendiendo evidentemente a las bases expedidas por el Ejecutivo, coadyuvando así a lograr los objetivos de la Política Nacional en la materia.

En lo que respecta a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Derechos de los Adultos Mayores, cuyo texto dispone:

Artículo 18. Corresponde a las Instituciones Públicas del Sector Salud, garantizar a las personas adultas mayores:

(...)

III. El acceso a la atención médica a las personas adultas mayores en las clínicas y hospitales, con el establecimiento de áreas geriátricas en las unidades médicas de segundo y tercer nivel públicas y privadas. Las especialidades médicas encargadas de la atención de la salud de las personas adultas mayores, son la Geriatría y la Gerontología;

(...)

V. Mecanismos de coordinación interinstitucional para proporcionar medicamentos, previo estudio socioeconómico para su distribución sin costo alguno;

Podría estimarse que, al ya estar contemplada la atención hospitalaria y el proporcionar medicamentos para los adultos mayores (fracciones III y V), la adición propuesta resultaría intrascendente; sin embargo, del propio encabezado del numeral transcrito se desprende que las disposiciones se refieren exclusivamente a los servicios de salud públicos, es decir, los que brinda el Estado, mientras que la iniciativa busca el acceso de millones de personas a bienes servicios de salud privados.

Siendo importante resaltar que, de aprobarse en sus términos el texto propuesto, se acercaría más a la población a un pleno goce del derecho a la salud, el que no sólo implica el acceso a la atención médica y medicamentos, sino la capacidad de contar con todos los bienes y servicios para atender, desde los primeros síntomas de un malestar, hasta la completa restitución de la salud; por ejemplo, servicios de diagnóstico, materiales de curación, servicios hospitalarios y de rehabilitación, entre otros.

Por último, no pasan inadvertidas, al proponente, las disposiciones del Manual de Procedimientos de Convenios Colaboración del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, donde se señala:

“El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tiene la facultad de celebrar convenios de colaboración con el sector público, privado y la sociedad civil organizada.”

Sin embargo, atendiendo a la configuración del sistema jurídico mexicano, la inclusión de esta facultad a nivel Ley es necesaria.

De la revisión de la cédula de registro y firmas del manual, se desprende que el mismo es elaborado por la Subdirección de Concertación y Promoción, revisado por la Subdirección Jurídica y aprobado por la Dirección de Mejora regulatoria, lo que le brinda un valor vinculante, si alguno, solamente hacia el interior del Instituto, situación que resulta insostenible, teniendo en cuenta la envergadura de convenios que requiere nuestra población adulta mayor.

Asimismo, de la lectura integral del manual no se desprende que, los convenios con la Iniciativa Privada, deban priorizar la obtención de beneficios para los adultos mayores en materia de bienes y servicios de salud, existiendo únicamente una mención que se limita a señalar al sector salud como uno de los muchos respecto de los que podrán versar los acuerdos.

Adicionalmente, es de resaltar que, el referido instrumento no contempla, dentro de los formatos que desarrolla, alguno que atienda, en general, a la iniciativa privada ni, de manera específica, a los bienes y servicios sanitarios.

Resulta de trascendental importancia que, en el ámbito Estatal, se incluya, de manera expresa, esta facultad a nivel Ley Secundaria, a fin de facilitar el diálogo entre los poderes, pues hace viables mecanismos de rendición de cuentas, como el exhorto que el H. Congreso de la Unión giraría en caso de omisión, a efecto de que el Inapam celebre los convenios necesarios con la iniciativa privada. Ello hace, por sí misma, justificable la presente adición.

Por lo anteriormente expuesto, es de esperar que la modificación propuesta no sólo impulse la celebración de convenios con la iniciativa privada, sino agilice los procesos e implique significativos beneficios para la población mexicana toda.

La iniciativa tiene, como propósito transversal, beneficiar a todas las personas adultas mayores en los temas de salud, así como por cuanto a la inclusión hospitalaria. Es por ello que, en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, se deberán de aplicar todas las disposiciones que marca la LDPAM para que las personas de la tercera edad reciban el mayor beneficio posible.

En esa tesitura, se busca añadir una última fracción al artículo 28 de la LDPAM con el objeto que se reconozcan todas las facultades que, por ley, corresponden al Inapam, lo anterior, en un estricto ámbito de respeto de competencias y niveles de gobierno.

La redacción propuesta para la última fracción queda de la siguiente manera:

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

I a XXXI. (...)

XXXII. Las demás que la Ley señale.

Esta propuesta es relevante ya que, las facultades y atribuciones de los organismos públicos descentralizados, no se circunscriben a lo estrictamente dispuesto por un artículo y cabe la posibilidad que, alguna función importante, no se encontrare dentro del mismo.

Es por ello que, nuestra iniciativa, propone que se reconozcan aquellas facultades que no contempladas de manera textual en el artículo 28.

La modificación es viable, pues de una revisión a las leyes que rigen la actuación de otros organismos públicos, se comprueba que las facultades dispersas en el ordenamiento jurídico de que se trate también les son reconocidas.

A efecto de ilustrar lo sostenido, se exhiben algunos de los artículos donde se reconocen expresamente las demás facultades que otorga la ley y, en su caso, sus reglamentos.

La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud dispone:

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I a XV. (...)

XVI. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.

La Ley del Seguro Social ordena:

Artículo 251. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes:

I a XXXVI. (...)

XXXVII. Las demás que le otorguen esta Ley, sus reglamentos y cualesquiera otra disposición aplicable.

La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establece:

Artículo 10. La Asamblea General, tendrá las atribuciones y facultades siguientes:

I a XIII. (...)

XIV. Las demás a que se refiere la presente Ley y las necesarias para el cumplimiento de los fines del Instituto, que no se encuentren encomendadas a otro órgano del mismo.

Por último, resulta relevante el hacer notar la tendencia internacional en materia de adultos mayores, así como la decepcionante realidad en el sentido que México no sólo no se ha sumado a ella, sino que tampoco avanza en la misma dirección en el ámbito nacional.

En el plano de los compromisos que diversos Estados han suscrito en materia de sus adultos mayores, resulta esclarecedor el caso de los Estados miembros del Consejo de Europa que, como protocolo adicional a la Carta Social Europea, suscribieron, desde el 5 de mayo de 1988, el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea el cual, de manera expresa, señala la importancia de las organizaciones privadas en la vida de las personas adultas mayores, al suscribir lo siguiente:

Artículo 4. Derecho a protección social de las personas ancianas.

Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a protección social de las personas ancianas, las Partes se comprometen a tomar o promover, directamente o en cooperación con organizaciones públicas o privadas, las medidas adecuadas encaminadas, en particular:

1. A permitir a las personas ancianas seguir siendo, durante el mayor tiempo posible, miembros de pleno derecho de la sociedad mediante:

a. Recursos suficientes que les permitan llevar una existencia decorosa y desempeñar un papel activo en la vida pública, social y cultural.

b. La difusión de informaciones relativas a las facilidades y servicios de que disponen las personas ancianas y sus oportunidades de aprovecharlos.

2. A permitir a las personas ancianas escoger libremente su modo de vida y llevar una vida independiente en su entorno habitual durante todo el tiempo que lo deseen y que sea posible, mediante:

a. La posibilidad de disponer de viviendas apropiadas a sus necesidades y estado de salud o de ayudas adecuadas para el acondicionamiento de la vivienda.

b. La asistencia sanitaria y los servicios que su estado requiera.

3. A garantizar a las personas ancianas que viven en instituciones, la asistencia apropiada dentro del respeto a su vida privada, y su participación en la determinación de las condiciones de vida dentro de dichas instituciones.

De donde se obtiene que, entre los países firmantes, se reconocen la facultad de celebrar convenios con el sector privado a efecto de brindar a sus personas ancianas una mejor calidad de vida y atención sanitaria.

En el ámbito regional, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,desarrolla las bases para que las personas adultas mayores puedan tener una vida de calidad y un envejecimiento pleno.

Este documento, establece el derecho a brindar información en el ámbito de la salud:

Artículo 11

Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud La persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud.

La negación de este derecho constituye una forma de vulneración de los derechos humanos de la persona mayor. Con la finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar su consentimiento informado de manera previa, voluntaria, libre y expresa, así como a ejercer su derecho de modificar o revocar, en relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención o investigación, en el ámbito de la salud, los Estados Parte se comprometen a elaborar y aplicar mecanismos adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer la capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las opciones de tratamiento existentes, sus riesgos y beneficios.

Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que se brinde sea adecuada, clara y oportuna, disponible sobre bases no discriminatorias, de forma accesible y presentada de manera comprensible de acuerdo con la identidad cultural, nivel educativo y necesidades de comunicación de la persona mayor.

Las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la salud no podrán administrar ningún tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el consentimiento informado de la persona mayor. En los casos de emergencia médica que pongan en riesgo la vida y cuando no resulte posible obtener el consentimiento informado, se podrán aplicar las excepciones establecidas de conformidad con la legislación nacional.

La persona mayor tiene derecho a aceptar, negarse a recibir o interrumpir voluntariamente tratamientos médicos o quirúrgicos, incluidos los de la medicina tradicional, alternativa y complementaria, investigación, experimentos médicos o científicos, ya sean de carácter físico o psíquico, y a recibir información clara y oportuna sobre las posibles consecuencias y los riesgos de dicha decisión.

Los Estados Parte establecerán también un proceso a través del cual la persona mayor pueda manifestar de manera expresa su voluntad anticipada e instrucciones respecto de las intervenciones en materia de atención de la salud, incluidos los cuidados paliativos. En estos casos, esta voluntad anticipada podrá ser expresada, modificada o ampliada en cualquier momento solo por la persona mayor, a través de instrumentos jurídicamente vinculantes, de conformidad con la legislación nacional.

Lamentablemente y, a pesar del interés manifiesto de la Sociedad Civil, México no se ha adherido a tan importante instrumento legislativo.

En ese tenor se estima que, la presente iniciativa, adicionalmente a los beneficios ya señalados, contribuye a que nuestra nación se encamine a ser un país más garante de los Derechos Humanos.

Por lo anteriormente expuesto, se sostiene que la presente Iniciativa no resulta solamente benéfica sino indispensable, pues ante la información expuesta, lejos de todo interés partidista, sería negligente de nuestra parte, como legisladores, el hacer caso omiso a la realidad actual y a las proyecciones en materia de población de nuestro país.

Es con este producto legislativo que Encuentro Social, desde ésta, su primera legislatura, hace valer su compromiso no solo con el México de la coyuntura sino un proyecto de nación a largo plazo.

Con la finalidad de facilitar e ilustrar de mejor manera los cambios, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Texto Vigente

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

I a XXX (...)

Texto Propuesto

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

I a XXX (...)

XXXI. Celebrar, en términos de lo dispuesto por las fracciones VII y XVIII de este artículo, convenios con el sector salud, a fin garantizar descuentos en los bienes y servicios que presta la iniciativa privada en materia de salud, especialmente en materia de atención hospitalaria.

XXXII. Las demás que la Ley señale.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan las fracciones XXXI y XXXII al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Artículo Único. Se adicionan las fracciones XXXI y XXXII al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para quedar como sigue:

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

I a XXX (...)

XXXI. Celebrar, en términos de lo dispuesto por las fracciones VII y XVIII de este artículo, convenios con el sector salud, a fin garantizar descuentos en los bienes y servicios que presta la iniciativa privada en materia de salud, especialmente en materia de atención hospitalaria.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, artículo 3o. Consultada el día 13 de septiembre de 2016 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245_171215.pdf

2 Ham, Roberto (2010) “Envejecimiento Demográfico” en Los Grandes Problemas de México, Vol. 1, Población. El Colegio de México.

3 Encuesta Intercensal 2015, Consultada el día 12 de septiembre de 2016 en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=33725.

4 Alma Beade Ruelas, Brújula de Compra. Los Adultos Mayores y la Salud, Procuraduría Federal del Consumidor. Consultado el día 13 de septiembre del año 2016 en: http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2012/bol214_amayor_salud.asp

5 Alma Beade Ruelas, Obra Citada.

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Alma Beade Ruelas, Op. Cit.

9 http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datosz, Página consultada el día 12 de septiembre del año 2016.

10 Brígida García y Manuel Ordorica, C., 2010. Los Grandes Problemas de México, Población. Volumen 1. México, D.F.: El Colegio de México.

11 Naciones Unidas, Declaración Universal de los derechos humanos consultada el día 08 de septiembre de 2016 en: http://www.un. org/es/documents/udhr/. Página Consultada el día 08 de septiembre del año 2016.

12 Departamento de Derecho Internacional, OEA, Protocolo Adicional a La Convención Americana Sobre Derechos Humanos En Materia De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales “Protocolo de San Salvador”, Consultada el día 13 de septiembre de 2016 en: http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-52.html

13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada el día 07 de septiembre del año 2016 en: http://www.diputados. gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

14 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Consultada el día 07 de septiembre del año 2016 en: http://www.diputados. gob.mx/LeyesBiblio/ref/ldpam.htm

15 Manual de Procedimientos de Convenios de Colaboración. Consultado el día 14 de septiembre de 2016 en: http://www.inapam.gob. mx/work/models/Inapam/Resource/1246/1/images/Manual%20de%20Procedimientos%20de% 20Convenios%20de%20%20Colaboracion.pdf

16 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Consultada el día 07 de septiembre del año 2016 en: http://www.diputados.gob. mx/LeyesBiblio/ref/ldpam.htm

17 Manual de Procedimientos de Convenios de Colaboración del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, p. 11.

18 Manual de Procedimientos de Convenios de Colaboración del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, p. 02 y 72.

19 Manual de Procedimientos de Convenios de Colaboración del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, p. 68

20 Los formatos de convenios anexos al Manual son los siguientes: Convenio de colaboración -ayuntamientos- descuento agua y predial P.37; Convenio de colaboración -ayuntamientos- representante municipal P.43; Convenio de colaboración-gobierno estatal p.50 y, Convenio de colaboración - instituciones locales, estatales y federales p.57.

21 Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, Consultada del día 14 de septiembre de 2016 en: http://www.diputados.gob.mx/ LeyesBiblio/ pdf/87_020415.pdf

22 Ley del Seguro Social, Consultada el día 14 de septiembre de 2016 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92_121115.pdf

23 Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, consultada el día 14 de septiembre de 2016 en: http://www. diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/86_270416.pdf

24 Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, página 2, consultado el día 12 de septiembre del año 2016 en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2003/1965.pdf?view=1

Referencias

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: http://www. diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf

Declaración Universal de los Derechos Humanos: http://www.un. org/es/documents/udhr/

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud: http://www.diputados. gob.mx/LeyesBiblio/pdf/87_020415.pdf

Ley del Seguro Social: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ pdf/92_121115.pdf

Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, página 2: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2003/1965.pdf?view=1

Ham, Roberto (2010) “Envejecimiento Demográfico” en Los Grandes Problemas de México, Vol. 1, Población. El Colegio de México.

Salón del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, septiembre 27 de 2016.— Diputada y diputado: Ana Guadalupe Perea Santos,Alejandro González Murillo (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Perea Santos. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.

Esta Presidencia saluda a líderes pirotécnicos de Tultepec, estado de México, que nos visitan en este día en la Cámara de Diputados, invitados por el diputado David Sánchez Isidoro. Bienvenidos.



CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Iniciativa que reforma el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por los diputados María Gloria Hernández Madrid y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscribimos, diputada María Gloria Hernández Madrid y Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como, los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo anterior con base en lo siguiente

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

1. El artículo 1° de la Constitución General de la República dispone que:

a) En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

b) Que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

c) Que en nuestro país, está prohibida toda discriminación porque atenta contra la dignidad humana y tiene como objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

De la redacción transcrita se desprende que:

i. En nuestro país la protección contra la discriminación tiene rango Constitucional;

ii. Es en sí mismo el derecho humano a la no discriminación e integra otros como la dignidad, la igualdad ante la ley, la salud, el libre desarrollo de la personalidad, la educación y desde luego, el acceso a la justicia, y

iii. El derecho a la no discriminación debe ser promovido, respetado, protegido y garantizado por las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Ahora bien, la discriminación es generalmente asociada al concepto de grupos sociales en situación de vulnerabilidad, los que son considerados en la Ley General de Desarrollo Social como “Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar

Así pues, el derecho humano a la no discriminación cuando está relacionado a grupos sociales y/o personas en situación de vulnerabilidad adquiere la cualidad de derecho colectivo o social, es decir, trasciende la esfera de lo estrictamente personal y su protección tiende como objetivo alcanzar estándares de bienestar para aquellas personas que enfrentan como grupo humano situaciones cotidianamente adversas que ponen en riesgo sus bienes jurídicos tutelados.

Por otro lado, los grupos sociales en situación de vulnerabilidad son muy variados, en ese sentido, es necesario que la atención legislativa también diversifique su espectro protector y aborde con puntualidad a cada uno para no incurrir en el error de atribuirles a todos las mismas necesidades, por ello, esta Iniciativa impactará específicamente en tres de ellos:

a) Las niñas, niños y adolescentes;

b) Los adultos mayores, y

c) Las personas con discapacidad.

2. La materia jurídica de esta Iniciativa se ubica en el Código Nacional de Procedimientos Penales y su principio de Igualdad ante la ley por virtud del cual no se admitirá en el proceso penal discriminación motivada por edad, discapacidad, condición social o de salud (entre otras); el objetivo aunque complejo tiene un punto de partida, equilibrar las situaciones de hecho y derecho en que las personas con alguna de las condiciones de vulnerabilidad expuestas y, tras haber sido víctimas de delito puedan sostener su acusación sin influencia o amenaza externa que los hagan desistir de su búsqueda y acceso a la justicia.

Ahora bien, uno de los mecanismos para asegurar la integridad personal, la cesación de la violencia y que la acusación esté libre de la injerencias, es la correcta aplicación de las medidas de protección previstas por el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por ello será en esta figura jurídico procesal en la que se centrará la puntualización legislativa de la Iniciativa para que su solicitud, trámite, otorgamiento, ejecución y vigilancia se adecue a las circunstancias específicas de niñas, niños y adolescentes así como personas con discapacidad y adultos mayores como parte de los denominados grupos socialmente vulnerables.

Cabe reiterar que el ámbito de protección de esta Iniciativa se encuentra en la materia penal y los mecanismos de protección ante los hechos de violencia que le son propios a este cuerpo normativo cuando importan en cualquiera de los grupos vulnerables ya comentados.

II. Planteamiento del Problema.

a) Grupos socialmente vulnerables.

Es importante señalar que la protección que se brinda de forma especial a los grupos vulnerables no debe entenderse como práctica de discriminación; por el contrario, debe verse como el interés y el trabajo por superar las condiciones de desigualdad que les impiden a los miembros de estos grupos el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad con los demás.

Vulnerabilidad nos refiere a la noción de inseguridad, ya sea que se manifieste como una debilidad, o una exposición en condiciones de desventaja, una posibilidad de daño a la integridad física, psicológica o moral de la persona, e inclusive la exposición a un Estado de derecho violatorio de derechos y garantías fundamentales. Y todo esto representa una ecuación que tiene como resultado el riesgo.

Luego entonces podemos afirmar que la vulnerabilidad representa la debilidad frente a una situación general, desprotección, un riesgo percibido, peligro, o como una susceptibilidad o carencia de seguridad y libertad personal.

b) Niñas, Niños y Adolescentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño señala que el niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad, y que para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión con la intención de prepararlo para una vida independiente en sociedad, en consecuencia, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.

Del párrafo anterior se desprenden dos cuestiones relevantes, la primera que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos que por su condición biológica también son personas en situación particular de vulnerabilidad y, la segunda que todo “... niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado...”

En relación con la condición de vulnerabilidad, uno de los mayores retos que enfrentamos como sociedad es precisamente la violencia que se ejerce en contra de las niñas, niños y adolescentes, de esta forma, el maltrato y el abuso infantil es un fenómeno social actual, lacerante, delictivo y creciente, que daña el tejido social y en su forma más destructiva representa la pérdida del normal desarrollo de la personalidad del menor, de su libertad emocional, sexual e incluso de la vida. Estas conductas abusivas en agravio de las personas menores de dieciocho años se presentan principalmente al interior de la familia y sus manifestaciones van desde las ofensas verbales hasta los golpes pasando por conductas delictivas graves como la violación, la explotación sexual y laboral e incluso la utilización del menor para la comisión de delitos aprovechando su condición de inimputabilidad penal y en ocasiones traen como consecuencia el homicidio o el suicidio.

Respecto a la protección del Estado, en México existe un número importante de leyes de fuente interna y externa que forman una estructura jurídica sólida y convencional, protectora de los derechos de la niñez, sirven como ejemplo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fuente externa se cuenta con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los derechos del niño, el Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes comunidades y pueblos indígenas, entre muchos otros.

Pese a lo anterior, las medidas y figuras jurídicas que contienen las leyes o instrumentos internacionales tienden a proteger circunstancias como los alimentos, la guarda y/o custodia, la adopción, la imposición de sanciones o la tutela dejando de lado que en materia penal la afectación o puesta en peligro de los bienes jurídicamente tutelados de los menores es inmediata, actual o inminente y por lo tanto, no puede estar sujeta a la temporalidad natural de un procedimiento civil o administrativo, en ese sentido, la violencia contra las niñas, niños o adolescentes aunque es un problema visible y ampliamente reconocido, los mecanismos jurídicos existentes no permiten que las personas o instituciones que además de la familia, tienen contacto con ellos y que se enteran o perciben inequívocamente la violencia a la que se encuentran sometidos, puedan actuar en la protección de los derechos de estas personas menores de edad, de esta forma. Además, aunque el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé el otorgamiento de medidas de protección en favor de las víctimas de delito, cuando se refiere específicamente a víctimas que sean personas menores de dieciocho años, únicamente establece que, el Órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior de los niños o adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados, así como los previstos en ese Código; es evidente que esta disposición no solo es magra en su contenido sino que, además no se deriva de ella la celeridad, la urgencia con la que debe actuar el Ministerio Público para proteger la integridad, la vida o la seguridad de las niñas, niños o adolescentes y deja como en otras disposiciones a la potestad y criterio del representante social, el otorgamiento de una medida de protección suficiente, rápida, contundente y que pueda solicitarse por un número amplio de sujetos vinculados por diferentes circunstancias a la vida del menor víctimas de violencia para con ello lograr la cesación inmediata de la violencia en contra de los menores de dieciocho años.

Aunado a lo expuesto, el Comité de los Derechos del Niño que se desprende de la Convención sobre los Derechos del Niño, ha establecido como Observación General, “...que ha acogido con satisfacción el hecho de que en muchos Estados la Convención y sus principios se han incorporado al derecho interno. Todos los Estados tienen leyes penales para proteger a los ciudadanos contra la agresión. Muchos tienen constituciones y/o una legislación que recoge las normas internacionales de derechos humanos y el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que consagra el derecho de todo niño a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Son muchos también los Estados que cuentan con leyes específicas de protección de los niños en que se tipifican como delito los “malos tratos” o el “abuso” o la “crueldad”. Pero el Comité ha llegado a la conclusión, por su examen de los informes de los Estados, de que esas disposiciones legislativas no garantizan por lo general la protección del niño contra todo castigo corporal y otras formas de castigo crueles o degradantes, en la familia y en otros entornos....”

Como respuesta a la problemática expuesta y derivado de lo establecido por el artículo 4 de la Constitución General de la República así como los artículos 3.1 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño es necesario que como Poder Legislativo incorporemos al Código Nacional de Procedimientos Penales las disposiciones necesarias para que las medidas de protección otorgadas en beneficio de personas menores de dieciocho años sean un mecanismo de defensa ágil, oportuno y eficiente que permite cesar inmediatamente la violencia en contra de uno o varios de ellos y que además pueda ser solicitado en lo general por cualquier persona u organismo público o privado para con ello abrir la posibilidad a que los derechos de las niñas, niños o adolescentes puedan ser protegidos por cualquier integrante de la sociedad.

La iniciativa que nos ocupa aborda el interés superior de la niñez en tres esferas, la primera que es legislativa e implica que el desarrollo de la niña, niño o adolescente y “... el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas...”, la segunda, como principio “... regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño...” y la tercera, como criterio a partir del cual, el interés superior del niño es “... la premisa bajo la cual se debe interpretar, integrar y aplicar la normativa de la niñez y la adolescencia, y que constituye, por ello, un límite a la discrecionalidad de las autoridades en la adopción de decisiones relacionadas con los niños ...”

Establecidas las valoraciones que permean esta Iniciativa resulta procedente clarificar la gravedad del problema existente y la propuesta por la que se busca enfrentarlo.

a. En México existen 40 millones de niños, niñas y adolescentes.

b. Entre 55% y 62% de los adolescentes en secundaria señalan haber sufrido alguna forma de maltrato en algún momento de su vida.

c. En 13 millones de familias los niños crecen en un entorno de violencia y gritos por parte de sus padres.

d. De acuerdo al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), los principales responsables del maltrato suelen ser, en este orden: la madre, el padre, ambos padres, padrastro, madrastra, tíos y abuelos. Debido a que la mayoría de los niños maltratados son devueltos a sus progenitores, muchos casos terminan con la muerte del menor por las lesione inflingidas.

e. La Secretaría de Educación Pública registró durante 2008 en promedio, un caso de abuso sexual por semana en los planteles educativos.

f. El Instituto Nacional de Pediatría durante el período de 2007 a 2010 recibió y atendió 5,553 casos por maltrato infantil; de ellos, 11 casos fueron turnados a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes.

g. El Servicio Público de Localización Telefónica, entre 2007 a 2010 recibió un total de 4,106 menores reportados con maltrato infantil. En 79% de los casos la agresión proviene de la madre.

h. En 2009 la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia reportó que en la región centro del país hubo un total de 14,937 denuncias por maltrato infantil, de las cuales el 52.2% se comprobó algún tipo de maltrato, pero sólo el 21.4% fueron presentados ante el Ministerio Público.

i. En 2014, de acuerdo con el registro anual de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los sistemas estatales del DIF, se reportaron 39,516 casos de abuso contra niños y niñas, 27,675 de ellos se comprobaron. Las cifras se traducen en que aumentó 9 mil 398 casos más que en 2013, lo que representa un aumento del 50%.

j. En 2014 el abuso físico tuvo 10, 538 casos; los abusos sexuales 1,411 y la explotación comercial a 91

La lectura de las cifras y datos expuestos revela un claro y delicado problema respecto al maltrato o violencia infantil en México que debe ser contrarrestado y erradicado de nuestra realidad social.

En el fenómeno de la violencia infantil existen causas sociales, económicas o culturales que influyen en el sometimiento violento del desarrollo, integridad o seguridad de las personas menores de edad, las consecuencias son en general la perpetuación del ciclo violento en su etapa adulta, y es a su vez factor de riesgo para la generación de delincuencia, pero entre una cosa y la otra están las cifras enormes de casos no investigados o en los que no interviene el Ministerio Público como primer representante de los derechos de cada integrante de la sociedad, está el consentimiento, complicidad y la coparticipación familiar, está el conocimiento de autoridades de salud, educativas, de seguridad pública, del trabajo, defensoras de derechos humanos o de víctimas e incluso organizaciones de la sociedad civil que tienen conocimiento directo de este grave problema y sin embargo carecen de los instrumentos jurídicos efectivos para brindar protección a los menores de edad y lograr la cesación inmediata de la violencia que sobre ellos se ejerce, aún más, existen personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia que se encuentran totalmente impedidos para participar activa y directamente en estos casos, amigos e incluso vecinos que son testigos silenciosos del día a día de infantes y adolescentes maltratados que viven en depresión y baja autoestima o aceptación resignada de su realidad y que no son capaces o no están capacitados personalmente para poder defender su derecho a la integridad física, a la salud mental, al desarrollo normal y armónico de su personalidad a vivir en pocas palabras, una vida libre de violencia, es por ello que esta Iniciativa se presenta como una medida legislativa que pretende brindar a la sociedad una forma de participación inmediata de involucramiento en la erradicación de la violencia de niñas, niños o adolescentes.

c) Personas con discapacidad

La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad refiere que el término “discapacidad” significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

Por otra parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidadestablece que los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna, debiéndose garantizar a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva, sin que se consideren discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.

En el 2014, según los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, hay en México cerca de 120 millones de personas. De ellos, casi 7.2 millones reportan tener mucha dificultad o no poder hacer alguna de las actividades básicas por las que se indaga (personas con discapacidad), alrededor de 15.9 millones tienen dificultades leves o moderadas para realizar las mismas actividades (personas con limitación).

Esto significa que la prevalencia de la discapacidad en México para 2014 es de 6 por ciento. Por su parte, las personas que se encuentran en mayor riesgo de experimentar restricciones en su participación o limitaciones en sus actividades representan 13.2% de la población.

Por otra parte, aunque las estadísticas mundiales ubican a las personas con discapacidad, en especial a mujeres y niños con discapacidad mental, como uno de los grupos sociales más vulnerables ante el abuso y la explotación sexual, casi no existen referencias a ello en los informes periodísticos o en las campañas de concientización y prevención. Este vacío no es casual, ya que obedece a una “lógica” que relativiza la sexualidad de las personas con discapacidad, invisibilizando sus derechos y privándolos, a ellos y a sus familias, de recibir la protección, el acompañamiento y la contención necesarias. En este informe especial analizaremos en profundidad aquellos factores que ubican al colectivo como un grupo vulnerable y expondremos los consejos de especialistas en materia de prevención del abuso.

Finalmente, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su informe CRPD/C/MEX/CO/1 de 27 de octubre de 2014 estableció para nuestro país que:

• El Comité expresa su preocupación por la ausencia de medidas para eliminar el estado de interdicción y las limitaciones a la capacidad jurídica de una persona por razón de su discapacidad en el sistema jurídico del Estado parte.

• Al Comité le preocupa el escaso acceso a la justicia de personas con discapacidad de comunidades indígenas; de mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia y abuso; de personas con discapacidad institucionalizadas; y de niños y niñas con discapacidad.

• El Comité observa con preocupación que con frecuencia las personas con discapacidad intelectual o psicosocial han sido expuestas a una determinación de inimputabilidad en el ámbito de procesos penales, en ausencia de las garantías procesales. También le preocupa que la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales mantenga en el ordenamiento jurídico la figura de inimputabilidad por motivo de discapacidad.

Así mismo, recomendó que:

• Adoptar medidas prioritarias de nivelación para garantizar que los grupos más discriminados de personas con discapacidad puedan también acceder a la justicia;

• Brindar asistencia legal gratuita para las personas con discapacidad que viven en pobreza o institucionalizadas;

• Garantizar que todos los niños y niñas con discapacidad puedan acceder a la justicia y expresar su opinión debidamente en relación con la consideración del interés superior del niño, mediante ajustes de procedimiento adecuados a su edad y sus necesidades específicas por razón de su discapacidad.

Adoptar las medidas necesarias tendientes a garantizar el debido proceso legal de las personas con discapacidad en el marco de un procedimiento penal, ya sea en calidad de inculpadas, víctimas o testigos, así como desarrollar criterios específicos para brindarles ajustes razonables en dichos procedimientos;

• Impulsar mecanismos de capacitación en operadores judiciales y penitenciarios en concordancia con el paradigma legal de la Convención.

d) Personas adultas mayores

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores dispone que, son aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional por lo tanto, toda referencia a estas personas se entenderá realizada en ese contexto.

El abuso y el maltrato a las personas de edad avanzada se han reconocido ya como un problema social y de salud pública cada vez más frecuente que debe prevenirse y erradicarse.

La Organización Mundial de la Salud define al maltrato al adulto mayor como “un acto único o repetido que causa un daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza”. Puede adoptar diversas formas, como el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones económicas. También puede ser el resultado de la negligencia, sea esta intencional o no.

Para el 2050 se estima que México sea el país con mayor proporción de adultos mayores en toda América Latina: 33.8 millones de personas con más de 60 años, según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).

De acuerdo con Celia Martínez de la Fundación para el bienestar del adulto mayor, de los 10.9 millones de adultos mayores que hay en México, 1.7 millones son víctimas actualmente de violencia tanto física como psicológica y la mayoría, un 40 por ciento vive está realidad dentro de sus propios hogares.

Es una situación alarmante que de acuerdo con diferentes estudios muestra que 16 de cada 100 adultos vive algún grado de maltrato, el cual en muchas ocasiones no perciben como tal y que las autoridades, instituciones y sociedad no ha sabido abordada como se debe, pues sólo basta recordar el tema de las pensiones ha servido y se ha manejado como poder político.

e) Propuesta legislativa

Con los argumentos y fundamentos expuestos es necesario que las medidas de protección a víctimas de delito, cuando se trate de niñas, niños y adolescentes así como personas con discapacidad y adultos mayores sean otorgadas oficiosamente por el Ministerio Público y si no lo hiciere, que puedan ser solicitadas por cualquier persona; en ambos casos, se otorgarán en forma inmediata, durarán el tiempo que sea necesario para lo cual se deberán observar los protocolos que al efecto se emitan por la Procuraduría General de la República, las Procuradurías y/o las Fiscalías de los Estados de la República y la Ciudad de México.

En virtud de lo mencionado, existe viabilidad material, viabilidad jurídica y viabilidad Constitucional

Por los razonamientos y argumentos vertidos en esta Iniciativa, someto al conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente, el siguiente proyecto de

Decreto

Único.Se reforma el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 137....

...

Fracciones Ia X...

...

...

...

Cuando la víctima sea niña, niño o adolescente; persona con discapacidad o adulto mayor, el Ministerio Público otorgará la medida de protección en forma oficiosa, sin embargo, también podrá ser solicitada por cualquier persona y, en ambos casos, se otorgará en forma inmediata y por el tiempo que sea necesario de acuerdo a los protocolos que al efecto se emitan. La omisión del Ministerio Público a otorgar las medidas de protección en los términos de este párrafo será motivo de responsabilidad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.En el plazo de noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Procuraduría General de la República, las Procuradurías y Fiscalías de los Estados de la Federación y la Ciudad de México emitirán los protocolos necesarios para la solicitud, otorgamiento, ejecución y vigilancia de las medidas de protección para niñas, niños y adolescentes así como, para personas con discapacidad y adultos mayores.

Los protocolos que se emitan no podrán restringir la oficiosidad, la solicitud de la medida de protección por cualquier persona o su inmediatez.

Para determinar la duración de la medida de protección se deberá incluir los factores que la determinen pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco días contados a partir de su otorgamiento.

Los protocolos podrán precisar los tipos de discapacidad que generen la medida de protección en los términos de este Decreto pero, para el caso de aquellas que sean físicas o intelectuales permanentes no estarán sujetas a condicionamiento alguno.

Para el caso de los adultos mayores, únicamente podrá restringirse en los términos de este Decreto, la duración de la medida de protección.

Tercero.Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Notas:

1 Aproximación a un estudio sobre vulnerabilidad y violencia familiar, María de Montserrat Pérez Contreras, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Revista Jurídica, Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/113/art/art9.htm

2 Clase de Instrumento: Tratado internacional; Fecha de firma: 20 de noviembre de 1989; Fecha de entrada en vigor internacional: 2 de septiembre de 1990; Vinculación de México: 21 de septiembre de 1990 (Ratificación); Fecha de entrada en vigor para México: 21 de octubre de 1990; DOF: 25 de enero de 1991

3 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”, Clase de Instrumento: Tratado internacional, Adopción: 22 de noviembre de 1969, Fecha de entrada en vigor internacional: 18 de julio de 1978, Vinculación de México: 24 de marzo de 1981 (Adhesión), Fecha de entrada en vigor para México: 24 de marzo de 1981, DOF: 7 de mayo de 1981, Artículo 19.

4 Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño; Observación General No.8; CRC/C/GC/8, 21 de agosto de 2006; El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y artículo 37, entre otros); Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); México 2014, pág. 127

5 INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. Época: Décima Época, Registro: 159897, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 25/2012 (9a.), Página: 334

6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de Agosto de 2002, Solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, página 10.

7 Ibídem pág. 61 párrafo 56

8 Informe Anual UNICEF México, 2014, pág. 5

9 Ídem

10 Maltrato y Abuso Infantil en México: Factor de Riesgo en la Comisión de Delitos, Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno Federal, Mayo de 2010, pág. 11

11 Ibídem pág. 12

12 Ibídem pág. 15

13 Algunas consideraciones sobre el maltrato infantil en México, Salvador Moreno Pérez, Cámara de Diputados, LXII Legislatura, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Documento de Trabajo número 146, México, Marzo de 2013, pág. 17

14 ídem

15 Sitio de internet: archivo.eluniversal.com.mx/nación-mexico/2015/repunta-el-malrato-infantil-en-el -pais-1090126.html

16 Ídem

17 Clase de Instrumento: Tratado internacional Fecha de firma: 7 de junio de 1999 Fecha de entrada en vigor internacional: 14 de septiembre de 2001 Vinculación de México: 25 de enero de 2001 (Ratificación) Fecha de entrada en vigor para México: 14 de septiembre de 2001 DOF: 12 de marzo de 2001.

18 Clase de Instrumento: Tratado internacional Fecha de firma: 13 de diciembre de 2006 Fecha de entrada en vigor internacional: 3 de mayo de 2008 Vinculación de México: 17 de diciembre de 2007 (Ratificación) fecha de entrada en vigor para México: 3 de mayo de 2008 DOF: 2 de mayo de 2008.

19 Abuso sexual en personas con discapacidad http://elobservatoriodelsndromedepost-fanuel.blogspot.mx/2011/11/abuso-sexual-e n-personas-con.html

20 http://www.geriatria.salud.gob.mx/contenidos/menu5/envejecimiento_maltrato.html

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputada y diputado: María Gloria Hernández Madrid,Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Esta Presidencia igualmente saluda a estudiantes de la Universidad Patria y Universidad Allende, de San Miguel de Allende, Guanajuato, invitados por la diputada Verónica Agundis. Bienvenidos.



LEY DE AGUAS NACIONALES

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Carlos Barragán Amador, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9, 12 Bis, 6 y 46 de la Ley de Aguas Nacionales.

El diputado Carlos Barragán Amador:Gracias, muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados federales, hoy vengo aquí a esta tribuna por un acto de justicia para 2 mil 456 municipios del país.

De acuerdo al dictamen relativo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto a la consideración del Congreso Constituyente de Querétaro, la diferencia más importante y, por lo tanto, de gran novedad respecto a la Constitución de 1857 en materia de ayuntamientos fue la relativa al establecimiento del municipio libre como la futura base de la administración política y municipal de los estados y, por ende, del país.

El objetivo de tal construcción jurídica no era otro que el de asentar en la nueva Carta Magna los principios en que debe descansar la organización municipal, es decir, la independencia de los ayuntamientos, la formación de su hacienda y el otorgamiento de la personalidad jurídica para que puedan contratar, adquirir y defenderse.

Heriberto Jara, diputado integrante de la Comisión Redactora del artículo 115, al comparecer ante la tribuna y pedir el voto a la asamblea a favor de dicho dispositivo, quizá sin proponérselo dejó evidencias de las limitaciones en las que se veían aquejadas las administraciones municipales, dada la precariedad de los recursos económicos con los que deberían contar.

No se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada, tanto individual como colectivamente, tanto refiriéndose a personas, como refiriéndose a pueblos y como refiriéndose a entidades en lo general.

Al municipio se le ha dejado una libertad muy reducida, una libertad que no puede tenerse como tal, porque sólo se ha concretado al cuidado de la ciudadanía y al cuidado de la policía y podemos decir que no ha habido uno libre.

Si damos por un lado la libertad política, si alardeamos de que los ha amparado una revolución social y que bajo este amparo se ha conseguido una libertad de tanta importancia y se ha devuelto al municipio lo que por tantos años se le arrebató, seamos consecuentes con nuestras ideas, no demos libertad por una parte y restrinjamos por otra; no demos libertad política y restrinjamos hasta lo último de la libertad económica, porque entonces la primera no podrá ser efectiva, quedará simplemente consignada en nuestra Carta Magna con un bello capítulo y no se llevará a la práctica, porque los municipios no podrán disponer de un solo centavo para su desarrollo, sin tener antes el pleno consentimiento de los gobiernos de los estados.

A pesar de que la estructura del artículo 115 fue aprobada tal y como lo propusiera la comisión redactora, lo cierto es que con el paso de los años, las palabras de Jara se volvieron en su contra y terminaron por ser proféticas, pues lejos de haberse constituido como entes autosustentables financieramente, los ayuntamientos se vieron expuestos en penurias que mermaron su capacidad para otorgar servicios dignos a la población y contribuir con desarrollo nacional, tal y como lo reconociera el presidente Miguel de la Madrid Hurtado al presentar el 8 de diciembre de 1982 ante el Senado de la República su iniciativa de reformas al artículo 115 constitucional. “El Municipio Libre –señaló el entonces titular del Ejecutivo federal– es una institución que los mexicanos consideran indispensable para su vida política; pero debemos reconocer que no se ha hecho efectivo en su cabal racionalidad, por el centralismo que más que como doctrina como forma específica de actuaciones gubernamentales, de cierta manera se fuera manifestando en nuestra realidad política para consolidar los intereses de la nación”.

Como consecuencia de lo anterior, el presidente De la Madrid propuso las siguientes enmiendas:

Se definieron como servicios públicos municipales el agua potable y alcantarillado, el alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, parques y jardines, seguridad pública y tránsito, estableciendo que podrán proporcionarse con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, teniendo además dicha característica de servicios púbicos aquellos otros que fijen las Legislaturas locales en atención a las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Se elevó a la categoría de rango constitucional el derecho de los municipios a recibir las participaciones federales que en su caso se les asignen, disponiéndose la obligación de las Legislaturas locales a establecer anualmente las bases y montos y plazos con arreglo a los cuales la federación debe cubrir a los municipios dichas participaciones.

Se propuso que los Presupuestos de Egresos de los municipios deban ser aprobados solamente por los ayuntamientos con base en los ingresos disponibles y de acuerdo a los ingresos que se les haya autorizado.

Se propuso la facultad de que la federación, los estados y los municipios puedan celebrar convenios para los ejercicios de funciones, ejecución y operación de obras, así como la prestación eficaz de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo hicieren necesario.

Aprobada que fue la referida iniciativa, podría haberse pensado que la vida institucional de los municipios cambiaría radicalmente a partir de ese momento y que esta institución se fortalecería a tal grado que podría asegurarse su viabilidad y con ello contribuiría a la gobernabilidad del país.

Sin embargo no ocurrió así, pues hasta la fecha los ayuntamientos siguen viviendo en una especie de sujeción institucionalizada dependiente de otros niveles de gobierno, y para cuenta de ello se podrían citar ejemplos numerosos, pero para efectos de la presente iniciativa nos limitaremos a señalar algunos de los preceptos contenidos en la Ley de Aguas Nacionales.

El artículo 9 del ordenamiento en comento establece en su fracción X que es atribución de la Comisión Nacional de Aguas apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hidráulica que se realicen con los recursos estatales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en coordinación con otras dependencias y entidades federativas, con el gobierno de la Ciudad de México y otros gobiernos.

En sí, compañeros, por el tiempo, me voy a brincar un poco. En sí esta iniciativa lo que propone, lo fundamental, es que el gobierno federal pueda convenir, pueda firmar, pueda contratar con los ayuntamientos municipales.

Hoy, la Ley de Aguas Nacionales dice que solamente el gobierno federal puede contratar y convenir y firmar obra pública de todo lo referente a aguas y a drenajes y a alcantarillados con las entidades, y que los municipios lo pueden hacer solamente a través de las entidades.

Por eso creo que la propuesta es un acto de justicia para que cualquier ayuntamiento de los dos mil 456 que hay en el país, tengan la posibilidad de forma directa de poder convenir con la dependencia, Conagua, de nuestro país. Espero el apoyo de todas las fracciones, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 9o., 12 Bis 6 y 46 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Carlos Barragán Amador, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Carlos Barragán Amador, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, 12 Bis 6 y 46 de la Ley de Aguas Nacionales, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

De acuerdo con el dictamen relativo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto a la consideración del Congreso Constituyente de Querétaro, la diferencia más importante y por tanto la gran novedad respecto de la Constitución de 1857 en materia de ayuntamientos, fue “la relativa al establecimiento del Municipio Libre como la futura base de la administración política y municipal de los estados y, por ende, del país.” El objetivo de tal construcción jurídica no era otro que el de asentar en la nueva Carta Magna los principios en que debe descansar la organización municipal, es decir, la independencia de los ayuntamientos, la formación de su hacienda y el otorgamiento de personalidad jurídica para que puedan contratar, adquirir y defenderse.

Se menciona en el referido dictamen que, “teniendo en cuenta que los municipios salen a la vida después de un largo periodo de olvido en nuestras instituciones, y que la debilidad de sus primeros años los haga víctimas de ataques de autoridades más poderosas, (...) (estos) deben ser protegidos por medio de disposiciones constitucionales y garantizarles su hacienda, condición sine qua non de vida y su independencia, condición de su eficacia.”

A pesar de que la redacción puesta a consideración del Constituyente constituía un avance sustancial en el fortalecimiento de los municipios, lo cierto es que desde el primer momento quedó evidenciada la posibilidad de que el sistema propuesto pudiera no prosperar tal y como había sido planteado. Heriberto Jara, diputado integrante de la comisión redactora del artículo 115, al comparecer ante la tribuna y pedir el voto de la asamblea a favor de dicho dispositivo, quizá sin proponérselo, dejó evidenciadas las limitaciones a que se verían aquejadas las administraciones municipales, dada la precariedad de recursos económicos con que habrían de contar:

“No se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada, tanto individual como colectivamente, tanto refiriéndose a personas, como refiriéndose a pueblos, como refiriéndose a entidades en lo general. Hasta ahora los municipios han sido tributarios de los estados: las contribuciones han sido impuestas por los estados; la sanción de los presupuestos ha sido hecha por los estados, por los gobiernos de los respectivos estados. En una palabra: al municipio se le ha dejado una libertad muy reducida, casi insignificante; una libertad que no puede tenerse como tal, porque sólo se ha concretado al cuidado de la población, al cuidado de la policía, y podemos decir que no ha habido un libre funcionamiento de una entidad en pequeño que esté constituida por sus tres poderes. ¿Qué razón habrá fundamental, digna de tomarse en consideración, para que, por ejemplo, la federación dijera: “Yo voy a imponer las contribuciones en los estados, y el gobierno federal será quien después distribuya en los diversos estados lo que a cada uno corresponda o crea que corresponda para sus atenciones?” ¿Cuál sería o cuáles serían las razones que se expondrían sobre el particular, razones, como antes dije, dignas de tomarse en consideración? Indudablemente que los estados tienen a la vista sus distintos problemas, están mejor posesionados de ellos, ven de cerca sus dificultades y están en mejores condiciones para poder aplicar sus contribuciones y también para distribuir dichas contribuciones en el presupuesto de egresos. El que está lejos recibe las noticias de los diferentes lugares por conductos diversos, bien por informes secretos, bien por informes verbales, pero que no son lo suficientemente claros, que no son lo suficientemente precisos para dar una idea clara y terminante de lo que pasa en determinados lugares; así pues, las apreciaciones económicas que hiciese la federación respecto a los distintos estados, no serían exactas y estaría en condiciones de incurrir en frecuentes errores, con grave perjuicio de las entidades federativas; en relación, los municipios con los estados están en iguales condiciones. Hasta ahora se ha acostumbrado que los municipios hagan los presupuestos de ingresos y egresos y vayan a los estados para que allí sean revisados. (...) Los municipios, las autoridades municipales, deben ser las que estén siempre pendientes de los distintos problemas que se presenten en su jurisdicción, puesto que son las que están mejor capacitadas para resolver acerca de la forma más eficaz de tratar esos problemas, y están, por consiguiente, en mejores condiciones para distribuir sus dineros, las contribuciones que paguen los hijos del propio municipio y son los interesados en fomentar el desarrollo del municipio en las obras de más importancia, en las obras que den mejor resultado, en las que más necesiten, en fin, aquel municipio. Seguramente que los habitantes de un municipio son los más interesados en el desarrollo de éste (...) ¿Cómo no han de desear que su población tenga las mejores condiciones, buenas calles bien adoquinadas, con un servicio de atarjeas sano, con luz eléctrica, en fin, con todas las mejoras que los pueblos modernos tienen en la actualidad?, y por consiguiente, los habitantes de estas pequeñas entidades, que forman el gran conjunto nacional, serán los más interesados en el desarrollo de las poblaciones, serán los que procuren que se establezca una especie de competencia, porque nadie querrá quedarse atrás en la marcha hacia el progreso (...). Algunos temores se han iniciado acerca de que si a los municipios se les deja el manejo de la hacienda libremente, es probable que incurran en frecuentes errores de alguna trascendencia; nosotros, en previsión de eso, nos hemos permitido asentar que las legislaturas de los estados fijarán lo que a éste corresponda para las atenciones meramente indispensables para el sostenimiento de los gobiernos de los estados, para lo que sea absolutamente necesario para el funcionamiento de esos gobiernos. Pero queremos quitarles esa traba a los municipios, queremos que el gobierno del estado no sea ya el papá que, temeroso de que el niño compre una cantidad, exorbitante de dulces que le hagan daño, le recoja el dinero que el padrino o abuelo le ha dado, y después le da centavo por centavo para que no le hagan daño las charamuscas. Los municipios no deben estar en esas condiciones. Si damos por un lado la libertad política, si alardeamos de que los ha amparado una revolución social y que bajo este amparo se ha conseguido una libertad de tanta importancia y se ha devuelto al municipio lo que por tantos años se le había arrebatado, seamos consecuentes con nuestras ideas, no demos libertad por una parte y la restrinjamos por la otra; no demos libertad política y restrinjamos hasta lo último la libertad económica, porque entonces la primera no podrá ser efectiva, quedará simplemente consignada en nuestra Carta Magna con un bello capítulo y no se llevará a la práctica, porque los municipios no podrán disponer de un solo centavo para su desarrollo, sin tener antes el pleno consentimiento del gobierno del estado.”

A pesar de que la estructura del artículo 115 fue aprobada tal y como lo propusiera la comisión redactora, lo cierto es que con el paso de los años, las palabras de Jara se volvieron en su contra y terminaron por ser proféticas, pues lejos de haberse constituido como entes autosustentables financieramente, los ayuntamientos se vieron expuestos a penurias que mermaron su capacidad para otorgar servicios dignos a la población y contribuir al desarrollo nacional, tal y como lo reconociera el presidente Miguel de la Madrid Hurtado al presentar el 8 de diciembre de 1982 ante el Senado de la República su iniciativa de reformas al artículo 115 constitucional. “El Municipio Libre –señaló el entonces titular del Ejecutivo federal– es una institución que los mexicanos consideran indispensable para su vida política; pero debemos reconocer que no se ha hecho efectivo en su cabal racionalidad, por el centralismo que, más que como doctrina como forma específica de actuaciones gubernamentales, de cierta manera se fuera manifestando en nuestra realidad política para consolidar los intereses de la nación”.

“La centralización –agregó el también maestro en derecho constitucional– ha arrebatado al municipio capacidad y recursos para desarrollar en todos sentidos su ámbito territorial y poblacional: indudablemente (ha) llegado el momento de revertir la tendencia centralizadora, actuando para el fortalecimiento de nuestro sistema federal,” por virtud de lo cual consideró necesario robustecer al municipio, a partir de hacer algunos cambios al artículo 115 de la Constitución, tendientes a vigorizar su hacienda, su autonomía política y en lo general aquellas facultades que de una u otra manera, paulatina pero constantemente habían venido siendo absorbidas por los estados y la federación.

Como consecuencia de lo anterior, el presidente De la Madrid propuso las siguientes enmiendas:

• Se consignaron las bases genéricas para el funcionamiento de los ayuntamientos y los requisitos indispensables para la suspensión, declaración de desaparición de poderes municipales o revocación del mandato a los miembros de los ayuntamientos;

• Se le confirió a los municipios la facultad para expedir los bandos de policía y buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones;

• Se definieron como servicios públicos municipales los de agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública y tránsito, estableciendo que podrán proporcionarse con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, teniendo además dicha característica de servicios públicos aquellos otros que se fijen por las legislaturas locales en atención a las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios así como su capacidad administrativa y financiera;

• Se consignó la libre administración de su hacienda por parte de los municipios y se asignó a las comunidades municipales los impuestos o contribuciones, inclusive con tasas adicionales, que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria así como de su fraccionamiento, división, consolidación, traslado y mejora y las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, previendo en casos de carencia de capacidad para la recaudación y administración de tales contribuciones que los municipios podrán celebrar convenios con los estados para que éstos se hagan cargo de algunas de las funciones relacionadas con la mencionada administración contributiva;

• Se atribuyeron a los municipios los rendimientos de sus bienes propios, así como de las otras contribuciones y los otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y fundamentalmente también los ingresos provenientes de la prestación de los servicios públicos a su cargo;

• Se elevó a la categoría de rango constitucional el derecho de los municipios a recibir las participaciones federales que en su caso se les asignen, disponiéndose la obligación de las legislaturas locales de establecer anualmente las bases, montos y plazos con arreglo a los cuales la federación debe cubrir a los municipios dichas participaciones;

• Se consignó la obligación del pago de sus contribuciones para toda persona física o moral o instituciones oficiales o privadas, sin exenciones o subsidios, evitando de esta manera a nivel constitucional las prácticas de exentar a diversas personas o empresas del sector público, de estas contribuciones que son consubstanciales para la vida de los municipios;

• Se propuso que los presupuestos de egresos de los municipios deban ser aprobados sólo por los ayuntamientos con base en los ingresos disponibles y de acuerdo con los ingresos que se les hubiesen autorizado;

• Se facultó a los municipios para intervenir en la zonificación y planes de desarrollo urbano municipales, en la creación y administración de sus reservas territoriales, en el control y vigilancia del uso del suelo, en la regularización de la tenencia de la tierra, y en el otorgamiento de licencias y permisos para construcciones y para la creación y administración de zonas de reservas ecológicas;

• Se regularon las relaciones de los trabajadores de los municipios, de conformidad con los principios de tutela laboral consagrados en el artículo 123 de la Constitución federal, y

• Se propuso la facultad para que la federación, los estados y los municipios puedan celebrar convenios para el ejercicio de funciones, ejecución y operación de obras así como para la prestación eficaz de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo hiciere necesario.

Aprobada que fue la referida iniciativa podría haberse pensado que la vida institucional de los municipios cambiaría radicalmente a partir de ese momento, que esta institución se fortalecería a tal grado que podría asegurarse su viabilidad y con ello se contribuiría a la gobernabilidad del país. Empero, esto no ocurrió, pues hasta la fecha los ayuntamientos siguen viviendo en una especie de sujeción institucionalizada, dependientes de otros niveles de gobierno y para dar cuenta de ello se podrían citar ejemplos numerosos, pero para efectos de la presente iniciativa nos limitaremos a señalar algunos de los preceptos contenidos en la Ley de Aguas Nacionales. El artículo 9 del ordenamiento en comento establece en su fracción X que es una atribución de la Comisión Nacional de Aguas apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica que se realicen con recursos totales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en coordinación con otras dependencias y entidades federales, con el gobierno de la Ciudad de México, con gobiernos de los estados que correspondan y, por medio de éstos, con los gobiernos de los municipios beneficiados con dichas obras. La fracción XIII de ese mismo artículo dispone como una atribución a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso en el territorio nacional, para lo cual se coordinará en lo conducente con los gobiernos de los estados, y a través de éstos, con los municipios.

Por su parte, el artículo 12 Bis 6 dispone como atribuciones a cargo de los organismos de cuenca el apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica, que se realicen con recursos totales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en coordinación con otras dependencias y entidades federales y, por medio de los gobiernos estatales, con los gobiernos de los municipios beneficiados con dichas obras, así como fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso, para lo cual se coordinará con los gobiernos de los estados, y a través de éstos, con los municipios.

Finalmente, el artículo 46 contempla que la autoridad del agua podrá realizar en forma parcial o total, previa celebración del acuerdo o convenio con los gobiernos de los estados o de la Ciudad de México y, a través de éstos, con los gobiernos de los municipios correspondientes, las obras de captación o almacenamiento, conducción y, en su caso, tratamiento o potabilización para el abastecimiento de agua, con los fondos pertenecientes al erario federal o con fondos obtenidos con aval o mediante cualquier otra forma de garantía otorgada por la federación.

Las anteriores disposiciones lo que tienen en común es que de alguna forma preservan el estado de sujeción a que se encuentran sujetos los municipios, en virtud de que establecen que la Conagua, los organismos de cuenca y la autoridad del agua pueden celebrar acuerdos de voluntad sobre obras de infraestructura con los municipios, pero sólo a través de los gobiernos de los estados, lo cual nos parece susceptible de ser reformado no porque nos parezca perniciosa per se la intervención de los Ejecutivos de las entidades federativas en estos rubros, sino porque creemos que permitir a los municipios la celebración directa de esta clase de acuerdos dará mayor celeridad a la realización de obras en materia hidráulica, obteniéndose así un beneficio doble: por una parte, la satisfacción de servicios públicos y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, y por otro, el cumplimiento de los postulados previstos en el artículo 115 de nuestra ley fundamental.

Es por esto que se somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa que busca reformar los artículos 9, 12 Bis 6 y 46 de la Ley de Aguas Nacionales, a efecto de permitir que los municipios puedan celebrar contratos y convenios con la Conagua, los organismos de cuenca y la autoridad del agua, de forma directa y sin la intervención de los gobiernos de los estados de la República.

A efecto de ilustrar con mayor precisión nuestra propuesta, presentamos el siguiente cuadro comparativo en cuya primera columna se lee el texto vigente y en el segundo el relativo al decreto cuya aprobación se propone:

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único.Se reforman los artículos 9, 12 Bis 6 y 46 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 9o. La Comisión es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que se regula conforme a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior.

...

...

...

...

Son atribuciones de la Comisión en su nivel nacional, las siguientes:

“I. a IX. ...

X. Apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica que se realicen con recursos totales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en coordinación con otras dependencias y entidades federales, con el gobierno de la Ciudad de México, con gobiernos de los estados que correspondan y con los gobiernos de los municipios beneficiados con dichas obras, en los casos establecidos en la fracción anterior;

XI. y XII. ...

XIII. Fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso en el territorio nacional, para lo cual se coordinará en lo conducente con los gobiernos de los estados, y con los municipios. Esto no afectará las disposiciones, facultades y responsabilidades municipales y estatales, en la coordinación y prestación de los servicios referidos;

XIV. a LIV. ...”

Artículo 12 Bis 6. Los Organismos de Cuenca, de conformidad con los lineamientos que expida la Comisión, ejercerán dentro de su ámbito territorial de competencia las atribuciones siguientes:

I. a IV. ...

V. Apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica, que se realicen con recursos totales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en coordinación con otras dependencias y entidades federales y con los gobiernos de los municipios beneficiados con dichas obras; para lo anterior observará las disposiciones que dicte la autoridad en la materia y las correspondientes a las leyes y reglamentos respectivos;

VI. ...

VII. Fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso, para lo cual se coordinará en lo conducente con los gobiernos de los estados y con los municipios. Esto no afectará las disposiciones, facultades y responsabilidades estatales y municipales en la coordinación y prestación de los servicios referidos;

VIII. a XXXIII.”

Artículo 46. La Autoridad del Agua podrá realizar en forma parcial o total, previa celebración del acuerdo o convenio con los gobiernos de los estados o de la Ciudad de México y con los gobiernos de los municipios correspondientes, las obras de captación o almacenamiento, conducción y, en su caso, tratamiento o potabilización para el abastecimiento de agua, con los fondos pertenecientes al erario federal o con fondos obtenidos con aval o mediante cualquier otra forma de garantía otorgada por la federación, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

I. a V. ...”

...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.— Diputados y diputadas: Carlos Barragán Amador,Alejandro Armenta Mier, Eloisa Chavarrias Barajas, Jesús Antonio López Rodríguez, María Bárbara Botello Santibáñez, Ramón Bañales Arambula, Víctor Manuel Giorgana Jiménez (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Le agradecemos su generosidad diputado Barragán Amador. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

La diputada María Bárbara Botello Santibáñez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputada Bárbara Botello, adelante.

La diputada María Bárbara Botello Santibáñez (desde la curul): Gracias, presidente, para felicitar al diputado por esa iniciativa, muy importante, para que se puedan hacer las obras muy rápido, que tanto necesitan los municipios, y para preguntarle al diputado si me puedo adherir a esa iniciativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputado Barragán. Diputado Barragán, pregunta la diputada Bárbara Botello si acepta adhesión a su iniciativa.

El diputado Carlos Barragán Amador (desde la curul): Sí, adelante.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Da su aceptación, diputada. Está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría, para el trámite correspondiente.



LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Martha Cristina Jiménez Márquez:Gracias, y con su permiso diputado presidente. Señoras y señores legisladores, sin lugar a dudas, vivimos en un mundo donde la calidad de la información de nuestra sociedad es esencial. Es muy importante porque construye un sistema democrático y construye una cultura política que muchos deseamos.

Así pues, para el caso del Congreso mexicano sigue considerándose un gran acierto la creación de su propio canal de televisión, el Canal del Congreso, medio a través del cual los ciudadanos pueden tener acceso a lo que ocurre, a lo que se debate, pero sobre todo al que se aprueba en este máximo espacio público de deliberación en nuestro país.

De esta manera, las transmisiones de lo que ocurre en el Congreso de la Unión, hoy llegan a una mayor cantidad de personas a México, a un mayor número de hogares, lo que ha permitido abonarle a una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

Sin embargo, y aun con los avances en materia de horas de transmisión y de la calidad en producción de contenidos, existen obstáculos a superar como la problemática de la representatividad, como mejorar puentes de comunicación con la ciudadanía, pero sobre todo, obstáculos de transparencia. Para lograr estos objetivos proponemos introducir a la legislación la figura del consejo consultivo.

Si bien es cierto que el Consejo Consultivo del Canal del Congreso es un cuerpo colegiado que ya viene funcionando desde hace algún tiempo, también es cierto que para su puesta en marcha ha sido necesario estar constantemente firmando acuerdos donde ese especifican bajo qué condiciones se va a crear y cómo va a funcionar, sin encontrarse este tan importante órgano regulado en la Ley Orgánica del Congreso.

Otro de los puntos nodales de esta iniciativa es precisamente el de introducir a la legislación que rige el funcionamiento de ambas Cámaras la figura del defensor de audiencia. Además de esto es esencial empezar a realizar campañas permanentes de alfabetización mediática, destinado a favorecer el conocimiento de los derechos de audiencia.

Por último, y mucho muy importante, se busca aplicar directrices de transparencia y de rendición de cuentas, que sean además de forma proactiva y efectiva. Para tal efecto se deberá garantizar la emisión de políticas de apertura de información administrativa contundente, así como la representación o la presentación y difusión de información adicional que abone hacia una mejor comprensión de lo que está desarrollándose a través y al interior del Congreso, para que adicionalmente contribuya a mejorar la imagen pública de los legisladores ante estas audiencias.

En resumen, esta propuesta está procurando que se realicen los cambios necesarios de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para continuar con la línea de mejoramiento del marco jurídico que rige el Canal del Congreso.

El Grupo Parlamentario del PAN, aquí queremos que se mejore un canal de difusión de actividades del Congreso para mejorar la calidad democrática que hoy vivimos en México y que desafortunadamente se encuentra en un amplio descrédito ante la opinión pública. Queremos sobre todo y particularmente una administración transparente y congruente con la representatividad que aquí se expresa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y el inciso h) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, referente al Canal de Televisión del Congreso, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

1. Introducción

Sin lugar a dudas, vivimos en un mundo donde la calidad de la información que recibimos influye en gran manera sobre nuestras elecciones y acciones subsiguientes, incluyendo nuestra capacidad para disfrutar nuestras libertades fundamentales y habilidades básicas para lograr la auto-determinación y el desarrollo.

En este contexto y por la importancia que reviste en esta era de la información, que esas libertades y habilidades sean debidamente encauzadas, vale la pena recordar que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Así pues, para el caso del Congreso mexicano estas dos grandes premisas resultan ser la mejor justificación para aseverar que hasta nuestros días sigue considerándose un gran acierto la creación de su Canal de Televisión, conceptualizado específicamente para fortalecer a uno de los pilares más grandes de la democracia, como lo es el parlamento, que no obstante su estancamiento de antaño, tomó un nuevo impulso gracias a las reformas que lograron aprobar ambas Cámaras y que le dieron vigencia a instrumentos de esta naturaleza.

De esta manera, los observadores del acontecer político mexicano e impulsores de la actividad legislativa, coincidieron en la determinación de que uno de los más grandes avances de los últimos años, ha sido de forma contundente el que las trasmisiones de la vida parlamentaria lleguen cada vez a una mayor cantidad de personas en México. Esto como consecuencia de aquellos esfuerzos iniciales del 18 de marzo de 1988, cuando se transmitieron las primeras sesiones plenarias de ambas Cámaras, hasta que en el inminente arribo del nuevo milenio se iniciaron las transmisiones de las sesiones programadas de manera regular y permanente.

Así recordamos de manera paralela, las intensas actividades de consenso para que esos avances técnicos tuvieran su consecuente repercusión en la mejora de la regulación del canal; prueba de ello es lo que ocurrió con aquellos legisladores de finales de los noventas, que contando con una gran visión de largo plazo lograron la modificación de varios aspectos del orden administrativo al interior de las Cámaras, renovando el marco jurídico del Congreso e introduciendo figuras de avanzada y modernización que han resultado de suma utilidad a lo largo de los últimos años.

Como consecuencia de lo anterior tenemos, que todas estas acciones han redundado en aportaciones positivas a la hora de abonar en la permanente búsqueda de soluciones para la disminución de la brecha en la problemática a la que nos enfrenta actualmente el fenómeno de la representatividad, donde queda de manifiesto que muchos parlamentarios se mantienen distantes de sus representados por distintas razones de carácter práctico, no existiendo en muchos casos una relación directa entre legisladores y ciudadanos, haciéndolos parecer más bien como negociadores de intereses diversos, que como titulares de los intereses públicos de sus propios electores, generándose con esta situación un gran dilema por el distanciamiento natural que este fenómeno produce.

Sin embargo y aún con estos avances y de cara a la problemática de la representatividad aún falta mucho por hacer para mejorar esos puentes de comunicación que bien pueden contribuir en una mayor medida, a disminuir esa indeseable desarticulación, por lo que resulta necesario actualizar la normatividad del Canal de Televisión del Congreso, abriendo la puerta para que se conozcan y manejen con mayor acierto y credibilidad las figuras del consejo consultivo y del nuevo defensor de las audiencias, así como para que se conozca que existen novedosos mecanismos para que el público en general puede establecer contacto directo para presentar sus comentarios, sugerencias, quejas e inconformidades de lo que se trasmite por el canal.

Otro tema importante que no debe desdeñarse, es que para que todas estas herramientas logren su cometido de generar esa retroalimentación de manera efectiva, deben ir acompañadas de una adecuada alfabetización mediática, así como del conocimiento pleno de la gran utilidad que reviste para el usuario de los servicios del canal.

Por otro lado, sobresale en esta propuesta, la necesidad de que el Canal de Televisión del Congreso, cuente con un servicio civil de carrera propio, que no obstante que contenga bases generales similares al servicio civil que se desarrolla en el Congreso, sobretodo en el Senado de la República que es donde su puesta en marcha ha tenido mayor aceptación, cuente además con la posibilidad de que se detalle en un ordenamiento que se desprenda de su creación.

Por lo que hace al tema de la transparencia, el Canal de Televisión del Congreso no puede quedar al margen del mismo, por lo que se presentan algunas propuestas de integración de este gran rubro que bien pueden servir de guía para que su implementación sea aún más oportuna.

En resumen, esta propuesta está procurando que se realicen los cambios necesarios a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para continuar con la línea de mejoramiento del marco jurídico que rige el canal. En este sentido, deben quedar perfectamente identificados, la introducción a la norma de las figuras con las que actualmente cuenta el canal como son el defensor de las audiencias y el consejo consultivo, así como los amplios beneficios que representa para la cultura del ciudadano, el contar con una alfabetización mediática acorde con las realidades tecnológicas actuales, preservando de esta forma la pluralidad ,veracidad y oportunidad de la información con la que cuenta, además de fomentar los valores de la identidad nacional, contribuyendo a la satisfacción de los fines democráticos establecidos en la Carta Magna, así como la referencia de la creación de un sistema que privilegie el mérito sobre la libre designación y la introducción de algunos conceptos de transparencia, necesarios para coronar todo el esfuerzo en materia de modernización y la mayor dotación de recursos.

II. Marco teórico conceptual

En este orden de ideas tenemos que es menester que para entender con mayor exactitud cualquier propuesta, resulta propicio conocer el marco conceptual en el cual se fundamenta, por lo que nos permitiremos ahora presentar algunos vocablos y en algunos casos antecedentes relevantes de los términos que se estarán manejando de manera preponderante en la misma.

En este orden de ideas, tenemos el concepto del Consejo Consultivo del Canal de Televisión del Congreso, y para efectos de esta propuesta, nos referimos a éste como el órgano colegiado de once integrantes, provenientes de los sectores público, académico, social, privado que funge como órgano de consulta y que tiene a su cargo desarrollar actividades que promuevan con toda corresponsabilidad respecto de la calidad y el rigor profesional en el desarrollo de los contenidos, así como su adecuada difusión, que contribuyan a crear una cultura cívica y un mayor conocimiento sobre el trabajo legislativo.

Por otro lado, tenemos también la figura de defensor de las audiencias, entendido éste como aquella figura nombrada de manera particular por los diferentes concesionarios de radiodifusión, quien una vez inscrita con dicho carácter, será responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las audiencias, y cuya prioridad será la de hacer valer los derechos de las audiencias de manera imparcial e independiente, todo ello con base en la Constitución, las leyes, los lineamientos, los códigos de ética y demás disposiciones aplicables.

Paralelamente tenemos el término de “alfabetización mediática” ,que según la Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), es el término que nos permite dotar de los elementos necesarios para comprender y utilizar los medios de masas de forma segura, incluyendo un entendimiento informado y crítico de los medios y de las técnicas que los medios emplean y sus efectos.

También se refiere la alfabetización mediática como la capacidad de leer, analizar, evaluar y producir comunicación en una variedad de formas, como por ejemplo la televisión, la imprenta, la radio, las computadoras, etcétera.

Otra manera de entender este mismo término, es el de la habilidad para decodificar, analizar, evaluar y producir comunicación en una variedad de formas.

a) El Consejo Consultivo

Otra figura que ya se encuentra funcionando por estar integrada en el reglamento del Canal de Televisión del Congreso –que es el ordenamiento que actualmente establece la obligación de contar con un instrumento de esta naturaleza– es la entidad que emerge como Consejo Consultivo, considerándose a éste como un órgano plural de participación social, que deberá ser integrado por once ciudadanos de amplio y reconocido prestigio profesional en el campo de los medios de comunicación.

Por otro lado se señala que los consejeros durarán en su cargo un año y podrán ser reelectos y que el cargo es a título honorífico.

Antecedentes de selección del actual Consejo

El dato que actualmente se tiene es que fue en el año de 2008, cuando se eligió al primer Consejo Consultivo, de los 11 consejeros electos ese año; 7 fueron reelectos y permanecieron como miembros por 6 años consecutivos hasta el mes de septiembre de 2014.

Por otro lado se cuenta con información que revela que en 2012, fueron seleccionados 4 consejeros más que duraron en su encargo 2 años hasta el mes de septiembre de 2014, fecha en la que se acordó renovar el consejo, iniciándose una serie de actividades que tuvieron resultados hasta finales de 2015, emitiéndose una nueva convocatoria con todos los requisitos y características necesarias para su elección, de tal suerte que sus integrantes fueron seleccionados por la Comisión Bicameral del Canal del Congreso de la LXIII Legislatura, a propuesta de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil que trabajaron arduamente para defender a sus candidatos propuestos.

Para dar seguimiento al cumplimiento de las condiciones de la elección, se acreditó un Comité Técnico de Evaluación, que estuvo conformado por un grupo de asesores de los legisladores, así como un representante de la Dirección General del Canal del Congreso.

Este comité se dio a la tarea de revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria que para tal fin fue expedida y una vez elaborada la lista de los aspirantes que cumplieron con lo señalado, la Comisión Bicameral llevó a cabo actividades tendientes a evaluar técnicamente a los aspirantes, donde se verificó que sus perfiles cubrieran las características básicas elementales.

b) El Defensor de las Audiencias

Por lo que hace al Defensor de las Audiencias, encontramos que es una figura aún en construcción a nivel mundial, pero que sin embargo existe ya en muchos países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Francia, Canadá, Gran Bretaña, Italia, Holanda, Portugal, Israel, Japón y Puerto Rico, entre otros; el concepto se direcciona a considerarlo como un mecanismo de autorregulación de los medios de comunicación, que deberá atender eficazmente las quejas de los usuarios que planteen errores, observaciones, sugerencias y comentarios sobre el tratamiento de los contenidos y de la información que se les está presentando en el propio medio.

Lo interesante de esta figura es que su ámbito de acción se dirige hasta quienes se sienten afectados por algún contenido y pueden llegar a considerar que se están vulnerando los derechos con los que cuentan en calidad de audiencias.

El también llamado ombudsman de las audiencias, se caracteriza porque no se limita a recibir solicitudes de los usuarios, sino que puede investigarlas para contar con mayor exactitud y presentar soluciones imparciales que abonen hacia el equilibrio entre el usuario y los directivos del medio, buscando generar una contribución de democracia directa para alcanzar la mayor eficiencia a la hora de brindar un servicio eficaz al ciudadano.

Dentro de los antecedentes más relevantes de esta figura, se tienen datos de que fue desde 1916, donde en Suecia se crea el primer ombudsman de prensa. Posteriormente en 1922 el Diario Japonés The Asahi Shimbun, ubicado en Tokio, estableció un comité que cumplía con los objetivos de recibir e investigar las quejas de los lectores, después en ese mismo país, otros diarios imitaron la acción que parecía ser muy eficaz.

Estos avances fueron importantes, aunque el sentido moderno de esta innovadora figura hizo su aparición en 1967 en algunos diarios estadounidenses como el Louisville de Kentucky, The Courier Journal y The Louisville Courier Jornal entre otros.

Otro país en donde se ha utilizado la figura de defensor de las audiencias es Canadá. De esta forma destaca que para el Toronto Star, también fue importante lograr su inclusión como una herramienta para mejorar sus niveles de eficiencia; aunque fue finalmente en 2003, cuando esta figura recibió el reconocimiento internacional al ser introducida en el medio de manera definitiva por el legendario medio de comunicación Washington Post.

El caso mexicano de la figura de Defensor de las Audiencias

De acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, emanada de las reformas constitucionales recientes, encontramos en su artículo 259, que se establece como obligación para los concesionarios de radio y televisión abiertos, nombrar un defensor de audiencias, de conformidad con la normativa que emita el instituto en la materia, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

De igual forma, se determinan libertades plenas para que cada concesionario fije el tiempo en que estará al cargo esta nueva figura, pero deja en claro, que la única posibilidad de reelegirse se dará en la medida en que se genere únicamente este proceso hasta en dos ocasiones.

La elección del primer Defensor de las Audiencias del Canal de Televisión del Congreso Mexicano.

A todo esto destaca que el Congreso de la Unión ha tenido avances en la materia, y ya se tiene nombrado al primer defensor de las audiencias que es el maestro Jorge Islas López, resultando como ganador dentro de una terna de candidatos conformada por propuestas de los legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral, resultando oportuno acotar que para la conformación de la terna, los legisladores de un mismo grupo parlamentario registraron un candidato, uno por cada partido político representado en la comisión.

c) El servicio civil de la carrera

Informar de la producción legislativa de manera profesional, requiere contar con un cuerpo de apoyo técnico que detone de manera eficiente las actividades de difusión. Nadie discute que el producto más importante de un sistema político son sus leyes, según lo referido por Antonio A. Martino y Diana S. Bichachi. Por otro lado, favorecer el fortalecimiento del sistema representativo ,al ser una vía institucional y de incentivo a la responsabilidad y continuidad legislativa, promoviendo y alentando el advenimiento de un grupo de funcionarios públicos profesionales, que suministren los recursos técnicos necesarios, para que la toma de decisiones políticas sea lo más oportuna y adecuada posible, contando con una adecuada planeación en un periodo prolongado.

El proceso de reclutamiento, selección e incorporación al servicio de los puestos que pudieran considerarse como vacantes, deberá realizarse de manera gradual considerando las necesidades prioritarias del servicio, con la finalidad de encontrar al candidato mejor calificado para ocupar el puesto, que preferentemente deberá contar con nivel de posgrado, así como que se reforme y adicione el estatuto de referencia, para integrar de manera puntual las funciones y responsabilidades de cada uno de los puestos detallados en este ordenamiento, así como que la secretaría general, a través de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, cuente con un plazo análogo para adecuar la normatividad secundaria a estos nuevos ordenamientos, así como para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones.

d) El tema de la transparencia y la rendición de cuentas

El auténtico acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, son pilares fundamentales del buen gobierno, y se constituyen como elementos fundamentales para analizar con precisión los niveles de la calidad democrática de cualquier país, con plena independencia de su ubicación en el contexto de las naciones y de la región en donde se encuentren geográficamente.

En esta tesitura ,entenderemos como acceso a la informaciónal reconocimiento del derecho de los ciudadanos a conocer la información producida y controlada por los poderes públicos, y por transparencia, a la prestación activa de información, de manera accesible y pertinente de forma que los procedimientos, estructuras y procesos estén a disposición para su valoración.

Así, la rendición de cuentas,se entenderá como aquella que consiste en informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por las autoridades de manera transparente y clara para dar a conocer sus estructuras, funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública. O dicho de otra manera y atendiendo a la definición tradicional de este importante elemento, encontramos que se relaciona con la obligación del poder, en concreto de políticos y funcionarios públicos, de responder por sus acciones ante los ciudadanos.

VI. Objetivos específicos de la propuesta

1. Se introduce a la legislación la figura del Consejo Consultivo.Si bien es cierto ,que el Consejo Consultivo del Canal de Televisión del Congreso es un cuerpo colegiado que ya viene funcionando desde hace algún tiempo, también es cierto que para su puesta en marcha ha sido necesario firmar acuerdos donde se especifican las condiciones bajo las cuales deberá crearse y funcionar, sin encontrarse tan importante órgano regulado en la Ley Orgánica del Congreso.

Bajo esa premisa, se busca en esta oportunidad subsanar esa omisión integrando a la ley que nos ocupa, la pertinencia de integrar un Consejo Consultivo que funcione como órgano plural de consulta y que se direccione hacia los sectores público, social y privado, y que además esté conformado por once ciudadanos de amplio y reconocido prestigio profesional en el campo de los medios de comunicación.

Por otro lado se determina que dichos consejeros deberán ser seleccionados por la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión, a propuesta de instituciones académicas, organizaciones civiles, u otras de comprobada trayectoria en el medio tanto nacionales, como internacionales. Esto ha resultado en la práctica muy productivo, puesto que afortunadamente se ha encontrado una gran disposición por parte de algunas instituciones, en el sentido de contribuir con las labores informativas del Congreso, apoyando valiosas candidaturas para participar en los concursos de selección que para tal efecto se llevan a cabo.

2. Se determina la obligación de contar con la figura del Defensor de las Audiencias.Otro de los puntos nodales de esta iniciativa, es precisamente el de introducir a la legislación que rige el funcionamientos de ambas Cámaras, la figura del Defensor de las Audiencias.

Al respecto recordamos, que las recientes reformas al marco jurídico en materia de telecomunicaciones en México, son muy claras en el rubro de que para darle oportunidad a las audiencias de que sus quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos o solicitudes de réplica sobre contenidos y programación, puedan ser procesadas por un intermediario “a su favor” que procure recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones mediante procedimientos muy bien definidos que quedarán plasmados en la normatividad interna del propio Canal y que serán puestas para su conocimiento en los medios que mejor se faciliten par este objetivo.

3. Se detalla la necesidad de realizar campañas permanentes de alfabetización mediática, destinado a favorecer el conocimiento de los derechos de las audiencias

Esta adición se determina considerando que uno de los principales factores de éxito para el logro del mejoramiento en el sistema de telecomunicaciones en México, es precisamente el lograr que el público en general, conozca el abanico de oportunidades que se abren para que pueda realmente participar e interactuar en el funcionamiento de algunas instituciones.

Tal es el caso, de que para que esa corresponsabilidad autoridad-ciudadano se pueda llevar a cabo, resulta necesario que la gente conozca de estos nuevos instrumentos de participación directa que ahora tiene a su alcance; por tal razón el Defensor de las Audiencias del Canal de Televisión del Congreso, deberá ser el primer interesado en implementar campañas integrales permanentes para llevar a cabo la Alfabetización Mediática, que no son más que todas aquellas actividades direccionadas a que las audiencias conozcan sus derechos y entiendan claramente los alcances e implicaciones de los mismos.

4. Se propone la creación de un servicio civil de carrera específico para el Canal de Televisión del Congreso.Tema nodal de esa propuesta, tiene que ver con el contar con su propio sistema de servicio profesional de carrera, apegándose a los criterios de mérito, especialización y profesionalización, dejando para un tiempo posterior la determinación de las bases de organización y funcionamiento, mismas que deberán ser desarrolladas en lineamientos específicos que serán elaborados en coordinación con la propia Comisión Bicamaral, con niveles y rangos propios.

5. Aplicar las directrices de la transparencia y la rendición de cuentas, de forma proactiva.Para tal efecto deberá garantizar la emisión de políticas de apertura de la información administrativa conducente, así como la presentación y difusión de información adicional que abone hacia una mejor comprensión de lo que se está desarrollando al interior del Congreso, para que adicionalmente contribuya a mejorar la imagen de los legisladores ante las audiencias.

Finalmente se presenta una herramienta que resulta de gran utilidad para comprender de forma gráfica, cuáles son las reformas y modificaciones que se pretenden integrar a la legislación actual, por lo que a continuación se presentará con todo detalle un:

VII. Cuadro comparativo

Es por todo lo anteriormente expuesto, que se presenta a continuación la propuesta de referencia, pretendiendo que este pleno se convierta en el amable conducto para su procesamiento legislativo respectivo.

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero :se adiciona el artículo 140 en sus numerales 3, 4 y 5, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactados como sigue:

Artículo 140.

1 y 2. ...

3. Para coadyuvar con sus objetivos, se apoyará en un consejo consultivo integrado como órgano plural de consulta hacia los sectores público, social y privado, conformado por once ciudadanos de amplio y reconocido prestigio profesional en el campo de los medios de comunicación, seleccionados por la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión, a propuesta de instituciones académicas, organizaciones civiles, u otras de comprobada trayectoria en el medio de las comunicaciones nacionales o internacionales.

4. Como mecanismo directo de comunicación entre el Canal y el público en general, la Cámara de Diputados designará al Defensor de las Audiencias por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Durará en su encargo tres años, con la posibilidad de ser reelecto hasta en dos ocasiones, a propuesta de la Comisión Bicamaral.

5. El Defensor de las Audiencias deberá implementar campañas integrales permanentes para llevar a cabo la Alfabetización Mediática direccionada a que las audiencias conozcan sus derechos y entiendan claramente los alcances e implicaciones de los mismos, desarrollados ampliamente en el Código de Ética que para tal efecto se expida y se inscriba en el Registro Público de Concesiones.

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 141 en sus numerales 6, 7, 8, 9 y 10, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactados como sigue:

Artículo 141.

1 al 5. ...

6. En el ámbito de la gestión de recursos humanos, contará con su propio Sistema de Servicio Profesional de Carrera, apegándose a los criterios de mérito, especialización y profesionalización; cuyas bases de organización y funcionamiento serán desarrolladas en lineamientos específicos que serán elaborados en coordinación con la propia Comisión Bicamaral.

7. Dicho servicio se integrará por niveles y rangos propios desarrollados de acuerdo con las particularidades del servicio, diferenciándose del resto de los servicios profesionales de carrera del Poder Legislativo federal.

8. La selección e ingreso al servicio se realizará de acuerdo con la plena acreditación de requisitos específicos. La permanencia, promoción e incentivos de los funcionarios se sujetarán a las evaluaciones y los programas de capacitación.

9. En el ámbito de la transparencia proactiva y la rendición de cuentas, deberá garantizar la emisión de políticas de apertura de la información administrativa conducente, así como la presentación y difusión de información adicional que abone hacia una mejor comprensión de la riqueza de la labor legislativa desarrollada por los representantes populares, poniendo especial interés en lograr la simplicidad en el uso de los sistemas.

10. Desarrollará políticas y criterios adecuados para la sistematización y digitalización de sus contenidos, garantizando la disponibilidad y localización eficiente de la información generada, adquirida, y transformada por el propio Canal de Televisión.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para los efectos de la modificación de su reglamento interno y demás disposiciones aplicables, el Canal de Televisión del Congreso realizará las adecuaciones en los siguientes sesenta días, a partir de la publicación del presente decreto.

Tercero.Para efecto de la alfabetización mediática, el Defensor de la Audiencias deberá presentar un programa específico, diseñado con tiempos y movimientos.

Cuarto.Los lineamientos del Sistema del Servicio Civil de Carrera del Canal de Televisión del Congreso, deberán estar listos a los noventa días de la aprobación de este decreto, a propuesta de la Comisión Bicamaral, con las observaciones del Consejo Consultivo del Canal de Televisión del Congreso y de los principales especialistas reconocidos en la materia.

Quinto.Las nuevas disposiciones en materia de transparencia deberán estar disponibles a los sesenta días a partir de la aprobación del presente decreto.

Sexto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas:

1 Wilson, Carolyn et-al, Alfabetización mediática e Informacional, Curriculum para profesores, UNESCO, París, Francia, 2011.

2 Ídem.

3 Cfr.Artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el DOF, México, 14 de Julio del 2014, consultado el 22 de Abril del 2016, en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352323 &fecha=14/07/2014

4 Llob Ribalda, Ma. Dolores, Informe transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en los Parlamentos, Cuadernos Manuel Giménez, Bilbao España, Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios del Estado Autonómico, No. 4, Diciembre del 2012.

5 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2016.— Diputadas y diputados: Martha Cristina Jiménez Márquez,Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Eloisa Chavarrias Barajas, Jesús Antonio López Rodríguez, Leticia Amparano Gamez, Lilia Arminda García Escobar, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Mariana Arámbula Meléndez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Cristina Jiménez Márquez. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 34, 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Estado mexicano ha ratificado los principales instrumentos universales y regionales de derechos humanos. Estos instrumentos al ser ratificados por el Estado pasan a formar parte del sistema jurídico mexicano aunque sigan siendo normas internacionales.

El 9 de julio de 2011 el Congreso de la Unión aprobó una reforma paradigmática a nivel nacional en materia de derechos humanos, cambiando la denominación del título primero por la de derechos humanos y sus garantías. Así las cosas, la Constitución Política reconoce los derechos humanos recogidos en los tratados internacionales, haciéndolos parte de la misma.

No obstante, la inclusión de los niños como titulares de derechos subjetivos, especialmente de las libertades reconocidas constitucionalmente, no ha sido sencillo. Ello se debe en buena medida a que la tradición liberal vincula especialmente a los derechos humanos con la autonomía de la persona.

Efectivamente, en el surgimiento mismo de la idea moderna de los derechos del individuo frente al Estado es posible identificar la importancia que se concede a su autodeterminación frente al poder. Es precisamente esta idea la que da origen a la concepción de la Constitución como límite a la actuación pública, en el entendido de que hay espacios de la vida de los individuos en los que la autoridad tiene proscrito intervenir.

En este proceso las primeras declaraciones de derechos, en particular la francesa y la norteamericana, excluyen a quienes se consideraba carecían de capacidad de autonomía, es decir a todo aquel que no fuera varón, adulto propietario y en este sentido, ciudadano.

A esta noción restringida del grupo destinatario de la titularidad de los derechos subjetivos sobreviene posteriormente un proceso de generalización, en la cual la titularidad se va extendiendo hasta llegar a la idea de la universalidad de los llamados derechos humanos.

Así lo reflejan las Constituciones modernas, la mayoría de las cuales contiene una cláusula de igualdad mediante la cual se entiende que la aplicación de los derechos contenidos en las mismas se garantizan en el territorio de aplicación a todas las personas por igual, aunque distinguiendo generalmente los derechos vinculados con la ciudadanía, por ejemplo, los de participación política, como es exclusivo de los nacionales mayores de edad de los Estados en cuestión.

El 10 de octubre de 2011 se modificó el artículo 4 constitucional, introduciendo la aplicación del principio del interés superior de la niñez para todas las decisiones y actuaciones del Estado, en garantía plena de sus derechos, aunque sigue dejando fuera el principio de no discriminación, participación y supervivencia. El de desarrollo está parcialmente incluido.

Por lo anterior, en el sistema jurídico mexicano los derechos de la infancia están reconocidos y protegidos por la Constitución, los tratados internacionales, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las leyes estatales y municipales derivadas de la misma, así como en el artículo 73 constitucional.

Con la reforma y la redacción del artículo 1o., se puede considerar que sí están considerados los principios ausentes en el artículo 4o., sin embargo, al ser incluidos de manera completa los cuatro artículos, el Estado mostraría un mayor reconocimiento y prioridad a la niñez.

En el caso de participación, ayudaría a entender la ciudadanía como un concepto más amplio al derecho a votar y ser votado, tomando en consideración a los niños y niñas como personas de derecho, a participar en todos los asuntos que les afecten, a ser escuchados y a que su opinión sea tomada en cuenta debidamente.

En virtud de las reformas constitucionales en 2011, el 4 de diciembre de 2014 fue publicada la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene carácter obligatorio a nivel federal, estatal y municipal. Además, regula la estructura, funciones, facultades del sistema nacional de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes.

El artículo 1, fracción I de la Ley General reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Reconocer a una persona como sujetos de derechos, es reconocer que tiene el derecho y la capacidad para ejercer los derechos que le son reconocidos y que puede exigir su respeto y cumplimento.

Derivado de lo anterior, a las niñas, niños y adolescentes se les debe reconocer la ciudadanía desde que nacen, al igual que a los adultos. Tienen derecho a participar y decidir en los temas que les afectan. Tomar decisiones, a preguntar, a formarse un juicio propio, a ser escuchados, contar con protección especial que señalan las leyes.

El Estado mexicano actualmente reconoce la ciudadanía de una persona cuando tiene más de 18 años de edad, nace en la República Mexicana y cuenta con un acta de nacimiento, credencial para votar o pasaporte, mismos que le permiten elegir mediante voto a sus representantes de elección popular en los tres niveles de gobierno y hacer exigibles sus derechos mediante el cumplimiento de la ley, entre otras cosas.

Derivado de lo anterior, a las niñas, niños y adolescentes no se les reconoce la ciudadanía, por lo tanto no tienen espacios propios para manifestar su opinión para que sea escuchado por los representantes del Estado, o bien que si no tienen acta de nacimiento no puede ni siquiera asistir a la escuela.

La ciudadanía es un derecho que debe tener la niñez mexicana, que nace junto con la persona y debe ser reconocida por el Estado, sin importar la edad, lugar de nacimiento, o documento de identidad.

–Concluyo–. Las niñas, niños y adolescentes de México deben ser ciudadanos desde el nacimiento y no esperar a tener 18 años para poder opinar, participar o decidir y tener la posibilidad de que las opiniones y pensamientos de niñas, niños y adolescentes asuman el mismo valor.

Con la reforma planteada estaremos enriqueciendo el marco jurídico constitucional, acorde a lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU y se garantizará la implementación del principio de autonomía progresiva, mediante el cual se debe conceder facultad para decir sobre los asuntos que conciernen al individuo en la medida en que va alcanzando cierto grado de madurez. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 34 a 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal Jesús Salvador Valencia Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de este pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 34, 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la presente

Exposición de Motivos

El Estado mexicano ha ratificado los principales instrumentos universales y regionales de derechos humanos. Estos instrumentos al ser ratificados por el Estado pasan a formar parte del sistema jurídico Mexicano aunque sigan siendo normas internacionales.

El 9 de julio de 2011, el Congreso de la Unión aprobó una reforma paradigmática a nivel nacional en materia de derechos humanos, cambiando la denominación del Título Primero por la de “De los Derechos Humanos y sus Garantías” y dejando el artículo primero como sigue:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (...)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

La Constitución Política reconoce los derechos humanos recogidos en los tratados internacionales haciéndolos parte de la misma.

No obstante, la inclusión de los niños como titulares de derechos subjetivos, especialmente de las libertades reconocidas constitucionalmente, no ha sido sencillo. Ello se debe, en buena medida, a que la tradición liberal vincula especialmente a los derechos humanos con la autonomía de la persona.

Efectivamente, en el surgimiento mismo de la idea moderna de los derechos del individuo frente al Estado es posible identificar la importancia que se concede a su autodeterminación frente al poder. Es precisamente esta idea la que da origen a la concepción de la Constitución como límite a la actuación pública, en el entendido de que hay espacios de la vida de los individuos en los que la autoridad tiene proscrito intervenir. En este proceso, las primeras declaraciones de derechos (en particular la francesa y la norteamericana) excluyen a quienes se consideraba carecían de esta capacidad de autonomía, es decir, a todo aquel que no fuera varón, adulto propietario y en este sentido ciudadano.

A esta noción restringida del grupo destinatario de la titularidad de los derechos subjetivos públicos sobreviene posteriormente un proceso de generalización, en el cual la titularidad se va extendiendo hasta llegar a la idea de la universalidad de los llamados derechos humanos.

Así lo reflejan las Constituciones modernas, la mayoría de las cuales contienen una cláusula de igualdad mediante la cual se entiende que la aplicación de los derechos contenidos en las mismas se garantizan en el territorio de aplicación a todas las personas por igual, aunque distinguiendo generalmente los derechos vinculados con la ciudadanía (por ejemplo los derechos de participación política) como exclusivos de los nacionales mayores de edad del Estado en cuestión.

El 10 de octubre de 2011 se modificó el artículo 4 constitucional, introduciendo la aplicación del principio del interés superior de la niñez para todas las decisiones y actuaciones del Estado en garantía plena de sus derechos, aunque sigue dejando fuera el principio de no discriminación, participación y supervivencia; el de desarrollo está incluido parcialmente.

Por lo anterior, en el sistema Jurídico Mexicano los derechos de la infancia están reconocidos y protegidos por la Constitución, los Tratados Internacionales, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las leyes estatales y municipales derivadas de la misma. Así como en el artículo 73, el cual le otorga al Congreso la facultad de expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, de los Estados, la Ciudad de México y los Municipios.

Con la reforma y la redacción del artículo primero se puede considerar que sí están considerados los principios ausentes en el artículo 4. Sin embargo al ser incluidos de manera completa los cuatro el Estado mostraría un mayor reconocimiento y prioridad a la niñez.

En el caso del principio de participación, ayudaría a entender la ciudadanía como un concepto más amplio al derecho a votar y ser votado, tomando en consideración a los niños y niñas como personas con derecho a participar en todos los asuntos que les afectan, a ser escuchados y a que su opinión sea tomada en cuenta debidamente.

En específico, el principio de participación ayudaría a entender la ciudadanía como un concepto más amplio al derecho a votar y a ser votado, tomando en consideración a los niños y niñas como personas con derechos a participar en todos los asuntos que les afectan, a ser escuchados y que su opinión sea tomada en cuenta debidamente.

En virtud de las reformas constitucionales de 2011, el 4 de Diciembre de 2014 fue publicada la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, que tiene carácter obligatorio a nivel, federal, estatal y municipal, además regula la estructura, funciones y facultades del Sistema nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Con la nueva Ley General, las niñas, niños y adolescentes se convierten en sujetos de derechos y dejan de ser objeto de protección, ejercen todos sus derechos desde la “autonomía progresiva” donde se busca el desarrollo de ciertas prerrogativas para el ejercicio de sus derechos, tales como el derecho a decidir.

El artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño establece que

“Los Estados parte respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”.

De dicho artículo surge el principio de autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes para el ejercicio de sus derechos para que sean ellos quien decidan, elijan cómo y cuándo pretende hacerlo conforme a sus deseos e intereses.

La particularidad de esta autonomía es que las niñas, niños y adolescentes van adquiriendo la capacidad para poner en práctica sus derechos a medida que se van desarrollando como personas “evolución física de sus facultades” y que a los padres o las personas responsables les corresponde impartir la “orientación y dirección apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención”. Al Estado le corresponde “respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres” o de quien corresponda.

Antecedentes del artículo 34 de la Constitución

El artículo 34 Constitucional se ha modificado dos veces desde la expedición de la Constitución de 1917. La primera el 17 de Octubre de 1953, para conceder la ciudadanía a la mujer. La segunda, el 22 de Diciembre de 1969, con objeto de reducir la edad para adquirir la condición de ciudadano a los 18 años.2

Consideraciones que fundamentan la presente iniciativa

El artículo 1 fracción I de la Ley General reconoce a “niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad...” reconocer a una persona como sujeto de derechos es reconocer que tiene el derecho y la capacidad para ejercer los derechos que les son reconocidos y que puede exigir su respeto y cumplimiento.

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “en todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”

Derivado de lo anterior, a las niñas, niños y adolescentes se les debe reconocer la ciudadanía desde que nacen. Al igual que los adultos, tienen derecho a participar y decidir en los temas que les afecten, tomar decisiones, a preguntar, a formarse un juicio propio, a ser escuchados, contar con protección especial que señalan las leyes.

El Estado Mexicano actualmente reconoce la Ciudadanía de una persona cuando:

1. Tiene más de 18 años de edad.

2. Nace en la República Mexicana.

3. Cuenta con acta de nacimiento, credencial para votar, pasaporte etcétera.

Mismos que le permiten:

1. Elegir mediante el voto a sus representantes de elección popular a nivel federal, estatal y municipal.

2. Hacer exigible sus derechos mediante el cumplimiento de la ley.

3. Tener acceso a información pública, libertad de expresión, participación. Organización etc.

A las niñas, niños y adolescentes no se les reconocen la ciudadanía, por lo tanto no tienen espacios propios para manifestar su opinión para que sea escuchada por los representantes del Estado, o bien que, si no tienen acta de nacimiento no pueden asistir a la escuela.

La ciudadanía es un derecho que debe tener la niñez mexicana que nace junto con la persona y debe ser reconocida por el Estado sin importar la edad, lugar de nacimiento o documentos de identidad.

La ciudadanía implica no solo el hecho de tener 18 años y ser mayor de edad, ser mexicano, poder ejercer los derechos políticos, poder ejercer los derechos y deberes ciudadanos, poder trasladarse por el territorio nacional; si no formar parte del tejido social y político, asumir responsabilidades y obligaciones con las que se identifiquen y sentirse parte de la sociedad.

Las niñas, niños y adolescentes de México deben:

1. Ser ciudadanos desde el nacimiento y no esperar a tener 18 años para poder opinar, participar o decidir.

2. Todos y todas deben respetar sus derechos humanos.

3. Las opiniones y pensamientos de niñas, niños y adolescentes tienen el mismo valor que el de los adultos.

4. Las opiniones de niñas, niños y adolescentes son importantes para construir un mejor país.

Con la reforma planteada, estaremos enriqueciendo el marco jurídico constitucional, acorde a lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU y se garantizará la implementación del principio de autonomía progresiva mediante el cual se debe conceder facultad para decidir sobre los asuntos que conciernen al individuo en la medida en que va alcanzando cierto grado de madurez.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 34, 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Para quedar como sigue:

Artículo 34. Son ciudadanos de la República las personas nacidas en el territorio mexicano yque, teniendo la calidad de mexicanos, tengan un modo honesto de vivir.

Las niñas, niños y adolescentes gozaran de una protección especial desde que nacen hasta que cumplan la mayoría de edad.

La mayoría de edad se adquiere al cumplir 18 años.

Artículo 35.Son derechos del ciudadano mayor de 18 años:

(...)

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República mayor de 18 años:

(...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 10/06/2011. Tomo DCXCIII, número 8.

2 Cámara de Diputados, Reformas Constitucionales por artículo: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de octubre de 2016.— Diputados y diputadas: Jesús Salvador Valencia Guzmán,Ana Leticia Carrera Hernández, Felipe Reyes Álvarez, María Luisa Beltrán Reyes, Olga Catalán Padilla (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Valencia Guzmán. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Esta Presidencia saluda a la licenciada María Sandoval de Zarco, de la barra de abogados de Tijuana, invitada por el diputado Jorge Ramos. Bienvenida.

La diputada Ana Leticia Carrera Hernández(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Antes, sonido en la curul de la diputada Ana Leticia Carrera, adelante, diputada.

La diputada Ana Leticia Carrera Hernández (desde la curul): Sólo para felicitar al diputado Valencia por su iniciativa en favor de las niñas, niños y adolescentes de este país, y pedirle su permiso para adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado está de acuerdo con su propuesta. Está a su disposición, diputada, la iniciativa aquí en la Mesa de la Secretaría, para las firmas correspondientes.



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Paola Félix Díaz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 14 y 42 de la Ley General de Educación, y 116 y 118 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita también por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz:Saludo a mis vecinos de Cuajimalpa que hoy me acompañan y a mis vecinos de Álvaro Obregón, bienvenidos. Con el permiso de la Presidencia. Señores y señoras legisladores, las constantes y diversas amenazas a que están expuestos nuestros niños, niñas y jóvenes ponen en riesgo su desarrollo físico, emocional y psicológico, esto nos obliga a perfeccionar el marco jurídico.

Somos seres sociales desde que nacemos, nos involucramos en un mundo que nos exige relacionarnos e integrarnos, comunicar nuestras ideas y necesidades, aprender de los demás y tener pertenencia de grupo. Sin embargo, el ambiente en donde se da este proceso de socialización no siempre es adecuado, particularmente no lo está haciendo en la escuela ni en las redes sociales. De ahí que la intervención del Estado es necesaria.

La violencia, el abuso, la discriminación y las conductas antisociales entre los menores de edad y los adolescentes son la antesala de una sociedad más violente, menos solidaria y más injusta.

En el caso específico de la escuela recordemos que recientemente se clasificaron como acoso escolar o bullying a las acciones constantes que denigran, aíslan a quienes por sus condiciones económicas, por el color de su piel, por su forma de hablar, por sus preferencias musicales o hacia algún personaje, son objeto de hostilidades reiteradas por parte de sus compañeros de las escuelas.

Casos de acoso se han presentado a lo largo y ancho del país, afectando el desarrollo psicológico y físico de quienes lo padecen. Las víctimas se sienten inseguras en las aulas, en los caminos a sus casas y en las redes sociales, que se han usado como una extensión de esta conducta violenta. Peor aún, existen varios casos ya documentados que como resultado de este acoso les lleva hasta la muerte.

Para quienes viven una situación de acoso escolar asistir a la escuela se convierte en un verdadero suplicio que les impide concentrarse en sus estudios, acceder a espacios y actividades recreativas, desarrollar sus capacidades y formarse para la vida.

Las víctimas de bullying generalmente no pueden defenderse de manera efectiva y tienen temor a denunciar o pedir ayuda a los maestros o a sus padres, lo cual los coloca en una posición de desventaja acrecentando su vulnerabilidad.

Se encuentran en mayor riesgo de sufrir abuso escolar quienes muestren un comportamiento reiterado en introvertido, tienen alguna discapacidad o problema en sus hogares.

Además, las redes sociales son un instrumento para que el acoso transgreda el espacio físico a través de videos, comentarios que se viralizan, exponiendo y denigrando a las víctimas de acoso escolar, lo que las coloca en una posición de mayor desventaja y discriminación.

En este contexto la iniciativa tiene como finalidad fortalecer las acciones públicas, particularmente en el ámbito de la prevención y la denuncia. Establecer como obligación de la federación y de los gobiernos locales, incluir en las páginas institucionales un vínculo o link expresamente diseñado para que alumnos, padres de familia y profesores puedan denunciar estas conductas.

Con lo anterior se promueve la cultura de la denuncia y se estimula el uso de las tecnologías de la información en beneficio de la sociedad. Pero sobre todo, impulsa mecanismos preventivos y de atención inmediata para las víctimas de bullying. México ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE en el caso de bullying en primaria y secundaria. Y de acuerdo a diversos estudios, 60 por ciento de los suicidios de niños y adolescentes es a causa de este fenómeno.

La gravedad de la problemática nos obliga a trabajar desde esta Cámara de Diputados para propiciar contextos educativos respetuosos, seguros y solidarios que contribuyen a la formación de seres humanos íntegros e integrales. Nada bueno viene jamás de la violencia. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 12, 14 y 42 de la Ley General de Educación, y 116 y 118 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados Sara Paola Gálico Félix Díaz y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La protección de los derechos de los niños, niñas y jóvenes ha aumentado en la medida que se detectan amenazas que ponen en riesgo su desarrollo físico y psicológico, sobre todo en espacios donde socializan con sus semejantes y un universo de personas con quienes deben tener contacto.

Considerado como un sector vulnerable, se han llevado a cabo esfuerzos internacionales tan importantes como la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y que fue el primer instrumento internacional vinculante que reconoce de manera universal los derechos de los niños y las niñas, entre ellos el de la protección (UNICEF, 2014). México ratifica la Convención el 21 de septiembre de 1990, con lo cual se compromete a asegurar la aplicación de sus lineamientos en beneficio de todo niño o niña que se encuentre bajo su jurisdicción, sin dejar de señalar que los adolescentes son sujetos de derecho de acuerdo con dichas reglas.

Para lograr cumplir con el objetivo fijado por la Convención, se debe formar un sistema integral para la garantía de derechos, el cual se define como (UNICEF, 2014):

Conjunto de órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, servicios y presupuestos a nivel nacional, estatal y municipal, que interactúan y se relacionan entre sí para reconocer, respetar, promover, proteger y restituir los derechos de los niños y niñas y reparar el daño ante la vulneración de los mismos.

Como se observa, se requiere de la participación de diversos actores que trabajen de manera interdisciplinaria, regidos por un marco jurídico diseñado para atender la problemática específica que se presenta en la población infantil, y en donde se establezcan las obligaciones de los tres niveles de gobierno. Para tal efecto, la UNICEF publicó una serie de elementos esenciales para la ejecución del sistema integral para la garantía de los derechos (UNICEF, 2014), los cuales se enlistan a continuación:

Sectores, sistemas y subsistemas existentes (educación, salud, desarrollo social, asistencia social, justicia, economía seguridad pública, protección especial, entre otros).

Mecanismos independientes de derechos humanos.

Presupuesto.

Mecanismos de evaluación y monitoreo.

(Énfasis añadido)

El entramado legislativo necesario para atender las condiciones que representen algún tipo de riesgo para niños y adolescentes requiere de la coordinación de diversas áreas gubernamentales, quienes controlan en gran parte el entorno en donde se desarrolla este sector de la población, y por ende, se erige como responsable de estas áreas, del desarrollo de los niños y jóvenes, así como de su seguridad.

Como podemos inferir, uno de los ambientes de convivencia en donde pasan gran parte de su tiempo son las aulas escolares, donde los niños mexicanos asisten en promedio a 800 horas anuales (ColimaNoticias, 2015) los jóvenes de 15 a 29 años tienen una estadía promedio de 5.3 años en educación y formación (OCDE, 2014), por lo que es menester que cuenten con los elementos necesarios para que el proceso de aprendizaje se lleve a cabo dentro de ambientes sanos y propicios para su desarrollo, toda vez que a inicio de año se anunció el aumento de horas de clase en primarias y secundarias por medio del documento “Mejor aprovechamiento de la jornada y el calendario escolar”, de acuerdo con el siguiente esquema (NOTIMEX, 2016):

Es en este contexto que surge uno de los mayores problemas detectados en materia de seguridad en el entorno del sector infantil y juvenil: el acoso escolar o bullying, el cual representa un riesgo latente para su desarrollo psicológico y académico.

El acoso escolar tiende a convertir el espacio académico en un entorno hostil, en donde los estudiantes dejan de concentrarse en el aprendizaje y la sana convivencia, para defenderse continuamente de ataques hacia su persona, dado que es más común que se acose a niños solitarios y aislados; o como lo describe la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2014):

Es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad.

En un concepto más amplio, podemos citar la interpretación de E. Mendoza, en la revista de El Colegio de San Luis (Eguía, 2015):

La palabra bullying se refiere al maltrato y abuso entre estudiantes de una misma institución educativa o pares escolares, conocido también como acoso u hostigamiento escolar, y que comprende cualquier forma de maltrato psicológico, verbal y físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado

En México, este fenómeno no ha pasado desapercibido, sino que se ha construido una serie de normas que intentan combatirlo (Eguía, 2015):

Así, el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a la educación y, a su vez, sienta las bases, criterios y lineamientos que establecen y dan fundamento al sistema educativo mexicano, regulado a través de la Ley General de

Educación (LGE), la cual sienta las bases para una educación libre de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, en los artículos 7º, fracción VI, y 8º, fracción III. Asimismo, la LGE, en su artículo 42, busca proteger y preservar la integridad física, psicológica y social del menor. A pesar de ello, la LGE no contempla el concepto de bullying, pese a que en el artículo 4º, párrafo noveno, de la Constitución mexicana se consagran los derechos de la niñez y el compromiso del Estado en su procuración. La carencia es aún más grave si se toma en cuenta que desde 1990 México es parte de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la que se establece el derecho de los infantes a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y a la no discriminación.

Sin embargo, esto no ha sido suficiente, ya que los casos de acoso escolar han aumentado a tal grado, que llamó la atención de la autoridad educativa federal que intervino por medio de un convenio de coordinación (SEP, 2014) entre las 31 entidades federativas, la Administración Federal de los Servicios Educativos en la capital del país y la Secretaría de Educación Pública con la finalidad de fortalecer mecanismos de alerta temprana; incorporar en las páginas de internet institucionales vínculos para denuncias; fomentar redes para la prevención y atención; protocolos de actuación para directores, maestros, alumnos y padres de familia; enriquecer los currículos de la educación básica, media superior y de formación de maestros para que aprendan a atender los casos que se registren.

En cumplimiento de este acuerdo, la SEP incorporó en su página web oficial un vínculo que brinda información sobre el acoso escolar y un espacio para la denuncia de éste, mientras que de las 32 entidades federativas, sólo 7 cumplen satisfactoriamente con la inclusión del vínculo para llenar un formulario de denuncia y que es de fácil acceso, mientras que 8 lo cumplen parcialmente, y las 17 restantes no cuentan con una liga que cumpla con el objetivo.

El tema no es menor: en septiembre de 2015 México ocupó el primer lugar a nivel internacional en casos de bullying con un total de 18 millones 781 mil 875 casos (Tinoco, 2015). Para 2016 el fenómeno escaló en cifras y consecuencias, puesto que ya no sólo se trata de actos de acoso, sino las consecuencias que desencadena. Ejemplo de ello es son los casos de acoso que han terminado, desafortunadamente, con la pérdida de vidas de quienes los sufrieron, tal como se expresó en el cuarto Congreso Internacional sobre Mobbing y Bullying celebrado en mayo de 2016, en donde se señaló que el 60 por ciento de los casos de suicidios de menores de edad se relacionan con casos de acoso escolar (Maldonado, 2016).

El acoso es un acto repetido y sistemático a lo largo del tiempo sobre una sola persona (Eguía, 2015), a quien se le aísla mientras la agresión continúa cada vez en mayor grado, provocando que quien lo sufre viva en un ambiente hostil e inseguro, puesto que percibe que su integridad se encuentra en riesgo ante una amenaza colectiva. En este sentido, los sujetos que se encuentran en mayor riesgo de sufrir abuso escolar son aquellos quienes por su forma de comportarse, de relacionarse y hasta de convivir, y que por sus mismas características demuestran un comportamiento retraído, como se expresa en el estudio elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo Organizacional y Humano (CIDOH), en el cual se habla acerca de diversas formas cognitivas para asimilar el conocimiento, así como las formas de comportamiento de las personas que no necesariamente se integran de una manera extrovertida (Eguía, 2015):

El segmento social compuesto por los niños, niñas y adolescentes sobredotados intelectualmente fue identificado con claridad gracias a los trabajos de atención educativa que se brindan en el CIDOH, en su área de Desarrollo Humano, donde se atiende a niños, niñas y adolescentes que buscan mejorar su rendimiento académico.

Gracias a ello, se ha podido constatar que gran parte de los problemas de aprendizaje en el aula se deben a la forma y los contextos en que se brinda la enseñanza. Más aún, se atienden casos de niños y adolescentes que fueron etiquetados por sus compañeros de clase como “locos” y “raros” debido a sus intereses y forma de comportamiento personales, por lo que no fueron aceptados ni integrados en sus grupos, equipos y juegos; además de ser asediados e insultados sin intermisión por su diferencia de ser. En el ámbito institucional del plantel educativo, también han sido etiquetados por sus docentes como problemáticos y distraídos, incluso han sido exhibidos e insultados en clase, además de que se ha llegado al escenario de que el área psicológica del plantel los defina como niños y adolescentes con Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), por lo que la recomendación a los padres es cambiarlos a grupos de enseñanza especial (término referido a la enseñanza de personas con capacidades cognitivas por debajo de lo esperado para su edad biológica, o con problemas de aprendizaje), así como medicación. Sin embargo, en el CIDOH, al sometérseles a pruebas de desarrollo cognitivo general individualizadas, tanto escritas como de interacción, se observó que no presentaban disfunción alguna, sino formas diferenciadas de aprendizaje y de ver la realidad de maneras creativas, así como la capacidad de aprender con facilidad cualquier área de conocimiento intelectual (por lo que suelen aburrirse y distraerse ante tareas rutinarias o monótonas), aunado a que pueden enfocarse en más de un tema a la vez; por ejemplo, pueden estar cantando, leyendo y prestando atención a la clase al mismo tiempo. Es decir, se pudo constatar que se trata de niños, niñas y adolescentes con habilidades cognitivas excepcionales y con una forma de ver la vida e intereses distintos a los de sus pares de edad biológica, lo cual nos llevó a buscar respuestas de atención compatibles con ellos.

Entre las respuestas encontradas, luce central el salvaguardarlos del bullying, del que llegan a ser presas por parte de sus pares escolares, así como de la incomprensión e ignorancia posibles en sus planteles educativos. Por ello es que surge la necesidad de garantizar contextos de estudio propicios para su desarrollo armonioso, tanto escolar como personal, con pleno respeto a su excepcionalidad. [... ]

Entre las conductas que caracterizan a niños con sobredotación y que sirven como un referente claro para comenzar a detectarlos, Winner señala las siguientes: a) signos tempranos, como el sentarse, sostenerse y caminar varios meses antes de lo esperado, así como empezar a hablar a edades tempranas; además de presentar reacciones intensas; b) estilos de aprendizaje, como aprender con una enseñanza mínima, ser curiosos y mostrar una alta energía, persistencia y concentración cuando están interesados en el asunto, además tienden a presentar intereses obsesivos en áreas específicas; c) habilidades escolares, como la de leer a los cuatro años de edad, tener gran memoria para la información verbal y la matemática, así como un razonamiento lógico y abstracto; d) aspectos sociales, como jugar solos porque los niños de su edad no se interesan en sus temas y juegos; asimismo, prefieren la compañía de personas de mayor edad; e) aspectos afectivos, como el interés por temas filosóficos y morales, y tener un alto sentido del humor. [... ]

Con base en los factores asociados a la sobredotación, tales como su inherente diferencia, su potencial aislamiento social y la tendencia a la introversión, así como la tendencia de los sobredotados a ofrecer una respuesta de tristeza ante el acoso, Peterson y Ray sugieren que los niños y adolescentes con sobredotación serán más vulnerables al bullying y a experimentar una mayor intensidad emocional ante éste. (123) [... ]

Si bien en el artículo referido se habla únicamente de alumnos con características de aprovechamiento sobresaliente, debemos considerar que existen otros factores que Desafortunadamente, la sobrepoblación en las escuelas públicas y en algunos casos, la falta de capacitación de los profesores, la falta de atención de los padres de familia y las complicaciones para que quienes son abusados denuncien esta situación, se convierten en factores que complican el conocimiento de la situación para autoridades y familia.

Como mencionamos, las aulas son los espacios donde mayor tiempo convive la comunidad infantil y juvenil, pero la relación con la sociedad y sus semejantes no se reduca al ámbito escolar, sino a cualquier espacio de convivencia, siendo uno de ellos el ciberespacio, en donde se han multiplicado los casos de acosos por medio de las redes sociales.

El avance de las tecnologías de la información debe permitirnos ofrecer alternativas para quienes son amenazados y abusados, privilegiando los mecanismos de prevención y atención inmediata para los casos de bullying, atendiendo la obligación que tiene el Estado para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, estipulada en el artículo 4 constitucional, y en el artículo 1, fracción III y V, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo se indica en el plan de acción I.2: fortalecer al Estado y garantizar la paz (Poder Ejecutivo Federal, 2013) que se hará frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación. Además de fortalecer el enfoque de respeto y protección de los derechos humanos en los temas mencionados, se incorporará de una manera amplia en las diversas acciones de gobierno.

En este sentido, la iniciativa que se presenta pretende modificar dos lineamientos que regulan la obligación del Estado en materia de defensa de los derechos del niño, en cuanto a incluir un vínculo especialmente insertado para la denuncia de actos de acoso escolar o bullying, toda vez que ante el aumento de estos casos es necesario que alumnos, profesores, padres de familia o tutores y autoridades cuenten con un canal de comunicación que permita prevenir y atender este fenómeno, ponderando el derecho constitucional de los niños y jóvenes a contar con el ambiente necesario para su desarrollo integral.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto por el que se modifican el artículo 12, fracción V Ter; artículo 14, fracción X Bis y artículo 42 de la Ley General de Educación; y los artículos 116, fracción XIII XXIII; y artículo 118, fracción IV de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Primero.- Se modifican el artículo 12, fracción V Ter; artículo 14, fracción X Bis y artículo 42 de la Ley General de Educación.

Artículo Segundo.- Se modifican los artículos 116, fracción XIII XXIII; y artículo 118, fracción IV de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Si bien el vínculo cumple con lo estipulado en el acuerdo, su acceso es muy complicado, pues se debe navegar en la página principal para acceder al espacio destinado a la denuncia de acoso escolar, vía esta plataforma.

2 Para este análisis, se elaboró una tabla cuyo contenido indica con mayor detalle el estatus del cumplimiento del acuerdo por medio de la revisión de las páginas oficiales de los institutos de educación estatales de las 32 entidades federativas, y el cual se puede consultar como Anexo 1 en este documento.

3 Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. [...]

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Bibliografía

ColimaNoticias. (24 de Septiemre de 2015). En México los niños pasan más horas frente al televisor que tiempo presencial en la escuela: OCDE. Colima Noticias: el diairo por Internet, pág. N/A. Recuperado el 16 de Julio de 2016, de http://colimanoticias.com/en-mexico-los-ninos-pasan-mas-horas-frente-al-televis or-que-tiempo-presencial-en-la-escuela-ocde/

Eguía, A. L. (Julio de 2015). Prevención del bullying en México:. Revista de El Colegio de San Luis, 109. Recuperado el 13 de junio de 2016, de http://www.redalyc.org/pdf/4262/426242757005.pdf

LGDNNA. (4 de Diciembre de 2014). Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Recuperado el 2016, de http://www. diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf

Maldonado, S. (16 de Mayo de 2016). En México, 60% de los suicidios en menores son por bullying: especialista. La Jornada. Recuperado el 2016, de http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/16/en-mexico-60-de-los-suicidios-en- menores-son-por-bullying-especialista

NOTIMEX. (26 de Enero de 2016). Aumentarán horas de clase en preescolar y primaria: SEP. EXCELSIOR, pág. N/A. Recuperado el 16 de Julio de 2016, de http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/26/1071208

OCDE. (2014). PANORAMA DE LA EDUCACIÓN 2014: MÉXICO. México. Recuperado el 30 de Agosto de 2016, de https://www.oecd.org/edu/Mexico-EAG2014-Country-Note-spanish.pdf

Poder Ejecutivo Federal. (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. México: Gobierno de la República. Recuperado el 2016, de http://pnd.gob.mx/

SEP. (1 de Enero de 2014). Información Alumnos - SEB. Recuperado el 17 de Junio de 2016, de https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/informacion-alumnos

SEP. (29 de Mayo de 2014). Secretaría de Educación Pública - Prensa. Recuperado el 13 de Junio de 2016, de Comunicado 146.- Autoridades educativas de todo el país firman convenio para facilitar el combate al acoso escolar: http://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-146-autoridades-educativas-de-todo-el-p ais-firman-convenio-para-facilitar-el-combate-al-acoso-escolar

Tinoco, M. G. (9 de Agosto de 2015). México ocupa el primer lugar a nivel internacional en bullying. Excelsior, pág. N/A. Recuperado el 13 de Junio de 2016, de http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/09/10/1045113

UNICEF. (2014). Legislación para la creación de un Sistema Integral de Garantía de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en México. únete por la niñez, 1. Recuperado el 30 de Agosto de 2016, de http://www.unicef.org/mexico/spanish/Lineamientos_SistemaProteccion.pdf

Anexo 1

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de octubre de 2016.— Diputadas y diputados: Sara Paola Galico Félix Díaz, Eloisa Chavarrias Barajas, Lilia Arminda García Escobar, Jesús Sesma Suárez, (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Paola Félix Díaz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Derechos de la Niñez, para dictamen. Y a la Comisión Especial de las Tecnologías de Información y Comunicación, para opinión.



LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez:Con su permiso, presidente. Compañeros, les recuerdo que afuera de este recinto están los padres de los 43 de Ayotzinapa. Están en plantón hasta que tengan voz en esta tribuna, que es la casa del pueblo. Con su permiso, otra vez.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante, diputada.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: En un país con una economía por demás decadente, donde el presupuesto entregado a los diputados para su análisis y posterior aprobación conlleva un recorte en materia de salud por más de 10 mil millones de pesos, donde en muchos casos el acceso a la salud es prohibitivo por los altos costos de los medicamentos, porque en su gran mayoría no entran en el cuadro básico de la Secretaría de Salud, es necesario recurrir a la utilización de la herbolaria con fines medicinales, ya que es probablemente un método de medicación tan antiguo como el hombre mismo.

En la mayor parte de las culturas, incluidas las occidentales, actualmente en todos los países, donde la mayoría de la población está en situación de pobreza como México, la fitoterapia constituye prácticamente la forma de tratamiento más económico y arraigado en la cultura popular.

De acuerdo a datos emitidos por la Organización Mundial de la Salud, más de 60 por ciento de la población mundial sigue utilizando la herbolaria para procurar su salud y un alto porcentaje de los productos farmacéuticos utilizados hoy en día, proviene de la flora curativa.

Es por ello que en el artículo 2o. de nuestra Carta Magna, reconoce a México como nación pluricultural y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, aprovechando la medicina tradicional.

En ese contexto los días 3 y 4 de agosto de 2016, la de la voz realizó en las instalaciones de la Cámara de Diputados el primer foro nacional Hacia la construcción de una política pública integral para el aprovechamiento sustentable de la cadena productiva de las plantas medicinales y productos naturistas en México, en conjunto con diversos académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, funcionarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (FHEUM), médicos tradicionales, así como personas y organizaciones de la sociedad civil que integran la cadena productiva de plantas medicinales y productos naturistas en nuestro país.

Teniendo de igual manera la asistencia de diversos empresarios y personas interesadas en la herbolaria, mismos que realizaron diversas ponencias y mesas de trabajo de las cuales se desprenden múltiples incógnitas, problemáticas, opiniones y propuestas, algunas de ellas se recogen en la iniciativa que hoy someto a consideración.

Por lo que se presenta una adecuación de la norma de acuerdo a las necesidades actuales del sector herbolario en razón de que la misma, se encuentra desfasada de la realidad que vive el país, en cuanto a que se está perdiendo la obligación del Estado de asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, aprovechando la medicina tradicional, redefiniendo los productos naturales de uso medicinal protegiendo y preservando el patrimonio videocultural vinculado con los recursos naturales usados de forma terapéutica, en especial las plantas medicinales, generando una normatividad moderna y eficaz que promueva el desarrollo de la herbolaria mexicana y la medicina tradicional con reglas claras en beneficio de la sociedad, incentivando que el marco legal de las plantas medicinales pueda ser evaluado de manera sistemática para verificar el impacto positivo o negativo que tiene en la sociedad, así como desarrollar las bases para la realización de una farmacovigilancia de productos naturales usados en tratamientos terapéuticos. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 17 Bis, la fracción V del artículo 215, el primer párrafo del artículo 216, el Apartado B, fracción 111 del artículo 224 y adiciona un segundo párrafo al artículo 223 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El empleo de las plantas con fines medicinales, es probablemente tan antiguo como el hombre mismo. En la mayor parte de las ~ culturas incluyendo a las occidentales, y hasta bien entrado el siglo XVIII, la botánica era parte de la medicina, y fue hasta mediados del siglo XX cuando las sustancias de síntesis química comenzaron a reemplazar de manera masiva a las hierbas como medicinas.

Actualmente en todos los países, donde la mayoría de la población está en situación de pobreza como México, la fitoterapia constituye prácticamente la forma de tratamiento más económico y arraigado en la cultura popular, como en los altamente industrializados.

De acuerdo a datos emitidos por la organización Mundial de la Salud, más de 60 por ciento de la población mundial sigue utilizando la herbolaria para procurar su propia salud y un alto porcentaje de los productos farmacéuticos utilizados hoy en día, proviene de productos vegetales.

La utilización de la herbolaria como medicina se conoce en México desde tiempos remotos, las culturas que habitaban todo el territorio hacían gala de vastos conocimientos curativos, en Yucatán los mayas tenían a los ah men, o médicos, entre los nahuas se llamaban tícitl, su habilidad era tanta que los conquistadores preferían recurrir a ellos que a sus propios médicos, como lo comenta Francisco Javier Clavijero en su Historia Antigua de México, donde Cortés en peligro de perder su vida por una herida en la cabeza recibida en la batalla de Otumba, fue diestramente curado por los médicos tlaxcaltecas.

La medicina tradicional (MT) es una herramienta muy valiosa en beneficio de la salud pública por lo que es fundamental para las generaciones contemporáneas resguardar y dinamizar este acervo de conocimientos de gran valor científico y cultural.

En este orden de ideas, las plantas medicinales y recursos naturales que los mexicanos han utilizado en el devenir de su historia en diferentes dimensiones como la preservación de la salud, la generación de conocimiento, el desarrollo económico y cultural, debido a que en la época contemporánea, las plantas medicinales se ubican en un espacio cada vez más importante en el horizonte de los consumidores de bienes y servicios terapéuticos de todos los estratos sociales.

En el escenario nacional se han generado controles institucionales consignados en el marco legal para minimizar la arbitrariedad relacionada con la aplicación de normas y acuerdos de organismos regulatorios, específicamente en el uso y la aplicación de los saberes tradicionales, la herbolaria y la medicina tradicional. A continuación se pone a la vista parte del marco regulatorio nacional que garantizan el derecho de los pueblos a utilizar y usufructuar libremente sus plantas medicinales.

La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), reformada por decreto publicado en el Diario Oficial del 14 de agosto de 2001, en el artículo 20 reconoce a México como nación pluricultural y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, aprovechando la medicina tradicional.

El 19 de septiembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en torno a la atención a la salud de la población indígena y al reconocimiento de la medicina tradicional indígena, artículo 6, fracción VI Bis.

En el ámbito internacional, debemos recordar que la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1o. señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece.

En este contexto, se presentan en el cuadro 1 algunos de los tratados y acuerdos internacionales de los cuales México es parte, y en los que se expresa el derecho a la utilización y aprovechamiento de las plantas medicinales, por lo que si consideramos lo establecido por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichos tratados son un principio de ordenamiento jurídico, que deben ser cumplidos por las autoridades para el bien común.

Cuadro 1. Tratados y acuerdos internacionales que consignan el derecho de la población al aprovechamiento de las plantas medicinales.

1978

Declaración de Alma-Ata

Sobre atención primaria de la Salud, Alma-Ata, Kazajistán, URSS.

2003

Resolución de la 56 asamblea mundial de la salud WHA56.31.

2007

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Con sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y acuerdos internacionales queda evidenciado el reconocimiento de la medicina tradicional y de las plantas medicinales como un derecho cultural de los pueblos de México; así también la Ley General de Salud incorpora elementos para considerar a la flora medicinal y a los individuos que usan estos insumos como parte de las estrategias que la población emplea para afrontar sus problemas de salud, de tal manera que la utilización de la plantas medicinales por toda la población está protegida por la supremacía constitucional como una garantía y un derecho inalienable.

En este contexto, los recursos naturales empleados en la medicina tradicional y el conocimiento generado en torno a ella son un bien público, motivo por el cual los gobiernos tienen la obligación de intervenir para incentivar el aprovechamiento, el desarrollo y subsistencia de este bien público para beneficio de la generación actual y futura. Sin embargo, en los últimos años se han promovido acciones para desdibujar el vasto conocimiento de estas entidades biológicas y desalentar el uso masivo a través de una forma de hacer política autoritaria mediante decretos y acuerdos realizados por un pequeño grupo de funcionarios públicos, sin la posibilidad de la inclusión de los actores que dinamizan el sector de las plantas medicinales en México.

Derecho comparado

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó las Pautas Generales para las Metodologías de Investigación y Evaluación de la Medicina Tradicional, que definen a la medicina tradicional como la suma total de conocimientos, técnicas y procedimientos basados en las teorías, las creencias y las experiencias indígenas de diferentes culturas, sean o no explicables, utilizados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas y mentales. En algunos países se utilizan indistintamente los términos medicina complementaria, alternativa, no convencional y medicina tradicional.

La medicina tradicional tiene como uno de sus principales componentes a las plantas medicinales y es mediante estos recursos que ejerce su aplicación terapéutica, en este sentido se reconoce que la medicina tradicional es ampliamente utilizada y es un sistema de atención de salud popular que está creciendo rápidamente y de gran importancia económica.

Algunos ejemplos que evidencian la trascendencia son: en África más de 80 por ciento de la población utiliza la medicina tradicional para ayudar a satisfacer sus necesidades sanitarias. En Asia y en Latinoamérica, las poblaciones siguen manejando la medicina tradicional para atender sus problemas de salud e incorporan su acervo cultural e histórico.

En China, el sistema de salud integra a su medicina oficial a la medicina tradicional (MT) y se estima que aproximadamente 40 por ciento de la atención se realiza a través de técnicas y médicos tradicionales, los cuales tienen una buena reputación en la sociedad, las personas que practican la medicina tradicional se les conoce como médicos tradicionales los cuales emplean acupuntura, moxibustión, ventosas, quiropráctica, digitopresión así como el uso de cientos de plantas.

En el sistema sanitario chino los profesionales que estudian una licenciatura en medicina (médicos, dentistas y enfermeras) proporcionan terapias de medicina tradicional (MT)/Medicina Complementaria y Alternativa (MCA) a sus pacientes, es decir, no existe un desprecio por el conocimiento derivado de la tradición, al contrario se aprovecha, se sistematiza y se difunde como un saber en mismo status que la medicina occidental contemporánea.

Mientras tanto, en muchos países desarrollados, la medicina complementaria y alternativa se está consumiendo cada vez más debido a la baja incidencia de iatrogenia que representa los procedimientos tradicionales y el consumo de plantas medicinales. El porcentaje de población que utiliza la MCA al menos una vez es de un 48 por ciento en Australia, 70 por ciento en Canadá, 42 por ciento en Estados Unidos de América (EUA), un 38 por ciento en Bélgica y 75 por ciento en Francia.

En el aspecto económico en diversas partes del mundo se ha estimado la derrama generada por la MT/MCA está creciendo rápidamente y representa un sector importante para el desarrollo de estos países. En Malasia, se estima se gastan anualmente 500 millones de dólares estadounidenses en este tipo de medicamentos para el cuidado de la salud, comparado con unos 300 millones de dólares estadounidenses en medicina de síntesis química. En EUA, el gasto total en 1997 en MCA se estima fue de 2 mil 700 millones de dólares estadounidenses. En Australia, Canadá y el Reino Unido el gasto anual en MCA se estima en 80 millones, 2 mil 400 millones y 2 mil 300 millones de dólares estadounidenses respectivamente.

La medicina tradicional es a veces la única fuente asequible de atención sanitaria, especialmente para los pacientes más pobres del mundo y en los países en desarrollo por ejemplo, en Uganda, la proporción de personas que practican la Medicina Tradicional frente a la población es de 1:200 y 1:499. Esto contrasta drásticamente con la disponibilidad de personas que practican la medicina de síntesis, para la cual la proporción es de 1:20 mil o menos. Incluso la distribución de dicho personal es desigual, la mayor parte se encuentra en ciudades u otras zonas urbanas y por lo tanto es difícil que las poblaciones rurales tengan acceso a la medicina hegemónica. Asimismo, estudios en epidemiología y salud pública han demostrado que en Ghana, Kenia y Malí, los medicamentos antimaláricos de pirimetamina/sulfadoxina no son accesibles para el mayor porcentaje de la población que ha sido infectada por este patógeno.

En este orden de ideas, el gasto sanitario per cápita en Ghana y Kenia contabiliza tan sólo 6 dólares estadounidenses al año. Por el contrario, la medicina con hierbas para el tratamiento de la malaria es considerablemente más barato y muchas veces incluso se paga en especie y de acuerdo con la “riqueza” del cliente.

Un ejemplo de la eficacia y asequibilidad de las plantas para este padecimiento, es la especie Argemone mexicana la cual ha sido evaluada por expertos de la OMS y demostrada más de 90 por ciento de eficacia para combatir el parasito que produce la malaria.

Situación nacional

Por lo anterior, queda evidenciado el reconocimiento de la medicina tradicional y de las plantas medicinales como un derecho cultural de los pueblos de México; así también la Ley General de Salud incorpora elementos para considerar a la flora medicinal y a los individuos que usan estos insumos como parte de las estrategias que la población emplea para afrontar sus problemas de salud, de tal manera que la utilización de la plantas medicinales por toda la población está protegida por la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales que son de observancia obligatoria para todas las autoridades y por su parte la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) al ejercer la facultad de fármaco-vigilancia no cuenta con las bases científicas para hacerlo, así como documentos de toxicología y estadísticas de los efectos nocivos de las plantas de las cuales impiden su comercialización, afectando los derechos de las personas dedicadas a la herbolaria.

Lo anterior, ya que de una búsqueda en la página de Cofepris http://www.cofepris.gob.mx así como de su marco jurídico, en el apartado denominado: 8. Farmacopea Herbolaria, se encuentra bloqueado y en su caso no proporciona la información consistente en las bases científicas para llegar a la conclusión de la prohibición del uso y comercialización de 200 plantas, lo que afecta a la cadena productiva involucrada en la herbolaria de nuestro país, causando pérdidas millonarias a los integrantes de ésta.

En este contexto, para llevar a cabo el proceso de fármaco-vigilancia existe una metodología consignada en la misma norma, la cual tiene como premisas el conocimiento de evidencias médicas y farmacológicas.

Asimismo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios presenta lineamientos que le permiten ejercer la fármaco-vigilancia que están trazados por el flujograma del mapa de procesos, el cual indica que son imprescindibles tres fases iniciales:

1. Evidencia del riesgo: En esta etapa se recopila y registra información.

2. Análisis del riesgo: En esta fase se identifica, evalúa y cuantifica.

3. Gestión de riesgos: En esta etapa se vierte la opinión de medidas administrativas regulatorias y no regulatorias y se comunica el riesgo.

De tal manera, que resulta indispensable contar con estas evidencias, para posteriormente proceder a la prohibición de un recurso biológico medicinal que ha sido empleado históricamente por la población para enfrentar el proceso de salud-enfermedad, sin embargo, en lo referente a las plantas medicinales no se cuenta con esta información, ya que la Secretaría de Salud y la Cofepris, no poseen documentos de toxicología, ni estadísticas de los efectos nocivos de las plantas que impiden su comercialización, de tal manera que no hay precisión sobre los cimientos que sustentan la prohibición, ya que si no existe la evidencia del riesgo y la cuantificación del riesgo, se desconoce contra qué se está protegiendo a la población. Es decir, se realiza una intervención prohibitiva sobre el patrimonio público sin demostrar el efecto nocivo sobre la sociedad.

Resulta imperioso hacer énfasis en que las modificaciones en el marco legal, especialmente las que son prohibitivas, se orientan hacia la protección de la población como lo expresa el artículo 37 de la Ley General de Salud que a la letra dice:

Cuando la Secretaría cuente con evidencia de que un insumo carece de seguridad, eficacia, pureza o estabilidad, aplicará las medidas de seguridad previstas en la ley.

Sin embargo, al no contar con los datos que evidencien lo nocivo de las plantas medicinales, se carece del insumo principal para realizar una intervención a los recursos públicos. Asimismo, tampoco se expresa en el marco legal, la manera en que se evaluará el efecto de la intervención. En los acuerdos donde se determinan las plantas prohibidas no se especifica el objetivo, no se definen metas, tampoco indicadores para valorar la pertinencia del acuerdo. Esto se debe a que no se conoce el problema y por lo tanto es imposible evaluar su evolución, es decir, no se tiene una línea base estadística relativa a la toxicidad de las plantas medicinales que sirva de guía para su comparación en el futuro.

En resumen, los procedimientos para la prohibición requieren la determinación de la toxicidad de una especie, la cual se debe de sustentar en: identificación botánica, la certeza que la planta existe en el mercado nacional y en qué forma (viva, deshidratada, en forma de producto farmacéutico, etc.); conocer la parte de la anatomía de la especie considerada tóxica; tener datos estadísticos de la morbilidad por intoxicaciones con plantas medicinales; toxicidad por edad y género (en el país y en otras regiones); evaluaciones farmacológicas, fitoquímicas y clínicas; para definir los efectos o sintomatología de una intoxicación, especificar si la intoxicación es por contacto o por ingestión, dosis toxica, métodos de desintoxicación, interacciones medicamentosas con otras plantas y con sustancias de síntesis química, así como las causas del consumo a las que pueden estar asociadas.

El impacto económico en la cadena productiva plantas medicinales y productos naturales desde la perspectiva económica, la botánica médica, genera recursos financieros en múltiples estratos de la sociedad, donde involucra a recolectores, agricultores, acopiadores, transformadores, comerciantes, transportistas, agroindustriales, farmacéuticos, académicos, científicos, médicos, enfermeras, terapeutas, curanderos, pacientes, entre otros. Es decir, toda una colectividad es partícipe en la cadena productiva de las plantas medicinales.

La cadena productiva de plantas medicinales en México, está conformada por cuatro eslabones y dos elementos que complementan y ejercen coerción sistémica en la producción de productos herbolarios y suplementos alimenticios.

Primer eslabón

En la República Mexicana se cultivan 36 plantas curativas que representan el 9 por ciento del total de las especies medicinales que se expenden en el mercado nacional. La producción se realiza en 18 estados, destinando un área de 13 mil 200 hectáreas. En los últimos veinte años se ha incrementado el cultivo de plantas medicinales en más de 800°10, donde la derrama económica del cultivo representa valores superiores a 600 millones de pesos, generando más de medio millón de jornales.

Plantas medicinales cultivadas en México, ordenadas por parte utilizada

Parte aérea

Ajenjo

Albahaca

Borraja

Epazote

Hierbabuena

Hinojo

Estafiate

Lavanda

Mil en rama

Muitle

Pasiflora

Romero

Ruda

Tomillo

Toronjil blanco

Toronjil rojo

Flores

Alucema

Árnica

Manzanilla

Mercadela

Santa María

Hojas

Alcachofa

Cedrón

Eucalipto

Guayabo

Mejorana

Orégano

Neem

Sábila

Té limón

Órganos subterráneos

Cúrcuma

Jengibre

Valeriana

Zarzaparrilla

Frutos

Jojoba

Noni

Fuente: Chapingo, 2013 y datos recabados en campo.

Recolección

La recolección de flora medicinal se focaliza en nueve estados, que suministran aproximadamente 90 por ciento de las plantas mercantilizadas en el país, cuadro 3. A nivel nacional se recolectan 350 especies para comercializarse, en un área estimada de 11 mil hectáreas, obteniendo aproximadamente 22 mil toneladas anuales generando una derrama de 286 millones de pesos/año. Los ingresos percibidos en la recolección son del orden de 200 pesos por persona/semana y de 2 mil por familia. La colecta proporciona a 2 mil 750 familias un ingreso mensual de 8 mil pesos.

Estados de la República Mexicana donde se recolectan grandes volúmenes plantas medicinales destinadas al comercio nacional

Estado de México: 150 especiesPuebla: 120 especies

Morelos: 90 especies

Guerrero: 85 especies

San Luis Potosí: 5 especies

Sonora: 20 especies

Hidalgo: 15 especies

Veracruz: 8 especies

Michoacán: 10 especies

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas recabadas en campo.

Segundo eslabón: acopio

Los centros de acopio se encuentran ubicados en 31 municipios de la República Mexicana cuadro 4, reciben las plantas deshidratadas y las actividades que se realizan son: trituración, pulverización, embalaje almacenamiento y distribución. Las plantas medicinales acopiadas provienen 95% de la recolección y 5 por ciento son producto del cultivo. En los centros de acopio se generan aproximadamente mil empleos directos y mil indirectos a nivel nacional.

El consumo per cápita de hierbas medicinales adquiridas a través de la compra es de 0.5 kilogramos, lo que representa 60 mil toneladas de droga vegetal, considerando las cifras anteriores la derrama económica tan sólo del eslabón primario se estima en 886 millones de pesos anuales, cuadro 5.

En el contexto del acuerdo por el que se determinan las plantas prohibidas o permitidas para tés, infusiones, aceites vegetales comestibles y suplementos alimenticios. Del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 de la Secretaría de Salud, se restringe el uso de 50 especies que se cultivan y que se recolectan en México, esta cantidad representa 14.3 por ciento de total de las plantas producidas en el territorio nacional, los que conlleva a una pérdida de 126 millones de pesos al año y se dejaran de producir más de 144 mil empleos, únicamente en el eslabón que produce la materia prima, es decir en las zonas rurales e indígenas del país.

Cuadro 5. Impacto en los eslabones primarios de la cadena productiva de plantas medicinales

Actividades del eslabón: Recolección.

Empleos: 1 millón.

Recursos financieros: 600 millones de pesos

Área destinada: 13 mil 200 hectáreas.

Actividades del eslabón: Cultivo.

Empleos: 11 mil.

Recursos financieros: 286 millones

Actividades del eslabón: Total

Empleos: 1 millón 11 mil.

Recursos financieros: 886 millones de pesos

Empleos: 23 mil 200.

Costo de la prohibición: 144 mil 600 empleos, 126 millones de pesos.

Fuente: Sagarpa-UACH, 2013

Tercero y cuarto eslabón:

Transformación y comercialización de productos herbolarios

El consumo de las plantas medicinales es una constante en la vida cotidiana de los mexicanos. Teniendo en cuenta, que existen 2 mil 440 municipios y en todos los municipios hay un mercado y en cada uno de estos, se encuentra un establecimiento donde expenden plantas medicinales. Este paralelismo de cifras bosqueja la importancia financiera, social, en la generación de empleos e ingresos del sector en el país.

En los subsecuentes eslabones se estima que se perderán más de 200 mil empleos directos y más de 300 mil indirectos, ya que estos sectores, realizan la transformación agro industrial, el embalaje, la comercialización a nivel detallista, la distribución y la difusión de los productos, en este sentido, organismos que forman parte activa del sector, estiman que el marco normativo que presenta un listado de plantas medicinales prohibidas representa una pérdida de más de 2 mil millones en toda la cadena productiva de plantas medicinales.

Ya que el conocimiento de las plantas medicinales y los productos naturales son producto del conocimiento tradicional acumulado por vanas generaciones y representa un patrimonio de los mexicanos y dicho patrimonio debe de tener un circuito bidireccional donde no sólo las comunidades desarrollen el conocimiento sino que también debe de fluir hacia el pueblo, el beneficio económico y de salud. En esta tesitura, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales deben contribuir a mantener los sistemas tradicionales de conocimiento mediante un apoyo activo a las sociedades que crean y conservan ese saber.

Resulta idóneo manifestar que la salud comprende algunos derechos: uno de estos se refiere a la participación de la población en el proceso de adopción de decisiones en cuestiones relacionadas con las políticas de los recursos curativos y preventivos a nivel comunitario y nacional. En este tenor, la prohibición de las plantas medicinales en México se ha desarrollado sin la participación de los ciudadanos, ya que estos han sido considerados como espectadores pasivos. Es por ello que la sociedad civil organizada, rompe la falta de dinamismo, proponiendo el análisis y las adecuaciones necesarias para el aprovechamiento y desarrollo del sector de las plantas medicinales y productos naturales en México en materia de fármaco-vigilancia, destacando que ellos han sido un motor importante para la presentación de la presente iniciativa.

Con base en lo antes expuesto, es importante continuar con el reconocimiento de la medicina tradicional y la protección a toda la cadena productivamente económica y social que gira alrededor de la herbolaria, adoptando medidas que permitan a la autoridad dar la certeza jurídica al gobernado, en materia de fármaco-vigilancia, contribuyendo así que los actos derivados de esta última se encuentren debidamente fundados y motivados, aunado a que la reforma que se propone contribuye a la transparencia y publicidad de documentos de gran valor para la ciudadanía en su conjunto ya que esto permitirá tener más elementos para la protección del consumo de ciertas plantas o medicamentos derivados de ellas que se encuentran prohibidos, así como dar claridad de que especies que se producen en el país efectivamente se encuentran prohibidas.

Por tanto la presente iniciativa pretende:

• Proteger y preservar el patrimonio biocultural vinculado con los recursos naturales usados de forma terapéutica, en especial las plantas medicinales.

• Generar una normatividad eficaz que promueva el desarrollo de la herbolaria mexicana y la medicina tradicional con reglas claras en beneficio de la sociedad.

• Qué el marco legal pueda ser evaluado de manera sistemática para verificar el impacto positivo o negativo que tiene en la sociedad.

• Desarrollar las bases para la realización de una fármacovigilancia de productos naturales usados en tratamientos

• Estimular la investigación y desarrollo de una industria nacional de plantas medicinales y productos fitoterapéuticos.

• Qué el marco legal detone la articulación y el progreso de los eslabones de la cadena productiva de las plantas medicinales y productos naturistas.

• Generar riqueza económica y biocultural.

Aunado a ello, con fecha tres y cuatro de agosto de 2016, la suscrita realizó en las instalaciones de la Cámara de Diputados el primer foro nacional Hacia la Construcción de una Política Pública Integral para el Aprovechamiento Sustentable de la Cadena Productiva de las Plantas Medicinales y Productos Naturistas en México, en conjunto con diversos académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, funcionarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (FHEUM), médicos tradicionales, así como personas y organizaciones de la sociedad civil, que integran la cadena productiva de plantas medicinales y productos naturistas en nuestro país, teniendo de igual manera la asistencia de diversos empresarios y personas interesadas en la herbolaria, mismos que realizaron diversas ponencias y mesas de trabajo, de las cuales se desprenden múltiples incógnitas, problemáticas, opiniones y propuestas, algunas de ellas se recogen en la presente iniciativa, dado el objetivo de ésta.

En ese sentido, se propuso adecuar la norma a las necesidades actuales del sector herbolario en razón de que ésta, se encuentra desfasada de la realidad que vive el país, en cuanto a que se está perdiendo la obligación del Estado en asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, aprovechando la medicina tradicional, de tal manera que se contradice la norma de salud con la propia constitución.

Por otro lado, se propuso hacer la adecuación de la ley vigente con el fin de adaptarla a la realidad de la cadena productiva del sector, mismo que se encuentra en desventaja con respecto a la infraestructura de las grandes empresas farmacéuticas, así como con las exigencias para la que fue creada la ley en mención, dejando sin oportunidad de subsistir y en algunos casos eliminando por completo las expectativas de desarrollo y crecimiento del sector herbolario naturista, teniendo como consecuencia de ello que sea menos competitivo, ante dichas empresas.

Asimismo y como un bien colateral del foro se crearon algunas asociaciones como: Fomento de la Cultura Herbolaria Mexicana, AC.

En consecuencia, por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 17 Bis, la fracción V del artículo 215, el primer párrafo del artículo 216, el Apartado B, fracción III, del artículo 224 y adiciona un segundo párrafo al artículo 223 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 17 Bis, la fracción V del artículo 215, el primer párrafo del artículo 216, el apartado B, fracción III del artículo 224 y adiciona un segundo párrafo al artículo 223 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 17 Bis. ...

I. ...

II. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos cosméticos; productos de aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, productos naturales de uso medicinal, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico;

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

X. ...

XI. ...

XII. ...

XIII. ...

Artículo 215. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. Producto natural de uso medicinal: Productos a base de cualquier estructura anatómica de plantas, extractos vegetales, alimentos y plantas medicinales y remedios tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, que se puedan presentar en forma farmacéutica y cuyo consumo no represente un riesgo para la salud de la población

Artículo 216. La Secretaría de Salud, con base en la composición de los alimentos y bebidas, determinará los productos a los que puedan atribuírseles propiedades nutritivas particulares, incluyendo los que se destinen a regímenes especiales de alimentación. Cuando la misma Secretaría les reconozca propiedades terapéuticas, se considerarán como medicamentos, para lo cual, deberá publicar los estudios y bases científicas correspondientes.

...

Artículo 223. ...

La Secretaría de Salud no podrá prohibir ningún producto que contenga plantas medicinales, sin antes haber demostrado y publicado los efectos toxicológicos adversos del producto para la población, para lo cual, también deberá considerar lo establecido en el artículo 428 II de esta ley.

Artículo 224. ...

A. ...

I. ...

II. ...

III. ...

B. ...

I. ...

II. ...

III. Herbolarios: Los productos elaborados con material vegetal o algún derivado de éste, cuyo ingrediente principal es la parte aérea o subterránea de una planta o extractos y tinturas, así como jugos, resinas, aceites grasos y esenciales, presentados en forma farmacéutica, y que sean elaborados de acuerdo con los procedimientos de fabricación descritos en la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, cuya acción terapéutica ha sido confirmada científicamente en la literatura nacional o internacional. No se consideraran medicamentos herbolarios aquellos productos que contengan material vegetal combinado con sustancias químicas aisladas, incluidos constituyentes de plantas aislados y químicamente definidos.

Artículo 414 Bis. Será procedente la acción de aseguramiento prevista en el artículo 414 como medida de seguridad, para el caso de que se comercialicen remedios herbolarios, productos naturales de uso medicinal o productos cosméticos que indebidamente hubieren sido pub licitados o promovidos como medicamentos o a los cuales se les hubiera atribuido cualidades o efectos terapéuticos, presentándolos como una solución definitiva en el tratamiento preventivo o rehabilitatorio de un determinado padecimiento, no siendo medicamentos y sin que los mismos cuenten con registro sanitario para ser considerados como tales.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Corresponderá a las autoridades encargadas de las presentes disposiciones emitir y efectuar las adecuaciones normativas y reglamentos correspondientes a fin de dar cumplimiento al presente decreto. Para ello contarán con un plazo no mayor de 120 días.

Tercero. Corresponderá a las autoridades encargadas de las presentes disposiciones publicar los estudios y bases científicas correspondientes a fin de dar cumplimiento al presente decreto. Para ello contarán con un plazo no mayor de 120 días.

Notas:

1 http://www.respyn.uanl.mx/xii/2/ensayo_uso_de_la_herbolaria.htm

2 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. Pautas generales para las metodologías de investigación y evaluación de la medicina tradicional. Ginebra, OPS/OMS, 2002. Disponible en: http://www.ops.org.bo/textocompleto/pi31763.pdf

Escobar Alcón, Lucio. Coordinador Nacional de la Dirección General de Medicina Tradicional e Interculturalidad del Ministerio de Salud de Bolivia. Investigador de la Cultura Andina. Salud e Interculturalidad en Bolivia.

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. Estrategia de la OMS sobre Medicina Tradicional 2002-2005. Ginebra: OPS/OMS; 2002. Disponible en: http://www.ops.org.bo/textocompleto/ pi316 76.pdf

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud: Una visión de salud intercultural para los pueblos indígenas de las Américas. Washington D.C: OPS/OMS; p. 35

Organización Panamericana de la Salud: Oficina Regional de la Organización Mundial. Pautas generales para las metodologías de investigación y evaluación de la medicina tradicional. Ginebra:OPS/OMS; 2002. N Disponible en: http://www.ops.org.bo/textocompleto/ pi31763.pdf

3 (accidental, equivocación en la identificación de la planta, se busca un efecto terapéutico, entre otras) (Bruneton, 2001), (Aguilar y Zolla, 1982), (Montoya, 2006).

4 Eslabones de la cadena productiva plantas medicinales en México (Reyes, 2013).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2016.— Diputadas: Blanca Margarita Cuata Domínguez,Patricia Elena Aceves Pastrana(rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Margarita Cuata. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.



CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Adelante, diputado.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido:Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La iniciativa que hoy presento propone dotar de seguridad jurídica a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, al reformar el numeral 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales dando derecho al imputado para que los escritos de declaración preparatoria y cualquier otro documento que requiera rúbrica durante el proceso esté escrito en la lengua que habla el imputado cuando éste pertenezca a un pueblo o comunidad indígena. Esto, para que el imputado pueda tener la certeza de lo que firma y no se sigan cometiendo injusticias como hasta hoy siguen sucediendo.

De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hay cerca de ocho mil personas privadas de la libertad que provienen de algún pueblo indígena, siendo muchos de ellos víctimas de procesos llenos de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos.

Desafortunadamente en México hablar alguna lengua indígena es sinónimo de discriminación, vejaciones, impunidad y criminalización, a pesar de que en la República Mexicana se hablan alrededor de 68 lenguas indígenas que tienen 364 variantes lingüísticas.

El artículo 17 constitucional, en su segundo párrafo, establece el derecho de toda persona a la administración de justicia por medio de tribunales que la impartan de acuerdo a la ley; sin embargo, en la práctica, las deficiencias son enormes para la población en general y tristemente aumentan para la población indígena.

Para la administración de justicia en nuestro país, los indígenas deben de enfrentarse a una serie de problemas como lo son discriminación, abusos, falta de intérpretes y defensores, procedimientos lentos, juicios con irregularidades y sentencias severas en proporción al delito, entre otros.

Desafortunadamente los encargados de la impartición de justicia en México carecen de una preparación adecuada y falta de sensibilidad para poder garantizar a los indígenas el acceso a la justicia.

Muchos de los indígenas que se encuentran privados de su libertad, fueron criminalizados desde el momento de su detención, y al no contar con un intérprete fueron partícipes de procesos llenos de impunidad.

Compañeros, es momento de afrontar la magnitud del problema. En nuestros reclusorios existen indígenas purgando condenas excesivas por delitos menores o por delitos, incluso, que ni siquiera cometieron.

Gracias a que los hicieron firmar un documento sin saber qué decía de su declaración inicial, y porque nunca contaron con una defensa adecuada, personas cuya libertad fue arrancada, que llevan proceso plagados de irregularidades y donde no se respetaron en absoluto sus derechos humanos.

La Constitución Política, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y los tratados internacionales, reconocen el derecho de los pueblos y comunidades indígenas al acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional del que sean hablantes; sin embargo, dentro de la procuración de justicia, falta mucho por hacer.

De nada sirve que existan leyes que reconozcan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas cuando en la práctica sabemos que es un tema que queda siempre pendiente. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II; 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral XIII y recorre los subsecuentes del artículo 113, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México ser indígena muchas veces es sinónimo de discriminación, vejaciones, impunidad y criminalización.

Actualmente en la República Mexicana se hablan 68 lenguas indígenas que tienen 364 variantes lingüísticas; que de acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) las variantes lingüísticas deben considerarse como lenguas; sobre todo en las áreas educativas y la impartición y administración de justicia.

El artículo 17 constitucional en su segundo párrafo establece el derecho de toda persona a la administración de justicia, por medio de tribunales que la impartan de acuerdo a la ley; sin embargo en la práctica las deficiencias son enormes para la población en general y aumentan para la población indígena, los cuales deben enfrentarse a una serie de problemas, como lo son: discriminación, abuso, vejaciones, falta de intérpretes y defensores, procedimientos lentos, juicios llenos de irregularidades, sentencias severas en proporción al delito, ignorancia por parte de los prestadores de servicio respecto a los usos y costumbres de la comunidad, entre otros.

Los encargados de la impartición de justicia carecen de una preparación adecuada y falta de sensibilidad para poder garantizar a los indígenas el acceso a la justicia.

De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) hay 8 mil 50 personas privadas de la libertad, que provienen de algún pueblo indígena, y muchos de ellos enfrentaron procesos llenos de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos. Los estados con mayor número de indígenas privados de su libertad son: Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Guerrero, Distrito Federal, Yucatán, Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y Estado de México.

Muchos de los indígenas que se encuentran privados de su libertad fueron criminalizados desde el momento de su detención, y al no contar con un intérprete, fueron participes de procesos llenos de impunidad.

Por mencionar algunos ejemplos tenemos a Pedro Gatica, el cual estuvo 11 años de su vida en prisión preventiva; los hermanos Sebastián y Marcial Zúñiga, los cuales al igual que su padre, estuvieron diez años en prisión acusados de un delito que no cometieron; personas a las cuales les robaron años de su vida, sólo por ser indígenas y no contar con un adecuado acceso a la justicia.

No contar con una cantidad suficiente de intérpretes y defensores es una gran limitante, la impunidad con la que por años se han llevado a cabo los procesos, ha dejado muchos indígenas purgando penas por delitos que no cometieron, sólo por el hecho de hablar una lengua indígena y no poder entender qué dice el documento donde plasman su declaración inicial, donde plasman su condena, sólo porque el estado no ha tenido la capacidad de asegurar un adecuado acceso a la justicia.

En los reclusorios existen indígenas purgando condenas excesivas por delitos menores, personas que firmaron sin siquiera saber qué decía el documento, personas que no contaron con una defensa adecuada, un proceso libre de impunidad y que a la fecha siguen sin que se les respeten sus derechos humanos.

Nuestro país cuenta con la siguiente legislación en materia de derechos indígenas:

• Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

• Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Y a nivel internacional:

• Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

• Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales

• Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas

Por muchos años diversas modificaciones a la ley han reconocido los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, se han realizado campañas, y asociaciones se han creado con el único objetivo de defender y cuidar que sus garantías sean respetadas, sin embargo dentro de la procuración de justicia falta mucho por hacer.

De nada sirve que existan leyes que reconozcan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, cuando en la práctica sabemos que es un tema pendiente.

Por lo antes mencionado y con la finalidad de salvaguardar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, propongo se realicen las siguientes modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Considerandos

La Constitución Política en el artículo 2 reconoce que “La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”; Al mismo tiempo reconoce y garantiza su derecho al acceso a la justicia en todos los juicios y procedimientos de los que sean parte, tomando en cuenta sus costumbres y especificaciones culturales; y les permite ser asistidos en todo momento por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, establece en su artículo noveno que, todo mexicano tiene derecho a comunicarse y expresarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricción alguna. Al mismo tiempo esta ley, nos menciona los derechos de los hablantes de las lenguas indígenas, mencionando en el artículo 10 que “el Estado garantizara el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes”; por lo que en los juicios y procedimientos, en los que participen deberán ser asistidos en todo momento por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura; y de acuerdo al artículo quinto le corresponde a cada entidad federativa implementar las medidas necesarias para que se cumpla lo establecido en los artículos ya mencionados.

El 27 de junio de 1989, en la ciudad de Ginebra, Suiza, se adopta el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; el cual es aprobado en el Senado de la República el 11 de julio de 1990 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto del mismo año; el cuál en el artículo 12 establece que “Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces”.

Uno de los principales problemas que enfrentan los miembros de pueblos y comunidades indígenas ante un asunto legal, es la falta de intérpretes y defensores que hablen la lengua y conozcan la cultura indígena, ya que no se trata sólo de traducir, sino interpretar y conocer plenamente los usos y costumbres de la comunidad; por lo que el Inali, reconoce la necesidad de que exista un Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas (Panitli), el cual tiene como tarea fundamental otorgar información que cubra la demanda de intérpretes y traductores en lenguas indígenas, en materia de impartición y procuración de justicia; y al mismo tiempo cuenta con el Programa de Formación y Capacitación de Intérpretes, Traductores y Profesionales Bilingües.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el numeral XIII y recorre los subsecuentes del artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Único. Se reforma el numeral XIII y recorre los subsecuentes del artículo 113, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Capítulo IIIImputado

Artículo 113. Derechos del imputado

El imputado tendrá los siguientes derechos:

I. a XI. ...

XII. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español; cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate;

XIII. A que los escritos de declaración preparatoria y cualquier otro documento que requiera rúbrica durante el proceso, deberán estar escritos en la lengua que hable el imputado cuando éste pertenezca a un pueblo o comunidad indígena.

En caso de no cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, los documentos carecerán de valides.

(Se recorren los subsecuentes)

XIV. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el juez de control, según el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido;

XV. A no ser expuesto a los medios de comunicación;

XVI. A no ser presentado ante la comunidad como culpable;

XVII. A solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo;

XVIII. A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene la prisión preventiva, u otra medida cautelar restrictiva de su libertad;

XIX. A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido, y se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera, y

XX. Los demás que establezca este código y otras disposiciones aplicables.

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades correspondientes dispondrán de un plazo de 180 días siguientes a su entrada en vigor para realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con el presente decreto.

Notas:

1 Catálogo de Lenguas Indígenas. INALI. http://www.inali.gob. mx/clin-inali/

2 Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 2016. http://panitli.inali.gob. mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1:queespanitli

3 Los pueblos indígenas en México y los obstáculos para el acceso a la justicia. Asistencia Legal por los Derechos Humanos. México D.F. 9 de agosto de 2015. http://asilegal.org.mx/index.php/es/noticias/346-los-pueblos-indigenas-en-mexic o-y-los-obstaculos-para-el-acceso-a-la-justicia

4 Ídem.

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/ 1_150816. pdf

6 Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ pdf/ 257_171215.pdf

7 Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. México, diciembre de 2003. P. 9.

8 Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 2016. http://panitli.inali.gob. mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1:queespanitli

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2016.— Diputados: Germán Ernesto Ralis Cumplido,Moisés Guerra Mota(rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ralis Cumplido. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Patricia Aceves. Adelante, diputada.

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (desde la curul): Sí, presidente. Nada más para pedirle a la diputada Margarita Cuata, si puedo adherirme a su iniciativa.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada está de acuerdo. Está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría, para el trámite correspondiente.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ángel García Yáñez...

El diputado Moisés Guerra Mota (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado. Adelante, diputado.

El diputado Moisés Guerra Mota (desde la curul): Presidente, a igual de la misma manera a ver si me permite el diputado Germán Ralis, inscribirnos a su iniciativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputado Ralis.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido(desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está de acuerdo el diputado. Está igualmente a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría.



LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, hasta por cinco minutos. Adelante, diputado.

El diputado Ángel García Yáñez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra cada uno de los derechos humanos reconocidos universalmente. Uno de estos derechos fundamentales se encuentra plasmado en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, y es el derecho a la protección de la salud.

Resulta de vital importancia que las normas y las leyes establezcan con claridad los alcances de los derechos que regulan, de no ser así se corre el riesgo de caer en la negación del derecho.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza trabajamos de manera permanente en la búsqueda de la protección y respeto a los derechos humanos de cada individuo. En ese sentido vemos con preocupación que la falta de claridad en la redacción de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores deja un limbo jurídico al derecho de protección de la salud.

Como ya se dijo, la Constitución consagra el derecho a la protección de la salud, lo que implica la obligación por parte del Estado de respetarla, protegerla y garantizarla. No solo asegurando el acceso a la atención, sino también a que esta sea de calidad y adecuada.

No obstante la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores solo establece el derecho a la salud. En ese orden de ideas la presente iniciativa pretende reformar el inciso c), de la fracción III, del artículo 5 de la citada ley. El objetivo consiste en armonizar y hacer coherente el contenido de la ley, con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el derecho a la protección de la salud, en aras de evitar imprecisiones que deriven de una inexacta interpretación.

Con ello se evitará la contradicción normativa, así como la falta de certeza en su observancia y aplicación, cerrando la posibilidad de hacer interpretaciones de manera discrecional en perjuicio de los adultos mayores. Lo que se busca es garantizar los derechos de quienes conforman uno de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad.

La situación de la salud del adulto mayor en nuestro país se caracteriza por un paulatino deterioro a causa de enfermedades crónico-degenerativas o discapacidad.

De acuerdo con cifras del Inegi, en nuestro país viven alrededor de 11.7 millones de personas de 60 años y más, quienes representan el 9.7 por ciento de la población total. Aproximadamente 26 de cada 100 adultos mayores presentan una discapacidad y 36 por ciento posee alguna limitación.

En ese contexto, la reforma que planteamos es por demás necesaria, ya que implica incluir el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad, tal como la propia Constitución y los diferentes instrumentos internacionales que México ha ratificado, lo señalan.

Debemos tomar en cuenta que la estructura de la población mundial está sufriendo cambios significativos, entre ellos el proceso de envejecimiento, esa transición demográfica en México está ocurriendo más rápido que en otros países desarrollados. Es tiempo de brindar certeza jurídica a quienes a lo largo de su vida han brindado su mayor empeño para construir el crecimiento y desarrollo de nuestro país.

No podemos permitir que en lugar de disfrutar una vejez tranquila se vean imposibilitados de ejercer plenamente sus derechos ante una mala interpretación de la ley.

En Nueva Alianza estamos convencidos que sólo con acciones como estas podremos construir sociedades más igualitarias y humanas. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Ángel García Yáñez, diputado del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso c) de la fracción III, del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra cada uno de los derechos humanos reconocidos universalmente y, con ello, reitera el reconocimiento pleno y jurídico del hombre, exaltando la dignidad, el valor de las personas y, sobre todo, la igualdad entre hombres y mujeres. Uno de estos derechos fundamentales se encuentra plasmado en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, y es el derecho a la protección de la salud.

Con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cada uno de los Estados miembros aceptó el compromiso de hacer efectivos los derechos fundamentales del ser humano mediante la adecuación a su legislación interna, y que ahora integran el texto de nuestra norma fundamental; sin embargo, observamos que en la legislación secundaria vigente existen algunas inconsistencias, tal como sucede en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual establece el derecho a la salud y no el derecho a la protección a la salud, tal como se encuentra establecido en nuestra Constitución.

Como grupo parlamentario, en Nueva Alianza creemos que resulta esencial armonizar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con lo establecido en nuestra Carta Magna, con el fin de evitar imprecisiones en la ley que deriven de una inexacta interpretación del derecho a la protección de la salud, ya que a través de este derecho tutelado, el Estado garantiza el acceso a los servicios de salud y atención médica, lo cual es imprescindible para la población en general y, en especial, para las personas que forman parte de un sector vulnerable, concibiendo así el derecho a la protección de la salud en sintonía con la conceptualización que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el sentido de que “...es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades que se derivan, y por lo tanto la salud por sí misma no puede ser un derecho”, como se entendería actualmente en la ley vigente.

Argumentación

México ha sido un actor preponderante a nivel global al suscribir y ratificar instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que tienen como objetivo el reconocer, respetar y garantizar el acceso a los deberes fundamentales de los individuos y, en esta sinergia, es que resulta necesario armonizar la legislación secundaria con los propósitos de pleno cumplimiento de los derechos establecidos en la Carta Magna, como lo son los llamados derechos de segunda generación, en los que se encuentra el derecho a la protección de la salud.

Debemos recordar que los derechos de segunda generación se encuentran constituidos por los derechos económicos, sociales y culturales que fueron añadidos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; asimismo, en esta generación de derechos, es el Estado quien asume la orientación y responsabilidad social de garantizar que los derechos, servicios públicos y prestaciones que esta generación de derechos conlleva, sean accesibles para las personas.

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mencionando primordialmente que tenemos derecho a que nuestras necesidades humanas de protección y mejoramiento de la salud, educación, vivienda, de un medio ambiente sano y de servicios públicos, entre otras, sean satisfechas y acorde a nuestra dignidad humana.

Debemos recordar que el derecho a la salud está consagrado en diversos tratados internacionales y regionales de derechos humanos, tomando como ejemplos de ello el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, que data de 1979 o la Convención sobre los Derechos del Niño, signado en 1989.

Nuestro país no fue la excepción en definir la protección de la salud como un derecho; ya desde la redacción de la Constitución que nos rige desde 1917 se entendió que la idea de la protección de la salud se encontraba asociada con las prestaciones de seguridad social de la clase trabajadora y de su familia; no obstante, no fue hasta 1983 cuando al concepto de seguridad social del artículo 123, que impacta en la salud de los individuos, se adicionó el concepto “Protección de la salud” en el artículo 4o. constitucional, el cual estipula que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud...”.

De tal ordenamiento deriva la Ley General de Salud, promulgada en 1984, donde se expresan las modalidades de acceso a la protección que tienen los individuos, y es hasta mayo de 2003 cuando se define de mejor modo cómo proveer una protección social en salud claramente abierta para todos, con el llamado Seguro Popular.

Lo establecido en materia de derechos humanos en la Constitución es parcialmente discrepante con lo dispuesto en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, específicamente en la concepción del derecho a la salud, lo que provoca potenciales confusiones que podrían dar pie a interpretaciones erróneas, indefensión, indefinición e inaplicabilidad de la ley.

Asimismo, es necesario tomar en cuenta que la situación de la salud del adulto mayor en nuestro país se caracteriza por la conjunción de problemas asociados a la vejez, el género y la pobreza, en un contexto de escasa protección institucional y profundas desigualdades sociales. Es por ello que, sensibles a esta realidad, tanto normativa como social, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza buscamos ampliar el panorama de protección para este sector poblacional.

Es innegable que la incongruencia entre la conceptualización de derechos que se encuentran en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y los que establece la Constitución Política, en cuanto a los derechos a la protección de la salud, debe ser subsanada de manera apremiante y perentoria, siendo que nuestro país adquirió dicho compromiso al suscribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, obligándose a acondicionar su legislación interna a lo que en la citada declaración se tiene establecido y, de ese modo, lograr satisfactoriamente cada uno de los derechos fundamentales.

En lo que respecta al derecho a la protección de la salud, que se menciona en nuestro texto fundamental, queda claro que, conceptualmente, supera al contenido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en donde se determina solo como el derecho a la salud.

Las diferencias no son menores, ya que la Constitución refiere como derecho fundamental, el de la protección de la salud, que es en realidad un medio para este fin, que es precisamente el buscado; siendo un derecho en favor de las personas, conlleva una obligación por parte del Estado de hacerlo realidad y, de ningún modo, éste puede garantizar la salud. Empero, lo que sí puede asegurar, es proveer de los medios necesarios para que los ciudadanos tengan acceso a la protección de la salud. En consecuencia, esta desarmonía se debe subsanar en aras de evitar interpretaciones equivocadas en relación a éste tema y, fundamentalmente, en el ejercicio de este derecho.

La OMS establece que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano” e insta a los Estados parte a “adoptar un enfoque de la salud basado en los derechos humanos”, de tal manera que éstos desarrollen las condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible. Por ello, el derecho a la salud no debe entenderse simplemente como el derecho a estar sano; se debe comprender que los problemas de salud afectan, en una proporción más alta, a los grupos vulnerables y marginados de la sociedad.

En este orden de ideas, el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad, y su goce se encuentra estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos, tales como a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la información y la participación, entre otros.

Por ejemplo, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, antes citado, establece que entre las medidas que se deberán adoptar, a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, figurarán las necesarias para:

• El mejoramiento de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

• La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

• La creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a la atención de la salud.

Como se observa, resulta de vital importancia señalar la necesidad de armonizar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con lo dispuesto en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer la sincronía del contenido del artículo 4o. constitucional, fracción III, en la que señala que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, con las normas secundarias que lo reglamentan, con el caso motivo de la presente Iniciativa, que es la Ley de las Personas Adultas Mayores, misma que no puede ser omisa ante el precepto y derecho humano consagrado constitucionalmente.

Es importante señalar la importancia que reviste esta armonización legislativa en materia de derechos humanos, pues la interpretación y, sobre todo, el ejercicio de este derecho, no debe ser considerado como una opción facultativa para las autoridades responsables y obligadas de garantizar el derecho a la protección de la salud, toda vez que este derecho forma parte de diversos Tratados Internacionales que han sido incorporados a nuestro orden jurídico nacional, por lo que la omisión de dicha obligación representa una responsabilidad para ellas mismas y para el Estado mexicano.

Un repaso de algunos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país sirve para ilustrar lo anterior y refuerzan la imperiosa necesidad de realizar un ejercicio de armonización en nuestra legislación nacional: la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entre otros.

Así vista, la armonización legislativa propuesta será un ejercicio responsable, emprendido por el Congreso federal, cuya observancia evitará, entre otros efectos negativos, la contradicción normativa; la generación de lagunas legislativas; la falta de certeza en la observancia y aplicación de la norma; el debilitamiento de la fuerza y efectividad de los derechos, particularmente el de la protección de la salud, así como dificultades para su aplicación y exigibilidad; el fomento a la impunidad, al evitar la interpretación de la norma de manera discrecional y personal y, por último, tal vez el efecto negativo más grave de no atenderse la armonización legislativa sería el generar una responsabilidad por incumplimiento por parte del Estado mexicano.

Al ser un derecho en favor de la sociedad se convierte en una obligación a cumplir por parte del Estado, quien evidentemente no puede garantizar la salud de las personas, pero lo que sí puede garantizar son las herramientas o medios necesarios para que los ciudadanos, en general, tengan la seguridad de la protección de la salud y, con base en esto, corregir las desigualdades que existen entre la población, más al tratarse de un sector tan vulnerable como son nuestros adultos mayores.

En resumen, para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza resulta fundamental garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de los adultos mayores, por ello es que la presente Iniciativa está encaminada a armonizar y hacer coherente el contenido del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el derecho a la protección de la salud, a fin de enfocar y precisar este derecho entre las aspiraciones de la población en general, enfatizando su ejercicio al tratarse de uno de los sectores poblacionales más vulnerables de la sociedad.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso C) de la fracción III, del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Único. Se reforma el inciso c) de la fracción III, del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. y II. ...

III. De la protección de la salud, la alimentación y la familia:

a. a c. ...

IV. a IX. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 La reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emprendida en 1983, se realizó a fin de estipular que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad (...)”.Desde las primeras propuestas para incluir el derecho a la salud en nuestra Constitución, se llevaron a cabo grandes debates sobre su terminología; sin embargo, se consideró que la salud no podía ser garantizada por el Estado y se eligió el “derecho a la protección de la salud” ya que este si puede ser brindado a través de prestaciones y servicios a cargo del Estado.

2 Organización Mundial de la Salud, OMS (Salud y Derechos Humanos). Derecho a la Salud, Nota Descriptiva No. 323 de noviembre 2013,: Disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/ fs323/es/

3 Se recomienda observar la redacción de la fracción XXIX del apartado A del artículo 123 en el Título Sexto: “Del trabajo y la previsión social”, así como la promulgación de la Ley del Seguro Social (LSS) en 1943.

4 OMS, Obra citada.

5 Adoptada en San José de Costa Rica por la Organización de Estados Americanos (OEA) el 22 de noviembre de 1969, entrando en vigor el 18 de julio de 1978. El Senado mexicano la aprobó el 18 de diciembre de 1980. México se adhirió a ella el 24 de marzo de 1981. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de mayo de 1981.

6 Fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 19 de diciembre de 1966, entrando en vigor el 23 de marzo de 1976. El Senado mexicano lo aprobó el 18 de diciembre de 1980. México se adhirió a él el 23 de marzo de 1981. Fue publicada en el DOF el 20 de mayo de 1981.

7 Adoptado por la Organización de Estados Americanos, OEA, el 17 de noviembre de 1988. Aprobado por el Senado el 12 de diciembre de 1995. México lo ratificó el 16 de abril de 1996, y su publicación en el DOF se dio el 1 de septiembre de 1998.

8 Adoptado por la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, entrando en vigor el 3 de enero de 1976. El Senado mexicano lo aprobó el 18 de diciembre de 1980. México se adhirió a él el 23 de marzo de 1981. Fue publicada en el DOF el 12 de mayo de 1981.

9 Adoptada en la ciudad brasileña Belem do Pará por la OEA, el 9 de junio de 1994, entrando en vigor el 5 de marzo de 1995. El Senado mexicano la aprobó el 26 de noviembre de 1996, México la ratificó el 12 de noviembre de 1998. Fue publicada en el DOF el 19 de enero de 1999.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de octubre de 2016.— Diputado Ángel García Yáñez(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado García Yáñez. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

Esta Presidencia saluda a invitados especiales del municipio de Tlaltizapán, Morelos. Bienvenidos, bienvenidas.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.



ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueban las preguntas parlamentarias que se dirigirán al Presidente de la República con motivo del análisis del 4to. Informe de Gobierno

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 7o., numeral 4; 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

I. El 1o. de septiembre de 2016 el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, entregó al Congreso de la Unión su 4to. Informe de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. El segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que cada Cámara podrá, con motivo del análisis del informe de gobierno, solicitar al Presidente de la República que amplíe la información, mediante pregunta por escrito.

III. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 130 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las preguntas parlamentarias deberán referenciarse por las áreas temáticas siguientes: a) política interior, b) política exterior, c) política social y d) política económica.

IV. La Cámara de Diputados inició, en su sesión del 6 de septiembre de 2016, el análisis del 4to. Informe de Gobierno del Presidente de la República, por lo que procede la formulación de las preguntas que determine el Pleno, para ampliar la información relacionada con el análisis del informe de gobierno.

V. De conformidad con lo establecido en el artículo 130, numeral 5 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, tras calificar la procedencia de los proyectos de preguntas parlamentarias propuestas por los grupos parlamentarios, será responsable de proponer al Pleno, el acuerdo mediante el que se determine el número total de preguntas, el número de ellas que corresponda a cada grupo parlamentario y el texto de las mismas.

VI. Para tal fin, la Junta de Coordinación Política solicitó al Pleno de la Cámara la aprobación del acuerdo mediante el que se establecieron el número total de preguntas a realizar, el número de ellas que correspondieron a cada grupo parlamentario, las características de las preguntas y la fecha límite en que los grupos podrían presentar sus propuestas, fijándose las 12:00 horas del día 24 de octubre del presente año.

VII. Dentro del plazo establecido, cada grupo parlamentario presentó sus propuestas, por lo que se procedió a realizar la calificación a la que se refiere el numeral 5 del artículo 130 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 7 numeral 4; 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 130 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero.Se calificaron como legales el total de las 81 preguntas presentadas por los grupos parlamentarios para dirigirlas al Presidente de la República a efecto de que amplíe la información relativa al informe que presentó al Congreso de la Unión el 1o. de septiembre de 2016.

Segundo.Las preguntas parlamentarias fueron formuladas por los grupos parlamentarios de acuerdo a lo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, por lo que se anexa al presente acuerdo el documento con el que cada uno de ellos hizo sus propuestas.

Tercero. Se aprueba formular las 81 preguntas parlamentarias propuestas por cada uno de los grupos representados en la Cámara de Diputados.

Cuarto.Se solicita al Presidente de la Mesa Directiva que, en su caso, se sirva ordenar el envío de los pliegos que contienen las preguntas parlamentarias al titular del Ejecutivo federal para que les dé contestación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.



INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.(*)

( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.

EFEMÉRIDES



DÍA DEL MÉDICO

«Efeméride con motivo del 23 de octubre, Día del Médico, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

“Curar a veces, aliviar con frecuencia, consolar siempre”

A diferencia de otros países que lo conmemoran el 3 de diciembre, en nuestro país, el 23 de octubre de cada año se celebra el Día del Médico.

Fecha instaurada en nuestro país en el año de 1937, fijada en esa fecha para hacerla coincidir con la creación del Establecimiento de Ciencias Médicas en 1833, antecedente de la actual Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego de la clausura de la entonces Universidad Nacional y Pontificia, y de la Escuela de Cirugía por decreto del Presidente Valentín Gómez Farías.

El ejercicio de la medicina se remonta a tiempos inmemoriales y busca dar salud al cuerpo a la mente y también al espíritu. Desde tiempos de Hipócrates en el periodo clásico de la Grecia antigua, ejercer la medicina reclamaba integridad en cuerpo y alma del especialista, además de una visión humanista propia del profesional, la cual se ve reflejada en su labor al momento de atender a una persona, de salvar una vida, de dar un gran paso en investigación humana, de encontrar una cura para alguna enfermedad o simplemente para ganarse la confianza de su paciente.

El médico ha adquirido tanta importancia a través de la historia, pues para el mismo paciente los consejos y conocimientos de su “doctor” son como tener una autoridad en todo lo que sucede o puede suceder con su cuerpo y para la sociedad en general, son personas que representan las ideas y la luz científica en busca de mejoras para el bienestar del ser humano.

La función social de la medicina es procurar el bienestar de toda la comunidad, abordar el cuidado de la salud en general para conservar la integridad física y humana, velar por el entorno que rodea al hombre, prevenir las enfermedades o afrontarlas para vencerlas o disminuir el dolor y en fin, es el tratar de mejorar y prolongar los patrones de vida digna, tanto individual como colectiva.

Es por ello que los actos médicos están orientados a cuidar la salud con la máxima meta de preservar la vida, siempre dentro del más alto concepto de calidad y dignidad, pues es un derecho fundamental que debe resaltar sobre los demás.

Quienes se dedican al noble ejercicio de la medicina deben ser personas capacitadas, con una abundante sensibilidad humana, con espíritu de cooperación y de servicio a la colectividad, ya que son estos profesionales los que interactúan con las personas, sus experiencias de vida, problemas y demás situaciones que pueden llevar las emociones del ser humano de un extremo a otro.

Es esta fecha tan significativa, hacemos un merecido reconocimiento a las y los médicos que realizan este servicio, no obstante las carencias y dificultades que a diario enfrentan, y que los han llevado incluso a ofrendar su vida en circunstancias de emergencia y riesgo.

Para todos ellos nuestra felicitación por procurar el bienestar de los mexicanos.

¡¡En hora buena!!

Nota:

1 Facultad de Medicina de la UNAM, Evolución histórica. Consultado en

http://www.facmed.unam.mx/fm/historia/evolucion.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de octubre de 2016.—Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»



DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

«Efeméride con motivo del 24 de octubre, Día Internacional contra el Cambio Climático, suscrita por la diputada Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del PAN, e integrantes de la Comisión de Cambio Climático

El 24 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático, con el objetivo de movilizar y sensibilizar a millones de personas de todo el mundo acerca de los efectos del cambio climático y el grave peligro que conlleva el calentamiento global.

El tema es tan trascendente que el cambio climático se considera el desafío ambiental más importante. Sólo por mencionar algunos de sus efectos: cambio en la temperatura, y del nivel del mar, retroceso de glaciares y polos, y mayor intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos.

Asimismo, tiene efectos en la salud debido al incremento del índice de mortalidad y enfermedades relacionadas con la calidad del aire y el cambio del clima.

Por otra parte, el cambio del clima afecta negativamente la productividad del sector agrícola y la composición, distribución y productividad forestal. También provoca la disminución de la calidad y el suministro de agua, con mayor frecuencia de sequías.

Por último, su efecto se hace presente también en las costas, con el incremento del nivel del mar y la pérdida de las comunidades costeras cercanas al mar.

Adicionalmente, el cambio climático es un causante de la pérdida de hábitat y especies.

Otra muestra de la importancia que tiene el fenómeno del cambio climático es el Acuerdo de París, en la Convención Marco de Nacionales Unidas sobre el Cambio Climático, que establece medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas al efecto del calentamiento global.

El acuerdo fue negociado durante la vigésima primera Conferencia sobre el Cambio Climático (COP 21) por los 195 países miembros y adoptado el 12 de diciembre de 2015, debido a que el Acuerdo de París ha sido ratificado por más de 55 partes, que suman más de 55 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero; entrará en vigor el 4 de noviembre de 2016.

El Congreso mexicano ha dado muestras de que es consciente de la trascendencia del fenómeno del cambio climático; una de ellas fue la aprobación de la Ley General de Cambio Climático.

Fuimos el segundo país en contar con una ley de cambio climático y crear la comisión que me honro en presidir.

Para ello y ante la iniciativa de que el 24 de octubre reflexionemos de forma especial con el Día Internacional contra el Cambio Climático, me permito solicitar que se ponga a consideración de la Junta de Coordinación Política que la Cámara de Diputados participe integrando en el orden del día de la sesión del pleno la efeméride planteada.

Sin más por el momento, sabedora de la sensibilidad que la Junta ha mostrado a estos temas, agradezco de antemano la atención prestada a la presente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Por la Comisión de Cambio Climático diputada Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), Presidenta.»



DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS

«Efeméride con motivo del 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

De acuerdo con la información de las Naciones Unidas (2016), este nombre, acuñado por el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, se utilizó por primera vez el 1 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, en virtud de la cual sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos contra las potencias del Eje (Alemania, Japón e Italia).

Para 1945, los representantes de 50 países, reunidos en San Francisco, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, deciden redactar la Carta de las Naciones Unidas para firmarse el 26 de junio del mismo año por dichos representantes.

Tiempo después, Polonia, que no estuvo presente en la reunión, la firma. Se convierte así en el país número 51 de los miembros fundadores. Oficialmente, empieza a existir Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945 una vez ratificada la carta por China, Francia, Unión Soviética, Reino Unido, Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios.

A partir de entonces, la ONU se convierte en la mayor organización del mundo entero: tiene a 193 países como miembros. Su sede se encuentra en Nueva York.

La carta de su fundación se rige a través de cuatro ejes fundamentales para desarrollar con buen juicio las funciones para las que fue creada: mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre sus miembros relaciones de amistad, apoyar el progreso económico y social y promover los asuntos humanitarios y los derechos humanos.

Aunado a esto, la ONU asume un importante papel en diversas cuestiones de gran interés para todas las naciones que la forman, como

Reducir tensiones internacionales, promoviendo el respeto y la sana convivencia entre las naciones, prevenir conflictos bélicos para que las siguientes generaciones no los hereden, reafirmar los derechos básicos y elementales de la población en general, erradicar el analfabetismo y las enfermedades y; atender y proteger a los refugiados, todo lo anterior con la finalidad de llegar al objetivo principal que es lograr la paz y la igualdad entre los países.

Para que se desarrolle de forma adecuada el total de sus encomiendas, la organización cuenta de manera interna con organismos especializados y vinculados a ella, con el propósito de contribuir a cumplir su misión y razón de ser.

Algunos de los organismos que dan orientación a todos los Estados miembros son

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia): órgano encargado de ayudar a los niños y proteger sus derechos

OMS (Organización Mundial de la Salud): tiene a su cargo los programas para solucionar los problemas de salud en todos los pueblos.

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura): se encarga de promover la ciencia, la educación y las comunicaciones, entre otras acciones.

OIT (Organización Internacional del Trabajo): establece los programas para que haya mejores condiciones de trabajo, y fija normas aplicables en todo el mundo.

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación): tiene la encomienda de mejorar la productividad y seguridad alimentaria de las poblaciones rurales para que tengan mejor calidad de vida.

BM (Banco Mundial): asesora a los países en desarrollo para que sepan destinar adecuadamente los recursos económicos que se proporciona a cada uno mediante préstamos.

Por eso, en el Día de las Naciones Unidad debemos aplaudir la gran y loable labor que cumple este organismo internacional para que a los habitantes de todo el mundo se les respeten sus derechos, teniendo acceso a sistemas de salud de calidad, a programas de alimentación, de educación y trabajo, con lo cual puedan tener una mejor preparación y mayor calidad vida, pero sobre todo una vida en paz.

Referencias bibliográficas

Briian (s. f.). Aliadosvs. potencias del Eje, 21 de octubre de 2016, del blog Segunda Guerra Mundial. Sitio web: http://2-guerra-mundial.webnode.mx/news/aliados-vs-ptencias-del-eje/

Naciones Unidas (s. f.). Historia de las Naciones Unidas, 21 de octubre de 2016, de Naciones Unidas. Sitio web:

http://www.un.org/es/sections/history/history-united-nations/index.html

Naciones Unidas. Son su mundo (s. f.). Historia de las Naciones Unidas, 21 de octubre de 2016, de Naciones Unidas. Sitio web:

http://www.un.org/es/aboutun/history/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»



CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (a las 16:04 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 27 de octubre de 2016, a las 11 horas.

————— O —————

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración de la sesión: 4 horas 32 minutos

• Quórum a la apertura de la sesión: 261 diputadas y diputados

• Acuerdo de los órganos de gobierno: 2 De la Junta de Coordinación Política

• Comunicaciones oficiales: 22

• Iniciativas de los congresos estatales: 4

• Iniciativas de senadores: 2

• Declaratoria de publicidad de dictámenes: 4

• Dictámenes a discusión: 3

• Iniciativas de diputadas y diputados: 17

• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 44

3 PES

5 NA

6 MC

7 Morena

6 PVEM

5 PRD

5 PAN

7 PRI

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

Aceves Pastrana, Patricia Elena (Morena)
Para fijar la posición de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez:163
Álvarez Maynez, Jorge (MC)
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez:159
Ávila Serna, María (PVEM)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación:199
Barragán Amador, Carlos (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o., 12 Bis 6 y 46 de la Ley de Aguas Nacionales:238
Beltrán Reyes, María Luisa (PRD)
Para fijar la posición de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez:165
Camargo Félix, María Esther Guadalupe (PRI)
Para fijar la posición de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez:166
Campa Almaral, Carmen Victoria (NA)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación:146
Cañedo Jiménez, Roberto Alejandro (Morena)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación:148
Contreras Julián, Maricela (PRD)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación:150
Couttolenc Buentello, José Alberto (PVEM)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación:149
Cuata Domínguez, Blanca Margarita (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud:266
Culin Jaime, Gretel (PAN)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Energía, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos:176
Damián González, Araceli (Morena)
Para referirse a los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, desde la curul:128
Galico Félix Díaz, Sara Paola (PVEM)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 14 y 42 de la Ley General de Educación; y 116 y 118 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:259
García Yáñez, Ángel (NA)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores:281
Gaxiola Lezama, Jorgina (PVEM)
Para fijar la posición de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez:164
González Torres, Sofía (PVEM)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Energía, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos:175
Hernández Colín, Norma Xochitl (Morena)
Para presentar su propuesta de modificación al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez:167
Jiménez Márquez, Martha Cristina (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:246
Juárez Rodríguez, Mario Ariel (Morena)
Para referirse a los vehículos Toyota, los cuales fueron regresados por su grupo parlamentario, desde la curul:154
Luna Canales, Armando (PRI)
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación:145
Luna Munguía, Alma Lilia (PRI)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación:152
Martínez Guzmán, Norma Edith (PES)
Para fijar la posición de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez:161
Molina Arias, Renato Josafat (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:202
Ocampo Bedolla, María Eugenia (NA)
Para fijar la posición de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez:161
Perea Santos, Ana Guadalupe (PES)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores:220
Pineda Morín, Abdies (PES)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación:146
Pinto Torres, Francisco Javier (NA)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Energía, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos:174
Piña Kurczyn, Juan Pablo (PAN)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación:151
Ralis Cumplido, Germán Ernesto (MC)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales:276
Ramírez Nachis, Rosa Alba (MC)
Para fijar la posición de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez:162
Ruíz García, Juan Carlos (PAN)
Para fijar la posición de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez:165
Salas Díaz, Gerardo Federico (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria:188
Saldaña Morán, Julio (PRD)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Energía, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos:176
Saldívar Paz, Mirna Isabel (NA)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad:212
Sánchez Orozco, Víctor Manuel (MC)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación:147
Tamez Guajardo, Macedonio Salomón (MC)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Energía, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos:175
Toledo Medina, José Luis (PRI)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Energía, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos:177
Trujillo Zentella, Georgina (PRI)
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Energía, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos:173
Valencia Guzmán, Jesús Salvador (PRD)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 34, 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:254
Vélez Núñez, Beatriz (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 21, 45, 59 y 164 y adiciona el artículo 164 Bis de la Ley Sobre el Contrato de Seguro:184
Wences Real, Victoriano (PRD)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:196
Zamora Morlet, Enrique (PVEM)
Para exhortar a la Secretaría de Salud, para que intensifique las campañas de salud en la frontera sur, desde la curul:128
Zamora Zamora, Salvador (MC)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y deroga el artículo 7o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación:207

VOTACIONES

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación (en lo general y en lo particular)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala Carmona, YahleelFavor

2 Abdala Saad, Antonio TarekFavor

3 Abramo Masso, YericoFavor

4 Aguilar Robles, DavidFavor

5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor

6 Aguirre Chávez, Marco PoloAusente

7 Aguirre Romero, AndrésFavor

8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor

9 Almanza Monroy, FidelFavor

10 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor

11 Alvarado Varela, Edith AnabelAusente

12 Álvarez Ortiz, Héctor JavierFavor

13 Amaro Cancino, AntonioAusente

14 Anaya Mota, Claudia EdithAusente

15 Anaya Orozco, AlfredoFavor

16 Antelo Esper, BernardinoFavor

17 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor

18 Arellano Núñez, EfraínFavor

19 Armenta Mier, AlejandroFavor

20 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor

21 Barragán Amador, CarlosFavor

22 Barrientos Cano, Laura MitziFavor

23 Basáñez García, PabloFavor

24 Bañales Arámbula, RamónFavor

25 Bedolla López, PabloFavor

26 Bejos Nicolás, AlfredoFavor

27 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor

28 Benítez Tiburcio, MarianaFavor

29 Bernal Casique, IvethFavor

30 Boone Godoy, Ana MaríaFavor

31 Borunda Espinoza, BrendaFavor

32 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor

33 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaAusente

34 Cabrera Ruiz, José HugoFavor

35 Camacho Quiroz, César OctavioFavor

36 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor

37 Canales Najjar, Tristán ManuelAusente

38 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroFavor

39 Casillas Zanatta, GabrielFavor

40 Castillo Martínez, EdgarFavor

41 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor

42 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor

43 Ceja García, XitlalicAusente

44 Cervera Hernández, FelipeAusente

45 Chacón Morales, Samuel AlexisAusente

46 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor

47 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoFavor

48 Coheto Martínez, Vitalico CándidoAusente

49 Córdova Hernández, José del PilarFavor

50 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaAusente

51 Corella Platt, SusanaAusente

52 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor

53 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor

54 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor

55 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor

56 De León Maza, Sofía del SagrarioAusente

57 Del Mazo Maza, AlfredoFavor

58 Díaz Montoya, RocíoFavor

59 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor

60 Domínguez Rex, RaúlFavor

61 Elizondo García, PabloFavor

62 Escobar Manjarrez, GermánFavor

63 Escobedo Villegas, FranciscoFavor

64 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor

65 Estefan Chidiac, Charbel JorgeAusente

66 Etcheverry Aranda, AzulFavor

67 Fernández Márquez, JulietaFavor

68 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor

69 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor

70 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor

71 Gamboa Miner, PabloFavor

72 García Ayala, Marco AntonioAusente

73 García Barrón, ÓscarFavor

74 García Carreón, TelésforoFavor

75 García Navarro, OtnielFavor

76 García Portilla, Ricardo DavidFavor

77 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelFavor

78 González Calderón, Martha HildaAusente

79 González Salas y Petricioli, María MarcelaFavor

80 González Salum, Miguel ÁngelFavor

81 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor

82 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor

83 Guerrero Coronado, DeliaFavor

84 Guerrero Esquivel, AraceliFavor

85 Guerrero García, JavierFavor

86 Guevara Cobos, Luis AlejandroFavor

87 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor

88 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor

89 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor

90 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor

91 Hermosillo Arteaga, Carlos GerardoFavor

92 Hernández Madrid, María GloriaFavor

93 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelAusente

94 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroFavor

95 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor

96 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor

97 Iriarte Mercado, CarlosAusente

98 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor

99 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueAusente

100 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelFavor

101 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor

102 Kuri Grajales, FidelFavor

103 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor

104 Le Baron González, AlexFavor

105 Leyva García, Leydi FabiolaFavor

106 López Gutiérrez, David EpifanioFavor

107 López Velasco, Edith YolandaFavor

108 Luna Canales, ArmandoFavor

109 Luna Munguía, Alma LiliaFavor

110 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor

111 Majul González, SalomónFavor

112 Maya Pineda, María IsabelFavor

113 Mazari Espín, RosalinaFavor

114 Medrano Quezada, BenjamínFavor

115 Meléndez Ortega, Juan AntonioFavor

116 Melhem Salinas, EdgardoFavor

117 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor

118 Méndez Hernández, SandraFavor

119 Mercado Ruiz, DavidFavor

120 Millán Bueno, Rosa ElenaFavor

121 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor

122 Mólgora Glover, ArletFavor

123 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor

124 Monroy del Mazo, CarolinaFavor

125 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor

126 Mota Hernández, AdolfoAusente

127 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor

128 Muñoz Parra, María VerónicaFavor

129 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor

130 Navarrete Pérez, FernandoFavor

131 Nazar Morales, JuliánFavor

132 Nazario Morales, MatíasFavor

133 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor

134 Orantes López, Hernán de JesúsFavor

135 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor

136 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor

137 Ortega Pacheco, Ivonne AracellyAusente

138 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor

139 Osorno Belmont, SusanaFavor

140 Oyervides Valdez, María GuadalupeFavor

141 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor

142 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor

143 Pinete Vargas, María del CarmenFavor

144 Plascencia Pacheco, Laura NereidaAusente

145 Plata Inzunza, EvelioFavor

146 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsAusente

147 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor

148 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor

149 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor

150 Ramírez Marín, Jorge CarlosFavor

151 Ramírez Nieto, RicardoFavor

152 Ramírez Ocampo, Gianni RaúlFavor

153 Real Salinas, Dora ElenaFavor

154 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor

155 Rentería Medina, Flor EstelaAusente

156 Rivera Carbajal, SilviaFavor

157 Rivera Sosa, José LorenzoFavor

158 Rocha Aguilar, YulmaAusente

159 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor

160 Rojas Orozco, EnriqueAusente

161 Rojas San Román, Francisco LauroFavor

162 Romero Vega, EsdrasFavor

163 Romo García, EdgarFavor

164 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor

165 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor

166 Sáenz Soto, José LuisFavor

167 Salazar Espinosa, HeidiAusente

168 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor

169 Salinas Lozano, CarmenFavor

170 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor

171 Sánchez Coronel, CristinaFavor

172 Sánchez Isidoro, DavidFavor

173 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor

174 Sandoval Martínez, María SoledadFavor

175 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor

176 Sarabia Camacho, CarlosFavor

177 Saracho Navarro, FranciscoFavor

178 Scherman Leaño, María Esther de JesúsAusente

179 Serrano Hernández, MaricelaFavor

180 Silva Ramos, AlbertoFavor

181 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor

182 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor

183 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor

184 Taja Ramírez, RicardoFavor

185 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor

186 Tannos Cruz, YarithFavor

187 Terrazas Porras, AdrianaFavor

188 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor

189 Toledo Medina, José LuisFavor

190 Torres Cantú, DanielFavor

191 Torres Huitrón, José AlfredoFavor

192 Trujillo Zentella, GeorginaFavor

193 Uriarte Zazueta, FernandoFavor

194 Valencia García, ÓscarFavor

195 Vallejo Barragán, ManuelFavor

196 Vargas Rodríguez, Federico EugenioFavor

197 Vidal Aguilar, LiborioFavor

198 Viggiano Austria, Alma CarolinaFavor

199 Villa Ramírez, TimoteoFavor

200 Villa Trujillo, EdithAusente

201 Villagómez Guerrero, RamónFavor

202 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor

203 Vázquez Parissi, CiriloFavor

204 Vélez Núñez, BeatrizFavor

205 Yerena Zambrano, RafaelAusente

206 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor

207 Zepahua García, LillianAusente

208 Zúñiga Mendoza, J. JesúsAusente

Favor: 176

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 32

Total: 208

PARTIDO ACCION NACIONAL

1 Agundis Estrada, María VerónicaFavor

2 Alejo Domínguez, HugoFavor

3 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor

4 Alfaro García, Lorena del CarmenAusente

5 Amparano Gámez, LeticiaFavor

6 Antero Valle, Luis FernandoAusente

7 Arámbula Meléndez, MarianaFavor

8 Barraza López, José TeodoroFavor

9 Barrera Marmolejo, HéctorFavor

10 Bello Otero, CarlosFavor

11 Bermúdez Méndez, José ErandiAusente

12 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor

13 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierAusente

14 Bolio Pinelo, Kathia MaríaFavor

15 Cambranis Torres, EnriqueFavor

16 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarAusente

17 Castañón Herrera, EukidFavor

18 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor

19 Chavarrías Barajas, EloisaFavor

20 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor

21 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor

22 Corral Estrada, HerminioFavor

23 Corral Mier, JuanFavor

24 Cortés Berumen, José HernánFavor

25 Cortés Lugo, Román FranciscoAusente

26 Cortés Mendoza, Marko AntonioFavor

27 Cruz Blackledge, Gina AndreaFavor

28 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor

29 Culin Jaime, GretelFavor

30 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoFavor

31 Del Rivero Martínez, RicardoFavor

32 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor

33 Döring Casar, FedericoAusente

34 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor

35 Enríquez Vanderkam, Mayra AngélicaFavor

36 Flores Sosa, CésarFavor

37 Gama Basarte, Marco AntonioFavor

38 García Escobar, Lilia ArmindaFavor

39 García García, PatriciaFavor

40 García López, José MáximoFavor

41 García Pérez, MaríaFavor

42 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroFavor

43 Garza Treviño, PedroFavor

44 Gómez Olivier, Sergio EmilioAusente

45 González Ceceña, ExaltaciónFavor

46 González Navarro, José AdriánFavor

47 González Suástegui, GuadalupeFavor

48 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor

49 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséAusente

50 Hernández Ramos, MinervaFavor

51 Huepa Pérez, Miguel ÁngelFavor

52 Huerta Villegas, GenovevaFavor

53 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoFavor

54 Iñiguez Mejía, Elías OctavioFavor

55 Jiménez Márquez, Martha CristinaFavor

56 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor

57 López Córdova, José EverardoFavor

58 López Martín, JorgeFavor

59 López Rodríguez, Jesús AntonioFavor

60 Mandujano Tinajero, RenéFavor

61 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor

62 Marrón Agustín, Luis GilbertoAusente

63 Martínez Montemayor, BaltazarFavor

64 Martínez Santos, WenceslaoFavor

65 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor

66 Matesanz Santamaría, RocíoFavor

67 Mesta Soule, Luis FernandoFavor

68 Moya Marín, AngélicaFavor

69 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor

70 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor

71 Nava Mouett, JacquelineFavor

72 Neblina Vega, Javier AntonioFavor

73 Osuna Carranco, Karla KarinaFavor

74 Ovando Reazola, JanetteAusente

75 Padilla Avila, KarinaFavor

76 Paes Martínez, JiselaFavor

77 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor

78 Pérez Rodríguez, EnriqueAusente

79 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor

80 Ramírez Núñez, UlisesFavor

81 Ramírez Ramos, GabrielaFavor

82 Ramos Hernández, JorgeFavor

83 Rendón García, César AugustoFavor

84 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíFavor

85 Rivera Castillejos, Armando AlejandroFavor

86 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesFavor

87 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierFavor

88 Rodríguez Della Vecchia, MónicaFavor

89 Rodríguez Rubio, María del RosarioFavor

90 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor

91 Ruiz García, Juan CarlosFavor

92 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor

93 Salas Valencia, José AntonioAusente

94 Salim Alle, Miguel ÁngelAusente

95 Sánchez Carrillo, PatriciaFavor

96 Sánchez Juárez, ClaudiaAusente

97 Sánchez Meza, María LuisaFavor

98 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor

99 Sheffield Padilla, Francisco RicardoFavor

100 Taboada Cortina, SantiagoFavor

101 Talavera Hernández, María EloísaFavor

102 Tamariz García, XimenaFavor

103 Torreblanca Engell, SantiagoFavor

104 Triana Tena, JorgeFavor

105 Valenzuela Armas, RafaelFavor

106 Valles Olvera, Elva LidiaFavor

107 Vargas Bárcena, MarisolFavor

108 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor

109 Velázquez Valdez, BrendaFavor

Favor: 94

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 15

Total: 109

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

1 Acosta Naranjo, GuadalupeFavor

2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor

3 Amador Rodríguez, LeonardoAusente

4 Aragón Castillo, HortensiaFavor

5 Arguijo Herrera, Tania VictoriaFavor

6 Barón Ortiz, Natalia KarinaFavor

7 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelFavor

8 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor

9 Beltrán Reyes, María LuisaFavor

10 Bocanegra Ruiz, ElioFavor

11 Briones Pérez, Erika IrazemaAusente

12 Calderón Torreblanca, FidelFavor

13 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor

14 Castelán Mondragón, María ElidaFavor

15 Catalán Padilla, OlgaFavor

16 Contreras Julián, MaricelaFavor

17 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor

18 Estefan Garfias, José AntonioFavor

19 Fernández González, WaldoFavor

20 Ferrer Abalos, ÓscarFavor

21 Flores Sonduk, LluviaFavor

22 García Bravo, María Cristina TeresaFavor

23 García Calderón, David GersonFavor

24 García Chávez, Héctor JavierAusente

25 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor

26 Hernández Alcalá, José GuadalupeFavor

27 Hernández Mirón, CarlosFavor

28 Hernández Soriano, RafaelFavor

29 Hurtado Arana, KarenFavor

30 Jiménez Rumbo, DavidFavor

31 Juárez Blanquet, ErikFavor

32 López Sánchez, SergioAusente

33 Madrigal Sánchez, AraceliFavor

34 Maldonado Venegas, LuisFavor

35 Martínez Neri, FranciscoFavor

36 Martínez Soto, Norberto AntonioAusente

37 Martínez Urincho, AlbertoFavor

38 Meza Guzmán, Lucia VirginiaFavor

39 Nava Palacios, Francisco XavierFavor

40 Octaviano Félix, TomásFavor

41 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroFavor

42 Ordoñez Hernández, DanielFavor

43 Ortega Álvarez, OmarFavor

44 Parra Álvarez, EvelynFavor

45 Peralta Grappin, HéctorFavor

46 Pool Pech, Isaura IvanovaFavor

47 Pérez Alvarado, CandelarioFavor

48 Ramírez Peralta, Karen OrneyAusente

49 Reyes Álvarez, FelipeFavor

50 Rubio Quiroz, Juan FernandoFavor

51 Saldaña Morán, JulioAusente

52 Santana Alfaro, ArturoAusente

53 Santiago López, JoséFavor

54 Saucedo Reyes, AraceliFavor

55 Soto Espino, ArmandoFavor

56 Soto González, Cecilia GuadalupeFavor

57 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorFavor

58 Valdes Ramírez, María ConcepciónFavor

59 Wences Real, VictorianoFavor

60 Zambrano Grijalva, José de JesúsFavor

Favor: 52

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 8

Total: 60

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

1 Álvarez Angli, ArturoFavor

2 Álvarez López, JorgeFavor

3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor

4 Arévalo González, José AntonioFavor

5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaFavor

6 Avendaño Bermúdez, Luis IgnacioAusente

7 Ávila Serna, MaríaFavor

8 Bernardino Vargas, Omar NoéAusente

9 Canales Suárez, PalomaFavor

10 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor

11 Celis Aguirre, Juan ManuelFavor

12 Corona Valdés, LorenaFavor

13 Couttolenc Buentello, José AlbertoFavor

14 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaFavor

15 De León Villard, Sasil Dora LuzAusente

16 De los Santos Torres, DanielaAusente

17 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésFavor

18 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor

19 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaFavor

20 Galindo Rosas, José de JesúsFavor

21 Gaxiola Lezama, JorginaFavor

22 González Torres, SofíaFavor

23 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor

24 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor

25 Herrera Borunda, Javier OctavioFavor

26 Izquierdo Rojas, Jesús GerardoFavor

27 Limón García, LiaFavor

28 Machuca Sánchez, MarioFavor

29 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor

30 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor

31 Ochoa Rojas, CándidoFavor

32 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor

33 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor

34 Sarur Torre, AdrianaFavor

35 Sedas Castro, Miguel ÁngelAusente

36 Sesma Suárez, JesúsFavor

37 Spinoso Carrera, EdgarFavor

38 Toledo Aceves, WendolinFavor

39 Torres Rivas, Francisco AlbertoFavor

40 Valera Fuentes, Diego ValenteAusente

41 Villanueva Huerta, ClaudiaFavor

42 Zamora Morlet, EnriqueFavor

Favor: 36

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 6

Total: 42

MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL

1 Abdala Dartigues, RodrigoFavor

2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor

3 Alva y Alva, MiguelFavor

4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor

5 Barrientos Pantoja, AliciaFavor

6 Basurto Román, AlfredoAbstención

7 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor

8 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroFavor

9 Cárdenas Mariscal, María AntoniaFavor

10 Castro Vázquez, RogerioFavor

11 Chávez García, MaríaFavor

12 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaFavor

13 Damián González, AraceliFavor

14 Esquivel Valdés, Laura BeatrizAusente

15 Falcón Venegas, Sandra LuzFavor

16 Fuentes Alonso, ModestaFavor

17 García Jiménez, CuitláhuacAusente

18 Godoy Ramos, ErnestinaFavor

19 Guzmán Jacobo, RobertoFavor

20 Gómez Álvarez, DelfinaAusente

21 Hernández Colín, Norma XochitlFavor

22 Hernández Correa, GuadalupeAusente

23 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioFavor

24 Juárez Rodríguez, Mario ArielFavor

25 Llerenas Morales, VidalFavor

26 López López, Irma RebecaFavor

27 Molina Arias, Renato JosafatFavor

28 Montiel Reyes, AriadnaAusente

29 Nahle García, Norma RocíoFavor

30 Ramos Ramírez, BlandinaFavor

31 Romero Tenorio, JuanAbstención

32 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelAusente

33 Serrano Lora, JesúsFavor

34 Tello López, JorgeAbstención

35 Trejo Flores, MarianaFavor

36 Villa González, ConcepciónFavor

Favor: 27

Contra: 0

Abstención: 3

Quorum: 0

Ausentes: 6

Total: 36

MOVIMIENTO CIUDADANO

1 Álvarez Maynez, JorgeFavor

2 Castañeda Hoeflich, José ClementeAusente

3 Cervera García, RenéFavor

4 Corichi García, Claudia SofíaFavor

5 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor

6 Delgadillo García, VerónicaFavor

7 Espino Barrientos, Manuel de JesúsFavor

8 Flores Gómez, MirzaFavor

9 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor

10 Guerra Mota, MoisésFavor

11 Hauffen Torres, Angie DennisseAusente

12 Lomelí Bolaños, CarlosFavor

13 Martínez García, JonadabFavor

14 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor

15 Munguía González, Luis ErnestoFavor

16 Ochoa Avalos, María CandelariaAusente

17 Orantes López, María ElenaFavor

18 Pérez Utrera, AdánFavor

19 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor

20 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor

21 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor

22 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor

23 Toledo Ibarra, MarbellaFavor

24 Zamora Zamora, SalvadorFavor

Favor: 21

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 3

Total: 24

PARTIDO NUEVA ALIANZA

1 Campa Amaral, Carmen VictoriaFavor

2 García Yáñez, ÁngelFavor

3 Gutiérrez García, CarlosFavor

4 Hernández León, Luis ManuelAusente

5 Lara Salazar, MarianoFavor

6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor

7 Pinto Torres, Francisco JavierAusente

8 Reyes Ávila, AngélicaFavor

9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor

10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor

11 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor

Favor: 9

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 2

Total: 11

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

1 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor

2 Flores Cervantes, Hugo EricFavor

3 García Soberanes, Cynthia GisselAusente

4 González Murillo, AlejandroFavor

5 Guízar Valladares, GonzaloAusente

6 Martínez Guzmán, Norma EdithContra

7 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor

8 Pineda Morín, AbdiesFavor

9 Torres Sandoval, MelissaFavor

Favor: 6

Contra: 1

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 2

Total: 9

DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Clouthier Carrillo, Manuel JesúsFavor

Favor: 1

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 0

Total: 1

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez (en lo general y en lo particular los artículos no reservados)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala Carmona, YahleelFavor

2 Abdala Saad, Antonio TarekFavor

3 Abramo Masso, YericoFavor

4 Aguilar Robles, DavidFavor

5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor

6 Aguirre Chávez, Marco PoloAusente

7 Aguirre Romero, AndrésFavor

8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor

9 Almanza Monroy, FidelFavor

10 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor

11 Alvarado Varela, Edith AnabelAusente

12 Álvarez Ortiz, Héctor JavierFavor

13 Amaro Cancino, AntonioFavor

14 Anaya Mota, Claudia EdithAusente

15 Anaya Orozco, AlfredoFavor

16 Antelo Esper, BernardinoFavor

17 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor

18 Arellano Núñez, EfraínFavor

19 Armenta Mier, AlejandroFavor

20 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor

21 Barragán Amador, CarlosFavor

22 Barrientos Cano, Laura MitziFavor

23 Basáñez García, PabloFavor

24 Bañales Arámbula, RamónFavor

25 Bedolla López, PabloFavor

26 Bejos Nicolás, AlfredoFavor

27 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor

28 Benítez Tiburcio, MarianaAusente

29 Bernal Casique, IvethFavor

30 Boone Godoy, Ana MaríaFavor

31 Borunda Espinoza, BrendaFavor

32 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor

33 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor

34 Cabrera Ruiz, José HugoFavor

35 Camacho Quiroz, César OctavioFavor

36 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor

37 Canales Najjar, Tristán ManuelFavor

38 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroFavor

39 Casillas Zanatta, GabrielFavor

40 Castillo Martínez, EdgarAusente

41 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor

42 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor

43 Ceja García, XitlalicAusente

44 Cervera Hernández, FelipeFavor

45 Chacón Morales, Samuel AlexisFavor

46 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor

47 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoFavor

48 Coheto Martínez, Vitalico CándidoAusente

49 Córdova Hernández, José del PilarFavor

50 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaAusente

51 Corella Platt, SusanaAusente

52 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor

53 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor

54 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor

55 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor

56 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor

57 Del Mazo Maza, AlfredoFavor

58 Díaz Montoya, RocíoFavor

59 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor

60 Domínguez Rex, RaúlFavor

61 Elizondo García, PabloFavor

62 Escobar Manjarrez, GermánFavor

63 Escobedo Villegas, FranciscoFavor

64 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor

65 Estefan Chidiac, Charbel JorgeFavor

66 Etcheverry Aranda, AzulFavor

67 Fernández Márquez, JulietaFavor

68 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor

69 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor

70 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor

71 Gamboa Miner, PabloFavor

72 García Ayala, Marco AntonioAusente

73 García Barrón, ÓscarFavor

74 García Carreón, TelésforoFavor

75 García Navarro, OtnielFavor

76 García Portilla, Ricardo DavidFavor

77 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelFavor

78 González Calderón, Martha HildaFavor

79 González Salas y Petricioli, María MarcelaFavor

80 González Salum, Miguel ÁngelFavor

81 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor

82 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor

83 Guerrero Coronado, DeliaFavor

84 Guerrero Esquivel, AraceliFavor

85 Guerrero García, JavierFavor

86 Guevara Cobos, Luis AlejandroFavor

87 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor

88 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor

89 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor

90 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor

91 Hermosillo Arteaga, Carlos GerardoAusente

92 Hernández Madrid, María GloriaFavor

93 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelFavor

94 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroFavor

95 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor

96 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor

97 Iriarte Mercado, CarlosAusente

98 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor

99 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueAusente

100 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelFavor

101 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor

102 Kuri Grajales, FidelFavor

103 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor

104 Le Baron González, AlexFavor

105 Leyva García, Leydi FabiolaFavor

106 López Gutiérrez, David EpifanioFavor

107 López Velasco, Edith YolandaFavor

108 Luna Canales, ArmandoFavor

109 Luna Munguía, Alma LiliaFavor

110 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor

111 Majul González, SalomónFavor

112 Maya Pineda, María IsabelFavor

113 Mazari Espín, RosalinaFavor

114 Medrano Quezada, BenjamínFavor

115 Meléndez Ortega, Juan AntonioFavor

116 Melhem Salinas, EdgardoFavor

117 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor

118 Méndez Hernández, SandraFavor

119 Mercado Ruiz, DavidFavor

120 Millán Bueno, Rosa ElenaFavor

121 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor

122 Mólgora Glover, ArletFavor

123 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor

124 Monroy del Mazo, CarolinaFavor

125 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor

126 Mota Hernández, AdolfoFavor

127 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor

128 Muñoz Parra, María VerónicaFavor

129 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor

130 Navarrete Pérez, FernandoFavor

131 Nazar Morales, JuliánFavor

132 Nazario Morales, MatíasFavor

133 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor

134 Orantes López, Hernán de JesúsFavor

135 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor

136 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor

137 Ortega Pacheco, Ivonne AracellyAusente

138 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor

139 Osorno Belmont, SusanaFavor

140 Oyervides Valdez, María GuadalupeFavor

141 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor

142 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor

143 Pinete Vargas, María del CarmenFavor

144 Plascencia Pacheco, Laura NereidaAusente

145 Plata Inzunza, EvelioFavor

146 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsAusente

147 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor

148 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor

149 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor

150 Ramírez Marín, Jorge CarlosFavor

151 Ramírez Nieto, RicardoFavor

152 Ramírez Ocampo, Gianni RaúlFavor

153 Real Salinas, Dora ElenaFavor

154 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor

155 Rentería Medina, Flor EstelaAusente

156 Rivera Carbajal, SilviaFavor

157 Rivera Sosa, José LorenzoFavor

158 Rocha Aguilar, YulmaFavor

159 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor

160 Rojas Orozco, EnriqueAusente

161 Rojas San Román, Francisco LauroFavor

162 Romero Vega, EsdrasFavor

163 Romo García, EdgarFavor

164 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor

165 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor

166 Sáenz Soto, José LuisFavor

167 Salazar Espinosa, HeidiFavor

168 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor

169 Salinas Lozano, CarmenFavor

170 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor

171 Sánchez Coronel, CristinaFavor

172 Sánchez Isidoro, DavidFavor

173 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor

174 Sandoval Martínez, María SoledadFavor

175 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor

176 Sarabia Camacho, CarlosFavor

177 Saracho Navarro, FranciscoFavor

178 Scherman Leaño, María Esther de JesúsFavor

179 Serrano Hernández, MaricelaFavor

180 Silva Ramos, AlbertoFavor

181 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor

182 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor

183 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor

184 Taja Ramírez, RicardoFavor

185 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor

186 Tannos Cruz, YarithFavor

187 Terrazas Porras, AdrianaFavor

188 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor

189 Toledo Medina, José LuisFavor

190 Torres Cantú, DanielFavor

191 Torres Huitrón, José AlfredoFavor

192 Trujillo Zentella, GeorginaFavor

193 Uriarte Zazueta, FernandoFavor

194 Valencia García, ÓscarFavor

195 Vallejo Barragán, ManuelFavor

196 Vargas Rodríguez, Federico EugenioFavor

197 Vidal Aguilar, LiborioFavor

198 Viggiano Austria, Alma CarolinaFavor

199 Villa Ramírez, TimoteoFavor

200 Villa Trujillo, EdithAusente

201 Villagómez Guerrero, RamónFavor

202 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor

203 Vázquez Parissi, CiriloFavor

204 Vélez Núñez, BeatrizAusente

205 Yerena Zambrano, RafaelFavor

206 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor

207 Zepahua García, LillianFavor

208 Zúñiga Mendoza, J. JesúsAusente

Favor: 187

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 21

Total: 208

PARTIDO ACCION NACIONAL

1 Agundis Estrada, María VerónicaFavor

2 Alejo Domínguez, HugoFavor

3 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor

4 Alfaro García, Lorena del CarmenFavor

5 Amparano Gámez, LeticiaFavor

6 Antero Valle, Luis FernandoFavor

7 Arámbula Meléndez, MarianaFavor

8 Barraza López, José TeodoroFavor

9 Barrera Marmolejo, HéctorFavor

10 Bello Otero, CarlosFavor

11 Bermúdez Méndez, José ErandiAusente

12 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor

13 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierAusente

14 Bolio Pinelo, Kathia MaríaFavor

15 Cambranis Torres, EnriqueFavor

16 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarAusente

17 Castañón Herrera, EukidFavor

18 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor

19 Chavarrías Barajas, EloisaFavor

20 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor

21 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor

22 Corral Estrada, HerminioFavor

23 Corral Mier, JuanFavor

24 Cortés Berumen, José HernánFavor

25 Cortés Lugo, Román FranciscoAusente

26 Cortés Mendoza, Marko AntonioFavor

27 Cruz Blackledge, Gina AndreaFavor

28 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor

29 Culin Jaime, GretelFavor

30 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoFavor

31 Del Rivero Martínez, RicardoFavor

32 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor

33 Döring Casar, FedericoAusente

34 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor

35 Enríquez Vanderkam, Mayra AngélicaFavor

36 Flores Sosa, CésarFavor

37 Gama Basarte, Marco AntonioFavor

38 García Escobar, Lilia ArmindaFavor

39 García García, PatriciaFavor

40 García López, José MáximoFavor

41 García Pérez, MaríaFavor

42 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroFavor

43 Garza Treviño, PedroFavor

44 Gómez Olivier, Sergio EmilioAusente

45 González Ceceña, ExaltaciónFavor

46 González Navarro, José AdriánFavor

47 González Suástegui, GuadalupeFavor

48 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor

49 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséFavor

50 Hernández Ramos, MinervaAusente

51 Huepa Pérez, Miguel ÁngelFavor

52 Huerta Villegas, GenovevaFavor

53 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoFavor

54 Iñiguez Mejía, Elías OctavioFavor

55 Jiménez Márquez, Martha CristinaFavor

56 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor

57 López Córdova, José EverardoFavor

58 López Martín, JorgeFavor

59 López Rodríguez, Jesús AntonioFavor

60 Mandujano Tinajero, RenéFavor

61 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor

62 Marrón Agustín, Luis GilbertoAusente

63 Martínez Montemayor, BaltazarFavor

64 Martínez Santos, WenceslaoFavor

65 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor

66 Matesanz Santamaría, RocíoFavor

67 Mesta Soule, Luis FernandoFavor

68 Moya Marín, AngélicaFavor

69 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor

70 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor

71 Nava Mouett, JacquelineFavor

72 Neblina Vega, Javier AntonioFavor

73 Osuna Carranco, Karla KarinaFavor

74 Ovando Reazola, JanetteAusente

75 Padilla Avila, KarinaFavor

76 Paes Martínez, JiselaFavor

77 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor

78 Pérez Rodríguez, EnriqueAusente

79 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor

80 Ramírez Núñez, UlisesAusente

81 Ramírez Ramos, GabrielaFavor

82 Ramos Hernández, JorgeFavor

83 Rendón García, César AugustoFavor

84 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíFavor

85 Rivera Castillejos, Armando AlejandroFavor

86 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesFavor

87 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierFavor

88 Rodríguez Della Vecchia, MónicaFavor

89 Rodríguez Rubio, María del RosarioFavor

90 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor

91 Ruiz García, Juan CarlosFavor

92 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor

93 Salas Valencia, José AntonioAusente

94 Salim Alle, Miguel ÁngelAusente

95 Sánchez Carrillo, PatriciaFavor

96 Sánchez Juárez, ClaudiaFavor

97 Sánchez Meza, María LuisaFavor

98 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor

99 Sheffield Padilla, Francisco RicardoFavor

100 Taboada Cortina, SantiagoAusente

101 Talavera Hernández, María EloísaFavor

102 Tamariz García, XimenaFavor

103 Torreblanca Engell, SantiagoFavor

104 Triana Tena, JorgeFavor

105 Valenzuela Armas, RafaelFavor

106 Valles Olvera, Elva LidiaFavor

107 Vargas Bárcena, MarisolFavor

108 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor

109 Velázquez Valdez, BrendaFavor

Favor: 95

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 14

Total: 109

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

1 Acosta Naranjo, GuadalupeFavor

2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor

3 Amador Rodríguez, LeonardoFavor

4 Aragón Castillo, HortensiaFavor

5 Arguijo Herrera, Tania VictoriaFavor

6 Barón Ortiz, Natalia KarinaFavor

7 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelFavor

8 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor

9 Beltrán Reyes, María LuisaFavor

10 Bocanegra Ruiz, ElioFavor

11 Briones Pérez, Erika IrazemaAusente

12 Calderón Torreblanca, FidelFavor

13 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor

14 Castelán Mondragón, María ElidaFavor

15 Catalán Padilla, OlgaFavor

16 Contreras Julián, MaricelaFavor

17 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor

18 Estefan Garfias, José AntonioFavor

19 Fernández González, WaldoFavor

20 Ferrer Abalos, ÓscarFavor

21 Flores Sonduk, LluviaFavor

22 García Bravo, María Cristina TeresaFavor

23 García Calderón, David GersonFavor

24 García Chávez, Héctor JavierAusente

25 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor

26 Hernández Alcalá, José GuadalupeFavor

27 Hernández Mirón, CarlosFavor

28 Hernández Soriano, RafaelFavor

29 Hurtado Arana, KarenFavor

30 Jiménez Rumbo, DavidFavor

31 Juárez Blanquet, ErikFavor

32 López Sánchez, SergioFavor

33 Madrigal Sánchez, AraceliFavor

34 Maldonado Venegas, LuisFavor

35 Martínez Neri, FranciscoFavor

36 Martínez Soto, Norberto AntonioAusente

37 Martínez Urincho, AlbertoFavor

38 Meza Guzmán, Lucia VirginiaFavor

39 Nava Palacios, Francisco XavierFavor

40 Octaviano Félix, TomásFavor

41 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroFavor

42 Ordoñez Hernández, DanielFavor

43 Ortega Álvarez, OmarFavor

44 Parra Álvarez, EvelynAusente

45 Peralta Grappin, HéctorFavor

46 Pool Pech, Isaura IvanovaFavor

47 Pérez Alvarado, CandelarioFavor

48 Ramírez Peralta, Karen OrneyAusente

49 Reyes Álvarez, FelipeFavor

50 Rubio Quiroz, Juan FernandoAusente

51 Saldaña Morán, JulioFavor

52 Santana Alfaro, ArturoFavor

53 Santiago López, JoséFavor

54 Saucedo Reyes, AraceliFavor

55 Soto Espino, ArmandoFavor

56 Soto González, Cecilia GuadalupeFavor

57 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorFavor

58 Valdes Ramírez, María ConcepciónFavor

59 Wences Real, VictorianoFavor

60 Zambrano Grijalva, José de JesúsFavor

Favor: 54

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 6

Total: 60

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

1 Álvarez Angli, ArturoFavor

2 Álvarez López, JorgeFavor

3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor

4 Arévalo González, José AntonioFavor

5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaFavor

6 Avendaño Bermúdez, Luis IgnacioAusente

7 Ávila Serna, MaríaFavor

8 Bernardino Vargas, Omar NoéAusente

9 Canales Suárez, PalomaFavor

10 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor

11 Celis Aguirre, Juan ManuelFavor

12 Corona Valdés, LorenaFavor

13 Couttolenc Buentello, José AlbertoFavor

14 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaFavor

15 De León Villard, Sasil Dora LuzFavor

16 De los Santos Torres, DanielaAusente

17 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésFavor

18 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor

19 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaFavor

20 Galindo Rosas, José de JesúsFavor

21 Gaxiola Lezama, JorginaFavor

22 González Torres, SofíaFavor

23 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor

24 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor

25 Herrera Borunda, Javier OctavioFavor

26 Izquierdo Rojas, Jesús GerardoFavor

27 Limón García, LiaFavor

28 Machuca Sánchez, MarioFavor

29 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor

30 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor

31 Ochoa Rojas, CándidoFavor

32 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor

33 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor

34 Sarur Torre, AdrianaFavor

35 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor

36 Sesma Suárez, JesúsFavor

37 Spinoso Carrera, EdgarFavor

38 Toledo Aceves, WendolinFavor

39 Torres Rivas, Francisco AlbertoFavor

40 Valera Fuentes, Diego ValenteAusente

41 Villanueva Huerta, ClaudiaFavor

42 Zamora Morlet, EnriqueFavor

Favor: 38

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 4

Total: 42

MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL

1 Abdala Dartigues, RodrigoFavor

2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor

3 Alva y Alva, MiguelFavor

4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor

5 Barrientos Pantoja, AliciaFavor

6 Basurto Román, AlfredoFavor

7 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor

8 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroFavor

9 Cárdenas Mariscal, María AntoniaFavor

10 Castro Vázquez, RogerioFavor

11 Chávez García, MaríaFavor

12 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaFavor

13 Damián González, AraceliFavor

14 Esquivel Valdés, Laura BeatrizFavor

15 Falcón Venegas, Sandra LuzFavor

16 Fuentes Alonso, ModestaFavor

17 García Jiménez, CuitláhuacFavor

18 Godoy Ramos, ErnestinaFavor

19 Guzmán Jacobo, RobertoFavor

20 Gómez Álvarez, DelfinaFavor

21 Hernández Colín, Norma XochitlFavor

22 Hernández Correa, GuadalupeFavor

23 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioFavor

24 Juárez Rodríguez, Mario ArielFavor

25 Llerenas Morales, VidalFavor

26 López López, Irma RebecaFavor

27 Molina Arias, Renato JosafatFavor

28 Montiel Reyes, AriadnaAusente

29 Nahle García, Norma RocíoFavor

30 Ramos Ramírez, BlandinaFavor

31 Romero Tenorio, JuanFavor

32 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelAusente

33 Serrano Lora, JesúsFavor

34 Tello López, JorgeFavor

35 Trejo Flores, MarianaFavor

36 Villa González, ConcepciónFavor

Favor: 34

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 2

Total: 36

MOVIMIENTO CIUDADANO

1 Álvarez Maynez, JorgeFavor

2 Castañeda Hoeflich, José ClementeAusente

3 Cervera García, RenéFavor

4 Corichi García, Claudia SofíaFavor

5 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor

6 Delgadillo García, VerónicaFavor

7 Espino Barrientos, Manuel de JesúsFavor

8 Flores Gómez, MirzaFavor

9 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor

10 Guerra Mota, MoisésFavor

11 Hauffen Torres, Angie DennisseAusente

12 Lomelí Bolaños, CarlosFavor

13 Martínez García, JonadabFavor

14 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor

15 Munguía González, Luis ErnestoFavor

16 Ochoa Avalos, María CandelariaFavor

17 Orantes López, María ElenaFavor

18 Pérez Utrera, AdánFavor

19 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor

20 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor

21 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor

22 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor

23 Toledo Ibarra, MarbellaFavor

24 Zamora Zamora, SalvadorFavor

Favor: 22

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 2

Total: 24

PARTIDO NUEVA ALIANZA

1 Campa Amaral, Carmen VictoriaFavor

2 García Yáñez, ÁngelAusente

3 Gutiérrez García, CarlosFavor

4 Hernández León, Luis ManuelAusente

5 Lara Salazar, MarianoFavor

6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor

7 Pinto Torres, Francisco JavierAusente

8 Reyes Ávila, AngélicaFavor

9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor

10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor

11 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor

Favor: 8

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 3

Total: 11

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

1 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor

2 Flores Cervantes, Hugo EricFavor

3 García Soberanes, Cynthia GisselAusente

4 González Murillo, AlejandroFavor

5 Guízar Valladares, GonzaloFavor

6 Martínez Guzmán, Norma EdithFavor

7 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor

8 Pineda Morín, AbdiesFavor

9 Torres Sandoval, MelissaFavor

Favor: 8

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 1

Total: 9

DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Clouthier Carrillo, Manuel JesúsFavor

Favor: 1

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 0

Total: 1

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez (en lo particular el artículo 78, reservado, en términos del dictamen)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala Carmona, YahleelFavor

2 Abdala Saad, Antonio TarekFavor

3 Abramo Masso, YericoFavor

4 Aguilar Robles, DavidFavor

5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor

6 Aguirre Chávez, Marco PoloAusente

7 Aguirre Romero, AndrésFavor

8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor

9 Almanza Monroy, FidelFavor

10 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor

11 Alvarado Varela, Edith AnabelAusente

12 Álvarez Ortiz, Héctor JavierFavor

13 Amaro Cancino, AntonioFavor

14 Anaya Mota, Claudia EdithAusente

15 Anaya Orozco, AlfredoFavor

16 Antelo Esper, BernardinoFavor

17 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor

18 Arellano Núñez, EfraínFavor

19 Armenta Mier, AlejandroFavor

20 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor

21 Barragán Amador, CarlosFavor

22 Barrientos Cano, Laura MitziFavor

23 Basáñez García, PabloFavor

24 Bañales Arámbula, RamónFavor

25 Bedolla López, PabloFavor

26 Bejos Nicolás, AlfredoFavor

27 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor

28 Benítez Tiburcio, MarianaAusente

29 Bernal Casique, IvethFavor

30 Boone Godoy, Ana MaríaFavor

31 Borunda Espinoza, BrendaFavor

32 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor

33 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor

34 Cabrera Ruiz, José HugoFavor

35 Camacho Quiroz, César OctavioFavor

36 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor

37 Canales Najjar, Tristán ManuelFavor

38 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroFavor

39 Casillas Zanatta, GabrielFavor

40 Castillo Martínez, EdgarAusente

41 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor

42 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor

43 Ceja García, XitlalicAusente

44 Cervera Hernández, FelipeFavor

45 Chacón Morales, Samuel AlexisFavor

46 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor

47 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoFavor

48 Coheto Martínez, Vitalico CándidoAusente

49 Córdova Hernández, José del PilarFavor

50 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaAusente

51 Corella Platt, SusanaAusente

52 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor

53 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor

54 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor

55 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor

56 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor

57 Del Mazo Maza, AlfredoFavor

58 Díaz Montoya, RocíoFavor

59 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor

60 Domínguez Rex, RaúlAusente

61 Elizondo García, PabloFavor

62 Escobar Manjarrez, GermánFavor

63 Escobedo Villegas, FranciscoFavor

64 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor

65 Estefan Chidiac, Charbel JorgeFavor

66 Etcheverry Aranda, AzulAusente

67 Fernández Márquez, JulietaFavor

68 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor

69 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor

70 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor

71 Gamboa Miner, PabloFavor

72 García Ayala, Marco AntonioAusente

73 García Barrón, ÓscarFavor

74 García Carreón, TelésforoFavor

75 García Navarro, OtnielFavor

76 García Portilla, Ricardo DavidFavor

77 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelFavor

78 González Calderón, Martha HildaAusente

79 González Salas y Petricioli, María MarcelaFavor

80 González Salum, Miguel ÁngelFavor

81 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor

82 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor

83 Guerrero Coronado, DeliaFavor

84 Guerrero Esquivel, AraceliFavor

85 Guerrero García, JavierFavor

86 Guevara Cobos, Luis AlejandroFavor

87 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor

88 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor

89 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor

90 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor

91 Hermosillo Arteaga, Carlos GerardoAusente

92 Hernández Madrid, María GloriaFavor

93 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelFavor

94 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroFavor

95 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor

96 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor

97 Iriarte Mercado, CarlosAusente

98 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor

99 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueAusente

100 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelFavor

101 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor

102 Kuri Grajales, FidelFavor

103 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor

104 Le Baron González, AlexFavor

105 Leyva García, Leydi FabiolaFavor

106 López Gutiérrez, David EpifanioFavor

107 López Velasco, Edith YolandaFavor

108 Luna Canales, ArmandoFavor

109 Luna Munguía, Alma LiliaFavor

110 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor

111 Majul González, SalomónFavor

112 Maya Pineda, María IsabelFavor

113 Mazari Espín, RosalinaFavor

114 Medrano Quezada, BenjamínFavor

115 Meléndez Ortega, Juan AntonioFavor

116 Melhem Salinas, EdgardoFavor

117 Méndez Bazán, Virgilio DanielAusente

118 Méndez Hernández, SandraFavor

119 Mercado Ruiz, DavidFavor

120 Millán Bueno, Rosa ElenaFavor

121 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor

122 Mólgora Glover, ArletFavor

123 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor

124 Monroy del Mazo, CarolinaFavor

125 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor

126 Mota Hernández, AdolfoFavor

127 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor

128 Muñoz Parra, María VerónicaFavor

129 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor

130 Navarrete Pérez, FernandoFavor

131 Nazar Morales, JuliánFavor

132 Nazario Morales, MatíasFavor

133 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor

134 Orantes López, Hernán de JesúsFavor

135 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor

136 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor

137 Ortega Pacheco, Ivonne AracellyAusente

138 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor

139 Osorno Belmont, SusanaFavor

140 Oyervides Valdez, María GuadalupeFavor

141 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor

142 Pichardo Lechuga, José IgnacioAusente

143 Pinete Vargas, María del CarmenFavor

144 Plascencia Pacheco, Laura NereidaAusente

145 Plata Inzunza, EvelioFavor

146 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsAusente

147 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor

148 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor

149 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor

150 Ramírez Marín, Jorge CarlosFavor

151 Ramírez Nieto, RicardoFavor

152 Ramírez Ocampo, Gianni RaúlFavor

153 Real Salinas, Dora ElenaFavor

154 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor

155 Rentería Medina, Flor EstelaAusente

156 Rivera Carbajal, SilviaFavor

157 Rivera Sosa, José LorenzoFavor

158 Rocha Aguilar, YulmaFavor

159 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor

160 Rojas Orozco, EnriqueAusente

161 Rojas San Román, Francisco LauroFavor

162 Romero Vega, EsdrasFavor

163 Romo García, EdgarFavor

164 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor

165 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor

166 Sáenz Soto, José LuisFavor

167 Salazar Espinosa, HeidiFavor

168 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor

169 Salinas Lozano, CarmenFavor

170 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor

171 Sánchez Coronel, CristinaFavor

172 Sánchez Isidoro, DavidFavor

173 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor

174 Sandoval Martínez, María SoledadFavor

175 Santillán Oceguera, Francisco JavierAusente

176 Sarabia Camacho, CarlosFavor

177 Saracho Navarro, FranciscoFavor

178 Scherman Leaño, María Esther de JesúsFavor

179 Serrano Hernández, MaricelaFavor

180 Silva Ramos, AlbertoFavor

181 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor

182 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor

183 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor

184 Taja Ramírez, RicardoFavor

185 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor

186 Tannos Cruz, YarithFavor

187 Terrazas Porras, AdrianaFavor

188 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor

189 Toledo Medina, José LuisFavor

190 Torres Cantú, DanielFavor

191 Torres Huitrón, José AlfredoFavor

192 Trujillo Zentella, GeorginaFavor

193 Uriarte Zazueta, FernandoFavor

194 Valencia García, ÓscarFavor

195 Vallejo Barragán, ManuelFavor

196 Vargas Rodríguez, Federico EugenioFavor

197 Vidal Aguilar, LiborioFavor

198 Viggiano Austria, Alma CarolinaFavor

199 Villa Ramírez, TimoteoFavor

200 Villa Trujillo, EdithAusente

201 Villagómez Guerrero, RamónFavor

202 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor

203 Vázquez Parissi, CiriloFavor

204 Vélez Núñez, BeatrizFavor

205 Yerena Zambrano, RafaelFavor

206 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor

207 Zepahua García, LillianFavor

208 Zúñiga Mendoza, J. JesúsAusente

Favor: 182

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 26

Total: 208

PARTIDO ACCION NACIONAL

1 Agundis Estrada, María VerónicaFavor

2 Alejo Domínguez, HugoFavor

3 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor

4 Alfaro García, Lorena del CarmenFavor

5 Amparano Gámez, LeticiaFavor

6 Antero Valle, Luis FernandoFavor

7 Arámbula Meléndez, MarianaFavor

8 Barraza López, José TeodoroFavor

9 Barrera Marmolejo, HéctorFavor

10 Bello Otero, CarlosFavor

11 Bermúdez Méndez, José ErandiAusente

12 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor

13 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierAusente

14 Bolio Pinelo, Kathia MaríaFavor

15 Cambranis Torres, EnriqueFavor

16 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarAusente

17 Castañón Herrera, EukidAusente

18 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor

19 Chavarrías Barajas, EloisaFavor

20 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor

21 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor

22 Corral Estrada, HerminioFavor

23 Corral Mier, JuanAusente

24 Cortés Berumen, José HernánAusente

25 Cortés Lugo, Román FranciscoAusente

26 Cortés Mendoza, Marko AntonioAusente

27 Cruz Blackledge, Gina AndreaFavor

28 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor

29 Culin Jaime, GretelFavor

30 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoFavor

31 Del Rivero Martínez, RicardoFavor

32 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor

33 Döring Casar, FedericoAusente

34 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor

35 Enríquez Vanderkam, Mayra AngélicaFavor

36 Flores Sosa, CésarFavor

37 Gama Basarte, Marco AntonioFavor

38 García Escobar, Lilia ArmindaFavor

39 García García, PatriciaFavor

40 García López, José MáximoFavor

41 García Pérez, MaríaFavor

42 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroFavor

43 Garza Treviño, PedroFavor

44 Gómez Olivier, Sergio EmilioAusente

45 González Ceceña, ExaltaciónFavor

46 González Navarro, José AdriánFavor

47 González Suástegui, GuadalupeFavor

48 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor

49 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséFavor

50 Hernández Ramos, MinervaAusente

51 Huepa Pérez, Miguel ÁngelFavor

52 Huerta Villegas, GenovevaFavor

53 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoFavor

54 Iñiguez Mejía, Elías OctavioFavor

55 Jiménez Márquez, Martha CristinaFavor

56 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor

57 López Córdova, José EverardoFavor

58 López Martín, JorgeFavor

59 López Rodríguez, Jesús AntonioFavor

60 Mandujano Tinajero, RenéFavor

61 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor

62 Marrón Agustín, Luis GilbertoAusente

63 Martínez Montemayor, BaltazarFavor

64 Martínez Santos, WenceslaoFavor

65 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor

66 Matesanz Santamaría, RocíoFavor

67 Mesta Soule, Luis FernandoFavor

68 Moya Marín, AngélicaFavor

69 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor

70 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor

71 Nava Mouett, JacquelineFavor

72 Neblina Vega, Javier AntonioFavor

73 Osuna Carranco, Karla KarinaFavor

74 Ovando Reazola, JanetteAusente

75 Padilla Avila, KarinaFavor

76 Paes Martínez, JiselaFavor

77 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor

78 Pérez Rodríguez, EnriqueAusente

79 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor

80 Ramírez Núñez, UlisesAusente

81 Ramírez Ramos, GabrielaFavor

82 Ramos Hernández, JorgeFavor

83 Rendón García, César AugustoFavor

84 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíFavor

85 Rivera Castillejos, Armando AlejandroFavor

86 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesFavor

87 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierFavor

88 Rodríguez Della Vecchia, MónicaFavor

89 Rodríguez Rubio, María del RosarioFavor

90 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor

91 Ruiz García, Juan CarlosFavor

92 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor

93 Salas Valencia, José AntonioAusente

94 Salim Alle, Miguel ÁngelAusente

95 Sánchez Carrillo, PatriciaFavor

96 Sánchez Juárez, ClaudiaFavor

97 Sánchez Meza, María LuisaFavor

98 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor

99 Sheffield Padilla, Francisco RicardoFavor

100 Taboada Cortina, SantiagoFavor

101 Talavera Hernández, María EloísaFavor

102 Tamariz García, XimenaFavor

103 Torreblanca Engell, SantiagoFavor

104 Triana Tena, JorgeFavor

105 Valenzuela Armas, RafaelFavor

106 Valles Olvera, Elva LidiaFavor

107 Vargas Bárcena, MarisolFavor

108 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor

109 Velázquez Valdez, BrendaFavor

Favor: 92

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 17

Total: 109

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

1 Acosta Naranjo, GuadalupeFavor

2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor

3 Amador Rodríguez, LeonardoFavor

4 Aragón Castillo, HortensiaFavor

5 Arguijo Herrera, Tania VictoriaFavor

6 Barón Ortiz, Natalia KarinaFavor

7 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelFavor

8 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor

9 Beltrán Reyes, María LuisaFavor

10 Bocanegra Ruiz, ElioFavor

11 Briones Pérez, Erika IrazemaAusente

12 Calderón Torreblanca, FidelFavor

13 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor

14 Castelán Mondragón, María ElidaFavor

15 Catalán Padilla, OlgaFavor

16 Contreras Julián, MaricelaFavor

17 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor

18 Estefan Garfias, José AntonioFavor

19 Fernández González, WaldoFavor

20 Ferrer Abalos, ÓscarFavor

21 Flores Sonduk, LluviaFavor

22 García Bravo, María Cristina TeresaFavor

23 García Calderón, David GersonFavor

24 García Chávez, Héctor JavierAusente

25 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor

26 Hernández Alcalá, José GuadalupeFavor

27 Hernández Mirón, CarlosFavor

28 Hernández Soriano, RafaelAusente

29 Hurtado Arana, KarenFavor

30 Jiménez Rumbo, DavidFavor

31 Juárez Blanquet, ErikFavor

32 López Sánchez, SergioFavor

33 Madrigal Sánchez, AraceliFavor

34 Maldonado Venegas, LuisAusente

35 Martínez Neri, FranciscoFavor

36 Martínez Soto, Norberto AntonioAusente

37 Martínez Urincho, AlbertoFavor

38 Meza Guzmán, Lucia VirginiaFavor

39 Nava Palacios, Francisco XavierFavor

40 Octaviano Félix, TomásFavor

41 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroFavor

42 Ordoñez Hernández, DanielFavor

43 Ortega Álvarez, OmarFavor

44 Parra Álvarez, EvelynFavor

45 Peralta Grappin, HéctorFavor

46 Pool Pech, Isaura IvanovaFavor

47 Pérez Alvarado, CandelarioFavor

48 Ramírez Peralta, Karen OrneyAusente

49 Reyes Álvarez, FelipeFavor

50 Rubio Quiroz, Juan FernandoAusente

51 Saldaña Morán, JulioFavor

52 Santana Alfaro, ArturoFavor

53 Santiago López, JoséFavor

54 Saucedo Reyes, AraceliFavor

55 Soto Espino, ArmandoFavor

56 Soto González, Cecilia GuadalupeFavor

57 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorFavor

58 Valdes Ramírez, María ConcepciónFavor

59 Wences Real, VictorianoFavor

60 Zambrano Grijalva, José de JesúsFavor

Favor: 53

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 7

Total: 60

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

1 Álvarez Angli, ArturoFavor

2 Álvarez López, JorgeFavor

3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor

4 Arévalo González, José AntonioFavor

5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaFavor

6 Avendaño Bermúdez, Luis IgnacioAusente

7 Ávila Serna, MaríaFavor

8 Bernardino Vargas, Omar NoéAusente

9 Canales Suárez, PalomaFavor

10 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor

11 Celis Aguirre, Juan ManuelFavor

12 Corona Valdés, LorenaFavor

13 Couttolenc Buentello, José AlbertoFavor

14 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaFavor

15 De León Villard, Sasil Dora LuzFavor

16 De los Santos Torres, DanielaAusente

17 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésFavor

18 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor

19 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaFavor

20 Galindo Rosas, José de JesúsFavor

21 Gaxiola Lezama, JorginaFavor

22 González Torres, SofíaFavor

23 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor

24 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor

25 Herrera Borunda, Javier OctavioFavor

26 Izquierdo Rojas, Jesús GerardoFavor

27 Limón García, LiaAusente

28 Machuca Sánchez, MarioFavor

29 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor

30 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor

31 Ochoa Rojas, CándidoFavor

32 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor

33 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor

34 Sarur Torre, AdrianaFavor

35 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor

36 Sesma Suárez, JesúsFavor

37 Spinoso Carrera, EdgarFavor

38 Toledo Aceves, WendolinFavor

39 Torres Rivas, Francisco AlbertoFavor

40 Valera Fuentes, Diego ValenteAusente

41 Villanueva Huerta, ClaudiaFavor

42 Zamora Morlet, EnriqueFavor

Favor: 37

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 5

Total: 42

MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL

1 Abdala Dartigues, RodrigoContra

2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaContra

3 Alva y Alva, MiguelContra

4 Álvarez López, Jesús EmilianoContra

5 Barrientos Pantoja, AliciaContra

6 Basurto Román, AlfredoContra

7 Caballero Pedraza, Virgilio DanteContra

8 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroContra

9 Cárdenas Mariscal, María AntoniaContra

10 Castro Vázquez, RogerioContra

11 Chávez García, MaríaContra

12 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaContra

13 Damián González, AraceliContra

14 Esquivel Valdés, Laura BeatrizContra

15 Falcón Venegas, Sandra LuzContra

16 Fuentes Alonso, ModestaContra

17 García Jiménez, CuitláhuacContra

18 Godoy Ramos, ErnestinaContra

19 Guzmán Jacobo, RobertoContra

20 Gómez Álvarez, DelfinaContra

21 Hernández Colín, Norma XochitlContra

22 Hernández Correa, GuadalupeContra

23 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioContra

24 Juárez Rodríguez, Mario ArielContra

25 Llerenas Morales, VidalContra

26 López López, Irma RebecaContra

27 Molina Arias, Renato JosafatContra

28 Montiel Reyes, AriadnaAusente

29 Nahle García, Norma RocíoContra

30 Ramos Ramírez, BlandinaContra

31 Romero Tenorio, JuanContra

32 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelAusente

33 Serrano Lora, JesúsContra

34 Tello López, JorgeAusente

35 Trejo Flores, MarianaContra

36 Villa González, ConcepciónContra

Favor: 0

Contra: 33

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 3

Total: 36

MOVIMIENTO CIUDADANO

1 Álvarez Maynez, JorgeFavor

2 Castañeda Hoeflich, José ClementeAusente

3 Cervera García, RenéFavor

4 Corichi García, Claudia SofíaFavor

5 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor

6 Delgadillo García, VerónicaFavor

7 Espino Barrientos, Manuel de JesúsFavor

8 Flores Gómez, MirzaFavor

9 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor

10 Guerra Mota, MoisésFavor

11 Hauffen Torres, Angie DennisseAusente

12 Lomelí Bolaños, CarlosFavor

13 Martínez García, JonadabAusente

14 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor

15 Munguía González, Luis ErnestoFavor

16 Ochoa Avalos, María CandelariaFavor

17 Orantes López, María ElenaFavor

18 Pérez Utrera, AdánFavor

19 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor

20 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor

21 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor

22 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónAusente

23 Toledo Ibarra, MarbellaFavor

24 Zamora Zamora, SalvadorAusente

Favor: 19

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 5

Total: 24

PARTIDO NUEVA ALIANZA

1 Campa Amaral, Carmen VictoriaFavor

2 García Yáñez, ÁngelAusente

3 Gutiérrez García, CarlosFavor

4 Hernández León, Luis ManuelAusente

5 Lara Salazar, MarianoFavor

6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor

7 Pinto Torres, Francisco JavierFavor

8 Reyes Ávila, AngélicaFavor

9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor

10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor

11 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor

Favor: 9

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 2

Total: 11

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

1 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor

2 Flores Cervantes, Hugo EricFavor

3 García Soberanes, Cynthia GisselAusente

4 González Murillo, AlejandroFavor

5 Guízar Valladares, GonzaloFavor

6 Martínez Guzmán, Norma EdithFavor

7 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor

8 Pineda Morín, AbdiesFavor

9 Torres Sandoval, MelissaFavor

Favor: 8

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 1

Total: 9

DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Clouthier Carrillo, Manuel JesúsFavor

Favor: 1

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 0

Total: 1

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos (en lo general y en lo particular)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala Carmona, YahleelFavor

2 Abdala Saad, Antonio TarekFavor

3 Abramo Masso, YericoFavor

4 Aguilar Robles, DavidFavor

5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor

6 Aguirre Chávez, Marco PoloAusente

7 Aguirre Romero, AndrésFavor

8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor

9 Almanza Monroy, FidelFavor

10 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor

11 Alvarado Varela, Edith AnabelAusente

12 Álvarez Ortiz, Héctor JavierFavor

13 Amaro Cancino, AntonioFavor

14 Anaya Mota, Claudia EdithAusente

15 Anaya Orozco, AlfredoFavor

16 Antelo Esper, BernardinoFavor

17 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor

18 Arellano Núñez, EfraínFavor

19 Armenta Mier, AlejandroFavor

20 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor

21 Barragán Amador, CarlosFavor

22 Barrientos Cano, Laura MitziFavor

23 Basáñez García, PabloFavor

24 Bañales Arámbula, RamónFavor

25 Bedolla López, PabloFavor

26 Bejos Nicolás, AlfredoFavor

27 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor

28 Benítez Tiburcio, MarianaAusente

29 Bernal Casique, IvethFavor

30 Boone Godoy, Ana MaríaFavor

31 Borunda Espinoza, BrendaFavor

32 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor

33 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor

34 Cabrera Ruiz, José HugoAusente

35 Camacho Quiroz, César OctavioFavor

36 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor

37 Canales Najjar, Tristán ManuelFavor

38 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroFavor

39 Casillas Zanatta, GabrielFavor

40 Castillo Martínez, EdgarFavor

41 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor

42 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor

43 Ceja García, XitlalicAusente

44 Cervera Hernández, FelipeFavor

45 Chacón Morales, Samuel AlexisFavor

46 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor

47 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoFavor

48 Coheto Martínez, Vitalico CándidoFavor

49 Córdova Hernández, José del PilarFavor

50 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaAusente

51 Corella Platt, SusanaAusente

52 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor

53 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor

54 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor

55 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor

56 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor

57 Del Mazo Maza, AlfredoFavor

58 Díaz Montoya, RocíoFavor

59 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor

60 Domínguez Rex, RaúlFavor

61 Elizondo García, PabloFavor

62 Escobar Manjarrez, GermánFavor

63 Escobedo Villegas, FranciscoFavor

64 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor

65 Estefan Chidiac, Charbel JorgeFavor

66 Etcheverry Aranda, AzulAusente

67 Fernández Márquez, JulietaFavor

68 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor

69 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor

70 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor

71 Gamboa Miner, PabloFavor

72 García Ayala, Marco AntonioAusente

73 García Barrón, ÓscarFavor

74 García Carreón, TelésforoFavor

75 García Navarro, OtnielFavor

76 García Portilla, Ricardo DavidFavor

77 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelFavor

78 González Calderón, Martha HildaFavor

79 González Salas y Petricioli, María MarcelaFavor

80 González Salum, Miguel ÁngelFavor

81 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor

82 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor

83 Guerrero Coronado, DeliaFavor

84 Guerrero Esquivel, AraceliFavor

85 Guerrero García, JavierFavor

86 Guevara Cobos, Luis AlejandroFavor

87 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor

88 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor

89 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor

90 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor

91 Hermosillo Arteaga, Carlos GerardoAusente

92 Hernández Madrid, María GloriaFavor

93 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelFavor

94 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroFavor

95 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor

96 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor

97 Iriarte Mercado, CarlosAusente

98 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor

99 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueAusente

100 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelAusente

101 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor

102 Kuri Grajales, FidelFavor

103 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor

104 Le Baron González, AlexFavor

105 Leyva García, Leydi FabiolaFavor

106 López Gutiérrez, David EpifanioFavor

107 López Velasco, Edith YolandaFavor

108 Luna Canales, ArmandoAusente

109 Luna Munguía, Alma LiliaFavor

110 Madrigal Méndez, Liliana IvetteAusente

111 Majul González, SalomónFavor

112 Maya Pineda, María IsabelFavor

113 Mazari Espín, RosalinaFavor

114 Medrano Quezada, BenjamínFavor

115 Meléndez Ortega, Juan AntonioFavor

116 Melhem Salinas, EdgardoFavor

117 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor

118 Méndez Hernández, SandraFavor

119 Mercado Ruiz, DavidFavor

120 Millán Bueno, Rosa ElenaFavor

121 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor

122 Mólgora Glover, ArletFavor

123 Mondragón Orozco, María AngélicaAusente

124 Monroy del Mazo, CarolinaFavor

125 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor

126 Mota Hernández, AdolfoFavor

127 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor

128 Muñoz Parra, María VerónicaFavor

129 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor

130 Navarrete Pérez, FernandoFavor

131 Nazar Morales, JuliánFavor

132 Nazario Morales, MatíasFavor

133 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor

134 Orantes López, Hernán de JesúsFavor

135 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor

136 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor

137 Ortega Pacheco, Ivonne AracellyAusente

138 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor

139 Osorno Belmont, SusanaAusente

140 Oyervides Valdez, María GuadalupeFavor

141 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor

142 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor

143 Pinete Vargas, María del CarmenFavor

144 Plascencia Pacheco, Laura NereidaAusente

145 Plata Inzunza, EvelioFavor

146 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsAusente

147 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor

148 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor

149 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor

150 Ramírez Marín, Jorge CarlosFavor

151 Ramírez Nieto, RicardoFavor

152 Ramírez Ocampo, Gianni RaúlFavor

153 Real Salinas, Dora ElenaFavor

154 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor

155 Rentería Medina, Flor EstelaAusente

156 Rivera Carbajal, SilviaFavor

157 Rivera Sosa, José LorenzoFavor

158 Rocha Aguilar, YulmaFavor

159 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor

160 Rojas Orozco, EnriqueAusente

161 Rojas San Román, Francisco LauroFavor

162 Romero Vega, EsdrasFavor

163 Romo García, EdgarFavor

164 Rosales Reyes, Salomón FernandoAusente

165 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor

166 Sáenz Soto, José LuisFavor

167 Salazar Espinosa, HeidiFavor

168 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor

169 Salinas Lozano, CarmenFavor

170 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeAusente

171 Sánchez Coronel, CristinaFavor

172 Sánchez Isidoro, DavidFavor

173 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor

174 Sandoval Martínez, María SoledadFavor

175 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor

176 Sarabia Camacho, CarlosFavor

177 Saracho Navarro, FranciscoFavor

178 Scherman Leaño, María Esther de JesúsFavor

179 Serrano Hernández, MaricelaFavor

180 Silva Ramos, AlbertoFavor

181 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor

182 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor

183 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor

184 Taja Ramírez, RicardoFavor

185 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor

186 Tannos Cruz, YarithFavor

187 Terrazas Porras, AdrianaFavor

188 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor

189 Toledo Medina, José LuisFavor

190 Torres Cantú, DanielFavor

191 Torres Huitrón, José AlfredoFavor

192 Trujillo Zentella, GeorginaFavor

193 Uriarte Zazueta, FernandoFavor

194 Valencia García, ÓscarFavor

195 Vallejo Barragán, ManuelFavor

196 Vargas Rodríguez, Federico EugenioFavor

197 Vidal Aguilar, LiborioFavor

198 Viggiano Austria, Alma CarolinaFavor

199 Villa Ramírez, TimoteoFavor

200 Villa Trujillo, EdithAusente

201 Villagómez Guerrero, RamónFavor

202 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor

203 Vázquez Parissi, CiriloFavor

204 Vélez Núñez, BeatrizFavor

205 Yerena Zambrano, RafaelFavor

206 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor

207 Zepahua García, LillianFavor

208 Zúñiga Mendoza, J. JesúsAusente

Favor: 181

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 27

Total: 208

PARTIDO ACCION NACIONAL

1 Agundis Estrada, María VerónicaFavor

2 Alejo Domínguez, HugoFavor

3 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor

4 Alfaro García, Lorena del CarmenFavor

5 Amparano Gámez, LeticiaFavor

6 Antero Valle, Luis FernandoFavor

7 Arámbula Meléndez, MarianaFavor

8 Barraza López, José TeodoroFavor

9 Barrera Marmolejo, HéctorFavor

10 Bello Otero, CarlosFavor

11 Bermúdez Méndez, José ErandiAusente

12 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor

13 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierFavor

14 Bolio Pinelo, Kathia MaríaFavor

15 Cambranis Torres, EnriqueFavor

16 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarAusente

17 Castañón Herrera, EukidAusente

18 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor

19 Chavarrías Barajas, EloisaFavor

20 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor

21 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor

22 Corral Estrada, HerminioFavor

23 Corral Mier, JuanFavor

24 Cortés Berumen, José HernánFavor

25 Cortés Lugo, Román FranciscoAusente

26 Cortés Mendoza, Marko AntonioAusente

27 Cruz Blackledge, Gina AndreaFavor

28 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor

29 Culin Jaime, GretelFavor

30 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoFavor

31 Del Rivero Martínez, RicardoAusente

32 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor

33 Döring Casar, FedericoFavor

34 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor

35 Enríquez Vanderkam, Mayra AngélicaFavor

36 Flores Sosa, CésarFavor

37 Gama Basarte, Marco AntonioFavor

38 García Escobar, Lilia ArmindaFavor

39 García García, PatriciaFavor

40 García López, José MáximoFavor

41 García Pérez, MaríaFavor

42 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroFavor

43 Garza Treviño, PedroFavor

44 Gómez Olivier, Sergio EmilioAusente

45 González Ceceña, ExaltaciónFavor

46 González Navarro, José AdriánFavor

47 González Suástegui, GuadalupeFavor

48 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor

49 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséFavor

50 Hernández Ramos, MinervaAusente

51 Huepa Pérez, Miguel ÁngelAusente

52 Huerta Villegas, GenovevaFavor

53 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoFavor

54 Iñiguez Mejía, Elías OctavioFavor

55 Jiménez Márquez, Martha CristinaFavor

56 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor

57 López Córdova, José EverardoFavor

58 López Martín, JorgeFavor

59 López Rodríguez, Jesús AntonioFavor

60 Mandujano Tinajero, RenéFavor

61 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor

62 Marrón Agustín, Luis GilbertoAusente

63 Martínez Montemayor, BaltazarFavor

64 Martínez Santos, WenceslaoFavor

65 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor

66 Matesanz Santamaría, RocíoFavor

67 Mesta Soule, Luis FernandoFavor

68 Moya Marín, AngélicaFavor

69 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor

70 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor

71 Nava Mouett, JacquelineFavor

72 Neblina Vega, Javier AntonioFavor

73 Osuna Carranco, Karla KarinaFavor

74 Ovando Reazola, JanetteAusente

75 Padilla Avila, KarinaFavor

76 Paes Martínez, JiselaFavor

77 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor

78 Pérez Rodríguez, EnriqueAusente

79 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor

80 Ramírez Núñez, UlisesFavor

81 Ramírez Ramos, GabrielaFavor

82 Ramos Hernández, JorgeFavor

83 Rendón García, César AugustoFavor

84 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíFavor

85 Rivera Castillejos, Armando AlejandroFavor

86 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesFavor

87 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierFavor

88 Rodríguez Della Vecchia, MónicaFavor

89 Rodríguez Rubio, María del RosarioFavor

90 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor

91 Ruiz García, Juan CarlosFavor

92 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor

93 Salas Valencia, José AntonioAusente

94 Salim Alle, Miguel ÁngelAusente

95 Sánchez Carrillo, PatriciaFavor

96 Sánchez Juárez, ClaudiaFavor

97 Sánchez Meza, María LuisaFavor

98 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor

99 Sheffield Padilla, Francisco RicardoFavor

100 Taboada Cortina, SantiagoFavor

101 Talavera Hernández, María EloísaFavor

102 Tamariz García, XimenaFavor

103 Torreblanca Engell, SantiagoFavor

104 Triana Tena, JorgeFavor

105 Valenzuela Armas, RafaelFavor

106 Valles Olvera, Elva LidiaFavor

107 Vargas Bárcena, MarisolFavor

108 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor

109 Velázquez Valdez, BrendaFavor

Favor: 95

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 14

Total: 109

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

1 Acosta Naranjo, GuadalupeFavor

2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor

3 Amador Rodríguez, LeonardoFavor

4 Aragón Castillo, HortensiaFavor

5 Arguijo Herrera, Tania VictoriaFavor

6 Barón Ortiz, Natalia KarinaFavor

7 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelFavor

8 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor

9 Beltrán Reyes, María LuisaFavor

10 Bocanegra Ruiz, ElioFavor

11 Briones Pérez, Erika IrazemaAusente

12 Calderón Torreblanca, FidelFavor

13 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor

14 Castelán Mondragón, María ElidaFavor

15 Catalán Padilla, OlgaFavor

16 Contreras Julián, MaricelaFavor

17 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor

18 Estefan Garfias, José AntonioFavor

19 Fernández González, WaldoFavor

20 Ferrer Abalos, ÓscarFavor

21 Flores Sonduk, LluviaFavor

22 García Bravo, María Cristina TeresaFavor

23 García Calderón, David GersonFavor

24 García Chávez, Héctor JavierAusente

25 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor

26 Hernández Alcalá, José GuadalupeFavor

27 Hernández Mirón, CarlosFavor

28 Hernández Soriano, RafaelFavor

29 Hurtado Arana, KarenFavor

30 Jiménez Rumbo, DavidFavor

31 Juárez Blanquet, ErikFavor

32 López Sánchez, SergioFavor

33 Madrigal Sánchez, AraceliFavor

34 Maldonado Venegas, LuisFavor

35 Martínez Neri, FranciscoFavor

36 Martínez Soto, Norberto AntonioAusente

37 Martínez Urincho, AlbertoAusente

38 Meza Guzmán, Lucia VirginiaFavor

39 Nava Palacios, Francisco XavierFavor

40 Octaviano Félix, TomásFavor

41 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroFavor

42 Ordoñez Hernández, DanielFavor

43 Ortega Álvarez, OmarFavor

44 Parra Álvarez, EvelynFavor

45 Peralta Grappin, HéctorFavor

46 Pool Pech, Isaura IvanovaAbstención

47 Pérez Alvarado, CandelarioAusente

48 Ramírez Peralta, Karen OrneyAusente

49 Reyes Álvarez, FelipeFavor

50 Rubio Quiroz, Juan FernandoAusente

51 Saldaña Morán, JulioFavor

52 Santana Alfaro, ArturoFavor

53 Santiago López, JoséFavor

54 Saucedo Reyes, AraceliFavor

55 Soto Espino, ArmandoFavor

56 Soto González, Cecilia GuadalupeFavor

57 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorFavor

58 Valdes Ramírez, María ConcepciónFavor

59 Wences Real, VictorianoFavor

60 Zambrano Grijalva, José de JesúsFavor

Favor: 52

Contra: 0

Abstención: 1

Quorum: 0

Ausentes: 7

Total: 60

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

1 Álvarez Angli, ArturoFavor

2 Álvarez López, JorgeFavor

3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor

4 Arévalo González, José AntonioFavor

5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaFavor

6 Avendaño Bermúdez, Luis IgnacioAusente

7 Ávila Serna, MaríaFavor

8 Bernardino Vargas, Omar NoéAusente

9 Canales Suárez, PalomaFavor

10 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor

11 Celis Aguirre, Juan ManuelFavor

12 Corona Valdés, LorenaFavor

13 Couttolenc Buentello, José AlbertoFavor

14 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaFavor

15 De León Villard, Sasil Dora LuzFavor

16 De los Santos Torres, DanielaAusente

17 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésFavor

18 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor

19 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaFavor

20 Galindo Rosas, José de JesúsFavor

21 Gaxiola Lezama, JorginaFavor

22 González Torres, SofíaFavor

23 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor

24 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor

25 Herrera Borunda, Javier OctavioFavor

26 Izquierdo Rojas, Jesús GerardoFavor

27 Limón García, LiaFavor

28 Machuca Sánchez, MarioFavor

29 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor

30 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor

31 Ochoa Rojas, CándidoFavor

32 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor

33 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor

34 Sarur Torre, AdrianaFavor

35 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor

36 Sesma Suárez, JesúsAusente

37 Spinoso Carrera, EdgarAusente

38 Toledo Aceves, WendolinFavor

39 Torres Rivas, Francisco AlbertoFavor

40 Valera Fuentes, Diego ValenteAusente

41 Villanueva Huerta, ClaudiaFavor

42 Zamora Morlet, EnriqueFavor

Favor: 36

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 6

Total: 42

MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL

1 Abdala Dartigues, RodrigoFavor

2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor

3 Alva y Alva, MiguelFavor

4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor

5 Barrientos Pantoja, AliciaFavor

6 Basurto Román, AlfredoFavor

7 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor

8 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroFavor

9 Cárdenas Mariscal, María AntoniaFavor

10 Castro Vázquez, RogerioFavor

11 Chávez García, MaríaFavor

12 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaFavor

13 Damián González, AraceliFavor

14 Esquivel Valdés, Laura BeatrizFavor

15 Falcón Venegas, Sandra LuzFavor

16 Fuentes Alonso, ModestaFavor

17 García Jiménez, CuitláhuacFavor

18 Godoy Ramos, ErnestinaFavor

19 Guzmán Jacobo, RobertoFavor

20 Gómez Álvarez, DelfinaFavor

21 Hernández Colín, Norma XochitlFavor

22 Hernández Correa, GuadalupeFavor

23 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioFavor

24 Juárez Rodríguez, Mario ArielFavor

25 Llerenas Morales, VidalFavor

26 López López, Irma RebecaFavor

27 Molina Arias, Renato JosafatFavor

28 Montiel Reyes, AriadnaAusente

29 Nahle García, Norma RocíoFavor

30 Ramos Ramírez, BlandinaFavor

31 Romero Tenorio, JuanFavor

32 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelAusente

33 Serrano Lora, JesúsFavor

34 Tello López, JorgeFavor

35 Trejo Flores, MarianaFavor

36 Villa González, ConcepciónFavor

Favor: 34

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 2

Total: 36

MOVIMIENTO CIUDADANO

1 Álvarez Maynez, JorgeFavor

2 Castañeda Hoeflich, José ClementeAusente

3 Cervera García, RenéFavor

4 Corichi García, Claudia SofíaFavor

5 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor

6 Delgadillo García, VerónicaFavor

7 Espino Barrientos, Manuel de JesúsFavor

8 Flores Gómez, MirzaFavor

9 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor

10 Guerra Mota, MoisésFavor

11 Hauffen Torres, Angie DennisseAusente

12 Lomelí Bolaños, CarlosFavor

13 Martínez García, JonadabFavor

14 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor

15 Munguía González, Luis ErnestoFavor

16 Ochoa Avalos, María CandelariaFavor

17 Orantes López, María ElenaFavor

18 Pérez Utrera, AdánFavor

19 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor

20 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor

21 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor

22 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor

23 Toledo Ibarra, MarbellaFavor

24 Zamora Zamora, SalvadorFavor

Favor: 22

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 2

Total: 24

PARTIDO NUEVA ALIANZA

1 Campa Amaral, Carmen VictoriaFavor

2 García Yáñez, ÁngelAusente

3 Gutiérrez García, CarlosFavor

4 Hernández León, Luis ManuelAusente

5 Lara Salazar, MarianoFavor

6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor

7 Pinto Torres, Francisco JavierFavor

8 Reyes Ávila, AngélicaFavor

9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor

10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor

11 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor

Favor: 9

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 2

Total: 11

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

1 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor

2 Flores Cervantes, Hugo EricFavor

3 García Soberanes, Cynthia GisselAusente

4 González Murillo, AlejandroFavor

5 Guízar Valladares, GonzaloFavor

6 Martínez Guzmán, Norma EdithFavor

7 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor

8 Pineda Morín, AbdiesFavor

9 Torres Sandoval, MelissaFavor

Favor: 8

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 1

Total: 9

DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Clouthier Carrillo, Manuel JesúsFavor

Favor: 1

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 0

Total: 1