INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 13 de septiembre de 2016, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 13 de septiembre de 2016 y que no fueron abordadas.(*)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Con proyecto de decreto por el que se declara el 4 de agosto de cada año como el Día Nacional de Calakmul, Campeche, primer patrimonio mixto de la humanidad en México, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Gobernación, para dictamen.

2. Que adiciona el artículo 50 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por la diputada Sasil Dora Luz de León Villard y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

3. Que reforma los artículos 2o., 4o., 57 y adiciona un 63 Bis a la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Turismo, para dictamen.

4. Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

5. Que reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Transportes, para dictamen.

6. Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades del gobierno del estado de Puebla, a fin de implementar un programa de capacitación a los titulares e integrantes de las unidades de protección civil en los municipios de esa entidad, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Protección Civil, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, relativo a las afectaciones provocadas por la fractura hidráulica en el estado de Nuevo León, suscrito por los diputados Waldo Fernández González y Oscar Ferrer Abalos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, relativo a la creación de centros estatales de trasplantes, suscrito por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, relativo a la regularización y donación del predio sobre el cual se asienta la colonia 5 de Marzo, ubicada en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en favor de sus residentes actuales, a cargo del diputado Guillermo Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio de 2016, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

6. Con punto de acuerdo, relativo a la conmemoración del 12 de septiembre como Día de Ignacio Pérez, El Mensajero de la Libertad, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Gobernación, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a emitir las declaratorias de emergencia y desastre para distintos municipios del estado de Guerrero afectados por el fenómeno hidrometeorológico Newton, a cargo del diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Gobernación, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que en coordinación con el Cenapred y los gobiernos estatales, realicen acciones para informar a la sociedad sobre los protocolos de seguridad y protección civil para prevenir los fenómenos hidrometeorológicos en temporadas de lluvias, suscrito por el diputado Enrique Zamora Morlet y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Protección Civil, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Guanajuato, a evitar la violación a la libre manifestación y garantizar las peticiones o protestas de las personas que acudan a su nuevo recinto legislativo, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y al gobierno de la CDMX, a garantizar la seguridad e integridad física del activista y periodista José Alberto Escorcia Gordiano, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a que se intensifiquen las campañas de salud reproductiva en todas las escuelas secundarias y de educación media superior del sistema educativo nacional, a fin de prevenir el embarazo adolescente, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la CDMX y a la demarcación territorial Cuauhtémoc, a instalar bancas públicas para el descanso de los peatones en las calles del Centro Histórico, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, para que difunda la información relacionada con las acciones que se implementaron en los once municipios en donde se decretó la alerta de violencia de género y los resultados obtenidos, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la colegisladora, a discutir y en su caso aprobar el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Pensión Universal, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, relativo a la integración de la junta instaladora y las labores a realizar por parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, relativo a la capacitación para servidores públicos de los municipios en materia de políticas de desarrollo e inclusión de personas con discapacidad, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Chiapas, a mantener garantías de seguridad pública y derechos humanos a la población del municipio de Oxchuc, así como a salvaguardar los derechos políticos y la integridad física de la Presidenta Municipal, su familia y colaboradores, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, relativo al 70 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, a eliminar de la NOM-012-SCT-2-2014, el numeral 6.1.2.2, que incrementa el peso bruto vehicular máximo autorizado para los tracto camiones doblemente articulados en sus diferentes configuraciones vehiculares, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Transportes, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, relativo a la creación de medidas que garanticen la protección y resguardo de los trabajadores de los centros de salud del estado de Guerrero, a fin de garantizar la disponibilidad de unidades de atención médica para sus habitantes, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.»

INICIATIVAS

DECLARA EL 4 DE AGOSTO DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DE CALAKMUL, CAMPECHE, PRIMER PATRIMONIO MIXTO DE LA HUMANIDAD EN MÉXICO

«Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se declara el 4 de agosto de cada año como Día Nacional de Calakmul, Campeche, primer patrimonio mixto de la humanidad en México, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Adriana del Pilar Ortiz Lanz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

El tema de la conservación y protección al patrimonio natural y cultural de las civilizaciones en el mundo tiene su origen en los compromisos adquiridos por las naciones integrantes de la ONU, Organización de las Naciones Unidas integrada por 192 países independientes.

La ONU, inspirada en la Sociedad de Naciones, quedó constituida en 1945 por 51 países que firmaron la Carta de las Naciones Unidas.

Los propósitos esenciales atribuidos por la comunidad internacional a la ONU son los de mantener la paz mundial y el respeto a los derechos y libertades de todos los seres humanos; así como, velar por el cumplimiento del derecho internacional, fomentar la amistad entre los países y ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas más necesitadas.

Para llevar a cabo su trabajo, la ONU cuenta con seis órganos principales, como son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General.

Y precisamente, el Consejo Económico y Social es el órgano que se encarga de los temas relacionados con la protección del medio ambiente, el desarrollo de la mujer, la educación, la salud, la población, la prevención del delito, el desarrollo económico y el Consejo de Administración Fiduciaria.

Por la especialización que requiere la atención eficaz de los diversos temas y problemáticas por tratar en la ONU, se han creado diversas organizaciones entre las que se encuentra la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, constituida en noviembre de 1945, como una instancia para fomentar el diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos.

En la decimoséptima reunión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se suscribió y cobró vigencia la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, con fecha 16 de noviembre de 1992.

De su texto me permito transcribir las consideraciones siguientes, en las que se resalta la necesidad de proteger el patrimonio cultural y natural:

Constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles,

Considerando que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo,

Considerando que la protección de ese patrimonio a escala nacional es en muchos casos incompleto, dada la magnitud de los medios que requiere y la insuficiencia de los recursos económicos, científicos y técnicos del país en cuyo territorio se encuentra el bien que ha de ser protegido,

Teniendo presente que la Constitución de la UNESCO establece que la organización ayudará a la conservación, al progreso y a la difusión del saber, velando por la conservación y la protección del patrimonio universal, y recomendando a los interesados las convenciones internacionales que sean necesarias para ese objeto,

Considerando que las convenciones, recomendaciones y resoluciones internacionales existentes en favor de los bienes culturales y naturales, demuestran la importancia que tiene para todos los pueblos del mundo la conservación de esos bienes únicos e irremplazables de cualquiera que sea el país a que pertenezcan,

Considerando que ciertos bienes del patrimonio cultural y natural presentan un interés excepcional que exige se conserven como elementos del patrimonio mundial de la humanidad entera,

Considerando que, ante la amplitud y la gravedad de los nuevos peligros que les amenazan, incumbe a la colectividad internacional entera participar en la protección del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional prestando una asistencia colectiva que sin reemplazar la acción del Estado interesado la complete eficazmente,

Considerando que es indispensable adoptar para ello nuevas disposiciones convencionales que establezcan un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio cultural y natural de valor excepcional organizada de una manera permanente, y según métodos científicos y modernos

Esta importante convención internacional comprende en su estructura lo siguiente: las definiciones del patrimonio cultural y natural; la protección nacional y protección internacional del patrimonio cultural y natural; la creación del Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural; la creación de un fondo para la protección del patrimonio mundial cultural y natural; las condiciones y modalidades de la asistencia internacional; el fomento de programas educativos para estimular el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural; y las cláusulas finales.

La característica más significativa de la Convención de 1972 es la de asociar en un solo documento los conceptos de conservación de la naturaleza y la preservación de los bienes culturales.

La convención define el tipo de sitios naturales o culturales que pueden ser considerados para su inscripción en la lista del patrimonio mundial y establece las obligaciones de los Estados en la identificación de sitios potenciales y su papel en la protección y preservación de éstos.

Al firmar la convención, cada país se compromete a conservar no sólo los sitios del patrimonio mundial situados en su territorio, sino también para proteger su patrimonio nacional.

A los Estados que forman parte de la convención se les anima a establecer la protección del patrimonio cultural y natural en sus países y regiones.

Se establece la manera en que el Fondo del Patrimonio Mundial se va a utilizar, previa gestión y bajo qué condiciones se puede proporcionar la asistencia financiera internacional.

También alienta a los Estados que forman parte de la convención, a fortalecer la apreciación de las personas respecto de los bienes del patrimonio mundial y para mejorar su protección mediante programas educativos y de información.

Así se instituyó internacionalmente la protección del patrimonio cultural y natural de la humanidad y su preservación.

Todos los países poseen sitios y monumentos de interés local, regional o nacional, pero para que este patrimonio pueda ser considerado patrimonio mundial, tiene que ser catalogado de valor universal excepcional, cumpliendo en ese sentido con una serie de criterios que fueron establecidos en las Pautas de Funcionamiento del Comité del Patrimonio Mundial, instancia responsable de dictar las instrucciones para la inscripción de los bienes culturales y naturales en la lista del patrimonio mundial.

Los objetivos del Comité del Patrimonio Mundial son los siguientes:

1. Alentar los estados que forman parte de la convención a que definan lugares de valor universal excepcional para ser incluidos en la lista del patrimonio mundial.

2. Vigilar el estado de los lugares inscritos en la lista, previendo posibles riesgos y alertar a los Estados a que creen sus propios programas de vigilancia.

3. Ayudar a los Estados a crear mecanismos viables para la salvaguardia de los lugares del Patrimonio Mundial, con ayuda del Fondo Mundial, según proceda.

4. Prestar a los Estados la ayuda de emergencia necesaria para proteger los lugares que corren peligro inminente.

5. Promover la conservación del patrimonio cultural y natural en términos generales.

Consideraciones

México es el sexto país con 33 sitios inscritos en la lista de la UNESCO, después de Italia con 50, China con 47, España con 44, Francia con 39 y Alemania con 39.

Por otra parte, ocupa el primer lugar entre los países latinoamericanos y es sin duda también uno de los principales en cuanto a la diversidad de sus bienes inscritos al contar con ciudades arqueológicas, monumentos históricos y áreas naturales protegidas, entre otros.

De esos 33 bienes patrimonio de la humanidad, 27 son bienes culturales, 5 bienes naturales y uno más que es considerado patrimonio mixto, natural y cultural por la UNESCO desde el 21 de junio de 2014, fecha en que durante la 38 sesión del Comité del Patrimonio Mundial, celebrada en Qatar, se inscribió ante la UNESCO la ciudad antigua maya y los bosques tropicales protegidos de Calakmul en la lista de patrimonio mundial.

El 4 de agosto de 2014, la UNESCO hizo entrega del documento que avala la reserva de la biósfera y la Zona arqueológica de la antigua ciudad maya de Calakmul, Campeche, como el primer patrimonio mixto de la humanidad en México.

Calakmul tiene una ocupación humana continua por más de mil 500 años, representando un ejemplo único para la formación y construcción de un grupo cultural que puede tomarse como eje rector con respecto a todos los sitios con evidencia arqueológica circundantes, porque la información que en él se contiene es de vital importancia para la comprensión de la cultura maya y su evolución.

Es así el único bien mixto en México y el tercero en el continente americano.

No resultan ajenas las palabras que pronunciara Nuria Sanz Gallegos, directora y representante de las oficinas de la UNESCO en México, durante el evento de entrega del certificado al país, cuando señaló que la cultura maya es la mejor representada en la lista del patrimonio mundial, de la que México es el principal exponente con cinco sitios inscritos.

La Carta Magna establece en el artículo 26 la obligación del Estado de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, de lo cual ha derivado el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y los diversos Sectoriales, Especiales, Regionales e Institucionales, como es el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, que tiene los siguientes objetivos:

1. Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México, así como proyectar la presencia del país en el extranjero. Que busca impulsar la presencia de México a través de sus creadores y de sus expresiones artísticas y culturales, como una acción prioritaria de la política exterior para fortalecer el prestigio y afianzar el liderazgo de México en el mundo.

2. Impulsar la educación y la investigación artística y cultura.

3. Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más intensivo de ella.

4. Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural. Este objetivo contiene las tareas de preservar, promover y difundir el patrimonio artístico y cultural de México, proyectando así nuestra imagen al exterior en su mejor rostro, en el de su tradición, su creatividad, solidez, pero sobre todo, el de su riqueza cultural inconmensurable. Se continuará apoyando a las culturas populares, indígenas, urbanas y comunitarias reconociendo, valorando y promoviendo sus expresiones artísticas y culturales como parte esencial de la diversidad de la cultura nacional.

5. Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales.

6. Posibilitar el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de la tecnología digital. Con lo que se deberá impulsar el pleno aprovechamiento de la tecnología para hacer llegar los bienes y servicios culturales a millones de mexicanos y para acrecentar la presencia y la buena imagen de México y su cultura en el mundo.

En el plano de la aportación natural, la región de Calakmul es una de las tres de mayor extensión forestal de Mesoamérica.

Contiene todos los ecosistemas tropicales y subtropicales existentes de gran diversidad, riqueza y fragilidad, desde el centro de México hasta el canal de Panamá.

Por su importancia, desde el 25 de mayo de 1989 fue declarado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación como Reserva de la Biosfera, pertenece desde 1993 a la Red Internacional del Programa el Hombre y la Biosfera de la UNESCO y está incluida dentro del Programa de Conservación de la Biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas Selectas de México.

Para muchos especialistas en materia de investigación de flora y fauna sobre su biología y ecología, Calakmul, Campeche, es una biblioteca natural por su selva tropical en buen estado de conservación que resulta ser una esperanza para muchas especies silvestres que ya no se encuentran en otras partes del país como el tapir centroamericano que es uno de los mamíferos silvestres más grandes de América y que se encuentra en vías de extinción.

Igualmente, de especies de aves migratorias y residentes como el tucán que de acuerdo con la norma 59 de la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, junto con dos docenas más de aves se consideran especies amenazadas.

Y en especial, Calakmul es esperanza de vida para grandes felinos como el jaguar que es el más grande de América y el tercero en el mundo después del león y el tigre, así como de otros atributos bióticos y abióticos que en ella se presentan, como sus cuevas, cañadas y humedales.

De acuerdo con el estudio del doctor Carlos Galindo Leal, del Centro para la Conservación de la Biología en la Universidad de Stanford, en la biodiversidad de la región de Calakmul se encuentran alrededor de 350 especies de aves, más de 70 especies de reptiles, alrededor de 18 especies de anfibios y 20 especies de peces, entre 85 y 98 especies de mamíferos y alrededor de 500 especies de mariposas.

En cuanto a la flora, se han contabilizado unas 364 especies de árboles y mil 500 especies de plantas, siendo 10 por ciento endémicas de la zona, es decir, que no es posible encontrarlas de forma natural en ninguna otra parte del mundo.

El cumplimiento de la normativa en materia de política ambiental corresponde al gobierno y la sociedad como se dispone en el artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Y en este orden de ideas, Calakmul, Campeche, Primer Patrimonio Mixto de la Humanidad en México, que comprende a la antigua ciudad maya y los bosques tropicales protegidos de Calakmul, con reconocimiento a nivel internacional, merece también ser reconocido y apreciado a nivel nacional, por sus importantes aportaciones culturales y naturales a nivel mundial.

Por tanto, me permito someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto para que con su aprobación, se declare el 4 de agosto de cada año como Día Nacional de Calakmul, Campeche, primer patrimonio mixto de la humanidad en México, que comprende la zona arqueológica de la antigua ciudad maya y la reserva de la biosfera de los bosques tropicales protegidos.

Por lo expuesto se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se declara el 4 de agosto de cada año como Día Nacional de Calakmul, Campeche, primer patrimonio mixto de la humanidad en México, que comprende la zona arqueológica de la antigua ciudad maya y la reserva de la biosfera de los bosques tropicales protegidos

Único. El Congreso de la Unión declara el 4 de agosto de cada año como Día Nacional de Calakmul, Campeche, primer patrimonio mixto de la humanidad en México, que comprende la zona arqueológica de la antigua ciudad maya y la reserva de la biosfera de los bosques tropicales protegidos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sitios consultados

http://www.onu.org.mx/

http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onun.htm

http://whc.unesco.org/en/convention/

http://www.unesco.org/new/es/culture/

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055& URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2016.— Diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

«Iniciativa que adiciona el artículo 50 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por la diputada Sasil Dora Luz de León Villard e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Sasil Dora Luz de León Villard y diputados del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 50 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La identidad de género varía de una cultura a otra y dentro de una misma entidad geográfica a lo largo del tiempo. Ésta se interrelaciona con otras condiciones objetivas y subjetivas en la vida de cada persona: su cultura, la etnia a la que pertenece, su clase social, su edad, su pertenencia a una comunidad religiosa, su planteamiento político, la historia de su comunidad y su historia familiar. La forma en la que se nos construye como hombre y mujer, ha generado desigualdad entre los géneros; lo que impide que se tenga acceso a las mismas oportunidades para el desarrollo personal y colectivo. Históricamente, se ha generado una situación de discriminación y marginación de las mujeres en los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, así como en los ámbitos públicos y privados, ubicando a los hombres en la esfera productiva y a las mujeres en la reproductiva, consolidando con ello una división del trabajo con base en criterios de género.

La interculturalidad, al igual que la transversalidad de género, es un eje que se debe considerar en todas las etapas de un programa, proyecto y política pública. Con el objeto de lograr diálogos interculturales que permitan consenso y busquen alternativas con las personas involucradas. El enfoque de interculturalidad, contribuye también a identificar usos y costumbres que fortalecen a las personas desde lo individual, familiar y comunitario. Estas se vuelven herramientas necesarias para el proceso de implementación de un programa o un proyecto. También nos ayuda a identificar usos y costumbres que ponen en riesgo los derechos humanos de hombres y mujeres de una comunidad determinada, al mismo tiempo que nos da elementos para buscar estrategias que contribuyan a transformarlos durante el proceso de intervención.

La federación, bajo el firme compromiso de evitar la discriminación contra las mujeres por considerarse un problema de género que impacta en la vida cotidiana de las mexicanas, ha establecido políticas públicas con la finalidad de contar con los instrumentos jurídicos necesarios que permitan a las mujeres gozar de una vida plena y libre de violencia, así como lograr el desarrollo y empoderamiento de este género en los ámbitos: político, económico, social y cultural del estado.

La política pública emprendida por el gobierno federal ha sido el avance constante en los logros que reflejan la igualdad de trato y de oportunidades entre las mujeres y los hombres con el firme propósito de obtener un mejor desarrollo integral de las mujeres, así como su dignificación al interior de la familia y su participación en todos los ámbitos de la vida nacional. Esta premisa ha generado ese compromiso de implementar políticas efectivas que sumen esfuerzos para avanzar en el proceso de transformación cultural e institucional, donde la política social propicie las condiciones de un desarrollo equilibrado, bajo los principios de igualdad, de no discriminación y una vida libre de violencia, que elevados a la norma general se concretarán en leyes que expresen el compromiso con las mujeres, la defensa especial de sus derechos y su atención preferente como pilar y eje del núcleo familiar y de la sociedad.

En este sentido, según lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se tiene como prioridad promover y fomentar las condiciones que favorezcan la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el desarrollo y empoderamiento de las mujeres para lograr el pleno ejercicio de todos los derechos que de las leyes emanan, así como reconocer y garantizar el ejercicio de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

En ese orden de ideas, se han considerado indispensables a las mujeres para el desarrollo general de las entidades, teniendo el compromiso con cada una de ellas de garantizarles una vida mejor; implementar y promover los instrumentos necesarios que les permitan gozar de sus derechos; así como generar las condiciones necesarias para que se les reconozca su esfuerzo y labor constante, pues constituyen un pilar fundamental no sólo al interior de las familias, sino en el largo camino que implica el desarrollo social en cada una de sus comunidades.

Sin embargo, es a nivel de las comunidades en los municipios que se debe contar con una instancia que vigile y opere las distintas acciones que cada día se realizan con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres, que al final de cuentas es violencia contra la familia. Es por ello conveniente que dentro del Sistema Estatal de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra las Mujeres exista en cada municipio una estructura organizativa que genere acciones encaminadas a lograr los objetivos propuestos. Esta instancia orgánica debe estar constituida por las personas que representen la máxima autoridad en cada municipio y se debe conformar como un Consejo Municipal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En consecuencia, se propone adicionar un artículo 50 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para crear y establecer los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en cada uno de los municipios de las diversas entidades federativas de nuestro país. Lo anterior permitirá impulsar el desarrollo y empoderamiento de las mujeres en el ejercicio pleno y disfrute de todos sus derechos y libertades fundamentales, gozando del principio de igualdad jurídica que la propia Constitución federal consagra.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 50 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único. Se adiciona un artículo 50 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 50 Bis. Para lograr en los municipios la integración y vigencia del Sistema Estatal de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra las Mujeres se creará el Consejo Municipal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Que será un órgano ejecutor, con funciones de planeación y coordinación de los modelos de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como para fomentar y gestionar la protección y asistencia de las víctimas en su localidad, según los ordenamientos aplicables a la materia.

El Consejo estará integrado por:     

I. Una Presidencia: que estará a cargo de la o del titular de la administración pública municipal.

II. Una Vicepresidencia: que estará a cargo de quien presida la Regiduría de la Comisión de Equidad de Género del Ayuntamiento Municipal.

III. Una Secretaría Ejecutiva: que será la titular de la Instancia Municipal de las Mujeres del Municipio.

IV.Una Secretaría Técnica: que será quien dirija la seguridad pública a nivel municipal.

V.Cinco vocales, que serán:

a) La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio

b) La secretaria ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad Pública.

c) La Secretaría, o en su caso, Dirección de la Policía.

d) Y las o los titulares de cada área dependiente de la administración pública municipal que así se requiera.

e) Vocales ciudadanos que serán en número igual a los vocales de la administración pública.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La instalación del Consejo Municipal se deberá realizar a los 180 días posteriores a la entrada en vigor del decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2016.— Diputados: Sasil Dora Luz de León Villard, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

LEY GENERAL DE TURISMO

«Iniciativa que reforma los artículos 2o., 4o. y 57, y adiciona el 63 Bis a la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción XVI del artículo 2, se modifica el artículo 4, fracción XII, se modifican las fracciones VI y VII y se adicionan la fracción VIII del artículo 57 y el artículo 63 Bis a la Ley General de Turismo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El turismo es una de las actividades económicas con mayor capacidad para impulsar el desarrollo social y económico en el mundo. Hoy, de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo mundial reporta un crecimiento anual promedio desde 2011 de 4.5 por ciento en llegada de turistas y de 4.4 en derrama económica; se mueven más de mil millones de turistas al año alrededor del mundo, exactamente mil 184 millones de turistas, de acuerdo con el último reporte publicado del Barómetro del Turismo Mundial de la OMT. Tan sólo en México, recibimos en 2015 a 32.1 millones de turistas, quienes dejaron una derrama económica de 17 mil 457 millones de dólares, alrededor de 323 mil millones de pesos.

Esta derrama económica que recibe México significa cada año alrededor de 8.4 por ciento del producto interno bruto, porcentaje mayor del que aporta el sector de la construcción, el agrícola o el de los servicios financieros. Esta derrama genera directamente desarrollo de capital humano en los destinos turísticos del país, permite la creación de Mipyme que ofrecen servicios a los turistas, aumenta la capacidad de generar ingreso y, por tanto, aumenta el poder adquisitivo de las familias mexicanas y su calidad de vida. El turismo es un sector estratégico para generar crecimiento y bienestar en nuestro país; emplea a más de 3.8 millones de personas de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur) para 2015.

Este crecimiento y bienestar del sector no puede potenciarse sin mejorar la competitividad de nuestros servicios turísticos. La competitividad se define como la capacidad para competir en los mercados por bienes y servicios y tiene un componente de comparación, pues sólo puede entenderse en comparación con otros destinos o países. La competitividad para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es el grado en que un país bajo condiciones específicas de libre mercado produce bienes y servicios con estándares internacionales y que al mismo tiempo incrementa los salarios reales de sus habitantes en el largo plazo. La competitividad implica el uso eficiente de recursos y una mayor rentabilidad en comparación de otros.

Como ejemplo, en 2015 México ocupó el lugar 30 en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del World Economic Forum. El índice se compone de 14 mediciones compuestas que se agrupan en cuatro grandes temas: ambiente propicio para la industria, políticas públicas y condiciones del sector, infraestructura y recursos naturales y culturales. A continuación enumero el puesto que obtuvo México en cada medición:

En mayor o menor proporción, cada variable del índice es un reflejo de la calidad en la provisión de servicios y productos turísticos, lo cual impacta en la experiencia de viaje de turistas nacionales e internacionales. Esta clasificación sirve como referencia para identificar cuáles son las áreas en las que debemos poner atención para mejorar la competitividad de nuestro sector turístico y atender de manera prioritaria aquellas que afectan en mayor grado la calidad y productividad de los servicios turísticos en beneficio de los propios turistas nacionales e internacionales.

Llaman la atención los rankings en los que aparecemos entre los últimos lugares, específicamente el indicador de sustentabilidad medioambiental en el que aparecemos en el lugar 126 de 141. En inseguridad ocupamos el lugar 124 de 141, en el cual nos comparan con Trinidad y Tobago, Turquía (que ha sido presa en últimas fechas de ataques terroristas) y Myanmar, un Estado semiautoritario que acaba de salir de una dictadura de más de 40 años. En el indicador de ambiente de negocios también aparecemos muy mal calificados en comparación con los otros países del ranking, ocupamos el lugar 98 de 141, similar a Honduras y Nigeria. En la calificación agregada de ambiente propicio para la industria estamos en la posición 87, similar a Ruanda (85), Sudáfrica (86) y Perú (88).

Estos datos son un reflejo de una limitada calidad en la prestación de servicios turísticos y de una creciente competencia internacional en el sector turístico, en la que cada país implementa políticas públicas y ejecuta acciones de promoción y mejora de sus servicios turísticos para atraer más turistas y general más derrama económica. Hoy, el mercado se rige por la calidad de la oferta de servicios turísticos, por la experiencia de viaje y por la competitividad en precios. Además de ello, las 14 variables que mide el índice influyen en mayor o menor proporción en la decisión de los viajeros cuando visitan el país o las entidades de la república. Sí queremos potenciar el desarrollo del sector, debemos generar acciones y políticas públicas que mejoren todos y cada uno de estos indicadores.

Para ello es indispensable contribuir desde el Congreso para mantener y mejorar la competitividad del sector turístico; debemos legislar en consecuencia y situar al turista en el centro de atención de la normatividad y, sobre todo, en el centro de las acciones que lleva a cabo el Ejecutivo que se desprenden de la legislación en la materia.

El gobierno de la república ha implantado acciones para mejorar la calidad de bienes y servicios turísticos y hacer más competitivo a México en relación con otros países, sin embargo las acciones, estrategias y objetivos han sido muy limitados y presentan éxitos pírricos. Algunas de las acciones han sido un reflejo de las inercias institucionales que arrastran las dependencias de la administración pública sexenio tras sexenio, sin evaluar adecuadamente el impacto y los resultados que arrojan en su población objetivo. Con ello, me refiero a los programas de calidad y certificación de la Sectur como los Distintivos M (Moderniza), H (Higiene), S (Sustentabilidad), Punto Limpio o Tesoros de México y ahora los sellos especializados para mercados específicos como “Cerca de China”.

Es importante reconocer que estos programas, certificados o sellos han permitido avanzar en la mejora de la calidad de servicios turísticos o en la atención a mercados especializados, pero no han logrado consolidar una cultura turística de mejora continua con servicios de calidad y con un enfoque de atención y satisfacción al turista.

Tan sólo como ejemplo, el Programa de Manejo Higiénico de Alimentos y Bebidas Distintivo H se creó en 1990 con el fin de que prestadores de servicios turísticos de alimentos y bebidas desarrollaran una cultura de calidad, higiene y seguridad en la preparación de alimentos y bebidas, sobre todo enfocada en hoteles o restaurantes que ofrecieran servicios a turistas nacionales o internacionales.

El Distintivo H resultó exitoso para combatir enfermedades transmitidas por alimentos y se difundió únicamente con prestadores de servicios turísticos; sin embargo, después de ser avalado por la Secretaría de Salud se convirtió en un distintivo de reconocimiento de higiene para cualquier establecimiento de alimentos y bebidas sin importar si era preponderantemente turístico.

Ese distintivo evolucionó en 2000 a la Norma Mexicana Voluntaria NMX-605-F-NORMEX, la cual se actualizó en 2004 y recientemente en 2015; ésta ya no hacía referencia expresa al sector turístico, lo cual se detona desde el mismo nombre: “norma mexicana de alimentos manejo higiénico en el servicio de alimentos preparados para la obtención del Distintivo H”.

Un dato importante es que los distintivos entregados a lo largo de la historia del programa se han acumulado sin dar seguimiento a su constante actualización. Es decir, existen cientos de establecimientos de alimentos y bebidas que no lo renuevan año con año y que ostentan en sus establecimientos distintivos de años previos.

Por ejemplo, el segundo Informe de Gobierno 2014-2015 reportó un total de 2 mil 842 distintivos H entregados, mientras que la Secretaría de Turismo en 2013 presentó en distintos eventos que ya acumulaban más de 24 mil 500 distintivos entregados (aunque no necesariamente vigentes); no obstante, éstos se contabilizan desde 1998 y no se reporta la actualización anual ni las acciones que se llevan a cabo para asegurar que se interiorice como una cultura de mejora continua y de calidad en la provisión de servicios, en este caso alimentos y bebidas.

Sucede algo similar con el Programa de Calidad Moderniza o Distintivo M, el cual se creó en 2002 y ha tenido pocas modificaciones, éste fue diseñado para ofrecer capacitación y consultoría a prestadores de servicios turísticos para mejorar sus índices de rentabilidad y competitividad, con base en una forma moderna de dirigir y administrar una empresa turística, condiciones que le permitirán satisfacer las expectativas de los turistas. Al igual que el caso del Distintivo H, el alcance del Distintivo M es mínimo, ya que únicamente atiende a alrededor de 3,500 establecimientos por año de las casi 640 mil unidades económicas que reconoce el Inegi por medio del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas para servicios de alojamiento, de preparación de alimentos y bebidas, de esparcimiento culturales y recreativos. Lo mismo sucede con el Distintivo S que en 2013 atendió sólo a 55 prestadores de servicios turísticos y Punto Limpio que reconoció a poco más de 2 mil 400 establecimientos.

Estos casos sirven únicamente para ejemplificar la necesidad de generar un programa que efectivamente impulse la calidad y que mejore las características y condiciones de prestadores de servicios turísticos y que impulse la competitividad del sector de manera sistemática, incremental y permanente. Si se alinean los incentivos para que los prestadores de servicios turísticos entren en procesos de mejora continua, se preocupen por una cultura de calidad y excelencia turística, la cual sea reconocida –y conocida– públicamente, entonces los mismos empresarios turísticos cuidarán las condiciones de sus establecimientos, de sus servicios, de sus bienes. Así, el gobierno de la república habrá logrado promover una cultura de calidad y excelencia turística enfocada en el turista.

Los turistas, cuando viajan, consumen distintos productos y servicios turísticos que abarcan desde el transporte, servicios de alojamiento, tour operadores, guías turísticos, agencias de viajes, establecimientos de alimentos y bebidas, espacios de entretenimiento y ocio, visitan museos, áreas naturales, espacios culturales o zonas arqueológicas, entre muchos más. Su consumo define la satisfacción en cada destino con base en la experiencia vivida en atención al cliente, expectativa del turista sobre el destino, la relación calidad-precio, la seguridad en el entorno, la higiene en el manejo de los alimentos, así como la calidad en la provisión de cualquier servicio público o privado.

La pregunta radica en cómo, desde el Legislativo, logramos crear las condiciones institucionales adecuadas para incrementar la calidad del sector en estos servicios turísticos; esto con el único fin de mejorar la experiencia de los turistas y aumentar la competitividad del sector turístico.

Es importante tener siempre presente que el turista comunica, por medio de sus decisiones de consumo, las preferencias sobre los servicios que elige y la satisfacción o rechazo en respuesta a su experiencia de consumo. Por ello es fundamental entender que desde el Congreso se puede crear un marco institucional que contribuya a impulsar la productividad, la innovación, la generación de un ambiente de negocios con certidumbre, asegurar la sustentabilidad ambiental y altos estándares de calidad de los servicios turísticos y de sus recursos humanos. Hoy es posible crear las condiciones adecuadas para que los prestadores de servicios turísticos entren en procesos de mejora continua que satisfagan las necesidades de los turistas.

Desde el inicio de la administración del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el sector turístico ha sido considerado como un sector estratégico para el desarrollo económico y social de México. Así, para impulsar la competitividad del sector turístico, durante el lanzamiento de la Política Nacional Turística el 13 de febrero de 2013, el Presidente instruyó la creación del Sistema Nacional de Certificación Turística (SNCT) con el fin de elevar la calidad de los servicios turísticos conforme a los más altos estándares. En dicho evento subrayó que para ser exitosos e impulsar el sector no sólo debemos competir por precio sino debemos competir por calidad.

Asimismo, plasmó la misma intención en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en el que claramente establece como uno de sus objetivos el “aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país”, del cual se desprenden estrategias y acciones específicas. La primera de ellas, establecida como la estrategia 4.11.1, plantea “impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico”, definiendo como su primera línea de acción actualizar el marco normativo e institucional del sector turístico. En la estrategia 4.11.2 propone “impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico” por medio de las siguientes líneas de acción:

• Fortalecer la investigación y generación de conocimiento turístico;

• Fortalecer la infraestructura y la calidad de los servicios y productos turísticos;

• Diversificar e innovar la oferta de productos y consolidar destinos;

• Posicionar adicionalmente a México como un destino atractivo a segmentos poco desarrollados;

• Concretar un Sistema Nacional de Certificación para asegurar la calidad;

• Desarrollar agendas de competitividad por destinos;

• Fomentar la colaboración y coordinación con el sector privado, gobiernos locales y prestadores de servicios; e

• Imprimir en el Programa Nacional de Infraestructura un claro enfoque turístico.

De la misma manera, la directriz se refuerza desde el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (Prosectur), en el que ahonda en la importancia de impulsar la calidad en los servicios turísticos para mejorar la competitividad. A la letra establece:

La calidad de un producto o servicio turístico es un atributo que depende de la propuesta de valor que presente la oferta. No obstante, la calidad turística no está relacionada con la oferta de servicios costosos, sino con el mantenimiento de estándares en cualquier escala de gasto. Para fomentar la calidad de los servicios turísticos, se impulsan instrumentos de certificación, estandarización así como el establecimiento de normas y acreditaciones. Estas herramientas fomentan la innovación en la oferta de los productos, pues los prestadores de servicios se ven motivados a implementar nuevos procesos y diseñan productos alternos con el propósito de cumplir con ciertos estándares de calidad. Por ello, el factor de innovación es un componente clave no sólo para los destinos en proceso de consolidación, sino también para los ya consolidados.

El Prosectur estableció cinco objetivos sectoriales: 1. Transformar el sector turístico y fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico; 2. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística; 3. Facilitar el financiamiento y la inversión público-privada en proyectos con potencial turístico; 4. Impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del sector; y 5. Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras.

En relación con el primer objetivo, desde el Legislativo nos corresponde contribuir con el fortalecimiento de las capacidades institucionales del sector turístico al impulsar una agenda legislativa y regulatoria que ubique al turismo como palanca del desarrollo nacional y que facilite la actualización y modificación del marco jurídico del sector para otorgar las atribuciones y facultades suficientes e implantar la política nacional turística.

A partir del segundo objetivo se establece como estrategia 2.3 “promover altos estándares de calidad en los servicios turísticos” por medio de las siguientes acciones:

2.3.1. Generar un esquema integral de estandarización y certificación que incentive la calidad en la prestación de los servicios turísticos;

2.3.2. Desarrollar el Sistema Nacional de Certificación que fomente de manera transversal y concurrente la certificación en los destinos y servicios turísticos.

2.3.3. Instrumentar un programa de verificación del cumplimiento a la normatividad aplicable; y

2.3.4. Evaluar los efectos de los instrumentos de certificación para mejorar la oferta de bienes y servicios turísticos.

El mismo Prosectur define el Sistema Nacional de Certificación Turística como una herramienta que integra diferentes distintivos, sellos y reconocimientos que la Sectur otorga a los prestadores de servicios turísticos que se distinguen por buenas prácticas en sus procesos o por altos estándares de servicio, la cual integrará la clasificación hotelera existente, así como los diversos distintivos que se vayan generando.

Adicionalmente, a partir de la creación del gabinete turístico, instalado formalmente por el presidente el 21 de agosto de 2013 y con base en el acuerdo por el que se precisan las atribuciones y se establecen las bases generales para el funcionamiento del gabinete turístico, el cual establece en su acuerdo quinto, fracción VII, “analizar y, en su caso, proponer los mecanismos que influyan en la elevación de la calidad de los servicios turísticos conforme a los más altos estándares mundiales”, se creó el grupo de trabajo “Registro, calidad y certificación de servicios turísticos” con el objetivo de crear el SNCT para que el mayor número de prestadores turísticos y destinos cumplan los más altos estándares de calidad y convertir a México en un referente internacional de calidad turística. En este grupo han participado las siguientes dependencias:

• Secretaría de Turismo;

• Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales;

• Procuraduría Federal del Consumidor;

• Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;

• Secretaría de Economía;

• Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales;

• Consejo de Promoción Turística de México;

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y

• Instituto de Competitividad Turística.

Así, pese a que el diseño del SNCT inició en 2013, éste no se ha concretado ni entrado en vigor. Esto puede ser por múltiples razones, pero al no estar establecido expresamente en la Ley General de Turismo genera un vacío importante y carece de los fundamentos legales suficientes para asegurar su operacionalización desde la Secretaría de Turismo del gobierno de la república. Al legislarse, se aseguraría desde la propia Ley que el Sistema se institucionalice, que defina sus propios objetivos para mejorar la calidad en la provisión de servicios turísticos y para que la Secretaría de Turismo del gobierno de la república institucionalice su operación más allá de la presente administración.

En el diseño del SNCT, de acuerdo con la Sectur, han participado distintas autoridades del gobierno de la república y los principales representantes del sector turístico (CNET, Coparmex, Concanaco-Servytur y las asociaciones más relevantes para cada subsector turístico), tanto públicos como privados. Algunos de los subsectores turísticos con que se ha avanzado en la creación de estándares de calidad son

• Hospedaje;

• Alimentos y bebidas;

• Agencias de viajes;

• Marinas turísticas;

• Transportes turísticos y arrendadoras;

• Congresos, ferias y exposiciones;

• Guías de turistas;

• Golf; y

• Spas.

Representantes de estos subsectores determinaron, en conjunto con la Secretaría de Turismo del gobierno de la república, los principales criterios de calidad con los que se evaluaría a sus sectores, así como los esquemas de certificación que requieren para transitar a una cultura de calidad turística. Asimismo, trabajaron en el diseño de metodologías para medir, calificar y difundir el nivel de calidad de cada servicio a través del proceso de certificación.

No obstante, el artículo 61, fracción IV, de la Ley General de Turismo establece que los turistas tienen como derecho recibir del prestador de servicios turísticos, los bienes y servicios de calidad, acordes con la naturaleza y cantidad de la categoría que ostente el establecimiento elegido. Esta categoría se encuentra definida, por medio del Sistema de Clasificación Hotelera, únicamente para los hoteles y servicios de hospedaje en el país, pero no para el resto de prestadores de servicios turísticos. Tan sólo por mencionar algunos, los establecimientos de alimentos y bebidas en destinos turísticos, las agencias de viajes, los centros de convenciones, los prestadores de servicios de transporte terrestre y aéreo, los guías de turistas, entre otros no se encuentran certificados ni se puede asegurar su calidad ni categoría.

En 2015, ante la ausencia del sistema en la ley, éste se fundamentó en los artículos 2, fracción IX, y 63, fracciones I y IV, para dar origen al Sistema Nacional de Certificación Turística en el Reglamento de la Ley General de Turismo, sin que hubiera ninguna referencia explícita a dicho sistema en la ley. En el reglamento se definió como “el conjunto de distintivos, sellos y reconocimientos otorgados por la secretaría a los prestadores de servicios turísticos y destinos turísticos que se distingan por adoptar mejores prácticas en sus procesos o altos estándares en sus servicios, a través de un proceso de autoevaluación y supervisión por la secretaría”. Éste estableció seis grandes objetivos:

I. Garantizar la calidad de los destinos y servicios turísticos;

II. Promover mejoras en el sector turístico, conforme a los más altos estándares de calidad;

III. Conferir prioridad a la satisfacción del turista;

IV. Promover las soluciones tecnológicas dirigidas a mejorar la competitividad de los destinos y servicios turísticos;

V. Contribuir a la sustentabilidad de las empresas y destinos turísticos del país, y

VI. Dar a conocer, entre los prestadores de servicios turísticos, los certificados, distintivos y demás reconocimientos que en materia de calidad de servicios se establezcan en los lineamientos del sistema de certificación.

Una de las expectativas actuales que estableció la Secretaría de Turismo del gobierno de la república es que el sistema integre la clasificación hotelera existente, la cual, de acuerdo con la Ley es obligatoria, pero no se hace referencia explícita a su vínculo con el Sistema Nacional de Certificación Turística desde la ley. Su regulación desde la ley refleja una oportunidad única para el Congreso para dotar de coherencia normativa al sistema y dar fundamento jurídico a su implantación.

Constituye una prioridad para el Congreso de la Unión modificar la Ley General de Turismo, de forma que se incluya explícitamente el mandato de la dependencia para la creación e implementación del SNCT, así como para que se establezcan las definiciones generales del mismo, sus objetivos, el fin buscado con la creación del Sistema, así como su vínculo con otros instrumentos o herramientas de la Sectur como el Registro Nacional de Turismo.

En alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 publicado el 13 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, en la línea de acción 2.3 establece la estandarización y promoción de altos estándares de calidad en los servicios turísticos con el objetivo de promover y fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística, la sustentabilidad ambiental, social y económica de los destinos turísticos, se propone modificar diversos artículos que ofrezcan el sustento jurídico y legal necesario para la creación y operación del SNCT.

El SNCT permitirá definir cambiar el paradigma con el que se ha atendido a los turistas y con base en el cual se diseñaron políticas públicas en administraciones anteriores. El nuevo paradigma busca la competencia entre los prestadores de servicios turísticos esté basada en la calidad de los servicios que ofrecen y en la atención que brindan al turista, en la que es el turista es centro de toda intervención de política pública.

Igualmente, cambia el enfoque de comercialización de los servicios turístico para que se base en la calidad del producto o servicio turístico que se ofrece. Se dará prioridad a la satisfacción del turista durante su estancia en México y, además, el sistema servirá para ofrecer incentivos a los prestadores de servicios turísticos para incrementar la calidad de sus servicios y productos. Finalmente, uno de los objetivos del propio sistema es que éste aglutine en un solo certificado todos los diferentes certificaciones, sellos, reconocimientos y distintivos que actualmente existen en el sector turístico.

En atención de lo anterior, se considera necesario adecuar las bases jurídicas en la Ley General del Turismo y reorientar su objetivo en beneficio primordialmente del turista. En este contexto, resulta impostergable mejorar nuestro marco normativo para impulsar la competitividad del sector y para que la calidad sea el principal referente, de forma que los consumidores de productos o servicios turísticos puedan tomar una decisión informada con base en información completa y con el reconocimiento fundamentado en una certificación de que los prestadores de servicios turísticos efectivamente cuentan con la calidad en la oferta de servicios o productos que ofrecen.

El trabajo conjunto y paralelo entre el poder Ejecutivo y el Legislativo es indispensable para que avancemos no sólo en la modernización de nuestra legislación sino en la modernización de nuestras instituciones.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XVI del artículo 2, se modifica el artículo 4, fracción XII, se modifican las fracciones VI y VII, y se adicionan la fracción VIII del artículo 57 y el artículo 63 Bis de la Ley General de Turismo

Artículo 2. Esta ley tiene por objeto

[...]

XVI. Establecer las bases para la certificación de calidad de prestadores de servicios turísticos por medio del Sistema Nacional de Certificación Turística.

Artículo 4.Son atribuciones del Poder Ejecutivo federal, que se ejercerán a través de la secretaría

[...]

XII. Establecer la regulación para la clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, de cumplimiento obligatorio en toda la república;

Para el ejercicio de esta atribución el Ejecutivo federal podrá signar convenios de colaboración con los estados y la Ciudad de México en materia de registro de clasificación, verificación del cumplimiento de la regulación a que se refiere la fracción anterior, y la imposición de las sanciones a que haya lugar. Asimismo, vinculará dicha clasificación con el Sistema Nacional de Certificación Turística.

Artículo 57. Los prestadores de servicios turísticos tendrán los siguientes derechos:

[...]

VI. Recibir los beneficios que se les otorgue, por inscribirse en el Registro Nacional de Turismo y certificarse en el Sistema Nacional de Certificación Turística;

VII. Certificar la calidad de sus servicios turísticos ante el Sistema Nacional de Certificación Turística; y

VIII. Los demás que establezca la legislación aplicable en la materia.

Artículo 63 Bis. Con objeto de optimizar la calidad y competitividad de los Servicios Turísticos, la Secretaría creará el Sistema Nacional de Certificación Turística, el cual integrará el conjunto de distintivos, sellos y reconocimientos otorgados por la secretaría a los prestadores de servicios turísticos y destinos turísticos que se distingan por adoptar mejores prácticas en sus procesos o altos estándares en sus servicios, a través de un proceso de autoevaluación y supervisión por la secretaría. Su operación será definida en el reglamento de esta ley y por los lineamientos que para el efecto suscriba la secretaría.

Para certificarse por medio del Sistema Nacional de Certificación Turística se deberá contar con la inscripción en el Registro Nacional de Turismo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero.La secretaría deberá hacer las adecuaciones correspondientes al Reglamento de la Ley General de Turismo, al Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo y a cualquier instrumento normativo que lo requiera en un plazo no mayor de 180 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2016.— Diputada Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

LEY DE MIGRACIÓN

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades que confieren los artículos 71, fracción II y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

La frontera entre México y Estados Unidos tiene una longitud de 3,142 kms y funge como un espacio dinámico de relaciones políticas, económicas y sociales que vinculan estrechamente a estas dos naciones. Es la más transitada del mundo; aproximadamente un millón de personas y trescientos mil vehículos cruzan diariamente esta frontera.

En la frontera se unen diez estados, cuatro de la Unión Americana y seis de México que, conjuntamente, conforman un territorio de 2, 678,569 km2y es el hogar de más de 83 millones de personas en el que se desarrollan diversas actividades comerciales, así como el flujo de bienes, personas y servicios.

México y Estados Unidos mantienen lazos económicos y comerciales que se han fortalecido con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Con los años, la región fronteriza ha sido responsable de una participación mayor en el PIB de ambas naciones.

México es el segundo socio comercial de Estados Unidos y el primer destino de las exportaciones de California, Arizona y Texas, y el segundo mercado para otros 20 estados. En 2015, el intercambio comercial fue de 496 mil millones de dólares, haciendo de ese país el primer destino de las exportaciones mexicanas y fuente prioritaria de las importaciones que realiza México.

Desahogar la frontera entre Tijuana, y San Diego, California, que se encuentra a 42 metros de distancia del aeropuerto, es el principal objetivo del Cross Border Express (CBX), un proyecto que lograron concretar los gobiernos de México y Estados Unidos.

Bajo este contexto, el Turismo es para Baja California uno de los sectores productivos más importantes, un gran impulsor del crecimiento económico y la generación de empleos; es responsable de casi el 12 por ciento del PIB estatal, lo que demuestra el gran potencial de sus recursos.

Baja California cuenta con una amplia gama de actividades en las que destacan el turismo gastronómico y enológico con reconocimiento internacional. Así mismo, se identifican sectores con potencial, como el turismo de salud y deportivo, sobre todo en actividades de pesca y golf, que se prestan por las condiciones climáticas y geográficas de la región. Entre los subsectores más importantes, destacan el turismo de salud y bienestar, turismo ecológico, turismo de reuniones y negocios.

Por otra parte, Baja California tiene las propiedades necesarias para las distintas actividades turísticas:

• Tijuana: una ciudad cosmopolita con excelente oferta gastronómica, médica y para el alojamiento.

• Tecate: además de ser pueblo mágico, el centro de la población cuenta con amplia oferta para esparcimiento y turismo de aventura.

• Rosarito: destacada por sus playas, la aventura y el turismo inmobiliario, así como los servicios especializados para el retiro y adultos mayores.

• Mexicali: con alta afluencia por motivo de negocios por ser la capital, así como turismo de salud y bienestar; cuenta con amplia oferta para turismo cinegético y ornitológico, turismo de playa, pesca deportiva y bienes raíces en San Felipe.

• Ensenada: gastronomía y enología, playas, áreas naturales protegidas, Sierra San Pedro Mártir, la Bufadora, el Observatorio Astronómico, diversidad de climas y orografía.

En 2014, de acuerdo con el departamento de seguridad interior de los Estados Unidos, los cruces fronterizos se incrementaron en un 5.6 por ciento, para llegar a 68.4 millones de personas pasando por la garita internacional preponderantemente por Tijuana, ya que sus garitas concedieron el tránsito a 45.2 millones de personas: 2.7 millones más que en 2013. Desde 2008, no se habían registrado tantos cruces fronterizos y aunque ese año se contabilizaron en 69.7 millones de cruces, el 42 por ciento de las personas eran ciudadanos americanos, mientras que en 2014, la proporción subió a 45 por ciento. En 2014, cruzaron la frontera desde Baja California 1,567 mil 491 ciudadanos americanos más que en 2008.

Estas cifras ilustran claramente la importancia de brindar mayores facilidades de ingreso a nuestro país y abrir así las puertas al turismo, comercio y tránsito de extranjeros.

El marco jurídico vigente en nuestro país establece en la Ley de Migración, un cobro para aquellos extranjeros visitantes regionales que ingresen al país por más de tres días. El cobro se otorga con un permiso denominado “Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”, además con el pago de este permiso se les autoriza una estancia máxima de 180 días, pero sin posibilidad de entradas y salidas múltiples, tal como lo consagra el Artículo 52 de la Ley en comento:

Artículo 52. Los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional en las condiciones de estancia de visitante, residente temporal y residente permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, de conformidad con lo siguiente:

I. Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Autoriza al extranjero para transitar o permanecer en territorio nacional por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada, sin permiso para realizar actividades sujetas a una remuneración en el país.

II. ...

III. Visitante regional. Autoriza al extranjero nacional o residente de los países vecinos para ingresar a las regiones fronterizas con derecho a entrar y salir de las mismas cuantas veces lo deseen, sin que su permanencia exceda de tres días y sin permiso para recibir remuneración en el país.

Mediante disposiciones de carácter administrativo, la Secretaría establecerá la vigencia de las autorizaciones y los municipios y entidades federativas que conforman las regiones fronterizas, para efectos del otorgamiento de la condición de estancia de visitante regional.

IV. a IX. ...

Por lo anteriormente expuesto, la que suscribe estima conveniente modificar la Ley de Migración a efecto de que el Artículo 52 contemple entradas y salidas múltiples para aquellos extranjeros que hayan sido beneficiados con el permiso y hayan efectuado el pago de los respectivos Derechos.

De igual manera se considera valioso modificar el plazo contenido en el fracción III del Artículo 52, a fin de que el visitante regional cuente con un plazo mayor a los 3 días actualmente establecidos para el libre tránsito en nuestro país. Quien suscribe estima pertinente que 15 pudiera ser un plazo adecuado.

Por otra parte, conforme al Artículo 37 de la Ley de Migración, se exige a todo extranjero que ingrese a territorio nacional la presentación de pasaporte o visa correspondiente:

Artículo 37. Para internarse al país, los extranjeros deberán:

I. Presentar en el filtro de revisión migratoria ante el Instituto, los documentos siguientes:

a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido de conformidad con el derecho internacional vigente, y

b) Cuando así se requiera, visa válidamente expedida y en vigor, en términos del artículo 40 de esta Ley; o

c) Tarjeta de residencia o autorización en la condición de estancia de visitante regional, visitante trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias.

II. Proporcionar la información y los datos personales que las autoridades competentes soliciten en el ámbito de sus atribuciones.

III. No necesitan visa los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:

a) Nacionales de países con los que se haya suscrito un acuerdo de supresión de visas o que no se requiera de visado en virtud de una decisión unilateral asumida por el Estado mexicano;

b) Solicitantes de la condición de estancia de visitante regional y visitante trabajador fronterizo;

c) Titulares de un permiso de salida y regreso;

d) Titulares de una condición de estancia autorizada, en los casos que previamente determine la Secretaría;

e) Solicitantes de la condición de refugiado, de protección complementaria y de la determinación de apátrida, o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor, y

f) Miembros de la tripulación de embarcaciones o aeronaves comerciales conforme a los compromisos internacionales asumidos por México.

El cobro de los derechos señalados en la fracción I, del inciso a), del artículo referido, ha resultado ineficiente y problemático pues faltan facilidades de pago para los usuarios, situación que en diversas ocasiones obliga a los turistas a regresar hasta las oficinas gubernamentales para efectuar el pago, perdiendo así valioso tiempo de trayecto y estancia.

La presente Iniciativa pretende modificar el artículo 37, a fin de establecer una excepción para aquellos puertos migratorios colindantes con la frontera norte de nuestro país, mediante la cual se permita a los viajeros nacionales del país colindante a identificarse con alguna licencia de conducir emitida por alguna autoridad válidamente identificada o credencial de identificación estatal o federal.

Es prioridad de la que suscribe; agilizar la entrada a los visitantes extranjeros por la garita de San de Ysidro particularmente, con la finalidad de contribuir a que la afluencia de turistas sea más rápida y en mayor cantidad, pero sobre todo para que el tiempo durante su estancia sea extenso y les permita de esta forma conocer a plenitud las zonas atractivas de Baja California.

De aprobarse la presente iniciativa, se dará celeridad al trámite de ingreso de extranjeros a nuestro país y brindará mayores facilidades a los visitantes en beneficio de las actividades económicas y turísticas que México ofrece en el estado de Baja California, asimismo hará posible que las entradas sean más frecuentes; que la economía estatal se beneficie a través del sector turístico, y principalmente, que inversionistas extranjeros decidan incrementar sus negocios en el estado.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración

Artículo Único.- Se reforman la fracción III del Artículo 52 y el inciso a), fracción I, del Artículo 37, de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 37. Para internarse al país, los extranjeros deberán:

I. Presentar en el filtro de revisión migratoria ante el Instituto, los documentos siguientes:

a) Pasaporte, documento de viaje, licencia de conducir o identificación oficial emitida por una autoridad competentede conformidad con el derecho internacional vigente,

b) y c)...

II. y III....

Artículo 52. Los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional en las condiciones de estancia de visitante, residente temporal y residente permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, de conformidad con lo siguiente:

I. Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Autoriza al extranjero para transitar o permanecer en territorio nacional por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada, sin permiso para realizar actividades sujetas a una remuneración en el país.

II. ...

III. Visitante regional. Autoriza al extranjero nacional o residente de los países vecinos para ingresar a las regiones fronterizas con derecho a entrar y salir de las mismas cuantas veces lo deseen, sin que su permanencia exceda de quincedías y sin permiso para recibir remuneración en el país.

...

IV a IX. ...

Artículo Transitorio

Único.La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2016.— Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

«Iniciativa que reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Jonadab Martínez García, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Congreso tiene facultad para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal (artículo 73, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, otorga a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes la atribución de vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes.

Al finalizar el siglo XX, el autotransporte se manifestó como el modo dominante en el movimiento terrestre de carga en gran parte del mundo industrializado. Este predominio del modo carretero en el reparto modal autotransporte-ferrocarril, observado en México, en los Estados Unidos y en la Unión Europea se ha reafirmado luego de los cambios macroeconómicos resultantes de los acuerdos de libre comercio que cubren extensas regiones, como son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por México, Canadá y los Estados Unidos en 1994; y el gran proyecto de la Unión Europea, que en 2004 incluyó a 25 países de ese continente.

Los efectos negativos que el tránsito de vehículos automotores trajo consigo: congestión, contaminación atmosférica y auditiva, accidentes, así como el daño a la infraestructura vial se han convertido en objeto de preocupación de los planificadores del transporte. De estos impactos, todos excepto el último, son comunes al tránsito de automóviles, autobuses y camiones de carga. El daño a la estructura del pavimento, sin embargo, se distingue de los demás impactos por tres características: 1) es generado exclusivamente por los vehículos de carga; 2) su magnitud se agrava rápidamente al aumentar los pesos en los ejes de los camiones; y 3) no se percibe tan obviamente como los otros impactos, que usualmente saltan a la vista por medio de los sentidos de forma inmediata.

El peso bruto vehicular del transporte de carga, mucho mayor en comparación con los pesos de otros vehículos automotores, y la aparente dependencia del daño al pavimento por los pesos en los ejes del vehículo como una función potencia de grado cuatro (la llamada “Ley de la 4ª potencia”, del deterioro de pavimentos asfálticos) explican la asociación del daño a la infraestructura vial con el flujo del transporte de carga.

La práctica de sobrecargar el autotransporte de carga, fuera de toda consideración de conducta antisocial o delictiva, tiene cierta “racionalidad” desde el punto de vista económico, ya que aumenta la productividad del autotransporte al reducir el número de viajes requerido para transportar cargas y reducir el costo promedio por tonelada- kilómetro, puesto que los costos de la operación se prorratean entre un mayor número de toneladas transportadas.

El sustancial incremento en el daño a la estructura del pavimento por los movimientos sobrecargados, perturban de modo notable los planes de mantenimiento y reparación, que el responsable del camino tiene para afrontar la tarea de conservar la calidad de la infraestructura vial en niveles adecuados para el servicio de transporte carretero.

Esta circunstancia, que se agrava por las restricciones presupuestales para el mantenimiento carretero, así como por la necesidad de atender la gran extensión de la red de carreteras libres de peaje, plantea un serio problema de planeación del transporte, en la búsqueda de esquemas efectivos de control del sobrepeso, que frenen el acelerado desgaste de la infraestructura vial que esta práctica ilegal genera, y que se propicie así un uso más racional de la estructura del pavimento y una mayor durabilidad de los recursos materiales empleados en su conservación.

La presente iniciativa aborda el tema de la circulación autorizada con el permiso especial para la utilización de un camino de menor clasificación de los tractocamiones doblemente articulados, el peso de su carga; y busca incidir en cambios legislativos en la materia, tomando en cuenta su impacto en el desarrollo urbano sustentable.

El sector transportes es fundamental para mejorar la calidad de vida de todas las personas, influyendo de manera decisiva en casi todas las actividades económicas y, por lo tanto, es determinante para el progreso general de toda sociedad.

Mejorar la competitividad implica innovación y eficiencia, ya que por medio de una movilidad más ordenada, se genera un comercio más eficiente y por ende un mejor desarrollo económico.

El peso bruto vehicular en exceso en los autotransportes de carga, es un constante peligro para la totalidad de los usuarios de los caminos de jurisdicción federal.

La permisibilidad en la NOM-012-SCT-2-2014 en relación a pesos y dimensiones, y el permiso o autorización especial, para la utilización de un camino de menor clasificación; coadyuvan a que los tractocamiones doblemente articulados, ocasionen que los sobrepesos de la carga que transportan perjudiquen la infraestructura vial (pavimentos y puentes) generando inseguridad en las carreteras.

Esto lo observamos de manera particular en las diferentes configuraciones vehiculares del autotransporte de carga.

El tema del permiso o autorización especial, para la utilización de un camino de menor clasificación, el peso máximo permitido al autotransporte de carga general; en específico al tractocamión doblemente articulado, la seguridad vial y el evitar daños a la infraestructura vial son el objeto de estudio del presente documento, ya que el permiso o autorización especial más el exceso en el peso bruto vehicular (PBV) es un problema que requiere atenderse.

A su vez, servicios de transporte más seguros, económicos, eficientes, limpios y accesibles, que concilien los intereses públicos con los particulares, es otro objetivo a conseguir, en donde se otorguen tanto derechos como obligaciones a ambas partes.

En todos los sectores se dan transformaciones rápidas y de gran trascendencia, situación que también alcanza a los autotransportes de carga general .

De acuerdo a la Estadística Básica del Autotransporte Federal 2015, “en México se cuenta con un total de 685,109 autotransportes de carga general y 121, 296 autotransportes de carga especializada.”

Consideramos que incrementar la competitividad, eficiencia, así como ampliar la participación en la actividad económica nacional, por parte del sector autotransportes, no debe anteponerse a la seguridad de las personas.

La seguridad vial debe ser una prioridad para el sector de autotransporte de carga general, ya que esta no va en contra de la competitividad. Es más, la productividad no se consigue sin seguridad; por lo que los transportistas deben ser los primeros obligados a cumplir con la NOM-012-SCT-2-2014.

“La falta de supervisión para vigilar los excesos de velocidad (68% de los conductores no respetan el límite de velocidad, y aumentan la velocidad de desplazamiento entre 20 y 30 kilómetros por hora a lo permitido) y de carga, así como la irresponsabilidad de las empresas y transportistas que trasladan mayor peso del permitido en sus unidades son dos factores que promueven los accidentes viales.

Actualmente hay menos de 100 unidades de verificación a lo largo de las carreteras federales del país, lo que provoca que la verificación del peso y dimensiones del autotransporte de carga sea ineficaz.”

Los accidentes viales son consecuencia de la falta de conciencia del transportista, y de los empresarios, quienes inciden en que se transporte una carga con sobrepeso, sin tener en consideración la reglamentación en la materia. Y a su vez, la autoridad se suma por omisión y es responsable de emitir el permiso o autorización especial, para la utilización de un camino de menor clasificación.

“En materia de accidentes de autotransporte de carga y pasaje, del total de accidentes: el 60% son causa del conductor, el 20% del peatón, 14% por cuestiones de vehículo, el 5% por la infraestructura y el 1% por otras causas.”

En este sentido, un desarrollo económico que privilegie la ganancia por encima del bienestar de las personas, está en contra de diversos derechos humanos.

“El autotransporte de carga es el medio por el que se traslada el 84% de la carga doméstica, pero en contraparte, más de 18,000 accidentes en carreteras durante 2013 involucraron al mismo autotransporte, según el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. El número de muertos por accidentes de tránsito está cerca de alcanzar las 20,000 muertes por año en México.

Según estudios de la Secretaría de Economía, el 90% de los accidentes en los cuales está involucrado un autotransporte de carga, pueden prevenirse si se toman medidas de seguridad vial, basadas en tres factores de importancia al conducir: Factor humano, mantenimiento de unidades y revisión de neumáticos.”

Lo anterior debido a que un accidente vial no es un hecho menor, es una desgracia para muchas personas, a veces con secuelas de por vida. Esto, se asegura con base en el siguiente dato:

“En relación con la siniestralidad vial, las carreteras más peligrosas de la República Mexicana son:

Autopista México-Puebla: registra alrededor de 1,683 accidentes anuales.

Autopista México-Querétaro: el promedio de accidentes es de tres por día, anualmente registra 1,046 incidencias.

Carretera Tepic-Mazatlán: con una media de cuatro accidentes al día, lo que equivale a 1,490 al año.

Autopista Querétaro-Irapuato: al año suma 19 mil choques, a razón de tres accidentes por día aproximadamente.”

Otros datos que se relacionan con lo anterior son:

• Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en México, según cifras oficiales, en 2013 fallecieron más de 36 mil personas a causa de algún tipo de accidente, y aproximadamente el 80 por ciento de los accidentes de tránsito se deben a una conducta equivocada de los conductores.

• En México cada día mueren 55 personas a causa de accidentes viales, y por cada individuo que fallece, dos sufren alguna discapacidad.

• “De cada 100 muertos, 50 son jefes de familia; por lo que es la primera causa de orfandad en México.

• En el país hay por esta causa 142 mil heridos anualmente, 31 mil con lesiones de gravedad.

• Es la cuarta causa de discapacidad en México, de los cuales 20% sufren lesiones permanentes.

• El 75% de los mexicanos que sufren discapacidad por accidente vial no vuelven a encontrar empleo.

• 7,800 familias sufren la pérdida del padre o la madre cada año por esta causa.

• Nueve de cada diez familias que sufren la perdida de padre o madre tienen una sustancial perdida en su calidad de vida.

• La inseguridad vial le cuesta al país el 1.7% del PIB, es decir 150 mil millones de pesos, con ese dinero es posible construir 487 mil viviendas de interés social en México.”

• Los accidentes que ocasionan los transportes de carga provocan el cierre de carreteras, en promedio, de entre cuatro y cinco horas, afectando con ello a miles de personas en sus actividades diarias.

• Las empresas del autotransporte en general tienen un promedio de cuatro accidentes viales al año.

Las carreteras de jurisdicción federal son de todos, y todos tenemos derecho a la movilidad por medio de la utilización de estas, teniendo la seguridad de que nuestra vida está protegida, a través de la normatividad en la materia.

La seguridad vial deriva de una corresponsabilidad: Gobierno, permisionario y usuario, por lo que el cumplimiento de la ley en la materia no es opcional, la verificación del peso y dimensiones del autotransporte de carga debe ser comprobable y visible en beneficio de todos. El otorgar un permiso o autorización especial, para la utilización de un camino de menor clasificación no ayuda a la seguridad vial.

La movilidad lo es todo para el desarrollo sostenible, tanto en relación a las personas como a los bienes, en este sentido la red carretera nacional está conformada por “370 mil kilómetros de vialidades interurbanas, que se integran por autopistas, carreteras, caminos y brechas que permiten la conectividad entre prácticamente todas las poblaciones del país; con independencia del número de habitantes con que cuenten y su relevancia económica. La red nacional está conformada en números redondos por 50 mil kilómetros de carreteras de jurisdicción federal -de las cuales casi 9 mil son autopistas de cuota- así como por aproximadamente 80 mil km de carreteras estatales, 170 mil km de caminos rurales y poco más de 70 mil km de brechas mejoradas.”

El evidenciar una problemática como la del permiso o autorización especial, para la utilización de un camino de menor clasificación, más el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte de carga general que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, es el principal fin de la presente iniciativa.

Ya no es posible llevar a cabo la mayor parte de nuestras actividades profesionales y económicas, incluso muchas de las acciones más simples de todos los días, sin tener en cuenta la importancia decisiva de la movilidad, por la reducida disponibilidad de tiempo que poseemos.

Por ello, actualizar la legislación en cuanto al otorgamiento del permiso o autorización especial, para la utilización de un camino de menor clasificación, especialmente en relación a los tractocamiones doblemente articulados con carga general, favorecerá la rápida movilidad, la seguridad de todos los usuarios de las vías generales de comunicación y evitará daños a la infraestructura carretera.

La infraestructura y los servicios de transporte requieren ser más seguros y más respetuosos del medio ambiente, a fin de facilitar y mejorar la movilidad urbana, y estar en armonía con el párrafo tercero del artículo 27 de nuestra Carta Magna(en relación a la preservación y restauración del equilibrio ecológico) y con la definición de desarrollo urbano sustentable.

El desarrollo urbano sustentable implica ayudar a evitar que la gente pierda oportunidades o se enfrente a viejos vicios. El permiso o autorización especial, para la utilización de un camino de menor clasificación; la carga útil y peso útil que debe observar el autotransporte de carga, deben obedecer primeramente a procurar la seguridad de todos los usuarios de las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, ya que ello implica observar y garantizar el derecho a la movilidad de todos los usuarios.

Solamente mejorando lo que se tenga que mejorar, lograremos un desarrollo urbano sustentable en beneficio de todos. Mas una movilidad sostenible implica una sociedad justa, inclusiva y respetuosa de la legalidad

En el orden internacional, en el año 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el periodo 2011-2020, como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, con el objeto de estabilizar y reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo.

Por otro lado, es un hecho que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Salud han elaborado programas o políticas en materia de seguridad vial y prevención de accidentes, con la finalidad de promover acciones concretas para disminuir el índice de lesiones y mortalidad.

Estas estrategias proponen la realización de actividades en los tres órdenes de gobierno, tanto en la red carretera federal y vialidades urbanas, como en los establecimientos médicos para la atención de emergencias derivadas de accidentes de tránsito, y están divididas en cinco categorías temáticas: Mejor gestión de la seguridad vial mediante una serie de acciones multisectoriales en los diferentes órdenes de gobierno; evaluación y mejoramiento de la infraestructura vial y de transportes más segura; vehículos más seguros; cambio de comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito; y promover el mejoramiento de los servicios de atención médica pre-hospitalaria e intra-hospitalaria, derivados de accidentes de tránsito.

La Tercera Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 (con una visión de largo plazo) tiene como objetivo general, el reducir un 50% las muertes, así como reducir al máximo posible las lesiones y discapacidades por accidentes de tránsito en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, promoviendo la participación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, atendiendo a su ámbito de competencia y facultades, en la implementación de las siguientes acciones:

“Primera.Coadyuvar en el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la seguridad vial, a través de las siguientes actividades:

1. Promover la participación que corresponda a los tres niveles de gobierno entre sí, para implementar coordinadamente políticas o programas de seguridad vial, e involucrar a la sociedad civil, empresas y usuarios de las vías, en el desarrollo de estrategias nacionales, estatales y locales de seguridad vial que contengan metas e indicadores.

2. Promover la elaboración de un marco jurídico que permita sentar las bases para el establecimiento de las acciones y programas en materia de seguridad vial, así como los protocolos de coordinación para impulsar e instrumentar las políticas nacionales.

3. Promover la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, donde se especifiquen las responsabilidades de cada uno de los actores así como la rendición de cuentas de cada uno de ellos, respecto a su ejecución.

4. Mejorar la calidad de los datos recolectados de la seguridad vial, a través de la operación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y de Observatorios Estatales y Municipales de Seguridad Vial.

5. Fortalecer la capacidad gerencial de los tomadores de decisiones que lideran las iniciativas de seguridad vial en todos los niveles de actuación.

6. Fortalecer la capacitación e investigación en seguridad vial.

Segunda.Participar en la revisión de la modernización de la infraestructura vial y de transporte más segura, a fin de impulsar:

1. La creación y/o mejora de la normatividad relacionada con el establecimiento de los criterios de seguridad vial en la infraestructura para las etapas de planeación, diseño y construcción de nuevos proyectos y vías en funcionamiento tanto en carreteras como en vialidades urbanas.

2. La mejora de la seguridad de la infraestructura vial urbana e interurbana.

3. La aplicación de tecnología para la mejora de la gestión del tránsito en vías urbanas e interurbanas.

4. El desarrollo de una movilidad segura y equitativa para los usuarios vulnerables.

Tercera.Fomentar el uso de vehículos más seguros, para lo cual se plantean las siguientes acciones:

1. Incorporar las normas mínimas de seguridad de los vehículos de motor desarrolladas en el Foro Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Armonización de Reglamentos sobre Vehículos (WP 29) de forma que éstos logren al menos ajustarse a las normas internacionales mínimas.

2. Promover la elaboración y adecuación de marcos normativos que aseguren que los vehículos que circulan y se comercialicen en el país (construcción, ensamblaje e importación) cuenten con los elementos mínimos de seguridad.

3. Mejorar los esquemas operativos para la renovación del parque vehicular del servicio público federal de carga y pasaje.

4. Dar a conocer al consumidor la información de la seguridad de los vehículos motorizados que se comercializan.

5. Promover la adopción de tecnologías más avanzadas que aumenten la seguridad de los conductores y ocupantes de los vehículos.

6. Desarrollar normativa basada en experiencia internacional que establezca los estándares mínimos de seguridad de los cascos para usuarios de motocicletas y bicicletas, así como de los sistemas de retención.

7. Desarrollar y fortalecer marcos normativos que permitan la creación, funcionamiento y sostenibilidad de centros de inspección técnica vehicular.

8. Promover medidas a nivel nacional y estatal para la inspección técnica vehicular que asegure que los vehículos en circulación cumplan con las características mínimas de seguridad.

9. Promover la capacitación a los responsables de la vigilancia y control para la identificación y evaluación de los vehículos en circulación.”

Es un hecho que lo establecido en esta estrategia, ha permanecido solo como una buena intención, pero en la realidad, los objetivos planteados en dicho documento están muy alejados del acontecer diario, dando por resultado que el permiso o autorización especial, para la utilización de un camino de menor clasificación para el autotransporte de carga general, en particular el tractocamión doblemente articulado vulnere objetivos y acciones de la propia estrategia.

Un tractocamión doblemente articulado de acuerdo con la NOM-012-SCT-2-2014, es un vehículo destinado al transporte de carga, constituido por un tractocamión, un semirremolque y un remolque u otro semirremolque, acoplados mediante mecanismos de articulación (configuraciones T-S-R y T-S-S).

Asimismo, entendemos por peso bruto vehicular a la suma del peso vehicular y el peso de la carga, en el caso de vehículos de carga.

La circulación de transportes requiere necesariamente de infraestructura vial, para dar lugar a desplazamientos numerosos y lejanos. Los transportes y la infraestructura vial requieren desarrollarse a la par. Las vías de comunicación requieren se quiera o no, de organización, orden, y por ende eficacia.

La seguridad en las carreteras federales tiene por objetivo el proteger los intereses mayoritarios, por lo que el asunto que nos ocupa requiere de una respuesta directa e inmediata, ya que no hacerlo así, implicaría un riesgo a la vida de los usuarios de caminos de jurisdicción federal.

A su vez, la regulación en relación a los tractocamiones doblemente articulados de carga general, debe también ajustarse necesariamente, para responder a las necesidades del mercado y la población, siendo ambos dinámicos.

Los transportes son sinónimo de expansión y riqueza, determinando el bienestar o catástrofe de una sociedad. Los transportes son intrínsecos al desarrollo.

“La industria de autotransporte es un motor para la economía mexicana. Según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2014 esta industria aportó 5.9% al PIB, generó 1.8 millones de empleos directos a nivel nacional y movió 82% de la carga terrestre en el país. Sin embargo, los vehículos pesados a diésel tienen un impacto desproporcionado sobre la calidad del aire de nuestras ciudades.

La manufactura de vehículos pesados en México es la más grande de América Latina. Ésta ha tenido tasas de crecimiento positivas y constantes a partir de 2010. Entre 2013 y 2014 la tasa de crecimiento superó 20%, lo que permitió que por primera vez México haya superado la producción de Brasil, convirtiéndose en el quinto productor de vehículos pesados comerciales en el mundo.

A pesar de que la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) reporta que las ventas internas de autotransporte se han recuperado desde 2009, con un crecimiento promedio de 12% anual, la flota de vehículos pesados sigue siendo obsoleta. La edad promedio del autotransporte federal es de 18 años, lo cual implica que la mayor parte de los vehículos pesados que circulan por el país son poco eficientes y emiten una mayor cantidad de contaminantes. Pero incluso los vehículos nuevos que se venden dentro del país tienen un bajo desempeño ambiental si se comparan con los vehículos que se exportan al mercado estadounidense y europeo. Un estudio sobre la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) estima que, a pesar de que los vehículos pesados representan solo 15% del parque vehicular, éstos contribuyen con el 81% de las emisiones de partículas PM2.5 y 91% del carbono negro atribuibles a fuentes móviles.”

Esta contaminación, también está relacionada con la sobrecarga, que se produce cuando se fuerzan los rodamientos más allá de los límites de diseño evaluados en lo referente a la carga, la velocidad o la temperatura. Cuanto mayor es la sobrecarga, más se reduce la duración del rodamiento. Los componentes circundantes también se pueden ver afectados. En casos extremos, puede llegar a producirse una fractura de los componentes del rodamiento.

La sobrecarga genera daños en los vehículos de carga, es por eso que se deben reparar o sustituir los rodamientos para evitar más deterioros y en su caso consecuencias más graves, que vulneren a la ciudadanía.

En el orden Internacional, la contaminación ha coadyuvado al cambio climático, debido ala utilización de los vehículos a diésel, por lo que se han tomado medidas para introducir tecnologías más limpias en dichos vehículos.

Japón, Estados Unidos de Norte América y la Unión Europea, por mencionar algunos ejemplos, han armonizado desde hace varios años la implementación de tecnologías más limpias , junto con la utilización de diésel de ultra bajo contenido de azufre (UBA). Incluso Brasil es uno de los países fuera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que ha comenzado a realizar esta transición para reducir sus niveles de contaminación.

“No obstante, hoy en día la normatividad mexicana tiene dos generaciones tecnológicas de atraso, por lo que un vehículo nuevo en Estados Unidos ,país que tieneuno de los mejores estándares internacionales, emite 90% menos contaminantes que los que se venden en México. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) esto implica que un camión nuevo en México contamina lo que 200 camiones nuevos en Estados Unidos: siendo este país nuestro principal destino de exportación de autotransporte.

Una realidad es que en México, el 98 por ciento de las emisiones contaminantes las genera el transporte de carga, el cual llega a emitir hasta mil veces las emisiones de un automóvil, de acuerdo al Consejo Internacional de Transporte Limpio.”

“Es tal la dimensión del problema que en la Ciudad de México se prevé la futura restricción a la circulación del transporte de carga.”

México se comprometió voluntariamente a reducir en 25% los gases de efecto invernadero para el año 2030, adelantándose con ello al acuerdo global COP 21 (La XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático o 21ª Conferencia de las Partes y la 11ª Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (COP21/CMP11)).

“Actualmente, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) tiene los mayores índices de contaminación por ozono a nivel nacional, y es la cuarta urbe en cuanto a presencia de partículas finas, el contaminante más preocupante desde el punto de vista de salud pública, de acuerdo al Centro Mario Molina.”

“El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) señala que son los transportes pesados que usan diésel, son los que más contaminan.”

“De igual manera, y de acuerdo al Centro Mario Molina se establece que el transporte pesado a diésel es la primera fuente de emisión de partículas finas.”

En distinto orden de ideas, la velocidad máxima para un tractocamión doblemente articulado de acuerdo al tipo de camino es de 80 kilómetros por hora, o la que se indique en los señalamientos, cuando esta sea menor.

“Esta constatado científicamente que en la maniobra de frenado de los vehículos pesados, el aire se contamina hasta siete veces más.”

El autotransporte de carga general en México, en un ambiente de competencia se guía naturalmente por criterios de eficiencia, buscando ya sea el máximo rendimiento de los recursos utilizados al producir el servicio, o el uso mínimo de insumos para generar un servicio determinado. El criterio elemental de minimizar el costo por tonelada-kilómetro (t-km) reduce el número de viajes y el costo de operación para el transportista, incrementando así su utilidad. Desde el punto de vista operacional, y suponiendo que las decisiones se toman racionalmente, un transportista naturalmente prefiere mover carga en carro completo a moverla al 50% de la carga útil, ya que así reduce el costo por t-km al prorratear los costos entre un mayor número de toneladas. Extrapolando esta conducta, el operador que decide mover carga a niveles superiores a la carga útil especificada legalmente, incurre en sobrecarga, pero reduce el costo por t-km aún más.

De este modo, la sobrecarga resulta un incentivo económico para el transportista. Esta práctica, sin embargo, se ve restringida por la reglamentación de los pesos vehiculares permitidos, por la potencia disponible en el motor del vehículo y por las condiciones del camino, en particular la pendiente. Desde el punto de vista del responsable del cuidado del camino, el sobrepeso en los camiones de carga genera serios impactos que se manifiestan en el deterioro acelerado del pavimento y el daño estructural a los puentes.

Así entonces, la utilización de carreteras tiene ventajas y desventajas como son las siguientes:

Ventajas del transporte por carretera: Más barato, seguro, servicio puerta a puerta, rapidez, restricciones moderadas al transporte de ciertas mercancías, menor costo de embalaje e incluso innecesario, mayor posibilidad de negociar (cumplimiento de horarios, precios),regularidad, flexibilidad (se adapta a todas las demandas y requerimientos del cliente) comunalidad (medio más utilizado en cualquier parte del mundo), trazabilidad (seguimiento con los nuevos sistemas), agilidad para la distribución de bienes.

“De manera contraria, las desventajas del transporte por carretera son: Muy contaminante (emisiones y residuos), daña a la red de carreteras, las dimensiones de las carreteras no proporcionan seguridad para la utilización de los vehículos de ciertas dimensiones y pesos, restricciones y congestión de tráfico y mayor siniestralidad de tonelada por kilómetro.”

Las sociedades son un conglomerado de intereses, que deben encontrar un justo equilibrio para dar lugar al desarrollo sustentable, por lo que el mejorar el marco legal de cualquier materia, no puede generar más problemas de los que se quieren solucionar.

Como congresistas debemos proveer de las medidas legislativas necesarias que sustenten las políticas públicas a implementar en el corto, mediano y largo plazo en materia del autotransporte de carga.

La demanda de transporte de carga en el tiempo y espacio, es una exigencia derivada de la demanda de bienes y servicios, por lo que legislar de manera superficial, representaría impactos colaterales como: pérdidas económicas, el incremento de los costos de los insumos y materias primas, el desabasto de alimentos perecederos, insumos y productos en las regiones, y afectaciones a las fuentes de empleo de las empresas que utilizan este tipo de vehículos.

Limitar el crecimiento y desarrollo de la industria del transporte mediante una legislación errónea sería un error para la actividad económica nacional en general.

“En este sentido, en nuestro país existe un parque vehicular total de aproximadamente 800 mil autotransportes de carga de estos, 300 mil dan servicio constante los 12 meses del año a la Ciudad de México.”

No dar la importancia necesaria al impacto negativo de una deficiente logística de entrada y salida del transporte de carga solo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, tendría afectación nacional, considerando que en esta se concentra el 28 por ciento del producto interno bruto y el 18 por ciento de la población nacional.

Los aspectos negativos que se han señalado en párrafos precedentes, es el resultado de permitir por una legislación deficiente y ambigua en su redacción, que a partir de un permiso o autorización especial para la utilización de un camino de menor clasificación se afecte la infraestructura vial y se puedan exceder los pesos y las dimensiones establecidas en la Ley y la norma oficial en la materia.

En México se permite el aumento del peso, para la circulación del tractocamión doblemente articulado, lo cual es autorizado de acuerdo a su peso y dimensiones, a su vez la circulación debe corresponder a los diferentes tipos de caminos (ET, A,B, C y D), como lo establece la norma en la Tabla B-2 (Peso Bruto Vehicular máximo autorizado por clase de vehículo y camino) y en complementariedad con el subnumeral 6.1.2.2, para aumentar el peso bruto vehicular respecto al establecido en dicha tabla, para los tractocamiones doblemente articulados.

En este orden de ideas, podemos mencionar que el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, nos habla del permiso especial, mismo que es el instrumento que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para efectos de poder transportar cualquier tipo de carga general o especializada a través del autotransporte de carga.

El problema de fondo en el asunto que nos ocupa, es el permiso especial que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los tractocamiones doblemente articulados en sus diferentes configuraciones vehiculares que transportan carga general, ya que de éste se derivan infinidad de problemas que afectan a todos los usuarios de los caminos de jurisdicción federal.

Como podemos observar en la NOM-012-SCT-2-2014, se establece en el punto 6.1.2.1.1 conforme al peso lo siguiente:

Las configuraciones de tractocamión doblemente articulado únicamente podrán circular en caminos Tipo “ET” y “A”, y por excepción podrán circular en carreteras tipo B, con el mismo peso, cuando cuenten con autorización especial, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.4 de esta Norma.

El punto 6.2.1.4.2 del mismo ordenamiento en el caso del largo decreta:

Las configuraciones de tractocamión doblemente articulado únicamente podrán circular en caminos Tipo “ET” y “A”, y por excepción podrán circular en carreteras tipo B, con las mismas dimensiones, cuando cuenten con autorización especial, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.4 de esta Norma.

A su vez en el punto 6.2.1.4.3 establece:

Para los tractocamiones doblemente articulados, se permiten 50 centímetros adicionales al largo máximo autorizado señalado en la Tabla C-2, siempre y cuando cada uno de los semirremolques cuenten con un largo de hasta de 12,19 m (40 pies). En caso de circular en caminos de menor clasificación, deberá contar además, con la autorización correspondiente.

El punto 6.2.1.6.1.1 del mismo ordenamiento decreta:

Por excepción, dentro de la longitud total máxima autorizada de 31,00 m a que se refiere la Tabla ”C-2”, para las configuraciones tractocamión doblemente articulado, se permite el acoplamiento de semirremolques o remolques con longitudes de hasta de 12,81 m (42 pies), cuando circulen en caminos tipo ”ET” y ”A”; para circular por caminos tipo ”B”, deberán contar con autorización especial para la utilización de un camino de menor clasificación, de conformidad con lo establecido en el numeral 6.4 de esta Norma.

Y por último el punto 6.4.1.1 derivado del punto 6.4 (casos de conectividad) y 6.4.1 (vehículos de carga) de la norma en cita determina que:

Para las unidades y configuraciones vehiculares que requieran utilizar un camino de menor clasificación para llegar o salir de una Planta productora o Centros Logísticos y/o de Transferencia, o utilizar un camino de menor clasificación cuando no estén conectados dos ejes o tramos de un mismo eje, deberán cumplir las condiciones siguientes:

I. Presentar, exclusivamente el usuario o el transportista de carga consolidada, ante la Secretaría, una solicitud de autorización especial para la utilización de un camino de menor clasificaciónsolamente para llegar o salir de Plantas productoras o Centros logísticos y/o de Transferencia, debiendo señalar el Origen-Destino de la ruta, y los tramos y distancia requeridos, en el formato que para tal efecto defina la Secretaría. Para lo cual deberán señalar la cantidad y ubicación de los puentes en la ruta a recorrer, así como los vehículos a utilizar, especificando en forma expresa la configuración vehicular a utilizar, así como las condiciones de seguridad a seguir. Con esta información la Secretaría, a través de las áreas técnicas contará con los elementos para emitir el dictamen de viabilidad técnica, donde se exponga el impacto en la seguridad y en la infraestructura de la carretera, respecto de: (1) invasión de carril, considerando grados de curvatura, calzada y corona; y (2) afectación por el peso en la infraestructura de los puentes, si existen éstos en la ruta solicitada; para ambos temas, de conformidad con el vehículo o configuración vehicular, y su peso y dimensiones autorizado en el camino de mayor especificación. La Secretaría publicará en su página de internet las autorizaciones emitidas; y éstas se emitirán por la distancia estrictamente necesaria, y siempre que no existan caminos alternos de mayores especificaciones.

II. Presentar, exclusivamente el usuario o el transportista de carga consolidada, ante la Secretaría, una solicitud de autorización especial por caso de conectividad para la utilización de un camino de menor clasificación cuando no estén conectados dos ejes o tramos de un mismo eje, debiendo señalar el Origen-Destino de la ruta y los tramos requeridos, en el formato que para tal efecto defina la Secretaría; así como:

a) Señalar la cantidad y ubicación de los puentes en la ruta a recorrer, así como los vehículos a utilizar, especificando en forma expresa la configuración vehicular a utilizar, así como las condiciones de seguridad a seguir. Con esta información la Secretaría, a través de las áreas técnicas contará con los elementos para emitir el dictamen de viabilidad técnica, donde se exponga el impacto en la seguridad y en la infraestructura de la carretera, respecto de: (1) invasión de carril, considerando grados de curvatura, calzada y corona; y (2) afectación por el peso en la infraestructura de los puentes, si existen éstos en la ruta solicitada; para ambos temas, de conformidad con el vehículo o configuración vehicular, y su peso y dimensiones autorizado en el camino de mayor especificación.

b) Por excepción podrán circular al amparo de la autorización especial por caso de conectividad en tramos de hasta por 50 km. en caminos tipo B, previo dictamen de las áreas técnicas de la Secretaría.

c) Demostrar que no existen rutas alternas, con caminos de mayor especificación.

d) Condiciones de seguridad.

e) La Secretaría publicará en medios electrónicos, las autorizaciones emitidas.

III. Para los casos previstos en los numerales I y II, el usuario deberá señalar los nombres de los transportistas permisionarios que utilizará para la prestación del servicio o, en su caso, del usuario que transportará su propia carga.

IV. Para los casos previstos en los numerales I y II, el usuario será corresponsable de los daños y perjuicios que se causen originados por exceso de peso de su carga, cuando se contrate carro por entero, declarado en la Carta de Porte. Para los embarques de menos de carro por entero, la responsabilidad recaerá en el transportista de carga consolidada.

V. La Secretaría podrá negar la solicitud cuando exista una carretera de mayor especificación, cuando no se ajuste a lo dispuesto en los numerales I y II, o por cuestiones de seguridad.

VI. También podrá negar la solicitud, por el mal uso de los permisos en cualquiera de las rutas de conectividad autorizadas.

VII. Las autorizaciones que se expidan incluirán las condiciones de tránsito y seguridad bajo las cuales se puedan utilizar los tramos de menor especificación. La autorización se otorgará por usuario para los transportistas incluidos en su solicitud, o permisionario de carga consolidada, para los tipos de vehículos o configuraciones vehiculares autorizados por la Secretaría, señalando los caminos en los que se permita su circulación. Los tramos a autorizar serán exclusivamente aquéllos que representen la menor distancia hacia el camino de mayor especificación.

Si bien la Secretaria puede negar la solicitud de permiso o autorización especial esto no va a solucionar el problema que se plantea en la presente iniciativa.

El punto 6.4.4 de la citada norma refiere:

Tomando en cuenta los gálibos de los puentes y túneles de las carreteras, se otorgarán permisos especiales en rutas específicas para vehículos que transportan pasajeros y cargas de hasta 4,50 m de altura, siempre y cuando se verifique que todos los puentes y túneles presentan gálibos mayores.

De lo anterior se desprende, que la citada norma permite a los tractocamiones doblemente articulados en sus diferentes configuraciones, sin importar que su carga sea general o especializada, para contar con una autorización especial para la utilización de un camino de menor clasificación, en el caso de que excedan el alto, y largo, de los límites que establece la propia norma, para los caminos que tienen contemplados para dichos pesos y medidas, correspondientes a la Tabla B-2( peso bruto vehicular máximo autorizado por clase de vehículo y camino) y Tabla C-2 ( largo máximo autorizado por clase de vehículo y camino).

Esta iniciativa aborda en específico la problemática que trae consigo el tractocamión doblemente articulado en sus diferentes configuraciones vehiculares con carga general, de lo anterior se desprende, que la citada norma permite al transporte de carga mencionado conforme al permiso especial, circular en los caminos tipo (ET, A, B, C Y D), lo cual va en contra de la propia norma, no es concebible que el citado ordenamiento ya tenga establecido pesos y medidas de alto y largo, por lo que gracias a este permiso, puedan ignorarlas para adecuarse a su propia normatividad (permiso o autorización especial), lo cual obviamente será utilizada por la mayoría del auto transporte de carga general.

Esto le da la libertad a este tipo de autotransporte de carga general, de transitar prácticamente por cualquier tipo de camino.

El fomento de modalidades de transporte sostenible y de entornos urbanos respetuosos con el medio ambiente nos hará ganar en calidad de vida, ya que la sostenibilidad produce riqueza, y generen empleo y crecimiento económico.

El trabajo legislativo implica la toma de medidas, y una decisión implica elegir entre varias soluciones posibles.

El transporte es la base del comercio, por lo que elegir la política pública más eficiente en la materia, es fundamental para el desarrollo nacional sustentable.

El desarrollo urbano requiere para el incremento del consumo, de la transportación eficaz de bienes. La demanda por servicios de transporte es directamente proporcional a la demanda de productos, por lo que la infraestructura vial debe ser la adecuada para facilitar el proceso de movilización propio del desarrollo urbano sustentable.

Es innegable que el exceso de peso en tractocamiones doblemente articulados con carga general, la reducción de los recursos destinados al mantenimiento de estos, y el permiso o autorización especial que se les otorga para la utilización de un camino de menor clasificación , sobre pasando el alto y el largo de la norma multicitada ha tenido un impacto en el número y siniestralidad de los accidentes carreteros.

Lograr que algo sea sostenible no es un fin a alcanzar, es una condición atemporal que todo el tiempo debe procurarse, porque hace mejorar a las sociedades. Actuar responsablemente no es una opción, es una obligación.

¿Lograr el equilibrio entre desarrollo económico e industrial y sostenibilidad es complicado? Sí, pero es una necesidad, a fin de generar una mínima gobernanza operativa.

Consideramos que compensar las necesidades del presente, debe logarse sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias.

Por lo anteriormente razonado, me permito someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados a la LXIII Legislatura, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que adiciona un cuarto párrafo, al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal,para quedar como sigue:

Artículo 50. El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar el autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal.

La Secretaría regulará el autotransporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos que circulen en vías generales de comunicación, sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a otras dependencias del Ejecutivo Federal. Los términos y condiciones a que se sujetará este servicio, se precisarán en los reglamentos respectivos.

Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere de permiso especial que otorgue la Secretaría, en los términos de esta Ley y los reglamentos respectivos.

La Secretaría no otorgara permiso o autorización especial para el tractocamión doblemente articulado de carga general en sus diferentes configuraciones vehiculares.

Artículos Transitorios

Primero. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, realizara las modificaciones necesarias a la Ley, reglamentos respectivos y a la NOM-012-SCT-2-2014, en un plazo de 90 días posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El permiso especial otorgado por la Secretaría antes de la entrada en vigor del presente decreto, dejara de tener vigencia a los 105 días hábiles posteriores a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1 Estadística básica del autotransporte de carga 2015, SCT

2 http://t21.com.mx/terrestre/2012/04/23/accidentes-consecuencia-poca-supervision -e-irresponsabilidad-cesvi

3 http://www.autobodymagazine.com.mx/abm_previo/2016/03/la-seguridad-vial-no-es-p rioridad-para-el-autotransporte-de-mexico5/

4 http://www.altonivel.com.mx/46451-bridgestone-busca-frenar-accidentes-de-transp ortistas.html

5 http://sipse.com/mexico/cinco-carreteras-mas-peligrosas-de-mexico-162417.html

6 http://www.gob.mx/salud/articulos/accidentes-viales-segunda-causa-de-muerte-en- mexico

7 http://sipse.com/mexico/cinco-carreteras-mas-peligrosas-de-mexico-162417.html

8 http://www.autobodymagazine.com.mx/abm_previo/2016/03/la-seguridad-vial-no-es-p rioridad-para-el-autotransporte-de-mexico5/

9 http://t21.com.mx/terrestre/2012/06/08/contratacion-eficiente-transporte-ayudar a-reducir-accidentes

10 http://www.autobodymagazine.com.mx/abm_previo/2016/03/ la-seguridad-vial-no-es-prioridad-para-el-autotransporte-de-mexico5/

11 http://www.ciltec.com.mx/es/infraestructura-logistica/red-carretera

12 NOM 044 retos y oportunidades para su cumplimiento http://imco.org.mx/

13 NOM 044 retos y oportunidades para su cumplimiento http://imco.org.mx/

14 http://sipse.com/mexico/contaminacion-transporte-carga-cdmx-ciudad-mexico-ambie ntal-circulacion 199808.html.

15 http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/trasladarse-en-un-vehiculo-contaminante- demora-hasta-dos-horas-informe-801

16 http://izq.mx/noticias/29/03/2016/exigen-ongs-transitar-a-nuevas-tecnologias-en -el-transporte-pesado-para-evitar-contaminacion/

17 http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/trasladarse-en-un-vehiculo-contaminante- demora-hasta-dos-horas-informe-801

18 http://www.elcolombiano.com/antioquia/camiones-viajan-por-la-ciudad-con-sobreca rga-EH3393240

19 http://comerciointernacional12.blogspot.mx/2013/04/ventajas-y-desventajas-de-lo s-medios-de.html

20 http://noroestemzt.solemti.net/publicaciones/view/pega-el-hoy-no-circula-a-tran sporte-de-carga-1018788

Palacio Legisltivo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputado Jonadab Martínez García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

«Iniciativa que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos, 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado federal Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura, pone a consideración de esta honorable soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el primer párrafo y se deroga el segundo párrafo, ambos del artículo 201 y se reforma el primer párrafo del artículo 205 de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La discriminación, en cualquiera de sus modalidades, tales como origen étnico, género, creencias religiosas, edad, discapacidad física, el estado civil, la condición social, las opiniones emitidas, las preferencias sexuales, y cualquier otra, son una de las diferentes formas en que se puede afectar a la dignidad humana y los derechos humanos de las personas, ocasionando afectaciones a sus derechos, ya que desafortunadamente, por décadas se han formado patrones de conducta que socialmente se han aceptado, aunque de fondo sean discriminatorios.

La discriminación por razón de género, independientemente de que el afectado sea una mujer o un hombre, es una conducta lesiva cuyos efectos se pueden extender hacia terceras personas, como lo son las familias de estos, lo cual la hace aún más perjudicial, razón por la que se hizo necesario establecer expresamente desde la Carta Magna, la mención de su proscripción en nuestro país, tal como lo establece el artículo 1º de nuestra Ley Suprema y muy en especial en el hoy párrafo quinto, mismo que dice lo siguiente:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Del mismo modo, el anterior párrafo del precepto citado, tiene estrecha vinculación con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que prevé en su primer párrafo, la igualdad que ante la ley deben tener tanto las mujeres como los hombres, y sobre el particular se establece lo siguiente:

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Bajo esa lógica, y en el marco de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, es necesario que toda la legislación secundaria sea armonizada en esos términos, con la idea de que pueda ser un verdadero soporte para la realidad actual, combatiendo adecuadamente cada una de sus problemáticas y de esa manera contribuir a una mejor protección de los derechos humanos de las personas, creándoles desde las mismas instituciones, las condiciones necesarias para brindarles un nivel de vida más digno.

Para poder garantizar lo anterior, resulta trascendente que también los reglamentos y toda normatividad aplicable dentro de las instituciones gubernamentales, se armonice en ese sentido, además de que también es necesario que se implementen aquellas políticas públicas que garanticen la efectiva igualdad de mujeres y hombres ante la ley, y que de esa manera, se pueda fomentar la tolerancia y respeto por las diferencias biológicas o de pensamiento que pudieran existir por razón de género.

Así, en todo momento las instituciones gubernamentales deben dar trato equitativo, justo, de tolerancia  y respeto, tanto a mujeres, como a hombres, velando por el cabal respeto a sus Derechos Humanos, para contribuir a la disminución de la discriminación por razón de género que culturalmente existe en la sociedad mexicana, como parte de una idiosincrasia y forma de vida que ha permanecido intacta en el tiempo, y que por tal motivo, dichos patrones fueron insertados en la misma legislación, tal como sucede con la Ley del Seguro Social, entre otros ordenamientos legales, que no han sido homologados con el texto constitucional y aún mantiene un contenido anacrónico en diversas de sus disposiciones.

En dicho ordenamiento legal, aún prevalecen disposiciones que sostienen a la discriminación por razón de género, restringiendo el ejercicio de los derechos de los varones, lo que constituye una violación a los Derechos Humanos de éstos, reflejándose un  verdadero rezago en el texto de este tipo de leyes, cuyo fundamento se encuentra rebasado tanto por la referida reforma constitucional, como por la dinámica social de nuestro país, en la cual, tanto hombres, como mujeres participan activamente en los diferentes fenómenos económicos, culturales y sociales que hoy en día se presentan en la vida cotidiana y que de manera necesaria tienen que asumir para contar con las condiciones de vida mínimas e indispensables, por lo que al existir disposiciones legales con este tipo de características, además de ser inconstitucionales, son inútiles y obsoletas.

Por tal razón, la Ley del Seguro Social debe ser ajustada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los Tratados Internacionales en Derechos Humanos celebrados por nuestro país, y a la dinámica social que se vive de manera cotidiana hoy en día, debido a que resulta inconcebible que nuestro sistema jurídico aún cuente con leyes, normas o criterios discriminatorios, perjudicando a la familia como grupo primario de la sociedad, en pleno Siglo XXI.

Así, el primer párrafo del artículo 201, así como en el primer párrafo del artículo 205, ambos de la Ley del Seguro Social, aun presentan dicho anacronismo.

El primer párrafo del artículo 201, nos describe en qué consiste el seguro de guarderías que el Instituto Mexicano del Seguro Social brinda a sus afiliados, refiriendo que dicho seguro se proporcionará a aquellos trabajadores asegurados, hombre o mujer, que durante su jornada laboral tengan la imposibilidad de dar las atenciones adecuadas a sus hijos en sus primeros años de vida, las cuales quedaran a cargo de personal calificado y en instalaciones debidamente acondicionadas por dicho Instituto para tal efecto, siempre que dichos asegurados satisfagan los requisitos expresamente establecidos en la Ley del Seguro Social.

En ese sentido, dichos requisitos variaran dependiendo del género del asegurado, ya que sí es del sexo femenino, entonces los requisitos que deberá cubrir será su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social y la vigencia de sus derechos; sin embargo, en el caso de los varones, además de satisfacer tales requerimientos, también deberá demostrar que es viudo, divorciado, o bien, que tiene otorgada la custodia o patria potestad judicialmente, sin lo cual no podría gozar de dicho seguro de guardería, lo que constituye una discriminación por razón género, al serle exigidos mayores requisitos para ejercer plenamente un derecho fundamental, sin tomar en cuenta las circunstancias personales del asegurado, que le exigen el aprovechamiento de tal prestación.

En lo que hace al contenido del primero párrafo del artículo 205 de la Ley del Seguro Social, observamos que guarda la misma línea discriminatoria, al ser enfático en la variación de requisitos para los asegurados, en virtud de ser hombres o mujeres.

Bajo esa idea, ambos numerales son discriminatoriosen perjuicio de los varones que son afiliados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,  ya que para poder acceder al seguro de guardería, además de satisfacer los diversos requisitos básicos, también estarán obligados a acreditar su viudez, que son divorciados, o bien, que tienen otorgada judicialmente, la custodia o patria potestad de sus menores hijos, exigencia que no se hace con las mujeres, contrariando el espíritu del quinto párrafo del artículo primero constitucional, el cual proscribe la discriminación por género, que es auspiciada por los preceptos que se proponen reformar.

De la breve sinopsis que se hace del contenido de los dos primeros párrafos del artículo 201, así como del primer párrafo del artículo 205, ambos de la Ley del Seguro Social, nos percatamos que ambos condicionan a los varones el ejercicio de sus derechos fundamentales que adquirió como trabajador, sólo sí demuestran su viudez, que son divorciados, o que les fue otorgada judicialmente la custodia o la patria potestad de sus menores hijos,  a diferencia de cuando los papeles se invierten y no se le exige a la mujer asegurada más que su afiliación y su vigencia de derechos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Tal condicionante para que los asegurados varones puedan ser sujetos del seguro de guardería, evidencia que los artículos en cuestión no tratan de manera igualitaria a mujeres y hombres, haciendo distinciones que menoscaban los derechos de éstos últimos en virtud a su género, lo que resulta incongruente con la actualidad y la dinámica social del país, en el que el rol que cumplen tanto mujeres, como varones, ha presentando cambios respecto de lo que sucedía hace algunas décadas, por lo que es necesario que la legislación sea capaz de regular tales circunstancias en beneficio de todos los mexicanos, máxime si en ellos se encuentran involucrado el desarrollo de niñas y niños.

De tal forma es que la dinámica social que existía durante la época en la cual fueron redactados los preceptos que se propone reformar, era diferente a la que se vive hoy en día, debido a que existe una importante necesidad tanto de hombres, como de mujeres, en participar activamente en los diferentes procesos económicos y en los diferentes ámbitos y sectores laborales del país, sin que ello implique él descuidar aspectos tan sensibles e importantes como lo es la familia, máxime que se trata de niñas y niños, por lo que resulta muy importante que ésta también se vea beneficiada con las prestaciones de seguridad social que se genera por el trabajo desempeñado por los trabajadores varones, como parte de un derecho fundamental consagrado en la misma Constitución para ellos.

Al ser una necesidad que ambos padres de familia salgan a trabajar para contribuir al gasto diario y manutención del hogar, es una circunstancia que implicaría descuidar a la familia y una merma económica al tener que pagar para que sus menores hijos sean cuidados por una tercera persona, ya que sí es el varón el que tiene la prestación de la seguridad social, se vería impedido para ingresar a sus hijos a una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, al no ser viudo, divorciado, o tener otorgada la custodia o patria potestad de sus menores hijos judicialmente, por lo que más allá de ser una evidente discriminación por razón de género, tales disposiciones son un obstáculo para que las familias mexicanas busquen condiciones de vida mejores, de calidad y más digna.

Ahora bien, de acuerdo al entramado constitucional vigente, la discriminación en cualquiera de sus modalidades, es contemplada como una afectación a la dignidad humana, como un Derecho Humano, por lo que toda ley o disposición que haga apología o fomente este tipo de conductas discriminatorias, es inconstitucional, razón por la que es necesario que estos artículos sean adecuados a la Carta Magna y a la realidad de nuestro país.

Bajo ese contexto, los dos primero párrafos del artículo 201, así como del primer párrafo del artículo 205, ambos de la Ley del Seguro Social, al ser discriminatorios, también son inconstitucionales, así como también en otros criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismos que por analogía tienen aplicación a la problemática planteada, evidenciando el rezago y anacronismo que existe en algunas disposiciones legales de dicho ordenamiento, al regular el otorgamiento de la seguridad social.

Esa analogía que existe entre el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita al pie de página,  y la problemática narrada, es que en ambos casos existe una clara restricción a los varones asegurados para que accedan a derechos de seguridad social, como lo es el seguro de guardería, ya que a diferencia de las mujeres, a los varones se les exige mayores requisitos que condicionan su ejercicio, cuyos efectos negativos, perjudican a sus familias, quienes al ser los beneficiarios, pueden ver comprometido su desarrollo personal.

Es el caso que desde el 29 de junio del año en curso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un amparo presentado por un varón afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, determinó declarar como inconstitucionales los artículos 201 y 205 de la Ley de Seguro Social, los artículos 2 y 3 del Reglamento de Guarderías de ese Instituto, así como aquella normatividad administrativa que regula el seguro de guarderías, tomando como argumento principal, el espíritu del artículo 1º y  artículo 4, ambos de la Constitución Política, por lo que han quedado sin efectos tales numerales, sin embargo, debe realizarse el trabajo legislativo conducente para que el contenido de dichas disposiciones sean apegadas a la Carta Magna y a la realidad de nuestro país.

Sobre ese particular, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, elaboró en su 39º período de sesiones en 2007, la Observación general número 19 que es relativa al derecho a la seguridad social, y en ella realiza una interpretación amplia sobre el goce que de dicho derecho fundamental deben tener los individuos, destacándose lo siguiente:

“El derecho a la seguridad social incluye el derecho a no ser sometido a restricciones arbitrarias o poco razonables de la cobertura social existente, ya sea del sector público o del privado, así como del derecho a la igualdad en el disfrute de una protección suficiente contra los riesgos e imprevistos sociales...”

Es importante mencionar que esta es una problemática generalizada en el país, por lo que actualmente existen propuestas de las diferentes fuerzas políticas que integran esta Cámara de Diputados, para reformar los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, y de esa manera eliminar aquellos obstáculos que restringen el ejercicio de los derechos de seguridad social de los trabajadores varones, propiciando el desarrollo y progreso de las familias mexicanas.

Por todas las consideraciones vertidas en la iniciativa planteada, es necesario armonizar la Ley del Seguro Social con la protección a los derechos humanos que hace la Carta Magna, ya que solo de esa forma se podrán homologar los requisitos para que tanto mujeres, como hombres, accedan al disfrute de la seguridad social que tienen como prestación en su respectiva fuente laboral, eliminando aquellos vestigios de discriminación que aún podemos observar en algunos ordenamientos legales, contribuyendo con los esfuerzos que viene realizando el Gobierno Federal para darle solución a aquellos tramites, controversias o problemáticas cotidianas que impiden a las personas, propiciar su desarrollo o establecen obstáculos para disfrutar plenamente de sus derechos.

Por lo anterior, proponemos a esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Primero.Se reforma el primer párrafo y se deroga el segundo párrafo, ambos del artículo 201 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 201.El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora y del varón trabajador, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

Derogado

...

Segundo.Se reforma el primer párrafo del artículo 205 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 205.Las madres y padres asegurad os, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Como consecuencia de la presente reforma, deberán reformarse o derogarse, según el caso, todas aquellas disposiciones que sean contrarias al decreto que antecede.

Notas:

1 Es aplicable el siguiente criterio jurisprudencial emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.... Registro No. 180345, Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Octubre de 2004, Página: 99, Tesis: 1a./J. 81/2004, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional... Igualdad. Límites a este principio. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.

2 Tiene aplicación el siguiente criterio emitido por el Máximo Tribunal de nuestro país... Registro No. 171756, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Agosto de 2007, Página: 639, Tesis: 2a. CXVI/2007, Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional...Garantía de no discriminación. Su protección constitucional. De los artículos 1o., párrafo tercero, y 4o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la no discriminación es una verdadera garantía individual, consistente en el derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias. Ahora bien, conforme a tales preceptos, en la Nación Mexicana está prohibido todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana, anule o menoscabe los derechos y libertades del varón y la mujer, porque ambos deben ser protegidos por la ley sin distinción alguna, independientemente de sus preferencias y, por ello, deben gozar de los mismos derechos y de la igualdad de oportunidades para ejercer las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra.

3 Es aplicable el criterio sostenido en la Contradicción de tesis 154/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Octubre de 2009, página 639... Tema: Pensión por viudez. el acreditamiento de la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida a que condiciona el artículo 130, párrafo segundo, de la Ley del Seguro Social para su otorgamiento, se estableció tanto para el viudo como para el concubinario, sin embargo tal condicionante ha sido declarada inconstitucional por la SCJN, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito.

Ministra ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.

Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes.

4 Registro No. 167886, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Febrero de 2009, Página: 470, Tesis: 2a. VI/2009, Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional, laboral... Pensión por viudez. el artículo 130, párrafo segundo, de la Ley del Seguro Social, al condicionar su otorgamiento a que el viudo o concubinario acredite la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida, viola las garantías de igualdad y de no discriminación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en los artículos 1o., párrafo tercero y 4o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se contienen las garantías individuales de igualdad y de no discriminación, que tutelan el derecho subjetivo del gobernado a ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias, lo que proscribe todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y anule o menoscabe los derechos y libertades del varón y la mujer, porque ambos deben ser protegidos por la ley sin distinción alguna. En ese contexto, el artículo 130, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, al condicionar el otorgamiento de la pensión por viudez a que el viudo o concubinario acredite la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida, a diferencia de la viuda o concubina de un asegurado, a quien no se le exige ese requisito, sin otra razón que las diferencias por cuestión de género y las económicas, viola las citadas garantías individuales, al imponer al varón una condición desigual respecto de la mujer.

5 Observación General número 19. El derecho a la seguridad social (artículo 9). 39º periodo de sesiones (2007)”. En: Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. Volumen I. Naciones Unidas, ONU,  página 181.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2016.— (Rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

PROPOSICIONES

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS TITULARES E INTEGRANTES DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de Puebla a implantar un programa de capacitación para titulares e integrantes de las unidades de protección civil en la entidad, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Xitlalic Ceja García, diputada federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla, a través del secretario general de Gobierno, para que conforme a sus atribuciones implemente un programa de capacitación a los titulares e integrantes de las Unidades de Protección Civil en los municipios del estado de Puebla; asimismo se exhorta a las Unidades Municipales de Protección Civil para que realicen campañas de información que promuevan la cultura de la prevención y protección civil entre los habitantes de los municipios del estado de Puebla, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desafortunadamente, México ha sufrido a lo largo de su historia un sinfín de imprevistos por fenómenos naturales, los cuales han derivado en pérdidas materiales, económicas y humanas; recientemente el Estado de Puebla fue golpeado por una de las más mortíferas tormentas, la tormenta “Earl” donde según datos de la Comisión Nacional del Agua ha sido la mayor precipitación de aguade la que se tenga registro 265.5 mm acumulados durante 24 horas, lo que provocó el desbordamiento de cerros en varios municipios, de los más afectados Tlaola, Xicotepec y Huauchinango, causando la pérdida de sus patrimonios a cientos de familias Poblanas, pero sobre todo la irreparable pérdida de vidas humanas. En este sentido es de suma importancia mantenernos atentos, ya que no debemos bajar la guardia ante tales sucesos.

La Comisión Nacional del Agua, ha recomendado mantener alerta amarilla en el estado, pues se pronostica un incremento de las lluvias en los meses de septiembre y octubre, así mismo el Sistema Meteorológico Nacional informó que para los siguientes días se mantendrá el potencial de tormentas intensas de 75 a 150 mm en diversas regiones del territorio poblano, predominantemente en las Sierras Norte, Nororiental y Negra.

Estos sucesos provocados en su mayoría por efectos naturales, sin lugar a dudas nos hacen reflexionar y adentrarnos en el tema de la prevención y de la protección civil, tan importante para salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y el entorno.

Lamentablemente, muchos de estos desastres naturales, son causados en buena medida porque nosotros alteramos el medio ambiente, el precio es alto y lo pagamos todos, sobre todo las personas que viven en zonas de alto riesgo.

Según la Organización Internacional de Protección Civil, la protección civil es un sistema por el que cada país proporciona la protección y la asistencia para todos ante cualquier tipo de desastre o accidente relacionado con esto, así como la salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio ambiente.

Protección Civil tiene tareas humanitarias destinadas a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. Estas tareas a las que se refiere son:

1. Servicio de alarma,

2. Evacuación,

3. Habilitación y organización de refugios,

4. Aplicación de medidas de seguridad,

5. Salvamento,

6. Servicios sanitarios, incluidos los primeros auxilios, y asistencia religiosa,

7. Lucha contra incendios,

8. Detección y señalamiento de zonas peligrosas,

9. Descontaminación y medidas similares de protección,

10. Provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia,

11. Ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en zonas damnificadas,

12. Medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables

13. Servicios funerarios de urgencia

14. Asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia,

15. Actividades complementarias necesarias para el desempeño de una cualquiera de las tareas mencionadas, incluyendo entre otras cosas la planificación y la organización,

16. Captura y combate de animales peligrosos.

Por otro lado, la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de Puebla, define al Sistema Estatal de Protección Civil, “como un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, del Estado y los Municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, en materia de protección civil” (Artículo 10).

Cuyo objetivo es el de proteger a la persona, a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población (Artículo 11).

El trabajo en equipo, es fundamental tal como lo estable la Ley General de Protección Civil en su Artículo 8o., que a la letra dice: “Los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, las entidades federativas, los municipios, las delegaciones, los organismos descentralizados, los organismos constitucionales autónomos y los sectores privado y social, así como la población en general, deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen en forma coordinada y eficaz.”

Otro de los temas importantes en la Protección civil, es sin duda, la capacitación para todas aquellas personas encargadas de velar por la salvaguarda de las personas, bienes y nuestro entorno, que les permita responder y reaccionar de manera inmediata ante una emergencia, pues nos hemos dado cuenta que cuando se carece de personal capacitado para actuar conforme a lo planeado, se cometen errores que provocan confusión, retrasos y omisiones.

Es fundamental también, implementar acciones que involucren a la población, ya que esta se vuelve vulnerable al no contar con la información sobre la situación de riesgo que vive, limitando su participación ante una emergencia o peligro por un fenómeno natural.

El Programa Nacional de Protección civil, plantea promover con las entidades federativas y los municipios programas que fomenten en la sociedad una cultura de protección civil, así como impulsar una intensa campaña de información preventiva dirigida especialmente a la población vulnerable asentada en zonas de alto riesgo, difundir la cultura preventiva a través de todos los medios disponibles considerando su adaptación a lenguas originarias, impulsar programas para fomentar en la sociedad una cultura de protección civil y adaptación a los efectos del cambio climático, así como implementar acciones que permitan conocer el impacto de las campañas de sensibilización e información entre la población.

En este sentido tras los sucesos ocurridos, en el Estado de Puebla es de suma importancia, retomar las líneas de acción del Programa Nacional de Protección Civil, y ponerlas en marcha entre los habitantes Poblanos, lo que permitirá, coadyuvar con las áreas responsables de Protección Civil, en el Estado y Municipios.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de puebla, a través del secretario general de Gobierno, para que de acuerdo con sus atribuciones, implemente un programa de capacitación a los titulares e integrantes de las Unidades de Protección Civil en los municipios del estado de Puebla.

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a las unidades responsables de Protección Civil de los municipios del estado de Puebla a realizar campañas de información que promuevan la cultura de la prevención y protección civil entre sus habitantes.

Dado a los 13 días del mes de septiembre del 2016, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.— Diputada Xitlalic Ceja García (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

AFECTACIONES PROVOCADAS POR LA FRACTURA HIDRÁULICA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las afectaciones provocadas por la fractura hidráulica en Nuevo León, suscrita por los diputados Waldo Fernández González y Óscar Ferrer Abalos, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Waldo Fernández González y Óscar Ferrer Abalos, del Grupo Parlamentario del PRD, integrantes de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo previsto en el artículo 6, fracción I, artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Argumentos que sustentan el presente punto de acuerdo

La fractura hidráulica o fracking (en inglés), consiste en hacer una perforación vertical desde 3 a 5 kilómetros de profundidad, hasta llegar a donde se encuentran unas rocas porosas que pueden ser de esquisto, lutitas o pizarra, dentro de estas porosidades se encuentra gas natural.

Cuando se alcanza la capa de las rocas, se continúa la perforación en el plano horizontal, a través de la misma. Esta perforación horizontal suele ocupar un kilómetro y medio de longitud o puede llegar hasta los 3 kilómetros. Dentro de la capa de pizarra se utilizan explosivos para provocar pequeñas fracturas y se inyectan, por etapas, de 9 a 29 millones de litros de agua a muy alta presión, mezclados con arena y un coctel de más de 750 aditivos químicos apuntalantes, entre los cuales se encuentran bencenos, xilenos, cianuros, en cantidades de entre 55 mil y 225 mil litros por pozo, los cuales son elementos cancerígenos y mutagénicos. Muchas de estas sustancias químicas ni siquiera están catalogadas, y las empresas se reservan la información completa de los componentes del coctel, amparándose en el secreto de derecho de patente, por lo que no se sabe con exactitud las dimensiones de los riesgos.

El agua a presión fractura la roca liberando el gas que luego, junto con el agua, el arena y los aditivos retorna a la superficie (retorna ente 15 y un 80 por ciento de fluido inyectado).

El pozo se va fracturando entre 8 y 12 etapas, con lo cual el conducto sufre unos cambios de presión muy grandes con el consiguiente peligro de quiebra del revestimiento de cemento. La fractura no tiene forma de controlarse, rompiendo capas del subsuelo que provocan diversas afectaciones, generando sismos y fugas de los fluidos utilizados en el proceso, que escapan a través de fisuras o por fallas naturales existentes en el suelo, así como fallos en la cementación del revestimiento y los tanques. Estas Fugas provocan la contaminación de la red de abastecimiento de agua potable, así como ríos, aguas subterráneas y atmósfera cuando llegan a evaporarse. Asimismo, el gas liberado también contamina la atmósfera y las reservas de agua.

El fluido también trae a la superficie otras sustancias que pueden contener las capas del subsuelo. Es muy común que estas rocas contengan metales pesados como el mercurio o plomo, así como radón, radio o uranio, elementos radiactivos que llegan a la superficie cuando previamente no estaban allí. Este fluido de retorno se almacena en piletas abiertas, con diversas consecuencias, evaporación, esparcimiento por vientos, desbordamiento, que se traduce en contaminación.

Efectos socioambientales del fracking

Es particularmente preocupante que los defensores de la explotación de gas de esquisto por medio de técnicas de fractura hidráulica presenten esta actividad como una alternativa frente al cambio climático. Efectivamente la combustión de metano es más limpia que la combustión de otros hidrocarburos como son el petróleo o el carbón. Sin embargo, la explotación de yacimientos de metano, particularmente la explotación realizada por métodos de fractura hidráulica, expone a la atmósfera a emisiones de este gas que no son captadas por quienes realizan la explotación. En Estados Unidos, treinta por ciento de las emisiones de metano provienen de ineficiencias propias de los métodos de extracción. Una cantidad determinada de metano en la atmósfera tiene un efecto veinte veces mayor sobre el calentamiento global a lo largo de un periodo de 100 años que una cantidad equivalente, en peso, de dióxido de carbono (Environmental Protection Agency, 2013).

Los proyectos de extracción por fractura hidráulica tienen serias consecuencias para la disponibilidad de agua en zonas adyacentes a los sitios de extracción. En resumen, se pueden identificar tres principales impactos en el agua:

• Disminución de disponibilidad del agua para los seres humanos y ecosistemas:

Se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo (Lucena, 2013). Cuando hay un desarrollo generalizado de estos proyectos en una región determinada, se compite por el agua para otros usos poniendo en peligro la realización del derecho humano al agua, es decir al agua para consumo humano y doméstico, así como el agua destinada para la producción agrícola y el sostenimiento de ecosistemas.

• Contaminación de las fuentes de agua:

En Estados Unidos, existen más de mil casos documentados de contaminación del agua cerca de pozos de fractura hidráulica. (Food & Water Watch, 2012). Esta contaminación genera efectos negativos sobre la calidad del agua a corto y largo plazo de una región.

• Contribuye al calentamiento global:

La explotación del gas esquisto contribuye a la aceleración del cambio climático debido a las emisiones de gas metano que se producen por ineficiencias en la extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución. El metano es un gas que presenta un efecto invernadero veinte veces más potente que el dióxido de carbono (CO2). Conforme aumente la temperatura del planeta, se presentarán con mayor frecuencia e intensidad sequías e inundaciones a nivel global, lo cual tendrá implicaciones para el acceso y la disponibilidad del agua de calidad (IPCC, 2008).

• Provoca sismos

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) “un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terrerno”, sin embargo, “existen también sismos menos frecuentes causados por la actividad volcánica en el interior de la tierra, y temblores artificiales ocasionados por la detonación de explosivos. El sitio donde se inicia la ruptura se llama foco y su proyección en la superficie de la tierra, epicentro”, detalla el SSN.

A partir de las experiencias internacionales se ha detectado una la relación entre la técnica de fractura hidráulica y los sismos.

Elementos tóxicos añadidos al agua para facilitar el proceso de fractura

En total, se han identificado más de 2,500 productos y, al menos, 750 tipos diferentes de químicos en el fluido de perforación (US House of Representatives, 2011). Estudios como el de Colborn et al, realizados con base en informes sobre vertidos y accidentes en la explotación, corroboran el uso de más de 750 diferentes tipos de químicos (Colborn et al, 2011) (El anexo I se adhiere un listado de algunas de las sustancias incorporadas al fluido de perforación por las empresas involucradas en la extracción del gas de esquisto). El informe Impacto Ambiental del Sistema de Fracturación Hidráulica para la extracción de gas no convencional, señala que más del 25% de las sustancias pueden causar cáncer y mutaciones, el 37% pueden afectar al sistema endócrino, más del 50% causan daños en el sistema nervioso y casi el 40% provocan alergias (sensibilizantes) (Comisión Sindical de Comisiones Obreras, 2012).

Lista de los químicos usados en la extracción de gas de esquisto (Michigan Environmental Council, 2013).

1,2,4-Trimethylbenzene

1,3,5 Trimethylbenzene

2-butoxyethanol

2-Ethylhexanol

2-methyl-4-isothiazolin-3-one

2,2-Dibromo-3-Nitrilopropionamide

2.2-Dibromo-3-Nitrilopropionamide

5-chloro-2-methyl-4-isothiazotin-3-one I

Acetic Acid

Acetic Anhydride

Acie Pensurf

Alchohol Ethoxylated

Alphatic Acid

Alphatic Alcohol Polyglycol Ether

Aluminum Oxide

Ammonia Bifluoride

Ammonia Bisulfite

Ammonia Persulfate

Ammonium chloride

Ammonium Salt

Aromatic Hydrocarbon

Aromatic Ketones

Boric Acid

Boric Oxide

Butan-1-01

Citric Acid

Crystalline Silica: Cristobalite

Crystalline Silica: Quartz

Dazomet

Diatomaceus Earth

Diesel (use discontinued)

Diethylbenzene

Doclecylbenzene Sulfonic Acid

E B Butyl Cellosolve

Ethane-1,2-diol

Ethoxlated Alcohol

Ethoxylated Alcohol

Ethoxylated Octylphenol

Ethylbenzene

Ethylene Glycol

Ethylhexanol

Ferrous Sulfate Heptahydrate

Formaldehyde

Glutaraldehyde

Glycol Ethers (includes 2BE)

Guar gum

Hemicellulase Enzyme

Hydrochloric Acid

Hydrotreated light distillate

Hydrotreated Light Distilled

Iron Oxide

Isopropyl Alcohol

Kerosine

Magnesium Nitrate

Mesh Sand (Crystalline Silica)

Methanol

Mineral Spirits

Monoethanolamine

Naphthalene

Nitrilotriacetamide

Oil Mist

Petroleum Distallate Blend

Petroleum Distillates

Petroleum Naphtha

Polyethoxylated Alkanol (1)

Polyethoxylated Alkanol (2)

Polyethylene Glycol Mixture

Polysaccharide

Potassium Carbonate

Potassium Chloride

Potassium Hydroxide

Prop-2-yn-1-01

Propan-2-01

Propargyl Alcohol

Propylene

Sodium Ash

Sodium Bicarbonate

Sodium Chloride

Sodium Hydroxide

sopropanol

Sucrose

Tetramethylammonium Chloride

Titaniaum Oxide

Toluene

Xylen

Es importante tomar en consideración que, además de los químicos citados arriba, el líquido de perforación se combina en el proceso de fractura con sustancias disueltas en el sedimento de pizarra como son metales pesados, metaloides y metano dando pie a reacciones químicas imprevistas de naturaleza nociva para la salud humana y de otros organismos (Lucena, 2013). Por último, esta mezcla se encuentra en riesgo de entrar en contacto con elementos radioactivos presentes en la profundidad de las rocas, como es el caso del radón (Food and Water Watch, 2012).

Lo anterior supone retos con respecto al manejo de lodos que brotan del pozo, los cuales deben ser tratados como residuos peligrosos y/o tóxicos. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que, a falta de regulación, estos lodos suelen ser tratados en plantas de tratamiento inadecuadas o vertidos en arroyos, ríos o depósitos de agua. Asimismo, existe un gran riesgo de que los lodos puedan llegar a contaminar mantos freáticos. Todo ello, consecuentemente, supone riesgos para el ambiente y la salud de las personas que viven en las regiones donde se explotan los hidrocarburos de lutitas.

Por otra parte, es importante considerar la totalidad de los riesgos presentes a lo largo de toda la cadena de actividades que implica la explotación de este bien. Los insumos tóxicos de este proceso son susceptibles de accidentes en su traslado hacia el pozo y su manejo previo en preparación a la fractura del pozo. Este problema ha generado conflictos en Estados Unidos (Urbina, 2011) y en otros países como España, Suecia, Inglaterra y Francia. En el último caso, se encuentra prohibida la extracción de gas de esquisto desde junio de 2011.

Afectaciones a la salud provocadas por proyectos de extracción de hidrocarburos por técnicas de fractura hidráulicas.

a. Enfermedades generadas a partir del contacto con aire contaminado

Según estudios científicos realizados en Estados Unidos, se estima que la población que habita a menos de 800 metros de un pozo donde extraen hidrocarburos por fractura hidráulica, la probabilidad de padecer cáncer asociado a los contaminantes en el aire emitidos como consecuencia de esta técnica es del 66% (McKenzie, et al, 2012). Así mismo, el Instituto Nacional para la salud y seguridad ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) determinó que se encontró sílice cristalina en el aire, consecuencia del proceso de fractura hidráulica. La sílice afecta directamente a los trabajadores del pozo al provocarles silicosis, una enfermedad agresiva e irreversible. Entre 2010 y 2011, a través de un estudio de campo, NIOSH hizo pruebas en la zona de pozos de fractura hidráulica analizando el aire y concluyendo que el 68% excedía el límite de exposición de sílice cristalina (Coussens, et al, 2013).

b. Enfermedades generadas a partir del contacto con agua contaminada

Tras monitorear el proceso de extracción de hidrocarburos de lutitas en relación con la contaminación de agua, el Instituto de Cambio y Alteración Endocrina (The Endocrine Disruption Exchange Institute, TEDX por sus siglas en inglés) realizaron un análisis de los químicos que son inyectados en los pozos. Pudieron identificar 944 productos entre los cuales 632 son químicos que son utilizados en la operación para la extracción del gas. De estos 632 químicos, 353 son altamente riesgosos para la salud. Más de 75 por ciento afecta directamente la piel, ojos, sistema respiratorio y gastrointestinal. Aproximadamente entre el 40 y 50 por ciento puede afectar el sistema nervioso, inmunológico, cardiovascular y los riñones. El 37 por ciento afecta el sistema endocrino y 25 por ciento provoca cáncer y mutaciones.

Parte del estudio titulado “Operaciones de gas natural desde una perspectiva de salud pública” del TEDX (Colborn, et al, 2011) en Estados Unidos, señaló distintas maneras en que estos químicos pueden afectar la salud humana:

Pruebas de contaminación de metano en el agua subterránea

En un estudio lidereado por Stephen Osborn (Osborn, et al, 2011) de la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Duke, se encontraron altos niveles de fugas de metano en el agua de los pozos de agua cercanos a los sitios de extracción de hidrocarburos por técnicas de fractura hidráulica. Los científicos analizaron 68 pozos privados a lo largo de 5 condados del noreste de Pensilvania y Nueva York. Encontraron cantidades medibles de metano en 85 por ciento de las muestras, los niveles fueron 17 veces más altos que el promedio de los pozos situados dentro del perímetro de un kilómetro de los sitios activos de fractura hidráulica.

Los pozos de agua más alejados de los sitios de fractura hidráulica eran los que contenían menores niveles de metano, pero además tenían una huella isotópica diferente. La composición isotópica permite distinguir entre el metano de poca profundidad o el de alcantarilla –aquel que asociado a la fractura hidráulica–.

a. Radiación en aguas producidas en procesos de extracción de hidrocarburos a partir de fractura hidráulica

La mezcla utilizada en pozos de fractura hidráulica es reutilizada en el mismo pozo en múltiples ocasiones. En el subsuelo entra en contacto con el agua milenaria que se encuentra en la roca, así como otras substancias de este estrato geológico altamente corrosivas o radioactivas se mezclan y empieza a cambiar la conformación de la mezcla inyectada pudiendo llegar a concentraciones de radiación 1000 veces mayores (5000pCi/L) a las permitidas en las normas de agua segura de los Estados Unidos (5pCi/L) como sucede en el caso del radio.

Cuando estas aguas contienen altas concentraciones de bromuro y son tratadas en las plantas de tratamiento comunes construidas para las aguas residuales domésticas, al entrar en contacto con el cloro de las últimas etapas del tratamiento, éste reacciona creando trihalometanos, un químico que causa cáncer y aumenta el riesgo de que seres humanos en contacto con este líquido presenten problemas reproductivos y de desarrollo.

Riesgos por sismisidad

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) “un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terrerno”, Sin embargo, “existen también sismos menos frecuentes causados por la actividad volcánica en el interior de la tierra, y temblores artificiales ocasionados por la detonación de explosivos. El sitio donde se inicia la ruptura se llama foco y su proyección en la superficie de la tierra, epicentro”, detalla el SSN.

De acuerdo con el SSN un sismo no artificial se produce porque “la capa más superficial de la Tierra, denominada Litósfera, es una capa rígida compuesta por material que puede fracturarse al ejercer una fuerza sobre él y forma un rompecabezas llamado placas tectónicas. Estas placas viajan como “bloques de corcho en agua” sobre la astenósfera, la cual es una capa visco-elástica donde el material fluye al ejercer una fuerza sobre él”.

A partir del mes de marzo de este año se han registrado diversos sismos en el estado de Nuevo León, cuya intensidad fue en promedio de entre 3 y 4 grados en escala de Richter. Los cuales son atípicos de la zona.

El integrante de la Alianza Mexicana contra el fracking explicó que el origen del problema de los temblores registrados en Estados Unidos es porque “no se ha encontrado una solución para el manejo de las aguas residuales de los procesos de fractura hidráulica. Esta técnica implica la construcción de presas de residuos contiguos a los pozos de extracción. Debido a que no es posible tratar los elevados volúmenes de agua residual, contaminada con hidrocarburos, sustancias químicas añadidas al fluido por las empresas extractivas, sustancias ácidas y metales pesados provenientes del subsuelo, comunmente se hace uso de pozos de inyección (coloquialmente llamados pozos letrina por Pemex) para desechar estos fluidos contaminados. La reinyección al subsuelo de grandes volúmenes de agua contaminada tiende a desestabilizar fallas geológicas debido al peso de estos fluidos y la lubricación de las propias fallas.

William Ellsworth, académico del Servicio Geológico de Estados Unidos (United States Geological Service –USGS), entre otros académicos estadounidenses, han realizado una investigación extensiva en la región del medio oeste (estados de Ohio, Arkansas, Texas, Oklahoma y Colorado), una región cuyos registros históricos demuestra haber sido sísmicamente estable antes de la introducción de pozos de inyección de residuos de la industria de los hidrocarburos. Su investigación demuestra que existe una alta correlación temporal entre la entrada en operación de los pozos de inyección y el aumento en la actividad sísmica de estados de la unión americana localizados en la regiòn del medio oeste. Asimismo, existe también una alta correlaciòn entra la localización de los epicentros de estos sismos y la localización de los pozos de inyección en operación. Ellsworth concluye que existe una alta probabilidad de que los pozos de inyección sean causa de actividad sísmica reciente en la región del medio oeste.

Los sismos registrados en este mes en Nuevo León, comenzaron el domingo 2 de marzo. A las 11:30 horas el SMN reportó un temblor, el cual se registró a 42 kilómetros al este de Cadereyta, con una intensidad de 4.3 grados.

Imagen: cortesía del Biólogo Antonio Hernández

Ante dichos fenómenos “atípicos” el gobierno del estado recomendó desde la semana pasada a los habitantes de la zona citrícola y en la capital de Monterrey, realizar acciones de prevención antes, durante y después de un sismo.

Nuevo León comenzó a tener actividad sísmica desde el 5 de enero, aquellos movimientos alcanzaron intensidades de 3.4 y 3.7 grados en escala Richter. El epicentro de los sismos se encuentra en regiones próximas a los campos de explotación de hidrocarburos Nerita, Batial y Kernel.

Imagen: cortesía del Biólogo Antonio Hernández.

Es necesario que Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía. la Comisión Nacional de Hidrocarburos proporcionen información precisa y pormenorizada sobre el tipo de actividades de exploración, explotación y disposición de residuos que se están llevando a cabo en estos campos, así como en el resto de la República Mexicana. Corresponde también a estas dependencias, a la empresa productiva del Estado y a la y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en el Sector Hidrocarburos determinar, con base en la evidencia científica existente, cuáles son los riesgos a los que la población se encuentra expuesta debido a la realización de estas actividades.

Violaciones a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA)

El impacto ambiental y social de los proyectos que hacen uso de técnicas de fractura hidráulica se traduce en múltiples violaciones a los derechos humanos. Tal como lo demuestra la práctica en México de promoción de todo tipo de proyectos de desarrollo, en los proyectos de fractura hidráulica no existen razones suficientes para suponer que desde la etapa de exploración se informará oportuna, veraz o adecuadamente a la población. Tampoco hay razones para sostener que se cumplirá con este derecho en la fase de explotación de los hidrocarburos por medio de esta técnica. Entre los derechos humanos afectados se encuentran tanto derechos civiles y políticos –como el derecho al acceso a la información, el derecho a la consulta previa, libre e informada, y el derecho a la participación- como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Estos últimos:

Las violaciones a los DESCA como consecuencia de la explotación de hidrocarburos por fractura hidráulica tienen muy graves consecuencias para la vida de las personas y las comunidades, no sólo para quienes habitan la zona aledaña o cercana a la de la explotación, sino que sus efectos son masivos, impactando el acceso y disfrute de los derechos de otras poblaciones e incluso de las generaciones futuras. Esto es así porque la técnica de la fractura hidráulica impacta en la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua, factores indispensables para la realización del derecho humano al agua y al saneamiento; porque contamina el aire, el suelo y el subsuelo, fuentes de agua y tierras de cultivo y pastura, lo que incidirá invariablemente en el disfrute al más alto nivel posible de salud, en el derecho a una alimentación adecuada sin sustancias nocivas y de manera sostenible, en el derecho al medio ambiente sano, en el derecho a una vivienda adecuada en la que la habitabilidad implica seguridad física frente a riesgos estructurales, ambientales y otros como condición para la realización plena de este derecho. Asimismo, la interdependencia de derechos implica consecuencias de las violaciones en materia de derecho a la educación, derechos culturales, derechos laborales. En conclusión, las violaciones a los DESCA por causa de la explotación de hidrocarburos por medio de técnicas de fractura hidráulica son devastadoras. El Estado mexicano no puede permitir ni fomentar este tipo de actividad sin incurrir en violaciones a los derechos humanos consagrados en la Constitución y en diversos tratados internacionales de derechos humanos que, en función del artículo 1o. y 4o. constitucional.

Dice:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Párrafo adicionado DOF 13-10-2011

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Párrafo adicionado DOF 03-02-1983

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Párrafo adicionado DOF 28-06-1999. Reformado DOF 08-02-2012

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Párrafo adicionado DOF 08-02-2012

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

La aplicación de los derechos citados del Artículo 1 y 4 constitucional deben ser prioritarios a la extracción de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica que violenta directamente estos derechos.

Inviabilidad económica- estimación prospectiva de reservas de gas de esquisto en México

Petróleos Mexicanos (Pemex) inició los trabajos exploratorios de gas de esquisto a principios de 2010. En abril de 2013, la Energy Information Administration (EIA) del gobierno estadounidense (Energy Information Administration; 2013) publicó una evaluación a nivel internacional, que estima que en las cuencas de México existe un recurso técnicamente recuperable de 545 billones de pies cúbicos (mmmmpc) de gas de esquisto. Esta estimación se encuentra por debajo de la realizada por la EIA en 2011, que situaba las reservas de gas de esquisto en 681 mmmmpc (Energy Information Administration, 2011). Sin embargo, las estimaciones de Pemex para las provincias geológicas Burro-Picachos-Sabinas, Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y Chihuahua son aún menores. En concreto, Pemex estimó un recurso técnicamente recuperable que puede variar entre 150 y 459 mmmmpc (Pemex, 2012).

Sin embargo, este informe y los estudios realizados por Pemex (2012), presentan únicamente estimaciones sobre los recursos de gas de lutitas en México, por lo cual aún son necesarias más valoraciones e investigación para poder confirmar la existencia de reservas explotables y económicamente viables. En palabras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH, 2011), “se requiere de mayores estudios exploratorios para poder definir claramente el potencial de gas de lutitas en México, así como las reservas recuperables”. En este sentido, las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) señalan que las probabilidades de que en México los recursos prospectivos sean incorporados como reservas económicamente rentables se sitúan entre 8 y 40 por ciento. Estos valores son inferiores a otros países, como Canadá, donde se sitúan entre 20 y 75 por ciento (Agencia Internacional de Energía, 2011).

En esta misma línea, Pemex estima que, sólo para analizar las posibilidades de explotar el gas de esquisto de manera comercialmente viable en México, será necesaria una inversión de aproximadamente treinta mil millones de pesos del presupuesto público entre 2010 y 2016. Este monto alcanza para explorar veinte pozos y realizar la evaluación de prospectividad de otros 175 (Estrada, 2012). Pemex también considera que se requerirá un presupuesto estimado de 600 mil millones para el óptimo desarrollo de una industria de explotación de gas de esquisto consolidada para los próximos cincuenta años (Milenio, 2012).

En el mapa podemos ver las zonas identificadas para iniciar la extracción de gas, lo que comprende Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Gas de esquisto como alternativa costosa e inviable

Los resultados de la explotación de gas de esquisto en Estados Unidos plantean serias dudas en torno a la viabilidad económica de los proyectos de fractura hidráulica, lo que cuestiona la pertinencia de que México continúe destinando recursos públicos al desarrollo e investigación para la explotación de este tipo de bienes naturales. Algunos de estos resultados se presentan a continuación:

- La industria gasífera en Estados Unidos ha reconocido que en el ochenta por ciento de los pozos perforados los costos de producción superan a las ganancias esperadas (Rogers, 2013). De los seis pozos que el gobierno mexicano ha perforado desde 2011, tres han resultado no comerciales, dos no comerciales por no producir condensados y uno, aunque comercial, presenta baja productividad de gas y condensados, lo que pone en duda su rentabilidad (Contralínea, 2012).

- La baja rentabilidad de estos proyectos se encuentra directamente relacionada con sus altas tasas de declinación, las cuales se sitúan entre 29 y 52 por ciento a un año de haber comenzado la extracción. En el caso de México, los dos pozos que se encuentran produciendo este tipo de gas han sufrido caídas importantes en su producción. Así, el pozo Emergente-1 que comenzó produciendo 3 millones de pies cúbicos (mpc) en febrero de 2011, un año después sólo alcanzó 1.37 mpc. Por su parte, el pozo Percutor presentó una caída en su producción del veinte por ciento en sólo seis meses de operación ( Contralínea, 2012).

Por otra parte, la eficiencia de recuperación del gas en los yacimientos de esquisto es mucho menor a la recuperación en los yacimientos de gas natural convencionales. Mientras que en el primer caso las tasas de eficiencia de recuperación oscilan entre el 4.7% al 10%, en los yacimientos convencionales se sitúan entre el 75% y el 80% (Rogers, 2013). Gran parte del gas no recuperado por medio de procedimientos de fractura hidráulica es el causante directo de algunas de las afectaciones descritas en páginas anteriores.

- Otro factor que influye en la rentabilidad de los proyectos es el alto costo que supone su explotación, debido a las complejidades técnicas correspondientes al proceso de extracción, así como las medidas que es necesario implementar para reducir los riesgos de afectaciones sociales y ambientales a lo largo de todo el proceso de explotación. Por lo mismo, el costo de perforación de un pozo en EE.UU. oscila entre 3 y 10 millones de dólares. En México, el costo es aún superior, situándose entre los 12 y los 15 millones de dólares.

- Los altos costos de producción se conjugan con bajos precios en el mercado internacional de gas natural –que a principios de 2012 se situó en 3.40 dólares por mil pies cúbicos–, fenómeno que reduce la rentabilidad de estos proyectos. Con base en estas condiciones de mercado, la CNH afirma que no existen condiciones para que la explotación de gas de esquisto pueda ser económicamente viable en México (Estrada, 2012). Resultados similares se han presentado en Estados Unidos, donde los costos de producción de este gas rondaron entre los cuatro y seis dólares/mpc en 2012. Por lo mismo, la inversión en los proyectos de gas de esquisto en este país ha disminuido (Rogers, 2012).

- De acuerdo con la CNH (Estrada, 2012), la vida media de los pozos de gas de esquisto es de máximo 20 años. Sin embargo, debido a sus elevadas tasas de declinación, mantener un pozo productivo supone la necesidad de realizar inversiones constantes de capital. Según el estudio de Hughes (2013), para hacer frente a la declinación de los pozos de gas de esquisto en EE.UU. es necesario aumentar la inversión en tareas de perforación de un treinta a un cincuenta por ciento anual, lo que supone invertir anualmente alrededor de 42 mil millones de dólares –lo que equivale a seis millones de dólares por pozo–. Esta inversión superó con creces a las ganancias por 32 mil millones de dólares que la producción de gas representó para EUA en 2012.

- Debido a sus estrechos márgenes de beneficio, proyectos que posiblemente podrían llegar a ser rentables dejan de serlo una vez que se encuentran sujetos a regulaciones estrictas –e imprescindibles– necesarias para minimizar y reparar los costos sociales y ambientales asociados a este tipo de extracción. Un ejemplo de lo anterior es el caso del estado de Nueva York, donde algunas empresas no han renovado sus licencias para la explotación de gas de esquisto debido a la posibilidad de que el gobierno fortalezca la regulación en esta materia o establezca una moratoria para la explotación de hidrocarburos por fractura hidráulica (Rogers, 2013). (antes de ser prohibido en el estado de Nueva York en 2014)

- Por último, la tasa de Rendimiento Energético sobre la Inversión (EROI, por sus siglas en inglés) de los proyectos de gas de esquisto es de 5:1. Esto significa que es necesario invertir una unidad de energía a lo largo de todo el proceso de explotación de gas de esquisto para generar cinco unidades equivalentes (el beneficio potencial del gas extraído). Los proyectos de extracción convencional de otros hidrocarburos presentan una tasa EROI por mucho más eficiente, situándose en una razón de 20:1(Rogers, 2013). La técnica de fractura hidráulica presenta ineficiencias patentes a lo largo de toda la cadena de explotación del gas: supone el uso de grandes cantidades de energía para el transporte y manejo de millones de litros de agua, para generar la presión necesaria para que el agua fracture la roca, además del uso intensivo de camiones para el transporte de insumos, desechos y del mismo gas, entre otras cuestiones.

Por estas razones citadas en todo el documento, varios países han declarado moratorias o prohibiciones, amparándose en el Principio Precautorio.

Cuadro I: Prohibiciones y moratorias a las técnicas de explotación de hidrocarburos de lutitas por técnicas de fractura hidráulica en el mundo:

Francia: La técnica de fractura hidráulica fue prohibida por el parlamento el 30 de junio de 2011

Bulgaria: La técnica de fractura hidráulica fue prohibida el 18 de enero de 2012

Rumanía: Una moratoria sobre la fractura hidráulica terminó en 2012. No fue prorrogada por el gobierno.

Sudáfrica: El gobierno estableció una moratoria en septiembre de 2012 para la explotación de hidrocarburos de lutitas en la región de Karoo.

Alemania: En mayo de 2012, el gobierno alemán decidió detener temporalmente sus planes de implementación de la fractura hidráulica.

República Checa: A finales de 2012, el gobierno planteó la posibilidad de establecer una moratoria en la explotación de hidrocarburos de lutitas, pero hasta el momento no ha habido algún avance.

Argentina: La fractura hidráulica ha sido prohibida en la comunidad Conco Salto, en la Patagonia. Sin embargo, la actividad continúa desarrollándose en el país. Argentina se sitúa en el segundo lugar mundial en reservas técnicamente recuperables de hidrocarburos de lutitas.

España: Las comunidades autónomas de Cantabria y La Rioja, en 2012 y 2013, respectivamente, prohibieron la fractura hidráulica en su territorio. Valle de Mena (Burgos) se ha declarado como municipio libre de fractura hidráulica. Fuerteventura se ha opuesto a la decisión del gobierno central de explotar hidrocarburos de lutitas en el mar.

Suiza: El cantón de Friburgo ha prohibido la fractura hidráulica. El gobierno declaró una moratoria nacional.

Italia: Dos proyectos de explotación de hidrocarburos de lutitas fueron paralizados, uno mediante la protesta social y un segundo por el propio gobierno.

Irlanda del Norte: En 2011, el parlamento votó a favor de una moratoria de dos años sobre la fractura hidráulica. El gobierno aún no ha tomado medidas para implementarla.

Irlanda: En 2013, el gobierno estableció una moratoria informal de dos años sobre la explotación de hidrocarburos de lutitas.

Inglaterra: Aunque existe oposición a la explotación del gas de esquisto y el consejo municipal de Keynsham Town votó en contra de la misma, el gobierno de esta municipalidad continúa firme en su apuesta por esta actividad. En 2013 ha hecho públicos sus planes para reducir el cobro de impuestos a este tipo de proyectos.

Australia: Algunos estados y comunidades han establecido moratorias y prohibiciones en torno a la explotación de hidrocarburos de lutitas.

Nueva Zelanda: La fractura hidráulica se desarrolla en pequeña escala. Sin embargo, existen diversas ciudades y municipios que se han declarado libres de esta práctica.

Canadá: Desde 2011, la provincia de Quebec ha prohibido la explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica.

Estados Unidos: Diversos estados y ciudades han prohibido la fractura hidráulica. Tal es el caso del estado de Vermont en 2012. Ese mismo año, el estado de Nueva Jersey prohibió el depósito de residuos procedentes de la extracción de hidrocarburos de lutitas en su territorio. Otros estados y ciudades han declarado moratorias para la fractura hidráulica. Tal es el cado del estado de Nueva York.

Fuente: Keep Tap Water Safe (2013)

Las experiencias y análisis sobre la explotación del gas de esquisto en Estados Unidos de América indican que este gas se encuentra lejos de convertirse en una fuente alternativa de energía sostenible, económica, ambiental y socialmente viable. Por el contrario, se trata de una tecnología insegura sujeta a diversos obstáculos debido a los altos costos derivados de la complejidad técnica inherente a sus procesos de explotación, así como de los significativos impactos sociales y ambientales que genera.

Por lo anterior, la extracción de hidrocarburos por el método de fractura hidráulica no representa una opción adecuada para el desarrollo regional y nacional. Representa riesgos graves de contaminación y salud, por lo cual esta LXIII legislatura tiene la histórica responsabilidad de proteger a México de esta devastación, estar a la vanguardia en medidas ambientales y de derechos humanos, adoptando el principio precautorio para prohibir la fractura hidráulica hasta que investigaciones científicas puedan asegurar otros métodos de extracción de hidrocarburos con métodos que no pongan en riesgo la seguridad humana y el equilibrio ecológico.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Salud y a la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a que haga pública la información detalladamente sobre los efectos que está provocando la extracción de hidrocarburos por el método de fractura hidráulica en Nuevo León, así como las acciones preventivas que se están tomando para resguardar a la población por daños a la salud o ambientales que provoque la fractura hidráulica.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Centro Nacional de Prevención de Desastres y o al Servicio Sismológico Nacional, haga pública la información sobre las causas que están provocando sismos en el estado de Nuevo León, esclareciendo si los mismos tienen origen en las actividades de exploración, extracción o disposición de residuos de la industria de explotación de hidrocarburos.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, haga pública la información sobre el estado que guardan los acuíferos en torno a la cuenca (de hidrocarburos) de Burgos, referente a la disposición y calidad del agua que recibe los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputados: Waldo Fernández González, Óscar Ferrer Abalos (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

CREACIÓN DE CENTROS ESTATALES DE TRASPLANTES

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la creación de centros estatales de trasplantes, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, José Refugio Sandoval Rodríguez, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley General de Salud señala que entre las competencias de la Secretaría de Salud se encuentra la de establecer y dirigir las políticas de salud en materia de donación, procuración y trasplantes de órganos, tejidos y células, para lo cual se apoyará en el Centro Nacional de Trasplantes y en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.

El Centro Nacional de Trasplantes es el órgano responsable de impulsar y coordinar los procesos desde la donación hasta el trasplante de órganos, tejidos y células, desarrollando el marco regulatorio para favorecer el desempeño de los integrantes del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes, otorgando a los pacientes que así lo requieran una mayor oportunidad, con legalidad y seguridad.

Entre las funciones del Centro Nacional de Trasplantes están la organización y fomento de los programas de donación y trasplante en las instituciones de salud; la emisión de políticas públicas; la supervisión de la distribución y asignación de los órganos y tejidos donados por la población; además de la difusión y fomento del conocimiento en materia de donación y trasplantes entre los mexicanos.

Para realizar sus tareas, el Centro Nacional de Trasplantes colabora con los consejos y centros estatales de trasplantes de las entidades federativas.

Específicamente, los centros estatales de trasplantes son las estructuras administrativas o cuerpos colegiados de representación establecidos por los gobiernos de las entidades federativas encargados de atender los lineamientos emitidos por el Centro Nacional de Trasplantes, así como trabajar de manera coordinada las funciones vinculadas a la materia de disposición de órganos, tejidos y células para trasplantes.

El artículo 314 Bis de la Ley General de Salud establece lo siguiente:

Los gobiernos de las entidades federativas deberán establecer centros de trasplantes, los cuales coadyuvarán con el Centro Nacional de Trasplantes presentando sus programas de trasplantes e integrando y actualizando la información del Registro Nacional de Trasplantes, de conformidad con lo que señalen esta ley y las demás disposiciones aplicables.

No obstante lo anterior, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas no cuentan hasta la fecha con un centro estatal de trasplantes, lo cual constituye un obstáculo para la coordinación que debe haber en materia de donación de órganos entre la federación, representada por el Centro Nacional de Trasplantes, y las entidades federativas mencionadas.

Lo anterior es de suma importancia dado que la normatividad en el sector salud precisa de una estricta vigilancia cuando se trata de acatar las disposiciones establecidas en la Ley General de Salud, por ello el control para la obtención, conservación, utilización y suministro de órganos y tejidos de seres humanos vivos o de cadáveres, son aspectos que deben coordinarse entre la federación y las entidades federativas para evitar el uso indebido o inadecuado de dichos bienes.

En este sentido, consideramos pertinente hacer un llamado a los gobiernos de los estados que aún no cuentan con un Centro Estatal de Trasplantes para que lleven a cabo las acciones conducentes a fin de establecer dichas instituciones a la brevedad, con la finalidad de contribuir al buen funcionamiento del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes en México, incrementando con ello la calidad de vida y en ocasiones la propia esperanza de vida de aquellas personas para quienes la donación es su única alternativa terapéutica.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas para que, en la medida de sus posibilidades presupuestarias, den cumplimiento a lo establecido en el artículo 314 Bis de la Ley General de Salud respecto a la creación de su respectivo centro estatal de trasplantes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputados: Jesús Sesma Suárez, José Refugio Sandoval Rodríguez  (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

REGULARIZACIÓN Y DONACIÓN DEL PREDIO SOBRE EL CUAL SE ASIENTA LA COLONIA 5 DE MARZO, UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la regularización y donación en favor de los actuales residentes del predio donde se asienta la colonia 5 de Marzo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo del diputado Guillermo Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado ante la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Al sur de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en el estado de Chiapas, se encuentra ubicada la colonia 5 de Marzo, un asentamiento irregular fundando en marzo de 1994 luego de que, en el contexto de agitación política y social que resultó del alzamiento zapatista, un grupo de población de mayoría indígena, en condiciones de pobreza y alta marginación, decidiera posesionarse de una fracción del antiguo predio denominado Hotel Molino de la Alborada, para construir ahí sus viviendas. Actualmente, la colonia se extiende a lo largo de una superficie de 15 hectáreas y está conformada por 26 manzanas y 459 lotes que albergan a más de cuatrocientas treinta familias, sumando un total de más de 4 mil residentes.

Pese al conflicto inicial que le dio origen, desde su fundación los colonos emprendieron pesquisas para identificar al dueño original del predio, a fin de iniciar con éste las negociaciones y diligencias necesarias para hacer posible su donación. En tanto se resolvía esta cuestión los posesionados decidieron en consulta pública realizada en asamblea registrar legalmente su colonia en la forma de asociativa de sociedad de solidaridad social bajo el nombre Nuevo Amanecer Indígena 94, mediante permiso protocolizado con fecha de 21 de mayo de 1998. Cabe destacar que desde entonces todas las decisiones que conciernen a la colonia, así como su proceder y actuar ante el estado y sus instituciones, se han tomado conforme a dichas bases constitutivas.

Luego de solicitar información ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Chiapas sobre el estado que guardaba el predio, en marzo de 1999 los colonos fueron enterados que la propiedad había sido adjudicada al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), luego de que el terreno fuera embargado al dueño original, una empresa de comercialización de café denominada Café Descafeinado de Chiapas, SA de CV (Cadech), como consecuencia del impago de un crédito bancario, operación que consta en el Registro de la Propiedad del Estado de Chiapas, mediante contrato de dación de pago con número 744, libro 4, sección primera, de fecha 21 de diciembre de 1995.

Conscientes de que el lapso de tiempo requerido legalmente para que opere la figura de prescripción positiva es de 5 años, la directiva de la colonia decidió presentar en 1999 una demanda civil por prescripción positiva sobre el predio ocupado. Sin embargo, al ser incapaces de acreditar el hecho generador de la posesión como un acto de buena fe en los términos previstos por la ley, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas informó a los solicitantes que por tratarse de una “invasión”, la acción de prescripción podría ejercitarse sólo hasta transcurridos los 10 años establecidos en el artículo 1140 del Código Civil en vigor.

Fue hasta agosto de 1999 que los colonos lograron confirmar la legalidad del embargo, luego de que solicitaron formalmente al entonces director fiduciario de Bancomext informe detallado sobre la operación traslativa. Fue así como la institución bancaria comunicó a los interesados, mediante oficio con número de referencia DF/C-775/99, que efectivamente esta institución, como mandataria del gobierno federal, había recibido bienes que le fueron cedidos por adjudicación judicial en virtud de la recuperación de la cartera. Sin embargo, el documento señalaba también la reciente suscripción de un contrato de cesión de derechos entre Bancomext y el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (Fideliq) con fecha de 19 de enero de 1999, a través del cual Bancomext cedía a Fideliq las carteras cafetaleras y los bienes que se habían adquirido como resultado del ejercicio de su mandato.

Esta situación, imprevista para los colonos, les obligó a solicitar nuevamente información sobre la institución en que recaía la propiedad de los terrenos en donde estaban asentados, está vez dirigiéndose a la Subdirección de Comercialización del Fideliq, por primera vez en septiembre de 1999 y luego en enero del 2000. Luego de varios meses de espera (en los que el organismo público mostró desdén ante las peticiones de los habitantes de la colonia 5 de Marzo), la Dirección de Bienes del Fideicomiso enteró a los colonos que ese bien no aparecía en el padrón de bienes del Fideliq.

No obstante, gracias a la intermediación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC), que atrajo el caso en 2001 luego de la denuncia de intimidaciones y amenazas de desalojo contra los colonos por parte del entonces presidente municipal, Mariano Díaz Ochoa, el Fideliq informó que si bien el predio efectivamente se encontraba bajo su dominio jurídico, estaba pendiente la recepción física del predio por lo que sólo entonces, al poder considerarlo como plenamente transferido, podrían estar en condiciones de negociar el predio. Cabe destacar que a lo largo de las gestiones realizadas por el CDHFBC ante los responsables del Fideliq, se reportó la comisión de conductas de negligencia y sobretodo, de un desorden administrativo reflejado en la imposibilidad para obtener información sobre el predio, obstáculo salvado sólo hasta que fue posible contactarse con las autoridades del fideicomiso.

A estas alturas, las dificultades experimentadas por los habitantes de la colonia 5 de Marzo despertó incluso la atención del obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, quien en noviembre de 2002 inició comunicación con el entonces gobernador del estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, para solicitar su apoyo y consideración a fin de hacer posible la donación y regularización de la propiedad de los terrenos en favor de las más de 450 familias ahí asentadas, enfatizando que los ocupantes habían cumplido con todos los trámites requeridos para dicha cesión en forma pacífica y respetuosa.

Luego de incontables solicitudes de audiencia dirigidas al gobierno del estado, la mesa directiva de la colonia 5 de Marzo logró reunirse en julio de 2004 con el subsecretario de Servicios de Gobierno del estado de Chiapas, con el objetivo de externar con mayor amplitud sus demandas y solicitar la intervención del Instituto de la Vivienda del Estado en la negociación para la donación y regularización de los terrenos con la dependencia federal que correspondiera, así como para la construcción e instalación de los servicios públicos básicos requeridos para garantizar una vida digna a los pobladores. En virtud de lo anterior, la Subsecretaría de Servicios de Gobierno solicitó a la delegación en Chiapas del recién creado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) le informara cuál era la situación del predio conocido como Hotel Molino de la Alborada, toda vez que las funciones que antaño correspondían al Fideliq habían sido absorbidas por dicha institución. Sin embargo, de esta solicitud no se obtuvo, o no se comunicó, respuesta alguna a la directiva de la colonia.

A pesar de estos hechos, los pobladores de la colonia 5 de Marzo no desistieron en sus esfuerzos por gestionar la regularización de su posesión y desde entonces dirigieron innumerables cartas y solicitudes de apoyo a autoridades de todos los rubros y niveles, incluyendo la Delegación Estatal del SAE, la Subsecretaría de Operación Regional de la Zona Altos del gobierno del estado, el expresidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, Sergio Lobato García, y el exgobernador del estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía. Por desgracia, ninguna de estas peticiones condujo a la atención de la problemática y mucho menos a la regularización de los terrenos. Por el contrario, en agosto de 2005, los colonos fueron enterados de una demanda ejercida desde 2002 en contra de 150 de sus integrantes por delitos de despojo. El denunciante era la empresa Cadech, la misma de la que se tenía conocimiento había cedido la posesión del predio a Bancomext en 1999, como consta en los documentos citados previamente.

En este contexto, la Subsecretaría de Operación de la Región Altos dirigió diversas solicitudes de información al SAE, para que confirmara su posesión sobre el predio en disputa. El organismo descentralizado informó en octubre de 2005 que únicamente tenía conocimiento del juicio ejecutivo mercantil impuesto en contra de Cadech. Estas declaraciones dieron lugar a una laguna inédita en el proceso que colocó al predio en un estado de grave incertidumbre jurídica que perduró por varios años.

Fue sólo hasta el año 2009 que los habitantes de la colonia 5 de Marzo reanudaron esfuerzos por establecer la identidad del propietario legal del predio. Esto en razón de la aparición de un supuesto dueño del predio, de nombre Adrián Marenco Olabarrieta, de quien nadie tenía conocimiento previo, así como de un documento firmado en 2006 por el entonces gobernador electo del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, que se comprometía a instruir apenas entrara en funciones lo conducente para la regularización del predio 5 de Marzo. Con base en lo anterior, los colonos iniciaron nuevas gestiones ante la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda del gobierno del estado en turno, que a su vez se dirigió a Bancomext para solicitar mayores informes sobre la propiedad del predio, así como para pedir su anuencia para iniciar con el proceso de venta, definiendo el monto propuesto por hectárea. Adicionalmente, la Secretaría solicitó a la Subsecretaría de Protección Civil del estado se realizará la verificación técnica y dictamen de riesgo respecto al predio en donde estaba asentada la colonia 5 de Marzo, a fin de integrar debidamente el expediente técnico de regularización.

Cabe destacar que en oficio girado a la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Bancomext en julio de 2009, la entonces secretaria de Medio Ambiente y Vivienda, licenciada Lourdes Adriana López Moreno, declaró que a pesar de que el asentamiento humano en comento había sido ocupado inicialmente en forma ilegal, éste debía considerarse como un hecho consumado en razón de que la colonia ya contaba con los servicios públicos indispensables tales como agua potable, drenaje, energía eléctrica, jardín de niños y transporte público. Por desgracia, pese a todas las gestiones realizadas, los colonos no recibieron respuesta favorable alguna, situación que los condujo, primero, a pedir en febrero de 2011 la intervención de la presiente municipal en turno, Cecilia Flores Pérez, y segundo, a solicitar en marzo del mismo año una audiencia con el gobernador para tratar el asunto.

Ante estos hechos, el Ejecutivo estatal convocó el 22 de julio de 2011 a una reunión de trabajo con la directiva de la colonia 5 de Marzo, a la que asistieron los responsables de la Dirección General de la Promotora de Vivienda Chiapas (Provich), la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Regularización y Asentamientos Humanos, la Subsecretaría de Gobierno para la región V Altos tseltal y tsotsil y la Dirección de Financiamiento y Desarrollo de Proyectos del gobierno del estado. De esta reunión se desprendió la suscripción de una minuta de acuerdos que incluyó el compromiso de la Provich de iniciar el trámite de regularización del predio en favor de los posesionados, así como los trabajos de supervisión de lotificación y de levantamiento topográfico del mismo. Por su parte, los colonos, constituidos en la Comisión de Regularización de la colonia 5 de Marzo, acordaron desistir del juicio de prescripción positiva en contra del o los propietarios del predio denominado Molino de la Alborada, y a no modificar el patrón de beneficiarios, mismos que a la fecha sumaban 459. Asimismo, los habitantes de la colonia 5 de Marzo aceptaron y se comprometieron a pagar el lote que correspondiera a cada uno de los posesionarios, de acuerdo al esquema determinado por la Provich que incluía la entrega de un enganche y el pago del resto en meses amortizados.

Desafortunadamente, apenas cuatro meses después de iniciado el proceso, los colonos manifestaron a la Consejería Jurídica del gobierno del estado serias preocupaciones por las trabas que constantemente entorpecían el pleno desahogo del proceso de regularización y compraventa del predio e incluso reportaron la presencia de organizaciones que habían intentado invadir los terrenos ocupados.

Estos hechos motivaron una segunda reunión de trabajo realizada en las instalaciones de la Dirección General de la Provich el 13 de diciembre de 2011 con la participación de la Consejería Jurídica del gobierno del estado, la Delegación de la Región II Altos y la Dirección de Financiamiento y Desarrollo de proyectos de la Promotora y la Directiva de la Asociación por la Regularización de la Colonia 5 de Marzo. De esta junta se desprendió una nueva minuta de acuerdos a través de la cual las autoridades informaron a los comparecientes la compra del predio por parte del gobierno del estado, los avances en la implementación del programa de regularización de la colonia 5 de Marzo y la continuación de la búsqueda del propietario de los terrenos. Por su parte, los colonos manifestaron que a pesar del transcurso de los años los lotes seguían perteneciendo a las familias fundadoras de la colonia, es decir, que no se había realizado ninguna venta de los terrenos, solo cesiones entre familiares.

Es así como la Provich ordenó la realización del levantamiento topográfico a cargo de técnicos adscritos al organismo, a la vez que dirigió oficios a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal de San Cristóbal de Las Casas a fin de solicitar la ratificación de uso de suelo habitacional respecto al predio ocupado por la colonia 5 de Marzo. En respuesta a las solicitudes, la Dirección de Planeación informó hasta septiembre de 2012, en oficio con número DPDU/0569/2012, el otorgamiento de la factibilidad de usos y destino de suelo. No obstante, la institución municipal enfatizó que aún había de acreditarse la tenencia de la tierra y la autorización para la lotificación y venta de lotes del predio en comento.

Después de un año, en julio de 2013, los colonos se dirigieron una vez más a la Provich y al Instituto de Consejería Jurídica y Asistencia Legal del gobierno del estado para expresar su descontento por el incumplimiento de los acuerdos tomados en favor de la regularización de su posesión sobre los terrenos que conforman la colonia 5 de Marzo. A través de esta comunicación manifestaron también su desconcierto y preocupación luego de la interposición de una demanda contra ellos por parte de Adrián Marenco Olabarrieta, supuesto dueño del predio. Desde entonces, las más de 430 familias que habitan el asentamiento han sufrido nuevas amenazas de arrestos, persecuciones y desalojos, al tiempo que han enfrentado el embate de demandas judiciales en su contra y el sistemático menosprecio de instituciones públicas locales, estatales y federales, a menudo negligentes de sus legítimas peticiones.

Cabe señalar que a pesar de vivir por más de dos décadas en condiciones no sólo de grave incertidumbre jurídica, sino de insalubridad derivada de la ausencia de servicios públicos integrales y de calidad, los habitantes de la colonia 5 de Marzo han logrado, a base de incontables esfuerzos físicos y económicos y siempre en paralelo a las labores de regularización del predio, la construcción de una escuela primaria, un jardín de niños, una iglesia católica y una cancha de basquetbol, cada uno ubicado en su área correspondiente. Asimismo, han procurado hacerse de planos de lotificación, manzanero, curvas de nivel y de red de drenaje, indispensables para dar comienzo al proceso de regularización. Sin embargo, es importante señalar también que muchas de las casas aún están construidas con costeras y retazos de madera, el acceso a energía eléctrica es limitado, el suministro de agua potable es escaso y la mayoría de las calles siguen sin pavimentar.

Es así como a lo largo de 22 años, las más de cuatroscientas familias que habitan la colonia 5 de Marzo en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la mayoría aún sumida en graves condiciones de pobreza y marginación, han padecido la indolencia del estado y el constante abuso de particulares que intentan despojarlo de terrenos otrora ajenos, pero ahora legítimamente suyos, tanto por las informaciones institucionales como los esfuerzos realizados por parte de los colonos para hacer del lugar un espacio digno para el desarrollo de la vida de sus familias. Corresponde a esta Cámara de Diputados velar por la salvaguarda de los derechos de los sancristobalenses, vigilando el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición.

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, licenciado Jesús Alcántara Núñez, para que instruya, en coadyuvancia con el gobierno del estado de Chiapas, lo conducente para la regularización y donación del predio sobre el cual se asienta la colonia 5 de Marzo, ubicada en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en favor de sus residentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

CREACIÓN DE UNA “COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EN NOCHIXTLÁN, OAXACA, EL PASADO 19 DE JUNIO DE 2016”

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita crear una comisión especial de seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que esto suscribe, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del partido político Movimiento Ciudadano, diputado de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I,  79, numeral 2, fracción II, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo con\\ la finalidad de que se solicite a la Junta de Coordinación Polítca la creación de una “Comisión Especial de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio de 2016” conforme con la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado día 19 de junio del presente año, acontecieron en Nochixtlán, Oaxaca una serie de efrentamientos y hechos violentos entre manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y autoridades de la Policía Federal y Estatal de Oaxaca, que trajeron como consecuencia 11 pérdidas humanas y más de 100 personas heridas, en lo que sin duda ha sido uno de los acontecimientos más violentos entre autoridades y manifestantes de la historia moderna de nuestro país.

Cabe señalar que existen acusaciones mutuas entre manifestantes y autoridades, respecto de las causas que generaron la violencia, pues las autoridades aseguran que fueron los propios manifestantes los que accionaron armas de fuego en una primera instancia en contra de los gendermes, pues aparentemente hubo personas de grupos radicales, ajenos al magisterio, quienes provocaron las agresiones al agradir con machetes y bombas molotov a los agentes de la autoridad.

Sin embargo, existen evidencias técnicas como fotografías y videos, así como diversos testimonios de los que se desprenden indicios claros de que pudo haber sido el Cuerpo de Seguridad Federal quien inició con las detonaciones.

En virtud de lo anterior, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue creada el pasado 29 de junio del 2016, una Comisión Especial Mixta de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio de 2016, integrada por 9 diputados y 5 senadores, misma que por virtud del propio acuerdo que la creó, quedó formal y materialmente desintegrada el pasado día 31 de agosto de la presente anualidad.

Sin embargo, aún no han sido aclarados los hechos que derivaron en la barbarie vivida en Nochixtlán, Oaxaca, por lo que considero que es indispensable que esta Cámara de Diputados dé seguimiento a las investigaciones y prosiga con el trabajo de tratar de clarificar los hechos para determinar a los responsables de los hechos, de cara a la sociedad que quienes integramos esta Cámara representamos.

Cabe señalar que conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica, el Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico, y cumplido su objeto, se extinguirán.

De igual manera, según lo dispuesto por el artículo 43, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, para la integración de las comisiones especiales, la Junta de Coordinación Política deberá tomar en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará propuestas, con base en el criterio de proporcionalidad reflejada en la integración del Pleno.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las comisiones especiales son órganos colegiados no dictaminadores que se encargan de atender los asuntos específicos que se les encomiendan. Se crearán mediante acuerdo del Pleno de la Cámara, a propuesta de la Junta que debe señalar:

I. Su objeto y duración;

II. Sus tareas, con plazos para su cumplimiento;

III. Las tareas específicas que le sean encomendadas;

IV. El número de integrantes que la conforman, y

V. Los integrantes de su Junta Directiva.

Por todo lo anterior, presento a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados que, en el ejercicio de sus facultades y a la mayor brevedad posible, proponga a este Pleno la creación de la “Comisión Especial de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio de 2016”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica).»

Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

CONMEMORACIÓN DEL 12 DE SEPTIEMBRE COMO EL DÍA DE IGNACIO PÉREZ, “EL MENSAJERO DE LA LIBERTAD”

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la conmemoración del 12 de septiembre como Día de Ignacio Pérez, El Mensajero de la Libertad, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI

José Hugo Cabrera Ruiz, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 13 de septiembre de 1810, por instrucciones de Josefa Ortiz de Domínguez, Corregidora de Querétaro, Ignacio Pérez salió rumbo a San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, y posteriormente al pueblo de Dolores, para avisar a Ignacio Allende y al cura del pueblo de Dolores, Miguel Hidalgo, que habían descubierto la conspiración por la lucha de independencia y los pretendían aprehender.

Gracias al oportuno mensaje de Ignacio Pérez,  el cura  Miguel Hidalgo y Costilla arengó a los ciudadanos del pueblo de Dolores para luchar por la libertad de México, y el domingo 15 de septiembre de 1810 dio inicio la lucha de Independencia.

Este acto dio origen a que en Querétaro se inicien los festejos conmemorativos de la Independencia de México desde el 12 de septiembre, recordando y reviviendo la heroica cabalgata de Ignacio Pérez, “el mensajero de la libertad”. Desde 1988, un grupo de jinetes queretanos sale de la ciudad de Querétaro con destino a Dolores Hidalgo, Guanajuato, pasando por cada uno de los poblados que Ignacio Pérez recorrió para llevar el mensaje a Miguel Hidalgo aquella noche de 1810. Durante la cabalgata, los jinetes realizan visitas simbólicas, tal es el caso de la parada en la Hacienda de Jalpa, donde Ignacio Pérez cambió de caballo debido al cansancio del animal.

Desde 1989, la cabalgata se ha convertido en un acto cívico en el que participan las autoridades del estado de Querétaro y de Guanajuato, tanto los gobernadores como los presidentes municipales de los lugares involucrados.

Actualmente, el grupo de jinetes que lleva a cabo esta tradición ha crecido, por lo que el evento comienza cada 12 de septiembre con un desfile en la ciudad de Querétaro, con la participación de 300 jinetes, aproximadamente.

En resumen, esta tradición que conmemora el recorrido que realizó el mensajero de la libertad comienza con el desfile en Querétaro; sigue con la salida formal de los jinetes, previo  mensaje de las autoridades; continúa con un acto en la población de Jalpa; y culmina con el desfile y recibimiento formal por las autoridades en San Miguel de Allende, y el desfile y recibimiento formal en Dolores Hidalgo.

Esta encomienda realizada por Ignacio Pérez marca el comienzo y la materialización de una lucha ideológica y de una lucha armada por la independencia y soberanía de nuestro país. Este legado histórico sin duda debe ser reconocido y conmemorado en todo México, y debe ser parte del patrimonio inmaterial de los queretanos.

Es de suma importancia para nosotros, como mexicanos, reconocer a las personas y conocer los actos que nos han formado como pueblo y que han enriquecido nuestra cultura. Tenemos el deber de recordarlos y de preservarlos como parte de nuestro patrimonio.

La UNESCO aprobó en octubre de 2003 la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en cuyo artículo segundo define al patrimonio cultural inmaterial de la siguiente manera:

“Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.”

Con base en esta definición, el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes ha elaborado un Catálogo digital del patrimonio cultural del estado de Querétaro, titulado “Patrimonio queretano: riqueza memoria y diversidad”, incorporando la herencia y  riqueza cultural de la entidad.

Este catálogo, de acuerdo con el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, no se reduce a las expresiones comúnmente reconocidas como patrimonio cultural inmaterial para evitar una visión fragmentaria, sino que toma en cuenta las concepciones integradoras que conciben ciertos bienes, saberes, prácticas o valores como patrimonio.

De esta manera, el catálogo contempla elementos que pueden situarse en el área del patrimonio simbólico o inmaterial, el patrimonio construido o monumental, y el patrimonio natural o biocultural.

En este contexto, la cabalgata que a partir del 12 de septiembre realiza cada año el grupo queretano de jinetes para conmemorar la gesta heroica de Ignacio Pérez, “el mensajero de la libertad”, puede ser considerada como patrimonio de Querétaro, pues es ya una tradición que tuvo origen en la rememoración de un hecho que sin duda nos da identidad tanto a nivel local como nacional.

La práctica de la cabalgata puede formar parte del patrimonio simbólico de los queretanos porque es recreada constantemente por la comunidad en interacción con la historia, infundiendo un sentimiento de identidad y de continuidad, tal como lo indica la UNESCO en la Convención mencionada.

El actuar de Ignacio Pérez dio pie para que se iniciara a tiempo la lucha de independencia y este es un acto que debe ser conocido, recordado y celebrado por todos los mexicanos. Además, el nombre del mensajero de la libertad debería reconocerse como el de uno de los actores relevantes de aquellos años y debe valorarse en su justa dimensión. A este propósito contribuiría declarar el 12 de septiembre como el Día de Ignacio Pérez, “el mensajero de la libertad”.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que emprenda las acciones necesarias con el fin de que se declare el 12 de septiembre como el  Día de Ignacio Pérez, “el mensajero de la libertad”, de manera que esta fecha se conmemore a nivel nacional.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Querétaro, para que consideren el desfile y cabalgata de la gesta heroica de Ignacio Pérez, “el mensajero de la libertad”, que inicia el 12 de septiembre de cada año, como Patrimonio Cultural de Querétaro.

Notas:

1 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, París, octubre de 2003. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/ 001325/132540s.pdf

2 Instituto Queretano de la Cultura y las Artes. Patrimonio Queretano: riqueza, memoria y diversidad. Catálogo en línea.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputado José Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

DECLARATORIAS DE EMERGENCIA Y DESASTRE PARA DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO AFECTADOS POR EL FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO “NEWTON”

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir las declaratorias de emergencia y desastre para municipios de Guerrero afectados por el fenómeno hidrometeorológico Newton, a cargo del diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 2, 3 y 4 de septiembre del corriente, el fenómeno meteorológico Newton realizó contacto con tierras mexicanas a través de su arribo en el océano pacífico, el cual, causó daños considerables en las costas del Estado de Guerrero, tales como inundaciones de carreteras y viviendas; derrumbes, deslaves, así como desbordamientos de ríos, todo esto provocado por extensas lluvias.

Esta situación ha vulnerado la vida de los habitantes de los municipios de Acapulco, Acatepec, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Benito Juárez, Coyuca de Benítez, Chilapa de Álvarez, Florencio Villareal, Iliatenco, José Joaquín de Herrera, Malinaltepec, Ometepec, San Marcos, Atlixtac, Coahuayutla de José María Izazaga, Marquelia, Juchitán, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Petatlán, Zihuatanejo de Azueta y Acatepec.

En dichos municipios, la población ha estado sujeta a los daños del fenómeno natural, mismo que han mermado su calidad de vida, ya que en algunos casos, han quedado sin enseres, muebles, vestimenta, inclusive comida, ya que el agua desbordó los ríos provocando que el agua inundara sus viviendas.

Ante tal situación, es imprescindible que las autoridades estatales, y más aún las federales acudan a la emergencia que la coyuntura convoca, y en el tenor de la emergencia se actúe solidariamente con los mexicanos afectados por el fenómeno natural en comento.

El Fondo Nacional de Desastres Naturales es un mecanismo presupuestario para coadyuvar a generar las condiciones de recuperación de infraestructura federal y estatal que haya sido afectada durante algún desastre natural, recuperando así la cotidianidad de la población afectada, sus actividades económicas, escolares y laborales.

El pasado viernes 9 de septiembre la Secretaría de Gobernación emitió declaratoria de emergencia para los municipios de Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Coahuayutla de José María Izazaga, Coyuca de Benítez, Florencio Villarreal, Iliatenco, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec y Zihuatanejo de Azueta

Sin embargo, dada la realidad en la que se encuentran otros municipios como Chilapa de Álvarez, San Marcos, Tecoanapa, Juchitán, Benito Juárez, Petatlán, Tecpan de Galeana, Atlixtac, Acatepec y Malinaltepec; consideramos que también deberían incluirse en la declaratoria de emergencia y ser susceptible de los apoyos que el Fondo Nacional de Desastres Naturales puede proporcionar.

Por ello es importante y necesario, exhortar de la manera más respetuosa al titular de la Secretaría de Gobernación para que se declare en desastre los municipios antes mencionados, en la búsqueda de un apoyo por parte de federación a la emergencia que embarga a muchas familias.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a emitir la declaratoria de desastre para los municipios de Acapulco, Acatepec, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Benito Juárez, Coyuca de Benítez, Chilapa de Álvarez, Florencio Villareal, Iliatenco, José Joaquín de Herrera, Malinaltepec, Ometepec, Petatlán y San Marcos, todos en el estado de Guerrero, para atender y paliar los daños ocasionados por el paso del el fenómeno hidrometeorológico denominado Newton y con ello sea posible realizar las acciones urgentes y emergentes que requiere la zona para la recuperación social de sus habitantes y del territorio en general.  

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong a emitir la declaratoria de emergencia para los municipios de Chilapa de Álvarez, San Marcos, Tecoanapa, Juchitán, Benito Juárez, Petatlán, Tecpan de Galeana, Atlixtac, Acatepec y Malinaltepec del Estado de Guerrero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2016.— Diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

REALICEN ACCIONES PARA INFORMAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL PARA PREVENIR LOS FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN TEMPORADAS DE LLUVIAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a realizar con el Cenapred y los gobiernos estatales acciones a fin de informar a la sociedad sobre los protocolos de seguridad y protección civil para prevenir y reducir los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos en temporadas de lluvias, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Enrique Zamora Morlet, en nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con base en la definición que proporciona el Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres AC (Cenaced), los conceptos como tormentas, huracanes, y/o ciclones los describe como el mismo tipo de desastre natural; ya que a consecuencias de su eventualidad ocasionan disturbios que muchas veces marcan el rumbo de los estados, los más importantes: la pérdida de vidas humanas y las pérdidas económicas, pero dependiendo la magnitud del evento es como se denomina su nombre además de la zona en la que se generan, es decir, se denomina “ciclón” en el Océano Índico y el Océano Pacífico sur, “huracán” en el Océano Atlántico occidental y el Océano Pacífico oriental, y “tifón” en el Océano Pacífico occidental.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), describe a estos eventos como sistemas cerrados de circulación de aire en la atmósfera, en los que se combinan bajas y altas presiones y fuertes vientos que se mueven en el sentido opuesto de las agujas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur.

En los últimos años, se han podido observar cambios drásticos en el medio ambiente y con ello la generación de una contundente alteración al clima. La intensidad con la que los desastres han atacado recientemente al país se incrementa al pasar los años, actualmente ya se han rebasado los registros históricos de cada uno de ellos (tormentas, tornados, inundaciones, huracanes, ciclones, sequias, entre otros).

Registros hechos por el Servicio Meteorológico Nacional, muestran que los cambios han sido mayormente contundentes desde hace 10 años, cuando llegaron a costas mexicanas dos huracanes que marcaron la historia del país, mismos que afectaron a la zona sur-sureste de México en el mes de octubre de 2005.

El primer evento catastrófico, fue el huracán Wilma afectando a la península de Yucatán, pasando por la isla de Cozumel para hacer contacto en Ciudad del Carmen, Campeche, al igual que el huracán Stan ocasionando el desborde de ríos, afectando a la población de Tabasco, Oaxaca y de Chiapas. Las pérdidas y conflictos en que entró la población del sur-sureste fueron inmensurables al afectar el turismo, los cultivos, la economía de los estados.

Es importante mencionar que la región más propensa a que se susciten desastres naturales, es la región sur-sureste, pues en esta zona encontramos exceso de agua que la convierte en zona muy frágil y vulnerable, para la generación de huracanes, ciclones, tormentas e inundaciones.

Posterior a estos eventos, para el año 2009 se suscitó uno más que afectó al estado de Nuevo León, el huracán Alex; destruyendo casi por completo algunas de las principales vialidades de la ciudad, provocando el paro total de actividades por el inminente peligro al que se encontrarían expuestos los habitantes de la zona. Tan solo un año más tarde, en 2010, un desastre sorprendió a la población de los estados de Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, estado de México, Morelos y la Ciudad de México; el huracán Karl, mismo que se desenvolvía a una velocidad de 13 kilómetros por hora alertando a más de 2.69 millones de personas que estaban en riesgo por las lluvias.

Un caso más llegó para el año 2013, huracán Manuel, quien en su origen se trató de una tormenta tropical pero al tocar tierras se convirtió en un huracán de los más significativos de nueva cuenta para los estados de la zona sur-sureste, dejando esta vez daños y miles de zonas por reparar, finalmente casos de eventos naturales han sido muchos en México, que han dejado daños materiales y daños a la población que desafortunadamente son irreparables, en fechas recientes se han generado algunos eventos de esta índole, año 2014, huracán Dolie, año 2015, huracán Bárbara, y para el año presente, en 2016, existe 80 por ciento de probabilidad de que se presente algún evento ciclónico a partir del trimestre julio-agosto-septiembre, de acuerdo a los pronósticos hechos por los meteorólogos del país, para el cual ya se han tomado medidas preventivas para las zonas aledañas.

Lo anterior nos llama a ser prevenidos y seguir adecuadamente las indicaciones de los protocolos de seguridad puestos en marcha, pues los desastres naturales son impredecibles e incontrolables, por ello mismo se debe actuar de manera pronta y de forma responsable considerando los antecedentes que tenemos registrados con este tipo de incidentes.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres y los gobiernos de las 32 entidades federativas impulsen la realización de acciones para informar a la sociedad en general sobre los protocolos de seguridad y protección civil que deberán acatar para prevenir y reducir el impacto de los fenómenos hidrometeorológicos en esta temporada de lluvias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputados: Enrique Zamora Morlet, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

EVITAR LA VIOLACIÓN A LA LIBRE MANIFESTACIÓN Y GARANTIZAR LAS PETICIONES O PROTESTAS DE LAS PERSONAS QUE ACUDAN A SU NUEVO RECINTO LEGISLATIVO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso de Guanajuato a evitar la violación de la libre manifestación y garantizar las peticiones o protestas de quienes acudan a su nuevo recinto, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de ésta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Con el arranque del nuevo periodo de sesiones de la Sexagésima Tercera Legislatura de Guanajuato programado para el 25 de septiembre, terminarán 185 años del quehacer legislativo en la ex casona de Francisco Matías de Moya Marqués de San Clemente, edificada en 1753 y demolida en el año de 1897.

El nuevo edificio sede del Congreso del estado de Guanajuato comenzó a construirse en 2008 en una superficie total de 7,402.71 m2,  con una construcción de 36,381 m2, y una inversión inicial de 139 millones de pesos. En la actualidad ya supera los 700 millones de pesos.

De acuerdo con la información difundida por diputados integrantes de la Comisión de Administración, en próximos días el Congreso del Estado iniciará operaciones en el nuevo edificio del Poder Legislativo ubicado en la parte alta del Cerro de Las Enredaderas y en consecuencia, el servicio a la ciudadanía.

La libre manifestación de las ideas y la libertad de reunión  son un derecho reconocido tanto en nuestro sistema jurídico mexicano como en el sistema jurídico internacional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:

Artículo 6º primer párrafo:

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público;...”

Artículo 9o., íntegro:

“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.”

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. (DUDH) establece en su artículo 19 que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

La Libre manifestación a la reunión se encuentra consagrada en el numeral 1 del artículo 20 de la misma Declaración, que señala:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”

Así que, siendo que todos y cada uno de los Estados Parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se encuentran comprometidos a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre.

El pasado 29 de agosto, el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el Diputado Éctor Jaime Ramírez, señaló que las manifestaciones tendrán que quedarse en la caseta de vigilancia, ubicada a 400 metros de la entrada principal y aseguró que la medida acordada por los diputados no es violatoria de los derechos humanos al señalar:

“Allá (nuevo edificio) el punto de entrada es donde está el pórtico. Ahí es el límite del congreso, si es el caso pasaría una comisión, como en el Congreso federal y los demás congresos del país. Hay una explanada bonita para que puedan manifestarse”.

El Estado mexicano se encuentra obligado a garantizar el derecho de las personas a manifestar sus ideas, así como a asociarse y reunirse con cualquier fin lícito. En este sentido, el Congreso del Estado de Guanajuato, al establecer que se manifestaran a 400 metros de la entrada del nuevo Recinto Legislativo, se encuentra violando derechos humanos fundamentales mismos que debe recordar ese Congreso, son universales, indivisibles, interdependientes, progresivos y constituyen una esfera de protección mínima.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable cámara la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, presidente de la Junta de Gobierno y de la Comisión de Administración del Congreso del estado de Guanajuato, a evitar la violación a la libre manifestación y garantice las peticiones o protestas de las personas que acudan a su nuevo recinto legislativo.

Notas:

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf

2 Ibídem.

3 http://www.un.org/es/documents/udhr/

4 Ibídem.

5 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/08/ 29/guanajuato-y-su-congreso-de-700-mdp

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA DEL ACTIVISTA Y PERIODISTA JOSÉ ALBERTO ESCORCIA GORDIANO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y al gobierno de la Ciudad de México a garantizar la seguridad e integridad física del activista y periodista José Alberto Escorcia Gordiano, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito Diputado Jorge Álvarez Maynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado 13 de junio, el periodista, activista y bloguero mexicanos José Alberto Escorcia Gordiano, se vio obligado a abandonar México para refugiarse en Barcelona, España, debido al incremento de amenazas de muerte recibidas y al hostigamiento, con motivo del trabajo de investigación y documentación que ha venido realizando, desde hace ya varios años, de ataques contra sus compañeros periodistas, y por revelar la tecnocensura en nuestro país, que, según sus investigaciones, consiste en una “operación coordinada y financiada por actores de distintos niveles en el gobierno o crimen organizado, con el objetivo de desinformar, desarticular movimiento social y atacar opositores”.

Escocia Gordiano trabajó en el Gobierno de la Ciudad como diseñador, de 2000 a 2007; posteriormente, de 2009 a 2011, en periódicos como Reforma, Terra, Sin Embargo, con colaboraciones con Aristegui Noticias, Revista Proceso y medios internacionales como BBC, Al Jazeera, CNN y The New York Times (en este último publicó sobre el tema de la censura digital).

No obstante, Alberto Escorcia comenzó como blogger en 2006, y desde 2009 ha realizado un activismo crucial, pues se ha dedicado a investigar la tecnocensura en nuestro país -desde el sitio loquesigue.tv-, donde reveló la existencia de una sistema de espionaje y manipulación de la opinión pública en México y de redes sociales, tales como el bloqueo a la red 3G durante movilizaciones, así como el uso de servicios de vídeo masivos para el espionaje; además ha documentado ataques contra compañeros periodistas.

Además, junto con un grupo de personas de distintos países, colaboró en la conformación de un movimiento global, una red de cooperación para la difusión y traducción de información relevante surgida de situaciones de emergencia social, tales como la las Primaveras Árabes, el 15M en España, entre otros.

En 2011, durante la construcción de la Super Vía en el entonces Distrito Federal, Escorcia impulsó una conversación amplia y plural sobre dicho dicho proyecto, mismo que causó polémica pues planteaba la demolición de 51 casas en la colonia La Malinche, las cuales fueron expropiadas sin consenso de sus habitantes. El descontento derivó en manifestaciones que, tras la presencia de granaderos en la zona, acrecentaron, hasta trasladar el conflicto y las tensiones a enfrentamientos físicos.

El referido proyecto vial fue objeto de diversas críticas por parte de activistas y académicos, entre los que destacaron Escorcia. Durante la documentación del conflicto, Escorcia dio cuenta de un intercambio de comentarios en Twitter entre funcionarios de la administración del otrora Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en contra del activista Andrés Lajous. Tras la difusión de la polémica alrededor de la obra, Alberto Escorcia comenzó a ser hostigado en represalia a su labor informativa.

Posteriormente, en 2012, Escorcia fue amenazado por dar cobertura a las agresiones por parte de autoridades del Gobierno del Distrito Federal contra manifestantes en San Lázaro y el Centro Histórico, el primero de diciembre de ese mismo año, con motivo de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como Titular del Poder Ejecutivo. Se le acusó de ser uno de los incitantes de la violencia.

Como consecuencia, Escorcia hizo pública una denuncia en la plataforma Threatened Global Voices, respecto del hostigamiento del que estaba siendo víctima, haciendo énfasis en los obstáculos que enfrentaban las coberturas posteriores a la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia. El sitio mantiene el estado de Alberto Escorcia como en situación de riesgo, por lo que la alerta emitida sigue vigente.

En 2013, después de publicar materiales que documentaban el espionaje del que eran objeto manifestantes en marchas del entonces Distrito Federal, su casa fue allanada para robar un disco duro que contenía un informe con dicha información. No se presentó denuncia ante las autoridades, sin embargo, descubrió que estaban realizando espionaje de software en su equipo de cómputo.

En 2014, el grupo de activistas digitales por los derechos, agrupados en ContingenteMX, emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad a Alberto Escorcia, al mismo tiempo que manifestó su preocupación por “la revelación de documentos que registran el seguimiento a activistas y manifestantes del Distrito Federal por parte de autoridades capitalinas.” Tras lo cual, denunciaron que “desde el #1Dmx hasta las últimas manifestaciones del 8 de enero [de 2014], diversos colectivos, periodistas, activistas y manifestantes han sido objeto de criminalización, acoso, represión y privación injustificada de la libertad por parte de las autoridades del [otrora] Distrito Federal”.

En 2015, la revista Wired entrevistó a Alberto Escoria, en el que detalló el sabotaje a la organización civil en general, en particular repescto del que se da en redes sociales, pues “la estrategia de bots ha causado “ruido” en cada uno de los hashtags por medio de los cuales la sociedad civil trata de organizarse en Twitter; además, señaló que desde 2012 hay ejércitos de bots -identificables por medio de softwares como Flocker- dedicados a censurar lo que parecía una alternativa de comunicación libre: las redes sociales.”

Además, explicó a Wired “cómo un tuit de Anon Hispano con la ubicación de granaderos y zonas seguras en el marco de la represión del #1dmx pudo salvar vidas, pero que el sabotaje de los bots volvía complicado encontrar dicha información”

Ese mismo años, Alberto Escorcia dio seguimiento a ataques por parte de bots en Twitter contra cuentas de diversos usuarios del referido sitio de microblogging, tales como “Aristegui Noticias” y “Sin Embargo”; asimismo, documentó el hostigamiento del que fue objeto la académica Rossana Reguillo, también en Twitter. Como consecuencia de la notoriedad de Escorcia en la prensa nacional e internacional, el hostigamiento en su contra se endureció, por lo que comenzó a recibir constantes amenazas de muerte, por lo que, con ayuda y asesoría de Artículo 19, fue integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. No obstante haber valorado su situación de riesgo y determinar que este era del tipo “EXTRAORDINARIO” con un puntaje de 47.21, se sugirieron algunas medidas de protección, tales como la instalación de un botón de pánico para Alberto Escorcia, un número de emergencia y atención psicológica; es decir, no se ha brindado una protección efectiva -y, en palabras de Alberto Escorcia, sin que pueda aplicarse por diversas trabas-, por lo que la “relativa paz duró poco, en parte porque Escorcia denunció dos casos más: las amenazas hacia Andrea Noel y las que sufrió el Padre Solalinde”.

De acuerdo a la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2015 de Reporteros Sin Fronteras, México se ha distinguido por ser el “ país más mortífero de América Latina para los medios de comunicación. Los periodistas asesinados, a menudo son ejecutados a sangre fría y la mayoría de los crímenes permanecen impunes. Una impunidad que se explica por la corrupción que reina en el país. Algunos políticos están directamente vinculados con el crimen organizado”. Según datos de dicha organización, en 2015 se registraron 80 periodistas y 19 net-ciudadanos (internautas que destacan por sus actividades en defensa de la libertad de expresión) muertos; en lo que va del 2016, se han registrado 37 periodistas, y 1 net-ciudadano, muertos. Hasta la fecha, Reporteros Sin Fronteras ha registrado un total de 147 periodistas y 153 net-ciudadanos encarcelados.

Por su parte, Artículo 19, en su informe anual “Estado de censura”, “da cuenta del deterioro del ejercicio pleno de la libertad de expresión y la violencia contra la prensa durante 2014”, pues revela que cada 26.7 horas se agrede a un periodista en el país, y más del 90 por ciento de los casos permanecen en la impunidad.

Por si fuera poco, en la administración de Enrique Peña Nieta se duplicaron las agresiones contra periodistas, en comparación con la de Felipe Calderón en la que se agredía a un comunicador cada 48.1 horas.

De igual manera, Artículo 19 documentó 326 ataques contra periodistas y medios de información y medios de comunicación, en las que 43% de las agresiones fueron físicas o materiales, 16% fueron intimidaciones, 14% detenciones arbitrarias y 13% amenazas. En ese tenor, Artículo 19 registró que el 48% de las agresiones registradas, 48% son responsabilidad de funcionarios, “siendo así los principales atacantes de la prensa durante el 2014”.

Respecto a las entidades federativas con mayor número de agresiones registradas en México, la Ciudad de México lidera con un total de 85 casos registrados en 2014, en tanto que Quintana Roo registró 42 agresiones, y Veracruz 41

Lamentablemente México se ha convertido en un país que expulsa y que está sufriendo una escalada de violencia y, en ese contexto, la voz de Alberto Escorcia ha sido una voz de una enorme dignidad levantándose y denunciando los poderes políticos, económicos y militares.

Lamentablemente, y con motivo de la poca efectividad de las medidas de protección brindadas mediante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Alberto Escorcia se vio obligado a huir del país, y aceptar el refugio brindado por el Ayuntamiento de Barcelona, en España, que, a través del primer teniente de la alcaldía, manifestaron su apoyo al activista y bloguero mexicano al declarar que no podían “desconocer las amenazas graves que ha sufrido[Alberto Escorcia], por eso hemos hecho que Barcelona sea su casa donde él, y gente como él, pueda encontrar un respiro.[...] la situación en México es dolorosa y esperanzadora a la vez. Dolorosa porque México fue un país de acogida: cuando muchas puertas se cerraban, las de México se abrían. México fue un país de acogida”.

Asimismo, el primer teniente de la alcaldesa Ada Colau añadió que “hoy México es un país que expulsa y está sufriendo una escalada de violencia y de terror y, en este contexto, la voz de Alberto Escorcia ha sido una voz de una enorme dignidad levantándose y denunciando los poderes políticos, económicos y militares que están detrás de la guerra larvada que se está produciendo en México”.

Sin embargo, Alberto Escorcia se encuentra en la necesidad de regresar a México para cambiar su estatus migratorio para, posteriormente, volver a España. Esta situación lo puede mantener en el país por un periodo de entre 3 a 6 meses, por lo que ante la situación en que se encuentra es necesario que este Poder Legislativo se pronuncie, primero, para rechazar y condenar la ola de violencia y agresiones a las que se enfrentan -como Alberto- muchos periodistas, y segundo, para solicitar y exigir a funcionarios y a autoridades gubernamentales que se garantice, en el caso concreto, la seguridad física de Alberto Escorcia, y para ello brinden las medidas necesarias y efectivas de protección al periodista, activista y bloguero -petición que el Ayuntamiento de Barcelona se encuentra en proceso de formular a los gobiernos de la Ciudad de México y Federal-. Es una obligación de todos los Poderes, en su conjunto, combatir y eliminar las agresiones de las que son objeto los periodistas en el país.

Por lo expuesto me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- El pleno de esta Cámara acuerda exhortar a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, mediante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, refuerce las medidas de protección otorgadas en beneficio de José Alberto Escorcia Gordiano, e implemente otras que garanticen su seguridad e integridad.

Segundo.- El pleno de esta Cámara acuerda exhortar al Gobierno de la Ciudad de México, para que implemente medidas de protección en favor de José Alberto Escorcia Gordiano, a fin de garantizar su seguridad e integridad.

Notas:

1 El caso Alberto Escorcia: Interactivismo y la tecnocensura, Tercera Vía, disponible en: http://terceravia.mx/2016/08/caso-alberto-escorcia-interactivismo-la-tecnocensu ra/

2 Sigue la censura en Egipto, ahora bloquean servicios de video y el acceso 3G a móviles, loquesigue.tv, disponible en http://loquesigue. tv/sigue-la-censura-en-egipto-ahora-bloquean-servicios-de-video-y-el-acceso-3g- a-moviles/

3 Comunicación social en internet y las “putizas” en Twitter. Marcelo Ebrard debe disculparse sobre caso Lajous, loquesigue.tv, disponible en http://loquesigue.tv/comunicacion-social-y-putizas-en-twitter-marcelo-ebrard-de be-disculparse-alfonso-brito-putiza/

4 Threatened Global Voices, diponible en http://threatened.globalvoicesonline.org/blogger/pateando-piedras

5 COMUNICADO: EL CONTINGENTEMX EXPRESA SU SOLIDARIDAD A ALBERTO ESCORCIA, ContingenteMX, disponible en https://contingentemx.net/2014/01/11/comunicado-el-contingentemx-expresa-su-sol idaridad-a-alberto-escorcia/

6 Pro-Governnment Twitter bots try to hush mexican activists, Wired, disponible en https://www.wired.com/2015/08/pro-government-twitter-bots-try-hush-mexican-acti vists/

7 https://twitter.com/anonopshispano/status/539592176028905472

8 Op. cit., Tercera Vía.

9 De acuerdo con el sitio web del Antivirus Norton, “los bots representan uno de los delitos cibernéticos más sofisticados y populares de hoy en día. Permiten a los hackers tomar el control de muchos equipos a la vez y convertirlos en equipos “zombis”, que funcionan como parte de un poderoso “botnet” que propaga virus, genera spam y comente [SIC] otros tipos de delitos y fraudes”, disponible en: http://mx.norton.com/botnet

10 ¿Fue casual o coordinado el acoso y amenazas a Andrea Noel en Twitter?, loquesigue.tv, disponible en  http://loquesigue.tv/fue-casual-o-coordinado-el-acoso-y-amenazas-a-andrea-noel- en-twitter/

11 Bots que amenazan al Padre Solalinde también participan en guerra sucia, loquesigue.tv, disponibel en  http://loquesigue.tv/bots-que-amenazan-al-padre-solalinde-tambien-participan-en -guerra-sucia/

12 Op. cit.

13 Reporteros Sin Fronteras, disponible en https://rsf.org/es/mexico

14 Barómetro: Cifras de 2015, Reporteros Sin Fronteras, disponible en https://rsf.org/es/barometro?year=2015

15 Ibid.

16 México: ARTICLE 19 lanza informe anual “Estado de censura”, Artículo 19, disponible en https://www.article19.org/resources.php/resource/37906/es/m%EF%BF%BD%EF%BF%BDxi co:-article-19-lanza-informe-anual-%E2%80%9Cestado-de-censura%E2%80%9D

17 Ibid.

18 Ibid.

19 Ibid.

20 Ibid.

21 Ibid.

22 Barcelona muestra su apoyo al activista mexicano amenazado Alberto Escorcia, La Vanguardia, disponible en http://www.lavanguardia.com/politica/20160709/403075511555/barcelona-muestra-su -apoyo-al-activista-mexicano-amenazado-alberto-escorcia.html

23 Ibid.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputado Jorge Álvarez Maynez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

CAMPAÑAS DE SALUD REPRODUCTIVA EN TODAS LAS ESCUELAS SECUNDARIAS Y DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a intensificar las campañas de salud reproductiva en las escuelas secundarias y de nivel medio superior del sistema educativo nacional para prevenir el embarazo adolescente, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada María Antonia Cárdenas Mariscal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

Primera.Referir la importancia que tiene los adolescentes y jóvenes para la vida social, económica y política de un país es un tema primordial, no sólo por lo que este grupo implica para el futuro de una sociedad, sino por la importancia que tiene para los organismos de la sociedad civil e instituciones gubernamentales que participan en el diseño de las políticas públicas orientadas a protegerlos, educarlos, ofrecerles empleo y proveerles servicios de salud a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos y el acceso a una mejor calidad de vida.

Llama la atención, que a pesar del reconocimiento de la trascendencia estratégica de los adolescentes y el desarrollo de políticas, planes y programas de atención  integral para ellos, aún no se ha logrado satisfacer sus diversas necesidades.

La adolescencia ha sido definida desde diferentes enfoques  biológicos, psicológicos, pedagógicos, demográficos y jurídicos, siendo esencialmente una época de cambios físicos y una etapa donde se define la personalidad, se construye la independencia y se fortalece la autoafirmación.

Según la Organización Healthy Children, de la American Academy of Pediatrics, la adolescencia se refiere a esos años desde la pubertad hasta la edad adulta, dividiéndola en tres etapas: adolescencia temprana, generalmente de los 12 a los 13 años; adolescencia media, entre los 14 y 16 años y la adolescencia tardía, entre los 17 y 21 años de edad. Además del crecimiento fisiológico de estos años,  se pueden extraer tareas clave del desarrollo intelectual, psicológico y social, donde se forma la propia identidad  y se prepara para la edad adulta.

En lo que se refiere al ámbito legal, el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, considera adolescentes a las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

Tercera. Sabemos que la etapa de la adolescencia es turbulenta per se y que, idealmente, deberían darse en un contexto ambiental de estabilidad familiar y social. Sin embargo, en las últimas décadas, la familia y la sociedad también han estado sufriendo cambios más o menos turbulentos que han dificultado el logro de las expectativas de bienestar y calidad de vida de los adolescentes.

México es uno de los 189 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual ha enunciado que los principales problemas que enfrentan los jóvenes en la actualidad se deben a condiciones sociales como falta de higiene, mala nutrición, el incremento en el consumo de tabaco, alcohol y drogas, así como la falta de información sobre salud reproductiva que les ayude a comprender su sexualidad, de igual manera, ha reconocido que uno de los principales problemas y retos de salud pública, tanto en países pobres como desarrollados, es la salud sexual encaminada principalmente a evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, cerca de 16 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las muchachas de la misma edad en todo el mundo y los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir que aquellos nacidos de mujeres de 20 a 24 años.

Cuarta. De acuerdo a datos emitidos por el Consejo Nacional de Población (Conapo), en nuestro país existen 22.4 millones de mujeres y hombres adolescentes entre el rango de edad de 10 y 19 años.

La maternidad temprana, responde a diversos contextos, económico, social y cultural, donde el factor educativo juega un papel imperante, de igual forma detona una cadena de condiciones de vulnerabilidad agravadas en hijas e hijos, elevando la tasa de mortalidad infantil, donde México registra casi 4 veces el promedio de las cifras emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, de 5.4 por cada 1,000 nacimientos.

En México se vive una epidemia de embarazos adolescentes que no es cosa nueva, ya que de manera histórica se presentó especialmente en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla, pero en la actualidad aqueja a toda la República Mexicana.

El embarazo temprano es una situación que cobra cada vez mayor importancia debido principalmente a que: 1) las mujeres de 15 a 19 años de edad constituyen el grupo de mayor tamaño entre los grupos quinquenales de mujeres en edad fértil; y 2) la disminución de la fecundidad en adolescentes es menor que en otros grupos de edad, tanto por su bajo uso de anticonceptivos (solamente 37.6% de las adolescentes empleó un método en su primera relación sexual y 45% usó uno en la última; en ambos casos, principalmente métodos con poca efectividad), como por el aumento en el porcentaje de la población adolescente que ha sido alguna vez sexualmente activa.

Según reporta la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición a nivel nacional, la proporción de población de 12 a 19 años que inició su vida sexual pasó de 15% en 2006 a 23% en 2012. A nivel nacional, de acuerdo con los datos de la última encuesta demográfica disponible, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la edad promedio del inicio de la vida sexual en las mujeres de 15 a 19 años es de 15.9 años. Como consecuencia de estas tendencias, también el porcentaje de nacimientos en madres adolescentes aumentó de 15.6% a 18.7% entre el periodo antes citado.

Las últimas cifras refieren que anualmente se registran más de 400 mil bebés de madres menores de edad y la cifra no disminuye, esto representa el 20% del total de los nacimientos.

Los estados de Coahuila y Tamaulipas muestran cifras por arriba de los 10 mil casos por año de los nacidos vivos de madres menores a los 19 años, en tanto que el Estado de México registró 53 mil 329, que representa un 15% del total, siendo la entidad con el mayor número de embarazos de este tipo. Le sigue Veracruz, con 25 mil  729.

Entre los países de la Organización  para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), nuestro país encabeza la lista con mayor índice de embarazos, con 64 por cada mil adolescentes.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también ubica a México en los primeros lugares de embarazos adolescentes, de 15 a 19 años de edad, al ser comparado con naciones con el mismo nivel de desarrollo, como Costa Rica, Chile, Perú y Uruguay.

Hasta hace 2 años, entre 5.2 y 5.7% de las interrupciones de embarazos eran de mujeres menores de 17 años.

En lo que se refiere a deserción escolar, el embarazo adolescente es la cuarta causa de deserción entre los 15 y 19 años en la República Mexicana.

Preocupantemente, en 2015, nuestro país ocupó el primer lugar mundial en embarazos de menores de 18 años, según los datos más recientes emitidos por la Organización antes citada, esto representa 1,252 partos diarios o un embarazo por minuto en niñas de 10 a 19 años, registrándose alrededor de un niño nacido por cada 15 mujeres adolescentes; además, la muerte materna en estas edades también registró un incremento, yendo de 32% por cada 100 mil nacidos vivos a 37.3% en el mismo año.

Cuarta.La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como expresa en su artículo 1°, tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De igual manera, el artículo 37, fracción IV y VI de la misma ley, establece que las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán garantizar el establecimiento de medidas dirigidas de manera preferente a niñas y adolescentes que pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja para el ejercicio de los derechos contenidos en la Ley, así como el desarrollo de campañas permanentes de sensibilización de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Quinta.Es cierto que en México, el tema del embarazo adolescente ha jugado un rol fundamental en las políticas públicas. Desde la perspectiva demográfica, el creciente interés se debe a diversos motivos, entre los que destacan: la proporción elevada de jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, el importante porcentaje de nacimientos  correspondientes a mujeres en ese rango de edad que se mencionaron con anterioridad y los riesgos biopsicosociales para la madre y el recién nacido.

Existen diversos spots oficiales para evitar el embarazo adolescente y las Enfermedades de Transmisión Sexual (ITS; por su parte el Consejo Nacional de Población (Conapo), ha retomado, desde 2013 una política para atender dicha problemática, sin embargo, aun así, el número de gestaciones en adolescentes sigue incrementándose.

La Secretaría de Educación Pública, por su parte, cuenta con trabajo para que la información sexual se difunda desde segundo de primaria, sin embargo, es altamente necesario fortalecer y redoblar los esfuerzos de las campañas de concientización y de salud reproductiva entre la comunidad estudiantil.

Sabemos que, mayoritariamente entre los jóvenes existe la creencia de que “a ellos no les va a pasar”, aunado a que, en la gran mayoría no se da la comunicación con los padres respecto a temas de sexualidad.

El embarazo adolescente en nuestro país, mantiene cifras alarmantes, sabemos que entre los jóvenes existe la creencia de que “a ellos no les va a pasar”, aunado a que, en la gran mayoría no se da la comunicación con los padres respecto a temas de sexualidad.

En materia de salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica que todo embarazo en menores de 18 años es considerado de alto riesgo, ya que el bebé puede estar en bajo peso, tener malformaciones y dificultades al momento del parto, sumado a que con el paso del tiempo podría presentar alteraciones psicológicas, como menor desarrollo cognoscitivo e intelectual, escasa capacidad de socialización e inseguridad personal, principalmente.

Diversos especialistas identifican que el embarazo adolescente puede tener como consecuencia el aumento de la feminización de la pobreza, no sólo en términos de ingresos, sino en salud y educación, pues generalmente las adolescentes abandonan sus estudios y les es mucho más difícil conseguir un empleo, limitándoles el desarrollo económico de la nueva familia.

Debemos reconocer que una vez que una adolescente se encuentra en el proceso de convertirse en madre, les cuesta mucho trabajo retomar sus estudios, aunado al estigma social contra las jóvenes, que les restan oportunidades de adquirir las competencias necesarias para lograr un trabajo a futuro que les permita brindar al bebé calidad de vida.

Por lo anterior, es de gran importancia que se sigan impulsando y fortaleciendo  programas y campañas entre los jóvenes referentes a la educación sexual con el fin de elevar el uso de anticonceptivos, retrasar el inicio de la vida sexualmente activa, prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual

Al marco de este propósito y reconociendo que la adolescencia es una etapa llena de oportunidades, que exige nuestro compromiso como Gobierno, con su pleno desarrollo, para ayudarles a superar los peligros y las vulnerabilidades, así como prepararlos para que alcancen su máximo potencial, por ello someto a consideración del Pleno de ésta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que se intensifiquen las campañas de salud reproductiva en todas las escuelas secundarias y de educación media superior del Sistema Educativo Nacional, a fin de prevenir el embarazo adolescente.

Notas:

1 Healthy Children, Etapas de la Adolescencia, American Academy of Pediatrics, 2016.

2 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 5.

3 Organización Mundial de la Salud, OMS. Nota descriptiva número 364, 2014.

4 Consejo Nacional de Población, Conapo, México en cifras, (Fuente: Consulta interactiva de datos, Conapo).

5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, Embarazos en menores de 18 años, 2015.

6 Consejo Nacional de Población, Conapo, Principales Indicadores de salud sexual y reproductiva en adolescentes, (Fuente: Consulta interactiva de datos, Conapo).

7 Gómez, Natalia, “México, con epidemia de embarazos adolescentes”, Sección Nación, El Universal, México, 2016.

8 Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, Embarazos en menores de 18 años, 2015.

9 Amidem y Cora, 1986; SSA, 1988; Atkin, et al., 1998; Buvinic et al., 1998; Escobedo et al., 1995; Moore y Rosenthal, 1993; Shlaepfer e Infante, 1996; Welti, 1995.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

INSTALAR BANCAS PÚBLICAS PARA EL DESCANSO DE LOS PEATONES EN LAS CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a la demarcación territorial Cuauhtémoc a instalar bancas públicas para el descanso de los peatones en el centro histórico, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Diputado Jonadab Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6 numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Jefe Delegacional de la Delegación Cuauhtémoc, a fin de instalar paulatinamente bancas públicas para el descanso de los peatones en las calles del Centro Histórico.

Consideraciones

“El Centro Histórico de la Ciudad de México se puede definir de acuerdo con dos criterios: En un sentido administrativo, corresponde a la colonia Centro de la delegación Cuauhtémoc (corazón económico y político de la ciudad con una población de 532,553 personas).””En otro sentido, corresponde a la zona de monumentos históricos delimitada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y cuenta con un área cercana a 10 kilómetros cuadrados.

El Centro Histórico de la Ciudad de México está integrado por 668 manzanas que albergan alrededor de 1,500 edificios catalogados con valor artístico o histórico: construcciones religiosas, civiles, asistenciales, hospitalarias, administrativas, educativas, culturales y de habitación; construidas entre el siglo XVI y XX.”

Es así mismo un espacio geográfico de importancia turística indiscutible, sus calles son recorridas por millones de personas al día, tanto nacionales como extranjeras.

De acuerdo con el Fideicomiso del Centro Histórico, la cantidad de visitantes, incluyendo trabajadores, consumidores y turistas, ronda el millón de personas al día, en tanto que en época decembrina (con atracciones en el Zócalo, un alto nivel de consumo y vacaciones) se puede llegar a los dos millones de visitantes diarios a esa zona de la ciudad.

Sin embargo, la falta de mobiliario adecuado, como bancas públicas para descansar, es un problema que enfrenta el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Todos necesitamos bancas públicas para descansar un momento en las calles del Centro Histórico (personas de la tercera edad, niños, personas con discapacidades diferentes, madres con niños pequeños, personas embarazadas, personas con sobrepeso (México ocupa el primer lugar en el mundo, en obesidad infantil y adulta), turistas, personas que salen de compras, etc) por lo que es necesario que hagamos del espacio público un lugar para todos.

Todas las personas tienen derecho a beneficiarse por igual de los bienes y servicios públicos, independientemente de su capacidad económica para contribuir mediante el pago de impuestos a la obtención de los recursos necesarios para la prestación de los primeros. Esto supone la garantía de la satisfacción mínima de las necesidades públicas.

Con la instalación de bancas públicas, se lleva a cabo una transferencia de renta  hacia los sectores sociales más débiles económicamente, con el fin de compensar la situación de desigualdad, y asegurando así una convivencia justa.

El presente punto de acuerdo busca el establecimiento de acciones coordinadas para el fin que proponemos, entre el Gobierno de la Ciudad de México y la demarcación territorial a la cual pertenece el Centro Histórico.

Como entender que una zona de convivencia pública y de comercio tan importante como esta no tenga la infraestructura necesaria para que sus millones de visitantes se sienten a descansar, sin necesidad de entrar a un negocio establecido a fin de consumir algo, y ello les dé derecho a sentarse en una silla o sillón.

No hace falta tener 60 o más años para necesitar descansar en el Centro Histórico de la Ciudad de México, sin tener que recurrir al consumo para ello. No se puede obligar a alguien a que tenga que pagar un precio para descansar.

Hasta el momento se ha tratado al visitante del Centro Histórico como un cliente, más que como un huésped de la demarcación.

La falta de conciencia sobre la violencia comunitaria se vincula, fundamentalmente, a una concepción de violencia física culposa de la ciudad hacia las personas, hecho que se da cuando un individuo necesita descansar por su edad o condiciones físicas en una metrópoli, pero no lo puede hacer porque no existe el mobiliario urbano necesario para ello.

Las inversiones inmobiliarias en esta zona corresponden principalmente a comercios, por las altas ventas que registran, entonces si se quiere reflexionemos desde otro ángulo (lógica consumista); una persona que visita la zona para comprar bienes, podrá adquirir más, si descansa un momento antes de continuar su recorrido.

El hecho de que zonas tan importantes como el Centro Histórico no tenga bancas públicas para descansar, tiene por efecto que las personas abandonen determinadas actividades o disminuyan la frecuencia con que concurren a determinados lugares, por una simple razón: ya están cansadas.

Se habla continuamente de políticas públicas respecto a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y los adultos mayores en los espacios públicos, lo cual es correcto, pero también es necesario que estas personas en particular sientan la ciudad como un espacio que les pertenece, y del cual se pueden apropiar, disfrutar, trasladarse con autonomía y cuando lo requieran, descansar.

El objetivo central de este punto de acuerdo, es que el Centro Histórico de la Ciudad de México cuente dentro de su mobiliario urbano con bancas públicas para sentarse y reposar.

Entendemos a la “movilidad” como el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se producen en un entorno físico, y cuando hablamos de movilidad urbana nos referimos a la totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad, en donde se dé un equilibrio entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental.

De igual manera, concebimos al “desarrollo urbano sustentable” como el proceso de planeación y regulación que permita satisfacer las necesidades básicas de los centros de población: alimentación, salud, educación, trabajo, cultura y vivienda en un ambiente armónico, en el que se respeten los derechos humanos de las personas con estricta observancia a la preservación del medio natural que los rodea.

En materia de movilidad se establece que el peatón tendrá la preferencia, pero no solo la debe tener para trasladarse, también la requiere para otras necesidades, como es el descansar, por lo que es deseable que el Estado proporcione la infraestructura necesaria para tal fin.

¿Cómo entender que se construyan en la zona a la que nos referimos estacionamientos públicos, para estacionar el automóvil, y no se contemplen bancas públicas para el descanso de las personas?.

“El Centro Histórico de la Ciudad de México  fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1987, debido a las joyas arquitectónicas que alberga.”

Para honrar tal distinción, consideramos que el mejoramiento del mobiliario urbano de la zona es de vital importancia, y que el diseño de las bancas públicas sería importante, para resistir el peso y el uso constante, pero lo primordial es que las personas en general y las personas de la tercera edad y mujeres embarazadas en particular, tengan un lugar digno para descansar.

No todas las personas que visitan el Centro Histórico son jóvenes, sanas y llenas de vitalidad, no es así, también lo visitan personas de la tercera edad, madres embarazadas, personas con discapacidades diferentes, pero que pueden moverse por sí mismas, así como personas con alguna lesión física que limita sus movimientos y que por lo tanto se cansan más rápidamente; y todas ellas, incluso las mencionadas en primer término, después de un tiempo de caminar necesitan algo: descansar por un momento. Pero en el Centro Histórico de la Ciudad de México no hay en donde hacerlo de manera digna y gratuita, lo cual debería de ser una preocupación del Gobierno Local.

Un sector de la sociedad que se vería ampliamente beneficiado con la presente propuesta sometida a su consideración, serían las personas de la tercera edad, por los siguientes argumentos:

“La falta de fuerzas en el adulto se denomina “astenia”, y por ello el cansancio persistente en las personas de la tercera edad se le llama “geriastenia” (manifestación neurocerebral ligada al hecho de vivir una edad en la cual no se recuperan energías bajo la acción del reposo con la misma facilidad que en otras etapas vitales).”

La hiponatremia, es una disminución de sodio en sangre, una complicación relativamente frecuente en los adultos mayores, y puede ser tan leve que se manifieste con sueño y cansancio excesivo, o tan grave, que puede ocasionar la muerte.

La pérdida del mecanismo de la sed, aunado a que algunas personas mayores tienen enfermedades que requieren la ingesta de diuréticos (medicamentos que hacen orinar), contribuyen a que un buen número de personas de la tercera edad desarrollen esta complicación.

Es frecuente que en el cuidado de los adultos mayores, no se tiene atención estricta en cuanto a la cantidad de agua que toman, de ahí que caigan fácilmente en hiponatremia.

“El sodio es uno de los electrolitos fundamentales para el funcionamiento de diferentes órganos y sistemas, de ahí que su disminución se traduzca en manifestaciones como las ya referidas de cansancio y deseo excesivo de dormir.”

Los cambios en músculos, articulaciones y huesos afectan la postura y la marcha (patrón de caminar), estos son comunes con el envejecimiento de las personas, y llevan a la debilidad y lentitud en los movimientos. Los cambios en la marcha, la inestabilidad y la pérdida del equilibrio pueden conducir a caídas.

En las personas de la tercera edad, el movimiento es lento y puede volverse limitado. El patrón de la marcha (caminar) se vuelve más lento y más corto. La marcha se puede volver inestable y hay poco movimiento de brazos. Las personas mayores se cansan más fácilmente y tienen menos energía.

La fuerza y la resistencia cambian, la pérdida de masa muscular reduce la fuerza en este sector de la población. Las personas de avanzada edad que son inactivas pueden presentar debilidad o sensaciones anormales (parestesias).

“La debilidad muscular contribuye a la fatiga, debilitamiento y disminución de la tolerancia a la actividad.”

“Se estima que en La Ciudad de México viven más de 1 millón de personas mayores de 60 años.”

Recordemos y nunca olvidemos, que una sociedad se puede juzgar dependiendo del trato que les da a las personas mayores.

Las mujeres embarazadas son otro grupo de la sociedad que se beneficiaría con la presente propuesta, ya que la sensación de cansancio suele acompañar a las mujeres embarazadas a lo largo del primer y último trimestre de gestación.

Al comienzo y al final de la gestación es normal que la mujer se sienta más cansada de lo habitual.

El cuerpo que lleva un embarazo, trabaja de manera más intensa cuando está en reposo que cuando está haciendo algún ejercicio sin estar embarazada. Si bien no se puede evitar que la mujer se sienta cansada en el embarazo, para reducir esta molestia, lo mejor es descansar todo lo posible y procurar “no pasar mucho tiempo de pie”.

El cansancio es algo normal en el embarazo, de modo que no se debe combatir, lo que se necesita es más descanso, ya que de ello depende la salud del bebe.

“En la Ciudad de México se registraron 135 mil 962 nacimientos durante el año 2013.”

Esperamos que también la salud de las personas que visitan el Centro Histórico de la Ciudad de México, este dentro de las prioridades de las autoridades correspondientes.

Algunos datos que reflejan la realidad que tiene que ver con esta propuesta son los siguientes:

Según un informe del Consejo Nacional de Población (Conapo), en México hay 10.5 millones de personas  mayores de 60 años, lo que representa a 9 de cada 100 mexicanos.

“Para el año 2030, en México habrá más adultos mayores que jóvenes menores de 15 años y para el año 2050, tres de cada 10 personas tendrán más de 60 años.”

“De las 17 mil adolescentes embarazadas que fueron atendidas en la Ciudad de México, durante el año 2014, alrededor de 3 mil eran menores de 15 años.”

Proponer acciones legislativas a favor de grupos vulnerables originara un bien generacional, ya que las personas que hoy no lo necesitan, el día de mañana lo requerirán.

Legislar con una visión de futuro, es lo que caracteriza a los gobiernos exitosos, y preocuparse de las necesidades cotidianas de las personas comunes, es lo que le da legitimidad y autoridad a un gobierno en cualquiera de sus tres órdenes.

Lo que se propone en este punto de acuerdo sería la instalación de un espacio digno de descanso para la población en general, y de grupos vulnerables en particular.

Cualquiera que transite por el Centro Histórico de la Ciudad de México se dará cuenta que existen infinidad de personas sentadas en las banquetas, en jardineras y en escalones de edificios públicos; lo anterior por que no existen bancas públicas para tomar un descanso.

Hoy día tanto mexicanos como extranjeros se sientan en el último escalón de una tienda (prácticamente en el suelo), por que no existen bancas públicas disponibles para descansar. Consideramos que esto no ayuda al fortalecimiento del sector turismo, ya que la promoción del turismo también es imagen.

“Lo anterior cobra peso, y debería de preocupar y ocupar a las autoridades competentes, si consideramos que en una lista de 52 metrópolis, países y centros vacacionales de todo el mundo, el diario “The New York Times” selecciono a la Ciudad de México como el destino turístico número uno para viajar este 2016.”

De igual manera, algo tan sencillo e intrascendente para algunos, como una banca pública, puede convertirse en una imagen de identidad para una ciudad, solo es necesario pensar las cosas de manera seria y vanguardista, de manera diferente.

“Un ejemplo de ello son las cabinas telefónicas rojas o kioskos, como se les llama, que son desde 1924, uno de los iconos culturales más destacados de Londres, Inglaterra).”

Es verdad que existe un corredor con sillas y mesas plegables en la Avenida 20 de Noviembre; como parte de un programa piloto “mi calle” de la Autoridad del Espacio Público (AEP) órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, pero una persona de la tercera edad o una mujer embarazada que realiza sus actividades en la calle 5 de mayo, tiene que atravesar la Plaza de la Constitución (la tercer plaza más grande del mundo, después de la Plaza Roja de Moscú y la de Tiananmén en Pekín) hasta la Avenida mencionada para descansar, y ello si hay sillas disponibles.

La creación de islas peatonales y zonas de descanso (aun en proyecto) en el Centro Histórico, para la movilidad cómoda de las personas es una acción positiva, pero por las dimensiones de la colonia que nos ocupa, consideramos que es insuficiente.

A diferencia del programa referido, el cual redistribuye el espacio público entre peatones, transporte público y privado, así como ciclistas; nuestra propuesta no implica redistribución, sino instalar bancas públicas en las banquetas, dejando a la autoridad competente su disposición y orientación, es decir su colocación profesional.

La Autoridad del Espacio Público en la Ciudad de México menciono: “Se trata de crear un vínculo entre la ciudad y sus habitantes al abrir las calles a la gente y redistribuir el espacio público para la circulación ordenada de peatones, ciclistas y automóviles, con lo que se fomenta una conexión entre las personas y la Ciudad de México, su entorno e historia”; a ello cabría preguntar a esta Autoridad ¿Se proporciona un mobiliario urbano para el descanso de los peatones a los que se dice dar prioridad?.

La misma Autoridad ha mencionado que: “El Gobierno de la Ciudad de México. A través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y la Autoridad del Espacio Público en la Ciudad de México, refrendan su compromiso de mejorar el espacio público y fomentar una sana convivencia entre las personas para construir la Capital Sustentable que todos merecemos”

La Autoridad para el Espacio Público gana espacio para el peatón, es verdad,  pero éste no puede sentarse a descansar si se cansa en un lugar digno, como parte del mobiliario urbano, por una razón: simplemente no existe.

Un solo ejemplo basta para sustentar esta propuesta; si uno realiza un recorrido por la calle de Francisco I. Madero (peatonal desde el año 2010 y con una longitud de alrededor de un kilómetro lineal), del Eje Central Lázaro Cárdenas hasta la Plancha del Zócalo, no encontrara una sola banca para sentarse de manera digna; las personas están sentadas en los escalones de las tiendas o prácticamente en el suelo, si es que no tienen dinero o no están dispuestos a consumir algo para poder sentarse.

“Es una total incongruencia de diseño urbano que el Corredor Peatonal Madero, no tenga bancas públicas dignas para sentarse, cuando registra un flujo peatonal en promedio de 250 mil transeúntes diarios, número que en fin de semana se incrementa hasta los 2 millones de personas, de acuerdo a datos de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y la intersección de este Corredor con el Eje Central Lázaro Cárdenas la cruzan más de 100 personas por minuto en promedio.”

“300 mil personas cruzan a diario o hasta un millón en días feriados o de puente, el paso peatonal de Eje Central y Francisco I. Madero, considerado el más transitado de América Latina.”

Las bancas públicas, como mobiliario urbano, en general son necesarias para la comodidad de la vida cotidiana, y son útiles para todos. Una ciudad se mueve, pero también necesita descansar por un momento.

Desterremos la lógica del mercado dentro del espacio público, y apostemos por la convivencia de las personas.

La banca pública es permanente, es un espacio de cita, un punto de encuentro, un lugar de pausa, es un objeto que promueve las relaciones sociales.

El desarrollo urbano debe de concebirse tomando en cuenta las necesidades de todas las personas, y todas, absolutamente todas las personas necesitan en un momento del día sentarse a descansar, y lo deseable es hacerlo de manera digna, ¿esto es pedir demasiado?.

Las bancas públicas deben de invitar al peatón a sentarse, a descansar, a permanecer en la demarcación, fortalecer el sentido de pertenencia de las personas a un lugar, y no solo verlas como población consumista de tránsito o flotante.

La existencia de bancas públicas en el Centro Histórico de la Ciudad de México es pensar en las personas, es crear sociedad. De qué sirve establecer o recuperar espacios públicos, si las personas no pueden sentarse a disfrutarlos.

Sin embargo, para que el espacio de descanso funcione con este fin, tiene que ser principalmente cómodo (tomando en cuenta la ergonomía y la proxémica), estético, seguro, limpio y sustentable, no es solo colocar un bloque de concreto sin el más mínimo diseño e incómodo.

Un aspecto importante a tomar en cuenta es el diseño y el material para la construcción de dichas bancas públicas, el cual debe ser el más apto, tomando en cuenta las condiciones ambientales a las que se encontraran expuestas,  así como también debe existir uniformidad y armonía con el entorno en su apariencia.

Lo anterior para evitar que con el transcurso del tiempo se deterioren en sobremanera (oxidadas o dañadas) y no puedan ser utilizadas para un fin distinto para el que fueron instaladas.

Queremos también dejar claro que no toda la responsabilidad es del Gobierno, esto sería injusto, es tiempo que las personas asimismo colaboremos con nuestras acciones a fin de procurarnos un espacio público digno, realidad que solo se concretara si cada uno hace lo que le corresponde y cuida la infraestructura que se nos proporciona como si fuera de nuestra propiedad.

La instalación de una banca pública es financiada con impuestos, es decir, con el esfuerzo de todos y es utilizada en beneficio común.

Existe la idea de que lo que no te cuesta, no se cuida; cambiemos de mentalidad y cuidemos el espacio público y el mobiliario urbano, y demostremos que si bien la ciudadanía exige al gobierno, esta también agradece y cuida lo que este le proporciona.

Si el Centro Histórico está constituido por 668 manzanas, como se ha mencionado en párrafos precedentes, y si se instalaran 2 bancas públicas por calle estaríamos refiriéndonos a 8 bancas públicas por manzana, sumando un total de 5344 bancas públicas, que darían un momento de descanso al millón de personas (tanto nacionales como extranjeros) que visitan diariamente el Centro Histórico, y a los dos millones de personas que lo visitan a diario durante el mes de diciembre.  Es decir, cada banca se destinaria para 187 personas.

Somos conscientes que la primera preocupación que se consideraría, es que estas bancas públicas se convirtieran en espacios ocupados por personas que viven en la calle, pero para ello existe la fuerza policiaca, y por otro lado este mobiliario urbano solo necesita ser diseñado con un tercer brazo en medio de la banca, lo que impide que una persona pueda recostarse.

La instalación de las bancas públicas se puede realizar de manera gradual, de la Plaza de la Constitución hacia la periferia del Centro Histórico, a fin de identificar los problemas que representen y la aceptación o no de las personas al referido mobiliario urbano.

Como se mencionó en párrafos precedentes, esta propuesta entra dentro del ámbito de la movilidad y del desarrollo urbano sustentable, considerando que es sumamente relevante para la imagen de la ciudad y de sus espacios públicos.

Una banca pública cambia la dinámica de las urbes, ya que sustituye al consumidor por el conciudadano, y al flujo de personas por la convivencia entre personas, ya que se comparte el descanso al transitar por la ciudad.

El acto más democrático y social que existe es el de compartir un lugar para sentarse en un espacio público, ninguna persona de bien le niega a otra persona el compartir un espacio para descansar, esto es parte de un comportamiento cívico.

Una banca pública no es solo un mobiliario urbano, es un elemento que crea y fortalece vínculos sociales entre desconocidos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

¿Para qué sirve una banca pública que invite a sentarse?: para que la gente se detenga, reflexione, tome decisiones trascendentales después de meditarlas un momento, lea, se conozca, se acerque, converse, conviva, inicie relaciones, se reúna; es decir para hacer sociedad, para fortalecer la cohesión social.

Como observamos, el asunto que abordamos no es menor, no es una ocurrencia, es un problema serio de movilidad y de desarrollo urbano sustentable de orden local que debe atenderse para hacer del Centro Histórico de la Ciudad de México un referente mundial de espacio público no solo “de los visitantes”, sino “para la comodidad de las personas”.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único: Por el que se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Jefe Delegacional de la Delegación Cuauhtémoc, a fin de instalar paulatinamente bancas públicas para el descanso de los peatones en las calles del Centro Histórico.

Notas:

1 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/default.aspx? tema=me&e=09

2 https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico

3 http://www.ciudadmexico.com.mx/mapas/mapa_centro_historico. htm

4 https://es.wikipedia.org/wiki/ Centro_Hist%C3%B3rico_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico

5 http://www.medicosecuador.com/espanol/articulos/cansancio_persistente_geriasten ia.htm

6 http://www.medicosecuador.com/espanol/articulos/cansancio_persistente_geriasten ia.htm

7 https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/004015. htm

8 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default. aspx?c=27302&s=est

9 http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/media/historico_1909 2013/Paginas/nacimientos_registrados.pdf

10 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default. aspx?c=27302&s=est

11 http://www.milenio.com/df/ponen_sillas_20_noviembrecolocan_sillas_peatones_20_n oviembre_0_428357397.html

12 http://www.milenio.com/tendencias/ciudad_de_mexico_turismo-destinos_turisticos lista_destinos_the_new_york_times_0_660534108. html

13 https://conocerlondres.wordpress.com/2014/06/10/londres-y-sus-famosas-cabinas-r ojas/

14 http://www.milenio.com/df/ponen_sillas_20_noviembrecolocan_ sillas_peatones_20_noviembre_0_428357397.html

15 http://www.milenio.com/df/ponen_sillas_20_noviembrecolocan_ sillas_peatones_20_noviembre_0_428357397.html

16 http://www.jornada.unam.mx/2015/12/30/capital/032n1cap

17 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/06/18/1030106

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputado Jonadab Martínez García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

DIFUNDA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS ACCIONES QUE SE IMPLEMENTARON EN LOS ONCE MUNICIPIOS EN DONDE SE DECRETÓ LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a difundir la información relativa a las acciones implantadas en los once municipios donde se decretó la alerta de violencia de género y los resultados obtenidos, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

Concepción Villa González, diputadointegrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1o., 3o. fracción XIX, 6o., numeral 1, fracciones I, II y IV, 36 y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente propuesta con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los cuales nuestro país sea parte; además, se prohíbe toda forma de discriminación, incluida la de género; y, muy importante, se establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos.

De su lado, en el artículo 4o. de nuestro máximo ordenamiento jurídico se reconoce la igualdad ante la ley de hombres y mujeres.

De lo anterior se colige que el pacto fundamental tiende a lograr la materialización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres: igualdad ante la ley, no a la discriminación de género e igualdad de oportunidades, tanto en el ámbito público como en el privado.

Segunda. De acuerdo con los datos más recientes, tan solo en el año 2011 el 42% de las mujeres mexicanas sufrió algún tipo de violencia. De esta violencia, resulta sumamente preocupante que la mayor parte se ejerció en el contexto doméstico o familiar, y, peor aún, la violencia que mostró un mayor grado de crecimiento fue la violencia letal,  es decir los homicidios violentos de mujeres (por el hecho de ser mujeres).

De acuerdo con diversos estudios, los patrones de muertes violentas de mujeres no se corresponden con los patrones de violencia que marcan los homicidios para varones; para éstos, los contextos de violencia se relacionan con la mezcla de conductores de vehículos de motor e ingesta de alcohol en exceso, así como en contextos de la llamada guerra contra el narcotráfico y a condiciones de alta inequidad social. Es muy probable que la violencia esté asociada a patrones de discriminación basados en el género; así lo propone Roberto Castro:  existen claros indicios de que la violencia contra las mujeres responde a factores asociados al patriarcado y a la desigualdad de género.

Tercera. En el ámbito nacional, de acuerdo con Ana Pecova,  sin considerar la cifra negra previsible (que se estima mucho más alta), en el país se presentan 150,000 denuncias aproximadamente, en forma anual, por actos de violencia de género; de las cuales aproximadamente sólo 16,500 fueron recogidas en una averiguación previa (actualmente carpeta de investigación), y de éstas “ solo 2.4% terminaron con una sentencia condenatoria”.

En este tenor, y para efectos de este punto de acuerdo, conforme con las cifras dadas a conocer públicamente por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, tan sólo de 2011 a 2013 se registraron 840 asesinatos de mujeres en el Estado de México, “de los cuales sólo 145 fueron investigados como feminicidios; y, entre 2011 y 2012 la procuraduría local informó que desaparecieron 1,258 mujeres, de las cuales más de 53% tenía entre 10 y 17 años de edad”, o sea niñas y mujeres jóvenes.

Cuarta. Dada la creciente, sistemática y generalizada violencia de género en el Estado de México, el 28 de julio de 2015 se emitió la primera Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en nuestro país, aunque –lamentable y erróneamente— sólo se circunscribió a 11 municipios de la Entidad.

La declaratoria de Alerta de Violencia de Género tiene como objetivo detener y erradicar la espiral de violencia, a través de acciones gubernamentales precisas para detener y erradicar la violencia en un contexto de urgencia social y en espacio territorial determinado.

Quinta. Toda política pública exige -por definición- ser revisada, analizada, evaluada, para conocer y medir su utilidad social, su efectividad, de cara a la sociedad. Este proceso sólo puede llevarse a cabo si se dispone de información precisa, clara, transparente, oportuna, completa.

Ha transcurrido poco más de un año de la emisión de la Alerta de Violencia de Género en el Estado de México, y, lamentable y ominosamente los homicidios violentos en su contra continúan, sin que a la fecha se conozca de manera cierta cuál ha sido la eficacia de la alerta declarada, su alcance, su pertinencia.

Ante el déficit de protección de los derechos humanos de las mujeres en el Estado de México, existen amplios sectores de la población que exigen, con justicia, conocer con precisión qué se ha hecho para prevenir, atender, sancionar, detener y erradicar la violencia contra las mujeres, dónde, cuándo y cómo se han aplicado los recursos destinados a combatir y erradicar la violencia; qué autoridades y sectores de la sociedad civil se han involucrado con decisión para detener y erradicar la violencia feminicida, entre otros aspectos importantes.

Por lo anterior, dada la alarmante y creciente cifra de muertes violentas de mujeres en el Estado de México, es necesario, urgente, saber al menos lo siguiente:

1. ¿Cuáles son las medidas y acciones gubernamentales de emergencia, precisas y puntuales, que se han adoptado por el gobierno del Estado de México, para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres, en cada uno de los once municipios que comprehende la alerta de violencia de género precisada; indicando la autoridad específica responsable de cada acción?

2. ¿A cuánto ascienden los recursos presupuestales que ese gobierno ha recibido del gobierno federal, en relación directa con la alerta de género precisada (indicando la dependencia específica de los mismos)?; ¿A cuánto ascienden los recursos presupuestales que el gobierno del Estado de México ha destinado en relación directa con la alerta de género precisada; y, a cuánto asciende y cómo han sido distribuidos, entregados o aplicados en cada uno de los once municipios que comprehende la alerta de violencia de género referida?

3. ¿Cuáles son las acciones o medidas específicas que han sido adoptadas por ese gobierno local para “ resarcir el daño a las víctimas” de la violencia de género y a cuántas víctimas se les ha cubierto ese daño, conforme a los parámetros internacionales de los derechos humanos?; indicando la autoridad específica responsable de cada acción.

4. ¿En cuanto a los mensajes de alerta, cuáles, cuántos, dónde y cuándo se han realizado los actos públicos en cada uno de los once municipios que comprehende la alerta de violencia de género referida, para que las mujeres sepan que existe una alerta de violencia de género; indicando cuáles son las zonas específicas en situación de riesgo que su gobierno definió, y cuáles de éstas han sido atendidas y cómo?

5. ¿En relación con el combate al feminicidio, cuántos grupos especializados en investigación se han creado y operan a partir de la emisión de la alerta de violencia de género mencionada, dónde se ubican administrativa y físicamente?; y, ¿cuándo se crearon, dónde se ubican y quiénes integran la unidad de análisis para identificar posibles víctimas y zonas de riesgo donde debe reforzarse la seguridad en cada uno de los once municipios que comprehende la alerta de violencia de género?

6. ¿En cuanto a las desapariciones de mujeres y niñas, cuál es el número que tiene registrado el Gobierno del Estado de México, y cuáles son los municipios donde sucedieron dichos crímenes?; ¿cuáles son los procedimientos y acciones inmediatas que se han realizado para su búsqueda, y cuáles han sido los resultados específicos hasta el momento?; y, ¿cuáles son las zonas que con ese motivo se han intervenido con elementos de investigación, autoridades ministeriales, peritos en inteligencia criminal u otros servidores públicos?

7. ¿Con cuáles autoridades municipales se han realizado tareas de coordinación para prevenir, investigar y castigar la violencia de género; y en qué han consistido dichas tareas, desde cuándo se iniciaron, cuáles son sus avances y cuáles siguen vigentes?

8. ¿En cuanto a las tareas de prevención, cuáles son las tareas específicas y puntuales que han realizado en forma conjunta las policías estatal y municipales, para informar a los ciudadanos respecto de las zonas de riesgo y modus operandi de quienes ejercen la violencia de género; en relación directa con esa violencia, cuáles corporaciones municipales han depurado a sus elementos, indicando cuántos elementos han sido depurados y cuáles son las acciones legales en contra de los mismos, por cada uno de los municipios donde se decretó la alerta de violencia de género?

9. ¿En relación con las acciones de seguimiento, cuántos informes se han rendido sobre cómo se aplican los mecanismos de alerta de género, a quién se han rendido y en qué han consistido de forma puntual y precisa; y cómo puede la ciudadanía acceder a dichos informes, indicando los requisitos que se deben cubrir para acceder a su contenido íntegro?

10. ¿Cuántos y qué casos de feminicidios y otro tipo de violencia (desglosados por tipo de violencia) se encuentran en etapa de investigación ante las autoridades ministeriales, cuántos se encuentran en proceso ante un juez penal, familiar o civil?; ¿en cuántos casos se han obtenido sentencias definitivas?, y, de éstas, ¿cuántas han sido condenatorias; cuántos casos han sido sobreseídos ministerialmente y ante un juez, y por qué?, ¿cuántos casos han sido declarados o remitidos como improcedentes, en reserva temporal o definitiva o archivo, y por qué?

11. En relación directa con la alerta de violencia de género precisada, ¿Cuál ha sido el monto preciso y puntual de recursos (cantidades de dinero, muebles y otros recursos) que se han destinado de parte del Gobierno del Estado de México a cada una de las once autoridades municipales; indicando cuándo se hizo entrega de dichos recursos y cuáles han sido las acciones precisas y puntuales de su gobierno para la aplicación, seguimiento y evaluación de dichos recursos?

12. En relación directa con la alerta de violencia de género precisada, ¿Cuántos servidores públicos –adscritos a los gobiernos federal, estatal o municipales— han sido sometidos a procedimientos de responsabilidad administrativa, civil o penal, por negligencia, por incumplir o no desempeñar satisfactoriamente su encargo con perspectiva de género; indicando el estado procesal que guardan dichos procedimientos o procesos?

Por lo anterior, someto a la consideración del honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de México, doctor Eruviel Ávila Villegas, a hacer pública la información relacionada con las acciones que se implementaron en los once municipios en donde se decretó la alerta de violencia de género y los resultados obtenidos.

Notas:

1 ONU Mujeres (2016). La CEDAW, Convención sobre los Derechos de las Mujeres. ONU Mujeres 2016, México. pág. 10.

2 Roberto Castro (2015). “ Lo que sabemos y lo que ignoramos”, enViolencias Invisibles.  Revista Nexos. México, Junio 2016, 20-23 págs.

3 En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se define la violencia feminicida: “Artículo 21. Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

4 Roberto Castro (2015), Ob. Cit, págs. 20-23.

5 Ana Pecova (2015). “ Derechos de Papel”, enViolencias Invisibles. Revista Nexos. México, Junio 2016, 29-31 págs.

6 http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/, visible en la internet, el 29 de agosto de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputada Concepción Villa González (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

DISCUTIR Y, EN SU CASO, APROBAR EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PENSIÓN UNIVERSAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la colegisladora a discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Pensión Universal; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, y Federal del Trabajo, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, someto a consideración del Pleno el siguiente Punto de Acuerdo que tiene por objeto solicitar respetuosamente a la Mesa Directiva del Senado de la República someta a discusión y votación el dictamen de Decreto  que expide la Ley de Pensión Universal; y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley del seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior en base a las siguientes

Consideraciones:

I. México enfrenta una importante crisis del sistema de seguridad social, principalmente porque muchos mexicanos están fuera del beneficio de recibir un ingreso mínimo para subsistir, ya sea por pensión o por salario.

II. Que en el informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo enero-marzo de 2015, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), se desprende que el número de personas mayores de 65 años aumentarán del 9 por ciento, en 2010, al 25 por ciento en el 2050, por lo que urge cambiar esquemas de seguridad social para evitar un problema social y económico mayor.

III. Que de acuerdo a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de América Latina, los mexicanos tienen los salarios mínimos más bajos y que más de la mitad de la fuerza laboral trabaja en el mercado informal sin seguridad social y sin cotizar. En México, de forma similar a lo que sucede en el grupo de los llamados BRIICS (Brasil, Rusia, India, Indonesia, China y Sudáfrica), la cobertura y la generosidad de la protección social (excluyendo educación) son muy limitadas. El gasto social público de México fue de 8.2% en 2009, el más bajo de la OCDE, y correspondió sólo a cerca de una tercera parte del promedio de la OCDE (véase la gráfica 2.6). El gasto de México en programas sociales (como porcentaje del PIB) también es considerablemente menor que el de países emergentes como Brasil y la Federación Rusa. Sin embargo, esta comparación estática sólo muestra un aspecto de la situación; como se ha subrayado anteriormente, durante los últimos años, México ha dedicado enormes esfuerzos a la lucha contra la pobreza: a mediados de la década de 1990, el gasto social como porcentaje del PIB era de sólo 4.3% contra un promedio de 19.5% en la OCDE.

IV. Que resultados de diferentes estudios tanto del sector académico como público, se concluye que el sistema actual no garantiza las pensiones de los mexicanos, es indispensable y urgente implementar mecanismos que mejoren las condiciones de los adultos mayores y de los desempleados.

V. Para la OCDE ampliar las oportunidades de empleo para los jóvenes y los grupos desfavorecidos en México requiere no sólo medidas para aumentar el nivel de educación y preparación, sino también para facilitar la transición de la escuela al mercado laboral; así como iniciativas que fortalezcan el desarrollo local en aquellas zonas donde la pobreza es la más elevada. Por otro lado, la pobreza es particularmente grave entre los ancianos. Cerca de 30% de los mexicanos de más de 65 años están expuestos a ella. La pobreza total entre la población de mayor edad es 1.5 veces superior a la de la población en su conjunto. El problema refleja el hecho de que el sistema de pensiones mexicano otorga beneficios a los grupos de mayores ingresos tanto en el sector público como en el sector privado formal, mientras que deja desprotegidos a los trabajadores vulnerables, generalmente del sector informal. La falta de un ingreso seguro durante la vejez implica que muchos tienen que trabajar incluso a una edad muy avanzada, fenómeno frecuente sobre todo en el campo. Según proyecciones recientes del Consejo Nacional de Población (CONAPO), los habitantes de 65 años en adelante aumentarán más del doble en los próximos 20 años: de 7 millones en 2010 a unos 16 millones en 2030. Con una población que envejece a un ritmo tan acelerado, existe el grave riesgo de que la proporción de ancianos pobres aumente aún más.

VI. Actualmente en el gobierno federal como en algunas entidades de la república, se ejecutan programas de apoyo a los adultos mayores y a los desempleados, sin embargo, la seguridad de la permanencia de ese derecho y la posibilidad de acceso general para todos los mexicanos, estará hasta que se plasme en el derecho positivo.

VII. Que con fecha ocho de septiembre de de dos mil trece, el Poder Ejecutivo Federal, en ejercicio de su facultad conferida en el artículo 71, fracción I, de la Carta Magna, presentó al pleno de esta Soberanía el paquete de iniciativas que conforma la Reforma Hacendaria y Social, entre las que se encuentra la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley de la Pensión Universal y la Ley del Seguro de Desempleo, así como se reforman, derogan y adicionan diversas leyes para establecer mecanismos de seguridad social universal.

VIII. Que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social presentaron el proyecto de dictamen de la iniciativa a que hace referencia el punto que antecede al Pleno de la Cámara de Diputados, mismo que fue aprobado y publicado en la Gaceta Parlamentaria número 3981-II de fecha trece de marzo de dos mil catorce.

IX. Que el proyecto de decreto que ahora nos ocupa tiene como finalidad garantizar una vejez digna a las personas adultas mayores, así como el establecimiento de un seguro de desempleo.

X. Que se prevé que los mexicanos mayores de 65 años que no reciban ingresos por pensión o jubilación sean beneficiaros de una pensión mínima.

XI. Que de igual forma, se contempla se apoye temporalmente a quienes en edad laboral sean desempleados.

XII. Asimismo se pretende fortalecer los sistemas de pensiones y ahorro para el retiro.

XIII. Que la minuta de la Cámara de Diputados respectiva, fue recibida en el Senado hace más de dos años, sin que a la fecha se haya dictaminado o expedido algún pronunciamiento de la colegisladora que justifique que se mantenga suspendido su proceso legislativo.

XIV. En comparación con la mayoría de los países de la OCDE, la cobertura de los programas contributivos de seguridad social en México es relativamente baja, como en todas las economías emergentes (OECD, 2011a y c). Sólo una tercera parte de la fuerza laboral en México hace aportaciones a un plan de pensión y a un seguro de salud o a ambos, aproximadamente el mismo nivel que en China, pero menos que en Sudáfrica y Brasil, donde la mitad y dos terceras partes de la fuerza laboral hacen aportaciones a dichos esquemas (esta proporción es sólo una décima parte en la India e Indonesia). Esta baja cobertura refleja en parte la alta incidencia de la informalidad y el trabajo por cuenta propia. México ha instituido un sistema de indemnización por despido (ID) para los trabajadores del sector formal que pierden su trabajo, pero no hay un seguro de desempleo (SD). De hecho, en diversas comparaciones internacionales, México destaca como un caso especial. En la mayoría de los países de la OCDE, el valor de los subsidios por desempleo disponibles para los trabajadores durante el primer año de desempleo supera al de la indemnización por despido. Más aún, la mayoría tiene sistemas universales de SD, mientras que muchos de ellos no tienen ningún programa obligatorio de ID. Tanto en Chile como en Turquía, que admiten una comparación más próxima con México, la ID para trabajadores desempleados durante un año excede al SD; pero también hay ejemplos de economías emergentes donde el balance entre el seguro de desempleo y la indemnización por despido es o bien equivalente (Federación Rusa) o bien se ha inclinado a favor de un seguro de desempleo (Sudáfrica). La reforma laboral recientemente aprobada debería complementarse con la creación de un esquema eficaz de seguro de desempleo (SD). Esto podría implementarse a través de un sistema de cuentas de ahorro individual combinado con un componente público para quienes pierdan su empleo y no tengan suficientes ahorros, como en Chile. Es evidente que cualquier evaluación que se haga sobre la instauración de un seguro de desempleo en México deberá incluir factores fiscales y financieros.

XV. Que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Decreto el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, en su artículo Décimo Cuarto Transitorio, ya contempla un “Fondo para el Sistema de Pensión Universal”, como destino que deba darse al Fideicomiso del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización. Obviamente establecido en este transitorio en tanto se apruebe las reformas que ahora se exhorta se dictaminen.

XVI. Que en tanto el estado no solucione el problema de desempleo y el sistema de pensiones, aprobar la pensión universal y la pensión por desempleo, es un compromiso del gobierno con los mexicanos, es responsabilidad de los legisladores aprobarla, es un derecho que le debemos a los ciudadanos, es de inminente necesidad y justicia para las personas.

XVII. Que es necesario que la Cámara Alta, discurra el dictamen enviado por la Cámara de Diputados, que ahora se hace referencia, y que de forma responsable, trabajen por evitar todo riesgo de disminución pérdida de los fondos de las cuentas individuales y fondos para el retiro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Mesa Directiva del Senado de la República someter a discusión y votación el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social presentaron el proyecto de dictamen de la iniciativa a que hace referencia el punto que antecede al Pleno de la Cámara de Diputados, mismo que fue aprobado y publicado en la Gaceta Parlamentaria número 3981-II de fecha trece de marzo de dos mil catorce, que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Pensión Universal; y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley del seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Pleno del Senado de la República, que al momento de la discusión y votación del proyecto de dictamen a que se refiere punto anterior, de forma responsable, trabajen por evitar todo riesgo de disminución pérdida de los fondos de las cuentas individuales y fondos para el retiro.

Notas:

1 Getting It Right UNA AGENDA ESTRATÉGICA PARA LAS REFORMAS EN MÉXICO. OCDE (2012), OECD Publishing. http://www.oecd.org/centrodemexico/Getting%20It%20Right%20EBOOK.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2016.— Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica).»

Se turna a la Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social, para dictamen.

INTEGRACIÓN DE LA JUNTA INSTALADORA Y LAS LABORES A REALIZAR POR PARTE DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la integración de la Junta Instaladora y las labores que realizará la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II y el numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del Distrito Federal y al Partido de la Revolución Democrática que, en atención del estado de derecho y el principio de legalidad, respeten lo dispuesto en los artículos séptimo y noveno transitorios del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México; y, de tal manera, omitan intrusión alguna en la integración de la junta instaladora y, en general, en cualquier aspecto relacionado con la labor por realizar por parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Derivado de acuerdos cupulares del Pacto por México, el 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declararon reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular lo dispuesto en el artículo 122, relativo a la modificación de la naturaleza jurídica del hasta entonces conocido como “Distrito Federal”.

Con lo anterior se reconoció a la Ciudad de México como una entidad federativa con plena autonomía en lo relativo a su organización política, legislativa, jurisdiccional y administrativa, para lo cual, de acuerdo con el propio decreto, se deberá atender a lo dispuesto en la primera Constitución Política de la Ciudad de México, que dejará sin efectos el Estatuto de Gobierno, creado por el Senado de la República.

Para efectos de lo anterior, el artículo séptimo transitorio del decreto estableció que la Asamblea Constituyente se compone con 100 diputadas y diputados, de los que sólo 60 fueron electos por los habitantes de la ciudad, ya que los 40 restantes fueron designados discrecionalmente por el Congreso de la Unión y los titulares de los Poderes Ejecutivos federal y local, atendiendo únicamente intereses partidistas, por encima de la voluntad popular.

Pese a las irregularidades, la iniquidad, el uso faccioso de las atribuciones del Congreso de la Unión, en contubernio con el gobierno del Distrito Federal, Morena participó de manera democrática e institucional en la formación de la parte democrática de la Asamblea Constituyente, por lo que gracias a la confianza y al voto de la ciudadanía contará con una participación de 22 personas que sin duda representarán legítimamente a todos y cada uno de los sectores que componen una ciudad tan diversa como la capital del país.

En atención del proceso legal que guiará los trabajos de la Asamblea Constituyente, el propio artículo séptimo transitorio establece que ésta quedará instalada formalmente el próximo jueves, 15 de septiembre; y que para la conducción de la sesión constitutiva y para la aprobación del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente, se deberá formar una junta instaladora con las cinco diputadas o diputados constituyentes de mayor edad, de los que el mayor fungirá como presidente, dos como vicepresidentes y dos como secretarios, atendiendo a la edad de cada persona.

Para efectos de lo anterior, es muy importante resaltar que de las cinco personas que integrarán la citada Junta Instaladora, tres pertenecen a Morena. Se trata de los diputados constituyentes Bernardo Bátiz Vázquez, Carlos Payán y Velver y Javier Jiménez Espriú, quienes en uso de las facultades legalmente atribuidas y en su calidad de decanos, han convocado tanto a la integración de la junta como a la instalación de ésta, lo que, como era de esperarse, causó molestias al Senado de la República, al gobierno del Distrito Federal y al Partido de la Revolución Democrática en la ciudad.

Con relación a lo anterior, en días pasados, por medio de una misiva, el presidente del Partido de la Revolución Democrática en la ciudad comunicó al presidente de Morena en la ciudad, Martí Batres Guadarrama, sobre la celebración de una reunión que se llevaría a cabo entre los presidentes de los partidos a nivel local, con el consejero jurídico del gobierno de la ciudad y el secretario general de la Cámara de Senadores, a efecto de establecer los mecanismos de registro e instalación de la Asamblea Constituyente, a pesar de que la reforma constitucional no considera en lo absoluto su participación.

De nueva cuenta queda clara la intención de opacar la presencia política de Morena, el gobierno de la ciudad, con nuevos acuerdos cupulares, pretende usurpar de manera ilegal e ilegítima, las funciones que ellos mismos establecieron en el cuerpo constitucional, y que a pesar de no siempre ser justos, Morena ha acatado y respetado al pie de la letra por tratarse de disposiciones legales que regulan uno de los temas de mayor importancia para la ciudadanía a la que representamos.

Dada la intromisión ilegal, resulta necesario recordar al gobierno de la Ciudad de México y a las fuerzas políticas del Pacto por México, lo que estipula el artículo noveno transitorio del mismo decreto, donde se aprecia que la integración, organización y funcionamiento de la Asamblea Constituyente se regirá de manera exclusiva por lo dispuesto en el propio decreto y que ésta gozará de plena autonomía para el ejercicio de sus facultades, por lo que ninguna autoridad podrá intervenir ni interferir en su instalación y funcionamiento.

Vivimos en un país con graves problemas en materia de legalidad, principalmente generados por los abusos de poder, la negligencia y la corrupción del gobierno, es necesario exigir que el gobierno de la Ciudad de México y las asociaciones políticas que sin pretexto alguno, respeten el estado de derecho y el principio de legalidad, que se olviden de los acuerdos y las pretensiones políticas, que acaten lo dispuesto en la ley y permitan el correcto funcionamiento de la Asamblea Constituyente.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita al gobierno del Distrito Federal y al Partido de la Revolución Democrática que, en atención del estado de derecho y el principio de legalidad, respeten lo dispuesto en los artículos séptimo y noveno transitorios del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México; y, de tal manera, omitan intrusión alguna en la integración de la Junta Instaladora y, en general, en cualquier aspecto relacionado con la labor por realizar por parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica).»

Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE POLÍTICAS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la capacitación de los servidores públicos municipales en materia de políticas de desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los integrantes de los ayuntamientos a redoblar esfuerzos en buscar capacitación para los servidores públicos de los municipios en materia de políticas de desarrollo e inclusión de personas con discapacidad, con base en las siguientes

Consideraciones

A pesar de los esfuerzos institucionales que se han realizado en nuestro país para mejorar la atención a personas con discapacidad, en la mayoría de nuestros municipios siguen existiendo indicios de ausencia de acciones o  falta de herramientas técnicas suficientes, en la implementación de políticas orientadas a personas con discapacidad.

Este contexto, desde la instancia municipal se reproducen condiciones de inequidad social y una atención desigual a las necesidades de las personas con discapacidad, impactando en sus entornos y en ocasiones, ahondando los retos para el desarrollo social y económico de los municipios.

La situación descrita se refleja en las condiciones de los servicios, trámites, políticas y calidad de la atención que plantean las administraciones municipales a personas con discapacidad, así como en los bajos registros de organizaciones de la sociedad civil.

En consecuencia, el llamado a reforzar estos aspectos desde el ámbito municipal, además de ser una preocupación de los diputados y las diputadas ciudadanas, implica un esfuerzo adicional por fortalecer las acciones del Estado Mexicano para cumplir los compromisos de nuestro país, contraídos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Ello, fundamentalmente en el artículo 9 en el que se plantea identificar y eliminar los obstáculos y las barreras para que las personas con discapacidad accedan a su entorno, transportación, servicios públicos e información; el artículo 10 que plantea el compromiso de generar condiciones para que las personas con discapacidad tengan un pie de igualdad; el artículo 19 que señala la obligación de la inclusión en la comunidad, y el artículo 30 que plantea la promoción de mecanismos que les hagan accesible el contacto con la vida cultural generada en espacios como teatros, museos, programas culturales. En este último sentido, generando facilidades más amplias que algún tipo de descuento.

Como representantes de la nación, debemos promover este tipo de acciones en los tres niveles de gobierno, sin embargo debe considerarse que al ser el ámbito municipal el primer espacio de contacto entre sociedad y gobierno, resulta prioritario fortalecerlo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los integrantes de los ayuntamientos a redoblar esfuerzos en buscar capacitación para los servidores públicos de los municipios en materia de políticas de desarrollo e inclusión de personas con discapacidad.

Notas:

1 México firmó y ratificó esta convención en 2007. Información disponible en

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY &mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en

2 Mara mayor información se puede consultar el siguiente enlace: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-pe rsons-with-disabilities.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2016.— Diputada María Elena Orantes López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

MANTENER GARANTÍAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DERECHOS HUMANOS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE OXCHUC

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Chiapas a mantener garantías de seguridad pública y derechos humanos para la población de Oxchuc, así como a salvaguardar los derechos políticos y la integridad física de la presidenta municipal, su familia y sus colaboradores, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Chiapas a proporcionar el apoyo que se requiera para mantener garantías de seguridad pública en el Municipio de Oxchuc; protegiendo los derechos humanos de la población; salvaguardando los derechos políticos y la integridad física de la Presidenta Municipal María Gloria Sánchez Gómez, su equipo de trabajo y familiares, y realizando una labor de acompañamiento político y de seguridad pública permanente para garantizar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con base en las siguientes

Consideraciones

El 1 de septiembre de 2016, se dio a conocer el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mediante el cual se resolvió reincorporar a María Gloria Sánchez Gómez como Presidenta Municipal de Oxchuc, Chiapas; revocar varias sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y los decretos 161, 174 y 178 emitidos por el Congreso del estado de Chiapas; ordenar al Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, tomar la protesta de Alicia Santiz Gómez, Mercedes Gómez Sánchez, Sara Santiz López y Baldemar Morales Vázquez como titulares de cuatro regidurías, y se “vinculó a la Secretaría General del Gobierno del Estado y al Congreso del Estado de Chiapas para que, a través del diálogo y la concertación, de manera oportuna, adecuada y eficaz creen los cauces institucionales para sensibilizar a las partes en conflicto a efecto de” hacer cumplir la sentencia de la instancia judicial electoral federal.

La resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se genera en un marco de tensión social, propiciado por reiteradas acciones y omisiones de diversas instituciones del estado de Chiapas que han abonado a reproducir actos administrativos de violencia política contra la mujer. Esta situación de violencia, incluso después del fallo del tribunal federal, ha continuado a través de manifestaciones y amenazas en contra de Sánchez Gómez y las cuatro personas que han sido protegidas en sus derechos políticos por la justicia federal.

No obstante la tensión social y política que parece continuar, misma que se ha expresado en  amenazas y despliegues de violencia simbólica por parte de grupos de interés y de presión en el municipio, las instituciones de la República deben prevalecer.

En este sentido, la construcción de mejores condiciones de vida pública, libertades y democracia exigen que las diputadas y los diputados federales, conscientes de la representación nacional que nos ha sido conferida, fortalezcamos al Estado, haciendo lo que esté a nuestro alcance para que la ley se imponga sobre los intereses particulares. Sólo así, a través de la aplicación de la ley, podremos hacer que los usos y costumbres, congruentes con los derechos humanos, se sustituyan a la violencia y el autoritarismo que en ocasiones se enmascaran en una falsa perspectiva de tradición.

En consecuencia, la restitución María Gloria Sánchez Gómez como Presidenta Municipal de Oxchuc, Chiapas, es un hecho que coloca de manera clara, a la legalidad por encima de la violencia política contra las mujeres. Asimismo, nos reitera la necesidad imperante de actuar bajo la premisa de la paz y reconciliación.

El instrumento legal, ratifica los derechos de la munícipe y deja la tarea de tomar acciones encaminadas a crear y conservar las condiciones necesarias que garanticen la restitución efectiva de la Presidenta Municipal de Oxchuc, Chiapas y para que las y los involucrados puedan ser protegidos.

La lección debe aprenderse, “Los Estados tienen obligaciones concretas y claras de abordar la cuestión de la violencia contra la mujer, ya sea que la ejerzan agentes del Estado como otros agentes. Los Estados tienen que responder ante las propias mujeres, ante todos sus ciudadanos y la comunidad internacional. Los Estados tienen el deber de prevenir actos de violencia contra la mujer; investigarlos cuando ocurran y enjuiciar y castigar a los perpetradores; así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas.”

En consecuencia, todos los instrumentos de protección con que cuenta el Estado mexicano deben entrar en acción permanente para garantizar el cumplimiento eficaz de la sentencia y evitar que el machismo y el autoritarismo sigan erosionando la vida democrática del país.

Respetar nuestras instituciones y aplicar las leyes es vital, pues con el conflicto no sólo se afectaron los derechos políticos de María Gloria Sánchez Gómez de Oxchuc, también se lesionó el Estado de derecho. No obstante ello, sabemos que las herramientas legales son perfectibles y trabajaremos para detectar sus fallos para poder fortalecerlas, evitando que en el futuro se repitan situaciones de violencia política contra las mujeres y atropellos al sistema democrático.

Por ello, instó al Gobierno Federal, al Gobernador del Estado de Chiapas, al Secretario de Gobierno del Estado, al Procurador General de Justicia del Estado y al Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura estatal, así como a las instancias de los pueblos indígenas de Oxchuc, a que conformen las medidas y estrategias necesarias para garantizar los derechos políticos y la seguridad de María Gloria Sánchez Gómez, de su familia; de sus colaboradores y colaboradoras, y de las mujeres que lleguen a ocupar cargos. La única preocupación de estas debe ser servir y representar a los pueblos que las eligieron de manera libre y democrática.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Chiapas a proporcionar el apoyo que se requiera para mantener garantías de seguridad pública en el Municipio de Oxchuc; protegiendo las vidas y los derechos humanos de la población; salvaguardando los derechos políticos y la integridad física de la Presidenta Municipal María Gloria Sánchez Gómez, los integrantes del ayuntamiento y sus familias, y realizando una labor de acompañamiento político y en materia de seguridad pública para garantizar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Notas:

1 Boletín informativo 324/2016 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, disponible en http://portal.te.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/324/2016

2 Véase los siguientes enlaces: http://tiempoyforma.com/publicacion/miles-de-indigenas-de-oxchuc-marchan-y-rech azan-a-maria-gloria-sanchez/   ,   http://www.chiapasencontacto.com/marcha-y-mitin-de-rechazo-a-maria-gloria-sanch ez-en-oxchuc/   ,

http://esdiario.com.mx/marcha-y-mitin-de-rechazo-a-sanchez-en-oxchuc/

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/09/ 8/marchan-contra-regreso-de-maria-sanchez

http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2016/09/en-oxchuc-rechazan- a-maria-gloria-y-el-fallo-del-tepjf-que-ordena-su-restitucion-como-alcaldesa/

3 http://muralchiapas.com/noticias/local/8987-oxchuc-en-alerta-roja

4 Secretario General de Naciones Unidas, Poner fin a la violencia contra la mujer De las palabras a los hechos, Organización de las Naciones Unidas, disponible en  http://www.un.org/womenwatch/daw/public/VAW_Study/VAW-Spanish.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputada María Elena Orantes López (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

70 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN, SALVADOR ZUBIRÁN

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al 70 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Al inicio de este Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció  como uno de sus proyectos más ambiciosos que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crecería anualmente hasta alcanzar un nivel de 1% del PIB  en un plazo de tres años, desafortunadamente esto aún no se ha logrado.

Esto no quiere decir que en nuestro país no se realicen trabajos de investigación científica, miles de mexicanas y mexicanos día a día ponen su mayor empeño por descubrir nuevas formas de mejorar la producción de alimentos, innovar a través de tecnologías amigables con el medio ambiente que permitan elevar la calidad de vida y sobre todo, conocimientos que ayuden a mejorar la salud de los seres humanos. Reconocer el logro de científicos mexicanos es una tarea que nos compete a todos, como ciudadanos y sobre todo, como Diputadas y Diputados federales.

En este orden de ideas, quiero hacer mención que en el año 2013, “el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán recibió una certificación por la Asociación para la Acreditación de Programas de Protección de la Investigación Humana (AAHRPP, por sus siglas en inglés), al cumplir con los más altos estándares de calidad en materia de investigación clínica a nivel internacional y fortalecer la protección de los participantes en protocolos de investigación en México. Esto lo convierte en ser la primera institución en América Latina que recibe este importante certificado.”

“Con este reconocimiento se refrenda el liderazgo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, “Salvador Zubirán” en la materia, así como sus esfuerzos por consolidar la confianza en la investigación clínica en todo el país, al ser la institución un referente obligado en el país. Con la acreditación también es posible atraer mayores patrocinadores y socios para desarrollar programas de investigación, se confirma que el hospital cuenta con la infraestructura necesaria para desarrollar un programa de protección de investigación humana de calidad y se garantiza que la institución cuenta con prácticas innovadoras y una evaluación continua en la calidad de sus procesos.”

En México, el derecho a la salud es un derecho humano consagrado en el artículo 4 de nuestra Constitución, que de manera clara establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

En este sentido, es menester reconocer que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, (INCMNSZ), es uno de los Institutos Nacionales de la Secretaría de Salud de México que brinda atención médica de tercer nivel a adultos.

Recordemos que los hospitales que brindan atención de tercer nivel, “son las unidades médicas con mayor capacidad resolutiva del sistema de salud, el personal es especializado y los procedimientos realizados son de alta complejidad”.

El Dr. Fernando Gabilondo Navarro, Ex  Director General de la Institución, describió así su fundación, en la memoria conmemorativa de los 60 años del Instituto:

“El 12 de octubre de 1946 fue un día señalado en la historia de la medicina de México, pues desde muy temprano se abrieron las puertas del Hospital de Enfermedades de la Nutrición (HEN) para recibir a gran número de pacientes en una institución de vanguardia, concebida por uno de los genios visionarios de la ciencia médica moderna, el maestro Salvador Zubirán Anchondo.

Aquel recinto estaba ubicado en la calle de Doctor Jiménez en la colonia de los Doctores de la capital de la República, y gracias al compromiso y perseverancia de muchas generaciones que han hecho suyas las convicciones y anhelos del maestro, quien con su ejemplo y su palabra dio vida a la mística que hasta hoy, seis décadas después, sigue siendo el sello que imprime carácter a nuestro Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Se trata, en palabras de este líder que trabajó incansablemente por la salud de los mexicanos, de “esa devota dedicación, esa entrega de voluntades y afanes, ese amable coexistir que ha constituido una de las características más relevantes de nuestra casa en el transcurso de los años y ha dado esencia a lo que hemos llamado ‘la mística’ que procuramos mantener invariable”.

Como la historia de México  reconoce, “el INCMNSZ fue concebido desde sus orígenes como una instancia de respuesta especializada a las necesidades de salud de la población en materia de nutrición y medicina interna. Está orientado a promover asistencia médica de calidad, tanto en su dimensión científico-técnica como en la interpersonal, y tiene como eje primario la atención centrada en el paciente, en un marco de calidad, seguridad y excelencia.”

Sin embargo, fue en el año de 1978, cuando se ampliaron sus facultades y se empezaron a atender otras enfermedades que no precisamente están relacionadas con la mala nutrición; y en honor a su fundador, cambió su nombre a Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, nombre que sirvió como distintivo hasta junio de 2000, cuando se agregó el término de Ciencias Médicas, “para subrayar su carácter de centro de conocimiento y desarrollo de la medicina con un enfoque integral”.

Debemos destacar también que el INCMNSZ no solo está encargado de ofrecer servicios de salud de forma integral, cuenta con una importante producción de artículos de divulgación científica en las áreas de: Investigación Clínica, Investigación Experimental y Bioterio, Genética, Infectología, Inmunología y Reumatología, Nefrología y Metabolismo Mineral, y Biología de la Reproducción; Epidemiología Clínica, Biología Molecular y Medicina Genómica, de Bioquímica y de Investigación en Obesidad.

Siguiendo a Ponce de León-Rosales (2010), en el trienio 2007 al 2009 se publicaron 994 artículos científicos; en 2010, 127 miembros del personal pertenecían al Sistema Nacional de Investigadores y 28 tienen el nivel más alto (el 3), siendo esta cifra la mayor dentro del Sistema de Salud para una sola Institución. Como ejemplo de los éxitos en este campo, se puede mencionar que 8 de los 16 premios Nacionales de Ciencia, entregados por la Presidencia de la República como su máxima presea anual, fueron concedidos a médicos que son o fueron miembros de nuestro Instituto, sin olvidar mencionar que la primera se le entregó al maestro Salvador Zubirán en 1968 y la última al Dr. Guillermo Ruíz Palacios en 2007, lo que indica una labor de excelencia continua durante 30 años.

También debemos destacar la labor en materia de enseñanza, el Instituto, a través de su Dirección de enseñanza, “ofrece en la actualidad 22 residencias especialidad avaladas por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de otros 26 cursos de alta especialidad. En el año 2009 la Institución contaba con 379 residentes para diversas especializaciones y cursos. Una décima parte de ellos, a lo largo de los últimos años, proceden del extranjero. En parte, la vocación docente de la Institución queda plasmada con el hecho de que, de 2007 a 2009, se editaron 42 libros y se escribieron 563 capítulos de libros, nacionales e internacionales(Ponce de León-Rosales, 2010)”.

De acuerdo a la información disponible en el portal web del instituto, del año 2014 a la fecha, destacan los siguientes premios y logros:

•Premio Dr. Miguel Otero al Dr. Miguel Ángel Mercado (8 de Abril 2016)

•Reconocimiento Honoris Causa al doctor David Kershenobich (15 Agosto 2015)

•Inicio de la vigencia del nuevo etiquetado frontal para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados (30 de Junio 2015)

•Apertura Atención Institucional Continua y Urgencias (14 Junio 2015)

•Premio al Mérito Médico 2015 (23 de Octubre)

•Premio al Mérito Médico 2014 (24 de Octubre)

“Desde el punto de vista asistencial, anualmente se admiten 5,500 nuevos enfermos, se dispone de 229 camas para internación de pacientes en las que se atienden 6,400 casos hospitalizados además de una amplia consulta externa, que da servicio a 135,000 pacientes con 498,000 consultas anuales, de las que 29,500 corresponden a casos de urgencias. Se atienden pacientes con una gran gama de padecimientos y se dispone del equipo de laboratorio y gabinete más moderno como auxiliares diagnósticos.”

Podría seguir enlistando cada uno de las fortaleces que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán ofrece, como la limpieza impecable de todos los departamentos, la rapidez y amabilidad con la que se dirigen hacia los usuarios el personal administrativo y médico; en fin, un sin número de cualidades que hacen de esta Institución, un ejemplo a seguir.

En este año 2016, se celebra su Septuagésimo aniversario, por lo que la Institución ha puesto en marcha una serie de actividades científicas, médicas y culturales para conmemorar los años de servicio de excelencia en la atención integral de la salud de las y los mexicanos, de hecho, en las redes sociales se viene manejando una campaña intensiva con el hash-tag # incmnsz_70Aniversario ¿qué significa para ti?

Me he puesto a pensar que significa el INCMNSZ para un legislador o una legisladora, y desde mi perspectiva significa “vida”.

No basta hacer un pronunciamiento respecto a labor tan importante tanto de investigación como de atención integral a la salud que pueda reconocer el esfuerzo de todo el personal que labora en este Instituto.

Sin embargo, como representante de las mexicanas y los mexicanos, si podemos desdibujar los colores partidistas y agradecer públicamente, desde este recinto legislativo, los 70 años que “Nutrición” ha dedicado a la investigación científica y al cuidado de nuestra salud y de nuestros seres queridos, por ello, propongo ante esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados para que emita un Pronunciamiento para celebrar el 70 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Segundo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, a fin de que instruya a la Comisión de Ciencia y Tecnología a realizar un Homenaje al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, por su destacada labor en el campo de la investigación científica y  enseñanza en el ámbito de la medicina y cirugía interna, la nutrición y en el cuidado integral de la salud de las y los mexicanos en el marco de su 70 aniversario.

Notas:

1 PMFARMA,  El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” es pionero en América Latina, 23 de Noviembre de 2013, disponible en:

http://www.pmfarma.com.mx/noticias/8905-el-instituto-nacional-de-ciencias- medicas-y-nutricion-salvador-zubiran-es-pionero-en-america-latina.html

2 Ibdem.

3 Metodología, manual y guía para la evaluación de proyectos de hospitales de tercer nivel; disponible en:

http://www.gob.mx/shcp/documentos/metodologia-manual-y-guia-para-la- evaluacion-de-proyectos-de-hospitales-de-tercer-nivel

4 Ponce-de-León-Rosales S, et al. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Rev Invest Clin 2010; 62 (2): 97-99

5 INCMNSZ, Historia, disponible en:

http://www.innsz.mx/opencms/contenido/conoce/ (fecha de consulta:07/09/2016)

6 Cfr. Dirección de Investigación, INCMNSZ, disponible en: http://www.innsz.mx/opencms/contenido/investigacion/funciones.html

7 Op. Cit. 1

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— (Rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

INCREMENTA EL PESO BRUTO VEHICULAR MÁXIMO AUTORIZADO PARA LOS TRACTO CAMIONES

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SCT a eliminar de la NOM-012-SCT-2-2014 el numeral 6.1.2.2, que incrementa el peso bruto vehicular máximo autorizado para los tractocamiones doblemente articulados, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Jonadab Martínez García, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a eliminar de la NOM-012-SCT-2-2014, el numeral 6.1.2.2, que incrementa el peso bruto vehicular máximo autorizado para los tractocamiones doblemente articulados en sus distintas configuraciones vehiculares (T-S-R y T-S-S).

Exposición de Motivos

El Congreso tiene facultad para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal (artículo 73, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, otorga a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes la atribución de vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes.

El artículo 5 del Reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, establece lo siguiente:

Artículo 5o.- El peso, dimensiones y capacidad máximos de los vehículos, así como las configuraciones o combinaciones vehiculares, según el tipo de caminos y puentes por el que transiten, y la presión de inflado de las llantas, se ajustarán a las normas correspondientes expedidas de conformidad con lo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Las violaciones a este Reglamento y las normas oficiales mexicanas correspondientes, serán sancionadas conforme a lo establecido en la Ley y este Reglamento.

Al finalizar el siglo XX, el autotransporte se ha manifestado como el modo dominante en el movimiento terrestre de carga en gran parte del mundo industrializado. Este predominio del modo carretero en el reparto modal autotransporte-ferrocarril, observado en México, en los Estados Unidos y en la Unión Europea se ha reafirmado luego de los cambios macroeconómicos resultantes de los acuerdos de libre comercio que cubren extensas regiones, como son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por México, Canadá y los Estados Unidos en 1994; y el gran proyecto de la Unión Europea, que en 2004 incluyó a 25 países de ese continente.

Los efectos negativos que el tránsito de vehículos automotores trajo consigo: congestión, contaminación atmosférica y auditiva, accidentes, y daño a la infraestructura vial se han convertido en objeto de preocupación de los planificadores del transporte. De estos impactos, todos excepto el último, son comunes al tránsito de automóviles, autobuses y camiones de carga. El daño a la estructura del pavimento, sin embargo, se distingue de los demás impactos por tres características: 1) es generado exclusivamente por los vehículos de carga; 2) su magnitud se agrava muy rápidamente al aumentar los pesos en los ejes de los camiones; y 3) no se percibe tan obviamente como los otros impactos, que usualmente se aprecian por medio de los sentidos.

El peso bruto vehicular de los autotransportes de carga, mucho mayores en comparación con los pesos de otros vehículos automotores, y la aparente dependencia del daño al pavimento con los pesos en los ejes del vehículo como una función potencia de grado cuatro (la llamada “Ley de la 4ª potencia”, del deterioro de pavimentos asfálticos) explican la asociación del daño a la infraestructura vial con el flujo de camiones de carga.

La práctica de sobrecargar los tractocamiones doblemente articulados, fuera de toda consideración de conducta antisocial o delictiva, tiene cierta “racionalidad” desde el punto de vista económico, ya que aumenta la productividad del autotransporte al reducir el número de viajes requerido para transportar cargas y bajar el costo promedio por tonelada- kilómetro (t-k), puesto que los costos de la operación se prorratean entre un mayor número de toneladas transportadas.

El sustancial incremento en el daño a la estructura del pavimento, derivado de los movimientos sobrecargados, perturban de modo notable los planes de mantenimiento y reparación que el responsable de la red carretera tiene para afrontar la tarea de mantener la calidad de la infraestructura vial en niveles adecuados para el servicio de transporte carretero.

Esta circunstancia, que se agrava por las usuales restricciones presupuestales para el mantenimiento carretero, así como por la necesidad de atender la gran extensión de la red de carreteras libres de peaje, plantea un serio problema de planeación del transporte, en la búsqueda de esquemas efectivos de control del sobrepeso, que frenen el acelerado desgaste de la infraestructura vial que esta práctica ilegal genera, y que se propicie así un uso más racional de la estructura de pavimento y una mayor durabilidad de los recursos empleados en su mantenimiento.

El presente punto de acuerdo aborda el tema del peso bruto vehicular máximo autorizado para los tractocamiones doblemente articulados en sus diferentes configuraciones vehiculares, el cual puede incrementarse por la propia NOM-012-SCT-2-2014 (Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal) y se busca incidir en cambios en la materia, tomando en cuenta su impacto en el desarrollo urbano sustentable.

El sector transportes es fundamental para mejorar la calidad de vida de todas las personas, influyendo de manera decisiva en casi todas los actividades económicas y, por lo tanto, es determinante para el progreso general de toda sociedad.

Mejorar la competitividad implica innovación y eficiencia, ya que por medio de una movilidad más ordenada, se genera un comercio más eficiente y por ende un mejor desarrollo económico.

“El transporte de carga es vital para el comercio en México, generando dos millones de empleos directos y el 6.3% del Producto Interno Bruto, además de ocupar el quinto lugar dentro de las 73 ramas económicas del país. Su derrama es de 628,000 millones de pesos al año.”

Sin embargo, y dependiendo del peso bruto vehicular en exceso, los autotransportes de carga son un constante peligro para la totalidad de los usuarios de los caminos de jurisdicción federal.

La laxidad de la reglamentación en relación a pesos y dimensiones del autotransporte de carga, ocasiona que los sobrepesos perjudiquen la infraestructura vial (pavimentos y puentes) generando con ello inseguridad en las carreteras.

Esto lo observamos de manera particular, en el tractocamión doblemente articulado y sus diferentes configuraciones vehiculares.

El tema del peso máximo permitido al autotransporte de carga, la seguridad vial y el evitar daños a la infraestructura vial son el objeto de estudio del presente documento, ya que el exceso en el peso bruto vehicular (PBV) es un problema que requiere atenderse.

En todos los sectores se dan transformaciones rápidas y de gran trascendencia, situación que también alcanza a los autotransportes de carga.

A su vez, contar con servicios de transporte más seguros, económicos, eficientes, limpios y accesibles, que concilien los intereses públicos con los particulares, es otro objetivo a conseguir, en donde se otorguen tanto derechos como obligaciones a ambas partes.

De acuerdo a la Estadística Básica del Autotransporte Federal 2015, en México se cuenta con un total de 685,109 autotransportes de carga general y 121, 296 autotranportes de carga especializada.

Consideramos que incrementar la competitividad, eficiencia, así como ampliar la participación en la actividad económica nacional, por parte del sector autotransportes no debe anteponerse a la seguridad de las personas.

La seguridad vial debe ser una prioridad para el sector de autotransporte de carga, ya que esta no va en contra de la competitividad. Es más, la productividad no se consigue sin seguridad, por lo que los transportistas, deben ser los primeros obligados a cumplir con la NOM-012-SCT-2-2014.

“La falta de supervisión para vigilar los excesos de velocidad (68% de los conductores no respetan el límite de velocidad, y aumentan la velocidad de desplazamiento entre 20 y 30 kilómetros por hora a lo permitido) y de carga, así como la falta de responsabilidad de las empresas que trasladan mayor peso del permitido en sus unidades, son dos factores que promueven los accidentes viales.”

De poco o nada sirve una norma si esta no se utiliza, o se omite su práctica por parte de la misma autoridad encargada de aplicarla, argumentando falta de recursos o de personal.

“Actualmente hay menos de 100 unidades de verificación a lo largo de las carreteras federales del país, lo que provoca que la verificación del peso y dimensiones del autotransporte de carga sea ineficaz.

Contrario a lo anterior, el exceso de carga perjudica las condiciones físico-mecánicas de la propia configuración vehicular, lo que provoca que las unidades de transporte sean menos confiables porque han sobrepasado sus límites en relación al peso bruto vehicular.”

Los accidentes viales son consecuencia de la falta de conciencia del transportista, y de los empresarios, quienes inciden en que se transporte una carga con sobrepeso, sin tener en consideración la reglamentación en la materia.

El transporte automotor si bien ha venido a facilitar la vida del hombre y a influir notablemente en sus actividades sociales y económicas, también ha llegado a constituir una importante causa de accidentes, siendo estos motivo de miles de muertes cada año. Esto ha despertado gran inquietud entre todos los especialistas y ha motivado gran número de estudios, para determinar los factores de seguridad que intervienen en la operación de las carreteras.

Los estudios realizados al respecto, indican que para reducir los accidentes viales se necesita:

Mejor preparación del usuario.

Mayor seguridad de los vehículos.

Adecuada legislación y vigilancia.

Condiciones que permitan una mejor operación del sistema vial.

La intervención del proyectista de caminos es casi nula en las tres primeras condiciones; pero es determinante sobra la ultima. Nunca debe olvidarse que, por otra parte, las características de cualquier obra vial deben de justificarse a través del análisis de tipo económico, para el lapso previsible de funcionamiento.

De todos los accidentes relativos al autotransporte de carga, los estudios indican que la causa principal es atribuible al conductor, por los siguientes motivos:

(1) Exceso de velocidad.

(2) Invasión del carril contrario.

(3) impericia del conductor.

Aunque en un accidente, por parte del usuario, influyen factores emocionales, fatiga, hipnosis del camino y la posible impreparación del conductor; también debe considerarse que en la mayoría de los accidentes, las circunstancias habrían cambiado de tenerse un camino en mejores condiciones.

Dada la concentración de accidentes en intersecciones y en el paso por poblaciones, la atención del proyectista en estos puntos debe ser mayor, con objeto de equilibrar las demandas del tránsito en cuanto a volumen, velocidad, características de aceleración y desaceleración, con el proyecto apropiado de un entronque o de un acceso a una zona urbana; llegando siempre a una solución que, tomando en cuenta la seguridad, se justifique a través de un estudio económico, en que se comparen principalmente el costo de la obra resultante, con el costo de los accidentes que se evitarán con esa obra.

Los caminos deben proyectarse tomando en cuenta la motivación del usuario que viaja con fines económicos, sociales o recreativos y desea hacerlo en forma cómoda, segura, y en el menor tiempo posible.

Es por ello que al proyectar una carretera debe pensarse siempre en el individuo como módulo de proyecto, a fin de proporcionarle un camino que corresponda a sus necesidades y reduzca al mínimo los accidentes.

“En materia de accidentes de autotransporte de carga y pasaje, del total de accidentes: el 60% son causa del conductor, el 20% del peatón, 14% por cuestiones de vehículo, el 5% por la infraestructura y el 1% por otras causas.”

En este sentido, un desarrollo económico que privilegie la ganancia por encima del bienestar de las personas está en contra de diversos derechos humanos.

“Así entonces, y en relación con la siniestralidad vial las carreteras más peligrosas de la República Mexicana son:

Autopista México-Puebla: registra alrededor de 1,683 accidentes anuales.

Autopista México-Querétaro: el promedio de accidentes es de tres por día, anualmente registra 1,046 incidencias.

Carretera Tepic-Mazatlán: con una media de cuatro accidentes al día, lo que equivale a 1,490 al año.

Autopista Querétaro-Irapuato: al año suma 19 mil choques, a razón de tres accidentes por día aproximadamente.”

Un accidente vial no es un hecho menor, es una desgracia para muchas personas, a veces con secuelas de por vida. Esto, se asegura con base en los siguientes datos:

“Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en México, según cifras oficiales, en 2013 fallecieron más de 36 mil personas a causa de algún tipo de accidente, y aproximadamente el 80 por ciento de los accidentes de tránsito se deben a una conducta equivocada de los conductores.”

“En México cada día mueren 55 personas a causa de accidentes viales, y por cada individuo que fallece, dos sufren alguna discapacidad.”

“De cada 100 muertos 50 son jefes de familia, por lo que es la primera causa de orfandad en México.

En el país hay por esta causa 142 mil heridos anualmente, 31 mil con lesiones de gravedad.

Es la cuarta causa de discapacidad en México, de los cuales 20% sufren lesiones permanentes.

El 75% de los mexicanos que sufren discapacidad por accidente vial no vuelven a encontrar empleo.

7,800 familias sufren la pérdida del padre o la madre cada año por esta causa.

Nueve de cada 10 familias que sufren la perdida de padre o madre tienen una sustancial perdida en su calidad de vida.

La inseguridad vial le cuesta al país el 1.7% del PIB, es decir 150 mil millones de pesos, con ese dinero es posible construir 487 mil viviendas de interés social en México.”

“Los accidentes que ocasionan los transportes de carga provocan el cierre de carreteras, en promedio, de entre cuatro y cinco horas, afectando con ello a miles de personas en sus actividades diarias.”

“Las empresas del autotransporte en general tienen un promedio de cuatro accidentes viales al año.”

Las carreteras de jurisdicción federal son de todos, y todos tenemos derecho a la movilidad por medio de la utilización de estas, teniendo la seguridad de que nuestra vida está protegida, a través de la correcta normatividad en la materia.

La seguridad vial deriva de una corresponsabilidad: Gobierno, trasportista y usuario, por lo que el cumplimiento de la ley en la materia no es opcional, la verificación del peso y dimensiones del autotransporte de carga debe ser comprobable y visible en beneficio de todos.

La movilidad lo es todo para el desarrollo sostenible, tanto en relación a las personas como a los bienes, en este sentido la red carretera nacional está conformada por “370 mil kilómetros de vialidades interurbanas, que se integran por autopistas, carreteras, caminos y brechas que permiten la conectividad entre prácticamente todas las poblaciones del país, con independencia del número de habitantes con que cuenten y su relevancia económica. La red nacional está conformada en números redondos por 50 mil kilómetros de carreteras de jurisdicción federal -de las cuales casi 9 mil son autopistas de cuota- así como por aproximadamente 80 mil km de carreteras estatales, 170 mil km de caminos rurales y poco más de 70 mil km de brechas mejoradas; por lo que regular el peso bruto vehicular máximo autorizado con el que pueden circular los vehículos de autotransporte de carga (tractocamiones doblemente articulados) que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, es el principal fin del presente punto de acuerdo.”

Ya no es posible llevar a cabo la mayor parte de nuestras actividades profesionales y económicas, incluso muchas de las acciones más simples de todos los días sin tener en cuenta la importancia decisiva de la movilidad, por la reducida disponibilidad de tiempo que poseemos.

Por ello, actualizar la legislación en cuanto a la restricción del peso bruto vehicular máximo autorizado, especialmente en relación a los tractocamiones doblemente articulados, favorecerá la seguridad de todos los usuarios de las vías generales de comunicación y evitará daños a la infraestructura carretera.

La infraestructura vial y los servicios de transporte requieren ser más seguros y más respetuosos del medio ambiente, a fin de facilitar y mejorar la movilidad urbana, y estar en armonía con el párrafo tercero del artículo 27 de nuestra Carta Magna (en relación a la preservación y restauración del equilibrio ecológico) y con la definición de desarrollo urbano sustentable.

El desarrollo urbano sustentable implica ayudar a evitar que la gente pierda oportunidades o se enfrente a viejos vicios. La carga útil y peso útil que debe observar el autotransporte de carga, debe obedecer primeramente a procurar la seguridad de todos los usuarios de las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, ya que ello implica observar y garantizar el derecho a la movilidad de todos los usuarios.

Solamente mejorando lo que se tenga que mejorar, lograremos un desarrollo urbano sustentable en beneficio de todos. Mas una movilidad sostenible implica una sociedad justa, inclusiva y respetuosa de la legalidad.

En el orden internacional, en el año 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el periodo 2011-2020, como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, con el objeto de estabilizar y reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo.

Por otro lado, es un hecho que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Salud han elaborado programas o políticas en materia de Seguridad Vial y prevención de accidentes, con la finalidad de promover acciones concretas para disminuir el índice de lesiones y mortalidad, los cuales establecen estrategias que deben ser implementadas para cumplir con los objetivos propuestos.

Estas estrategias proponen la realización de actividades en los tres órdenes de gobierno, tanto en la red carretera federal y vialidades urbanas, como en los establecimientos médicos para la atención de emergencias derivadas de accidentes de tránsito, y están divididas en cinco categorías temáticas: Mejor gestión de la seguridad vial mediante una serie de acciones multisectoriales en los diferentes órdenes de gobierno; evaluación y mejoramiento de la infraestructura vial y de transportes más segura; vehículos más seguros; cambio de comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito; y promover el mejoramiento de los servicios de atención médica pre-hospitalaria e intra-hospitalaria, derivados de accidentes de tránsito.

La Tercera Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 (con una visión de largo plazo) tiene como objetivo general, el reducir un 50% las muertes, así como reducir al máximo posible las lesiones y discapacidades por accidentes de tránsito en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, promoviendo la participación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, atendiendo a su ámbito de competencia y facultades, en la implementación de las siguientes acciones:

“Primera.- Coadyuvar en el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la seguridad vial, a través de las siguientes actividades:

1. Promover la participación que corresponda a los tres niveles de gobierno entre sí, para implementar coordinadamente políticas o programas de seguridad vial, e involucrar a la sociedad civil, empresas y usuarios de las vías, en el desarrollo de estrategias nacionales, estatales y locales de seguridad vial que contengan metas e indicadores.

2. Promover la elaboración de un marco jurídico que permita sentar las bases para el establecimiento de las acciones y programas en materia de seguridad vial, así como los protocolos de coordinación para impulsar e instrumentar las políticas nacionales.

3. Promover la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, donde se especifiquen las responsabilidades de cada uno de los actores así como la rendición de cuentas de cada uno de ellos, respecto a su ejecución.

4. Mejorar la calidad de los datos recolectados de la seguridad vial, a través de la operación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y de Observatorios Estatales y Municipales de Seguridad Vial.

5. Fortalecer la capacidad gerencial de los tomadores de decisiones que lideran las iniciativas de seguridad vial en todos los niveles de actuación.

6. Fortalecer la capacitación e investigación en seguridad vial.

Segunda.- Participar en la revisión de la modernización de la infraestructura vial y de transporte más segura, a fin de impulsar:

1. La creación y/o mejora de la normatividad relacionada con el establecimiento de los criterios de seguridad vial en la infraestructura para las etapas de planeación, diseño y construcción de nuevos proyectos y vías en funcionamiento tanto en carreteras como en vialidades urbanas.

2. La mejora de la seguridad de la infraestructura vial urbana e interurbana.

3. La aplicación de tecnología para la mejora de la gestión del tránsito en vías urbanas e interurbanas.

4. El desarrollo de una movilidad segura y equitativa para los usuarios vulnerables.

Tercera.- Fomentar el uso de vehículos más seguros, para lo cual se plantean las siguientes acciones:

1. Incorporar las normas mínimas de seguridad de los vehículos de motor desarrolladas en el Foro Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Armonización de Reglamentos sobre Vehículos (WP 29) de forma que éstos logren al menos ajustarse a las normas internacionales mínimas.

2. Promover la elaboración y adecuación de marcos normativos que aseguren que los vehículos que circulan y se comercialicen en el país (construcción, ensamblaje e importación) cuenten con los elementos mínimos de seguridad.

3. Mejorar los esquemas operativos para la renovación del parque vehicular del servicio público federal de carga y pasaje.

4. Dar a conocer al consumidor la información de la seguridad de los vehículos motorizados que se comercializan.

5. Promover la adopción de tecnologías más avanzadas que aumenten la seguridad de los conductores y ocupantes de los vehículos.

6. Desarrollar normativa basada en experiencia internacional que establezca los estándares mínimos de seguridad de los cascos para usuarios de motocicletas y bicicletas, así como de los sistemas de retención.

7. Desarrollar y fortalecer marcos normativos que permitan la creación, funcionamiento y sostenibilidad de centros de inspección técnica vehicular.

8. Promover medidas a nivel nacional y estatal para la inspección técnica vehicular que asegure que los vehículos en circulación cumplan con las características mínimas de seguridad.

9. Promover la capacitación a los responsables de la vigilancia y control para la identificación y evaluación de los vehículos en circulación.”

Es un hecho que lo establecido en esta estrategia, ha permanecido solo como una buena intención, pero en la realidad, los objetivos planteados en dicho documento están muy alejados del acontecer diario, dando por resultado que el transporte de carga en especial los tractocamiones doblemente articulados están en una laguna jurídica con respecto a la NOM-012-SCT-2-2014 y dicha estrategia.

Un tractocamion doblemente articulado de acuerdo con la NOM-012-SCT-2-2014 es un vehículo destinado al transporte de carga, constituido por un tractocamión, un semirremolque y un remolque u otro semirremolque, acoplados mediante mecanismos de articulación (configuraciones T-S-R y T-S-S).

Así mismo, entendemos por peso bruto vehicular a la suma del peso vehicular y el peso de la carga, en el caso de vehículos de carga.

Peso Bruto Vehicular Máximo Autorizado Internacionalmente.

Se presenta un comparativo sobre la reglamentación de pesos en otros países, así como una comparación con la reglamentación de México. El comparativo incluye los siguientes países: Brasil, Japón, España, Australia, Canadá, y los EUA (red federal y redes estatales de California, Arizona, Texas y Florida).

Conforme a la tabla 2.7 (COMPARATIVO DE PBV – PBVC’S AUTORIZADOS EN VEHÍCULOS DE CARGA.) Los pesos máximos autorizados son muy variables entre los diferentes países. Algunos permiten como situación normal de circulación en combinaciones vehiculares como la T3-S2-R4, hasta 77.5 toneladas, como en el caso de México, siguiéndole Brasil y Australia .Por lo que toca a vehículos sencillos, los pesos máximos autorizados son muy similares entre los diferentes países.

La NOM-012-SCT-2-2014, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal; en el punto 6 de Especificaciones, numeral 6.1.2 Peso bruto vehicular máximo autorizado, subnumeral 6.1.2.2, establece a la letra:

El peso bruto vehicular máximo autorizado para los tractocamiones doblemente articulados en sus distintas configuraciones vehiculares (T-S-R y T-S-S), se podrá incrementar en 1,5 t en cada eje motriz y 1,0 t en cada eje de carga exclusivamente cuando circulen por caminos tipo “ET” y “A”, siempre y cuando cumplan con todas y cada una de las especificaciones técnicas, disposiciones de seguridad y de control siguientes.

Con lo anterior, un tractocamión doblemente articulado en su configuración vehicular (T3-S2-R4) podría cargar hasta 77 toneladas, amparado por el Permiso o alta de vehículo para la operación del servicio de autotransporte federal de pasajeros, turismo, carga y transporte privado de personas y carga.

La tabla B-2 referida en la Norma de cita, sobre el peso bruto vehicular máximo autorizado por clase de vehículo y camino, ya contempla pesos preestablecidos para las diferentes configuraciones vehiculares.

A su vez, el permiso de cita otorga a las diferentes configuraciones vehiculares el poder aumentar su peso bruto vehicular conforme al subnumeral 6.1.2.2 de la Norma.

Por lo anterior, se tiene por entendido que el permiso que otorga la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en el que avala el peso bruto vehicular máximo correspondiente a la tabla B2, más el otorgado en el subnumeral 6.1.2.2 permite a los tractocamiones doblemente articulados en sus diferentes configuraciones vehiculares correspondientes, transportar más peso por los caminos establecidos.

Por ello, el asunto que nos ocupa es complejo, ya que se debe encontrar un punto medio, que minimice los costos sociales pero que no afecten la competitividad del sector transportes. Ello debido a que la competencia entre pequeños y grandes transportistas, por trasladar grandes volúmenes de mercancía es una realidad.

La circulación de transportes requiere necesariamente de infraestructura vial, para dar lugar a desplazamientos numerosos y lejanos. Los transportes y la infraestructura vial requieren desarrollarse a la par. Las vías de comunicación requieren se quiera o no, de organización, orden, y por ende eficacia.

La seguridad en las carreteras federales tiene por objetivo el proteger los intereses mayoritarios, por lo que el asunto que nos ocupa requiere de una respuesta directa e inmediata, ya que no hacerlo así, implicaría un riesgo a la vida de los usuarios de caminos de jurisdicción federal.

A su vez, la regulación en relación a los tractocamiones doblemente articulados, debe también ajustarse necesariamente para responder a las necesidades del mercado y la población, siendo ambos dinámicos.

Los transportes son sinónimo de expansión y riqueza, determinando el bienestar o catástrofe de una sociedad. Los transportes son intrínsecos al desarrollo.

La industria de autotransporte es un motor para la economía mexicana. Según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2014 esta industria aportó 5.9% al PIB, generó 1.8 millones de empleos directos a nivel nacional y movió 82% de la carga terrestre en el país. Sin embargo, los vehículos pesados a diésel tienen un impacto desproporcionado sobre la calidad del aire de nuestras ciudades.

La manufactura de vehículos pesados en México es la más grande de América Latina. Ésta ha tenido tasas de crecimiento positivas y constantes a partir de 2010.

“Entre 2013 y 2014 la tasa de crecimiento superó 20%, lo que permitió que por primera vez México haya superado la producción de Brasil, convirtiéndose en el quinto productor de vehículos pesados comerciales en el mundo.

A pesar de que la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) reporta que las ventas internas de autotransporte se han recuperado desde 2009, con un crecimiento promedio de 12% anual, la flota de vehículos pesados sigue siendo obsoleta. La edad promedio del autotransporte federal es de 18 años, lo cual implica que la mayor parte de los vehículos pesados que circulan por el país son poco eficientes y emiten una mayor cantidad de contaminantes. Pero incluso los vehículos nuevos que se venden dentro del país tienen un bajo desempeño ambiental si se comparan con los vehículos que se exportan al mercado estadounidense y europeo. Un estudio sobre la Zona Metropolitana del Valle de México estima que, a pesar de que los vehículos pesados representan solo 15% del parque vehicular, éstos contribuyen con 81% de las emisiones de partículas PM2.5 y 91% del carbono negro atribuibles a fuentes móviles.”

Esta contaminación, también está relacionada con la sobrecarga, que se produce cuando se fuerzan los rodamientos más allá de los límites de diseño evaluados en lo referente a la carga, la velocidad o la temperatura. Cuanto mayor es la sobrecarga, más se reduce la duración del rodamiento. Los componentes circundantes también se pueden ver afectados. En casos extremos, puede llegar a producirse una fractura de los componentes del rodamiento.

Con los motores diésel, un síntoma seguro de un motor sobrecargado es gran cantidad de humo negro expulsado por el escape, antes de alcanzar las revoluciones por minuto de diseño.

Un motor sobrecargado puede dar lugar a válvulas quemadas, cabeza de los cilindros agrietado, anillos de pistón rotos y una vida corta del motor.

Es importante recordar que, con un motor diesel, es la carga y no las revoluciones lo que determina el consumo de combustible.

Por lo tanto, el resultado de una operación sobrecargada continua da lugar a un alto consumo de combustible innecesario y altos costos de mantenimiento.

Aunque la sobrecarga puede producirse por un uso inadecuado, también se puede deber al uso de un diseño de rodamiento inadecuado para la aplicación. Para elegir el tipo de rodamiento más adecuado para cada aplicación, el fabricante del equipo original y el fabricante del rodamiento deben tener en cuenta la temperatura de funcionamiento, la frecuencia de cambio de temperatura, el tipo y el grado de contaminación potencial, la aceleración y las velocidades de funcionamiento y la vibración, entre otros factores.

Algunas posibles señales de sobrecarga son el ruido o la vibración, la elevación de la temperatura del sistema, la presencia de virutas metálicas en el lubricante y en los filtros y la disminución del rendimiento del sistema.

La sobrecarga genera daños en los vehículos de carga es por eso que se deben reparar o sustituir los rodamientos para evitar más daños y en su caso consecuencias más graves, que vulneren a la ciudadanía.

La contaminación ha coadyuvado al cambio climático, debido a la utilización de los vehículos a diésel, por lo que se han tomado medidas para introducir tecnologías más limpias en dichos vehículos.

“Japón, Estados Unidos y la Unión Europea, por mencionar algunos ejemplos, han armonizado desde hace varios años la implementación de tecnologías más limpias junto con el abasto de diésel de ultra bajo contenido de azufre (UBA). Incluso Brasil es uno de los países fuera de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que ha empezado a hacer esta transición para reducir sus niveles de contaminación. No obstante, hoy en día la normatividad mexicana tiene dos generaciones tecnológicas de atraso, por lo que un vehículo nuevo en Estados Unidos, país que tiene uno de los mejores estándares internacionales, emite 90% menos contaminantes que los que se venden en México. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) esto implica que un camión nuevo en México contamina lo que 200 camiones nuevos en Estados Unidos: siendo este país nuestro principal destino de exportación de autotransporte.

En México, el 98 por ciento de las emisiones contaminantes las genera el transporte de carga, el cual llega a emitir hasta mil veces las emisiones de un automóvil, de acuerdo al Consejo Internacional de Transporte Limpio.”

Es tal la dimensión del problema que en la Ciudad de México se prevé la futura restricción a la circulación del transporte de carga.

México se comprometió voluntariamente a reducir en 25% los gases de efecto invernadero para el año 2030, adelantándose con ello al acuerdo global COP 21 (La XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático o 21ª Conferencia de las Partes y la 11ª Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (COP21/CMP11) )

“Actualmente, la ZMVM (Zona Metropolitana del Valle de Mexico) tiene los mayores índices de contaminación por ozono a nivel nacional, y es la cuarta urbe en cuanto a presencia de partículas finas, el contaminante más preocupante desde el punto de vista de salud pública, de acuerdo al Centro Mario Molina.”

“El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) señala que son los transportes pesados que usan diésel, son los que más contaminan.”

“De igual manera, y de acuerdo al Centro Mario Molina se establece que el transporte pesado a diésel es la primera fuente de emisión de partículas finas.”

“Esta constatado científicamente que en la maniobra de frenado de los vehículos pesados, el aire se contamina hasta siete veces más.”

“El autotransporte de carga requiere de la distribución de diésel de ultrabajo azufre (UBA), así como de incentivos económicos para incorporar de manera escalonada nueva tecnología para hacer más eficientes estos vehículos, a fin de disminuir la contaminación ambiental.”

México, hoy día es un país exportador principalmente de manufacturas.

“El comercio entre México y los Estados Unidos de América, se sextuplicó a más de 741 mil millones de dólares (mdd) en 2012, cuando ascendía a 117 mil mdd en 1993.

Los Estados Unidos de América, exporta más bienes a México (216 mil mdd) que a China y Japón combinados (181 mil mdd).

La importancia del autotransporte de carga radica en que por camión se mueven seis de cada 10 embarques en el comercio internacional entre ambas naciones.”

El gobierno de los Estados Unidos de América, argumenta que el autotransporte de carga mexicano no cumple con las medidas de seguridad que son obligatorias para circular por las carreteras de ese país.

Por ello, la competitividad en el sector transportes depende en gran medida de reducir los riesgos de movilidad en la red nacional de carreteras.

Debido a la falta de apertura, los transportistas deben recurrir a un tercero para hacer el cruce fronterizo de la mercancía que cargan en sus contenedores.

“El servicio se denomina transfer y tiene un precio entre 100 y 200 dólares por cada cruce, además que resta velocidad al envío de las mercancías., por esta situación las empresas en México dejan de ganar, en promedio 360 millones de dólares por año.”

“La prohibición de que el transporte de carga entre a territorio de los Estados Unidos de América, más allá de 20 millas, ha generado en un daño estimado en unos 40 mil millones de dólares, dos mil millones de dólares por año.

El programa piloto transfronterizo que permite el cruce de camiones mexicanos a territorio estadunidense, implementado desde 2011 en los Estados Unidos de América, permitirá a los transportistas mexicanos que han cumplido con las normas federales de seguridad, proporcionar un servicio de larga distancia desde y hacia este país.”

“En tres años, a través del programa, hubo 27 mil 527 cruces de camiones, una cifra insignificante, pues el promedio anual de los cruces entre ambos países es de 4 millones, detallan cifras del Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos.”

Para que el cumplimiento del programa piloto transfronterizo tenga éxito, los transportistas mexicanos deben cumplir con los estándares de seguridad establecidos en la Unión Americana.

La pregunta que debemos hacernos es ¿Por qué los transportistas nacionales se preocupan tanto por cumplir con la normatividad en materia de transportes en los Estados Unidos de Norteamérica, y por el contrario se aprovechan diariamente de la laxa legislación nacional en cuanto a peso y medida del autotransporte de carga?

La respuesta es sencilla, porque en los Estados Unidos de Norteamérica la legislación es clara, y no da lugar a interpretaciones tergiversadas de la misma, en cambio en México, las lagunas jurídicas en la materia permiten incrementar el peso bruto vehicular máximo autorizado para los tractocamiones doblemente articulados, derivándose de ello todos los problemas en cuanto a la inseguridad vial y daño a la infraestructura vial.

El autotransporte de carga en México, en un ambiente de competencia se guía naturalmente por criterios de eficiencia, buscando ya sea el máximo rendimiento de los recursos utilizados al producir el servicio, o el uso mínimo de insumos para generar un servicio determinado. El criterio elemental de minimizar el costo por tonelada-kilómetro (t-km) reduce el número de viajes y el costo de operación para el transportista, incrementando así su utilidad. Desde el punto de vista operacional, y suponiendo que las decisiones se toman racionalmente, un transportista naturalmente prefiere mover carga en carro completo a moverla al 50% de la carga útil, ya que así reduce el costo por t-km al prorratear los costos entre un mayor número de toneladas. Extrapolando esta conducta, el operador que decide mover carga a niveles superiores a la carga útil especificada legalmente, incurre en sobrecarga, pero reduce el costo por t-km aún más.

De este modo, la sobrecarga resulta un incentivo económico para el transportista. Esta práctica, sin embargo, se ve restringida por la reglamentación de los pesos vehiculares permitidos, por la potencia disponible en el motor del vehículo y por las condiciones del camino, en particular la pendiente. Desde el punto de vista del responsable del cuidado de la infraestructura vial, el sobrepeso en los camiones de carga genera serios impactos que se manifiestan en el deterioro acelerado del pavimento y el daño estructural a los puentes.

“El autotransporte de carga tiene necesidades y posibilidades. Dentro de las necesidades podemos mencionar: la urgencia de entrega; el tipo y características de los suministros que se van a transportar, la cantidad, el tamaño y destino de la carga, distancias a recorrer, etc. Y entendemos como las posibilidades a: transporte disponible; costos y recursos disponibles; condiciones de acceso al destino (estado de la ruta, condiciones del tiempo, etc.).”

Las sociedades son un conglomerado de intereses, que deben encontrar un justo equilibrio para dar lugar al desarrollo sustentable, por lo que el mejorar el marco legal de cualquier materia, no puede generar más problemas de los que se quieren solucionar.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a eliminar de la NOM-012-SCT-2-2014, el numeral 6.1.2.2, que incrementa el peso bruto vehicular máximo autorizado para los tractocamiones doblemente articulados en sus distintas configuraciones vehiculares (T-S-R y T-S-S).

Notas:

1 http://www.altonivel.com.mx/46451-bridgestone-busca-frenar-accidentes-de-transp ortistas.html

2 http://t21.com.mx/terrestre/2012/04/23/accidentes-consecuencia-poca-supervision -e-irresponsabilidad-cesvi

3 http://t21.com.mx/terrestre/2012/04/23/accidentes-consecuencia-poca-supervision -e-irresponsabilidad-cesvi

4 http://www.autobodymagazine.com.mx/abm_previo/2016/03/la-seguridad-vial-no-es-p rioridad-para-el-autotransporte-de-mexico5/

5 http://sipse.com/mexico/cinco-carreteras-mas-peligrosas-de-mexico-162417.html

6 http://www.gob.mx/salud/articulos/accidentes-viales-segunda-causa-de-muerte-en- mexico

7 http://sipse.com/mexico/cinco-carreteras-mas-peligrosas-de-mexico-162417.html

8 http://www.autobodymagazine.com.mx/abm_previo/2016/03/la-seguridad-vial-no-es-p rioridad-para-el-autotransporte-de-mexico5/

9 http://t21.com.mx/terrestre/2012/06/08/contratacion-eficiente-transporte-ayudar a-reducir-accidentes

10 http://www.autobodymagazine.com.mx/abm_previo/2016/03/la-seguridad-vial-no-es-p rioridad-para-el-autotransporte-de-mexico5/

11 http://www.ciltec.com.mx/es/infraestructura-logistica/red-carretera

12 NOM 044 retos y oportunidades para su cumplimiento http://imco.org.mx/

13 NOM 044 retos y oportunidades para su cumplimiento http://imco.org.mx/

14 http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/trasladarse-en-un-vehiculo-contaminante- demora-hasta-dos-horas-informe-801

15 http://izq.mx/noticias/29/03/2016/exigen-ongs-transitar-a-nuevas-tecnologias-en -el-transporte-pesado-para-evitar-contaminacion/

16 http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/trasladarse-en-un-vehiculo-contaminante- demora-hasta-dos-horas-informe-801

17 http://www.elcolombiano.com/antioquia/camiones-viajan-por-la-ciudad-con-sobreca rga-EH3393240

18 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/03/ 30/transportes-pesados-agravan-contaminacion

19 http://t21.com.mx/opinion/wikitransport/2014/02/05/transporte-tema-pendiente-tl can-20-anos

20 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/transporte-de-carga-transfronterizo-eu- mexico-sin-solucion.html

21 http://t21.com.mx/terrestre/2014/01/14/suprema-corte-eu-rechaza-frenar-programa -transfronterizo

22 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/transporte-de-carga-transfronterizo-eu- mexico-sin-solucion.html

23 http://comerciointernacional12.blogspot.mx/2013/04/ventajas-y-desventajas-de-lo s-medios-de.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.—Diputado Jonadab Martínez García (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Transportes, para dictamen.

GARANTICEN LA PROTECCIÓN Y RESGUARDO A LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al establecimiento de medidas protectoras de los trabajadores de los centros de salud de Guerrero, a fin de garantizar la disponibilidad de unidades de atención médica para los habitantes, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en apego a las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presentamos ante esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El siglo XIX marcó un punto de inflexión en el consenso punitivo para fiscalizar el consumo de drogas en el mundo, pero principalmente en nuestro país.

A partir de entonces el estado mexicano adoptó la tendencia prohibicionista dictada por las Naciones Unidas, luego de las guerras del opio en China; pese al esfuerzo del estado por reducir a través de la fuerza el tráfico ilegal de drogas y luego de las múltiples detenciones, decomisos o capturas de capos, el gobierno ha sido incapaz en reducir el flujo nacional de narcóticos prohibidos.

Según la Organización de la Naciones Unidas, en 2008, diez años después del acuerdo universal de prohibición, consumían drogas entre 155 y 250 millones de personas, es decir, entre 3.5 y 5.7 por ciento de la población mundial, un rango similar al de la década anterior.

Hemos sido testigos de que la mal llamada “guerra contra las drogas”, no cumplido con su propósito primordial: erradicar el mercado ilegal de drogas, lo que ha dejado en cambio, son los costos y horrores de que se acompañan a un conflicto bélico, sobre todo en aquellos estados productores, como Morelos, Tamaulipas, Guerrero y Sinaloa.

Los mexicanos hemos sufrido en carne propia los costes de una errada estrategia de lucha contra las drogas ilegales; según un reporte de la organización Human Rights Watch, la guerra contra los cárteles del narcotráfico en México de 2006 a 2012, dejó más de 60,000 muertos y 26,121 personas desaparecidas.

Otra de las consecuencias no buscadas que ha heredado la prohibición de drogas en México, es la crisis humanitaria que viven cientos de miles de desplazados internos por la violencia en el marco del combate al narcotráfico; la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos  calcula que al menos existen 281 mil desplazados por culpa de la violencia relacionada con grupos criminales. Sin embargo, este conteo se realizó tomando en cuenta éxodos de comunidades completas y no contempla el registro de casos “gota a gota”, que por su naturaleza, se trata de personas o familias que se mueven pero no dejan rastro para no ser perseguidas.

La barbarie generada por la delincuencia organizada se ha encarnizado en el estado de Guerrero, convirtiéndolo en la la zona más violenta de nuestro país. El representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Antonio Mazzitelli, ha señalado que en Guerrero “no hay presencia del Estado, ni carreteras ni hospitales; ni siquiera el narco está bien organizado. El mercado de la droga se lo disputan grupos criminales antagónicos”.

De acuerdo con el reporte del Índice de Paz México 2016, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, Guerrero tiene el mayor número de homicidios y delitos cometidos con arma de fuego, colocándolo al cierre de 2015 como el estado con la tasa más alta de homicidios en el país: 54.5 homicidios por cada 100 mil habitantes; cifra que palidece frente a los datos aportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que señalan que para 2015, su tasa de homicidios fue de 67 asesinatos por cada 100.000 habitantes, el triple que la media nacional.

Guerrero no sólo tiene la tasa de homicidio más alta, también su nivel de paz positiva es el más bajo entre las entidades del país.

La desaparición forzada, es un delito donde el estado de Guerrero también ocupa el primer lugar nacional, como lo reportó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe de 2015.

La ola de violencia causada por la delincuencia organizada se manifiesta de diferentes formas, pero en todas ellas existe una constante, el menoscabo de la sociedad y la erosión del estado de derecho.

En días recientes, los medios de comunicación han dado a conocer una lamentable noticia que ha sido respaldada por la dirigencia de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud y el secretario de Salud de Guerrero, al menos 26 centros de salud del estado están cerrados a causa de amenazas de secuestros y extorsiones hacia el personal médico por parte de la delincuencia organizada.

La presencia de diversas organizaciones del crimen organizado en el estado han golpeado, los municipios de Arcelia, Coyuca, San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, Chilapa y Zitlala con la suspensión de actividades de los centros de salud, dejando a varios miles de guerrerenses imposibilitados para acceder al derecho fundamental de la salud.

Esta situación no hace más que agravar las condiciones precarias en que se encuentran los habitantes de la sierra, tierra caliente, montaña, centro, norte y en general, todo el estado de Guerrero, acentuando aún más las dificultades a que se enfrentan los grupos vulnerables y marginados para acceder a las condiciones sanitarias mínimas para una vida digna.

Por ello, a efecto de que los guerrerenses puedan acceder al grado máximo de salud que se pueda lograr, se requiere que el estado proporcione un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud. Por todo lo anterior ya expuesto, someto a consideración de este pleno, lo siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, exhorta a las Secretarías de Salud y de Seguridad Pública del Estado de Guerrero para que implementen las medidas necesarias para garantizar la protección y resguardo de los trabajadores de los centros de salud de la entidad, de tal manera que se garantice la disponibilidad de unidades de atención médica para los y las guerrerenses.

Notas:

1 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Reporte Mundial de Drogas, 2010.

2 http://www.forbes.com.mx/los-estados-mas-peligrosos-en-mexico/

3 https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/mexico_sp_ 5.pdf

4 La CNDH documentó 1,784 casos de desplazados por violencia, pero la cifra podría superar los 35,000, mientras que el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, con sede en Ginebra, calcula que la violencia ha desplazado 287,000 personas en México, de las cuales 6,000 sólo en 2015.

5 http://www.proceso.com.mx/441868/guerrero-mayor-productor-opio-en-america-pais

6 Instituto para la Economía y la Paz. Índice de Paz México 2016. 2016.

7 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/por-violencia-cierran-12-clinicas-y-vig ilan-14-hospitales-de-guerrero.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.