Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXIII Legislatura
Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar
Director del
Diario de los Debates
Luis Alfredo Mora Villagómez
Año II
México, DF, martes 6 de septiembre de 2016
Sesión No. 3

SUMARIO


COMUNICACIONES

De la Mesa Directiva, por el que comunica el retiro de iniciativas y proposiciones. Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios

De la Mesa Directiva por el que, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que realizó modificación de turno de las iniciativas:

– Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, el 21 de abril de 2016. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Desarrollo Social, para opinión

– Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 12 de abril de 2016. Se remitió a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático, para dictamen

– Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicaciones y de la Ley de Aeropuertos, presentada por el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 26 de abril de 2016. Se turnó a la Comisión de Transportes, para dictamen

– Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y los artículos 22 y 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, y la fracción III del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 11 de mayo de 2016. Se turnó a la Comisión de Economía, para dictamen, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión

– Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, presentada por el diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 29 de junio de 2016. Se remitió a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen

– Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 3 de octubre como Día Nacional del Emprendedor, presentada por los diputados Raúl Domínguez Rex y Alejandro Juraidini Villaseñor, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 29 de junio de 2016. Se turnó a la Comisión de Gobernación, para dictamen

– Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22 y 73 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, y la fracción II del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el diputado Francisco Escobedo Villegas y suscrita por la diputada Yarith Tannos Cruz, de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 27 de julio de 2016. Se turnó a la Comisión de Economía, para dictamen, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión

– Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por los diputados Jorge López Martín y Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtaza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 20 de julio de 2016. Se remitió a la Comisión de Transportes, para dictamen

Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el párrafo segundo de la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por el diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 20 de julio de 2016. Se turnó a la Comisión de Transportes, para dictamen

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, presentada por la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 17 de agosto de 2016. Se remitió a la Comisión de Salud, para dictamen

Se modifican los turnos, actualícense los registros parlamentarios

De la Mesa Directiva por el que comunica el turno de minutas con proyecto de decreto remitidas a comisiones durante el segundo receso del primer año de ejercicio:

– Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la cual se turnó el 3 de mayo del año en curso a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen

– Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana, la cual se remitió el 23 de junio del año en curso a la Comisión de Economía, para dictamen

– Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21, y reforman los artículos 73, fracción XXIII; 76, fracción II; 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Pública, la cual se turnó el 23 de junio del año en curso a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, para dictamen

Actualícense los registros parlamentarios

VOLUMEN II

De la Junta de Coordinación Política, por los que comunica cambios de integrantes y de juntas directivas de diversas comisiones ordinarias, especiales, comités, grupos de amistad y organismos internacionales, que se recibieron durante el segundo receso del primer año de ejercicio. De enterado, actualícense los registros parlamentarios

De la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias. Aprobadas, comuníquese

De la Junta de Coordinación Política, en relación al cambio de la Presidencia de la Comisión para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del GEIEI, designado por la CIDH, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, en tanto se rinde el informe de la comisión, se designa como Presidenta en funciones a la diputada Karina Padilla Ávila. Aprobada, comuníquese

De la Comisión Permanente, por el que comunica:

– La reincorporación de nueve diputadas y diputados a sus actividades legislativas. De enterado

– El acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para que, informen a esta soberanía sobre las medidas que han implementado para garantizar la seguridad social de sus trabajadores. Se remite a la Mesa Directiva, para su atención

– El acuerdo por el que invita al Colegio Nacional del Notariado Mexicano y al propio Congreso de la Unión, a que lleven a cabo la instalación de un módulo de atención en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y en el Senado de la República durante el mes de septiembre, con motivo de la campaña Septiembre Mes del Testamento. Se turna a la Mesa Directiva, para su atención

– El informe de Actividades de la Comisión de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca el 19 de junio de 2016, y el documento suscrito por el diputado Omar Ortega Álvarez que contiene apreciaciones y observaciones a dicho informe. De enterado

– El decreto por el que comunica que concedió licencia a la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés. De enterado

De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el que remite el primer informe semestral 2016 sobre acciones relevantes. Se remite a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes, para su conocimiento

De la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que remite el informe final de las evaluaciones en Materia de Diseño de los Programas Presupuestarios del Ramo 05 “Relaciones Exteriores”. Se turna a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Relaciones Exteriores, para su conocimiento

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite el informe de los empréstitos y obligaciones inscritos en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas, Municipios y sus organismos, correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2016. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite el primer informe 2016 del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que contiene el desglose de las operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes propiedad del Gobierno Federal. Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento

De la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con el que remite el informe de resultados de la Auditoría Externa a la Matrícula del primer informe semestral 2016. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento

De la Cámara de Senadores, por el que comunica:

– La elección de su Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura; y la instalación para su primer periodo de sesiones ordinarias. De enterado

– El acuerdo por el que exhorta a los tres órganos de gobierno, para que conforme a lo dispuesto en el marco jurídico nacional, y de acuerdo a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, se implementen políticas públicas tendientes a eliminar todas las formas de violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres; tomando en cuenta los objetivos para el desarrollo sostenible de la agenda de la Organización de las Naciones Unidas para el 2030”. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento

– La proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, asigne recursos con un enfoque de transversalidad a favor de los adultos mayores. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención

– Por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. De enterado, se da por concluido el proceso legislativo

– Por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 74 de la Ley de Aeropuertos. De enterado, se da por concluido el proceso legislativo

– Por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona el artículo 32 bis y reforma el artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. De enterado, se da por concluido el proceso legislativo

– Por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo sexto al artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. De enterado, se da por concluido el proceso legislativo

– Por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 11, 21, 23, 27, 33, 48, 57, 67, 68 y 81 de la Ley de Aeropuertos. De enterado, se da por concluido el proceso legislativo

– Por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 44 y reforma la fracción VI del inciso a), del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. De enterado, se da por concluido el proceso legislativo

TOMA DE PROTESTA

La ciudadana Diana Marcela Márquez Canales, rinde la protesta de ley

MINUTAS

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE

De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 46 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Se remite a la Comisión de Pesca, para dictamen

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 24 Ter de la Ley General de Educación. Se turna a Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen

LEY DE VIVIENDA

De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda. Se remite a la Comisión de Vivienda, para dictamen

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 71 y se adiciona una fracción XIII Bis al artículo 7o. de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen

LEY GENERAL DE SALUD

De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en Materia de Reproducción Asistida. Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen

INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

Del Congreso del estado de Baja California, se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 8, 26, 27 y 116 de la Ley General de Víctimas. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Del Congreso del estado de Colima, se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Del Congreso del estado de Jalisco, se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Del Congreso del estado de Jalisco, se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Del Congreso del estado de Jalisco, se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Del Congreso del estado de Jalisco, se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Del Congreso del estado de Jalisco, se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6o., 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Del Congreso del estado de Jalisco, se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 108, 110, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY GENERAL DE SALUD

Del Congreso del estado de Jalisco, se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 225 de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La diputada Nora Liliana Oropeza Olguin, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La diputada Nora Liliana Oropeza Olguin, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 344 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen

DECLARA A LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO LA “SEMANA NACIONAL DE LA CULTURA FÍSICA Y ELDEPORTE”

La diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara a la primera semana del mes de octubre de cada año, como la “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”. Se remite a la Comisión de Gobernación, para dictamen

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

La diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen

Desde la curul, el diputado Cesar Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicita a la Presidencia un minuto de aplausos por el sensible fallecimiento del ciudadano Alberto Aguilera Valadez

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

El diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, a nombre propio y de diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen

MINUTO DE SILENCIO

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presidente de la Mesa Directiva, concede un minuto de aplausos en memoria del compositor Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada Araceli Damián González, a nombre propio y de diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 93, 130, 132 y 132 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

VOLUMEN III

LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL

El diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 3o. de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. Se remite a la Comisión de Competitividad, para dictamen

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos, a nombre propio y del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se turna a la Comisión de Competitividad, para dictamen

LEY GENERAL DE SALUD

El diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil y el artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY GENERAL DE SALUD

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, a nombre propio y de diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 328 y 329 Bis 1 de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, a nombre propio y de diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 74 y 137 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para dictamen

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

De la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a la diputada María Concepción Valdés Ramírez, como presidenta del Comité de Administración de la Cámara de Diputados, para el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura

De la Junta de Coordinación Política, por el que se designa al diputado Ángel II Alanís Pedraza, como presidente del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, para el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura

Aprobados, comuníquese

De la Junta de Coordinación Política, por el que informa la modificación de legisladores del Grupo Parlamentario del PAN, como consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. De enterado, comuníquese

De la Junta de Coordinación Política, referente al análisis del 4to. Informe de Gobierno del Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado, comuníquese

COMUNICACIONES OFICIALES

De la Secretaría de Gobernación, se recibieron tres oficios con los que remite el 4to. informe de labores de la Secretaría de Gobernación; de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y de la Secretaría de Turismo. De enterado, distribúyase entre las diputadas y los diputados; y remítase a las comisiones correspondientes

ANÁLISIS CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME DE GOBIERNO EN MATERIA DE POLÍTICA INTERIOR

Para referirse al tema, hace uso de la voz:

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, Independiente

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del PES

El diputado Carlos Gutiérrez García, de NA

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de MC

La diputada Delfina Gómez Álvarez, de Morena

El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, del PVEM

El diputado Erik Juárez Blanquet, del PRD

El diputado Marco Antonio Gama Basarte, del PAN

La diputada Mercedes Del Carmen Guillén Vicente, del PRI

En la segunda ronda, hace uso de la palabra:

La diputada Melissa Torres Sandoval, del PES

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral, de NA

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de MC

La diputada Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena

La diputada Lia Limón García, del PVEM

El diputado Rafael Hernández Soriano, del PRD

La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del PAN

El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del PRI

De conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remítase la versión estenográfica de esta sesión al Presidente de la República, para su conocimiento

PROPOSICIONES CALIFICADAS POR EL PLENO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

MODIFIQUE EL MODELO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS Y SE CONSIDERE LA CREACIÓN DE UNA BOLSA MEXICANA AGROALIMENTARIA

El diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa para que, a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, se modifique el modelo para la comercialización de granos y se considere la creación de una bolsa mexicana agroalimentaria. Se considera de urgente resolución

Desde la curul, la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del PRD, presenta una propuesta de modificación. Aprobada y se incorpora al acuerdo

Aprobado, comuníquese

PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la proposición con punto de acuerdo relativo a la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se considera de urgente resolución. Aprobado, comuníquese

ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

De la Mesa Directiva, por el que se establecen los días que deberán considerarse inhábiles durante el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados. De enterado, publíquese en la Gaceta Parlamentaria

De la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de emergencia por los daños provocados por las lluvias atípicas e impredecibles que se presentaron el 2 de septiembre de 2016, en el municipio de Uruapan del estado de Michoacán. Aprobado, comuníquese

De la Junta de Coordinación Política, por la que se suma a la propuesta de conmemorar el “Día Mundial Sin Automóvil” a celebrarse el día 22 de septiembre del presente año. Aprobado, comuníquese

De la Junta de Coordinación Política, por la que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores remita al Congreso de la Unión un informe pormenorizado de los antecedentes, las condiciones, el desarrollo y los resultados de la visita del candidato republicano a la Presidencia de los Estados Unidos de América, Donald Trump, a la Residencia Oficial de Los Pinos. Aprobado, comuníquese

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El presidente Edmundo Javier Bolaños Aguilar informa que, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria

EFEMÉRIDE

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL

Del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se recibió efeméride con motivo del 4 de septiembre, Día Mundial de la Salud Sexual

APÉNDICE

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 6 de septiembre de 2016, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados



Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

ASISTENCIA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 263 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar(a las 11:25 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 6 de septiembre de 2016.

Lectura del acta de la sesión preparatoria

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

Por el que comunica el retiro de iniciativas y proposiciones.

Por el que comunica modificaciones de turno de iniciativas.

Por el que comunica el turno de minutas con proyecto de decreto remitidas a comisiones durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio.

De la Junta de Coordinación Política

Por el que comunica los cambios de integrantes y de juntas directivas de diversas comisiones ordinarias, especiales, comités, grupos de amistad y organismos internacionales en comisiones, que se realizaron durante el segundo receso del primer año de ejercicio.

En relación a cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias y especial.

De la Comisión Permanente

Por el que informa la reincorporación de nueve diputados a sus actividades legislativas.

Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados para que informe sobre las medidas que ha implementado para garantizar la seguridad social de sus trabajadores.

Acuerdo por el que se invita al Colegio Nacional del Notariado Mexicano y al propio Congreso de la Unión, a que lleven a cabo la instalación de un módulo de atención en el Palacio Legislativo de San Lázaro durante el mes de septiembre, con motivo de la campaña Septiembre Mes del Testamento.

Informe de Actividades de la Comisión de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca el 19 de junio de 2016, y un documento suscrito por el diputado Omar Ortega Álvarez que contiene apreciaciones y observaciones a dicho informe.

De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Con el que remite el primer informe semestral 2016 sobre acciones relevantes.

De la Secretaría de Relaciones Exteriores

Con el que remite el informe final de las evaluaciones en materia de diseño de los programas presupuestarios del Ramo 05 “Relaciones Exteriores”.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite el informe de los empréstitos y obligaciones inscritos en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades federativas, municipios y sus organismos, correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2016.

Con el que remite el primer informe semestral 2016 del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que contiene el desglose de las operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes propiedad del Gobierno Federal.

De la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Con el que remite el informe de resultados de la auditoría externa a la matricula del primer informe semestral 2016.

De la Cámara de Senadores

Por el que comunica la elección de su Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio de la LXIII y la instalación para su primer periodo de sesiones ordinarias.

Con el que remite acuerdo por el que exhorta a los tres órganos de gobierno, para que conforme a lo dispuesto en el marco jurídico nacional, y de acuerdo a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, se implementen políticas públicas tendientes a eliminar todas las formas de violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres; tomando en cuenta los objetivos para el desarrollo sostenible de la agenda de la Organización de las Naciones Unidas para el 2030.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, asigne recursos con un enfoque de transversalidad a favor de los adultos mayores, presentada por la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Por el que comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Por el que comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 74 de la Ley de Aeropuertos.

Por el que comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona el artículo 32 bis y reforma el artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Por el que comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo sexto al artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Por el que comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 11, 21, 23, 27, 33, 48, 57, 67, 68 y 81 de la Ley de Aeropuertos.

Por el que comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 44 y reforma la fracción VI del inciso a) del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Protesta de ciudadana diputada

De la diputada Diana Marcela Márquez Canales.

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 46 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 24 Ter a la Ley General de Educación.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 71 y se adiciona una fracción XIII Bis al artículo 7o. de la Ley General de Educación.

Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Reproducción Asistida.

Iniciativa del Congreso del estado de Baja California

Con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 8, 26, 27 y 116 de la Ley General de Víctimas.

Iniciativa del Congreso del estado de Colima

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciativas del Congreso del estado de Jalisco

Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Referente al análisis del 4to. Informe de Gobierno del Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciativas

Que reforma los artículos 2o. y 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Por el que se declara a la primera semana del mes de octubre de cada año, como la “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”, a cargo de la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos, suscrita por los diputados Francisco Martínez Neri y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, suscrita por el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 74 y 137 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona una fracción XV al artículo 3o. de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 29 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 328 y 329 Bis 1 de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Ángel García Yanéz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Norma Edith Martínez Guzmán del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social y diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguin, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 54, 90, 93 y 155 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2o.. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldivar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 344 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Nora Lilia Oropeza Olguin, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 112 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Que reforma y adiciona los artículos 17 y 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 93, 130, 132 y 132 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Nora Lilia Oropeza Olguin, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 27 de la Ley General de Desarrollo Social y 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Elena Ornates López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Nora Lilia Oropeza Olguin, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 27 y 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 19 de la Ley General de Protección Civil y 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General para el Aprovechamiento Integral de Alimentos y su Donación Altruista, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 110 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley General de Salud y 7o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 56, 57, 58 y 59 de la Ley General de Educación y 21 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo Quinto de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 107 y 108 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 61-Bis y 66-Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 270 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México, a cargo del diputado Víctor Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 6, 20 y 29 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Análisis correspondiente al 4to. Informe de Gobierno en materia de Política Interior

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa para que, a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), se modifique el modelo para la comercialización de granos y se considere la creación de una bolsa mexicana agroalimentaria, a cargo del diputado German Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proposiciones

Con punto de acuerdo relativo a las tarifas eléctricas que actualmente se cobran en los municipios de Camargo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán y Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, a cargo de la diputada Yahlel Abdalá Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, para que a través de la Conanp, lleven a cabo los análisis y trámites correspondientes con el fin de decretar al polígono del Cañón del Arce en Ensenada, Baja California, como “Área de Protección de Recursos Naturales”, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a reconocer la competencia del Comité contra la desaparición forzada, de acuerdo a los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada por la ONU, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sectur, para impulsar al sector turístico en el municipio de Huixtla, Chiapas, principalmente en la difusión y promoción de la Piedra de Huixtla, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México..

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio de la SE, para que modifique la NOM-194-SCFI-2015, “Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad”, a cargo del diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, para implementar acciones necesarias para solucionar el problema de inseguridad que se presenta en la Colonia las Juntas en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, debido a las obras inconclusas sobre las vías del tren, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que por conducto del Conadis, instale su Asamblea Consultiva, conforme al artículo 53 y sexto transitorio de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud,a fomentar campañas de difusión para la prevención de accidentes isquémicos transitorios (AIT), a cargo del diputado Cirilo Vázquez Parissi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes del Sistema Nacional de Salud, para que, diseñen, implementen y refuercen los programas para la prevención y atención de los diversos trastornos de la conducta alimentaria, a cargo de la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sedatu, así como el Registro Agrario Nacional, difundan la justificación de la licitud de la adjudicación de hectáreas cedidas en donación a título gratuito a un particular, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo General del INE, para que a través de la Unidad Técnica de Fiscalización en coordinación con la CNBV, la PGR, la ASF y la CNDH, realicen una investigación respecto del consentimiento de la dirigencia del Partido Social Demócrata de Morelos del pago al ahora edil de Cuernavaca, Morelos, para participar en la contienda electoral 2015, por medio de un contrato entre particulares, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que difunda un informe sobre los recursos humanos y financieros empleados por la visita del Candidato Donald Trump el pasado 31 de agosto, así como los resultados de dicha reunión, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Segob, y a la PGR, para que en colaboración con las autoridades estatales, investiguen y sancionen el delito de desaparición forzada de personas, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo relativo a la reinstalación de los Centros de Atención a Solicitantes de los Estados Unidos de América, en el municipio de Piedras Negras, estado de Coahuila de Zaragoza, así como en el municipio de Reynosa, estado de Tamaulipas, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Sagarpa, para que a través del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado, implemente medidas necesarias e inmediatas en coordinación con la PGR, para que realicen las investigaciones sobre las denuncias del delito de abigeato, a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedatu, al Gobierno del estado de Quintana Roo y al Gobierno municipal de Benito Juárez, a que concluyan el proceso de regularización de lotes en las colonias de más alta marginalidad en el citado municipio, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se acuerda realizar una sesión solemne en reconocimiento de la Facultad de Química de la UNAM, por sus 100 años de actividades académicas, de investigación y de contribución al desarrollo científico e industrial del país, a cargo de la diputada Patricia Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Conagua, haga pública la información sobre las condiciones y avances del proyecto de la Presa-Acueducto Zapotillo y vigile el plan de rescate financiero de la Empresa “Abengoa” a la que se le concesionó dicho proyecto para el cumplimiento de sus obligaciones, a cargo del diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y al Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la incorporación del municipio de Múgica, Michoacán, en las demarcaciones que participarán del subsidio para la seguridad en los municipios de 2017, a cargo de la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a la decisión de Liconsa de comprar leche en polvo en el extranjero en 2016, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a las Comisiones de Deporte y de Juventud organicen un reconocimiento público a los deportistas mexicanos con Síndrome de Down que participaron en los Primeros Juegos de la Trisomía celebrados en Florencia, Italia, durante el mes de julio, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a los linderos de las propiedades del Centro Ecológico de Akumal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a los riesgos ambientales y a la salud, derivados de la disposición de residuos del Centro Médico “Jesús Gilberto Gómez Maza”, y de la operación del relleno sanitario concesionado a la empresa Proactiva en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, suscrito por los diputados Araceli Damián González y Guillermo Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo al diseño e implementación de mecanismos y estrategias que procuren, el restablecimiento del orden y se prevenga la comisión de delitos en las vías férreas del país, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex, a la Sedena, a la Semar, a la PGR y a la PF, para que de forma conjunta refuercen las acciones de seguridad, supervisión, control y vigilancia internas para evitar la instalación de tomas clandestinas en el país, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Segob y de la SCT, trabajen de manera conjunta y diseñen e implementen mecanismos y estrategias coordinadas para la prevención de la obstrucción en las vías generales de comunicación, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaria de Salud y al Consejo de Salubridad General, para que se modifique el segundo párrafo del artículo 95 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de protección social en salud, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH, para que difunda la recomendación procedente relativa a la queja CNDH/1/2013/3676/Q, donde se acreditó la tortura en contra del señor David Vargas Araujo, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo al informe de la CIDH denominado Situación de Derechos Humanos en México, publicado el pasado 2 de marzo de 2015, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a lo suscitado en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León y otros penales, a cargo de la diputada Ma. Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial que dé seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca el 19 de junio de 2016, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos, para que difunda la información sobre los adeudos de ejercicios fiscales anteriores en términos de los compromisos de gasto para 2015 y su impacto sobre el desempeño de empresa productiva del Estado, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a la investigación que se sigue con la empresa Oceanografía SA de CV y sus accionistas, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo al desvío de recursos de programas sociales de Sedesol para apoyar las campañas electorales del PRI en el estado de Veracruz, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado, para que analice la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal, al invitar a Donald Trump, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a declarar persona non grata al empresario Donald Trump, a cargo de la diputada Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de un grupo de trabajo de seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán. Oaxaca, el pasado 19 de julio de 2016, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Efeméride

Con motivo del 4 de septiembre, Día Mundial de la Salud Sexual, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»



ACTA DE LA SESIÓN PREPARATORIA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión preparatoria. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión preparatoria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la Sesión Preparatoria celebrada el miércoles treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, con la asistencia de cuatrocientos seis diputadas y diputados, a las diecinueve horas con diez minutos del miércoles treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

Se da lectura al Orden del Día.

Se da cuenta con oficios de la Comisión Permanente, por los que comunica que se concedieron licencias a los diputados: Jorge Alejandro Carvallo Delfín, del Partido Revolucionario Institucional; Soralla Bañuelos de la Torre, y José Bernardo Quezada Salas, ambos de Nueva Alianza. De enterado.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentran a las puertas del Salón de Sesiones los ciudadanos Mirna Isabel Saldívar Paz, y Luis Manuel Hernández de León, diputados federales electos en la Segunda y Cuarta Circunscripción Plurinominal, respectivamente. El Presidente designa una comisión que los acompañen en su ingreso al Salón, acto seguido rinden protesta de Ley y entran en funciones.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los resolutivos del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone la integración de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados, aprobado por dicho órgano con la abstención del Grupo Parlamentario de Morena.

Acto seguido se procede a la elección de la Mesa Directiva que funcionará durante el Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. Por mayoría calificada de trescientos setenta y seis votos a favor, y treinta y un abstenciones, resultan electos los diputados: Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Partido Acción Nacional, como Presidente; María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Partido Acción Nacional; Gloria Himelda Félix Niebla, del Partido Revolucionario Institucional; Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática; y Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Partido Verde Ecologista de México, como Vicepresidentes; Raúl Domínguez Rex, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional; Isaura Ivanova Pool Pech, del Partido de la Revolución Democrática; Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del Partido Verde Ecologista de México; Ernestina Godoy Ramos, de Morena; Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano; María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza, y Guadalupe Perea Santos, del Partido de Encuentro Social, como Secretarios.

El Presidente dirige un mensaje a la Asamblea e invita a las diputadas y los diputados electos a ocupar su lugar en el presídium.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

Puestos todos de pie, el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar rinde protesta como Presidente de la Cámara de Diputados para el Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Acto seguido, el Presidente toma la protesta de ley a las diputadas y diputados electos como Vicepresidentes y Secretarios de la Mesa Directiva.

Posteriormente, puestos todos de pie, el Presidente declara:

“La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, se declara legalmente instalada para funcionar durante el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura”.

La Asamblea entona el Himno Nacional Mexicano.

La Presidencia instruye comunicar por escrito la instalación de la Cámara de Diputados y la integración de la Mesa Directiva, al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Congresos de los Estados, y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El Presidente levanta la sesión preparatoria a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos y cita para el día de mañana jueves primero de septiembre de dos mil dieciséis, a las diecisiete horas, a Sesión de Congreso General.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.



COMUNICACIONES

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva comunica que, durante el segundo receso del primer año de ejercicio, se recibieron solicitudes de ciudadanos diputados para retirar sus iniciativas y proposiciones, de conformidad con los artículos 77 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que fueron concedidas y publicadas en la Gaceta Parlamentaria:

1. De la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que solicita que su iniciativa que reforma los artículos 4 y 36 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el 1 de marzo de 2016, sea retirada de las Comisiones de Derechos de la Niñez, y de Igualdad de Género.

2. De la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita que su iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, presentada el 15 de diciembre de 2015, sea retirada de las Comisiones de Desarrollo Rural, y de Transparencia y Anticorrupción.

3. Del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Guerrero, para que implemente acciones y políticas públicas enfocadas a la debida atención de los sectores de la población que han sido desplazados de sus comunidades al interior de su Estado, presentada el 25 de febrero de 2016, sea retirada de la Comisión de Derechos Humanos.

4. De la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a fin de incentivar la contratación de investigadores y ex becarios por parte de la iniciativa privada, presentada el 19 de abril de 2016, sea retirada de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

5. De la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita que su proposición con punto de acuerdo para exhorta a los gobiernos de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí, a transparentar los recursos otorgados mediante el Fondo Regional (Fonregión), así como el proceso de su ejecución o aplicación, presentada el 7 de abril de 2016, sea retirada de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

6. Del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se establezcan mecanismos que den solución al bajo precio de la tonelada de trigo y se implemente un plan para su desarrollo y producción en Baja California, presentada el 26 de abril de 2016, sea retirada de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

7. Del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita que la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se establezcan mecanismos que den solución al bajo precio de la tonelada de algodón, presentada el 26 de abril de 2016, sea retirada de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

8. Del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 22 de septiembre de 2015, sea retirada de la Comisión de Justicia.

9. Del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa que reforma el artículo 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentada el 19 de octubre de 2 15, sea retirada de la Comisión de Justicia.

10. Del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita que su iniciativa que reforma el artículo 4-Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, presentada el 10 de noviembre de 2015, sea retirada de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

11. Del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa que reforma y adiciona diversa disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores presentada el 11 de noviembre de 2015, sea retirada de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

12. Del diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el que solicita que su iniciativa por el que se reforman los artículos 16 y 17 de la Ley General de Turismo, presentada el 16 de marzo de 2016, sea retirada de la Comisión de Turismo.

13. Del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su Iniciativa se reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada el 30 de marzo de 2016, sea retirada de la Comisión de Desarrollo Social.

14. De la diputada Maricela Contreras Julián e Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita que su proposición c n punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se inicie juicio de lasividad contra la manifestación de impacto ambiental en su modalidad particular (MIA-P) para evaluar el proyecto “Malecón Cancún Tajamar”, presentada el 9 de febrero de 2016, sea retirada de la Comisión de Medio Ambiente Recursos Naturales.

15. De la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución de Democrática, por el que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos locales de las entidades federativas y de la Ciudad de México, para que armonicen su legislación a efecto de prohibir el castigo corporal denominado “Derecho a corregir”, presentada el 23 de febrero de 2016 sea retirada de la Comisión de Derechos de la Niñez.

16. De la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita que su proposición con punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que genere una variable que aporte datos a nivel nacional y estatal sobre la desaparición de niñas, niños y adolescentes y de los feminicidios en el país, a fin de diseñar política que atiendan dicha problemática, presentada el 15 de marzo de 2016, sea retirada de la Comisión de Gobernación.

17. De la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla, para que implemente acciones para la prevención y sanción de los feminicidios cometidos en esa entidad, presentada el 15 de marzo de 2016, sea retirada de la Comisión de Igualdad de Género.

18. De la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, para que en sus proyectos de obra pública contemplen la creación de espacios públicos para animales de compañía, presentada el 17 de marzo de 2016, sea retirada de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

19. De la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República, para que dictamine el proyecto de decreto que reforma los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo y décimo primero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, presentada el 17 de marzo de 2016, sea retirada de la Comisión de Puntos Constitucionales.

20. De la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud, para que realicen una evaluación sobre el cumplimiento del acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesadas en las escuelas del sistema educativo nacional, presentada el 29 de marzo de 2016, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

21. De la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que realice las acciones necesarias a efecto de generar datos actualizados y desagregados sobre el Trabajo Infantil en México, presentada el 29 de marzo de 2016, sea retirada de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

22. De la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas, para que garanticen y respeten la labor de las personas defensoras de derechos humanos, presentada el 31 de marzo de 2016, sea retirada de la Comisión de Derechos Humanos.

23. De la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a elaborar un diagnóstico respecto al uso actual de la medicina tradicional en nuestro país, presentada el 12 de abril de 2016, s a retirada de la Comisión de Salud.

24. Del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que solicita que su iniciativa que se reforma el artículo 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, presentada el 29 de marzo de 2016, sea retirada de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

25. Del diputado Felipe Cervera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, presentada el 15 de diciembre de 2015, sea retirada de la Comisión de Justicia.

26. De la diputada Adriana Elizarraráz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita que su iniciativa que reforma y adiciona diversa disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de responsabilidades familiares, presentada el 15 de diciembre de 2015, sea retirada de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

27. De la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y d la Ley de Asistencia Social, presentada el 15 de diciembre de 2015, sea retirada de las Comisiones de Derechos de la Niñez, y de Salud.

28. De la diputada Dalia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley Agraria, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentada el 1 de marzo de 2 16, sea retirada de las Comisiones de Desarrollo Rural, de Reforma Agraria, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

29. Del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, presentada el 5 de abril de 2016, sea retirada de la Comisión de Ganadería.

30. Del diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 127 y 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada el 12 de abril de 2016, sea retirada de la Comisión de Economía.

31. De la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, presentada el 27 de enero de 2016, sea reti ada de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

32. De la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, presentada el 13 de enero de 2016, Isea retirada de la Comisión de Salud.

33. Del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentada el 30 de marzo de 2016, sea retirada de la Comisión de Asuntos Indígenas.

34. De la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, presentada el 29 de abril de 2016, s~a retirada de la Comisión de Salud.

35. De la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley General de Protección Civil, presentada el 181 de febrero de 2016, sea retirada de las Comisiones de Protección Civil, y de Radio y Televisión.

36. De la diputada Willian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 159 y 160 de la Ley Federal del Derecho de Autor, presentada el 9 de febrero de 2016, sea retirada de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

37. De la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, presentada el 10 de marzo de 2016, sea retirada de la Comisión de Desarrollo Social.

38. De la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 132 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, presentada el 3 de febrero de 2016, sea retirada de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

39. De la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada el 16 de febrero de 2016, sea retirada de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

40. Del diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, presentada el 16 de febrero de 2016, sea retirada de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

41. Del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada el 29 de abril de 2016, sea retirada de las Comisiones de Comunicaciones, y de Radio y Televisión.

42. Del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, presentada el 16 de febrero de 2016, sea retirada de las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

43. De la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita que su iniciativa que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, presentada el 3 de septiembre de 2015, sea retirada de las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Gobernación.

44. Del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que solicita que su iniciativa que reforma los artículos 1o., 2o. y 19 de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada el 14 de abril de 2016, sea retirada de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

45. De la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que solicita que su iniciativa que reforma los artículos 87, 96 y 98 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, presentada el 29 de abril de 2016, sea retirada de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

46. Del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que solicita que su iniciativa que reforma los artículos 12 y 22 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, presentada el 16 de febrero de 2016, se retirada de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

47. De la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que solicita que su Iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, presentada el 18 de febrero de 2016, sea retirada de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

48. Del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, de Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita que su iniciativa que reforma los artículos 110, 111 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada el 10 de marzo de 2016, sea retirada de la Comisión de Desarrollo Rural.

49. De la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, presentada el 29 de abril de 2016, sea retirada de la Comisión de Turismo.

50. De la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, por el que solicita que su Iniciativa que expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, presentada el 17 de marzo de 2016, sea retirada de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

51. Del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que solicita que su iniciativa que reforma el artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, presentada el 25 de febrero de 2106, sea retirada de la Comisión de Transportes.

52. Del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su Iniciativa que reforma los artículos 152 y 154 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada el 29 de abril de 2016, sea retirada de la Comisión de Deporte.

53. Del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita que su Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada el 29 de abril de 2016, sea retirada de las Comisiones de Desarrollo Social, de Hacienda y Crédito Público, y de Fortalecimiento al Federalismo.

54. De la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena, por el que solicita que su iniciativa que reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el 29 de abril de 2016, sea retirada de la Comisión de Derechos de la Niñez.

55. De la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el 29 de abril de 2016, sea retirada de la Comisión de Derechos de la Niñez.

56. De la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su Iniciativa que reforma los artículos 46, 49 Y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada el 3 de marzo de 2016, sea retirada de la Comisión de Igualdad de Género.

57. Del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa por la que se reforma el artículo 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el 30 de marzo de 2016, sea retirada de la Comisión de Derechos de la Niñez.

58. De la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el que solicita que su iniciativa por la que se expide la Ley General de Transporte Urbano y Suburbano, y se reforma el artículo 2o.-A la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada el 5 de abril de 2016, sea retirada de las Comisiones de Transportes, de Hacienda y Crédito Público y, de Presupuesto y Cuenta Pública.

59. De la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, por el que solicita que su iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, presentada el 4 de noviembre de 2015, sea retirada de la Comisión de Puntos Constitucionales.

60. De la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de MORENA, por el que solicita que su Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 12 de noviembre de 2015, sea retirada de la Comisión de Puntos Constitucionales.

61. Del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa que adiciona un último párrafo al artículo 86 B del Código Fiscal de la Federación, presentada el 29 de junio de 2016, sea retirada de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

62. De la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que solicita que su Iniciativa que reforma los artículos 7o. y 9o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada el 9 de febrero de 2016, sea retirada de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

63. De la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, por el que solicita que su Iniciativa que expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, presentada el 4 de mayo de 2016, sea retirada de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

64. De la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que solicita que su Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 30 de marzo de 2016, sea retirada de la Comisión de Puntos Constitucionales.

65. De la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimientos Ciudadano, por el que solicita que su iniciativa que reforma los artículos 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, presentada el 27 de enero de 2016, sea retirada de las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y de Trabajo y Previsión Social.

66. De la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita que su iniciativa que expide la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Animales de Asistencia, presentada el 29 de abril de 2016, sea retirada de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, de Ganadería y de Presupuesto y Cuenta Pública.

67. De la diputada María Ávila Serna del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el que solicita que su iniciativa que reforma los artículos 16, 22 y 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el 7 de abril de 2016, sea retirada de la Comisión de Derechos de la Niñez.

68. De la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita que su Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada el 3 de marzo de 2016, sea retirada de las Comisiones de Seguridad Social, y de Salud.

69. De la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentaría del Partido Verde Ecologista de México, por el que solicita que su iniciativa que reforma los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentada el 18 de febrero de 2016, sea retirada de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2016.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que durante el segundo receso del primer año de ejercicio, se realizaron modificaciones de turno de las siguientes iniciativas, mismas que fueron concedidas y publicadas en la Gaceta Parlamentaria:

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, el 21 de abril de 2016.

Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Desarrollo Social, para opinión.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 12 de abril de 2016.

Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Cambio Climático, para dictamen.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicaciones y de la Ley de Aeropuertos, presentada por el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 26 de abril de 2016.

Se turnó a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y los artículos 22 y 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, y la fracción III del artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 11 de mayo de 2016.

Se turnó a la Comisión de Economía para dictamen, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, presentada por el diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 29 de junio de 2016.

Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 3 de octubre como Día Nacional del Emprendedor, presentada por los diputados Raúl Domínguez Rex y Alejandro Juraidini Villaseñor, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 29 de junio de 2016.

Se turnó a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22 y 73 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, y la fracción II del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el diputado Francisco Escobedo Villegas y suscrita por la diputada Yarith Tannos Cruz, de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 27 de julio de 2016.

Se turnó a la Comisión de Economía, para dictamen, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por los diputados Jorge López Martín y Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtaza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 20 de julio de 2016.

Se turnó a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el párrafo segundo de la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por el diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 20 de julio de 2016.

Se turnó a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, presentada por la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 17 de agosto de 2016.

Se turnó a la Comisión de Salud, para dictamen.

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2016.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los turnos. Actualícense los registros parlamentarios. Continúe la Secretaría.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva comunica que, durante el segundo receso del primer año de ejercicio, se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes minutas, las cuales fueron turnadas para dictamen a las comisiones correspondientes y publicadas en la Gaceta Parlamentaria:

1. Minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, el 3 de mayo de 2016.

2. Minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana, turnada a la Comisión de Economía, el 23 de junio de 2016.

3. Minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21; y se reforman los artículos 73, fracción XXIII; 76, fracción II; 115; 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública, turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, el 23 de junio de 2016.

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2016.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Actualícense los registros parlamentarios.

VOLUMEN II

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se informa que durante el segundo receso del primer año de ejercicio, se recibieron 43 oficios de la Junta de Coordinación Política, por los que comunica cambios de integrantes y de juntas directivas de diversas comisiones ordinarias, especiales, comités, grupos de amistad y organismos internacionales:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las comisiones especiales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, aprobado por el Pleno el pasado 29 de abril de 2016, me permito comunicarle los legisladores que habrán de presidirlas:

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 4 de mayo de 2016.— Luis Molina Robles (rúbrica), secretario ejecutivo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Licenciado Pascual Juárez Cervantes, secretario técnico de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea un grupo de trabajo en materia de medio ambiente, aprobado el 29 de abril del año en curso, me permito comunicarle los legisladores que habrán de integrarlo:

Diputada Laura Mitzi Barrientos Cano (PRI)Diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (PAN)Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz (PRD)Diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso (PVEM)Diputado por designar (Morena)Diputada Mirza Flores Gómez (MC)Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (NA)Diputada Melissa Torres Sandoval (PES)

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 6 de mayo de 2016.— Luis Molina Robles (rúbrica), secretario ejecutivo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones en la integración del Parlatino, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez cause baja en la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional.

• Que el diputado Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela cause alta en la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional.

• Que la diputada Xitlalic Ceja García cause alta en la Comisión de Salud.

• Que la diputada Xitlalic Ceja García cause baja en la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud.

• Que la diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez cause alta en la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud.

• Que el diputado Ramón Villagómez Guerrero cause alta en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 6 de mayo de 2016.— Luis Molina Robles (rúbrica), secretario ejecutivo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el Acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones en la integración de los comités que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Rafael Hernández Soriano cause baja como integrante del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.

• Que el diputado Tomás Octaviano Félix cause alta como integrante en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.

• Que la diputada Araceli Saucedo Reyes cause alta como secretaria en el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de mayo de 2016.— Luis Molina Robles (rúbrica), secretario ejecutivo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración del comité que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Fernando Galván Martínez cause alta como integrante en el Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica p.a.).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Licenciado Pascual Juárez Cervantes, Secretario Técnico de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crean los grupos de amistad de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, aprobado por el Pleno el pasado 29 de abril del año en curso, me permito comunicarle los legisladores que habrán de integrarlos:

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2016.— Luis Molina Robles (rúbrica), secretario ejecutivo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones en la integración de las de comisiones y grupos de amistad que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez cause baja como secretario de la Comisión de Economía.

• Que el diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar cause alta como secretario en la Comisión de Economía.

• Que el diputado Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez cause baja como integrante de la Comisión de Energía.

• Que el diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar cause alta como integrante en la Comisión de Energía.

• Que el diputado Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez cause baja como integrante de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que el diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar cause alta como integrante en la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que el diputado Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez cause baja como vicepresidente del Grupo de Amistad México-Finlandia.

• Que el diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar cause alta como vicepresidente en el Grupo de Amistad México Finlandia.

• Que el diputado Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Nueva Zelanda.

• Que el diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Nueva Zelanda.

• Que el diputado Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Suiza.

• Que el diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Suiza.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de mayo de 2016.—Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, coordinador.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar a la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones en la integración del organismo internacional que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Ximena Tamariz García cause baja como integrante de la Confederación Parlamentaria de las Américas.

• Que el diputado Juan Carlos Ruiz García cause alta como integrante de la Confederación Parlamentaria de las Américas.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica p.a.), vicepresidente.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración del comité que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Luis Agustín Rodríguez Torres cause baja como integrante de Parlamentarios por las Américas.

• Que la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa cause alta como integrante en Parlamentarios por las Américas.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 23 de mayo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica p.a.).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración de las comisiones y los grupoas de amistad que se ñalan, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Katia Berenice Burguete Zúñiga (PAN) cause baja como secretaria de la Comisión de Igualdad de Género.

• Que la diputada Janette Ovando Reazola (PAN) cause alta como secretaria en la Comisión de Igualdad de Género.

• Que la diputada Katia Berenice Burguete Zúñiga (PAN) cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que la diputada Janette Ovando Reazola (PAN) cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que la diputada Katia Berenice Burguete Zúñiga (PAN) cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que la diputada Janette Ovando Reazola (PAN) cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que la diputada Katia Berenice Burguete Zúñiga (PAN) cause baja como vicepresidenta del Grupo de Amistad México-Guatemala.

• Que la diputada Janette Ovando Reazola (PAN) cause alta como vicepresidenta en el Grupo de Amistad México-Guatemala.

• Que la diputada Katia Berenice Burguete Zúñiga (PAN) cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-España.

• Que la diputada Janette Ovando Reazola (PAN) cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-España.

• Que la diputada Katia Berenice Burguete Zúñiga (PAN) cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Reino Unido.

• Que la diputada Janette Ovando Reazola (PAN) cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Reino Unido.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de mayo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica p.a.), vicepresidente.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Licenciado Pascual Juárez Cervantes, secretario técnico de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra la Comisión Legislativa Bicameral en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, por lo que respecta a la Cámara de Diputados, me permito comunicarle, en alcance al oficio JCP/LMR/ AMF/0743/29042016, los legisladores que habrán de integrarla:

• Diputada Minerva Hernández Ramos

Grupo Parlamentario del PAN

Presidencia

• Diputado Jericó Abramo Masso

Grupo Parlamentario del PRI

Integrante

• Diputada Claudia Edith Anaya Mota

Grupo Parlamentario del PRI

Integrante

• Diputado Fidel Calderón Torreblanca

Grupo Parlamentario del PRD

Integrante

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2016.— Luis Molina Robles (rúbrica), secretario ejecutivo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea la Comisión Especial de Zonas Económicas Especiales.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33, numeral 1; 34, numeral 1, inciso c) y 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y

Considerando

1. Que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de la Cámara de Diputados podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. Asimismo, menciona que el acuerdo de su creación deberá señalar su objeto, el número de sus integrantes y el plazo de su vigencia;

2. Que de acuerdo con los artículos 34, numeral 1, inciso c) de la referida Ley Orgánica, y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es facultad de la Junta de Coordinación Política proponer al Pleno la integración de comisiones especiales, órganos colegiados no dictaminadores que se encargan de atender los asuntos específicos que se les encomienden;

3. Que los artículos 43, numerales 3 y 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, señalan que, para la conformación de las comisiones especiales, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en los criterios de proporcionalidad y representación, procurando incorporar a los distintos grupos parlamentarios;

4. Que el 27 de abril del año en curso fue aprobada la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, misma que tiene por objeto detonar el desarrollo social y económico en regiones rezagadas del Sur-Sureste del país, generando condiciones de igualdad y progreso;

5. Que con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de comisiones durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, aprobado por el Pleno el 29 de abril de 2016, este órgano de gobierno está facultado para crear comisiones especiales o comisiones de temas especializados; y

6. Que en virtud de lo anterior, la Junta de Coordinación Política considera oportuna la creación de una comisión especial que dé seguimiento a la implementación de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este órgano de gobierno adopta el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados aprueba la creación de una comisión especial que dé seguimiento a la implementación de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

Segundo. La Comisión Especial de Zonas Económicas Especiales estará conformada por 15 integrantes, distribuidos en la siguiente proporción:

PRI 5PAN 3PRD 2PVEM 1Morena 1MC 1NA 1PES 1

Tercero. La presidencia de la comisión especial rotará cada ocho meses a partir de su instalación, entre los tres grupos parlamentarios con mayor número de integrantes. El orden de rotación será el siguiente:

1. PAN

2. PRI

3. PRD

Cuarto. La comisión contará con tres secretarías, una por cada uno de los tres grupos parlamentarios con mayor número de legisladores. No obstante lo anterior, la Junta de Coordinación Política podrá acordar que cualquiera de los otros grupos parlamentarios cuenten con una adicional.

Quinto.La comisión especial deberá cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados; asimismo, la Junta de Coordinación Política podrá emitir lineamientos de carácter general y solicitarle información cuando lo estime pertinente.

Sexto. La Junta de Coordinación Política podrá revisar las actividades y los avances en el cumplimiento de la encomienda de dicha comisión; de considerarlo oportuno, propondrá a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que declare agotado su objeto;

Séptimo. La duración de la comisión especial será la del término de la LXIII Legislatura.

Octavo.La Comisión Especial de Zonas Económicas Especiales no contará con recursos humanos, materiales ni financieros propios. Los proyectos que requieran apoyo económico, deberán ser aprobados por el Comité de Administración para cada caso en particular, de conformidad con la opinión que al respecto emita la Secretaría General en relación con la suficiencia presupuestal.

Transitorio

Único.El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de mayo de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración del comité que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social:

• Que la diputada Cynthia Gissel García Soberanes cause alta como secretaria en la Comisión de Comunicaciones.

• Que la diputada Cynthia Gissel García Soberanes cause alta como secretaria en la Comisión de Transportes.

• Que la diputada Cynthia Gissel García Soberanes cause alta como integrante en la Comisión de Ganadería.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de junio de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica p.a.), vicecoordinador.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho Quiroz, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario de Morena:

• Que la diputada Ariadna Montiel Reyes cause alta como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de junio de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica p.a.), vicecoordinador.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el Acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración del grupo de trabajo que se señala, solicitado por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza:

• Que el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza cause baja como integrante del Grupo de Trabajo en materia de medio ambiente.

• Que el diputado Francisco Javier Pinto Torres cause alta como integrante en el Grupo de Trabajo en materia de medio ambiente.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de junio de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica p.a.), vicecoordinador.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Arlet Mólgora Glover cause alta como secretaria de la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que la diputada Arlet Mólgora Glover cause alta como secretaria de la Comisión de Seguridad Social.

• Que la diputada Arlet Mólgora Glover cause alta como integrante de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de junio de 2016.— Luis Molina Robles (rúbrica, secretario ejecutivo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Ana Laura Rodela Soto cause baja como secretaria de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

• Que la diputada Adriana Terrazas Porras cause alta como secretaria de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

• Que la diputada Ana Laura Rodela Soto cause baja como secretaria de la Comisión de Desarrollo Social.

• Que la diputada Adriana Terrazas Porras cause alta como secretaria de la Comisión de Desarrollo Social.

• Que la diputada Ana Laura Rodela Soto cause baja como integrante de la Comisión de Salud.

• Que la diputada Adriana Terrazas Porras cause alta como integrante de la Comisión de Salud.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de junio de 2016.— Luis Molina Robles (rúbrica, secretario ejecutivo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Ricardo David García Portilla cause alta como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Ricardo David García Portilla cause alta como integrante de la Comisión de Economía

• Que el diputado Ricardo David García Portilla cause alta como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de junio de 2016.— Luis Molina Robles (rúbrica, secretario ejecutivo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda cause alta como secretario de la Comisión de Infraestructura.

• Que el diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda cause alta como integrante de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que el diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda cause alta como integrante de la Comisión de Energía.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de junio de 2016.— Luis Molina Robles (rúbrica, secretario ejecutivo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Jorge Alejandro Carvallo Delfín cause alta como secretario de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que el diputado Jorge Alejandro Carvallo Delfín cause alta como integrante de la Comisión de Desarrollo Social.

• Que el diputado Jorge Alejandro Carvallo Delfín cause alta como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de junio de 2016.— Luis Molina Robles (rúbrica, secretario ejecutivo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismo internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones en la integración de la comisión que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Juan Aurora Cavazos Cavazos cause baja como secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia cause alta como secretaria en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que el diputado Bernardino Antelo Esper cause baja como integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que el diputado Ricardo Ramírez Nieto cause alta como integrante en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que la diputada Susana Osorno Belmont cause baja como integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal cause alta como integrante en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 15 de junio de 2016.— Luis Molina Robles (rúbrica), secretario ejecutivo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Ricardo Ramírez Nieto, cause baja como integrante de la Comisión de Comunicaciones.

• Que la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, cause baja como integrante de la Comisión del Deporte.

• Que el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Social.

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 15 de junio de 2016.— Luis Molina Robles (rúbrica), secretario ejecutivo»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Licenciado Pascual Juárez Cervantes, secretario técnico de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crean los grupos de amistad de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, me permito comunicarle, en alcance al oficio JCP/LMR/AMF/0787/13052016, los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena que habrán de complementarlos:

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 16 de junio de 2016.— Luis Molina Robles (rúbrica), secretario ejecutivo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración del comité del centro de estudios que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social:

• Que la diputada Melissa Torres Sandoval cause baja como integrante del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

• Que la diputada Cynthia Gissel García Soberanes cause alta como integrante en el Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 20 de junio de 2016.— Luis Molina Robles (rúbrica), secretario ejecutivo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración del grupo de amistad que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que la diputada Wendolin Toledo Aceves cause baja como presidenta del Grupo de Amistad México-Polonia.

• Que la diputada María Ávila Serna cause alta como presidenta en el Grupo de Amistad México-Polonia.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de junio de 2016.— Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración del comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario de Morena:

• Que la diputada Ariadna Montiel Reyes cause alta como secretaria en la Comisión del Distrito Federal

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 21 de junio de 2016.— Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados sobre las modificaciones de la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Norberto Antonio Martínez Soto cause baja como secretario de la Comisión de Desarrollo Municipal.

• Que el diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá cause alta como secretario en la Comisión de Desarrollo Municipal.

• Que el diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas.

Lo anterior, para su conocimiento y los efectos que estime conducentes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 23 de junio de 2016.— Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Santiago Torreblanca Engell cause baja como integrante de la Comisión del Distrito Federal.

• Que el diputado Santiago Torreblanca Engell cause alta como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 24 de junio de 2016.— Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados de las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza:

• Que la diputada Carmen Victoria Campa Almaral cause baja como presidenta del Grupo de Amistad México-El Salvador.

• Que la diputada Angélica Reyes Ávila cause alta como presidenta en el Grupo de Amistad México-El Salvador.

• Que la diputada Angélica Reyes Ávila cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Egipto.

• Que la diputada Carmen Victoria Campa Almaral cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Egipto.

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 5 de julio de 2016.— Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados sobre las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones en la integración de la comisión que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera cause baja como presidenta de la Comisión Especial de ex Braceros.

• Que el diputado Érik Juárez Blanquet cause alta como presidente en la Comisión Especial de ex Braceros.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de julio de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados de las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social:

• Que el diputado Abdies Pineda Morín cause alta como secretario en la Comisión de Vivienda.

• Que el diputado Abdies Pineda Morín cause alta como secretario en la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Abdies Pineda Morín cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de julio de 2016.— Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados de las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que el diputado José Alberto Couttolenc Buentello cause alta como integrante en la Comisión de Infraestructura.

• Que el diputado José Alberto Couttolenc Buentello cause baja como secretario de la Comisión Jurisdiccional.

• Que el diputado Jesús Sesma Suárez cause alta como secretario en la Comisión Jurisdiccional.

• Que la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez cause alta como integrante en la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de julio de 2016.— Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Morena:

• Que el diputado Sergio René Cancino Barffusón cause baja como integrante de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que el diputado Cuitláhuac García Jiménez cause alta como integrante de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que el diputado Sergio René Cancino Barffusón cause baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

• Que el diputado Cuitláhuac García Jiménez cause alta como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

• Que el diputado Sergio René Cancino Barffusón cause baja como secretario de la Comisión de Marina.

• Que el diputado Cuitláhuac García Jiménez cause alta como secretario de la Comisión de Marina.

• Que el diputado Sergio René Cancino Barffusón cause baja como integrante de la Comisión Bicamaral para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas.

• Que el diputado Cuitláhuac García Jiménez cause alta como integrante de la Comisión Bicamaral para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a julio de junio de 2016.— Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración del grupo de amistad que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado César Augusto Rendón García cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Kenia.

• Que el diputado César Augusto Rendón García cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Rumania.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de julio de 2016.— Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado José Antonio Estefan Garfías cause alta como secretario en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado José Antonio Estefan Garfías cause alta como integrante en la Comisión de Competitividad.

• Que el diputado José Antonio Estefan Garfías cause alta como integrante en la Comisión de Marina.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2016.— Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar a la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Santiago Torreblanca Engell cause baja como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Santiago Torreblanca Engell cause alta como integrante de la Comisión del Distrito Federal.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2016.— Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar a la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración de los grupos de amistad que se señalan, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Evelio Plata Inzunza cause baja como presidente del Grupo de Amistad México-Corea del Norte.

• Que el diputado Evelio Plata Inzunza cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Corea del Norte.

• Que la diputada María Hadad Castillo cause baja como vicepresidenta del Grupo de Amistad México-Belice.

• Que la diputada Arlet Mólgora Glover cause alta como vicepresidenta en el Grupo de Amistad México-Belice.

• Que la diputada María Hadad Castillo cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Israel.

• Que la diputada Arlet Mólgora Glover cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Israel.

• Que la diputada María Hadad Castillo cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Jordania.

• Que la diputada Arlet Mólgora Glover cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Jordania.

• Que la diputada Ana Laura Rodela Soto cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Egipto.

• Que la diputada Adriana Terrazas Porras cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Egipto.

• Que la diputada Ana Laura Rodela Soto cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Jamaica.

• Que la diputada Adriana Terrazas Porras cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Jamaica.

• Que la diputada Ana Laura Rodela Soto cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Corea del Norte.

• Que la diputada Adriana Terrazas Porras cause alta como presidenta en el Grupo de Amistad México-Corea del Norte.

• Que el diputado Teodardo Muñoz Torres cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-India.

• Que el diputado Ricardo David García Portilla cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-India.

• Que el diputado Teodardo Muñoz Torres cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Angola.

• Que el diputado Ricardo David García Portilla cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Angola.

• Que el diputado Teodardo Muñoz Torres cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Bulgaria.

• Que el diputado Ricardo David García Portilla cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Bulgaria.

• Que el diputado Juan Antonio Meléndez Ortega cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Bielorrusia.

• Que el diputado Juan Antonio Meléndez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Singapur.

• Que la diputada Nora Liliana Oropeza Olguin cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Canadá.

• Que la diputada Nora Liliana Oropeza Olguin cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Italia.

• Que la diputada Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Italia.

• Que la diputada Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Canadá.

• Que la diputada Érika Araceli Rodríguez Hernández cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Qatar.

• Que la diputada Érika Araceli Rodríguez Hernández cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Jordania.

• Que la diputada Érika Araceli Rodríguez Hernández cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Finlandia.

• Que el diputado Marco Antonio García Ayala cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Portugal.

• Que el diputado Marco Antonio García Ayala cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Colombia.

• Que el diputado Marco Antonio García Ayala cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Uruguay.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2016.— Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración del comité que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez cause baja como secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez cause alta como secretario en la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez cause baja como integrante de la Comisión de Gobernación.

• Que el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn cause alta como integrante en la Comisión de Gobernación.

• Que la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez cause baja como integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn cause baja como secretario de la Comisión Jurisdiccional.

• Que el diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez cause baja como integrante de la Comisión de Justicia.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de agosto de 2016.— Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar a la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Wenceslao Martínez Santos cause baja como integrante de la Comisión de Infraestructura.

• Que el diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar cause alta como integrante de la Comisión de Infraestructura.

• Que el diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar cause baja como integrante de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que el diputado Wenceslao Martínez Santos cause alta como integrante de la Comisión de Pesca.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2016.— Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar a la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Brenda Velázquez Valdez cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que la diputada Brenda Velázquez Valdez cause alta como integrante en la Comisión de Deporte.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2016.— Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la modificación en la integración del grupo de amistad que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que la diputada María Cristina Teresa García Bravo cause alta como vicepresidenta del Grupo de Amistad México-Angola.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2016.— Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 37 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, me permito comunicarle del legislador que habrá de representar a la Cámara de Diputados:

Representante de la Cámara de Diputados ante la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales:

• Diputado Carlos Alberto De la Fuente Flores (PAN)

Resulta conveniente precisar que la representación de la Cámara de Diputados ante dicha comisión intersecretarial recaerá, invariablemente en el legislador que ocupe la presidencia de la Comisión Especial de Zonas Económicas Especiales.

Asimismo, con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar dicha designación en la Gaceta Parlamentaria.

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que La diputada Gloria Himelda Félix Niebla cause baja como secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que la diputada Gloria Himelda Félix Niebla cause baja como integrante de la Comisión de Justicia.

• Que la diputada Gloria Himelda Félix Niebla cause baja como integrante de la Comisión de Seguridad Social.

• Que el diputado Raúl Domínguez Rex cause baja como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que el diputado Raúl Domínguez Rex cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que el diputado Raúl Domínguez Rex cause baja como integrante de la Comisión de Transporte.

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2016.— Luis Molina Robles (rúbrica), secretario ejecutivo.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política en relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaño Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologísta de México.

• Que la diputada Jorgina Gaxiola Lezama cause baja como integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que la diputada Jorgina Gaxiola Lezama cause alta como integrante en la Comisión de Igualdad de Género.

• Que el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas cause baja como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas cause alta como integrante en la Comisión de Cambio Climático.

• Que la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala cause baja como secretaria de la Comisión del Distrito Federal.

• Que la diputada Daniela de los Santos Torres cause alta como secretaria en la Comisión del Distrito Federal.

• Que la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala cause baja como integrante de la Comisión de Energía.

• Que la diputada Daniela de los Santos Torres cause alta como integrante en la Comisión de Energía.

• Que la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala cause baja como secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que la diputada Daniela de los Santos Torres cause alta como secretaria en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que el diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla cause baja como secretario de la Comisión de Deporte.

• Que el diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla cause baja como integrante de la Comisión de Juventud.

• Que el diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla cause baja como integrante de la Comisión de Turismo.

• Que el diputado Juan Manuel Celis Aguirre cause alta como integrante en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que el diputado Juan Manuel Celis Aguirre cause alta como secretario en la Comisión de Competitividad.

• Que el diputado Juan Manuel Celis Aguirre cause alta como secretario en la Comisión de Transporte.

• Que la diputada Lía Limón García cause baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

• Que la diputada Lía Limón García cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sin otro particular,le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 5 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaño Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza:

• Que el diputado Carlos Gutiérrez García cause baja como secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que el diputado Carlos Gutiérrez García cause baja como secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

• Que el diputado Carlos Gutiérrez García cause baja como integrante de la Comisión de Energía.

• Que el diputado José Bernardo Quezada Salas cause baja como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que el diputado Carlos Gutiérrez García cause alta como presidente en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que el diputado Carlos Gutiérrez García cause baja como integrante de la Comisión Bicamaral para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaño Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

• Que el diputado Luis Manuel Hernández León cause alta como secretario en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que el diputado Luis Manuel Hernández León cause alta como secretario en la Comisión de Cultura y Cinematografía.

• Que el diputado Luis Manuel Hernández León cause alta como integrante en la Comisión de Energía.

• Que el diputado Luis Manuel Hernández León cause alta como integrante en la Comisión Bicamaral de Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 5 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobadas. Comuníquense.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaño Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez cause baja como presidenta de la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del GIEI, designado por la CIDH, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.

• Que la diputada Karina Padilla Ávila cause alta como presidenta en la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del GIEI, designado por la CIDH, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 5 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada. Comuníquese.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a usted que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, comunicación por la que informa su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 11 de mayo de 2016.

Con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dispuso que dicha documentación, misma que se anexa, se turna a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de mayo de 2016.— Senador Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a usted que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió de la diputada Janette Ovando Reazola, comunicación por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 23 de mayo de 2016.

Con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dispuso que dicha comunicación, misma que se anexa, se remita a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2016.— Senador Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Informo a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió comunicación del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas a partir del 6 de junio de 2016.

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2016.— Senador Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Informo a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió comunicación de la diputada Adriana Terrazas Porras, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 6 de junio de 2016.

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2016.— Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Informo a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió comunicación del diputado Abdies Pineda Morín, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas a partir del 8 de junio de 2016.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de junio de 2016.— Senador Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Informo a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se recibió comunicación de la diputada Arlet Mólgora Glover sobre su reincorporación a las funciones legislativas a partir del 8 de junio de 2016.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de junio de 2016.— Senador Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Informo a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se recibió comunicación del diputado Jorge Alejandro Carvallo Delfín sobre su reincorporación a las funciones legislativas a partir del 7 de junio de 2016.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de junio de 2016.— Senador Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Informo a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se recibió comunicación del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez sobre su reincorporación a las funciones legislativas a partir del 4 de julio de 2016.

Atentamente

Ciudad de México, a 29 de junio de 2016.— Senador Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Informo a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se recibió comunicación del diputado José Antonio Estefan Garfias sobre su reincorporación a las funciones legislativas a partir del 1 de agosto de 2016.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de julio de 2016.— Senador Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

Hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Tercera Comisión de la Permanente con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a informar a esta soberanía sobre las medidas que han implantado para garantizar la seguridad social de sus trabajadores.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2016.— Senador Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Mesa Directiva, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

Hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Primera Comisión de la Permanente con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita al Colegio Nacional del Notariado Mexicano y al Congreso de la Unión a instalar un módulo de atención en el Palacio Legislativo de San Lázaro y en el Senado de la República durante septiembre, con motivo de la campaña Septiembre, Mes del Testamento.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2016.— Senador Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Mesa Directiva, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió el informe de actividades de la Comisión de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016.(1)

Con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dispuso que dicha documentación, misma que se anexa, se remita a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2016.— Senador Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió un documento que contiene apreciaciones y observaciones emitidas por el diputado Omar Ortega Álvarez sobe el informe de actividades de la Comisión de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016.

Con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dispuso que dicha documentación, misma que se anexa, se remita a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2016.— Senador Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXIII Legislatura.

Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

El suscrito, Omar Ortega Álvarez, Diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ausencia de una resolución en el procesamiento del informe de la Comisión Especial de seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, le solicito adicione el documento adjunto, que contiene mis apreciaciones y observaciones respecto de dicho informe, en el turno que se realice a la cámara correspondiente.

Atentamente

México, Distrito Federal, 31 de agosto de 2016.— Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

« OBSERVACIONES AL INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EN NOCHIXTLÁN, OAXACA, EL19 DE JUNIO DE 2016

Dip. Omar Ortega Álvarez

Objeto

El objeto de la comisión fue señalado en el acuerdo de creación de la Comisión y que se circunscribe a “la observación y seguimiento de las investigaciones de los hechos”; en tal sentido el documento carece de una definición de su objeto y, por tanto, no delimita sus objetivos generales y específicos, como tampoco precisa el documento qué se pretende obtener.

El documento carece de una visión y análisis general y se concentra sólo en los informes de las autoridades, con lo cual no puede decirse que se dé un verdadero seguimiento a la investigación de los hechos pues sólo se reproduce lo que los informes dicen.

Método de Estudio

El documento no precisa cual es el método de estudio y claramente no se sigue alguno de los métodos de investigación conocidos, ya que prioriza los hechos desde la visión de las diferentes autoridades que rindieron informes, lo cual es un error grave que no fue subsanado por la Comisión debido a que su informe no se sitúa desde una posición imparcial. La recolección de información resulta también poco objetiva al centrarse en la vertida por los informes de las fuerzas federales.

Ausencia de Contraparte

El principal problema del documento en estudio es que, si bien se requirió información a diversas autoridades, no existe quien contradiga dichos informes, omisión que resulta grave ya que nunca se llamó a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores (sección XXII) para que compareciera formalmente ante la Comisión, y por tantoNO HAY UNA CONTESTACIÓN DE HECHOS o versiones que confrontar, mucho menos existen pruebas que puedan controvertir los hechos alegados por las diversas autoridades, lo que claramente plantea un problema de justicia, pues en todo proceso de investigación existen dos partes y en el presente caso la ausencia de una de ellas deslegitima todo el informe.

Documentación, Pruebas y Línea del Tiempo

Al no existir contraparte, las pruebas se reducen generalmente a las aportadas por las autoridades y tangencialmente a algunos informes que diversas organizaciones de derechos humanos han recabado y que obran en internet. Por otra parte, la valoración de los informes es errónea al no contener elementos de confronta, lo que obliga a tener por ciertos los informes de cada autoridad; en la narración de los hechos claramente se desprende cómo son los informes lo que delimita la línea de sucesión de hechos.

En torno a este último punto, la llamada “Línea del Tiempo” en el informe se encuentra totalmente basada en los informes brindados por las fuerzas de seguridad, omitiendo los testimonios de las víctimas, así como diversos señalamientos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que incluyen el avance de las fuerzas policiacas al interior de la comunidad de Nochixtlán, en donde diversas violaciones a derechos humanos fueron cometidas contra los pobladores, incluidos menores de edad.

Es menester señalar que el documento no integra de manera contundente las dos últimas ampliaciones de la información otorgada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación, en donde, el primer organismo señalado reconoce oficialmente tener conocimiento de que, durante la persecución de los manifestantes por elementos policiacos, éstos lanzaron gases lacrimógenos inclusive a la entrada de la colonia 20 de noviembre.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación rindió una ampliación por la que hizo entrega de los dictámenes de necropsia realizados a los cuerpos de las personas que fallecieron a causa de las lesiones provocadas por armas de fuego el 19 de junio. Estos dictámenes indican que dos de las personas que fallecieron por impacto de bala, lo hicieron alrededor de las 9:30 y 10 horas, tiempo en el que, de acuerdo a los informes de las fuerzas de seguridad, no había elementos policiacos armados.

Tipología

El informe aborda los hechos por temas, en algunos casos incluye el estudio del marco jurídico como si fuera el estudio de un delito y su configuración; sin embargo, esta forma de estudio no es general y se ocupó solo para algunos temas, por ejemplo, para el estudio de Bloqueo de Vías Generales de Comunicación.

Consideramos que la inclusión del marco jurídico de determinadas conductas, prejuzga sobre los hechos ocurridos y puede malinterpretar el papel de la Comisión, pues claramente carecemos de facultades en materia de clasificación y calificación de conductas penales, labor reservada a jueces penales o el ministerio público. En tal sentido, no es apropiado hacer referencia a los tipos penales cuando no podemos hacer una calificación de las conductas, o en todo caso, la Comisión debe precisar el fin con el cual se incluyen las referencias a la legislación penal.

Conclusiones

Resulta incomprensible que entre las conclusiones no se mencione como un punto especial la investigación de los homicidios cometidos, y que se haga referencia en último lugar de los puntos a investigar entre otros delitos que resultan menores a la privación de la vida de cuando menos ocho personas. Este punto es realmente grave, dado que se pretende minimizar la gravedad de los homicidios cometidos y es un error pretender disminuir su importancia, cuando el primer deber de las autoridades era la de preservar la vida de quienes se encontraban en Nochixtlán el día 19 de junio.

De igual forma, las conclusiones aseveran una minuciosa labor de análisis de cada uno de los informes recabados; sin embargo, a lo largo del documento, la información se centra en la proporcionada por las fuerzas policiacas minimizando la otorgada por los órganos autónomos de derechos humanos y los testimonios de las víctimas.

Otro punto fundamental es centrar la investigación sólo en el ámbito de lo penal, cuando las conductas desplegadas por los diferentes agrupamientos policiacos señalan posibles infracciones en el ámbito de las responsabilidades de los servidores públicos y de la disciplina interna que deben observar las fuerzas policiales. En tal sentido, se debe pedir como un punto especial del informe que se inicien las quejas correspondientes dentro de los órganos de sanción de las responsabilidades de los servidores públicos y de los cuerpos de disciplina policial, a efecto de sancionar todas aquellas conductas que no necesariamente configuran un delito.

Si bien la investigación se centra en lo penal, ello no necesariamente es eficaz, pues a más de dos meses de los hechos que nos ocupan, no se ha ejercido ninguna acción en contra de alguno de los funcionarios implicados, o bien de algún ciudadano involucrado. Es necesario y urgente que la Procuraduría ejerza acción penal a fin de evitar impunidad.

Finalmente, el informe carece de congruencia y racionalidad, al señalar que las dependencias involucradas actuaron de forma legal, como pretendiendo dar un salvoconducto, cuando es evidente que ninguna de las instancias ha concluido sus investigaciones y, por el contrario, se cometieron acciones indolentes como la portación de armas, el uso de estas, o bien, la no preservación de la cadena de custodia.

En conclusión, resulta evidente que existen consideraciones de fondo y forma en cómo se han conducido las investigaciones y la omisión del informe de señalarlas con precisión, consideraciones graves que impiden avalar al informe de referencia. Por ello a nombre personal y del Grupo Parlamentario del PRD no podemos avalar este informe.

Recomendación Final

Con el informe presentado en sentido que fue entregado a los integrantes de la Comisión, notificarlo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores (Sección 22) y se le otorgue un término razonable para que comparezca y señale lo que a su derecho considere y convenga, ofrezca pruebas y pronuncie alegatos. Todo a fin de conocer su versión de los hechos.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos correspondientes, hago de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, el pleno de la Comisión Permanente aprobó el siguiente acuerdo:

“Único.Se concede licencia a la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido.”

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2016.— Senador Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Muy estimado señor presidente:

Con el propósito de difundir los avances y resultados del Plan Nacional de Infraestructura 2012-2018, la SCT difunde semestralmente un Informe sobre Acciones Relevantes. La presente edición que tengo el gusto de enviarle describe el estado de situación de los principales programas y proyectos hasta el primer semestre de 2016, el cual también puede ser consultado en el portal de transparencia de la SCT (www.sct.gob.mx).(2)

Es de hacer notal que la transparencia, rendición de cuentas y apego a la legalidad son cuestiones de especial interés para la sociedad. Es por ello, que las acciones tomadas en esta administración se detallan en este documento.

Con la seguridad de que el presente informe contribuirá a la transcendente labor que usted realiza, me permito enviarle un cordial saludo.

Quedo a sus órdenes para cualquier comentario o información adicional.

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de julio de 2016.— Licenciado Gerardo Ruiz Esparza (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las Comisiones de Comunicaciones, y de Transportes, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

Se hace referencia a lo dispuesto en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en correlación con los numerales 2, inciso b); 10 y anexo 1a. del Programa Anual de Evaluación (PAE) para el ejercicio fiscal de 2016 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, en el sentido de que las dependencias deberán presentar los informes finales de las evaluaciones consideradas en el PAE ante la Comisión de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión así como a la Auditoría Superior de la Federación, entre otros.

En cumplimiento a lo anterior, se adjunta al presente en medio magnético los archivos que contienen el informe final de las Evaluaciones en Materia de Diseño de los Programas Presupuestarios del Ramo 05 Relaciones Exteriores, que se relacionan a continuación:(3)

• E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares.

• P001 Coordinación, promoción y ejecución de la cooperación internacional para el desarrollo.

• P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior.

• P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral.

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2016.— Raúl González Valadez (rúbrica), Director General.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Hago referencia al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de Mayo del presente, en particular, a la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de informar a las comisiones legislativas competentes del Congreso de la Unión cada cierre trimestral, los empréstitos y obligaciones registrados en cada periodo especificando en su caso, si fue utilizado para refinanciar o reestructurar créditos existentes, de conformidad con el artículo séptimo transitorio del mencionado decreto, que a la letra dice:

“Séptimo. [...].

En tanto se implementa el referido registro, se pondrá a disposición de las comisiones legislativas competentes del Congreso de la Unión un reporte de las obligaciones y empréstitos que se refiere el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal con la que actualmente cuenta el registro, a más tardar en un plazo de 30 días naturales; así como, aquella información adicional que las comisiones legislativas competentes soliciten a las autoridades relacionadas con la misma. Igualmente se deberá informar cada cierre trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre), los empréstitos y obligaciones registrados en cada periodo, especificando en su caso, si fue utilizado para refinanciar o reestructurar créditos existentes. Lo anterior, con el objeto de que en tanto entra en vigor la ley reglamentaria y se implementa el registro, el Congreso de la Unión pueda dar puntual seguimiento al endeudamiento de los estados y municipios.”

En cumplimiento a esta disposición me permito enviarle anexo a este oficio, los empréstitos y obligaciones inscritos en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2016 y el 30 de junio de 2016, especificando el destino para el que fue utilizado e incluyendo el saldo al cierre del periodo mencionado que fue publicado el 15 de agosto del presente por esta secretaría.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2016.— Contadora Pública Marcela Andrade Martínez (rúbrica), titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Hago referencia a lo que establece el artículo 11, párrafos octavo y noveno de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 (LIF), los cuales a la letra señalan:

“Artículo 11. ...

De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, respecto de los bienes propiedad del gobierno federal que hayan sido transferidos por la Tesorería de la Federación, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la propia tesorería; del monto restante hasta la cantidad que determine la junta de gobierno de dicho organismo, las operaciones de éste, y el remanente será entregado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables. En el mecanismo previsto en el presente párrafo, se podrá aplicar a los ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes de comercio exterior que transfieran las autoridades aduaneras, incluso para el pago de resarcimientos de bienes procedentes de comercio exterior que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deba realizarse por mandato de autoridad administrativo o jurisdiccional; con independencia de que el bien haya o no sido transferido a dicho organismo por la entidad transferente.

Para los efectos del párrafo anterior, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes remitirá de manera semestral a la Cámara de Diputados, un informe que contenga el desglose de las operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes del gobierno federal de las autoridades mencionadas en el párrafo citado.

Al respecto, me permito remitir a usted copia del oficio DCFA/0193/2016, suscrito por el licenciado César Sotelo Salgado, director corporativo de Finanzas y Administración del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con la finalidad de dar cumplimiento a dicho artículo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2016.— Licenciado Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), titular.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Rodrigo Reina Liceaga, Jefe de Unidad de Apoyo Técnico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.— Presente.

A efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 11, párrafo octavo y noveno, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 (LIF), que a la letra dicen:

“De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, respecto de los bienes propiedad del gobierno federal que hayan sido transferidos por la Tesorería de la Federación, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de fa propia Tesorería; del monto restante hasta fa cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en un fondo que se destinará a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste, y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables. En el mecanismo previsto en el presente párrafo, se podrá aplicar a los ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes de comercio exterior que transfieran las autoridades aduaneras, incluso para el pago de resarcimientos de bienes procedentes de comercio exterior que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deba realizar por mandato de autoridad administrativa o jurisdiccional; con independencia de que el bien haya o no sido transferido a dicho organismo por la entidad transferente.

Para los efectos del párrafo anterior, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes remitirá de manera semestral a la Cámara de Diputados, un informe que contenga el desglose de las operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes del gobierno federal de las autoridades mencionadas en el párrafo citado.”

Anexo envío a usted el informe del primer semestre de 2016 de las operaciones a cargo de este organismo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de julio de 2016.— César Sotelo Salgado (rúbrica), director corporativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Informe Semestral a la Cámara de Diputados en atención el artículo 11 párrafo noveno de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016

Contenido del informe

Desglose de operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes del gobierno federal.

Se informa que en la quincuagésima tercera sesión ordinaria de la honorable Junta de Gobierno del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), celebrada el 17 de diciembre de 2015, se autorizó que de los ingresos obtenidos por el SAE, producto de la enajenación de bienes propiedad del gobierno federal transferidos por la Tesorería de la Federación, se depositará un monto de 20 millones de pesos en el fondo a que hace referencia el artículo 11, párrafo octavo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 (LIF).

Al respecto, se informa que con fecha 31 de marzo de 2016 fueron depositados 20 millones de pesos en el fondo a que se refiere el citado artículo de la LIF, los cuales serán utilizados para cubrir el gasto de operación del SAE durante el segundo semestre de año.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento al artículo 40, fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, en referencia a la matrícula de las universidades públicas e informes sobre la misma a entregar a la federación, me permito remitir a usted, los formatos debidamente requisitados de la matrícula correspondiente al primer semestre del año en curso de nuestra institución; así como los resultados de la auditoría externa practicada por la Universidad de Guadalajara en representación de Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior AC (Amocvies).

Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándoles un cordial saludo.

Sinceramente

Morelia, Michoacán, agosto 2016.— Doctor Carlos Alberto León Patiño (rúbrica), Director de Planeación Universitaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a esa honorable colegisladora que en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores se declaró instalada para su primer periodo de sesiones ordinarias y eligió la Mesa Directiva que funcionará durante el segundo año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Mesa Directiva

Presidente: Senador Pablo Escudero Morales

Vicepresidenta: Senadora Blanca Alcalá Ruiz

Vicepresidente: Senador César Octavio Pedroza Gaitán

Vicepresidente: Senador Luis Sánchez Jiménez

Secretaria: Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora

Secretaria: Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama

Secretario: Senador Luis Humberto Fernández Fuentes

Secretaria: Senadora María Elena Barrera Tapia

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2016.— Senador Pablo Escudero Morales (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a los tres órdenes de gobierno para que conforme a lo dispuesto en el marco jurídico nacional y de acuerdo con los tratados internacionales de que el Estado mexicano es parte, se implanten políticas públicas tendentes a eliminar todas las formas de violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres, tomando en cuenta los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda de la Organización de las Naciones Unidas para 2030.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de abril de 2016.— Senadora Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, la suscrita presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar recursos con enfoque de transversalidad a favor de los adultos mayores en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

La suscrita, senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Hace unos cuantos años se viene escuchando que nuestro país se debe ir preparando al rápido proceso de envejecimiento que va experimentando la población, esto debido a diversos factores entre los que podemos mencionar, la prolongación de la vida con motivo de las ciencias médicas, el descenso de la fecundidad y de la mortalidad infantil.

En nuestro país, las personas de 60 años y mayores a esta edad se encuentran en condiciones necesarias para una vejez digna y se considera que el envejecimiento representa 9 por ciento del total de la población y que para 2030 habrá más adultos mayores que menos de 15 años y para 2050 30 por ciento de la población se encontrará dentro del segmento de los adultos mayores.

De las cifras emitidas por el Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inapam), más de diez millones de mexicanos son mayores de 60 años, de los cuales 21.4 por ciento tiene problemas de acceso a la alimentación; 26 por ciento a servicios de salud; 28 por ciento no tienen seguridad social y 16 por ciento no cuentan con servicios de su vivienda.

Un dato impresionante es que 10 de cada 100 mexicanos son mayores de 60 años y sólo 2 de cada 10 pueden sostenerse económicamente por sí solos, viviendo la mayoría en situación de dependencia o de carencia.

Aunado a lo anterior nuestros adultos mayores se enfrentan todos los días a situaciones de desigualdad social, enfermedad, vulnerabilidad, malos tratos, inequidad, discriminación, además de que se tienen que ir adaptando a una nueva realidad debido a su edad y que trae como consecuencia el deterioro paulatino de sus órganos y funciones asociadas a los mismos.

Los pocos o muchos esfuerzos que se hace por apoyar a nuestros adultos mayores en mejorar su situación económica, de salud, de no discriminación, nos ha llevado a crear ordenamientos y disposiciones jurídicas a favor de ellos, incluso se ha establecido la creación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), organismo público descentralizado rector de la política nacional a favor de los adultos mayores.

Por todo lo anterior y ante el panorama que se avecina, resulta fundamental empezar a trabajar, promoviendo un nuevo cambio de pensamiento ante esa cultura de envejecimiento que se encuentra a unos cuantos años, y que ahora requiere apoyar en todos los aspectos de la vida a nuestros adultos mayores, por lo que es necesario hacer un esfuerzo para destinar mayores recursos a todos los programas que puedan mejorar las condiciones de vida de este sector que se encuentra en situación de vulnerabilidad y así empezar a impulsar una mayor calidad de vida.

Es necesario que dentro de esa nueva cultura asigne recursos con un enfoque de transversalidad para programas y políticas públicas a favor de los adultos mayores.

Por todo lo anteriormente expuesto, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, pongo a consideración de esta honorable asamblea, para que sea aprobado, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, asigne recursos con un enfoque de transversalidad a favor de los adultos mayores.

Dado en el Senado de la República, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis.— Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado. Se da por concluido el proceso legislativo de los asuntos antes mencionados.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que adicionaba un segundo párrafo al artículo 74 de la Ley de Aeropuertos, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado. Se da por concluido el proceso legislativo de los asuntos antes mencionados.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que adicionaba el artículo 32 Bis y reformaba el 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado. Se da por concluido el proceso legislativo de los asuntos antes mencionados.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionaba un párrafo sexto al artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado. Se da por concluido el proceso legislativo de los asuntos antes mencionados.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 11, 21, 23, 27, 33, 48, 57, 67, 68 y 81 de la Ley de Aeropuertos, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado. Se da por concluido el proceso legislativo de los asuntos antes mencionados.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 44 y se reforma la fracción VI del inciso a) del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado. Se da por concluido el proceso legislativo de los asuntos antes mencionados.



TOMA DE PROTESTA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Diana Marcela Márquez Canales, diputada federal electa por la cuarta circunscripción plurinominal.

Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a las y los siguientes: diputado Héctor Barrera Marmolejo, diputado Tómas Octaviano Félix, diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, diputado Carlos Gutiérrez García, diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola y diputada Norma Edith Martínez Guzmán.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

Se invita a todos los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Ciudadana Diana Marcela Márquez Canales, ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Diana Marcela Márquez Canales: Sí, protesto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sí así no lo hiciera, que la nación se lo demande.Bienvenida, diputada. Continúe la Secretaría.

MINUTAS



LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 46 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO CS-LXIII-I-2P-74

POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

ARTICULO UNICO. Se adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose el subsecuente en su orden, del artículo 46 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 46. ..

..

...

El concesionario o permisionario tendrá por obligación cumplir con la entrega de la bitácora de pesca que debe contener la información específica para el aprovechamiento responsable de cada pesquería, tales como artes, equipos y esfuerzo de pesca, profundidad, fecha, tallas mínimas, composiciones, biomasa, zonas y método de captura y demás elementos indispensables para el aprovechamiento sustentable de acuerdo al recurso y zona pesquera de que se trate.

...

TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 26 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta; senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Pesca, para dictamen.



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 24 Ter de la Ley General de Educación.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO CS-LXIII-I-2P-77

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 24 TER DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un artículo 24 Ter a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 24 Ter. La Secretaría deberá fomentar y promover la cultura física en los planteles educativos como factor fundamental del desarrollo armónico e integral del ser humano.

La Secretaría, en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, integrará el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, el cual deberá contener estrategias y líneas de acción para promover la educación física, el deporte para todos, el deporte estudiantil y el deporte selectivo.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 27 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.



LEY DE VIVIENDA

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO CS-LXIII-I-2P-78

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE VIVIENDA

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 33. La Comisión Intersecretarial será presidida por el Titular del Ejecutivo Federal, a través del Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o por quien éste designe y estará integrada por los titulares de las siguientes secretarías de estado:

I. a XI. ...

...

...

...

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 27 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Vivienda, para dictamen.



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 71 y se adiciona una fracción XIII Bis al artículo 7o. de la Ley General de Educación.

Atentamente

Ciudad de México, a 29 de abril de 2016.— Senador Roberto Gil Zuarth (rúbrica), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO CS-LXIII-I-2P-84

POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 71 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII BIS AL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 71 y se adiciona una fracción XIII Bis al artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. ...

I. a XIII. ...

XIII Bis. Promover una cultura emprendedora, incluyendo competencias para desarrollar la creatividad, la innovación, la iniciativa personal y la perseverancia.

XIV. a XVI. ...

Artículo 71. ...

Este consejo promoverá y apoyará entidades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar social; coadyuvará a nivel estatal en actividades de protección civil y emergencia escolar; sistematizará los elementos y aportaciones relativos a las particularidades de la entidad federativa que contribuyan a la formulación de contenidos estatales en los planes y programas de estudio; podrá opinar en asuntos pedagógicos; conocerá las demandas y necesidades que emanen de la participación social en la educación a través de los consejos escolares y municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal para gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo; conocerá los resultados de las evaluaciones que efectúen las autoridades educativas y colaborará con ellas en actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación; impulsar la investigación, difusión, preservación y sustentabilidad de proyectos emprendedores generados en las escuelas y que contribuyan al desarrollo de las comunidades.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 29 de abril de 2016.— Senador Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Presidente; senadora Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.



LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reproducción asistida.

Atentamente

Ciudad de México, a 29 de abril de 2016.— Senador Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

ÚNICO. Se reforman la fracción V del Artículo 3o.; el primer párrafo y la fracción VIII del Artículo 17 bis; las fracciones I, IV y V del Artículo 313; las fracciones XXVII y XXVIII del artículo 314; las fracciones III, V y VI del Artículo 315; el Artículo 319; el Artículo 373; el primer y último párrafos, así como las fracciones I y II del artículo 462; el primer párrafo del Artículo 466 y se suprime el actual segundo párrafo; y se adicionan la fracción VI al Artículo 313; la fracción XXIX al Artículo 314; la fracción VII al Artículo 315; el Artículo 421 Quáter; la fracción IV Bis al Artículo 462; un párrafo segundo al Artículo 466; un CAPÍTULO VI BIS denominado “Reproducción Asistida” que comprenderá del Artículo 71 bis 1 al 71 bis 7 del TÍTULO TERCERO, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. a IV Bis 2. ...

V. La planificación familiar y la reproducción asistida;

VI. a XXVIII. ...

Artículo 17 bis. La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley, incluyendo los dedicados a la. reproducción asistida: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

...

I. a VII. ...

VIII. Ejercer el control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos y tejidos y sus componentes y células de seres humanos, incluyendo aquellos actos de disposición de gametos relativos a la reproducción asistida;

IX. a XIII. ...

CAPÍTULO VI BISReproducción Asistida

Artículo 71 bis 1. Para efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Reproducción Asistida: Reproducción lograda a través de la inducción de ovulación, estimulación ovárica controlada, desencadenamiento de la ovulación, con técnicas de reproducción asistida, inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con semen del esposo, pareja o un donante, y

II. Técnicas de Reproducción Asistida: Todos los tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación, tanto de ovocitos, como de espermatozoides o embriones humanos, para el establecimiento de un embarazo.

Artículo 71 bis 2. Los requisitos que deberán cumplir los establecimientos de salud y el personal que realice servicios de reproducción asistida, se sujetarán a las disposiciones administrativas que para tal efecto emita la Secretaría de Salud.

Artículo 71 bis 3.- Toda persona que requiera de un tratamiento de reproducción asistida deberá tener la indicación médica para ello, así como:

I. Ser mayor de 18 años, con plena capacidad de ejercicio;

II. Otorgar su consentimiento informado por escrito, así como contar con el de las personas involucradas en la aplicación de la técnica para lograr el embarazo;

III. Gozar de bienestar físico y mental;

IV. Cumplir con los requisitos señalados en el protocolo del establecimiento para la atención médica donde se lleve a cabo el tratamiento de reproducción asistida, y

V. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 71 bis 4. Los embriones sólo pueden ser generados con la finalidad de lograr el embarazo.

Artículo 71 bis 5. Queda prohibido:

I. Cualquier tipo de práctica eugenésica;

II. La clonación;

III. Los implantes interespecíficos, ya sea con fines reproductivos o de investigación;

IV. La escisión embrionaria precoz;

V. La producción de híbridos o quimeras;

VI. La producción y utilización de embriones con fines de experimentación;

VII. El implante simultáneo de embriones no provenientes de la misma pareja;

VIII. La implantación de más de tres embriones, al útero de la mujer solicitante, en cada ciclo;

IX. La selección de sexo, salvo en los casos para evitar una enfermedad hereditaria grave acreditada, vinculada al sexo, y

X. Cualquier otra práctica de reproducción asistida que atente contra las disposiciones jurídicas en la materia.

Artículo 71 bis 6. La Secretaría de Salud contará con un Registro Nacional de Reproducción Asistida, cuyo funcionamiento estará sujeto a las disposiciones generales que para tal efecto emita dicha dependencia, las cuales deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 71 bis 7. Las técnicas de reproducción asistida, sólo podrán aplicarse cuando los solicitantes, encuentren impedimento médico o biológico para procrear.

Artículo 313. ...

I. El control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos, incluyendo aquellos actos de disposición de gametos relativos a la reproducción asistida, en los términos establecidos por esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

II. y III. ...

IV. Emitir las disposiciones de carácter general que permitan la homologación de los criterios de atención médica integral en la materia;

V. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para fines de trasplantes, así como de sangre y sus componentes para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos, y

VI. La regulación y el control sanitario de la reproducción asistida.

Artículo 314. ...

I. a XXVI. ...

XXVII. Trazabilidad, a la capacidad de localizar e identificar los órganos, tejidos, sus componentes y células, en cualquier momento desde la donación y, en su caso, hasta el uso terapéutico, procesamiento o destino final;

XXVIII. Hemoderivados, los productos obtenidos de algunos componentes sanguíneos, especialmente el plasma, mediante procesos fisicoquímicos o biológicos, para aplicación terapéutica, diagnóstica, preventiva o en investigación, y

XXIX. Gametos, células sexuales masculinas, espermatozoides, y femeninas, óvulos producidos por las gónadas, testículos y ovario respectivamente.

Artículo 315. ...

I. y II. ...

III. Los bancos de órganos, tejidos no hemáticos, células incluyendo, gametos relativos a la reproducción asistida;

IV. ...

V. La disposición de células troncales;

VI. Los establecimientos de medicina regenerativa, y

VII. La reproducción asistida.

...

...

Artículo 319. Se considerará disposición ilícita de órganos, tejidos, células, incluyendo gametos relativos a la reproducción asistida, embriones y cadáveres de seres humanos, aquella que se efectúe sin estar autorizada por la Ley.

Artículo 373. Requieren de licencia sanitaria los establecimientos a que se refieren los artículos 198 y 315 de esta Ley; cuando cambien de ubicación, requerirán de nueva licencia sanitaria.

Artículo 421 Quáter. Se sancionará con multa equivalente de dieciséis mil hasta quinientas mil veces la Unidad de Medida y Actualización, a quien realice alguna de las conductas previstas en los artículos 71 bis 5 y 319 de esta Ley.

Artículo 462. Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil veces la Unidad de Medida y Actualización:

I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, células, incluyendo gametos relativos a la reproducción asistida, embriones, cadáveres o fetos de seres humanos;

II. Al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos, incluyendo la sangre, células, incluyendo gametos relativos a la reproducción asistida, embriones, cadáveres, fetos o restos de seres humanos;

III. ...

IV. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la procuración ilegal de órganos, tejidos y células o el trasplante de los mismos.

IV Bis. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la procuración ilegal de gametos relativos a la reproducción asistida y embriones;

V. a VII. ...

En el caso de las fracciones III, IV, IV Bis, V y VI se aplicarán al responsable, además de otras penas, de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.

Artículo 466. Al que sin consentimiento de una mujer, realice en ella alguna técnica de reproducción asistida, se le aplicará prisión de uno a tres años, si no se produce el embarazo como resultado de la inseminación; si resulta embarazo, se impondrá prisión de dos a ocho años.

Si se realiza la conducta antes descrita a una mujer menor de 18 años de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta, sin importar que medie consentimiento, se le aplicará de cuatro a doce años de prisión, si no se produce el embarazo como resultado de la inseminación; si resulta embarazo, se aumentará la pena hasta en una mitad.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal contará con un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto para emitir las disposiciones reglamentarias del presente Decreto.

TERCERO. Dentro del plazo de 120 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, todas las instituciones que brinden servicios y unidades autorizadas de reproducción asistida comunicarán a las autoridades sanitarias el número total de embriones que mantengan, procedentes de técnicas de reproducción, iniciados antes de la entrada en vigor de estas reformas, así como la información disponible sobre su estado.

CUARTO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado de la Secretaría de Salud.

QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente Ley.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 29 de abril de 2016.— Senador Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Presidente; senadora Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES



LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Congreso del Estado de Baja California.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por este conducto, me dirijo muy respetuosamente a usted, a fin de hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria de la honorable XXI Legislatura constitucional del estado de Baja California, celebrada el día 14 de julio del año en curso, se aprobó el siguiente

Dictamen número 93

De la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales

Único. Se aprueba la remisión al Congreso de la Unión, en los términos del considerando décimo primero del expediente correspondiente a la iniciativa que adiciona los artículos 8, 26, 27 de la Ley General de Víctimas, que contiene adenda que adiciona los incisos de la a) a la g) en el párrafo cuarto de la fracción X del artículo 116 de la citada norma, de conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 8. Las víctimas directas o las víctimas indirectas recibirán ayuda económica, provisional, definitiva, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante ocurrido en el país o el extranjero para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.

Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus familiares sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permiten el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente ley.

Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.

Artículo 26. Las víctimas directas o las víctimas indirectas, tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, compreT1diendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

Artículo 27. Para los efectos de la presente ley, la reparación integral comprenderá:

I. La restitución busca devolver a la víctima directa o a las víctimas indirectas a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos;

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;

III. La compensación económica ha de otorgarse a la víctimas directas o a las víctimas indirectas de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas;

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir;

VI. Para les efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá come un derecho del que son titulares les grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de les derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados. Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de les sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.

Artículo 116. Las instancias públicas, competentes en las materias de seguridad pública, desarrollo social, desarrollo integral de la familia, salud, educación y relaciones exteriores, de cada uno de los órdenes de gobierno, dentro de su ámbito de competencia, deberán:

I. a la IX. ...

X. ...

(... )

(... )

En materia de relaciones exteriores, le corresponderán las siguientes obligaciones:

a) Proponer, propiciar y asegurar en el exterior la reparación del daño a las víctimas directas o, en su caso, a las víctimas indirectas, a través de coordinación de acciones en materia de cooperación internacional de las dependencias y entidades de la administración pública federal, que garanticen la protección de los derechos de las víctimas;

b) promover, propiciar y asegurar en el exterior la coordinación de acciones en materia de cooperación internacional de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que garanticen la protección de los derechos de las víctimas;

e) Dentro de su ámbito de competencia deberá intervenir en la celebración de tratados, acuerdos y convenciones internacionales que se vinculen con la protección de los derechos humanos de las víctimas en los que el país sea parte;

d) Denunciar ante la autoridad competente, cuando tenga conocimiento de violaciones a derechos humanos;

e) Instrumentar en el exterior, en coordinación con instituciones, asociaciones y cámaras correspondientes, los mecanismos necesarios para brindar protección inmediata a las víctimas, a través de orientación y canalización a las instituciones competentes;

f) Establecer los mecanismos de información para que los nacionales cuando se encuentren en el extranjero, conozcan a dónde acudir en caso de encontrarse en la calidad de víctimas, y

g) Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

(... )

(...)

Artículos Transitorios

Primero. Aprobada que sea esta iniciativa por la XXI Legislatura del estado de Baja California, remítase formalmente al Congreso de la Unión para su trámite correspondiente.

Segundo. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el de Diario Oficial la Federación.

Tercero. Una vez seguido el proceso legislativo, remítase al titular del Ejecutivo Federal, para que en un término de 90 días, a partir de la entrada en vigor de la presente reforma, se realicen las adecuaciones necesarias al Reglamento de la Ley General de Víctimas.

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, hacemos propicia la ocasión para reiterarle nuestra distinguida consideración.

Atentamente

Mexicali, Baja California, 14 de julio de 2016.— Por la Mesa Directiva, diputada Mónica Bedoya Serna (rúbrica), Presidenta; diputada Rosa Isela Peralta Casillas (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Congreso del Estado de Colima.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto, me permito informarles que en sesión pública ordinaria, celebrada con fecha 16 de los corrientes, los diputados integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, aprobaron por mayoría, y con las facultades que le otorga la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviar a esa Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa por la que se propone la adición de un segundo párrafo al apartado I del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos:

Iniciativa de acuerdo con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al apartado I del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 72. ...

A. a H....

I. ...

Cualquiera de las Cámaras a través de sus comisiones ordinarias, podrá convocar a las legislaturas de los estados, mediante la representación de los integrantes que éstas acuerden, cuando se discuta una iniciativa de ley o decreto a esta Constitución, o cualquier otra ley que implique la armonización de la legislación de las entidades federativas, con el objeto de conocer sus posicionamientos al respecto.

I. (sic DOF 24-11-1923). ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez que se cumpla con lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

El titular del Poder Ejecutivo federal dispondrá se publique, circule y observe.

Sin otro particular solicitamos se le dé el trámite legislativo correspondiente a la iniciativa en comento, adjuntándose el citado documento para los efectos señalados.

Atentamente

Colima, Colima, a 18 de agosto de 2016.— Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo (rúbrica); secretario; diputado José Adrián Orozco Neri (rúbrica), secretario.»

«Congreso del Estado de Colima.

Presidente del Honorable Congreso del Estado.— Presente.

El suscrito, diputado Federico Rangel Lozano, y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del estado, en ejercicio de las facultades que les confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción I, del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como en lo dispuesto en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, someten a consideración de la asamblea la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 71, dispone quiénes gozan del derecho de iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión, en el caso particular, la fracción III de dicho numeral faculta a las legislaturas de los estados para que, si es su deseo, hagan uso de esa atribución, facultad que permite a las legislaturas locales emprender leyes o decretos ante el Congreso de la Unión cuando a juicio de éstas, consideran que deban reformarse o crearse ciertas disposiciones normativas de competencia exclusiva del Congreso de la Unión.

Materializada la facultad de iniciativa prevista en el citado artículo 71 por cualquiera de los agentes que se mencionan en éste, dicha iniciativa deberá sujetarse a lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Federal, el cual dispone de manera genérica el proceso legislativo que ha de seguir cada iniciativa de ley o decreto una vez que ha sido presentada ante cualquiera de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión.

Es en el artículo 72 de la Carta Magna donde el ejercicio del derecho de presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión, en un estado federal como el nuestro, provoca que la fijación de posturas políticas puestas en debate, resulta parte esencial en los acuerdos de transformación de los sistemas jurídico y político mexicanos; más aún, cuando en ejercicio de las atribuciones legislativas (formales y materiales), se busca reformar a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la legislación que encuentra concurrencia con las entidades federativas, y que su entrada en vigor, sea susceptible de armonización por parte de las legislaturas de las entidades federativas.

Ante la diversidad de planteamientos y posturas que puede existir en el seno de las comisiones de cualquiera de las Cámaras de Diputados y de Senadores al momento de discutirse las iniciativas de ley o decreto de los ordenamientos antes señalados, permite un ejercicio de enriquecimiento ideológico que favorece a los miembros que integran los órganos dictaminadores, al momento de emitir sus opiniones respecto del proyecto a tratarse.

Es precisamente en esta etapa del procedimiento legislativo, relativo al estudio y análisis de las iniciativas, en el cual las legislaturas estatales pueden aportar diversos elementos, basados en la perspectiva de sus realidades, atendiendo a estrategias de desarrollo y agendas legislativas.

Dicha práctica se lleva a cabo en tratándose de temas en la que son invitados al debate en comisiones diversos grupos relacionados con los temas, de los cuales, sus experiencias y aportaciones son susceptibles de fortalecer el panorama y contenido del proyecto legislativo en discusión.

Vista la existencia de dicha apertura por parte de las comisiones dictaminadoras, resulta trascendental, desde una perspectiva de cooperación parlamentaria, abrir los espacios políticos del Congreso de la Unión a través de sus comisiones, respecto de los temas que impactan el orden jurídico de las entidades federativas; para que en un ejercicio tangible de participación representativa, las comisiones ordinarias que integran la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, según sea el caso, tengan la facultad de extender una atenta convocatoria a las legislaturas de las entidades federativas, a fin de que éstas, a través de un previo acuerdo, designen representantes que hagan valer sus opiniones y expectativas, para de esa manera, desplegar sus posicionamientos respecto a la diversidad de temas a tratar.

Por tanto, de consolidarse la pretensión que nos ocupa, se estaría fortaleciendo el procedimiento legislativo, y a su vez, el sistema federal representativo, pues se amplía el espectro político, social y económico de los proyectos legislativos en beneficio de la sociedad mexicana, mediante una postura incluyente, considerada desde diversos ángulos.

Cabe mencionar, que en vísperas de celebrarse los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consideramos importante robustecer la participación política de las legislaturas de las entidades federativas, en cuanto a ser escuchadas antes de que se emitan los dictámenes que habrán de ser discutidos por el pleno de ambas Cámaras; de esta forma, el ejercicio que caracteriza al principio de rigidez de nuestra Constitución federal se verá fortalecido, toda vez que las legislaturas locales conocerán de los temas y versarán su votación en su momento respectó de la minuta que se turne, en concordancia con las experiencias y el intercambio de opiniones que en el debate en comisiones se desarrolle.

Asimismo, con pleno respeto a las esferas competenciales, las legislaturas de las entidades federativas únicamente aportarán sus experiencias a través de posicionamientos, por lo que, en ningún momento, participarán con voto en proyectos legislativos ajenos a su competencia, al tiempo en que el H. Congreso de la Unión, se posicionaría como un poder incluyente e innovador.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a consideración de este Honorable Congreso del estado el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Esta Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del estado acuerda remitir a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto relativa a adicionar un segundo párrafo al apartado I del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:.

Artículo 72. ...

A. a H. ...

I. ...

Cualquiera de las Cámaras a través de sus comisiones ordinarias, podrá convocar a las legislaturas de los estados, mediante la representación de los integrantes que éstas acuerden, cuando se discuta una iniciativa de ley o decreto a esta Constitución, o cualquier otra ley que implique la armonización de la legislación de las entidades federativas, con el objeto de conocer sus posicionamientos al respecto.

I (sic DOF 24-11-1923). ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez que se cumpla con lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

El titular del Poder Ejecutivo federal dispondrá se publique, circule y observe.

Segundo. Una vez aprobado el presente acuerdo, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se remita a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para efectos de que se le dé el trámite legislativo correspondiente.

Tercero. Con relación a lo dispuesto en el resolutivo segundodel presente acuerdo, se comunique el mismo a las legislaturas de las demás entidades federativas, a efecto de que si así lo desean, se sumen a lo dispuesto en la presente iniciativa.

Los que suscribimos el presente Acuerdo, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Colima, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación.

Atentamente

Colima, Colima, a 16 de agosto de 2016.— Diputado Federico Rangel Lozano (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; diputado José Adrián Orozco Neri (rúbrica); coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputada Martha Alicia Meza Oregón (rúbrica), diputada única del PVEM; diputado Joel Padilla Peña (rúbrica), diputado único del PT; Grupo Parlamentario del PRI; diputada Juana Andrés Rivera (rúbrica); diputada Graciela Larios Rivas (rúbrica); diputado Octavio Tintos Trujillo (rúbrica); diputado Héctor Magaña Lara (rúbrica); diputado José Guadalupe Benavides (rúbrica); diputado Eusebio Mesina Reyes (rúbrica); diputado Santiago Chávez Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Congreso del Estado de Jalisco.

Honorable Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados. Avenida Congreso de la Unión, número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, código postal 15960, Ciudad de México, DF.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso de Jalisco, en sesión verificada el jueves 7 de julio de 2016, aprobó el acuerdo legislativo número 616-LXI-2016, del que le adjunto copia, en el cual de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

“2016, año de la acción ante el cambio climático en Jalisco.”

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 8 de agosto de 2016.— Licenciado José de Jesús Reynoso Loza (rúbrica), secretario general del Honorable Congreso del Estado.»

«Congreso del Estado de Jalisco.

Acuerdo Legislativo

Del Congreso del estado de Jalisco que presenta ante el Honorable Congreso de la Unión iniciativa de ley que adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO PRIMERO. Envíese al Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de la LXI Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, junto con el presente acuerdo legislativo como exposición de motivos, la siguiente

Que adiciona el artículo 35 fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. a VIII.

IX. Participar en los procesos de revocación de mandato, los cuales tendrán como finalidad que el pueblo determine la separación anticipada del cargo del Presidente de la República, los diputados federales, senadores, gobernadores, jefe de gobierno, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos.

Transitorios

Artículo Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión contará con un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir las reformas a la legislación secundaria.

Artículo Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General del Congreso del estado a efecto de que remita el presente acuerdo legislativo a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Guadalajara, Jalisco, julio de 2016.— Sala de comisiones del Congreso del Estado.— La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Reglamentos, diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Hugo Contreras Zepeda (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo (rúbrica), Liliana Guadalupe Morones Vargas (rúbrica), Édgar Oswaldo Bañales Orozco (rúbrica), Juan Ceballos Guzmán (rúbrica), Érika Lizbeth Ramírez Pérez, Augusto Valencia López, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, Felipe de Jesús Romo Cuéllar (rúbrica), Saúl Galindo Plazola (rúbrica), José García Mora.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Congreso del Estado de Jalisco.

Honorable Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso de Jalisco, en sesión verificada el jueves 7 de julio de 2016, aprobó el acuerdo legislativo número 617-LXI-2016, del que le adjunto copia, en el cual de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del Acuerdo Legislativo de referencia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta Soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 8 de agosto de 2016.— Licenciado José de Jesús Reynoso Loza (rúbrica), secretario general del Honorable Congreso del Estado.»

«Congreso del Estado de Jalisco.

Acuerdo

Del Congreso de Jalisco que presenta ante el Honorable Congreso de la Unión iniciativa de ley que reforma el párrafo segundo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero. Envíese al Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, junto con el presente acuerdo legislativo como exposición de motivos, la siguiente

Iniciativa de Ley

Que reforma el párrafo segundo del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el civismo y el respeto a las normas de convivencia pública, así como la observancia a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

I. a IX. ...

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se instruye a la Secretaría General del Congreso del estado a efecto de que remita el presente Acuerdo Legislativo a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Guadalajara, Jalisco, a julio de 2016.— Sala de comisiones del Congreso del Estado.— La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Hugo Contreras Zepeda (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo (rúbrica), Liliana Guadalupe Morones Vargas (rúbrica), Édgar Oswaldo Bañales Orozco (rúbrica), Juana Ceballos Guzmán (rúbrica), Érika Lizbeth Ramírez Pérez (rúbrica), Augusto Valencia López, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, Felipe de Jesús Romo Cuéllar (rúbrica), Saúl Galindo Piazola (rúbrica), José García Mora.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Congreso del Estado de Jalisco.

Honorable Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada el día jueves 7 de julio de 2016, aprobó el acuerdo legislativo número 618-LXI-2016, del que le adjunto copia, en el cual de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

“2016, año de la acción ante el cambio climático en Jalisco.”

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 8 de agosto de 2016.— Licenciado José de Jesús Reynoso Loza (rúbrica), secretario general del Honorable Congreso del Estado.»

«Congreso del Estado de Jalisco.

Acuerdo Legislativo

Del Congreso del estado de Jalisco que presenta ante el Honorable Congreso de la Unión iniciativa que reforma el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Envíese al Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de la LXI Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, junto con el presente acuerdo legislativo como exposición de motivos, la siguiente

Iniciativa de Decreto

Que reforma el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, las condiciones necesarias para garantizar el disfrute y libre acceso a los bienes de dominio público de uso común, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

...

...

...

...

...

...

...

I. a la XX. ...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se instruye a la Secretaría General del Congreso del Estado a efecto de que remita el presente acuerdo Legislativo a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Guadalajara, Jalisco, julio de 2016.— Sala de comisiones del Congreso del estado de Jalisco.— La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Hugo Contreras Zepeda (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo (rúbrica), Liliana Guadalupe Morones Vargas (rúbrica), Edgar Oswaldo Bañales Orozco (rúbrica), Juana Ceballos Guzmán (rúbrica), Érica Lizbeth Ramírez Pérez, Augusto Valencia López, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, Felipe de Jesús Romo Cuéllar (rúbrica), Saúl Galindo Plazola (rúbrica), José García Mora.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Congreso del Estado de Jalisco.

Honorable Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de Jalisco, en sesión verificada el jueves 7 de julio de 2016, aprobó el acuerdo legislativo número 615-LXI-2016, del que le adjunto copia, en el cual de manera atenta y respetuosa se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 8 de agosto de 2016.— Licenciado José de Jesús Reynoso Loza (rúbrica), secretario general.»

«Congreso del Estado de Jalisco.

Acuerdo Legislativo

Del Congreso de Jalisco, que presenta ante el Congreso de la Unión iniciativa de ley que deroga el artículo 55, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Primero. Envíese al Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de la LXI Legislatura del Congreso de Jalisco, junto con el presente acuerdo legislativo como exposición de motivos, la siguiente

Iniciativa de Ley

Que deroga el artículo 55, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 55. ...

I. ...

II. Derogada.

III. a VII. ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se instruye a la Secretaría General del Congreso del estado a efecto de que remita el presente acuerdo legislativo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Guadalajara, Jalisco, junio de 2016.— Sala de comisiones del Congreso del estado.— La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Hugo Contreras Zepeda (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo (rúbrica), Liliana Guadalupe Morones Vargas (rúbrica), Édgar Oswaldo Bañales Orozco (rúbrica), Juana Ceballos Guzmán (rúbrica), Érika Lizbeth Ramírez Pérez (rúbrica), Augusto Valencia López, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, Felipe de Jesús Romo Cuéllar (rúbrica), Saúl Galindo Plazola (rúbrica), José García Mora.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Congreso del Estado de Jalisco.

Honorable Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada el día jueves 7 de julio de 2016, aprobó el acuerdo legislativo número 619-LXI-2016, del que le adjunto copia, en el cual de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que, en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

“2016, año de la acción ante el cambio climático en Jalisco.”

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 8 de agosto de 2016.— Licenciado José de Jesús Reynoso Loza (rúbrica), secretario general del Honorable Congreso del Estado.»

«Congreso del Estado de Jalisco.

Acuerdo Legislativo

Del Congreso del estado de Jalisco que presenta ante el Honorable Congreso de la Unión iniciativa de ley que reforma los artículos 6, 25, 26, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Envíese al Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de la LXI Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, junto con el presente acuerdo legislativo como exposición de motivos, la siguiente

Iniciativa de Ley

Que reforma los artículos 6, 25, 26, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o.

...

....

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios; asimismo reconoce y protege el derecho al acceso a la innovación, ciencia y tecnología, por lo cual promoverá y garantizara su desarrollo, con el objetivo de elevar el nivel de vida de toda persona que se encuentre en territorio nacional.

La innovación, entendida de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de esta Constitución.

...

A. a B. ...

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, la innovación, ciencia, tecnología, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

La innovación es la concepción e implementación de cambios significativos, novedad en productos o servicios, procesos; mejora de servicios públicos en atención a la ciudadanía, estrategias orientadas a introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes, con el objetivo de colaborar al progreso de la Nación.

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 26.

A. El Estado organizará un sistema de planeación basada en la innovación, ciencia, tecnología, con fines democráticos para el desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

...

...

...

B. a C. ...

Artículo Segundo. Se instruye a la Secretaría General del Congreso del estado a efecto de que remita el presente acuerdo legislativo a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Guadalajara, Jalisco, julio de 2016.— Sala de comisiones del Congreso del estado de Jalisco.— La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Hugo Contreras Zepeda (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo (rúbrica), Liliana Guadalupe Morones Vargas, Edgar Oswaldo Bañales Orozco (rúbrica), Juana Ceballos Guzmán (rúbrica), Érica Lizbeth Ramírez Pérez (rúbrica), Augusto Valencia López, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, Felipe de Jesús Romo Cuéllar (rúbrica), Saúl Galindo Plazola (rúbrica), José García Mora.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Congreso del Estado de Jalisco.

Honorable Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión verificada el jueves 7 de julio de 2016, aprobó el acuerdo legislativo número 621-LXI-2016, del que le adjunto copia, en el cual de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, 8 de agosto de 2016.— Licenciado José de Jesús Reynoso Loza (rúbrica), secretario general del Honorable Congreso del Estado.»

«Congreso del Estado de Jalisco.

Acuerdo Legislativo

Que presenta ante el Congreso de la Unión iniciativa de ley que reforma los artículos 61, 108, 110, 111 y deroga el 112, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Envíese al Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, junto con el presente acuerdo legislativo como exposición de motivos, la siguiente

Iniciativa de ley

Que reforma los artículos 61, 108, 110, 111 y deroga el 112, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 61. ...

El presidente de cada Cámara velará por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

Artículo 111. Para proceder penal mente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el fiscal general de la República y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, bastará con la denuncia debidamente presentada y ratificada ante la autoridad correspondiente.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Para poder proceder penal mente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, y los miembros de los organismos a los que las constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía se seguirá el mismo supuesto establecido en este artículo.

Se deroga.

Una vez iniciado el debido proceso penal contra el inculpado, éste permanecerá en su cargo en tanto no se dicte sentencia. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

Se deroga.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Artículo 112. Se deroga.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, previa realización del procedimiento a que se refiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Salón de sesiones del Palacio del Poder Legislativo, Guadalajara, Jalisco, julio de 2016.— La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Juana Ceballos Guzmán (rúbrica), Felipe de Jesús Romo Cuéllar (rúbrica), Édgar Oswaldo Bañales Orozco (rúbrica), Liliana Guadalupe Morones Vargas (rúbrica), Ramón Demetrio Guerrero Martínez, José García Mora, Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo (rúbrica), Augusto Valencia López, Saúl Galindo Plazola (rúbrica), Hugo Contreras Zepeda (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Érika Elizabeth Ramírez Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Congreso del Estado de Jalisco.

Honorable Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de Jalisco, en sesión verificada el jueves 7 de julio de 2016 aprobó el acuerdo legislativo número 620-LXI-2016, del que le adjunto copia, en el cual de manera atenta y respetuosa se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 8 de agosto de 2016.— Licenciado José de Jesús Reynoso Loza (rúbrica), secretario general.»

«Congreso del Estado de Jalisco.

Acuerdo Legislativo

Primero. Elévese a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma al artículo 225 de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:

Iniciativa de Ley

Que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 225....

El envasado y empaque para su comercialización y venta al público deberá incluir la denominación distintiva o marca, denominación genérica y específica, la fecha de caducidad y gramaje en lenguaje braille mediante marcas en relieve.

En la denominación distintiva no podrá incluirse clara o veladamente la composición del medicamento o su acción terapéutica. Tampoco indicaciones en relación con enfermedades, síndromes, síntomas ni las que recuerden datos anatómicos o fenómenos fisiológicos, excepto en vacunas y productos biológicos.

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción, publicidad, etiquetado y en cualquier otra referencia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor transcurrido un año del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se instruye a la Secretaría General del Congreso del estado a efecto de que remita el presente acuerdo legislativo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Guadalajara, Jalisco, junio de 2016.— Sala de comisiones del Congreso del estado.— La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Hugo Contreras Zepeda (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo (rúbrica), Liliana Guadalupe Morones Vargas (rúbrica), Édgar Oswaldo Bañales Orozco (rúbrica), Juana Ceballos Guzmán (rúbrica), Érika Lizbeth Ramírez Pérez (rúbrica), Augusto Valencia López, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, Felipe de Jesús Romo Cuéllar (rúbrica), Saúl Galindo Plazola (rúbrica), José García Mora.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

Proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política está por recibirse. Vamos a dar cauce al orden del día y en cuanto lo tengamos en Mesa Directiva será puesto a su consideración.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Por tanto tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Nora Liliana Oropeza Olguin, para presentar dos iniciativas en una sola intervención. Ella es integrante del Grupo Parlamentario del PRI. Presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 344 de la Ley Federal del Trabajo, así como la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

La diputada Nora Liliana Oropeza Olguin:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Vengo a esta tribuna a presentar dos iniciativas que tienen que ver con la tutela de los derechos de dos sectores de la sociedad más vulnerables. Los niños jornaleros y los despachadores de las estaciones de gasolina.

En el primer caso, propongo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo del artículo 23 y reforma la fracción VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación.

En el segundo caso, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley Federal del Trabajo... 344, perdón.

Respecto a la primera iniciativa la motiva el derecho a la educación que goza todo mexicano, lo consigna la Carta Magna así como tratados y convenios internacionales signados por nuestro país. Sin embargo, ¿cuál es la situación real en la educación de los menores cuyos padres cambian de residencia dentro del país para obtener el sustento de la familia?

En los últimos años trabajadores migrantes se desplazaron de una región a otra a escala nacional para incorporar su mano de obra en los campos agrícolas, pesca o la construcción. A esta dinámica migratoria en la mayoría de los casos se sumó la familia sin ninguna expectativa y en una elevada proporción se fue generando un conflicto migratorio, según se observa, en un estado de indefensión y vulnerabilidad con alta probabilidad de explotación, trata de personas, hostilidad y marginación y que muestra una tendencia indeseable, la discriminación, y una suerte de esclavitud laboral.

Se ha señalado el carácter familiar que reviste la contratación de jornaleros para las regiones, y actividades agroexportadoras del centro occidente y norte del país. En esta población de jornaleros abundan los niños que también trabajan, no obstante que la Ley del Trabajo vigente establece la prohibición para la contratación de niños menores de 14 años con el fin de protegerlos y garantizar su educación.

En sentido estricto la necesidad económica hace que los migrantes internos posterguen la cuestión educativa de sus hijos, quienes corren el riesgo de quedar olvidados entre los pobres, sin calificación y sin educación; un infortunio evitable, ya que en México el Estado garantiza un sistema nacional de enseñanza gratuita, obligatoria, básica y media. Sobre esta base se deben de revisar actitudes de los centros de trabajo que contratan a los trabajadores migrantes internos para evitar abusos, al negar la oportunidad de que niños y niñas miembros de estas familias accedan a la escuela.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII al artículo 33, y adiciona los párrafos quinto, sexto y séptimo, del artículo 23 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

La obligación arriba señalada tendrá la misma validez con carácter obligatorio a todo propietario de campo agrícola que contrate mano de obra de trabajadores jornaleros acompañados de familias, a brindar la atención debida a la enseñanza de los niños y niñas. Para dicho cumplimiento el propietario destinará un espacio como centro educativo temporal, para la realización de talleres especiales enfocados a la enseñanza básica de los niños y niñas. Dicho centro educativo será coordinado y supervisado por la autoridad educativa correspondiente al lugar donde esté ubicado el campo agrícola. La autoridad educativa proveerá de la planta docente necesaria y especializada para tales casos. También promocionará constancia de estudios correspondientes que le soliciten los trabajadores, para asegurar la continuidad de estudios de sus hijos en otro lugar al que emigren, tal disposición para fortalecer el respeto a los derechos fundamentales de los niños y niñas, y el cumplimiento de los artículos 3o., 4o., de la Constitución Política Mexicana. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo los siguientes:

VIII. “Desarrollarán programas con perspectivas de género para los niños jornaleros migrantes, para otorgar becas y demás apoyos económicos para ejercer su derecho a la educación”.

En relación a la segunda iniciativa respecto a los despachadores de las estaciones de gasolina, la presento en el tenor de la siguiente

Exposición de motivos

En México, la legislación en la materia laboral señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno al que corresponde salario igual de las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación para el trabajo.

Estos derechos establecidos en la Constitución y en las leyes se refieren también a la exigencia de la seguridad social, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y los servicios necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión para los trabajadores, entre otras situaciones.

No obstante que la norma es clara, algunos patrones incumplen muchas veces de estas obligaciones, argumentando que su actividad empresarial o comercial no se encuentra en el supuesto al que hace referencia la Ley Federal del Trabajo sobre establecimientos análogos, ni tampoco se reconoce como trabajadores el personal que labora en sus empresas. Lo que ha dado como resultado que éstos no sean sujetos de los derechos a los que la ley refiere, como sucede con los más de 300 mil despachadores de gasolina que trabajan en poco más de 12 mil gasolineras establecidas en todo el país.

Trabajadores que solamente son favorecidos con propinas se encuentran en total indefensión laboral al carecer de percepción fija y los mínimos beneficios de seguridad social y prestaciones.

Creemos conveniente acabar con injusticias, o ¿acaso no le es para los trabajadores de estaciones de servicio de gasolina que no perciban salarios –salvo propina de automovilistas– ni tengan derecho a aguinaldo, acceso a una vivienda, fondo al retiro, vacaciones, mucho menos gocen de reparto de utilidades, y que estén obligados a comprar uniformes, pagar entre 200 y 300 pesos como derecho de piso y vender una cantidad fija de aditivos y aceites para el motor, productos que en caso de no vender no les pagan?

Sobre las consecuencias de la relación actual en las gasolineras surgen varias interrogantes: ¿qué sucede con ellos en caso de una explosión, una clase de accidentes: atropellamiento, un asalto a mano armada? ¿Qué sucede con las mujeres embarazadas empleadas en esas estaciones de servicio?, ¿a quién acuden estos trabajadores cuando son masivamente despedidos por el cierre de una estación?

Ante esta realidad de abusos laborales en contra de los despachadores de gasolina, se busca con esta iniciativa que se les reconozca como trabajadores en los términos que señala la Ley Federal del Trabajo.

Una vez reconocidos jurídicamente como trabajadores accedan a los beneficios como lo establece la Ley del Seguro Social, como: el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, como el otorgamiento de una pensión.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, compañera diputada.

La diputada Nora Liliana Oropeza Olguin: Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de la soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 344 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 344. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares, gasolineras y otros establecimientos análogos.

Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguin, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Nora Liliana Oropeza Olguin, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona los párrafos quinto, sexto y séptimo del artículo 23, y reforma la fracción VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la educación es una garantía que goza todo mexicano, es la mejor aportación contra la desigualdad y discriminación. Lo consigna la Carta Magna, así como tratados y convenios internacionales signados por nuestro país. Sin embargo, ¿cuál es la situación real en la educación de los menores cuyos padres cambian de residencia dentro del país para obtener el sustento de la familia?

Indistintamente del proceso de migración en su dimensión nacional que existe entre México y Estados Unidos, coexiste una realidad en el territorio claramente diferenciada de índole interna. Se estima un flujo migratorio cuyo estatus está lejos de considerarse irregular, porque obedece a emergencias económicas, sociales y políticas del país, en algunos casos extremos de inseguridad y violencia, que lleva a miles de familias a emigrar a otra entidad.

En los últimos años, trabajadores migrantes se desplazaron de una región a otra a escala nacional, para incorporar su mano de obra en campos agrícolas, pesca o la construcción. A esta dinámica migratoria, en la mayoría de los casos, se sumó la familia sin ninguna expectativa y en una elevada proporción se fue generando un conflicto migratorio silente, según se observa, en un estado de indefensión y vulnerabilidad, con alta probabilidad de explotación, trata de personas, hostilidad y marginación y que muestra una tendencia indeseable: la discriminación y una suerte de esclavitud laboral en su propio país. Ante esta problemática de migración interna como fenómeno familiar es necesario que se promueva el respeto a sus derechos humanos y fundamentales, particularmente lo concerniente a la educación para sus hijos.

De acuerdo a la UNICEF cada año, aproximadamente 300 mil niñas y niños en nuestro país abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a otras entidades. En este mismo rubro la Secretaria de Educación Pública (SEP) estima que menos del 10% de estos niños y niñas asiste a la escuela. Este dato es alarmante y es necesario implementar las medidas necesarias para que este grupo de hijos e hijas de jornaleros migrantes ingresen a la educación, y con ello se cumpla el objetivo 3.2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, de garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. En este sentido menciona líneas de acción importantes, como lo son: Impulsar el desarrollo servicios educativos destinados a la población en riesgo de exclusión, robustecer la educación indígena, la destinada a niños migrantes, la telesecundaria, así como los servicios educativos que presta el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

Académicamente se ha señalado el carácter familiar que reviste la contratación de jornaleros para las regiones y actividades agroexportadoras del centro, occidente y norte del país. Se refiere cómo los enganchadores acuden a los sitios más alejados donde priva la extrema pobreza a reclutar campesinos, coordinar su traslado en unidades financiadas por los productores quienes los ubican en campamentos, la mayoría de las veces, insalubres. En esta población jornalera abundan los niños que también trabajan, no obstante que la Ley de Trabajo vigente establece la prohibición para la contratación de niños menores de 14 años con el fin de protegerlos y garantizar su educación, como se percibe en los artículos 173 o el 541, fracción I. México también es miembro de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la ONU desde 1989, que señala puntualmente la protección a los niños contra el desempeño de cualquier tipo de actividad laboral que se interponga en su educación.

En sentido estricto, la necesidad económica hace que los migrantes internos posterguen la cuestión educativa de los hijos; quienes corren el riesgo de quedar olvidados entre los pobres, sin calificación y sin educación. Un infortunio evitable, ya que en México el Estado garantiza un sistema nacional de enseñanza gratuita obligatoria básica y media. Incluso de un modo particular existe el Programa de Educación Primaria para Niños y Niñas Migrantes; y qué decir, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; por ello, sobre esta base se deben revisar actitudes de los centros de trabajo que contratan a los trabajadores migrantes internos, para evitar abusos al negar la oportunidad de que niños y niñas miembros de esas familias accedan a la escuela.

Consideraciones

Resulta ineludible, para enfrentar el fenómeno migratorio interno, el diseño y aplicación de políticas dedicadas a atender estos grupos; determinar una conciliación reglamentada que involucre a los tres niveles de gobierno para promover acciones y asumir la responsabilidad correspondiente de tal forma que se protejan y garanticen los derechos de este éxodo de familias completas, unidos por una constante: son los desplazados sin dinero ni casa.

Es importante que la Secretaría de Educación Pública reafirme los programas existentes y diseñe nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje y, sobre todo, regionalice dichas medidas para garantizar el beneficio en esos niños y niñas migrantes, considerando por supuesto sus particularidades y necesidades debido a su calidad de miembros de familias jornaleras.

En México no existe cabida para la injusticia y discriminación, todos los niños tienen derecho a la inclusión educativa. De ahí la necesidad de implantar por Ley la creación de centros educativos especializados para el mejor desarrollo de esos niños migrantes; y que las instalaciones se encuentren en el entorno de los campamentos o lugar de trabajo de sus progenitores, con horarios flexibles. Asimismo, en el caso de optar por otros mecanismos como la educación a distancia, es menester que cuenten con el apoyo de profesores comprometidos con el desarrollo de esa población infantil. Que no quede en letra muerta como hasta ahora a pesar de las políticas y programas educativos existentes.

La protección de los derechos de los niños migrantes demanda cambios, en consecuencia, la enseñanza debe ser efectiva y significativa, porque esa población que emigra de una entidad a otra en el país, por diversas razones, debe gozar de. los mismos derechos que los demás niños, tal como lo consigna la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 2 así como la Declaración de los derechos del niño.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración del pleno de ésta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Educación.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se reforma la fracción VIII al artículo 33; y adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo al artículo 23 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 23. ...

...

...

...

Las obligaciones arriba señaladas tendrán la misma validez con carácter obligatorio a todo propietario de campos agrícolas que contrate mano de obra de trabajadores jornaleros acompañados de familias a brindar la atención debida en la enseñanza a los niños y niñas.

Para dicho cumplimiento el propietario destinará un espacio como centro educativo temporal para la realización de talleres especiales enfocados a la enseñanza básica de los niños y niñas.

Dicho centro educativo será coordinado y supervisado por la autoridad educativa correspondiente al lugar donde esté ubicado el campo agrícola. La autoridad educativa proveerá de la planta docente necesaria y especializada para tales casos. También proporcionará las constancias de estudios correspondientes que soliciten los trabajadores para asegurar la continuidad de estudios de sus hijos en otro lugar al que emigren. Tal disposición para fortalecer el respeto a los derechos fundamentales de los niños, niñas y el cumplimiento de los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política Mexicana.

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a VII. ...

VIII. Desarrollarán programas con perspectiva de género, lo mismo que para los niños jornaleros migrantes, para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación;

IX. a XVII. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputadas y diputados: Nora Liliana Oropeza Olguin, Ana María Boone Godoy, Álvaro Ibarra Hinojosa, Arlet Mólgora Glover, Beatriz Vélez Núñez, Braulio Mario Guerra Urbiola, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Daniel Torres Cantú, Eloísa Chavarrías Barajas, Enrique Rojas Orozco, Eva Florinda Cruz Molina, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Flor Estela Rentería Medina, Hugo Alejo Domínguez, Jorge Álvarez López, José Hugo Cabrera Ruiz, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Lilia Arminda García Escobar, María Gloria Hernández Madrid, María Guadalupe Oyervides Valdez, María Soledad Sandoval Martínez, Matías Nazario Morales, Otniel García Navarro, Ricardo Ramírez Nieto, Sara Latife Ruiz Chávez, Silvia Rivera Carbajal, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Timoteo Villa Ramírez, Yahleel Abdala Carmona (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. La iniciativa con proyecto de decreto que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.



LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La diputada Nora Liliana Oropeza Olguin:

«Iniciativa que reforma el artículo 344 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguin, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Nora Liliana Oropeza Olguin, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 344 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, la legislación en la materia laboral señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno al que corresponde salario igual y las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas “a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo.” Mandata además que el patrón estará obligado a observar en la instalación de sus establecimientos, los preceptos legales sobre higiene y seguridad y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo. Es decir, ofrecer la mayor garantía compatible con la naturaleza de la negociación.

Estos derechos establecidos en la Constitución y en las leyes se refieren también a la exigencia de la seguridad social, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud, a la asistencia médica, protección de los medios de subsistencia y los servicios necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión para sus trabajadores.

De igual forma, se ha asentado el principio de registrar e inscribir a los trabajadores ante la autoridad, comunicar sus altas y bajas, cualquier modificación de su salario y los demás datos necesarios para tales efectos.

No obstante que la norma es clara, algunos patrones incumplen muchas de estas obligaciones argumentando que su actividad empresarial o comercial no se encuentra en el supuesto al que hace referencia la Ley Federal del Trabajo, sobre “establecimientos análogos”, ni tampoco se reconoce como trabajadores el personal que labora en sus empresas. Lo que ha dado como resultando que éstos no sean sujetos de los derechos a los que la Ley refiere, como sucede con los más de 300 mil despachadores de gasolina que trabajan en poco más de 12 mil gasolineras establecidas en todo el país.

Actualmente se prevé que esta cantidad de trabajadores probablemente se sumará a los que contraten las gasolineras de firmas extranjeras que, con la reforma energética, están ya estableciéndose en territorio nacional. Al paso de los días abrirán nuevos expendios de gasolinas que no sólo suministrarán productos afines a la comercialización de gasolina, sino que también ofertarán para el consumidor el pago de servicios domésticos (agua, luz, etcétera), compra de tiempo aire para celulares, restaurantes y auto lavados; actividades que sin duda habrán de “atender” los despachadores de estas compañías, y en las mismas condiciones laborales actuales.

En los últimos años a pesar de los esfuerzos del Poder Legislativo para apoyar a todos los trabajadores del país, constatamos que aún prevalecen vacíos legales que dejan en el desamparo a algunos segmentos laborales, como el de los despachadores de las estaciones de gasolina. Nos inquieta porque al contrastar la situación de trabajadores considerados dentro de las disposiciones del Artículo 344 de la Ley Federal del Trabajo que han perdido un importante porcentaje en su poder adquisitivo debido a la inestabilidad económica, es imposible imaginar el escenario de los que están excluidos de la norma.

Datos oficiales aseguran que en el país de los más de 50 millones 300 mil personas que forman la población ocupada, 3 millones 700 mil laboran sin recibir un salario, ejemplo de ello, son las personas que no tienen contrato ni prestaciones, quienes aun cumpliendo con una jornada laboral no están en ninguna nómina y sus ingresos se generan a partir de la gratificación que les dejan los clientes que atienden.

La mayoría de estos empleados solamente favorecidos por una propina se encuentran en total indefensión laboral al carecer de percepciones fijas y los mínimos beneficios de seguridad social y prestaciones.

Del total de mexicanos que tienen un trabajo en el país, sólo 18 millones 500 mil están inscritos a esquemas de seguridad social, es decir, IMSS e ISSSTE, y otros 31 millones 500 están fuera de ellos, lo que indica que 60 por ciento de los mexicanos no tienen ni seguridad ni tendrán pensión.

Creemos conveniente acabar con injusticias, o ¿acaso no es un error que los trabajadores de estaciones de servicio de gasolinas no perciban salarios –salvo propina de automovilistas– ni tengan derecho a aguinaldo, acceso a una vivienda, fondo para el retiro, vacaciones, mucho menos gocen de reparto de utilidades, y que estén obligados a comprar sus uniformes, pagar entre 200 y 300 pesos como derecho de piso y vender una cantidad fija de aditivos y aceites para el motor, productos que en caso de no vender deben pagar?

Así las cosas, es preciso que el Legislativo actué respecto a la ambigüedad del concepto “establecimientos análogos”, y proteger a los trabajadores contra el abuso que en su perjuicio suelen cometer algunas empresas. Sobre las consecuencias de la relación actual en las gasolineras surgen varias interrogantes: ¿qué sucede con ellos en caso de una explosión u otra clase de accidentes: atropellamiento o asalto a mano armada? ¿Qué sucede con las mujeres embarazadas empleadas en esas estaciones de servicio?, o, ¿a quién acuden estos trabajadores cuando son masivamente despedidos por el cierre de una estación?

Consideraciones

Ante los cambios que se avecinan por el pleno ejercicio de la reforma energética, los despachadores de estaciones de gasolinas deben ser protegidos por las leyes, como una medida urgente e inmediata, a efecto de regular las contrataciones y que este gremio no resulte afectado por ausencia de reconocimiento en la ley como ocurre ahora.

Sin duda es injusto e incongruente que en pleno siglo XXI aún existan en México trabajadores sin derechos y sobrevivan en condiciones de desventaja. Nuestro país está lleno de oportunidades y la globalización supone una extraordinaria ocasión para enfrentar los desafíos que implica ofrecer mano de obra interna, sin embargo, en cuestión de las relaciones laborales la ley debe ser clara.

Durante décadas las gasolineras bajo la franquicia de Petróleos Mexicanos (Pemex), operaron con personal de la misma empresa; los cambios operados en la entonces paraestatal obligaron a reestructurar ese esquema y dejar a los nuevos propietarios en libertad de contratar a su personal. Esta es la modalidad que persiste en la actualidad en condiciones de desventaja para el trabajador.

Datos económicos precisan que la comercialización de gasolinas en el país, en 2015, reportó una venta promedio de 792.8 mil barriles diarios. En 2016, tan solo en el primer cuatrimestre, la venta mensual promedio llegó a 805.3 mil barriles diarios. Por ello no sorprende que el negocio de las gasolineras genere ganancias a sus propietarios por cerca de 730 mil millones de pesos anuales.

Ante esta realidad de abusos laborales en contra de los despachadores de gasolina, se busca con esta iniciativa que se les reconozca como trabajadores en los términos que señala la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio”.

Una vez reconocidos jurídicamente como trabajadores, los despachadores de gasolina y sus familias y que ya afiliados al Seguro Social, accedan a los beneficios como lo establece la Ley del Seguro Social, como el “derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión.”

Los despachadores de gasolina que prestan sus servicios en las estaciones gasolineras, invariablemente mantienen una relación de trabajo a pesar de la negativa de los patrones a reconocerlo para evitar obligaciones laborales. La ley de la materia al respecto, dice que: “Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario”.

Como se ha señalado supra en la argumentación que motiva esta iniciativa, los despachadores de gasolina obtienen sus ingresos únicamente de las propinas o estipendios que les dejan los automovilistas. Situación que bastaría para establecer un vínculo laboral entre éstos y los patrones, interpretación plasmada en la Tesis Aislada II.1o.T.20 L (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III. Que dice:

“En la Ley Federal del Trabajo, además de las condiciones generales, se incluyen condiciones para trabajos especiales que, por sus características propias, requieren un tratamiento diferenciado; así existen normas para cada una de 18 categorías, entre las cuales se encuentra el trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos. La ley contiene normas adicionales a la generalidad de los trabajadores especificando que, para este ramo, las propinas son parte de su salario.

Ahora bien, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito determinó que, si un patrón pacta que a una persona no le pagará suelo ni será considerado como su trabajador, pero le permite recibir propinas de sus clientes, ello será suficiente para que se configure una relación laboral y, en consecuencia, el trabajador pueda reclamar el pago del salario mínimo profesional devengado, aunque exista pacto de que no habrá paga proveniente del empresario”.

Abunda sobre el asunto el criterio que surge de la Tesis Aislada II.1o.T.19 L (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III. Que dice:

El mismo tribunal (Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito) resolvió que los despachadores de gasolina en las estaciones de servicio, al prestar un trabajo personal subordinado al concesionario de la estación y recibir ordinariamente propinas de los consumidores, su labor debe considerarse análoga a la de los trabajadores de hoteles, casas de asistencia, fondas, cafés, bares y restaurantes; y, por lo tanto, las propinas deben formar parte del salario, para cuantificar prestaciones como prima vacacional, aguinaldo, horas extras, prima de antigüedad e indemnizaciones, etcétera, y se calculen considerando como salario la suma de la cantidad que le entrega el patrón y las propinas que recibe, ya que de no ser así, éstas se calcularían tomando en consideración un salario menor que no corresponde a la realidad.

Tesis que para el propósito que motiva a esta iniciativa de reconocer a los despachadores de gasolina como trabajadores y sujetos de derechos, las citadas Tesis Aisladas ayudarán a conformar y orientar criterios para los efectos legislativos correspondientes que se buscan, para dejar a la interpretación, a la analogía si estas personas son o no trabajadores y sujetos de derechos. Lo que ha ocasionado la promoción de Litis por las partes uno, para negar derechos y dejar de cumplir obligaciones; y otros, para hacerlos valer, sin que la realidad de abusos haya cambiado hasta ahora para los despachadores de gasolina, quienes siguen en la indefensión laboral total, corriendo graves riesgos contra su integridad y su vida.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 344 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se reforma el artículo 344 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 344. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares, gasolineras y otros establecimientos análogos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputadas y diputados: Nora Liliana Oropeza Olguin,Adolfo Mora Hernández, Álvaro Ibarra Hinojosa, Ana María Boone Godoy, Arlet Mólgora Glover, Antonio Amaro Cancino, Beatriz Vélez Núñez, Braulio Mario Guerra Urbiola, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Daniel Torres Cantú, David Aguilar Robles, Delia Guerrero Coronado, Eloísa Chavarrías Barajas, Enrique Rojas Orozco, Enrique Zamora Morlet, Erick Alejandro Lagos Hernández, Eva Florinda Cruz Molina, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Flor Estela Rentería Medina, José Hugo Cabrera Ruiz, Jorge Álvarez López, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Lilia Arminda García Escobar, María Gloria Hernández Madrid, María Guadalupe Oyervides Valdez, María Soledad Sandoval Martínez, Matías Nazario Morales, Otniel García Navarro, Paulino Alberto Vázquez Villalobos, María De La Paz Quiñones Cornejo, Ricardo Ramírez Nieto, Sara Latife Ruiz Chávez, Silvia Rivera Carbajal, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Yahleel Abdala Carmona (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 344 de la Ley Federal del Trabajo túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.



DECLARA A LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO LA “SEMANA NACIONAL DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE”

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara la primera semana del mes de octubre de cada año como la Semana Nacional de la Cultura Física y del Deporte.

La diputada Jacqueline Nava Mouett:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, promover, fomentar y estimular la cultura física a través de actividades deportivas y recreativas para la población es elevar el nivel de vida social y cultural de las personas, es preservar la salud física y mental; es prevenir enfermedades o para rehabilitación.

Es también prevenir el delito y combatir la violencia, es erradicar el uso de sustancias tóxicas y nocivas para el cuerpo; es aprovechar, proteger y conservar nuestro medio ambiente; es reforzar la convivencia sana entre personas y familias, garantizando la protección a la cuestión del tejido social; es estimular a las personas para tener una vida más saludable. Entre otros muchos más beneficios que, para las personas, las familias y en lo colectivo, significa realizar actividades deportivas y recreativas en su vida cotidiana.

El último párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

El 7 de junio del año 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la actual Ley General de Cultura Física y Deporte, estableciéndose como una ley de orden público e interés social, así como de observancia general en toda la república y por tanto corresponde su aplicación bajo el principio de concurrencia, lo que implica distribución de competencias, la coordinación, la colaboración entre el Ejecutivo federal con las autoridades estatales, con la de la Ciudad de México y con las municipales, y desde luego con los sectores social y privado.

Con la entrada en vigor de la Ley General de Cultura Física y Deporte se ha estado avanzando en su configuración con los instrumentos internacionales, como la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, adoptada por la UNESCO, en la que determina en su primer artículo que la práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental para todos.

Asimismo, el informe final de la Quinta Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios Encargados de la Educación Física, coincide que el acceso al deporte es un derecho fundamental para todos.

Los instrumentos internacionales, nuestra Constitución y la Ley General de Cultura Física y Deporte se determinan claramente finalidades y principios generales que son la base para el ejercicio y desarrollo del derecho fundamental para todas las personas, a la cultura física y el deporte como un elemento esencial de la educación, como un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de todos, además de ser un factor de equilibrio, de autorrealización para las personas que los programas de cultura física y deporte respondan a las necesidades de la población, bajo la responsabilidad pública en la que las instituciones deportivas, tanto públicas como privadas del país, colaboren y cooperen de manera estrecha para que contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura física y el deporte un derecho para todos.

Para este Congreso se hace imperativo darnos a la tarea de propiciar condiciones que articulen políticas públicas con la participación de los sectores social y privado; reforzar la promoción y fomento de la cultura física y la práctica del deporte en todas sus manifestaciones; incrementar la masificación del deporte y la cultura física, así como la conservación y protección del tejido social.

El motivo de esta iniciativa es establecer la Semana Nacional de Cultura Física y Deporte, para la implementación de estrategias claras y periódicas, que se aprovechen de mejor manera los recursos públicos y privados, reforzar la aplicación de la ley y la operación del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, y así generar condiciones en que las autoridades de los tres niveles y órdenes de gobierno, la sociedad y la iniciativa privada participen en fomentar de manera permanente los beneficios del deporte para toda la población de nuestro país.

Declarar la Semana Nacional de Cultura Física y Deporte significa establecer un detonante permanente que ponga la cultura física y el deporte en el centro, como prioridad de las acciones de gobierno, de la academia, de las empresas, de los sindicatos, del sector salud, de la educación y de la sociedad, para hacer consciencia de los beneficios de una vida más sana. De tal manera que año tras año, continua, permanente y creciente se fomente la cultura física y el deporte, trascendiendo al tiempo y heredando para las siguientes generaciones una semana para la cultura física y para el deporte, que se convierta en una tradición nacional.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, les pido acompañar esta iniciativa partiendo de que el deporte no tiene color. Es cuanto.

«Iniciativa para declarar la primera de octubre de cada año como Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, a cargo de la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Jacqueline Nava Mouett, en la LXIII Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración de ésta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara a la primera semana de octubre de cada año, como la “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La “Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte” adoptada el 21 de noviembre de 1978 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su vigésima reunión en París, determina como finalidad la de “poner el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano, favorecer su desarrollo y exhortar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica.”; y en los 10 artículos determina claramente que: “La práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental para todos...”; “La educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global de educación...”; “Los programas de educación física y deporte deben responder a las necesidades individuales y sociales...”; “La enseñanza, el encuadramiento y la administración de la educación física y el deporte deben confiarse a un personal calificado...”; “Para la educación física y el deporte son indispensables instalaciones y materiales adecuados...”; “La investigación y la evaluación son elementos indispensables del desarrollo de la educación física y el deporte...”; “La información y la documentación contribuyen a promover la educación física y el deporte...”; “Los medios de comunicación de masas deberían ejercer una influencia positiva en la educación física y el deporte...”; “Las instituciones nacionales desempeñan un papel primordial en la educación física y el deporte...”; y “La cooperación internacional es una de las condiciones previas del desarrollo universal y equilibrado de la educación física y el deporte...”

Así entonces, la Carta de las Naciones Unidas proclama la fe de los pueblos en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y por tanto, afirma su resolución de promover el progreso social y elevar el nivel de vida para las personas, con el énfasis en que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales y que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte; aunado a que la preservación y el desarrollo de las aptitudes físicas, intelectuales y morales del ser humano mejoran la calidad de la vida en los planos nacional e internacional, por ende la educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores humanos fundamentales que sirven de base al pleno desarrollo de los pueblos subrayando, por consiguiente, que la educación física y el deporte han de tender a promover los acercamientos entre los pueblos y las personas, así como la emulación desinteresada, la solidaridad y la fraternidad, el respeto y la comprensión mutuos, y el reconocimiento de la integridad y de la dignidad humanas, y más aún, integrar la educación física y el deporte en el medio natural equivale a su enriquecimiento, inspira el respeto hacia los recursos del planeta y despierta el deseo de conservarlos y utilizarlos para el mayor provecho de la humanidad entera.

Aunado a lo anterior, el “Informe Final de la V Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios Encargados de la Educación Física y el Deporte” celebrada en Berlín, Alemania el 29 y 30 de mayo de 2013, en la que se manifiestan llamamientos a todas las partes interesadas, determina compromisos y recomendaciones para los Estados, y señalando en concreto: “El acceso al deporte como derecho fundamental para todos”; “La promoción de la inversión en programas de deporte y educación física”; y “La preservación de la integridad del deporte”; por tanto, las partes interesadas, habrían de realizar las adecuaciones necesarias en sus Marcos Normativos, así como de emprender las acciones pertinentes en sus estructuras de gobierno, además de todo lo referente al ámbito social y privado.

El 7 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cultura Física y Deporte (abrogando la anterior del 24 de febrero de 2003) –y que ha sido reformada y adicionada recientemente en diversas disposiciones, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2014– proviniendo acorde a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente, el último párrafo del artículo 4o. que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.”, y estableciéndose como una Ley de orden público e interés social, así como de observancia general en toda la República, por tanto, corresponde su aplicación bajo el principio de concurrencia previsto en la fracción XXIX-J del artículo 73 constitucional (reformada el 12 de octubre de 2011); y en consecuencia, implica establecer las bases generales para la distribución de competencias, coordinación y colaboración entre el Ejecutivo federal por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), las autoridades estatales, de la Ciudad de México y las municipales, así como los sectores social y privado.

Luego entonces, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, tienen entre sus facultades expedir e iniciar leyes o decretos que establezcan las bases de coordinación con la Federación, Entidades y sus municipios; leyes eficientes que garanticen, en el ámbito de su aplicación, un correcto desempeño, con homologación de criterios, que armonicen y estén acorde al entramado del orden jurídico nacional en la concurrencia entre los tres niveles de gobierno referida anteriormente, que distribuyan y precisen con claridad las responsabilidades y competencias, así como los mecanismos para una coordinación eficaz con pleno respeto a las atribuciones que a cada autoridad corresponda; y en consecuencia, ello implica la obligación primordial de las legisladoras y legisladores federales para velar por el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos, así como la efectiva aplicación de la ley.

Por consiguiente, con la entrada en vigor de nuestra Ley General de Cultura Física y Deporte se ha estado avanzando en su configuración acorde a los compromisos internacionales signados y ratificados por nuestro país; sin embargo, aún hay mucho por hacer, existen aún sensibles pendientes que hay que reforzar e incentivar, y que son primordiales de observancia general para encontrar los mecanismos de aplicación de manera eficaz dirigidos a las personas sin importar su edad, condición social o económica, y en la medida correspondiente, para aquellas personas que deciden dedicar su vida a las actividades deportivas.

Fomentar la cultura física a través de actividades deportivas y recreativas para la población, es elevar el nivel de vida social y cultural de las personas, la preservación de la salud física y mental, así como prevención de enfermedades o rehabilitación, es prevenir el delito y combatir la violencia, es promover la erradicación de uso de sustancias tóxicas y nocivas para el cuerpo, es aprovechar, proteger y conservar nuestro medio ambiente, refuerza la convivencia y la cohesión social, fomenta una vida saludable, entre otros muchos más beneficios que representa para las personas en lo individual y en lo colectivo.

En las disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte se señala la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre los tres niveles de gobierno, así como la participación de los sectores social y privado, concretamente en las disposiciones contenidas en el capítulo primero, Del Sector Público; la Sección Segunda, De los Órganos Estatales, del Distrito Federal y Municipales de Cultura Física y Deporte; así como su Sección Tercera, De la Concurrencia, Coordinación, Colaboración y Concertación, donde se establece claramente la participación de las Instancias Públicas y lo relativo a la interrelación con las de las Entidades Federativas, sus Municipios, y las correspondientes de la Ciudad de México.

En las fracciones del artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte establece como finalidades generales las de:

“I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones;

II. Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de los habitantes en los estados, el Distrito Federal y los municipios;

III. Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la activación física, cultura física y el deporte;

IV. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades;

V. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la prevención del delito;

VI. Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y el deporte, como complemento de la actuación pública;

VII. Promover las medidas preventivas necesarias para erradicar la violencia, así como la implementación de sanciones a quienes la ejerzan, lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles a que haya lugar, y reducir los riegos de afectación en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas, así como para prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del dopaje;

VIII. Fomentar, ordenar y regular a las asociaciones y sociedades deportivas, recreativo-deportivas, del deporte en la rehabilitación y de cultura física-deportiva;

IX. Incentivar la actividad deportiva que se desarrolla en forma organizada y programática a través de las Asociaciones Deportivas Nacionales;

X. Promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el aprovechamiento, protección y conservación adecuada del medio ambiente;

XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, y

XII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna.”

En las fracciones del artículo 3o. de la ley de referencia, se determina que el ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte, tienen como base los principios:

“I. La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para todos;

II. La cultura física y la práctica del deporte constituyen un elemento esencial de la educación;

III. El derecho a la cultura física y al deporte constituye un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de todos, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización;

IV. Los programas en materia de cultura física y deporte deben responder a las necesidades individuales y sociales, existiendo una responsabilidad pública en el fomento cualitativo y cuantitativo de la cultura física y el deporte;

V. La enseñanza, capacitación, gestión, administración y desarrollo de la cultura física y el deporte deben confiarse a un personal calificado;

VI. Para el desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte es indispensable una infraestructura adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y administración eficientes y estables, que permitan desarrollar políticas y programas que contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura física y el deporte un derecho de todos;

VII. La investigación, información y documentación son elementos indispensables para el desarrollo de la cultura física y el deporte;

VIII. Las instituciones deportivas públicas y privadas del país deben colaborar y cooperar en forma estrecha y responsable en la promoción, fomento y estímulo del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte;

IX. La distinción entre las diversas manifestaciones o modalidades del deporte resulta necesaria para el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de los sistemas deportivos del país;

X. El desarrollo y la práctica del deporte debe realizarse observando sus bases éticas;

XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y seguridad de los deportistas, así como asegurarse y defenderse el desarrollo sostenible del deporte, y

XII. La existencia de una adecuada cooperación a nivel internacional es necesaria para el desarrollo equilibrado y universal de la cultura física y deporte.”

Por ende, es loable considerar seriamente propiciar las condiciones necesarias para coordinar la articulación de las políticas públicas, con la participación de los sectores social y privado con el firme objetivo de reforzar la promoción y fomento de la cultura física y la práctica del deporte en todas sus manifestaciones, para hacer partícipe a la población, y con ello, incentivar a la implementación de acciones y estrategias focalizadas y específicas que permitan incrementar de manera exponencial la masificación del deporte, así como la cultura física, y en ello implica propiciar consecuencias positivas de acceso a una vida más sana para nuestra población, aunado a la conservación y protección del tejido social y la interacción con nuestro medio ambiente.

El establecimiento de “La Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”, motivo de la presente iniciativa tiene por objeto principal la implementación de estrategias claras y periódicas mediante la coordinación institucional en la que se aprovechen de mejor manera los recursos públicos y privados, aunado a incentivar a toda la población para hacerle partícipe activo junto con autoridades y la iniciativa privada a promover y fomentar una vida más digna y sana desde todas las perspectivas, incentivando a la conciencia de nuestra población y para las siguientes generaciones, hagan suyos los beneficios de la cultura de la actividad física y la práctica del deporte.

En ello también implica en consecuencia, la aplicación de la Ley, así como fortalecer la operación del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, con el objeto de mejorar los alcances de las estrategias y programas establecidos, así como incrementar el potencial necesario para beneficiar a nuestra población; aunado a propiciar condiciones encaminadas a incentivar y motivar a las Autoridades, a la sociedad y a la iniciativa privada para diseñar, implementar y reforzar programas institucionales con la participación ciudadana, dirigidos a acrecentar la cultura física, al deporte y la recreación en sana convivencia, y así fomentar de manera permanente beneficios para la población de nuestro país.

Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de ésta honorable soberanía el proyecto de

Decreto por el que se declara a la primera semana del mes de octubre de cada año, como la “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara a la primera semana del mes de octubre de cada año “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputadas y diputados: Jaqueline Nava Mouett,Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Armando Alejandro Rivera Castillejos, Brenda Velázquez Valdez, Carlos Alberto De la Fuente Flores, Claudia Sánchez Juárez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Elías Octavio Iñiguez Mejía, Eloisa Chavarrias Barajas, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Cambranis Torres, Enrique Pérez Rodríguez, Erik Juárez Blanquet, Exaltación González Ceceña, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Genoveva Huerta Villegas, Gerardo Federico Salas Díaz, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Gina Andrea Cruz Blackledge, Gretel Culin Jaime, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Héctor Barrera Marmolejo, Hugo Alejo Domínguez, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Javier Antonio Neblina Vega, Jesús Antonio López Rodríguez, Jesús Salvador Valencia Guzmán, Joaquín Jesús Díaz Mena, Jorge López Martín, Jorge Ramos Hernández, José Erandi Bermúdez Méndez, José Everardo López Córdova, José Hernán Cortés Berumen, José Hugo Cabrera Ruiz, José Teodoro Barraza López, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Carlos Ruiz García, Juan Corral Mier, Juan Pablo Piña Kurczyn, Karina Padilla Avila, Karla Karina Osuna Carranco, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Leticia Amparano Gamez, Lilia Arminda García Escobar, Lluvia Flores Sonduk, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luis de León Martínez Sánchez, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Marco Antonio Gama Basarte, María Concepción Valdés Ramírez, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Eloisa Talavera Hernández, María García Pérez, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Luisa Beltrán Reyes, María Soledad Sandoval Martínez, María Verónica Agundis Estrada, Mariana Arámbula Meléndez, Marisol Vargas Bárcena, Martha Cristina Jiménez Márquez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Minerva Hernández Ramos, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Otniel García Navarro, Patricia García García, Patricia Sánchez Carrillo, Pedro Garza Treviño, Rafael Valenzuela Armas, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Rene Mandujano Tinajero, Rocío Matesanz Santamaría, Santiago Taboada Cortina, Santiago Torreblanca Engell, Sara Latife Ruiz Chávez, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Ulises Ramírez Núñez, Wenceslao Martínez Santos, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Nava. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Esta Presidencia desea destacar y agradecer la presencia en este salón de sesiones del Excelentísimo señor Goran Mesic, embajador de la República de Serbia en México, quien ha sido testigo de honor en la instalación del Grupo de Amistad México-Serbia, presidido por la diputada Alicia Gamboa Martínez.

La Cámara de Diputados del Congreso Mexicano le da la más cordial bienvenida, señor embajador y hace votos por el fortalecimiento del diálogo, la colaboración y los lazos de amistad entre ambas naciones. Bienvenido.

De la misma forma, saludamos la presencia del señor presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, invitado por la diputada Margarita Alemán. Bienvenido, presidente.

El diputado Héctor Barrera Marmolejo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Héctor Barrera. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Héctor Barrera Marmolejo (desde la curul): Es para únicamente adherirme y solicitar la autorización para adherirme a la iniciativa de la diputada Jacqueline Nava. Quien mejor que ella para hablar de la Semana Nacional del Deporte y felicitarla por todos sus logros también de la diputada. Es cuanto, nada más, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Si la diputada proponente no tiene inconveniente en la solicitud de adición. Adelante, da su venia. Entonces, en el trámite que hemos seguido, estará esta iniciativa a su disposición aquí en la Secretaría para la firma correspondiente, gracias.

La diputada María Verónica Agundis Estrada (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la compañera diputada.

La diputada María Verónica Agundis Estrada (desde la curul): Sí, presidente. Verónica Agundis, buenas tardes a todos. Nada más para adherirme también a la iniciativa de la diputada Jacqui Nava, un personaje muy, muy importante dentro del boxeo mexicano.

Y además decir, que el deporte es importantísimo para combatir también la delincuencia que estamos viviendo en nuestro país, esto para hacerlo de manera transversal, de la mano de la cultura y de la educación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Agundis. Está a su disposición la iniciativa en la Mesa Directiva.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Valencia, Jesús Valencia.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): Gracias, diputado presidente. De igual manera decirle a la compañera diputada Nava, que quien mejor que ella para hablar de estos temas, y que todo el Grupo Parlamentario del PRD se suma a esta iniciativa, diputada Jacqueline Nava. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Valencia. Está a su disposición esta iniciativa aquí con la Mesa Directiva.



LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La diputada María Cristina Teresa García Bravo:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la presente iniciativa que someto a su consideración propone adicionar una fracción al artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de incorporar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como parte integrante de dicha instancia.

La iniciativa se sustenta en la situación de violencia e inseguridad y el grado de crispación y polarización que vive la población en diversas entidades del país, así como por la situación que padece el Sistema Penitenciario Nacional que enfrenta una grave crisis de violencia interna, autogobierno y violaciones permanentes a los derechos humanos, entre otros, por la falta de una adecuada política nacional que observe y cumpla los los principios constitucionales y legales.

A ello se suman los hechos que se han desencadenado en los delitos cometidos por la delincuencia organizada, así como el número indeterminado de víctimas que sigue creciendo, causando una ola de indignación a todos los habitantes del país.

Lo cierto es que al Estado le corresponde atender la problemática de la delincuencia organizada, la violencia común, la inseguridad, la impunidad y la violación sistemática de los derechos humanos de la población en general, situación que hasta ahora no está cumpliendo a cabalidad.

Por ello, proponemos que tanto en materia de seguridad pública como en la aplicación de política penitenciaria del país, sea el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un integrante activo para que en todo momento participen en la definición de las políticas públicas, revise la estrategia de seguridad actual que no está funcionando y busque los mecanismos para garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de los ciudadanos, con el objeto de que a la brevedad se restablezca la seguridad y cobre plena vigencia el Estado de derecho, lo que constituye una preocupación de mayor prioridad tanto para el Estado como para la sociedad.

Sin duda, hasta ahora, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública vigente, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es considerado un invitado permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Sin embargo, en la propuesta que hoy sometemos a consideración es que sea integrante. La presencia como integrante activo del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública abre la puerta a la participación e implementación de las políticas de seguridad pública nacional y el funcionamiento de los sistemas penitenciarios en el marco del respeto a los derechos humanos.

Por ello, compañeras y compañeros diputados, todo lo que redunde en el fortalecimiento de nuestro sistema de seguridad pública será un avance en la consolidación de los derechos humanos y la democracia en nuestro país. Muchas gracias. Es cuanto, presidente diputado.

«Iniciativa que adiciona el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema a resolver con la presente iniciativa

La presente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción X al artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se propone ante esta soberanía, se halla en el terreno de la defensa de los derechos humanos de todas las personas, pues consiste en incorporar al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que sea integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y no más como “invitado permanente”, a efecto de reforzar la seguridad pública en el país, que es la formulación y ejecución de políticas públicas, programas y acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones que se realicen en estricto apego al respeto de los derechos humanos que otorga y reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a toda y a todos los ciudadanos.

Argumentos

A raíz de la inseguridad que vive la población y la violencia que se ha desatado en los últimos años, afectada por el aumento de delitos, y que han sido profusamente difundidos por diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, dan cuenta del grado de crispación y polarización que se vive en nuestro país.

Por ello, entre los retos que para el Estado mexicano representa atender la problemática de la violencia e inseguridad pública, también destaca la violación sistemática de los derechos humanos.

Los hechos registran cientos de desaparecidos y asesinatos de periodistas, comunicadores sociales y personas defensoras de derechos humanos, así como los casos de tortura, incomunicación, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos, que son un claro ejemplo de lo que está pasando en todo el país.

A esto se suma que, el Sistema Penitenciario enfrenta una grave crisis por la falta de una adecuada política nacional, que observe y cumpla los principios constitucionales. Como muestra, están los recientes hechos registrados en el penal de Topo Chico Nuevo León, donde fallecieron más de 50 personas y resultaron 12 lesionados durante un motín, así como las difundidas fugas de grandes delincuentes en diversos centros penitenciarios del país, que han expuesto las deficiencias de la autoridad en cuanto a su responsabilidad para garantizar la integridad y la vida de los internos, así como la protección a sus derechos humanos.

Lo cierto es que, la problemática de las cárceles ha sido un reto importante para el Estado mexicano, porque incumple con su objetivo primordial: la reinserción social de las y los sentenciados.

Es de suyo conocido que el sistema de justicia penitenciaria del pasado sigue inmerso y conserva todos los vicios generados durante los últimos 100 años, por ejemplo: la sobrepoblación, el hacinamiento, la nula o inadecuada atención médica, corrupción, falta de privacidad, violación sistemática de los derechos humanos de las internas e internos, ausencia de oportunidades para obtener un ingreso que les permita mantener a sus familias, maltrato e imposibilidad para presentar quejas o denuncias, lo cual pone de manifiesto la violación flagrante de la eficacia de los derechos constitucionales consignados en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante estos hechos, la Ley de Ejecución Penal plantea que “durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial”, y todo lo referente a su “objeto de Ley” se hará “sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley”. Entre ellos, se incluye los derechos humanos que en todo momento del proceso judicial serán observados: la reinserción social, el debido proceso, la organización del Sistema, la custodia, las actuaciones del ministerio público; para el tratamiento de hombres y mujeres, la disciplina al interior, el ingreso, la capacitación de personal y la eliminación de la tortura, entre otras.

De ahí que, la crisis de seguridad pública que se vive en el país viene aparejada con la violación de los derechos humanos que se replica en las cárceles, y es claro que en tanto no se atienda la problemática que da origen a la inseguridad y a la violencia, las secuelas seguirán presentes.

Casos acumulados e irresueltos como la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la tortura, el uso excesivo de la fuerza, las detenciones ilegales y ataques a la libertad de expresión, entre otros, son un claro ejemplo de que el gobierno pierde el control de la situación de los derechos humanos y la población se siente cada vez más desprotegida, pierde la confianza en la justicia, la policía y los gobernantes y recurre a la autoprotección. Sin olvidar el caso de Iguala, los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre 2014, que significó un parteaguas en materia de violación a los derechos humanos.

En realidad, estas percepciones explican el incremento desmesurado de la violación a los derechos humanos, como refiere el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien dijo: “los problemas que enfrentamos en el ámbito de los derechos humanos no podemos asumirlos como parte de una ‘normalidad’ sustentada en la ilegalidad, la injusticia, la violencia y la corrupción” Fatalidad sería.

Por ello, la crisis de los derechos humanos debe enfrentarse con un verdadero Estado de derecho y una institucionalidad fuerte, “en donde la corrupción y la impunidad no tienen cabida y todas las personas cuenten con un entorno que les proporciona las condiciones necesarias para su desarrollo pleno”. Y qué mejor que la inclusión de la CNDH, representada por su Presidente en turno, como parte integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y no solo como “invitado permanente”.

Así entonces, la finalidad de la iniciativa es garantizar que en la toma de decisiones de dicho Consejo Nacional, se integre con carácter permanente al titular de la CNDH.

Con estas bases, una vez establecidos los derechos humanos como prioridad en la Constitución y aprobada la reforma en materia penal, no resta más que formalizar y actualizar la Seguridad Pública, con el propósito de incluir como integrante en el Consejo Nacional de Seguridad Pública al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a efecto de reforzar el objeto del mismo, que es la formulación y ejecución de políticas públicas, programas acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente iniciativa.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa de ley con proyecto de

Decreto que adiciona la fracción X al artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo Primero. Se adiciona la fracción X al artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue

Artículo 12. El Consejo Nacional de Seguridad Pública estará integrado por:

I. a IX. ...

X. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 De reciente creación: DOF, 16 junio de 2016.

2 CNDH. Informe de Labores 2015. Enero de 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputadas y diputados: María Cristina Teresa García Bravo,Erik Juárez Blanquet, Jesús Salvador Valencia Guzmán, Lluvia Flores Sonduk, María Concepción Valdés Ramírez, María Luisa Beltrán Reyes (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, compañera diputada. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública para dictamen.

La diputada Lluvia Flores Sonduk(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada. Personal de apoyo, ayúdennos por favor. Adelante.

La diputada Lluvia Flores Sonduk (desde la curul): Sí, solamente para pedirle a la diputada García me permita adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada promovente ha dado su anuencia. Diputada Lluvia Flores, está a su disposición, con el mismo trámite. Aquí en la Mesa Directiva, la Secretaría.

El diputado Cesar Alejandro Domínguez Domínguez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Antes de la presentación sonido en la curul del diputado César Domínguez. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Cesar Alejandro Domínguez Domínguez(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Quisiera plantear y disculpar primero la interrupción del orden del día para solicitar, ahorita que estamos presentes 439 legisladores, solicitar un minuto de silencio por el fallecimiento del compositor y autor mexicano nacido en Michoacán, pero criado y consolidada su carrera como autor y compositor en Ciudad Juárez. De nuestro querido amigo Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel.

Quisiera pedir a la Presidencia se autorizara, una vez que estamos 440 legisladores. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Domínguez. Esta Presidencia considera atendible su petición. Vamos a desahogar el turno del orador que está en tribuna y posteriormente a ello procederemos a darle cauce.

El diputado Cesar Alejandro Domínguez Domínguez (desde la curul): Gracias, presidente.



LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el compañero diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Asimismo, esta iniciativa es acompañada por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hoy quiero hacer una pregunta que aquí mismo la voy a contestar: ¿para qué sirve leer un libro? Es una pregunta que se hace quien nunca se ha acercado a la literatura.

El psicólogo canadiense Steve Baker, de manera muy simple, nos responde esta interrogante al señalar: “Leer nos permite acceder a mundos que solo pueden ser vistos a los ojos de un extranjero, de un explorador o de un historiador”.

Lo anterior puede llevarnos a una norma que no cuestionamos pase a ser observación explícita, susceptible de replantearse. Sin duda alguna, leer es establecer un vínculo con el contexto que involucra al lector intelectual y emocionalmente también. Es desarrollar la facultad de comprender y sentir plenamente un escrito, la capacidad que desarrolla a medida que se frecuenta y ejercita la habilidad intelectual de leer, que es algo mucho más complejo que la simple alfabetización. El aprender a leer y sacar provecho de esta habilidad solo se consigue leyendo.

En virtud de lo anterior, expongo ante este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley de Fomento para Lectura y Libros, cuyos objetivos principales son: incluir en la ley el tema de la promoción de libros en lenguas indígenas, fomentar la publicación de obras de autores indígenas y ampliar el catálogo de obras de literatura universal traducidas en lenguas indígenas.

Recordemos que de acuerdo al Banco Mundial en el 2015 había alrededor de 300 millones de personas que pertenecen a pueblos nativos, lo cual constituye aproximadamente el cuatro por ciento de la población de todo el planeta. Por su parte, México cuenta con una población indígena que rebasa los 12 millones de personas de los cuales poco más de siete millones hablan su lengua materna.

A pesar de la importancia de su milenaria cultura, no fue hasta mediados del siglo XX cuando se reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, lo cual ha permitido visibilizar sus carencias y necesidades, así como contar con un conocimiento más profundo de sus formas de vida y su visión del mundo.

En este contexto, en el año 2001 se realizaron diversas modificaciones a la Constitución Política de nuestro país, misma que dieron pie al reconocimiento de nuestra diversidad cultural, señalándose en el primer párrafo del artículo segundo, que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de las poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

Igualmente, en la fracción IV del Apartado A del artículo 2o. de la Constitución de nuestro país, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a su libre determinación y en consecuencia a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura y su identidad.

La relevancia de este reconocimiento en nuestra Carta Magna, radica en hacer visibles y permitir que los poco más de 12 millones de personas indígenas ejerzan sus derechos, sin embargo, debemos dar un paso más allá en este tema, pues este sector de la población no tiene acceso a la literatura universal o a la publicación de obras literarias en su lengua de origen y dialectos que se hablan y escriben en el territorio nacional.

En la actualidad nuestro país solamente publica libros en lengua materna que sirven de apoyo para educación básica y media superior, así como lo relativo a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Asimismo, se publican ejemplares de la Constitución Política, diccionarios bilingües, de algunas lenguas maternas al español, así como libros de leyendas regionales. Sin embargo, son realmente pocos los textos clásicos de la literatura universal que se publican en lenguas indígenas. Solamente El Principito, para poner un ejemplo, cuenta con una traducción a la lengua tzeltal del estado de Chiapas.

Es por eso, compañeros, que esta iniciativa pretende reformar la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro con el objeto de dar cumplimiento a lo mandatado por la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Quienes integramos el Partido Verde Ecologista de México queremos que los pueblos y comunidades indígenas vivan en condiciones sociales y económicas dignas dentro de un marco de igualdad. Para alcanzar esta meta es importante promover más y mejores políticas públicas de este tipo, siendo el fomento a la lectura una de ellas y la cual es también objeto de la presente iniciativa de ley. Es cuanto; muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, suscrita por el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos fracciones, IX y X, al artículo 4 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los pueblos indígenas constituyen sociedades y comunidades únicas; la tierra en donde viven y los recursos naturales de los cuales dependen están ligados a su identidad, cultura y economía. A nivel internacional, el Banco Mundial señala que en 2015 había alrededor de 300 millones de personas que pertenecen a pueblos nativos, lo cual constituye aproximadamente el 4 por ciento de la población de todo el mundo.

A pesar de la importancia de su milenaria cultura, no fue hasta mediados del siglo XX cuando se reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, lo cual ha permitido visibilizar sus carencias y necesidades, así como contar con un conocimiento más profundo de sus formas de vida y su visión del mundo.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial se estableció en la Carta de las Naciones Unidas la necesidad de realizar una cooperación internacional de desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos los seres humanos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone en sus dos primeros artículos que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sobre esa base, en 1957, se firma el primer tratado que aborda directamente la problemática indígena por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual se conoce como Convenio Número 107 “Sobre Poblaciones Indígenas y Tribales”, mismo que fue ratificado por 27 países.

Al documento anterior le siguieron la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992), que establece que los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para la promoción de esa identidad, entre ellas disfrutar su propia cultura; profesar y practicar su propia religión; y utilizar su propio idioma, en privado y en público, libremente y sin injerencias ni discriminación de ningún tipo.

Finalmente, en 2007, derivado de la recomendación que figura en la resolución 1/2 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del 29 de junio de 2006, la Asamblea General aprobó el texto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual, entre otras cuestiones, establece en su artículo 5o. lo siguiente:

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

En México desde 2001, al realizarse diversas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se adicionó al artículo 1o. un tercer párrafo relativo a la prohibición de toda discriminación, en donde se precisa que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional”.

En esa misma reforma dio pie al establecimiento en el primer párrafo del artículo 2o. de la Carta Magna que: “La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. La redacción anterior retoma el espíritu del artículo 4o. de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Igualmente, en el párrafo cuarto del artículo 2o. constitucional se define a las comunidades integrantes de un pueblo indígena como “aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”.

De acuerdo con la fracción IV del Apartado A del artículo 2o. constitucional, la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para “Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”.

Por su parte, la Cartilla de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas establece los parámetros mínimos para el respeto a los derechos indígenas, entre los cuales se cuentan el derecho a la libre determinación, a la cultura propia y a la educación, por citar solo algunos.

En México existe una población indígena de 12 millones 25 mil 947 personas, la cuales representan poco más de 10 por ciento de la población total del país. En cuanto respecta al nivel de instrucción de la población indígena, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, establecen lo siguiente:

Lo anterior denota que un rezago educativo significativo de la población indígena en nuestro país. Ante esta realidad, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 estableció en sus Ejes: “México Incluyente” y “México en Paz” tareas, acciones y objetivos puntuales de trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno para reducir las brechas de desigualdad entre las personas indígenas y el resto de la población.

En concordancia con lo anterior, el 30 de abril del año 2014, al publicar el Programa Especial de los Pueblos Indígenas se estableció lo siguiente:

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos de que las políticas públicas en materia educativa basadas en el desarrollo de la persona y que sostengan como pilares la inclusión, la equidad y la calidad generarán una sociedad igualitaria, representativa y respetuosa de los derechos humanos de todos quienes la conforman.

En este sentido, la presente iniciativa pretende reformar la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro con objeto de dar cumplimiento a lo mandatado por la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual establece el derecho de todo mexicano a comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras.

Lo anterior obedece a que en la actualidad nuestro país solamente publica libros en lengua materna que sirven de apoyo para la educación básica y media superior; así como los relativos a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a los que hacen referencia las declaraciones y convenciones internacionales. Asimismo, se publican ejemplares de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; diccionarios bilingües de algunas lenguas maternas al español; y libros de leyendas regionales. Sim embargo, son realmente pocos los textos clásicos de la literatura universal que se publican en lenguas indígenas, solamente “El Principito”, del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, cuenta con una traducción a lengua tseltal de Chiapas.

La ampliación del catálogo de libros en lenguas indígenas resulta imprescindible para dar cumplimiento a los principios de derechos humanos “pro persona” y de “progresividad” consagrados en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues estos pilares del derecho implican que las nuevas condiciones sociales deben producir la ampliación de derechos y nunca su reducción ni restricción.

En otras palabras, los principios de “progresividad” y “pro persona” significan que los gobiernos tienen la obligación de reconocer y velar por la defensa de los derechos humanos de manera consecutiva, integral y asegurando las condiciones que permitan gradual y constantemente su plena realización tanto para la persona como para las colectividades.

Desde este punto de vista, leer es establecer un vínculo con el texto que involucra al lector intelectual y emocionalmente, es desarrollar la facultad de comprender y sentir plenamente un escrito, capacidad que se desarrolla a medida que se frecuenta y ejercita la habilidad intelectual de la lectura, que es algo mucho más complejo que la simple alfabetización. Aprender a leer sólo se consigue leyendo, no hay otra vía.

Dada la importancia de fomentar el gusto por la lectura entre todos los mexicanos es indispensable que el Estado multiplique los esfuerzos encaminados a producir materiales en cantidad suficiente para no privar a quienes hablan alguna lengua indígena en nuestro país de disfrutar de un buen libro.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2015 el número de hablantes de lenguas indígenas en nuestro país se distribuyó de la manera siguiente:

Cuadro 2. Hablantes de lenguas indígenas

Lengua indígena Número de hablantes (millones de personas)

Náhuatl 1.54

Maya 0.78

Mixteco 0.47

Tseltal 0.45

Zapoteco 0.45

Otras 3.4

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, el presente Gobierno de la República pretende que los pueblos y comunidades indígenas vivan en condiciones sociales y económicas dignas, dentro de un marco de igualdad e interculturalidad, para alcanzar esta meta es importante promover la transversalidad y la integralidad de las propuestas y acciones de política pública, siendo el fomento a la lectura una de ellas.

Derivado de lo anterior, proponemos reformar la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro a fin de:

a) Incluir el tema de promoción de libros en lenguas indígenas;

b) Fomentar la publicación de obras de autores indígenas; y

c) Ampliar el catálogo de obras de la literatura universal traducidas a lenguas indígenas.

Por lo aquí expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan dos fracciones, IX y X, al artículo 4 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro

Artículo Único. Se adicionan dos fracciones, IX y X, al artículo 4 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue:

Artículo 4. La presente Ley tiene por objeto:

I. a VIII. ...

IX. Fomentar y estimular la edición, distribución y comercialización del libro y las publicaciones periódicas realizadas por escritores indígenas en lengua materna; y

X. Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, bibliotecas y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del libro en lengua materna para pueblos y comunidades indígenas.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Véase. 61/295, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 107a. sesión plenaria 13 de septiembre de 2007.

2 Véase. Diario Oficial de la Federación. 30 de abril de 2014. Décima Sección-Extraordinaria. http://www.cdi.gob.mx/programas/2014/programa-especial-de-los-pueblos-indigenas -2014-2018.pdf

3 Véase artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4 Véase, Granados Salinas, Tomás, “Ley del Libro, por favor”, en revista Letras Libres, agosto de 2007, año IX, número 104.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes septiembre de 2016.— Diputados y diputadas: Luis Ignacio Avendaño Bermúdez,Adolfo Mota Hernández, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Claudia Villanueva Huerta, Diego Valente Valera Fuentes, Eloísa Chavarrías Barajas, Enrique Rojas Orozco, Enrique Zamora Morlet, Erick Lagos Hernández, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Hugo Alejo Domínguez, Jesús Sesma Suárez, Jorge Álvarez López, Jorge Tello López, María Gloria Hernández Madrid, María Soledad Sandoval Martínez, Modesta Fuentes Alonso, Otniel García Navarro, Paulino Alberto Vázquez Villalobos, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Sara Latife Ruiz Chávez, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Timoteo Villa Ramírez, Vitálico Cándido Coheto Martínez (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Avendaño. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.



MINUTO DE SILENCIO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En atención a la petición del diputado Domínguez, y con su venia, esta Presidencia solicita a los presentes ponerse de pie para brindar un minuto de aplausos por el sensible fallecimiento del señor Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, acaecido hace unos días y que hoy mismo se encuentra recibiendo un homenaje en el Palacio de las Bellas Artes. Adelante, por favor.

(Minuto de aplausos)

Muchas gracias. Sonido en la curul del diputado Cándido Coheto. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez(desde la curul): Para pedirle al diputado Ignacio Avendaño Bermúdez, si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputado Avendaño ¿No tiene inconveniente?

El diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez: Con gusto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante. Seguimos el mismo tratamiento de las anteriores iniciativas; está a su disposición en la Secretaría de la Mesa Directiva. Sonido en la curul del diputado Vidal Llerenas.

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Sólo para comentar que el verdadero homenaje a un personaje como Juan Gabriel sería que esta Cámara discutiera y votara a favor el matrimonio igualitario que garantiza los derechos para todos los mexicanos. Esto sí sería un auténtico homenaje. Lo demás es hipocresía, gracias presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Llerenas.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, la compañera diputada Araceli Damián González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Araceli Damián González:Señoras y señores diputados. Vivimos hoy una enorme crisis social, resultado de la corrupción, la violencia y la falta de crecimiento económico. Mientras casi 100 millones de personas son pobres o presentan carencias de bienestar, tanto servidores públicos como empresarios corruptos se enriquecen. La sociedad y los representantes de la nación nos hemos convertido en simples testigos de acontecimientos que sacuden al país, y aquí en el Congreso a lo más que aspiramos es a expresar puntos de vista pero no a indagar acerca de cuestiones de interés público que afecten a nuestros representados.

El artículo 93 constitucional dispone que las funciones de control de la actividad gubernamental le corresponden al congreso de la Unión, incluyendo la de investigación. Sin embargo, a casi cuatro décadas de la última reforma al artículo en comento, la administración pública federal centralizada y paraestatal se ha transformado amén de la reciente creación de las empresas productivas del Estado, y un número creciente de órganos autónomos que han quedado sustraídos a la capacidad de investigación del Congreso. De igual forma existe una regresión significativa en las atribuciones de control del Congreso al cambiar el régimen jurídico de las hoy empresas productivas del Estado, o bien al privatizar servicios públicos y otorgar concesiones a privados sobre el patrimonio nacional y los servicios sociales cuyo actuar quedó también sustraído de tal control.

La facultad del Congreso para investigar las actividades gubernamentales, en general los asuntos de interés público en los estados democráticos se ha venido desarrollando constitucionalmente en fechas recientes como un derecho de minorías.

El interés público se refiere a todo aquello que afecte a la sociedad en general y no incumba a la esfera personal de los individuos. Ello implica que puedan ser convocados por las comisiones de investigación los servidores públicos de cualquier nivel, los particulares y representantes de las empresas que llevan a cabo actos de interés público.

En Estados Unidos, por ejemplo, las comisiones de investigación han tenido una relevancia institucional y social indiscutible, su actuación ha abarcado desde las cuestiones de fiscalización política del Ejecutivo hasta problemas de índole social y económico, pasando por procedimientos de acusación contra el presidente.

La existencia de un sistema de gobierno democrático sólo será posible si median la transparencia y la responsabilidad. En este sentido, la función de control del Parlamento y en nombre del pueblo que representa, este órgano debe exigir al gobierno la rendición de cuentas y velar porque la política y la acción gubernamental sean eficaces y acordes con las necesidades de la población.

Al detectar y prevenir los abusos, las conductas arbitrarias e ilícitas e inconstitucionales, hacer rendir cuentas del dinero de los contribuyentes, detectar derroches, vigilar que los particulares a los que se les concesiona la provisión de bienes y servicios públicos cumplan con su responsabilidad, son sólo algunas de las funciones que debe cumplirse mediante el control parlamentario.

Esta soberanía debe contar con amplias facultades para indagar lo que aflige a sus ciudadanos y poder recuperar así la confianza en nuestras instituciones. La Constitución de 1917 no previó el estado de cosas que aquejan hoy a la República y que en nombre del bien común han despojado a nación de su patrimonio y recursos naturales.

Además, de que sus servidores públicos se han convertido en mercaderes de las rentas públicas y de que la concesión de servicios públicos no se ha traducido necesariamente en mayores beneficios para la soberanía.

El pueblo, en ejercicio de su soberanía, puede y debe impedir los actos de corrupción e impunidad que aquejan a la república.

Morena, como grupo parlamentario, tiene el compromiso de combatir y denunciar la corrupción, las injusticias y los abusos del poder donde quiera y contra quien sea. Es por ello que, en esta iniciativa de reforma al artículo 93, se plantea ampliar las competencias de las comisiones para investigar cualquier asunto de interés público; y pueden ser citados los servidores públicos de cualquier nivel, particulares y representantes de empresas privadas, al margen de que formen parte de la administración pública federal centralizada y paraestatal de las empresas productivas del Estado o de los órganos autónomos. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Araceli Damián González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la ley fundamental, 6, fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 93 de la norma suprema, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, producto del Constituyente de 1916-1917, ya no es la misma, con sus 99 años es la tercera más antigua del continente y la segunda en América Latina.

El primer jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión en su primer Informe ante el Congreso Constituyente el 1o. de diciembre de 1916 sostenía:

La división de las ramas del poder público obedece, según antes expresé, a la idea fundamental de poner límites precisos a la acción de los representantes de la nación, a fin de evitar que ejerzan, en perjuicio de ella, el poder que se les confiere; por lo tanto, no sólo hay necesidad imprescindible de señalar a cada departamento una esfera bien definida, sino que también la hay de relacionarlos entre sí, de manera que el uno no se sobreponga al otro y no se susciten entre ellos conflictos o choques que podrían entorpecer la marcha de los negocios públicos y aun llegar hasta alterar el orden y la paz de la república.

...

La elección directa del presidente y la no reelección, que fueron las conquistas obtenidas por la revolución de 1910, dieron, sin duda, fuerza al gobierno de la nación, y las reformas que ahora propongo coronarán la obra. El presidente no quedará más a merced del Poder Legislativo, el que no podrá tampoco invadir fácilmente sus atribuciones.

La experiencia del siglo XIX, el debilitamiento del Ejecutivo, así como la preminencia política del Poder Legislativo, hicieron que el encargado del Poder Ejecutivo de la Unión propusiera un presidente fuerte y estuviera en contra del sistema parlamentario.

En la Constitución de 1917 y específicamente en el artículo 93 se estableció que los secretarios del despacho, luego que estuviera abierto el período de sesiones ordinarias, darían cuenta al Congreso, del estado que guardaban sus respectivos ramos, asimismo, cualquiera de las Cámaras podría citar a los secretarios de Estado para que informaran, cuando se discutiera una ley o se estudiara un negocio relativo a su secretaría.

La facultad anterior, se hace extensiva a los jefes de departamento y a los directores generales, gerentes, administradores o titulares de los organismos federales descentralizados y de empresas de participación estatal mayoritaria hasta 1974.

Las Comisiones Unidas, Segunda de Puntos Constitucionales y Primera Sección de Estudios Legislativos del Senado de la República, fundaban su dictamen en una de las siguientes consideraciones:

Sexta. La conveniencia de ampliar expresamente en el texto constitucional la facultad de las Cámaras de llamar no sólo a los secretarios del despacho, sino a los jefes de departamento y a los directores o administradores de organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria surgen del hecho, plenamente conocido, que más de la mitad del gasto del sector público se realiza a través de esos organismos. Es pública y notoria la importancia que para el desarrollo de México tienen empresas, entre otras, como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Altos Hornos de México, Ferrocarriles Nacionales, y los Bancos Nacional de Crédito Ejidal, Nacional Agropecuario y Nacional de Crédito Agrícola. Los anteriores, por lo que hace a su significación económica; pero debemos tener en cuenta también su significación social y la repercusión en grandes sectores de la población que tienen -como lo hacen notar los autores de la Iniciativa- el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y la Compañía Nacional de Subsistencia Populares.

El artículo 93, párrafo tercero de la norma suprema establece que el pleno de la Cámara de Diputados, a petición de una cuarta parte de sus integrantes, está facultado para integrar comisiones para investigar sólo el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, lo que ha sido rebasado, pues el contexto histórico de 1977 en que esto se estableció es diverso a la actual realidad que vivimos.

En la exposición de motivos que dio origen a la adición del párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución Política, en su parte conducente enunciaba:

El desarrollo económico experimentado por el país en los últimos años ha provocado el crecimiento de la administración pública, fundamentalmente del sector paraestatal multiplicándose el número de organismos descentralizados y empresas de participación estatal. Acorde con el propósito de la reforma administrativa y con los ordenamientos que de ella han surgido, se hace necesario buscar fórmulas que permitan poner una mayor atención y vigilar mejor las actividades de dichas entidades.

Con el fin de que el Congreso de la Unión coadyuve de manera efectiva en las tareas de supervisión y control que realiza el Poder Ejecutivo sobre las corporaciones descentralizadas y empresas de participación estatal, se agrega al artículo 93 de la Constitución un nuevo párrafo, que, en caso de ser aprobado, abre la posibilidad de que cualquiera de las dos Cámaras pueda integrar comisiones que investiguen su funcionamiento, siempre y cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros tratándose de los diputados, y de la mitad si se trata de los senadores. Esta facultad se traducirá en nuevos puntos de equilibrio entre la administración pública y el Poder Legislativo.

Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal; éste será el que determine las medidas administrativas y el deslinde de las responsabilidades que resulten. De esta manera se conservan intactas las facultades del propio Ejecutivo, relativas a la dirección del sector paraestatal de la administración pública, sin que resulte quebrantado el principio de separación de Poderes.

El Ejecutivo planteó en aquella época, nuevos puntos de equilibrio entre la administración pública y el Poder Legislativo, encomendándose al primero el deslinde de las responsabilidades en que hubiesen incurrido los servidores públicos de la administración pública paraestatal, dejando incólumes a sus secretarios de despacho.

En el dictamen de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos, y Primera de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del 18 de octubre de 1977, sus integrantes señalaban que la Iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal, era una “medida altamente saludable”, además de “una expresión más de la colaboración de los Poderes y de su corresponsabilidad para resolver con eficacia aspectos trascendentales de la administración pública”, por lo que no tuvieron inconvenientes en su aprobación.

Por su parte, las Comisiones Unidas Segunda de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera Sección de la Cámara de Senadores, ratificaron el porcentaje de la colegisladora, y en lugar de una tercera parte, aprobaron como mínimo la cuarta parte para los diputados.

Además, citando al Ejecutivo Federal, sostenían que:

El imperativo de la participación del Estado está dado por nuestra democracia social; de ahí todo el juego de posibilidades y alternativas tan amplias, riquísimas que tenemos y podemos tener; la participación directa, reguladora del Estado mediante sus leyes que pueden obligar y pueden prohibir; se puede concertar y convenir; es dable fomentar, propiciar, promover, estimular y desestimular es posible actuar en forma descentralizada o actuar participando”.

Dentro de estos principios se requiere que los organismos o empresas públicas sean eficientes para el mejor cumplimiento de sus objetivos y que sean administrados con eficacia y probidad. Por tal razón, es muy importante que las Cámaras puedan vigilar su funcionamiento.

El Constituyente Permanente, consideró trascendental que las Cámaras del Congreso de la Unión vigilaran el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, con lo cual instauró un nuevo equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, sin quebrantar la división de poderes.

Así, en su momento, el desarrollo económico experimentado por el país y el crecimiento de la Administración Pública, principalmente los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, motivaron en 1977 la creación de comisiones de investigación, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores a efecto de que coadyuvaran, en las tareas de supervisión y control de tales organismos.

Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, a los jefes de los departamentos administrativos, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.

El 2 de agosto de 2007 otra reforma elimino la referencia a los Departamentos Administrativos que habían dejado de existir viarias décadas antes; varias iniciativas así lo plantearon.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en su dictamen expresaba:

El departamento administrativo, como órgano superior de la administración pública no apareció en nuestras constituciones sino hasta 1917. En el dictamen del Constituyente de Querétaro sobre los artículos 90 y 92 que versaban sobre los departamentos administrativos, argumentaban la creación de los mismos como una nueva clase de entidades o grupo de órganos del Ejecutivo que administren algún servicio público, que en su funcionamiento nada tienen que ver con la política y, “más todavía, es muy pernicioso que la política se mezcle en estos servicios, porque los desvía de su objetivo natural, que es la prestación al público de un buen servicio en el ramo que se les encomienda y nada más”.

Estos organismos fueron creados para dedicarse única y exclusivamente al mejoramiento de cada uno de los servicios públicos, y aunque dependen directamente del Ejecutivo, no refrendan los reglamentos y acuerdos relativos a su ramo; nacieron sin la obligación ni la facultad de informar a las Cámaras, ni les fueron exigidas constitucionalmente cualidades para su nombramiento, al titular del Ejecutivo le quedó el derecho y la facultad de nombrarlos y calificarlos en sus aptitudes, que en todo caso debían ser de carácter profesional y técnico.

Fue hasta la reforma de 1974 al artículo 93 constitucional, que se estableció la obligación de los departamentos administrativos de rendir al Congreso informe sobre el estado que guardan. Posteriormente, en las modificaciones constitucionales de 1981, fue que se les otorgó la facultad de refrendar los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente, a que el asunto les corresponda.

En 2008, se reforman los artículos 69 y 93 constitucionales con lo cual se permitió que todas las comisiones del Congreso de la Unión pudieran llamar a los integrantes del gabinete presidencial, el gabinete en sentido estricto y el gabinete en sentido ampliado para que bajo protesta de decir verdad respondieran preguntas e interpelaciones, con lo cual encontramos un avance en el control parlamentario.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en cuanto a estas reformas argumentaba que:

...la función de control del poder, tiene como propósito fundamental equilibrar su ejercicio para garantizar la vigencia de la Constitución Política, asegurar el respeto de los derechos humanos y hacer posible la vigencia plena de la democracia

En este contexto los integrantes de la comisión, coincidimos en que el poder Legislativo es la pieza central del sistema de la división de poderes y de la democracia representativa. Que la representación social que ejerce el Poder Legislativo en las esferas del poder es uno de los postulados característicos de todo régimen democrático.

Que en efecto el Poder Legislativo, es pieza fundamental para un equilibrado ejercicio del poder político, para que éste se lleve a cabo de acuerdo con el marco legal y con estricto apego a las normas éticas, de racionalidad, de oportunidad, prudencia, corrección y eficiencia que deben imperar en la gestión de los negocios públicos.

El informe presidencial tiene como fin que el Congreso compruebe, inspeccione, verifique, examine y valore la actividad del Ejecutivo, situación que se presenta en las sesiones subsecuentes, es decir, dicha actividad es un mecanismo de control parlamentario. En este sentido, la relevancia del informe se encuentra en la información que en este se proporciona al Congreso el cual, además, cuenta con la potestad conferida por el artículo 93 constitucional, y regulada en el artículo 45 numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 53, 128 al 131 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que le faculta a citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, así como a los directores y administradores de las empresas de participación estatal mayoritaria con el objeto de llegar a una clara comprensión de lo que se le presenta.

...la consolidación democrática exige necesariamente poderes públicos fuertes, ello implica el mejoramiento de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que permita un buen desempeño institucional, que se traduce en configurar un sistema de relaciones adecuado, un sistema de equilibrios y contrapesos bien diseñado, en la que exista correspondencia en las facultades y las responsabilidades de dichos poderes, de suerte que se garanticen relaciones de cooperación, colaboración y construcción de bienes y servicios públicos.

A casi cuatro décadas, la administración pública federal, centralizada y paraestatal, se ha transformado, amén de la reciente creación de las empresas productivas del Estado y un número creciente de órganos autónomos que han quedado sustraídos a la capacidad de investigación de la Representación Nacional. De igual forma, con la reforma energética de 2013, se da una regresión significativa en las atribuciones de control del Congreso de la Unión al cambiar el régimen jurídico de las hoy empresas productivas del estado, y que al dejar de ser organismos descentralizados del estado, quedaron también sustraídas de dicho control.

El artículo 93 constitucional, dispone que las funciones de control de la actividad gubernamental le corresponden al Congreso de la Unión. En particular, como mencionamos, a la Cámara de Diputados, órgano de carácter representativo, el Código Político de 1917 le atribuye diversas facultades para verificar la regularidad de la gestión administrativa del Estado, encontrándose, dentro de éstas, las denominadas “de investigación”, a través de las cuales los representantes de la nación conocen el estado que guarda la administración pública respecto a un determinado asunto, generando un juicio propio que permite valorar la eficiencia y legalidad de la actuación del gobierno.

La representación nacional, ejerce funciones propias de control sobre organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria que integran la administración pública federal, derivado de la atribución establecida en el tercer párrafo del artículo 93 constitucional.

Por consiguiente, la Cámara de Diputados, sólo puede ejercer su facultad de investigación, tratándose de los organismos antes señalados, por lo que su atribución se encuentra limitada.

Una de las características de los Estados democráticos, consiste en la facultad de los Congresos para investigar las actividades gubernamentales. En éstas, se considera incluso que ese acto de control político forma parte de los derechos de minoría parlamentarias.

Por ello, la facultad de investigación o de encuesta se ha venido desarrollando en el constitucionalismo contemporáneo como un derecho de las minorías.

Esta capacidad de investigación se ha ampliado a todo lo que corresponde al interés público, tal y como se desprende en las constituciones de otros países.

En España las comisiones de investigación, tienen como objeto necesariamente un asunto de interés público, es decir, que afecte a la sociedad en general y no incumba a la esfera personal de los individuos.

Que por su parte, el Tribunal Constitucional español ha definido el concepto de interés público como tal en la STC Número 88/2012, de 7 de mayo de 2012, que las comisiones de investigación “tienen que versar sobre asuntos que afecten a los intereses de la Comunidad, lo que conlleva excluir de su ámbito los asuntos de estricto interés particular, por más que puedan ser de interés del público, sin trascendencia en cuestiones que puedan ser de interés para la ciudadanía en cuanto tal”.

¿Qué es el interés público o cuál es su significado?

El interés público implica, que puedan ser convocados los servidores públicos de cualquier nivel, los particulares con sus relaciones con estos y todas las empresas privadas que prestan servicios públicos.

Es decir, cuando se habla de “interés público” se está haciendo referencia en principio a un interés participado por una mayoría de ciudadanos y que afecta a la sociedad como tal.

Cuando los intereses son compartidos por unos amplios sectores de una colectividad, cuando los intereses tienen contenidos que la mayoría social considera necesidades primarias, prioritarias o fundamentales, se puede hablar de un interés público. El interés público se refiere a intereses que se consideran muy necesarios e importantes para la supervivencia o el bienestar de la sociedad como tal. El interés público es un fin fundamental de todo ordenamiento jurídico, porque dar a la sociedad “lo suyo” es un precepto de justicia elemental.

En síntesis, el interés público será aquella materia que se resuelve en decisión política gubernamental –nacional, regional o municipal– y también en el ámbito legislativo y jurisdiccional, que satisface al máximo los intereses de la comunidad involucrada, que se concibe y ejecuta mediante procedimientos jurídicos preestablecidos, con participación de los gobernados, y que tiene por finalidad última evitar conflictos políticos, religiosos, económicos, sociales y culturales y perfeccionar el bienestar de la población o de segmentos de esta última.

En los parlamentos democráticos se constituyen comisiones ad hoc o ex profeso para realizar algún tipo de investigación específica sobre temas de interés público y también es frecuente que se les dote de facultades especiales para el desarrollo de sus pesquisas y las cuales, son verdaderos órganos de control parlamentario.

En Estados Unidos las comisiones de investigación han tenido una relevancia institucional y social indiscutible, acorde, por otra parte, con la propia arquitectura política del “check and balance” y la lógica inherente al sistema presidencialista de separación de poderes. Su actuación ha sido frecuente e intensa, abarcando entre los objetos de su actividad desde cuestiones de pura fiscalización política del ejecutivo hasta problemas de índole social y económica, pasando por procedimientos de acusación contra el presidente (los conocidos impeachment).

Aunado a lo anterior, sus poderes son amplísimos y ninguna institución pública ni privada puede resistir sus requerimientos de información, documentación y comparecencia, pudiendo llegar a examinar a personas en condición de testigos en un procedimiento similar al judicial en audiencias especiales conocidas como hearings; asimismo, en determinadas circunstancias pueden llegar a ordenar el arresto y encarcelamiento de personas, a disposición de la comisión.

En Italia, sí se reconoce expresamente las facultades de investigación del Congreso y el Senado, en un régimen denominado de bicameralismo perfecto por gozar ambas, en principio, de iguales competencias. Las comisiones de investigación, commissioni d’inchiesta gozan de amplísimos poderes, equiparándose a los órganos judiciales de instrucción tanto en sus competencias como en sus límites, pudiendo, en consecuencia, ordenar investigaciones a la policía judicial, autorizar registros domiciliarios y secuestros de publicaciones, además de la tradicional competencia para requerir el envío de documentación o la presencia de autoridades, funcionarios y particulares, pasando por encima de cualquier limitación que pudiera derivarse del secreto de Estado, del secreto del sumario o del profesional. Con relación a las comparecencias personales cabe señalar que los ciudadanos, en este caso, no sólo tienen el deber de hacerlo ante la comisión, sino de declarar la verdad, al estar sancionado en el Código penal tanto la negativa a testificar como el testimonio falso.

Los países antes citados constituyen solo algunos casos que muestran el cómo funcionan las comisiones de investigaciones y sus atribuciones, pero existen esquemas similares en Alemania, Brasil, Colombia, Perú, República Dominicana, entre otros países.

En México los representantes de la nación nos hemos convertido en simples testigos de los acontecimientos que sacuden al país, y a lo más que podemos aspirar es a expresar opiniones o puntos de vista, pero no a tomar decisiones, y menos indagar acerca de hechos que afecten a los representados o que sean del interés público.

La debilidad del Poder Legislativo mexicano se deriva, entre otras razones, de la falta de una efectiva facultad de control sobre el Ejecutivo y la administración pública en su conjunto.

Luego entonces, la iniciativa plantea que puedan ser citados los servidores públicos de cualquier nivel y dependencia, particulares, y apoderados legales, miembros de los consejos administrativos y miembros de los consejos directivos de empresas privadas, al margen de que formen parte, de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, de las empresas productivas del Estado, o de los órganos autónomos.

Que además, en las comparecencias se puedan exhibir documentos, con lo cual, a las comisiones de investigación se les dotaría de competencias o facultades propias de una autoridad judicial, y por ende, se respetaría el debido proceso.

La existencia de un sistema de gobierno democrático sólo es posible si median la transparencia y la responsabilización. En este sentido, la responsabilidad principal incumbe directamente al parlamento: mediante su función de control, y en nombre del pueblo al que representa, este órgano exige al gobierno la rendición de cuentas, y vela por que la política y la acción gubernamental sean eficaces y acordes con las necesidades de la población. El control parlamentario también es crucial para vigilar si el gobierno comete excesos.

El detectar y prevenir los abusos, la conducta arbitraria o la conducta ilícita e inconstitucional; hacer rendir cuentas por el uso que se hace del dinero de los contribuyentes y detectar los derroches que se produzcan, vigilar que los particulares a los que se les concesiona la provisión de bienes y servicios públicos cumplan con su responsabilidad, son sólo algunas de las funciones que se pueden describir del control parlamentario.

Por lo antes expuesto, esta soberanía debe contar con amplias facultades para indagar lo que aflige a sus ciudadanos, y poder recuperar así la confianza en nuestras instituciones.

El código político de 1917, no previó el estado de cosas que aquejan hoy a la República, y que en nombre del bien común, han despojado a la nación de su patrimonio y recursos naturales, además de que sus servidores públicos se han convertido en mercaderes de las rentas públicas y de que la concesión de servicios públicos no se ha traducido necesariamente en mayores beneficios para la soberanía.

El pueblo, en ejercicio de su soberanía, puede y debe impedir los actos de corrupción e impunidad que aquejan a la Republica.

Morena, como grupo parlamentario, tiene el compromiso de combatir y denunciar la corrupción, las injusticias y los abusos del poder donde quiera y contra quien sea, es por ello que se plantea ampliar la competencia de las comisiones puedan investigar cualquier asunto de interés público y puedan ser citados los servidores públicos de cualquier nivel, particulares y empresas privadas, al margen de que formen parte, de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, de las empresas productivas del Estado o de los órganos autónomos.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

...

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar cualquier asunto de interés público que afecte a la sociedad. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal y de las autoridades competentes.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Período Único. Querétaro, 1 de diciembre de 1916. Tomo I. Número 12.

2 Diario de los Debates de la Cámara de Senadores. Año I, Número 37, Periodo Ordinario, XLIX Legislatura, Tomo I, del 26 de diciembre de 1973., pp. 5-8.; Diario de los Debates de la Cámara de Senadores Año I, Número 38, Periodo Ordinario, XLIX Legislatura, Tomo I, del 27 de diciembre de 1973, pp. 6-7.; Diario de los Debates de la Cámara de Senadores Año I, Número 38, Periodo Ordinario, XLIX Legislatura, Tomo I, del 27 de diciembre de 1973, pp. 7-11.; Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Año I, Tomo I, Número 54, del 28 de diciembre de 1973, pp. 8-10.; Diario de los Debates de la Comisión Permanente, Año I, Tomo I, Número 4, del 24 de enero de 1974, pp. 13 -14 y Diario Oficial de la Federación del 31 de enero de 1974, Tomo CCCXXII, Número 22, p. 2.

3 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Año II, Tomo II, Número 14 del 6 de octubre de 1977, páginas 6-15; Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Año II, Tomo II, Número 17, del 18 de octubre de 1977, páginas 4-6, 17,19-23; Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Año II, Tomo II, Número 18, del 19 de octubre de 1977, páginas 3-24; Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Año II, Tomo II, Número 19, del 20 de octubre de 1977, páginas 3-15, 17 y 18; Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Año II, Tomo II, Número 21, del 24 de octubre de 1977, páginas 28-36; Diario de los debates de la Cámara de Diputados, Año II, Tomo II, Número 22, del 25 de octubre de 1977, página 43; Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, Año II, Número 16, Periodo Ordinario, L Legislatura, Tomo II, del 27 de octubre de 1977, páginas 2-5; Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, Año II, Número 17, Periodo Ordinario, L Legislatura, Tomo II, del 3 de noviembre de 1977, páginas 2-13;Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, Año II, Número 18, Periodo Ordinario, L Legislatura, Tomo II, del 4 de noviembre de 1977, páginas 2-25; Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, Año II, Número 26, Periodo Ordinario, L Legislatura, Tomo II, del 29 de noviembre de 1977, páginas 17-20; Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, Año II, Número 26, Periodo Ordinario, L Legislatura, Tomo II, del 29 de noviembre de 1977, página 21; Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Año II, Tomo II, Número 38, del 1 de diciembre de 1977, páginas 6, 8-13 y Diario Oficial de la Federación del 6 de diciembre de 1977, Tomo CCCXLV, Número 26, páginas 2, 4-6.

4 Ibídem. Obra citada.

5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Primera de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Primera Lectura del 18 de octubre de 1977.

6 Dictamen de las Comisiones Unidas Segunda de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera Sección de la Cámara de Senadores 3 de noviembre 1977.

7 Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1994.

8 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Año III, Sesión 31, Volumen III, del 6 de diciembre de 2005, páginas 269-262; Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Año III, Sesión 14, Volumen III, del 14 de marzo de 2006, páginas 258-261; Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Año III, Sesión 28, Volumen IV, del 25 de abril de 2006, páginas 514-519; Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Año III, Sesión 29, Volumen III, del 26 de abril de 2006, páginas 315-320; Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, Año III, Diario 26, del 26 de abril de 2006, páginas 829-831; Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, Año I, Número 31, del 14 de diciembre de 2006, páginas 43-50; Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, Año I, Número 32, del 19 de diciembre de 2006, páginas 305-312; Gaceta parlamentaria de la Comisión Permanente (senado), Año 2007, Número 3, del 9 de mayo de 2007, páginas 14-15; Diario Oficial de la Federación, Tomo DCXLVII, Número 2, del 2 de agosto de 2007, páginas 2-4.

9 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Año I, Número de Sesión 6, Volumen I, del 14 de septiembre de 2006, páginas 39-42; Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Año I, Número de Sesión 34, Volumen I, del 14 de diciembre de 2006, páginas 148-151; Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Año I, Número de Sesión 20, Volumen II, del 29 de marzo de 2007, páginas 125-129; Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Año I, Número de Sesión 28, Volumen I, del 26 de abril de 2007, páginas 34; Diario de los Debates de la Cámara de Senadores (Segundo Receso Comisión Permanente), Año I, Número 6, del 30 de mayo de 2007, páginas 67-75; Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Año II, Número de Sesión 27, Volumen I, del 30 de abril de 2008, páginas 135-144; Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, Año II, Número 2, del 7 de mayo de 2008; Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, Año II, Número 11, del 19 de junio de 2008, páginas 4-28; Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Año II, Número de Sesión 3, Volumen I, del 20 de junio de 2008, páginas 51-53; Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Año II, Número de Sesión 3, Volumen I, del 20 de junio de 2008, páginas 161-173; Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, Año II, Número de Sesión 14, del 30 de julio de 2008, páginas 23-25; Diario Oficial de la Federación del 15 de agosto de 2008, páginas 2-3.

10 Artículo 93, párrafo tercero, que a la letra dice: Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.

11 Doctor Diego Valadez, Reforma del 15 de septiembre de 2015, página 10.

12 Así lo sostiene Diego Valadez en el foro: Construyendo Contrapesos realizado el 9 de marzo de 2016 en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

13 Arévalo Gutiérrez, 1995: 165.

14 En el punto 2 de la resolución al texto señala: Segundo Anular el acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid de 21 de marzo de 2006 por el que se acordó la inadmisión a trámite de la creación de la comisión no permanente de investigación sobre el “contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, ejecución de obra y gestión del servicio público de explotación de la línea ferroviaria de transporte público de viajeros con infraestructura propia, entre Madrid y los municipios de Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey y el riesgo a que pudieran estar expuestos los usuarios de la misma” y el acuerdo de 4 de abril de 2006 por el que se desestimó la solicitud de reconsideración formulada contra el anterior acuerdo.

15 http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/22886

16 Nos referimos a los funcionarios.

17 López Calera, Nicolás, El interés público: entre la ideología y el derecho, Universidad de Granada (España), file:///C:/Users/Usuario/ Downloads/502-768-1-PB%20(1).pdf

18 Obra citada López Calera, Nicolás.

19 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-AlgunasConsideracionesSobreElInteres PublicoEnLaPol-2254414.pdf

20 “La investigación parlamentaria en España y el entorno europeo”, en Revista Derecho del Estado, número 2, Departamento de Derecho Público y Ciencia Política, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, julio de 1997, páginas 37-57.

21 http://eunomia.tirant.com/?p=1521

22 Cfr. Artículo 82 de la Constitución Italiana.

23 Ídem. Obra citada Diego Valadez.

24 Donato-Mora, Cecilia, Instrumentos Constitucionales para el Control Parlamentario.

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/ CuestionesConstitucionales/numero/4/art/art4.htm

25 Diego Valadez en el Foro: Construyendo Contrapesos.

26 Yamamoto, Hironori, Instrumentos de control parlamentario, Estudio comparativo de 88 parlamentos nacionales, Inter-Parliamentary Union 2007, Impreso por PCL Presses Centrales SA, Renens, Suiza.

27 Así lo destaca Hironori Yamamoto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputadas y diputados: Araceli Damián González, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Sandra Luz Falcón Venegas, Delfina Gómez Álvarez, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Cuitláhuac García Jiménez, Concepción Villa González, Blandina Ramos Ramírez, Irma Rebeca López López, Erik Juárez Blanquet (rúbricas).»

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Esta Presidencia saluda la presencia en este recinto de los presidentes municipales de Chiapas: Rodolfo Cerda Gutiérrez, de Acapetahua; y Claudia López Aguilar, de Villa Comaltitlán; invitados por el diputado Diego Valente Valera Fuentes, de Chiapas. Bienvenidos.

De igual forma saludamos la presencia de personal docente y alumnado del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, del Plantel Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, invitados por el diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez.

De igual forma saludamos la presencia de estudiantes de la licenciatura de dirección y responsabilidad social de la Universidad Anáhuac, invitados por el diputado Enrique Madero Muñoz.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul del diputado, por favor. ¿Con qué tema? El diputado Cuitláhuac García; adelante, diputado

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Perdón por interrumpir al orador en turno. Solo para solicitarle a la diputada Araceli que nos permita adherirnos a su iniciativa algunos diputados de Morena.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputada Araceli, ¿acepta usted que se adhiera? Está a disposición la iniciativa en esta Secretaría para su adhesión.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra para presentar, hasta por cinco minutos, dos iniciativas en una sola intervención el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Desarrollo Social; y de la Ley General del Impuesto sobre la Renta, e iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 93, 130, 132 y 132 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Adelante, diputado.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Con su permiso, presidenta. Con el permiso de las compañeras, de los compañeros diputados presentes.

Movimiento Ciudadano observa como se dijo aquí al arrancar este periodo ordinario de sesiones, que el país está sumido en una crisis institucional y creemos que es muy preocupante que algunos actores políticos se estén frotando las manos para que esa crisis institucional sea la explicación de su triunfo electoral en 2018. Particularmente en el PAN y en la izquierda hay quien ya cree que la crisis institucional que hoy vive México va a ser la puerta de acceso a la Presidencia de la República en 2018.

Nosotros creemos que si no nos hacemos cargo de aquí a 2018, del momento que atraviesa el Estado mexicano, la viabilidad del país va a estar en serios predicamentos, y nos referimos a la situación económica.

No sólo fueron las calificadoras internacionales que ya alertaron sobre el estado de las finanzas públicas en México, y no sólo ha sido el Banco de México. Todas las evaluaciones a las finanzas públicas de México dicen que el gasto ya no se puede seguir financiando con deuda, y en un acto de responsabilidad Movimiento Ciudadano plantea hoy a esta Cámara de Diputados que rumbo a la discusión de la Ley de Ingresos, este país por fin tome en serio el asunto de los impuestos a la riqueza y al patrimonio.

En este país se ha avanzado solamente en el rubro de impuestos al consumo, que es un tipo de impuesto regresivo. Es decir que perjudica más a las clases medias y a los más pobres, porque dedican la mayor parte de su ingreso a los más pobres, pero a diferencia de Estados Unidos, de Francia, de Suecia, de Chile, de los países de la OCDE a los que les queremos copiar todo menos lo que no le conviene a los poderes fácticos, éste es un país en el que no se paga el impuesto a las grandes herencias.

Nosotros planteamos que esos dos de cada mil mexicanos que son millonarios en este país paguen ese impuesto a las herencias para financiar el gasto social en México. Mientras dos de cada mil mexicanos tienen un millón de dólares en patrimonio, 24 millones, 600 mil mexicanos no tienen asegurado el ingreso mínimo para la canasta básica. Por eso son dos iniciativas; impuesto a las grandes herencias ligado a la construcción en el mediano plazo, del ingreso mínimo universal para las mexicanas y los mexicanos que arranquen en igualdad de oportunidades.

Porque lo que cuestiona el impuesto a las grandes herencias es la farsa argumentativa de la derecha, que dice que no se puede gravar la productividad, que no se puede gravar el talento. Pero, ¿por qué un niño tiene que nacer en condiciones de precariedad absoluta y un niño tiene que nacer multimillonario? ¿Por la productividad que tuvo en el útero? ¿Por la productividad que tuvo durante el periodo de gestación?

La igualdad de oportunidades debe ser un principio al que aspire un Estado que se respete. El Estado mexicano no le ha apostado al asunto de la igualdad de oportunidades y nosotros creemos que es un momento propicio para discutirlo, justo cuando los mercados internacionales sí esperan una señal de fortalecer la recaudación y los ingresos tributarios del gobierno. Esto sí nos ayudaría a mandar un mensaje a los mercados, no invitar a Donald Trump.

Poner a México en el centro de la discusión de los impuestos a la riqueza y los impuestos al patrimonio es un pendiente que tiene cuatro décadas la izquierda con esta Cámara de Diputados. En cuatro décadas de representación no hemos sido capaces de poner el acento en los impuestos al patrimonio y a la riqueza en uno de los países más desiguales del mundo, en un país rentista y en un país en el que el capitalismo de compadres ha concentrado el ingreso y la riqueza en unas cuantas manos, en el que cuatro personas tienen el mismo ingreso que 10 millones de mexicanos.

Por eso queremos también decir: el impuesto a las grandes herencias podría ser suficiente para arreglar, no 33 mil escuelas, no 33 mil planteles educativos, como la deuda multimillonaria del gobierno federal que está planteando en el programa Escuelas al Cien, con el impuesto a las grandes herencias en un solo sexenio podríamos arreglar las más de 200 mil escuelas que hay en todo el país. Con el impuesto a las grandes herencias en cinco años podríamos acabar con la pobreza extrema, la pobreza por ingresos de más de 24 millones de mexicanos en este país.

Por eso creemos que ser una oposición responsable es decirle al partido en el poder que ahí hay un instrumento que se puede utilizar para fortalecer los ingresos tributarios del gobierno, que es el impuesto a las grandes herencias y que podemos financiar una idea de justicia redistributiva, en la que Movimiento Ciudadano cree, que es el ingreso mínimo universal. Gracias por su tiempo y gracias, presidenta.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes General de Desarrollo Social, y del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Álvarez Máynez, miembro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en cumplimiento de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman distintas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de establecer un ingreso mínimo universal, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Desde hace algunas décadas, a nivel global se ha ido acentuando el debate acerca de la desigualdad social y económica y la concentración de la riqueza que prevalece, en menor o mayor grado, en cada uno de los países. A la par, se han ido impulsando iniciativas y alternativas que permitan una distribución más justa y equitativa del ingreso y la riqueza, y con ello reducir las brechas de desigualdad.

Actualmente, los índices de pobreza y desigualdad en nuestro país son alarmantes. De acuerdo con la medición de la pobreza, llevada a cabo por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2014 había en nuestro país 55.3 millones de personas (46.2 por ciento de la población) en situación de pobreza, de las cuales 11.5 se encontraban en condiciones de pobreza extrema. México es el segundo país más desigual de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al ser superado solo por Chile.

Una de las causas de ello, es el desempleo de una gran parte de la población económicamente activa. Además, quienes tienen un empleo, frecuentemente reciben una remuneración insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas. En México, el salario mínimo –73.04 pesos diarios– está por debajo de la línea de pobreza. Según datos del Coneval, para comprar la canasta básica de alimentos familiar se requieren al menos de 85.4 pesos al día, por lo que más de 50 millones de mexicanos no pueden adquirir la canasta básica alimentaria, aun juntando los ingresos de todos los miembros del hogar.

Esta situación, claramente contraviene e incumple con el mandato constitucional incluido en el artículo 123, que dice: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para promover a la educación obligatoria de los hijos.”

Por otra parte, el Global Wealth Report 2014 señala que 10 por ciento más rico de México concentra el 64.4 por ciento de toda la riqueza del país. La fortuna de los cuatro millonarios mexicanos más acaudalados Carlos Slim (77 mil millones de dólares), Germán Larrea (13 mil 900 millones de dólares), Alberto Bailleres (10 mil 400 millones de dólares) y Ricardo Salinas Pliego (8 mil) asciende a 9.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país.

El propio secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, declaró el año pasado que alrededor de 7 millones de mexicanos, 5.9 por ciento de la población, vive con menos de 32 pesos al día. Pero, el gobierno federal no está desarrollando programas sociales que atiendan verdaderamente el problema de la pobreza y la desigualdad en nuestro país. De acuerdo con el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales que realizó la organización civil Gestión Social y Cooperación, AC, 46.6 por ciento de los programas federales diseñados para el desarrollo social del país reprueban en su desempeño, es decir, no están bien diseñados, no pueden cumplir las metas que prometen, ni alcanzan a la población que es potencialmente beneficiaria. Al respecto, el doctor Julio Boltvinik, investigador del Colegio de México, comentó en el Seminario Internacional Renta Básica y Distribución de la Riqueza que los programas de transferencias condicionadas no han logrado satisfacer a plenitud las necesidades humanas básicas y, además, han tenido serias limitaciones.

De tal manera que, si una gran parte de los programas sociales no cumplen con sus fines, es necesario buscar nuevas alternativas que ayuden a combatir las tendencias negativas del sistema económico actual que tanto han afectado a nuestro país desde hace unas décadas: desempleo crónico, subempleo, empleo precario, desigual e inequitativa distribución del ingreso.

De acuerdo con datos del Coneval, en la actualidad operan en nuestro país 6 mil 751 programas y acciones de desarrollo social. De ellos, 233 son federales, 3 mil 788 a nivel estatal y 2 mil 730 a nivel municipal. En total, implican un gasto de 1.1 billones de pesos al año. Un gasto de tal magnitud debería implicar buenos resultados en cuanto al combate a la pobreza, y sin embargo no es así.

Una propuesta, dada la concentración de la riqueza y el ingreso en pocas manos, es la del ingreso mínimo universal, ya que el Estado debería intervenir para redistribuir el ingreso nacional. Se trata de una asignación monetaria pública incondicional a toda la población, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta.

La experiencia a nivel mundial de la implantación de una renta básica, tiene su caso más representativo en Alaska. Desde 1976 se estableció un fondo de inversión con el objetivo de que las compañías petroleras dejarán parte de los beneficios obtenidos por la extracción de petróleo, y así compensar a sus habitantes por llevarse para siempre un recurso no renovable, y por adueñarse de un recurso natural que era propiedad de los alaskeños.

La implantación de un ingreso mínimo universal tendría múltiples ventajas, algunas de ellas se mencionan en un artículo publicado por Rogelio Huerta, investigador de la UNAM: la principal es que coadyuvaría a terminar con la pobreza extrema, si el ingreso se fijara por arriba de la línea de pobreza alimentaria. Además, contrario a lo que pasa con diversos programas sociales, no podría usarse para fines políticos, pues todos la recibirían sin distinciones de ningún tipo. En este sentido la democracia se enriquecería, pues los ciudadanos cumplen mejor con sus derechos y obligaciones cuando no tienen que preocuparse únicamente por subsistir. Dada su incondicionalidad y universalidad, el ingreso ciudadano pondría una plataforma para igualar a las personas sin importar su religión, género, sexo o preferencia sexual y etnia. Finalmente, el trabajo asalariado empezaría a relativizarse, pues otros tipos de trabajo no remunerado, recibirían la importancia que tienen como creadores de riqueza: el trabajo doméstico, el trabajo voluntario o trabajo comunitario e incluso el trabajo político.

Por otra parte, el sociólogo Erik Ollin Wright en su obra Envisioning Real Utopias, señala al respecto del ingreso mínimo universal: “Tiene potencialmente profundas ramificaciones para una transformación democrática e igualitaria del capitalismo: la pobreza se elimina, el contrato laboral se acerca a un contrato voluntario, puesto que todos pueden optar por no llevarlo a cabo; la relación de poder entre trabajadores y capitalistas se vuelve menos desigual...”

Asimismo, como señala Humberto Beck, “desde 1979, Gabriel Zaid esbozó en el progreso improductivo la creación de un esquema de ingreso básico universal adaptado a la circunstancia mexicana. En esta obra, Zaid demuestra económicamente por qué un gasto público costoso, aun el dedicado a rubros sociales, no beneficia necesariamente a los pobres y argumenta con claridad las razones por las que la mejor manera de redistribuir seriamente la riqueza es repartir una parte del ingreso nacional como dinero en efectivo –“un mínimo creciente para toda persona, trabaje o no trabaje, por el simple hecho de haber nacido”–, acompañándolo de una oferta pertinente para las necesidades productivas y de consumo de los pobres.”

En ese tenor, Gabriel Zaid ha señalado recientemente que “redistribuir es justo. El producto nacional es obra de todos, y es natural que todos participen del resultado. Los incentivos y recompensas a la creatividad y los esfuerzos individuales deben complementarse con el reparto de una fracción del producto nacional entre todos los ciudadanos, por el mero hecho de serlo: como un dividendo a los socios de la sociedad.” Por tanto, “el reparto en efectivo como un ingreso básico universal... (mejora) el bienestar y la productividad, sin el estigma de la limosna ni los abusos del clientelismo.”

Es así que, como propuesta integral, se propone que a partir de un impuesto a las herencias -materia de una iniciativa que se presenta en conjunto, cuya propuesta es establecer un gravamen, con tasas diferenciadas, al excedente de herencias que superen los 10 millones de pesos, se otorgue y garantice que toda persona, desde su nacimiento, tenga derecho a percibir un ingreso mínimo “capaz de ofrecer un estándar de vida por encima de la línea de la pobreza” sin distinciones de ningún tipo.

Es decir, y a partir de estimaciones del colectivo Democracia Deliberada, el 1 por ciento de la población posee 43 por ciento de la riqueza del país, con ese 1 por ciento el esquema del impuesto a las herencias propuesto permitiría recaudar hasta 1.8 por ciento del producto interno bruto, recaudación que equivaldría aproximadamente a los mismos recursos que han sido recortados al gasto del gobierno federal a raíz de la caída de los precios del petróleo de 2015, y que posibilitaría otorgar un ingreso mínimo mensual a todos los ciudadanos, principalmente a esos de las cuales 11.5 se encuentran en condiciones de pobreza extrema -cifra que representa una quinta parte de la población mexicana-, y de esta manera combatir la desigualdad, y por ende la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

Por lo anterior, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman distintas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de establecer un ingreso mínimo universal

Artículo Primero. Se reforma el párrafo primero del artículo 25; y se añade un párrafo cuarto al artículo 4o., ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

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Toda persona, desde su nacimiento, tiene derecho a percibir un ingreso mínimo universal, equitativo y progresivo que el Estado otorgará y garantizará, sin distinciones de ningún tipo. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso, goce y disfrute del ingreso mínimo universal.

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Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza mediante un ingreso mínimo universal, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

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Artículo Segundo. Se reforma el artículo 6, el artículo 7, el inciso II del artículo 14, el artículo 18, incisos VIII y IX del artículo 19, el artículo 22 y el artículo 28; se añade un inciso VII al artículo 5 y se recorren los incisos subsecuentes, se añade un artículo 10 bis, un inciso X al artículo 19, un párrafo al artículo 26, un inciso XI al artículo 43, recorriendo el subsecuente, de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 2. Queda prohibida cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas para el desarrollo social, así como en el ejercicio del derecho al ingreso mínimo universal.

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. a VI. ...;

VII. Ingreso mínimo universal: derecho que garantiza que toda persona disponga de una base material suficiente para garantizar una existencia social autónoma, que promueve la igualdad, la equidad y una más justa distribución del ingreso y la riqueza;

VIII. y XI. ...

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, la vida digna, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 7. Toda persona tiene derecho a percibir y a disfrutar de un ingreso mínimo otorgado y garantizado por el Estado; a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la política de desarrollo social, en los términos que establezca la normatividad de cada programa.

Artículo 10 Bis. Todos los mexicanos, beneficiarios de un ingreso mínimo universal, tienen los siguientes derechos:

I. Recibir un trato respetuoso, oportuno y con calidad;

II. Acceder a la información necesaria de dicho ingreso mínimo universal, sus reglas de operación y recursos;

III. Tener la reserva y privacidad de la información personal, y

IV. Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el incumplimiento de esta ley y del mandato constitucional.

Artículo 14. La política nacional de desarrollo social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:

I. ...;

II. Seguridad social, programas asistenciales e ingreso mínimo universal.

III. ...;

IV. ..., y

V. ...

Artículo 18. El ingreso mínimo universal, los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

I. a IX. ...

X. El ingreso mínimo universal.

Artículo 22. En el Presupuesto anual de Egresos de la Federación, se establecerán las partidas presupuestales específicas para el ingreso mínimo universal y los programas de desarrollo social, mismos que no podrán destinarse a fines distintos.

Artículo 26. ...

El gobierno federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación relativas al ingreso mínimo universal, así como la metodología, normatividad y calendarización, atendiendo al mandato constitucional y a los principios de universalidad y transparencia.

Artículo 28. La publicidad y la información relativa al ingreso mínimo universal y a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Artículo 43. Corresponde al gobierno federal, por conducto de la secretaría, las siguientes atribuciones:

I. a X. ...

XI. Diseñar, promover, implementar y garantizar el acceso al derecho al ingreso mínimo universal del que gozan todos los ciudadanos, y

XII. ...

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I. a XXI. ...

XXII. Los que se reciban con motivo del ingreso mínimo universal a que tienen derecho todas las personas.

XXIII. a XXIX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados deberá, en un plazo no mayor a ochenta días naturales a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto, deberá armonizar las leyes correspondientes con el presente.

Notas:

1 Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2014. Consultado en: http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Publishingimages/Pobreza_2014.jpg

2 Establecidos por la Comisión de Salarios Mínimos.

3 “El ingreso mensual de las familias mexicanas aumentó sólo 58 pesos en un año, según el Coneval. Consultado en: http://animalpolítico.com/2016/08/el-ingreso-mensual-de-las-familias-mexicanas- aumento-solo-58-pesos-en-un-ano/

4 “Siete datos que muestran la desigualdad extrema en México”. Consultado en: http:www.forbes.com.mx/7-datos-que-muestran-la-desigualdad-en-mexico/

5 http//www.indep.gesoc.org.mx/filesResumen_Ejecutivo_INDEP_2015.pdf

6 “Alaska: el experimento de la renta básica que sí que funciona”. Consultado en: http//www.eleconomista.es/economía/noticias/ 69859 60/09/15/Alaska-el-experimento-de-la-renta-basica-que-si-que-funciona.html

7 Huerta Quintanilla Rogelio (2012). Pobreza, distribución del ingreso y renta básica. Economía, UNAM, página 79.

8 Beck, Humberto, “Ideas para la izquierda”. Letras Libres, disponible en: http:www.letraslibresw.com/mexico/ideas-la-izquierda

9 Zaid, Gabriel. “Redistribuir”, Reforma, disponible en: http:www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=93934& ec=1

10 Obra citada, Beck, Humberto.

11 Impuesto a la herencia ¡ya! Comunicado de Democracia Deliberada. Disponible en: http://www.animalpolitico.com.bloqueros-democratas-deliberados/2016/05/09/impue stos-a-la-herncia-ya/

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2016.— Diputados y diputadas: Jorge Álvarez Maynez,Cecilia Guadalupe Soto González, Eva Florinda Cruz Molina, María Concepción Valdés Ramírez, María Luisa Beltrán Reyes.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En lo que se refiere a la iniciativa que presenta diferentes reformas para la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El diputado Jorge Álvarez Maynez:

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga los artículos 93, 130, 132 y 132 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Jorge Álvarez Maynez, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los problemas sociales más graves que vive el país es la desigualdad y la movilidad social. En México los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. La concentración de la riqueza es alarmante, 1 por ciento de la población recibe 21 por ciento de los ingresos de todo el país. Las cuatro personas más ricas del país concentran 9.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) mientras que en 2002 era sólo del 2 por ciento.

El índice Gini, mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos en una economía se aleja de una distribución equitativa donde 0 representa equidad perfecta y 1 una inequidad perfecta. Según la Standardized World Income Inequality Database, basado en este indicador señala a México con un coeficiente de Gini de 0.441 cuando el promedio es de sólo 0.373 de los 182 países medidos. En otras palabras: México tiene mucha más desigualdad que el promedio de todos los países en la muestra y al ordenarlos de menor a mayor nivel de desigualdad, México ocupa el lugar 87 de 113 países; el 76 por ciento de los países de esta muestra presentan menor desigualdad de ingreso.

La riqueza que se produce todo los días en México se encuentra concentrada en un grupo selecto de personas que se han beneficiado del poco crecimiento económico del cual ha gozado el país en las últimas dos décadas. Así, mientras el PIB per cápita crece a menos del 1 por ciento anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por cinco.

Somos la decimocuarta economía del mundo, sin embargo hay 53.3 millones de personas viviendo en pobreza y 11.4 millones en pobreza extrema. Estamos inmersos en un círculo vicioso de desigualdad, falta de crecimiento económico y pobreza. Si no se combate el problema de desigualdad cualquier política pública en contra de la pobreza estará condenada al fracaso.

La desigualdad ha frenado el potencial del capital físico, social y humano de México; haciendo que en un país rico sigan persistiendo millones de pobres. El académico Gerardo Esquivel en el Informe de Oxfam contextualiza la gravedad del problema:

“Para darnos una idea de la magnitud de la brecha en México veamos este ejemplo: para el año 2014, los cuatro principales multimillonarios mexicanos podrían haber contratado hasta 3 millones de trabajadores mexicanos pagándoles el equivalente a un salario mínimo, sin perder un solo peso de su riqueza.”

El arreglo institucional de México está concebido para seguir reproduciendo las mismas prácticas de desigualdad. Ricardo Raphael de la Madrid señala: “En el edificio social de México el elevador está descompuesto. Si alguien nació en la planta baja tiene altísimas posibilidades de morir en la planta baja, que su hijo y su nieto mueran en la planta baja. Y si uno nació en el 10 o 9, difícilmente cae al 8.”

La movilidad social, en general, se refiere a los cambios que los individuos experimentan en su condición socioeconómica. Se entiende que a mayor asociación entre orígenes y destinos, la movilidad social es menor, y por lo tanto, la desigualdad de oportunidades es mayor. Una sociedad que enfrenta baja movilidad social y desigualdad de ingreso, corta casi de tajo las posibilidades de desarrollo económico de sus integrantes en el futuro.

Latinoamérica ha sido, sistemáticamente, la región más inmóvil y desigual del planeta, característica de la que México no se encuentra exento. En ese sentido, el Informe Movilidad Social de 2013 señala que: “México se caracteriza por contar con una composición relativamente movible entre los estratos medios, pero con una persistencia o inmovilidad importante en los extremos de la distribución. El 70 por ciento de quienes nacen en los hogares más pobres permanecen en una situación de pobreza. 48 de cada 100 mexicanos que provienen de hogares del quintil más bajo de la distribución se mantienen ahí. 52 de cada 100 mexicanos que provienen de hogares del quintil más alto de la distribución no se mueven de ahí.”

Es por lo anterior que México se caracteriza por la concentración de la riqueza y la baja movilidad social en los extremos de la distribución socioeconómica, donde el extremo inferior está compuesto por población que vive en pobreza extrema. México, señala Raymundo Campos-Vázquez, experimenta pobreza más allá del extremo inferior de la distribución, pues, según los resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2012, 45.5 por ciento de la población del país vivía en dicha condición. Aunado a lo anterior, México es un país altamente desigual en lo que a realización socioeconómica se refiere. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2011, México es el segundo país miembro de la organización con mayor nivel de desigualdad de ingreso.

Es así que, siguiendo la analogía de Ricardo Raphael, uno de los problemas fundamentales para que no funcione el elevador, es la política fiscal del país. El diseño de la política fiscal no corresponde a una economía desigual en donde no hay instrumentos tributarios que permitan reducir de manera significativa las brechas en el ingreso entre ricos y pobres.

Así lo explica Gerardo Esquivel en su informe Desigualdad Extrema de Oxfam:

“Mientras que el promedio de los países de la OCDE obtiene 32.5 por ciento de todos sus ingresos a partir de impuestos en bienes y servicios (lo que incluye impuestos al consumo e impuestos especiales), México obtiene 54 por ciento de todos sus ingresos por esta vía. Lo anterior implica que la estructura fiscal en México está mucho más orientada a gravar el consumo que el ingreso personal o empresarial. Bien se sabe que los impuestos al consumo tienen un carácter regresivo porque los hogares relativamente pobres tienden a gastar un porcentaje más alto de su ingreso que los hogares relativamente ricos.”

La debilidad recaudatoria en México es evidente al compararla con otros países. Para reflejar esta realidad un dato, México ocupó el último lugar entre los 34 países de la OCDE en cuanto a impuestos como porcentaje del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con la organización. Mientras que el promedio de recaudación tributaria con respecto al PIB en los países que integran la OCDE es del 34 por ciento, los ingresos del gobierno federal estuvieron por debajo de 20 por ciento en proporción del PIB en 2012.

El problema de la baja recaudación de México mina la capacidad de gestión del gobierno afectando mayormente la provisión de servicios públicos en áreas fundamentales como educación, salud, asistencia social, habitación, infraestructura, servicios urbanos, seguridad, etcétera. La reducción de servicios públicos tiende a dañar profundamente a los más pobres quienes, a diferencia de los más ricos, dependen más de las políticas y acciones del gobierno (Gold 1979).

La política recaudatoria en México debe ser progresiva y redistributiva a causa de la alta concentración de la riqueza que hay en el país y de la poca, casi nula, movilidad social. La desigualdad extrema que existe en México requiere de políticas recaudatorias que garanticen la redistribución de la riqueza acumulada por unos cuantos, a través de gravámenes a la renta y al patrimonio. Como sostiene el economista francés Thomas Piketty en su libro, La economía de las desigualdades, un principio fundamental de justicia social es que:

“Si la desigualdad se debe, en parte, a factores que los individuos no controlan como la desigualdad de dotaciones iniciales legadas por familia o la buena fortuna (herencias), acerca de lo cual los individuos no son responsables, entonces es justo que el estado trate de mejorar de la manera más eficaz la suerte de las personas menos favorecidas”.

El impuesto a la herencia, es aquella tributación que hace el estado a la transferencia gratuita de propiedades que se realiza entre los individuos. La tributación está dirigida a toda aquella propiedad entregada o dejada por un sujeto al momento de su muerte.

El enriquecimiento patrimonial que logran los ciudadanos de manera gratuita al lograr la transmisión de una herencia por propiedad los coloca dentro de una posición privilegiada que los posiciona dentro de los quintiles más altos de la sociedad, en donde poco más de la mitad de los mexicanos de los que nacen en esta situación se quedan dentro del mismo estrato social. Lo que significa que sin haber trabajado, simplemente por el hecho de haber nacido con la fortuna de una herencia en una familia acomodada, tienen la posibilidad de pertenecer y sostenerse dentro de los estratos más altos de la sociedad mexicana, mientras que aquellos que no tienen la misma suerte, permanecen en el infortunio de la pobreza.

En este contexto el estado tiene la obligación de corregir las fuerzas iniciales y de mercado que reproducen desigualdad a través de mecanismos de grabación de riqueza, que permitan una eficiente redistribución del ingreso. Un impuesto a las herencias pasaría a ser una pieza clave para garantizar el desarrollo de un auténtico estado de bienestar basado en principios de justicia social como del que habla el economista francés, Thomas Piketty. El enriquecimiento patrimonial otorga un poder económico a quienes se ven beneficiados, por lo que es justo que contribuyan en mayor medida a la construcción de un estado con una política fiscal progresiva, donde aquellos que tengan ingresos superiores contribuyen pagando más impuestos.

Aquéllos a los que nos referimos como los que tendrían que contribuir más y a los que estaría dirigido este impuesto a las herencias, son 186 mil millonarios, cifra que aumentará a 273 mil personas en 2018, que cuentan con más de 1 millón de dólares según el informe Reporte Global de Riqueza 2013,elaborado por el banco Credit Suisse, es decir, apenas 0.22 por ciento de la población en el país.

El impuesto a las herencias es un instrumento recaudatorio que tienen los países más desarrollados. “Más de la mitad de los países de la OCDE recaudan impuestos a la herencia de los más ricos. Estados Unidos tiene una tasa de hasta 40 por ciento (el estate tax tiene sus orígenes en el siglo XVIII), mientras que Japón y Corea del Sur tienen tasas de más de 50 por ciento. En América Latina, Chile tiene un impuesto de hasta 25 por ciento. México, en cambio, no tiene ningún impuesto a la herencia, por lo que la riqueza se acumula y transmite de manera libre en forma de cuentas bancarias y suntuosas propiedades”.

Según estimaciones del colectivo Democracia Deliberada, 1 por ciento de la población posee 43 por ciento de la riqueza del país, con ese 1 por ciento el esquema del impuesto a las herencias propuesto permitiría recaudar hasta el 1.8 por ciento del PIB. Este porcentaje de recaudación, continúan, equivaldría aproximadamente a los mismos recursos que han sido recortados al gasto del gobierno federal a raíz de la caída de los precios del petróleo de 2015. Otro ejemplo de lo que podría financiar este gravamen es el programa de Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Escolar Nacional) para el cual gobierno federal se endeudó a través de los “bonos educativos” por 50 mil millones de pesos.

La presente iniciativa de ley propone establecer un gravamen al excedente, partiendo de una base de todas aquellas propiedades que excedan los 10 millones de pesos. Se proponen tres gravámenes dependiendo el costo de la propiedad heredada:

1. Primer Segmento. Imponer un impuesto de 10 por ciento del monto excedente en un rango de 10 a 50 millones de pesos.

2. Segundo segmento. Imponer un impuesto de 20 por ciento del monto excedente en un rango de 50 a 100 millones de pesos.

3. Tercer segmento. Imponer un impuesto de 30 por ciento del monto excedente a partir de los 100 millones de pesos.

Para poner un ejemplo, si una propiedad tiene un valor de 70 millones se gravaría de la siguiente manera: Tendrá una tasa de 10 por ciento de impuestos los primeros 40 millones que excede de la base al tope del primer segmento (de 10 a 50 millones) teniendo que pagar sobre este excedente, un monto de 4 millones de pesos en impuestos. Además, se le grabará con 20 por ciento el excedente situado el segundo segmento (de 50 a 100 millones), es decir los 20 millones tendría una tasa de 20 por ciento. Por lo tanto, el monto total que se pagaría por concepto de impuestos a las herencias una propiedad con valor de 70 millones sería de 8 millones de pesos, lo que representaría 11.42 por ciento de su valor total.

Así, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la federación, como del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Dicho de otra manera, y en consonancia con la tesis jurisprudencial P./J. 10/2003 de rubro “Proporcionalidad y equidad tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, constitucional.” emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se cumple con el principio de proporcionalidad tributaria, que “radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, lo que significa que los tributos deben establecerse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos ingresos”, para consecuentemente dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 constitucional, que señala que el estado garantizará una más justa distribución del ingreso y la riqueza, a fin de permitir el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Cabe mencionar, que en la actualidad, aunque las herencias están exentas del Impuesto sobre la Renta, se debe de pagar un impuesto local sobre adquisición de inmuebles, que va de 0.5 a 3 por ciento. No obstante que la posible doble tributación es una de las principales críticas a esta propuesta, la doble tributación no es inconstitucional, pues si se grava por la federación y por los estados una misma fuente de riqueza o un mismo hecho, no resulta violatorio del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, la federación no tiene limitaciones constitucionales para el ejercicio de su potestad tributaria. Lo anterior ha sido reiterado en diversas ocasiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer y sostener la tesis de jurisprudencia de rubro “Impuestos. Sistema constitucional referido a la materia fiscal. Competencia entre la federación y las entidades federativas para decretarlos.”, que señala lo siguiente:

“Una interpretación sistemática de los preceptos constitucionales que se refieren a materia impositiva, determina que no existe una delimitación radical entre la competencia federal y la estatal, sino que es un sistema complejo y las reglas principales las siguientes: a) Concurrencia contributiva de la Federación y los Estados en la mayoría de las fuentes de ingresos (artículos 73, fracción VII, y 124); b) Limitación a la facultad impositiva de los Estados mediante la reserva expresa y concreta de determinada materia a la Federación (artículo 73, fracción XXIX) y c) Restricciones expresas a la potestad tributaria de los Estados (artículos 117, fracciones IV, V, VI, y VII y 118).”

En consecuencia, a través de esta propuesta, sumando otros esfuerzos paralelos, se coadyuvará a lograr una movilidad social que ensanche la clase mediante una recaudación más progresista a quienes captaron la mayor parte del ingreso del país. La finalidad es construir una sociedad altamente móvil, y concretar sus objetivos principales: justicia social, eficiencia y cohesión social, es decir, el progreso social y económico; y así, sanar una de las heridas que lastiman a la sociedad mexicana.

Por todo lo anterior, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que deroga, reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se deroga el inciso XXII del artículo 93; se reforma el primer párrafo y el inciso a) del inciso XXIII del artículo 93, se reforma el artículo 130 y el artículo 132; y, se añade el artículo 132 Bis de la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 93. No se pagará el Impuesto sobre la Renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I. a XXI.

XXII. (Se deroga).

XXIII. Los donativos en los siguientes casos, cuando no excedan el valor total de $10,000,000.00, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 132 Bis del presente ordenamiento:

a) Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta.

b) [...].

c) [...].

XXIV. a XXIX.

Artículo 130. Se consideran ingresos por adquisición de bienes:

I. [...].

II. [...].

III. [...].

IV. [...].

V. [...].

VI. Los que se reciban por herencia o legado cuando excedan el valor total de $10,000,000.00.

[...].

Artículo 132. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, a excepción de los descritos en el numeral VI,cubrirán, como pago provisional a cuenta del impuesto anual, el monto que resulte de aplicar la tasa de 20 por ciento sobre el ingreso percibido, sin deducción alguna. El pago provisional se hará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Tratándose del supuesto a que se refiere la fracción IV del artículo 130 de esta ley, el plazo se contará a partir de la notificación que efectúen las autoridades fiscales.

[...].

Artículo 132 Bis. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en el inciso VI del artículo 130, cubrirán, como pago provisional a cuenta del impuesto anual, el monto que resulte de aplicar las tasas sobre el excedente del ingreso percibido que a continuación se especifica, sin deducción alguna:

El gravamen se aplicará al excedente, partiendo de la base del ingreso adquirido por herencia o legado que iguale o exceda el valor total de $10,000,000.00. Se aplicarán tres tasas proporcionales sobre el excedente del ingreso total:

I. El impuesto se calculará aplicando una tasa base de 10 por ciento únicamente al monto excedente del valor total, cuando este valor total rebase los $10,000,001.00 hasta $50,000,000.99.

II. Se aplicará una tasa extra de 20 por ciento únicamente al monto que exceda del tope de lo señalado en el numeral I, cuando el valor total del ingreso rebase los $50,000,001.00 hasta $100,000,000.99.

III. Se aplicará una tasa extra del 30 por ciento únicamente al monto que exceda del tope de lo señalado en el numeral II, cuando el valor total del ingreso rebase los $100,000,001.00 en adelante.

El pago provisional se hará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso.

Quedan exentos del pago del referido gravamen las personas con discapacidad en términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Cámara de Diputados, en un plazo no mayor a ochenta días naturales a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto, deberá armonizar las leyes correspondientes en materia fiscal con el presente.

Tercero.El Ejecutivo federal deberá modificar los acuerdos de declaratoria de coordinación en materia federal del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles de la Federación con los Estados que corresponda, a fin de evitar doble tributación respecto al gravamen derivado de la traslación de dominio con motivo de herencias, donaciones o legados.

Cuarto. En un plazo de ochenta días hábiles contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto, las entidades federativas deberán armonizar su legislación en materia fiscal con el presente.

Quinto. La Cámara de Diputados deberá etiquetar, en el Presupuesto Anual de Egresos de la Federación, los recursos obtenidos por el gravamen a herencias a un ingreso mínimo universal, mismo que debe establecer y regular.

Notas:

1 Esquivel, Gerardo. Desigualdad Extrema en México. Oxfam. Consultado en: http://cambialasreglas.org/images/desigualdadextrema_informe.pdf

2 Los cuatro mexicanos más acaudalados Carlos Slim (77,000 millones de dólares), Germán Larrea (13,900 mdd), Alberto Bailleres (10,400 mdd) y Ricardo Salinas Pliego (8,000) asciende al 9.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país. En 2002, la fortuna de estos cuatro sólo representaba sólo 2 por ciento del PIB,

3 Ibid.

4 Campos-Vázquez, Raymundo, et. al., Movilidad social e intervenciones tempranas, Consultado en: http://cee.colmex.mx/images/eventos/CamposVelez_CapLibro_IntTempMovSoc_Los-Invi sibles_2014.pdf

5 Ibid .

6 Informe de movilidad social en México 2013. Imagina tu futuro. Consultado en; http://www.ses.unam.mx/curso2013/pdf/MovilidadSocialMexico.pdf

7 Ibid .

8 Ibídem

9 Cálculo realizado por Tax Policy Center, con datos de la OCDE. Consultado en: http://www.taxpolicycenter.org/sites/default/files/3.1.4-figure1.png

10 Piketty, Thomas. La economía de las desigualdades: cómo implementar una redistribución justa y eficaz de la riqueza. Anagrama, 2015.

11 Redacción. El Economista. Tienen México 186,000 millonarios. http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2013/10/09/tiene-mexico-186000 -millonarios

12 ¡Impuesto a la herencia YA! Comunicado de Democracia Deliberada. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/blogueros-democratas-deliberados/2016/05/09/impue sto-a-la-herencia-ya/

13 Ibid.

14 Revilla de la Torre, Jorge Luis, La Necesidad de Implementar el Concepto del Derecho al Mínimo Vital en la Legislación Tributaria Mexicana, Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en: https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Becarios/Attachments/84/Becarios_08 4.pdf

15 Bartra, Roger, Igualdad y diferencia, Reforma, consultado en: http://sintesis.prd.org.mx/resumen.php?articulo_id=422862

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputados y diputadas: Jorge Álvarez Maynez,Ana Leticia Carrera Hernández, Cecilia Guadalupe Soto González, Erik Juárez Blanquet, María Concepción Valdés Ramírez, María Luisa Beltrán Reyes (rúbricas).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En lo que respecta a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversos artículos de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Adelante, diputada.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Expresar mi total acuerdo con la iniciativa presentada por el diputado Maynez. El Partido de la Revolución Democrática cree en el ingreso básico universal, cree, a diferencia del gobierno federal, que es necesario aumentar impuestos de manera inteligente, uno de esos aumentos inteligentes es el impuesto a las grandes herencias. Y le pido le pregunte al diputado si me permite sumarme a su iniciativa.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Álvarez, la diputada Cecilia Soto ha solicitado su adhesión, ¿acepta?

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): Sí.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a disposición de la Secretaría de esta Mesa para su adhesión correspondiente.

VOLUMEN III



LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 3o. de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. Adelante, diputado.

El diputado Luis Manuel Hernández León:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que someto a consideración de esta honorable asamblea busca adicionar una fracción XV al artículo 3 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a fin de que se integre como un objeto específico de la ley citada y establecer los lineamientos generales, con base en los cuales se deben regir los estímulos locales destinados a promover capital e inversión.

En Nueva Alianza entendemos que el bienestar general es un objetivo primordial de la política social, para conseguirlo se requiere de la acción concertada y conjunta de todos los actores económicos, políticos y sociales, y que nos permita potenciar los factores de la economía para alcanzar una mejor calidad de vida.

El modelo económico debe, de forma clara, integrar las ventajas competitivas con base en la vocación económica de nuestras zonas económicas, metrópolis y comunidades. Podremos alcanzar un desarrollo equilibrado, justo y sostenible para el futuro de nuestra nación.

Por tal razón, Nueva Alianza considera que potenciar la competitividad en México es una tarea prioritaria y estratégica para detonar la economía, ir mejorando la productividad, incrementando la inversión, potenciando el ahorro y haciendo eficaz la intervención de la institucionalidad de los tres niveles de gobierno, como impulsaremos el desarrollo económico, social y humano de nuestras regiones, ciudades y comunidades.

Nuestro rumbo y ruta para el desarrollo de la economía nacional está claramente definido en nuestra Constitución. El artículo 25 nos marca la rectoría del Estado en la materia y en su artículo 26 se establecen las bases para la planeación, y en el artículo 73 se faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes sobre la planeación nacional del desarrollo económico y social. Así como las tendientes a la promoción de la inversión mexicana y la regulación de la inversión extranjera.

En el marco de dichas facultades, esta Cámara de Diputados expidió la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. Sin embargo, la competitividad no se tiene como resultado de la generación espontánea. Es necesario cuidar cada una de sus vertientes y potenciar cada uno de sus factores de su desarrollo.

Lo anterior se hace evidente cuando revisamos las cifras del Índice de Competitividad Internacional 2015, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Baste ver el lugar que ocupa nuestro país en el estudio latinoamericano del tema.

En el mismo sentido, el Reporte Global de la Competitividad 2014-2015 que realiza el Foro Económico Mundial, y el lugar que ocupamos es el nada honroso número 61.

Dicho estudio señala que los rubros en los que nos encontramos peor posicionados son la seguridad, la eficiencia del mercado laboral, la confianza de los ciudadanos en los políticos, así como la implantación de las tecnologías de la información.

Rubro aparte merece el esfuerzo continuo que se hace por mejorar la calidad de la educación en nuestro país, sobre todo por los maestros de la escuela pública.

Estos datos hacen evidente la urgencia que tiene nuestro país de dar pasos más firmes y decisivos para encontrar el rumbo de la competitividad.

En congruencia con dichos principios, en Nueva Alianza reconocemos que existen áreas de oportunidad para que esto ocurra. Como referimos con antelación, la existencia de una norma jurídica en la materia es un avance. La Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional establece, en su artículo 9, el Comité Nacional de Productividad, mismo que funciona como órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo federal y de la planta productiva, para la concertación de acuerdo, formulación y seguimiento de la política nacional de fomento económico del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad.

A pesar de ello, la creación de mecanismos y lineamientos en materia de estímulos fiscales para atraer la inversión no han formado parte de los objetivos específicos de esta ley. Por lo anterior, hacemos énfasis en la iniciativa, porque en Nueva Alianza actuamos por México y para México. Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona la fracción XV al artículo 3o. de la Ley para impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Luis Manuel Hernández León, diputado federal miembro del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XV al artículo 3 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Contar con directrices claras en materia de competitividad y transparencia, particularmente en lo que se refiere a la inversión privada, debe ser una prioridad para los gobiernos federal, estatal y municipal, pues ello permite establecer e implementar acciones que beneficien y hagan atractivo el mercado para la inversión.

Sin embargo, también es un imperativo que en los gobiernos se establezcan directrices generales, a través de las cuales se plasmen límites en las exenciones, condonaciones y demás beneficios fiscales que se otorgan a las empresas privadas para atraer su inversión, al ser innegable que estos recursos detonan mejores niveles de crecimiento económico que benefician al país y a las regiones involucradas.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (Imco), conforme lo indicado en su portal de internet en el artículo denominado “Índice de Competitividad Internacional 2015. La Corrupción en México: Transamos y no avanzamos”: “un país competitivo es aquel que resulta consistentemente atractivo para el talento y la inversión y detona oportunidades de desarrollo y prosperidad para todos su habitantes”.

El citado documento hace un análisis de la posición que ocupa nuestro país en materia de competitividad al analizar el Índice de Competitividad Internacional 2015, el cual es un mecanismo internacional que se encarga de evaluar y comparar la capacidad económica de los países con mayores avances para atraer inversión.

El índice en cuestión evalúa 43 naciones mediante 13 indicadores que se encuentran clasificados en 10 subíndices, cada uno de estos valorando una dimensión distinta de la competitividad; sus resultados permiten ubicar a una nación respecto de otras, tal como se observa en la gráfica siguiente, en donde es posible observar el lugar que ocupa nuestro país en esa medición.

Tal como lo señala la gráfica anterior, obtenida del mismo estudio del Imco, México se encuentra en el lugar 36 de los 43 países que participan en este estudio.

El análisis de los diez subíndices que ahí se mencionan dan cuenta de la problemática, así como de algunos avances que ha tenido nuestro país y ha hecho que hoy se encuentre entre las diez naciones peor calificadas, según dicho Índice de Competitividad Internacional (ICI).

En resumen, por cada subíndice, se observa lo siguiente:

1. Derecho: la costosa lucha contra la delincuencia, la desconfianza en los cuerpos de seguridad y el combate a la piratería.

2. Medio Ambiente: temas relevantes como el cambio climático, la gestión del agua y los fertilizantes, entre otros, repercuten en este subíndice.

3. Sociedad: la desigualdad económica como factor determinante, el alto costo del acceso a los servicios de salud, entre otros.

4. Político: la materia electoral es la que mayor repercusión tiene en esta medición.

5. Gobierno: en este subíndice, no es que haya retrocedido el país, sólo que los demás gobiernos, según el Imco, avanzaron más y por eso parece un retroceso en materia de impuestos, gobierno electrónico, presupuestos, etc.

6. Factores de producción: la productividad laboral, agricultura, así como el tema de transparencia, ayudaron a crecer en este segmento

7. Economía: la mayor generación de empleos, los activos financieros y las reservas del país.

8. Infraestructura: la inversión en las TIC (Tecnologías de la Información)

9. Relaciones Internacionales: La inversión extranjera directa, la apertura de aduanas y la disminución de los aranceles.

10. Innovación: la inversión en ciencia y tecnología ha hecho que México mejore en este sector.

Por su parte, el Foro Económico Mundial ha emitido el “ Reporte Global de la Competitividad 2014-2015”, otro estudio donde también se hace referencia al lugar que ocupa nuestro país en esta materia a nivel global.

Este organismo internacional ha señalado que para impulsar la resistencia económica en la región, serán necesarias reformas estructurales a los marcos normativos, así como mejoras a la regulación de inversiones en infraestructura e innovación.

El estudio menciona que Chile sigue siendo el país mejor posicionado de América Latina, encontrándose en el lugar 33, mientras que economías como la de México se encuentran en el lugar 61 de este ranking mundial, que evalúa a 144 naciones.

De acuerdo al Foro Económico Mundial, el puesto que ocupa nuestro país no es poca cosa, pues hace referencia a la opacidad y desigualdad económica que se vive en nuestro país; en este sentido, los rubros en los que nos encontramos peor posicionados son: seguridad, calidad en el sistema educativo, eficiencia del mercado laboral, confianza de los ciudadanos en los políticos e implantación de las Tecnologías de la Información.

La materia que nos ocupa en la presente Iniciativa hace referencia a los rubros de la economía, la inversión extranjera, los impuestos, los presupuestos, etc., tanto del ámbito federal, como de los gobiernos locales.

Nueva Alianza coincide en la necesidad de fortalecer la competitividad como un factor determinante para incrementar el desarrollo regional y la inversión privada (nacional o extranjera) y, por ende, para que la economía nacional avance y mejore.

Para ello, las autoridades mexicanas tienen la facultad de emitir y establecer lineamientos generales a efecto de que el capital de inversión esté regulado por paramentos equitativos, de tal forma que no se hagan contratos o convenios fuera de la ley, o que existan resquicios normativos que permitan rebasar lo permitido por las normas fiscales en materia de subsidios, a fin de atraer inversiones al país.

Temas como el conflicto del gobierno de Nuevo León con la empresa surcoreana KIA, nos habla de la necesidad de emitir, mediante un órgano competente, los lineamientos y criterios generales para el otorgamiento de estímulos fiscales que sean atractivos para las empresas privadas, sin rebasar los límites de la ley o que se conviertan en estímulos fiscales negativos para las regiones o entidades federativas competentes.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza comprendemos la urgencia de atender temas como los subsidios fiscales, debido a que se han generado contratos o convenios limitada o escasamente transparentes, que parecen formar parte de algunos conflictos de intereses entre los altos mandos de los gobiernos locales.

Atendiendo esta necesidad, con esta Iniciativa pretendemos que se establezcan los lineamientos generales con base en los cuales se deben regir los estímulos locales destinados a promover capital de inversión, siempre que tengan que ver o estén relacionados con recursos procedentes del presupuesto de la Federación, respetando en todo momento el federalismo hacendario y la autonomía de los estados.

Argumentación

El artículo 116, fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) dice a la letra:

“Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público”.

Lo anterior, sin duda hace referencia a la situación de la autonomía en materia fiscal con la que cuentan las entidades federativas, no sólo en temas de presupuesto, sino de fiscalización.

De igual manera, nuestra Carta Magna, en su artículo 73, fracción XXIX-F, señala la facultad del Congreso de la Unión:

“...

XXIX-F.Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.

...

Como se observa, es facultad de esta Soberanía el legislar en materia de inversión mexicana y regulación de la inversión extranjera; por ello, es menester señalar la existencia de la Ley para impulsar el incremento sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, materia de la multicitada Iniciativa, misma que reglamenta lo dispuesto en los artículos 25 y 26, Apartado A, de la CPEUM.

La citada ley busca la promoción permanente de la competitividad, el incremento continuo de la productividad y la implementación de una política nacional de fomento económico que impulse el desarrollo industrial, considerando la inclusión de vertientes sectoriales y regionales.

Esta ley cuenta con un Comité Nacional de Productividad, que en sus artículos 9 y 11 establecen su creación y atribuciones en la materia:

“Artículo 9.-El Comité Nacional de Productividad funcionará como órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo Federal y de la planta productiva, para la concertación de acuerdos, formulación y seguimiento de la política nacional de fomento económico y del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad.

...

Artículo 11.Además de las atribuciones que le confiere la Ley Federal del Trabajo, el Comité Nacional de Productividad tendrá las siguientes:

I. a VII. ...

VIII. Proponer a las dependencias y entidades mecanismos de colaboración para lograr una articulación eficaz entre ellas y del Ejecutivo Federal con los sectores público, social y privado, para efecto del estudio, discusión, propuestas y directrices en la formulación de políticas, programas, reglas de operación, proyectos y regulación dirigidos a impulsar el incremento de la productividad y competitividad de la economía nacional o de un sector o región específicos;

IX. a X I. ...

XII. Establecer subcomités encargados del análisis, discusión y elaboración de recomendaciones y otras acciones requeridas para atender temas específicos del ámbito de su competencia considerados como prioritarios; así como subcomités encargados del diseño, elaboración e implementación de las políticas sectoriales y regionales;

XIII. a XVI I. ...” ( énfasis añadido).

Sin lugar a dudas, este Comité resulta competente para la emisión de recomendaciones, ya que como se señala, es un órgano consultivo y auxiliar del Poder Ejecutivo Federal en asuntos como la inversión y la elaboración de políticas sectoriales y regionales para el fomento económico, vitales para este Comité.

La integración de este órgano se establece en el artículo 12 de la Ley en cuestión:

“Artículo 12.El Comité Nacional de Productividad estará integrado, cuando menos, por las personas siguientes:

I. El Titular del Ejecutivo Federal, en calidad de presidente honorario;

II. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá;

III. El Secretario de Economía;

IV. El Secretario de Educación Pública;

V. El Secretario del Trabajo y Previsión Social;

VI. El Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;

VII. Representantes de organizaciones empresariales;

VIII. Representantes de organizaciones sindicales de trabajadores, y

IX. Representantes de instituciones académicas y de capacitación para el trabajo.

...”

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en virtud de los diversos sectores involucrados en el rubro de productividad y competitividad, considera necesario que este Comité cuente con la facultad de emitir lineamientos generales en materia de inversión privada, cuando ésta sea sujeta a subsidios o estímulos fiscales preestablecidos en las leyes de la materia fiscal, pues la visión amplia que reside en el mismo contribuye a que se generen mejores políticas públicas orientadas a incentivar la inversión productiva, privada nacional o de procedencia extranjera.

A lo anterior se suman las diversas recomendaciones que en materia Internacional la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha emitido, a través del documento denominado “Marco de acción para la inversión”, creado para incentivar la inversión privada que busca un crecimiento regular y un desarrollo sostenible, apoyándose en las buenas prácticas de los países integrantes de esa Organización.

Tal marco de acción articula una serie de especificaciones que los países deben tener en cuenta, basados en los grandes rubros emanados del “Consenso de Monterrey” del año 2002 por las Naciones Unidas; dichas especificaciones establecen como determinantes para mejorar la calidad de las condiciones de inversión dentro de los países, los siguientes diez ejes de acción:

I. Política de Inversión.

II. Promoción y facilitación de la inversión.

III. Política comercial.

IV. Política de competencia

V. Política fiscal.

VI. Gobernanza de la empresa.

VII. Políticas a favor de un comportamiento responsable de las empresas.

VIII. Desarrollo de los recursos humanos.

IX. Desarrollo de las infraestructuras y del sector financiero.

X. Gobernanza pública.

En este sentido, en materia de política fiscal, señala que “para cumplir sus funciones, todas las administraciones necesitan recaudaciones fiscales. Sin embargo, el nivel de la carga fiscal y la concepción de la política fiscal, incluido el modo de ser aplicada, tienen una incidencia directa en los costes de las empresas y las devoluciones sobre inversión. Una política fiscal sana les permite a los gobiernos cumplir los objetivos de las políticas públicas contribuyendo al mismo tiempo a condiciones favorables para la inversión”.

Derivado de lo anterior, en Nueva Alianza estamos convencidos de la necesidad que existe de fomentar la inversión productiva mediante atractivos estímulos fiscales para los capitales nacionales o extranjeros, pero estamos ciertos que estos no deben, ni pueden, condicionar unas finanzas sanas a nivel nacional.

Por ello, proponemos la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene como finalidad establecer como objetivo de la Ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la Economía Nacional, el emitir mecanismos o criterios generales para el fomento a la inversión privada en materia de estímulos fiscales, donaciones, condonaciones, exenciones, entre otros, para que de esta forma, el Comité Nacional de Productividad, técnicamente competente, emita las directrices que en este asunto guíen el accionar del presupuesto federal destinado a los sectores que conforman dicho Comité.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XV al artículo 3 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional

Artículo Único. Se adiciona una fracción XV al artículo 3 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, para quedar como sigue:

“Artículo 3.-Son objetivos específicos de la presente Ley:

I. a XIV. ...

XV. Establecer mecanismos y lineamientos, en coordinación con las dependencias de la administración pública federal, órganos autónomos y entidades federativas en materia de estímulos fiscales, donaciones, condonaciones y subsidios con recursos federales generados para atraer inversión privada, nacional o extranjera.”

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Consultado en (http://imco.org.mx/competitividad/indice-de-competitividad-internacional-2015- la-corrupcion-en-mexico-transamos-y-no-avanzamos/)

2 Consultado en http://imco.org.mx/indices/documentos/2015_ICI_ Libro_La%20corrupcion_en_Mexico.pdf

3 Reporte Global de la competitividad 2014-2015 Disponible en http://seieg.iplaneg.net/seieg/doc/Reporte_2014_2015_1410187952

4 Ibídem.

5 Consultado http://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/38316751.pdf

6 Marco de Acción para la Inversión OCDE, página 17 http://www .oecd.org/investment/investmentfordevelopment/38316751.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2016.— Diputado Luis Manuel Hernández León (rúbrica).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Competitividad, para dictamen.

Esta Presidencia da cuenta de la presencia en este recinto de la Asociación Civil Chignahuapense del estado de Puebla, invitados por el diputado José Lorenzo Rivera Sosa. Bienvenidos.



LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, para presentar a nombre del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Adelante, diputada.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del diputado Alejandro González Murillo, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 2o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social el emprendimiento implica el esfuerzo, energía y amor por México de aquellas personas que arriesgan su patrimonio para generar empleos y riqueza. Merece también representar para el Estado mexicano su mayor y mejor apuesta, con miras a un futuro económico próspero y digno.

Las micros, pequeñas y medianas empresas, Mipymes, constituyen el primer peldaño de origen y destino de la reactivación de la economía. Emprender es una misión de quien demanda, de quienes somos parte del Estado, nuestra sensibilidad y talento para mejorar condiciones y allanar el camino hacia el crecimiento.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Enaprose, llevada a cabo por Inegi, según una nota del diario El Financiero, el pasado 13 de julio la falta de financiamiento a través del crédito, el exceso de trámites gubernamentales e impuestos altos, la competencia desleal de empresas informales, la falta de capacitación, son factores que inciden en el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes.

Pero, también en su mortalidad, ya que con el 42 por ciento de las empresas bajan la cortina antes de cumplir sus cinco años de vida. Tales datos ilustran alta vulnerabilidad de las Mipymes y los riesgos que deben enfrentar los que como legisladores debemos prever, mitigar y reducir al máximo promoviendo su desarrollo y garantizando su multiplicación.

En estos días de bloqueos y violentas movilizaciones magisteriales y su relación con el peligro para México, además de semejante desastre social, en muchas regiones del país están padeciendo también los estragos, peligros y riesgos que el cambio climático ha traído consigo. Los desastres naturales amenazan también su viabilidad.

Aquí y ahora la mayoría de nuestras Mipymes no tienen la solidez económica y financiera para solventar un cierre parcial de sus operaciones y sufragar los sueldos, gastos de rehabilitación, reparación y compra de equipo y mercancía. Ante tal situación, no pueden continuar con sus operaciones habituales, dichas empresas están condenadas a su cierre definitivo, mientras que los grandes corporativos enfrentan estas contingencias haciendo uso de seguros previamente contratados y de recursos financieros previstos para afrontar dichas situaciones.

Las Mipymes por lo general, no pueden contratar seguros contra desastres naturales y cuando lo hacen las condiciones de las pólizas no son las adecuadas, ni las más favorables para hacer frente a lo imprevisto. Un mínimo porcentaje de las Mipymes que han sufrido graves daños por los fenómenos meteorológicos se han logrado mantener operando y la gran mayoría han cerrado por falta de los recursos financieros que les permitan hacer frente a dichas eventualidades.

Hoy día, con el aumento en la cantidad e intensidad de los fenómenos naturales que nos afectan cada año, los recursos del Fondo de Desastres Naturales resultan insuficientes para atender las emergencias e impulsar a la vez la reactivación económica. Hasta hoy no habíamos contemplado como Congreso alguna solución social útil. Con la iniciativa que hoy vengo a proponer, planteamos la posibilidad de crear un fondo público para apoyar a que las Mipymes afectadas por un fenómeno natural puedan contar con recursos públicos para su rehabilitación inmediata.

Lo anterior resulta de la mayor importancia, pues con ello se busca que puedan seguir sirviendo de motor de desarrollo regional, evitando el estancamiento económico, pobreza y desesperanza en las localidades dañadas. No podemos controlar a la naturaleza, pero sí paliar sus estragos.

Por lo anteriormente expuesto, a nombre del diputado Alejandro González Murillo, someto a la amable consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 2o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES

Alejandro González Murillo, diputado federal por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72, inciso H) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Como consecuencia del calentamiento global, que afecta a nuestro planeta, se ha incrementado la temperatura media global de nuestra atmósfera y océanos, afectando el equilibrio meteorológico del planeta; ésta es la razón por la que los fenómenos meteorológicos se han vuelto cada vez más comunes y violentos.

En este sentido, se hace necesario trabajar en la concientización de la población para disminuir el uso de los combustibles fósiles que son la principal causa del llamado cambio climático. Asimismo, se vuelve indispensable trabajar en medidas preventivas para prevenir y mitigar sus efectos devastadores.

Desde hace algunos años, nuestro país ha sufrido graves pérdidas humanas y materiales como consecuencia de huracanes, tornados, lluvias torrenciales, incendios forestales, graves sequías, entre otros.

Hoy sabemos que el calentamiento global ya no tiene vuelta atrás y que los desajustes climáticos producirán efectos meteorológicos cada vez más violentos.

En nuestro país, es común padecer, con relativa frecuencia, los efectos de algún gran huracán, que deje a su paso graves pérdidas humanas y materiales; al respecto, sobran ejemplos: Gilberto, que en 1988 afectó el sureste, dejando pérdidas por 5.5 mil millones de dólares; Emily en 2005, que afecto la Península de Yucatán registrando daños por 988 millones de dólares; Paulina que en 1997 devastado al puerto de Acapulco, dejando 350 personas muertas y 300 mil personas sin hogar o Manuel e Ingrid, en 2014,que entraron de manera simultánea, dejando 157 muertos y al menos 1.7 millones de damnificados.

Las afectaciones, que los fenómenos naturales dejan al sector productivo, resultan muy distintas, dependiendo del tamaño de las empresas. Mientras que los grandes corporativos, enfrentan estas contingencias haciendo uso de seguros previamente contratados y de recursos financieros previstos para afrontar dichas situaciones.

En el caso de las Mipyme, por lo general, no contratan seguros contra desastres naturales, y cuando lo hacen, las condiciones de las pólizas no son las adecuadas ni las más favorables para hacer frente al imprevisto; además, casi nunca cuentan con recursos financieros adicionales que les permitan hacer frente a una emergencia. Normalmente su capital se limita a la maquinaria, mercancía y materias primas; por tal razón, no se encuentran preparadas para soportar cualquier cierre temporal, pues su viabilidad depende de sus ventas, operaciones y producción diaria.

Un mínimo porcentaje de las Mipymes que han sufrido graves daños por el embate de un fenómeno meteorológico, han logrado mantenerse operando; la gran mayoría, han cerrado por falta de recursos financieros que les permitan hacer frente a dichas eventualidades. Esta situación es explicable pues estas empresas por su tamaño no cuentan con grandes capitales que respalden su inversión y operación ante el surgimiento de cualquier imprevisto.

Es de reconocerse que nuestras autoridades han trabajado en la creación, fortalecimiento y modernización de un efectivo sistema de protección civil; actualmente contamos con más y mejores protocolos para la atención de casi cualquier emergencia; igualmente ya tenemos un mapa de riesgos para que cualquier mexicano conozca los peligros inminentes propios de la comunidad donde vive, trabaja o estudia.

Desafortunadamente, en materia económica, poco se ha podido hacer; la legislación vigente ha entorpecido la creación de políticas públicos que se encarguen de garantizar la estabilidad económica de las poblaciones o regiones que han sufrido el impacto de algún fenómeno meteorológico.

La mayoría de nuestras Mipymes no tienen la solidez económica y financiera para solventar un cierre parcial de sus operaciones y sufragar sueldos, gastos de rehabilitación, reparaciones y compra de equipo y mercancía. Ante tal situación, si no pueden continuar con sus operaciones habituales, dichas empresas están condenadas a su cierre definitivo.

Por otra parte, dado el aumento, en la cantidad e intensidad, de los fenómenos naturales que nos afectan cada año, los recursos del Fondo de Desastres Naturales, resultan insuficientes, para atender las emergencias e impulsar la reactivación económica de las localidades damnificadas.

Ante la devastación material que este tipo de eventos deja en el ánimo y economía de los pobladores, se hace necesario garantizar la pronta recuperación económica de dichas regiones. Sin embargo, ante la falta de programas y fondos públicos que se encarguen de ayudar a las Mipyme, que han resultado gravemente dañadas. Hoy no hemos proveído, como Congreso, a que existan recursos públicos que apoyen la reconstrucción, rehabilitación y recuperación de las Mipymes, con la finalidad que las mismas sirvan de motor del desarrollo regional de las localidades afectadas.

Una vez atendida la emergencia inmediata que supone un evento natural destructivo; resulta de enorme importancia trabajar en la rehabilitación inmediata de la actividad económica.

Se ha podido observar que, las comunidades que contaron con un óptimo apoyo para la reconstrucción de su planta productiva, pudieron tener una mejor y más pronta recuperación económica y social; no así las que recibieron una deficiente o nula ayuda. En tales localidades, por el contrario, se observó una grave pauperización de sus pobladores.

En nuestro país las Mipyme representan la principal fuente formal de trabajo; como tal, dicho sector económico debería merecer mayor atención por parte de legisladores y autoridades.

Al respecto, ha menester rescatar el reconocimiento a la importancia que deben tener las Mipyme en la reactivación económica de las zonas damnificadas; actualmente, no se cuentan con programas y/o fondos públicos que tengan como finalidad el rescate de las Mipymes dañadas gravemente por eventos naturales.

Por tal razón, resulta necesario garantizar que cuenten con apoyos públicos que les permitan hacer frente a una emergencia proveniente de un desastre natural.

Con la reforma propuesta, el beneficio de apoyar a nuestras Mipymes será mayúsculo; posibilitará que las mismas continúen siendo efectivas fuentes de empleo, lo cual, favorecerá la reactivación económica para una pronta recuperación económica y social de la población afectada, pues sólo produciendo riqueza, será posible llevar nuevamente prosperidad y esperanza a las regiones castigadas.

Por lo anteriormente expuesto, se propone reformar el párrafo tercero del artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para establecer un fondo público que se encargue de apoyar financieramente a las Mipymes, que como consecuencia de un evento natural, sufran graves pérdidas, que pongan en peligro su operación.

Con tal medida, se busca, contar con un fondo público para apoyar a que las Mipymes, afectadas por un fenómeno natural, puedan contar con recursos públicos para su rehabilitación inmediata. Lo anterior resulta de la mayor importancia, pues con ello se busca evitar la quiebra de Mipymes, y el estancamiento económico, pobreza y desesperanza en las regiones dañadas.

En atención a lo anteriormente expuesto, el que suscribe, somete a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa que reforma el párrafo tercero del artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, al tenor del siguiente proyecto de

Decreto

Único: Se reforma el párrafo tercero del artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 2.- (...)

(...)

El presupuesto de egresos de la Federación que se destina para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa no podrá ser inferior, en términos reales, al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal anterior. Asimismo, se destinará el 30 por ciento de dicho recurso, para crear un Fondo de apoyo, para la micro, pequeña y mediana empresa, que haya sufrido graves afectaciones a consecuencia de un desastre natural.

Transitorios

Primero. La presente reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2017.

Segundo. La Secretaría de Economía a in, tendrá un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para la integración del Fondo de apoyo, para la micro, pequeña y mediana empresa que haya sufrido graves afectaciones a consecuencia de un desastre natural.

Tercero.- Por única ocasión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, se podrá prever recursos financieros para la creación del Fondo de apoyo, para la micro, pequeña y mediana empresa que haya sufrido graves afectaciones a consecuencia de un desastre natural.

Salón de sesiones, Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2016.— Diputadas y diputados: Ana Guadalupe Perea Santos,Alejandro González Murillo, Nora Liliana Oropeza Olguin, María Gloria Hernández Madrid, Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbricas).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Competitividad para dictamen.



LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud. Adelante, diputado.

El diputado Javier Guerrero García:Muchas gracias. Compañeros y compañeras diputadas y diputados. Como ustedes saben, el sistema de protección social en salud se instituyó por reformas y adiciones a la Ley General de Salud en el 2003 para entrar en vigor el día primero de enero de 2004.

La creación de dicho sistema, conocido como Seguro Popular, obedeció al propósito de lograr justicia y equidad en el ámbito de la salud, justicia que se concreta en el acceso efectivo y oportuno a servicios de salud de calidad sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación para la población sin seguridad social.

La Ley General de Salud estableció que el sistema de protección social en salud debería llegar a la cobertura efectiva que no es solo la afiliación, sino beneficios tangibles en atención y servicios para la población y en evitar el empobrecimiento de las familias con motivo de las enfermedades.

Por ello, se creó el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos para la atención a los siguientes padecimientos. El diagnóstico y tratamiento del cáncer, problemas cardiovasculares, enfermedades cerebro-vasculares, lesiones graves, rehabilitación de largo plazo, VIH Sida, cuidados intensivos neonatales, trasplantes y diálisis. Asimismo, se estableció el mandato al Consejo de Salubridad.

El mismo precepto de la Ley General de Salud dispone que con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención de los beneficiarios del Seguro Popular que sufran enfermedades de alto costo, que provocan gastos catastróficos, se debería constituir y administrar por la federación un fondo de reservas sin límite de anualidad presupuestal y con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud. Ese es el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

La iniciativa que hoy presento, es parte de un esfuerzo y de una preocupación de un grupo de ex servidores públicos del Sector Salud y de ciudadanos. Quiero saludar en esta ocasión al licenciado Jorge Espinosa, promotor, entre otras personas y ciudadanos, de esta iniciativa.

Al día de hoy el Consejo de Salubridad General ha determinado 94 enfermedades que deben de ser cubiertas por el fondo; de esas 94, solamente 60 se encuentran actualmente en el Catálogo de Cobertura, aprobada por el fideicomiso del Sistema de Protección Salud en el que se encuentra el fondo. De las 60 enfermedades incorporadas, varias de ellas tienen muy significativas limitaciones por aspectos de edad o por otros factores, restricciones que deben ser superadas de manera general por distanciarse de los principios que establece la Ley General en Equidad y no Discriminación, incluyendo por edad, género o por cualquier otro tipo de razón.

Las 34 enfermedades aún no incorporadas, deben incluirse en la cobertura para que el fondo cumpla con la misión que originalmente se determinó en la Ley General de Salud. Es por ello que en el contenido de esta iniciativa se plantea que los tratamientos que determine el Consejo General de Salubridad atiendan un principio de máxima cobertura posible en cada tratamiento; sacar los criterios limitativos que conllevan o puedan inducir una atención parcial o incluso una suspensión de los tratamientos para la salud de los pacientes, lo cual evidentemente es contrario al derecho a la salud establecido en el artículo 4o., de la Constitución.

En artículos transitorios se proponen medidas de adopción inmediata, la incorporación de la totalidad de las intervenciones que hasta la fecha hayan sido aprobadas por el Consejo de Salubridad General, al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, y el Consejo de Salubridad General proceda a realizar una evaluación de la cobertura en padecimientos y tratamientos que deban quedar incorporados en la cobertura consolidada del fondo, eliminando las restricciones y criterios que puedan resultar en una afectación, disminución o atención parcial o insuficiente de dichos padecimientos.

Igualmente se plantea la necesidad de que en la consolidación de la cobertura del fondo se utilicen como referencias las clasificaciones de enfermedades reconocidas a nivel internacional.

Esta iniciativa es de una importancia y relevancia que implica la posibilidad de impactar seriamente en la equidad que aún campea en el sector salud de nuestro país. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe Javier Guerrero García, Diputado Federal por la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley General de Salud, para impulsar y asegurar la efectiva cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud, en los términos siguientes.

Exposición de Motivos

El derecho de toda persona a la protección de la salud, plasmado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe de ser una prioridad para el Estado mexicano en su conjunto. De ahí que la presente iniciativa atienda la inquietud de un grupo de ciudadanos interesados en hacer valer plenamente este derecho mejorando el funcionamiento del Seguro Popular y ampliando la cobertura efectiva con equidad en beneficio de sus afiliados.

Esta iniciativa es para la justicia, la equidad y la eficacia en el acceso a servicios de salud. Es una iniciativa para impulsar el logro de resultados efectivos y tangibles en el acceso a tratamientos que la población requiere, especialmente aquella que carece de seguridad social y que se encuentra afiliada al Sistema de Protección Social en Salud. Es una iniciativa que resulta de la revisión de avances y logros, así como también de oportunidades de mejoramiento en el ámbito del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

El Sistema de Protección Social en Salud se instituyó por reformas y adiciones a la Ley General de Salud determinadas por el Honorable Congreso de la Unión en 2003, para entrar en vigor el día primero de enero de 2004. La creación de dicho sistema, conocido como Seguro Popular, obedeció al propósito de lograr justicia y equidad en el ámbito de la salud, justicia y equidad que se concretan en el acceso efectivo y oportuno a servicios de salud de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación, para la población sin seguridad social.

Desde la creación del Seguro Popular se previó su proceso de evolución. En primer término se comprometió la afiliación de usuarios y se definieron tratamientos en paquetes de servicios. Los tratamientos o intervenciones por definición deben ser integrales tanto para la atención a la salud, como para la protección financiera de las personas y de las familias. Se previó que para 2010 se alcanzaría la cobertura plena esperada en las afiliaciones y en la cobertura efectiva de servicios que garantizaran de manera igualitaria el máximo nivel posible de calidad y accesibilidad. Este esfuerzo y compromiso del Estado mexicano debería impactar de manera directa en la reducción del gasto que venía realizando las personas y las familias para afrontar sus necesidades de salud.

El propósito de cobertura fijado por la Ley General de Salud a cumplirse en 2010 se difirió a 2012, año en el cual ya se habían afiliado 52.6 millones de mexicanos al Seguro Popular y la asignación presupuestaria para la cobertura efectiva había llegado al nivel de recursos determinado en la propia Ley General de Salud. En 2016 la afiliación se ha elevado a 57 millones de personas y se encuentra en proceso de realización la afiliación de aproximadamente otros 8 millones de personas que actualmente son beneficiarios de los programas Prospera y Adultos Mayores.

La Ley General de Salud estableció que el Sistema de Protección Social en Salud debería llegar a la cobertura efectiva de un paquete de servicios que efectivamente cubriera las necesidades y, por tanto que asegurara los resultados en la salud de la población y en la protección financiera de los afiliados al afrontar enfermedades. La cobertura no es solo afiliación, sino beneficios tangibles en atención y servicios para la población y en evitar el empobrecimiento de las familias con motivo de las enfermedades. El decreto de reformas a la Ley General de Salud que creó el Seguro Popular, también estableció en disposiciones transitorias que a la entrada en vigor, el propio el gobierno federal debería emitir las reglas a las que se sometería el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Asimismo se determinó que ese fondo incluiría, desde el momento de su entrada en vigor el primero de enero de 2004, la atención a los siguientes padecimientos: el diagnóstico y tratamiento del cáncer, problemas cardiovasculares, enfermedades cerebro-vasculares, lesiones graves, rehabilitación de largo plazo, VIH/sida, cuidados intensivos neonatales, trasplantes y diálisis. Asimismo se estableció el mandato al Consejo de Salubridad General de actualizar los tratamientos que deberían incluirse en la cobertura de dicho fondo.

El mandato legal al Consejo de Salubridad General ha sido amplio y claro en la Ley General de Salud, la cual dispone que se considerarán gastos catastróficos los que se deriven de los tratamientos y medicamentos asociados que defina ese Consejo y que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación; con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base a su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren. Así lo dispone el artículo 77-Bis 29 de la Ley General de Salud establecido en 2003.

El mismo precepto de la Ley General de Salud dispone que, con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención de los beneficiarios del Seguro Popular que sufran enfermedades de alto costo que provocan gastos catastróficos, se debería constituir y administrar por la federación un fondo de reserva, sin límite de anualidad presupuestal y con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud. Ese es el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Al día de la presentación de esta iniciativa, atendiendo el mandato que la ley le confirió, el Consejo de Salubridad General ha determinado 94 intervenciones que deben ser cubiertas por el fondo. De esas 94 enfermedades solamente 60 se encuentran actualmente en el catálogo de cobertura aprobado por el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, en el que se encuentra el fondo. De las 60 intervenciones incorporadas, varias de ellas tienen significativas limitaciones por aspectos de edad o por otros factores, restricciones que deben ser superadas de manera general por distanciarse de los principios que establece la ley en cuanto a equidad y no discriminación, incluyendo por edad, género o por cualquier otra razón. Las 34 intervenciones no incorporadas deben incluirse en la cobertura para que el fondo cumpla la misión que originalmente se determinó en la Ley General de Salud por el H. Congreso de la Unión.

Recientemente la Organización Mundial de la Salud, en el marco de su Programa de Salud, Gobernanza y Financiamiento, dio a conocer un reporte de evaluación del Fondo de Gastos Catastróficos para la Salud. Relevantes recomendaciones derivan de ese estudio, subrayando la importancia del acceso efectivo de la población a los servicios de salud; la trascendencia de lograr mayores impactos en la situación de salud de los beneficiarios; la necesaria ampliación sistemática en la cobertura de padecimientos, así como la necesaria eficacia de la protección financiera.

La Organización Mundial de la Salud hace énfasis en que la protección contra gastos catastróficos es un componente específico que tiene definidas sus propias reglas de financiamiento, de gestión y de cobertura. De dicho estudio ha resultado la consideración de diversas medidas concretas que en esta Iniciativa se plantean, siendo el único vehículo idóneo para lograrlo la Ley General de Salud, por ser el ordenamiento que creó y que rige esa institución de salud.

También recientemente, a principios de este año, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha dado a conocer un estudio sobre el Sistema de Salud de México, a poco más de diez años de haberse creado el Seguro Popular. Si bien el estudio reconoce avances, también sugiere retos y rezagos por superar. Además de la necesidad de incrementar la inversión pública en el Sistema de Salud, se identifica como relevante la necesidad de avanzar en la eficacia del gasto y en que el gasto en salud prácticamente se encuentra en el mismo porcentaje que hace diez años. En suma, son necesarios mayores impactos efectivos en la salud de la población derivados de instrumentos como es el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

En este contexto los informes del Sistema de Protección Social en Salud tanto de la Secretaría de Salud como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la información del Consejo de Salubridad General, nos permiten observar que es el momento de establecer medidas para avanzar en la eficacia y en los impactos esperados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Hay recursos para ello gracias a las previsiones legales que el Congreso de la Unión determinó en la Ley General de Salud. Atendiendo a la experiencia, a los avances logrados, al conocimiento que aportan esas y otras evaluaciones y estudios realizados, se considera que es este momento la oportunidad responsable para confirmar la importancia de dicho fondo y para adoptar medidas que aseguren la plena realización de sus fines. Al 31 de marzo de este año dicho fondo tiene disponibilidad de recursos a ser aplicados en los padecimientos determinados por el Consejo de Salubridad General por 67,920.3 millones de pesos. Las instituciones jurídicas ya han sido establecidas, la organización institucional se ha creado y está en operación, al igual que los mecanismos financieros y administrativos. La población afiliada al Seguro Popular está en espera de mayor y mejor atención y resolución. Es necesario que se cumplan los objetivos del Sistema de Protección Social en Salud en el ámbito de las enfermedades catastróficas, lo cual motiva esta iniciativa.

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, tiene avances y resultados, los cuales pueden y deben ser ampliamente mejorados. Se requiere ampliar la cobertura efectiva, oportuna y de calidad, tanto en servicios como en la gestión de los recursos públicos. Hay un caudal de experiencia en la gestión del Fondo que debe dar lugar a mejoras sustanciales. Hay justicia en el ámbito de la salud cuando hay atención oportuna, accesible y de calidad. Las enfermedades se presentan y ante ellas es indispensable la eficacia de los instrumentos públicos que la Ley creó para contribuir a su eficaz resolución.

Cobertura y recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos

Como ha quedado señalado, el Seguro Popular tiene 57 millones de personas afiliadas y el catálogo de enfermedades o intervenciones cubiertas por el fondo es de 60, para la cual se tienen 959 servicios acreditados para la atención calificada de esas 60 intervenciones.

Conforme a la Ley General de Salud, el 8 por ciento de las aportaciones federales al Sistema de Protección Social en Salud, que es la suma de la cuota social y de la aportación solidaria federal anuales, se integran al referido fondo. Al fondo se agregan los saldos resultantes anuales del Fondo de Previsión Presupuestal, también previsto en la ley.

De acuerdo a los informes de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la dinámica de ejercicio de los recursos para la atención de enfermedades catastróficas es de aproximadamente 60 por ciento anual. Para efectos del Presupuesto de Egresos de la Federación, las asignaciones a dicho Fondo conforme a las disposiciones de la Ley General de Salud son recursos ejercidos y por tanto devengados para efectos de dicho Presupuesto, toda vez que su ejercicio corresponde al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, en los términos de sus reglas de operación. Los montos validados y pagados por dicho Fondo deben cursar complejos procedimientos de reembolso que es necesario también revisar y agilizar.

Es factible que con las medidas que se proponen en esta iniciativa, dicho fondo logre duplicar el número de beneficiarios efectivos que accedan a tratamientos determinados como catastróficos por el Consejo de Salubridad General. Esa es la meta de esta iniciativa. Pasar de 164 mil 474 casos atendidos con apoyo en recursos de dicho fondo en 2015, al doble, por lo menos. Las necesidades son muchas más que los recursos disponibles, lo que enfatiza la necesidad de eficacia y de exigencia de resultados que plantea esta Iniciativa. Las soluciones son inaplazables.

Contenido de la iniciativa

Resultado del análisis pormenorizado de lo anterior, en esta Iniciativa se plantean medidas legislativas puntuales, tanto de fondo y permanentes, como de carácter inmediato y pertinente a los retos y objetivos a lograr en el corto plazo.

Se propone en esta Iniciativa la adición de un Artículo a la Ley General de Salud que sea el 77 Bis-29-A, para la precisión y sustento necesario del reforzamiento a la implementación y aplicación del Artículo 77-BIS-29 del mismo ordenamiento. Se plantea que el nuevo Artículo establezca lo siguiente:

• Precisar que los tratamientos que determine el Consejo de Salubridad General atiendan un principio de máxima cobertura posible de cada tratamiento, de tal manera que se favorezca tanto la identificación amplia de las enfermedades, como la plenitud de su tratamiento, y se eviten fórmulas o criterios que impliquen o puedan conllevar potenciales efectos discriminatorios para los pacientes, como son los casos en los cuales se limita la cobertura de atención a rangos de edades, lo cual es un ejemplo de criterio que no deben prevalecer en la determinación de los padecimientos. Criterios imitativos conllevan o pueden inducir una atención parcial o, incluso, una suspensión de los tratamientos para la salud de los pacientes, lo cual evidentemente es contrario al derecho a la salud establecido en el artículo 4o. de la Constitución.

• Para avanzar ordenada y sistemáticamente en la eficacia del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se plantea que la Auditoría Superior de la Federación y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los cuales ya vienen ejerciendo tareas de evaluación y revisión en sus marcos legales de competencia para efectos operativos, de manejo de recursos, de impacto sociales y demás que les corresponden, realicen un ejercicio conjunto y periódico con el Instituto Nacional de Salud Pública en el planteamiento de propuestas de mejoras operativas, de gestión, de mejora sustantiva y demás que sugieran para medir y evaluar los resultados e impactos del fondo.

• Para mayor precisión respecto a lo anterior se plantea que al informe semestral que debe elaborar la Secretaría de Salud para ser presentado ante el Congreso de la Unión, conforme ya lo dispone la Ley General de Salud, se incorpore la revisión, evaluación, sugerencias y recomendaciones que dichos tres organismos planteen conjuntamente, con la finalidad de mejorar permanentemente la cobertura y la gestión, así como los impactos y resultados del fondo.

• Es pertinente enfatizar en lo que respecta al fondo, el principio de transparencia y acceso a la información de la totalidad de la información de que disponga con la excepción de aquella que involucre datos personales. Por consiguiente todas las cuestiones, documentos y en general información referente a los estudios sobre la incorporación o no de los padecimientos a la cobertura del Fondo, desde el origen de su planteamiento hasta su resolución, incluyendo todas sus fases, instancias y autoridades que intervengan deberá ser información pública, accesible y con procedimientos transparentes. Es apremiante la necesidad de que en esos procesos se incorpore de manera abierta y transparente el conocimiento y la participación de la comunidad médica nacional, de los especialistas del área terapéutica de la que se trate, de organizaciones de pacientes y también de otras organizaciones del sector social y privado que puedan tener interés en participar en dichos procesos.

• Los procesos transparentes e incluyentes permitirán que diversos sectores a los que concierne y que son partícipes en la solución de las problemáticas de salud que se afrontan, desde las perspectivas de la salud pública y de la atención individual, de los hospitales y clínicas, de los servicios de salud de todos los ámbitos, de los desarrolladores de tratamientos de insumos médicos de todo tipo, del gremio asegurador y de las organizaciones y personas del Sistema de Salud en su conjunto, permitirán acceder a un catálogo eficaz y sustentable para las metas del Fondo. Metas que deben definirse explícitamente conforme a indicadores de gestión y de impactos y resultados.

• En artículos transitorios del proyecto de decreto que se propone en esta iniciativa, se proponen medidas de adopción inmediata. Como primera medida se plantean la incorporación de la totalidad de las intervenciones que hasta la fecha hayan sido aprobadas por el Consejo de Salubridad General al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

• Subsecuentemente a la medida a que refiere el punto anterior se prevé que el Consejo de Salubridad General proceda a realizar una evaluación de la cobertura en padecimientos y tratamientos que deban quedar incorporados en la cobertura consolidada del fondo, eliminando las restricciones y criterios que puedan resultar en una afectación, disminución o atención parcial o insuficiente de los padecimientos, en observancia a los principios de integralidad y de resolución máxima posible de alcance y calidad de la atención en beneficio de los pacientes. Esta evaluación habrá de realizarse en foros abiertos de manera transparente y pública en todos sus contenidos y procedimientos, con la participación de especialistas clínicos de los institutos nacionales de Salud, quienes participarán a título personal con sus mejores conocimientos científicos y principios éticos de atención a los pacientes, no en comités cerrados y excluyentes.

• Es relevante que en la consolidación de la cobertura del fondo se utilicen como referencias las clasificaciones de enfermedades reconocidas a nivel internacional, como en el caso del catálogo definido por la Organización Mundial de la Salud, entre otras.

• Los organismos que realizarán la evaluación anual del Fondo para la Protección contra Gastos Catastróficos y el seguimiento semestral de mejoramiento del Fondo, plantearán conjuntamente un primer reporte de carácter metodológico que contenga indicadores de acciones y de resultados, de oportunidad y de calidad, y de eficacia e impacto del fondo, en los términos de la ley y en particular para el cumplimiento del decreto, materia de esta iniciativa.

Es conforme a lo anterior que, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la presente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la Ley General de Salud y se establecen medidas para asegurar la efectiva cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud

Artículo Único. Se adiciona el artículo 77 Bis 29-A a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis 29-A. En la aplicación de lo dispuesto en el artículo 77-BIS-29 se estará a lo siguiente:

I. Los tratamientos que determine el Consejo de Salubridad General deberán atender al principio de máxima atención posible del padecimiento de que se trate, favoreciendo la generalidad en la identificación de cada una de las enfermedades con cobertura del Fondo, aplicando los principios de integralidad de la atención y de no discriminación, y por consiguiente evitando la segmentación en la cobertura y en la atención de los padecimientos;

II.Para efectos de la fracción anterior el Consejo de Salubridad General tomará en cuenta la clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones médicas y científicas de reconocida calidad internacional;

III.La administración, gestión y en general las actividades y consecución de finalidades del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, serán materia de evaluación semestral y anual de manera conjunta por la Auditoría Superior de la Federación, por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y por el Instituto Nacional de Salud Púbica, en los términos de esta Ley, sin perjuicio de sus demás atribuciones establecidas en los ordenamientos aplicables a cada uno de esos organismos;

IV.Los organismos a los que se refiere la fracción anterior elaborarán conjuntamente un informe público anual que contenga propuestas de mejoramiento administrativo, operativo, sustantivo, de gestión y demás que resulten pertinentes y convenientes al logro de los resultados e impactos de dicho Fondo en la salud y en la protección financiera de los afiliados, debiendo los informes de evaluación subsecuentes referir los avances y las limitaciones en la atención a las recomendaciones de mejora que se determinen en dichas evaluaciones para asegurar su implementación, y

V.La información concerniente al Fondo, con la salvedad de la que se refiere o involucre datos personales, será pública y accesible en los términos de las leyes aplicables en materia de transparencia y acceso a la información.

El informe semestral a que se refiere el artículo 77 Bis-31 de esta ley se acompañará de las sugerencias y recomendaciones que formulen conjuntamente los organismos referidos en las fracciones anteriores de este artículo, de manera propositiva para el logro de los objetivos y metas del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Los procesos de revisión, análisis, evaluación y demás concernientes a la inclusión, definición de alcances, revisión y exclusión de padecimientos del catálogo del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se realizarán mediante procedimientos públicos, participativos y transparentes, con la concurrencia de personas y organizaciones de los sectores público, social y privado.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para la eficaz implementación de las disposiciones de la Ley General de Salud en lo que corresponde al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, se estará a lo siguiente:

I. Se incorporan al catálogo de padecimientos incluidos en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, todos los padecimientos y tratamientos hasta ahora aprobados por el Consejo de Salubridad General en los términos de la Ley General de Salud y de las demás disposiciones aplicables;

II.En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este decreto, el Consejo de Salubridad General realizará una evaluación integral de la cobertura de padecimientos de dicho catálogo, de tal manera que se atiendan los principios de integralidad y no discriminación, que se establecen en este Decreto y en las demás disposiciones de la Ley General de Salud;

III.La revisión a que se refiere la fracción anterior se realizará de manera pública y transparente, con la participación de dependencias y entidades del Sistema Nacional de Salud, de organizaciones médicas y de especialistas clínicos de los Institutos Nacionales de Salud, que participarán con carácter personal, así como de personas y organizaciones de los sectores público, social y privado, especialmente organizaciones de pacientes, y

IV.En un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los organismos a que se refiere el artículo 77 Bis-29-A materia de este decreto elaborarán y difundirán la metodología conjunta que establezca los indicadores de gestión, impactos y resultados para la evaluación del desempeño del Fondo, los cuales podrán ser actualizados en cualquier momento por dichos organismos en beneficio de la agilidad y desempeño del Fondo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputados y diputadas: Javier Guerrero García,Adolfo Mota Hernández, Delia Guerrero Coronado, Erick Alejandro Lagos Hernández, María Gloria Hernández Madrid, Nora Liliana Oropeza Olguin, Paulino Alberto Vázquez Villalobos, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Sara Latife Ruiz Chávez (rúbricas).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

Esta Presidencia tiene el honor de saludar la presencia en esta sesión del embajador de Brasil, excelentísimo Enio Cordeiro, quien ha sido invitado por el diputado Gustavo Madero Muñoz, sea usted bienvenido a este recinto parlamentario, señor embajador.



LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, y el artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Adelante, diputado.

El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, apenas hoy el periódico reforma publica que el huracán Newton corta luz y telefonía en Los Cabos y la Paz, Baja California Sur.

Los desastres naturales son sucesos periódicos cada vez más fuertes y ampliándose a la mayor parte del territorio nacional, fenómenos que hasta hace poco eran considerados típicos o regulares, han variado en intensidad aumentando la fragilidad del entorno natural provocando mermas drásticas en producción y productividad, en actividades esenciales como la pesca, la agricultura, la ganadería, al silvicultura pero lo más grave, arriesgando las vidas de nuestros connacionales.

Generalmente y de manera lamentable, los grandes perdedores antes estos desastres son aquellos que más indefensos se encuentran, los más pobres, los que se encuentran en las comunidades más alejadas y que están ubicadas en terrenos de alto riesgo.

Sin duda alguna, los cuerpos de protección civil y los voluntarios que apoyan en estas difíciles situaciones dan lo mejor de sí y hacen su mejor esfuerzo por apoyar y ayudar a la población.

Sin embargo, ha habido muchas ocasiones en que la ayuda no puede llegar tan rápido como fuera deseable. Es por ello que pongo a su consideración la presente iniciativa que tiene por objeto que la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación puede establecer mecanismos de coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que como parte de la infraestructura pasiva incluya sistemas de suministro y respaldo de energía eléctrica para la operación de redes públicas de telecomunicaciones, así como protocolos para proveer su uso continuo en emergencias y desastres naturales.

Se pretende que los concesionarios que operan redes públicas de telecomunicaciones establezcan mecanismos y protocolos, para evitar que los servicios que ofrezcan a los usuarios se vean interrumpidos por falta de energía eléctrica ante situaciones de desastres naturales por un plazo no menor de 48 horas y que se incluyan en las concesiones que se otorguen para la operación de redes de telecomunicaciones medidas para garantizar su uso continuo ante emergencias y desastres de origen natural.

Quienes hemos vivido estas contingencias recordamos perfectamente, por ejemplo, que el huracán Isidoro en Yucatán, en su paso hace 14 años, dejó graves afectaciones e incuantificables daños materiales, afortunadamente sin pérdidas humanas. Sin embargo, quienes habitan las costas y lugares alejados de la capital pasaron días enteros incomunicados, muchas veces sin agua ni alimentos.

En situaciones como estas son muchas las tareas necesarias con urgencia para la población, como por ejemplo: la búsqueda y localización de personas desaparecidas, brindar auxilio y asistencia médica a los heridos y mantener el orden para que no se generen pillaje y desórdenes civiles, traslado de damnificados a albergues, etcétera.

Por ello, en nuestro carácter de legisladores federales, estamos obligados a actuar y a garantizar que ante este tipo de situaciones la población cuente con servicios indispensables para su salvaguarda y mantenerse comunicados durante la emergencia.

Lo anterior permitirá que las poblaciones afectadas no estén incomunicadas de sus familiares ni de las autoridades para que puedan pedir ayuda, reportar daños, recibir información, etcétera.

Por lo anterior expuesto es que someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa que adiciona la fracción XXX al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil. Estimadas compañeras y estimados compañeros, les solicito adherirse a esta iniciativa y apoyar este tema para generar, dentro de nuestras posibilidades, las medidas de apoyo y protección necesarias para evitar que un desastre natural o un accidente se convierta en una tragedia mayor de la que esta misma genera.

Los invito a apoyar esta iniciativa que pretende ayudar a la población más desprotegida en contingencias y casos de desastres naturales, en los que la comunicación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 19 de la Ley General de Protección Civil y 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del PAN

Joaquín Jesús Díaz Mena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente: iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XXIX y adiciona la fracción XXX al artículo 19, recorriéndose la actual en su orden de la Ley General de Protección Civil; se modifica la fracción VIII y se adiciona la fracción IX recorriéndose la actual en su orden del artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Exposición de Motivos

Entendemos por protección civil el conjunto coherente de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente.

En las últimas décadas en nuestro País los desastres de origen natural han hecho conciencia, tanto en los ciudadanos como en las autoridades, de la importancia de contar con disposiciones legales para atender las contingencias, pero aún más, de generar una cultura de la prevención.

Dentro de nuestro marco jurídico, corresponde a la Federación tener a su cargo la coordinación de la protección civil, para ello se reformó la Constitución y posteriormente se expidió una Ley General de Protección Civil, la cual es referente de las acciones nacionales en la materia.

En ese sentido, el tema de la protección civil en México es multidisciplinario, ya que contiene aspectos económicos, de participación conjunta entre sociedad y gobierno, de prevención y educación, pero requiere de leyes que respondan a las necesidades actuales, y que por tanto contengan acciones de prevención ante desastres naturales, en el escenario de mundo global y moderno. Es insoslayable que las duras consecuencias de los desastres naturales que se han suscitado en nuestro País en los últimos años, hubiesen sido diferentes con una debida cultura de protección civil.

Hoy vemos con atención como los efectos de fenómenos naturales han trascendido fronteras de países y regiones, y han llegado a tornarse en inminentes riesgos o desastres susceptibles de afectar a la humanidad en su conjunto, o a vastos sectores poblacionales.

Entre otros factores, el calentamiento global con el consecuente cambio climático ha colocado a la humanidad ante un incierto escenario. Ese fenómeno ha intensificado la fuerza de los huracanes y ciclones, provocando graves inundaciones con secuelas devastadoras que se traducen en la pérdida de vidas humanas y daños irreparables a las diversas actividades productivas.

Los desastres naturales son sucesos periódicos, cada vez más fuertes y ampliándose a la mayor parte del territorio nacional. Fenómenos que hasta hace poco eran considerados típicos o regulares, han variado en intensidad, aumentando la fragilidad del entorno natural, provocando mermas drásticas en producción y una disminución en la productividad en actividades esenciales como la pesca, la agricultura, la ganadería y la silvicultura.

Puedo dar testimonio de que nuestras costas, casi en su totalidad, enfrentan algún tipo de fragilidad por huracanes o ciclones, situación que ha sido señalada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los mismos organismos informan de la forma en que han aumentado, en intensidad y número las tormentas en los últimos años, lo que a cada momento pone a prueba a la capacidad de respuesta en casos de emergencia.

Lo anterior obliga a actuar, a garantizar en la medida de lo posible que ante situaciones de emergencia, la población cuente con servicios indispensables como lo es la telefonía celular. El concesionario debe contar con equipo tecnológico que garantice, que en dichos escenarios, las redes de transmisión no se interrumpan por falta de suministro eléctrico. Es decir, debe contar con equipos de respaldo que proporcionen autonomía por un plazo no menor a 48 horas.

Lo anterior permitirá, en lo posible, que las poblaciones afectadas no estén incomunicadas de sus familiares y de las autoridades. Que se pueda pedir ayuda, reportar daño que requieran atención inmediata, denunciar actos de pillaje, en fin, muchos eventos que pueden mejorar las condiciones de los afectados.

Se propone para ello, dotar a la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil de la atribución legal que le permita coordinarse con el Instituto Federal de Telecomunicaciones para supervisar a los concesionarios de las redes de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que como parte de la Infraestructura pasiva, incluyan sistemas de suministro y respaldo de energía eléctrica para la operación de redes públicas de telecomunicaciones, así como protocolos para proveer su uso continuo ante emergencias y desastres naturales.

De igual forma se propone modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a efecto de que los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones establezcan mecanismos y protocolos para que los servicios que ofrezcan a sus usuarios no se vean interrumpidos por falta de suministro de energía eléctrica, ante situaciones de emergencias y desastres de origen natural, por un plazo no menor a 48 horas.

Para ello se plantea adicionar una fracción al artículo 118 y adicionar un segundo párrafo al artículo 136, ambos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con lo cual los concesionarios tendrían la obligación antes señalada.

En tal virtud, someto a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados la siguiente

Decreto por el que se modifica la fracción XXIX y adiciona la fracción XXX al artículo 19, recorriéndose la actual en su orden de la Ley General de Protección Civil; se modifica la fracción VIII y se adiciona la fracción IX recorriéndose la actual en su orden del artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo Primero. Se modifica la fracción XXIX y adiciona la fracción XXX del artículo 19, recorriéndose la actual en su orden de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

XXIX. Proponer, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los modelos de contratación de seguros e instrumentos financieros de gestión de riesgos, que garanticen a la Federación las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes;

XXX. Establecer mecanismos de coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que como parte de la Infraestructura pasiva, incluyan sistemas de suministro y respaldo de energía eléctrica para la operación de redes públicas de telecomunicaciones, así como protocolos para proveer su uso continuo ante emergencias y desastres naturales, y

XXXI. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables o que le atribuyan el Presidente o el Consejo Nacional dentro de la esfera de sus facultades.

Artículo Segundo. Se modifica la fracción VIII y se adiciona la fracción IX al artículo 118, recorriéndose la actual en su orden de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 118. ...

VIII. En el caso de que no exista en una localidad determinada otro concesionario que proporcione servicios similares, el concesionario que preste servicio en dicha localidad, de conformidad con las condiciones que establezca su respectiva concesión, no podrá dejar de ofrecer la prestación de los servicios, salvo causa de fuerza mayor o que cuente con autorización expresa del instituto;

IX. Establecer mecanismos y protocolos para evitar que los servicios que ofrezcan a sus usuarios no se vean interrumpidos por falta de suministro de energía eléctrica, ante situaciones de emergencia y desastres naturales, por un plazo no menor de 48 horas, y

X. Abstenerse de establecer barreras contractuales o de cualquier otra naturaleza que impidan que otros concesionarios instalen o accedan a infraestructura de telecomunicaciones en edificios, centros comerciales, fraccionamientos, hoteles o cualquier otro inmueble para uso compartido.

Transitorios

Primero. A más tardar 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Coordinación Nacional de Protección Civil deberán a efecto de establecer el mecanismo de supervisión señalado en la fracción XXX del artículo 19 de la Ley General de Protección Civil.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio, Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputados y diputadas: Joaquín Jesús Díaz Mena,Brenda Velázquez Valdez, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Cambranis Torres, Eva Florinda Cruz Molina, Hugo Alejo Domínguez, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Jesús Antonio López Rodríguez, Juan Corral Mier, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Leticia Amparano Gamez, María del Rosario Rodríguez Rubio, María García Pérez, Minerva Hernández Ramos, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbricas).»

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Díaz Mena. Túrnese a las Comisiones Unidas de Protección Civil, y de Comunicaciones, para dictamen.

Sonido en la curul de la diputada María Elena Orantes, por favor.

La diputada María Elena Orantes López(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Recibimos esta iniciativa muy plausible y decir que esto es un tema de protocolo de seguridad, a donde debemos exhortar a las empresas telefónicas a mantener vías alternas hoy que ya se cuenta con otros instrumentos, que puede ser a través de la energía y de celdas solares.

Pedirle al diputado que en cuanto pueda nos pueda turnar una copia y en nombre del diputado Gustavo Cárdenas y el mío propio felicitarle por la iniciativa. Además sugerir respetuosamente que también las declaratorias puedan ser sumadas en el tema de Tuxtla Gutiérrez, que como chiapaneca quiero decir que se vieron afectadas con lluvias atípicas muy severas. Así fueron por primera ocasión, hace más de 30 años que no se vivía como en otros lugares de México, a donde la Comisión de Protección Civil en coordinación con Protección Civil nacional ha estado trabajando en todos los temas. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada María Elena Orantes. Informarle a usted y al pleno que este expediente va a ser turnado de inmediato en el turno que se le dio.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la reforma política electoral de 2014 estableció tres causales de nulidad de las elecciones federales locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, en los siguientes casos: Por el exceso del gasto de campaña en un 5 por ciento del monto total autorizado, cuando se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley y se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Este sistema de nulidades hasta ahora es ineficaz e incongruente en la práctica, fundamentalmente porque se concentra solo en el ámbito patrimonial de los partidos políticos y candidatos y no en la restricción de su participación.

De acuerdo a lo anterior, cuando se cometan violaciones graves o dolosas es equivocado se subsanen con financiamiento público, ya que no se inhibe la conducta violatoria y pone en duda el carácter ejemplar y disuasorio de las sanción.

En ese orden de ideas, es preciso establecer las consecuencias jurídicas sobre la participación de quien vulnera los preceptos constitucionales y, por otro, ante la anulación del resultado, evitar el costo innecesario a la ciudadanía de una elección extraordinaria.

En consecuencia, la presente iniciativa tiene por objeto lograr que quienes aspiremos a un cargo de elección popular, nos obliguemos al cumplimiento de la ley, a partir de los ajustes normativos siguientes:

Cuando se presuman violaciones dolosas o graves, sin importar la diferencia de la votación obtenida entre el primer y el segundo lugar en la contienda electoral, debe ocupar el cargo en orden de prelación quien acredite el cumplimiento de la ley.

En caso de nulidad, quien resulte infractor de las disposiciones legales constitucionales, tanto candidatos como partidos políticos serán suspendidos para participar en la elección inmediata siguiente, por lo que se eliminará su registro.

Debemos tomar en cuenta que si bien es cierto los partidos políticos gozan del derecho a recibir financiamiento, de ninguna forma tendrían porqué utilizarlo en el pago de sus propias violaciones legales.

Por ello, proponemos una reforma electoral trascendente para aquellas que se consideren graves o dolosas y la eliminación de criterios porcentuales denominados determinantes, que hasta ahora han permitido el rebase de topes de campaña y, al mismo tiempo, impiden acceder al cargo a quien cumplió fehacientemente con la normatividad electoral.

Se trata, por tanto, de contribuir a la eficacia de nuestra legislación y a los valores superiores de nuestro sistema democrático en materia de igualdad, equidad, transparencia y rendición de cuentas.

Recordemos la experiencia más reciente, en la que en el mes de agosto, la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó diversos dictámenes por rebase de topes de campaña. Sin embargo, nadie hasta ahora ha señalado el desplome de la fiscalización del Instituto Nacional Electoral, quien a pesar de dicha resolución entregó las constancias de mayoría a quienes en muchos casos estuvieron fuera de la legalidad.

Los ciudadanos de este país nos exigen congruencia, reclaman de manera legítima que no se les endose el costo de las deficiencias del sistema político, tampoco la repetición innecesaria de jornadas electorales por las violaciones que cometen los candidatos y sus institutos políticos.

Hasta ahora la invalidez de una elección aparece como una opción más que como una premisa y no se considera la necesidad de evitarle al ciudadano los costos que se generan, mucho menos cancelar a los partidos políticos y a los candidatos su participación, en virtud de que son ellos los que infringen la ley y los causantes directos del abstencionismo y el escepticismo sobre el funcionamiento de nuestro sistema democrático.

Es a través de esta iniciativa que se necesita determinar y establecer un límite dentro del cual se permite romper excepcionalmente los principios constitucionales, pero este límite porcentual que tiene que ver con aspectos cuantitativos para interpretar las violaciones respecto al resultado electoral, se utiliza como pretexto para violar la legislación.

Es un avance importante que nuestro marco normativo constitucional incorpore la nulidad de las elecciones. Sin embargo, hace falta establecer una sanción que no sea aparente, sino una ejemplar e inhibitoria en las prácticas ilegales de cada elección que se realizan.

Por tal razón y en espera de que juntos establezcamos un mejor diseño de nuestros procesos electorales, los invito a sumarse a la presente propuesta. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Problemática

La reforma político-electoral de 2014 estableció tres causales de nulidad de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas

Sin embargo la instrumentación de los procesos electorales y su redefinición respecto al esquema sancionatorio cuando se cometen las violaciones graves antes descritas, es incongruente respecto a la eficacia que requiere el sistema de nulidades, ya que se concentra esencialmente en el ámbito patrimonial asignado a los partidos políticos y candidatos, (patrimonio que por cierto proveniente de los impuestos de la ciudadanía), sin establecer, no únicamente la consecuencia jurídica restrictiva de la anulación del resultado, sino la cancelación de su participación en el proceso electoral inmediato siguiente.

Al “castigar” con multas que se pagan con financiamiento público, la sanción es más bien una simulación; evidentemente porque no se inhibe la conducta violatoria de la ley y se pone en duda el carácter ejemplar y disuasorio de la condena.

Por otro lado y a fin de hacer más eficiente el gasto de los recursos económicos destinados a nuestra democracia, la cual es considerada una de las más caras del mundo, aunque en calidad habría mucho que debatir; resulta innecesario convocar a elecciones extraordinarias, con la utilización de nuevos y cuantiosos recursos provenientes de los impuestos del ciudadano, puesto que bien se podría invertir tal presupuesto en la atención de diversas prioridades para el país, asignando el cargo a quien obtiene el segundo lugar en la competencia, siempre y cuando por su puesto, que haya demostrado no haber incurrido en violaciones consideradas graves, dolosas y determinantes a que se refiere la Constitución.

Es un avance importante que nuestro marco normativo Constitucional, incorpore la nulidad de elecciones en las que el candidato ganador rebase los topes de campaña; adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; y reciba o utilice recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en la campañas; sin embargo, hace falta establecer una sanción que no sea aparente, sino ejemplar e inhibitoria de las prácticas ilegales que cada elección se realizan.

La reforma de 2014 no estableció un castigo real para el infractor al cual se le otorgan prerrogativas, pero también tiene obligaciones, y en el caso de los partidos existe la responsabilidad de ser considerados entidades de interés público.

Por esta razón, la presente iniciativa plantea la sanción que corresponde a la proporcionalidad que representa lo anterior, y establece la suspensión del registro al menos en la elección inmediata siguiente, tanto a candidatos, como a institutos políticos, independientemente de que se haya decretado la nulidad de la elección, o no; y se hayan hecho acreedores a la multa.

Es indispensable insistir en que pagar multas con financiamiento público, no ha logrado inhibir la reiteración de conductas violatorias del marco legal, por el contrario da cuenta de la simulación de castigo, y le cobra al ciudadano las violaciones legales que cometen otros, alejándolo con ello de su participación democrática.

Argumentación

Los partidos políticos gozan del derecho a recibir financiamiento tanto público como privado, pero de ningún modo deben rebasar los topes de gasto de sus precampañas y campañas electorales; esta prohibición además, así como la relacionada con la compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley, o la utilización de recursos de procedencia ilícita o recursos públicos, los hacen acreedores a distintas sanciones, las cuales tratándose de multas, se sufragan con recursos públicos.

Cuando el financiamiento para las precampañas y campañas de los partidos políticos nacionales y sus respectivos candidatos, o los candidatos independientes es rebasado, ni siquiera debería existir porcentaje permitido por la propia ley, porque con ese simple hecho se estarían rompiendo los principios constitucionales de equidad y legalidad, viciando las campañas y poniendo en desventaja a los contendientes, pero a través de la determinancia se estableció un límite dentro del cual se “permite” romper excepcionalmente con dichos principios constitucionales.

Ese límite porcentual tiene que ver con aspectos cuantitativos por los que se interpreta que las violaciones tienen que acreditarse de manera objetiva, y estas deben considerarse determinantes para el resultado electoral. También se consideran aspectos cualitativos determinantes para la anulación de una elección, así como para concluir que la irregularidad acreditada, es grave o dolosa y resultó determinante para la misma.

Aun así, al rebasar estos límites la sanción sólo declara la nulidad de la elección, y la convocatoria a una extraordinaria, pero se permite la participar del partido que lo postuló, al candidato infractor.

En ese sentido si nos constreñimos a los principios del sistema de nulidades y no a la sanción, identificamos lo siguiente, de acuerdo con Favela:

La nulidad procede solamente en los supuestos expresamente previstos por la ley. El artículo 99, fracción II de la CPEUM señala que el TEPJF puede declarar la nulidad de una elección solamente por las causales previstas expresamente por la ley.

Conservación de los actos válidamente celebrados. No cualquier irregularidad puede dar lugar a la nulidad de la elección. No existen las elecciones perfectas y exigir la nulidad por cualquier inconsistencia o error impediría celebrar las elecciones de manera efectiva e impediría a los ciudadanos ejercer el derecho al voto. Por lo tanto, la nulidad procede solamente cuando las irregularidades son determinantes para el resultado electoral.

La nulidad procede sólo cuando la irregularidad resulte determinante para el resultado electoral. La determinancia se refiere al establecimiento de la relación causal entre una actividad y el resultado electoral determinado, por ejemplo, entre la propaganda y la victoria de un candidato. La determinancia se debe analizar respecto de los criterios cuantitativo (determinando el número de votos afectados por la irregularidad) y cualitativo (analizando si se han violado los principios rectores de la función electoral).

La nulidad de la votación recibida en casilla opera de manera individual. Las impugnaciones se deben estudiar de manera individual, casilla por casilla, lo que significa que la nulidad de una casilla no implica, de manera automática, la nulidad de otras casillas del mismo distrito o aledañas.

El TEPJF puede anular una elección “de oficio”. Si el TEPJF advierte que, después de haber anulado la votación recibida en varias casillas, se presenta la hipótesis de nulidad relativa a la nulidad de 20 por ciento o 25 por ciento de las casillas (en las elecciones legislativas y de presidente, respectivamente), debe decretar la nulidad de la elección, aun cuando ninguno de los impugnantes lo hubiese solicitado.

Los actores políticos no pueden hacer valer irregularidades que ellos mismos hayan provocado. Uno de los principios generales de derecho señala que nadie puede beneficiarse de su propio dolo. En el ámbito de las nulidades eso significa que un partido político no puede invocar a su favor causas de nulidad, hechos o circunstancias que el mismo partido ha provocado.

Consecuentemente se considerarán como violaciones graves, aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados, y se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral.

La reforma 2014 introdujo nuevas causales de nulidad a nivel constitucional relacionadas con las condiciones de equidad en el proceso, en cuanto a recursos financieros y acceso a los medios de comunicación.

Pero determinar si la infracción respectiva resulta cualitativa o cuantitativamente determinante para invalidar la elección de que se trate, no es un obstáculo para establecer una verdadera sanción a la conducta ilegal, que se relaciona con esta.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo que, para declarar la nulidad de una elección por violación a los principios constitucionales “es necesario que esa violación sea grave, generalizada o sistemática y, además determinante, de tal forma que trascienda al normal desarrollo del procedimiento electoral o al resultado de la elección, esto es, que su influencia sea de tal magnitud que haya afectado el resultado electoral definiendo al candidato ganador”.

Tal y como se observa, el concepto denominado determinante, permite que no se inhiba la conducta ilegal, y que esta se pueda repetir en cada elección, en virtud de que la sanción no causa un efecto directo en la participación ya sea del candidato o del partido político que lo postula, la multa en todo caso se aplica con los propios recursos públicos que como prerrogativas se les han otorgado.

En consecuencia no existe un resarcimiento a la sociedad como sucede en cualquier otro tipo de violaciones legales, y se coloca al infractor en un estado de excepción, más que de castigo.

El TEPJF ha señalado también que “el carácter determinante no está supeditado exclusivamente a un factor cuantitativo o aritmético, sino que también se puede actualizar a partir de criterios cualitativos; por las circunstancias particulares en las que se cometió la infracción; por las consecuencias de la transgresión o la relevancia del bien jurídico tutelado que se lesionó con la conducta infractora; así como por el grado de afectación del normal desarrollo del procedimiento electoral, respecto a la garantía de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad”. Tal y como se observa, algunas veces tendrá mayor relevancia el aspecto cualitativo que el cuantitativo y viceversa, pero eso no debería eximir de la responsabilidad al infractor como viene sucediendo y mucho menos de la sanción que se le debe aplicar, misma que se evade cuando se estableció el concepto de determinante.

En ese orden de ideas no se inhiben las violaciones legales, por el contrario se ignoran los preceptos legales, en tanto no se alcancen los umbrales que se establecieron para la determinancia, que dicho sea de paso, lo que permite es la legitimación de una elección y la continuidad en la participación del infractor, para que siga violando la ley.

Esto repercute en un mensaje equivocado que recibe la ciudadanía, puesto que se percibe con claridad la falta de respeto a las reglas y procedimientos establecidos a través de un límite que permite violar la ley y que no garantiza su el derecho ciudadano al ejercicio del voto, libre, universal, secreto y directo.

Por esta razón propongo una reforma electoral trascendente que establezca otro tipo de sanción para los criterios de nulidad relacionados con las violaciones consideradas en nuestro marco jurídico como graves, dolosas y que aun no siendo determinantes se aplique a los supuestos que se incorporaron mediante la reforma electoral de 2014.

En ese orden de ideas considero que no es necesario convocar a una elección extraordinaria y al dispendio de recursos económicos provenientes de los impuestos de la ciudadanía que eso conlleva, sino al acceso del segundo lugar al cargo, siempre y cuando este demuestre no haber incurrido en violaciones a la ley.

La presente iniciativa busca lograr mayor eficacia en nuestro sistema sancionador, al establecer la suspensión de la participación del candidato y de su instituto político en la elección inmediata siguiente, evitando con ello la simulación del cumplimiento de la ley, al pagar como se hace hasta ahora, multas económicas con recursos públicos.

Sin duda esta modificación contribuye a la trasparencia, la rendición de cuentas, y la eficiencia de nuestro actual sistema electoral, debido a que uno de los propósitos de nuestra legislación es la igualdad y la equidad en los procesos electorales.

El principio de equidad en la contienda se configura como uno de los valores superiores del ámbito electoral y los sistemas democráticos han creado formas de control, tales como la determinación de topes de campaña.

La legislación establece la cantidad de recursos económicos para que el ciudadano sea debidamente informado, para que sea convencido y no comprado, por ello cuando se rebasan los límites del gasto de campaña, se compra cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; o se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas; cada peso adicional gastado es fuente de ilegitimidad.

En ese contexto nuestro marco normativo establece la nulidad de la elección, pero es ambiguo en el paso siguiente, pues permite ahorrarle el costo económico al infractor y se lo cobra al ciudadano, como si este último fuera el transgresor de la ley, violando por partida doble sus derechos.

Sin una sanción efectiva se repite la conducta y no se logra inhibir esta práctica nociva que se presenta de manera constante en nuestro sistema electoral.

Opiniones como la del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se han expresado en este sentido:

“En ese orden, es impostergable reflexionar acerca de temas coyunturales relacionados con la instrumentación de los procesos electorales.

1) La idoneidad de que las medidas cautelares, atendiendo a su naturaleza precautoria, se asignen integralmente a la competencia en sede judicial, para dar homogeneidad y celeridad al procedimiento especial sancionador a fin de hacerlo más eficaz.

2) La eventual redefinición del esquema sancionatorio respecto de conductas que trastoquen el modelo de comunicación política en forma grave, para que la punición no se concentre esencialmente en el ámbito patrimonial de los partidos políticos y candidatos, y se transite a medidas de carácter funcional que establezcan como consecuencia jurídica, restringir la participación de partidos políticos o candidatos en los respectivos procesos electorales o subsecuentes, ya que finalmente las multas se pagan con financiamiento público, lo que pone en duda el carácter ejemplar y disuasorio de la sanción”.

Los partidos políticos juegan constantemente con los topes de campaña, en la pasada elección de diputados se observaron claros ejemplos de institutos políticos y candidatos que demostraron su falta de respeto al ciudadano y la violación flagrante de la legislación al rebasarlos como una práctica de inversión que les retribuye asumir cargos públicos.

Hasta ahora la invalidez de una elección aparece como una opción, más que como una premisa y no se considera la necesidad de evitarle al ciudadano los costos que se generan, mucho menos cancelar a los partidos políticos y a los candidatos, su participación, en virtud de que son ellos los que infringen la ley y los causantes directos del abstencionismo y escepticismo sobre el funcionamiento de nuestro sistema democrático.

Con el objeto de implantar de manera adecuada las reformas constitucionales en materia político-electoral, se expidieron leyes secundarias en la materia como la Ley General de Partidos Políticos, con la que se busca regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos, tanto a nivel federal como local, así como distribuir competencias entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que tiene por objeto reglamentar las normas constitucionales relativas a derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos, el registro de candidatos, la organización de las elecciones, los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, los procesos electorales federales y locales, así como la integración de los organismos electorales.

Asimismo, busca distribuir competencias entre la federación y las entidades federativas y regular la relación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales, cuyo objetivo es establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno.

También se publicaron decretos mediante los que se reformaron varios artículos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se reformaron los artículos relativos a la nulidad de las elecciones, estableciendo que las elecciones federales o locales serán nulas por violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichas violaciones de acuerdo a la reforma político-electoral, deberán acreditarse de manera objetiva y material y se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

De igual forma, se reformó el artículo sobre las normas de interpretación para la resolución de los medios de impugnación previstos en la ley.

Se prevé que las normas se interpretarán conforme a la Constitución, los tratados internacionales celebrados por México, así como a las reglas de interpretación gramatical, sistemática y funcional.

Respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se modificaron los artículos 185 y 192 para establecer que el Tribunal Electoral funcionará de forma permanente con una Sala Superior, siete Salas Regionales y una Sala Regional Especializada.

Las dos nuevas Salas Regionales del Tribunal Electoral que se crean a partir de la reforma constitucional, deberán iniciar actividades en el mes de septiembre de 2017.

La Sala Regional Especializada inició sus funciones antes del inicio del proceso electoral 2014-2015.

En la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se adicionan dos obligaciones a los servidores públicos:

• Cumplir en tiempo y forma los mandatos del Instituto Nacional Electoral y de sus órganos, proporcionarles de manera oportuna y veraz la información que les sea solicitada y prestarles el auxilio y colaboración que les sea requerido por dichas autoridades electorales;

• Abstenerse de infringir, las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas en materia electoral, de propaganda gubernamental y aplicación imparcial de los recursos públicos, así como abstenerse de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

A pesar de lo anterior, los costos de violentar la ley pareciera que son calculados por partidos políticos y candidatos quienes saben que sólo podrán ser sancionados económicamente.

Es decir, resulta más que irónico que se castigue con multas que se pagan con recursos públicos, que no se afecte al trasgresor de la ley sino al ciudadano, que no se inhiba la práctica del engaño, y se simule una supuesta sanción, ineficaz y dañina para nuestro sistema democrático.

Permitir que se rebasen los topes de campaña se traduce en un incentivo para violar la ley, cuando no existe la sanción ejemplar que permita impedir el entredicho de legitimidad del que adolece nuestro sistema democrático y electoral.

En la reciente elección de junio de 2015, se presentaron alrededor de 499 juicios para hacer valer alguna nulidad, y partir de las sentencias de las Salas Regionales y los criterios que adopta la Sala Superior es como se define la aplicación de la normatividad.

Una vez que se logre la comprobación de la existencia de una de las causales establecidas en la reciente reforma político-electoral, ello debe ser motivo suficiente para anular el resultado, para la revocación de la constancia de mayoría otorgada por los consejos distritales, para que quienes cumplieron con el marco normativo, asciendan a la ocupación del cargo de elección popular y se cancele la participación del infractor en la siguiente contienda.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como máxima autoridad jurisdiccional en la materia, ha conocido de las inconformidades a través del juicio de revisión constitucional.

Esto propicio que en agosto la Sala Superior revocara los dictámenes consolidados del Consejo General del INE y le ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización resolver las quejas relacionadas con el supuesto rebase de tope de gastos de campañas electorales de los entonces candidatos a cargos de elección federal o local presentadas con anterioridad a la aprobación de dicho dictamen.

Consecuentemente no se puede emitir un dictamen de gastos de campaña si no se han resuelto todas las quejas relacionadas con dichos gastos, ya que por primera vez se estableció como causal de nulidad de las elecciones, el resabe en el tope de estos gastos en un 5%, de ahí que es muy importante que se determine si se rebasó o no el tope establecido con el objetivo de dotar de operatividad al nuevo sistema de fiscalización e impartir justicia.

Hasta ahora no se ha cancelado el registro de un instituto político nacional, ni se ha consignado a persona alguna por el financiamiento fuera de la ley.

No se ha impuesto la máxima sanción que es la cancelación del registro de un instituto político nacional, ni tampoco se ha consignado a persona alguna por un delito en materia electoral y, en específico, por financiamiento.

Como se plantea, una causa de nulidad de la victoria de un candidato es que supere el tope de gasto de campaña con más del cinco por ciento y para hacer posible la anulación de la elección se requiere que entre el primero y segundo lugar exista una diferencia del cinco por ciento de la votación.

Pues bien, es justamente aquí donde existe un grave error en nuestra legislación, porque el simple hecho de rebasar el tope de gasto es sinónimo de violación a la ley, y requerir que para la anulación de la elección exista una diferencia entre el primero y el segundo lugar del cinco por ciento, es inequitativo si el infractor subsana con recursos públicos a través del pago de una multa, su trasgresión.

Es por esto que el segundo lugar debe tener derecho a asumir el cargo de elección popular, siempre que haya dado cumplimiento a la ley, y quien la haya infringido debe ser sancionado y no incentivado a repetir prácticas y la probable comisión de delitos electorales.

Tampoco es congruente endosarle al ciudadano el costo de la violación a la ley cometida por parte de los partidos políticos o candidatos, de tal manera que es innecesario que se repita la jornada electoral generando más costos a la sociedad, toda vez que el segundo lugar o el que haya cumplido con la ley puede ser considerado ganador y quien la haya violado tendría que perder temporalmente su registro, o bien dicho de otra forma impedir que continúe haciendo trampa al sistema suspendiéndole su participación al menos en el siguiente proceso electoral. De esta forma podría resarcir a la sociedad por su conducta ilícita.

Por otro lado los magistrados tienen derecho a investigar la situación fiscal ante el SAT de un candidato, sobre el comportamiento de los ingresos declarados tanto por personas físicas como, de ser el caso, en su calidad de socios de una persona moral, es decir el asunto no se reduce al juicio promovido por un partido y a la auditoría realizada por el INE.

Se observa que las nuevas causales de nulidad aprobadas en la reforma política, pueden institucionalizar el conflicto postelectoral, ya que es previsible que cada elección será impugnada y se solicitará su anulación

Sin embargo para evitar las consecuencias que se generan con nuevas jornadas electorales y los costos que estas conllevan, así como la inhibición de la reiteración de conductas violatorias de la ley, será el objetivo fundamental de la presente propuesta.

El simple rebase del gasto asignado, sin importar la diferencia porcentual que exista entre el primer lugar y el segundo lugar, la compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley, y la utilización de recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas, dará pie a una sanción ejemplar, con independencia de la multa o la anulación de la elección.

La cancelación de triunfos por rebase en topes de gasto de campaña corresponde a los Tribunales Electorales Federales, y la Comisión de Fiscalización del INE sólo se ha limitado a acordar los siguientes criterios sancionadores en materia económica:

1. El no informar gasto se sanciona con el 150 por ciento del monto involucrado.

2. El no acreditar gasto con el 100 por ciento de la cifra identificada.

3. La no presentación de informes, el no uso del Sistema Integral de Fiscalización o la no apertura de cuentas bancarias para los candidatos, se sanciona tomando como referencia el 30 por ciento del tope de gasto de la campaña involucrada por el porcentaje de financiamiento público, local o federal según sea el caso, que le corresponde al partido político omiso.

4. También se sanciona el realizar pagos mayores a 90 días de salario mínimo realizados en efectivo, con el 100 por ciento del monto.

Como se observa hasta ahora las sanciones son sólo multas siendo que la Comisión de Fiscalización aprobó proponer al Consejo General sanciones para las últimas elecciones por 131 millones de pesos por faltas detectadas en los informes de las campañas federales.

La distribución de esas sanciones entre partidos políticos y coaliciones fue la siguiente: (Los datos se dan en millones de pesos)

PAN 3.4

PRI 0.9

PRD 4.0

PT 9.3

PVEM 56.9

Movimiento Ciudadano 13.7

Morena 13.0

Partido Humanista 13.0

Encuentro Social 5.7

Coalición PRI-PVEM 4.4

Coalición PRD-PT 5.7

Total 131.1

Para el caso de espectaculares, se realizaron tareas de monitoreo en los 300 distritos electorales en que se divide la geografía del país, y se obtuvo la evidencia de 40 mil 66 que incluyen espectaculares, vallas, panorámicos, entre otros. De estos, los partidos políticos y candidatos no habían reportado 15 mil 966, es decir más de 39.8 por ciento.

Así, con el monitoreo del INE y tras dar oportunidad a los actores políticos de acreditar esos gastos, se identificaron erogaciones no reportadas en ese tipo de propaganda por 9 millones 825 mil pesos, que se tradujeron en una sanción equivalente.

De los nueve dictámenes aprobados para campañas locales correspondientes a las elecciones locales de Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán, se identificaron mil 110 millones de ingresos en las cuentas bancarias de los partidos, de los cuales acreditaron gastos por 928 millones de pesos.

Las sanciones contenidas en esos nueve proyectos de resolución alcanzaron los 182.2 millones de pesos. Esta es la clasificación por Estado. Los montos se dan en millones de pesos:

Baja California Sur 15.6

Distrito Federal 33.8

Guerrero 12.1

Jalisco 54.7

Morelos 3.6

Querétaro 7.5

San Luis Potosí 30.0

Sonora 11.2

Yucatán 13.7

Total 182.20

En estas nueve entidades se identificaron 17 rebases de topes de campaña. De ellos cinco son candidatos ganadores, pero ninguno tiene un porcentaje de diferencia respecto al segundo lugar menor al 5 por ciento.

Fundamento legal

Por lo expuesto, la suscrita, diputada Isaura Ivanova Pool Pech, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma la fracción VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 41.

I. a V. ...

VI. ...

...

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves dolosas y determinantes en los siguientes casos:

a)...

b)...

c)...

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

Cuando existan violaciones dolosas o graves, aun sin importar que estas sean determinantes por la diferencia de la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar, los candidatos como los partidos políticos que hayan violado las causales a que se refiere esta fracción, no podrán participar en la elección inmediata siguiente, con independencia de la aplicación de la nulidad y/o las multas correspondientes.

En caso de que se decrete la nulidad de la elección, se declarará ganador de los comicios al partido político o candidato que resulte con mayor votación siempre y cuando haya dado cumplimiento a las disposiciones legales, sin que sea necesaria la realización de una elección extraordinaria.

Si ninguno de los contendientes diera cumplimiento a la ley, se realizará una elección extraordinaria en la que no podrán participar los candidatos ni los partidos políticos que formaron parte de la contienda, por lo que se realizará un nuevo registro de candidatos.

Las violaciones relacionadas con esta fracción implican la pérdida temporal del registro del candidato y del partido político o coalición involucrados, al menos en la elección inmediata siguiente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Artículo 41 fracción VI, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Se considerarán determinantes cuando la diferencia entre los candidatos en el primer y segundo lugar sea menor al 5 por ciento.

3 Favela Herrera, Adriana M. 2012. Teoría y práctica de las nulidades electorales. México: Limusa.

4 Ley General de Sistemas y Medios de Impugnación en Materia Electoral, artículos 4 y 78 bis

5 Ley General de Sistemas y Medios de Impugnación en Materia Electoral, artículos 5 y 78 bis

6 SUP-JIN-359/2012

7 Versión estenográfica del mensaje del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza, en la presentación de su Informe Anual de Labores 2014-2015 ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados del TEPJF e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.

8 http://www.dof.gob.mx//avisos/2358/SG_230514_01/SG_230514_01.html

9 Acuerdo entre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el SAT por el que se establecen los mecanismos necesarios para cruzar la información. (Marzo2015).

Convenio entre el INE y el SAT había que permite a la Comisión de Fiscalización acceder a la base de datos fiscales de los candidatos. (Febrero 2015).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputada Isaura Ivanova Pool Pech(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Pool Pech. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Sonido a la curul de la diputada Eva Cruz, con una disculpa, diputada, había solicitado la palabra anteriormente.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina (desde la curul): Gracias, presidente. Pedirle al diputado Jesús Díaz Mena, que presentó la iniciativa anterior, de unirme a su iniciativa porque habla de los desastres que en cada estado, más principalmente en Oaxaca han pasado también esos desastres y queremos que todo se tome en cuenta, digamos, esa iniciativa, para que ahora sí que tengamos todo el apoyo del gobierno federal y de la Comisión Federal de Electricidad, que a veces cuando pasan los desastres ni siquiera la luz, digamos, nos permite comunicarnos. Para eso, digamos, le pido al diputado sumarme a su iniciativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. El diputado Díaz Mena está de acuerdo con su propuesta. Está a su disposición aquí, en la Secretaría de la Mesa Directiva para la firma correspondiente.



LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, que a nombre de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 328 y 329 Bis 1 de la Ley General de Salud.

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez:Gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Hace 53 años que en nuestro país se realizó el primer trasplante, que fue un trasplante de riñón. Y gracias a ese procedimiento el paciente logró vivir más de 30 años.

De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, se requieren en este momento cerca de 20 mil trasplantes en nuestro país, cantidad que pudiese ser aún mayor, dado que segundo a segundo se siguen diagnosticando enfermedades crónicas en que los padecimientos afectan a diferentes órganos y tejidos.

Es por ello que es muy necesario generar una cultura de donación de órganos, ya que para muchos de los receptores el trasplante de un órgano es su única alternativa de vida.

Se habla de que llegan a fallecer sin recibir un trasplante de riñón, hasta el 50 por ciento de las personas que lo necesitan, y de entre el 15 y el 25 por ciento de los demás casos que están en la lista de espera.

La donación de órganos es un proceso médico que está sujeto a supervisión y verificación de diferentes autoridades administrativas, y en ocasiones hasta judiciales.

Las estadísticas señalan que la entrega del cuerpo del donante al familiar puede tardar entre 6 y 24 horas. Pero si el donante perdió la vida en un hecho delictivo, dicha entrega pudiese prolongarse por días, ya que la ley de la materia es omisa en precisar un término para que el Ministerio Público intervenga. Con lo que además del dolor de la familia se generan gastos en la manutención del donante y en el tratamiento del receptor, reduciendo de esta manera la potencialidad de la donación.

En suma, el trasplante de un órgano como procedimiento tiene un costo elevado. Y si a éste le agregamos el tiempo de actuación del Ministerio Público, el monto podría ser muy, muy alto.

Por lo anterior, es que presento una iniciativa de reforma a dos artículos a la Ley General de Salud, con la finalidad de agilizar el procedimiento de trasplante de órganos en beneficio de todas las personas que están en este momento en espera de un órgano para poder salvar su vida.

Lo que propongo es reformar el artículo 328 de la Ley General de Salud, para que quede de la siguiente manera. Que la atención que brinde el Ministerio Público sea sensible, oportuna, inmediata y expedita; es decir, prioritaria sobre cualquier otro asunto.

El Ministerio Público debe instruir inmediatamente al perito médico legista para que se traslade al establecimiento, a efecto de determinar si la disposición de los órganos y tejidos están relacionados o no con los hechos motivo de una carpeta de investigación.

Asimismo, con la finalidad de que se puedan utilizar los órganos de los donadores a los que se les declara con muerte cerebral en un establecimiento sin licencia para realizar trasplantes, se propone adicionar una fracción, un artículo 329 Bis 1 para autorizar de manera excepcional y por única ocasión el traslado del donante a un hospital que sí cuente con dicha licencia, a fin de que se pueda concretar la donación.

Además, en ambos artículos se prevé que en caso de infringir alguno de los numerales mencionados, el responsable será sujeto a sanciones administrativas y/o penales previstas en la legislación aplicable en el ámbito de su competencia.

En el Partido Verde nos hemos comprometido a mejorar los diferentes campos de atención a la salud, con calidad, oportunidad y seguridad. Por ello, es que presento esta iniciativa, y tal y como lo he venido haciendo, continuaré promoviendo la suma de esfuerzos y acciones para que las unidades médicas, jurídicas y gubernamentales de todo el país apliquen la normatividad de manera estricta en beneficio y para seguridad de la población.

Si la Presidencia de esta Cámara me lo permite, haré llegar a ustedes, compañeras y compañeros diputados, un tríptico con información. Y, asimismo, una tarjeta donde ustedes podrán plasmar su deseo de ser donadores.

Estos trípticos los hicieron llegar de Cenatra, que es el Centro Nacional de Trasplantes, y aquí cada uno de nosotros podemos plasmar si queremos ser donantes o no. Asimismo, los invito también a que se adhieran a esta iniciativa, que es en beneficio de todas y de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 328 y 329 Bis 1 de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado José Refugio Sandoval Rodríguez y diputados del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 328 y se adiciona un artículo 329 Bis 1 a la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El marco jurídico en materia de donación y trasplantes de órganos y tejidos se encuentra regulado en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, donde se señala que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” lo cual se debe traducir en hechos a favor de una vida saludable y de calidad; en el título décimo cuarto de la Ley General de Salud denominado Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida; el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes; el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; la circular C/001/2016 emitida en la Ciudad de México por el procurador general de Justicia del Distrito Federal por la cual se establecen lineamientos de actuación para atender las solicitudes de intervención para la disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines de trasplante, cuando la pérdida de la vida del donante esté relacionada con la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito (publicada el 25 de enero 2016); además de la normativa internacional que establecen los principios rectores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos; la Declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos y el turismo de trasplante; y la Declaratoria de rechazo al turismo de trasplantes de la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes.

Además, el tema materia de esta iniciativa está en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 dentro de la Meta Nacional: México Incluyente; Objetivo de la Meta Nacional 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud; Estrategia del Objetivo de la Meta Nacional 2.3.4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad; Objetivo de Programa Sectorial 2 Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad; Estrategia del Objetivo del Programa Sectorial de Salud 2.1 Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la población mexicana, independiente de su condición social o laboral y la Línea de Acción de la Estrategia del Programa Sectorial de Salud 2.1.6 Fortalecer las acciones de la donación de órganos y los trasplantes.

La Ley General de Salud cita en su artículo 314 diversos conceptos relacionados con el tema a tratar. Por donador o disponentese entiende “al que tácita o expresamente consiente la disposición en vida o para después de su muerte, de su cuerpo, o de sus órganos, tejidos y células”, (fracción VI); al trasplantese le define como “la transferencia de un órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra, o de un individuo a otro y que se integren al organismo” (fracción XIV); por órganose alude “a la entidad morfológica compuesta por la agrupación de tejidos diferentes, que mantiene de modo autónomo su estructura, vascularización y capacidad de desarrollar funciones fisiológicas” (fracción X); en tanto que al tejidose le concibe como “la agrupación de células especializadas que realizan una o más funciones” (fracción XIII).

El trasplante de órganos y tejidos se presenta como una alternativa terapéutica para aquellos pacientes con padecimientos cuya consecuencia es la insuficiencia irreversible de algún órgano o la disfunción de algún tejido. En algunos casos, es la única alternativa terapéutica para conservar la vida.

Según los expertos, los trasplantes pueden ser la solución para más de 40 enfermedades en que los padecimientos crónicos afectan diferentes órganos y tejidos. Los casos más comunes son la insuficiencia renal crónica, la hepática (hígado), la del corazón y pulmón.

La donación de órganos es un proceso médico complejo y está sujeto a supervisión y verificación de diferentes autoridades. En nuestro país el Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como de las entidades federativas. El Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) es quien lo coordina coadyuvando con los centros estatales de trasplantes, las personas físicas o morales de los sectores público, social y privado que presten servicios de salud o se dediquen a actividades relacionadas con los trasplantes o la donación de órganos, tejidos y células, así como por los programas y los mecanismos de vinculación, coordinación y colaboración de acciones que se establezcan entre éstas.

Por su parte, la ley de la materia señala que los establecimientos de salud que realicen actividades relacionadas con los trasplantes o donación de órganos deberán contar con licencia sanitaria y con un comité interno de coordinación para la donación de órganos y tejidos, que será presidido por el director general o su inmediato inferior que sea médico con un alto nivel de conocimientos académicos y profesionales en la materia. Asimismo, contarán con un coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos para trasplantes, quien debe estar disponible de manera permanente y deberá contar con experiencia en la materia y estar capacitado por la Secretaría de Salud para desempeñar esa función.

Los órganos y tejidos para trasplante pueden tener dos orígenes:

a) De un donador vivose pueden obtener: un riñón, un segmento o lóbulo del hígado, un segmento o lóbulo de pulmón, sangre o precursores de la misma.

b) De un donador que ha perdido la vida, dependiendo de las circunstancias de su muerte, se pueden obtener órganos y tejidos.

Los órganos que se pueden trasplantar son: corazón, riñones, hígado, páncreas y pulmón. En tanto que los tejidos susceptibles de ser trasplantados son: médula ósea, córneas, piel, hueso, válvulas cardíacas, cartílago, tendones, arterias y venas.

En caso de muerte, únicamente pueden ser donadores las personas que pierden la vida por un paro cardio-respiratorio o que se le ha declarado muerte encefálica (cerebral) siendo estos últimos, los únicos que pueden donar órganos y tejidos, ya que en el caso de los primeros solamente pueden donar tejidos.

El Cenatra señala que la muerte encefálica es la pérdida permanente e irreversible de conciencia y de respuesta a estímulos sensoriales, la ausencia de automatismo respiratorio, y la evidencia de daño irreversible del tallo cerebral, manifestado por arreflexia pupilar (falta de respuesta de las pupilas a la luz), ausencia de movimientos oculares y ausencia de respuesta a estímulos nociceptivos. Debiéndose descartar que dichos signos sean producto de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas.

“A partir del diagnóstico clínico de la muerte encefálica, se plantea un cambio en la orientación del tratamiento, dirigido al soporte y la protección de los órganos a trasplantar ya que la muerte encefálica llevará irreversiblemente hacia la parada cardíaca, momento en que los órganos ya no podrían ser utilizados. Durante la muerte encefálica se producen cambios fisiopatológicos importantes en los sistemas cardiovascular y respiratorio, así como cambios en el equilibrio metabólico y hormonal. El mantenimiento del donante deberá corregir estas alteraciones con el fin de preservar la viabilidad de los órganos”.

“Dentro del proceso de donación, el mantenimiento del donante cadavérico es crucial para hacer real la donación y el trasplante, haciendo hincapié en que a mayor tiempo de muerte encefálica, mayor deterioro del donante cadavérico y menor potencialidad de donación.

El objetivo principal en el manejo del donante de órganos en muerte encefálica es evitar el paro cardiaco, así como el mantenimiento del estado hemodinámico; alcanzar normovolemia, mantener la presión arterial adecuada y optimizar el gasto cardiaco para alcanzar un gradiente de presión de perfusión y de flujo sanguíneo que promueva la función de órganos con empleo de mínima cantidad de medicamentos vasoactivos”.

Lo anterior nos permite reflexionar que la manutención del donante en situaciones óptimas genera una inversión significativa de recursos, por lo cual mientras más rápido se realice un trasplante de órganos, menor será dicha inversión; además de que a mayor tiempo de muerte encefálica, existe una menor potencialidad de donación.

De acuerdo con el artículo 334 de la Ley General de Salud, para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida, deberá cumplirse lo siguiente:

I. Comprobar, previamente a la extracción de los órganos y tejidos y por un médico distinto a los que intervendrán en el trasplante o en la extracción de los órganos o tejidos, la pérdida de la vida del donante, en los términos que se precisan en este título;

II. Existir consentimiento expreso del disponente, que conste por escrito o no constar la revocación del tácito para la donación de sus órganos y tejidos;

II Bis. Proporcionar información completa, amplia, veraz y oportuna al o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante de la persona fallecida, conforme a la prelación señalada, de los procedimientos que se llevarán a cabo, y

III. Asegurarse que no exista riesgo sanitario.

Ahora bien, la ley de la materia señala en los artículos 328 y 335 Bis que en los casos en que la causa de la pérdida de la vida se presuma vinculada con la comisión de un delito, los coordinadores hospitalarios de la donación de órganos y tejidos para trasplantes deberán notificar al Ministerio Público de manera inmediata la identificación de un donante fallecido para la extracción de órganos y tejidos.

Asimismo, de acuerdo con el título sexto del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes denominado “Intervención del Ministerio Público y de la Autoridad Judicial en la donación de órganos, tejidos o células”, se establece que “en los casos en que la pérdida de la vida del donador se encuentre relacionada con la investigación de un delito, se dará intervención al Ministerio Público, a efecto de que se pronuncie respecto de si la extracción de los órganos, tejidos y células de dicho donador interfiere con su investigación”.

El fundamento de la intervención del Ministerio Público se sustenta en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que la facultad de investigar los delitos le corresponde a esta institución.

Es importante tener claro que las determinaciones del Ministerio Público no constituyen una autorización para efectuar la extracción de los órganos, tejidos y células, sin embargo, dicho pronunciamiento sí es un impedimento para poder disponer del donante .

El tema a cuestionarse es que ni la ley de la materia ni su reglamento precisan un término para que el Ministerio Público desahogue su intervención, dejándolo a su libre arbitrio;con lo cual se hace más larga la espera de aquellas personas que necesitan de un órgano para vivir o mejorar sus condiciones de vida; se genera mayor inversión de recursos para la manutención del donante; y se incrementa el tiempo de muerte encefálica, disminuyendo así el potencial de donación.

De acuerdo con el Cenatra, hoy existen 20 mil 457 personas que requieren de un trasplante y se distribuyen de la siguiente manera: 12 mil 486 personas esperan recibir un trasplante de riñón; 7 mil 499 personas esperan recibir un trasplante de córnea; 394 personas esperan recibir un trasplante de hígado; 56 personas esperan recibir un trasplante de corazón; 10 personas esperan recibir un trasplante de páncreas; 9 personas esperan recibir un trasplante de riñón-páncreas; 2 personas esperan recibir un trasplante de hígado-riñón y 1 persona está a la espera de recibir un trasplante de corazón-pulmón.

El Cenatra también señala que el tiempo para que sea entregado un donante puede variar, según las circunstancias de la donación y si se trata de una donación de múltiples órganos y tejidos. A partir de la confirmación de diagnóstico de muerte encefálica se puede tardar entre 6 y 24 horas, pero si a este número de horas le sumamos el tiempo indefinido que puede durar la intervención del Ministerio Público, la entrega puede tardar aún más, con lo cual se reduce la viabilidad en la donación, además de que tanto el dolor de la familia del donante como del receptor se incrementa.

Aunado a lo anterior, se tienen porcentajes de las personas que pierden la vida porque no llegó a tiempo el órgano que esperaban, por ejemplo, el responsable del Programa de Trasplante Hepático del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) menciona que “se habla de entre 15 a 25 por ciento de casos del total de quienes están en las listas de espera en general”. En el caso particular de quienes necesitan un riñón se estima que llegan a fallecer hasta 50 por ciento de personas sin ser trasplantadas”.

Por su parte, el director general del ISSSTE ha impulsado especialmente los programas de trasplante, lo cual representa aumentar la esperanza de vida para pacientes con cirrosis hepática, cuya mortalidad ha aumentado en 32.5 por ciento en los últimos 25 años.

El trasplante de un órgano como procedimiento tiene un costo elevado y si a éste le sumamos el tiempo que genere la intervención del Ministerio Público, el costo podría ser incuantificable.

Todo lo descrito, permite ver la importancia de la propuesta que se plantea, ya que si el donante pierde la vida en hechos posiblemente constitutivos de delito, y el coordinador hospitalario le da vista al Ministerio Público, la atención que brinde este último debe ser “sensible, oportuna, inmediata y expedita, es decir prioritaria sobre cualquier otro asunto,” atendiendo a la importancia del tema en cuestión, pensando fundamentalmente en las miles de personas que están a la espera desde hace varios años de un órgano y que éste puede ser la diferencia entre vivir o morir.

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la atención que brinde el Ministerio Público deberá ser:

Sensible, es decir receptivo a determinados asuntos o problemas y proclive a ponerles solución;

Oportuna, es aquella atención que se hace o sucede en tiempo a propósito y cuando conviene;

Inmediata, hacer que sucede enseguida, sin tardanza; y

Expedita, pronto a obrar, libre de todo estorbo.

En suma, a mayor tiempo de respuesta por parte del Ministerio Público, menor potencialidad en la donación; mayor inversión en el donante y menor calidad de vida para el receptor, razón por la cual es fundamental se precise en el artículo 228 de la Ley General de Salud que:

La atención que brinde el Ministerio Público a la familia del donante y a la petición del coordinador hospitalario deberá ser sensible, oportuna, inmediata y expedita, es decir prioritaria sobre cualquier otro asunto.

El Ministerio Público instruirá al perito médico legista en el ámbito de sus atribuciones para que se traslade al establecimiento, a efecto de determinar si la disposición de los órganos y tejidos están relacionados o no con los hechos motivo de una carpeta de investigación.

Cualquier impedimento, negación o retardo del servicio para que se lleve a cabo el trasplante de un órgano o tejido dará lugar a las responsabilidades administrativas y penales previstas en la legislación aplicable al ámbito de su competencia.

Es fundamental tener presente que el trasplante en algunos casos, es la única alternativa terapéutica para conservar la vida.

Además, como ya se mencionó, de conformidad con la fracción I del artículo 315 de la Ley General de Salud, los establecimientos de salud requieren de licencia sanitaria y personal debidamente capacitado para la extracción, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células.

Al respecto, el Cenatra señala que existen más de 400 hospitales distribuidos en todo el sector salud (de carácter social, públicos y privados) autorizados para llevar a cabo diferentes tipos de trasplantes.

“La mayoría de los hospitales que realizan trasplantes se encuentran en las capitales de las entidades federativas y en las ciudades más grandes del país. La capacidad técnica de sus cirujanos y los programas de trasplantes se distinguen por su gran calidad. En México se hacen trasplantes desde 1963 y se han realizado alrededor de 40 mil”.

Desgraciadamente, no todos los hospitales cuentan con licencia sanitaria para poder realizar trasplantes de órganos, por lo tanto si en el hospital donde muere el donante no se cuenta con dicha licencia no se podrá realizar el trasplante y los órganos se pierden, razón por la cual presento una propuesta para adicionar un artículo 239 Bis 1, a efecto de autorizar de manera excepcional y por única ocasión para que en el caso de que el hospital no cuente con la licencia sanitaria se le permita el traslado del donante a un hospital que sí cuente con ésta.

El artículo que se propone es el siguiente:

329 Bis 1. En caso de que en el establecimiento no exista licencia sanitaria para realizar el trasplante en términos del artículo 315, fracción I, se permitirá el traslado del donante, de forma excepcional y por única ocasión, a un establecimiento con licencia, a fin de que se pueda concretar la donación.

En caso de infringir este artículo iniciando un segundo procedimiento en el establecimiento sin licencia, el responsable sanitario será sujeto a responsabilidades administrativas y/o penales.

Los órganos y tejidos son un bien social, debido a que la convocatoria a donar implica valores, creencias y actitudes sobre infinidad de aspectos, sobre la vida y el proceso de muerte, por ello resulta inevitable que se genere una expectativa igual de intensa por parte de la población en torno al buen manejo y la administración de un bien tan valioso, como son los órganos y tejidos donados para trasplante.

A manera de recapitulación, es preciso hacer conciencia de que:

• Únicamente la muerte encefálica abre la posibilidad de donar órganos.

• Para que un establecimiento pueda realizar trasplantes, requiere tener licencia sanitaria y el personal calificado.

• A mayor tiempo de muerte encefálica, menor potencialidad de donación.

• En caso de que el donante pierda la vida en un hecho que pueda ser materia de una carpeta de investigación, el coordinador hospitalario debe dar vista al Ministerio Público y al mismo tiempo se debe continuar con el mantenimiento de los parámetros hemodinámicos y respiratorios hasta confirmar los permisos necesarios para poder hacer el trasplante.

• La intervención del Ministerio Público es para que se pronuncie respecto de si la extracción de los órganos, tejidos y células del donador interfiere con la investigación de algún hecho delictivo.

• El tiempo que el Ministerio Público tarde en desahogar su intervención genera dos tipos de gastos: el de la manutención del donante y el tratamiento del receptor que está luchando contra una enfermedad.

• A mayor tiempo de espera para el trasplante, mayor prórroga del dolor de la familia del donante y menor calidad de vida del receptor.

Por todo lo anterior, es que se propone la presente iniciativa a efecto de agilizar el procedimiento de trasplante de órganos, en beneficio de todas las personas que están a la espera de un órgano para mejorar su calidad de vida o incluso para seguir viviendo.

Finalmente, en atención a las reformas que en materia penal se han impulsado durante el periodo 2008-2016, también me permito proponer que en el artículo 328 de la Ley General de Salud se sustituya el término “averiguación” por “investigación” de un delito, misma que se encuentra regulada en el título III Etapa de Investigación, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En el Partido Verde Ecologista de México nos hemos comprometido a mejorar los diferentes campos de atención a la salud a través de la calidad, la oportunidad y la seguridad, por ello presentamos esta iniciativa y continuaremos promoviendo la suma de esfuerzos y acciones a fin de que las unidades médicas, jurídicas y gubernamentales de todo el país apliquen la normatividad de manera estricta en beneficio y para seguridad de la población.

En razón de lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 328 y se adiciona un artículo 329 Bis 1 a la Ley General de Salud

Único. Se reforma el artículo 328 y se adiciona un artículo 329 Bis 1 a la Ley General de Salud, para quedar como a continuación se presenta.

Artículo 328. Sólo en caso de que la pérdida de la vida del donante esté relacionada con la investigación de un delito, o se desconozca su identidad o forma de localizar a sus parientes, se dará intervención al Ministerio Público y a la autoridad judicial, para la extracción de órganos y tejidos.

La atención que brinde el Ministerio Público a la familia del donante y a la petición del coordinador hospitalario deberá ser sensible, oportuna, inmediata y expedita, es decir prioritaria sobre cualquier otro asunto.

El Ministerio Público instruirá al perito médico legista en el ámbito de sus atribuciones para que se traslade al establecimiento, a efecto de determinar si la disposición de los órganos y tejidos están relacionados o no, con los hechos motivo de una carpeta de investigación.

Cualquier impedimento, negación o retardo del servicio para que se lleve a cabo el trasplante de un órgano o tejido, dará lugar a las responsabilidades administrativas y penales previstas en la legislación aplicable en el ámbito de su competencia.

329 Bis 1.En caso de que en el establecimiento no exista licencia sanitaria para realizar el trasplante en términos del artículo 315, fracción I, se permitirá el traslado del donante, de forma excepcional y por única ocasión, a un establecimiento con licencia a fin de que se pueda concretar la donación.

En caso de infringir este artículo iniciando un segundo procedimiento en el establecimiento sin licencia, el responsable sanitario será sujeto a responsabilidades administrativas y/o penales.

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Muerte encefálica y mantenimiento del donante de órganos. Ricard Valero. http://www.scartd.org/arxius/donants05.pdf

2 Mantenimiento del donante cadavérico en la Unidad de Terapia Intensiva. Revista de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Abril-junio 2013. http://www.medigraphic.com/pdfs/ medcri/ti-2013/ti132g.pdf

3 Artículo 328.Sólo en caso de que la pérdida de la vida del donante esté relacionada con la averiguación de un delito, o se desconozca su identidad o forma de localizar a sus parientes, se dará intervención al Ministerio Público y a la autoridad judicial, para la extracción de órganos y tejidos.

Artículo 335 Bis.Los coordinadores hospitalarios de la donación de órganos y tejidos para trasplantes en turno notificarán al Ministerio Público, de manera inmediata la identificación de un donante fallecido, en los casos en que la causa de la pérdida de la vida se presuma vinculada con la comisión de un delito.

Todas las autoridades involucradas, así como el personal sanitario deberán actuar con la debida diligencia y oportunidad que amerita el caso.

4 CENATRA. Estadísticas.

http://www.cenatra.salud.gob.mx/ interior/trasplante_estadisticas.html

5 Trasplantes de órganos: los mitos provocan muertes. 11 de julio de 2015. http://www.informador.com.mx/jalisco/2015/602798/6/trasplantes-de-organos-los-m itos-provocan-muertes.htm

6 ISSSTE logra complicado trasplante de Hígado. 21 de junio de 2016. http://lopezdoriga.com/nacional/logra-issste-complicado-trasplante-de-higado/

7 http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/trasplante_proceso_trasplante.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputados y diputadas: José Refugio Sandoval Rodríguez,Adolfo Mota Hernández, Candelario Pérez Alvarado, Erick Alejandro Lagos Hernández, Jesús Sesma Suárez, Leonardo Amador Rodríguez, Paulino Alberto Vázquez Villalobos (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sandoval Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza:Gracias, presidente. Diputadas, diputados. A nombre propio y en congruencia con los principios de mi grupo parlamentario, presento esta iniciativa con el propósito de fortalecer las bases constitucionales para optimizar la rendición de cuentas de los servidores públicos ante el Poder Legislativo de la nación.

No es posible que el Poder Legislativo esté limitado para citar a comparecer a los funcionarios en cualquier época del año para tratar asuntos relacionados con la gestión administrativa que les ha sido conferida.

Si bien el artículo 93 de la Carta Magna establece que cualesquiera de las dos Cámaras puede convocar a secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos para que informen, bajo protesta de decir verdad, cuando se discute una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, o para que respondan a interpelaciones o preguntas, en los recesos la Comisión Permanente no tiene estas atribuciones.

La redacción del artículo 93 específica claramente cualquiera de las Cámaras, por lo tanto, la interpretación que se ha dado es que los funcionarios solamente atenderán a la convocatoria cuando el Congreso se encuentre en periodo ordinario de sesiones y no en los recesos.

Esto se traduce en que cuando está en funciones la Comisión Permanente, si surge una situación en la que se requiera la presencia de algún funcionario, este no está obligado a acudir al llamado del Poder Legislativo.

En la práctica se ha manejado como una invitación a la que pueden acudir o no, como si se tratara de un evento social y no de un ejercicio de rendición de cuentas, por eso cuando en la pasada Comisión Permanente se emitió un acuerdo para citar al secretario de Hacienda a que explicara las razones por las cuales se incrementó el precio de las gasolinas nos tuvimos que conformar con la asistencia del subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher.

También se ha dado que los funcionarios pueden pedir que los legisladores acudan a las oficinas de sus dependencias, como sucedió en el último receso, cuando la comisión de seguimiento sobre los hechos ocurridos en Nochixtlán tuvo que trasladarse a las oficinas del secretario de Gobernación para hablar con él. En conclusión, la Comisión Permanente no cuenta con un mecanismo ágil para requerir información a los funcionarios sobre las acciones de gobierno; el único mecanismo es la presentación de proposiciones con punto de acuerdo que tienen que esperar su turno para dictamen, discusión en la comisión y votación en el pleno, de manera que si el asunto es importante para un grupo parlamentario, y no del que preside la comisión que dictamina, podría transcurrir un mes o más para obtener la información que se requiere.

La problemática descrita no es nueva, la discusión sobre la necesidad de convocar a los funcionarios públicos, se dio en enero de 1917, y así quedó plasmada en la Carta Magna, inclusive algunos legisladores proponían entonces que hasta el presidente de la república tuviera la obligación de acudir cuando se le requiriera.

El mandato de la Constitución establecía la posibilidad de que durante el receso la Comisión Permanente podía convocar a secretarios de Estado, ministros de la Suprema Corte y a los gobernadores de los estados, pero el presidente Álvaro Obregón eliminó esta posibilidad en noviembre de 1923. A la fecha seguimos con esta laguna.

Es necesario que los funcionarios comparezcan cada vez que se les llame, es necesario que el presidente de la República rinda cuentas ante los poderes de la unión y no sólo a través de los medios de comunicación a modo, como ocurrió desde el primero de septiembre de 2006 cuando el presidente Fox entregó el informe por escrito por primera vez. Desde entonces el presidente de la República no da la cara a la nación ante sus representantes populares. Es por eso que presento esta iniciativa para que junto con otras que están en la agenda legislativa de Morena, hagamos una contribución a la rendición de cuentas, la transparencia y al combate claro y efectivo en contra de la corrupción. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Virgilio Dante Caballero Pedraza, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene por objeto establecer las bases constitucionales para optimizar la rendición de cuentas de los servidores públicos federales ante el Poder Legislativo de la Nación.

Se trata de que los representantes de la nación no estén limitados para citar a comparecer a los funcionarios en cualquier época del año para tratar asuntos relacionados con la gestión administrativa que se les ha conferido el Ejecutivo federal.

Actualmente los funcionarios de la administración central, de los órganos descentralizados y Entidades, así como los titulares de los Órganos Constitucionales Autónomos, pueden ser citados por cualquiera de las dos cámaras, tal como lo señala el segundo párrafo del artículo 93 de la Carta Magna de la siguiente manera:

“Artículo 93. ...

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.”

Sin embargo, al señalar la especificación “ cualquiera de las cámaras...”, la interpretación que se ha dado, tanto en el Ejecutivo como en las áreas de proceso parlamentario, es que solamente atenderán la convocatoria en caso de que el Congreso General se encuentre en periodo Ordinario de Sesiones y no en los recesos. Dado que las Cámaras no están en funciones plenas, en los recesos se instala la Comisión Permanente conforme lo que establece la Constitución en el artículo 78 que señala:

“Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros...”

Considerando los términos del artículo 93, cuando en las Sesiones de la Comisión Permanente surge una situación en la que se requiera la presencia de un Secretario o titular de alguna dependencia, ésta se ha manejado en la práctica como una “invitación”, a la que pueden acudir o no. O bien, los funcionarios pueden pedir que los legisladores acudan en las oficinas de la dependencia, inclusive podría no llevarse a cabo reunión alguna, ya que constitucionalmente no están obligados a atender los llamados de la Comisión Permanente.

Como ejemplo se puede citar los casos presentados en la Comisión Permanente en el Segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Se formó una Comisión especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca el 19 de junio de 2016 y los Senadores integrantes no pudieron citar a los titulares de las unidades responsables por carecer de facultades constitucionales, de manera que tuvieron que desplazarse a la Secretaría de Gobernación para reunirse con el Secretario del Ramo. En una segunda ocasión el Secretario de Gobernación los recibió también en sus oficinas.

Lo mismo sucedió con la Comisión Especial para seguimiento de los Procesos Electorales. El Presidente Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), solicitó a los legisladores que se trasladaran hasta el Sur de la Ciudad y a media reunión se disculpó porque tenía un viaje previamente programado y dejó a los representantes populares concluir la reunión con personal subalterno del INE.

También sucedió cuando se pretendía citar al Secretario de Hacienda para que explicara las causas por las que se incrementó el precio de las gasolinas. Los Legisladores se tuvieron que conformar con la asistencia del Subsecretario.

Los senadores y diputados integrantes de la Comisión Permanente agradecieron la atención del Secretario de Energía, el Director de PEMEX y la presencia de la Procuradora Arely Gómez, quienes asistieron, y así se entiende, como una cortesía hacia los representantes populares.

En conclusión y de acuerdo con lo que establece la Ley Suprema, el Congreso General está impedido para obligar a los funcionarios a la rendición de cuentas en los recesos.

En consecuencia, fuera de los periodos ordinarios, la Comisión Permanente no cuenta con un mecanismo ágil para requerir información a los funcionarios sobre las acciones de gobierno. El único mecanismo es la presentación de proposiciones con punto de acuerdo que se filtran por las Comisiones de Trabajo en donde con frecuencia se procesan con celeridad asuntos triviales y se dejan para el final todos los que tienen que ver con las responsabilidades administrativas, la corrupción y la rendición de cuentas.

Si bien la Comisión Permanente ha evolucionado y los legisladores tienen más posibilidad de incidir en la política nacional, aun no es suficiente. Esta evolución es producto del esfuerzo de los representantes populares para poder ejercer la función conferida por la ciudadanía en las urnas.

La problemática descrita no es nueva. La discusión sobre la necesidad de la presencia de los funcionarios públicos, se dio durante el debate del paquete de artículos previsto para la noche del 15 de enero de 1917, en donde se incluyó el artículo 79.

La discusión versaba sobre las facultades de la Comisión Permanente, entre las que se propuso que era necesario que tuviera la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias en caso de que algún funcionario de alto nivel cometiera un delito grave. El texto propuesto en el dictamen del Constituyente para el artículo 79 fue el siguiente:

Artículo 79. La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

I a III...

IV. Convocar a sesiones extraordinarias, en el caso de delitos oficiales o del orden común cometidos por secretarios de Estado o ministros de la Suprema Corte, y delitos oficiales federales, cometidos por los gobernadores de los Estados, siempre que esté ya instruido el proceso por la Comisión del Gran Jurado, en cuyo caso no se tratará ningún negocio del Congreso, ni se prolongarán las sesiones por más tiempo que el indispensable para fallar.

En 1917, la Constitución contemplaba solamente un periodo ordinario de sesiones que abarcaba cuatro meses, del 1º de septiembre al 31 de diciembre. La preocupación y discusión de los Constituyentes era que en caso de que hubiera alguna irregularidad en el desempeño de algún funcionario, en ocasiones habría que esperar meses hasta que iniciara nuevamente el periodo ordinario para hacer comparecer al responsable. Algo muy interesante es que en la discusión no solamente se referían a los funcionarios, sino que algunos legisladores también pretendían incluir al Presidente de la República, una demanda de los partidos opositores que a la fecha no se ha podido subsanar. Morena lo ha planteado, pero existe una fuerte resistencia, a pesar del discurso reiterado de transparencia y rendición de cuentas. En 1917, en la discusión previa del domingo 14 de enero, el Diputado Céspedes señaló:

“... el artículo posterior, el 108 del proyecto de la Constitución, tampoco establece que el presidente de la República sea responsable de la violación a la Constitución. Como al discutirse el artículo 108 es muy posible que al igual que para todos los ciudadanos, para el presidente de la República se exijan las responsabilidades por una contravención a la carta magna, y como en ese caso si esa violación ocurriere estando la Comisión Permanente en funciones, estando el Congreso en receso, resulta que conforme a este artículo no podrá ser juzgado...”

La mayoría de los legisladores no consideraban pertinente la posición del legislador porque la figura presidencial era considerada desde entonces prácticamente intocable, no obstante las experiencias que tenía el país desde el último tercio del S. XIX hasta Carranza y a pesar de los antecedentes inmediatos de Victoriano Huerta. Sin embargo, el Diputado Machorro Narváez apoyó la postura del diputado Céspedes argumentando:

¿Qué se hace si el presidente de la República viola la Constitución, si viola los derechos individuales, si comete toda clase de depredaciones? ¿Cuántas violaciones hará a la ley si es un Huerta? ¿Cómo se puede proceder contra ese monstruo? ¿Qué hace el país en este caso? ¿Se está cruzando de brazos, víctima indefensa de vejaciones y ultrajes?

Y es que la discusión también era porque el artículo 67 ya establecía que el Congreso tendría sesiones extraordinarias cada vez que las convocara el Presidente de la República, de manera que un grupo importante de legisladores solicitaba que en el artículo 79 quedara establecido que las sesiones extraordinarias también podrían ser convocadas por el Congreso y no de manera exclusiva por el Presidente de la República, en el entendido que cuando se tratara de funcionarios, no se excluyera al Titular del Ejecutivo Federal, con el argumento de que cualquier ciudadano tendría no sólo la posibilidad de denunciar, sino la obligación. Además, era muy probable que si el Congreso solicitaba al Presidente que convocara para cuestionar a sus funcionarios, éste hiciera caso omiso. Y al respecto el Diputado Macías comentó:

“... cualquier persona, cualquier ciudadano, más aún, cualquier habitante de la República, porque el precepto constitucional es bastante amplio, tiene facultad para ocurrir a la Cámara de Diputados a denunciar el delito o la falta cometida por alguno de los altos funcionarios de la Federación. Pues bien, señores diputados; si se le da a la Comisión Permanente la facultad de convocar al Congreso de la Unión tan luego como se presente acusación contra algún alto funcionario de la Federación estad seguros, señores, de que en el seno del Congreso de la Unión no faltarán chuscos que, día a día, estén presentando acusaciones contra los altos funcionarios de la Federación. Esto es incuestionable, porque ante la facultad que tiene todo ciudadano mexicano o habitante de la República para acusar a los altos funcionarios federales, está la obligación, no sólo la facultad, sino la obligación de la Comisión Permanente, de convocar inmediatamente al Congreso de la Unión...”

Y más adelante señaló

“...las autoridades están cometiendo toda clase de atrocidades y que, por lo tanto, la barrera de la ley es impotente. ¿Qué resulta de esto? Se puede tratar de dos personajes. Del presidente de la República o de uno de los ministros de su Gabinete. No puedo suponer que se trate de una persona de más alta jerarquía, porque son los ministros los que gozan de más consideraciones que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bien; yo pregunto, señores diputados: ¿El presidente de la República se atrevería a mantener en su puesto a un ministro que hubiera cometido un homicidio? ¿Se atrevería el presidente de la República a conservar en su puesto al ministro de Hacienda que se hubiera robado notoriamente los fondos públicos? ¿Se atreverá a cometer alguna de estas cosas?...”

Al paso del tiempo, los Presidentes de la República nos han demostrado que sí han sido capaces de mantener en el gabinete a personajes siniestros que han dañado severamente las finanzas públicas. Para ilustrar este hecho, podríamos mencionar a Córdoba Montoya y a Juan Camilo Mouriño, sin perderé de vista aquella mujer que ejerció una gran influencia en su marido mientras fue Gobernador de Guanajuato y ya siendo Presidente de la República contrajeron nupcias.

La redacción del artículo 79 votada por el Congreso Constituyente no se mantuvo en la Carta Magna, porque casi siete años después de promulgada la Constitución, el 23 de noviembre de 1923 el Presidente Álvaro Obregón reformó la fracción IV del artículo 79 para suprimir la posibilidad de que se realice la convocatoria por parte de la Comisión Permanente cuando se trate de delitos oficiales o del orden común cometidos por Secretarios de Estado o Ministros de la Corte o en el caso de delitos oficiales federales cometidos por los Gobernadores de los estados. Se establece que la Comisión Permanente podrá acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del congreso o de una sola Cámara.

Esta reforma debilitó sin duda alguna al Congreso, porque no sólo dejaba sin posibilidades a la Comisión Permanente para convocar a comparecer a funcionarios que cometieran irregularidades como anteriormente estaba previsto, sino que se generó una laguna por no haber manera de que un funcionario rindiera cuentas ante el Congreso en caso de que se diera la comisión de un delito, ni posibilidad de hacer comparecer a un funcionario ante cualquier irregularidad cometida. El artículo reformado quedó de la siguiente manera:

Artículo 79.La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

I a III...

IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias.

Después de la reforma del presidente Álvaro Obregón, si algún funcionario cometía algún delito o había una irregularidad en su gestión entre el mes de enero y agosto, si no había acuerdo del Congreso o convocatoria del Presidente de la República, el Congreso sólo tenía posibilidad de cuestionarlo hasta septiembre, cuando iniciara el periodo ordinario de sesiones, de acuerdo con lo que establece la Constitución General en el artículo 93 desde 1917.

Posteriormente, este artículo tuvo diez modificaciones, hasta que el 30 de julio de 1999, el texto íntegro se pasó en su conjunto para incorporarse al artículo 78 formando un párrafo segundo con ocho fracciones como está actualmente y el artículo 79 se transforma en una nueva sección del capítulo segundo del Título Tercero denominada “De la Fiscalización Superior de la Federación”.

Hoy por hoy, después de las acciones que las diferentes administraciones han llevado a cabo para combatir la corrupción y mejorar el desempeño de los funcionarios, se hace cada vez más necesario el trabajo del poder legislativo para verificar el cabal cumplimientos de las leyes, del ejercicio del poder y de los recursos.

Recientemente, el Ejecutivo Federal impulsó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual requiere la participación conjunta de todos los funcionarios de gobierno y el seguimiento puntual de los actores que participaron en el análisis para la promulgación de las leyes, actores que ahora tienen la obligación de verificar su cumplimiento y aplicación.

Considerando que el 10 de febrero de 2014 se reformó el artículo 78 y se deroga la fracción V y con ello la atribución de la Comisión Permanente de otorgar o negar su ratificación a la designación del Procurador General de la República, la presente iniciativa reforma la misma fracción V con el propósito de dotar a la Comisión Permanente de facultades para citar a comparecer a cualquier funcionario de gobierno o personas involucradas con asuntos de interés público que afecte a la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la fracción V del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reforma la fracción V del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 78.Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

I a IV...

V. Para citar a comparecer a los funcionarios de la Administración Pública o personas vinculadas con cualquier asunto de interés público que afecte a la sociedad.

VII a VIII...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

i Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1917. Sesión del 14 de enero de 1917; vol. II Pág. 278; intervención del Diputado Céspedes. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_ Constituyente.pdf

ii Ibídem. Vol. II pág. 280 intervención del diputado Machorro Narváez) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_ Constituyente.pdf

iii Ibídem: Vol. II pág. 334 intervención del diputado Macías http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf

iv Ibídem. Vol. II pág. 335 continúa la intervención del diputado Macías) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf

v http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php? codigo=4951985&fecha=30/07/1999

vi http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025 &fecha=10/02/2014

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2016.—Diputado y diputada: Virgilio Dante Caballero Pedraza,Blanca Cuata Domínguez (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Caballero. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Saludamos al señor contador público Jorge Sánchez Jasso, presidente municipal electo de Huamantla, Tlaxcala, invitado por el diputado Gabriel Casillas Zanatta.

Igualmente, a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Londres, del estado de Querétaro, invitados por el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez. Bienvenidos ambos.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido, por favor en la curul. ¿Dónde está la gente que nos auxilia? Okey. Sonido, por favor. Adelante diputada.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Nada más para pedirle aquí, al compañero Virgilio, si es tan amable que integrantes de Morena nos podamos sumar a su iniciativa, por favor.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputado Caballero, está usted de acuerdo con que se suscriba la iniciativa.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde su curul): Sí.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Él da su aceptación, estará a su disposición aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 74 y 137 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. De la naturaleza y de su bienestar depende la existencia de todos los seres vivos. La naturaleza, aunque parezca una obviedad, no es propiedad de nadie, sino es un bien común que tenemos todos la responsabilidad de salvaguardar.

Por supuesto que no sólo en aras de nuestra supervivencia sino como un imperativo ético, porque si hablamos de respeto a la vida, si hablamos de derechos, es obligado también hablar de respeto a la naturaleza.

México, durante los últimos años, si bien es cierto ha avanzado en la confección de un andamiaje jurídico, institucional para proteger la naturaleza y sus recursos, también es cierto que contamos con instituciones dedicadas a su vigilancia, y vale la pena señalar lo que señala el artículo 4o constitucional, donde se establece como mucha precisión que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, y que el daño al ambiente genera, por supuesto, o debiera generar, ciertas responsabilidades.

Lamentablemente, todos los esfuerzos hasta ahora efectuados, han sido insuficientes por una razón muy sencilla, porque en términos generales la agenda medioambiental en México ha permanecido sujeta a intereses políticos y ha quedado reducida al intercambio de agendas particulares y de agendas partidistas.

Así hemos visto cómo se han desarrollado proyectos que atentan contra el medio ambiente, como Tajamar, y hemos visto cómo se ha estancado la política nacional de conservación, protección y ampliación de las áreas naturales.

También hemos visto cómo los programas medio ambientales son constantemente observados por la propia Auditoría Superior de la Federación, por presuntos malos manejos financieros. Y hemos visto también en última instancia cómo se deteriora el medio ambiente, la calidad del aire, el agua, el suelo, los recursos y el patrimonio natural.

La Agenda Verde Nacional, al ser un objetivo o ser prácticamente un rehén de las negociaciones políticas, pues ha terminado por ser relativa y por no cumplir sus fines, mientras el deterioro ambiental queda lamentablemente sin consecuencias.

Por ello es que el día de hoy el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presenta una iniciativa, que se suma a varias que ya hemos presentado en materia de patrimonio natural, para reconocer en la Constitución los derechos de la naturaleza.

Proponemos adicionar un título décimo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por supuesto no como un capricho legislativo ni como una ruptura con nuestros fundamentos constitucionales, sino fundamentalmente porque estamos convencidos que el respeto y cuidado de la naturaleza debe tener efectos transversales en la salvaguarda y el ejercicio de todos, absolutamente todos los derechos ciudadanos.

El reconocimiento de los derechos de la naturaleza en nuestra Carta Magna no tiene implicaciones solamente simbólicas o retóricas, sino que desde luego tiene implicaciones jurídicas muy profundas. En este sentido planteamos cuatro puntos:

1. Establecer obligaciones concretas para que el Estado y la población garanticen los derechos de la naturaleza, particularmente en su responsabilidad de mantener un equilibrio entre las políticas de desarrollo y la salvaguarda del medio ambiente;

2. Instaurar las bases para que el cuidado del suelo, el aire, el agua y la biodiversidad, así como la preservación del patrimonio natural, sean considerados como prioridades de interés públicos nacional;

3. Diseñar las bases para que los ciudadanos defiendan los derechos de la naturaleza y exijan la reparación del daño ocasionado, porque si ya reconocemos el derecho humano a un medio ambiente sano en el artículo 4o. constitucional es hora de dotar a los ciudadanos de las herramientas necesarias para defender este derecho; y

4. Estipular que quien ocupe la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deba ser ratificado por esta Cámara de Diputados, dado que con ello el Estado mexicano reconocería la importancia y la estatura de este ramo, incorporando mecanismos de control y rendición de cuentas.

Estas adiciones a nuestra Constitución se reconocerían a la naturaleza como sujetos de derecho, además de generar deberes y obligaciones para el Estado y para los mexicanos implica elevar al medio ambiente a un rango de protección jurídica de gran relevancia, que haría mucho más difícil evadir su cumplimiento, que hará mucho más difícil dejar en la impunidad el deterioro ambiental y que permitirá construir una nueva política nacional de protección al ambiente.

Para concluir quisiéramos decir que para dimensionar las implicaciones jurídicas de esta reforma, basta mencionar que con ella cualquier persona estará legitimada para ejercer acciones legales y defender los derechos de la naturaleza, y por lo tanto denunciar cualquier daño o deterioro al medio ambiente. Es decir, para que los ciudadanos mexicanos puedan gozar de un medio ambiente sano los habilitaremos con herramientas jurídicas para ser portavoces y defensores de la naturaleza. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 74 y 137 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan el artículo 137 y el título décimo, “De la naturaleza”; y se reforma la fracción III del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I.La naturaleza es un ente vivo del cual depende la existencia de todos los seres humanos, cualquier daño o alteración en su estructura ocasiona detrimentos a todos los organismos que coexisten dentro de ella. En este sentido, el uso irracional de los servicios ecológicos que nos brinda la naturaleza ha derivado en su deterioro progresivo, generando pérdidas en la biodiversidad, disminución de los recursos naturales, mala calidad del aire y agua, así como la erosión acelerada del suelo.

El marco jurídico de nuestra nación está enfocado a visualizar a la naturaleza como una propiedad, por lo que carece de derechos que permitan mantener su existencia y la legitimen como un ente viviente. La falta de valorización de la naturaleza como un organismo trae consigo su explotación desmedida, pues en la actualidad solamente se percibe como un recurso que debe ser consumido sin el más mínimo respeto por su vida.

La naturaleza es un ser vivo y por ello debemos entenderla como un organismo con derecho a existir de manera íntegra, perpetuando las funciones ecológicas que permiten nuestra propia vida y la de los demás seres dentro de ella. En este sentido, convertir a la naturaleza en un sujeto de derechos, implica que éstos sean defendidos y garantizados por el Estado, al tiempo que esto permitirá garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los mexicanos.

La inclusión de la naturaleza como sujeto de derechos dentro de la máxima ley de una nación no es algo nuevo, pues Ecuador fue el primer país en reconocer oficialmente en 2008 los derechos de la naturaleza en su constitución, mientras que en 2011 Bolivia introdujo los derechos de la naturaleza a través de su Ley de la Madre Tierra.

II. En México, durante los últimos años, la agenda del medio ambiente ha estado sometida a los intereses partidistas y de corto plazo, y no a una política de Estado consistente y de largo alcance. En este sentido, vale la pena destacar proyectos que contravienen al cuidado de la Naturaleza, como fue el caso del malecón de Tajamar, que orilló a modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las medidas para el cuidado de humedales costeros en zonas de manglar, a conveniencia de intereses particulares para abrir la puerta a múltiples autorizaciones de planes turísticos por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Dicha norma tardó alrededor de 7 años para su elaboración y un año después de que se emitiera fue modificada para permitir el desarrollo de proyectos turísticos que afectan la naturaleza, pese a que los manglares forman parte de las especies que son estratégicas para hacer frente al cambio climático por la cantidad de dióxido de carbono que pueden absorber.

En otro contexto, también debe mencionarse la falta de personal capacitado y con el perfil adecuado para conducir la política ambiental, como es el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en donde se encuentran adscritos funcionarios con limitada experiencia en el tema y que pudieran tener conflictos de intereses por sus vínculos partidistas o empresariales.

La Auditoría Superior de la Federación, en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2014, destaca la falta de gobernabilidad ambiental que tiene el Estado mexicano, ya que ha tomado decisiones deficientes en la materia, derivando en la continua degradación de la naturaleza.

Las acciones de control, prevención, restauración y preservación en materia ambiental aún resultan ser insuficientes para identificar los riesgos y para diseñar políticas ambientales que permitan prevenir la contaminación ambiental, restaurar la calidad del aire, suelo y agua.

Los problemas ambientales a los que hoy estamos haciendo frente están intrínsecamente ligados con las malas políticas que no consideran la correlación que existe entre los modelos de desarrollo económico y el respeto por la vida de la naturaleza.

La generación excesiva de residuos, la contaminación del suelo, el agua y el aire, así como el deterioro de las áreas naturales del país son focos rojos a los que no se les está dando la importancia debida, a pesar de que estos resultan cruciales no solo para el desarrollo económico de la nación, sino también para nuestra existencia y el ejercicio pleno de nuestros derechos.

Por ejemplo, el deterioro por el manejo inapropiado de los residuos peligrosos que generan las empresas que se encuentran en el país, está generando daños en la salud pública y en los ecosistemas. Para el periodo de 2004 a 2014, 95 por ciento de los residuos peligrosos fue generado por tan sólo 7 por ciento de las 94 mil 95 empresas establecidas en territorio nacional, además de que 98 por ciento de ellas no contó con algún tipo de autorización por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Las estrategias para evitar la contaminación del agua no han incidido favorablemente, pues a pesar de que los permisos que ha otorgado la Comisión Nacional del Agua han reducido la descarga de aguas residuales éstas continúan en aumento, lo que contraviene al cuidado del vital líquido; para el periodo de 2007 a 2014 los permisos aumentaron en 6.8 por ciento anual y los sitios de excelente y buena calidad tuvieron una disminución de 1.8 por ciento anual, generando una pérdida en el aseguramiento de la calidad de nuestros recursos hídricos.

Las acciones creadas por el Estado únicamente son de carácter reactivo y no se toman medidas preventivas que minimicen los efectos de la explotación excesiva e inadecuada del recurso, lo que conllevó a un incremento del costo por la degradación del agua de 11.5 por ciento anual, pues pasó de 68 mil 542.2 millones a 85 mil 176.2 millones de pesos en ese periodo.

Un ejemplo más es el otorgamiento de permisos para uso turístico de zonas de valor excepcional, lo que pone en riesgo el patrimonio natural de país, pues la actividad turística no está siendo planeada de manera sustentable. El manejo inadecuado de las áreas naturales protegidas de nuestro país no se encuentra en el camino adecuado, ya que no se mantiene la intangibilidad de ellas debido al turismo mal planeado y el cambio de uso de suelo.

Para mayo de 2016, la Playa del Amor, en el parque nacional Islas Marietas, Nayarit, tuvo que ser cerrada debido a que presentó una grave degradación en sus ecosistemas marinos derivada de las intensas actividades turísticas, pues la violación del programa de manejo del área ocasionó que se rebasara la capacidad máxima permitida de turistas, lo que generó residuos de combustibles y aceites, basura y desperdicios; además de que la vigilancia inapropiada ocasionó que los visitantes extrajeran fragmentos de coral, crustáceos y moluscos, ocasionando daños graves a los corales.

Finalmente, vale la pena destacar que la emisión de contaminantes atmosféricos continúa de manera desmedida, manteniendo niveles que son nocivos para la salud humana y que generan desequilibrio ecológico.

III. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que el establecimiento de bases constitucionales en materia de medio ambiente ayudará a contar con una política de Estado congruente, racional y consistente en la materia, evitando malos manejos, negligencia y criterios políticos en su implementación. La inclusión de obligaciones del Estado y de los ciudadanos, así como de los derechos de la naturaleza en la Carta Magna sentará las bases del andamiaje institucional y normativo en la materia.

Adicionalmente debe considerarse el compromiso por parte de los ciudadanos como uno de los principales elementos en una política de Estado en materia de medio ambiente, pues a pesar de que las autoridades deben garantizar su cuidado y preservación, los ciudadanos deben ser conscientes de su obligación en la materia.

Los deberes ciudadanos para el cuidado del ambiente son una característica constitucional en países como Francia, Colombia o Ecuador que son naciones vanguardistas en materia ecológica. Por ejemplo, la Constitución de Ecuador establece la responsabilidad de los ecuatorianos de respetar los derechos de la Naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible; Francia establece en el artículo 6 de su Carta al Medio Ambiente la obligación de la población de preservar y contribuir al mejoramiento del medio ambiente; Colombia instaura en el numeral 8 del artículo 95 de su Carta Magna la obligación de sus ciudadanos de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

Mediante la presente iniciativa proponemos incorporar a la Constitución una serie de disposiciones claras en materia de derechos de la naturaleza, obligaciones de las autoridades y los ciudadanos, y el cuidado del patrimonio natural de la Nación. En este sentido, proponemos lo siguiente:

• Hacer a la naturaleza un sujeto de derechos.

• Establecer obligaciones tanto al Estado como a la población para que de manera conjunta garanticen los derechos de la naturaleza.

• Instaurar las bases para que el cuidado del suelo, el aire, el agua y la biodiversidad sean considerados como prioridades de interés público.

• Establecer como prioridad la preservación del patrimonio natural de la nación con la finalidad de que trasciendan hacia futuras generaciones.

• Diseñar las bases para que los ciudadanos defiendan los derechos de la naturaleza y exijan la reparación del daño ocasionado.

• Establecer que quien ocupe la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados, dado que con ello el Estado mexicano reconocería la importancia y la estatura de este ramo.

Estas propuestas se incluyen en un nuevo título décimo, “De la naturaleza”, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consideramos pertinente incluir estas disposiciones en un nuevo artículo constitucional, dado que el respeto y cuidado de la naturaleza tienen un efecto transversal para salvaguardar y ejercer el resto de derechos consagrados en la Constitución.

La correlación entre el cuidado de la naturaleza y la protección de nuestros derechos es innegable, pues a través de la preservación del ambiente mantenemos las condiciones que permiten desarrollar nuestra vida de manera sana, garantizando no sólo el derecho a un ambiente sano, sino también a la alimentación, al agua y a la vida misma. Las alteraciones en la estructura de la naturaleza dañan directamente a los seres vivos que dependemos de ella, lo que a su vez limita la garantía de nuestros derechos.

En síntesis, los derechos de la naturaleza retroalimentan los derechos humanos que se encuentran en la Constitución, por lo que el garantizar los derechos de la naturaleza permite tener la condiciones adecuadas para que el ser humano tenga un ambiente apropiado para su desarrollo.

Para abundar en lo anterior, vale la pena señalar, por ejemplo, que violentar la estabilidad de los ciclos naturales que se encuentran en la naturaleza, y en especial el ciclo del agua, contraviene la garantía de nuestro derecho al agua y a la alimentación, pues la erosión del suelo disminuye la calidad de la tierra que puede ser cultivada; bajo el mismo esquema la contaminación de los ríos y lagos, así como la pérdida de la flora y fauna que existen en ellos menoscaba estos dos derechos fundamentales.

El derecho a la vida se ve constreñido debido al menosprecio por el cuidado de la naturaleza, por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y el cáncer son padecimientos generados por la contaminación atmosférica. Para 2012 la Organización Mundial de la Salud estima que se produjeron 7 millones de muertes a causa de fuentes contaminantes.

El humano es un ser vivo y como tal forma parte de la Naturaleza, por lo que el cuidado de la misma permite garantizar los derechos del ser humano, pues de ella depende nuestra existencia y la estabilidad de todas la actividades que permiten desarrollarnos de manera plena.

El objetivo de la presente reforma es consolidar una política de Estado en materia de medio ambiente, que nos permita no sólo salvaguardar el derecho a un entorno sano sino proteger los derechos de la naturaleza como ente viviente del que dependemos todos, y colocar a México a la vanguardia en la construcción de un entorno sano y que propicie calidad de vida.

Derivado de lo anterior se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 137 y el título décimo, “De la naturaleza”; y reforma la fracción III del artículo 74 de a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de medio ambiente

Único. Se adicionan el artículo 137 y el título décimo, “De la naturaleza”; y se reforma la fracción III del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Título Décimo
De la Naturaleza

Artículo 137. La naturaleza es un organismo viviente del cual depende la supervivencia y la calidad de vida del ser humano y los demás seres vivos que coexisten en ella, por lo que tiene derecho a que se respete su existencia, a la restauración y a la regeneración de sus ciclos naturales, así como a la conservación de su estructura y funciones ecológicas.

Corresponde a la nación garantizar la protección y cuidado de la naturaleza.

A. Para garantizar los derechos de la naturaleza, el Estado, a través de los tres órdenes de gobierno, adoptará las siguientes medidas:

I. Salvaguardar la diversidad e integridad del medio ambiente y conservar el patrimonio natural y las áreas de especial importancia ecológica garantizando su inalienabilidad, intangibilidad y mantenimiento de sus funciones ecológicas;

II. Garantizar la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas que generen impactos ambientales;

III. Propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico;

IV. Incentivar a los sectores económicos del país para que protejan la naturaleza y para que los sistemas de producción del país minimicen los efectos ambientales negativos;

V. Planificar de manera racional los asentamientos humanos y la urbanización evitando repercusiones en el medio ambiente;

VI. Implementar las políticas y medidas pertinentes para prevenir y corregir impactos ambientales negativos y adoptar medidas protectoras eficientes con la finalidad de prevenir el daño hacia la naturaleza;

VII. Las demás que determine la ley.

Para el cumplimiento de las presentes disposiciones, el Secretario del ramo en materia de medio ambiente deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados.

B. Son obligaciones de los mexicanos y ciudadanos de la república

I. Proteger, respetar, defender y contribuir al mejoramiento del medio ambiente;

II. Participar en la toma de decisiones públicas que generen impactos ambientales;

III. Salvaguardar los recursos naturales y aprovecharlos de manera sustentable;

IV. Promover a través de la educación de sus hijas e hijos el respeto, la protección y el cuidado de la naturaleza;

V. Las demás que determine la ley.

C. Corresponde a la nación la soberanía sobre la biodiversidad dentro del territorio nacional.

Es de interés público la preservación de la biodiversidad del país, en especial de las especies endémicas, en peligro de extinción, amenazadas y aquellas cuyo valor ecológico sea fundamental, así como de los recursos genéticos dentro del territorio nacional.

La preservación de la diversidad biológica dentro del territorio nacional deberá realizarse cubriendo las necesidades específicas de cada especie, manteniendo su salud física y mental, así como la armonía con su ambiente.

El uso y aprovechamiento de la flora y fauna se realizara de manera sustentable, evitando el maltrato y confinamiento, así como la crianza o cultivo en condiciones inadecuadas a los requerimientos de vida de las especies.

D. Es prioridad de la nación la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del suelo, en especial de su capa fértil. El Estado desarrollará normativas para el uso sustentable, protección y reparación del suelo.

E. El patrimonio natural de la nación está constituido por formaciones físicas, geológicas y biológicas, por zonas que constituyan el hábitat de especies animales o vegetales amenazadas, o por grupos de estas formaciones que tengan un valor excepcional desde el punto de vista estético, científico o de preservación de la flora, fauna, ecosistema, o fenómeno natural.

Es prioridad de la nación la preservación y restauración del patrimonio natural nacional, por lo que queda prohibida cualquier actividad que amenace la integridad física, biológica o geológica del patrimonio natural nacional.

F. Corresponden a la nación el cuidado y uso sustentable del agua, que garanticen su correcta reincorporación a su ciclo natural.

El Estado implementará las medidas pertinentes para controlar las actividades que contaminen o alteren el ciclo natural del agua dentro del territorio nacional.

G. Toda persona está legitimada para defender los derechos de la naturaleza, por lo cual puede denunciar los actos que infrinjan esos derechos y exigir la reparación del daño en los términos dispuestos en la ley.

Artículo 74.Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados

I. y II. [...]

III. Ratificar el nombramiento que el presidente de la República haga del secretario del ramo en materia de medio ambiente y del Secretario del ramo en materia de hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de esta Constitución; así como de los demás empleados superiores de hacienda;

IV. a IX. [...]

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las legislaturas de los estados contarán con 180 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para adecuar sus constituciones.

Tercero. El Congreso de la Unión contará con 180 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para aprobar la Ley General de los Derechos de la Naturaleza.

Notas:

1 Cfr. https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_ 2015.pdf?lang=en

2 Cámara de Diputados de Bolivia, archivo de leyes promulgadas http://www.diputados.bo/images/Docs/Leyes/2010/Ley_N_071.pdf

3 “Justifica Semarnat devastación de manglares en laguna de Cancún”, en La Jornada, 21 de enero de 2016. http://www.jornada.unam.mx/ 2016/01/21/sociedad/035n1soc

4 “Especialistas de áreas naturales protegidas, desplazados por inexpertos”, en La Jornada, 25 de septiembre de 2015. http://www.jornada.unam.mx/2015/09/25/sociedad/039n2soc#sthash.z8TGh84W.dpuf

5 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2014, Auditoría Superior de la Federación. http://informe.asf. gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_0133_a.pdf

6 “Evaluación de la fiscalización superior en funciones de desarrollo económico”, Unidad de Evaluación y Control, Cámara de Diputados, abril de 2016. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Cuaderno%205% 20Desarrollo%20Econ%C3%B3mico%202014%20DEFINITIVO%201%20ABRIL%202016.pdf

7 Ídem.

8 “La Conanp anuncia que la Playa del Amor cerrará a partir del 9 de mayo”, comunicados de prensa, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, abril de 2016. http://www.conanp.gob.mx/difusion/comunicado.php?id_subcontenido=1003

9 Cfr. https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2015. pdf?lang=en

10 Cfr. https://www.constituteproject.org/constitution/France_ 2008? lang=en

11 Cfr. https://www.constituteproject.org/constitution/Colombia_ 2013?lang=en

12 “Alteraciones del ciclo del agua”, en Revista Ambiental Ecosocialista, 2013. http://gestion-ambiental-biblioteca.blogspot.mx/2013/08/ alteraciones-del-ciclo-del-agua.html

13 “7 millones de muertes cada año debidas a la contaminación atmosférica”, Organización Mundial de la Salud (2012). http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/es/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputados y diputadas: Clemente Castañeda Hoeflich, René Cervera García, Verónica Delgadillo García (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Castañeda. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.



LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil.

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la naturaleza se encuentra en un proceso permanente de movimiento y transformación. El cambio climático es una realidad cuyas consecuencias se dejan sentir cada vez con más frecuencia y con mayor magnitud e intensidad.

En Nueva Alianza entendemos que esos cambios en la naturaleza derivan en grandes desastres que ocurren en cualquier momento y en cualquier país, muchos de ellos de forma impredecible, convirtiéndose en un tema de seguridad nacional, pues afectan principalmente a aquellas poblaciones que no cuentan con la infraestructura necesaria y los recursos financieros para hacerles frente.

Nos hemos dado cuenta de innumerables desastres naturales ocurridos en nuestro país, que a su paso han ocasionado severos daños materiales, medioambientales y humanos. Hoy mismo estamos resintiendo los efectos de las intensas lluvias en gran parte del territorio nacional y conocemos sobre las afectaciones en diversos estados que se tienen.

Tristemente, cada evento, desastre en el país trae consigo un retroceso en los esfuerzos por alcanzar el desarrollo y bienestar social. Cada desastre arrasa en pocas horas con los esfuerzos que hacen las personas para formarse un patrimonio. Por un lado, el cambio climático y sus fenómenos naturales, que azotan con toda la fuerza y, por otro, la falta de previsión y la ocupación de zonas de riesgo o el deterioro del entorno natural, por las alteraciones del terreno. Eso, todo eso es responsable de innumerables daños materiales y múltiples tragedias humanas.

En Nueva Alianza estamos convencidos que es necesario ampliar la cobertura de protección frente a estos fenómenos, toda vez que la atención ante los desastres, si bien es imperativa, ya no es suficiente, hay que ir más allá e implementar nuevas estrategias que permitan reducir las contingencias mediante una verdadera cultura de la previsión y de la prevención.

En ese sentido, pongo a su consideración la presente iniciativa, que tiene por objeto acrecentar la gestión integral del riesgo, que consiste en reducir la vulnerabilidad de la población, sus bienes y la infraestructura, a fin de preservar la integridad física y patrimonial de la población.

Todo ello a través de concentrar nuestro conocimiento y atención, no en la ocurrencia de los desastres, sino en los factores detonantes del riesgo. Es decir, enfocar los esfuerzos en la prevención. Es necesario transformar la dinámica de la protección civil en nuestro país, la cual actualmente está orientada hacia un enfoque reactivo y no preventivo.

De acuerdo con el estudio de evaluación de la política pública de protección civil, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación del año 2014, la protección civil no está previniendo catástrofes en México, ya que actúa y concentra sus recursos en reaccionar frente a una tragedia.

Dicho estudio revela que el año 2004 al 2014, solo se ha gastado el 0.2 por ciento del presupuesto en acciones para la prevención de desastres naturales, mientras que el restante 99.8 por ciento se utiliza para el auxilio y recuperación de las pérdidas de todo tipo, como consecuencia de un desastre natural.

Es esencial el establecimiento de un diagnóstico general basado en el análisis de riesgos, a fin de tomar decisiones tendientes a reducir la vulnerabilidad de la sociedad y alertarla ante la inminencia de un fenómeno perturbador.

Recordemos que la prevención en materia de protección civil es fundamental para contener y minimizar los efectos negativos que la ocurrencia de desastres naturales pueden llegar a generar, ya que al identificar tanto sus causas como sus efectos se puede alertar a la población y de este modo evitar mayores tragedias.

Por su atención y apoyo, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a fin de fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil y Prevenir Catástrofes Naturales.

Planteamiento del Problema

La protección civil es uno de los temas que cobra mayor relevancia en la agenda nacional. En los últimos años, medios de comunicación han dado cuenta de innumerables desastres naturales que han ocasionado severos daños materiales, medioambientales y humanos. Todo ello pone de manifiesto la necesidad de implementar programas eficaces para no sólo hacer frente a estos desastres, sino para prevenir posibles contingencias.

En este año, por ejemplo, podemos mencionar el desbordamiento de ríos y presas, deslaves por lluvias, además de sequías, principalmente en los estados de Durango, Chihuahua y Zacatecas.

Con el cambio climático los fenómenos naturales se han incrementado sustancialmente, afectando sobre todo a aquellas poblaciones que no cuentan con la infraestructura necesaria y los recursos financieros para hacerles frente. Cada evento o desastre en el país trae consigo un retroceso en los esfuerzos por alcanzar el desarrollo y bienestar social. Cada desastre arrasa en pocas horas con los esfuerzos que hacen las personas para formarse un patrimonio, quedándose sin nada.

Si se comienza a invertir más en la planificación y prevención en materia de protección civil, nuestra sociedad será menos vulnerable y los daños, tanto económicos, sociales y ambientales causados por los desastres naturales, se podrán reducir significativamente. De ahí la importancia de crear una cultura de prevención.

Esta iniciativa tiene por objeto acrecentar la gestión integral del riesgo, que es una tendencia ya adoptada en muchos países, incluido México, que se sustenta en que la fuente de nuestro conocimiento y atención no debe ser la ocurrencia de los desastres, sino que debe centrarse en el detonador original del hecho, a lo que en México le denominamos “riesgo”.

Sin embargo, la gestión integral del riesgo no se está comprendiendo, ya que de acuerdo con el estudio de Evaluación de la Política Pública de Protección Civil, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2014, la protección civil no está previniendo catástrofes. En el estudio se destaca que en los últimos años se han destinado pocos recursos para tratar de llevar a cabo acciones que prevengan las contingencias ocasionadas por catástrofes naturales; prueba de ello es que, de 2004 a 2014 sólo se ha gastado el 0.2 por ciento del presupuesto en acciones para la prevención de desastres naturales, mientras que el restante 99.8 por ciento se utiliza para el auxilio y recuperación de las pérdidas de todo tipo, como consecuencia de un desastre natural.

En el estudio prevalece el enfoque reactivo en materia de protección civil, la cual, al estar orientada a la atención de los efectos del problema, no atiende por completo sus causas ni cumple con el objetivo central de un sistema integral de gestión de riesgos, que consiste en reducir la vulnerabilidad de la población, sus bienes y la infraestructura, a fin de preservar la integridad física y patrimonial de la población.

La Auditoría Superior de la Federación ha hecho recomendaciones en este sentido en años pasados, ya que en las auditorías de los años 2011 y 2013 determinó que los recursos se perdían o desaprovechaban por el entramado legal que se requería para acceder a ellos.

Se mostró que las acciones en materia de protección civil atendieron las debilidades encontradas; sin embargo, la forma en que se presentan los resultados de cada componente y la falta de vinculación entre éstos dificultan determinar, en su conjunto, el grado de avance en la solución del problema relativo a la vulnerabilidad de la población, sus bienes y la infraestructura pública ante fenómenos perturbadores. Entre las debilidades diagnosticadas de acuerdo a los aspectos analizados en su implementación se encuentran:

• Desactualización del Atlas Nacional de Riesgos.

• Rezago en la cobertura de la infraestructura de monitoreo y alertamiento de fenómenos perturbadores.

• Falta de vinculación con otros países para el intercambio de información en materia de protección civil.

• Desvinculación entre la previsión y el resto de los componentes.

En este sentido, también es importante contar con sistemas de monitoreo y alertamiento útiles para instrumentar medidas preventivas ante la posible ocurrencia de los fenómenos perturbadores, lo que es fundamental para mitigar la vulnerabilidad de la población, sus bienes y la infraestructura, toda vez que el monitoreo permite estudiar y dar seguimiento a los diferentes fenómenos que afectan el territorio nacional con el objeto de comprenderlos, para así contar con información útil que aumente la capacidad de la sociedad para superar desastres naturales; también el alertamiento oportuno y suficiente sobre la magnitud, localización y posibles efectos de los fenómenos perturbadores inminentes que permita a los encargados en materia de protección civil y a la población, en general, tomar las medidas preparativas necesarias para preservar la integridad física y patrimonial de la población.

El Sistema Nacional de Protección Civil se encuentra limitado para crear medidas preventivas, ya que los sistemas de monitoreo y alertamiento con los que se cuenta actualmente no permiten estudiar y dar seguimiento de todos los tipos de fenómenos que afectan el territorio nacional, además de carecer de los recursos económicos suficientes para llevarlo a cabo, por lo que es necesario realizar reformas en la legislación.

Otras de las debilidades que se encontraron en el presente estudio en materia de prevención son las siguientes:

• Falta de planes y programas de protección civil en los órdenes de gobierno local y municipal.

• Desvinculación de los programas de protección civil de los tres órdenes de gobierno.

• Diferencias sustanciales en la capacidad de respuesta ante emergencias de las diversas zonas del país y entre los tres órdenes de gobierno.

• Escaso ordenamiento territorial basado en las zonas de riesgo.

• Carencia de análisis de riesgos para el establecimiento de infraestructura.

• Débil sistema de sanciones por incumplimiento de las disposiciones en materia de protección civil.

• Insuficiencia y desactualización del marco regulatorio para la operación de la política pública.

• Insuficiente capacitación del personal destinado a labores de protección civil.

• Inadecuado fomento de la cultura de la autoprotección.

• Inadecuada coordinación entre los miembros del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

• Énfasis en las medidas reactivas ante los desastres, en detrimento de las medidas preventivas.

Dado que una de las principales causas de las afectaciones que sufren las personas y sus bienes ante la presencia de un fenómeno perturbador es precisamente por la existencia de asentamientos humanos y construcciones en zonas de riesgo, derivados del crecimiento urbano desordenado y de problemas territoriales que no se han solventado a lo largo del tiempo, la Ley General de Protección Civil de 2012 estableció que “se considera como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los atlas municipales, estatales y el nacional y no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente”.

Si bien la aplicación de las sanciones corresponde a los órdenes estatal y municipal, de acuerdo con el diagnóstico de la Secretaría de Gobernación (Segob) en las leyes estatales en materia de protección civil, desarrollo urbano y procedimientos penales, no es delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y asentamientos humanos en zonas de riesgo. Esto significa que, en la práctica, la disposición de la Ley General de Protección Civil no se ha aplicado, lo que obstaculiza la instrumentación de un ordenamiento territorial basado en el análisis de zonas de riesgo.

Otro aspecto importante a destacar de las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación es que del 2000 al 2014 no se registraron avances significativos en la institucionalización del servicio civil de carrera en materia de protección civil, ni se definió el universo de servidores públicos responsables en esta materia, por lo que se carece de los mecanismos para determinar el grado en que sus acciones de capacitación permitieron la profesionalización de las autoridades encargadas de la protección civil, con el fin de garantizar que contaran con las habilidades, conocimientos y competencias necesarias para desempeñar sus funciones, y de esta manera contribuir en la reducción de la vulnerabilidad de la población, sus bienes y la infraestructura ante los fenómenos perturbadores.

Uno de los mecanismos para minimizar las consecuencias de un desastre natural es el fomento de la cultura de autoprotección entre la población, la cual debe ser una de las prioridades de protección civil, toda vez que la población vulnerable y expuesta a un peligro tiene derecho a estar informada de ello, y a contar con las vías adecuadas de opinión y participación en la gestión integral de riesgo, lo que resultaría indispensable para incrementar la capacidad de respuesta de la sociedad ante los peligros que representan los fenómenos naturales.

En cuanto al cumplimiento del objetivo de prevención, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que persisten las principales debilidades diagnosticadas en este componente, porque los planes y programas de protección civil de los tres órdenes de gobierno incrementaron su número en relación con años anteriores, no incorporaron sistemáticamente información sobre el análisis de riesgos que permitiera establecer estrategias orientadas a su disminución, ni estuvieron articulados para enfrentar la totalidad de los fenómenos naturales que afectan cada región del país, lo que resultó en que las autoridades de protección civil no estuvieran preparadas para mitigar los efectos nocivos de dichos fenómenos.

Asimismo, no fue posible asociar los avances de la coordinación de las acciones de auxilio y de la oportunidad de atención de emergencias con la reducción de la pérdida de vidas provocada por los fenómenos naturales, ya que esta última mostró un comportamiento errático a lo largo del periodo 2006-2014. Además, continúan las demoras en la autorización de los recursos destinados a las zonas perjudicadas por los desastres, ocasionando que sean incapaces de volver al estado de normalidad en que se encontraban antes de ser afectadas, lo que agrava su situación de vulnerabilidad y provoca atraso y estancamiento de la población de la zona que fue afectada.

Es entonces que se debe determinar como prioridad en materia de protección civil una transformación en su dinámica, al reorientar su enfoque reactivo hacia un enfoque preventivo, basado en un adecuado sistema de gestión integral de riesgos, con el objeto de atender prioritariamente las causas del problema, ya que, de acuerdo al estudio de la Auditoría Superior de la Federación, hasta 2014 no se logró enfocar en este sentido la protección civil, debido principalmente a la falta de avances significativos en los siguientes puntos:

• La incorporación de la información generada en la previsión al resto de los componentes.

• La formulación de planes y programas de protección civil de los tres órdenes de gobierno elaborados a partir del análisis de los fenómenos perturbadores que afectan cada región con base en los atlas de riesgo.

• El ordenamiento territorial basado en la identificación y análisis de las zonas de riesgo.

• El establecimiento de estrategias de profesionalización de las autoridades de protección civil y de fomento de la cultura de la autoprotección sustentadas en diagnósticos.

• El diseño de un presupuesto por parte de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) orientado al desarrollo de acciones de previsión y prevención.

Dichas deficiencias provocan que aún se privilegie el enfoque reactivo, abocado a enfrentar los efectos del problema, el cual, por su naturaleza, no es capaz de reducir los riesgos a los que se expone la sociedad, ni mitigar su vulnerabilidad.

La previsión y la prevención son los componentes que se abocan a enfrentar las causas de la vulnerabilidad de la población, sus bienes y la infraestructura pública ante los fenómenos perturbadores, mientras que el auxilio y la recuperación buscan mitigar los efectos de dichos fenómenos una vez que se presentan. Ambas partes son complementarias, pero dado que la solución del problema debe basarse en la atención de las causas que lo originan, es posible afirmar que una política pública de protección civil eficaz deberá hacer énfasis en la previsión y prevención, a efecto de reducir la vulnerabilidad de la sociedad.

El peligro de ocurrencia de fenómenos perturbadores es inevitable, por lo que el Estado Mexicano, del año 2000 a 2014, propuso implementar medidas que permitan prever la dinámica de dichos fenómenos, así como la forma en la que estos interactúan con la población, a efecto de determinar las condiciones de riesgo que inciden para que se provoque un desastre. Todo ello, con el objeto de tomar decisiones tendientes a reducir la vulnerabilidad de la sociedad y alertarla ante la inminencia de un fenómeno perturbador.

Una vez recabada y sistematizada la información sobre los fenómenos perturbadores y las condiciones de riesgo de la sociedad, se procede a implementar medidas de prevención para minimizar dichos riesgos, así como para prepararse ante la ocurrencia de los fenómenos referidos y, con ello, evitar sus efectos adversos.

Al presentarse un fenómeno perturbador, deben de activarse las medidas de auxilio diseñadas para evitar la pérdida de vidas humanas y mitigar los daños materiales. Una vez pasado el fenómeno, se entra en la fase de recuperación con objeto de evitar el retraso social que puede originar la ocurrencia de un desastre. La eficacia y eficiencia con la que se implementan estas fases dependen en gran medida de la solidez de los instrumentos generados en la etapa de prevención.

En los diagnósticos de la planeación de mediano plazo y en las exposiciones de motivos de las leyes generales de protección civil, el Estado mexicano reconoce las deficiencias y debilidades que han presentado las medidas implementadas para atender cada uno de los componentes de la protección civil, entre los años 2000 a 2014, y que por consecuencia afectan el cumplimiento de sus objetivos.

En síntesis, la prevención en materia de protección civil es fundamental para contener y minimizar los efectos negativos que la ocurrencia de desastres naturales pueden llegar a generar, ya que se identifican tanto sus causas como sus efectos.

Si bien se tienen estudios sobre la magnitud de los efectos, se carece de un diagnóstico general que permita determinar el grado de vulnerabilidad de la población, sus bienes e infraestructura, a fin de establecer una línea base que sirva para medir el avance en la resolución global de este problema.

Argumentación

A nivel nacional se encuentra contemplada la estructura normativa en materia de protección civil en nuestro marco jurídico, como a continuación se describe:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)

La fracción XXIX-I del artículo 73, así como el Apartado C, fracción III del artículo 41, ambos de la CPEUM, en materia de protección civil, establecen lo siguiente:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de protección civil;

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley.

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.

Ley General de Protección Civil

La Ley General de Protección Civil tiene como objeto articular las acciones de los tres órdenes de gobierno para preservar a la población y sus bienes de los fenómenos perturbadores, y dispone lo siguiente:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil. Los sectores privado y social participarán en la consecución de los objetivos de esta Ley, en los términos y condiciones que la misma establece.

Artículo 3. Los tres niveles de gobierno tratarán en todo momento que los programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento de las instituciones de protección civil se sustenten en un enfoque de gestión integral del riesgo.

Artículo 15. El objetivo general del Sistema Nacional es el de proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población”.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de protección civil, establece:

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XXXII. Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal, con los gobiernos municipales, y con las dependencias y entidades de la administración pública federal, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre y concertar con instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes al mismo objetivo;

Artículo 32 Bis.A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XXI.Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y geohidrológicos, así como el sistema meteorológico nacional, y participar en los convenios internacionales sobre la materia;

XXVIII.Controlar los ríos y demás corrientes y ejecutar las obras de defensa contra inundaciones;”

Ley de Seguridad Nacional

En la Ley de Seguridad Nacional se establece como un asunto de seguridad nacional el atender las amenazas que puedan destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, como se señala a continuación:

Artículo 5.Para los efectos de la presente ley, son amenazas a la seguridad nacional:

XII.Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.

Artículo 3.Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a:

I.La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

Artículo 4.La seguridad nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.

Artículo 61. Los servidores públicos cuyas áreas estén relacionadas con la Seguridad Nacional, orientarán, con base en los principios previstos en el artículo 3o., el desempeño de sus funciones, preservando los de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación que deben cumplir en términos de las disposiciones legales que regulan al servicio público”.

Ley de Aguas Nacionales

La Ley de Aguas Nacionales, en el artículo 7, en materia de protección civil, advierte lo siguiente:

Artículo 7. Se declara de utilidad pública:

IX. La prevencióny atención de los efectos de fenómenos meteorológicos extraordinarios que pongan en peligro a personas, áreas productivas o instalaciones;

Artículo 9. “La Comisión” es un órgano administrativo desconcentrado de “la Secretaría”, que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior.

XL. Participar en el Sistema Nacional de Protección Civil y apoyar en la aplicación de los planes y programas de carácter federal para prevenir y atender situaciones de emergencia, causadas por fenómenos hidrometeorológicos extremos;

Artículo 12 Bis 6. Los Organismos de Cuenca, de conformidad con los lineamientos que expida “la Comisión”, ejercerán dentro de su ámbito territorial de competencia las atribuciones siguientes:

XXV. Participar en el Sistema Nacional de Protección Civil y apoyar en la aplicación de los planes y programas de carácter federal para prevenir y atender situaciones de emergencia, causadas por fenómenos hidrometeorológicos extraordinarios;

Artículo 118 Bis 2. En caso de existir riesgo inminente, daño, deterioro a la salud, a las aguas nacionales, a los bienes a que se refiere el artículo 113 de esta ley, a la biodiversidad o a los ecosistemas vinculados con el agua, la autoridad del agua o la Procuraduría en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán realizar de manera inmediata alguna o algunas de las siguientes medidas:

III. Promover ante las autoridades de protección civil y seguridad pública de los gobiernos federal, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, la adopción de medidas urgentes incluidas el aseguramiento de bienes, remoción o demolición de infraestructura, con el objeto de proteger la vida y los bienes de las personas”.

El marco normativo estructura la operación de la protección civil en torno al Sistema Nacional de Protección Civil, con un enfoque de previsión y prevención de riesgos, basado en su identificación y control, así como en el establecimiento de medidas preventivas para revertir el proceso de generación de riesgos, como medio para mitigar las consecuencias de los fenómenos perturbadores sobre la población. Ello apoyado en la aplicación de medidas de auxilio para reducir la pérdida de bienes y los daños materiales, y en la implementación de medidas de recuperación, con el fin de evitar el retraso social y económico que generan los desastres.

En materia de previsión, las disposiciones normativas están orientadas a la generación de información en relación con los peligros y condiciones que originan la vulnerabilidad de la sociedad ante los fenómenos perturbadores; a operar redes de detección, monitoreo, pronóstico y sistemas de alertamiento; a la supervisión para mantener actualizado el Atlas Nacional de Riesgos, y al establecimiento de medidas de colaboración con otros países, a fin de contar con información para establecer mecanismos que prevean los efectos adversos de los fenómenos perturbadores.

Como podemos observar, el diseño normativo en materia de protección civil, correspondiente al periodo 2000-2014, establece disposiciones que son congruentes con cada uno de los componentes de la protección civil, diseñada para atender tanto las causas como los efectos del problema diagnosticado por el Estado en este rubro.

Sin embargo, el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) data de 2006 y fue elaborado con base en una Ley General de Protección Civil que ya no se encuentra vigente, y que en consecuencia, no incorpora elementos fundamentales de la ley actual y su reglamento, tales como la gestión integral de riesgos, lo que dificulta su operación.

A nivel internacional, el concepto de protección civil se encuentra establecido en diversos tratados e instrumentos de los cuales el Estado mexicano es parte, como a continuación se menciona.

Tratados internacionales

El marco internacional en materia de protección civil se fundamenta en nueve tratados internacionales, de los cuales en uno se define el concepto de protección civil, en tres se establecen mecanismos bilaterales de colaboración en caso de desastres naturales, y en cinco se señalan las obligaciones de México en materia del uso de la energía nuclear, las medidas que deben tomarse en caso de un accidente nuclear y las directrices para obtener el apoyo internacional para hacer frente a una emergencia de este tipo, como se muestra en el cuadro siguiente:

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I)

Se define al concepto de protección civil como “el cumplimiento de algunas o de todas las tareas humanitarias (...) destinadas a proteger a la población civil contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia”.

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala, sobre Cooperación para la Prevención y Atención en Casos de Desastres Naturales

Reducir, en lo posible, los efectos de los desastres naturales en las poblaciones fronterizas.

Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Estados Unidos de América sobre Cooperación en la Administración de Emergencias en Casos de Desastres Naturales y Accidentes

Atender las emergencias en casos de desastres naturales y accidentes en los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América.

Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América para el Envío de Barcos con Fines de Auxilio y Salvamento

Facilitar el auxilio y salvamento de barcos en peligro o náufragos en las costas o dentro de las aguas territoriales del otro país.

Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares

Armonizar el derecho interno de las partes contratantes mediante la fijación de normas mínimas que ofrezcan una protección financiera contra los daños derivados de aplicaciones pacíficas de la energía nuclear.

Convenciónsobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica

Fortalecer la respuesta internacional en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica al prever un mecanismo de asistencia mutua, a fin de reducir al mínimo las consecuencias de accidentes o emergencias.

Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares

Informar a los Estados Parte sobre cualquier percance que ocasione una liberación de material radiactivo que pueda resultar en una liberación transfronteriza con importancia desde el punto de vista de la seguridad radiológica para otro Estado.

Convenciónsobre la Protección Física de los Materiales Nucleares

Lograr y mantener en todo el mundo una protección física eficaz de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares utilizados con fines pacíficos; prevenir y combatir en todo el mundo los delitos relacionados con tales materiales e instalaciones; y facilitar la cooperación entre los Estados parte a esos efectos.

Convención sobre Seguridad Nuclear

Conseguir y mantener un alto grado de seguridad nuclear en todo el mundo por medio de la mejora de medidas nacionales y de la cooperación internacional, incluida la cooperación técnica; establecer y mantener defensas eficaces en las instalaciones nucleares contra los potenciales riesgos radiológicos, y prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas, así como mitigar estas en caso de que se produjeran.

Las disposiciones antes mencionadas en los tratados internacionales en materia de protección civil establecen obligaciones específicas para el Estado mexicano en materia de prevención y atención de accidentes nucleares, y fijan las bases de colaboración en caso de registrarse algún desastre natural en el territorio nacional que afecte a algún “Estado extranjero”, por lo que no constituyen instrumentos jurídicos que guíen la actuación de México en cuanto a la operación de la de protección civil nacional.

Si bien en materia de protección civil se determinó como prioridad la reorientación del enfoque reactivo hacia un enfoque preventivo, basado en la Gestión Integral de Riesgos, de acuerdo con el estudio de la Auditoría Superior de la Federación, en 2014 no se logró enfocar la protección civil en la atención de las causas que pudieron originar los desastres, debido a la falta de avances significativos en diversos aspectos, entre ellos “el ordenamiento territorial basado en la identificación y análisis de las zonas de riego”. Es por ello que proponemos diversas modificaciones y adiciones a la Ley General de Protección Civil.

No obstante que se registró un avance en el número de entidades federativas que contaron con planes y programas de protección civil, las cuales pasaron de 15 en 2006 a 28 en el 2014, la variación anual de los planes y programas estatales y de los fenómenos perturbadores dio como resultado que se carezca de un diagnóstico general basado en el análisis de riesgos sobre el tipo de planes y programas que requiere cada entidad federativa para prevenir y hacer frente a las emergencias y desastres provocados por los fenómenos perturbadores que afectan su territorio.

Es por lo anterior que la presente Iniciativa propone que se adicione una fracción VIII al artículo 4 de la Ley General de Protección Civil, con el objeto de que se identifique como una de sus prioridades el establecimiento de un diagnóstico general basado en el análisis de riesgos sobre el tipo de planes y programas que requiere cada entidad federativa, para prevenir y hacer frente a las emergencias y desastres provocados por los fenómenos perturbadores que afectan su territorio.

Asimismo, se considera necesario reformar la fracción I del artículo 10 de la referida Ley, para que esté en concordancia con lo establecido en el artículo 2, fracción XXVIII, de la misma ley, referente a la identificación y análisis del origen y naturaleza de los riesgos.

Debido a la variación en el número y tipo de planes y programas de protección civil estatales, es necesario elaborar un diagnóstico que se base en la identificación y análisis de los riesgos en cada región, a fin de establecer las fases y procedimientos a seguir ante la ocurrencia de un agente perturbador, pero con estrategias focalizadas y adaptadas a cada región en particular.

El artículo 15 de la Ley establece lo referente a la adaptación, auxilio y restablecimiento en la población. Nuestra propuesta consiste en incorporar al texto el fomento a la capacidad de respuesta de los tres niveles de gobierno ante una emergencia.

Atendiendo al espíritu de brindar protección a la sociedad ante los riesgos y peligros de un desastre natural, proponemos reformas a las fracciones V, XXII y XXVII del artículo 19 de la Ley General de Protección Civil.

La modificación a la fracción V tiene el propósito de establecer la obligatoriedad de definir una metodología para investigar, medir y evaluar continuamente la vulnerabilidad de la población, en términos de su susceptibilidad a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un fenómeno perturbador, en la que se incluyan los factores físicos, sociales, económicos y ambientales que propician dicha vulnerabilidad.

Se propone modificar la fracción XXII, con el propósito de que en el Atlas Nacional de Riesgos se consolide como una herramienta para generar escenarios y modelos sobre el riesgo que enfrenta la población, en caso de registrarse un fenómeno perturbador, con el objeto de que sirva para la generación de políticas públicas tendientes a mitigar la vulnerabilidad de la sociedad. Del mismo modo, se propone adicionar en esta fracción el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil, ante la necesidad de transitar de un sistema de protección civil reactivo a uno preventivo.

La modificación a la fracción XXVII, atiende a la necesidad de establecer medidas de colaboración internacional e intercambio de información en materia de protección civil.

En Nueva Alianza sabemos que la prevención es una fuerte herramienta para evitar catástrofes, en ese sentido proponemos modificaciones a los artículos 43, fracción V, 44, 66, 67 y 84 de la Ley, relativos a fomentar una cultura de la prevención y autoprotección en zonas de mayor riesgo y vulnerabilidad.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil

Único.Se reforman la fracción V del artículo 4; la fracción I del artículo 10; el artículo 15; las fracciones V, XXII y XXVII del artículo 19; la fracción V del artículo 43; el artículo 44; el artículo 66; el párrafo tercero y cuarto del artículo 67 y el artículo 84, todos de la Ley General de Protección Civil, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 4....

I. a IV....

V. Incorporación de la gestión integral del riesgo, como aspecto fundamental en la planeación y programación del desarrollo y ordenamiento territorial del país para revertir el proceso de generación de riesgos;

VI.a VII. ...

Artículo 10....

I. Conocimiento e identificación y análisis del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de construcción social de los mismos para el establecimiento de estrategias focalizadas y adaptadas a las características de cada región que permitan mitigar la vulnerabilidad de la población;

II.a VII. ...

Artículo 15. El objetivo general del Sistema Nacional es el de proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de respuesta,adaptación yauxilio y restablecimiento en la población .

Artículo 19...

I.a IV....

V. Definir una metodología para investigar, estudiar, mediry evaluar continuamente los riesgos, peligros y vulnerabilidades en términos de prevenir su susceptibilidad a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un fenómeno perturbador, en la que se incluyan los factores físicos, sociales, económicos o ambientales que propician dicha vulnerabilidad, integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las dependencias responsables , a efecto de generar condiciones que propicien la autoprotección;

VI. a XXI....

XXII.Supervisar, a través del Cenapred, que se realice y se mantenga actualizado el Atlas Nacional de Riesgos y el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil, a fin de contar con información confiable y oportuna que contribuya a mejorar la prevención, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y las demarcaciones políticas de la Ciudad de México;

El Atlas se integra con la información a nivel nacional, estatal, municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de avisar oportunamente a la población en caso de registrarse un fenómeno perturbador. Consta de bases de datos, sistemas tecnológicos de información geográfica, identificación de peligros, sistemas de información, mapas de peligros, mapa de susceptibilidad para el caso de laderas, inventario de bienes expuestos, inventario de vulnerabilidades, mapas de riesgo, entre otros instrumentosy herramientas para el análisis y la simulación de escenarios de riesgo, así como la estimación de pérdidas por desastres, para monitorear y dar seguimiento a los fenómenos perturbadores que afectan a la población.Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de mantenimiento yactualización permanente como medio para identificar zonas de riesgo para el desarrollo poblacional y el ordenamiento territorial.

Los atlas de riesgo y el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil constituyen el marco de referencia que acrecienta el conocimiento sobre los fenómenos perturbadorespara la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo;

XXIII. a XXVI. ...

XXVII. Intercambiar con otros países y con organismos internacionales, conocimientos que contribuyan a mejorar la prevención, experiencias y cooperación técnica y científica y evaluar la pertinencia de establecer vínculos para el intercambio de información con los países que posean sistemas de monitoreo y alertamiento avanzados y la aplicación de la gestión integral de riesgos, para fortalecer la protección civil mediante la incorporación de los avances en la materia, con la participación que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores;

XXVIII.a XXX....

Artículo 43. ...

I.a IV....

V. Elaborar, estructurar y promocionar campañas de difusión de la cultura de la prevención, con especial énfasis entre los habitantes de zonas vulnerables y sobre temas de su competencia relacionados con la protección civil, y

VI....

Artículo 44. Los integrantes del Sistema Nacional promoverán mecanismos para motivar y facilitar la participación de sus dependencias de forma activa, real, concreta y responsable en acciones específicas que reflejen una cultura de prevención en protección civil y el fomento de la autoprotección sustentada en un diagnóstico del estado actual que permita salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente.

Artículo 66. Cada entidad federativa creará y administrará un Fondo Estatal de Protección Civil, cuya finalidad será la de promover la capacitación, profesionalización, equipamiento, gestión integral de riesgos y sistematización de las Unidades de Protección Civil de las entidades federativas, municipios y delegaciones.

Artículo 67....

...

Los Fondos Estatales de Protección Civil operarán según se establezca en la normatividad administrativa correspondiente y en el caso de los recursos federales, en términos de los convenios de coordinación interinstitucional que se celebren, precisando para ello los requisitos para el acceso, ejercicio y comprobación de los recursos, así como las obligaciones en el manejo y mantenimiento de los equipos adquiridos.

La capacitación será acorde a los lineamientos dictados por la Escuela Nacional de Protección Civil y los recursos destinados a la sistematización de las unidades de protección civil deberán promover que los instrumentos preventivos para la gestión integral de riesgos cuenten con los recursos suficientes para asegurar el financiamiento de proyectos preventivos, así comoprocurar la optimización del manejo e intercambio de información , su homologación y actualización a nivel nacional.

Artículo 84. Se consideran como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los Atlas municipales, estatales y el Nacional y no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente, así como la responsabilidad en la que incurran las autoridades por la omisión y complacencia ante dichas irregularidades.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2017 y subsecuentes, se destinarán recursos suficientes sin estimarse que los mismos representen un impacto presupuestario para dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto.

Notas:

1 Auditoría Superior de la Federación. “Evaluación de la política pública de protección civil”. Disponible en el sitio web de la ASF: http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_1647_a.pdf

2 Íbid, página 33.

3 Íbid, página 24.

4 Íbid, página 25.

5 Íbid, página 41.

6 Íbid, página 29.

7 Íbid, página 135.

Fuentes

1 “Evaluación núm. 1647 “Evaluación de la Política Pública de Protección Civil”, Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados, de la página oficial www.asf.gob.mx.

2 Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los diagnósticos de los planes nacionales de Desarrollo 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; de los programas sectoriales de Gobernación 2007-2012 y 2013-2018, y de los programas nacionales de Protección Civil 2001-2006, 2008-2012 y 2014-2018; y en las exposiciones de motivos de las leyes generales de protección civil publicadas en el DOF en 2000 y en 2012.

3 Centro Nacional de Prevención de Desastres, “Impacto socioeconómico de los desastres en México”, México, 2001-2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Saldívar. Túrnese a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

Proceda la Secretaría a dar lectura a los resolutivos de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, por los que se designan a los presidentes del Comité de Administración y del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados.



ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa al presidente del Comité de Administración de la Cámara de Diputados, para el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en atención al resolutivo sexto del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura, se adopta el siguiente

Acuerdo

Primero.En términos del acuerdo de creación del Comité de Administración, de fecha 9 de septiembre de 2015, se determina que la diputada María Concepción Valdés Ramírez presida el órgano referido para el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Segundo. Se instruye para que se realice el cambio correspondiente y los trámites administrativos pertinentes.

Tercero. Comuníquese para los efectos conducentes al Pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa al Presidente del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, para el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en atención al resolutivo cuarto del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea el Consejo Editorial de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, se adopta el siguiente

Acuerdo

Primero.En términos del acuerdo de creación del consejo editorial, de fecha 9 de noviembre de 2015, se determina que el diputado Ángel II Alanís Pedraza presida el órgano referido para el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Segundo. Se instruye para que se realice el cambio correspondiente y los trámites administrativos pertinentes.

Tercero.Comuníquese para los efectos conducentes al Pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a. ), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban ambos acuerdos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica se pregunta si se aprueban ambos acuerdos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados. Comuníquese.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle la modificación de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional como consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral:

• Que el diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores cause baja como consejero suplente.

• Que el diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez cause alta como consejero suplente.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado. Comuníquense.

Proceda la Secretaría a dar lectura a los resolutivos del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política referente al análisis del IV Informe de Gobierno del ciudadano presidente de la República.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, referente al análisis del 4to. Informe de Gobierno del Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 7o., numeral 4; 33 y 34 numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de sus facultades, y

Considerando

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe, en su artículo 69, que durante la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país; mismo que fue presentado el 1 de septiembre de 2016, en la sesión de congreso general.

II. Que de conformidad con el artículo 7o., numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General, las cámaras deberán analizar el informe presentado por el Presidente de la República, clasificándolo por materias: política interior, política económica, política social y política exterior.

III. Que en el marco de los artículos 33 y 34 de la misma Ley Orgánica, la Junta de Coordinación Política es el órgano en el que se impulsan los entendimientos y las convergencias políticas, a fin de alcanzar los acuerdos necesarios para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

En razón de lo anterior, este órgano de gobierno somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.El presente acuerdo tiene por objeto establecer el formato conforme al cual se desarrollará el análisis del 4to. Informe de Gobierno del Presidente de la República, que refiere el segundo párrafo del artículo 69 constitucional.

Segundo. Atendiendo a lo establecido en el artículo 7o., numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, este análisis se desarrollará en diversas sesiones, conforme a los siguientes temas y fechas:

1. Política Interior, el martes 6 de septiembre de 2016.

2. Política Económica, el jueves 8 de septiembre de 2016.

3. Política Social,el martes 13 de septiembre de 2016.

4. Política Exterior, el miércoles 14 de septiembre de 2016.

Tercero. Por cada uno de los temas analizados, habrá intervenciones de los grupos parlamentarios que se darán en orden creciente de acuerdo a su representatividad en la Cámara, con el siguiente formato:

I. Por cada tema se realizarán dos rondas de posicionamientos, cada intervención será hasta por 5 minutos.

II. En cada ronda el orden de participación será el siguiente:

a. Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

b. Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

c. Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

d. Grupo Parlamentario de Morena.

e. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

f. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

g. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

h. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

III. El diputado independiente podrá participar con una intervención en cada tema.

IV. En el desahogo de estas intervenciones sólo tendrán lugar las antes descritas.

V. Corresponderá a la Mesa Directiva velar por el cumplimiento del presente acuerdo.

Cuarto.Comuníquese a la Mesa Directiva para los efectos legales a que haya lugar.

Quinto.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio

Único.El presente acuerdo entrará en vigor el día en que sea aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a. ), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado, comuníquese. Continúe la Secretaría.



COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del cuarto informe de labores de la Secretaría de Gobernación, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del Informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del cuarto informe de labores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del Informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Turismo.

Diputado Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del cuarto informe de labores de la Secretaría de Turismo, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del Informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado. Distribúyanse a las diputadas y los diputados, y remítanse a las comisiones correspondientes.



ANÁLISIS CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME DE GOBIERNO EN MATERIA DE POLÍTICA INTERIOR

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es el análisis del 4to. Informe de Gobierno del ciudadano presidente de la República. En tal virtud, para dar cumplimiento al numeral uno del artículo 2o. del acuerdo aprobado en esta sesión, iniciaremos con el tema de política interior.

Para la primera ronda, los grupos parlamentarios han inscrito a los siguientes diputados. En primer término, el diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, diputado independiente. La diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social. El diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. La diputada Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena. El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. El diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del PRD. El diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN, y la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, del Grupo Parlamentario del PRI.

En tal sentido, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Perdón, iniciamos con el diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, diputado independiente.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo:Gracias, presidente. El pasado mes de agosto, Canadá emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos recomendando que no visitaran ciertos estados del país mexicano por considerarlos violentos en el contexto de la presencia del crimen organizado. Se menciona entre estos estados: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Zacatecas y Colima, entre otros.

Ya antes, hace un año, en junio de 2015, el gobierno canadiense había alertado a sus ciudadanos de la presencia del crimen organizado y la violencia en Morelos, Nayarit, San Luis Potosí y Veracruz, igualmente entre otros. Es decir, el gobierno canadiense reconoce la presencia del crimen organizado en nuestro país en al menos la mitad de los estado, al extremo de considerarlos incluso riesgosos para visitarlos.

Nosotros, compañeros, sabemos que a esta lista habría que agregarle el estado de Chiapas, donde el delito de secuestro se ha incrementado terriblemente para los turistas. Igualmente, deberíamos de sumar a esta lista el estado de Oaxaca que padece disturbios sociales, como lo sabemos.

Hablar de política interior nos obliga a hablar de gobernabilidad y, el tener más de la mitad de los estados del país en crisis de violencia y gobernabilidad –porque los grupos criminales compiten con las autoridades por el monopolio del poder y de las armas, por el control territorial y por el cobro de los impuestos–, estamos hablando, nos guste o no, de un Estado fallido.

Si a esto le sumamos que amparados en el supuesto respeto a la soberanía de los estados tenemos gobernadores que violan las leyes y los derechos humanos de manera sistemática, abusan de sus ciudadanos y de las arcas públicas con criterio patrimonial, y en muchos casos se alían con el crimen organizado alimentando así una mayor crisis de gobernabilidad fomentada desde el poder.

Son muchos los ejemplos de este perfil de gobernadores que gozan de una impunidad a pesar del cúmulo de excesos e ilegalidades que han cometido ante los ojos incrédulos de la nación y el silencio y la omisión cómplice de la federación.

Algunos ejemplos son el caso de Humberto Moreira en Coahuila; otro, por mencionar alguno, el caso del señor Padrés en Sonora. Igualmente es el caso de los señores Duarte en Chihuahua y Veracruz, y el gobernador López en Sinaloa, solo por mencionar algunos.

Urge, compañeros, acabar con esta impunidad que maleduca a la clase gobernante y que tanto daño hace a la sociedad y a las instituciones democráticas del país, y quizá parte del problema sea que los funcionarios del gobierno federal, quienes deberían mantener el orden en el ámbito interno de este país, están muy preocupados y ocupados en la sucesión presidencial que se avecina para 2018 sin importarles qué país se entregará entonces. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Clouthier. Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes:Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, honorable asamblea. Estoy frente a ustedes y de cara a la nación para presentar el posicionamiento de mi Partido Encuentro Social, atendiendo al 4to. Informe de Gobierno del presidente de la República Enrique Peña Nieto. El apartado que nos ocupa: política interior. Hemos de analizarlo con visión crítica, lejos de filias y fobias, tomando distancia a las agendas personales o de grupos para atender en su justa dimensión los logros alcanzados para poder obtener ese México de paz al que tanto aspiramos.

¿Hubo progreso? Sí. ¿Hay fallas y deficiencias que podemos mejorar? Sí; pero existe rumbo y estrategia y eso ha sido clave en la comunión y en la comunicación que siempre ha existido entre los tres poderes que conforman la unión.

Transformar a México resulta complicado; nadie dijo que fuera tarea fácil, y más cuando se ha optado por una estrategia diferente, dinámica e integral. Esperamos que los resultados sean para bien de todos los mexicanos.

Hay que reconocer que se obtuvieron frutos sumamente importantes para la vida nacional. El primero de ellos, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción; el segundo, la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y el tercero, la asignatura pendiente y finalmente cumplida, la Disciplina Financiera. Es evidente que se han venido trabajando en los llamados tres ejes transversales.

En cuanto a elevar la productividad para incrementar la economía, es de mencionarse que se aumentó el empleo. Existen hoy 2 millones de trabajos y 33 mil para personas con alguna discapacidad. Ahora hay que mejorar las condiciones del mercado laboral y seguir incentivando el mercado interno que ha demostrado en esta etapa de crisis económica mundial ser el motor de crecimiento económico.

Se ha transformado la administración pública federal con un enfoque orientado a resultados donde el eje central es la acción gubernamental, es el ciudadano. Ahora hay que acercar al gobierno con la gente, a los que menos tienen, a los más vulnerables, a los que pagan impuestos, a los que los evaden, a los que se quejan de todo y por todo; a lo que hace a la perspectiva de género y que exista una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Se ha ocupado incansablemente el Ejecutivo federal por lograrlo.

Hay tareas pendientes, pero nada que no tenga solución. Recordemos mantener el diálogo abierto y sincero con los maestros, hacerles ver las bondades de la reforma educativa, llegar a acuerdos en cuanto a los planes y programas, las formas de evaluación de los docentes, pero también ser muy claros con ellos en la necesidad de que se profesionalicen y se capaciten diariamente.

Como todo, existen y siguen existiendo necesidades en donde el Partido Encuentro Social hace un llamado a todas las fuerzas políticas representadas en este recinto para que coadyuvemos en su posible resolución, la más trascendental, reformas de fondo en materia de seguridad, ahí está la propuesta de mando único que vendría a darle cuestión a la fortaleza de la prevención del delito y el combate a este mismo. Recomendamos no tocar ni recortar el fondo para los estados ni la nómina educativa, al igual que el programa de zonas prioritarias.

Por último, no podemos pasar por alto que ha habido un crecimiento del consumo interno, que se ha mantenido una baja inflación, se ha fortalecido la gobernabilidad democrática y la seguridad nacional, se ha salvaguardado la vida y el patrimonio de las personas ante riesgos naturales o humanos dada la pronta debida reacción.

Son 101 líderes criminales que han sido neutralizados, en corolario consideramos que en un balance general del estado que guarda la administración pública federal en materia de política interior, ha habido una adecuada conducción en la misma.

El Grupo Parlamentario de Encuentro Social, se pone a disposición de la patria, daremos nuestro mayor esfuerzo y al máximo de nuestra capacidad siempre velando por los intereses de México y de los mexicanos.

Los exhortamos a trabajar en equipo y en coordinación con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial. Reconocemos que aún faltan cosas por hacer para alcanzar esta nación fuerte y poderosa a la que todos aspiramos donde se respira libertad, progreso, modernidad, igualdad, solidaridad y confianza.

Aceptamos el reto de formar parte de esa construcción fortaleciendo las instituciones, edificando la política de altura y sin golpes bajos, siendo sensibles a las necesidades de todos los que habitan este país, aportando nuestra crítica ante hierros y ante nuestro reconocimiento y ante los aciertos.

El Partido Encuentro Social estamos con y para las personas, con y para las familias, con y para las comunidades y regiones, incluso, las más remotas y recónditas. Por eso, compañeros diputados y diputadas, los conmino a darnos de la mano y ponernos de acuerdo, privilegiando nuestras coincidencias y dejando de lado nuestras diferencias un México en paz es posible, hagámoslo juntos. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputada García Soberanes. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Carlos Gutiérrez García:Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la sociedad mexicana como nunca antes ha experimentado una serie de transformaciones políticas, marcadas por su alto nivel de participación e incidencia en diversos temas de la agenda nacional, que marcarán la pauta a seguir en los próximos años. Este nivel de participación no es menor, pues ha sido el resultado del hartazgo al que se ha llegado por la desconfianza en sus instituciones y en sus representados.

El Ejecutivo federal, en cumplimiento al mandato constitucional, expresado en el artículo 69 de nuestra Carta Magna, ha presentado su 4to. Informe sobre el estado que guarda la administración pública federal. A partir de ello iniciamos este respetuoso diálogo entre poderes, a efecto de fortalecer el ejercicio de nuestra democracia a través del análisis, reconocimiento y señalamientos que hagamos sobre los resultados que se nos presentan en la aplicación de las políticas públicas concebidas para el desarrollo y beneficio de nuestro país.

La responsabilidad que asume el Grupo Parlamentario Nueva Alianza en este espacio de intercambio de ideas va de la mano con las manifiestas exigencias de la sociedad mexicana, que se ha expresado muchas veces en contra de la acción gubernamental en todos los niveles de gobierno.

Reconocemos que la gobernabilidad democrática va de la mano de la capacidad, eficacia, transparencia y rendición de cuentas por parte de los actores responsables del ejercicio del poder público, por lo que solo su buena acción logrará el consentimiento, apoyo y credibilidad de parte de la ciudadanía.

En estos cuatro años de la presente administración se han generado avances que deben reconocerse, sin embargo aún estamos en la construcción y reconstrucción de las instituciones y los mecanismos que sean capaces de cumplir con la importantísima tarea de promover el desarrollo integral de nuestra población, dando así respuesta a la diversidad de sus demandas sociales.

Prueba de ello fueron las pasadas elecciones locales, que reconfiguraron el mapa político nacional. En ellas, a pesar de las visibles campañas negativas entre candidatos y un ambiente de inseguridad en algunas localidades, vimos una muy amplia participación electoral volcada principalmente a castigar malas gestiones señaladas por una alta incidencia de corrupción y opacidad.

Debemos retomar esas lecciones a fin de seguir construyendo y fortaleciendo las instituciones democráticas del país, ofreciéndole a la ciudadanía por medio de acciones y resultados concretos la confianza de sus gobernantes. Nos referimos a acciones y resultados concretos en temas como la seguridad, uno de los más álgidos y que exige de mejores y más próximos mecanismos de acceso inmediato por parte de nuestros connacionales.

Si bien son de reconocer los logros alcanzados en la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, entre los más notorios la recaptura de uno de los criminales más peligrosos del mundo, ello no significa que hayamos atendido la tarea de brindar y establecer las condiciones óptimas de seguridad para toda la población.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2015 acotó que el costo nacional a consecuencia de la inseguridad y el delito fue de 227 mil millones de pesos, lo que representó más del 1 por ciento del PIB. La tarea es compleja, aunado a ello existen pendientes que no se resuelven con la reciente remoción del más alto cargo de la Policía Federal. Urge solucionar el cúmulo de asuntos que siguen dañando la credibilidad y confianza en nuestras instituciones responsables de la procuración de justicia.

Los casos son ampliamente conocidos por todos los aquí presentes. Desde esta tribuna reconocemos y agradecemos el compromiso asumido por las mujeres y hombres que integran la Gendarmería Nacional.

A los ciudadanos que nos siguen brindando su confianza les refrendamos el compromiso turquesa de ser el diferencial en este diálogo legislativo por encima de intereses de grupos o de partidos, que en nuestro grupo parlamentario sabremos responder a ella y contribuir en el establecimiento de mejores condiciones que aseguren la gobernabilidad democrática, la seguridad y la protección del país. Es cuanto, diputado presidente. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Gutiérrez García. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo:Con su venia, señor presidente. Buenas tardes.

Nunca antes en la historia reciente de México habían coincidido tanto la estadística y la anécdota, porque tanto los números fríos y bien calculados como el comentario de la gente coinciden en un profundo rechazo al presidente de México, un rechazo al cual yo me sumo en lo personal y al cual se suman mis compañeros de fracción.

Este rechazo y esta baja de popularidad no hablan de otra cosa, sino de una mala conducción de la política interior. No me voy a involucrar en política exterior ni en economía, porque también sale muy mal librado el Ejecutivo. Pero basta con la política interior para poder comentar una serie de fallidas iniciativas y decisiones.

A veces hay hombres de Estado que son impopulares porque toman medidas inmediatas, buscando el bien de futuras generaciones. Pero es obvio que en México no tenemos ningún hombre de Estado en la Presidencia de la República.

Voy a dar nada más dos ejemplos. En primer lugar, el combate a la corrupción, un tema que ha adornado muchos discursos, que ha alimentado muchas iniciativas, que ha movido a múltiples reuniones, pero que no ha dado ningún resultado en la práctica, y nuestra gente sigue viendo con desencanto cómo los que se han enriquecido desde el poder siguen ricos y siguen libres. No hay nadie en la cárcel ni hay nadie devolviendo un cinco de lo que se llevó. Esto no hace más que alimentar el desencanto de la gente, alimentar la impopularidad de esta noble actividad, que es la política y alimentar también a los movimientos radicales e intolerantes que con el tiempo se vuelven iguales.

Otro ejemplo, compañeros, es el ejercicio de la autoridad. El presidente de la República tiene una serie de facultades y de obligaciones que debe ejercer y cumplir para poder conducir el país, y en este ejercicio de autoridad hay excesos y hay deméritos; por un lado, tenemos que se abusa de la autoridad buscando, por ejemplo, eliminar el delito, combatirlo, reprimiendo más que previniendo. Hay excesos policiacos, que ustedes ya bien conocen, lo cual representa un abuso, un atropello a los derechos fundamentales del hombre.

Pero también tenemos una gravísima falta de ejercicio de la autoridad. Siempre he pensado que la autoridad es tan grave abusar de ella, como luego utilizarla cuando es necesario. Así que tenemos que en México, en manos del Ejecutivo federal, mientras se reprime, se abusa, se castiga, hay tortura, hay desapariciones, por otro lado se deja que mexicanos, que grupos de mexicanos secuestren parte del país, sin hacer nada por miedo, por indolencia, o por un falso cálculo electoral. Es por eso que sumo mi crítica a la de mis compañeros en cuanto a la conducción de la política interna.

Recuerdo en este momento al barón de Montesquieu, que en el siglo XVIII, el Siglo de las Luces, que no deja de iluminarnos, habló de la división de Poderes como un equilibrio. Ahora que tenemos un Poder Ejecutivo debilitado, y vaya que ojalá y se recupere, le deseo bien, por qué no, pero ahora que en la realidad es que es un Poder Ejecutivo débil, que hay un vacío de poder, este Poder del cual formamos parte, que es el Legislativo, debe asumir la conducción política del país. Estamos aquí 500 hombres y mujeres que amamos a México, queremos lo mejor para este país, cada quien desde su perspectiva.

Entonces, llenemos esos huecos, suplamos esas deficiencias y a través de las atribuciones legislativas y las iniciativas de ley, de los puntos de acuerdo, de la fiscalización y supervisión a la que tenemos derecho, ayudemos a que México tome el rumbo y los mexicanos sean más felices y los mexicanos tengan, de verdad, más cosas buenas que contar. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, compañero diputado Tamez Guajardo.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida al señor Jorg Petrovick, vice-auditor de la República de Eslovenia. A la señora Anabelle Atillo, directora regional del Departamento de Presupuesto, y su acompañante el señor Daniel Avelino, del Instituto de Investigación Económica Aplicada, de Brasil. Fueron ponentes de un importante foro intitulado “El Poder Legislativo y su Rol en el Proceso Presupuestario”. Bienvenidos.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Delfina Gómez Álvarez:Buenas tardes a todos. Compañeros diputados y diputadas, el 4to. Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto se presenta en el peor momento de su gestión, su descrédito es fruto de la corrupción imperante de la violencia incontenible, de la inseguridad amenazante y de la incapacidad para combatir la delincuencia organizada.

El presidente enfrenta el rechazo popular por sus decisiones equivocadas en la atención de los conflictos políticos más relevantes, por el uso de la fuerza para acallar la protesta y la violación sistemática de los derechos humanos, como ocurrió con la represión y los asesinatos en Nochixtlán.

Para Morena, no se puede hablar de gobernabilidad democrática en un país en el que no se respeta el Estado de derecho. Efectivamente, la gobernabilidad democrática es posible cuando las instituciones del Estado son capaces de atender todas las demandas sociales, en el marco de un proceso democrático, pero la promoción y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática que el Ejecutivo federal presume, está muy lejos de ser una realidad.

El Ejecutivo federal señala en el informe que hoy analizamos, que México cuenta con instituciones sólidas y que vivimos en un país donde la autoridad de los gobernantes se emana del voto libre de la mayoría ciudadana, todo lo cual resulta ser una gran mentira ante los hechos que vemos en Zacatecas, Veracruz y otras entidades.

Un componente central de la política interior y de la gobernabilidad democrática es el respeto a la legalidad y al voto popular en los procesos electorales.

No obstante, somos testigos de cómo se da a los órganos electorales un uso faccioso y partidista para despojar del triunfo a quien legal y legítimamente lo obtuvo en las urnas.

Ahí está el reciente caso de la arbitraria anulación de las elecciones en la capital del estado de Zacatecas, en donde Morena se alzó con el triunfo en los comicios del pasado 5 de junio. Esta anulación es claramente el resultado de una consigna de Estado para detener a Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018.

En materia de desarrollo democrático hay un fracaso visible del gobierno de Peña Nieto que lamentablemente está reprobado en este rubro.

En la última edición del Índice de Desarrollo Democrático Latinoamericano de 2015 se revela que México ha retrocedido tres lugares para quedar en la posición 10. El dato es significativo porque por primera vez quedamos por debajo del promedio regional y pasamos del medio a bajo desarrollo democrático junto con El Salvador, Paraguay, República Dominicana y Colombia.

Por otra parte, en el Informe del Ejecutivo se dice que México cuenta con medios de comunicación libres y críticos. Morena no piensa lo mismo. Desde esta tribuna le decimos a Enrique Peña Nieto que al contrario, el gobierno que encabeza debe ser demócrata, tolerante y respetuoso de la prensa.

En el caso de Carmen Aristegui le exigimos detener el acoso, el hostigamiento y la persecución judicial iniciada contra la periodista, así como de sus colaboradores a partir de la investigación sobre la Casa Blanca.

Estos actos denotan una auténtica política de censura y represión que no debe de tener cabida en el México del siglo XXI.

Le recordamos al presidente, además, el contenido del artículo 6 de nuestra Carta Magna sobre la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

En lo que se refiere a transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, el IV Informe hace una descripción detallada de las acciones que la Secretaría de la Función Pública, a través de auditorías y seguimiento que se desprende de sus funciones, ha promovido.

Destaca la recuperación de recursos públicos derivados de las funciones de los órganos internos de control, reintegros a la Tesorería de la Federación, sanciones administrativas y el principal acto impugnado, el fallo de adjudicación en obras y servicios públicos con un 76 por ciento de inconformidad.

Los números a los que hace referencia el presente informe son intrascendentes cuando apenas el auditor superior de la Federación señaló que 18 entidades federativas simulan reintegros a la propia Auditoría Superior, mismas que enfrentan acusaciones penales. Se trata de devoluciones disfrazadas con la finalidad de solventar las observaciones hechas por el órgano fiscalizador. Esto ha ocurrido en las arcas públicas entre 2011 y 2013.

Como este caso, a diario conocemos hechos de corrupción frente a los cuales el gobierno ha sido omiso. México llega tarde y mal a enfrentar esta lacra. El diseño constitucional elegido, un sistema de coordinación de distintas instancias gubernamentales con una débil participación ciudadana deja muchas interrogantes sobre su eficiencia.

Como lo ha sostenido Morena, el Sistema Nacional Anticorrupción nace con más dudas que certezas. El actual gobierno no ha podido implantar una política interior democrática y sus resultados negativos los ha padecido una sociedad indignada.

El titular de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha sido incapaz de resolver los grandes problemas que afectan la tranquilidad y seguridad de los mexicanos. Zonas enteras del país están a merced de la delincuencia organizada.

Tampoco ha sido capaz de dar respuesta satisfactoria a las protestas sociales como la del magisterio contra la llamada reforma educativa, lo que ha provocado una fuerte tensión política en varios estados de la República.

Ha mostrado debilidad ante los poderes fácticos, ha cedido a sus presiones, como ocurrió con la promulgación de la Ley de Responsabilidades, que pretendía combatir la corrupción en contrataciones públicas.

En política interior, el gobierno de la República entrega malas cuentas por cuarto año consecutivo. Morena seguirá pugnando, como seguramente Juárez lo haría, por que se respete el Estado de derecho y las libertades políticas, que se respete la libertad de expresión y de manifestación.

Para que se revise el funcionamiento de todo el gobierno para eliminar gastos improductivos, el derroche y los privilegios. Por erradicar la corrupción, por ejercer la política como imperativo ético y por levar a la práctica la austeridad republicana, como condición para alcanzar la gobernabilidad democrática que el país, nuestro querido México, necesita. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Gómez Álvarez.

Esta Presidencia saluda al maestro Armando Carrillo Barragán, presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, quien ha sido invitado por el diputado Salomón Fernando Rosales Reyes. Sea usted bienvenido, señor presidente.

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Adelante, señor diputado.

El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas:Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, el Ejecutivo federal ha cumplido con su obligación de entregar un informe donde se mencione el estado que guarda la administración pública federal. Nos corresponde a nosotros revisar la información y no marcar errores o faltas a priori.

Un importante rubro en cada informe anual es el referente a política interior. En nuestro país esta función le corresponde a la Secretaría de Gobernación y abarca un amplio abanico de temas, lo mismo lleva la estrategia de seguridad pública que la de derechos humanos, la atención a desastres naturales, que a los migrantes. Las relaciones con las iglesias, que con los medios de comunicación. La comunicación institucional con los Poderes de la Unión, que con los grupos sociales y políticos, y en todos los rubros ha existido atención. Ahí están los números en el informe y sus anexos. Ahí se da cuenta de todo lo que se ha hecho en estos tan diversos temas.

Desde el primer día de este gobierno federal, el diálogo ha sido la principal política con la que se ha conducido, escuchar y llegar a consensos y acuerdos ha permitido logros donde todas las fuerzas políticas se han visto incluidos gracias a esa primicia y se ha reiterado a lo largo de estos cuatro años, diálogo, hasta donde se agote y no se convierta solo en una necedad, porque tampoco el gobierno puede ser rehén de grupos que por verse afectados en sus intereses quieran imponer condiciones que no son posibles de lograr.

Hay que reconocer que siempre se ha puesto el diálogo por enfrente, a pesar de que algunas veces los que demandan ese diálogo no escuchan y no buscan soluciones y no proponen caminos de salida, sino solo provocan condiciones adversas para después justificar sus actuaciones fuera de toda norma.

Una de las principales funciones y tareas que llevan en Gobernación es parte esencial de esa secretaría, es la relación con los Poderes de la Unión, con los gobiernos estatales y municipales, así como con los diversos organismos autónomos. No se ha dejado, ni relajado esta función, sino muy al contrario, se ha fortalecido. Hay que reconocer que con el Legislativo hay una plena comunicación y colaboración, ideas van y vienen, que se han traducido en propuestas y después en decretos o modificaciones o en leyes.

La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo ha sido relevante, al igual que con los gobiernos estatales, donde la comunicación y la coordinación han fluido de manera permanente sin importar el color, y eso se ha traducido en consensos solo con un fin, el bien de México.

Otro punto importante es la seguridad pública, un tema que ha servido para que algunos lo utilicen como bandera política, pero hay que reconocer que se han implementado diversos programas y acciones para enfrentar a la delincuencia en todas las zonas del país, y ahí están las cifras. Disminución de homicidios dolosos, de secuestro, en robo a vehículos. Se estableció como prioridad la captura de 122 cabecillas del crimen organizado, al mes de agosto de este año se han capturado 101.

El programa nacional para la prevención social de la violencia y delincuencia es otro logro de esta administración. Ahí están las comunidades en diversos estados de la República donde la aplicación de este programa ha logrado cambiar el entorno social, educativo, deportivo y ha permitido que lugares donde no se podía vivir en paz ahora sean lugares de convivencia.

El conducir la política interna de un país no es cosa sencilla, no es tarea fácil. No es cuestión de ocurrencias del día o propuetas al vapor. Se requiere de una gran sensibilidad política y social, de no ser imprudente sino sensato con las decisiones a tomar. No dar soluciones que solo sean paliativas, sino llegar a acuerdos donde los interesados hayan participado y conlleven una parte de la responsabilidad en la implementación de las soluciones.

La política interna no solo la construye el Ejecutivo federal. El legislativo tiene gran parte en ello y los gobiernos estatales y la sociedad misma. La política que debemos seguir trabajando es la del diálogo, consensos, acuerdos. Comencemos este segundo año de Legislatura con esa idea, con esa visión.

El informe del Ejecutivo federal es una parte de un todo. No nos quedemos solo en la acción de buscarle y encontrarle posibles vacíos o a criticar sus números y logros, y a veces exponerlos como mentiras porque no es así.

Los que estamos aquí nos dedicamos a esto, a la política, que siempre debe buscar acuerdos y consensos. A que el diálogo sea constructivo, a proponer soluciones a nuestros problemas. Sigamos trabajando para hacer que la política se exprese en resultados que se traduzcan en acciones concretas que lleven bienestar y paz a todos los mexicanos. Gracias por su atención.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Izquierdo. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Erik Juárez Blanquet:Con su permiso, señora presidenta. Señoras y señores diputados, México vive hoy la mayor crisis humanitaria de su historia, de violencia, de sus instituciones, de corrupción e ilegitimidad de su gobierno, sin parangón alguno en su historia reciente. No, no es un problema de credibilidad o de popularidad en las encuestas, como lo quieren hacer ver los corifeos del régimen y la comentocracia, que invade los espacios públicos de difusión y los debates en los medios de comunicación.

Sí, lo que estamos viviendo el día de hoy, es la caída en picada no de la popularidad de un gobernante y de su gobierno, sino la ausencia del componente básico que toda democracia exige a sus gobernantes que es la legitimidad en el ejercicio del poder, una legitimidad que ya perdió Enrique Peña Nieto desde hace mucho tiempo, y que yace en el fondo de las mazmorras de sus errores y desaciertos; de su corrupción en su Casa Blanca y en el departamento de Miami, y en la de Malinalco, en sus conflictos de interés y en su tesis plagiada.

Cómo puede darse por cumplida la obligación constitucional de rendir cuentas sobre el estado que guarda la nación, cuando en su informe de gobierno carece de autocrítica real sobre la gestión gubernamental y en particular de las decisiones del propio presidente de la república que va más allá de la numeralia oficialista.

Cuando no se reconocen los errores y las omisiones que contradicen la narrativa triunfalista que rodea todo este montaje, todo este gran show mediático, como si el presidente gozara del apoyo de las mayorías y no fueran ciertas las mediciones que lo ubican en los índices de aceptación más bajo, del 25 por ciento para ser exactos, y que esto es verdaderamente alarmante.

Ahora tenemos al día al presidente en el formato top show en Palacio Nacional, rodeado de jóvenes simpatizantes que fueron meticulosamente seleccionados desde la oficina de la Presidencia de la República.

¿Dónde queda el acto republicano de la rendición de cuentas? Lo mediático, lo manipulado y frívolo es el sello en Los Pinos. Se impone nuevamente a la gravedad de la realidad política, social y económica.

El México en Paz que firmó como primer objetivo de su gobierno no se cumplió, y muy probablemente no consiga hacerlo en lo que resta de su sexenio. Los indicadores muestran un repunte sostenido de la violencia en varias regiones del país, principalmente con el nivel más alto de homicidios en lo que va del sexenio, 78 mil muertos acumulados que hacen de nuestro país un verdadero panteón.

Asimismo los secuestros y las extorsiones son otros dos de los delitos más sentidos por la población y que fueron señalados por el Pacto por México como el centro de los esfuerzos institucionales del Estado mexicano.

Se registran, compañeros y compañeras, graves retrocesos en cuanto al respeto y la promoción de los derechos humanos, a tal grado que enfrentamos una crisis humanitaria marcada por la incapacidad del gobierno para enfrentar en el marco de la ley la envestida del crimen organizado y el narcotráfico.

Los crecientes casos de tortura y abusos cometidos por las policías federales, estatales y municipales y por el personal de las Fuerzas Armadas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones graves a los derechos humanos, manipulación de los hechos y pruebas.

Casos emblemáticos como Ayotzinapa, Apatzingán, Tlatlaya, Tanhuato, Nochixtlán, entre otros, se siguen acumulando y han puesto en evidencia las graves deficiencias y limitaciones estructurales; y la ausencia de políticas públicas adecuadas, que permitan detener esta creciente violación a los derechos humanos.

El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia poco podrán hacer en el corto plazo para enfrentar la corrupción sexenal y el legado priista, quedan por delante varios nombramientos de quien lo encarnarán en la fiscalía contra los delitos de corrupción, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo Ciudadano del Sistema Anticorrupción, en los cuales el presidente y su gabinete tendrán una influencia decisiva.

Señor presidente, para concluir, compañeros, no basta con pedir perdón otra vez, tiene que haber consecuencias. Usted es el responsable por esos graves errores y omisiones, y lo colocan a usted frente al final precipitado de su sexenio. Reconozca su responsabilidad.

El país se ve extraviado y sin rumbo. El país no soportará más de lo mismo, otros dos años que estarán enmarcados por la sucesión presidencial que ya se les adelantó.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, compañero diputado.

El diputado Erik Juárez Blanquet: Los mexicanos no podemos ser rehenes de un gobierno entreguista. Señor presidente, no le haga más daño a México y a la envestidura presidencial.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.

El diputado Erik Juárez Blanquet: En un momento, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se le agotó el tiempo, diputado. Concluya, por favor.

El diputado Erik Juárez Blanquet: A usted y a Videgaray no les queda tomar más que la única puerta que le queda a este gobierno. Con todo comedimiento nosotros, los diputados del PRD, lo invitamos a que pase por ella.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.

El diputado Erik Juárez Blanquet: Exigimos su renuncia, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Marco Antonio Gama Basarte:Con su venia, diputado presidente. “Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho”. Enrique Peña Nieto, año 2016. Bajo esta realidad estamos, con esta justificante pretende el titular del Poder Ejecutivo escudarse en una campaña mediática ante el rotundo fracaso gubernamental que a sus cuatro años ha rendido.

Señoras y señores diputados, acudimos a esta sesión para la glosa del 4to. Informe de Gobierno del Titular del Poder Ejecutivo, un informe de gobierno que está muy lejos de ser un efecto acto de rendición de cuentas sobre el estado que guarda la administración pública federal, un informe que tiene lugar en un contexto de desconfianza generalizada y bajo un clima de insatisfacción ciudadana respecto a un gobierno que no ha respondido a los problemas más sentidos de la sociedad.

Hoy vemos con dolor un México que enfrenta serios problemas de gobernabilidad en distintas regiones del país. Un México en donde los índices de inseguridad y violencia van en ascenso y nos han colocado en el deshonroso lugar 140 de entre los 164 países evaluados por el Instituto para la Economía y la Paz, apenas por encima de Estados como Palestina, Sudán, Libia, Afganistán, Irak o Siria.

Hoy vemos un México caracterizado por el conflicto social que no ha encontrado los cauces adecuados de distensión o de solución por parte del gobierno de la República. Carreteras bloqueadas, robo e incendio de autobuses, poblados cercados por grupos de presión, saqueos, escuelas cerradas, empresas en quiebra, asesinatos de alcaldes. Hoy todo esto es una constante que el gobierno PRI-Verde ni reconoce ni atiende.

¿Qué decir sobre la crisis de nuestro país en materia de derechos humanos, de atención a las víctimas del delito? ¿Qué decir sobre las desapariciones forzadas sobre las que este gobierno no ha dado respuestas claras y contundentes y que pretenden ocultar, ignorar o negar?

¿Qué decir de un gobierno PRI-Verde cuya prioridad es defender lo indefendible, defender a gobernadores corruptos, proteger a quienes utilizan las instituciones como trincheras de impunidad y abuso del poder para su beneficio personal y partidista?

El malestar contra el gobierno PRI-Verde, no solo pasa por los resultados electorales, ha venido erosionando la solidez de las instituciones y la capacidad de acción gubernamental.

Esto no lo podemos permitir, señores diputados. Mucho se ha hablado de que en México hay un mal humor social y es cierto, y una de las causas de ese mal humor es que los espacios de diálogo se han cerrado. El Ejecutivo ha cerrado la puerta a las opiniones críticas de la sociedad y de los representantes de la nación. El gobierno PRI-Verde ha limitado al mínimo el diálogo entre los Poderes, como pudimos ver el pasado 1 de septiembre, en el video en el que el presidente de la República expresó los principales tópicos de su informe de gobierno. Ahí manifestó algo que a los legisladores del PAN nos parece sumamente grave, el titular del Ejecutivo hizo referencia en ese foro al acto de rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión y lo dijo de esta forma: Esa realidad ya no existe y qué bueno que así sea.

En Acción Nacional lamentamos que el presidente de la República se congratule que no haya diálogo entre los Poderes, que esté rota la relación democrática entre el Ejecutivo y el Congreso. Los legisladores del PAN no podemos celebrar que la rendición de cuentas no se produzca aquí, ante la pluralidad de la representación parlamentaria. No podemos celebrar que hayamos regresado a los monólogos de la mayor parte del siglo pasado y hayamos pasado a los diálogos artificiales con la sociedad.

Hoy estamos ante un gobierno PRI-Verde que no escucha a su contraparte legislativa y mucho menos a los ciudadanos, a quienes claman porque no haya más alzas a los precios de las gasolinas o de las tarifas eléctricas.

Un gobierno que no escucha a quienes quieren vivir en paz, a quienes quieren que sus hijos vayan a la escuela, a quienes quieren mejores oportunidades para tener una mejor calidad de vida.

Hoy esos ciudadanos encuentran solo una respuesta, siempre la misma para todos sus problemas: Las cosas buenas casi no se cuentan, pero cuentan mucho.

Pero hay que destacar que las cosas buenas son las que le suceden a las personas por su esfuerzo y dedicación, son las historias de los ciudadanos, no son las acciones de un gobierno PRI-Verde que, después de cuatro años de administración, no tiene nada bueno que contar. Un gobierno PRI-Verde que no ha dado buenas cuentas al pueblo de México, que no extraña a nadie que en México haya un mal humor social.

Cómo no lo va a haber, cuando vemos al presidente de México como promotor de campaña de un candidato a la Presidencia en Estados Unidos. Eso sí genera mal humor social.

El gobierno PRI-Verde está apostando a la simulación política y eso, señoras y señores diputados, no lo podemos aceptar. En Acción Nacional estaremos dispuestos a colaborar, como siempre lo hemos hecho, con quien asuma que hay un objetivo fundamental que nos trasciende a todos nosotros y por el que tenemos que seguir trabajando, el bien de México.

En el PAN seguiremos aceptando el desafío histórico de seguir construyendo y fortaleciendo a las instituciones democráticas y ciudadanas de nuestro país. En el PAN seguiremos actuando a favor de México. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Gama Basarte. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Con su permiso, señor presidente de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores, la mejor manera de ejercer un gobierno eficaz y responsable en esta época de evidente complejidad social, es gobernar con apertura, buscando en todo momento la sinergia de las mejores ideas y que la diversidad sea más bien fuente de convergencia en objetivos sociales y políticas de desarrollo.

Por esa razón, el Grupo Parlamentario del PRI ha escuchado, respetuosamente, el posicionamiento de cada uno de los que me antecedieron, y confirma que durante los primeros cuatro años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha fomentado el diálogo y el acuerdo como fórmula para que las cosas sucedan, y para que las cosas buenas cuenten y cuenten mucho.

Gracias a esto la transformación de México es real, avanza, está aún muy lejos de ser concluida, pero avanza de manera clara e innegable. Gracias al mayor acuerdo político y la decidida defensa del interés nacional, hay reformas estructurales en marcha, preservamos libertades, y son cuatro años ya de un trabajo dedicado a construir una sociedad de derechos.

México, señoras y señores diputados, está cambiando sobre la base de un ejercicio de un gobierno que escucha, que dialoga, que reconoce como algo saludable y positivo esa pluralidad que vivimos.

Así el gobierno del presidente Peña Nieto ha dado pruebas reiteradas de apertura hacia todos los actores sociales y ante todas las expresiones políticas.

No se ha escatimado esfuerzo para mantener una mesa permanente al servicio de la concertación y ha quedado clara, una y mil veces, la voluntad manifiesta de dialogar para acordar las acciones que más le convienen al país. Porque las cosas son ahora así en México, la política interior funciona.

A través de la Secretaría de Gobernación se ha realizado un esfuerzo amplio para anticipar y resolver los conflictos sociales y con ello propiciar la verdadera gobernabilidad democrática.

La prueba de esto es la celebración en el periodo que corresponde a este Informe, de más de 4 mil reuniones de trabajo para atender de manera directa a estudiantes, familiares de víctimas, maestros, campesinos y una amplia diversidad de grupos sociales o colectivos. Y esto demuestra fehacientemente que hoy tenemos un gobierno que dialoga.

México ha asumido su responsabilidad ante el desafío migratorio. La nueva política del gobierno del presidente responde a un cambio de paradigma en el que México ha dejado de ser un país esencialmente expulsor de migrantes para convertirse en un país predominantemente de tránsito y retorno.

El programa Somos mexicanos fue creado para ordenar y recibir de manera digna a los mexicanos repatriados desde los Estados Unidos, a quienes se les brindan servicios de salud, alimentación, hospedaje y transporte.

En la frontera sur se fortalecieron las medidas de seguridad y trato justo a migrantes en tránsito. Para ello se crearon los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, para proteger y atender a sectores vulnerables de migrantes centroamericanos, especialmente niñas, niños y adolescentes, quienes son atendidos por oficiales de protección a la infancia.

Así México ha promovido, como ningún otro país, la cooperación regional en materia de migración y la defensa de una movilidad internacional de personas ordenada y segura.

En México se debaten con madurez temas que si bien son controvertidos enriquecen nuestra vida cívica y fomentan la participación ciudadana. La apuesta por la transparencia abona también a la gobernabilidad y habla de un gobierno moderno y cercano a los ciudadanos.

Finalmente, destaco los incuestionables avances que en materia de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres ha promovido el gobierno del presidente Peña Nieto.

Destaco la reforma electoral, la creación de 29 centros integrales de justicia para las mujeres, que ya existen en 22 entidades, y el crecimiento del presupuesto asignado a promover la igualdad, que este año superó los 25 mil millones de pesos; lo que representa un incremento en términos reales de 37.3 por ciento respecto al aprobado en 2012.

Señoras y señores diputados, el inicio del último tercio de la administración del presidente Peña Nieto cuenta con un inventario importante de cosas positivas que, efectivamente, cuentan mucho.

La política interior en el país es eficaz, es respetuosa de la diversidad y está consagrada a la salvaguarda de los derechos de todos. La política interior del país reivindica sus resultados en una gobernabilidad democrática que confirme el sentido de nuestras reformas y el apoyo mayoritario a la transformación nacional y al rumbo que esta ha tomado.

En México hay un gobierno que ha restablecido el diálogo político, que ejerce con visión de Estado la autoridad y cumple el mandato otorgado por la ley y los ciudadanos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, compañera diputada Guillén Vicente. Con esta intervención concluye la primera ronda de posicionamientos referidos al análisis del 4to. Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Para la segunda ronda, se han inscrito las y los siguientes: la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del PES; la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena; la diputada Lia Limón García; del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD; la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN; y el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PRI.

Por tanto, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Melissa Torres Sandoval:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, la estructura lógica del informe de gobierno alienada a los ejes articuladores del Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, nos permiten como legisladores y como ciudadanos contar con una perspectiva ordenada y objetiva de las acciones realizadas y su relación con aquellas que se plantearon al iniciar la presente administración, a fin de medir y aquilatar mejor los logros obtenidos.

Indudablemente, uno de los temas más sensibles para la población en general y que durante muchos años representó un problema, más que una solución, es la seguridad pública, el que detonó la elaboración del Eje México en Paz, como el de más alta prioridad entre los del plan, habida cuenta del nivel de inseguridad que privaba en nuestro país.

La necesidad apremiante de cambiar la óptica y la estrategia con que es abordaba el fenómeno social era evidente, una sensación de guerra no declarada merecía enfrentarse con una visión distinta que permitiera apuntar hacia un país en paz. Es así que se decidió diseñar el nuevo enfoque de la política interior, por cuanto a la seguridad pública y la procuración de justicia para disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad, fortalecer el tejido social y las condiciones de vida para inhibir las causas del delito y la violencia, así como construir policías profesionales.

Lo anterior, sumado a la planificación de un nuevo sistema de justicia penal y un orden efectivo de reinserción social de los delincuentes, son aportaciones de la actual administración del gobierno de la república, de indudable valor, no solo para la seguridad ciudadana y la procuración de justicia, sino para la vida democrática de México. Al día de hoy el haber privilegiado por encima del uso discrecional de la fuerza a la generación de inteligencia estratégica y táctica para desarticular organizaciones del crimen organizado, ha probado representar un cambio de profunda utilidad social, especialmente si tomamos en cuenta el espíritu de colaboración que lo atraviesa.

El 4to. Informe de Gobierno nos arroja un dato de altísima pertinencia para evaluar lo integrador del nuevo rumbo, en el contexto del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia 2014-2018, se impulsaron acciones con la finalidad de impactar en los ámbitos, individual, familiar, escolar y comunitario.

¿Qué factor común a todo lo expresado y desarrollado en el informe ha posibilitado los progresos? La corresponsabilidad. Prueba de ello es el hecho que el documento en cita, informe que se fortalecieron las nuevas estrategias preventivas y participativas. Cito: Para reducir los factores de riesgo de la violencia y la delincuencia, al mantener una colaboración constante con los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil organizada, el sector empresarial, la Academia y la ciudadanía. Concluyo la cita.

Ello permitió que hoy se informe también que en 11 meses que corrieron del primero de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, los secuestros disminuyeron en 2.6 por ciento; la extorsión 6.7 por ciento y el número total de robos en 3.2 por ciento. De este último destacan las reducciones en robo que sufren los ciudadanos y los hogares de los mexicanos en 12.7 y 7.9 por ciento, respectivamente.

La procuración de justicia de competencia del Ejecutivo, pero con vasos comunicantes con el Legislativo, también ha mejorado significativamente sus números al trabajar en equipo privilegiando la paz por encima de la guerra.

Por cuanto a la nueva orientación de combate a las drogas, se informó que en el marco de operativos coordinados entre la PGR, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se destruyeron más de 43 mil 160 plantíos de marihuana, además de 187 mil 484 plantíos de amapola.

Como persona, como mujer, como ciudadana, como diputada integrante de un grupo parlamentario que cree en el diálogo y la negociación, que postula la inoperancia y la obsolescencia del fuero y que tiene un enfoque de familia en sus documentos básicos y acción diaria y, como secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, estoy convencida que aunque falta mucho por hacer, un México en paz es posible si laboramos y colaboramos con altura de miras y amor por México.

Desde la tribuna más alta de la nación invitamos a todas las fuerzas políticas aquí representadas a legislar en materia de seguridad pública y procuración de justicia escuchando lo que los académicos, los ciudadanos, los empresarios, los jóvenes, las mujeres, las personas adultas mayores, así como los otros Poderes de la Unión nos tuvieren que decir para ofrecer las mejores soluciones. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada Torres Sandoval. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral:Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, cada uno de nosotros aquí reunidos representamos la voz de millones de ciudadanos que a diario ya n solicitan, sino reclaman respuestas a los temas de mayor urgencia que se necesitan atender en nuestro país. Por tal razón en este diálogo con el Poder Ejecutivo, en la revisión de su 4to. Informe de Gobierno, las y los legisladores de Nueva Alianza aprovecharemos este espacio para enriquecer mutuamente nuestra labor legislativa a fin de avanzar en la atención de los asuntos más apremiantes de los mexicanos, como lo es la justicia, la garantía a los derechos humanos y uno que no es de menor importancia como la transparencia y el combate a la corrupción. En este tenor la reforma constitucional de 2008 marcó un antes y un después en la forma en cómo se conciben la justicia penal en México, buscando garantizar la ampliación de los derechos de las personas implicadas en la comisión de un delito, además de su imparcialidad, transparencia y eficacia.

A esta administración le correspondió concluir un proceso ampliamente anhelado y demandado por las familias mexicanas, en el que sobresale una aplicación más expedita, gracias a la instrumentación de juicios orales, tarea en la que es preciso reconocer la coordinación realizada con el Poder Judicial y el Legislativo, la academia y la sociedad civil. Sin embargo a pesar de contar con el marco legal necesario para este nuevo sistema de justicia penal en el país, es innegable que para lograr la credibilidad tenemos que resarcir la falta de confianza de la ciudadanía.

En Nueva Alianza, al igual que lo hace la sociedad, señalaremos qué hace falta: fortalecer la capacitación, el adiestramiento y certificación de todos los involucrados, con el propósito que sean menores los casos de liberación de indiciados en función de notorias fallas al debido proceso, aspecto que hace inocuo todo el esfuerzo realizado y que puede vulnerar los derechos humanos de nuestra sociedad.

También la actual administración resalta que en el último año se han dado pasos firmes en la consolidación del Programa Nacional de Derechos Humanos promoviendo la implementación de los principios emanados en nuestra Constitución, así como de los mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal para lograr una mayor incidencia en las políticas públicas.

Reconocemos los avances en el compromiso de salvaguardar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes implementando el sistema de protección y procuración que establece la ley en la materia.

Aquí los avances son significativos, más no suficientes. Aún persisten los señalamientos de vulneración de los derechos humanos en los actos de gobierno sin que sea exclusivo del ámbito federal,

Por ello, urge que las autoridades responsables en estricto apego al Estado de derecho, cumplan con su labor adecuándose a las coyunturas políticas, económicas y sociales, lo cual permitirá avanzar hacia una cultura de la legalidad y de respeto a los derechos humanos.

Finalmente, con el objetivo de poner fin a la progresiva impunidad que aún rigen muchas de las instituciones de nuestro país, en fechas recientes concluimos el establecimiento del sistema anticorrupción buscando concentrar los mecanismos comisionados para abatir la corrupción con el objetivo de coordinarlos y alinearlos.

Hoy contamos con una estructura institucional sólida. No obstante, las demandas de la sociedad fueron claras, cero tolerancia y castigo a los funcionarios que incurran en actos sancionables.

Por ello es momento de instar a todas las partes involucradas lideradas por el Poder Ejecutivo a que velen en todo momento por la correcta aplicación de estas instituciones legales que llevados a la práctica, notablemente mejorarán el accionar de todas las instituciones y dependencias de nuestro país.

Sabemos de los vacíos, empero en Nueva Alianza seguiremos trabajando para mejorar y actualizar el marco legal en la medida que lo requiera el contexto nacional, pero sobre todo atendiendo los reclamos de la sociedad. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputada Campa Almaral. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco:Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a pesar de que –según los principales organismos internacionales de derechos humanos del mundo– nuestro país atraviesa por la más grave crisis de derechos humanos de su historia reciente, el Ejecutivo federal no solo ha sido omiso en atender sus principales recomendaciones, sino que hemos visto una ominosa falta de sensibilidad gubernamental hacia la legítima protesta social, que ha derivado en hechos tan lamentables como el caso de Nochixtlán, además que hemos sido testigos de cómo se emprendía una persecución judicial contra el entonces secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el señor Emilio Álvarez Icaza.

La conducción del gobierno federal en materia de derechos humanos ha evidenciado ante el pueblo de México, y ante la comunidad internacional, su grave displicencia ante el incremento generalizado de violaciones a los derechos humanos, como lo demuestra su falta de cooperación para que los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes continuaran en nuestro país; el poco interés para sacar adelante la legislación general en materia de desaparición forzada; además de la reiteradas descalificaciones que han recibido algunos de los representantes de organismos internacionales y defensores de derechos humanos, como el relator contra la tortura de la ONU, Juan Méndez, cuyo trabajo fue calificado de poco profesional por este gobierno.

Esta grave crisis de derechos humanos alcanza niveles solo vistos en territorios que atraviesan por cruentos conflictos bélicos internacionales; y ya arroja algo así como 30 mil desaparecidos, 150 mil homicidios y alrededor de 280 mil desplazados. Por ello los conceptos de crimen de lesa humanidad y de crimen de Estado son cada vez más invocados como definitorios de la crisis en nuestro país.

Sin embargo, hemos visto cómo algunas de las principales autoridades de nuestro país han descalificado en reiteradas ocasiones los diagnósticos que en tal sentido han venido realizando los organismos de derechos humanos, condenando cada vez a nuestro país a un aislacionismo del concierto internacional. Es una política totalmente errada la que tiene este gobierno.

La desaparición forzada de personas constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos y en nuestro país alcanza ya niveles alarmantes, con hecho siniestros como los de Ayotzinapa y hallazgos macabros como las múltiples fosas comunes en Tetelcingo, Veracruz, o Guerrero. Sin embargo el gobierno federal ha resultado visiblemente rebasado y ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias como lo demuestra el hecho de que a casi un año de creada la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas, sólo ha localizado a 13 personas de las casi 30 mil desaparecidas que hay en nuestro país.

Según datos oficiales, esto es una verdadera vergüenza porque los grupos de ciudadanos organizados han encontrado a más personas desaparecidas e incluso han localizado más fosas clandestinas. De ese nivel es la ineficacia que tenemos en las instituciones de este país, sobre todo del gobierno federal.

En el actual marco de descomposición de la vida pública resulta urgente que la administración pública federal y todas las áreas del Estado asumamos como una tarea primordial de defensa y protección de los derechos humanos, para lo cual resulta primordial en primer lugar que aceptemos la gravísima crisis de derechos humanos y se atiendan las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales en la materia. La crisis de derechos humanos en México es una enfermedad y como tal el primer paso para combatirla consiste en reconocerla.

El Poder Ejecutivo federal hoy debe dar la cara sobre esta grave situación por la que atraviesan los derechos humanos en México. Es una responsabilidad histórica de esta administración e incluso de esta generación, entrar de lleno en la solución de esta crisis y desde Movimiento Ciudadano seguiremos insistiendo en ello ya que creemos que hoy este es el principal problema de la agenda pública. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Sánchez Orozco. Tiene el uso de la tribuna la compañera diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Sandra Luz Falcón Venegas:Buenas tardes, diputadas y diputados. Después de analizar los datos del 4to. Informe de Gobierno en seguridad pública, justicia penal y derechos humanos, estamos en posibilidad de evaluar los resultados de la administración de Enrique Peña Nieto, en materia de política interior y nos alarma el resultado negativo de ello.

En este informe puede observarse que solo plagia, perdón, copian los datos sin citar la fuente, de un informe a otro, sin comprender lo que significa. Todo parecido con tesis pasada es pura coincidencia.

El informe de gobierno, en su apartado relativo al tema de seguridad señala –y cito en forma textual–: Hoy nuestro país es más seguro que en 2012.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía estima que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional se redujo de 22.18 en 2012, a 16.96 en 2015.

El pueblo de México merece respeto, ya que decir: estamos más seguros, es mentira. Ahora resulta que para medir la muerte son necesarias fórmulas estadísticas por cada 100 mil habitantes, los datos duros y números concretos de cuántas personas han sido asesinadas en nuestro país.

No, señores, de lo que hablamos aquí es de personas, con nombre y apellido, de carne y hueso, no de estadísticas para encubrir una incapacidad para frenar el aumento de la violencia y la inseguridad de este país.

El pasado 25 de julio de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indicó que durante 2015 se contabilizaron 20 mil 525 homicidios en México, número que por cierto es muy similar al registrado en 2014.

Las estadísticas dicen que en febrero de este año fueron asesinadas, en promedio, 55 personas por día, registro récord desde que se comenzó a revelar el registro oficial de víctimas de estos crímenes en enero de 2014.

El promedio diario de asesinatos es relevante, porque confirma que básicamente regresamos a niveles de violencia del inicio de sexenio y al ritmo que vamos podríamos incluso regresar al promedio que vimos en 2012.

El incremento de los homicidios en este año no es aislado y ya alcanza a más de la mitad del país. En total, en 18 estados se registraron incrementos y en cinco entidades el incremento supera el 100 por ciento.

Al ritmo que llevamos, según los datos de Inegi, vamos a cerrar el año seguramente en cerca de 23 mil homicidios en 2016. Tres mil muertos por hechos de violencia más que el año pasado.

El informe del Ejecutivo señala, que si bien hay avances en materia de seguridad y fortalecimiento institucional, aún no tenemos las corporaciones locales que necesita el país. Es en este ámbito local, el más próximo a la ciudadanía, donde se requieren mayores esfuerzos, dada la debilidad institucional de las policías municipales, de ahí la propuesta del Ejecutivo para avanzar hacia un esquema de política estatal única.

Esta, esta es otra mentira que vienen a contarnos y a tratar de engañar a la opinión pública, cuando lo que verdaderamente ha ocurrido es que el gobierno de Peña Nieto ha aplicado una política discriminatoria hacia los municipios, a través del subsidio para el fortalecimiento de la seguridad pública, que sólo distribuye recursos para la seguridad pública a 300 municipios, dejando en el desamparo a 2 mil 158 ayuntamientos.

Lo que se ha diseñado, desde la federación, es una estrategia para asfixiar financieramente a los municipios y después culparlos de no ser capaces de brindar seguridad pública a los ciudadanos. Esto es un viejo y conocido método, donde primero crean el problema para después aparecer como los salvadores, los que dan la solución. Esa es la verdad.

Así que hablemos con la verdad. El gobierno federal es el responsable directo del deterioro y la debilidad institucional de los ayuntamientos, debido a que desde el inicio no se les respetan los recursos económicos para contar con la mínima infraestructura ni con las policías medianamente pagadas o capacitadas.

En materia de derechos humanos no se conoce la grave crisis de derechos humanos que vive México y que se agrava por el contexto de una estrategia de manipulación deliberada y encubrimiento de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, cometidas por los cuerpos de seguridad.

No existe ni una sola mención a los más de 28 mil desaparecidos ni a las recomendaciones que señalan a las autoridades como directamente implicadas en crímenes o coludidas con la delincuencia organizada.

Las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa, las recomendaciones de la CNDH sobre los hechos de mayo de 2015, en Tanhuato, Michoacán, dejan en entredicho la estrategia que pretende negar la evidente responsabilidad de los cuerpos de seguridad en los excesos, falta de profesionalismo y peor aún, en su capacitación de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas.

Existe un claro patrón por parte de actores oficiales para primero distorsionar los hechos y luego responsabilizar de los mismos a las víctimas, con el claro propósito de engañar a la opinión pública, a los congresos estatales o a este Congreso de la Unión.

Pero lo único que se logra es hacer evidente la incapacidad del Estado mexicano para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y proporcionar seguridad a los ciudadanos. Esto no es ningún éxito, estamos muy mal. Debemos reconocerlo como primer paso para solucionar nuestros problemas.

El Grupo Parlamentario de Morena seguirá denunciando todas y cada una de las acciones que afecten a la ciudadanía. Y al mismo tiempo exigimos al presidente Enrique Peña Nieto que realice solamente eso, su trabajo, lo que le corresponde. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Falcón Venegas.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario de Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Lia Limón García:Con su venia, presidente. Hoy, desde esta Cámara iniciamos el ejercicio institucional de rendición de cuentas. Quizá algunos se confunden entre una revisión puntual de resultados y retos que tenemos en común como país con una oposición inercial y absoluta al gobierno.

Hago un llamado para que en el ámbito de la oposición no se pierda la finalidad de dar propuestas concretas y oportunas que contribuyan a mejorar y fortalecer el ejercicio de poder. En el análisis de la política interior tenemos la oportunidad de construir juntos. Quiero creer que todos le apostamos a que le vaya bien a México.

En tal sentido quiero primero reconocer el trabajo de política interior que le ha tocado desempeñar al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong en el ámbito de sus facultades como secretario de Gobernación. Creo que ha sido, ante todo, un trabajo de coordinación articulada al interior y al exterior del gobierno federal. Un trabajo de constante diálogo con las entidades federativas. Y también un trabajo en el que no se puede negar la existencia, siempre, de las puertas abiertas al diálogo hacia las distintas fuerzas políticas y grupos de poder sin escatimar esfuerzos, un diálogo constate y permanente. Pero debemos dejar muy claro que no se pueden confundir los resultados con la obsequiosa concesión de todas y cada una de las demandas o pliegos políticos; muchos de ellos en contra de la ley o de principios constitucionales, como es el derecho a la educación.

Este gobierno tiene una profunda vocación democrática y de inclusión social, así como de respeto a los derechos humanos. Solo condiciones de estabilidad y paz social dan seguridad y certeza para el desarrollo.

La protesta violenta, el arrebato y la fuerza, lejos de crear comunidad, nos dividen; sin dejar de mencionar que dañan gravemente la economía, la vida social y la imagen del país. Al diálogo se debe sumar el actuar responsable de todos los actores políticos con miras a la transformación política de nuestro país. Eso exactamente es lo que el presidente Enrique Peña Nieto ha privilegiado.

En el ámbito de la política interior, sin duda alguna una de las mayores preocupaciones siempre es el tema de la seguridad. En tal sentido, ya se dio aquí cuenta de avances importantes, por ejemplo, la disminución de índices delictivos. Una disminución de índices que no son cifras inventadas. Y si no se dan cifras, ¿cómo se pueden reportar los avances concretos? Una disminución que reflejada en el informe de los principales delitos, en todos los casos: en extorsión, en robo, en homicidio y en secuestro, en esos cuatro tipos de delitos hay una disminución importante de 2012 a la fecha.

El gobierno federal también ha establecido la estrategia, ha fortalecido la estrategia nacional antisecuestro, el fortalecimiento de la política penitenciaria y el impulso a un nuevo modelo de desarrollo policial, destacando la creación de la división de gendarmería de la policía federal.

En este rubro quiero referir que el Congreso tenemos pendiente el dictamen del modelo policial de mando mixto que consideró las diversas opiniones de los partidos y que tiene como origen la iniciativa presentada por el presidente de la República en el año 2014.

En la anualidad que revisamos, también se da cuenta de una deuda pendiente con la sociedad para el ejercicio de una justicia pronta y expedita, que por fin pudo tener operatividad y ejecución real.

Me refiero a la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en todo el país, desde el 18 de junio pasado, cumpliendo en tiempo el mandato constitucional. El sistema de justicia penal acusatorio garantiza el respeto de los derechos humanos de todas las personas durante el desarrollo del procedimiento, la tramitación de los procesos conlleva a un ahorro importante de tiempo y dinero, ya que es más ágil y prevalece la oralidad.

En el ámbito de la política de justicia destaca también los diálogos por la justicia cotidiana, como un esfuerzo impulsado por el gobierno federal que congregó a gobiernos, organizaciones e instituciones educativas para generar propuestas e iniciativas que contribuyan al desarrollo y acceso a la justicia y el combate a la discriminación.

Antes de concluir el pasado periodo período ordinario de sesiones, el presidente de la República envió a la Cámara un primer paquete de iniciativas, resultado de estos trabajos que nos tocará a nosotros discutir. Igualmente en el marco de la implementación de la política de estado en materia de derechos humanos, hay una reducción importante del 46 por ciento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacia la administración pública federal.

Y para quienes cuestionan los datos, estos datos son generados por una institución autónoma que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y concluyo, que otro avance importante en materia de derechos humanos que vino a fortalecer el interés superior de la niñez para ser considerado como prioritario, es el nuevo Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que, sin duda alguna, generará una mayor coordinación de la política pública en esta materia.

Asimismo destaca el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, un esfuerzo importante que, sin duda alguna, era una deuda pendiente de toda la clase política mexicana con la ciudadanía.

Por último, quiero reiterar que para el Partido Verde Ecologista de México, no solo hay que destacar y reconocer los logros importantes, sino también hay que reiterar nuestra absoluta disposición desde este ámbito de trabajar de la mano por el beneficio y el desarrollo de nuestro país. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Lía Limón. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Rafael Hernández Soriano:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, nos encontramos ante una situación de emergencia nacional. Las malas decisiones del gobierno federal han colocado al país en una encrucijada en la que nos jugamos la viabilidad como nación. Diversos son los temas que abonan frente a esta situación. Voy a referirme solo a algunos de ellos.

La grave crisis humanitaria que sufrimos en la que el enorme número de víctimas de desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, los casos incontables de tortura, las constantes apariciones de cadáveres desmembrados y todas las violaciones a derechos humanos que han identificado los organismos internacionales en México, como el alto comisionado de la ONU, simplemente están siendo ignorados por el Ejecutivo federal.

Por otro lado, el incremento alarmante de los índices de violencia criminal en diversas entidades de la República y el empoderamiento de la criminalidad organizada ponen de relieve que la política de seguridad, la cual se ha concentrado en el uso excesivo de la fuerza, ha sido fallida e incluso desproporcionada e ilegal.

Operativos fallidos como los heridos en Tlatlaya, Tanhuato, Ostula y Nochixtlán, configuran una acción criminal que viola derechos humanos fundamentales de las y los ciudadanos, incluyendo el derecho a la vida. Las víctimas de estos y otros hechos mediáticamente conocidos no pueden seguir esperando justicia, tampoco las miles de víctimas cuyas historias aun no se conocen.

En esta materia el gobierno federal anuncia un incremento en el registro nacional de víctimas del 89 por ciento, lo que omite señalar es que muchas de estas víctimas, un porcentaje importante, lo son de las acciones y políticas gubernamentales. Esta situación sin lugar a dudas tiene que cambiar. El Estado no puede continuar re victimizando a las víctimas.

Por otro lado, tenemos el tema de la impunidad. En el informe se señala una cifra que sigue siendo alarmante. Impunidad en el 98 por ciento de los casos. Al respecto, el Legislativo ha apostado a un nuevo sistema penal que esperamos incremente la confianza de los ciudadanos, garantice los derechos humanos y restablezca el Estado de derecho y la convivencia pacífica. Sin embargo ello será poco probable si no se avanza en rubros pendientes como en la autonomía de la Fiscalía General de la República.

Otro rubro preocupante y de particular relevancia es el que se reporta respecto al combate al lavado del dinero y a la red de protección política que resultan a la luz de las cifras, una absoluta simulación de parte del Ejecutivo federal.

Se señalan las siguientes cifras: han recuperado 236 millones de pesos; 4.2 millones de dólares; solamente se han conseguido 15 sentencias condenatorias; cifras irrisorias, compañeras y compañeros, si consideramos que también se han reportado más de 50 mil millones de dólares que se blanquean en el sistema financiero nacional, cifra aceptada por funcionarios de Hacienda, de la Comisión Bancaria y de Valores, e incluso aceptada también por la PGR.

En otro punto muy importante y sensible para nuestro país, aquí han aludido quienes han venido a defender la postura del Ejecutivo federal, que exista un sistema nacional de protección de la niñez, sí existe y existe la ley desde diciembre del 2014. Sin embargo hemos insistido permanentemente para que el Ejecutivo le proporcione el presupuesto debido, para que haya los albergues y las procuradurías y el personal suficiente para dar atención a esta niñez que tanto nos preocupa. Esperemos que quienes vienen a señalar el avance en esa materia también señalen en el Presupuesto la necesidad de cubrir el Sistema Nacional de Protección y todo lo que ello implica.

La impunidad y la parálisis política, diputadas y diputados, reina en nuestro país, y la mayoría legislativa es cómplice. Resulta indispensable redireccionar el rumbo general de nuestro país. Es menester que todas y todos los ciudadanos coadyuvemos en esta enorme tarea.

Como primer paso tiene que haber un reconocimiento del Ejecutivo federal de los errores cometidos personal y políticamente.

El segundo resulta obvio, que es que asuma las consecuencias y responsabilidades sobre de estos errores cometidos. El Ejecutivo federal no debe ya continuar tomando decisiones al vapor, ya transcurrió más de la mitad de su mandato, y la curva de aprendizaje en lugar de ir avanzando, de plano refleja un claro retroceso.

El presidente se encuentra en los niveles más bajos de aceptación que aunque puede considerarlo él y su gabinete frívolo, el hecho es que se está hundiendo, y con ello está hundiendo al país en una situación de parálisis que a nadie le conviene.

El presidente no tiene más capital político que requiere para sí intentar sacar adelante a nuestra nación de esta crisis en la que nos encontramos, máxime cuando sólo le quedan dos años.

En el Partido de la Revolución Democrática nos encontramos plenamente convencidos de que ante esta situación la reorientación de las acciones en materia de política interior es impostergable, este Poder Legislativo tiene que ejercer todas sus atribuciones que como contrapeso del Ejecutivo, nos corresponde para enderezar el camino de nuestra nación, y esto debe ser, compañeras y compañeros, de manera permanente, y de manera enérgica. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputado Hernández Soriano. Tiene el uso de la tribuna la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata:Compañeras y compañeros diputados, a cuatro años del ejercicio del gobierno federal en materia de seguridad pública el PRI-gobierno ha fracasado; los datos oficiales y la realidad nacional, así lo indican.

Para tener un contexto pertinente, es necesario recordar que al inicio de este gobierno se dijo que la estrategia de la anterior administración había sido errónea, y que lo urgente era cambiarla totalmente.

Al efecto, se dispuso una de las mayores reformas a la organización de la administración pública y se tomó la decisión de suprimir la Secretaría de Seguridad Pública, creando una Comisión Nacional de Seguridad, adscribiéndola al mando de la Secretaría de Gobernación.

En suma, hubo concentración de funciones en la Secretaría de Gobernación y se duplicaron los mandos. En el modelo actual la información a la que pudiese acceder el jefe de la policía federal ya no pasa directo al presidente de la República.

Lo anterior se constata con los datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estos arrojan que los homicidios dolosos tuvieron un repunte estadístico desde marzo del 2015, al incrementarse de mil 200 al mes a más de mil 800 en julio de 2016. De agosto de 2015 a julio de 2016 se reportaron 16 mil 832 homicidios de tipo doloso.

El modelo implementado por este gobierno diluye responsabilidades y genera información discordante. No es de extrañar en consecuencia que se hubiesen sucedido acontecimientos que pusieron de manifiesto las deficiencias operativas, si no es que hasta actos de corrupción significados en la escandalosa fuga de Joaquín Guzmán Loera o el motín en el penal de Topo chico con saldo mortal.

Los hechos son inamisibles, por lo ocurrido también en Ayotzinapa, en Tlatlaya, en Tanhuato y Nochixtlán. Tienen este ingrediente de incertidumbre y soslayo de parte del titular del Ejecutivo.

Al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, nos parece que en este alejamiento radica una de las características de este gobierno. El Ejecutivo ya no tiene interés o fibra política para estar informando y tomar decisiones cuando hay que hacerlo. Fallaron los cuatro años y los dos que le quedan se lo llevará la eventual implementación de la reforma constitucional del mando mixto. Es decir, el tiempo se les fue y le incumplieron a México.

El PRI-gobierno ofreció en campaña el tratamiento de la política de comunicación en materia de seguridad, dicho cambio se dio quitando de la agenda nacional la problemática de episodios de violencia y las acciones necesarias para contenerla.

Estamos muy preocupados por la implementación general del nuevo sistema penal acusatorio y por los atrasos que se advierten en diversas instituciones responsables del éxito en el cambio del modelo, ya que los primeros esbozos no nos permiten ser optimistas.

No basta con tener al Chapo Guzmán en la cárcel, el gobierno federal es omiso en garantizar que los bienes confiscados a este criminal en los Estados Unidos le sean restituidos a nuestro país, según lo establecen los convenios internacionales vigentes. Ese dinero y propiedades deben de regresar a México y ser aplicado en reconstruir el tejido social dañado. Hasta el momento pareciera que el gobierno federal es más comparsa que garante eficaz de justicia y reparación del daño ocasionado a nuestro país.

Compañeras y compañeros diputados, el 4to. Informe de Gobierno por lo que respecta a gobernabilidad, seguridad y justicia, sólo arroja datos preocupantes, no solamente porque los que dijeron que sabían gobernar han demostrado justamente lo contrario, sino porque se ha puesto en juego el clima de paz y orden que debe prevalecer.

El Grupo Parlamentario del PAN seguirá trabajando, analizando los resultados, realizando propuestas y sobre todo exigiendo cuentas al gobierno, seguros de que este país merece un mejor destino y un mejor entorno que el que hoy enfrenta. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, habiendo recibido un país en guerra, Enrique Peña Nieto gobierna un México en creciente paz. Lejos de promover una absurda guerra, el gobierno del PRI apuesta por la fraternidad con seguridad y justicia.

Desde el inicio del gobierno comprometido con un México en paz, variaron para bien todos los indicadores. Los delitos de alto impacto han disminuido rotundamente respecto a los sexenios anteriores y a la tasa de los delitos totales por cada 100 mil habitantes registradas en el 2015. Ha sido la más baja en dos décadas desde el 2012.

Los homicidios disminuyeron 30 por ciento, los secuestros 26 por ciento y las extorsiones 31 por ciento. Ciento uno, de los 122 delincuentes más peligrosos que entonces estaban libres, ahora ya no representan una amenaza para la sociedad, con lo cual se ha logrado desarticular la estructura de mando de los principales grupos criminales generadores de violencia, acotando significativamente su operatividad.

En el marco de las acciones contra el tráfico de estupefacientes ilegales, la Procuraduría General de la República participó en operativos conjuntos con la Secretaría de Gobernación, la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, con la Policía Federal, el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, así como la Secretaría de Seguridad Pública, procuradurías o fiscalías estatales y autoridades municipales.

De igual forma este gobierno ha impulsado la reforma que dejó pendiente la administración pasada, la de la Policía Estatal Única para pasar de mil 800 policías municipales débiles a 32 sólidas y confiables.

Hoy es el propio partido de la administración pasada que no quiere avanzar, cuando en el sexenio anterior eran quienes pedían el mando único. Sensible a las grandes exigencias de los mexicanos, el Ejecutivo federal impulsó y nosotros aprobamos el nuevo sistema nacional anticorrupción, único en el mundo, presidido por ciudadanos, el cual tiene como objetivo coordinar a las autoridades responsables de la prevención, detección y sanción de actos de corrupción y faltas administrativas, así como la fiscalización y control de los recursos públicos.

Derivado de dicho sistema, ahora los funcionarios de todos los órdenes de gobierno deben de rendir cuentas como resultado del fortalecimiento de la fiscalización. Se asegura que los recursos públicos lleguen a las personas que más lo necesiten, y gracias a la plataforma digital nacional todos los ciudadanos podrán acceder a un sistema de denuncias públicas, por hechos de corrupción y faltas administrativas.

Es de suma relevancia señalar, que mientras en el 2012 sólo tres entidades federativas habían implementado el sistema de justicia penal acusatorio y oral, ahora opera en todo el país, y que el avance era casi nulo para el fuero federal, ahora es una realidad, ya que se ha implementado en su totalidad del nuevo sistema de justicia penal para bien de todos los mexicanos y en esta legislatura vamos por más para su entera consolidación.

Hago un reconocimiento a las organizaciones civiles que colaboraron activamente en la implementación de este nuevo sistema, junto con las instituciones federales y a todas las fuerzas políticas que integramos la Comisión de Justicia, en la que han sido escuchadas y atendidas todas las posiciones y visiones, asegurando principalmente todas las posiciones que fueron tomadas en cuenta para una creación de esta legislación que está vigente.

En este ánimo fue que se aprobaron el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, el Código Militar de Procedimientos Penales, las reformas al Código de Justicia Militar, así como también la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la Ley Nacional de Ejecución Penal, las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y a la llamada miscelánea penal.

Esta serie de reformas es producto de la colaboración estrecha del Poder Legislativo y de las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo. Las dependencias del Ejecutivo federal, como operadoras de la ley, tienen la capacidad de tomar el pulso de los retos cotidianos de las y los servidores públicos para cumplir con su mandato. Garantizar seguridad y justicia a las y los mexicanos.

Reitero que con la misma actitud aprobaremos la segunda generación de reformas en materia de seguridad ciudadana y justicia democrática.

A partir de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio se ha dado un paso decisivo hacia una justicia más cercana, transparente y eficaz, garantizando los derechos humanos de las personas involucradas en el proceso penal.

En materia de derechos humanos, a diferencia de las dos anteriores administraciones, que nunca aceptaron la supervisión o colaboración de organismos internacionales y cooptaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la actual administración se ha abierto a dicha supervisión y colaboración.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, desde su primer mensaje a la nación, convocó a trabajar para respetar y hacer respetar los derechos humanos que reconoce la Constitución. Fue así que propuso y promulgó la Ley General de Víctimas, a fin de fortalecer los instrumentos para garantizar la reparación integral del daño.

Cabe destacar del 4to. Informe de Gobierno, que ha habido más de 550 actividades académicas y que se han capacitado casi 11 mil 700 servidores públicos.

Este gobierno sí ha reconocido los problemas de derechos humanos para atenderlos como ningún otro. Ha demostrado apertura y transparencia para que organismos autónomos e internacionales colaboren con el Estado mexicano en favor de los mexicanos.

Para lo anterior fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para el procedimiento del cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones en esta materia.

Es decir, por primera vez se tienen criterios claros, uniformes y objetivos para dar una respuesta de atención pronta, pertinente y coordinada por parte de las áreas de la administración pública.

En nuestras manos está seguir trabajando para fortalecer el nuevo sistema de justicia penal en materia de seguridad, justicia y en derechos humanos con la rapidez y el rigor necesario para consolidar este México en paz.

Compañeras y compañeros diputados, la paz es exigente, demanda de nosotros contribuir a consolidar la libertad, la seguridad y la justicia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ibarra Hinojosa. Con esta intervención concluye la segunda ronda de posicionamientos sobre el análisis del 4to. Informe de Gobierno en materia de política interior que presentó el ciudadano presidente Enrique Peña Nieto.

De conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la República, para su conocimiento.

PROPOSICIONES CALIFICADAS POR EL PLENO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN



MODIFIQUE EL MODELO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS Y SE CONSIDERE LA CREACIÓN DE UNA BOLSA MEXICANA AGROALIMENTARIA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Aserca, se modifique el modelo para la comercialización de granos y se considere la creación de una bolsa mexicana agroalimentaria.

El diputado Germán Escobar Manjarrez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, muy buenas tardes a todos. Vengo ante esta tribuna con el firme propósito de pedir el apoyo de todos ustedes para que actuemos en forma decidida a llevar a cabo una refundación a la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Aserca.

El que suscribe, Germán Escobar Manjarrez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PRI, de la LXIII Legislatura, someto a la honorable Cámara de Diputados, a la consideración de esta soberanía, la proposición del punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Sagarpa para que, a través de Aserca, cambie el modelo que actualmente tiene para la comercialización de granos y se cree la bolsa mexicana agroalimentaria.

El cambio en los mecanismos de intervención del Estado encuentra sus primeros antecedentes con la incorporación de México al GATT, que en términos generales promueve un proceso de gravación arancelaria para establecer condiciones igualitarias de comercio entre países, y se han definido con mayor claridad, de conformidad con los tratados de libre comercio que México ha firmado con diferentes países.

Esta política ha dado como resultado que los instrumentos de intervención en torno al comercio agrícola estén sujetos a mecanismos de fijación de precios en el entorno internacional y bajo instrumentos que reflejan una alta volatilidad de especulación a través de las bolsas, que se ven distorsionadas con el proteccionismo de los subsidios agrícolas que tienen países como Estados Unidos de Norteamérica.

Ante la liberación de mercados y la aglomeración comercial de productos agrícolas, en 1991 se creó Aserca con el propósito de contar con un organismo para el impulso y apoyo a la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo con los siguientes objetivos principales:

1o. Fomentar la organización de productores para la comercialización y su capacitación.

2o. Fomentar que se construya la infraestructura básica para realizar eficientemente los procesos de comercialización.

3o. Fomentar el desarrollo de sistemas de información de mercados nacionales e internacionales.

4o. Fomentar la creación de una bolsa agropecuaria hacia la que se oriente la comercialización privada.

Podríamos concluir que el principal mandato de hacer, que es impulsar y consolidar los mercados nacionales para otorgar rentabilidad en los cultivos domésticos de nuestro país.

Si bien Aserca ha generado un camino a seguir para la comercialización de las cosechas, estos procesos y recursos no han aumentado la productividad y la competitividad del sector de granos y oleaginosas, ya que éste enfrenta una serie de retos estructurales que no se han tenido en los últimos años y distan mucho de otorgar los resultados del proyecto original con el que fue constituida. Ya que la baja rentabilidad de los productos agrícolas, principalmente de granos, han generado fuertes presiones políticas y sociales de los productores, por un mejor precio en sus cosechas. Y además, han provocado que los apoyos que se otorgan se distorsionen y no beneficien principalmente al productor sino a los acopiadores y a los comercializadores.

Ante estas circunstancias se requiere una transformación completa de las políticas públicas de apoyo a la comercialización y una transformación de la estructura administrativa de Aserca, ordenar los mercados de cosecha excedentarias y promover una cultura de administración de riegos entre los productores que fortalezcan el desarrollo regional y reconozcan sus características particulares para los recursos que se utilicen a apoyos a la comercialización de productos agrícolas, generen mayor valor, incrementen la competitividad del sector y se evite institución de mercado y precio. Por lo cual solicito a esta soberanía aprobar el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Sagarpa y al director en jefe de Aserca, para que se modifique el modelo de apoyos a la comercialización y desarrollo de mercados, para dar certidumbre y rentabilidad a los cultivos agrícolas de alta sensibilidad para los mexicanos, como lo es el maíz, el trigo y el sorgo, y ordenar su cadena productiva.

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Sagarpa y al director en jefe de Aserca, para que se realice una transformación de fondo de la estructura administrativa de Aserca, que dé respuesta rápida y eficiente a la necesidad de los productores agropecuarios.

Tercero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Sagarpa y al director en jefe de Aserca, que realicen foros regionales que permitan la participación de los productores involucrados en los cultivos, que cuenten con apoyos a la comercialización y desarrollo de mercados.

Cuarto. La Honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Sagarpa y al director en jefe de Aserca, se otorguen las medidas administrativas y financieras para crear una bolsa de físicos que permita identificar el precio doméstico a los productores agrícolas de la Canasta Básica.

Quinto. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Sagarpa y al director en jefe de Aserca para elaborar un padrón de productores de granos básicos.

Por su apoyo y comprensión, agradecería a todos ustedes aprobar este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente. Gracias y buenas tardes.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a modificar por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios el modelo para la comercialización de granos y considerar la creación de una bolsa mexicana agroalimentaria, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Germán Escobar Manjarrez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamente de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa para que a través de Aserca cambie el modelo que actualmente tiene para la comercialización de granos y se cree la bolsa mexicana agroalimentaria.

Exposición de Motivos

El cambio en los mecanismos de intervención del Estado para’ el apoyo a la comercialización de las cosechas agrícolas preferentemente de granos, encuentran sus primeros antecedentes con la incorporación de México al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), que en términos generales promueve un proceso de desgravación arancelaria para establecer condiciones igualitarias de comercio entre países y se han definido con mayor claridad de conformidad con los tratados de Libre Comercio que México ha firmado con diferentes países.

Esta política ha dado como resultado que los instrumentos de intervención en torno al comercio agrícola y en particular sobre productos de alta sensibilidad para la dieta nacional como son el maíz, el trigo y el sorgo, estén sujetos a mecanismos de fijación de precios en el entorno internacional y bajo instrumentos que refleja una alta volatilidad y especulación a través de “bolsas” que se ven distorsionados por el sobre proteccionismo de los subsidios agrícolas que tienen países como los Estados Unidos de América.

Ante la liberación de mercados y la globalización comercial de productos agrícolas en 1991 se creó la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) con el propósito de contar con un organismo para el impulso y apoyo a la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo, con los siguientes objetivos principales:

I. Fomentar la organización de prod4ctores para la comercialización y su capacitación.

II. Fomentar que se construya la infraestructura básica para realizar eficientemente los procesos de comercialización.

III. Fomentar el desarrollo de sistemas de información de mercados nacionales e internacionales.

IV. Fomentar la creación de una bolsa agropecuaria, hacia la que se oriente la comercialización privada.

Podríamos concluir que el principal mandato de Aserca es impulsar y consolidar los mercados nacionales, para otorgar rentabilidad en los cultivos domésticos de nuestro país.

Si bien Aserca ha generado un camino a seguir para la comercialización de las cosechas, resolviendo problemas coyunturales de precios, estos procesos y recursos no han aumentado la productividad y la competitividad del sector de granos y oleaginosas, ya que este enfrenta una serie de retos estructurales que no se han atendido en los últimos años y dista mucho de otorgar los resultados del proyecto original para el que fue constituida, ya que la baja rentabilidad de los productos agrícolas principalmente de granos como el maíz, trigo y sorgo, han generado fuertes presiones políticas y sociales de los productores por un mejor precio en sus cosechas y además, ha provocado que los apoyos que se otorgan, se distorsionen y no beneficien principalmente al productor sino a los acopladores, comercializadores y compradores.

Ante estas circunstancias se requiere una transformación completa de las políticas públicas de apoyos a la comercialización y una transformación de la estructura administrativa de Aserca, ordenar los mercados de cosechas excedentarias y promover una cultura de administración de riesgos entre los productores, que fortalezcan el desarrollo regional y reconozcan sus características particulares para los recursos que se utilicen en apoyos a la comercialización de productos agrícolas generen mayor valor, incrementen la competitividad del sector y se eviten distorsiones de mercado y precios.

Ante tales escenarios es inminente la creación de políticas públicas que den rentabilidad al campo bajo una completa reestructuración de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Merados Agropecuarios por lo que solicito a esta soberanía aprobar los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: La Honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Sagarpa, y al director en jefe de Aserca para que se modifique el modelo de apoyos a la comercialización y desarrollo de mercados para dar certidumbre y rentabilidad a los cultivos agrícolas de alta sensibilidad para los mexicanos como lo es el maíz, el trigo y el sorgo, y ordenar su cadena productiva.

Segundo: La Honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Sagarpa y al director en jefe de Aserca para que se realice una transformación de fondo de la estructura administrativa de Aserca que dé respuesta rápida y eficiente a las necesidades de los productores agropecuarios.

Tercero: La Honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Sagarpa y al director en jefe de Aserca, se realicen foros regionales que permitan la participación de los productores involucrados en los cultivos, que cuentan con apoyos a la comercialización y desarrollo de mercados.

Cuarto: La Honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Sagarpa y al director en jefe de Aserca, se otorguen las medidas administrativas y financieras, para crear una bolsa de físicos que permita: identificar el precio domestico de los productos agrícolas de la canasta básica.

Quinto: La Honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Sagarpa y al director en jefe de Aserca para elaborar un padrón de productores de granos básicos tales como maíz, trigo y sorgo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputado Germán Escobar Manjarrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Escobar Manjarrez. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Para los efectos del artículo...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame, diputada. Adelante, continuamos por favor.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se considera de urgente resolución.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputada Karina Barón, ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Para solicitarle al diputado orador que nosotros como Grupo Parlamentario del PRD estamos a favor de esta propuesta, siempre y cuando él considere agregar en el primer resolutivo el tema del café, de los cacaoteros, los piñeros y en general el fortalecimiento de mercados locales y la comercialización del sector social de la economía rural.

«Propuesta de modificación a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática.

Solicitando que se agregue el primer resolutivo el café, los cacaoteros, los piñeros, el fortalecimiento de los mercados locales, y en general la comercialización del sector social de la economía.

Por su atención muchas gracias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.—Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: ¿Diputado?

El diputado Germán Escobar Manjarrez(desde la curul): Se acepta.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado promovente acepta la modificación en los términos planteados. Solicitamos que se integre esa modificación al punto de acuerdo que ha sido puesto a consideración en esta asamblea.

Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se acepta la modificación al punto de acuerdo presentado.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación planteada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se acepta la modificación. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo con la modificación planteada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado, comuníquese.



PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández:Con su venia, señor presidente. En 1981 fue publicado el decreto por el que el Estado mexicano aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En él se reconocen derechos como el del trabajo, la protección a la familia, a un nivel de vida adecuado, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a la educación, a la participación en la vida cultural, a gozar del progreso científico, entre otros.

Estos derechos sientan las bases mínimas para que los seres humanos nos desarrollemos a plenitud en condiciones de igualdad y libertad, facilitando que todas y todos cumplamos con nuestros proyectos de vida.

El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es, desde el 2008, el instrumento a través del cual se faculta al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para recibir y examinar comunicaciones presentadas por personas que alegan ser víctimas de violaciones por un Estado parte, de los derechos contenidos en el pacto.

Es preciso recordar que en su preámbulo se señala que no puede realizarse el ideal del ser humano libre liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.

El punto de acuerdo que hoy someto a consideración de este pleno, compañeras y compañeros diputados, no tiene otro objetivo más que el de conminar al Ejecutivo federal a cumplir con las obligaciones en materia de derecho humanos, es un deber de congruencia que quien dice llevar por bandera el respeto de los derechos humanos, en verdad actúe con congruencia.

Firme el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y reconozca de forma expresa la competencia del comité encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Pacto.

México tiene la oportunidad de avanzar en materia de derechos humanos y la firma del protocolo es indispensable para que el comité tenga la posibilidad de conocer de cerca el estado que guardan en nuestro país los derechos económicos, sociales y culturales.

Como legisladoras y como legisladores, esta proposición es una forma de dejar claro que haremos todo lo que esté dentro de nuestras facultades para que las mexicanas y los mexicanos gocemos en igualdad de circunstancias de los mismos derechos.

Debemos señalar también, que es una obligación del Estado mexicano que deriva de los propios compromisos internacionales que hemos asumido y de la vigencia plena del artículo 1o constitucional que nos obliga a la protección progresiva de los derechos humanos.

Es, en consecuencia, una obligación ética de las y los diputados que conformamos esta Cámara, y específicamente de mi grupo parlamentario, cuyo compromiso con la defensa, la vigencia y observancia de los derechos humanos es fundamental.

En el PRD les decimos a las mexicanas y los mexicanos: tus derechos son nuestra causa. Es por ello, nuevamente, diputadas y diputados, que solicito que esta honorable Cámara de Diputados exhorte al titular del Ejecutivo federal a firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconociendo expresamente la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para conocer de los procedimientos de comunicaciones entre estados y de investigación. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 62 numeral 3 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. El 9 de enero de 1981 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que el Estado mexicano aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC o el Pacto), en el cual se reconocen derechos como el del trabajo, a la protección a la familia, a un nivel de vida adecuado, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a la educación, a la participación en la vida cultural, a gozar del progreso científico, etcétera.

2. El 10 de diciembre de 2008, la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de su resolución 63/117 aprobó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante el Protocolo), a fin de asegurar el logro de los propósitos del PIDESC, facultando al Comité de Derecho Económicos, Sociales y Culturales (CDESC o el Comité) para recibir y examinar comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo la jurisdicción de un Estado o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por ese Estado Parte de los derechos contenidos en el PIDESC. Sin embargo, para el reconocimiento de la jurisdicción del comité se requiere que el Estado parte en cuestión sea parte del protocolo.

3. México es un Estado parte del PIDESC, sin embargo, no ha aprobado el protocolo, por lo que el Comité se encuentra imposibilitado para conocer de casos específicos en los que se viole el Pacto.

4. La Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se ha pronunciado respecto de la importancia de que exista este Protocolo, facultando al Comité como un mecanismo internacional de quejas, e indicó:

“Por un lado, permitirá que el Comité DESC avance aún más en la definición del contenido y alcance de cada uno de los derechos y obligaciones contenidos en el Pacto, y por otro, enviará un mensaje contundente a los tribunales nacionales y otros organismos cuasi-jurisdiccionales, de que los DESC son efectivamente derechos justiciables, alentando a que se desarrollen en el ámbito nacional recursos realmente efectivos para que no sea necesario recurrir a la instancia internacional en búsqueda de justicia.”

5. Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) permiten el ejercicio de otros derechos, ya que establecen las bases mínimas para el desarrollo de los seres humanos en condiciones de igualdad y libertad, dejando patente que son el reflejo de las sociedades conscientes de la dignidad humana y de que:

“...no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos...”

6. El 10 de junio de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modificaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos; estableciendo desde entonces, la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo que, en un ánimo congruente con esta reforma, resulta imperativo que el Ejecutivo federal firme el Protocolo, como una forma de demostrar un verdadero compromiso con los derechos humanos de todas y todos.

7. México tiene la oportunidad de avanzar en materia de derechos humanos, y la firma del Protocolo es indispensable para que el Comité tenga la posibilidad de conocer de cerca el estado que guardan en nuestro país los DESC; como legisladores esta proposición es una forma de dejar en claro que haremos todo lo que esté dentro de nuestras facultades para que los mexicanos gocemos en igualdad de circunstancias de los mismos derechos.

Por lo fundado y motivado, ante esta soberanía proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Honorable Cámara de Diputados, exhorta al titular del Ejecutivo federal, a firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconociendo expresamente la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para conocer de los procedimientos de comunicaciones entre Estados y de investigación.

Notas:

1 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4603452 &fecha=09/01/1981

2 Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/ 63/117

3 Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: EXIGIBLES y JUSTICIABLES Preguntas y respuestas sobre los DESC y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponible en:

http://hchr.org.mx/images/doc_pub/PIDESClibro.pdf

4 Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponible en: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/DERECHOS%20ECONOMICOS,%20SOCIALES%2 0Y%20CULTURALES.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada Gaytán Hernández.

Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente u obvia resolución.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente u obvia. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se considera de urgente resolución. En virtud de no haberse registrado oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Mesa Directiva.



ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Mesa Directiva.

Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se definen los días que deberán considerarse inhábiles durante el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

La Mesa Directiva, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 182 numeral 5 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

Considerando

I. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada una de las cámaras puede, sin intervención de la otra dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interno.

II. Que el artículo 182, numeral 5, del Reglamento de la Cámara de Diputados, a la letra dice:

Artículo 182

1. a 4. ...

5. Salvo disposición legal en contrario, para el cómputo de los plazos señalados en días, se considerarán días hábiles; los establecidos en meses, de fecha a fecha; y los indicados en horas, de momento a momento. Los días inhábiles son los sábados, domingos y días festivos. Al inicio de cada año de ejercicio de la Legislatura, la Mesa Directiva establecerá los días que se computarán como inhábiles.

III. Que el artículo 29 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, establece los días de descanso obligatorios y días festivos, a la letra dice:

“Artículo 29. Serán días de descanso obligatorio los que señale el calendario oficial y el que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.”

IV. Que con fecha 6 de octubre de 1993, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el calendario oficial y su última reforma fue publicada el 27 de enero de 2006, que hasta la fecha continúa vigente.

Con base en lo antes expuesto, y con fundamento en las disposiciones citadas, la Mesa Directiva establece el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se considerarán como días inhábiles, para efectos de los cómputos de los plazos de dictaminación, durante el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, los sábados, domingos y los siguientes días:

I. Viernes 16 de septiembre de 2016.

II. Miércoles 2 de noviembre de 2016.

III. Lunes 21 de noviembre de 2016 (feriado por el domingo 20 de noviembre).

IV. Del lunes 19 de diciembre al viernes 30 de diciembre de 2016.

V. Lunes 6 de febrero de 2017 (feriado por el domingo 5 de febrero).

VI. Lunes 20 de marzo de 2017 (feriado por el martes 21 de marzo).

VII. Del lunes 10 de abril al viernes 14 de abril de 2017 (semana santa).

VIII. Lunes 1 de mayo de 2017.

IX. Viernes 5 de mayo de 2017.

Segundo.Este órgano determinará lo conducente en caso de que la dinámica de los trabajos legislativos haga necesaria la modificación del presente acuerdo.

Tercero.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputados: Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Presidente; María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Gloria Himelda Félix Niebla (rúbrica), Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (rúbrica), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica), vicepresidentes; Raúl Domínguez Rex (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Isaura Ivanova Pool Pech (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Ernestina Godoy Ramos (rúbrica), Verónica Delgadillo García (rúbrica), María Eugenia Ocampo Bedolla (rúbrica), Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica), secretarios.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política para emitir la declaratoria de desastre natural en el municipio de Uruapan, Michoacán.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de emergencia por los daños provocados por las lluvias atípicas e impredecibles que se presentaron el 2 de septiembre de 2016, en el municipio de Uruapan del estado de Michoacán.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Coordinación General de Protección Civil, para que en conjunto emitan la declaratoria de desastre natural para efectos de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), en virtud de los daños provocados por las lluvias atípicas e impredecibles que se presentaron el 2 de septiembre de 2016, en el municipio de Uruapan del estado de Michoacán de Ocampo.

Palacio Legislativo a los 6 días del mes de septiembre del año 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta... Diputado Juárez Blanquet, ¿Con qué objeto?

El diputado Erik Juárez Blanquet(desde la curul): Presidente, solamente para, a nombre del presidente municipal Víctor Manríquez, del municipio de Uruapan, Michoacán, que aquí me acompaña, agradecerles a todos ustedes por el respaldo que se recibió para que se declarara zona de desastre a este municipio que sufrió severas afectaciones en días pasados.

Así que a nombre de él, del pueblo de Uruapan, les agradecemos a todos y cada uno de los diputados que respaldaron este exhorto. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Quedan registradas sus expresiones. Sonido en la curul del diputado Omar Bernardino. Adelante, diputado. ¿Con qué objeto?

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas(desde la curul): De la misma manera, en el Grupo Parlamentario de Partido Verde nos solidarizamos con el municipio de Uruapan, y también en su momento haremos lo propio si algunos municipios más del estado de Michoacán, municipios específicamente de la costa michoacana, Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas, que después de un análisis que se haga por parte de las autoridades competentes, también se pueda hacer lo mismo porque estos municipios también han sido afectados, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para conmemorar el Día Mundial sin Automóvil.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la propuesta de conmemorar el “Día Mundial Sin Automóvil” a celebrarse el día 22 de septiembre del presente año.

Consideraciones

I. Que la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, a principios de su primer año legislativo aprobó sumarse a la conmemoración del “Día Mundial Sin Automóvil” el cual también tuvo como fin extender dicho exhorto a las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y del Distrito Federal. Dicha propuesta fue hecha por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadanos, a través de la diputada Verónica Delgadillo García.

II. Que el 22 de septiembre de cada año se conmemora el “Día Mundial Sin Automóvil”, celebración con la que se busca posicionar en la agenda pública de las naciones, la importancia de replantear los esquemas de movilidad bajo perspectivas de sustentabilidad, ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora de la calidad de vida.

El “Día Mundial Sin Automóvil” es una conmemoración que busca la concientización en las personas para que conozcan y utilicen medios de trasporte alternativos al automóvil, no motorizados, difundiendo sus beneficios y ventajas para la calidad de vida, la calidad del aire, el medio ambiente y el ordenamiento urbano.

III. Que los integrantes de esta Junta de Coordinación Política coincidimos en la necesidad de impulsar una agenda vinculada a los esquemas de movilidad sustentable, que redunden en una mejor calidad de vida para los habitantes de las metrópolis mexicanas, y coincidimos en que cualquier esfuerzo para promover la movilidad sustentable debe ser atendido por esta Cámara de Diputados.

IV. Que la Junta de Coordinación Política es el espacio donde confluyen las fuerzas políticas para alcanzar entendimientos y convergencias políticas, así como consensos y acuerdos que permitan adoptar decisiones para avanzar en el trabajo legislativo, según se desprende de lo señalado en los artículos 33 y 34 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En razón de lo anterior, la Junta de Coordinación Política, hace propia la propuesta de conmemorar el “Día Mundial Sin Automóvil” y somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión se suma a la conmemoración del “Día Mundial Sin Automóvil” que se lleva a cabo el día 22 de septiembre del presente año, y se exhorta a diputados, diputadas y a trabajadores del Poder Legislativo a no utilizar automóviles particulares y optar por medios de trasporte público o no motorizado. Siendo fundamental que la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de este poder, así como las coordinaciones administrativas de cada uno de los grupos parlamentarios emitan las disposiciones administrativas correspondientes para que los vehículos oficiales no circulen dicho día.

Segundo. Se exhorta al Senado de la República, al Poder Judicial de la Federación, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la de las entidades federativas, así como a las municipales, a sumarse a la conmemoración del “Día Mundial Sin Automóvil”, aconsejándose emitir las disposiciones administrativas correspondientes para que los vehículos oficiales no circulen el día 22 de septiembre, siempre y cuando no sean esenciales en la atención ciudadana o de emergencias.

Tercero.Comuníquese el presente acuerdo a la Mesa Directiva para los efectos legales a que haya lugar.

Cuarto.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a. ), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.

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La diputada Verónica Delgadillo García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido a la curul de la diputada Verónica Delgadillo. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Solo para dar mi reconocimiento y agradecimiento a todos los miembros de la Junta de Coordinación Política, por segundo año consecutivo logramos apropiarnos de esta iniciativa que se realiza a nivel internacional con el objetivo de replantearnos los sistemas de movilidad y la forma en la que pensamos también a las ciudades.

Muchísimas gracias también a todos mis compañeros que forman parte de este pleno, por sumarse a la iniciativa, que significa mucho darle un día de respiro al planeta, pero también nos permite ser mucho más conscientes de todo lo que falta por hacer en este tema. Gracias a todos.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Delgadillo. Quedan registradas sus expresiones.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores remita al Congreso de la Unión un informe pormenorizado de los antecedentes, las condiciones, el desarrollo y los resultados de la visita del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos de América, Donald Trump, a la residencia oficial de Los Pinos.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único.Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores remita al Congreso de la Unión un informe pormenorizado de los antecedentes, las condiciones, el desarrollo y los resultados de la visita del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos de América, Donald Trump, a la residencia oficial de Los Pinos.

Palacio Legislativo, a los 6 días del mes de septiembre del año 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Cecilia Romero, por favor, ¿con qué objeto, diputada?

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (desde la curul): Para posicionar respecto al punto de acuerdo al que se acaba de dar lectura, señor presidente.

El diputado Salvador Zamora Zamora(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del compañero diputado.

El diputado Salvador Zamora Zamora (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para agradecer y felicitar a la Junta de Coordinación Política por haber tomado la iniciativa del diputado Clemente Castañeda, de que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores quien dé un informe a esta soberanía de la visita del candidato norteamericano Donald Trump, con todos los antecedentes, las condiciones, el desarrollo y los resultados de esta visita. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Quedan registradas sus expresiones, compañero diputado.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Ceci Romero, por favor.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (desde la curul): Diputado presidente, habiendo aprobado el Grupo Parlamentario de Acción Nacional el punto de acuerdo al que se acaba de hacer referencia, sí queremos aclarar muy concretamente que ese informe que estamos pidiendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que formal y oficialmente es quien debería darla, más bien habría que pedírselo a los asesores más cercanos al presidente Peña, como el secretario de Hacienda, tal vez como su consejero jurídico, y sobre las consecuencias creo que ya bastante hemos tenido.

Ya vemos cuál ha sido el rechazo nacional e internacional a esta decisión del Ejecutivo federal, que no ha traído sino ridículo ante la opinión pública nacional e internacional. Estamos de acuerdo con que se pida el informe, votamos a favor, pero francamente con eso no se van a lavar la cara con este craso error que se ha cometido desde la Presidencia de la República. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Cecilia Romero. Este acuerdo de la Junta de Coordinación Política ya fue aprobado en los términos que se redactó en la misma.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle, por favor.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Sí, presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Con qué objeto, diputada.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Con el objeto sobre el acuerdo de la Jucopo al que hacemos referencia. –Permítame, ya sé que ya se votó–, y es precisamente para agradecer a todos los coordinadores el consenso que hicimos todos los grupos parlamentarios. No fue redacción exclusiva de ningún grupo. Es todo.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Nahle.



INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.(*)

EFEMÉRIDE



DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL

«Efeméride con motivo del 4 de septiembre, Día Mundial de la Salud Sexual, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El día mundial de la salud sexual fue constituido en el año 2010 a través de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), la cual decidió conmemorar este día cada 4 de septiembre.

Las razones que hay detrás de ésta acción es lograr la concientización de toda persona a que la salud sexual también es primordial para encontrar la plenitud en el estado físico y emocional del ser humano. La salud sexual no es solamente estar libre de una enfermedad, sino “la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia”.

Cada año se conmemora este día con un tema diferente, siendo el de este año: “Rompamos los mitos”, el cual se enfocará en reconocer los mitos sobre salud sexual y romperlos mediante información precisa, basada en el conocimiento científico y los derechos sexuales.

Desafortunadamente en México existen demasiados mitos alrededor del sexo. Como un ejemplo de esto está la educación sexual que reciben nuestros niños y adolescentes, la cual está cargada de un pudor innecesario y del acceso a un mar de información que resulta confuso e intimidante si se pretende iniciar una vida sexual activa.

La ironía entre la abundante información que se encuentra en línea y la vergüenza de tratar temas de sexualidad en el entorno familiar, nos ha traído entre otros problemas, una estadística alta de embarazo adolescente.

El 20 por ciento de los nacimientos registrados en México correspondan a madres menores de edad, y aunque en el pasado este comportamiento estaba relacionado a la pobreza y se identificaba más en estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla y Guerrero, hoy en día resulta cada vez más popular en otros estados del país, dejando así de ser un problema relacionado con la pobreza, y más con la mala educación sexual.

Esta “epidemia” de embarazo adolescente nos habla de que nuestros jóvenes no hacen uso de los métodos anticonceptivos, y si es que sí saben de su existencia, no le toman la importancia a su uso. De hecho, conforme a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 (Enadid), de las adolescentes de 15 a 19 años que declararon haber tenido relaciones sexuales, 44.9 por ciento dijeron no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación sexual.

La consultora en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas para México, Elsa Santos Pruneda, afirma que el promedio de edad en que los jóvenes inician una vida sexual activa es a los 16 años, lo cual resulta alarmante, pues a esta edad no se cuenta con la madurez física y emocional para ver por la vida de alguien más.

Convertirse en padre a temprana edad no sólo significa una obstaculización del futuro profesional del adolescente, sino el poner en riesgo su salud y hasta su vida.

La Organización Mundial de la Salud señala que las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo.

Es nuestro deber como país, ya sea desde la trinchera legislativa, como desde la social, el romper con los mitos y hablar con nuestros hijos del riesgo que conlleva tener relaciones sexuales a temprana edad y sin protección. Recordemos que la educación sexual no promueve el inicio de la vida sexual, sino todo lo contrario.

Si bien es cierto que el gobierno ya realiza varios esfuerzos para promover una vida sexual sana, hay que reconocer que la problemática de embarazo adolescente deja entrever un fallo en estos esfuerzos. Urge replantear las acciones para atacar este problema de raíz e informar a nuestros niños y adolescentes las consecuencias de llevar una vida sexual activa sin la correcta madurez física y mental.

Notas:

1 “Día mundial de la salud sexual”. http://www.diamundialsaludsexual.org

2 Idem.

3 “Salud sexual para una sociedad más justa”. Worldsexology. http://www.worldsexology.org/wp-content/uploads/2013/08/ WSHD2015-annual-guidelines-Spanish.pdf

4 “México con “epidemia” de embarazos adolescentes”. El Universal. 8 de marzo de 2016. http://www.eluniversal.com. mx/articulo/nacion/sociedad/2016/03/8/mexico-con-epidemia-de-embarazos-adolesce ntes

5 “INDICADORES DE BIENESTAR AUTORREPORTADO DE LA POBLACIÓN URBANA”. INEGI. 25 de febrero de 2016. http://www. diputados.gob.mx/sedia/biblio/usieg/comunicados/pob_hog_vivie.pdf

6 “La mayoría de los jóvenes mexicanos inicia su vida sexual sin protección: expertos”. La Jornada.

http://www.jornada.unam.mx/2007/09/12/index.php? section=sociedad&article=040n2soc

7 “El embarazo en la adolescencia”. Organización Mundial de la salud. Septiembre 2014, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/ es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»



CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar(a las 16:08 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 8 de septiembre de 2016 a las 11 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración de la sesión: 4 horas con 43 minutos

• Quórum a la apertura de la sesión: 263 diputadas y diputados

• Comunicaciones oficiales: 34

• Toma de protesta: 1

• Minutas: 5

• Iniciativas de los congresos estatales: 9

• Iniciativas de las diputadas y los diputados: 17

• Minuto de aplausos: 1

• Acuerdo de los órganos de gobierno: 8

– 7 de la Junta de Coordinación Política– 1 de la Mesa Directiva

• Proposiciones con punto de acuerdo aprobadas: 2

• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 36

1 Independiente

3 PES

4 NA

4 MC

4 Morena

4 PVEM

6 PRD

4 PAN

6 PRI

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

Álvarez Maynez, Jorge (MC)
Para presentar dos iniciativas con proyecto de decreto, la primera que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y la segunda que reforma, adiciona y deroga los artículos 93, 130, 132 y 132 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 299, 305
Avendaño Bermúdez, Luis Ignacio (PVEM)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro: 286
Barón Ortiz, Natalia Karina (PRD)
Para presentar una propuesta de modificación a la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa para que, a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, se modifique el modelo para la comercialización de granos y se considere la creación de una bolsa mexicana agroalimentaria, desde la curul: 400
Caballero Pedraza, Virgilio Dante (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 348
Campa Almaral, Carmen Victoria (NA)
Para referirse al tema de política interior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 388
Castañeda Hoeflich, José Clemente (MC)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 74 y 137 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 354
Clouthier Carrillo, Manuel Jesús (Independiente)
Para referirse al tema de política interior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 377
Damián González, Araceli (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 290
Díaz Mena, Joaquín Jesús (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil y el artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: 329
Domínguez Domínguez, Cesar Alejandro (PRI)
Para solicitar a la Presidencia un minuto de aplausos por el sensible fallecimiento del ciudadano Alberto Aguilera Valadez: 285
Escobar Manjarrez, Germán (PRI)
Para presentar la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa para que, a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, se modifique el modelo para la comercialización de granos y se considere la creación de una bolsa mexicana agroalimentaria: 397
Falcón Venegas, Sandra Luz (Morena)
Para referirse al tema de política interior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 390
Gama Basarte, Marco Antonio (PAN)
Para referirse al tema de política interior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 385
García Bravo, María Cristina Teresa (PRD)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 282
García Soberanes, Cynthia Gissel (PES)
Para referirse al tema de política interior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 378
Gaytán Hernández, Cristina Ismene PRD)
Para presentar la proposición con punto de acuerdo relativo a la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 400
Gómez Álvarez, Delfina (Morena)
Para referirse al tema de política interior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 381
Guerrero García, Javier (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud: 322
Guillén Vicente, Mercedes Del Carmen (PRI)
Para referirse al tema de política interior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 386
Gutiérrez García, Carlos (NA)
Para referirse al tema de política interior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 379
Hernández León, Luis Manuel (NA)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 3o.. de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional: 313
Hernández Soriano, Rafael (PRD)
Para referirse al tema de política interior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 393
Ibarra Hinojosa, Álvaro (PRI)
Para referirse al tema de política interior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 395
Izquierdo Rojas, Jesús Gerardo (PVEM)
Para referirse al tema de política interior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 382
Juárez Blanquet, Erik (PRD)
Para referirse al tema de política interior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 383
Limón García, Lia (PVEM)
Para referirse al tema de política interior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 392
Márquez Zapata, Nelly del Carmen (PAN)
Para referirse al tema de política interior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 394
Nava Mouett, Jacqueline (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara a la primera semana del mes de octubre de cada año, como la “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”: 277
Oropeza Olguin, Nora Lilia (PRI)
Para presentar dos iniciativas con proyecto de decreto, la primera que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación; y la segunda que reforma el artículo 344 de la Ley Federal del Trabajo: 269, 274
Perea Santos, Ana Guadalupe (PES)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa: 319
Pool Pech, Isaura Ivanova (PRD)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 332
Saldívar Paz, Mirna Isabel (NA)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil: 360
Sánchez Orozco, Víctor Manuel (MC)
Para referirse al tema de política interior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 389
Sandoval Rodríguez, José Refugio (PVEM)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 328 y 329 Bis 1 de la Ley General de Salud: 341
Tamez Guajardo, Macedonio Salomón (MC)
Para referirse al tema de política interior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 380
Torres Sandoval, Melissa (PES)
Para referirse al tema de política interior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 387