Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXIII Legislatura
Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidenta

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Directora del
Diario de los Debates
Eugenia García Gómez
Año II
México, DF, jueves 6 de abril de 2017
Sesión No. 24

SUMARIO


MINUTO DE SILENCIO

En memoria de las víctimas por un ataque en Siria

COMUNICACIONES OFICIALES

De la Mesa Directiva, con la que, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a la:

– Proposición con punto de acuerdo relativo a la implementación de un programa de intervención en la zona de la Asociación Nacional de Productores Agrarios (Anapra), en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentada por la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 23 de marzo de 2017. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen

Se modifica el turno, actualícense los registros parlamentarios

– De los diputados Miguel Ángel Sulub Caamal y Georgina Trujillo Zentella, del PRI, por la que solicitan el retiro de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a su Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que actualicen y mantengan la vigencia durante el ejercicio de 2017 del decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas de Campeche y Tabasco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016 y que concluyó su vigencia el 31 de diciembre de 2016, en el marco del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios

De la Secretaría de Gobernación, con la cual remite ocho contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente:

– Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que haga público el estado en que se encuentra el relleno sanitario Bordo Poniente, así como los avances sobre el aprovechamiento de biogás de la empresa BMLMX Power Company. Se remite a la Comisión de Ciudad de México, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a poner a disposición de la sociedad las inversiones públicas de información que contengan los avances de los proyectos de red troncal y de red compartida mayorista de telecomunicaciones, y otorgar a las mismas la mayor difusión posible a efecto de mantener a la ciudadanía puntualmente informada. Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a asegurar la asignación de los recursos etiquetados respecto al Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, especialmente el referente al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las entidades federativas. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a continuar con la difusión de campañas para prevenir y controlar la diabetes en niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores en toda la República. Se remite al promovente

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer sus acciones de prevención, atención y diagnóstico oportuno en los casos de hepatitis C, en el país. Se remite al promovente

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir un informe que contenga las bases científicas, documentos de toxicología y estadísticas de los efectos nocivos de las plantas cuya comercialización impiden, a través de los operativos de fármaco-vigilancia. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar campañas de difusión para la prevención de accidentes isquémicos transitorios. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fomentar campañas informativas y acciones de prevención y atención de la trombosis en el país. Se remite al promovente

De la Secretaría General de Gobierno de Puebla, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al Plan de Acción Alzheimer y otras Demencias (PAAD). Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento

De la Secretaría de Salud del estado de Durango, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados por el que se le exhorta a implantar acciones para garantizar a las mujeres en zonas marginadas el acceso a los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento

De la Secretaría de Salud del estado de Tabasco, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados por el que se le exhorta a implantar acciones para garantizar a las mujeres en zonas marginadas el acceso a los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento

Del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, con la cual remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados por el que se le exhorta a fortalecer las acciones de prevención, protección y procesamiento del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género para su conocimiento

MINUTAS

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Derechos de la Niñez, para dictamen

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de inclusión y cohesión social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen

LEY GENERAL DE SALUD

De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen

LEY GENERAL DE SALUD

De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

De la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA

De la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

El diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 4 Bis a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales la parte correspondiente, y a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la parte respectiva, para dictamen

LEY GENERAL DE SALUD

La diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 115 de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19 y 58 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

La diputada Patricia Sánchez Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 40 y 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

La diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO PENAL FEDERAL

La diputada Sofía González Torres, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 322 del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se turna a la Comisión de Competitividad, para dictamen

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

A discusión el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos

Para fundamentar el dictamen hace uso de la voz:

–El diputado Arturo Álvarez Angli, del PVEM

Para presentar moción suspensiva interviene:

–El diputado Jorge Triana Tena, del PAN

–El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del PRD

Se desecha la moción suspensiva

Desde la curul, se refieren a la votación de la moción suspensiva:

–La diputada Verónica Delgadillo García, de MC

–La diputada Ariadna Montiel Reyes, de Morena

–El diputado Jorge Triana Tena, del PAN

–El diputado Jesús Sesma Suárez, del PVEM

–El diputado José Antonio Estefan Garfias, del PRD

–El diputado Adán Pérez Utrera, de MC

–La diputada Mariana Arámbula Meléndez, del PAN

–La diputada Martha Sofía Tamayo Morales, del PRI

–La diputada Sofía González Torres, del PVEM

–El diputado Omar Ortega Álvarez, del PRD

–El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del PRD

–El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del PAN

–El diputado César Octavio Camacho Quiroz, del PRI

–El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena

–El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, de MC

Para solicitar verificación de quórum participa:

–El diputado Jorge Álvarez Maynez, de MC

La Secretaría da lectura al artículo 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Para fijar la postura de su grupo parlamentario, hace uso de la voz:

–El diputado Jesús Sesma Suárez, del PVEM

La Presidencia informa que se recibieron propuestas de modificación a nombre de la comisión. Se aceptan

A discusión en lo general y en lo particular, la Presidencia informa que han declinado los oradores inscritos para la discusión. Suficientemente discutido

La Presidencia instruye a la Secretaría abrir el sistema electrónico para proceder a la votación nominal en lo general y en lo particular

Concluido el tiempo de votación no existe quórum reglamentario, por lo que la Presidencia decreta un receso por 15 minutos

La Presidencia levanta la sesión por falta de quórum

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La presidenta, diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, remite oficio, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del cual las iniciativas y proposiciones que no se presentaron en tribuna se turnan a las comisiones correspondientes

CLAUSURA Y CITA

La Presidencia informa que, al no existir el quórum reglamentario, se levanta la sesión

EFEMÉRIDES

DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO DE LA PAZ

De la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se recibió efeméride con motivo del 6 de abril, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo de la Paz, en el marco de la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

De la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se recibió efeméride con motivo del 7 de abril, Día Mundial de la Salud

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

Del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se recibió efeméride con motivo del 7 de abril, Día Mundial de la Salud

APÉNDICE

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 6 de abril de 2017, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados



Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

ASISTENCIA

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 289 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (a las 12:25 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 6 de abril de 2017.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

Comunica modificación de turno de proposición.

De los diputados Miguel Ángel Sulub Caamal y Georgina Trujillo Zentella

Solicitan el retiro de proposición.

De la Secretaría de Gobernación

Remiten ocho contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente.

De la Secretaría General de Gobierno de Puebla

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al plan de Acción Alzheimer y otras Demencias (PAAD).

De las Secretarías de Salud de los estados de Durango y Tabasco

Remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para implantar acciones para garantizar a las mujeres en zonas marginadas el acceso a los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

Del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para armonizar su legislación en materia de trata de personas y protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de inclusión y cohesión social.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social.

Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social.

Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud.

Con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo de la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 3o., 5o. y 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2, 13 y 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 47 y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Sofía del Sagrario de León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 16 del Código Penal Federal y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 5o., 31, 34 y 159 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 87 de la Ley Federal del Trabajo y 58 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 24 de la Ley General de Educación; 53 y 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Manuel Jesús Clouthier Carrillo.

Que deroga el artículo 158 y reforma los artículos 264 y 334 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 40 y 85 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 115 y 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 191 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley General de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 420 del Código Penal Federal; 3o. y 56 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 86 de la Ley Federal del Trabajo y 33 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 32 y 41 Bis, de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 15 y 379 del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 380, 394, 443 y 446 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 112 de la Ley General de Salud y 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 25 y 60 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 57 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 7o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Elio Bocanegra Ruiz, Felipe Reyes Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, para fortalecer la figura de los consejeros independientes, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5o. y 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Hidrocarburos y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de integración plural del Congreso de la Unión, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 7o., 13 y 20 de la Ley General de Educación; 5o., 6o. y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Juan Rulfo, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 66 y 97 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el segundo párrafo del artículo 112 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 2o. y 2o.A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 1o. Ter a La Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 103 y 148 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 7o., 10 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 14 y 30 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o., 9o. y 91 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 67, 112 y 113 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 76, 89, 105 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 48, 50, 52 y 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 1o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 22 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 190 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en materia de prohibición de armas nucleares y minas antipersonal, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley de Extradición Internacional, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que abroga la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 17 y 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Que reforma el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma un artículo 367 Bis al Código Penal Federal y reforma el artículo décimo transitorio del artículo primero del decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal, publicado en el DOF el 16 de junio de 2016, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 395 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 41 y 82 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena, Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo y José Luis Sáenz Soto, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Retiro para los ex Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Francisco Martínez Neri, Omar Ortega Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 46 y 52 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 21 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De decreto por el que se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Gregorio Torres Quintero, maestro ejemplar y creador del método onomatopéyico, formador de generaciones de mexicanos, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 18 Bis 9 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por las diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 34 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 41 Bis de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 3o., 8o. y 11 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona los artículos 2o. y 18 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 24 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Santos Garza Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo del Rivero Martínez y Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 6o., 21, 146 y 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Edna Ileana Dávalos Elizondo, Santos Garza Herrera, Armando Luna Canales, Juan Pablo Piña Kurczyn, José Refugio Sandoval Rodríguez y Vidal Llerenas Morales, de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México y Morena, respectivamente.

Que reforma el artículo 243 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 211 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 166 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 227 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. y adiciona un artículo 15 Bis de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 72 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley para Prevenir el Desperdicio de Alimentos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 58 y 389 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 21 Bis a la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Almacenamiento Rural y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 22 y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 211 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 417 Bis y reforma el artículo 444 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 34 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos y suscrita por los diputados del estado de Guanajuato del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley General de Consulta Indígena y reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Susana Corella Platt e integrantes de la Comisión Especial de Minería.

Que reforma y adiciona el artículo 100 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 15, 154 y 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 50 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por los diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 133 y 994 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 4 Bis a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con proyecto de decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre “Batallas de Celaya”, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 166 Bis 3 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 27, 42 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Sasil Dora Luz León Villard e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona los artículos 69 y 81 de la Ley de Aeropuertos, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona y deroga el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 9o. y adiciona un 15 Décimus a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 418, 419 y 420 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 86 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 4o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 113 de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 28 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de fortalecimiento al Sistema Nacional de Trasplantes, suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos de Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Encuentro Social.

De decreto por el que se declara la última semana del mes de septiembre de cada año, como “Semana Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales”, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 387 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Mariana Trejo Flores y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículo 6o., 13, 14, 15 y 24 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 27, 28 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones al Código Civil Federal, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 74 Bis de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fidel Calderón Torreblanca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 322 del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Sofía González Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 61 y 107 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Juan Romero Tenorio y Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 47 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 19 y 58 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 15, 41 y 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, 45 de la Ley de Uniones de Crédito y 201 de la Ley del Mercado de Valores, suscrita por el diputado Cándido Ochoa Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona el artículo 3o. Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de medio ambiente y desarrollo urbano sostenible, a cargo del diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 44, 90 y 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 30 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 1o., 3o. y 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y deroga el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 13, 112 y 159 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley Nacional de Salud Mental, a cargo de la diputada Leticia Amparano Gamez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 13, 46 y 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 112, 160 y 166 Bis 15 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 7o., 16, 70, 71 y 76 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 77 Bis 5 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 2o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 39, 40 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 2o., 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 64 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 9o. de la Ley Minera, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 33 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o. y 11 de la Ley General de Bibliotecas, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 14 y 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 139 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo de la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículo 3o., 40 y 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Declaratoria de publicidad de dictamen

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos w) y x), se adiciona un inciso y) a la fracción III, y se deroga la fracción II del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera.

De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal; de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley de Extradición Internacional.

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 107 Bis del Código Penal Federal.

De la Comisión de Radio y Televisión, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 335, 336 y 337 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 78 de la Ley Federal de Trabajo.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXXI y XXXII al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de salud.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4; y se reforma el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12 y 26 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 150, 180 y 242 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que realice una reasignación de recursos y los destine al Fondo para la Protección y Asistencia a las Victimas de los Delitos contra la Trata de Personas establecido en el artículo 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, suscrito por la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a suscribir el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación sexual y el abuso sexual también conocido como “Convenio Lanzarote”, suscrito Mariana Arámbula Meléndez y Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a la creación de un grupo de trabajo que le dé seguimiento a los procesos electorales locales del estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz del 2017, a cargo del diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del estado de San Luis Potosí, a separarse de su cargo hasta en tanto no se aclare el destino de los recursos destinados al pago de pensiones de trabajadores de la educación en la entidad en el año 2014, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo relativo a las tarifas y cuotas de peaje en la autopista Peñón-Texcoco, a cargo de la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas, así como a la Segob, en relación con la situación de los centros federales y estatales penitenciarios en el estado de Tamaulipas, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo a simplificar y facilitar los procedimientos de adopción, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a la expansión y reforzamiento de las redes de monitoreo de la calidad del aire en cada uno de los estados que integran la megalópolis, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Cámara de Senadores y a los congresos locales, a que cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales para que el Sistema Nacional Anticorrupción pueda funcionar correctamente, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental Estatal, asuma su responsabilidad legal y social con el cuidado y conservación del medio ambiente y la salud de las personas, para que de modo urgente realice los estados de impacto ambiental referentes al proyecto presentado por la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable, a cargo de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo relativo al inmueble denominado “Minas de Ocopulco”, ubicado entre los municipios de Tezoyuca y San Andrés Chiautla, estado de México, a cargo de la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a revisar los mecanismos para el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de protección civil y la manera en la que se implementan en nuestro país, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y a los congresos locales, a otorgar estímulos fiscales por concepto de impuesto sobre nómina, a las empresas y empleadores que contraten a los migrantes mexicanos que regresen a nuestro país, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades sanitarias del ámbito local, fortalezcan las acciones y medidas necesarias para atender de manera oportuna el brote de influenza en el país, a cargo del diputado Ricardo Del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Nayarit, a que solicite licencia al cargo, con el propósito de facilitar las investigaciones sobre el Fiscal de Justicia de la entidad, Edgar Veytia Cambero y se deslinden las responsabilidades en torno a este caso, a cargo del diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a los asentamientos humanos irregulares del movimiento antorchista en el estado de México, a cargo de la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a aceptar la recomendación Número 12/2017 sobre el caso de la detención ilegal de V1 y V2, tortura y violencia sexual en agravio de V1 y V2, suscrita por diputadas integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, Revolución Democrática y Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de implementar diversas acciones para transitar hacia un modelo de aprovechamiento sustentable de la Totoaba que beneficie a los pescadores del Alto Golfo de California, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta del titular de la STPS, su intervención para mejorar el poder adquisitivo de las familias mexicanas, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, establezca un sistema de marcaje de los mamíferos marinos para demostrar su legal procedencia, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua y al IMTA, para que hagan público los estudios y pongan a disposición de los ciudadanos, la información relativa al impacto que puede tener la instalación de sistemas de captación de agua pluvial, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de Pemex, para que se haga público el estado actual de las reservas probadas de hidrocarburos en México y la prospectiva real al 2022, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Efemérides

Con motivo del 6 de abril, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo de la Paz, en el marco de la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, a cargo de la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del 7 de abril “Día Mundial de la Salud”, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo del 7 de abril “Día Mundial de la Salud”, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sonido en la curul del diputado Rafael Santiago, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez(desde la curul): Con el objeto de una moción al orden del día, ya que el día de ayer no fueron discutidos dos dictámenes con punto de acuerdo y solicité justamente el día de ayer que se discutieran hoy aquí en el pleno.

Por lo visto en el orden del día no están incluidos, y le solicito a la Presidencia que pudiera aclarar por qué el Partido Verde Ecologista tiene la facultad de bajar el dictamen de punto de acuerdo, cuando el artículo 106 dice y expresa que los puntos de acuerdo no pueden tener ninguna reserva y únicamente se discuten a favor o en contra.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Estos dictámenes se reservaron para su discusión. Lo han hecho todos los grupos parlamentarios, no es una facultad exclusiva del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La Junta de Coordinación Política los va programando conforme se van enlistando, y respecto al orden del día, es el que la Junta de Coordinación Política propuso a la Mesa Directiva y esta lo aprobó para la sesión del día de hoy, diputado. Adelante.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez(desde la curul): Gracias, señora presidenta. Lo que está sucediendo acá, y le solicito a usted en su facultad como Presidenta de la Mesa Directiva en este momento, que se integren el día de hoy para su discusión estos dos puntos de acuerdo, porque de otra manera se estaría violentando el artículo 6o., en su fracción I y fracción X, porque se está violentando mi derecho como proponente, ya que el punto de acuerdo que solicité cumplió con todos los requisitos que son necesarios, así como ha cumplido con los acuerdos que tiene la Junta de Coordinación Política, de que todos los partidos estén a favor.

Hago el llamamiento de una vez, a que el Partido Verde Ecologista de México, que tan preocupado está el día de hoy, pueda decirnos por qué no está de acuerdo en que se discuta la crisis de salud que está viviendo el estado de Chiapas. Les pido a los diputados del Verde, sobre todo a los de Chiapas, que dejen a un lado la cobardía y que se pronuncien por esta situación.

He cumplido con todos los requerimientos legales y reglamentarios de esta Cámara, por lo tanto, solicito que el día de hoy se puedan discutir estos puntos de acuerdo.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sí, diputado, esa no es una facultad de Mesa Directiva. Le solicito que usted pida la intervención de la Junta de Coordinación Política, para atender su petición. No es facultad de Mesa Directiva integrar el orden del día, sí aprobarlo una vez que lo ha propuesto. Sonido en la curul del diputado.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez(desde la curul): Por lo tanto, diputada, recordando que el pleno es la máxima autoridad, cito el artículo 143, en la que menciona que el pleno es la máxima autoridad de este pleno; por lo cual, le solicito a usted que ponga a consideración de este pleno la integración de estos dos puntos de acuerdo, estos dos dictámenes que el día de ayer ya estaban en el orden del día y fueron bajados por el Partido Verde Ecologista. Le solicito que le pida al pleno que aprueben o no su discusión en este momento.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sí, diputado. Le solicito que a través de su coordinadora esta petición se haga a la Junta de Coordinación Política, para que sea adecuadamente atendida.

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Permítame un segundo. Sonido a la curul del diputado Emilio Salazar. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías (desde la curul): Presidenta, como diputado de Chiapas y del Verde, no acepto que el compañero me señale como cobarde. Cobarde es aquel que en vez de llamarnos está litigando en medios y en redes, cuando pudiera estar acá haciéndolo.

Nosotros estamos buscando construir soluciones para el problema de salud, sabemos que hay una minuta ya firmada por los propios trabajadores. Pero de ningún modo aceptaría que me llamara de esa forma.

Tengo un respeto absoluto por mis compañeros y el mismo exijo de ellos. Es parte de ser pares, precisamente.

Aquí tengo las constancias de lo que hemos estado haciendo por los trabajadores de salud, de los que han reinstalado, de lo que hemos buscado de presupuesto adicional y de cómo buscamos soluciones y no el grito y la alharaca únicamente. Eso es lo que pudiera decir. Gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sí, diputado, gracias.

El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sonido en la curul del diputado Antonio Ixtlahuac, por favor.

El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (desde la curul): Gracias, presidenta. Simplemente para desde aquí solicitar al gobierno de Michoacán que pueda dar la suficiente información sobre los hechos acontecidos en Nahuatzen.

También solicitar a la Comisión de Asuntos Indígenas y a la Comisión de Derechos Humanos que participen ante estos enfrentamientos que se suscitaron el día de ayer en Nahuatzen, para poder conocer lo que ha pasado en ese municipio indígena de Michoacán, por lo tanto, le pedimos al gobierno del estado pueda transparentar y dar la suficiente información.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Muy bien, diputado, quedan asentadas sus declaraciones en el Diario de los Debates.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sonido nuevamente en la curul del diputado Santiago.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Gracias, señora presidenta. Es por las alusiones a mi persona, que el diputado Emilio Salazar acaba de mencionar. Y sostengo, los llamo cobardes porque han guardado silencio ante la situación que está viviendo Chiapas y porque su partido, aquí tengo la prueba, fue el que bajó los dictámenes que iban a ayudar para que la Cámara exhortara al gobierno del estado de Chiapas a solucionar el problema.

Ni es grito ni es alharaca, son acciones concretas que estamos haciendo y que justamente menciona, ayer los fui a buscar, pues resulta que del Verde no había nadie ayer en la tarde porque ya todos se habían ido y, bueno, ahora que están aquí presentes, pues les pido que se sumen a estos puntos de acuerdo porque igual, retomando lo que menciona el artículo 60, de que los puntos que se van a manejar en la Cámara son de prioridad y tienen que manejarse de acuerdo al interés público, pues justamente hoy en Chiapas ya hay seis enfermeras en huelga de hambre por la grave crisis que se está viviendo y hay más de tres millones de chiapanecos que no cuentan con servicio de salud adecuados.

Por lo tanto, solicito y exijo que si de verdad están trabajando, pues que se sumen ellos mismos, y le recuerdo, diputado Emilio y a su Partido Verde, ustedes mismos votaron a favor de este punto de acuerdo, ahora no entiendo la cobardía de que se echen para atrás porque el señor gobernador Manuel Velasco Coello ya les llamó la atención.

Les recuerdo, diputados, que no somos mandaderos de ningún gobernador y que aquí venimos a hacer un contrapeso al Poder Ejecutivo. Gracias, señora presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Le reitero, diputado Santiago, que la discusión de los dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo deben ser acordados por la Jucopo, por lo que le solicito formalice su petición ante este órgano a través de su coordinadora.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Continuamos con la sesión. Secretaría, el siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles cinco de abril de dos mil diecisiete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y ocho diputadas y diputados, a las doce horas con ocho minutos del miércoles cinco de abril de dos mil diecisiete, la Presidenta declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, enseguida se pone a discusión y no habiendo oradores registrados, se aprueba en votación económica.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con la que remite el Informe de Actividades dos mil dieciséis; así como el Calendario Anual de Difusión de la Información Estadística y Geográfica y de Interés Nacional del Instituto, correspondiente al año dos mil diecisiete. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

b) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través de sus áreas respectivas se actualicen de manera oportuna los pagos pendientes relativos a los diferentes programas de apoyo y sus respectivos componentes que permita sustentar y gestionar los altos costos de insumos que enfrentan los productores. Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a toda autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de los tres niveles de gobierno, así como de Procuraduría General de la República, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que en apego a las leyes aplicables en la materia, se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emitan los mismos. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que utilice mecanismos de denuncias confidenciales, accesibles y amigables con las niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos de su actuación, proveyendo apoyo legal. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que publique por los medios a su disposición la información pertinente acerca de la implementación, operación, recursos asignados y resultados obtenidos del esquema “El campo en tus manos”, desde su creación a la fecha. Se remite al promovente.

c) De la Secretaría de Gobierno del estado de Morelos, con la que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las de las entidades federativas, así como a las municipales, a sumarse a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil, aconsejándose emitir las disposiciones administrativas correspondientes para que los vehículos oficiales el día veintidós de septiembre, siempre y cuando no sean esenciales en la atención ciudadana o de emergencias. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y al Gobierno del estado de Morelos, a efecto de que continúen y ejecuten nuevas acciones para la prevención y combate del dengue y dengue hemorrágico trasmitido por vector, en dicha entidad federativa. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a los Gobiernos estatales y municipales de la República Mexicana y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a que en el ejercicio de sus atribuciones legales, formulen la respectiva coordinación y colaboración de cada uno con las autoridades correspondientes, en materia de Telecomunicaciones, con la finalidad de que se avance en la implantación de nuevos puntos de acceso gratuito a internet en lugares públicos con el evidente beneficio social que ello conlleva, privilegiando, de ser posible, que los nuevos puntos se instalen estratégicamente en los centros de vivienda con mayor densidad poblacional y menor capacidad económica. Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.

d) De la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla, con la que dan contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para garantizar a las mujeres en zonas marginadas el acceso a los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

Desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena. La Presidencia informa que dichas expresiones quedarán asentadas en el Diario de los Debates.

El siguiente punto del Orden del Día es la Agenda Política, referente a los comentarios relativos a las recientes resoluciones judiciales en el estado de Veracruz. Se concede el uso de la palabra para referirse al tema a las diputadas y a los diputados: María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza; Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano; Cuitláhuac García Jiménez, de Morena; Lia Limón García, del Partido Verde Ecologista de México; Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática; Kathia María Bolio Pinelo, del Partido Acción Nacional; y Laura Plascencia Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional.

La Presidencia da la bienvenida y saluda la presencia en este Salón de Sesiones de la arquitecta Aura Saldaña, Alcaldesa del Municipio de Sabana de la Mar, y Presidenta de la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicanas, de República Dominicana, así como a la licenciada Karolin Reyes, Gerente Técnica de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, invitados por el diputado David Sánchez Isidoro, del Partido Revolucionario Institucional.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre el Orden del Día las diputadas y los diputados: Norma Rocío Nahle García, de Morena; Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Partido de la Revolución Democrática; César Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional; José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática; y Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional. La Presidencia hace aclaraciones.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Pablo Elizondo García, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos doscientos sesenta, y doscientos sesenta y uno del Código Penal Federal y ciento sesenta y siete del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Presidencia de la diputadaGloria Himelda Félix Niebla

• Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

• Erika Irazema Briones Pérez, del Partido de la Revolución Democrática:

– Que adiciona un artículo trescientos treinta y cinco bis y reforma los artículos trescientos treinta y seis, trescientos treinta y siete, y trescientos treinta y ocho del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que reforma los artículos veintidós y veintitrés de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Juan Manuel Celis Aguirre, y suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Productos Orgánicos. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

A las trece horas con cuarenta y cinco minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos ochenta y seis diputadas y diputados.

• Jesús Emiliano Álvarez López, de Morena, que reforma el artículo noventa y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de contratación de migrantes repatriados. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza, que reforma el artículo ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Presidencia de la diputadaGloria Himelda Félix Niebla

• Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, que adiciona los artículos quinto y dieciocho de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dos dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, para fundamentar ambos dictámenes en una sola intervención, en nombre de la Comisión, posteriormente se discuten y votan en el siguiente orden:

a) Por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de diplomacia parlamentaria. No habiendo oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por trescientos setenta y tres votos a favor; y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

b) Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México. No habiendo oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por unanimidad de trescientos setenta y un votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dos dictámenes del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, para fundamentar ambos dictámenes en una sola intervención, en nombre de la Comisión, posteriormente se discuten y votan en el siguiente orden:

c) Por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de diplomacia parlamentaria. No habiendo oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por trescientos setenta y tres votos a favor; y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

d) Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México. No habiendo oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por unanimidad de trescientos setenta y un votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Justicia, por el que se reforma el artículo trescientos ochenta y uno bis, y se adicionan los artículos trescientos ochenta y uno ter, y trescientos ochenta y uno quáter al Código Penal Federal. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen al diputado Ricardo Ramírez Nieto, y quien presenta una adenda, en nombre de la Comisión, que en votación económica se admite a discusión, no habiendo oradores registrados en votación económica se acepta, y se incorpora al dictamen. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e intervienen los diputados: en pro Gerardo Federico Salas Díaz, del Partido Acción Nacional;

Desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento los diputados: Omar Noé Bernardino Vargas, del Partido Verde Ecologista de México; Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano; y Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, del Partido Revolucionario Institucional, y Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática. La Presidenta hace aclaraciones.

Continúan las intervenciones en pro del dictamen de los diputados: Omar Noé Bernardino Vargas, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

y Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por unanimidad de trescientos sesenta y ocho votos, se aprueba en lo general y en lo particular con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo trescientos ochenta y uno bis, y se adicionan los artículos trescientos ochenta y uno ter, y trescientos ochenta y uno quáter al Código Penal Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Cambio Climático, por el que se reforman los artículos séptimo, y treinta y cuatro de la Ley General de Cambio Climático. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, y quien presenta una adenda, en nombre de la Comisión, que en votación económica se admite a discusión y no habiendo oradores registrados en votación económica se acepta, se incorpora al dictamen. Para fijar postura de su grupo parlamentario interviene el diputado Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza, a nombre propio y del promovente. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por unanimidad de trescientos sesenta y cuatro votos, se aprueba el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se reforman y adicionan los artículos doce, catorce, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, y cincuenta y nueve de la Ley General de Educación. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a la diputada Hortensia Aragón Castillo, en nombre de la Comisión. No habiendo oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por trescientos cincuenta y cinco votos a favor; y cuatro abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales. En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios con relación al proyecto de decreto la diputada Yulma Rocha Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional.

El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión de los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo de las Comisiones:

• De Relaciones Exteriores, relativas al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda dos mil treinta.

• De Deporte, por el que se exhorta a las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal, para que evalúen la posibilidad de construir dentro de sus instalaciones espacios deportivos, así como a las 32 entidades federativas a continuar con la creación de programas de protección de parques y espacios deportivos públicos.

• De Justicia, por los que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a las Fiscalías Generales y/o Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas, así como a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a efecto de difundir y promover la impartición de los cursos de capacitación a Ministerios Públicos involucrados en Procesos de Donación de Órganos y Tejidos con fines de trasplantes.

• De Energía, por los que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que evalúe la pertinencia de efectuar la reclasificación de las tarifas eléctricas en el estado de Campeche, y por otra parte se exhorta a la Secretaría de Economía, Comisión Reguladora de Energía, y Comisión Federal de Electricidad, para que se elaboré un estudio que verse sobre el aporte a la competitividad en el país, por parte de las tarifas eléctricas que se aplican en cada entidad federativa.

• De Igualdad de Género:

– Por el que se exhorta respetuosamente a las y los Titulares de los Ejecutivos de las Entidades Federativas a incorporar un anexo específico y transversal para la igualdad entre mujeres y hombres en sus próximos Presupuestos de Egresos que contengan los recursos suficientes y necesarios para realizar políticas eficientes encaminadas a incorporar la igualdad.

– Por los que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades del Estado Mexicano, a hacer efectivos y respetar los derechos Político-Electorales de las mujeres en el Estado de Oaxaca, particularmente en los casos de los Municipios de San Martín Peras y San Miguel Peras respectivamente.

• De Turismo, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Turismo se amplíe la difusión con relación al Registro Nacional de Turismo.

• De Relaciones Exteriores:

– Relativo a la protección de los derechos humanos de los migrantes.

– Relativos a la protección consular de los connacionales en Estados Unidos de América.

• De Medio Ambiente y Recursos Naturales:

– Por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fortalecer e impulsar acciones tendientes a la conservación y preservación de la vaquita marina.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fortalecer e impulsar por la Comisión Nacional Forestal, acciones para garantizar que, a partir del Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete, los recursos recaudados por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales se destinen a los programas de reforestación, restauración y mantenimiento de los ecosistemas de las entidades federativas solicitantes de ese cambio.

– Por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo del gobierno del estado de Nuevo León a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable a evaluar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental y corregir las deficiencias en los equipos de medición de partículas contaminantes en el aire de todas las estaciones de monitoreo con el objeto de contar con herramientas eficaces e información confiable de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey y así atender oportunamente los problemas de salud de la población.

– Por el que se solicita respetuosamente a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno de la Ciudad de México, para efectuar las funciones de protección y conservación del Lobo Gris Mexicano, especie que se encuentra en peligro de extinción.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para efectuar las funciones de protección y conservación del jaguar.

• De Trabajo y Previsión Social:

– Por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a que convoque a mesas de diálogo para la nueva justicia laboral, en las que participen legisladores, sindicatos, empresarios, académicos, gobierno y demás sectores involucrados, con el fin de que se emitan opiniones respecto a una propuesta de reforma procesal laboral integral.

– Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a diversas dependencias de la Administración Pública, para concluir el proceso señalado en el sexto de la Ley Sobre la Celebración de Tratados respecto a la ratificación del Convenio ciento ochenta y nueve de la Organización Internacional del Trabajo.

• De la Ciudad de México,

– Por el que solicita a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Seguridad Pública, de la Ciudad de México, a implementar estrategias coordinadas de movilidad encaminadas a garantizar la seguridad peatonal y ciclista de la Ciudad de México.

– Por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a que, bajo el principio de la progresividad de los derechos y atendiendo el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, se mejoren las condiciones de operación en los hospitales pediátricos a su cargo.

– Por el que se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México que se establezcan las medidas necesarias a efecto de prever el mecanismo de tandeo necesario para el debido abastecimiento del vital líquido en Iztapalapa, en la próxima época de estiaje.

– Por el que se solicita al Sistema de Transporte Colectivo Metro establecer un plan emergente de mantenimiento mayor en todas sus líneas de este sistema de transporte público.

• De Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas locales a establecer acciones en pro de los hijos de las familias que sean deportadas de Estados Unidos, ante las medidas discriminatorias de su nuevo gobierno.

• De Salud,

– Por el que se exhorta a las autoridades de Salud para que vigilen de manera puntual que el procedimiento quirúrgico conocido como “cesárea” se lleve a cabo de manera responsable.

– Por los que se exhorta a diversas autoridades a intensificar los protocolos para prevenir, controlar y erradicar la plaga de mosco en la zona de la presa Manuel Ávila Camacho, en Puebla.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que realice campañas de educación, a fin de que se dé a conocer la enfermedad vascular cerebral isquémica, así como la elaboración de la norma oficial mexicana en la materia.

• De Igualdad de Género, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de continuar realizando acciones y programas encaminados a erradicar la violencia doméstica y de pareja contra mujeres y hombres.

• De Protección Civil,

– Por los que se exhorta a diversas autoridades federales y locales para la gestión de recursos y ejecución de las obras de prevención y mitigación de los riesgos derivados de las condiciones de la presa “Parral” y del río “Parral”, en Chihuahua.

– Por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales para asegurar que en los mensajes y recomendaciones preventivas, de preparación, auxilio o recuperación que emitan, se prevea el uso de lenguas indígenas, según las comunidades en riesgo.

– Por los que se exhorta a diversas autoridades federales y locales a coordinarse para llevar a cabo acciones preventivas interinstitucionales que eviten la ocurrencia de incendios forestales y sus consecuentes afectaciones a la población y a las actividades productivas.

• De Transparencia y Anticorrupción,

– Por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las entidades federativas, a expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes a la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las normas secundarias por las que se establece el Sistema Nacional Anticorrupción, aplicando el principio de máxima publicidad.

– Por los que se exhorta al titular de la Contraloría del Estado de México a poner a disposición pública la información relativa a las promociones de responsabilidad resueltas por la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública dos mil catorce respecto del programa “Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial”.

– Por el que se exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, informe sobre el funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia y sobre los planes de contingencia para los usuarios.

– Por el que se exhorta respetuosamente al Consejo de Judicatura Federal, a fin de que actualice la publicación de sus obligaciones de transparencia con respecto al año dos mil seis.

En votación económica se aprueban en conjunto los dictámenes con puntos de acuerdo listados en el orden del día, excepto los marcados con los números veintidós, veintiséis, y treinta y dos. Comuníquense.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, sobre la rescisión o revocación de concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público-privadas otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, sus filiales y subsidiarias, por las denuncias de corrupción presentadas en su contra y donde están involucrados servidores públicos, e intervienen para referirse al tema las diputadas y los diputados: José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social; Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza; Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano; Norma Rocío Nahle García, de Morena; Daniela de los Santos Torres, del Partido Verde Ecologista de México; Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Partido de la Revolución Democrática; Lorena del Carmen Alfaro García, del Partido Acción Nacional; y Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

En su oportunidad y desde su curul realiza moción de procedimiento el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena. La Presidenta hace aclaraciones.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que reforman los artículos segundo, ciento cincuenta, ciento ochenta, y doscientos cuarenta del Reglamento de la Cámara de Diputados.

b) De Transportes, por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los encabezados de los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se designa a la diputada que representará a la Cámara de Diputados ante el Consejo de Premiación Nacional de Protección Civil. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

• Por el que se crea un grupo de trabajo en materia electoral. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Flor Estela Rentería Medina, del Partido Revolucionario Institucional que reforma el artículo sesenta y siete de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona los artículos séptimo, noveno, y cien de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Yarith Tannos Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley General de la Juventud. Se turna a la Comisión de Juventud con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos veintiocho, y cuarenta y tres, y adiciona un artículo veintinueve bis a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Diputados integrantes de Morena, que adiciona un artículo ciento chenta y tres bis al Código Penal Federal, y reforma el artículo trescientos sesenta y dos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Juan Carlos Ruiz García, del Partido Acción Nacional:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Salud, para dictamen.

– Que adiciona el artículo ciento cincuenta y uno de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público

– Que adiciona los artículos veinticinco, y treinta y seis de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público

– Que adiciona el artículo veintiséis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• César Camacho, del Partido Revolucionario Institucional, que deroga el párrafo octavo del artículo dieciséis de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• María del Rosario Rodríguez Rubio, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que realicen el procedimiento de extinción y liquidación de la Lotería Nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Santiago Torreblanca Engell, del Partido Acción Nacional:

– Por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a que lleve a cabo diversas acciones, derivado del asesinato del ciudadano Pedro Alberto Vega Barrañón. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

– Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a que se lleve a cabo el retiro y manejo sustentable de lirio acuático de la zona chinampera de Xochimilco. (Turno a Comisión de la Ciudad de México)

En su oportunidad y desde su curul realiza moción de procedimientos el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena. La Presidenta hace aclaraciones.

La Presidenta cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de mañana jueves seis de abril de dos mil diecisiete, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con cincuenta y un minutos.»

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sonido en la curul de la diputada Pastrana, Aceves Pastrana, por favor.

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (desde la curul): ...la diputada Pastrana, por favor, solicito, porque siempre, siempre me dicen la diputada Pastrana, mi nombre es Patricia Aceves, la diputada Aceves Pastrana, por favor.

Muchas gracias por darme la palabra. Lo que quiero es presentar mi más enérgico rechazo a las declaraciones del señor José Antonio Sánchez, presidente de la radio y la televisión española, en el sentido, y voy a citarlo: lamentar la desaparición del imperio azteca es como mostrar pesar por la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La cultura azteca era un totalitarismo sangriento fundado en los sacrificios humanos.

Aquí, realmente quiero decir que da pena ajena la ignorancia de este señor, qué tiene que ver la historia del siglo XX con la historia del siglo XVI. Se ve que el señor ni sabe de historia ni conoce del método histórico y lo que sí muestra es un racismo recalcitrante. Entonces, rechazamos enérgicamente esta postura.

Asimismo, rechazo la declaración que dice que el descubrimiento de América ha sido el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad desde el nacimiento de Cristo. Otra vez da pena ajena, da vergüenza la ignorancia de este señor.

Para su conocimiento, los españoles no nos descubrieron, América ya estaba aquí y para eso hay bibliotecas enteras y toda una discusión que en su momento dio de manera brillante el historiador Edmundo O'Gorman en su libro La invención de América. América ya estaba aquí, ya existíamos, no nos descubrieron ni tampoco nos hicieron los españoles.

Y por último, sus argumentos de que en ningún momento exterminaron las culturas y civilizaciones originarias, que según él en la Conquista no hubo exterminio ni de culturas ni civilizaciones.

Nuevamente le quiero decir aquí a esta Cámara que después de la Conquista, transcurrido el siglo XVI solamente quedó el 80 por ciento, dicen los historiadores de la medicina, historiadores de las epidemias, que solo quedaron el 80 o 90 por ciento de la población del México antiguo.

Entonces, yo sí quisiera que esta Cámara expresara su más enérgico rechazo y que se pida por parte del gobierno de México una disculpa oficial por estas declaraciones, por tendenciosas, por racistas. Se ve que el señor está del lado del presidente Donald Trump y que se hace eco de sus declaraciones racistas. Gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada Patricia Aceves Pastrana. Me uno a lo expresado por usted, es lamentable lo sucedido. Y si no tiene inconveniente, haré llegar a la Junta su propuesta, lo que aquí acaba de expresar, para que ahí se emita el acuerdo correspondiente. Gracias.

Adelante, diputada. Sonido en la curul de la diputada Aceves Pastrana, por favor. Sonido, por favor.

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana(desde la curul): Es que como me dijo Aceves en lugar de Pastrana, ya no me reconocen. Voy a presentar un punto de acuerdo sobre este punto. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias a usted, diputada Aceves.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Cristina Gaytán. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (desde la curul): Gracias, presidenta. Celebro que varios grupos parlamentarios nos pronunciemos al respecto. Lo dicho la semana pasada por el presidente de la televisión española, como ya lo ha señalado mi compañera diputada, en frases que dicen que lamentar la conquista de los españoles es casi lo mismo que lamentar la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, además de diplomáticamente incorrecto, es una aberración.

Esto, obviamente, nosotros nos reconocemos como una nación que ha sido resultado de la fusión de dos culturas diametralmente opuestas, pero que nos enriquecieron como lo que ahora somos. Eso no obsta para que aceptemos las declaraciones tan condenables, y mucho menos que estemos de acuerdo en que se sigan reproduciendo como lo están haciendo.

Pido por favor a la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación Política y a mis compañeros diputados que a nombre del Poder Legislativo de este país pidamos una disculpa en torno a las declaraciones de este señor José Antonio Sánchez, ya que vulnera las constructivas relaciones entre las dos naciones. Más aún cuando estamos celebrando 40 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países.

Presidenta, le pido por favor que la Junta de Coordinación Política, y particularmente la Mesa Directiva haga un pronunciamiento, así como también se lo solicitaré a mis compañeros del Grupo de Amistad México-España, por ser inaceptables las declaraciones del presidente de esta institución.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada Cristina. Nuevamente me sumo y reitero que estamos de acuerdo en esta Presidencia con lo que usted ha expresado y lo haremos a través de la Junta de Coordinación Política, esta Presidencia así lo expresará. Gracias.

El diputado Juan Romero Tenorio(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sonido en la curul del diputado Juan Romero Tenorio, por favor.

El diputado Juan Romero Tenorio (desde la curul): Gracias, presidenta. Para señalar dos hechos graves que acreditan la existencia del Estado fallido ante la gravedad de violaciones de derechos humanos, como es el caso de Michoacán, donde hay cuatro indígenas purépechas muertos por una mala operación política del gobierno del estado de Michoacán, 38 indígenas detenidos.

Es grave la ineficiencia que tienen los gobiernos, federal y estatal, para abordar problemáticas sociales como el caso de esta comunidad purépecha, que traía un problema agrario pero fue mal atendido y con este resultado nefasto de violación de derechos humanos.

Otra situación también que acredita la violación de derechos humanos, es la incapacidad del Estado para garantizar la existencia de un medio de comunicación en el estado de Chihuahua. Rechazamos esta falta de eficiencia del Estado federal y del estado de Chihuahua, para garantizar el derecho a la libre expresión a través de condiciones de inseguridad que obligan a cerrar un medio de comunicación. Estamos cayendo en situaciones que no podemos tolerar ni aceptar como ciudadanos, más en un sistema político que se habla de ser democrático. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado.

La diputada Ximena Tamariz García(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sonido en la curul de la diputada Ximena Tamariz, por favor.

La diputada Ximena Tamariz García (desde la curul): Gracias, presidenta. El más reciente ataque en Siria causó hasta el momento más de 80 personas fallecidas, entre ellas 30 menores. Es lamentable la forma en que fallecieron y más allá de las determinaciones que haga el Consejo de Seguridad sobre los indicios de armas químicas, solicito atentamente hagamos un minuto de silencio en solidaridad con el sufrimiento del pueblo sirio y los fallecidos que son consecuencia de este último ataque. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias a usted, diputada.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sonido, por favor, en la curul del diputado Jesús Valencia. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): Gracias, presidenta. Solicitar respetuosamente que se revise quienes ingresan a este recinto, a este salón de pleno, porque hay personas que están como cabilderas en este recinto, lo cual yo creo que no es el espacio para personas ajenas a quienes nos corresponde legislar. Solicito que se revise, especialmente personas que están trabajando con el tema de los delfines, curul por curul.

Yo creo que eso tenemos que revisarlo, porque eso nos corresponde únicamente a los diputados. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tome nota la Secretaría por favor. Sonido en la curul del diputado Ángel Alanís, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Ángel II Alanís Pedraza(desde la curul): Gracias, presidenta. Únicamente para informar para los efectos legales y legislativos a que hubiera lugar, que los hechos ocurridos el día de ayer en Michoacán no fueron desatendidos. Previamente hubo ocho mesas de trabajo en las que se pactó con las comunidades indígenas que están dirimiendo un conflicto agrario por límites territoriales.

Sí fue atendido debidamente por el gobierno del estado de Michoacán, pero además la policía únicamente repelió un ataque a balazos por parte de los comuneros y habitantes de esa zona indígena.

Yo quiero comentar esto porque es necesario aclarar que no hubo violación a los derechos humanos, fue la respuesta a una agresión armada. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias a usted, diputado Alanís. Sonido en la curul del diputado Omar Bernardino, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas(desde la curul): Gracias, presidenta. De igual manera, en Michoacán se volvieron a desatar los demonios. Necesitamos unirnos todos los diputados federales de Michoacán, todos, sin distinción de partidos políticos, para hacer un punto de acuerdo y solicitar a las autoridades competentes que nos den la información para generar nosotros juicios.

Es decir, necesitamos la información de lo que está pasando en Nahuatzen y de lo que está pasando en otras comunidades que hay conflictos, comunidades indígenas. No podemos ahorita calificar si son buenos o son malos.

Necesitamos la información y para ello solicito y propongo que todos los diputados federales de Michoacán hagamos un punto de acuerdo para solicitarles a las autoridades competentes nos den la información y, una vez que la tengamos, pues entonces sí generar una estrategia en apoyo de las y los michoacanos para que se les sigan salvaguardando sus derechos humanos. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Queda registrado en el Diario de Debates. Gracias, diputado. Continuamos con la sesión. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Aprobada el acta.

Sonido en la curul del lugar donde se encuentra el diputado Marko Cortés, por favor. Antonio Salas, perdón. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado José Antonio Salas Valencia(desde la curul): Buenas tardes. Sí, presidenta, nada más comentar sobre el tema de Michoacán. Sí es cierto que es una región realmente complicada en la que suceden estos hechos lamentables; pero también sí es cierto que ha habido mucha opacidad por parte del gobierno del estado, que ha habido mucha situación de incertidumbre por parte del gobierno del estado, que el gobierno del estado ha sido incapaz de contener y de incluso realmente también estar dialogando con los propios comuneros.

Es un tema que tiene ya de por sí muchos meses y que han sido bloqueos de carreteras, hasta incluso el día de ayer llegar a, precisamente, a la violencia.

La fracción de Acción Nacional queremos solicitarle al gobierno del estado, y sobre todo también al gobierno federal, que ponga cartas en el asunto, de que realmente no se pueden violentar los derechos humanos de la forma que se ha hecho en esta comunidad del municipio de Nahuatzen. Llamar al gobierno del estado también a que ponga muchas cartas en el asunto, sobre todo en esa región.

En días pasados mi coordinador y un servidor, también habíamos realizado un oficio donde le solicitábamos al gobierno del estado seguridad para esa región, bueno, hasta el momento han hecho caso omiso.

Un llamado sobre todo al gobierno del estado y sobre todo también al gobierno federal, que den solución a esto. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Sus expresiones quedan registradas en el Diario de los Debates. Sonido en la curul de la diputada Paola Félix Díaz, por favor.

La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz(desde la curul): Gracias, presidenta. Quisiera dejar constancia, estuve reunida con diferentes organizaciones de sociedad civil de Baja California Sur, que me han expresado su miedo, sus preocupaciones por amenazas que han recibido; ya está presentada la denuncia. Yo quisiera que esto se observara y tuviera puntual seguimiento; es el señor, el secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa, quien ha amenazado a diferentes organizaciones de sociedad civil. Yo quisiera estar atenta a esto. Estoy buscando yo personalmente esta reunión y tener acercamiento con diputados federales del estado. Agradezco mucho.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias a usted, diputada; se registran igualmente sus expresiones. Tengo registrado al diputado Ángel Alanís y a la diputada Araceli Saucedo, y continuaremos con la sesión. Sonido en la curul del diputado Ángel Alanís, por favor.

El diputado Ángel II Alanís Pedraza(desde la curul): Gracias, presidenta. Únicamente para pedirles a mis amigos colegisladores michoacanos, que antes de desprestigiar al gobierno del estado, se informen; porque siendo michoacanos están mencionando que el conflicto de ayer sucedió en Nahuatzen, Michoacán. No es cierto, ni siquiera conocen ellos que esto sucedió en la comunidad de Arantepacua.

Lo que quiero es que coincidamos en que, si bien es cierto que merecemos algo mejor, este tipo de aseveraciones no abonan para lo que merecemos todos los michoacanos. Muchas gracias, nuevamente, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Sonido en la curul de la diputada Araceli Saucedo, por favor. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Araceli Saucedo Reyes(desde la curul): Gracias, presidenta. Con el mismo objeto en torno a los hechos ocurridos en nuestro estado de Michoacán, comentar que el gobierno del estado ha sido un gobierno que sí ha puesto siempre como prioridad el diálogo, las mesas de trabajo, y son mesas que no se vienen llevando a cabo desde los hechos ocurridos.

Han sido mesas de diálogo constante con esta región indígena, de manera muy particular siempre atendiendo los temas de los comuneros, los temas y los conflictos agrarios que ahí se llevan y que de ahí se han desprendido.

Creo que el trabajo de nosotros como legisladores federales es sumarnos y no tratar de politizar el tema y el conflicto que hoy se está, y que se ha generado en el estado. Tendremos que ser, por supuesto, muy responsables con las declaraciones y con las afirmaciones que se hacen para abonar, sobre todo, a la paz, que es la prioridad y que tendría que ser el tema de todos los michoacanos.

Creo que como diputados nuestra responsabilidad es esa, darles tranquilidad a nuestros ciudadanos de nuestros distritos, y el gobierno del estado tiene todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo como legisladores federales.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Quedan sus expresiones registradas. Continuamos con la sesión.



MINUTO DE SILENCIO

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Como ha sido solicitado, esta Presidencia invita a los presentes a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas por un ataque en Siria.

(Minuto de silencio)

Tomen asiento, por favor. Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Mesa Directiva, por el que se comunica la modificación de turno de proposición.



COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno al siguiente asunto:

• Proposición con punto de acuerdo relativo a la implementación de un programa de intervención en la zona de Asociación Nacional de Productores Agrarios (ANAPRA), en ciudad Juárez, Chihuahua, presentada por la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 23 de marzo de 2017.

“Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.”

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de abril de 2017.— Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Presidenta.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, el Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno de la proposición mencionada. Continúe, por favor, la Secretaría.

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Los suscritos, Miguel Ángel Sulub Caamal y Georgina Trujillo Zentella diputados federales e integrantes, del Grupo Parlamentario del PRI, a través de la presente, y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitamos a usted el retiro de la

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a su Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que actualicen y mantengan la vigencia durante el ejercicio de 2017 del decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas de Campeche y Tabasco, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016 y que concluyo su vigencia el 31 de diciembre de 2016 en el marco del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, presentada el 23 de febrero del año en curso, y turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior, considerando que la esencia de la inquietud contenida en dicha propuesta ha sido satisfecha el día 3 de abril de 2017 al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas de los estados de Campeche y Tabasco que se indican, de la cual anexamos copia.

Sin más por el momento, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2017.— Diputado Migue Ángel Sulub Caamal (rúbrica), diputada Georgina Trujillo Zentella (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-3-1490, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número B00.00.01.100, suscrito por el ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de asesores de la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa comisión para que haga público el estado en que se encuentra el relleno sanitario Bordo Poniente, así como los avances sobre el aprovechamiento de biogás de la empresa BMLMX Power Company.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 4 de abril de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Comisión Nacional del Agua.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/2547/16, dirigido al maestro Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sobre el siguiente punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados:

“Único. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua del gobierno federal hacer público el estado en que se encuentra el relleno sanitario Bordo Poniente, así como los avances sobre el aprovechamiento de biogás de la empresa BMLMX Power Company.”

Con fundamento en el artículo 16, fracción III, del Reglamento Interior de esta Comisión Nacional del Agua, le adjunto la comunicación enviada por el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 21 de marzo de 2017.— Ingeniero Alfonso Camarena Larriva (rúbrica), coordinador de asesores de la Dirección General.»

«Nota informativa

Para: Maestra Victoria Guadalupe Vital Estrada

Referencia: Su oficio B0017-0000038

Asunto: Maestro Valentín Martínez Garza comunica al subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, el punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la Comisión Nacional del Agua del gobierno federal, hacer público el estado en que se encuentra el relleno sanitario Bordo Poniente, así como sobre los avances sobre el aprovechamiento de biogás de la empresa BMLMX Power Company.

Bordo Poniente etapa IV

En septiembre de 2011 se otorgó la concesión para el cierre y clausura definitiva de la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente:

En junio de 2016 la Semarnat emitió visto bueno de la MIA, la empresa Energía Verde Bordo IV, SAPI de CV, solicitó una prórroga de plazo para el inicio de los trabajos.

Del resultado de modificaciones al proyecto éste se encuentra en etapa de cierre final contemplando acciones de sellado, red de captación de lixiviados y tratamiento, captación y transporte de biogás y su tratamiento, así como una planta de generación y subestación eléctrica.

El gobierno de la CDMX informa que la obra se iniciará en este primer semestre.

Bordo Poniente etapas I, II y III

Se entregó la propuesta de proyecto técnico, “Estudio para el saneamiento y rehabilitación del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos Bordo Poniente etapas I, II y III” al secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Este estudio fue elaborado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM y en éste se plantea un periodo de ejecución de seis meses y un costo de $12, 626,600.00 moneda nacional, von los resultados del estudio se podrán iniciar los trabajos de remediación necesarios.

Planta de composta

Se le solicitó al gobierno de la CDMX el control estricto de olores, vectores, lixiviados y drenaje pluvial por la gran cantidad de composta que permanece almacenada.

Planta termovalorizadora

Se evalúa la factibilidad del proyecto. En caso de ser positiva, el gobierno de la Ciudad de México debe presentar la MIA y el proyecto ejecutivo para que la Conagua extienda un permiso de Prefactibilidad que le daría vibilidad y celeridad al proyecto.

Atentamente

Iztacalco, Ciudad de México, a 30 de marzo de 2017.— Rodolfo Barragán Vargas (rúbrica), coordinación de asesores.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Ciudad de México, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio D.G.P.L.63-II-2-1593, signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/FMD/1.3.-147/2017, suscrito por el maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a poner a disposición de la sociedad las versiones públicas de información que contengan los avances de los proyectos de red troncal y de red compartida mayorista de telecomunicaciones, y otorgar a las mismas la mayor difusión posible a efecto de mantener a la ciudadanía puntualmente informada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 4 de abril de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacer referencia a su oficio SELAP/UEL/311/254/17, a través del cual remitió para su atención, el Punto de Acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, cuyo resolutivo exhorta a esta Secretaría y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que atendiendo al principio de máxima publicidad, pongan a disposición de la sociedad las versiones públicas de información que contengan los avances de los proyectos de red troncal y de red compartida mayorista de telecomunicaciones.

Al respecto, me permito remitir ‘los informes que la Dirección General de Telecomunicaciones de México (Telecomm-organismo público descentralizado) y de la Coordinación de Desarrollo Tecnológico de esta Secretaría han enviado mediante oficios 1002.-101 y 2.102.028/2017 respectivamente, adjuntos al presente para su consulta, en los cuales señalan los portales electrónicos donde se podrá consultar la información solicitada: respecto al Red Troncal a partir de los últimos días de abril y, de la Red Compartida que se encuentra activo con la información correspondiente al concurso público, sus bases y documentos generales.

Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2017.— Maestro Fausto Muciño Durán (rúbrica), director general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En seguimiento a su oficio SELAP/UEL/311/254/17 del 10 de febrero de 2017 donde nos comunica que por oficio D.G.P.L. 63-II-2-1593, la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, comunica a esa Secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 9 de febrero de 2017, y exhorta a poner a disposición de la sociedad las versiones públicas de información que contengan los avances del proyecto de red troncal y le otorguemos la mayor difusión posible a efecto de mantener a la ciudadanía puntualmente informada.

Al respecto le comunico que estamos trabajando en Telecomm para que en la página web de este organismo, la ciudadanía pueda consultar la información relativa a los avances del proyecto de la Red Troncal, misma que tenemos planeado liberar antes del fin de abril de este mismo año.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2017.— Licenciado Jorge Espinosa Mireles Zesati (rúbrica), director Red Troncal.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.— Presente.

Me refiero al oficio DGV/FMD/1.3.- 085/2017, con fecha 16 de febrero de 2017) por medio del cual b Dirección General de Vinculación requiere responder a la solicitud de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, en torno al siguiente punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y atendiendo al principio de máxima publicidad, pongan a disposición de la sociedad las versiones públicas de información que contengan los avances de los proyectos de red troncal y de red compartida mayorista de telecomunicaciones y otorguen a las mismas la mayor difusión posible a efecto de mantener a la ciudadanía puntualmente informada.

Al respecto, me permito informar a usted lo siguiente:

El 11 de junio de 2013 se promulgó el decreto por el que fueron reformados los artículos 6, 7, 27, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de Telecomunicaciones. Como parte de esta reforma, se determinó que el Estado debe garantizar “el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha e internet.

Para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional, la propia reforma en materia de Telecomunicaciones estableció en su artículo decimosexto transitorio, que el Ejecutivo Federal junto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizarán la instalación de una red pública de telecomunicaciones (Red Compartida).

Este proyecto es la primera asociación público-privada (APF, autofinanciable) para el diseño, instalación, despliegue, operación, mantenimiento y actualización de una red mayorista de servicios de telecomunicaciones móviles, con base en la optimización del uso del espectro asignado de banda de 700 MHz, reducir costos e incrementar la cobertura en regiones que carecen de servicios e infraestructura de telecomunicaciones.

En este sentido el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), convocó al Concurso Internacional número APP-0090000896-E1-2016, para la adjudicación de un proyecto de APP, para la instalación y operación de la Red Compartida, la cual atravesó por las siguientes etapas:

1) Publicación de las prebases del concurso

2) Publicación de las bases del concurso

3) Recepción de consultas y solicitudes de aclaración y entrega de respuestas

4) Presentación de propuestas y apertura de ofertas técnicas

5) Presentación de resultados de la evaluación de ofertas técnicas y apertura de ofertas económicas 6) Fallo del concurso

7) Firma del contrato

Con el objetivo de difundir y dar a conocer información pertinente y puntual relacionada con la Red Compartida, la ser puso a disposición el sitio

http://www.sct.gob.mx/red-compartida/index.html

el cual contiene toda información referente a cada etapa del proceso para la instalación y operación de la Red Compartida, en donde es posible consultar lo siguiente:

1. Documentos referentes al concurso de la red compartida, entre estos el compendio de manifestaciones de interés, criterios generales, prebases del concurso, invitación al concurso, etcétera.

2. Documentos que integran las bases del concurso internacional, entre estos las bases del concurso, el modelo de contrato de APP, modelo de concesión de espectro, etcétera.

3. Documentos del concurso de la red compartida que se encuentran en Compranet:

Información General del Concurso de la Red Compartida

Preguntas y respuestas de las Juntas de Aclaración

Actas y dictámenes emitidos por la entidad convocante

Contrato de Asociación Pública-Privada de la Red Compartida

4. Seis informes de Transparencia Mexicana, como testigo social designado por la Secretaría de la Función Pública dar a conocer a la opinión pública las condiciones en las que se desarrolló el concurso, con base en el artículo 64 de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

5. Información acerca de los beneficios del proyecto.

Además el 16 de febrero de 2017, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer el Programa de Conectividad Digital, Banda ancha para todos, como parte de su política de inclusión digital universal y en un esfuerzo por identificar y agrupar bajo una misma visión, los diez proyectos para consolidar los avances que se han logrado con la reforma de telecomunicaciones.

En dicho documento se plasman las generalidades de la Red Compartida, sus objetivos, impactos esperados y plazos de ejecución, entre otros aspectos, con la finalidad de dar a conocer a la opinión pública y al a ciudadanía las numerosas iniciativas en materia de acceso y asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones, con especial énfasis en el servicio de banda ancha.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2017.—Diego Martínez Cantú (rúbrica), coordinador.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-8-3259, signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 312.A.-0001006, suscrito por el licenciado Alejandro Sibaja Ríos, director general de Programación y Presupuesto B de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esa dependencia a asegurar la asignación de los recursos que etiquetó la Cámara de Diputados respecto al anexo 13, “Erogaciones para la igualdad entre Mujeres y Hombres”, especialmente el referente al “Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas”.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 3 de abril de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/300/543/17, recibido el 7 de marzo de 2017, dirigido al secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Meade Kuribreña, mediante el cual el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación (Segob), licenciado Felipe Solís Acero, comunica el acuerdo aprobado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 2 de marzo de 2017, por medio del cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Desarrollo Social, asegure la asignación de los recursos que etiquetó la Cámara de Diputados respecto al anexo13, “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, especialmente el referente al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), a fin de que sean entregados de manera íntegra a los estados, y cumplir el propósito para los que fueron designados “El Fortalecimiento y Empoderamiento de las Mujeres”, “La Igualdad entre Mujeres y Hombres” y “La Erradicación de la Violencia en contra de la Mujer”.

Al respecto, con fundamento en los artículos 8 A del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 65, apartados A, fracción II, y B del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le informo que se toma conocimiento del asunto en comento y en el ámbito de nuestra competencia, se dará cumplimiento a lo señalado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de marzo de 2017.— Alejandro Sibaja Ríos (rúbrica), director general.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio y en alcance a mi oficio SELAP/UEL/ 311/428/17, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 JOS/CECU/0487/17 suscrito por la doctora Lorena Buzón Pérez, coordinadora de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como de su anexo, mediante los cuales complementa la respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a continuar con la difusión de campañas para prevenir y controlar la diabetes en niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores en toda la República.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de abril de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/UEL/311/070/17 del 17 de enero de 2017, por el que la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación informó al maestro Mauricio Dávila Morlotte, jefe de la Oficina del Secretario, el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, que refiere al exhorto para continuar con la difusión de campañas para prevenir y controlar la diabetes en niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores en toda la República.

Sobre el particular, en alcance al oficio número UR 120 JOS/CECU/0409/17 del 7 de marzo del presente año, remito copia del oficio número CGDFSEP/151/2017, firmado por el licenciado Luis Velázquez López Velarde, coordinador general de Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública, que da respuesta al punto de acuerdo.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017.— Doctora Lorena Buzón Pérez (rúbrica), coordinadora de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Doctora Lorena Buzón Pérez, coordinadora general de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En seguimiento al oficio JOS/CECU/0114/2017, relativo a un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, relacionado a la difusión de campañas para prevenir y controlar la diabetes en niñas, niños, adolescentes y adultos mayores; sobre el particular se envía para su conocimiento y atención copia de la documentación recibida en la delegación federal de esta secretaría en el estado de México, por parte del licenciado Gerardo Sánchez y Sánchez, coordinador jurídico y de legislación de la Secretaría de Educación del estado, a través de la cual informó la atención que la autoridad educativa estatal brindó al asunto de referencia.

Sin más por el momento, se le envía un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2017.— Licenciado Luis Velázquez López Velarde (rúbrica), coordinador general de Delegaciones Federales.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Luis Gregorio Velázquez López Velarde, coordinador general de Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública.— Presente.

Permítame este medio para enviarle un cordial saludo y en atención a su correo electrónico de fecha 24 de enero de 2017, qué adjunta el oficio SELAP/311/070/17 de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, relativos al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, en la sesión celebrada el 17 de enero de 2017; me permito remitir a usted copia del escrito referente a la difusión de campañas para prevenir y controlar la diabetes en niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores en toda la República de fecha 8 de febrero de 2017, signado por el licenciado Gerardo Sánchez y Sánchez, coordinador Jurídico y de Legislación de la Secretaría de Educación del gobierno del estado de México.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

“Sufragio Efectivo. No Reelección”

Toluca, estado de México, a 22 de febrero de 2017.— Licenciado Víctor Manuel Soria Torres (rúbrica), subdelegado.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite al promovente.

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-I-1706 signado por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/433/2017 suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a fortalecer sus acciones de prevención, atención y diagnóstico oportuno en los casos de hepatitis C, en el país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 5 de abril de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/073/17, de fecha 17 de enero de 2017, mediante el cual informó que en la sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 17 de enero del 2017, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

“Único.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homologas en las entidades federativas y en el marco de sus atribuciones, fortalezcan sus acciones de prevención, atención y diagnóstico oportuno en los casos de hepatitis C, en el país.”

Al respecto me permito acompañar oficio SPPS-CAS-0956-2017 y anexo, suscrito por el doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2017.— Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo, los comentarios al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/259/2017, que refiere:

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homologas en las entidades federativas y, en el marco de sus atribuciones, fortalezcan sus acciones de prevención, atención y diagnóstico oportuno en los casos de hepatitis C, en el país.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 2 de marzo de 2017.— Miguel Ángel Lutzow Steiner (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.— Presente.

En atención al oficio SELAP/UEL/3211/073/17, de fecha 17 de enero de 2017, suscrito por el maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informa que en la sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 17 de enero del 2017, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe.

“Único.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y, en el marco de sus atribuciones, fortalezcan sus acciones de prevención, atención y diagnóstico oportuno en los casos de hepatitis C, en el país.”

Con base en lo anterior, he de agradecer su valiosa intervención a fin de contar con la opinión de esa subsecretaría respecto del punto de acuerdo en cuestión, de no existir inconveniente, en un término de 10 días.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de enero de 2017.— Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Estimado doctor Lutzow:

Por instrucciones de la doctora Uribe y en respuesta a su oficio SPPS-CAS-0509-2017 de fecha 1 de febrero de 2017, mediante el cual envía oficio UCVPS/259/2017, en el cual hace referencia al oficio SELAP/UEL/311/17 suscrito por el maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informa que en la sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el punto de acuerdo, por el cual solicita opinión y que textualmente dice:

Único.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y, en el marco de sus atribuciones, fortalezcan sus acciones de prevención, atención y diagnóstico oportuno en los casos de hepatitis C, en todo el país.

En respuesta a ello, le informo que el Censida de acuerdo a sus atribuciones ha incorporado desde el Programa de Acción Específico sobre la respuesta al VIH, Sida e ITS 2013-2018 intervenciones que favorecen el diagnóstico, evaluación y manejo de las personas coinfectadas por VIH y hepatitis C, además, se han elaborado diferentes documentos normativos y técnicos dentro de los cuales se encuentra el anteproyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2002. Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual y la guía de manejo antirretroviral de las personas con VIH 2016, en la cual, se incluye el manejo clínico de coinfección VIH-Hepatitis C.

Por otra parte, se ha venido trabajando con el Consejo de Salud en la elaboración del protocolo de manejo de la coinfección por hepatitis C y el VIH, independientemente de la edad de diagnóstico, mismo que ya ha sido aprobado por el Seguro de Protección Social en Salud, y se trabaja para operar esta intervención en las 32 entidades federativas y la Ciudad de México en este año.

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2017.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

En respuesta a su oficio SPPS-CAS-0508-2017, me permito informar que la Dirección General de Epidemiología en el marco de sus atribuciones y fortalecimiento, realiza el registro de casos sospechosos de hepatitis C desde el año 2000 a la fecha a través del Sistema de Vigilancia Convencional. Dicho sistema recolecta información de 25,320 unidades de atención médica, distribuida en las 32 entidades federativas. Los datos que derivan de este sistema pueden desagregarse por sexo, grupo de edad, entidad, municipio e institución.

Sin otro particular y esperando que lo anterior le sea de utilidad, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2017.— Doctor Cuitláhuac Ruiz Matus (rúbrica), director general de Epidemiología.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite al promovente.

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-l-0940 signado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/424/2017 suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a emitir un informe que contenga las bases científicas, documentos de toxicología y estadísticas de los efectos nocivos de las plantas cuya comercialización impiden, a través de los operativos de fármaco-vigilancia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 5 de abril de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/950/16, de fecha 17 de mayo de 2016, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 29 de abril del 2016, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

“Único.Se exhorta al Departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que, en el ámbito de sus facultades, emitan un informe que contenga las bases científicas, documentos de toxicología y estadísticas de los efectos nocivos de las plantas cuya comercialización impiden, a través de los operativos de fármaco-vigilancia.”

Al respecto me permito acompañar oficio CGJC/3/0R/ 576/2017, suscrito por la licenciada Paulina Ramírez Requena, subdirectora de Legislación y Consulta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano Legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017.— Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.

Con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 Bis de la Ley General de Salud; 2, literal C, fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 3 y 18, fracciones II y XVI del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y, artículo quincuagésimo sexto, fracciones I y V del acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los órganos administrativos que en el mismo se indica de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de abril de 2010; en atención a su oficio número UCVPS/1034/2016, por medio del cual remite a esta Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris o Comisión Federal), el dictamen sobre el punto de acuerdo, a través del cual exhorta a esta Cofepris, para difundir los documentos de toxicología y estadística sobre los efectos nocivos de las plantas cuya comercialización impiden, a través de los operativos de fármaco-vigilancia, le comento:

Con fecha 15 de diciembre de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “acuerdo por el que se determinan las plantas prohibidas o permitidas para tés, infusiones y aceites vegetales comestibles” (en adelante, el acuerdo). En atención al punto de acuerdo de mérito, esta Comisión Federal manifiesta que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en la totalidad de los archivos físicos y electrónicos de esta Cofepris, no se cuenta con la documentación solicitada referente a los estudios farmacológicos y toxicológicos de las plantas listadas en el acuerdo, por lo cual es menester precisar los motivos de la falta de dicha información.

De conformidad con lo establecido en materia de clasificación archivística, en específico, el “Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental de la Secretaría de Salud”, instrumento donde se establecen las vigencias documentales de los expedientes de la Secretaría de Salud y, en especial referencia a la tabla mostrada en la página 48, se desprende que la normativa para la vigencia documental de la información concerniente a “Evidencia y Manejo de Riesgos” (14S.9) es de seis años. Bajo este supuesto, todos los documentos que superan dicha vigencia por ende no se encuentran en los archivos de esta Cofepris, para lo cual se anexa el vínculo electrónico donde podrá consultar el mencionado Cuadro General de Clasificación Archivística: http://www.salud.gob.mx/cdi/pot/fxiv/Instrumentos-Control-Consulta-Archvistica_ 2013.pdf

Lo anterior, guarda relación a la naturaleza misma del tiempo transcurrido desde la fecha de emisión del documento y, toda vez que el 5 de julio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto de Creación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios”, que estableció la organización y funcionamiento de éste órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica, administrativa y operativa, responsable del ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios, en los términos de la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables. En ese momento, dicho nuevo órgano se integró por las direcciones generales de Medicamentos y Tecnologías para la Salud, Control Sanitario de Productos y servicios, Salud Ambiental, el Laboratorio Nacional de Salud Pública y la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario. Siendo el caso, que las funciones y atribuciones de la recién creada Cofepris, operaban de igual forma que la subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, pero elevado a un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud. De esta forma, las direcciones generales continuaron realizando acciones de regulación y control sanitario en sus respectivos ámbitos de competencia, con diferentes criterios y visiones.

En este orden de ideas, no fue sino hasta el 13 de abril de 2004, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de esta Comisión Federal, mismo que abrogó el decreto de creación y otorgó las funciones y atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios, e incluyó a los alimentos y suplementos alimenticios entre los ámbitos de competencia de este órgano desconcentrado, en su artículo 3, fracción I, apartado C.

En consecuencia, esta Cofepris si bien tiene competencia sobre el tema que nos ocupa, lo cierto es que los informes que contengan las bases científicas, documentos de toxicología y estadísticas de los efectos nocivos de las plantas establecidas en el acuerdo, no obran en los archivos de esta Comisión Federal. Da soporte a lo anterior, los argumentos siguientes:

Si bien es cierto que, esta Comisión Federal, a partir del año 2001 se encarga de la baja documental de sus propios archivos, a la fecha de publicación del acuerdo, el procedimiento de baja documental únicamente consideraba que para realizar este proceso, se requisitaban formatos de baja, los cuales eran resguardados por las áreas solicitantes en un periodo no mayor a cinco años y, no es hasta la publicación de la Ley Federal de Archivos, el día 23 de enero de 2012, la fecha en que se emite el primer ordenamiento jurídico nacional especializado en este tema, el cual prevé el procedimiento de los archivos tanto de su manejo como de su disposición final, esta última pudiendo ser la baja documental o la inclusión en los archivos históricos del Archivo General de la Nación.

En virtud de lo anterior, no es posible proporcionar la documentación solicitada, en atención a que los mismos fueron dado de baja de los archivos debido a la vigencia documental establecida, por lo que esta Cofepris se encuentra imposibilitada a entregar los informes que contengan las bases científicas, documentos de toxicología y estadísticas de los efectos nocivos de las plantas establecidas en el acuerdo.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2017.— Licenciada Paulina Ramírez Requena (rúbrica), subdirectora ejecutiva de Legislación y Consulta.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-3-1758 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/425/2017 suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a realizar campañas de difusión para la prevención de accidentes isquémicos transitorios.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 5 de abril de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/266/17, de fecha 10 de febrero de 2017, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 9 de febrero del 2017, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a realizar campañas de difusión para la prevención de accidentes isquémicos transitorios.”

Al respecto me permito acompañar oficio CCINSHAE-DGCINS-223-2017, suscrito por el doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017.— Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Me refiero a su oficio UCVPS/971/2017 mediante el cual hizo de nuestro conocimiento que el maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 9 de febrero de 2017, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

“Único.La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a realizar campañas de difusión para la prevención de accidentes isquémicos transitorios.”

En atención a lo anterior, adjunto al presente encontrará copia del oficio DG-062-2017, suscrito por el doctor Marco A. Martínez Ríos, director general del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, así como copia del oficio DG/081/17, suscrito por el doctor Miguel Ángel Celis López, director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez", mediante los cuales expresan su opinión al referido punto de acuerdo. Lo anterior, esperando sea marco de referencia para coadyuvar con la postura institucional de la Secretaría de Salud.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2017.— Doctor Simón Kawa Karasik (rúbrica), director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.— Presente.

Estimado doctor Kawa Karasik:

En atención al oficio CCINSHAE-DGCINS-137-2017, sobre la “difusión para la prevención de accidentes isquémicos transitorios”.

Al respecto, me permito enviar la opinión del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”:

1. Conviene hacer la distinción mundialmente aceptada entre prevención primaria y prevención secundaria.

2. Para la prevención primaria se sugiere:

A. Dar a conocer o la población la posibilidad de recurrencia y las consecuencias que puede tener un accidente isquémico transitorio (TIA por sus siglas en inglés) que se deja sin atender.

B. Informar cuáles con los síntomas más frecuentes del TIA para que el paciente sea llevado de manera expedita para atención médica (en mi opinión de preferencia a centros de 2o. o 3er nivel de atención).

C. Instruir con lenguaje comprensible que hay factores que implican riesgo de TIA y que estos se deben evitar y/o detectar para corregir:

• Hipertensión arterial

• Tabaquismo

• Polución atmosférica

• Dislipidemia

• Diabetes

• Fibrilación auricular

• Sobrepeso

Para la prevención secundaria se sugiere:

A. Que se divulgue la importancia de cumplir las indicaciones médicas en su totalidad ya que el tratamiento preventivo de un nuevo evento requiere manejo (antiagregantes plaquetarios en la mayoría, y según esté indicado antihipertensivos, hipolipemiantes, hipoglucemiantes).

B. Que se divulgue la importancia de asegurar el cese de tabaquismo, control de peso y ejercicio cuando aplique.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2017.— Doctor Marco A. Martínez Ríos (rúbrica), director general.»

«Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”.

Doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud.— Presente.

Por medio de la presente, en respuesta a su oficio número CCINSHAE-DGCINS-137/2017, de forma adjunta envío a usted la opinión emitida por el doctor Adolfo Leyva Rendón médico especialista de esta institución, para dar cumplimiento al punto de acuerdo señalado en dicho oficio.

Me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2017.— Doctor Miguel Ángel Celis López (rúbrica), director general.»

«Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”.

Al respecto del “dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fomentar campañas de difusión para la prevención de accidentes isquémicos transitorios” ofrecemos la siguiente opinión:

La Isquemia Cerebral Transitoria (ICT) forma parte del espectro de la enfermedad vascular cerebral, y consiste en la aparición de signos y síntomas neurológicos (pérdida de la fuerza. de la sensación, del lenguaje, etcétera) que resuelven espontáneamente en un periodo breve. No dejan secuela por sí mismos, pero su relevancia radica en que son el antecedente directo que indica que el paciente tiene gran riesgo en forma inmediata y mediata de desarrollar un infarto cerebral.

En México no se cuenta con estudios sobre la incidencia o prevalencia específicas para ICT, pero hay información sobre infartos cerebrales, con una incidencia 230 casos por cada 100,000 habitantes mayores de 35 años por año. En el 2011 se realizó un estudio (Renamevasc) de las distintas enfermedades vasculares cerebrales en el país con 2000 pacientes de varios hospitales a lo largo de la República Mexicana encontrando que las ICT comprendían el 4.9 por ciento de todas ellas, mientras que del total de infartos cerebrales el 7.2 por ciento tenían historia previa de ICT. Estas cifras son similares a lo descrito en estudios internacionales.

El riesgo establecido de presentar un infarto cerebral posterior a una ICT evento isquémico transitorio se considera del 12-20 por ciento a los tres meses. El riesgo de morbimortalidad en ese periodo -ya sea evento cardiovascular, muerte o recurrencia de ICT-, es de un 25 por ciento. Por lo tanto, el impacto de esta enfermedad radica en que eventos graves pueden evitarse si es evaluado y tratado de forma oportuna y correcta.

Una conducta usual de los médicos y los pacientes ante una ICT dado que los síntomas son transitorios es no proseguir con el estudio del paciente y no dar tratamiento específico.

Esto puede tener gran impacto dado que el estudio y tratamiento oportuno puede evitar que se desarrolle un infarto cerebral y en efecto evitar la discapacidad del paciente.

La ICT es una enfermedad que tiene un gran impacto en la salud del paciente por ser el factor predisponente inmediato para un infarto cerebral. Es necesario crear conciencia en todo el personal de salud y la población sobre la importancia de la evaluación y tratamiento de esta enfermedad, ya que un manejo oportuno incidirá de manera importante en el pronóstico del paciente.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-4-1707 signado por el senador Aarón Irízar López, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/ 436/2017 suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a fomentar campañas informativas y acciones de prevención y atención de la trombosis en el país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 5 de abril de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/141/17, de fecha 27 de enero de 2017, mediante el cual informa que en la sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 25 de enero del 2017, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

“Único.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas y en el marco de sus atribuciones, fomenten campañas informativas y acciones de prevención y atención de la trombosis en el país.”

Al respecto me permito acompañar oficio CCINSHAE-DGCINS-255-2017 y anexo, suscrito por el doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano Legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2017.— Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, doctor Guillermo M. Ruiz Palacios y Santos, hago referencia al oficio número UCVPS/946/2016, mediante el cual hizo de nuestro conocimiento que en la sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 25 de enero de 2017, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

“Único.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas y en el marco de sus atribuciones, fomenten campañas informativas y acciones de prevención y atención de la trombosis en el país.”

Al respecto, anexo al presente encontrará copia simple de los oficios número DG/066/2017 y número de referencia INC/DE/232/2017 con su nexo, ambos suscritos por el doctor Marco Antonio Martínez Ríos, director general del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, mediante los cuales remite análisis y opinión técnica del punto de acuerdo en comento a efecto de coadyuvar en la postura institucional de la Secretaría de Salud.

Son otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 21 de marzo de 2017.— Doctor Simón Kawa Karasik (rúbrica), director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.— Presente.

En atención al oficio de referencia CCINSHAE-DGCINS-140-2017, de fecha 23 de febrero del presente año, mediante el cual hace referencia al escrito UCVPS/946/2017, emitido por el titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, relacionado con el punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 25 de enero del 2017, en el cual se exhorta a fomentar campañas informativas y acciones de prevención y atención de la trombosis en el país, me permito comentar a usted lo siguiente:

1. El Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, inició desde el año 2015 las campañas de difusión sobre el problema mundial de salud que representan las enfermedades causadas por trombosis, en atención al llamado de la Organización Mundial de Salud, la International Society on Thrombosis and Haemostasis y el Día Mundial de la Trombosis, creado en 2014. Durante dos años consecutivos se han realizado y coordinado actividades y se están preparando las correspondientes al 2017.

2. Adjunto al presente, se anexa un informe en el cual que describen las acciones de difusión y coordinación emprendidas con otras organizaciones del país, como varios institutos nacionales de Salud, la Fundación Mexicana del Corazón, las academias y sociedades médicas. También incluye las actividades que se han extendido a varias ciudades del país, con el objetivo de informar, sensibilizar y promover el tratamiento de la enfermedad tromboembólica.

3. En febrero del año 2016 se creó el Comité de Tromboprofilaxis y Vigilancia del Tratamiento Antitrombótico del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, que ha implementado un programa de evaluación del riesgo de trombosis en todos los enfermos que ingresan a hospitalización y también recomienda las medidas de prevención pertinentes. (Se adjunta copia del acta de instalación).

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2017.— Doctor Marco Antonio Martínez Ríos (rúbrica), director general.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite al promovente.

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Secretaría General de Gobierno de Puebla.

Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Avenida Congreso de la Unión, número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza. código postal 1596, México, DF.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los articulas 34, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Puebla, 26 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, y en atención al oficio DGPL 63-II-1-1567 de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, suscrito por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que contiene el punto de acuerdo aprobado en sesión de misma fecha por el cual, Único: La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud y a los Gobiernos de las Entidades Federativas para que sigan empujando “El Plan de Acción Alzheimer y otras Demencias, fomentada por esta misma Secretaría a través del Instituto Nacional de Geriatría y Federación Mexicana de Alzheimer”; al respecto, me permito informar que la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del estado, a través del titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, dio a conocer las acciones que sobre el particular realizan las áreas en cuyo ámbito de competencia incide la atención del presente asunto.

En tal virtud, y a efecto de que se tenga a esta Entidad Federativa impuesta respecto del citado exhorto, me permito hacerle llegar copia de la documentación que contiene la información correspondiente.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 14 de marzo de 2017.— José Montiel Rodríguez (rúbrica).»

«Secretaría General de Gobierno de Puebla.

Ivonne Betsabeth Mateos Báez, directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.

Hago referencia al oficio número DGPL 63-II-1-1567 de fecha 15 de diciembre de 2016, dirigido al gobernador del estado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, enviado a esta Dirección de Asuntos Jurídicos a través del similar número SGG/SJ/ DGAJ/ DPL/0124/ 2017, relativo al siguiente Punto de Acuerdo aprobado por dicho órgano:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud y a los Gobiernos de las Entidades para que sigan empujando El Plan de Acción Alzheimer y otras Demencias fomentada por esta misma Secretaría a través del Instituto Nacional de Geriatría y la Federación Mexicana de Alzheimer.

Al respecto informo que a efecto de brindar la atención pertinente por parte de esta Dependencia y Entidad, el asunto citado fue remitido oportunamente a la Subsecretaría de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud y Coordinación de Servicios de Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, por ser ésta la Unidad Administrativa en cuyo ámbito de competencia incide. En este sentido dicha área a través del Memorándum número SSSYCSS/AJ/087/2017 envió el informe que emite la Dirección de Atención a la Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla mediante el similar número DAS/155/2017, mismos que en copia simple se acompañan.

Lo anterior, a efecto de que se tenga a esta Entidad impuesta respecto del asunto citado y con fundamento en los artículos 34 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 27 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno se brinde la atención que se estime conducente.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente

Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 8 de marzo de 2017.— Eduardo Ortiz Flores (rúbrica), director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Puebla.»

«Secretaría General de Gobierno de Puebla.

Eduardo Ortiz Flores, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Puebla (SSEP)

En atención a su similar número CI- DAJ- 0246/ 2017, relativo a un punto de acuerdo del Honorable Congreso de la Unión relativo al Plan de Acción Alzheimer y otras demencias, adjunto al presente remito a usted copia del memorándum número DAS/ 155/ 2017, signado por el director de Atención a la Salud de los SSEP, en donde informa las acciones realizadas en atención al Punto de Acuerdo en referencia.

Agradeciendo la atención que sirva prestar al presente, quedo de usted.

Atentamente

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 6 de marzo de 2017.— Manlio Santiago Hernández, coordinador consultivo especializado B de la Coordinación de Servicios de Salud de los SSEP (rúbrica).»

«Secretaría General de Gobierno de Puebla.

Doctor José Mario Márquez Amezcua, subsecretario de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud y coordinador de Servicios de Salud de los SSEP.— Presente.

Por este medio y en seguimiento al memorándum no. CI-246/2017 referente al oficio DGPL 63-II-1567 dirigido al gobernador del estado por la senadora vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, relativo al siguiente punto de acuerdo aprobado por dicho órgano:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas para que sigan empujando “El Plan de Acción Alzheimer y otras Demencias fomentada por esta misma Secretaría a través del Instituto Nacional de Geriatría y la Federación Mexicana de Alzheimer”.

Me permito informarle que el Plan de Acción Alzheimer y otras Demencias, establece ocho estrategias, con diferentes líneas de acción de las cuales se llevan a cabo por parte del Programa de Salud Mental, las que se presentan a continuación:

Estrategia l. Prevención y promoción de la salud mental

Se considera a la demencia como un problema de salud pública, de tal manera que se incluye en los programas de capacitación al personal médico y paramédico y en las actividades de difusión y promoción de la salud mental, dirigidas a la población.

Se concientiza a la población para favorecer la movilización en torno a la demencia a través de un monitor de salud (cuadernillo informativo) con datos relativos a la enfermedad de Alzheimer como son los signos y síntomas, las diferencias entre esta y el envejecimiento natural, los factores de riesgo y los factores protectores. Este monitor se distribuye a los promotores de salud para la difusión y orientación de la población en las diferentes unidades de los servidos de salud.

Se promueve el cuidado de la salud mental en todas las etapas del desarrollo humano, mediante la difusión de temas de salud mental en escuelas de todos los niveles educativos, instituciones públicas, y privadas así como dentro de las unidades médicas.

Estrategia 2. Asegurar el acceso a servicios de calidad

Se mejora la calidad de la atención geriátrica, neurológica y psiquiátrica para lograr un manejo médico integral en etapas avanzadas de la enfermedad por medio de la integración gradual del servicio de psiquiatría, geriatría y neurología en hospitales generales.

Se destina el tercer nivel de atención para el estudio y manejo de los casos difíciles para el adecuado diagnóstico diferencial y final, mediante la capacitación en guías clínicas de salud mental incluyendo la de diagnóstico y tratamiento de la demencia en el adulto mayor en el primer nivel de atención, IMSS-144-08-EVR que especifica que en caso de confirmarse el diagnóstico debe enviarse al paciente a valoración por el médico especialista.

Estrategia 3. Diagnóstico y tratamiento oportunos de las personas afectadas por la enfermedad

Se fortalece la formación y, capacitación de profesionales de la salud, principalmente en el primer nivel de atención, para detectar a personas afectadas, en etapas tempranas de la enfermedad a tí3vés de la capacitación a médicos no especializado en salud mental en el manejo de la Guía de Intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de atención no especializado que incluye un módulo destinado para la demencia.

Estrategia 4. Formación de recursos humanos específicos y suficientes.

Se implantan programas de capacitación permanente para la actualización de los profesionales de la salud y personal no profesional, a través de las estrategias antes descritas que consisten en la capacitación para el manejo de la guía mhGAP y la distribución del monitor de salud con la información relativa a la enfermedad de Alzheimer.

Estrategia 5. Promoción del respeto a los derechos humanos de las personas afectadas con demencia y de sus cuidadores

En cuanto a la promoción del combate a la discriminación en todos los ámbitos, anualmente se lleva a cabo la capacitación en derechos humanos del paciente psiquiátrico dirigido al personal del tercer nivel de atención con el objetivo de fortalecer el trato digno y de respeto a los derechos de las personas con enfermedades mentales.

Estrategia 6. Incrementar la investigación sobre la demencia

Con referencia al desarrollo de nuevas fuentes de información para la construcción de un sistema de vigilancia epidemiológica permanente para el monitoreo de los casos de demencia en México, se informa que a partir del año de publicación del Plan Específico en cuestión, la Dirección General de Epidemiología incluyó en el formato del Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), la posibilidad de reportar los casos detectados de Enfermedad de Alzheimer y derivado de esto se hace énfasis sobre la importancia de que los médicos realicen el registro en cada capacitación sobre el tema.

Estrategia 7. Evaluar periódicamente la efectividad de las acciones propuestas

En cuanto al establecimiento de un Plan de Acción Específico de Alzheimer y otras demencias así como la evaluación continua del impacto de cada una de las acciones propuestas a través de los indicadores, me permito informarle que no se llevan a cabo estas evaluaciones toda vez que para !a generación del Plan Específico se suscribió una carta de intención a favor de la creación del mismo por parte de los titulares de los Institutos Nacionales de Geriatría, de Neurología y Neurocirugía, de Psiquiatría y de las Personas Adultas Mayores, así como por la Federación Mexicana de Alzheimer.

Estrategia 8. Cuidados a largo plazo en las últimas etapas de la enfermedad

En relación con los programas de apoyo psicológico y espiritual, se cuenta con apoyo psicológico en hospitales generales y unidades de especialidad para la atención de los trastornos mentales en las diferentes etapas de la vida incluyendo la vejez.

Sin otro particular, quedo de usted,

Atentamente

“Sufragio Efectivo, No Reelección”

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 2 de marzo de 2017.— Doctor José Antonio Martínez García (rúbrica), director de Atención a la Salud.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Secretaría de Salud de Durango.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.

En atención a su similar número DGPL-63-II-7-1846, me permito comentarle que el Programa de Cáncer de Mama de los Servicios de Salud de Durango, tiene implementado un cronograma específico de capacitación para el personal operativo en los más de 250 Unidades donde se exploran 60,000 mujeres al año, además, se ha establecido una campaña permanente de toma de mastografía habiéndose realizado 20,000 estudios en el año 2016, la interpretación está a cargo de cuatro médicos especializados en Imagenología certificados en lectura de mama por el Centro Nacional Equidad de Género y Salud Reproductiva. En el 2017 habremos de incrementar estas acciones acorde a la población de 40 a 60 años y aumentar la difusión de la autoexploración, mantendremos con óptima productividad la Red de Mastografía de los SSD, lo anterior, en respuesta a las necesidades de este problema de salud pública que sin duda con estas estrategias de promoción para la prevención y diagnóstico oportuno lograremos dar una batalla frontal contra el Cáncer de la Mujer.

Agradeciendo su interés en este tema, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Durango, Durango, a 16 de marzo de 2017.— Doctor César Humberto Franco Mariscal (rúbrica), secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Secretaría de Salud de Tabasco.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En atención a su oficio número D.G.P.L. 63-II-1846, en el cual solicita implementar acciones para garantizar a las mujeres en zonas marginadas, el acceso a los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama; informo a usted lo siguiente:

El Programa de Cáncer de Mama tiene como objetivo la disminución de la morbi-mortalidad por este padecimiento y la Norma Oficial Mexicana 041 establece los lineamientos para las acciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica. Es de observación obligatoria para todo el personal de salud profesional y auxiliar del sector público, social y privado, perteneciente al Sistema Nacional de Salud, brindar atención médica en materia de cáncer de mama.

Panorama epidemiológico

A partir del año 2006, el cáncer de mama desplazo al cáncer cérvico uterino, para ubicarse como la primera causa de muerte por cáncer en la mujer.

En Tabasco en el 2015 el 68 por ciento de las defunciones ocurrieron en mujeres de 40 a 69 años. La tasa de mortalidad por cáncer de mama muestra un crecimiento del 0.72 por ciento pasando de una tasa de mortalidad de 13.7 en el año 2010 a un 13.8 en el año 2015 por 100 mil mujeres de 25 años y más. Los municipios con mayor mortalidad por este padecimiento son Centro (20.2), Tenosique 17.57, Cárdenas 16.49, Tacotalpa 16.28 y Centla (15.3).

Promoción de la Salud

Las actividades de promoción que realizamos en las 17 jurisdicciones sanitarias permanentemente son:

• Se imparte educación a la población para el conocimiento de los factores de riesgo y promover estilos de vida sanos que contribuyen a disminuir la morbilidad por el cáncer de mama.

• Se fomenta la demanda por medio de pláticas educativas y enseñanza de la autoexploración mamaria para de la detección temprana con el objetivo de mejorar la oportunidad en el diagnóstico y tratamiento.

• Promoción impresa tales como dípticos, trípticos y abanicos de cáncer de mama los cuales muestran los factores de riesgo del padecimiento.

• Elaboración de periódicos murales alusivos al cáncer de mama y los signos y síntomas que debemos vigilar en los senos para solicitar atención inmediata.

• Se realizan semanas intensivas las cuales están dirigidos a realizar promoción del cáncer de mama así como prevención y diagnóstico.

• Se efectúan caminatas, zumbatones y desfiles en el marco del Día Mundial del Cáncer de Mama que se celebra el 19 de octubre.

• Se imparten pláticas sobre la importancia de la autoexploración clínica mamaria.

• Se realizan talleres sobre la forma correcta de realizar la autoexploración mamaria con retroalimentación y práctica.

En infraestructura se cuenta con los siguientes servicios:

920 núcleos básicos y caravanas (caravanas que llegan a lugares muy marginados de la cabecera municipal).

• 17 Jurisdicciones sanitarias.

• 12 mastógrafos fijos para tamizaje de mastografía (Hospital de Balancan, Centla, Uneme de Imagenologia (2 servicios), Doctor Gustavo A. Rovirosa Pérez, Doctor Juan Graham Casasús, Comalcalco, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Macuspana, Paraíso y Jurisdicción de Tenosique).

• 2 Unidades Móviles (Unidad Móvil Río San Pedro y Unidad Móvil Río Usumacinta) que recorren el Estado en los municipios que no cuentan con servicio de mastografía y en áreas marginadas, para realizar mastografías a las mujeres de 40 a 69 años.

• 1 transporte de traslado (Minibús de Cáncer de la Mujer) que traslada a las mujeres de comunidades muy lejanas a los servicios de mastografía de la Uneme de Imagenologia y Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”.

• 2 clínicas de mama (Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer y Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús”.

• 1 Servicio de Oncología en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús”.

Se realizan actividades de detección y son en tres tipos de intervención específicas, que van dirigidos a la población femenina de acuerdo al grupo de edad o vulnerabilidad y son:

• Autoexploración mamaria: a partir de los 20 años y más cada mes entre el 7°y 10° día después de la menstruación; si la mujer está en etapa de menopausia, deberá elegir un día para realizársela mensualmente.

• Examen clínico: debe ser realizado anualmente a cada mujer de 25 años y más, que asiste a las unidades de salud por personal médico o enfermera capacitada en condiciones que garanticen el respeto a la privacidad de la mujer. El examen clínico de las mamas debe incluir la identificación de los factores de riesgo en la historia clínica, para determinar la edad de inicio de la mastografía; así como necesidades especiales de consejería en mujeres de alto riesgo.

• La mastografía: es el método de detección del cáncer de mama, que ha permitido demostrar una disminución en la mortalidad por este padecimiento cuando se efectúa con calidad en el marco de un programa de detección. Se debe realizar por mastógrafo 3,500 estudios anuales. La mastografía de tamiz aje, se realiza a todas las mujeres de 40 a 69 años de edad, cada dos años y en menores de 40 años se realiza ultrasonido de alta resolución.

El cáncer de mama hereditario prevalece del 5 al 10 por ciento en línea directa (madre, hermana e hija) y el estudio de mastografía anual en menores de 40 años con herencia del cáncer de mama, se debe realizar entre 5 y 10 años antes del diagnóstico más precoz de cáncer de mama en la familia; pero no por debajo de los 25 años de edad.

El resultado de mastografía, se entrega en un lapso no mayor a 15 días hábiles después de la toma. La mastografía tiene clasificaciones en birads 0 al 5; siendo las probables malignas los diagnósticos con birads 4 y 5. El procedimiento a seguir en estas mujeres, es la canalización en menos de 24 horas a la clínica de mama del Hospital Regional de Alta Especialidad “Doctor Juan Graham Casasús”; para ser atendidas y diagnosticadas con biopsias con la finalidad de confirmar o descartar el cáncer de mama. Si el resultado de biopsia es positivo, se refiere al servicio de oncología (médico oncólogo) para que en menos de 15 días, sea atendida para su inicio de tratamiento (radioterapia, quimioterapia, cirugía y hormonoterapia biológicas). Los birads 0 y 3, se envían a la Clínica de Mama del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer para su valoración y atención.

Las pacientes son derechohabientes de seguro popular y se cuenta con el Fondo de Gastos Catastróficos para que todo el proceso de atención sea gratuito. El tratamiento de las diferentes etapas del cáncer de mama se realiza de acuerdo con la Guía de Práctica Clínica.

Las pacientes con tratamiento de cáncer de mama reciben evaluación para determinar el tipo de rehabilitación que ameriten:

• Psico-oncólogos

• Rehabilitación (ejercicios para el infedema)

• Prótesis

• Cirugías por ONG para reconstrucción de las mamas

• Fisioterapia

En su defecto cuando llegan en etapa terminal, se deben realizar cuidados paliativos; estos son una alternativa que mejora la calidad de vida de las y los pacientes a través de la reducción del sufrimiento físico y emocional mediante la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor así como de otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. También hay procedimientos de cáncer de mama durante el embarazo y la lactancia, cáncer de mama en el hombre, educación continua al personal de salud, control y gestión de la calidad y vigilancia epidemia lógica (se da seguimiento a cada paciente).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Villahermosa, Tabasco, a 27 de marzo de 2017.— Doctor Rafael Gerardo Arroyo Yabur (rúbrica), secretario de Salud.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala.

Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Por este conducto hago de su conocimiento que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en sesión ordinaria, celebrada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, aprobó por unanimidad de votos el proyecto relativo al “Análisis del grado actual de armonización de las leyes locales con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos”, mismos que se anexa en copia, con la finalidad de que se tenga al Tribunal superior de Justicia del Estado de Tlaxcala tomando medidas para dar cumplimiento al apartado I del punto primero del “acuerdo para dar cumplimiento a la solicitud de que el Poder Judicial fortalezca las acciones de prevención, protección y procedimiento del delito de trata de personas con fines de explotación sexual”.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, a 28 de febrero de 2017.— Licenciado Luis Hernández López (rúbrica), secretario general de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia.»

«Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala.

Magistrada Elsa Cordero Martínez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

A efecto de dar cumplimiento a su instrucción girada mediante oficio número 4434/2016, recibiendo el veinticinco de noviembre del año en curso, en el que se me instruye elabore un proyecto para dar cumplimiento al apartado marcado con el número I del punto primero, del “acuerdo para dar cumplimiento a la solicitud de que el Poder Judicial fortalezca las acciones de prevención, protección y procesamiento del delito de trata de personas con fines de explotación sexual”, relativo al análisis del grado de armonización de las leyes locales con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle un cordial saludo.

Atentamente

Tlaxcala de X., a 9 de diciembre de 2016.— Licenciada Rita Torres Pérez (rúbrica), jefa de departamento adscrita a la Dirección Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado.»

«Análisis del grado actual de armonización de las leyes locales con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, entró en vigor el quince de junio de dos mil doce, y en el artículo décimo transitorio impone a las Legislaturas Locales la obligación de hacer las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, con el fin de armonizarlas con la citada Ley, sin que se establezca un plazo determinado para ello.

No debe pasar desapercibido que, recientemente el Pleno del Senado aprobó reformas a: la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, reformas que de ser aprobadas por la Cámara de Diputados implicaran una modificación sustancial a dicha Ley y a la que en todo caso deberá armonizarse la legislación local.

Como antecedente de la reciente reforma aprobada por el Senado debe decirse que de las reformas propuestas originalmente ambas cámaras coinciden en 60 artículos que son: 20, 21, 43, 45, 46, 47, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 125 y 126; así como los transitorios. la Cámara de Diputados, que fue la revisora, planteó modificaciones a 47 articulas que son: 2, fracción II; 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 28, 28-Bis, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 44, 48, 63, 66, 69, 74, 77, 78, 84, 86, 97, 102, 103, 1091 110, 118, 121 y 124; así como los artículos transitorios 7 y 11; de esos 47 artícu1bs el Senado acepta en sus términos la modificación a 20 artículos: 4, 8, 32, 33, 34, 44, 48, 63, 74, 77, 78, 86, 103, 109, 110, 118, 121, 124, séptimo transitorio y décimo primero transitorio; pero insiste en la propuesta de proyecto de decreto de origen en 22 de sus artículos: en el artículo 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 28, 28 bis, 30, 31, 36, 42, 66 y 97. (Información obtenida de la página electrónica del Senado de la República).

Análisis de la normatividad estatal en materia de trata de personas

1. Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Respecto al delito de trata de personas el artículo 284, textualmente establece:

“Artículo 284. En lo referente a los delitos en materia de trata de personas, se estará a lo previsto en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.”

La potestad de tipificar el ilícito de trata de personas, corresponde exclusivamente a la Federación, en ejercicio de sus facultades en términos del artículo 73, fracción XXI, párrafo primero de la Constitución Federal, correspondiendo a las entidades federativas únicamente facultades para prevenir, investigar y castigar el referido delito, conforme al régimen de concurrencia previsto en el citado precepto legal, precisamente, porque desde la Constitución se faculta al Congreso de la Unión a emitir una ley general en la materia, misma que permite a las autoridades de las entidades federativas conocer de los delitos federales tipificado s en ella, no se requiere de una incorporación al Código Penal Local.

2. La Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala

Considerando que la última reforma a la Ley en comento fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el veintiséis de abril de dos mil once y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, entro en vigor el quince de junio de dos mil doce, es evidente que no se ha realizado reforma alguna a la Ley Local para armonizarla con la citada Ley General.

Al respecto, considero que es más conveniente que se abrogue la Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala y se expida una “nueva ley”, en la que se establezcan la competencia, facultades y obligaciones que de manera exclusiva o concurrente corresponden al estado y a los municipios en materia de prevención, investigación y sanción de los delitos en materia de trata de personas, así como la protección y asistencia a las víctimas de esos delitos, en virtud de que la Ley local no lo regula debidamente ni se ajusta a 10 dispuesto en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y. para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Del análisis realizado se advierte lo siguiente:

A. La ley local sólo regula lo relativo a la prevención de la trata de personas, siendo que los Estados son competentes para investigar procesar y sancionar los delitos en materia de trata de personas cuando no se den los supuestos previstos en el artículo 5o. de Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, consecuentemente es factible que se establezcan las atribuciones de las autoridades estatales y municipales, en sus ámbitos de competencia, considerando las facultades que les son delegadas en la Ley General

B. La norma estatal únicamente regula lo relativo a la protección y asistencia de las víctimas del delito, pero es omisa totalmente respecto a los ofendidos’ y testigos de los delitos en materia de trata, siendo que el artículo 62 de la Ley General establece que las autoridades, responsables de atender a las víctimas del delito en el ámbito estatal adoptaran medidas tendientes a proteger y asistir debidamente a víctimas, ofendidos y testigos.

C. La ley local establece principios rectores que deben observarse en su aplicación, sin embargo estos difieren de los que contempla la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, siendo necesario la armonización de conceptos, para evitar interpretaciones diferentes.

D. Respecto de la constitución del fondo para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos en materia de trata de personas, la ley local sólo contempla que se integrará por las multas que se impongan como sanción por la comisión del delito de trata de personas, en tanto que el artículo 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, establece como se integrara.

Sin que pase desapercibido que en el artículo 72 de la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala, Se crea el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos.

E. Por cuanto hace a la integración del Consejo Estatal contra la Trata, el artículo 6 establece las dependencias que lo conforman, pero no se especifican las obligaciones que corresponden a cada una, lo que resultaría de suma utilidad para, hacer más eficiente el funcionamiento del Consejo, tal como se establece en el artículo 89 de la ley general en cita.

3. Reglamento Interior del Consejo Estatal contra la Trata de Personas

El Reglamento en cita entró en vigor el cuatro de agosto de dos mil diez y su única reforma fue el cuatro de noviembre de dos mil catorce, reforma que no tuvo por objeto la armonización con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, sino fundamentalmente regular la participación de las organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo Estatal contra la Trata de Personas.

4. Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala

La última reforma a la Ley en cita fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 28 de noviembre de 2014, de su análisis se advierte que las reformas fueron tendentes a su armonización con la Nueva Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil trece, cuya última reforma fue publicada el tres de mayo de dos mil trece.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

MINUTAS



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de abril de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL.

ARTÍCULO PRIMERO. Se ADICIONA la fracción XII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33. ...

I. a XII. ...

XII Bis. Impulsarán medidas para que las instituciones que presten servicios de estancias infantiles o guarderías, faciliten la incorporación a los hijos de estudiantes que cursen la educación media superior y la superior, con el objeto de que no abandonen sus estudios.

XIII. a XVII. ...

...

ARTÍCULO SEGUNDO. Se ADICIONA un segundo párrafo al artículo 15 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue:

Artículo 15. ...

Las autoridades impulsarán medidas para que en la prestación de estos servicios se facilite la incorporación a los hijos de estudiantes que cursen la educación media superior y la superior, con el objeto de que no abandonen sus estudios.

Transitorio

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 4 de abril de 2017.— Senador César O. Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora Itzel S. Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Derechos de la Niñez, para dictamen.



LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social, en Materia de Inclusión y Cohesión Social, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de abril de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA DE INCLUSIÓN y COHESIÓN SOCIAL.

ARTÍCULO ÚNICO. Se ADICIONAun segundo párrafo al Artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

Los programas y planes, en materia de desarrollo social, a que se refiere el párrafo anterior, deberán articularse con una visión de largo plazo que considere la cohesión e inclusión social.

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 4 de abril de 2017.— Senador César O. Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora Itzel S. Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.



LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social,aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de abril de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

ARTÍCULO ÚNICO. Se ADICIONA un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 28. ...

Su contenido debe orientarse exclusivamente a informar sobre los servicios y prestaciones de los programas de desarrollo social, así como de los derechos y obligaciones de los beneficiarios, bajo criterios de neutralidad, veracidad, objetividad y accesibilidad.

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 4 de abril de 2017.— Senador César O. Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora Itzel S. Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.



LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de abril de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el inciso c) y último párrafo de la fracción I del artículo 4 y los incisos c) y d) del artículo 28, de la Ley de Asistencia Social para quedar como sigue:

Artículo 4.- ...

...

I. ...

a) y b) ...

c) Maltrato, abuso o cualquier otro tipo de violencia que dañe su integridad personal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás disposiciones aplicables;

d) a m)...

Para los efectos de esta Ley son niñas y niños las personas menores de 12 años de edad y adolescentes las personas entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, tal como lo establece el Artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

II. a XII. ...

Artículo 28.- ...

a) y b) ...

c) Con fundamento en lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y atendiendo al interés superior de la niñez, el Organismo tendrá como responsabilidad coadyuvar en el cumplimiento de esa Ley;

d) La prestación de servicios de representación y asistencia jurídica, de orientación social a niñas y niños y adolescentes, se realizará por conducto de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en los términos de la ley en la materia.

El organismo prestará los servicios descritos en el párrafo anterior a personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad, indigentes, indígenas, migrantes, desplazados o se encuentren en situación de discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que México sea parte y demás legislación aplicable;

e) a z) ...

Transitorio

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 4 de abril de 2017.— Senador César O. Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora Itzel S. Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.



LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de abril de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 1, fracciones III y IV; 9; 16; 17; la fracción IV del 23; 27; 32; 33; 34; el primer párrafo del 38; el primer párrafo del 39; 40; 42; la fracción III del 44; la fracción IX del 56; 60; 61; la fracción I del 71 y el 74, todos de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

I. y II. ...

III. Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos municipales, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, gobiernos de las entidades federativas y el federal;

IV. Determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de las entidades federativas y del Gobierno Federal en materia de desarrollo social, así como las bases para la concertación de acciones con los sectores social y privado;

V. a IX. ...

Artículo 9. Los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuéstales necesarios y estableciendo metas cuantificables.

Artículo 16. Los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal harán del conocimiento público cada año sus programas operativos de desarrollo social, a través de los medios más accesibles a la población, en un plazo máximo de 90 días a partir de la aprobación de sus presupuestos de egresos anuales respectivos.

Artículo 17. Los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, de acuerdo a las reglas de operación que para el efecto emita el Ejecutivo Federal, excepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una dependencia, entidad u organismo federal, estatal o de la Ciudad de México.

Artículo 23. ...

I. a III. ...

IV. En el caso de los presupuestos federales descentralizados, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y municipios acordarán con la Administración Pública Federal el destino y los criterios del gasto, a través de los convenios de coordinación.

Artículo 27. Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el Padrón.

Artículo 32. Los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal podrán convenir acciones y destinarán recursos para la ejecución de programas especiales en estas zonas.

Artículo 33.Los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal fomentarán las actividades productivas para promover la generación de empleos e ingresos de personas, familias, grupos y organizaciones productivas.

Artículo 34. Los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal estimularán la organización de personas, familias y grupos sociales, destinando recursos públicos para promover proyectos productivos; identificar oportunidades de inversión, y brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para la organización y el diseño de proyectos y apoyo legal para la realización de estas actividades.

Artículo 38. El Sistema Nacional es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los gobiernos; federal, los de las entidades federativas, los municipales, y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como los sectores social y privado, que tiene por objeto:

I. a VI. ...

Artículo 39. La coordinación del Sistema Nacional compete a la Secretaría, con la concurrencia de las dependencias, entidades y organismos federales, de los gobiernos municipales, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y de las entidades federativas, así como de las organizaciones. La Secretaría diseñará y ejecutará las políticas generales de desarrollo social. Al efecto, coordinará y promoverá la celebración de convenios y acuerdos de desarrollo social.

...

Artículo 40. En el ámbito de sus atribuciones y en congruencia con las disposiciones de esta Ley las legislaturas de los estados, el Congreso de la Ciudad de México, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, emitirán normas en materia de desarrollo social, tomando en cuenta sus particularidades.

Artículo 42. Los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México formularán, aprobarán y aplicarán sus propios programas de desarrollo social, los cuales deberán estar en concordancia con los de las entidades federativas y el del Gobierno Federal.

Artículo 44. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:

I. y II.

III. Convenir acciones y programas sociales con los gobiernos de sus municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

IV. a VIII. ...

Artículo 56. El Consejo tendrá las funciones siguientes:

I. a VIII. ...

IX. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y organizaciones, para la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo social;

X. a XIII. ...

Artículo 60. El Consejo podrá recibir la colaboración de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de organizaciones civiles y de particulares.

Artículo 61. El Gobierno Federal, los de las entidades federativas, los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México garantizarán el derecho de los beneficiarios y de la sociedad a participar de manera activa y corresponsable en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de la política social.

Artículo 71. ...

Solicitar la Información a las autoridades federales, estatales y a los de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y municipales responsables de los programas de desarrollo social que considere necesaria para el desempeño de sus funciones;

II. a V. ...

Artículo 74. Para la evaluación de resultados, los programas sociales de manera invariable deberán incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. Las dependencias del Ejecutivo Federal, estatales o municipales, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, ejecutoras de los programas a evaluar, proporcionarán toda la información y las facilidades necesarias para la realización de la evaluación.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 4 de abril de 2017.— Senador César O. Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora Itzel S. Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.



LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de abril de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

ÚNICO.Se REFORMAN las fracciones III, IV y V del artículo 7; las fracciones IV y V del artículo 9, y las fracciones II y III del artículo 10; y se ADICIONAN la fracción VI al artículo 7; la fracción VI al artículo 9, y la fracción IV al artículo 10, todos de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para quedar como sigue:

Artículo 7.- ...

I. y II. ...

El fomento de la solución pacífica de conflictos privilegiando la comunicación a través del diálogo, la tolerancia y el principio de no discriminación;

IV. Estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de legalidad y tolerancia respetando al mismo tiempo las diversas identidades culturales. Incluye tanto programas generales como aquéllos enfocados a grupos sociales y comunidades en altas condiciones de vulnerabilidad;

V. Se establecerán programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen oportunidades de desarrollo especialmente para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad, marginación, o afectación, y

VI. Estrategias y acciones de protección a las familias para evitar su desintegración y cualquier modalidad de violencia que la propicie, a través de la educación y el empoderamiento de todos sus miembros sin ningún tipo de discriminación.

Artículo 9.- ...

I. a III. ...

IV.Medidas administrativas encaminadas a disminuir la disponibilidad de medios comisivos o facilitadores de violencia;

V. La aplicación de estrategias para garantizar la no repetición de casos de victimización, y

VI. La recuperación de espacios públicos, con la participación de la comunidad incluyendo todos los grupos que la conforman.

Artículo 10.- ...

I. ...

II. La inclusión de la prevención de la violencia, la delincuencia y de las adicciones, principalmente de alcohol, tabaco y estupefacientes, en las políticas públicas en materia de educación, a través de la difusión de contenidos tendientes a disminuirlas;

III. El fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la sostenibilidad de los programas preventivos, y

IV. El fortalecimiento de las medidas de detección, prevención y atención del acoso entre niñas, niños, adolescentes y mujeres, en las escuelas y comunidades, que privilegien la retroalimentación de sus experiencias en la comunidad.

Transitorio

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 4 de abril de 2017.— Senador César O. Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora Itzel S. Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.



LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de abril de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el segundo vigente y los subsecuentes al artículo 67 de la Ley General de Salud, en materia de planificación familiar y prevención de embarazo en adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 67. Las acciones de planificación familiar y anticoncepción que realicen las instituciones del Sistema Nacional de Salud, tienen carácter prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para las y los adolescentes y jóvenes, particularmente, para la prevención del embarazo en adolescentes y en otras mujeres con alto riesgo obstétrico.

Dichas acciones deben incluir información sobre los graves riesgos para la vida y la salud de la mujer embarazada y el bebé, cuando el embarazo, entre otras causas, se presenta antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja.

...

...

...

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 4 de abril de 2017.— Senador César O. Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora Itzel S. Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.



LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de abril de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Artículo Único.- Se adiciona un último párrafo al artículo 389 y un artículo 470 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 389. ...

I. a V. ...

Los certificados a que se refieren las fracciones I bis, II y III, serán expedidos de forma gratuita y obligatoria, haciendo constar el hecho y las circunstancias que lo acompañaron.

Artículo 470 Bis.- A quien haga uso indebido de los certificados referidos en las fracciones I Bis, II y III del artículo 389 de esta Ley, se castigará con prisión de cuatro a ocho años y de doscientas a trescientas sesenta veces la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos que resulten.

Si quien realiza una de las conductas enunciadas en el párrafo anterior es un profesional de la salud, servidor público o alguna de las personas autorizadas para su expedición, la pena de que se trate aumentará hasta en una mitad más.

TRANSITORIO

Artículo Único: el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 4 de abril de 2017.— Senador César O. Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora Itzel S. Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS



LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Juana Aurora Cavazos Cavazos, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de videojuegos.

Exposición de motivos

En los últimos 20 años se han producido cambios en las formas de vida y las estructuras sociales producto de varios fenómenos: la incidencia de los medios de comunicación en la vida cotidiana (internet, vídeojuegos, redes sociales, televisión); la mercantilización de la vida cotidiana; cambios en la estructura familiar y en patrones de actividades; ambiente de inseguridad real y percibida en el espacio público.

Actualmente, en la Constitución Política, en su artículo 4, se establece lo siguiente:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

Y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 3, se establece lo siguiente:

La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales.”

Es por ello que resulta muy importante coadyuvar a fin de que las niñas, niños y adolescentes tengan un sano esparcimiento, y es nuestra responsabilidad como legisladores adecuar el marco jurídico a fin de cumplir con dichos objetivos.

Las clasificaciones por edades orientan a los consumidores (especialmente a los padres) y les ayudan a tomar la decisión sobre si deben comprar o no un producto concreto.

A nivel internacional existen diversos sistemas de clasificación de contenidos de los videojuegos, y el más utilizado en Latinoamérica es a través del ESRB,

Las clasificaciones de la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento (ESRB, Entertainment Software Rating Board ) proporcionan una información concisa y objetiva acerca del contenido de los juegos de video y las aplicaciones para que los consumidores, en especial los padres, puedan tomar decisiones informadas. Las clasificaciones de la ESRB constan de tres partes:

Categorías de clasificación: sugieren la edad adecuada para el juego.

Descriptores de contenido: indican los elementos que pueden haber motivado la clasificación asignada y/o pueden resultar de interés o preocupación.

Elementos interactivos: informan acerca de los aspectos interactivos de los productos, incluida la capacidad de los usuarios de interactuar, o si se comparte la ubicación de los usuarios con otros usuarios.

EC Niños pequeños ( Early childhood)

E Todos ( Everyone)

E10 Todas las personas mayores de 10 años ( Everyone 10+)

T Adolescentes ( Teen)

M Maduro ( Mature)

RP Clasificación pendiente ( Rating Pending)

Derivado de ello, es importante mencionar que dichas clasificaciones no se identifican con las que actualmente en las reglamentaciones y lineamientos establecidos por la Secretaría de Gobernación en materia de contenidos audiovisuales, así como en lo que se establece para contenido cinematográfico en la Ley de Cinematografía.

Hoy México no cuenta con un mecanismo de clasificación de los contenidos de los videojuegos y esto se vuelve realmente un problema para la regulación de producción, la distribución y venta de dichos materiales.

En lo que va de 2016, el mercado de videojuegos ha observado un importante dinamismo ante la masificación de los dispositivos móviles como plataformas fundamentales de acceso a esta industria así como por el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten nuevas modalidades y capacidades de juego.

Al finalizar el año, se espera que el mercado de videojuegos tenga un valor de $22,852 millones de pesos y alcance un crecimiento de 13.3% con respecto al año anterior, lo que implicaría el mayor incremento registrado desde 2010. Este dinamismo esperado se explica principalmente por el aumento en el número de usuarios desmartphones de gama media, así como la disminución de precios de las consolas tradicionales, ante el lanzamiento de consolas con capacidades mejoradas al finalizar 2016.

En cuanto a la legislación mexicana, la única ley en la cual se contemplan clasificaciones de contenidos explícitamente es en la Ley de Cinematografía, en la cual en el Capítulo IV, del artículo 25, señala lo siguiente:

Artículo 25. Las películas se clasificarán de la siguiente manera:

I. “AA”: Películas para todo público que tengan además atractivo infantil y sean comprensibles para niños menores de siete años de edad.

II. “A”: Películas para todo público.

III. “B”: Películas para adolescentes de doce años en adelante.

IV. “C”: Películas para adultos de dieciocho años en adelante.

V. “D”: Películas para adultos, con sexo explícito, lenguaje procaz, o alto grado de violencia.

Sin embargo, es importante reiterar que las mismas no se adecuan a las clasificaciones que por origen contienen los videojuegos, mismos que en su mayoría son importados principalmente de países como Estados Unidos, Canadá, Japón, y sus clasificaciones -como se señaló anteriormente- están en idioma inglés.

En lo que respecta al contenido televisivo en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se da la atribución a la Secretaría de Gobernación de verificar que las transmisiones de radio y televisión cumplan con los criterios de clasificación que se emitan en términos de dicha Ley, incluidos aquellos relativos a la programación dirigida a la población infantil.

Sin embargo, nada se menciona en materia de videojuegos. Es por ello que resulta indispensable dentro de esta ley, regular su promoción, difusión, distribución y venta. Es por ello que considero fundamental legislar en la materia, para a así ser congruente con lo que mandata nuestra Carta Magna en cuanto a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y así velar por el interés superior de la niñez.

Las modificaciones propuestas consisten en lo siguiente:

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de videojuegos

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto:

LIX...

LX. Supervisar que la programación dirigida a la población infantil, así como el contenido de los videojuegos, respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3 de la Constitución, las normas en materia de salud y los lineamientos establecidos en esta Ley que regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, con base en las disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades competentes

De la Competencia de las Autoridades

Artículo 216. Corresponde al Instituto:

...

VIII. Verificar que las transmisiones de radio y televisión, así como el contenido de los videojuegos, cumplan con los criterios de clasificación, que se emitan en términos de la presente Ley, incluidos aquellos relativos a la programación dirigida a la población infantil, de conformidad con los lineamientos que emita en términos de la presente Ley.

De los Contenidos

Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o. constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población, así como los contenidos de los videojuegos, deberá:

I a XV ....

...

...

Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringidos y los programadores, así como los distribuidores de videojuegos, en relación con sus respectivos contenidos, adoptarán las medidas oportunas para advertir a la audiencia de contenidos que puedan perjudicar el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 227. El concesionario que preste servicios de radiodifusión o televisión restringida deberá presentar en pantalla los títulos de los programas y su clasificación al inicio y a la mitad de los programas; para ello atenderán al sistema de clasificación de contenidos que se establezca en las disposiciones aplicables.

Los distribuidores de videojuegos deberán colocar etiquetas de clasificación de los videojuegos en español, de manera visible, de acuerdo con los lineamientos establecidos.

Los videojuegos con clasificación para adultos serán exhibidos de manera separada a las demás clasificaciones, a fin de identificar los mismos.

Será obligación de los distribuidores de videojuegos restringir la venta de videojuegos para adultos a menores de edad y, en caso de no hacerlo, serán sancionados de acuerdo con lo establecido por las autoridades competentes.

Será obligación de los programadores y distribuidores de videojuegos en relación con sus respectivos contenidos, cumplir con las características de clasificación en términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

...

...

Artículo 228. Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringidos , los distribuidores de videojuegos y los programadores, en relación con sus respectivos contenidos, deberán hacer del conocimiento del público la clasificación y advertir sobre determinados contenidos que puedan resultar impropios o inadecuados para los menores, de conformidad con el sistema de clasificación de contenidos de programas y películas cinematográficas que se establezca en las disposiciones reglamentarias.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones, expedirá las disposiciones reglamentarias, normas oficiales mexicanas y los lineamientos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto, en un plazo máximo de 90 días hábiles.

Notas

1. https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_179I-Derechos_de_ los_ninos_y_espacios...pdf

2. http://support.xbox.com/es-MX/xbox-360/security/game-ratings-xbox-360

3. http://www.esrb.org/ratings/ratings_guide_sp.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017.— Diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.



LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo de la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Juana Aurora Cavazos Cavazos, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Cinematografía, en materia de clasificación de películas.

Exposición de motivos

En los últimos 20 años se han producido cambios en las formas de vida y las estructuras sociales producto de varios fenómenos: la incidencia de los medios de comunicación en la vida cotidiana (internet, vídeo juegos, redes sociales, televisión); la mercantilización de la vida cotidiana; cambios en la estructura familiar y en patrones de actividades; ambiente de inseguridad real y percibida en el espacio público.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, noveno párrafo, mandata que:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

En el mismo tenor, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 1, fracción V: “ Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.”

Y en su artículo 7 : “Las leyes federales y de las entidades federativas deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes; así como prever, primordialmente , las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos.”

Las clasificaciones del contenido cinematográfico en México se encuentran normadas en la Ley Federal de Cinematografía, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1992, y en específico dentro del Capítulo V de la misma.

Hoy en día, en materia cinematográfica, la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección de Radio Televisión y Cinematografía, conforme a sus atribuciones, es la encargada de supervisar, clasificar y autorizar los contenido de las películas que se exhibirán en salas cinematográficas de todo el país, así como de aquellas que saldrán a la venta y renta en diversidad de formatos, esto con criterios y parámetros de acuerdo con lo contemplado en la Ley Federal de Cinematografía y su Reglamento, siendo siempre éstos de manera objetiva, sin embargo se requiere sumar acciones en la materia.

Ley Federal de Cinematografía, en su artículo 25, hace énfasis a las clasificaciones que se le otorgarán las películas en sus fracciones I, II, III, IV, y V, y en particular en su segundo párrafo refiere lo siguiente:

Las clasificaciones “AA”, “A” y “B” son de carácter informativo, y sólo las clasificaciones “C” y “D”, debido a sus características, son de índole restrictiva, siendo obligación de los exhibidores negar la entrada a quienes no cubran la edad prevista en las fracciones anteriores”.

Derivado de lo anterior, es importante señalar que, de acuerdo con lo reglamentado en materia de clasificación de películas en la dicha ley, los expositores de las mismas no están obligados a negar el acceso a la sala de proyección a los menores de edad en sus clasificaciones “B” a pesar de que las películas exhibidas no sean adecuadas a su entender, viéndose de esta manera vulnerados los derechos a que se hicieron referencia en los conceptos legales anteriormente mencionados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

La organización “A favor de lo mejor” realizó un estudio acerca de la clasificación B-13, la cual, a nivel internacional, se utiliza para materiales para adolescentes mayores a 13 años, el cual replantea la categoría más usada de la industria del cine, que muestra que los padres que fueron expuestos repetidamente a la violencia y el contenido sexual se volvieron cada vez más abiertos con el material.

En el estudio, 1,000 padres vieron al azar varios clips cortos con violencia y contenido sexual explícito de las películas más taquilleras como “8 Mile”, “Die Hard” y “Taken 2”. Al principio, los padres dijeron que las películas eran para audiencias de personas mayores; en promedio, para los espectadores de 17 o más años. Pero mientras más clips observan, los padres empezaron a asignar edades más bajas y terminaron diciendo que la mayoría del material era adecuado para audiencias PG-13. Esto podría significar que los padres se vuelven insensibles al contenido para adultos después de una exposición repetida.

Y esto es importante, porque a menudo los padres que ven películas y asignan clasificaciones de la MPAA (Asociación de Películas de Estados Unidos) en primer lugar. La MPAA no quiso hacer comentarios para este artículo, pero ha explicado que algunos estudios muestran que los padres de hecho se han vuelto más tolerantes ante contenido para adultos a través del tiempo; un reflejo de la evaluación de las actitudes culturales.

La calificación PG-13 fue creada en 1984, después de que los padres se quejaron de violencia y escenas “horripilantes” de películas como Indiana Jones y el templo maldito. La idea era que demasiadas películas PG se estaban acercando a las películas para adultos. Así que la MPAA añadió la nueva categoría PG-13 películas, con la etiqueta: “Advertencia a los padres. Algún material puede ser inapropiado para los niños menores de 13 años”.

En la últimas tres décadas, las películas PG-13 se han convertido en la categoría más grande y rentable para Hollywood.”

Derivado del estudio anteriormente citado, las clasificaciones de películas en México, al parecer de la que suscribe, se han quedado estancadas, puesto que hace más de diez años no se han vuelto a revisar y analizado con claridad, esto dado que nuestra vida y entorno han cambiado, con la revolución tecnológica, apertura y evolución de los medios electrónicos, redes sociales y acceso a la información a través de internet.

Del mismo modo es de señalarse que la Ley General de Cinematografía en el apartado referente las clasificaciones no engloba ni prioriza lo que se señala en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes puesto que la misma es de muy reciente promulgación y entrada en vigor.

Es por ello que nuestra obligación como legisladores es actuar para lograr garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como el interés superior de la niñez, lo cual, en nuestros tiempos, se torna sumamente complejo y considero que con esta iniciativa si bien no se erradica completamente las problemáticas que se presentan en nuestro entorno relacionadas a los contenidos aptos para niñas, niños y adolescentes, sí puede incidir y, sobre todo, en regular lo que se proyecta en salas cinematográficas y del mismo modo así no exponerlos a contenidos que no son adecuados para su desarrollo emocional y personal.

Las modificaciones propuestas consisten en lo siguiente:

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de ésta honorable asamblea el siguiente:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Cinematografía, en materia de clasificación de películas

Artículo 24. ...

...

Artículo 25. Las películas se clasificarán de la siguiente manera:

I. “AA”: Películas para todo público que tengan además atractivo infantil y sean comprensibles para niños menores de siete años de edad.

II. “A”: Películas para todo público.

III. “B”: Películas para adolescentes de 12 años en adelante.

IV. “B15”: Películas para adolescentes de 15 años en adelante.

V. “C”: Películas para adultos de 18 años en adelante.

VI. “D”: Películas para adultos, con sexo explícito, lenguaje procaz, o alto grado de violencia.

Las clasificaciones “AA” y “A” son de carácter informativo.

Las clasificaciones “B” y “B15” son de carácter restrictivo, siendo obligación de los exhibidores negar la entrada a quienes no cubran la edad prevista en las fracciones anteriores, y tratándose del acceso de menores de 12 a 14 años de edad, deberán cerciorarse que su acceso sea siempre acompañado de un adulto.

Las clasificaciones “C” y “D”, debido a sus características, son de índole restrictiva, siendo obligación de los exhibidores negar la entrada a quienes no cubran la edad prevista en las fracciones anteriores.

Artículo 26. La autorización y clasificación que se expida para las películas es de orden federal y su observancia es obligatoria en todo el territorio nacional.

Capítulo XIIDe las sanciones

Artículo 52. ...

Artículo 53. ...

Artículo 54. La Secretaría de Gobernación impondrá a los infractores de los artículos 8, 17, 19, segundo párrafo, 21, 22, 23, 24 y 25 de la presente Ley, atendiendo a los daños que se hubieren producido o puedan producirse; el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; la gravedad de ésta y la reincidencia, una o más de las siguientes sanciones:

I. Amonestación con apercibimiento;

II. Clausura temporal o definitiva de los espacios o locales;

III. Multa de quinientos a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a la fecha en que se cometa la infracción;

IV. Multa de cinco mil a quince mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a la fecha en que se cometa la infracción, a quienes infrinjan los artículos 8, 17, 19 segundo párrafo, 22, 23 y 25 tercer y cuarto párrafo, de esta Ley, y

V. ...

Transitorios

Primero. La presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus competencias, deberá adecuar el Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía, en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1. https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_179I-Derechos_de_ los_ninos_y_espacios...pdf

2. http://www.afavordelomejor.org/novedades/la-clasificacion-de-las-peliculas-pg-1 3-ha-crecido-cada-vez-mas/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017.— Diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.



LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 4 Bis, a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

El diputado David Mercado Ruiz: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en 2016 la Organización de las Naciones Unidas señaló que la población mundial había crecido aproximadamente a 7 mil 400 billones de personas, entre las cuales alrededor de 780 millones están en situación de analfabetismo y no tienen acceso a la educación formal. De esa cantidad, aproximadamente 4 millones 749 mil personas no saben leer y escribir en nuestro país.

A lo anterior, se suman las estadísticas que señalan que en México se lee cada vez menos. De acuerdo con los resultados del módulo de lectura, levantado por el Inegi en el 2016, entre la población de 18 años en adelante, el promedio de libros leídos en nuestro país es de 3.8 ejemplares al año, una cantidad que nos posiciona entre los últimos lugares en América Latina en términos comparativos con países como Chile, en donde se leen aproximadamente 5.4 libros al año, o bien, en Argentina que tiene un promedio de 4.6.

Si bien estas estadísticas no son del todo óptimas, lo cierto es que los procesos de fomento a la lectura son un desafío a nivel global y esto incluye a los países más industrializados en los que es también un proceso inacabado y representa aún un problema no resuelto. Sin embargo, es sumamente apremiante que la población mexicana incremente sus índices de lectura.

Es por ello que uno de los deberes del Estado, acatando al mandato constitucional de promover el acceso igualitario a todos los individuos a la cultura y al conocimiento, consiste en la defensa del libro y la lectura, comprendiendo que estos son una fuente inagotable de información y elementos indispensables para la formación de una sociedad libre, democrática y son además instrumentos necesarios para la transmisión de nuestra cultura e identidad como nación y para la difusión de nuestras costumbres, tradiciones y usos sociales.

Es importante considerar como prioridad en las políticas de Estado generar políticas públicas que promuevan el libro y la lectura, de lo contrario la crisis de lectura que afecta hoy día a la sociedad mexicana puede convertirse en una seria amenaza para nuestros procesos educativos, culturales y democráticos.

El tema dominante de las últimas tres décadas, la globalización, trajo consigo la sociedad de la información, nos obliga, entre otras cosas, a trascender las leyes de fomento a la cultura y es este, justamente, el espíritu de esta iniciativa, asumir el desafío de la sociedad de la información, para generar ordenamientos legales más inclusivos en los que se refiere al libro, la lectura y las bibliotecas.

El reconocimiento de un derecho cultural trae aparejada las exigencias de pluralismo y diversidad, propias de una sociedad libre y la justa demanda de promover y tutelar el acceso a la cultura.

Es fundamental reconocer que para generar un cambio de fondo a nuestro país, México necesita ciudadanos bien educados, ciudadanos con pensamiento crítico, hombres y mujeres analíticos, hombres y mujeres que lean, pues más allá de la cantidad de leyes que puedan proponerse desde este recinto legislativo, lo cierto es que un país con una sociedad desinteresada por los libros y la lectura, que no está informada ni educada, poco o nada podrá generar para transformarse y para participar de la mejor manera en las decisiones de orden público. Como bien ha sido dicho, un niño que lee, es un adulto que piensa.

Finalmente, compañeros diputados y diputadas, reconociendo que el desarrollo del libro y de la lectura son de interés nacional y una prioridad necesaria que oriente a las políticas públicas en el sector, estimo adecuado incorporar a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro el artículo 4o. Bis, en el que se establezcan los principios rectores que guíen la política en mención y se traduzcan en acceso a la lectura y a la cultura, igualdad intercultural, diversidad y pluralismo para todas y todos los mexicanos.

En aras de conquistar una sociedad realmente democrática, requerimos garantizar el acceso igualitario a todas y todos los ciudadanos mexicanos al libro, a la cultura y a la lectura, ya que el fortalecimiento de la presencia de estos elementos es indispensable en la sociedad mexicana para abrir nuevas posibilidades a todas y todos los ciudadanos de nuestro país. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 4 Bis a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI

David Mercado Ruiz, diputado federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4 Bis de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En 2016, la Organización de las Naciones Unidas señaló que la población mundial había crecido aproximadamente a 7 mil 400 millones de personas, entre las cuales, alrededor de 780 millones están en situación de analfabetismo y no tienen acceso a la educación formal y, de esa cantidad, aproximadamente 4 millones 749 mil 057 personas no saben leer y escribir en México.

A lo anterior, se suman también las estadísticas que señalan que en México, se lee cada vez menos. De acuerdo con los resultados del Módulo de Lectura levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2016, entre la población de 18 años en adelante, el promedio de libros leídos en nuestro país, es de 3.8 ejemplares al año. Una cantidad que nos posiciona entre los últimos lugares en América Latina en términos comparativos con países como Chile, en donde se leen aproximadamente 5.4 libros al año, o bien, en Argentina que tiene un promedio de 4.6.

En 2015, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes levantó la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura, en la que consideró para ello, a la población de 12 años en adelante y, conforme con la cual, se reportaba que en México, se leen alrededor de 5.3 libros. En las últimas dos décadas, México ha realizado importantes esfuerzos para conocer los hábitos de lectura de la población, por ejemplo en 2012, se levantó la Encuesta Nacional de Lectura, cuyo resultado era un promedio de 2.9 libros al año. En 2013 la UNESCO presentó una lista de 108 países sobre el índice de lectura, en el que nuestro país ocupó el penúltimo lugar, con 2.8 libros por año.

Ante este panorama, es importante reconocer las causas que generan este desalentador escenario y, sin duda, entre esas causas, se encuentran la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, que dificultan el acceso a la cultura, a la información, a la educación, elementos esenciales para que una persona pueda alcanzar un desarrollo pleno. Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Comisión Económica para América Latina, la UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo, han manifestado en diversos foros, que frente al rumbo que han tomado las sociedades modernas dominadas por el proceso de globalización; la alta tecnología, la información, la educación y la lectura, representan piezas clave para promover el desarrollo de las naciones y, por tanto, representan asimismo, una herramienta fundamental para posibilitar una vida más próspera para todos los ciudadanos.

Es cierto que, los procesos de fomento a la lectura son un desafío a nivel global, y esto incluye a los países más industrializados en los que, es también un proceso inacabado y representa aún, un problema no resuelto. Sin embargo, es sumamente apremiante que la población incremente sus índices de lectura, esto no únicamente mejorará, sino que además; permitirá la consolidación de su capacidad de abstracción, asimilación y comprensión de lo que se lee. Hasta el día de hoy, nuestro país no ha conseguido superar los bajos índices de lectura reportados, el sistema de librerías en México presenta una situación crítica, pues pese a que hay una amplia oferta de libros en distintas materias, las ventas no reflejan un gusto de los mexicanos hacia lectura.

En los últimos años, la cantidad de establecimientos editoriales en territorio nacional se ha ido reduciendo paulatinamente, lo cual, innegablemente dificulta el éxito de las políticas públicas y de los esfuerzos tanto públicos como privados, por generar una cultura de fomento y gusto hacia la lectura y una adecuada valoración social de la misma. Necesitamos recuperar el valor social de la lectura “de primera mano”, la lectura elegida, crítica, la lectura y el libro son instrumentos fundamentales para generar en los individuos un sentido de compromiso social.

En este sentido, es innegable el valor de los libros y de la lectura como poderosos canales de comunicación. En una era como la nuestra que ha sido denominada como “la sociedad de la información”, la lectura y, por consiguiente, los libros, constituyen instrumentos esenciales para la divulgación del conocimiento, a la par de las nuevas tecnologías audiovisuales y los sistemas multimedia que han originado nuevos soportes para la difusión de los libros y el acceso a su lectura.

Los impresionantes avances de la cultura audiovisual, si bien, son sumamente revolucionarios, y tienen un impacto masivo que influye directamente sobre las formas de acceso al conocimiento y aprehensión de la realidad, no reemplazan por completo a la lectura y la escritura “como medio principal de expresión del pensamiento lógico y de transmisión del conocimiento de generación en generación. Tan es así que, no existe actualmente una política de educación en el mundo, en la que no se coloque a la lectura como preocupación y como prioridad.

No puede negarse que, la lectura es una poderosa herramienta para fomentar una educación creativa, además, nos permite desarrollar a un nivel óptimo nuestros niveles cognitivos, asociados al análisis, la comprensión, la interpretación y la evaluación, todas estas; capacidades fundamentales para resolver problemáticas cotidianas de nuestra realidad y su adversidad. Es una actividad esencial para el adecuado desarrollo de la imaginación y creatividad humana, para el aprendizaje y el conocimiento del lenguaje, para cultivar la capacidad de expresar ideas y desarrollar un pensamiento crítico. Para exponerlos en términos llanos, la lectura es indispensable para alcanzar las competencias mínimas necesarias para vivir en el entorno mundial actual.

Es por ello que uno de los deberes del Estado, acatando al mandato constitucional de promover el acceso igualitario de todos los individuos a la cultura y al conocimiento, consiste en la defensa del libro y la lectura, comprendiendo que éstos son una fuente inagotable de formación y elementos indispensables para la formación de una sociedad libre y democrática, son además; instrumentos necesarios para la transmisión de nuestra cultura e identidad como Nación y para la difusión de nuestras costumbres, tradiciones y usos sociales.

Es importante considerar como una prioridad en las políticas de Estado generar políticas públicas que promuevan el libro y la lectura, de lo contrario, la crisis de lectura que afecta hoy día a la sociedad mexicana puede convertirse en una seria amenaza para nuestros procesos educativos, culturales y democráticos. En las actuales condiciones mundiales, tanto la lectura como la educación son columnas vertebrales para que podamos transitar hacia adelante en materia económica, cultural, social y política.

Debido a esto, es necesario una política de Estado que sea una política de lectura, que abarque tanto al sector público como al privado, así como todos los contextos que existen en nuestra nación, una política que sistemáticamente eleve los hábitos lectores, aumente la comprensión lectora y mejore el desarrollo de nuestra industria editorial, una política que permita potenciar todos los esfuerzos a fin de facilitar el acceso a los libros y a la lectura, una política que promueva la edición, la producción y comercialización del libro, que estimule la creación literaria en nuestros jóvenes, que aprecie la preservación del patrimonio bibliográfico y proteja a los autores, una política de Estado que se ocupe de estos ámbitos es necesaria y también es un deber de Estado.

El libro y la lectura desempeñan funciones sustanciales dentro de la sociedad: favorecen el desarrollo de nuevas ideas, aumentan la capacidad de razonamiento y pensamiento abstracto, el desarrollo de la creatividad, el espíritu crítico, la sensibilidad y, desde luego, la transmisión del saber. Entre los indicadores del nivel de vida de una sociedad, aquellos que señalan las posibilidades de acceso de las personas a los bienes culturales tienen una importancia capital.

La defensa del libro y la lectura, implica propiciar y facilitar el acercamiento de la población mexicana a la cultura y al libro como un referente cardinal que sirve para garantizar el desarrollo democrático de la sociedad y su participación activa, crítica y creadora en las decisiones públicas. El libro y la lectura, son en definitiva, una herramienta para conquistar la libertad individual y colectiva, necesaria para desarrollar actividades intelectuales plenas que fomenten el respeto a la pluralidad y a la diversidad cultural en México y en el mundo.

El tema dominante de las últimas tres últimas décadas: la globalización que trajo consigo la sociedad de la información, nos obliga, entre otras cosas, a trascender las leyes de fomento a la lectura y, es éste justamente el espíritu de esta iniciativa; asumir el desafío de la sociedad de la información para generar ordenamientos legales más inclusivos en lo que se refiere al libro, la lectura y las bibliotecas, para ello, es preciso consagrar el derecho a la lectura como un derecho cultural fundamental, comprendiendo que no hay derechos culturales sin derechos políticos o sociales, por lo tanto, concebir la lectura como un derecho significa considerar la cultura en relación con otros derechos, como: la salud, la educación, la libertad, el trabajo, la privacidad, incluso los derechos políticos, etcétera.

El reconocimiento de un derecho cultural trae aparejadas las exigencias de pluralismo y diversidad, propias de una sociedad libre y, la justa demanda al gobierno de promover y tutelar el acceso a la cultura, de ahí que, el Estado deba asumir un rol protagónico en la promoción de la lectura como derecho, para contribuir a la formación de ciudadanos críticos. Es fundamental reconocer que para generar un cambio de fondo en nuestro país, México necesita ciudadanos bien educados, ciudadanos con pensamiento crítico, hombres y mujeres analíticos, hombres y mujeres que lean; pues más allá de la cantidad de leyes que puedan proponerse desde el recinto legislativo, lo cierto es que, un país con una sociedad desinteresada por los libros y la lectura, que no está informada ni educada, poco o nada podrá generar para transformarse y para participar de la mejor manera en las decisiones de orden público, como bien ha sido dicho con anterioridad: “un niño que lee, es un adulto que piensa”.

Finalmente, reconociendo que el desarrollo del libro y de la lectura son de interés nacional y una prioridad necesaria que oriente las políticas públicas en el sector, estimo adecuado incorporar en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro los principios rectores que guíen la política en mención y que se traduzcan en equidad, igualdad, interculturalidad, diversidad y dignidad para todas y todos los mexicanos, en aras de conquistar una sociedad realmente democrática requerimos garantizar el acceso igualitario a todas y todos los ciudadanos mexicanos al libro, a la lectura y a la cultura, ya que, el fortalecimiento de la presencia de estos tres elementos, es indispensable en la sociedad mexicana para abrir nuevas posibilidades a todas y todos los ciudadanos de nuestro país, para incendiar la ignorancia, despertar mentes y derribar prejuicios.

Por lo expuesto y fundado me permito presentar a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro

Único.Se adiciona el artículo 4 Bis, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 4 Bis. Son principios rectores de la presente ley:

Acceso a la cultura. El Estado deberá garantizar el ejercicio del derecho a la información, mediante el apoyo al sistema de bibliotecas públicas. Las bibliotecas tienen como función principal garantizar el acceso de la población, sin restricciones ni discriminación alguna, al libro y a las múltiples formas de lectura. Igualmente, les corresponde la conservación, protección y divulgación del patrimonio bibliográfico de la nación.

Diversidad cultural. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio, esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los distintos grupos que conforman nuestra sociedad. La creación intelectual, que se expresa en las obras literarias, artísticas y científicas, es indispensable para el adecuado desarrollo de la cultura, la ciencia y las comunicaciones, mediante la materialización de la libertad de expresión y la creatividad. En este sentido, la diversidad constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Igualdad. El fomento al libro y a la lectura debe garantizar, en todo momento, el acceso pleno de toda la población, sin discriminación alguna, al libro y a las múltiples formas de lectura, considerando a la misma como un derecho cultural esencial para mejorar los niveles educativos, técnicos y científicos de la población, apoyar la creación y transmisión de conocimientos, el desarrollo cultural de la nación y la circulación de información en el marco de una sociedad democrática, diversa, equitativa y próspera.

Pluralismo cultural. La interacción entre las culturas, representa un instrumento fundamental para la cohesión social y la convivencia armónica y equilibrada de todos los ciudadanos. El libro, en sus diferentes soportes y formatos, es elemento central de la cultura, portador de la diversidad lingüística y cultural y herramienta indispensable para la conservación y transmisión del patrimonio cultural de la nación, así como para el intercambio entre las culturas.

Transitorio

Artículo Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Inegi 2015.

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P

2 El Libro en Cifras, boletín estadístico del libro en América Latina. Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, 2013.

3 Fundación Chile 21 y Asociación de Editores de Chile. Una política de Estado para el libro y la lectura. Santiago, 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.— Diputado David Mercado Ruiz(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Mercado Ruiz. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Juan Carlos Ruíz García:Buenos días. Con el permiso de la presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en Acción Nacional siempre hemos impulsado medidas que favorezcan el desarrollo integral de todos y cada uno de los miembros de la comunidad que integra nuestro México.

Como ciudadano estoy convencido de que para fortalecer la democracia es indispensable reconocer y garantizar a toda persona el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de igualdad y a partir de sus propias diferencias.

En México, la población indígena conforma el grupo de los pueblos originarios que dada su cultura, historia y lengua dan sentido de pertenencia e identidad a nuestro país.

Las cifras más recientes del Inegi muestran que 6.5 por ciento de la población nacional es indígena. En este sentido es importante informarles del trabajo que desde la Confederación Parlamentaria de las Américas, varios legisladores de los diferentes grupos parlamentarios de esta Cámara hemos venido trabajando en este foro en el que participan las asambleas parlamentarias del continente americano.

Y a través de su Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología se han analizado temas relativos a la promoción de la cultura, a la defensa de la diversidad cultural y muy enfáticamente a la preservación del patrimonio lingüístico de las Américas.

Considerando que el nuevo modelo educativo del gobierno de la República que recientemente se ha presentado, integra la educación bilingüe en nuestro país, es absolutamente necesario reconocer primero el idioma español como lengua oficial de nuestro país. Y en segundo lugar, reconocer a las lenguas indígenas como lenguas nacionales para salvaguardar uno de nuestros más importantes elementos de cohesión social: nuestras lenguas nacionales.

En el marco jurídico internacional, concretamente la Agenda 20-30 para el Desarrollo Sostenible, por medio de sus 17 objetivos y como un compromiso adquirido por el Ejecutivo federal, ratificado por el Senado de la República, impone a todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, no solo del deber de reconocer a sus pueblos indígenas en sus diferencias culturales, entre ellos su lengua, sino también la obligación de elevar el nivel educativo de estos.

Este diverso grupo social se enfrenta en su cotidianidad con dificultades que muchas veces limitan su desarrollo individual y colectivo. Por ejemplo, tenemos que el 32.2 por ciento de las mujeres hablantes de lengua indígena no pueden incorporarse al mundo laboral por carecer de habilidades lingüísticas en español, condición que las supedita a trabajar por cuenta propia.

Ante este escenario, resulta inconsistente que en nuestra Constitución Política no se establezca cuál es el idioma oficial de los Estados Unidos Mexicanos, ni mucho menos se contemple la coexistencia de un idioma oficial con otras lenguas indígenas, lo que vulnera el derecho humano de todos los indígenas a conservar su propia identidad.

Se trata, pues, de un tema que debemos atender cuanto antes, ya que esta situación es clara muestra de que en México no se ha actuado de manera efectiva para erradicar de tajo la discriminación contra los pueblos indígenas.

La presente iniciativa propone adicionar un párrafo tercero al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de reconocer a través del texto constitucional que el idioma oficial de los Estados Unidos Mexicanos es el español, y el reconocimiento de las lenguas indígenas como lenguas nacionales.

Esta reforma, de ser aceptada, reforzará nuestra legislación para que se actúe con una visión de futuro que resguarde de forma fehaciente nuestro valioso patrimonio multicultural y materializará la preocupación y el compromiso que exista por salvaguardar y promover los valores lingüísticos y culturales de nuestra nación. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Juan Carlos Ruíz García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, fracción I, artículo 76, numeral I, fracción II, artículo 77, numeral 1, y artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta tribuna, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el párrafo tercero al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer en dicho cuerpo normativo el idioma español como lengua oficial de la nación mexicana, y el reconocimiento de las lenguas indígenas como lenguas nacionales. Lo anterior bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Con ocasión de dicha celebración, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), elaboró un informe acerca de las Estadísticas a propósito del día internacional de los pueblos indígenas, en el que se da cuenta en números acerca de la realidad que viven los indígenas mexicanos.

En dicho informe se indica que “En México la población indígena conforma el grupo de los pueblos originarios que dada su cultura, historia y lengua dan sentido de pertenencia e identidad al país... el criterio para identificarlo es la condición de ser hablantes de alguna lengua indígena.”

Al 2015, el Inegi señaló que “en México hay 7.382.785 personas de 3 años y más de edad que hablan alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5 por ciento del total nacional; de las cuales 51.3 por ciento son mujeres y 48.7 por ciento hombres.”

El Inegi identifica que, en 494 municipios del país, más de 40 por ciento de sus habitantes son hablantes de lengua indígena, siendo Oaxaca la entidad federativa que concentra más municipios con mayor porcentaje de habitantes indígenas (245).

Conforme al mismo informe, 13 por ciento de la población indígena nacional sólo puede expresarse en su lengua materna (no español), situación que se ve acrecentada en el caso del colectivo femenino al registrarse que 32.2 por ciento de las mujeres hablantes de lengua indígena, no puede incorporarse al mundo laboral formal por carecer de habilidades lingüísticas en español, condición que las supedita a trabajar por cuenta propia.

De la misma forma, el informe evidencia que: “La distribución por grupos de edad y sexo de este grupo de población para 2015, muestra que 45.3 por ciento de la población que habla lengua indígena tiene menos de 30 años, mientras que poco más de la mitad (50.9 por ciento) de la población total del país se encuentra en ese rango de edad. La proporción de niños y jóvenes hablantes de lengua indígena es inferior respecto a la población nacional; para el caso de los hablantes de lengua indígena de entre 3 a 14 años, representa 20.4 por ciento y para los jóvenes de 15 a 29 años, 24.9 por ciento; en tanto para el total de la población en el país, 23.6 por ciento es población infantil y 27.3 por ciento jóvenes.”

Asimismo, el informe pone de manifiesto que las lenguas indígenas más habladas en México son: “Náhuatl (23.4 por ciento), Maya (11.6 por ciento), Tzeltal (7.5 por ciento), Mixteco (7.0 por ciento), Tzotzil (6. 6 por ciento), Zapoteco (6.5 por ciento), Otomí (4.2 por ciento), Totonaco (3.6 por ciento), Chol (3.4 por ciento), Mazateco (3.2 por ciento), Huasteco (2.4 por ciento) y Mazahua (2.0 por ciento).”

Pese a la importancia de la lengua como condición de identificación y de sentido de pertenencia de un importante número de compatriotas, su invaluable aporte a la cultura nacional e internacional y la relevancia de ésta como antecedente histórico, en sus ya 100 años de vida, nuestra Constitución política no ha establecido dentro de su articulado cuál es el idioma oficial de nuestro estado federativo ni, mucho menos, ha contemplado la coexistencia de un idioma oficial con otras lenguas indígenas, lo que vulnera el derecho de todos los indígenas a conservar su propia identidad.

A este respecto, debe considerarse que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima, al igual que el Inegi, que el idioma o lengua es uno de los criterios primordiales para determinar la condición de indígena, a los que se pueden agregar la presencia de un vínculo fuerte con el territorio y los recursos naturales; sistemas sociales, económicos o políticos particulares; y la existencia de una cultura y creencias propias, por nombrar algunos.

Tal es la importancia de las lenguas o idiomas indígenas para la ONU que cientos de personas indígenas acuden, anualmente, a las sesiones del Foro Permanente y el Mecanismo de Expertos, o ante el relator especial para los pueblos indígenas, con el fin de externalizar las cuestiones relativas al ejercicio de sus derechos humanos y ser asesorados en cuanto a la preservación de su patrimonio cultural intangible, entre ellos, su lengua.

En este sentido, cabe tener presente el estudio del Mecanismo de Expertos de Naciones Unidas, creado en el año 2007 por el Consejo de Derechos Humanos de la misma organización, y por el cual se develó el importante papel de los idiomas y la cultura en la promoción y protección de los derechos y la identidad de los pueblos indígenas (A/HRC/21/53), estudio realizado entre 2011-2012, y que ha servido de base a las propuestas presentadas a dicho consejo para la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

De la misma manera, habrá que recordar que el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege los derechos de las personas pertenecientes a minorías a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

La diversidad cultural se encuentra, igualmente, reconocida en diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural (UNESCO, 2001) y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (UNESCO, 2005), el convenio número 169 de la OIT, entre otros.

Valioso resulta a este respecto el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), mediante programas que, entre otros, resguardan las lenguas en peligro de desaparición, la diversidad cultural y lingüística en la educación, los sistemas de conocimiento locales e indígenas y la cartografía cultural, no por nada esta institución ha señalado que “Todo idioma refleja una visión del mundo única en su género, con su propio sistema de valores, su filosofía específica y sus características culturales peculiares. Su extinción supone una pérdida irrecuperable de los conocimientos culturales únicos que se han ido encarnando en él a lo largo de los siglos. Entre ellos figuran algunos de índole histórica, espiritual y ecológica que pueden ser esenciales no sólo para la supervivencia de sus hablantes, sino también para las de un número incalculable de personas. La lengua es una fuente de creación y un vector de la tradición para la comunidad de sus hablantes. Es un soporte de su identidad y un elemento esencial de su patrimonio cultural.”

Llegados a este punto, habiendo dilucidado la importancia de la lengua como elemento de identidad, y la inexistencia de una norma constitucional que prescriba cuál es el idioma oficial de México, es posible constatar que otros ordenamientos jurídicos en el mundo han instituido el estatus constitucional del español y de otras lenguas originarias como idioma o lenguas oficiales.

Así, la Constitución política española mandata, en su artículo 3 que:

“1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”

Por su parte, el Estado plurinacional de Bolivia fomenta, en su Constitución política, el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe, y se reconoce el derecho a la identidad cultural de las naciones y pueblos indígenas (artículos 1; 9, números 2 y 3; 30, fracción II.2; 100 fracción I y III), estableciendo su artículo 171, número 1 que “Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen garantizando del uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas y costumbres e instituciones.”

En razón de lo anterior, es que mediante la presente iniciativa se propone adicionar un párrafo tercero, al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de reconocer, a través del texto constitucional, que el idioma oficial de México es el español y que las lenguas indígenas son lenguas nacionales.

Con ello, se estará saldando una deuda histórica con nuestros pueblos indígenas, se reafirmarán compromisos internacionales, especialmente los mencionados en los párrafos anteriores, se estará dando reconocimiento constitucional al derecho humano de los indígenas de emplear y preservar sus lenguas originarias, y nuestras lenguas originarias, y se estará constituyendo un nuevo criterio del actuar de los órganos y poderes del Estado, en lo que cabe a la prescripción contenida en el artículo 1 constitucional, en claro reconocimiento a nuestra composición pluricultural y multilingüística, y a la imperiosa necesidad que se desarrollen políticas públicas para la adecuada integración cultural, en la nación mexicana de las comunidades indígenas que integran su territorio.

Se propone que tal adición posea rango constitucional, con el objeto de dar claridad y certeza jurídica del rol que para el Estado mexicano reviste su composición multicultural, imponiendo obligaciones correlativas a todas las autoridades naciones, de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, para respetar, promover, resguardar y garantizar la práctica del español y de las lenguas originarias, así como su enseñanza, en los lugares en donde estén asentadas las comunidades indígenas que las hablan.

De esta manera se procurará un desarrollo educativo y cultural de la población mexicana más equilibrado, con una visión de futuro que resguarde, de forma fehaciente, su valioso patrimonio multicultural.

En este orden de ideas, es pertinente mencionar el trabajo que desde la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), en su carácter de foro en el que se involucran las asambleas parlamentarias de los estados, y que en México está representada en la presente LXIII Legislatura por los diputados Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Partido de la Revolución Democrática; Pablo Basáñez García, del Partido Revolucionario Institucional; Alfredo Bejos Nicolás, del Partido Revolucionario Institucional; Elio Bocanegra Ruíz, del Partido de la Revolución Democrática; Kathia María Bolio Pinelo, del Partido Acción Nacional; José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; Pablo Elizondo García, del Partido Revolucionario Institucional; Javier Antonio Neblina Vega, del Partido Acción Nacional; Dora Elena Real Salinas, del Partido Revolucionario Institucional y Cirilo Vázquez Parissi, Partido Revolucionario Institucional.

A través de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología que me honro en presidir, se han analizado diversos temas relativos a la educación, la juventud, la ciencia y la tecnología, la promoción de la cultura, la defensa de la diversidad cultural y la preservación del patrimonio lingüístico en América.

Es precisamente en el marco del trabajo de la comisión, que se ha hecho hincapié por parte de legisladores de todo el continente en la preocupación y el compromiso que existe por salvaguardar y promover los valores lingüísticos y culturales de las naciones, ya que de ello depende en gran medida la preservación de las raíces que dan identidad, cohesión y fuerza a las naciones para fincar las bases de su desarrollo.

No hay que perder de vista que el patrimonio lingüístico de una nación tiene más valores adicionales a los culturales; esto es, representa un fuerte componente de cohesión social, lo cual refuerza la cohesión lingüística de las comunidades y pueblos originarios, en obvio favor de la fuerza y representatividad de dichas comunidades y por ende de los países que las albergan de cara a la globalización que cotidianamente estandariza mayores elementos de la vida de los individuos, la forma de escribir, de hablar, etcétera.

A este respecto, habrá que reconocer el esfuerzo que el Poder Ejecutivo federal, a través de su secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, ha puesto en promover un nuevo modelo educativo, el cual tras un cuidadoso proceso de consulta público y diseño está por implementarse en las escuelas que conforman la educación pública en México.

Lo anterior cobra relevancia, en virtud de que este nuevo modelo educativo busca, entre otros objetivos, implantar la educación bilingüe en nuestro país, enseñando ahora como parte de los planes de estudio en la educación básica la lengua inglesa de forma obligatoria. En ese sentido es absolutamente necesario reconocer primero, el idioma español como lengua oficial de nuestro país y, en segundo lugar a las lenguas indígenas como lenguas nacionales, a fin de salvaguardar uno de nuestros más importantes elementos de cohesión social.

Finalmente, habrá de considerarse que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la Organización de Naciones Unidas, a través de sus 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), suscrita por el presidente Enrique Peña Nieto, en septiembre de 2015, estipula no sólo el deber de reconocer a los pueblos indígenas en sus diferencias culturales (entre ellos, su lengua), sino también la obligación de elevar el nivel educativo de éstos, principalmente, a través del ODS 4, consistente en “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, y sus metas: 5 “Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional”; y 7 “Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios”.

No hay que olvidar que, si bien estos ODS fueron suscritos por el Ejecutivo federal y la puesta en marcha de los mismos forman parte de la agenda prioritaria del gobierno, es tarea de todos los mexicanos implementarlos. Sólo a través de la consecución de ellos, nuestro país podrá alcanzar niveles óptimos de desarrollo y crecimiento sostenible, y podrá respetar en forma efectiva los derechos humanos de todas las personas que integran nuestra gran nación.

El ODS número 4 constituye, sin lugar a dudas, una valiosa área de oportunidad en el ámbito de la educación formal, no formal e informal, en cuanto contribuye a fomentar las capacidades de las personas indígenas en base al conocimiento de su acervo histórico, su cultura y su idioma, posibilitando una verdadera participación de éstas en todos los ámbitos de la actividad social, económica y política, para lo cual el desarrollo de políticas educativas, con perspectivas de lenguas indígenas, permitirán una integración efectiva de nuestros pueblos originarios en la vida nacional.

Por todo lo anteriormente expuesto, propongo la aprobación, por esta honorable asamblea legislativa, del siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose los restantes párrafos en su orden consecutivo, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

...

En la nación el idioma oficial es el español. El Estado reconoce a las lenguas indígenas como lenguas nacionales, las cuales forman parte del patrimonio cultural de la nación, por lo cual, el mismo promoverá su estudio y preservación.

..

..

...

A. ...

I. a VIII. ...

B. ...

I. a IX. ...

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 2016, inegi.org.mx, sala de prensa “Estadísticas a propósito del...día internacional de los pueblos indígenas”, fecha de acceso: 29 de octubre de 2016, disponible en la dirección web:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf

2 2016, unesco.org, Preguntas frecuentes sobre lenguas en extinción, fecha de acceso: 29 de octubre de 2016, disponible en:

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/endangered-languages/ faq-on-endangered-languages/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2017.— Diputados y diputadas: Juan Carlos Ruíz García,Ana Guadalupe Perea Santos, Armando Alejandro Rivera Castillejos, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Herminio Corral Estrada, René Mandujano Tinajero (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Juan Carlos Ruíz García. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ángel Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Ángel II Alanís Pedraza:Con su venia, presidenta. Buenos días amigos y amigas diputadas. En cada una de las entidades federativas de la República Mexicana, existe un Código Estatal de Procedimientos Civiles y a la vez existe el Código Federal de Procedimientos Civiles.

En nuestra opinión los procedimientos civiles son y deben ser únicos para toda la República Mexicana, y al ser así surge la necesidad de unificarlos, pues de esa manera se dotaría de mayor fortaleza y eficacia al juicio nacional oral civil. Esa necesidad es evidente, si se toma en consideración la existencia del juicio oral mercantil al ser un procedimiento que ya demostró su eficacia y efectividad.

En consecuencia, ahora es pertinente regular los procedimientos civiles de manera homogénea en todo el país, para de esa manera transitar de un sistema tradicional disperso a un nuevo sistema civil compacto y único.

Los procedimientos civiles que establecen los diferentes códigos del país, dificultan su comprensión de un estado a otro y por ese motivo es que consideramos necesario establecer las bases constitucionales para la posterior expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles, buscando de esa manera armonizar nuestra legislación civil, pues como es del conocimiento general, ya existe el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Obviamente, con el Código Nacional de Procedimientos Civiles se logrará que la práctica dentro de los juzgados en materia civil, ya sea federales o locales, sea uniforme en todo el territorio nacional y con ello, entre otros beneficios, se dará seguridad a las partes que intervengan de que un juicio será eficientemente substanciado en cualquier parte de nuestra nación.

Luego entonces, el objetivo de esta reforma constitucional es abrirle la puerta al Código Nacional de Procedimientos Civiles para fortalecer las garantías procesales de las partes y dar más eficiencia a los órganos jurisdiccionales en la substanciación de los juicios. Ello es así, porque para poder lograr el más elemental principio de justicia, que es dar a cada quien lo que le corresponde, es necesario tener leyes eficaces, claras y únicas que resuelvan los problemas de tener diversas legislaciones sobre las mismas instituciones con multiplicidad de interpretaciones y criterios jurisprudenciales, así como juicios largos, muy largos y preceptos discriminatorios, para ahora tener una legislación única con un lenguaje moderno que tutele los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que propongo que se reforme el artículo 73 constitucional a fin de colocar como facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia procesal civil para todo el país, y posteriormente proponer una iniciativa con proyecto de decreto del Código Nacional de Procedimientos Civiles que se ajuste a este siglo con procedimientos prontos y expeditos, agilizando la ejecución de las sentencias, erradicando prácticas discriminatorias, se respeten, protejan y garanticen los derechos humanos y se vele por las personas, las familias y los bienes y la sociedad en su conjunto. Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

En cada una de las entidades federativas de la República Mexicana existe un Código de Procedimientos Civiles aplicable, desde luego, a los procedimientos civiles del fuero común que se tramiten en los tribunales de cada Estado. A la vez, existe el Código Federal de Procedimientos Civiles, de observancia en los Tribunales Federales establecidos en cada Entidad.

En nuestra opinión, los procedimientos civiles son y deben ser únicos para toda la República, y al ser así, surge la necesidad de unificarlos, pues de esa manera se dotaría de mayor fortaleza y eficacia al juicio nacional oral civil.

Esa necesidad es evidente si se toma en consideración la experiencia exitosa del juicio oral mercantil, al ser un procedimiento que ya demostró su eficiencia y eficacia.

En consecuencia es pertinente adicionar el inciso d), a la fracción XXI, del artículo 73 Constitucional, para regular el procedimiento civil de manera homogénea en todo el País, y de esa manera transitar de un sistema tradicional disperso, a un nuevo sistema compacto.

Los procedimientos civiles que establecen los diferentes códigos del País, dificultan su comprensión de un Estado a otro, y por ese motivo es que consideramos necesario que se constituya el Código Nacional de Procedimientos Civiles.

Con lo anterior se lograría armonizar nuestra legislación civil dado que como es del conocimiento general, ya existe el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Obviamente con el Código Nacional de Procedimientos Civiles, se lograría que la práctica dentro de los juzgados en materia civil (federales y locales) sería uniforme en todo el territorio nacional y con ello, entre otros beneficios, daría seguridad a las partes que intervengan de que un juicio será eficientemente substanciando en cualquier lugar del País.

El objetivo de esta reforma constitucional en materia civil es crear un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, que fortalezca las garantías de las partes y dé más eficiencia a los órganos jurisdiccionales en la substanciación de juicios.

Argumentos

La justicia, como cualquier fenómeno humano, para poder cumplir cabalmente con una de sus finalidades (la paz social), tiene que entenderse como el empleo de todas las virtudes, o el dar a cada quien lo que merece con un trato igual para los iguales y desigual para los desiguales, entendiéndola también como la necesidad de una justicia cercana, cotidiana, clara, igual y accesible para los gobernados.

En concordancia con ello, algunos de los problemas específicos que se han detectado, es que existen diversas legislaciones sobre las mismas instituciones y multiplicidad de interpretaciones y criterios jurisprudenciales, inadecuada difusión de las disposiciones jurídicas, los juicios consumen demasiado tiempo, preceptos discriminatorios, limitación de los programas de justicia civil y familiar con métodos alternativos y accesibles, mal ejercicio de la práctica del derecho, existiendo a la vez una resistencia al enfoque de derechos humanos y género, leguaje ciudadano e incluyente.

Una forma de solución de dichos problemas estriba en reformar el artículo 73 constitucional, a fin de colocar como facultad exclusiva del Congreso de la Unión, legislar en materia procesal civil en todo el país. Para posteriormente proponer o generar una iniciativa con proyecto de decreto del Código Nacional de Procedimientos Civiles que ajuste y realice una impartición idónea de la justicia, que sea incluyente, con perspectiva de género, con procedimientos prontos y expeditos, en el que se agilice la ejecución de las sentencias, se erradiquen las prácticas discriminatorias, se promuevan, respeten, protejan, y garanticen los derechos humanos, y se vele por las personas, las familias, los bienes y la sociedad en su conjunto.

Cuadros comparativos

Para la mejor comprensión de la propuesta, a continuación insertamos cuadros comparativos en los que se aprecia el texto legal vigente, y cómo se plantea su reforma o adición, a saber:

Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX. ...

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios;

b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada;

c)La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

d) La legislación nacional única en materia procedimental civil, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

XXII. a la XXX. ...

Artículos Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión contará con 180 días naturales siguientes a la publicación de este decreto para expedir la Legislación Nacional Única en Materia Procedimental Civil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.— Diputado y diputada: Ángel II Alanís Pedraza,Ana Guadalupe Perea Santos (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Ángel Alanís Pedraza. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Sharon María Teresa Cuenca, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Muchas gracias, presidenta, con su venia. Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. El día de hoy la iniciativa que presento tiene que ver con la demanda social que ha hecho la gente recientemente. Es una demanda de hace muchos años respecto a la producción del trabajo de los legisladores.

Un hecho importante, y que tiene que ver con esta productividad, es el tiempo que pasamos en sesiones ordinarias en los dos periodos que se sesionan durante el año legislativo.

Es por eso que la propuesta que yo estoy presentando para fortalecer nuestra función como legisladores y rendir cuentas satisfactorias a la sociedad, es ampliar el segundo periodo ordinario para que su terminación en vez de que sea el día 30 de abril, concluya el día 30 de junio. Con esto estaríamos hablando de dos meses más de un periodo ordinario que serían aproximadamente 16 sesiones. Esto evidentemente nos va a permitir tener mayor productividad en el trabajo en comisiones, en la dictaminación de todos los instrumentos legislativos, y evidentemente dará mayores resultados en cuanto a las demandas de las personas.

Recientemente hemos visto reclamos porque no hay un trabajo como ellos lo esperan, porque en ocasiones se cree que el único trabajo que hacemos los legisladores es estar aquí en el pleno, cuando el trabajo verdaderamente pesado, arduo y de gabinete, se hace en las comisiones, y solamente se puede dictaminar durante los periodos ordinarios para poder presentar los documentos ante este pleno.

En ese tenor es que en el Partido Verde estamos a favor de fortalecer el Poder Legislativo; tenemos 628 legisladores federales: 500 diputados, 128 senadores, y aplicar esta reforma, que se aprobara esta reforma, tendría un resultado positivo ante la sociedad para tener más tiempo y que el trabajo legislativo sea más productivo, tener más espacios, más reuniones, y más reuniones en el seno de este pleno para poder aprobarla.

Por eso es que se está haciendo una propuesta de reforma a la Constitución Política, y también a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ampliación de periodo ordinario de sesiones, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La representación popular es una gran responsabilidad pública y política, que debe contener un alto sentido social, ético y solidario entre el Poder Legislativo y los ciudadanos, por ello, es importante que los legisladores construyan puentes de credibilidad y productividad en su quehacer parlamentario.

El Poder Legislativo bicameral conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados adquiere relevancia como un órgano democrático y fundamental del Estado Mexicano, donde converge la pluralidad de ideologías y se construye la seguridad jurídica de todos los sectores del país.

En este sentido, el Poder Legislativo dentro de sus tareas principales se encuentra el dotar de instrumentos jurídicos a los ciudadanos, a los servidores públicos y a las instituciones para ejercer, respetar y garantizar plenamente los derechos humanos con apego irrestricto al Estado de Derecho.

Por ello, dada su naturaleza ciudadana los legisladores deben combatir el autoritarismo velando por los intereses de los ciudadanos, de las organizaciones sociales y los sectores empresariales que son la base del desarrollo y crecimiento de México.

Es entonces, que la importancia del Poder Legislativo estriba en fomentar la legalidad como principio rector del actuar de los servidores públicos y de los ciudadanos, trascendiendo a las funciones representativa, legislativa y de control, con plena independencia y autonomía frente a los otros órganos del Estado.

Al respecto es necesario mencionar que el Poder Legislativo unifica los intereses que comparten el pueblo mexicano; con ello ostenta mayor legitimidad que los otros Poderes de la Unión. Por ello, se asevera frecuentemente, que más de ser un órgano político es una entidad social .

Es así, ya que diseña el andamiaje jurídico nacional teniendo a la Constitución Política como norma suprema y a las leyes como la voluntad del pueblo plasmada en su máxima expresión las cuales se construyen, argumentan, analizan, debaten y aprueban en el Poder Legislativo.

Además de la creación y modificación de normas jurídicas el Poder Legislativo también tiene facultades relevantes en materia de controles constitucionales y colaboración con los Poderes Ejecutivo y Judicial, además de los Órganos Constitucionales Autónomos, por ejemplo:

• Establecer competencia a órganos del Estado;

• Ratificar los Tratados Internacionales;

• Nombrar funcionarios de los otros poderes;

• Citar a comparecer a funcionarios;

• Aprobar las leyes fiscales y el presupuesto de egresos de la Federación;

• Controlar y fiscalizan a los Poderes Ejecutivo y Judicial;

• Entre otras.

Los legisladores tienen como objetivo fundamental de fortalecer y velar porque el Poder Legislativo sea una institución sólida, eficiente y eficaz para desahogar la agenda legislativa nacional. Esto tendrá como resultado estabilidad política y mejor porcentaje de confianza ciudadana.

Esta argumentación tiene como propósito hacer notar que el Poder Legislativo debe perfeccionar su ritmo de trabajo ordinario, es decir, para dignificar nuestro trabajo como servidores públicos y representantes populares y para que los lapsos de tiempo no sean cuestionables por la opinión pública consideramos preciso aumentar los tiempos de sesiones ordinarias.

En la actualidad atender los temas de interés nacional y las coyunturas políticas, económicas y sociales exigen mayor compromiso y tiempo por parte los legisladores. Hoy en día los dos periodos ordinarios de sesiones por año legislativo suman un poco más de 6 meses y aproximadamente más de 5 meses sesiona la Comisión Permanente, es decir que el trabajo parlamentario no se detiene, pero sí es necesario que haya mayor tiempo en sesiones ordinarias para que los temas sean estudiados, discutidos, aprobados o rechazados por los 628 legisladores federales, y esto sólo se puede dar en el periodo ordinario.

Aumentar el tiempo efectivo del trabajo continuo de ambas Cámaras, propiciará que las Comisiones y los legisladores que las integran tengan más tiempo de actividad en paralelo a las sesiones del Pleno de las Cámaras, para realizar su trabajo de estudio y dictamen; y también para ampliar el periodo que actualmente no es suficiente para resolver la carga de trabajo legislativo que debe someterse al Pleno.

El año legislativo es la suma de las actividades de los legisladores y de las Cámaras en conjunto durante todos los meses del año, es la suma de actividades de los legisladores en el Pleno, en las comisiones y en lo individual , en los años recientes y en la realidad que vivimos actualmente, es evidente que se requiere de mayor tiempo de actividad legislativa continua, para que las Cámaras dispongan del tiempo necesario para tratar apropiadamente la variedad de los asuntos que le competen, como lo marca la propia Constitución.

Hoy en día la complejidad de las circunstancias de nuestro país y la notable insuficiencia del tiempo de los periodos ordinarios para cumplir con sus objetivos hace necesario ampliar el tiempo de las sesiones ordinarias, esta situación es más evidente en el segundo periodo que inicia el 1º de febrero y termina el 30 de abril.

Los periodos legislativos tan cortos son insuficientes para poder analizar con detalle las diversas iniciativas presentadas al Congreso y atender además sus otras obligaciones relacionadas con el trabajo en comisiones y la atención de los incontables asuntos políticos que son motivo de las deliberaciones y debates parlamentarios, por lo que se hace evidente la necesidad de ampliarlos.

Probablemente se pueda argumentar que los periodos legislativos son para dictaminar en el Pleno los trabajos aprobados en las comisiones y los recesos para el trabajo de dictaminación en las propias comisiones. Sin embargo, y sin perjuicio de que así suceda, la inmensa mayoría de los dictámenes legislativos se discuten y aprueban en las comisiones durante los periodos de sesiones y no durante los recesos. Es más, la gran mayoría de los dictámenes legislativos de central importancia se aprueban en las comisiones durante los últimos días de los periodos de sesiones.

El texto original de la Constitución del 1917 contempló un solo periodo de sesiones, que iniciaba el 1° de septiembre y que no podía prolongarse más que hasta el 31 de diciembre de ese año.

El 7 de abril de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una reforma a los artículos 65 y 66 de la Constitución donde se establecen dos periodos ordinarios que iniciarían el 1º de noviembre y el 15 de abril de cada año, y que estos no podían prolongarse más allá del 31 de diciembre y del 15 de julio del mismo año, respectivamente.

En 1993, se modificaron nuevamente estos artículos, modificando las fechas de apertura y de clausura de los periodos de sesiones ordinarios para sesionar del 1º de septiembre al 15 de diciembre (excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83) y el segundo periodo, del 15 de marzo al 30 de abril. En total, sesionaría durante cinco meses, y con la prórroga cinco meses y medio.

El 2 de agosto de 2004 con el propósito de ampliar el tiempo de los periodos de sesiones ordinarias, se reformó sólo el artículo 65 de la Constitución para reformar la duración del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso se ampliaría para iniciar el 1° de febrero de cada año, respecto al primer periodo no se hizo modificó, así como tampoco se reformó el artículo 66 constitucional por lo que el primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año; y el segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año. Por ello, el Congreso sesionará durante seis meses y medio y, en el caso de la prórroga, hasta siete meses.

De esta manera se dio un ejemplo de compromiso social y político con los ciudadanos, se fortaleció el funcionamiento del Poder Legislativo para realizar adecuadamente y sin contratiempos sus funciones: de representación popular, legislativa, de control financiero y presupuestal, administrativo, y jurisdiccional.

Consideramos que los tiempos han cambiado, como ya se mencionó, en principio la Carta Magna de 1917 establecía sólo un periodo de sesiones y de eso hemos llegado a 2 periodos de sesiones que suman seis meses y medio actuales.

Es necesario fortalecer los tiempos del segundo periodo ordinario de Sesiones que actualmente inicia el 1º de febrero y concluye el 30 de abril, y posterior hay un receso de 4 meses, los cuales atendiendo a las necesidades sociales de nuestro país ya no es compatible.

Es así que se propone que este segundo periodo que inicia el 1º de febrero, concluya el 30 de junio; así se amplía 61 días más de trabajo parlamentario, es decir, 16 sesiones ordinarias más.

Esta iniciativa se suma a las ya presentadas por diputados y senadores, donde buscamos mejorar el quehacer legislativo, la credibilidad de los legisladores y el sistema jurídico nacional, es importante atender la demanda social, que día a día reclama mayores y mejores resultados, más productividad en el trabajo legislativo.

Esto dará tiempo para el desahogo adecuado de las agendas legislativas evitando trabajos forzados y de último minuto, así como periodos extraordinarios exprés, por lo que disminuirá de manera considerable el rezago legislativo.

Ampliar el tiempo de duración del periodo ordinario de sesiones del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fortalecerá al Poder Legislativo.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Primero: Se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de junio del mismo año.

(...)

Segundo:Se reforma el artículo 4o., numeral 1, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4o.

1. De conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución, el Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1o. de febrero de cada año, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el quince de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, caso en el cual las sesiones podrán extenderse hasta el treinta y uno de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del treinta de junio del mismo año.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de abril del año 2017.— Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales la parte que corresponde, y a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la parte correspondiente, para dictamen.

Saludamos con mucho gusto a alumnos de la Escuela Primaria Heroicos Cadetes, que asisten a este Salón de Pleno, invitados por el diputado Rafael Hernández Soriano. Sean ustedes bienvenidos.



LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 115 de la Ley de Salud.

La diputada Ariadna Montiel Reyes:Con su venia, presidenta. Acudo a esta tribuna a someter a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 115, fracción IV, de la Ley General de Salud, con el fin de que los establecimientos mercantiles informen el valor nutrimental y ofrezcan una opción saludable dentro de los menús infantiles que se ofrecen.

El derecho de la alimentación suficiente y adecuada lo establece el artículo 4o. de la Constitución Política: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo deberá garantizar.

El Estado debe prestar especial atención a la necesidad de mejorar la situación de los segmentos más vulnerables de la sociedad, incluyendo las niñas y los niños, y también los adolescentes y a la inclusión específica del acceso a una alimentación adecuada dentro de estrategias más amplias de la reducción de la pobreza.

La alimentación de las y los niños cobra especial importancia en las décadas recientes, puesto que debido a la industrialización y a los cambios en las dinámicas familiares y sociales es cada vez más alarmante; por un lado, la desnutrición que afecta a la región sur del país, y por otro lado la obesidad, que lo hace en el norte, por lo que se hace necesario aumentar los esfuerzos en promover una dieta saludable y equilibrada en todos los grupos de edad, en especial para niñas y niños.

Actualmente México ocupa el primer lugar mundial de obesidad infantil, problema que está presente no sólo en la infancia y la adolescencia, sino también en población de edad preescolar.

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición indican que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio del 26 por ciento para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema.

Esta realidad podría colapsar al sistema nacional de salud, pues este grupo de niñas y niños podrían presentar enfermedades crónicas y degenerativas como la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiacas y diversos padecimientos, afectando severamente su calidad y expectativa de vida.

Entre los múltiples factores que inciden en una mala alimentación y repercuten negativamente en la salud infantil se encuentra la ausencia de opciones alimenticias saludables y nutritivas que no excedan en las kilocalorías recomendadas y que constituyan un menú apropiado para niñas y niños en todos los sentidos, contemplando todos los grupos alimenticios, así como las porciones adecuadas.

Es por esto que la industria restaurantera, así como la del procesamiento y venta de alimentos, debe adecuarse en los nuevos esquemas de alimentación de las niñas y niños, puesto que se observa que no en todos los establecimientos que ofrecen menú infantil se contempla un rigor nutrimental, de calidad, ni en términos cuantitativos, ofreciendo desayunos, comidas y cenas que evidentemente exceden los valores calóricos para niñas y niños, contribuyendo a una deficiente educación alimenticia con las consecuencias negativas que se han comentado.

Se trata por lo general de platillos, comidas o bocadillos de alta densidad energética, altos en grasas saturadas y trans, azúcar y sal, cuyo consumo habitual se ha asociado a la obesidad y a otras enfermedades crónicas.

Los menús infantiles que actualmente se ofrecen no informan a los padres respecto a los gramos de las proporciones de cada alimento ni de su calidad. Aunado a ello, no se contempla el aporte energético de las bebidas con las que se acompañará ni el postre, en su caso.

Ahora bien, es evidente que ninguno de estos menús es apto para los niños no sólo por la alta cantidad de calorías que contienen, sino porque en la mayoría de los menús no se utilizan los grupos principales del plato del buen comer, como son las frutas y las verduras.

La presente iniciativa plantea que, los establecimientos mercantiles, estén obligados a ofrecer como alternativa un menú saludable para los menores, niñas y niños, además de proveer la información sobre el consumo y alternativas respecto a opciones alimenticias, lo que coadyuvará a la formación de hábitos saludables para niñas y niños.

Por tales motivos me permito someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa que modifica la Ley General de Salud, con el fin de ofrecer mejores y más saludables menús infantiles en los restaurantes para una población que se ha visto altamente vulnerada por la obesidad creciente y ocupando México el primer lugar de obesidad infantil. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que adiciona el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 115, fracción IV, de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho de alimentación suficiente y adecuada lo establece el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.”

También se establece en el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes:

Artículo 50. “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

VIII.Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información sobre estos temas”.

A nivel internacional el derecho a la alimentación fue reconocido en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos artículo 25 como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, y fue consagrado en 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11.

También se establece en varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales artículo 11, la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 24, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer artículo 12, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad artículos 25 y 28, entre otros.

Los países deben hacer efectivo el derecho a la alimentación a escala nacional, tal y como se menciona en el Comentario General número 12 sobre el derecho a la alimentación del el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y las Directrices Voluntarias en apoyo de la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional.

El Estado debe prestar especial atención a la necesidad de mejorar la situación de los segmentos más vulnerables de la sociedad, incluyendo las niñas, niños y adolescentes y a la inclusión específica del acceso a una alimentación adecuada dentro de estrategias más amplias de reducción de la pobreza.

La alimentación de las y los niños cobra especial importancia en las décadas recientes, puesto que debido a la industrialización y a los cambios en las dinámicas familiares y sociales, es cada vez más alarmante, por un lado, la desnutrición que afecta a la región sur, y por otro lado, la obesidad, que lo hace en el norte, por lo que se hace necesario aumentar los esfuerzos en promover una dieta saludable y equilibrada en todos los grupos de edad, en especial para niñas, niños y adolescentes.

Actualmente México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, problema que está presente no sólo en la infancia y la adolescencia, sino también en población en edad preescolar.

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición indican que uno decada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio del 26 por ciento para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema.

Esta realidad podría colapsar el sistema nacional de salud, pues este grupo de niñas y niños podrían presentar enfermedades crónicas y degenerativas, como la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiacas y diversos padecimientos, afectando severamente su calidad y expectativa de vida.

Existen otros factores que se suman a la mala alimentación, y que abonan a una mala salud en las y los infantes, como la falta de actividad física, es decir, estilo de vida sedentario, malos hábitos dietéticos, que incluyen el consumir un mayor número de calorías del que se requiere según la edad, complexión, talla, peso, actividad, factores genéticos, así como las condiciones sociales y económicas de las familias.

Entre los múltiples factores que inciden en una mala alimentación, y repercuten negativamente en la salud infantil se encuentra la ausencia de opciones alimenticias saludables y nutritivas, que no excedan las kilocalorías recomendadas, y que constituyan un menú apropiado para niñas y niños en todos los sentidos, contemplando todos los grupos alimenticios, así como las porciones adecuadas.

Las características de la alimentación saludable son:

Completa. Que incluya todos los nutrimentos (carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales).

Equilibrada. Que los alimentos que se consuman contengan los nutrimentos en una proporción adecuada.

Inocua. Que su consumo habitual no implique riesgos para la salud porque está exenta de microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes, y se consuma con moderación.

Suficiente. Que cubra las necesidades nutricionales.

Variada. Que contenga diferentes alimentos de cada grupo en cada comida.

Adecuada. Que sea acorde a los gustos, costumbres y recursos económicos sin sacrificar las otras características.

La correcta orientación nutricional tiene como finalidad brindar sugerencias alimentarias a padres de familias, así como detectar y combatir a tiempo posibles alteraciones en la conducta alimentaria y alteraciones de peso entre las que se incluyen: desnutrición, sobrepeso y obesidad infantil.

A decir de la Asociación Española de Pediatría, en su manual de nutrición pediátrica, la nutrición “está integrada por un complejo sistema en el que interaccionan el ambiente (que influye en la selección de alimentos, frecuencia de consumo, tipo de gastronomía, tamaño de las raciones, horarios, etcétera), el agente (agua, energía y nutrientes) y el huésped (es decir, el niño con sus características fisio-lógicas).

Si en el adulto la nutrición tiene por objeto el mantenimiento de las funciones vitales y la producción de energía en su sentido más amplio, en las niñas y niños adquiere una dimensión mayor, al ser el factor determinante del crecimiento e influir de forma importante en el desarrollo (maduración funcional)”.

Por lo anterior, resulta evidente que la principal causa de la desnutrición y la obesidad son los malos hábitos en la alimentación desde temprana edad y que representan en un futuro, el sobrepeso de un 70 por ciento en la edad adulta. A largo plazo, la obesidad favorece la aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros.

Actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el sistema nacional de salud: es la principal causa de muerte en adultos, la primera causa de demanda de atención médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas.

El objetivo al contar con alternativas nutricionales adecuadas para los menores, es lograr el equilibrio nutricional es “lograr un balance entre la ingesta y el gasto, la nutrición es un proceso mucho más complejo en el que, además, influyen elementos que modifican ambos componentes, como la genética, y otros factores aún no suficientemente aclarados. De otra forma no se entendería la dificultad que presentan la mayoría de las personas obesas en mantener un peso adecuado, a pesar de múltiples intentos.”

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano.

La infancia es la etapa en la que se desarrollan los hábitos que permearán durante la vida de las personas, por lo que hay que brindar las posibilidades de que se construyan bajo un esquema de salud y prevención de riesgos y enfermedades.

Considerando que las niñas y niños de hoy serán los adultos del mañana y que muchas y muchos de ellos tomarán decisiones trascendentes para el país, es que propongo este proyecto de iniciativa con el objetivo de incentivar modificaciones y promover mejor hábitos alimenticios en establecimientos mercantiles que es fundamental, para disminuir este problema.

Es por esto, que la industria restaurantera, así como la de procesamiento y venta de alimentos, debe adecuarse a los nuevos esquemas de alimentación de las niñas y niños, puesto que se observa que no en todos los establecimientos que ofrecen menú infantil se contempla un rigor nutrimental, de calidad, ni en términos cuantitativos, ofreciendo desayunos, comidas y cenas que evidentemente exceden los valores calóricos para niñas y niños, contribuyendo a una deficiente educación alimenticia, con las consecuencias negativas que se han comentado. Se trata por lo general de platillos, comidas o bocadillos de alta densidad energética, altos en grasas saturadas y trans, azúcar y sal, cuyo consumo habitual se ha asociado a la obesidad y a otras enfermedades crónicas.

Los menús infantiles que actualmente se ofrecen en los restaurantes, no informan a los padres respecto a los gramos de las porciones de cada alimento ni de su calidad, aunado a ello, no se contempla el aporte energético de las bebidas con las que se acompañará, ni el postre en su caso, ahora bien es evidente que ninguno de estos menús es apto para los niños no solo por la alta cantidad de calorías que contienen si no porque en la mayoría de los menús no se utilizan los grupos principales del plato del buen comer como lo son las frutas y las verduras.

Estos menús ofrecen para su consumo refrescos, que como bien sabemos, son altos en azúcares refinadas y para lograr un equilibrio nutricional, se deben restringir bebidas y alimentos con alto contenido de azúcares como el jarabe de maple, miel industrializada, lechera, cajeta y sobre todo refrescos y jugos industrializados principalmente los jugos comercializados de pulpa y néctar, así mismo los chocolates en polvo y otros para realizar las malteadas que contienen demasiadas kilocalorías y otros ingredientes que propician una mala alimentación.

Cada restaurante debería tomar en cuenta que alimentos son chatarra y cuales con nutritivos, así como tener conocimiento de cuantas kilocalorías necesita un niño al día, no se pretende individualizar porque sería complicado en un restaurante pero si tener un estándar para los niños y niñas, para que puedan ofrecer un menú sencillo y nutritivo.

Según el estudio del Centro de Investigación en Nutrición y Salud Pública de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México respecto a un estudio de caso en el que se analizaron los excesos calóricos de los menús infantiles ofrecidos en restaurantes, titulado “Aporte calórico y macronutrimental de los menús infantiles de la comida rápida y convencional”. Se recomienda que el desayuno debe aportar 25 por ciento de las calorías totales, esto es, una ingesta de 450 calorías.

Al analizar los aportes de las calorías que tienen los menús, se observó que para este tiempo de comida, los menús de las comidas convencionales pueden aportar desde un 117,4 por ciento y hasta un 162,6 por ciento en exceso, mientras que en los menús de las comidas rápidas pueden aportar de un 140,5 por ciento hasta un 224 por ciento en exceso. Se debe tomar en cuenta que el exceso de calorías consumidas podrían ser utilizadas además de las funciones fisiológicas en actividades propias de los niños, de lo contrario, significa que ese exceso podría aumentar el tejido adiposo. Así, para el tiempo de “colación” se recomienda el 15 por ciento del total de las calorías, esto es 270 calorías. Si el consumo de los menús infantiles sucede durante el tiempo de la “colación”, los porcentajes de exceso aumentan considerablemente. Los menús de las comidas convencionales para este tiempo de comida (colación) pueden ir del 195,7 por ciento al 271 por ciento en exceso, mientras que, los menús de las comidas rápidas, pueden aportar desde un 234,2 por ciento y hasta un 373,4 por ciento en exceso.

A nivel internacional, existen numerosos esfuerzos por crear leyes que protejan el derecho de las y los niños de recibir opciones nutritivas y saludables en los menús infantiles de los restaurantes.

Colombia, Chile y Perú, han emitido leyes en ese sentido, buscando impulsar sanos hábitos alimenticios; en México, es necesario impulsar la obligación de las industrias restauranteras de sumarse a este esfuerzo por introducir en sus cartas de menú, una alternativa saludable, que cumpla con el equilibrio nutricional, así como la obligatoriedad de señalar el aporte calórico total de los alimentos ofrecidos.

Por su parte, la United States Food and Drugs Administration (FDA) /Agencia de Drogas y Alimentos en Estados Unidos estableció que a partir del 5 de mayo de 2017 el consumidor encontrará el etiquetado de calorías en los menús de los restaurantes. En la mayoría de los casos, también se observa ya el etiquetado de calorías para los alimentos empaquetados vendidos en las máquinas expendedoras desde el 1 de diciembre de 2016.

La presente iniciativa sostiene que el proveer al consumidor de información y alternativas respecto a sus opciones alimenticias, permitirá la formación de hábitos saludables para las y los niños, por lo que los restaurantes con menú infantil, deberán enumerar de forma clara y destacada las calorías totales en los menús junto al nombre o los precios de la comida o la bebida.

Por tales motivos, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 115 de la Ley General de Salud, como sigue:

Decreto por el que se el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 115, Fracción IV de la Ley General de Salud

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 115, Fracción IV de la Ley General de Salud:

Ley General de Salud

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I.Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de los trastornos de la conducta alimentaria;

II.Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables.

III.Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud;

IV.Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.

Los establecimientos que ofrezcan menú infantil deberán brindar al consumidor opciones equilibradas con porciones calculadas por nutriólogos pediatras, asimismo deberán señalar con claridad el valor nutrimental de los menús, así como el total de calorías que aportan.

V.Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población;

VI...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.html

2 Franch, Alonso. “Conceptos Generales de Nutrición”. Manual Práctico de nutrición en Pediatría, Madrid 2007

3 http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition/ucm43674 8.htm

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil diecisiete.— Diputada Ariadna Montiel Reyes(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Adriana Montiel Reyes. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.



LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido:Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta. Compañeros y compañeras, hoy subo a esta tribuna esperando tener la empatía de todos ustedes, ya que he visto que el tipo de temas que hoy trataré, que voy a exponer, es de interés de muchos legisladores, pero que son temas que no prosperan más allá del discurso.

Y es que los temas medio ambientales son parte fundamental de la agenda legislativa de mi grupo parlamentario, y que con gran energía impulsan mis compañeros Clemente Castañeda, Mirza Flores y Verónica Delgadillo, entre otros compañeros más.

Legislar en materia ambiental no es una tarea sencilla, pues cuando tratas de llevar una idea a la práctica nos damos cuenta que las leyes con las que contamos no se prestan para establecer las reformas que muchos aquí sugerimos, y es que cuántas veces en esta tribuna se ha expresado el problema que ocasiona esta simple botellita, pues bien, esta iniciativa propone la adición de un segundo capítulo al título sexto de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, esto con la finalidad de establecer un etiquetado especial a todo envase que esté hecho de PET, el cual refleje el daño ambiental que este mismo causa.

En nuestro país, el consumo de PET es en promedio 722 mil toneladas al año, y a pesar de que somos líderes en el Continente Americano en acopio y reciclaje de PET, las cifras son grandes y el esfuerzo no es, finalmente, suficiente. Y es que el consumo de PET va muy de la mano con los malos hábitos que como mexicanos tenemos.

México es el segundo consumidor de envases de PET para refrescos en el mundo, y el número uno en consumo de PET para envases de agua embotellada. Lo más serio de este problema es que millones de envases de PET son lanzados tanto a la vía pública, así como a carreteras, bosques, playas, ríos y mares, por lo que se nos ha vuelto una triste costumbre observar plásticos tirados en nuestro entorno como si fueran un elemento más del ecosistema.

Más triste aún, que parece que no nos importa, pues nuestra indiferencia a ver basura plástica en el medio ambiente parece no molestarnos, y sí, México ha firmado acuerdos internacionales, ha trabajado en pro del medio ambiente, sin embargo, ¿de qué nos sirve ser partícipes de las conferencias de las partes, si de acuerdo al Inegi el agotamiento y la degradación ambiental entre los años 2003 y 2015 tuvo un costo de 11 billones de pesos?

Sí, compañeros, 11 billones de pesos, pero que durante ese mismo lapso de tiempo solo se destinó un billón de pesos en protección ambiental. Es decir, el tema sí nos importa, pero nos importa solo un 10 por ciento aproximadamente.

Compañeros, en el año 2014 el cañón del Sumidero le extrajeron 400 toneladas de residuos sólidos urbanos y solo dos años después, en 2016, se le extrajeron más de mil toneladas, como consecuencia a la poca cultura ecológica y el gran consumismo por parte de la población y el no depositar la basura en lugares designados.

Lo que esta iniciativa propone es concientizar a la población sobre el consumo irracional de envases PET y hacer visible los problemas que este provoca, proponiendo un etiquetado que contenga leyendas, pictogramas o imágenes que reflejen el daño ecológico y ambiental que produce el consumo de los envases de este material.

La finalidad es que la población consumidora desarrolle una opinión más crítica y un consumo más racional hacia este producto.

Cambiemos nuestra forma de consumir e informemos y formemos a la población para lograr resultados consistentes que logren beneficiar nuestro planeta.

Agradeciendo su apoyo en pro de nuestro medio ambiente, les agradezco mucho la atención. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona un segundo capítulo al Título Sexto de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, al tenor del siguiente:

Exposición de Motivos

El polietileno de tereftalato, o mejor conocido como PET, es una materia prima derivada del petróleo. Un kilo de PET está compuesto de 64% de petróleo, 23% de derivados líquidos del gas natural y 13% de aire. Del petróleo crudo se extrae paralixeno, el cual se oxida con aire para obtener ácido tereftálico. El etileno, se adquiere a partir de derivados del gas natural, oxidándolo con aire para formar etilenglicol. Es así que el PET se hace mezclando el ácido tereftálico y el etilenglicol.

Según el “Anuario Estadístico” del año 2012, el cual es presentado por la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), señala que el 40% de la producción de PET en México corresponde al refresco no retornable, 17% para los envases retornables, 15% a envases de agua purificada, 16% al aceite, 8% para conservas, cosméticos, agroquímicos y licores, 2% para lámina de PET y por último el 2% destinado para usos varios.

De acuerdo con Jorge Treviño, director de ECOCE, en nuestro país el consumo de PET en promedio al año son 722 mil toneladas, destacando que somos líderes en el continente americano en acopio y reciclaje de PET con el 50.4% reciclado y 14 empresas recicladoras.

Sin embargo, a pesar de las cifras y los grandes esfuerzos por el reciclaje del PET, este no es suficiente. El consumo de PET va muy de la mano con los malos hábitos que como mexicanos tenemos. En México el consumo de refresco es muy elevado, en promedio cada mexicano consume 163 litros de refresco al año, siendo la gran mayoría de los envases utilizados de PET; como consecuencia se consumen 450 mil toneladas de este material, aproximadamente.

Tristemente, México es el segundo consumidor de envases de PET para refrescos en el mundo, así mismo se destaca que para producir una tonelada de PET se requiere 17 barriles de petróleo.

El consumo de agua embotellada en nuestro país también representa un problema, y no por el impacto negativo del agua a nuestro cuerpo, sino por la mala práctica que como mexicanos tenemos al tomar agua de una manera tan desechable. En México en el año 2014, que fue el último reporte de consumo, fuimos el consumidor número uno de agua embotellada, consumiendo 234 litros por persona, lo que generó 21 millones de botellas de PET diarios, de lo cual solo se recicla el 20%.

Lo más serio es que 90 millones de envases de refrescos y de agua son lanzados tanto a la vía pública, así como a bosques, playas, ríos y mares. Otro dato importante a mencionar es que la tercera parte de basura doméstica en México se debe a los envases de PET, es decir, se producen aproximadamente 9 mil millones de botellas al año.

El impacto visual es otro problema, ya que los residuos de los plásticos en el medio ambiente dan mal aspecto, que como consecuencia perjudica los ingresos de los lugares turísticos.

De igual forma, el PET es un material de riesgo para el ser humano, el uso constante de un envase puede liberar algunos compuestos químicos como el DEHA (dietilhidroxilamina), sustancia que provoca cáncer, o el BBP(butilbencilftalato), que puede alterar el funcionamiento hormonal. El Journal of Environmental Monitoring publicó un artículo donde se analizaron algunas botellas de PET y se encontró antimonio, componente que provoca irritación en la piel, ojos y pulmones.

Siguiendo con la problemática que trae el PET, podemos mencionar la gran acumulación. En el mundo se calcula que existen 25 millones de toneladas de plástico en el ambiente, mismos que tardan entre 100 y 500 años en biodegradarse; la degradación es muy lenta debido a que sus partículas son muy pequeñas, partículas que se distribuyen en mares, ríos, sedimentos y suelos, por lo que se ha vuelto una triste costumbre observar paisajes en caminos, áreas naturales protegidas, carreteras, lagos, entre otros, con plásticos tirados como si fueran un elemento más del ecosistema, y más triste aún, que parece no importarnos, pues nuestra indiferencia a ver basura plástica en el medio ambiente parece no molestarnos.

El agotamiento y la degradación ambiental entre los años 2003 y 2015 tuvo un costo de 11 billones 6 mil 446 millones de pesos, esto de acuerdo al INEGI, sin embargo, durante ese mismo lapso solo se destinaron 1 billón 366 mil 276 millones de pesos en gastos de protección ambiental, es decir, solo un 10%.

Actualmente los océanos se llenan de 8 millones de toneladas de plástico al año; se estima que para el año 2020 sean 500 millones de toneladas, gracias a la producción tan acelerada de plásticos y que el proceso de degradación del PET en los océanos es más lento que en la tierra. De los desechos de plásticos en el mar, el 70% queda en el fondo marino, el 15% en la columna de agua y el 15% en la superficie, esto sin tan siquiera abundar en la afectación a la vida marina, pues los fragmentos de plástico encontrados en animales marinos es una realidad.

En nuestro país podemos encontrar vergonzosos ejemplos del impacto de la contaminación. En el año 2014 al Cañón del Sumidero, en Chiapas, le extrajeron 400 toneladas de residuos sólidos urbanos, esto como consecuencia a la poca cultura ecológica, el gran consumismo por parte de la población, el no depositar la basura en los lugares designados, entre otras causas.

Lo que esta iniciativa propone es concientizar a la población y hacer visibles los problemas que provoca el exceso de envases de PET a través de que el etiquetado del producto contenga imágenes del daño ambiental que causa su consumo. La finalidad es que la población consumidora desarrolle una opinión más crítica y un consumo más racional hacia el producto.

En nuestro país se generan 40 millones de residuos sólidos. Aproximadamente se reciclan entre el 5% y el 8% de los residuos, lo que hace necesario que se reduzca estas cifras, por lo que esta iniciativa busaca: Concientizar a la población a consumir menos PET, a reutilizar o reciclar sus envases de PET, que se produzca menos envases de PET, que se produzca de otros materiales que sean menos dañinos al medio ambiente y disminuir la cantidad de residuos urbanos.

Cambiemos nuestra forma consumir e informemos y formemos a la población para lograr resultados consistentes que logren beneficiar nuestro planeta.

Considerandos

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todo individuo tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que es responsabilidad del estado garantizar el respeto de ese derecho.

México ha sido parte y ha generado importantes compromisos internacionales en materia ambiental a raíz de su participación y firma de diferentes tratados como en las diferentes COP (Las Conferencias de las Partes) o Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), mismas que está comprometido a cumplir.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos nace el 8 de octubre del 2003, como parte del compromiso que tiene el Estado para garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, así como el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos y sólidos urbanos y el manejo especial de ellos, así como la prevención de generar contaminación con estos residuos.

Algunos esfuerzos internacionales que se han puesto en marcha para comprobar el compromiso que se debe acatar para la defensa de nuestro medio ambiente se encuentran en Estado Unidos y Francia.

En la ciudad de San Francisco se puso en marcha una ley que prohíbe la venta de agua embotellada en los espacios públicos. Esta medida fue para reducir los desperdicios de botellas que provoca la acumulación de los envases.

Mientras que Francia ha mostrado un plan integral contra el plástico. Las medidas consisten en que todos los utensilios desechables vendidos en el país sean biodegradables y puedan usarse en la composta, y que las máquinas expendedoras de café ya no ofrezcan vasos de plástico, esto acorde a la prohibición total de bolsas de plástico la cual se encuentra vigente desde julio de 2016.

En nuestro país ya existen varios precedentes sobre el uso del PET. Por mencionar alguno se dirá que el Distrito Federal en el año 2014, se presentó una iniciativa que proponía prohibir el uso de PET para el embotellamiento o envase de cualquier producto, además en caso de violación por lo dispuesto, proponían sancionar con una multa de 75 mil días de salario mínimo.

Decreto

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Único. Se reforma y adiciona un segundo capítulo al Título Sexto de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

TÍTULO SEXTODE LA PREVENCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL

CAPÍTULO I

Artículo 95-100 ...

CAPÍTULO II DEL MANEJO DE LOS ENVASES Y EMBALAJES DE POLIETILENO TERAFTALATO (PET)

Art. 100 BIS. Las empresas productoras y consumidoras de envases y embalajes de Polietileno Teraftalato (PET) en el ámbito de sus competencias promoverán la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos urbanos, con la finalidad de controlar la contaminación ambiental; y crear conciencia sobre su uso y reciclaje; las cuales deberán llevar a cabo las siguientes acciones:

I. Agregar en el etiquetado de productos que utilizan el material de Polietileno Tereftalato (PET) para sus envases y embalajes, en los cuales deberán figurar leyendas y pictogramas o imágenes, sobre el daño ecológico y ambiental que produce los envases de este material.

II. Serán formuladas y aprobadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

III. Se imprimirán en forma directa en las etiquetas;

IV. Serán de alto impacto preventivo, claras, visibles, legibles y no deberán ser obstruidas por ningún medio;

V. Deberán ocupar al menos el 30% de espacio en las etiquetas, donde se le deberán incorporar pictogramas o imágenes;

VI. serán destinados al mensaje del daño ecológico y ambiental que causan los desechos de Polietileno Tereftalato (PET), y

VII. Las leyendas deberán ser escritas e impresas, sin que se invoque o haga referencia a alguna disposición legal directamente en el empaquetado o etiquetado.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicará en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones para la formulación, aprobación, aplicación, utilización e incorporación de las leyendas, imágenes, pictogramas y mensajes del daño ecológico y ambiental que causan los desechos de Polietileno Tereftalato (PET) y etiquetado externo de los mismos, de acuerdo a lo establecido en esta Ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las empresas productoras y consumidoras dispondrán de un plazo de 180 días siguientes a su entrada en vigor, para realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con el presente decreto.

Notas

1 “¿Qué es Polietileno-Tereftalato?”. Secretaría del Medio Ambiente Gobierno del Estado de México.

http://sma.edomex.gob.mx/que_es_polietilenotereftalato

2 “Estudio de Análisis de Ciclo Vida (ACV) del manejo de envases de bebidas de polietilen tereftalato (PET) en la fase de pos­consumo”. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

http://www.inecc.gob.mx/descargas/sqre/2013_acv_pet.pdf

3 “Crudo barato pegó a reciclaje de PET: ECOCE”. Fecha: 17 de marzo de 2016.

http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/03/17/ crudo-barato-pego-reciclaje-pet-ecoce

4 “Mexicanos toman 7 veces más refresco que resto del mundo”. La Jornada. Fecha: 8 de septiembre de 2016.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/08/mexicanos-toman-7- veces-mas-refresco-que-resto-del-mundo

5 “Contaminación por PET en México”. La Industria Mexicana en el cambio climático. Fecha: 2 de mayo de 2010.

http://cambiomedioambiental.blogspot.mx/2010/05/contaminacion-por- pet-en-mexico.html

6 “México, el mayor consumidor mundial de agua embotellada”. La Jornada. Fecha: 27 de marzo de 2015.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/27/mexico-el-mayor-consumidor- mundial-de-agua-embotellada-1395.html

7 “Construcción de casas – habitación con material PET”. UNAM.

http://vinculacion.dgire.unam.mx/Congreso-Trabajos-pagina/ Ganadores%20Congreso%202014/Congreso_2014_Trabajos%20en%20Extenso%20PDF/ 1.%20Ciencias%20Biol%C3%B3gicas/1.%20CIN2014A10139.pdf

8 “Las Botellas Plásticas y su Amenaza al Medio Ambiente”. Aduanas Digital. Fecha: 24 de Enero de 2014.

https://aduanasdigital.gob.do/2014/01/24/las-botellas-plasticas-y-su- amenaza-al-medio-ambiente/comment-page-1/

9 “Cuánto cuesta una botella de agua”. UNAM.

http://cuaed.unam.mx/espanol_media/comprension_de_textos/ txt_argumentativo/objetos/lectura_1.pdf

10 “El impacto de los plásticos en el ambiente”. La Jornada ecológica. Fecha: 27 de Mayo de 2013.

http://www.jornada.unam.mx/2013/05/27/eco-f.html

11 “México pierde por daño ambiental más de 11 billones de pesos; invierte sólo uno en protección”. ANIMAL POLITICO. Fecha: 3 de febrero de 2017.

http://www.animalpolitico.com/2017/02/costos-de-la-degradacion- ambiental-en-mexico/

12 “Greenpeace advierte del creciente riesgo de los plásticos en el pescado y marisco”. Greenpeace. Fecha: 25 de Agosto de 2016.

http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2016/Agosto/Greenpeace- advierte-del-creciente-riesgo-de-los-plasticos-en-el-pescado-y-marisco/

13 “Estas son las verdaderas consecuencias de tirar basura en la calle”. Ecoesfera. Fecha: Abril 21 del 2014.

http://ecoosfera.com/2014/04/las-verdaderas-consecuencias-de-tirar- basura-en-la-calle/

14 “La contaminación por plásticos / Punto crítico”. La Jornada Aguascalientes. Fecha: 8 de febrero de 2016.

http://www.lja.mx/2016/02/la-contaminacion-por-plasticos-punto-critico/

15 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf

16 Biodiversidad mexicana.

http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/cop.html

17 “Los compromisos de México contra el cambio climático“. Vanguardia. 2 de diciembre de 2015.

http://www.vanguardia.com.mx/articulo/los-compromisos-de-mexico-contra- el-cambio-climatico

18 “La Ley General para la Prevención Y Gestión Integral de los residuos”. Cámara de Diputados.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pdf

19 “San Francisco es la primera ciudad en prohibir la venta de agua embotellada”. Ecoosfera. Fecha: Mazo 7 de 2014.

http://ecoosfera.com/2014/03/san-francisco-es-la-primera-ciudad-en- prohibir-la-venta-de-agua-embotellada/

20 “Francia busca no contaminar; prohíbe el uso de desechables” Excelsior. 12 de agosto de 2016.

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/09/12/1116427

21 “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal”. PVEM. Fecha: 23 de septiembre de 2014.

http://www.partidoverde.org.mx/2016/press-asamblea/15061-iniciativa- con-proyecto-de-decreto-por-el-que-se-adicionan-diversas-disposiciones- de-la-ley-ambiental-de-proteccion-a-la-tierra-en-el-distrito-federal

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo de 2017.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Germán Ernesto Ralis. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Saludamos al grupo de personas que asisten al evento, homenaje y reconocimiento al arte oaxaqueño, exposición y presentación de la obra de Armando Mafud, Por Siempre México, invitados por la diputada Edith Yolanda López Velasco. Bienvenidos.

VOLUMEN II



LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV Bis al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuya finalidad es incluir la promoción de esquemas para el desarrollo productivo de este grupo poblacional.

El artículo 2o. de nuestra Carta Magna establece que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y que la conciencia de su identidad deberá ser un criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones concernientes a los pueblos indígenas.

En la fracción I del segundo párrafo del apartado B, del mismo artículo, se establece que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y a las comunidades indígenas, los tres niveles de gobierno tienen la obligación de impulsar el desarrollo regional de estas zonas indígenas, con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas con la participación misma de las comunidades.

Para dar cumplimiento a este precepto se escribió la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuyo objeto es orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar y dar seguimiento a los programas y proyectos, a las estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de estos pueblos.

A pesar de que estas normas buscan impulsar el desarrollo de los pueblos originarios, estamos aún, todavía muy lejos de cumplir con sus objetivos. Según el Coneval, seis de cada 10 personas que hablan lengua indígena tienen al menos tres carencias sociales y la mitad de la población indígena tiene ingresos inferiores al costo de la canasta básica alimentaria.

En Nueva Alianza estamos comprometidos con los sectores más vulnerables, por este motivo establecimos como una de las acciones de nuestra agenda legislativa, garantizar que los grupos vulnerables, entre ellos los pueblos indígenas, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como el acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, como son la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías, los servicios financieros, incluido también la microfinanciación.

Compañeras y compañeros diputados, tenemos una deuda histórica con nuestros pueblos originarios, sus integrantes son discriminados cotidianamente por su aspecto físico, por su lengua materna, por su cultura, lo que también se refleja en sus oportunidades laborales y el desarrollo al negárseles la integración en cadenas productivas acordes a su contexto e idiosincrasia.

La propuesta que hoy pongo a su consideración consiste precisamente en adicionar una fracción XIV Bis al artículo 2 de la Ley para la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que genere estrategias que faciliten la integración y consolidación de estas cadenas productivas a través de la identificación y constitución de personas físicas y morales de propiedad indígena.

Las y los diputados turquesa estamos determinados a cambiar las circunstancias que han conducido a nuestras comunidades indígenas a permanecer, todavía en estos tiempos, en la pobreza. Queremos ser su voz y por eso les pido que nos acompañen en esta propuesta, es por el bien de quienes más lo necesitan. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que adiciona el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Carmen Victoria Campa Almaral, diputada federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIV Bis al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en materia de promoción de esquemas para el desarrollo productivo de los indígenas, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Históricamente, nuestro país ha estado íntimamente relacionado con los pueblos indígenas, pues han dado sustento cultural e identidad étnica a los mexicanos y a las instituciones que se han ido conformando; sin embargo, al revisar la política económica actual, la educativa o la cultural del país, no encontramos significativos logros y avances en las políticas gubernamentales diseñadas para revertir la situación de atraso social y material en que viven los indígenas en México.

Esta realidad contrasta con la posición que les otorga a los indígenas del país el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que México es un país multicultural fundado en sus pueblos indígenas.

A pesar de tal precepto constitucional, nos resulta incomprensible el que no existan acciones de política gubernamental que permitan a indígenas, y a sus comunidades, salir de la situación de vulnerabilidad social en la que se encuentran, tomando como base los distintos indicadores emitidos por instituciones nacionales e internacionales.

En 2015, el especialista Federico Navarrete Linares, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, afirmó que dicha situación de vulnerabilidad se ha venido complicando por motivos de racismo, clasismo y desigualdad económica, provocando que los indígenas abandonen sus comunidades, llevándolos a una situación de vulnerabilidad extrema.

El especialista señaló también que “la segregación en México es mucho más evidente hoy que hace 20 años y (...) que la situación de los habitantes originarios de esta tierra ha ido en detrimento (...) a los mexicanos se nos enseña desde pequeños que debemos sentirnos orgullosos de nuestro pasado indígena; de los pobladores prehispánicos; de las pirámides; de las grandes civilizaciones previas a la conquista ...pero al mismo tiempo, en la práctica se les desprecia y no se les reconoce en el presente”.

Esta visión se fortalece con la información proporcionada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que señaló en uno de sus informes de 2012 lo siguiente: “el porcentaje de población hablante de lengua indígena (HLI) que se encontraba en pobreza en 2012 casi duplicaba al de la población no hablante (76.8 frente a 43.0 por ciento) y el de población en pobreza extrema fue casi 5 veces mayor (38.0 frente a 7.9 por ciento). A ello contribuye que seis de cada diez HLI tienen al menos tres carencias sociales, mientras que esta situación se reduce a la tercera parte entre las personas no hablantes. Por otro lado, la mitad de la población hablante tiene ingresos inferiores al costo de la canasta básica alimentaria, contrario a 17.9 por ciento de población no hablante en la misma condición”.

El censo de 2010 reconoció como indígenas a más de 18 millones de mexicanos, cifra que se redujo en el 2012 a 15 millones de indígenas, según estimaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mismos que se encuentran repartidos en 56 grupos étnicos y, territorialmente, distribuidos a lo largo y ancho del país.

A pesar de su amplia distribución, en el sur del país la población indígena continúa presentando alto grado de marginación, discriminación, desnutrición y pobreza extrema; por lo que continúa mostrando los históricos y abultados flujos migratorios hacia centros urbanos y campos agrícolas del norte, en la búsqueda de empleo y mejores oportunidades de vida, evidenciando que al sur del país, como en otras regiones del centro y norte, las políticas gubernamentales y culturales en pro del desarrollo de los pueblos originarios han fracasado.

En tal sentido, considerando que existe el marco normativo que tiene por objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que en Nueva Alianza vemos necesaria una reforma legislativa como la que se expone, a efecto de que, desde el Estado mexicano, se reconozca la inclusión de este importante grupo poblacional dentro del desarrollo económico nacional y se fomente el fortalecimiento de sus sistemas productivos.

Exposición de Motivos

Desde la conquista, a los indígenas se les despojó de sus bienes y forma de vida, condenándolos a la exclusión de la vida social, política y económica del resto de los mexicanos; quedaron expuestos a la mendicidad, al éxodo y a deambular por el territorio nacional, como verdaderos nómadas; al ser despojados de sus tierras, se les expuso a la pobreza, a la ignominia, la marginación, la discriminación y el abuso; a su economía y producción artesanal se le asignaron valores ocultos e incomprensibles, dotándoles de valor curioso, casi esotérico y turístico-cultural. Asimismo, a sus tradiciones, costumbres, vestuarios, lenguas y apariencia, se les atribuyeron tintes de extrañeza y prejuicio.

Estas prácticas se contraponen a los discursos gubernamentales, que reconocen a los indígenas, desde inicios de los tiempos virreinales, como una mayoría, cuyo estilo de vida merece respeto y, por tanto, instituciones que la rijan; así, teóricamente, a los indígenas se les apreció, se les respetó y se les protegió, siempre y cuando no fueran dueños de tierras, ni de bien alguno de valor, como puede observarse a través de los distintos pasajes históricos que dan cuenta de su precariedad desde la Colonia.

Tiempo después, ya entrados en esta era moderna, el despojo a los indígenas por las administraciones postrevolucionarias recrudecieron las condiciones de vida de esta población.

Como es digno de recordar, el mayor logro del campesinado indigenista fue la redacción del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917; sin embargo, todo quedó en papel, ya que la unidad básica de producción agrícola-rural, de conformación mayoritariamente indígena, no superó la producción de autoconsumo, sin capacidad para acumular el capital que les permitiera insertarse adecuadamente en la incipiente economía de mercado. En síntesis, el ejido no resolvió en favor de los derechos indígenas; por el contrario, éste fue un instrumento más de aislamiento de los procesos de modernización del país.

Así, a pesar de importantes reformas sociales emprendidas por el país, en lo que va del siglo XXI, una de las peores situaciones de pobreza de la población nacional corresponde a los indígenas: “en México, 8 de cada 10 indígenas son pobres. Una proporción sólo superada en el mundo por la que prevalece en la República Democrática del Congo, donde la relación es de 8.4 por cada 10, de acuerdo con datos publicados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional”.

El Estado mexicano tiene la obligación de promover la igualdad y el derecho de cada persona de vivir una vida digna, más allá de su raza, credo, situación socioeconómica y cultural. No obstante, la política indigenista nacional ha demostrado notorias deficiencias que le hacen endeble, ofreciendo a este sector escasos resultados, opacos e indignos de presumir.

La inclusión social de los indígenas de México debe pasar por asegurar su acceso a la salud, a la educación, al desarrollo integral y al trabajo digno, entre otros aspectos; no obstante, los indígenas son discriminados por su aspecto físico, por su lengua materna, por su cultura y se les discrimina en su acceso al trabajo o pagándoles sueldos menores. Del mismo modo, se les han negado oportunidades de integrarse en cadenas productivas, acordes a su contexto e idiosincrasia, condenándoles al desempleo y a la pobreza.

Por ello, si recorremos las comunidades indígenas y observamos los flujos de migración indígena hacia los centros urbanos y áreas de mayor progreso económico-agrícola, como Sinaloa, podemos corroborar la clara violación a sus derechos fundamentales. En estos casos, evidentemente, la supuesta igualdad de condiciones es mera letra muerta.

De ahí que al brindarles y fomentar oportunidades para su desarrollo se atenderá, además, la problemática de las altas deficiencias en materia de servicios de comunicaciones y transportes, revalorando sus poblaciones y sus valores productivos en términos económicos, que hasta la fecha son considerados poco atractivos. Al implementar la reforma que se propone se contribuirá a mejorar otros servicios como el de salud, educación y seguridad pública; así como combatir la gran dificultad para vincular sus economías al resto de la comunidad y el mercado nacional.

Otro de los aspectos en los que redundará esta intervención legislativa será acercar a los pueblos indígenas al sistema financiero y bancario, donde no tienen prácticamente ninguna presencia; con oportunidades de desarrollo y opción al crédito financiero para invertir y desarrollar proyectos o ambos, que generen empleos e ingresos.

Estas breves descripciones tienen la finalidad de poner de manifiesto la conveniencia de redoblar los esfuerzos realizados por los diferentes organismos gubernamentales y no-gubernamentales en pro del reconocimiento de los derechos culturales y para mejorar la calidad de vida de los pueblos originarios, una tarea que ha sido infértil hasta la fecha para sacarlos de la situación de marginación, discriminación, desnutrición y pobreza extrema en que viven.

Esta reforma busca respetar y proteger la etnicidad nacional, desde la visión del desarrollo y de la gestación de la economía de mercado, para que en los hechos, los indígenas tengan acceso al desarrollo económico y social del país, un esfuerzo con el que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está plenamente comprometido.

Por ello, se propone que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas fortalezca sus facultades para coadyuvar, mediante sus estrategias, políticas y acciones, en la identificación y/o constitución de figuras morales y físicas de propiedad indígena, para que por medio de estas figuras económicas se les facilite integrarse realmente al desarrollo cultural y económico del México moderno.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XIV Bis al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en materia de promoción de esquemas para el desarrollo productivo de los indígenas

Artículo Único. Se adiciona una fracción XIV Bis al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a XIV. ...

XIV Bis. Desarrollar estrategias que faciliten la integración y consolidación de cadenas productivas a través de la identificación y constitución de personas físicas y morales de propiedad indígena;

XV. a XIX. ...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2016. Cámara de Diputados LXIII Legislatura.

2 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/08/comunidades-indigenas-vulnerables -por-racismo-y-desigualdad-3273.html

3 Ídem.

4 http://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_ Y_PUBLICACIONES_PDF/POBREZA_POBLACION_INDIGENA_2012.pdf

5 http://www.eumed.net/rev/tecsistecatl/n7/jirr.htm

6 Ibídem.

7 http://www.jornada.unam.mx/2011/04/16/economia/025n2eco

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de marzo de 2017.— Diputada Carmen Victoria Campa Almaral(rúbrica).»

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Campa. Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.



LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Administrativa.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy buenas tardes, compañeros legisladores. La presente iniciativa es entendida desde el contexto de una reforma que hemos impulsado como fracción parlamentaria de Encuentro Social. Una reforma que produzca un proyecto incluyente de nación en el que todos los ciudadanos, sin excepción de razas, sexo, condición social y credo religioso participen en la definición y en la resolución de los diferentes problemas de la agenda nacional.

Por supuesto, lo anterior pasa, en primera instancia, por una reforma de las instituciones políticas en forma paulatina y responsable. Para lograr esto vemos necesaria una reforma profunda de los poderes del Estado mexicano, la cual debe de tocar tanto al Legislativo como al Ejecutivo y el Judicial.

El Legislativo necesita nuevas formas de cogobernar, mejores mecanismos para alcanzar consensos. El Ejecutivo necesita modernizarse, aprender a ceder poder, ser eficaz en el ejercicio de gobierno. El Judicial necesita transparentarse, dar resultados al anhelo de justicia a los mexicanos.

Entendemos que a cada uno de los que integramos los Poderes, sin importar la procedencia partidista, nos interesa transformar el régimen político y el sistema de gobierno, que siempre es perfectible en aras del bien común.

Es tiempo de repensar cualquier tipo de centralismo unilateral, que impide un régimen con verdadero equilibrio de Poderes, donde el Poder Legislativo sea el vocero de las demandas ciudadanas y la instancia más importante en la toma de decisiones públicas. Es el Congreso el lugar ideal para alcanzar consensos, para definir un nuevo proyecto nacional.

En ese sentido es que la presente iniciativa nace de la preocupación de la existencia de cierta laxitud de la regulación de una figura que, si bien es necesaria y sumamente positiva para el ágil flujo de la ejecución presupuestal y la articulación aceitada y eficaz de diversos programas interdependientemente presupuestados, es también mejorable en aras de la adecuada separación de Poderes, rendición de cuentas, transparencia y un mejor ejercicio en la función pública. Se trata, por supuesto, de las adecuaciones presupuestales.

En efecto, son medidas prácticas reconocidas por el derecho a partir de la praxis flexible y de sentido común en el ejercicio de todo presupuesto, asumiendo que lo planificado y lo real jamás son necesariamente coincidentes; al tiempo que busca que los cambios presupuestales derivados de esa dicotomía puedan ser manejados y ejercidos de forma ágil y dinámica.

Sin embargo, se corre el riesgo de vulnerar la transparencia y la rendición de cuentas de los actos jurídicos referentes a la ejecución del presupuesto. La ejecución de un presupuesto y sus adecuaciones debe ser flexible. Las adecuaciones pertenecen más al ámbito contable que al jurídico o constitucional en el caso público.

Sin embargo, hay un problema subyacente, no tanto en la distribución de los egresos excedentes sino en el origen de dichos excedentes, así como en su aplicación y, por ende, en los resultados alcanzados en su aplicación y distribución.

El tema de la presente iniciativa es la rendición de cuentas acerca del origen de los excedentes y su aplicación. Si además combinamos el factor monto de los excedentes con el comportamiento de ciertas dependencias en cuanto a la relación presupuesto aprobado-presupuesto modificado, encontraremos más razones para exigir una pronta rendición de cuentas en la materia.

Actualmente, a pesar de la elaboración del presupuesto cada año por el Legislativo, los ajustes que el Ejecutivo hace durante el año en la Cuenta Pública permiten que la realidad del presupuesto no sea respetado y se convierte en un asunto dispar entre y lo que se ha presupuestado y lo que termina gastándose finalmente.

Para botón de muestra, podría comentar en el ejercicio presupuestal 2015, lo que ha sucedido en la Secretaría de Energía, se presupuestó, hubo un presupuesto aprobado, luego hubo una ampliación que genera una variación —y quiero que le pongan atención a esta cifra— de tres mil 505 por ciento, entre lo presupuestado y lo ampliado termina un presupuesto modificado con una variación de tres mil 505 por ciento.

La intención y objeto de la presente iniciativa es pues, precisamente sin obstaculizar la fluidez y la eficiencia al ejercicio presupuestal, dotar de transparencia y operabilidad efectiva a las adecuaciones presupuestarias.

Lo anterior permitirá alcanzar una mayor paridad real entre el presupuesto de egresos y el gasto público, colocar un candado suficiente y proporcionado a la opacidad en el origen de los excedentes presupuestales, librando al Ejecutivo de situaciones delicadas contablemente o incluso delictivas en el rediseño o recolocación de gasto público, colocando el control además en las dependencias más idóneas para la repartición de ampliaciones y reducciones.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa esperando contar con su amable respaldo. Por tanto hagámoslo nosotros. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 19 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada federal Norma Edith Martínez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo último al artículo 19 y se modifica el artículo 58, ambos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la siguiente exposición de motivos:

Exposición de Motivos

La presente iniciativa es entendida desde el contexto de una reforma que produzca un proyecto incluyente de nación en el que todos los ciudadanos, sin excepción de razas, sexos, condición social y credo religioso, participen en la definición y en la resolución de los diferentes problemas de la agenda nacional. Por supuesto, lo anterior pasa en primera instancia por una reforma de las instituciones políticas, en forma paulatina y responsable. Para lograr esto, vemosnecesaria una reforma profunda a los poderes del Estado Mexicano; la cual debe tocar tanto al legislativo, como al ejecutivo y al judicial. El legislativo necesita nuevas formar de cogobernar, mejores mecanismos para alcanzar consensos. El ejecutivo necesita modernizarse, ceder poder, ser eficaz en el ejercicio de gobierno. El judicial necesita transparentarse, dar resultados al anhelo de justicia de los mexicanos.

Entendemos que a cada uno de los que integramos los Poderes, sin importar la procedencia partidista, nos interesa transformar el régimen político y el sistema de gobierno, que siempre es perfectible, en aras del bien común. Es tiempo de repensar cualquier tipo de centralismo unilateral que impida un régimen con verdadero equilibrio de poderes donde el Poder Legislativo sea el vocero de las demandas ciudadanas y la instancia más importante en la toma de decisiones públicas. Es el Congreso el lugar ideal para alcanzar consensos, para definir un nuevo proyecto nacional.

En ese sentido es que la presente iniciativa nace de la preocupación de la existencia de cierta laxitud en la regulación de una figura que, si bien es necesaria y sumamente positiva para el ágil flujo de la ejecución presupuestal y la articulación aceitada y eficaz de diversos programas interdependientemente presupuestados, es también mejorable en aras de la adecuada separación de poderes, rendición de cuentas, transparencia y un mejor ejercicio de la función pública: a saber, las adecuaciones presupuestales.

En efecto, las adecuaciones presupuestales, reguladas en los artículos 57 a 60, así como correlativamente los artículos 19, 19 bis, 20, 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, son medidas prácticas, reconocidas por el Derecho, a partir de la praxis flexible y de sentido común en el ejercicio de todo presupuesto, asumiendo que lo planificado y lo real jamás son necesariamente coincidentes, al tiempo que busca que los cambios presupuestales derivados de esa dicotomía puedan ser manejados y ejercidos de forma ágil y dinámica. Sin embargo, en el camino hacia la eficaz ejecución del presupuesto, se corre el riesgo de vulnerar la transparencia y la rendición de cuentas de los actos jurídicos referentes a la ejecución del presupuesto. Es entendible, incluso desde la visión jurídica, que como se mencionaba arriba, la ejecución de un presupuesto y sus adecuaciones –particularmente acerca de las variables en la balanza de ingresos y su incompatibilidad con una rigidez exclusivamente formal respecto a los egresos planificados- deba ser flexible, y que sus adecuaciones pertenezcan más al ámbito contable que al jurídico o constitucional en el caso público, tratándose de adecuaciones que superan ciertas variantes en cantidades, que por mínimas que son, claramente no pueden ser previstas al calcular el presupuesto de egresos; sin embargo, hay un problema subyacente no tanto en la distribución de los ingresos excedentes –tanto los asignados como los no asignados- sino en el origen de dichos excedentes, así como en su aplicación, y por ende en los resultados alcanzados en su aplicación y distribución. Este último tema de los resultados, podría incluso, a la larga, poner en tela de juicio el sistema de distribución de ingresos excedentes no asignados, del artículo 19, fracciones I y IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. No es, sin embargo, ese sistema de distribución, el tema de la presente iniciativa, sino la rendición de cuentas acerca del origen de los excedentes y su aplicación. Actualmente la Ley no obliga a pormenorizar los componentes de los ingresos excedentes, mismos que llegan a superar en muchas ocasiones, cifras fácilmente justificables por tal o cual coyuntura en el rubro correspondiente. Si además, combinamos el factor “monto” de los excedentes, con el comportamiento de ciertas dependencias en cuanto a la relación “presupuesto aprobado-presupuesto modificado”, encontraremos más razones para exigir una pronta rendición de cuentas en la materia. Cuando dicha relación, en excedentes no asignados, y las adecuaciones correspondientes, superan claramente cierto factor porcentual, y a la vez el monto de los excedentes supera expectativas de escenarios ordinarios, podríamos comenzar a pensar, cuando menos, en laxitud administrativa, pudiendo derivar incluso en la simulación sobre la discrecionalidad de lo que en realidad no es adecuación presupuestal sino lavado de ingresos públicos. Actualmente, a pesar de la elaboración del presupuesto cada año, por parte del legislativo, los ajustes que el ejecutivo hace durante el año en la cuenta pública, permiten que en la realidad el presupuesto no sea respetado y se convierta en un asunto dispar entre lo presupuestado y lo gastado realmente, en una proporción que podría no justificarse en situaciones ordinarias de déficit o superávit en los ingresos, conforme a una ejecución medianamente normal del presupuesto. Es este el problema que justifica y origina la presente iniciativa y la preocupación por el lapsus de opacidad que este tema entraña, y en el cual se mueve actualmente un porcentaje del presupuesto que llega a equivaler al 10 por ciento de lo planificado en el Presupuesto de Egresos. Para botón de muestra, colocamos aquí una tabla donde es posible observar el comportamiento de algunos organismos públicos o secretarías, respecto a los montos aprobados y ejercidos, en el 2015:

La intención y objeto de la presente iniciativa es pues, precisamente, sin obstaculizar la fluidez y eficiencia del ejercicio presupuestal, dotar de transparencia y operabilidad efectiva las adecuaciones presupuestarias –sin eliminarlas- que por su porcentaje excedan el criterio de practicidad y se coloquen más bien en el ámbito de una responsabilidad más significativa. Es por ello que nuestra iniciativa también buscará involucrar, y asignar el control de los cambios presupuestales, a las dependencias encargadas de la ejecución de programas presupuestarios, cuando las modificaciones hechas a estos, derivadas de excedentes –con o sin asignación en el caso de los programas-, vayan más allá del 15 por ciento del monto correspondiente al programa, ya sea por un solo cambio o bien por la acumulación o conjunto de múltiples cambios o reasignaciones. Esta iniciativa permitirá velar porque se sigan haciendo esas adecuaciones al amparo de la ley, y que al mismo tiempo, en adelante, haya una mayor transparencia y rendición de cuentas en el origen y asignación de las modificaciones presupuestarias derivadas de excedentes presupuestales, y a la vez un mayor control y efectividad administrativa del ejercicio presupuestal, pues al involucrar a las dependencias responsables del cumplimiento de un programa, en las ampliaciones o reducciones presupuestales de este, podremos más concienzudamente colocar en las manos correctas la apreciación y el control que permitan el cumplimiento del primer párrafo del artículo 58 de la ley en comento: “Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades.”

Lo anterior permitirá alcanzar una mayor paridad real entre el presupuesto de egresos y el gasto público, colocar un candado, suficiente y proporcionado, a la opacidad en el origen de los excedentes presupuestales, librando al Ejecutivo de situaciones delicadas contablemente o incluso delictivas en el rediseño o recolocación de gasto público, colocando el control además en las dependencias más idóneas para la repartición de ampliaciones/reducciones.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo último al artículo 19 y se modifica el artículo 58, ambos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Por el que se adiciona un párrafo último al artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 19. [El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría,...]

I. [...]

[Las erogaciones adicionales...]

[El remanente de los ingresos...]

II. [...]

[La Secretaría deberá informar...]

III. [...]

[En el caso de las entidades...]

IV. [...]

a) [...]

b) [...]

c) [...]

d) [...]

[Los ingresos excedentes...]

[Los Fondos de Estabilización...]

[En el caso del Fondo de Estabilización...]

[La aplicación de los recursos...]

[Cuando se realicen erogaciones...]

V. [...]

[Las erogaciones adicionales...]

El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales y la Cuenta Pública, las erogaciones adicionales aprobadas en los términos del presente artículo, así como también, reportará pormenorizadamente en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y en la Cuenta Pública, el origen y destino de cada uno de los componentes de los ingresos excedentes.

Artículo Segundo. Por el que se realizan diversas modificaciones al artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 58. Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán:

I. a II. [...]

III. [...]

[El Reglamento establecerá ...]

[Las adecuaciones presupuestarias...]

Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones.

Así también, cuando las adecuaciones presupuestales representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 15 por ciento del presupuesto total de un programa presupuestario, la unidad responsable de dicho programa será la que defina la manera en que serán aplicadas dichas adecuaciones al programa presupuestario de que se trate.

[No se podrán...]

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir de la aprobación del presupuesto de Egresos del año siguiente al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Cuenta Pública 2015. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa (Armonizado)/Gobierno federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2017.— Diputada Norma Edith Martínez Guzmán(rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Martínez Guzmán. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Saludamos al profesor Jaime Escobedo Rodríguez y a estudiantes de la licenciatura en administración financiera, de la Universidad Autónoma de Querétaro, que realizan una visita de estudio a este recinto legislativo, invitados por el doctor Braulio Mario Guerra Urbiola. Sean ustedes bienvenidos.

Asimismo, saludamos a estudiantes de la Escuela Primaria Vespertina, Emiliano Zapata, de la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca, invitados por el diputado Felipe Reyes Álvarez. Sean todos ustedes bienvenidos.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos:Con la venia de la Mesa Directiva. La iniciativa que los diputados del Grupo Parlamentario del PRI del estado de Sonora presentamos el día de hoy deriva de una solicitud expresa por parte de nuestra gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien comprometida con la economía y bienestar de los sonorenses, muestra una vez más apertura, ímpetu y voluntad política para impulsar el desarrollo económico de México.

La minería es una de las actividades económicas más importantes a nivel mundial y por supuesto también lo es en nuestro país. Durante la última década, los principales estados productores del sector de minería en México fue Sonora con un 23 por ciento, Zacatecas con 22 por ciento, Chihuahua con 14 por ciento, Coahuila con 11 por ciento y San Luis Potosí y Durango con un seis por ciento, respectivamente.

Es importante señalar que México ocupa el segundo lugar como productor de plata en el mundo, el tercero en bismuto, el quinto en plomo y el noveno en oro, así como el undécimo en cobre.

El sector minero contribuye con el cuatro por ciento del producto interno bruto de nuestro país. Representa la cuarta fuente generadora de divisas, solo por detrás de la industria automotriz, la industria eléctrica y la electrónica, así como el petróleo. Al mes de julio de 2015, el sector minero les dio empleo a más de 352 mil mexicanos de forma directa y a más de 1.6 millones de mexicanos de manera indirecta.

La ubicación geográfica estratégica de nuestro país, la mano de obra calificada, los yacimientos de clase mundial, el hecho de que el 70 por ciento de la superficie del territorio nacional tenga un potencial de desarrollo geológico, junto con la aplicación de reglamentos y procedimientos transparentes que facilitan la inversión en el sector, contribuyen a posicionar a México entre los principales países con actividad minera en todo el mundo.

Esas fortalezas y ese empuje que se le ha dado al sector, han logrado que en algún momento México fuera considerado el primer destino de inversión en exploración minera en América Latina y el quinto a nivel mundial.

Por esta razón, no en vano se dice que la industria minera ha sido y seguirá siendo crucial para el desarrollo económico de nuestro país, sumado al impacto que tienen las cifras a nivel internacional donde destaca nuestro país.

En el ámbito local, se ha caracterizado el sector minero por ser un sector constructor, por generar calidad de vida, empleos, derrama económica e infraestructura en los municipios de todo nuestro país.

Tras más de una década de crecimiento sostenido de la industria minera en el país, durante el 2013 el valor de la producción minera sufrió un retroceso notable, derivado del contexto económico global adverso, y provocó una baja en los precios de los principales metales. Esto generó que ese año fuera significativamente en afectación para la minería a nivel mundial.

Durante el año 2014 y 2015, México perdió lugares en atracción de inversiones. En el índice de potencia minera, decreció 21 lugares; además pasó de ser considerado el primer destino en inversión global en exploración en América Latina, a ocupar el tercer lugar; a nivel mundial pasó también del quinto lugar al séptimo en atracción de inversiones.

En el 2016 las cifras siguieron en descenso. En el periodo de enero a noviembre de dicho año, la producción metalúrgica reportó una caída de 6.3 por ciento.

En conclusión, lo anterior son cifras que no debemos de dejar de atender; no debemos olvidar que cada uno de estos datos tiene impacto en los mexicanos; menor inversión implica menor exploración; menor exploración significa menor producción, y la consecuencia última es que haya menos empleos y menos derrama económica en nuestro país.

El objetivo de la reforma que venimos a presentar los diputados priistas de Sonora, a nombre de la gobernadora Claudia Pavlovich, es darle un impulso al crecimiento de esta industria a través del restablecimiento de la deducibilidad de los gastos preoperativos de exploración, es decir, queremos estimular la inversión en exploración minera en nuestro país.

Proponemos una adición en el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para que esto sea posible, en beneficio de la industria minera y en beneficio del desarrollo económico de México.

Los diputados promoventes consideramos que volver a la deducibilidad de las erogaciones realizadas en los periodos preoperativos, será un fuerte incentivo para la exploración de nuevos yacimientos, atracción de inversiones y la generación de empleos, lo cual tiene relación directa con los beneficios de una cadena productiva funcional, así como para el desarrollo económico del lugar en donde se realizan dichas exploraciones. Todos los aquí presentes queremos que la economía del país se fortalezca, que todos los mexicanos tengamos cada vez mejores condiciones de vida. Los últimos años han sido años difíciles para el sector minero y para todo México.

Por ello es importante y es preciso que tomemos medidas, medidas concretas y audaces, situaciones difíciles requieren de personas que sepan tomar decisiones acertadas y valientes en el momento oportuno, esta es la medida y este es el momento. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales Sylvana Beltrones Sánchez, Susana Corella Platt, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Próspero Manuel Ibarra Otero y Abel Murrieta Gutiérrez, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adiciona un último párrafo al artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Que el sector minero en México es un motor clave del crecimiento económico, capaz de crear un impacto positivo que tiene el potencial de transformar la perspectiva económica de un Estado o de una región del mismo al generar fuentes de empleo y mejorar las condiciones económicas de poblaciones enteras al resultar beneficiados distintos sectores al generar cadenas productivas tanto de consumo como de exportación de los posibles yacimientos que se exploten.

Para que sea exitosa la explotación de los yacimientos es necesario un gasto preoperativo de exploración el cual suma diversos gastos que llegan a ser sumamente altos previos a la operación de las minas, tales gastos preoperativos deben ser considerados en los gastos de inversión que realizan los concesionarios los cuales en muchas de las ocasiones deben recurrir a ejecución de diversos estudios.

Lo cual hace evidente la necesidad de generar confianza y establecer colaboraciones entre las distintas partes interesadas Estado-inversionistas, por lo que es importante incentivar a los inversionistas que están dispuestos a realizar estudios preoperativos centralizados en la exploración de posibles yacimientos por lo que todos estos gastos previos deben contar con un incentivo para que esta preinversión que se realizar pueda ser deducible y tienda a motivar al sector minero en nuestro país.

Es de resaltar, que hasta el 31 de diciembre 2013, los contribuyentes dedicados a la exploración y explotación de yacimientos minerales contaban con la opción de deducir los gastos realizados en periodos preoperativos en un mismo ejercicio, en lugar de aplicar la tasa de amortización de 10 por ciento anual.

Dicho beneficio fue eliminado en la Ley del Impuesto sobre la Renta en la reforma fiscal de 2014; en la exposición de motivos de tal iniciativa fue numen del legislador suprimir dicho estímulo basándose en que este provocaba inequidad y reducía el potencial recaudatorio con respecto al resto de los sectores económicos contribuyentes, lo cual es completamente desincentiva a las empresas que realizan este tipo de gatos preoperativos por parte de los inversionistas, ya que no se puede equiparar este tipo de gastos preoperativos con aquellos que realizan otros sectores por el costo de los mismos.

Por tal circunstancia resulta necesario de nueva cuenta incentivar al sector minero en la exploración de nuevos yacimientos o en su caso dentro de los mismos que ya se encuentran en explotación para generar mayor producción de dicho sector lo cual tendrá como beneficio mayor generación de empleos y desarrollo económico.

Por tal circunstancia se propone incluir de nueva cuenta la deducibilidad de los gastos preoperativos de exploración adicionando un último párrafo al artículo 33 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para incentivar la exploración de nuevos yacimientos, lo cual tiene relación directa con los beneficios en la cadena productiva e indudablemente el desarrollo económico en el lugar en que se realizaran las inversiones, siendo unos de los principales compromisos de los gobiernos Federal y estatales el atraer y mantener inversiones.

Por lo anterior, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 33. ...

I. a IV. ...

...

Tratándose de contribuyentes que se dediquen a la explotación de yacimientos de mineral, éstos podrán optar por deducir las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, en el ejercicio en que las mismas se realicen. Dicha opción deberá ejercerse para todos los gastos preoperativos que correspondan a cada yacimiento en el ejercicio de que se trate.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017.— Diputados y diputadas: Héctor Ulises Cristopulos Ríos,Próspero Manuel Ibarra Otero, Sylvana Beltrones Sánchez, Abel Murrieta Gutierrez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias diputado Cristopulos Ríos. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.



LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Patricia Sánchez Carrillo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 40 y 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Patricia Sánchez Carrillo:Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes, señoras diputadas y señores diputados.

En Acción Nacional estamos convencidos de que el desarrollo humano debe ser compatible, desde luego, con el respeto al medio ambiente. Como legisladores estamos obligados a impulsar medidas que procuren el desarrollo sustentable y coadyuven a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de hoy y del futuro.

Para llevarlo a cabo, uno de los puntos necesarios es que perfeccionemos nuestro marco jurídico en favor de la protección integral de las especies. De una u otra forma todas las especies animales del país son vulnerables, sobre esa premisa la Ley General de Vida Silvestre tiene como objeto la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el país.

Actualmente ya hay disposiciones que protegen el bienestar de los animales, por ejemplo, en el caso de los mamíferos marinos, la ley citada contribuye a que estos no sean sujetos de maltrato con penas de prisión y multas administrativas a quienes dañen o los priven de la vida.

Asimismo fue un acierto en este Congreso el prohibir la captura, importación y exportación de mamíferos marinos, con excepción de la captura que tenga como objetivo la investigación científica y la educación superior de instituciones acreditadas en 2006.

El caso de los mamíferos marinos es un ejemplo exitoso de regulación para proteger a las especies; no obstante, aún existen pendientes. Somos el quinto lugar con mayor número de especies de plantas, cuarto en anfibios, segundo en mamíferos y primero en reptiles. Por ello es tiempo de que actuemos contundentemente, para proteger las especies de nuestro país mediante una reforma al marco legal en esta materia.

De acuerdo a diversos académicos, la sustentabilidad implica el uso de un organismo, ecosistema u otro recurso renovable a un ritmo acorde que permita a la especie o ecosistema conservar su viabilidad, productividad y su capacidad de recuperarse y adaptarse al cambio.

La urgencia de transitar hacia una visión sustentable en todos los ámbitos debe ser vista como una oportunidad para implementar políticas públicas que no sólo tendrán efectos favorables sobre el ambiente, sino también sobre el desarrollo de la población.

En ese sentido, la presente iniciativa propone reformar diversos artículos de la Ley General de Vida Silvestre para garantizar la certidumbre jurídica de disposiciones que tienen como objeto el aprovechamiento sustentable y la producción y conservación en cautiverio de algunas especies bajo estándares internacionales.

Con esta medida estaríamos mejorando la legislación vigente, que además permitiría integrar los criterios de la bioética y al trato digo y respetuoso de las especies al tiempo que se fortalece la sensibilización y educación de la ciudadanía sobre el cuidado de nuestras especies.

Señoras y señores diputados, con esta iniciativa el Grupo Parlamentario del PAN reitera su compromiso con la protección del medio ambiente. Creemos que esta causa debe ser abanderada por todos los partidos y por todos los medios de la sociedad civil. Ello permitirá que de manera paulatina haya un cambio de prácticas, hábitos y valores sociales para lograr la efectiva protección de nuestras especies y de todo nuestro entorno. Todos los animales son importantes. Todos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 3o., 40 y 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, apartado 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Vida Silvestre, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Legislar sobre bienestar animal ha sido una constante en varias legislaturas por parte de los diversos grupos parlamentarios, desde la intención de crear nuevas leyes, modificar las leyes vigentes hasta reformar nuestra Carta Magna para establecer la facultad expresa del Congreso de la Unión para legislar en esta materia. El espíritu del legislador es el de perfeccionar nuestro marco jurídico en favor de la protección integral de las especies.

Del marco legal mexicano destaca la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), la cual tiene como objeto la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción.

En este sentido, es importante resaltar los términos de conservación y aprovechamiento sustentable que considera este ordenamiento. La conservación refiere a “La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo.

Mientras que el aprovechamiento sustentable si bien se menciona en más de 50 ocasiones en la ley, no se define. No obstante, la Semarnat en su glosario de términos refiere a “La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos.”

En términos estrictos, de acuerdo a diversos académicos, la sustentabilidad implica el uso de un organismo, ecosistema u otro recur­so renovable a un ritmo acorde que permita a la especie o ecosistema conservar su viabilidad, productividad y su capacidad de recuperarse y adaptarse al cambio.

De ahí que una de las principales características de esta ley es que permite a los propietarios y legítimos poseedores de predios en donde se distribuye la vida silvestre tener el derecho de realizar el aprovechamiento sustentable, gozar de sus beneficios, cumplir la obligación de conservar las especies y su hábitat, al tiempo de contribuir al bienestar de la población.

Esto resulta de la mayor relevancia para un país como México, considerado que es megadiverso, al albergar cerca del 10 por ciento de las especies registradas en el mundo, gran parte de ellas endémicas. Somos el quinto lugar con mayor número de especies de plantas, cuarto en anfibios, segundo en mamíferos y primero en reptiles. En total existen más de 108 mil especies descritas en el país, aunque podrían ser millones las que habitan en nuestros suelos, aguas u otros sitios recónditos.

Por lo que para llevar a cabo el aprovechamiento de las especies que habitan en nuestro país, implica de acuerdo a la LGVS, que los interesados deben demostrar que las tasas solicitadas son menores a las de renovación natural de las poblaciones; que son producto de reproducción controlada y que no tendrá efectos negativos sobre las poblaciones; que no se modificará el ciclo de vida; y que no se dañara a los ejemplares.

En el caso de la protección de los mamíferos marinos, la LGVS establece diversas disposiciones para su aprovechamiento extractivo y para evitar sean sujetos de maltrato, con penas de prisión y multas administrativas a quienes dañen o priven de la vida a estos ejemplares.

Asimismo, fue un acierto del legislador el prohibir la captura, importación y exportación de mamíferos marinos con excepción de la captura que tenga por objeto la investigación científica y la educación superior de instituciones acreditadas en 2006.

Lo que derivó en que se diera origen a programas de reproducción y conservación en cautiverio que cumplen con la normatividad establecida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para garantizar la preservación, manejo y cuidado de estas especies. Tal es el caso de la NOM-135-SEMARNAT-2004 que busca evitar el maltrato y prever las condiciones idóneas que salvaguarden su integridad física, social y conductual, así como fomentar la conservación y protección de mamíferos marinos.

De hecho, hay datos duros que indican que gracias a la normatividad establecida, los programas de reproducción y conservación en cautiverio han logrado que más de 60 por ciento de los ejemplares actuales hayan nacido bajo el cuidado humano. Preservar estas prácticas que han sido exitosas, redunda en un beneficio para la conservación de mamíferos marinos.

México cuenta actualmente con aproximadamente 30 delfinarios, con poco más de 300 especies, los cuales generan alrededor de 2,300 empleos directos y más de 11 mil indirectos en las localidades donde se encuentran; con una derrama económica superior a los 2,960 millones de pesos al año.

Por lo que se requiere apoyar estas prácticas exitosas que han logrado un círculo virtuoso entre conservación del medio ambiente, desarrollo social y derrama económica.

De ahí que esta iniciativa propone reformar los artículos 3o., 40 y 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre para garantizar la certidumbre jurídica de estos establecimientos fijos que cumplen con las disposiciones del Título VII Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, con la normatividad que establece la Semarnat, y con programas de reproducción y conservación en cautiverio bajo estándares internacionales.

Esto permitiría integrar los criterios de la bioética y el trato digno y respetuoso de las especies de mamíferos marinos, en armonía con instrumentos internacionales, como la Guía Global de Bienestar Animal en Turismo (ABTA) que establece cinco principios:

• Estar libres de hambre y sed.

• Estar libres de incomodidad.

• Estar libres de dolor, lesiones y enfermedades.

• Tener la libertad de expresar un comportamiento normal.

• Estar libres de miedo y angustia.

Con esta reforma se logrará también un mayor conocimiento de aspectos anatómicos, fisiológicos y etológicos, ya que debido a la naturaleza del ambiente marino silvestre no sería posible colectar muestras biológicas o realizar evaluaciones específicas sobre la necesidad biológica de producción de descendencia.

Este conocimiento técnico que se genera de los establecimientos fijos de mamíferos marinos es de alta relevancia para propósitos de conservación de otras especies o poblaciones de mamíferos marinos en riesgo o en peligro de extinción en vida silvestre; información que debe considerar la Semarnat para otorgar las autorizaciones para el aprovechamiento de especies.

Finalmente, esta iniciativa contribuye al cumplimiento del Convenio de Diversidad Biológica queotorga prioridad a la conservación in situ de las especies, al tiempo de fortalecer la sensibilización y educación que la población obtiene sobre el cuidado de nuestras especies, y promover una mayor derrama económica y turística del país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto

Primero.Se reforma la fracción XLVII del artículo tercero; se reforma el inciso b y se adiciona el inciso j del artículo 40; y, se reforma el párrafo cuarto del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 3o.Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XLVI. ...

XLVII.Trato Digno y Respetuoso: Las medidas que esta Ley y su Reglamento, así como Tratados Internacionales, las normas ambientales y las normas oficiales mexicanas establecen sobre bienestar animal y para evitar dolor, deterioro físico o sufrimiento, durante su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o sacrificio.

Artículo 40.Para registrar los predios como unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, la Secretaría integrará, de conformidad con lo establecido en el reglamento, un expediente con los datos generales, los títulos que acrediten la propiedad o legítima posesión del promovente sobre los predios; la ubicación geográfica, superficie y colindancias de los mismos; y un plan de manejo.

El plan de manejo deberá contener:

a)...

b)Información biológica y etológicade la o las especies sujetas a plan de manejo.

c)a i)...

j) Acciones para asegurar el trato digno y respetuoso de las especies sujetas a aprovechamiento sustentable.

...

Artículo 60 Bis....

...

...

Queda prohibida la utilización de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos itinerantes. En caso, de espectáculos fijos, deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el párrafo XLVII del artículo tercero y Título VII de esta ley.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría tendrá 180 días hábiles a partir de la publicación del presente Decreto para actualizar la normatividad conforme a esta reforma.

Notas

1 Salinas, Gudelia. “Aprovechamiento sustentable de la vida silvestre” en www1.inecol.edu.mx/costasustentable/.../AprovechamientoSustentableDeLaVidaSilve stre

2 O’Brien, J. y T. Robeck. 2010. The value of Ex Situ Cetacean Populations in Understanding Reproductive Physiology and Developing Assisted Reproductive Technology for Ex Situ and In Situ Species Management and Conservation Efforts. International Journal of Comparative Psychology, 23:227-248.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017.— Diputadas y diputados: Patricia Sánchez Carrillo,Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Jesús Antonio López Rodríguez, Jisela Paes Martínez, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Leticia Amparano Gamez, María del Rosario Rodríguez Rubio, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Salim Alle, Rene Mandujano Tinajero, Ricardo del Rivero Martínez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracia, diputada Sánchez. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.



CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

La diputada María Luisa Beltrán Reyes:Nadie ama a su patria por ser hermosa, sino por tener la seguridad de que es su patria. Con su venia, presidente.

Diputadas y diputados, hoy es conocido el clima de intolerancia en Estados Unidos de Norteamérica, esta situación complica todavía más el problema de identidad de niñas, niños y adolescentes, hijos de padres mexicanos, nacidos en el extranjero. Me refiero a la legalización de documentos que se realizan ante autoridades norteamericanas, tienen un costo, necesitan un traductor y tardan más de un año. Hablo del trámite de la postilla, que es un sello en el acta de nacimiento.

Este trámite ha llevado a muchos padres a dejar a sus hijos con una sola nacionalidad. Ante esta situación, el Ejecutivo ha instruido a la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración a que facilite el trámite de la CURP, y a la Secretaría de Educación a que dé facilidades a estas niñas, niños y adolescentes, en la educación. Sin embargo, por no estar ninguna ley o código federal o local, hay casos en los que no se cumple con esta instrucción.

La iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo pretende eliminar la postilla como requisito para acceder a la educación. Considerando lo anterior, es necesario que además del derecho educativo, garanticemos todos los derechos que otorga la identidad.

Hay hijas e hijos de padres mexicanos que viven en el extranjero, es por ello que expongo ante esta soberanía la iniciativa que reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en materia de documentos públicos extranjeros, que a la letra quedaría como sigue: En el caso de la acreditación de la nacionalidad mexicana, bastará con la presentación del documento público extranjero, acompañado del acta de nacimiento de la madre o padre mexicanos.

Diputadas y diputados, necesitamos unirnos para que estas niñas, niños y adolescentes obtengan su nacionalidad de mexicanos, por el solo hecho de que sus padres son mexicanos. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

La iniciativa que pongo a consideración de las y los diputados busca eliminar el trámite de apostille o legalización de los documentos públicos que acreditan el nacimiento de las y los mexicanos fuera del país.

Garantizando así el derecho a la identidad y nacionalidad de las y los mexicanos nacidos en el extranjero, particularmente de las niñas, los niños y adolescentes que no fueron registrados ante los consulados de México en el exterior.

La mayoría, provenientes de Estados Unidos de América, hijas e hijos de personas migrantes que retornan a México, solos o en compañía de sus padres, y que no cuentan con documentos públicos extranjeros apostillados o legalizados para acreditar su identidad.

Situación que los enfrenta a ser tratados como extranjeros, y a que les nieguen servicios públicos a los que tienen derecho como mexicanos, violentando así, el artículo 30 constitucional, inciso A), fracciones II y III, en el que se les reconoce su nacionalidad.

Lo que en muchas ocasiones, les obliga a incurrir en la compra de un registro de nacimiento local apócrifo o “doble”, cuyo costo oscila entre 5 mil y 15 mil pesos, y del que su uso implica un delito, limitando su derecho a ejercer su doble nacionalidad. Misma que si en un futuro quisieran recuperar, deberán de iniciar un Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento que anule dicho registro.

Para la realización del trámite de la apostilla desde México para documentos públicos expedidos en Estados Unidos de América, los interesados deberán enviar su solicitud a la oficina de la secretaría del estado emisor del registro de nacimiento extranjero, acompañarla de una acta de nacimiento original, pagar el money order que se puede adquirir en las casas de cambio con un costo variable de 5 a 20 dólares, y cubrir el monto del envío con porte pagado para su regreso.

Posteriormente para obtener la nacionalidad mexicana deberán realizar el trámite de Inserción de Acta Extranjera, con el propósito de que se lleve a cabo su inscripción en territorio mexicano ante cualquier oficina del Registro Civil, en donde presentarán el acta de nacimiento extranjera debidamente apostillada o legalizada, y traducida por perito traductor autorizado por el Tribunal Superior de Justicia, con un costo aproximado de 2 mil pesos.

Con lo que queda claro que la apostilla o legalización del documento, significa un obstáculo para que miles de niñas, niños y adolescentes mexicanos que no cuentan con la capacidad jurídica, económica o material para llevar a cabo este procedimiento accedan al pleno ejercicio de sus derechos a la identidad y nacionalidad.

Argumentos

México como país de origen, tránsito, destino y retorno de las personas migrantes enfrenta diversos y complejos desafíos.

La presente propuesta legislativa está dirigida en atender una de las problemáticas que se generan en la fase del retorno de connacionales, y está relacionada con las dificultades que enfrentan las y los mexicanos nacidos en el extranjero, principalmente las niñas, los niños y adolescentes, para acreditar su derecho a la identidad y nacionalidad.

El retorno de migrantes es un fenómeno presente en las relaciones binacionales que se agrava cuando las medidas de control y seguridad son reforzadas en los países receptores.

Durante los últimos años han aumentado el número de mexicanos deportados y retornados voluntariamente o involuntariamente desde la frontera norte, en muchas ocasiones con todos los miembros de su familia, incluidos los nacidos en el exterior. Algunos análisis señalan que desde 2009 la cantidad de mexicanos repatriados se ha estabilizado alrededor de 550 mil anualmente. La información oficial indica que en 2013 tuvieron lugar un total de 332 mil 865 casos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos de América, de los cuales casi 17 mil eran menores de 18 años.

Tan sólo durante la presidencia de Barack Obama, fueron deportados desde Estados Unidos un total de 3.4 millones de mexicanos.

En la actualidad, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de la Unión Americana, las medidas anti-migratorias adoptadas por su administración se han profundizado de manera muy preocupante. A la fecha se han emitido una serie de órdenes ejecutivas que podrían elevar dramáticamente el número de mexicanos expulsados desde aquel país.

El pasado miércoles 25 de enero, el presidente Trump firmó dos órdenes ejecutivas –la primera sobre el control fronterizo; la segunda, relativa a la seguridad interna–, las cuales auguran tiempos oscuros para los migrantes en Estados Unidos, principalmente para los de origen mexicano quienes ocupan el primer lugar en cuantía.

Las disposiciones contenidas en dichos ordenamientos legales ordenan una cacería de indocumentados, convierten a los policías en agentes con facultades similares a las de la Oficina de Detención y Deportación, fomenta las campañas de odio contra los migrantes e instruye el arranque de las deportaciones masivas.

Ambas órdenes ejecutivas plantean una serie de medidas que con el pretexto de la “transparencia”, articulan una agresiva estrategia mediática que busca asociar la migración con la criminalidad, fomentando el odio y el miedo hacia los indocumentados, y buscando debilitar el discurso de las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes.

La orden ejecutiva sobre seguridad interna estipula que las personas que ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal o que permanecieron en su territorio después del vencimiento de su visa “representan una amenaza significativa para la seguridad nacional y el orden público”.

Estas medidas han sido acompañadas con el anunció del reclutamiento de 10 mil agentes adicionales en la Oficina de Detención y Deportación, sino que confirió a los policías estatales y locales las funciones de agentes de migración dentro de Estados Unidos. De esta manera, cualquier policía tendrá entonces la facultad de investigar, identificar y detener a los indocumentados.

El presidente Donald Trump se ha referido a los “migrantes criminales” –un término inexistente en la Ley de Migración y Nacionalidad– y ha aseverado que se aplicará una política de cero tolerancia contra ellos.

La orden ejecutiva sobre seguridad interna establece las “prioridades” en materia de deportación de migrantes. Emplea fraseos ambiguos, que amplían la definición de “delincuentes” o “criminales” a personas que no fueron sentenciadas.

Además de las personas condenadas, la prioridad abarcará a los “acusados” de un delito, a quienes “cometieron actos que constituyen un delito acusable” –es decir, una persona que, a consideración de una autoridad, violó una ley–, a los que mintieron ante una institución o a quien “abusó de cualquier programa relativo a la recepción de beneficios públicos”.

De manera más general, la orden considera “prioritaria” a cualquier persona que “en la opinión de un agente de migración, representan un riesgo al orden público y a la seguridad nacional”.

Trump también ordenó al DHS reclutar 5 mil agentes adicionales en la Patrulla Fronteriza y desplegarlos en la frontera sur. Acompañó su instrucción con la orden de construir “inmediatamente” centros de detención de migrantes en la zona fronteriza –sin precisar cuántos– para “repatriar a los migrantes ilegales de manera rápida, constante y humana” incluyendo a los niños.

Adicionalmente, el pasado 21 de febrero, el secretario del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly, emitió dos memorándum que otorgan instrucciones más precisas para implementar las recientes órdenes ejecutivas sobre seguridad fronteriza y aplicación de las leyes de inmigración firmadas por el presidente Trump y a las cuales hicimos referencia arriba.

Con estas nuevas disposiciones, cualquier persona en Estados Unidos, sea ciudadano, residente legal permanente, turista, persona sin documentos, entre otros, puede ser detenido y cuestionado sobre su estado migratorio sólo bajo la presunción de encontrarse en dicho país en violación a la Ley de Inmigración. En otras palabras, las órdenes ejecutivas legalizan el uso del perfil racial.

El derecho a la nacionalidad

El derecho a la nacionalidad ha sido ampliamente reconocido en el marco del derecho internacional. Numerosos instrumentos internacionales han sido negociados y ratificados en esta materia. Para el caso de América Latina, el artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en 1969 y ratificada por nuestro país, se establece que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad”.

El artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

El apartado A) del citado artículo establece que son mexicanos por nacimiento:

I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres;

II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional;

III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y

IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.

De acuerdo al artículo 32 constitucional, y a partir de su reforma en 1997, es posible que todos los mexicanos puedan contar con doble nacionalidad, sin tener la necesidad de renunciar a alguna de ellas.

Esto significa que las niñas, niños y adolescentes mexicanos nacidos en el exterior podrán gozar de todos sus derechos, lo que en los hechos les permitirá elegir a futuro en dónde residir, estudiar o trabajar.

La iniciativa que ponemos a consideración de las y los diputados busca responder a la falla institucional que se genera cuando las y los mexicanos por paternidad o maternidad nacidos en el extranjero, que no fueron registrados ante los consulados de México en el exterior, particularmente niñas, niños y adolescentes hijas e hijos de personas migrantes que ingresan a México, ya sea solos o en compañía de sus padres, no cuentan con los documentos oficiales apostillados o legalizados para acreditar su nacimiento y nacionalidad, por lo que se enfrentan la negación de servicios públicos a los que tienen derecho (de conformidad con el artículo 30, inciso A, fracciones II o III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), al ser tratados como extranjeros.

Algunos de los retos que manifiestan las familias transnacionales son el acceso a los servicios públicos, tales como salud y educación.

De acuerdo con las Normas de Control Escolar Relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Regularización y Certificación en la Educación Básica (Normas) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) las niñas, niños y adolescentes pueden inscribirse a la escuela, aún sin presentar todos los documentos requeridos, no obstante, dicha situación es “temporal” al estar condicionada hasta la entrega de todos los documentos solicitados.

La figura jurídica de la apostilla está regulada por la Convención de La Haya de 1961, la cual suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros. A través de la también llamada Convención de la Apostilla, los estados contratantes eximen de legalización a los documentos públicos que deban ser presentados en sus territorios, exigiendo como única formalidad la fijación de la apostilla.

Este trámite consiste en certificar que la firma y el sello de un documento público fueron puestos por una autoridad en uso de sus facultades. La apostilla certifica que la firma o sello que muestra el documento fue emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, pero no certifica la validez del contenido del mismo.

No obstante, como se ha advertido por diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC), en el caso de México, el requisito de la apostilla es un obstáculo para el reconocimiento de documentos y no una formalidad para facilitar esta actividad.

El caso que nos ocupa, involucra a las niñas, niños y adolescentes nacidos en el exterior que no fueron registrados ante los consulados mexicanos, la mayoría provenientes de Estados Unidos, hijas e hijos de personas migrantes, y que ahora deben realizar el trámite de apostille o legalización de los documentos públicos que acreditan el nacimiento de las y los mexicanos fuera del país para acreditar su identidad y nacionalidad mexicana.

Las y los mexicanos nacidos en Estados Unidos para realizar el trámite de la apostilla o legalización desde México, deberán enviar su solicitud a la oficina de la secretaría del estado emisor del registro de nacimiento extranjero, acompañarla de una acta de nacimiento original, pagar el money order que se puede adquirir en las casas de cambio con un costo variable de 5 a 20 dólares, y cubrir el monto del envío con porte pagado para su regreso.

Posteriormente para obtener la nacionalidad mexicana deberán realizar el trámite de Inserción de Acta Extranjera, con el propósito de que se lleve a cabo su inscripción en territorio mexicano ante cualquier oficina del Registro Civil, en donde presentarán el acta de nacimiento extranjera debidamente apostillada o legalizada, y traducida por perito traductor autorizado por el Tribunal Superior de Justicia, con un costo aproximado de 2 mil pesos.

A partir del involucramiento de diversas OSC y a su solicitud expresa ante la SEP, en 2015 se reconoce la dispensa de la apostilla en la revalidación escolar por el Acuerdo 286 publicado en Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2015.

“Artículo Único. Se modifican los lineamientos 5. “Apostilla o legalización de documentos” y 6. “Documentación que requerirá traducción al idioma español” del Título Primero “Disposiciones Generales”, del Acuerdo número 286 por el que se establecen los lineamientos que determinan las normas y criterios generales, a que se ajustaran la revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, así como los procedimientos por medio de los cuales se acreditaran conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2000.”

En este mismo sentido en septiembre de 2015, la SEP emitió las nuevas Normas, en las que instruye que en lo subsecuente no se requiera de la apostilla y del documento que acredite la identidad.

Sin embargo, el formato de registro para la pre-inscripción en línea de SEP, uno de los requisitos a cumplir, aunque no establecido en las Normas, contempla la captura de la Clave Única de Registro de Población (CURP) que es un instrumento de registro que se asigna a todas las personas que viven en el territorio nacional, así como a los mexicanos que residen en el extranjero, y que a su vez requiere del acta de nacimiento apostillada y traducida por un perito oficial para su trámite, incluso cuando el Manual de Lineamientos emitido por el Registro Nacional de Población (Renapo) no lo exprese como obligatorio.

De acuerdo a la información documentada por las OSC, en la práctica, en todos los estados de la República Mexicana, no se expide la CURP, si no se presenta el acta de nacimiento apostillada y traducida por un perito oficial.

Por si fuera poco, este requisito normativo alienta la corrupción y “coyotaje” que desafortunadamente siguen siendo parte de la cultura política y administrativa de nuestro país. En algunos casos, los connacionales retornados al país son objeto de confusión y extorsión por falta de información, misma que los orilla a duplicar su identidad mediante un “nuevo” registro de nacimiento, fomentando un delito, y dejando a sus hijos en una situación de mayor vulnerabilidad, pero sobretodo sin la posibilidad de ejercer su derecho a la doble nacionalidad.

Así, “exigir el requisito de presentar el acta de nacimiento apostillada sin considerar la enorme dificultad que enfrentan los residentes en México, nacidos en el exterior, se convierte en una forma indirecta de discriminación en el acceso a la educación... (por lo que) requerir a quien no puede presentar, el acta de nacimiento legalizada o apostillada, como único medio de acreditar la identidad... es condicionar el ejercicio de un derecho a un requisito prácticamente insalvable”.

Para corregir esta anomalía el Estado mexicano puede actuar desde diversos frentes. Por un lado, el Ejecutivo federal debe estimular, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y su red de protección consular, la inscripción de la nacionalidad mexicana en los consulados mexicanos en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, la Secretaría de Gobernación debe promover, a través del Registro Nacional de Población, una acción afirmativa para facilitar la inscripción de la nacionalidad de los niños y niñas nacidos en Estados Unidos de padre o madre mexicana que actualmente viven en México.

Desde el ámbito legislativo y de nuestra competencia, la propuesta está dirigida en la reforma del artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles con la cual se excluiría del requisito de la apostilla o legalización a los documentos públicos extranjeros que acrediten su nacimiento (para aquellas niñas, niños y adolescentes nacidos en el extranjeros de madre o padre mexicanos), ya que bastará con acompañar el acta de nacimiento de la niña, niño o adolescente nacido en el extranjero con el acta de nacimiento del padre o madre mexicano o mexicana, con el fin de acreditar su nacionalidad mexicana de conformidad al artículo 30 constitucional.

Propuesta

Para una mejor visualización de la propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Al aceptar la exención del requisito de la apostilla o legalización los documentos públicos extranjeros que dan cuenta del registro del nacimiento de una persona, las y los legisladores estaremos contribuyendo en reconocer el derecho a la identidad y nacionalidad de las y los mexicanos nacidos en el extranjero, (garantizando el derecho de niñas, niños y adolescentes a una identidad, cumpliendo con los preceptos constitucionales de los párrafos octavo y noveno del artículo 4o., así como lo referente al inciso A fracciones II y III del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

De esta manera podremos reducir la enorme desventaja de las niñas, niños y adolescentes mexicanos nacidos en el extranjero, respecto de aquellos nacidos en México. Así como, la discriminación sistémica hacia las personas migrantes retornadas y su descendencia, por las dificultades que implica conseguir la apostilla, misma que limita su desarrollo personal y dignidad.

Fundamento legal

Por lo anterior, la que suscribe, María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa el proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles

Artículo Único. Se reforma el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles y se le adiciona un segundo párrafo para quedar como sigue:

Artículo 546. Para que hagan fe en la República los documentos públicos extranjeros, deberán presentarse legalizados por las autoridades consulares mexicanas competentes conforme a las leyes aplicables. Los que fueren transmitidos internacionalmente por conducto oficial para surtir efectos legales, y los que acrediten el nacimiento las y los mexicanos en el extranjero, que cumplan con lo establecido en el artículo 30 constitucional, inciso A), fracciones II y III, no requerirán de legalización.

En el caso de la acreditación de la nacionalidad mexicana, bastará con la presentación del documento público extranjero acompañado del acta de nacimiento de la madre o padre mexicano.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 París Pombo, María Dolores (2010), “Procesos de repatriación. Experiencias de las personas devueltas a México por las autoridades Estadounidenses. Documento de Trabajo”, WWCIS-COLEF, Noviembre de 2010. file:///C:/Users/Usuario/Documents/Iguiguis/Legis/Iniciativas/Migraci%C3%B3n/Pa ria%20Pombo,%20Procesos%20de%20Repatriaci%C3%B3n.pdf

2 Segob (2014), Boletín mensual de estadísticas migratorias 2013, Disponible en http://www.wola.org/files/2013_inm_stats.pdf Consultada el 10 de marzo de 2016.

3 Martínez, Fabiola (2017) “Obama deportó a 3.4 millones de mexicanos”, La Jornada, Jueves 26 de enero de 2017.

4 Tourliere, Mathieu “En marcha, la campaña de odio y la cacería de migrantes”, En Proceso, No. 2100, 29 de enero de 2017.

5 IMUMI, “Eliminación del requisito de Acta de Nacimiento apostillada para la inscripción de la niñez extranjera a educación básica en México”, Disponible en: http://imumi.org/sep/apostilla.html Consultada el 8 de marzo de 2016

6 IMUMI, “Eliminación...”, Op. Cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.— Diputada María Luisa Beltrán Reyes(rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Beltrán. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.



CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Sofía González Torres, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 322 del Código Penal Federal, suscrita por integrantes del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Sofía González Torres:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, hace casi un año, constituye una respuesta a las exigencias que hace muchos años la ciudadanía había venido demandando para hacer justicia más eficaz y más imparcial.

Esta nueva forma de investigar, perseguir y sancionar las conductas ilícitas ha sido, sin lugar a dudas, una de las reformas más importantes a la Carta Magna en los últimos 100 años.

A partir de la reforma publicada el 18 de junio de 2008, se establecieron bases de un nuevo sistema en materia de seguridad pública y justicia penal, basados en el principio rector de la presunción de inocencia y, con esto, que la medida de prisión preventiva sea el último recurso cautelar durante el proceso penal.

El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales dicta distintas medidas cautelares que puede tomar un juez de control para garantizar certidumbre jurídica, tanto al afectado como a la persona vinculada al proceso. Van desde la presentación periódica ante el juez, hasta la colocación de localizadores electrónicos al imputado.

En este sentido, el Código Penal Federal contempla en qué circunstancias el juez debe tomar medidas que vayan acorde a la gravedad del delito.

Es por esto que el día de hoy presento ante ustedes esta propuesta que contempla la colocación de localizador a personas que estén en proceso penal, por haber cometido delito de homicidio culposo.

Nuestra Constitución contempla que si un homicidio se comete de forma dolosa, aplicará la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, si se realiza de manera culposa este ilícito puede solventarse con la imposición de medidas cautelares distintas a esta sanción, como por ejemplo, la exhibición de una garantía económica.

Consciente de que la prisión preventiva debe ser el último recurso a imponer como medida cautelar, también es cierto que la línea entre la culpa y el dolo es muy delgada y pueden existir medidas que dejen a los ofendidos con un sentimiento de impunidad, de injusticia o de penas mínimas para el inculpado.

Ante esta disyuntiva y en aras de dar mayor certeza y certidumbre y tranquilidad a los ofendidos de un delito tan delicado y lastimoso, como es el homicidio culposo, presento ante ustedes esta iniciativa que propone incorporar un tercer párrafo al artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objeto de establecer la imposición oficiosa de la medida cautelar del localizador electrónico.

Asimismo, para efectos de armonizar la norma adjetiva con la sustantiva, propongo adicionar una fracción III al artículo 322 del Código Penal Federal, para incluir la colocación de localizadores electrónicos como una disposición obligatoria a cumplirse, tratándose de homicidio culposo.

Es de esta forma que el ofendido tendrá la convicción de que el imputado no va a evadir la acción de la justicia, sea llevado con certeza a proceso penal acusatorio, sea localizable, responda por el acto que afectó el entorno de las víctimas y sea procesado conforme a la ley.

Compañeras y compañeros, les pido su apoyo para impulsar esta reforma que abona a dar certeza a los ofendidos y respeta la nueva visión del sistema judicial penal. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona los artículos 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 322 del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Sofía González Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Sofía González Torres y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 322 del Código Penal Federal, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal constituye una respuesta a las exigencias que durante muchos años la ciudadanía había venido demandando para procurar e impartir justicia. Esta nueva forma de investigar, perseguir y sancionar las conductas ilícitas, ha sido sin lugar a dudas, una de las reformas más importantes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde su promulgación el 5 de febrero de 1917, por lo tanto, el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio ha transformado la forma de llevar a cabo la justicia a los mexicanos.

A partir de la reforma publicada el 18 de junio de 2008, se establecieron las bases de un nuevo sistema en materia de seguridad pública y justicia penal, lo cual implicó cambios normativos, estructurales e ideológicos de gran calado que tuvo su fecha máxima de cumplimiento para el 17 de junio de 2016.

Esta nueva visión de estado, a diferencia de la anterior, busca lo que más interesa tanto a la víctima como al inculpado, la búsqueda de la verdad y el cabal respeto a los derechos humanos, esto bajo el principio rector de la presunción de inocencia. Con este sistema de justicia, se lleva a la praxis la premisa básica del derecho penal donde “toda persona es inocente, hasta que se demuestre lo contrario”.

En este nuevo paradigma jurídico obligó al Estado mexicano (los tres ámbitos de gobierno en sus tres niveles) a modificar funciones, principios, estructuras, pero sobretodo una nueva visión sobre la forma de administrar, procurar e impartir justicia a quienes se ven involucrados en un proceso penal. Con este cambio de justicia, se crean nuevas formas de solucionar conflictos que sean más justos, efectivos y expeditos, entre ellos los mecanismos alternativos de solución de controversias que serán una vía de mediación y conciliación.

Entre otros de las finalidades que persigue este sistema de justicia penal, se encuentran el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, la reparación del daño a la víctima u ofendido y la más importante de todas las nuevas prácticas, que la prisión sea el último recurso en materia punitiva, es decir, que el inculpado pueda enfrentar el proceso penal en libertad.

Sin embargo, uno de los puntos controversiales que trae consigo esta forma de buscar la verdad en hechos constitutivos de delitos se encuentra precisamente en este punto, debido a que, si bien lo que este sistema busca es no saturar los centros penitenciarios de personas que pueden ser responsables por delitos no graves, también lo es que, existen conductas antijurídicas que al no ser graves pueden llegar a tergiversarse con sanciones que impliquen medidas injustas para las víctimas u ofendidos o que se sientan inseguras respecto al presunto responsable.

Tratándose de un delito tan delicado como lo es el homicidio, este nuevo sistema de justicia penal le da un tratamiento especial, ya que, nuestra Carta Magna contempla que para aquellos homicidios que se cometan de forma dolosa, este simple hecho corresponderá al juez de control ordenar la prisión preventiva de manera oficiosa, previsión que la constitución marca como de especial relevancia imponer dicha medida ante la pérdida de la vida de una persona.

No obstante, tratándose de este mismo delito pero cometido de manera culposa, esta conducta antijurídica puede llevar consigo la imposición de medidas cautelares que se contemplan en el recién aplicado Código Nacional de Procedimientos Penales, bastando la imposición de, por ejemplo, la exhibición de una garantía económica, la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, entre otras medidas cautelares que dejan a los ofendidos con un sentimiento de impunidad, injusticia o de penas mínimas para el inculpado.

Ante esta disyuntiva y en aras de dar mayor certeza, certidumbre y tranquilidad a los ofendidos de un delito tan delicado y lastimoso como es el homicidio en su modalidad culposa, propongo que al inculpado en este tipo de delito, le sea aplicable la medida cautelar de la colocación de localizadores electrónicos, con la finalidad de que los familiares de la víctima, es decir, en ese difícil momento de la pérdida de un ser querido, se le permita conocer fehacientemente la ubicación de quien, en efecto, de forma no intencional, privó de la vida a su familiar y de esa manera tenga la convicción de que esta persona no evada la acción de la justicia, sea llevado con certeza al proceso penal acusatorio, esté localizable, responda por el acto que afectó el entorno de la víctima y sea procesado conforme a la ley.

Argumentación

El delito de homicidio se encuentra definido tanto en el Código Penal Federal, como en el de las entidades federativas como: “el privar de la vida a otro”. Sin embargo, esta conducta ilícita conlleva más aristas de lo que puede pensarse de primera lectura en esta corta definición.

Este delito envuelve toda una serie de problemas de carácter social, de salud, económico, inseguridad pública, demográfica e incluso de impunidad y crímenes sin castigo, siendo la vida, el bien jurídico tutelado afectado en este trasgresión. El homicidio se convierte en la máxima expresión de ejercer violencia en contra de otro ser humano. Esta problemática lamentablemente se torna en una práctica común sin importar género, raza, edad, estado civil, condición social, preferencia sexual.

Por lo que respecta a la realización de todo delito, los artículos 8o. y 9o. del Código Penal Federal establecen lo siguiente:

“Artículo 8o. Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente.

Artículo 9o. Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, y

Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales.”

En la comisión de todo delito, desde el punto de vista de la postura psicológica del sujeto al momento de la comisión del mismo, las posibilidades pueden ser la de haber querido producir la lesión al bien jurídico tutelado por el derecho penal, o bien la de no haber querido producir la propia lesión. En el ámbito subjetivo del delito, al lado del dolo, se observa la segunda forma a que se refiere la culpabilidad: la culpa, cuando el resultado material jurídicamente relevante ocasionado, no habiendo sido querido, ha sido no obstante producido por una causa imputable al agente.

El claro ejemplo de estos supuestos lo podemos encontrar en los homicidios culposos con motivo del tránsito de vehículos, ocurriendo especialmente estos lamentables acontecimientos en zonas urbanas que por motivos de alta densidad demográfica y el alto número de vehículos, existen este tipo de delitos.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones causadas por los accidentes de tránsito son la causa principal de muerte en el grupo poblacional de 15 a 29 años de edad, en donde las principales víctimas mortales son usuarios vulnerables de la vía pública, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas. Asimismo, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2015 se registraron 378 mil 232 accidentes de tránsito en estas zonas, de los cuales 1.1 por ciento correspondió a accidentes fatales, con un saldo de 4 mil 601 víctimas.

En la etapa de investigación, es decir, cuando se tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público tiene la obligación de explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión y en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.

A la par de esta fase procesal, se encuentra analizar el aspecto social de esta situación, donde los ofendidos de la víctima pasan por una difícil situación al conocer la noticia de que su ser querido ha fallecido, por causas que la autoridad aún desconoce si fue cometido por medio imprudencial o si ha sido realizado con la intención de perjudicarla, toda vez que es precisamente en la etapa inicial donde se realizan los allegamientos de pruebas para comprobar si efectivamente se tuvo la intención o no de haber tenido omisiones de cuidado o de realizar acciones que hubieran impedido la pérdida de la vida de la víctima.

En estos lamentables sucesos, el procedimiento penal anterior marcaba como vía más idónea la libertad provisional bajo caución como medida para atender los gastos económicos que se generan con la pérdida de la vida de la víctima. Sin embargo, en este nuevo sistema de justicia resulta aún más complejo la cuantía de lo que vale una vida, esto con lo que ello conlleva (atendiendo a las circunstancias de cada individuo), sumado al hecho de que los ofendidos están con la intranquilidad de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia con la simple exhibición de una garantía económica o la prohibición de salir de un determinado ámbito territorial.

En ambas posturas, tanto de los ofendidos como del inculpado y atendiendo a la ponderación de respetar los derechos de ambas partes y de la nueva visión del sistema de justicia penal acusatorio, donde la última medida será la prisión preventiva, es claro que no podemos proponer dicha medida a este nuevo código adjetivo. Sin embargo, es de señalar que nuestra Carta Magna autoriza la prisión preventiva oficiosa en tratándose de homicidio doloso, por lo tanto, resulta en obviedad de razones que la pérdida de la vida de una persona debe ser investigada con mayor cautela y firmeza para ambas partes.

Es por ello que la iniciativa que presento a consideración de esta soberanía, propone incorporar un tercer párrafo al artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que está incluido en el apartado Disposiciones Generales de las Medidas Cautelares, con el objeto de establecer la imposición de manera oficiosa de la medida cautelar de la colocación de localizadores electrónicos.

Asimismo, para efectos de armonizar la norma adjetiva con la sustantiva, propongo adicionar una fracción III al artículo 322 del Código Penal Federal que se encuentra dentro del capítulo III Reglas comunes para lesiones y homicidio, para incluir la colocación de localizadores electrónicos como una disposición obligatoria a cumplirse en tratándose de homicidio culposo, toda vez que en este apartado se establece lo siguiente:

“Artículo 322. Además de las sanciones que señalan los dos capítulos anteriores, los jueces podrán, si lo creyeren conveniente:

I. Declarar a los reos sujetos a la vigilancia de la policía, y

II. Prohibirles ir a determinado lugar, municipio, distrito o estado, o residir en él.”

Al auscultar el Código Nacional de Procedimientos Penales, estas dos medidas ya se encuentran contempladas dentro del catálogo de medidas cautelares establecidas en el artículo 155 de dicha norma:

“Artículo 155. Tipos de medidas cautelares

A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares:

I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe;

II. La exhibición de una garantía económica;

III. El embargo de bienes;

IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero;

V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez;

VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada;

VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares;

VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa;

IX. La separación inmediata del domicilio;

X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos;

XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral;

XII. La colocación de localizadores electrónicos;

XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o

XIV. La prisión preventiva.

...”

Observando este artículo podemos apreciar que las fracciones V (señalándose en contrario sensu) y VI, ya contienen estas medidas cautelares contempladas en la norma sustantiva penal. Sin embargo, para que no existan antinomias jurídicas entre estos dos códigos profundamente relacionados, tenemos que adicionar una fracción III con el objetivo de que el operador jurídico tenga las herramientas normativas idóneas y no existan vacíos legales que pudiesen complicar el espíritu de mi propuesta, es decir, tratándose de homicidio culposo, la colocación de localizadores electrónicos, por lo tanto, debemos armonizar ambos códigos que en su conjunto, imponen estas medidas cautelares.

Asimismo, podemos observar la gradualidad que impone este importante artículo para determinar la medida cautelar que se impondrá al imputado acorde a la gravedad del delito, situando a la prisión preventiva como última medida a imponer a cargo del juez de control, tal y como lo marca nuestra Constitución, por lo tanto, podemos apreciar que entre todo este catálogo, las medidas cautelares de mayor rigor que el Código Nacional de Procedimientos Penales antepone a la prisión preventiva, se encuentran el resguardo en el domicilio del imputado y en la inmediata anterior se sitúa “la colocación de localizadores electrónicos” (fracción XII del artículo en cuestión).

De igual forma, esta propuesta se encuentra sustentada con criterios judiciales sólidos que reafirman la necesidad de implementar medidas cautelares acordes a la gravedad del delito y a la afectación al bien jurídico tutelado, como en este caso es el homicidio culposo que priva de la vida a una persona, así como atender al principio de proporcionalidad de las penas.

La Jurisprudencia XIV.P.A. J/3 (10a.) en materia penal, de aplicación obligatoria a partir del martes 18 de noviembre de 2014 y emitida bajo cinco criterios emitidos en un mismo sentido, argumenta lo siguiente respecto a la individualización de la pena en delitos culposos:

“Individualización de la pena en delitos culposos. La graduación de la gravedad de la culpa debe situarse en un punto que oscile de leve a grave pasando por uno medianamente grave (Legislación del estado de Yucatán).

Conforme a las reglas que prevé el artículo 80 del Código Penal del Estado de Yucatán, la graduación judicial de la gravedad de la culpa por la comisión de este tipo de delitos a fin de establecer la sanción que resulte aplicable, debe situarse entre un mínimo y un máximo, lo que permite considerar diversos grados que van de un extremo a otro, pasando por un punto medio conceptuado como medianamente grave. De ahí que la discrecionalidad de la que goza el juzgador para cuantificar las penas, contemplada en el invocado numeral, está sujeta a que motive adecuadamente el lugar o escalafón en el que se ubica el grado de culpa que corresponda al sentenciado, dentro de un parámetro que oscila de leve a grave, pasando por una culpa medianamente grave, para así deducir el incremento o decremento de ésta y demostrar, en cumplimiento a las normas que rigen la individualización de la pena y con el principio de exacta aplicación de la ley, que el quántum de la pena resulta congruente con el grado de culpa estimado.

Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito.

Amparo directo 330/2013. 14 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Enrique Eden Wynter García. Secretario: Luis Armando Coaña y Polanco.

Amparo directo 363/2013. 9 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Jesús Hernández Moreno. Secretario: Roque José Castilla Santana.

Amparo directo 425/2013. 7 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Jesús Hernández Moreno. Secretario: Roque José Castilla Santana.

Amparo directo 429/2013. 7 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Enrique Eden Wynter García. Secretario: Jorge Gabriel Tzab Campo.

Amparo directo 106/2014. 19 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Luisa García Romero. Secretario: Joel Benjamín Ritto Mijangos.”

Como podemos observar, en esta jurisprudencia queda de manifiesto que la gradualidad de una medida cautelar debe ser proporcional a la gravedad de la culpa, inclinándose por una culpa medianamente grave. En el caso concreto de mi iniciativa, la vida es el bien jurídico tutelado más protegido tanto por nuestra Constitución política como en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y por mayoría de razón, cuando este derecho humano es vulnerado de manera tan grave como es la pérdida de la misma, el Estado mexicano debe tomar las medidas más eficaces para que, en este caso, se esclarezcan fehacientemente los hechos, se busque reparar el daño en la medida de lo posible (la pérdida de una vida no puede resarcirse), garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, que el inculpado no quede impune y se sancione conforme a derecho.

Al mismo tiempo, esta jurisprudencia establece que en la graduación de los delitos culposos, el juez al imponer la sanción (el juez de control en tratándose de medidas cautelares), debe situarse en un punto mínimo y máximo, pasando por un punto medio conceptuado como medianamente grave, por lo tanto, traducido al espíritu de mi iniciativa, una medida cautelar de carácter pecuniario sería la mínima, debido a que con la exhibición de una garantía económica el imputado queda en libertad con la posibilidad de sustraerse de comparecer en el juicio, y la máxima consistiría en la prisión preventiva, que en obvio de repeticiones, esta debe ser el último recurso. En consecuencia, la medida cautelar idónea y acorde a este criterio, recae en la colocación de localizadores electrónicos.

A esto se suma el hecho de que, conforme al artículo 14 tercer párrafo de nuestra Carta Magna se garantiza el principio de la exacta aplicación de la ley penal, por lo que no podríamos imponer de manera oficiosa una medida cautelar que no estuviera regulada expresamente para este tipo de delito en la norma penal, por lo que esta propuesta abona en el Principio de Legalidad y el derecho al debido proceso legal.

Asimismo, la tesis I.4o.C.4 K (10a.) en materia común, publicada el viernes 26 de agosto de 2016 en el Semanario Judicial de la Federación, establece el concepto, presupuestos, modalidades, extensión, complejidad y agilidad procesal de las Medidas Cautelares de la siguiente forma:

“Medidas Cautelares. Concepto, presupuestos, modalidades, extensión, complejidad y agilidad procesal.

La doctrina y el funcionamiento de las medidas cautelares en el sistema jurídico nacional, revelan la inmensidad de situaciones que se pueden presentar en los procesos en los que se ventilan, que hace difícil, si no es que imposible, que la previsión humana , inclusive de los legisladores más expertos y sabios, pueda prever y darles solución mediante reglas consignadas en preceptos legales, si se toma en cuenta además, la dinámica de la vida y de la diaria realidad en la que están inmersas estas cuestiones, de manera que resultan un campo fértil para el cultivo de las facultades discrecionales, incluso las de gran amplitud, ya que sin ellas se entorpecería, sin lugar a duda, la misión del Juezy la satisfacción de los fines perseguidos en estas materias, con la impartición de justicia. Efectivamente, las medidas cautelares son mecanismos autorizados por la ley para garantizar todo derecho con probabilidad de insatisfacción, mediante la salvaguarda de una situación de hecho, el apartamiento de bienes, cosas o personas para garantizar la eventual realización de la sentencia, o la anticipación de ciertos efectos provisorios de la sentencia de mérito, a fin de evitar la afectación que podría causar la dilación en la resolución de la cuestión sustancial controvertida o lainutilidad del proceso mismo. Son de extensa variedad, en la que encuentra diferencias específicas que exigen la adaptación, conforme a su flexibilidad, la potestad judicial expresa y discrecional, de sus alcances, duración, efectos, así como de la fase procesal en la que se adoptan, ya sea de plano o incidentalmente, dentro de un proceso cautelar sumario o sumarísimo, transformable para la eficacia de la medida, según sus características, utilidad práctica y finalidad, en donde es admisible una resolución interina de cautela, de carácter ultra sumario, sujeta a modificación, revocación o al cese de sus efectos, conforme a pruebas supervenientes, medios de impugnación, la contracautela; y una definitiva con duración máxima a la conclusión del proceso principal en curso o inminente del que es instrumental. Pueden pedirse o decretarse de oficio, una vez satisfechos sus presupuestos esenciales de la buena apariencia de un derecho ( fumus boni iuris) y el peligro de que este derecho aparente no sea satisfecho ( periculum in mora) y tramitarse sólo con la intervención de quien las solicita o con la necesaria e indispensable intervención de la parte contra quien se dirigen, según el examen valorativo racional del Juez. Existen medidas que no pueden esperar hasta la satisfacción del derecho de contradicción del sujeto afectado con ellas, ya sea porque esto conllevaría a la evasión de la medida, o a la inocuidad de ella, de manera que habrá casos en los que ese derecho tendrá que aplazarse, pero sólo el tiempo estrictamente necesario para impedir la frustración de los fines perseguidos con la medida solicitada, conforme a su naturaleza.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Amparo en revisión 41/2016. Seguros Argos, S.A. de C.V. y otros. 23 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Cynthia Hernández Gámez.”

Este criterio judicial resulta de gran utilidad toda vez que nos disipa el tratamiento que se le debe encaminar a esta figura jurídica, ya que las medidas cautelares per se, son complejas desde su naturaleza jurídica, pues la inmensidad de situaciones en las que se presentan hace difícil, incluso lo señala este criterio a veces “imposible” prever las soluciones respecto a cuál aplicar por parte del juzgador para satisfacer los fines de dichas medidas cautelares.

Este razonamiento señala la que las medidas cautelares son susceptibles de ser facultades discrecionales, aspecto relevante si retomamos el principio de exacta aplicación de la ley penal, el cual exige que toda medida que restrinja un derecho debe estar expresamente señalado en la ley, por lo tanto, esta medida abona en el cumplimiento de este principio constitucional fundamental.

Este criterio judicial señala también la finalidad de las medidas cautelares, siendo este el garantizar todo derecho con probabilidad de insatisfacción, como en este caso es la evasión de la justicia por parte del inculpado, es decir, si durante la etapa de investigación se revelan pruebas supervinientes que demuestran la intención en la conducta ilícita, la persona puede escapar del proceso penal, quedando los ofendidos en la imposibilidad de garantizarles la localización de esta persona y quedar impune la pérdida de la vida de su ser querido.

El principal sustento de esta tesis judicial para esta propuesta normativa recae en la afirmación de que las medidas cautelares pueden pedirse o decretarse de oficio, ante el peligro de que este derecho aparente no sea satisfecho ( periculum in mora), es decir que el delito no quede impune, por lo que tratándose de un homicidio culposo de primera instancia, implica que no puede darse la prisión preventiva oficiosa como lo marca nuestra Carta Magna en el supuesto de homicidio doloso, tampoco puede decretarse la medida cautelar de prisión preventiva atendiendo al nuevo sistema de justicia penal que establece que esta medida debe ser el último recurso al que se alleguen los órganos jurisdiccionales.

Interpretando hermenéuticamente estos argumentos, el simple hecho de perder la vida de un familiar ya es un proceso doloroso para los ofendidos, a esto se suma el hecho de que el inculpado con una simple garantía económica puede quedar en libertad y peor aún, si existieren pruebas supervinientes que acrediten el dolo en este delito, el inculpado puede fácilmente sustraerse de la acción de la justicia.

En abundancia de lo anterior, también se señala que existen medidas que no pueden esperar hasta la satisfacción del derecho de contradicción del sujeto afectado con ellas, ya sea porque esto conllevaría a la evasión de la medida, o a la inocuidad de ella, es decir, la medida cautelar debe tener como fin impedir la frustración de los fines perseguidos con dicha medida, tal como lo establece el propio Código adjetivo penal, si el imputado conoce que se le inculpará por delito doloso, se actualiza la hipótesis constitucional de prisión preventiva y por obviedad de razones, se corre el peligro inminente de que esta persona se sustraerá de la acción de la justicia, sin conocer su ubicación, por lo que esta medida legislativa contribuirá a asegurar la presencia del inculpado en el procedimiento y se dará confianza a los ofendidos, tal como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, esto sin perjuicio de que se le impongan otras medidas.

El espíritu de esta iniciativa consiste en dar mayor garantía a los ofendidos de la víctima tratándose del delito de homicidio culposo que, como he analizado, existe un riesgo fundado de que el inculpado pueda sustraerse de la acción de la justicia además de imponer una medida cautelar proporcional al nivel de gravedad para este delito, por lo que, la colocación de localizadores electrónicos representa una propuesta que coincide y resulta acorde con el nuevo sistema de justicia penal.

Consciente de que la prisión preventiva debe ser el último recurso a imponer como medida cautelar, también es cierto que nuestra constitución dicta oficiosamente dicha medida en tratándose de homicidio doloso, mismo que, como he argumentado, esta línea entre la culpa y el dolo es muy delgada, por lo que si bien la prisión preventiva no podría dictarse oficiosamente tratándose de este delito culposamente, se debe imponer una medida más rigurosa como es la colocación de localizadores electrónicos.

Tenemos que sumar todas las voluntades de las y los legisladores del Congreso de la Unión, para seguir perfeccionando el andamiaje jurídico en materia penal con el objetivo de dotar a las instituciones de procuración y administración de justicia de herramientas normativas eficaces que abonen en un mejor ejercicio del nuevo sistema de justicia, haciéndola más pronta, expedita, imparcial, acorde al grado de afectación de las víctimas u ofendidos y apegada estrictamente a los derechos humanos, objetivo que como diputada federal, asumo con toda la responsabilidad que implica el mejorar las leyes mexicanas.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 322 del Código Penal Federal

Primero. Se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose el subsecuente, del artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 157. Imposición de medidas cautelares

Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de Control, en audiencia y con presencia de las partes.

El Juez de Control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero.

Tratándose del delito de homicidio culposo, además de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, la víctima o el ofendido que resulten necesarias a cada caso concreto, el Juez de Control impondrá al imputado de manera oficiosa, la colocación de localizadores electrónicos.

En ningún caso el Juez de Control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código.

Segundo.Se adiciona una fracción tercera al artículo 322 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 322. Además de las sanciones que señalan los dos capítulos anteriores, los jueces podrán, si lo creyeren conveniente:

I. Declarar a los reos sujetos a la vigilancia de la policía,

II. Prohibirles ir a determinado lugar, municipio, distrito o estado, o residir en él , y

III. Tratándose de homicidio culposo, la colocación de localizadores electrónicos;

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Código Penal Federal. Artículo 302. Comete el delito de homicidio: el que priva de la vida a otro.

2 Malo Camacho, Gustavo, Derecho Penal Mexicano

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1023/2.pdf

3 Organización Mundial de la Salud: Estimaciones de Salud Global 2014

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas.

5 Ofendido y Víctima del Delito. Es conveniente precisar que dentro de la técnica del derecho penal no puede identificarse el concepto de la víctima del delito con el del ofendido, pues aunque bien es cierto que en la mayoría de los casos víctima y ofendido se reúnen en una sola persona, no sucede así en otros, sirviendo de ejemplo el homicidio, delito en el cual la víctima se identifica con el sujeto privado de la vida y el ofendido con sus familiares o aquellas personas que se encuentran en relación de dependencia económica con él.

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/261/261173.pdf

6 Artículo 19 segundo párrafo segunda parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “... El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.”

7 Artículo 19 segundo párrafo primera parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. ...”

8 Artículo 14 tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “... En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

9 Artículo 153 primer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Reglas generales de las medidas cautelares.

Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2017.— Diputada y diputado: Sofía González Torres,Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada González. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

La Cámara de Diputados le da la más cordial bienvenida al Grupo Vecinal Nativitas, de la delegación Benito Juárez, invitados por el diputado Santiago Taboada Cortina, sean ustedes bienvenidos.



LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Juan Romero Tenorio:Con la venia de la Presidencia. Diputadas, diputados, siguiendo con esta dinámica de posicionar el derecho de las mujeres, la iniciativa que presentamos, que reforma el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo, tiene el objetivo de ser un instrumento para las mujeres en la exigencia de un salario igual a trabajo igual en los centros de trabajo.

En esta tribuna se han presentado diferentes dictámenes de reforma de ley, en los cuales se busca la igualdad sustantiva de la mujer con el hombre.

La sociedad mexicana sigue marcada por una desigualdad y un trato diferenciado hacia la mujer. Aquí se han discutido bastante los derechos de la mujer en la etapa prenatal, posnatal, en los derechos de la mujer en los centros de trabajo a salario igual. Sin embargo, faltan los instrumentos y los procedimientos para dar legitimidad a estos derechos sustantivos, de los cuales se ha señalado su importancia en esta tribuna.

Estamos proponiendo la reforma al artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo, que establece un delito especial en el caso de incumplimiento de las obligaciones patronales.

El artículo 1004 establece que el patrón de cualquier negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que haga entrega a uno o varios de sus trabajadores de cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general o haya entregado comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores en las que efectivamente hizo entrega, se castigará con penas de cárcel. Es una medida que obliga al patrón a cumplir con el objeto de la ley.

A este artículo le agregamos que también se sancionará con cárcel a aquellos patrones que por género paguen salarios distintos en contravención al artículo 2o. de la misma Ley Federal del Trabajo.

El derecho sustantivo de la mujer a percibir un salario igual por trabajo igual debe estar garantizado. En la parte de responsabilidad administrativa no existe sanción alguna para el patrón que incumpla con esta obligación. Por ello, acudimos a esta tribuna para exponer la necesidad de establecer un procedimiento a través de tipificar como delito la irresponsabilidad del patrón en el pago de salario igual a trabajo igual de las mujeres.

¿Por qué? Porque existe el dolo. Aquel patrón que por cuestión de género determina no pagar un salario igual por trabajo igual actúa con dolo, y ese dolo está marcado por su aberración hacia la igualdad hacia las mujeres, por la falta de trato de dignidad hacia las mujeres.

Si tipificamos este delito especial en la Ley Federal del Trabajo, estamos creando un instrumento para la mujer, para que haga efectivo este derecho de salario igual a trabajo igual. Y además, obligamos al Estado para que actúe, para que corrija esta desviación de disposiciones de orden público. Esta es la importancia de la iniciativa que presentamos.

Tenemos que dotar a las mujeres de instrumentos legales que hagan efectiva la igualdad sustantiva que tanto se pregona y que está establecida en la propia Constitución, pero que por la desigualdad económica se ve en un estado de indefensión, puesto que las autoridades laborales poco hacen para garantizar estos derechos de igualdad sustantiva.

Esta es la iniciativa que presentamos. Esperamos que la comisión a la que se turne y este pleno resuelvan pronto, porque estamos creando un mecanismo que facilita el ejercicio y reconoce el pleno derecho de las mujeres. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Juan Romero Tenorio, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la norma suprema y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia de género es parte de las desigualdades sociales que se constituyen en discriminación, es un acto intencional que violenta el derecho, denigra a la persona y reestructura y reproduce una relación de poder en función de patrones culturales en donde se considera la dominación del hombre como un derecho.

La violencia se encuentra vinculada con la libertad, al constituirse como un acto u omisión intencional. Está presente la voluntad de quien la ejerce y también la voluntad nulificada de quien la sufre. Combatir la discriminación por razones de sexo implica modificar patrones socioculturales que eliminen la dominancia de la representación del varón sobre la voluntad de la mujer o de sus derechos.

Un elemento de la violencia lo constituye la desigualdad salarial. Tema en el que se han establecido parámetros legales para su erradicación en la Ley Federal del Trabajo, en cuyo artículo 2 determina que el trabajo digno en toda relación laboral, es aquél en el que no existe discriminación por género y tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. Igualdad sustantiva que elimina la discriminación contra la mujer reconociendo el goce o ejercicio de sus derechos humanos y el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. En complemento el artículo 5 de la misma ley, cualquier disposición o estipulación que se establezca en contrario a este derecho no produce efecto legal ni puede impedir su goce y su ejercicio.

Artículo 2o.Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón.

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres.

Artículo 5o.Las disposiciones de esta ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

I. a X. ...

XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad;

Artículo 56. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley.

Artículo 86.A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual.

Para lograr la eficacia de la igualdad sustantiva del hombre y la mujer en materia de salario es indispensable establecer la norma que sancione la violación al principio de salario igual a trabajo igual. La cultura predominante que subordina el trabajo de la mujer a un salario inferior con relación inferior exige una sanción que inhiba dicha conducta.

Para ello se propone reformar el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de sancionar aquellas conductas de los patrones que permiten la discriminación por género y que se expresa en el pago de un salario menor al trabajo de las mujeres que se desarrolla en condiciones similares a las del hombre en un mismo centro de trabajo.

La violencia de género expresada a través del pago de un salario diferenciado es una violencia voluntaria. La Declaración de Viena señala lo siguiente:

I.

18.Los derechos humanos de la mujer y de la nin?a son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participacio?n, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida poli?tica, civil, econo?mica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicacio?n de todas las formas de discriminacio?n basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.

III.

36.La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide encarecidamente que se conceda a la mujer el pleno disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y que e?sta sea una prioridad para los gobiernos y para las Naciones Unidas. La conferencia subraya tambie?n la importancia de la integracio?n y la plena participacio?n de la mujer, como agente y beneficiaria, en el proceso de desarrollo, y reitera los objetivos fijados sobre la adopcio?n de medidas globales a favor de la mujer con miras a lograr el desarrollo sostenible y equitativo previsto en la Declaracio?n de Ri?o sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y en el capi?tulo 24 del Programa 21 aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

La violencia de género se define por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar Cualquier Forma de Violencia contra la Mujer, en los siguientes términos:

Artículo 1.

Para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Para inhibir la violencia de género en las relaciones laborales que se expresan en el pago de salarios diferenciados, es preciso establecer una sanción penal que contribuya a eliminar estas conductas. Para ello, se retoma el contenido del artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo que determina lo siguiente:

Artículo 1004.Al patrón de cualquier negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que haga entrega a uno o varios de sus trabajadores de cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general o haya entregado comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores de las que efectivamente hizo entrega, se le castigará con las penas siguientes:

I. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga hasta 800 veces el salario mínimo general, conforme a lo establecido por el artículo 992, cuando el monto de la omisión no exceda del importe de un mes de salario mínimo general del área geográfica de aplicación correspondiente;

II. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga hasta 1600 veces el salario mínimo general, conforme a lo establecido por el artículo 992, cuando el monto de la omisión sea mayor al importe de un mes, pero no exceda de tres meses de salario mínimo general del área geográfica de aplicación correspondiente; y

III. Con prisión de seis meses a cuatro años y multa que equivalga hasta 3200 veces el salario mínimo general, conforme a lo establecido por el artículo 992, si la omisión excede a los tres meses de salario mínimo general del área geográfica de aplicación correspondiente.

El anterior queda en los siguientes términos:

Artículo 1004.Al patrón de cualquier negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que haga entrega a uno o varios de sus trabajadores de cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general o haya entregado comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores de las que efectivamente hizo entrega, o que por género pague salario distinto en contravención al artículo 2 de esta ley, se le castigará con las penas siguientes:

I. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga hasta 800 veces el salario mínimo general, conforme a lo establecido por el artículo 992, cuando el monto de la omisión no exceda del importe de un mes de salario mínimo general del área geográfica de aplicación correspondiente;

II. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga hasta 1600 veces el salario mínimo general, conforme a lo establecido por el artículo 992, cuando el monto de la omisión sea mayor al importe de un mes, pero no exceda de tres meses de salario mínimo general del área geográfica de aplicación correspondiente; y

III. Con prisión de seis meses a cuatro años y multa que equivalga hasta 3200 veces el salario mínimo general, conforme a lo establecido por el artículo 992, si la omisión excede a los tres meses de salario mínimo general del área geográfica de aplicación correspondiente.

Con lo anterior, se establecen condiciones legales para la inhibir conductas patronales que violentan el derecho de las mujeres a recibir un salario igual por trabajo que en condiciones iguales desempeñan los hombres en un mismo centro de trabajo.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se reforma el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 1004.Al patrón de cualquier negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que haga entrega a uno o varios de sus trabajadores de cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general o haya entregado comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores de las que efectivamente hizo entrega, o que por género pague salario distinto en contravención al artículo 2 de esta ley, se le castigará con las penas siguientes:

I. ...

II. ...

III. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Declaración y Programa de Acción de Viena Adopción: Conferencia Mundial de Derechos Humanos Viena, Austria, 25 de junio de 1993.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2017.— Diputado Juan Romero Tenorio(rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Romero. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Prevención Social, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Sí. Primero quisiera, compañeras, compañeros, felicitar públicamente un cambio de opinión muy importante, un cambio de opinión del PRI. Que cuando presentamos en diciembre de 2015 una iniciativa para eliminar el arraigo, que es una figura violatoria de los derechos humanos, es una de las restricciones a derechos humanos más aberrantes que tiene nuestra Constitución, que impugnada en cualquier litigio internacional se vendría abajo y que cuando la presentamos en diciembre de 2015 la congelaron, no la votaron, no la avalaron y ahora acaban de anunciar esta semana que el propio coordinador de la bancada va a presentar o presentó una iniciativa para que por fin en México eliminemos el arraigo.

Hoy vengo a hablar de otra restricción relativa a los derechos humanos de los mexicanos, que tiene su suporte en la Constitución y en la Ley de Amparo. Justamente en lo que tiene que ver con la denominada Fórmula Otero, que está en el artículo 107 de la Constitución y en el 73 de la Ley de Amparo, que es la relatividad de las sentencias en lo que tiene que ver con juicios de amparo.

¿Cuál es el problema ahí? Que frente a actos de autoridad generales o normas generales que son impugnadas por su constitucionalidad a través del juicio de amparo, la Fórmula Otero les aplica un alcance particular a este juicio, es decir, hay ciudadanos que están sufriendo los efectos todos los días de normas que ya fueron declaradas inconstitucionales, hemos tenido muchos ejemplos: los temas de diversidad sexual, de respeto a los derechos sexuales y reproductivos, los temas que tienen que ver con igualdad ante la ley, fotomultas.

Por ejemplo, el orden de los apellidos, que hay algunas familias que quieren invertirlos en el Registro Civil para sus hijas, para sus hijos, que han sido motivos de juicio de amparo contra un acto de autoridad general o contra una norma general que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene facultad exclusiva en esa materia, declara a la norma o el acto de autoridad inconstitucional y que aun así le seguimos exigiendo a todos los mexicanos que violando el principio de igualdad ante la ley, que violando el marco jurídico de economía procesal, que violando el principio de supremacía constitucional, porque nosotros nos dimos a nosotros mismos un diseño constitucional, que parte de ese principio de supremacía en el que todas las leyes supeditan a la Constitución.

Y nosotros le exigimos a la ciudadanía, que aunque sea una ley inconstitucional o un acto de autoridad inconstitucional, sigan respetándolo. es un absurdo. Y creo que la mejor manera de honrar a uno de los grandes juristas mexicanos, que es Mariano Otero, es actualizar su visión sobre los efectos del amparo a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se hizo en el 2011 y nos debería de obligar a que los efectos del amparo, cuando se trata de normas o actos de autoridad generales por temas de inconstitucionalidad, fueran abiertos a todos los ciudadanos de México.

Creo que es un tema que los mexicanos no podemos seguir teniendo restringido nuestro derecho al acceso a la justicia, en función de tener dinero para tramitar un juicio de amparo o tener el conocimiento de especialización para hacerlo, cuando se ha acreditado que una norma o que un acto de una autoridad viola la Constitución. Gracias, presidenta.

«Iniciativa que reforma y deroga el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito Jorge Álvarez Maynez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en cumplimiento de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6 numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El juicio de amparo es una de las instituciones más destacadas del derecho mexicano y una de las garantías constitucionales por excelencia. Se trata de un instrumento procesal, al cual tienen acceso todos los gobernados, para buscar la protección federal de sus derechos fundamentales y es, en ese sentido, el medio de defensa más importante que tiene el gobernado para combatir los abusos del poder público. Tiene además una gran tradición en la historia constitucional de nuestro país, ya que sus orígenes se encuentran en la Constitución yucateca de 1941, bajo el diseño de Manuel Crescencio Rejón.

Sin embargo, día con día, en los tribunales de nuestro país se aplican leyes inconstitucionales a miles de personas, lo cual resulta una aberración, puesto que se atenta contra el principio de igualdad ante la ley. Ello se debe, en parte, a que uno de los principios que rigen el amparo es la relatividad de las sentencias, conocido como la fórmula Otero. Muchos autores indican que dicho principio es lo que caracteriza al juicio de amparo mexicano, ya que se trata de un aspecto histórico y tradicional que se ha mantenido durante más de 150 años. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha ido modificando, tanto en la teoría como en la práctica, dicha figura, por lo que la tradición no debe de ser utilizada como un argumento para mantener inmóvil el principio anteriormente mencionado.

Aun con lo anterior, respecto a los principios y características del juicio de amparo, en la actualidad, se pueden resumir en los siguientes puntos:

1. Contra actos de autoridad:El amparo procede contra actos de las autoridades que vulneren las garantías individuales, teniendo sus resoluciones efectos restitutorios al tener como fin restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada. El principio, estriba en que el amparo procede contra cualquier acto de autoridad, ya sea de naturaleza administrativa, legislativa o jurisdiccional.

2. Principios rectores:

• Instancia de parte: El juicio de amparo, como todo proceso, no puede iniciarse de manera oficiosa, requiere necesariamente el ejercicio de la acción, o derecho subjetivo. El único que puede iniciarlo será el quejoso y nunca cualquiera otra de las partes, como la autoridad responsable o el tercero perjudicado.

• Agravio personal y directo: El agravio es una afectación en la esfera jurídica del gobernado causada por un acto de autoridad. Cuando se habla de la afectación en la esfera jurídica del gobernado, debe traducirse como el perjuicio de un derecho reconocido por una norma.

• Principio de definitividad: El juicio de amparo es un medio de impugnación extraordinario, que implica que se llegue a dicho juicio como una última oportunidad que tiene el gobernado de pedir justicia contra el acto de autoridad.

• Principio de estricto derecho: Este principio tiene como particularidad que el juzgador tiene el deber de resolver el juicio conforme a los planteamientos que realice el quejoso en sus criterios de violación o en los agravios hechos valer al interponer algún recurso, sin autorización de suplir la deficiencia en la que incidan las partes en el proceso, salvo los casos de excepción.

• Principio de relatividad: En el primer párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional se impuso la restricción consistente en que en los juicios de amparo “la sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer declaración general respecto de la ley o acto que la motivare”. Se destaca la importancia de que la sentencia que ampara única y exclusivamente surtirá efectos o beneficiará al que pidió el amparo y no a terceras personas, aun tratándose del amparo contra leyes, es decir, la prohibición de darle efectos generales a las sentencias, por más que hayan sido emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ésta haya establecido jurisprudencia declarando inconstitucional una ley.

3. Suspensión del acto reclamado: La figura de la suspensión en el juicio de amparo es una medida cautelar.

4. Las sentencias de amparo: Un atributo fundamental de las sentencias de amparo es el efecto restitutorio de las mismas. Cuando se determina que el acto de la autoridad vulneró las garantías individuales del gobernado, la consecuencia es ordenarle a la autoridad responsable que deje insubsistente su acto, de tal manera que lo deje como estaba antes de la emisión del acto impugnado. En el caso de que en un juicio de amparo se declare inconstitucional una ley, los efectos además son hacia el futuro, es decir, que no solamente es para que se destruya el acto de aplicación, sino que en lo subsecuente ninguna autoridad podrá jamás aplicarle dicha ley al quejoso que obtuvo la sentencia favorable.

Ahora bien, en términos amplios, los fallos emitidos por los órganos encargados del control de constitucionalidad, pueden tener dos clases de alcances: generales o particulares.

En el caso de los fallos con alcances generales, estos son erga omnes,es decir, oponibles a toda autoridad. Un ejemplo de ello, es lo establecido por la Constitución Federal Austriaca, que prevé sentencias con efectos generales, además de que las leyes declaradas inconstitucionales dejan de producir efectos y son expulsadas del ordenamiento jurídico.

En cuanto a los alcances particulares, ello implica que las sentencias sólo vinculan a las partes que litigaron en un determinado proceso constitucional. Las leyes inconstitucionales no se abrogan ni se derogan, sino que simplemente se dejan de aplicar a aquel gobernado que interpuso el juicio de garantías y obtuvo la declaración de inconstitucionalidad a su favor. Un ejemplo de esta categoría, son las sentencias de amparo en México, debido a la denominada fórmula Otero.

El principio de relatividad de las sentencias de amparo, también conocido como fórmula Otero, tiene su fundamento en el artículo 107 fracción II de la Constitución mexicana, así como el artículo 73 de la Nueva Ley de Amparo. Consiste en que los fallos dictados durante un juicio de amparo tienen alcances particulares, es decir, sólo se aplican a las partes contendientes en el juicio.

La fórmula Otero debe su denominación a su creador, el político y diputado constituyente Mariano Otero. Sus antecedentes se remontan a la Constitución de Yucatán de 1841, el Acta de Reformas de 1847 y la Constitución de 1857, que en su artículo 102 señalaba que: “La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de los individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.”

Debido al principio de relatividad de las sentencias, en los amparos contra normas, a pesar de que un fallo declare una ley inconstitucional, dicha ley no es expulsada del ordenamiento jurídico, sino que sólo se deja de aplicar al quejoso que obtuvo el amparo. Ello permite que una norma que ha sido declarada inconstitucional por un tribunal, se siga aplicando al grueso de la población, ya que la misma no pierde su vigencia ni su fuerza material.

Históricamente, la inclusión de la fórmula Otero representó la adopción del modelo de control constitucional estadounidense . Lo que no se advirtió al adoptar este modelo en la legislación mexicana, es que en Estados Unidos, como en todos los países pertenecientes a la familia jurídica del common law, la facultad de control de constitucionalidad es totalmente difusa, es decir, está delegado en los jueces de todas las jerarquías. Aunado a ello, en atención al principio stare decisis (let the decision stand o estar a lo decidido), una norma declarada inconstitucional no puede volver a ser aplicada por el resto de los jueces, pues la obligatoriedad de los precedentes es mucho más rígida que en los sistemas codificados de jurisprudencia reiterada, como el mexicano. Por ello el sistema de control americano constituye prácticamente un control de regularidad con efectos erga omnes, aplicable a todos, pues la ley sólo conserva su vigencia formal, no la material. No sucede lo mismo en la práctica judicial de nuestro país.

Es por ello que, actualmente, un sector de la academia considera que debe desaparecer el principio de relatividad de las sentencias. Algunos de los argumentos señalados por ellos son:

1. Las condiciones socio-económicas, políticas, jurídicas y culturales actuales son totalmente diferentes a aquellas en las que la fórmula Otero fue concebida. La crisis institucional que vivimos en la actualidad y los constantes abusos de las autoridades en contra de la ciudadanía, hacen necesaria la actualización de instituciones como el amparo, para defender de mejor manera los derechos de los gobernados.

2. En el amparo contra leyes, la relatividad de las sentencias atenta contra el principio de supremacía constitucional, pues las normas que han sido declaradas inconstitucionales siguen aplicándose. En ese sentido, se ignora totalmente la idea del control de regularidad, que consiste en la facultad que posee el Tribunal Constitucional, como garante del orden jurídico y constitucional, de revisar que la norma de grado inferior se encuentre en relación de correspondencia con la de su grado superior.

3. Se socava el principio de igualdad ante la ley, ya que se permite la existencia de órdenes jurídicos diferenciados aplicables a los gobernados: a algunos privilegiados que cuentan con la capacidad económica de concurrir ante los tribunales de amparo, se les hará valer el principio constitucional que la ley infrinja y, para el resto de los ciudadanos, quienes no cuentan con una sentencia de amparo favorable ni con los recursos necesarios para obtenerla, la norma constitucional seguirá siendo vulnerada .

4. Se vulneran los principios de prontitud, expeditez y economía procesal de la justicia, pues resulta absurdo que los ciudadanos se vean obligados a presentar una demanda de amparo para obtener una mera declaración judicial respecto de una ley cuya inconstitucionalidad ya fue desahogada en un proceso homólogo. Ello implica gastos innecesarios para las partes: tanto para el quejoso como para el Estado.

Las distintas voces que se pronunciaron en contra de la prevalencia del principio de relatividad de las sentencias, fueron tomadas en consideración durante la discusión de la reforma constitucional en materia de amparo del año 2011. En ese sentido, el 6 de junio de 2011, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la mencionada reforma constitucional que, entre otras cosas, incorporó la figura de la declaratoria general de inconstitucionalidad, cuyo objeto es derogar las normas generales que contradigan a la Constitución. Además, la Nueva Ley de Amparo, publicada en el año 2013, regula en los artículos 231 al 235 la figura de la declaratoria general de inconstitucionalidad.

La declaratoria general de inconstitucionalidad es “un mecanismo de control directo de la constitucionalidad; es decir, esta figura tiene por efecto que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga un análisis en abstracto de la constitucionalidad de una norma general y, así, determine su invalidez si se reúnen por lo menos 8 votos de los ministros integrantes.”

La declaratoria general de inconstitucionalidad se asemeja a la acción de inconstitucionalidad, en cuanto a que ambas buscan expulsar del orden jurídico las normas inconstitucionales. Sin embargo, la acción de inconstitucionalidad puede ser ejercida exclusivamente por ciertas entidades públicas, como los partidos políticos, el ombudsman, las Secretarías de Estado y los organismos constitucionales autónomos.

Teóricamente, la inclusión de la declaratoria general de inconstitucionalidad vendría a marcar un parteaguas en la manera en que se ejerce el control de la constitucionalidad en México, rompiendo con el esquema decimonónico de sentencias de alcances particulares. Sin embargo, en la práctica, la declaratoria se ha manifestado como un medio ineficaz para controlar la constitucionalidad de las normas: desde su creación, sólo se han iniciado ocho expedientes de declaratoria general de inconstitucionalidad y en ninguno se ha determinado la inconstitucionalidad de norma alguna.

La inoperatividad de la declaratoria general de inconstitucionalidad se debe en gran parte a lo complejo y confuso que es el procedimiento para su emisión, previsto en la nueva Ley de Amparo.

En primer lugar, para que la Corte inicie el procedimiento, se requiere la preexistencia de jurisprudencia en que los tribunales de la federación se pronuncien por la inconstitucionalidad de cierta norma general. Posteriormente, la Suprema Corte debe notificar al órgano emisor de la norma, el Poder Legislativo, el cual tendrá 90 días hábiles para subsanar el vicio de la norma. Si no lo hace, el asunto pasará al pleno de la Corte que tendrá que resolver por el voto de una mayoría calificada de al menos ocho Ministros, la expulsión definitiva de la norma del ordenamiento jurídico mexicano. Si la votación tuviera como resultado que no se llegase a la mayoría calificada, entonces, la norma no es derogada y se sigue aplicando con todos sus efectos legales. De esa forma, la consecuencia irremediable es que sigan surgiendo juicios de amparo por las mismas normas que no fueron expulsadas del ordenamiento jurídico. Aunado a ello, la materia fiscal o los temas recaudatorios no pueden ser materia de este procedimiento.

En conclusión, la declaratoria es totalmente ineficaz, ya que no resuelve “el problema de que las personas tengan que promover cientos o miles de amparos individuales contra la misma norma general ni soluciona el problema logístico que supone para el Poder Judicial la promoción de un elevado número de demandas de amparo ni provee al gobernado de un acceso fácil y efectivo a un mecanismo de control directo de la constitucionalidad de normas generales.”

La presente iniciativa tiene por objeto replantear la facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación para emitir declaratorias generales de inconstitucionalidad y el procedimiento que deben seguir las mismas.

Para ello, se propone simplificar los requisitos previstos en la Constitución para la emisión de declaratorias generales de inconstitucionalidad. Para ello, se plantea que la declaratoria se emitirá en los 30 días hábiles siguientes a la existencia de jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad o se establezca la interpretación conforme de una norma general respecto de la Constitución. Por otra parte, para que la declaratoria sea emitida, bastará con que cuente con el voto de la mayoría simple de los Ministros, en lugar de la mayoría calificada de 8 Ministros que la Constitución exige actualmente. Además, se elimina la parte del texto que excluye a las leyes en materia tributaria de ser objeto de la declaratoria.

Con la reforma planteada, se busca consolidar la figura de la declaratoria general de inconstitucionalidad como un medio eficaz que permita evitar la aplicación de normas inconstitucionales a la ciudadanía. Materialmente, se estaría dando efectos más amplios al amparo, puesto que si las sentencias de amparo llevaran al establecimiento de jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de alguna norma, la declaratoria general de inconstitucionalidad expulsaría dicha norma del ordenamiento jurídico, haciéndola inaplicable para todas las personas.

Por lo expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se deroga el párrafo cuarto de la fracción II del artículo 107; y, se reforman los párrafos segundo y tercero de la fracción II del artículo 107, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 107. ...

I. ...

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, salvo en los casos en los que se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general o de un acto administrativo de carácter general, o en caso de interpretación jurídica que garantice la máxima protección de los derechos humanos, en cuyo caso se amparará y protegerá a los ciudadanos de la República, y se procederá a emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente, según sea el caso.

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad, o se establezca la interpretación conforme de una norma general respecto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procederá a emitir la declaratoria general correspondiente.

Dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la aprobación de la jurisprudencia referida en el párrafo anterior, la Suprema Corte de Justicia formulará la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual deberá ser aprobada por la mayoría simple de votos de los ministros.

(Se deroga)

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero. El Congreso de la Unión deberá adecuar las leyes secundarias en la materia, de acuerdo con el presente Decreto.

Notas

1 Hernández Macías, Juan Luis, “La declaratoria general de inconstitucionalidad: análisis del nuevo principio de relatividad”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, Disponible en:

http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/38/13.pdf

2 Fernández Fernández, Vicente, y Samaniego Behar, Nitza. “El juicio de amparo: historia y futuro de la protección constitucional en México”. Revista IUS, Disponible en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S1870-21472011000100009&lng=es&tlng=es.

3 Ibíd.

4 Ibíd.

5 Ibíd.

6 Ibíd.

7 Silva Ramírez, Luciano, El control judicial de la constitucionalidad y el juicio de amparo en México, Porrúa, México, 2015.

8 Ibíd.

9 Ibíd.

10 Ibíd.

11 Ibíd.

12 Ibíd.

13 Ibíd.

14 Rincón Mayorga, César Alejandro, La declaratoria general de inconstitucionalidad, medio ineficaz de control de la constitucionalidad de normas generales, IIJ UNAM, Disponible en:

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/ view/10930/12992

15 Ibíd.

16 Díaz Sánchez, José Guillermo, Tesis, La declaratoria general de inconstitucionalidad en el amparo, Universidad Veracruzana. Disponible en:

http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/36811/1/diazsanchezjose.pdf

17 Hernández Macías, Juan Luis, “La declaratoria general de inconstitucionalidad, ¿arma sin filo?”, Nexos, Disponible en:

http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?tag=declaratoria-general-de- inconstitucionalidad

18 Ibíd.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2017.— Diputado Jorge Álvarez Maynez(rúbrica).»

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Jorge Álvarez Maynez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Saludamos con mucho gusto, a alumnos de la Escuela Secundaria Técnica, número 31 del estado de Tlaxcala. Invitados a este salón de pleno por la diputada Fabiola Rosas Cuautle. Sean ustedes bienvenidos.

De igual manera, a un grupo de personas de la delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, invitados por el diputado Jorge Triana Tena, quienes hoy nos acompañan. Sean ustedes bienvenidos.



LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El diputado Carlos Gutiérrez García:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicional diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, cuya finalidad es incorporar a los grupos sociales más vulnerables en la promoción de financiamiento público y privado a las Mipymes.

En 2002, fue publicada la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con el objeto de promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.

A pesar de lo anterior, y de que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-218 establece que se democratizará el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento en aras de fortalecer la prosperidad nacional para lograr un país más incluyente, la realidad es que hoy en día los grupos más vulnerables siguen estando marginados de esos financiamientos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo propone promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas, mediante el acceso a servicios financieros.

Lamentablemente nuestro país está aún lejos de conseguir los objetivos planteados para el año 2030. Según datos de la encuesta intercensal 2015 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, solo el 46.9 por ciento de la población de 15 años y más, hablante de lengua indígena, desempeñaba alguna actividad laboral o estaba en búsqueda de trabajo, 7.8 menos que la participación económica de las personas que no hablan una lengua indígena.

El mismo instituto señala que la tasa de participación económica de la población de 15 años y más que vive con alguna discapacidad, es de 39.1 por ciento; 25.6 por ciento menos que la población sin discapacidad. La iniciativa que presento el día de hoy busca mejorar estas cifras al impulsar acciones afirmativas que incentiven la participación activa de todos los sectores de la sociedad que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad, y de este modo contribuir a lograr los objetivos de desarrollo del país.

Así se espera alcanzar una efectiva inclusión económica de todos los grupos sociales, y que busca generar negocios rentables de forma tal que a través de la creación de medios de vida sostenibles, se subsane su situación de precariedad y consigan forjar un patrimonio, creando un círculo virtuoso en sus comunidades.

En la agenda legislativa de Nueva Alianza nos comprometimos a impulsar la constitución de empresas facilitando su financiamiento por parte de la banca de desarrollo. De igual forma nos propusimos garantizar que particularmente los grupos vulnerables tengan los mismos derechos a los servicios financieros, incluyendo la microfinanciación.

Las y los diputados turquesa estamos convencidos de que el pleno empleo, el autoempleo y el trabajo adecuadamente remunerado, constituyen un método eficaz en la lucha contra la pobreza, así como para la promoción de la inclusión social. Esa convicción es la que nos impulsa a modificar nuestro marco normativo para crear políticas dirigidas a lograr un crecimiento sostenido de la economía, generando más y mejores empleos que tengan como resultado una mayor inversión social que ayude a cerrar la brecha de desigualdad que padece nuestro país. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Carlos Gutiérrez García, diputado federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en materia de promoción de esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado por parte de las Mipyme ,al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La participación activa de la sociedad en la esfera política, económica y social trasciende de forma tangible en el progreso y crecimiento de un país. De esta forma una sociedad que refleja mayor inclusión social, goza de mayor estabilidad política y económica, resultando más competitiva y dispuesta a enfrentar con determinación los significativos retos que representan los procesos económicos a nivel internacional y local. Por ello, no es extraño concluir que el progreso económico está estrechamente ligado con el bienestar social.

En este sentido, en la actualidad, nuestro país concentra una serie de retos que debe superar a fin de lograr una plena estabilidad en todos los ámbitos, entre los que se encuentra la impartición de una educación de calidad, el abatimiento del desempleo y la mejora del funcionamiento del gobierno en materia de gasto público como social; sin dejar de mencionar la redistribución de recursos, así como el establecimiento de programas encaminados a promover, precisamente, el desarrollo económico nacional.

Como sabemos, entre los principales rezagos del país se encuentran sus altos niveles de pobreza, marcados históricamente por procesos de exclusión social, así como las profundas desigualdades económicas y sociales que han dado paso a la reproducción de formas de exclusión que mantienen y consolidan estructuras de explotación y desempleo.

No es difícil demostrar que la generación de espacios económicos y productivos es una estrategia efectiva para la reducción de la pobreza, en la cual, las empresas, hoy en día, juegan un papel determinante en el crecimiento de los mercados locales e internacionales. Esto, a través de la generación de empleos a nivel nacional y regional, tanto en países industrializados como en los que se encuentran en vías de desarrollo.

Para atender este último aspecto, hemos optado por reconocer la importancia social y económica de las empresas en todas sus modalidades, en el número de trabajadores con los que cuentan, como piezas esenciales en la generación de crecimiento y desarrollo dentro de la economía, derivado de las exitosas experiencias en el ámbito local e internacional, generadas desde los años ochenta.

Para efectos de la presente iniciativa, resaltaremos el papel trascendental que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) en el desarrollo económico nacional, mismas que hasta el año pasado representaban el 99 por ciento de las sociedades mercantiles en el sector formal. Cabe resaltar que el 97.6 por ciento de ellas tienen 10 trabajadores o menos y que con base a los datos de los Censos Económicos, éstas ocupan al 75.4 por ciento de los trabajadores formales en nuestro país. Además, no es menor el que contribuyan con el 52 por ciento del producto interno bruto de México. Siguiendo con estos datos, existen más de 4 millones de Mipyme, las cuales, como ya se ha expresado, son los sectores económicos que más unidades de capital y personal ocupado aportan al patrimonio nacional.

No obstante, y a pesar de que en los últimos años se han establecido políticas dirigidas a lograr un crecimiento sostenido de la economía nacional a través de la generación de empresas, nos encontramos distantes de poder transformar la realidad de la ocupación, y es que los sectores sociales que están en riesgo de exclusión social son los que más padecen las consecuencias del desempleo.

Al respecto, el ahora secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, estando a cargo del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social, aseveró en su momento que la inclusión laboral de comunidades indígenas, así como de las personas con discapacidad, es la gran reforma estructural que aún está pendiente en México.

México, reconoce constitucionalmente los derechos humanos contenidos en tratados e instrumentos internacionales de los que es Estado parte, y lo hace al mismo nivel que los consagrados en su Carta Magna. Asimismo, cuenta con un marco normativo que fortalece el reconocimiento, ejercicio y el establecimiento de las condiciones necesarias para que el Estado promueva, proteja y asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de los derechos de los jóvenes, los indígenas y las personas o grupos sociales en condición de vulnerabilidad, asegurando su plena inclusión en la sociedad dentro de un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Sin embargo, derivado de los contextos económicos nacionales e internacionales, estos sectores de la sociedad aún se encuentran dentro de un limitado nivel de protección y amparo; lo anterior, los posiciona en clara desventaja económica, social o productiva, lo cual entorpece su desarrollo integral y propicia la vulneración de sus derechos humanos. Ello, a pesar de los instrumentos y normas legales que se han implementado a favor de su reconocimiento.

También, debemos reconocer que la crisis económica global ha reducido la oferta nacional del mercado laboral, en especial para los jóvenes, los indígenas y las personas o grupos sociales en condición de vulnerabilidad, disminuyendo considerablemente las oportunidades de encontrar trabajo en el ámbito local.

De acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el país, en noviembre de 2016, entre los jóvenes de 15 a 24 años se registró una tasa de desempleo del 7.5 por ciento, cifra mayor a la de 7.1 por ciento de octubre; mientras que en los adultos de 25 años y más, este indicador se mantuvo en un 2.9 por ciento.

Por su parte, la situación de los indígenas respecto del acceso a un empleo es desigual en México. De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tan solo el 46.9 por ciento de la población de 15 años y más hablante de lengua indígena desempeñaba alguna actividad laboral o estaba en busca de trabajo, monto que es 7.8 puntos porcentuales menor a la participación económica de las personas que no hablan una lengua indígena, que fue de un 54.7 por ciento. Cifras precedidas de las desventajas a las que son sujetos por su condición social, como la interlocución y la discriminación, las cuales dificultan el acceso a la educación o a un trabajo digno, entre otros.

Ahora bien, el escenario tampoco es favorable para las personas que presentan algún tipo de discapacidad. En datos publicados por el INEGI podemos observar que la tasa de participación económica de la población de 15 años y más, que cuenta con alguna discapacidad, es del 39.1 por ciento; 25.6 puntos porcentuales por debajo de la población sin discapacidad (64.7 por ciento).

En resumen, tal contexto es desfavorable si tomamos en cuenta que la suma de estos sectores de la población representa una gran parte del total de nuestra población y, como se ha comentado previamente, los escenarios políticos, económicos y sociales, en muchas ocasiones no les permiten acceder a un empleo. Es aquí donde reside la importancia de adecuarnos a los contextos e implementar acciones afirmativas específicas, encaminadas a subsanar y asegurar un desarrollo económico integral de estos núcleos tan importantes de la sociedad.

Además, otro factor a tomar en cuenta es la coyuntura internacional en lo que refiera a la migración; la política que está emprendiendo el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica respecto a este tema, prefigura el retorno de millones de mexicanos al territorio nacional, a consta de que partieron de su lugar de origen en aras de conseguir una mejor calidad de vida, basados en la esperanza de conseguir un trabajo.

Ante esta situación, el mayor desafío que tiene nuestro país es el de cómo lograr un crecimiento económico sostenido que le permita enfrentar con mayor eficiencia la desigualdad y la pobreza. Nos encontramos ante una coyuntura complicada, mas no imposible de transformar, donde la pobreza sigue siendo el desafío primordial. Nosotros, sin embargo, contamos con los medios para combatirla y heredar un mejor país a las próximas generaciones.

Por ello, las y los Legisladores, como representantes legítimos de los intereses de la Nación, tenemos el compromiso de atender este tipo de retos, implementando acciones legislativas como la presente Iniciativa, encaminadas a enmendar y erradicar las deficiencias propias de nuestro sistema.

Exposición de motivos

El modelo económico que impera en nuestro país se ha visto rebasado por el ritmo de crecimiento de la sociedad y las complejidades innatas a este proceso, dejando de ser lo suficiente sostenible y demostrando su incapacidad para solventar los escenarios adversos a su naturaleza. Lo anterior está generando la necesidad de contar con nuevos esquemas donde urge incluir a todos los sectores sociales para impulsar el crecimiento económico y la estabilidad nacional.

La erradicación efectiva de la pobreza exige una reorganización estructural de nuestro enfoque para el desarrollo de la economía, por lo que resulta ineludible establecer estrategias integrales que desemboquen en la promoción del crecimiento económico, dentro de un marco socialmente inclusivo, con el objetivo de lograr mejores medios de subsistencia, medido a través del acceso a un empleo.

Por ello, no es extraño que reducir o mantener baja la tasa de desempleo sea una cuestión que históricamente ha presentado mayor énfasis en las agendas nacionales e internacionales.

En la actualidad, tal exigencia ha cobrado mayor fuerza debido a las múltiples crisis internacionales, situando al de-sempleo como uno de los principales riesgos económicos para las próximas generaciones.

En este escenario, los sectores sociales que se encuentran con mayor riesgo de exclusión social son aquellos que más padecen los efectos del desempleo; ante ello, una mayor participación de la población en edad activa dentro de la actividad económica, principalmente de aquellos procedentes de estratos sociales desfavorecidos, representa un significativo avance hacia el progreso en todos los ámbitos.

En este sentido, la presente Iniciativa tiene como objetivo impulsar acciones afirmativas que incentiven la participación activa de todos los sectores de la sociedad que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad, a fin de alcanzar la inclusión económica de todos los estratos sociales, teniendo como visión el llevar a cabo la generación de negocios rentables dentro de los estratos de bajos recursos y socialmente excluidos, de forma tal que se beneficie a esas comunidades sociales, a través de la creación de medios de vida sostenibles que subsanen su situación y generen un desarrollo socioeconómico que responda a las realidades que presentan los actuales escenarios de nuestro país.

A nivel internacional, las micro, pequeñas y medianas empresas son quienes contribuyen en una proporción grande y creciente en la generación de puestos de trabajo. Nuestro país no es ajeno a esta situación; como se ha expresado con anterioridad, y tomando en consideración el modelo económico que impera desde hace poco más de 30 años, reconocemos las bondades sociales y económicas que conlleva la generación de empresas en todas sus modalidades.

Como se ha planteado con anterioridad, a nivel internacional, el contexto actual condiciona la vida económica de las economías locales; en este entendido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) asentaron en su informe “Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe”, que el promedio anual de la tasa de desempleo en la región aumentó de un 7.4 por ciento en 2015, a un 8.6 por ciento en 2016.

En este contexto, tomando en consideración nuestros propios indicadores, resulta necesario que en nuestro país se analice y discuta la posibilidad de adecuar la legislación vigente en esta materia, a fin de que ésta favorezca la creación e implementación de políticas exhaustivas que incentiven el fortalecimiento de nuestra actividad económica.

En la actualidad, nuestro país tiene una economía basada en la eficiencia, donde la mayoría de sus emprendedores son impulsados por la necesidad. Lo anterior significa que 1 de cada 5 nuevos inversionistas emprende un negocio como una decisión forzada por la falta de empleo.

En el país, el 10 por ciento de los emprendimientos en una etapa inicial llegan a generar más de 6 empleos. Partiendo de este precepto, y tomando en cuenta que para el cuarto trimestre del año 2016, 1.9 millones de personas se encontraban en situación de desocupación, podemos proyectar que si solo un 10 por ciento de estas personas pudieran acceder a fuentes de financiamiento, público y privado para emprender una microempresa, se estarían creando alrededor de 1 millón de empleos.

Ante este panorama, con esta propuesta legislativa buscamos facilitar el acceso al financiamiento público y privado que permita promover el desarrollo económico nacional, a través de la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, contando con el apoyo necesario para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.

Además, aprovecharemos la creatividad y la capacidad para crear nuevas oportunidades de negocio que mejoren la calidad de vida de gente tradicionalmente excluida en los mercados.

No es difícil encontrar un sustento para poder fundamentar la adecuación legislativa planteada, y es que existen diversos instrumentos elaborados por organismos internacionales, dentro del ámbito de los derechos humanos y el laboral, que promueven la generación y mejoramiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, los cuales se orientan en atender, específicamente, las necesidades de los que menos tienen.

En este entendido, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) plantea, en uno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, estimular el crecimiento económico sostenible a través de la mejora de los niveles de productividad y la innovación tecnológica. También, refuerza la idea de fomentar políticas que estimulen el espíritu empresarial, y la creación de empleo como herramienta para este fin. Con estas metas en consideración, el objeto se resume en conseguir empleo pleno y productivo, así como un trabajo decente para todos los hombres y mujeres hacia el 2030.

De igual manera, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirma que el acceso a un trabajo decente es una forma de combatir la exclusión social en la economía mundial. Del mismo modo, ratifica la necesidad de enfocar los esfuerzos de los gobiernos para generar empleos en todo tipo de empresas, con especial atención en las pequeñas y aquellas de base comunitaria (cooperativas); lo anterior, con el fin de apoyar la modernización, transformación y regularización de las microempresas en el sector informal, un área en la cual se genera la mayor parte de los nuevos trabajos en el mundo.

En el ámbito local, nuestra legislación nos dota de instrumentos legales en materia de derechos humanos, sociales y económicos, mismos que dan certidumbre a la actuación del gobierno. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, donde dentro de sus objetivos encontramos que para tener un México más incluyente, es necesario garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población y transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. De igual manera, este documento rector establece la democratización en el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, en aras de fortalecer la prosperidad nacional.

En este entendido, nuestra Constitución Política establece las facultades y obligaciones que el Estado tiene para garantizar el goce de los derechos humanos de todas las personas, con el propósito de hacer cumplir lo establecido en cuanto al desarrollo integral de nuestro país.

En específico, en lo que respecta al desarrollo nacional, el artículo 25 constitucional establece que:

“[...] El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. [...]”

Para dar cumplimiento de lo anterior

“[...] Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. [...] ”

No obstante, es preciso reconocer la problemática que sufren miles de mexicanos para acceder a un empleo digno; asunto al que debemos de sumar el que se genere en igualdad de condiciones, lo cual es uno de los tantos inconvenientes que dificultan el camino para alcanzar los objetivos de plena inclusión.

En Nueva Alianza estamos conscientes que el pleno empleo, el autoempleo y el trabajo adecuadamente remunerado constituyen un método eficaz en la lucha contra la pobreza, así como para la promoción de la integración y la inclusión social.

Por ello, pugnamos por la adecuación pertinente de nuestras normas, que den paso a la creación de políticas dirigidas a lograr un crecimiento alto y sostenido de la economía, así como a la generación de más y cada vez mejores empleos, que desemboquen en mayor inversión social, coadyuvando así a cerrar las brechas socioeconómicas que imperan en la actualidad.

Hoy en día, el mayor desafío que tiene enfrente nuestro país deviene en cómo lograr un crecimiento más inclusivo, y en cómo tener un proyecto de Nación que responda a los retos que presenta la coyuntura económica internacional, y pueda así enfrentar con mayor eficiencia la desigualdad y rezago social que impera en el país.

Fundamento Legal

Por las consideraciones anteriormente expuestas, en mi calidad de diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en materia de Promoción de Esquemas para Facilitar el Acceso al Financiamiento Público y Privado por Parte de las Mipyme

Artículo Único. Se reforma el artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

I. a VIII. ...

Adicionalmente, la Secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las Mipyme, en igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres. Poniendo especial énfasis en garantizar el acceso a dicho financiamiento a las mujeres , los jóvenes, los indígenas y las personas o grupos sociales en condición de vulnerabilidad.

Para la promoción de esquemas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría tomará en cuenta la opinión de las Secretarías de la Función Pública y de Desarrollo Social.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Inegi. Boletín de Prensa número 285/16, 13 de julio de 2016. Recuperado de

http:www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/ especiales2016_07_02.pdf

2 Idem.

3 López, Natalia. (13 de agosto de 2016) Inclusión laboral, la reforma pendiente de México: Meade. El Universal. Recuperado de

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/ 13/inclusion-laboral-la-reforma-pendiente-en-mexico-meade.

4 Notimex (2017). México, entre los 5 países con menor desempleo de la OCDE. El Economista. Recuperado de

http://eleconomista.com.mx/economia-global/2017/01/16/ mexico-entre-5-paises-menor-desempleo-ocde.

5 Inegi. (5 de agosto de 2016) Estadísticas a Propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto). Recuperado de

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf

6 Inegi. (2015). Estadísticas a Propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre). Recuperado de

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidad0.pdf

7 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Reporte Anual. Es el estudio más grande de su tipo, se enfoca en dar panoramas sobre el desarrollo del emprendurismo en distintos países.

8 Ibídem.

9 Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, población de 15 años y más de edad. Cifras durante el Cuarto Trimestre de 2016. Recuperado de

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/.

10 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Objetivos del Desarrollo Sostenible. Recuperado de

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development- goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html

11 Organización Internacional del Trabajo (OIT) Pequeñas empresas. Recuperado de

http://ilo.org/global/topics/employment-promotion/small-enterprises/ lang—es/index.htm.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo de 2017.— Diputado Carlos Gutiérrez García(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Carlos Gutiérrez García. Túrnese a la Comisión de Competitividad, para dictamen.



REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola:Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a mis compañeras diputadas y compañeros diputados, a quienes nos siguen en el Canal del Congreso.

Acudo ante esta tribuna con la finalidad de presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados, misma que solicito a la Mesa Directiva sea insertada íntegra en el Diario de los Debates.

La intención de la iniciativa que pongo a consideración del pleno es con la finalidad de modificar el numeral 3 del artículo 25 de nuestro Reglamento. Lo anterior, en virtud de que a consideración de la suscrita excede los límites de la Constitución al ampliar a terceros el principio de inviolabilidad parlamentaria establecida en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior quedó de manifiesto en días pasados, cuando en esta honorable Cámara sirvió de trinchera para que un presunto delincuente se sustrajera de la ley, bajo el argumento que actualmente establece el numeral 3 del citado artículo, que prohíbe literalmente ejecutar algún mandato judicial en contra de cualquier persona al interior de nuestro recinto parlamentario.

Lo que implica que con sólo ingresar a la Cámara de Diputados se pone a salvo de la ley, cuestión que en un sistema democrático es inadmisible. Los diputados debemos velar por la honorabilidad de nuestra sede, de tal manera que el recinto de la Cámara de Diputados no sirva de guarida para presuntos delincuentes que se valen de la inviolabilidad del recinto para sustraerse de la justicia, lo que implica una grave afrenta con el principio de certeza y eficacia jurídica.

Además de que el Congreso no puede oponerse a un mandato judicial de las personas que no gozan de un fuero constitucional, por ello propongo la modificación en el sentido de que ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o administrativos sobre bienes destinados al servicio de la Cámara de Diputados ni sobre las personas o bienes de los diputados en el interior del recinto parlamentario.

Y cuando se tenga conocimiento que al interior del recinto legislativo se encuentre una persona sobre el que deba de ejecutarse una orden judicial, el o la presidenta de la Cámara será la que deberá permitir el acceso a la fuerza pública para la ejecución del mandato judicial, siempre que no se trate de un legislador en funciones, quedando el mando de la fuerza pública en el presidente de la Cámara de Diputados, con lo que queda a salvo la plena autonomía del Poder Legislativo. Es cuanto, señora presidenta. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del PES

Diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y 285 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

Del análisis al marco jurídico de la Cámara de Diputados se deduce que el numeral 3 del artículo 25 de Reglamento de la Cámara de Diputados excede los límites de la constitucionalidad al ampliar a terceros el principio de inviolabilidad, establecido en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo qué dicho precepto constitucional, establece que:

Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. (Lo resaltado es propio)

De la interpretación literal de dicho precepto constitucional, la inviolabilidad únicamente se refiere a diputados y senadores en el desempeño de sus funciones.

Lo anterior, en virtud que el citado numeral impide la ejecución de mandatos judiciales de cualquier autoridad en el recinto legislativo, ampliando con ello el fuero constitucional a terceros, violentando el artículo 61 constitucional, que únicamente concede la inviolabilidad a diputados y senadores.

Sirve de ilustración la siguiente tesis aislada:

Época: Novena Época

Registro: 162805

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXXIII, Febrero de 2011

Materia(s): Constitucional

Tesis: P. II/2011

Página: 6

Inviolabilidad parlamentaria. Las opiniones emitidas por los consejeros del Instituto Federal Electoral en el ejercicio de sus funciones pueden ser materia de juicio, pues dicha figura no se justifica en ellos.

Las razones que justifican la existencia de la inviolabilidad parlamentaria a favor de los legisladores, conforme al artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no pueden servir de base para justificar una inmunidad de esa índole a favor de otros servidores públicos Así, no existe impedimento jurídico alguno para que las opiniones emitidas por los consejeros del Instituto Federal Electoral en el desempeño de sus funciones sean materia de juicio, en el que se analicen aquéllas como hechos generadores de responsabilidad civil.

Amparo directo en revisión 27/2009. Manuel Bartlett Díaz. 22 de febrero de 2010. Mayoría de ocho votos; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas; votaron en contra: Sergio A. Valls Hernández y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa.

El Tribunal Pleno, el trece de enero en curso, aprobó, con el número II/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a trece de enero de dos mil once. (Lo resaltado es propio)

Por tanto, a consideración de la suscrita, debe reformarse tal precepto del Reglamento, de tal manera que cuando se tenga conocimiento de que al interior del recinto legislativo se encuentre una persona sobre el que deba ejecutarse una orden judicial, el presidente de la Cámara deberá permitir el acceso a la fuerza pública para la ejecución del mandato judicial, siempre que no se trate de un legislador en funciones.

Lo que desde luego no se traduce en una violación a la autonomía, toda vez que para tal caso, debe tener la autorización del presidente de la Mesa Directiva, siempre que dicho mandato judicial o administrativo no recaiga sobre los bienes al servicio de la Cámara, ni sobre las personas o bienes de los diputados, armonizando el Reglamento con lo que establece la Ley Orgánica del Congreso General en su artículo 13 que a la letra dice:

1. Ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o administrativos sobre los bienes nacionales destinados al servicio del Congreso o de sus Cámaras, ni sobre las personas o bienes de los diputados o senadores en el interior de los recintos parlamentarios.

De tal manera que el recinto de la Cámara de Diputados no sirva de guarida a presuntos delincuentes que se valen de la inviolabilidad del recinto para sustraerse a la justicia, lo que implica una grave afrenta contra el principio de certeza y eficacia jurídica, además de que el congreso no puede oponerse a un mandato judicial.

Máxime que la Cámara de Diputados es una de las cámaras que conforman el Congreso General, que, a su vez, es parte de uno de los tres poderes que en su conjunto forman al Estado mexicano; de ahí que la presente reforma garantizará el pleno ejercicio de la competencia de cada uno de estos (poderes), ya que desde luego, la división de poderes garantiza que el pueblo ejerza de manera eficaz la soberanía que de ella emana. (Artículo 40 constitucional) Por tanto, el pleno ejercicio de cada uno de estos (poderes) también implica que existan disposiciones que permitan el pleno ejercicio de sus atribuciones, y que estás, eviten que en determinados casos obstruyan o no permitan las funciones y competencias del otro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Único. Se reforma el numeral 3 del artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Para quedar como sigue:

Artículo 25.

1. ...

2. ...

3. Ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o administrativos sobre los bienes destinados al servicio de la Cámara de Diputados, ni sobre las personas o bienes de los diputados en el interior del recinto parlamentario.

Cuando se tenga conocimiento de que al interior del recinto legislativo se encuentre una persona sobre la que deba ejecutarse una orden judicial, el presidente de la Cámara deberá permitir el acceso a la fuerza pública para la ejecución del mandato judicial, siempre que no se trate de un legislador en funciones.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de abril de 2017.— Diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Garzón Canchola. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO



LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos para fundamentar el dictamen el diputado Arturo Álvarez Angli, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Arturo Álvarez Angli:Gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la plenaria. El dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que presentamos hoy para su discusión, evidencia un problema que de pronto pareciera que muy poco se ha discutido, que poco se ha hablada de él, y donde sabemos que muchas veces la verdad se oculta.

Y se oculta detrás de una imagen de la sonrisa de un delfín o, como muchos de nosotros, los que estamos aquí, crecimos viendo aquella emisión, aquel programa de Flipper, el delfín feliz, que la verdad —tenemos que decirlo— eso no existe. Esa sonrisa es muy probablemente un grito de ayuda de los delfines o una acción, un acto o reflejo de acciones condicionadas por los entrenadores de los mismos.

A la fecha existen alrededor de 397 mamíferos marinos bajo cuidado humano, de acuerdo al censo con el que se cuenta, del cual 81 por ciento se trata de delfines de diferentes especies. Estos se concentran en 35 hoy llamados delfinarios, que son finalmente instalaciones de diferentes características.

Su uso, su aprovechamiento, su explotación principalmente de los delfines, se concentra en tres actividades: el espectáculo, el nado con delfines y en el menor de los casos la terapia asistida con estos. Dichas actividades han resultado ser enormemente lucrativas, ya que, de acuerdo a los cálculos y los registros que los mismos empresarios han entregado, un solo delfín puede llegar a generar hasta 30 mil pesos por día. Pero para que logren esto, los delfines están condicionados a una serie de actividades, una serie de comportamientos que para nada tienen que ver con su comportamiento en vida silvestre, y que nada tiene que ver con el fin que los delfines tienen en nuestra naturaleza.

No falta, por supuesto, quienes aseguran que los mamíferos marinos, específicamente los delfines, son especies altamente adaptables y que además disfrutan de la interacción con los seres humanos, lo cual es por supuesto y por obvias razones sumamente debatible. Dicen incluso que para lograr esos trucos es verdaderamente fácil llegar a hacerlo con los delfines, y claro, seguramente lo es dada la inteligencia reconocida que tiene esta especie.

Lo que no se dice o lo que casi nunca se dice, es lo que se tiene que hacer para lograr que los delfines lleven a cabo estos actos circenses o lleven a cabo esta interacción, y sin tratar de satanizar a nadie ni tratar de culpar a nadie, por lo menos lo mínimo que se hace es condicionar y racionar el alimento, para que de manera reiterada puedan llevar a cabo los trucos o las suertes o las gracias que los vemos hacer en muchos lados.

Eso por supuesto que no significa que sea una condición de bienestar para el animal, al contrario, reconocer la inteligencia que tiene el delfín principalmente, nos hace tener que reconocer que es justamente esa condición de especie sumamente inteligente y con un gran desarrollo cerebral, lo que los hace, junto con los primates mayores o superiores, como somos nosotros los seres humanos, las únicas especies capaces de ser conscientes de sí mismo.

Es decir, es un animal consciente de su existencia y de que es un individuo que existe y que socializa en familias cuando están en vida silvestre. Esa es una realidad reconocida y aceptada científicamente. Además —hay que decirlo— de lo que están conscientes es que se encuentran en cautiverio, se encuentran en prisión.

Desde el 2002 está prohibida la captura de los delfines en vida silvestre y de los mamíferos marinos. Sin embargo, a esto los empresarios o quienes han aprendido a lucrar con esta actividad, le han dado la vuelta logrando su reproducción, dicen ellos exitosa, pero poco tiene que ver esta reproducción exitosa con los fines de repoblación o con los fines de repoblación de la especie, esto tiene que ver con garantizar por muchos años más la actividad a la que se dedican y con la cual lucran.

Pero esta reproducción en cautiverio es lo más similar que pudiéramos encontrar a un problema social que tenemos y que hoy reconocemos como países, que es el nacimiento de los niños en prisión, cuando sus madres son criminales. Pero en este caso el delfín, o la hembra del delfín ni siquiera cometió ningún delito y, sin embargo, está condenando a sus crías a que nazcan en cautiverio y vivan toda su vida en cautiverio, función para la que por supuesto no fueron puestos en este planeta.

Seré breve simplemente al decir que es una obligación de nosotros, como seres humanos, si queremos reconocernos o queremos ser aceptados como la especie superior, el buscar cualquier medida que sea necesaria para generar conciencia en la sociedad y respecto a la necesidad de respetar a todas las manifestaciones de vida existentes en el planeta.

Es inaceptable que un ser humano se divierta a costa del sufrimiento animal, que además busquemos que hoy conserve el cautiverio y sabemos además que de no hacerlo, por eso esta medida, esta iniciativa se presenta con enorme responsabilidad. Hay expresiones, hay quienes argumentan que deberían ser liberados inmediatamente; sin embargo, eso es prácticamente imposible, ya que en el mejor de los casos llevan 15 años bajo cuidado humano y serían incapaces de sobrevivir un solo día en libertad, ya que ni siquiera se encuentran acostumbrados a buscar y a conseguir alimento por medios propios.

Sin embargo, rápidamente les diré, muchos de los mitos que se han esgrimido con respecto a la discusión del presente tema:

Que se van a morir los delfines. La medida establece y considera justamente las condiciones para que, desafortunadamente, puedan seguir en las condiciones en las que se encuentran actualmente, evitando que nuevas generaciones padezcan de la misma situación.

Que se atenta contra el turismo y contra empleos. Es de verdad prácticamente imposible demostrar que existe esa afectación, ya que la actividad no se está prohibiendo a partir de que entra en vigor esta medida.

Esto continuará hasta que se agote esta generación, lo cual dará el tiempo suficiente de transitar o de cambiar de actividad económica. Y además, encuestas marcan que es verdaderamente insignificante la cantidad de turismo que se mueve con la motivación de este tipo de espectáculos.

También se expresa que seremos responsables de que se sature de hormonas a las hembras de estas especies, la realidad es que actualmente se ha estado haciendo uso, sin ningún tipo de regulación, de hormonas para controlar y para obligar a ovular a las hembras de estas especies, con intereses de otro tipo.

Y finalmente, se dice que se está condenando a la extinción a las especies: lo único que estamos protegiendo es la reproducción con fines de explotación. Tiempo es el que tienen estos delfines, muchos años en cautiverio y en prisión, décadas que llevan de ser explotados solamente con la intención de satisfacer las necesidades lúdicas de algunos seres humanos.

Hay que acabar con eso y hay que buscar la preservación de las especies. Tiempo es lo que ya no tenemos que seguir esperando para acabar con este tipo de prácticas ridículas que nos hacen simplemente ser bárbaros.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Concluya, diputado.

El diputado Arturo Álvarez Angli: Gracias, diputada, es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Álvarez Angli.

Saludamos, con mucho gusto, a los niños del Centro de Atención al Talento, que están en este salón de plenos, invitados por el diputado Alfredo Bejos Nicolás. Sean ustedes bienvenidos.

Informo a la asamblea que se han presentado dos mociones suspensivas. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar moción suspensiva.

El diputado Jorge Triana Tena:Con su permiso, diputada presidenta. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional solicita que se suspenda la discusión del presente proyecto por considerar que existen las siguientes razones de forma y de fondo para aplazar el debate y su eventual aprobación. Señoras y señores, lo resumimos de esta forma; tal vez sí, pero así no.

Primera razón. Este dictamen incumple disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados porque no se da a conocer a la Mesa Directiva ni a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en tiempo y forma sobre el mismo.

Se quiso dar una suerte de albazo legislativo para que no tuviéramos oportunidad de informarnos a precisión de lo que se está votando, y no es un tema menor.

Ciertos estamos que hay una tendencia internacional para que no se mantengan en cautiverio los mamíferos marinos: delfines, manatíes, lobos marinos, cetáceos en general.

Ciertos también estamos que si lo que se busca es preservar esta especie, hablo en concreto, por ejemplo, de los manatíes que están en peligro de extinción, no podemos prohibir su reproducción. Esto es una contradicción hasta natural, compañeras y compañeros diputados.

Y esto no se nos dio a conocer con oportunidad, por lo tanto, no tuvimos la información con precisión en el momento. No nos estamos oponiendo de plano, lo que queremos es tiempo para poderlo analizar porque no fue socializado de manera adecuada.

Punto número dos. Este dictamen carece de consideraciones y valoraciones objetivas sobre la iniciativa presentada desde un inicio. Se reitera casi toda la exposición de motivos de la misma y se obvia la fracción VII del artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados sobre el proceso de análisis que debe contener y no señala las actividades realizadas que seguramente se llevaron a cabo como foros, entrevistas, reuniones de trabajo con especialistas del ramo turístico, con especialistas de, por supuesto, temas ambientales y especialistas en la preservación de estos mamíferos de los que estamos hablando.

No hay las memorias de estos foros. No conocemos los pros y no conocemos los contras. Por alguna razón tienen mucha prisa para aprobar este dictamen que no fue socializado con oportunidad.

Señoras y señores, ¿cuál es la prisa? Sabemos que la prisa es ayudar a estos animales, que ya no estén en cautiverio, ¿por qué legislar al vapor? ¿Por qué legislar sin información?

Quiero comentarles que el gobierno federal tiene la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, la Profepa. Tiene delegaciones en las 32 entidades de la república, tiene infraestructura, recursos millonarios para poder operar.

Tenemos escasamente alrededor de 30 delfinarios en este país. Caray, ¿la Profepa no puede verificar 30 delfinarios? ¿La Profepa no tiene los recursos materiales, humanos y financieros para llevar a cabo su trabajo como para que de plano tengamos que cercenar esta rama, que además genera —por ahí quien expuso y fundamentó el dictamen decía que era mínima la cantidad de empleos que generaba y la derrama económica— 2.2 millones de visitantes anuales a los delfinarios mexicanos? Cerca de 15 mil empleos.

Creo que son temas que no podemos tomar a la ligera y creo que son temas que debemos ver con precisión. Aquí hacemos un llamado a la prudencia, a la seriedad de nuestro trabajo, a llevar a cabo nuestro trabajo de manera vertical y puntual, a no legislar simplemente por una coyuntura de momento, a no legislar sobre temas evidentemente electorales y que tienen que ver con una intención de construir una agenda para cacarearla más adelante.

Hacemos un llamado a la seriedad de nuestro trabajo legislativo. Sí, señores, no estamos dando un no de plano. Lo que decimos es posiblemente sí, pero así no. Sí, por ahí gritaron: tiempo. Tiempo es lo que necesitamos para analizar esta iniciativa y tomar una decisión seria sobre el sentido de nuestro voto.

Tiempo, señoras y señores, tiempo que no se nos dio. Tiempo que exigimos y por eso también pedimos en este momento que venga esta moción suspensiva para analizarlo con precisión y no legislar al vapor. Es cuanto, diputada. Muchas gracias.

«Moción suspensiva que presenta el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre.

Con fundamento en lo dispuesto por artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, presenta moción suspensiva, sobre el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, bajo las siguientes

Consideraciones

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional solicita que se suspenda la discusión del presente dictamen por considerar que existen las siguientes razones de forma y de fondo para aplazar el debate y su eventual aprobación.

Primero. El dictamen incumplió diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. No se dio a conocer a la Mesa Directiva ni a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en tiempo y forma; se quiso dar un albazo para que no tuviéramos oportunidad de informarnos y realizar un análisis con mayor profundidad para cumplir con nuestra función legislativa de manera responsable.

Segundo.El dictamen carece de consideraciones y una valoración objetiva de la iniciativa, reitera casi la exposición de motivos de la misma, al obviar la fracción VII del artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados sobre el proceso de análisis que debe contener. No señala las actividades realizadas como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, a fin de tener mayores elementos para lograr un mejor producto legislativo. Lo que originó que diversas organizaciones, activistas, empresarios y expertos en el tema buscarán otros mecanismos para externar sus puntos de vista con la expectativa de corregir diversas disposiciones con las que no están ni estamos de acuerdo.

Tercero.El dictamen no incluye una valoración de impacto presupuestal, contraviniendo lo establecido en la fracción VIII del artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Cuarto.El dictamen busca incluir adendas de último momento, dada la premura con la que quieren dictaminar en el Pleno, para que en minutos analicemos lo que no se hizo en un trabajo serio y con tiempo suficiente por parte de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales desde que se presentó la iniciativa en comento.

Quinto.Derivado de un mal proceso de dictaminación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la redacción del proyecto de decreto está en plena contradicción entre el espíritu y el contenido de la Ley General de Vida Silvestre, la cual promueve la conservación y el aprovechamiento a través del manejo sustentable de los recursos naturales.

Sexto.El dictamen incurre en diversos yerros que implican atentar contra el bienestar animal de los mamíferos marinos que actualmente se encuentran en confinamiento, atentando contra la reproducción y comportamiento natural y social, desconociendo que la mayor parte de estas especies están bien protegidas y cumpliendo criterios nacionales e internacionales en cuanto a la conservación, protección, aprovechamiento y bienestar animal.

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Único.Se devuelve el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, con objeto de que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cumpla con las disposiciones que establece el Reglamento de la Cámara de Diputados y se cuente con el tiempo necesario para el análisis, reelaboración, discusión y votación de este dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de abril de 2017.— Diputado Jorge Triana Tena (rúbrica), Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Triana Tena.

Saludamos la presencia de alumnos de la Universidad de Michoacán, invitados por el diputado Justo Federico Escobedo Miramontes. Así como de alumnos de la licenciatura en derecho de la Universidad del Valle de México, Campus Tampico, invitados por el diputado Esdras Romero Vega.

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul del diputado Vidal Llerenas.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Gracias, presidenta. Solo para solicitarle que, dada la importancia del tema, la votación de esta moción suspensiva que presenta el Partido de Acción Nacional, sea nominal. Muchas gracias, esa es mi petición. Gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, para presentar moción suspensiva, el diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz:Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos los diputados. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentamos moción suspensiva al dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre en materia de mamíferos marinos.

Miren, si realmente nos interesa el cuidado animal, si realmente estamos preocupados del bienestar animal, si realmente buscamos que las condiciones de los mamíferos, de los cetáceos de diversas especies sea prioridad, debemos de entender que son seres vivos. Debemos de entender también, que hay corresponsabilidad en el tema del cuidado, es decir, no puedes dejar toda la parte a un solo sector y también dejar a otro de lado.

Consideramos que se necesita hacer un análisis de fondo, derivado de los estudios de salud, porque es muy importante entender que miles de familias dependen de terapias alternativas en mecanismos, por ejemplo, de síndrome de Down o por ejemplo de autismo. También es necesario entender que lo que estamos procurando es el bienestar de otro ser vivo, lo que estamos procurando también es el bienestar de las familias, lo que estamos generando también es el trabajo de poder tener condiciones adecuadas para todas y para todos los seres vivos.

No me queda más que hacer una reflexión e invitarlos al análisis derivado, de que si nosotros estamos garantizando los derechos humanos en la Constitución y estamos también garantizando el cuidado animal y el bienestar de las diversas especies de nuestro país, pues tenemos que hacerlo bajo las mejores condiciones y bajo condiciones que permitan el trabajo coordinado entre todas y entre todos los mexicanos, y sobre todo no afectar a miles de familias mexicanas. Muchas gracias, presidenta.

«Moción suspensiva al dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos.

El suscrito diputado Omar Ortega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 114 y 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente moción suspensiva al dictamen de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos.

Exposición de motivos

Las razones por las que en la actualidad se mantiene a ciertas especies marinas en cautiverio, van más allá de la diversión y la recreación familiar, los avances médicos, terapéuticos y de investigación científica, así como la conservación de las especies son el eje central de esta práctica.

Es innegable que existen empresas dedicadas al entretenimiento con especies marinas, en las que los animales mantienen un vínculo muy estresante con los seres humanos, a este respecto es necesario una incansable labor de concientización sin afectar los avances de los que ya hemos comentado.

El dictamen en comento presenta una serie de deficiencias en perjuicio de los mamíferos marinos que se pretende defender, al ser una reforma escueta que no especifica el destino que sufrirán los cientos de especies que se encuentran en peligro de extinción, ya sea por depredación o por su imposibilidad de reproducción.

Cabe resaltar que durante el proceso de dictaminación, la Comisión Dictaminadora, omitió realizar los foros y consultas con expertos e instituciones académicas, manifestando consideraciones sin fundamento, en las que refiere terapias con delfines y otras especies marinas, que siendo beneficiosas para la salud, establece que pueden ser sustituidas por otro tipo de acciones sin argumentar de manera científica los métodos que pudieran sustituir a estas terapias.

Como antecedente, en la anterior legislatura el mismo partido promovente, inició una campaña de “circos sin animales”, que derivó en una modificación legal que prohibió la utilización de animales en circos, mismos que quedaron a la deriva sin poder contar con los elementos necesarios para su sobrevivencia y así tenemos la muerte de cientos de ellos, por lo que no basta con tener la mejor voluntad de beneficiar a la fauna marina, pues esa mejor voluntad traducida en votos sólo puede perseguir la posible muerte de los mismos seres que buscamos proteger.

El objetivo final de la Ley General de Vida Silvestre debe ser el cambio de comportamiento y la actitud apática que los seres humanos tienen hacia el medio ambiente así como fomentar las actividades de investigación y conservación, no así las soluciones mediáticas que a mediano y largo plazo afecten seres que merecen ser protegidos y no puestos en peligro de perder la vida.

Sin otro particular, es cuanto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017.— Diputados: Omar Ortega Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Juan Fernando Rubio Quiroz...

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Juan Fernando Rubio Quiroz. Sonido en la curul de la diputada Verónica Delgadillo.

La diputada Verónica Delgadillo García(desde la curul): Gracias, diputada presidenta. En el mismo sentido que lo hizo saber mi compañero...

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: No se oye, diputada.

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. En el mismo sentido que lo hizo saber mi compañero, el diputado Vidal Llerenas, solicitar que la votación de estas mociones suspensivas se hagan a través del tablero; que sean votaciones nominales, por favor.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputada, en términos del Reglamento, procede la votación económica. En caso de duda, no dudaremos en abrir el tablero. Consulte la Secretaría a la asamblea si se toma en consideración...

La diputada Kathia María Bolio Pinelo(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul de la diputada Kathia Bolio.

La diputada Kathia María Bolio Pinelo (desde la curul): Muy buenas tardes. Solamente quiero agregar a las mociones suspensivas ya presentadas, sugerirles a los compañeros diputados del Partido Verde Ecologista que si alguno de ellos ha tenido la necesidad de tener a un hijo, a un sobrino, a un nieto en delfinoterapia o equinoterapia.

Yo los invito mejor a legislar, o que el dictamen contenga políticas públicas para que el gobierno federal pueda subsidiar el tratamiento que tanto bien les hace a los niños con alguna discapacidad intelectual o física.

Pónganse en el lugar de los que somos padres de hijos con discapacidad. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias. Sonido en la curul del diputado Sesma.

El diputado Jesús Sesma Suárez(desde la curul): Solo para poder explicar a quienes no pudieron leer el dictamen —que estuvo siete meses— que ese tipo de terapias seguirán para aquellas personas que tienen hijos con discapacidad o que lo requieran. Es cuanto y nos esperamos al debate aquí en tribuna. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se toman en consideración inmediatamente para su discusión las mociones suspensivas.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se abre el tablero para votación por tablero electrónico, hasta por tres minutos...

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos, para su consulta.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputada presidenta, se informa que se emitieron 178 votos a favor, 0 abstenciones...

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Secretario, tome los votos fuera del tablero.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Vamos a tomar los votos de viva voz.

La diputada Lluvia Flores Sonduk (desde la curul): A favor.

La diputada Yarith Tannos Cruz (desde la curul): En contra.

La diputada Modesta Fuentes Alonso (desde la curul): A favor.

La diputada Mariana Benítez Tiburcio (desde la curul): En contra.

El diputado Luis Manuel Hernández León (desde la curul): En contra.

El diputado Gabriel Casillas Zanatta (desde la curul): En contra.

La diputada Alma Lilia Luna Munguía (desde la curul): En contra.

La diputada Claudia Sofía Corichi García (desde la curul): A favor.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues (desde la curul): A favor.

El diputado Felipe Reyes Álvarez (desde la curul): A favor.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (desde la curul): En contra.

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (desde la curul): En contra.

La diputada María Soledad Sandoval Martínez(desde la curul): En contra.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se han atendido las expresiones de todos. De viva voz:

El diputado José Antonio Estefan Garfias (desde la curul): A favor.

El diputado Hernán de Jesús Orantes López (desde la curul): En contra, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputada Brenda Borunda cambia el sentido de su voto. ¿Cuál es el sentido?

La diputada Brenda Borunda Espinoza (desde la curul): En contra

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputado Ariel Juárez, ¿cuál es el sentido de su voto?

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Es a favor, pero lo que quiero mencionar es que —Cálmense, con calma, no se pongan nerviosos—. Presidenta, en un hecho...

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Después entramos a razonamientos, diputado.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez(desde la curul): Okey. Le pido la palabra entonces.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Si me lo permite.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Sí, está bien.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Y continúa levantando si alguien más quiere votar. ¿Alguien falta por expresar el sentido de su voto? Diputado Samuel Chacón.

El diputado Samuel Alexis Chacón Morales(desde la curul): Rectificación del voto. En contra.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: En contra.

El diputado Samuel Alexis Chacón Morales (desde la curul): Así es.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Haga favor, secretario, de dar información del cómputo.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Diputada presidenta, se informa que se emitieron...

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Continúe, secretario.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: 181 votos a favor y 196 en contra.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se desecha la moción suspensiva.

Continuamos con la fijación de posturas. Ya llegará el momento procesal de votar nuevamente. Para fijar la postura del Partido Nueva Alianza tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Francisco Javier Pinto Torres. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? —Sí, pero lo están solicitando un grupo—. ¿Quién solicita uso de la palabra? La diputada Verónica Delgadillo.

La diputada Verónica Delgadillo García(desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Me gustaría que pusiéramos atención al uso faccioso que hizo el secretario de la Mesa Directiva. Quisiera, a ver, ¿por qué es tan importante lo que acaba de suceder? Hablo en los mismos términos, yo soy Secretaria de la Mesa Directiva y tenemos el compromiso de participar de manera imparcial, bajo ninguna circunstancia hacer uso faccioso de nuestras facultades en la Mesa.

Si yo hubiera levantado la votación que se acaba de emitir, era una evidente mayoría a favor de la moción suspensiva. ¿Qué pasó? Y quiero que conste. Lo que hizo él es dar tiempo para que diputados de su partido y de otros partidos, pudieran llegar al recinto y así romper la votación que ya habíamos ganado los diputados que estábamos a favor de esa moción suspensiva.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputada, toda vez que la votación fue cerrada se abrió el tablero electrónico, con el resultado que ya se comentó. Sonido, por favor, en la curul de la diputada Ariadna Montiel.

La diputada Ariadna Montiel Reyes(desde la curul): Gracias. Presidenta, hacerle un llamado, que ya lo había hecho el diputado Jesús Valencia, que durante la sesión hemos tenido aquí en el pleno a un grupo de cabilderas, todas ellas mujeres, incitando, presionándonos, intentando presionarnos, y el colmo del descaro es que en el momento de recoger la votación del diputado Rodrigo Abdala, de viva voz, se acercaron tres de ellas a presionarlo.

Evidentemente nosotros no vamos a caer en esas cosas, pero nos parece muy lamentable que la Presidencia de la Mesa Directiva, con el respeto que nos merece, no mantenga el orden en el pleno. A veces a nuestros asesores les es imposible entrar al pleno. ¿Quién y de qué manera le ha dado acceso a cabilderos aquí en el pleno, a venir a presionar a los diputados?

Que no se les olvide a quienes han dado ese acceso a esa gente al pleno, que no tenemos solamente el día de hoy esa circunstancia, sino de días atrás. Que no se les olvide que nosotros representamos al pueblo y esa gente que se nos acerca aquí a querernos presionar, evidentemente trae un interés a defender.

No nos hagamos, todos aquí nos estamos dando cuenta que esta presión por este dictamen es derivado de un interés de un sector, por un negocio de alguien.

Quienes hemos dado la lucha en la defensa y protección animal, lo hacemos de manera honesta, y aquí lo que estamos viendo es eso.

¿Cuándo habíamos visto a los cabilderos, a las cabilderas, estar aquí en el pleno? Por lo cual le pedimos, presidenta, de manera respetuosa la fracción de Morena, que se retiren todas esas personas que no tienen que ver en el pleno, los diputados y los asesores y la gente que tiene que estar aquí adentro. Gracias de antemano.

El diputado Jorge Triana Tena(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul del diputado Jorge Triana.

El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Gracias presidenta. En uso de sus atribuciones para dirigir los trabajos de esta asamblea, diputada presidenta, me permito solicitarle de manera formal que se abra de nueva cuenta el tablero electrónico por un minuto, para poderle dar certeza al resultado de la votación, le voy a decir por qué, diputada presidenta.

1. Hubo una cantidad importante de legisladoras y legisladores que cambiaron el sentido de su voto, gracias al impasse de tiempo que el diputado secretario dio después de cantado ya el resultado.

2. A decir de varios de los legisladores, al momento en que se llevó a cabo la votación económica hubo evidente, clara y buena mayoría a favor de la moción suspensiva, y con el tiempo que se dio dolosamente, pues pudieron regresar algunos legisladores que no se encontraban presentes.

Por otro lado, y con esto concluyo, y se los comento a los proponentes de esta iniciativa, ¿qué otra prueba necesitan para saber que no hay consenso con esta iniciativa? ¿Qué otra prueba necesitan para poder convencerse de que no hubo los tiempos suficientes para la socialización de la misma? ¿Qué otra prueba necesitan para enterarse de que aquí habrá una aprobación mecánica, aplastante e irreflexiva de una mayoría que no escucha al resto de sus compañeros? Gracias, diputada.

El diputado Jesús Sesma Suárez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul del diputado Sesma.

El diputado Jesús Sesma Suárez (desde la curul): Presidenta, solamente para solicitarle que diéramos trámite y pedirle a todos aquí presentes, que hagamos de altura un debate.

Por supuesto que cuando fue la votación de manera económica las dos expresiones, que estamos a favor y que estamos en contra, fue tan cerrada que se abrió el sistema. No fue a petición de nosotros, no fue a petición de nuestros aliados del PRI, sino fue a petición de las fuerzas que están en los extremos.

Lo único que le pido es poder seguir, ponernos en una madurez de un debate político y que le demos curso al debate. Muchísimas gracias.

El diputado José Antonio Estefan Garfias(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul del diputado José Antonio Estefan Garfias.

El diputado José Antonio Estefan Garfias (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Mire usted, esta Cámara de Diputados siempre se ha distinguido por llevar un debate de calidad, un debate serio, muchas veces, desde luego, sesgado por las situaciones que implica la argumentación política.

Yo he sido dos veces diputado y esta es la primera vez en mi vida que veo que hay algo similar a lo que sería un fraude electoral y le voy a poner un ejemplo. En el tablero decía, 178 a favor. Voté yo de voz, Felipe Reyes, diputado de mi fracción, de voz, la diputada Lluvia de voz y la diputada Corichi de voz, y dijeron, Abdala, y cuenta 181, o no sabe matemáticas o ya lo sobornaron, ¿qué pasa? Pido que se abra el tablero, por favor, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Voy a pedir a la Secretaría la contabilidad de estos votos para revisarlos. Voy a seguir dando el uso de la voz, para que se expresen.

El diputado Adán Pérez Utrera(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra el diputado Adán Pérez Utrera.

El diputado Adán Pérez Utrera (desde la curul): Presidenta, sólo para confirmar lo expresado por nuestra compañera diputada de Morena. Yo personalmente recibí a una joven que, de manera muy coqueta, me vino a solicitar que cambiara yo el sentido de mi voto y no es diputada, nunca la hemos visto aquí. Es inadmisible que se permitan estas prácticas en este recinto. Gracias.

La diputada Mariana Arámbula Meléndez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul de la diputada Mariana Arámbula.

La diputada Mariana Arámbula Meléndez (desde la curul): Gracias, presidenta. Nos parece indignante que hablen de respeto. ¿Respeto? Cuál es el concepto de respecto cuando utilizan como carnada a una mujer.

Están queriendo defender a los animales y utilizan a una mujer como carnada para una votación. Señores, hablemos de respeto, de elegancia y de un nivel de altura como legisladores. Invito a que se abra otra vez el tablero. Muchas gracias.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul de la diputada Martha Tamayo.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales (desde la curul): Presidenta, solo para hacer también un comentario en relación al cómputo que va a realizar. Recuerde que las cuentas que hace el diputado Estefan Garfías no puede ser tal cual él la presenta porque hubo varias rectificaciones de voto que dan el total que usted cantó.

La diputada Sofía González Torres(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul de la diputada Sofía González.

La diputada Sofía González Torres (desde la curul): Presidenta, primero que nada yo quiero pedir respeto, respeto a las mujeres que trabajamos en esta Cámara de Diputados. No puede ningún hombre, ninguna persona venir a esta Cámara de Diputados y hablar así, como habló de una persona que trabaja dentro del Partido Verde Ecologista o dentro de cualquier partido. Respeto. Primero que nada respeto.

La siguiente, presidenta. El artículo 122 del Reglamento dice que al término de las exposiciones la Secretaría preguntará al pleno, en votación económica, si la moción se toma en consideración de manera inmediata. Esto no da pie a seguir en el debate. No tengan miedo a debatir, para eso estamos aquí. Los invito a todos a seguir debatiendo, pero debatiendo conforme al Reglamento. Muchas gracias.

El diputado Omar Ortega Álvarez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul del diputado Omar Ortega.

El diputado Omar Ortega Álvarez (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Solamente sumarme a la solicitud que hace el compañero Triana. Creo que es importante darle certeza a este pleno y a todos los diputados. Es evidente que el secretario, de manera facciosa, trató de diferenciar el voto y favorecer a un sentido.

Bien valdría la pena, presidenta, que en su carácter, pudiera poner nuevamente a votación. Abrir el tablero por lo menos tres minutos y que se pueda constatar, en su caso, el sentido de la votación.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se está revisando, diputado Ortega, la versión estenográfica para poder conciliar estos números.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Sonido en la curul del diputado Jesús Zambrano.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde la curul): Gracias. Gracias, presidenta. La situación que lamentablemente se ha dado en estos últimos minutos, con dudas evidentes sobre el resultado del cómputo acerca de la moción suspensiva que se ha planteado, las mociones suspensivas, y lo cerrado de la votación, cualquiera que sea el resultado final —que ya de suyo está en duda—, debiera la prudencia aconsejar a quienes insisten en discutir un dictamen con estas características, con contenidos que no han sido suficientemente abordados en el seno mismo de la comisión y que finalmente debiera plantearse la conveniencia de que el dictamen se regrese a comisiones, a la comisión respectiva. Que pueda ser revisado, que se escuchen todas las voces que debieran escucharse, todos los puntos de vista y luego traerse en un asunto tan delicado que ha tensado a esta Cámara de Diputados.

Quiero manifestar, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, que al estar esta situación con estas características, nosotros preferimos retirarnos del pleno e invitamos a quienes estén también en una situación similar, que lo hagamos juntos. No podemos seguir trabajando en esta situación.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra el diputado Marko Cortés.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (desde la curul): Muchas gracias presidenta. Queridas compañeras y compañeros legisladores, Acción Nacional y otros partidos políticos le hemos dicho al pueblo de México que no ha habido el tiempo suficiente para analizar esta propuesta. Hemos pedido que el tema pueda ventilarse en foros, en discusiones, para tomar la mejor decisión en la materia.

Acción Nacional propuso una moción suspensiva, de la cual tenemos serias y fundadas dudas del resultado y cómputo de la misma, por lo tanto, presidenta, le anuncio a usted y a los demás compañeros diputados, que la fracción de Acción Nacional por el procedimiento forzado, presionado para que esto salga, abandonaría la sesión buscando que este tema se trate a la brevedad.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se escucha su moción y se decreta un receso por 15 minutos...

El diputado Jesús Sesma Suárez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se da el uso de la palabra, al diputado Sesma y al diputado Camacho. Se decreta un receso por 15 minutos, después de las intervenciones, para platicar con los coordinadores de los grupos parlamentarios.

El diputado Jesús Sesma Suárez (desde la curul): Mire, presidenta, usted sabe que le tengo un gran aprecio y ha hecho un gran trabajo en la Mesa Directiva, sin embargo tenemos que decir que esto se ha llevado a una continuación de descalificaciones por parte de mis compañeros que no tienen ningún sustento.

Primero, primero, el dictamen que se está considerando para poderlo debatir estuvo más de siete meses en comisión, si eso no es tiempo suficiente para mis compañeros, no sé cuánto tiempo es suficiente. Yo podría entender que no estuvieran a favor y que están del lado de la industria de los delfinarios, eso lo podría entender.

Sin embargo, sin embargo, tampoco podemos permitir, y esto lo digo porque el día de mañana puede ser cualquier otro secretario de la Mesa Directiva, que se le diga a un secretario que de manera facciosa y hasta se habló de sobornos, que tendría que comprobar el diputado que lo mencionó, hasta sobornos, por parte de lo que dijo en su momento. Y cuando se vio una votación muy similar, se abrió el sistema y fue muy clara y contundente la mayoría que estábamos en contra.

Yo solamente les pido a mis compañeros, respeto entre nosotros, debate entre nosotros. No tenemos que tener coincidencia. Respeto, debate y altura en el Congreso, que para eso estamos aquí.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido por favor en la curul del diputado Camacho.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz(desde la curul): Gracias, presidenta. Congruentes con nuestra vocación institucional, nosotros creemos en la Mesa Directiva; en toda la Mesa Directiva, independientemente del origen partidario de quienes la integran.

Advierto que dada la duda sobre el resultado de la votación económica, se abrió el sistema electrónico. Estamos sometidos a cualquier escrutinio, solo pedimos certeza jurídica que es ineludible en un proceso legislativo que queremos que sea pulcro. De modo que la votación de las mociones suspensiva ha concluido y, por lo tanto, han sido rechazadas.

Quisiéramos, no obstante que respetamos el punto de vista de otros, continuar con la sesión y, la discusión que se demanda, darla en el pleno de cara a la comunidad y que cada quien, individual o partidariamente considerado, se haga cargo de sus afirmaciones y las consecuencias que traigan.

Si algunos deciden —decisión respetable— dejar el pleno, parece entonces contradecirse con su propósito de discutir. A eso venimos, discutamos, y que gane, en buena lid, no solo el que tenga votos, el que tenga argumentos.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul del diputado Ariel Juárez... Del diputado Virgilio Caballero.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza(desde la curul): Presidenta, vaya turbiedad de sesión en la Cámara de Diputados. Verdaderamente es una vergüenza lo que ha pasado aquí. Nos retiramos también el Grupo de Morena del pleno.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Sonido en la curul del diputado ¿Álvarez Maynez? Clemente Castañeda, perdón.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich(desde la curul): Muchas gracias, presidenta. En primer término, para solicitarle de manera muy respetuosa, reconvenga usted al secretario de la Mesa Directiva por la manera en la que se ha conducido en esta sesión. Por ello, y reiterando el respeto que le tenemos a la Presidencia y a la Mesa Directiva, y por no encontrar las condiciones adecuadas, también anunciamos nosotros que nos retiramos respetuosamente de este recinto legislativo. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Se había decretado un receso; dado que no están los coordinadores de los grupos parlamentarios, continuamos con la sesión, y en su momento se verificará quórum. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario...

El diputado Jorge Álvarez Maynez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El diputado Álvarez Maynez tiene el uso de la palabra.

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): El Reglamento es muy claro: para que la sesión continúe con sus trabajos tiene que haber quórum legal para sesionar. Yo le solicito en apego al Reglamento y a la Ley Orgánica, que verifique si existe quórum en este pleno para continuar con los trabajos de la sesión; no es solamente para votar, se necesita quórum también para que la sesión continúe con sus trabajos.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Pido al secretario o a la secretaria dé lectura al artículo 46 del Reglamento. El quórum se verifica al momento de la votación.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Artículo 46, numeral 2: Durante la sesión el quórum sólo se verificará mediante las votaciones nominales. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para presentar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra por cinco minutos, el diputado Francisco Javier Pinto Torres.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres (desde la curul): Declino, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Declina su intervención. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, estaba registrado el diputado René Cervera García. ¿Está presente? Quien no se encuentra en el salón.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra la diputada María Chávez García. Quien tampoco se encuentra en el salón.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Sesma.

El diputado Jesús Sesma Suárez:Compañeros diputados aquí presentes, presidenta de la Mesa Directiva, miembros de la Mesa Directiva, es una pena que quienes no están de acuerdo en un dictamen, hagan ausencia de este pleno para debatir la pérdida de su voto. Es una pena, pero bueno, también hay cosas buenas y me siento como en casa hoy, hablando aquí frente a ustedes.

El tema que hoy nos toca y que subimos como dictamen tiene que ver realmente con qué queremos como futuro en nuestro país. Los delfinarios en nuestro país tienen 396 mamíferos marinos de los cuales el 80 por ciento son delfines; delfines que en su mayoría, o los delfinarios en su mayoría se encuentran en el estado de Quintana Roo.

Es una industria muy poderosa de 130 millones de dólares, que no está una cuestión tan fácil y lo hemos visto ahorita con el retiro de nuestras compañeras y compañeros diputados que están haciendo un cabildeo y que están en todo su derecho. Sin embargo, el espíritu de este dictamen es entender el valor de los seres vivos no humanos que tenemos en este planeta, es entender que no hay ninguna justificación para alegrarnos de ir a estos espectáculos y ver a un delfín que ha sido adiestrado de manera brutal, y que no tiene el potencial que la naturaleza le da para poder convivir y vivir. Es decir, un delfín nada entre 100 kilómetros diarios, aproximadamente, lo cual prácticamente hace dos kilómetros en un estanque.

No podemos pretender tener estos delfinarios, que realmente hay una manipulación en hormonas para que las hembras puedan ovular y que puedan tener sus crías en época de no huracanes. Es importante, es importante entender que como seres humanos racionales que somos, tenemos que elevar nuestro carácter para ver cómo podemos divertirnos.

Por supuesto que también somos sensatos en cuestiones de empleo. Por supuesto que también somos sensatos en cuestiones de las familias que dependen de estos trabajos.

¿Qué fue lo que propusimos? La última generación. La última generación quiere decir que se podrán mantener estos delfinarios de la manera que están abriendo, la NOM para poder ser un poquito más escrupulosos en el manejo y que sean realmente con una actividad de protección hacia los animales, pero que no se pueda hacer la reproducción, que no se puedan reproducir.

Como no se pueden reproducir, porque hay muchos mitos: se les va a inyectar hormonas, van a sufrir. Hay varias técnicas, que esto por supuesto tendría que estar en la NOM, sin embargo les pudiera decir que existe desde la vasectomía a los machos para que no tengan afectaciones hormonales las hembras.

Y con esto podemos garantizar, primero, que no se vayan extinguir de la noche a la mañana los trabajos de estas personas y de estas familias que viven de esta industria; y, sobre todo, el paso paulatino, que estamos hablando entre 20 y 25 años que seguiríamos viendo estos delfinarios, pero con una visión muy respetuosa de entender que lo que queremos en esta naturaleza es respetar el hábitat de estos animales, es respetar el hábitat de estas personas que, por cierto, en muchos países ya se les nombra personas no humanas por su coeficiente del cerebro, porque está comprobado que los chimpancés, los seres humanos y los delfines son los únicos animales en el planeta que se pueden reconocer en el espejo. De esa dimensión estamos hablando.

Entonces, créanme, hay muchos mitos, no es el cierre de los delfinarios de la noche a la mañana, estamos velando por las familias que trabajan, que —por cierto— aunque sea un empleo hay que luchar por él, sin embargo, representa el 0.35 por ciento de los empleos del estado de Quintana Roo y menos del uno por ciento en el tema turístico. No va a haber afectaciones.

Quienes estén aquí del estado de Quintana Roo, créanme, su estado es más bello que tener delfines en cautiverio. Su estado tiene maravillosas cosas por las cuales los turistas vienen. Y no van a dejar de ir a su estado por no tener estos delfinarios que cobran, y que ustedes saben perfectamente que son montos muy elevados para las personas.

Y, para quienes tengan ese mito de que se van a quitar para cuestiones terapéuticas, es totalmente falso. Está en los transitorios del dictamen que hicimos a petición de muchos diputados, de ustedes.

Y creo que este dictamen que presentamos el día de hoy contempla todas las necesidades, todas las necesidades que se requieren para poder mantener este trato digno y respetuoso hacia los animales, estos derechos, pero sobre todo también para dignificar al ser humano y entender que somos racionales, pero que también tenemos la obligación de hacer respetar.

No sé si están aquí abajo algunas láminas que pedí que trajeran para que ustedes clarificaran o para que vieran —por favor, Omar— el grado en que están los delfinarios, donde están los estanques, donde están los delfines o los demás mamíferos marinos en versus los estacionamientos.

Vean la dimensión que tienen de hábitat los delfines y los mamíferos marinos, versus los estacionamientos. De ese tamaño es el crimen que estamos viviendo el día de hoy. Este cambio generacional lo tenemos que hacer.

No puedo omitir, y con esto termino presidenta, el agradecer de manera muy personal a todos los coordinadores aquí presentes, por supuesto a César Camacho, por toda su invaluable ayuda en este dictamen. A nuestro coordinador de Nueva Alianza, Alejandro, del PES, y a cada uno de ustedes que se encuentra aquí sentado escuchándonos, les agradezco de corazón el compromiso que han hecho para poder defender a los seres vivos en este planeta, pero sobre todo para defender que podamos venir aquí a debatir con armas y con fundamentos, y que cuando se puede perder, que se pierda, pero que nos den derecho a esta votación.

Muchísimas gracias, César, Alfredo, Alejandro. A cada uno de ustedes coordinadores de los estados, muchísimas gracias, por supuesto a mi Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos para fijar la postura, el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo del PRD, quien no se encuentra en el salón. Asimismo, está inscrito en el uso de la palabra el diputado Andrés Aguirre Romero, quien declina su intervención.

Se informa a la asamblea que se recibieron por parte de la comisión, propuestas de modificación.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Propuestas de modificación:

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se consulta por parte de la Secretaría a la asamblea, si se aceptan las modificaciones propuestas a nombre de la comisión.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si se aprueban las modificaciones propuestas a nombre de la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular, con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea. Se consulta, si está presente, a la diputada Laura Mitzi Barrientos, del PRI, si hace uso de su intervención.

La diputada Laura Mitzi Barrientos Cano(desde la curul): Declino.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Declina la diputada Laura Mitzi Barrientos.

Se consulta a los diputados que realizaron propuestas de modificación, si persiste el interés de presentarlas: la diputada Maricela Contreras Julián. No está en el salón. ¿El diputado Ángel Alanís Pedraza? Quien tampoco está en el salón. ¿El diputado Julio Saldaña Morán? Que tampoco hace uso de la voz. ¿El diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena? Quien tampoco hace uso de su derecho. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular y verificar quórum.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El diputado Carlos Gutiérrez García(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul del diputado Carlos Gutiérrez, de Nueva Alianza, ¿con qué objeto, diputado?

El diputado Carlos Gutiérrez García (desde la curul): Solicitar se registre en el Diario de los Debates las reservas que hemos metido como Partido Nueva Alianza, por favor.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Toma nota la Secretaría, así es, diputado.

(A las 15:39 horas): Concluido el tiempo de votación, en los términos del artículo 46 del Reglamento no existe quórum, se declara un receso y se suspende la votación durante 15 minutos mientras pudiera configurarse el quórum.

(Receso)

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla (a las15:57 horas): Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputada presidenta, se emitieron 200 votos a favor, 5 abstenciones, 0 en contra.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Gracias, secretario.



INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La presidenta, diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, remite oficio, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del cual las iniciativas y proposiciones que no se presentaron en tribuna se turnan a las comisiones correspondientes.(*)

( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.



CLAUSURA Y CITA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (a las 15:58): Por falta de quórum, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 18 de abril de 2017, a las 11 horas. Que tengan una excelente tarde.

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EFEMÉRIDES



DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO DE LA PAZ

«Efeméride con motivo del 6 de abril, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo de la Paz, en el marco de la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, a cargo de la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del PAN

El 23 de agosto de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución número 67/296, decide proclamar el 6 de abril de cada año, como Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, e invita a todos los Estados, el sistema de las Naciones Unidas, a través de la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz; las organizaciones internacionales correspondientes; las organizaciones deportivas internacionales, regionales y nacionales; la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado; y todos los demás interesados pertinentes, a que cooperen y observen el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz con el objetivo de crear conciencia al respecto.

El origen de la fecha del 6 de abril, conmemora la inauguración de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, en Atenas, Grecia, en 1896.

Así entonces, en la ONU se determinó:

El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz nos da la oportunidad de reconocer el potencial del deporte en la creación de un entorno de tolerancia y comprensión, que ayude a promover la paz y el desarrollo, facilitando así la consecución de grandes metas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El deporte puede promover la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la inclusión social y la salud en los planos local, nacional e internacional. Sus valores intrínsecos, como el trabajo en equipo, la justicia, la disciplina, el respeto por el adversario y las reglas del juego, son entendidos por todo el mundo y se pueden aprovechar en el avance de la solidaridad, la cohesión social y la convivencia pacífica...

En sesión ordinaria del 14 de diciembre de 2016, en esta soberanía se aprobó el decreto por el que se declara la primera de abril como Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, enviándose al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, lo que dio como resultado que el 24 de enero de 2017 se publicó esta conmemoración en el Diario Oficial de la Federación.

En consecuencia, el país está a la vanguardia en las respectivas conmemoraciones, pues en el Marco de esta primera Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, también celebramos el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, marcado por la Organización de las Naciones Unidas en este 6 de abril.

El informe final de la quinta Conferencia internacional de ministros y altos funcionarios encargados de la educación física y el deporte, celebrada en Berlín, Alemania, el 29 y 30 de mayo de 2013, en la que se manifiestan Llamamientos a todas las Partes Interesadas, determina Compromisos y Recomendaciones para los Estados, y señala en concreto: “El acceso al deporte como derecho fundamental para todos”; “La promoción de la inversión en programas de deporte y educación física”; y “la preservación de la integridad del deporte”. Por tanto, las partes interesadas habrían de realizar las adecuaciones necesarias en sus Marcos Normativos, así como de emprender las acciones pertinentes en sus estructuras de Gobierno, además de lo referente a los ámbitos social y privado.

Desde el 21 de noviembre de 1978, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura adoptó la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, en la vigésima reunión, en París, donde se determina como finalidad la de “poner el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano, favorecer su desarrollo y exhortar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica”. Y en sus 10 artículos determina claramente: “La práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental para todos...”; “La educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global de educación...”; “Los programas de educación física y deporte deben responder a las necesidades individuales y sociales...”; “La enseñanza, el encuadramiento y la administración de la educación física y el deporte deben confiarse a un personal calificado...”; “Para la educación física y el deporte son indispensables instalaciones y materiales adecuados...”; “La investigación y la evaluación son elementos indispensables del desarrollo de la educación física y el deporte...”; “La información y la documentación contribuyen a promover la educación física y el deporte...”; “Los medios de comunicación de masas deberían ejercer una influencia positiva en la educación física y el deporte...”; “Las instituciones nacionales desempeñan un papel primordial en la educación física y el deporte...”; y “La cooperación internacional es una de las condiciones previas del desarrollo universal y equilibrado de la educación física y el deporte...”

Así, la Carta de las Naciones Unidas proclama la fe de los pueblos en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y por tanto, afirma su resolución de promover el progreso social y elevar el nivel de vida para las personas, con el énfasis en que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales y que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte; aunado a que la preservación y el desarrollo de las aptitudes físicas, intelectuales y morales del ser humano mejoran la calidad de la vida en los planos nacional e internacional, por ende la educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores humanos fundamentales que sirven de base al pleno desarrollo de los pueblos subrayando, por consiguiente, que la educación física y el deporte han de tender a promover los acercamientos entre los pueblos y las personas, así como la emulación desinteresada, la solidaridad y la fraternidad, el respeto y la comprensión mutuos, y el reconocimiento de la integridad y de la dignidad humanas, y más aún, integrar la educación física y el deporte en el medio natural equivale a su enriquecimiento, inspira el respeto hacia los recursos del planeta y despierta el deseo de conservarlos y utilizarlos para el mayor provecho de la humanidad entera.

Propiciar las condiciones necesarias para coordinar la articulación de las políticas públicas, en incentivar a la participación de los sectores social y privado con el firme objetivo de reforzar la promoción y fomento de la cultura física y la práctica del deporte en todas sus manifestaciones, para hacer partícipe a la población, y con ello, incentivar también a la implementación de acciones y estrategias focalizadas y específicas que permitan incrementar de manera exponencial la masificación del deporte, así como la cultura física, y en ello implica propiciar consecuencias positivas de acceso a una vida más sana para nuestra población, aunado a la conservación y protección del tejido social y la interacción con el ambiente.

Conmemorar el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, y celebrar la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte es marcar como objeto principal la implementación de estrategias claras y periódicas mediante la coordinación institucional en la que se aprovechen de mejor manera los recursos públicos y privados, aunado a incentivar a toda la población para hacerle partícipe activo junto con autoridades y la iniciativa privada a promover y fomentar una vida más digna y sana desde todas las perspectivas, incentivando a la conciencia de nuestra población y para las siguientes generaciones, hagan suyos los beneficios de la cultura de la actividad física y la práctica del deporte.

Ello también implica en consecuencia la aplicación de la ley, así como fortalecer la operación del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, con el objeto de mejorar los alcances de las estrategias y programas establecidos, así como incrementar el potencial necesario para beneficiar a nuestra población; aunado a propiciar condiciones encaminadas a incentivar y motivar a las autoridades, a la sociedad y a la iniciativa privada para diseñar, implementar y reforzar programas institucionales con la participación ciudadana, dirigidos a acrecentar la cultura física, al deporte y la recreación en sana convivencia, y así fomentar de manera permanente beneficios para la población del país.

La conmemoración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, en el marco de nuestra primera Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte propicia la vigencia y la observancia de todos los antecedentes, así como de la profundidad de la importancia y la preponderancia de su significado para establecer un detonante permanente que ponga la cultura física y el deporte al centro como prioridad de las acciones de gobierno, de la academia, de las empresas, de los sindicatos, del sector salud, de la educación, y de la sociedad para hacer conciencia de los beneficios de una vida más sana, de tal manera que año tras año, continuo, permanente y creciente, se fomente la cultura física y el deporte, trascendiendo el tiempo, y heredando para las siguientes generaciones, una semana para cultura física y para el deporte que se convierta en tradición nacional.

Finalmente, fomentar la cultura física a través de actividades deportivas y recreativas para la población, es elevar el nivel de vida social y cultural de las personas; la preservación de la salud física y mental; así como prevención de enfermedades o rehabilitación; es prevenir el delito y combatir la violencia; es promover la erradicación de uso de sustancias tóxicas y nocivas para el cuerpo; es aprovechar, proteger y conservar nuestro medio ambiente; refuerza la convivencia y la cohesión social; fomenta una vida saludable; entre otros muchos más beneficios que representa para las personas en lo individual y en la sociedad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017.— Diputada Jacqueline Nava Mouett (rúbrica).»



DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

«Efeméride con motivo del 7 de abril, Día Mundial de la Salud, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El ser humano tiene algunas prioridades en la vida, pero quizá la más importante sea la salud, ya que si hay salud, hay esperanza, esperanza de vida, esperanza de poder trabajar, esperanza de formar una familia, entre otras cosas más.

La salud es un estado donde debemos de estar en óptima condición, y es que tener salud no significa solamente estar libres de enfermedades, sino que debemos mantener un correcto equilibrio a nivel físico, mental, pero también tenemos que tener ese mismo equilibrio en lo social y cultural ya que estas últimas son las que nos hace ser mejores personas,

El Día Mundial de la Salud se creó para que la población reflexione, que tanto cuida de su salud, porque la mayoría de las personas no acude a chequeo médico mínimo una vez al año, y se dice mínimo, porque lo recomendable es acudir a revisión médica dos veces por año.

Debido a la importancia y necesidad de que todos los países ayudaran a conservar la salud de su población, es así como en diciembre del año de 1945, la Organización de las Naciones Unidas (ONU); a propuesta de Brasil y China plantearon formar una Organización Mundial de Salud en beneficio de todos los habitantes del orbe, siendo la ciudad de Nueva York en el año de 1946 la sede en donde se aprobó la constitución de donde nació la Organización Mundial de la Salud (OMS), para 1948 y estando en funciones, la OMS en la primera Asamblea Mundial de la Salud, propuso fijar una fecha para conmemorar su fundación, es así como se elige el 7 de abril como el Día Mundial de la Salud, pero es a partir de 1950 que se comienza festejar cada año.

El Día Mundial de la Salud, tiene como finalidad centrar la atención de las potencias mundiales en la materia, para tratar importantes temas relacionados con la salud pública, que tanto afectan a la comunidad internacional, desde que se instauro este día, cada año la OMS lanza una campaña y trabaja para mejorar la salud física y mental, además que insiste en la necesidad de que todos los países se comprometan a implementen sistemas de salud adecuados que ayuden a prevenir y conservar la salud de todos los individuos, porque si los gobiernos no adecuan sus sistemas de salud en beneficio de sus gobernados, es imposible que los ciudadanos puedan por si solos enfrentar problemas de salud tan graves como son las epidemias.

Todos los años la OMS, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud, propone un tema el cual es previamente consensuado con líderes mundiales, asociaciones de salud y lo hace extensivo a toda la población en general, para que también puedan proponer algún tema.

Un tema que se debe de resaltar es el avance de la ciencia en temas de salud, la viruela es la única enfermedad infecciosa que se ha podido erradicar esto en 1980, esta enfermedad logró matar al 35 por ciento de las personas que la padecieron, pero que también dejó ciegos o con cicatrices a un gran número de habitantes.

Una enfermedad que sigue el camino de la viruela, es la poliomielitis, en América Latina ya se erradicó por completo en 1994, desafortunadamente donde no se ha podido eliminar totalmente es en algunos países de África y Asia, ya que, por los conflictos bélicos es difícil acceder a implementar un programa de vacunación para poder terminar con este mal. Una enfermedad donde se ha tenido avance hacia su extinción es el tétanos neonatal, este padecimiento es el responsable de que una gran cantidad de recién nacidos mueran en todo el mundo, a pesar de que ya ha sido erradicada en más de 100 países.

Gracias a los grandes avances de la Ciencia Médica, el mundo está a punto de liberarse de otras enfermedades contagiosas, como son: el Sarampión, la Difteria, la Rubeola y el Tétanos, por eso es muy importante que la población en general acuda a vacunarse, porque de esa manera seguiremos el buen camino para lograr la erradicación total de estas enfermedades que han causado millones de muertes en el mundo.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para las Américas, Organización Panamericana de la Salud. 15 de marzo de 2012.

http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article &id=190:historia-del-dia-mundial-de-la-salud

2. The Carter Center. Mali Reports No Guinea Worm Cases, Disease Remains in Just Three Countries, Carter Center Says. Acesado el 15 marzo 2017.

The Carter Center. Disease considered as candidates for global eradication by the International Task Force for Disease Eradication Acesado el 15 marzo 2017.

http://www.historyofvaccines.org/es/contenido/articulos/ erradicaci%C3%B3n-de-una-enfermedad

3 Día Mundial de la Salud, Unicef, Enredate.org. 07 de abril de 2016.

http://www.enredate.org/dia_mundial_de_la_salud

4 Enfermedades Contra las Cuerdas Gracias a las Vacunas El Mundo, Cristina G. Lucio 05 de junio de 2015

http://www.elmundo.es/salud/2015/06/05/556f5581ca4741764d8b45d4.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»



DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

«Efeméride con motivo del 7 de abril, Día Mundial de la Salud, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de cada año desde 1950, para conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948.

La Organización Mundial de la Salud anualmente realiza una campaña que permite llevar a cabo acciones con un tema prioritario sobre la salud que sea de interés para todas las personas a nivel mundial, y este año 2017 eligió como tema la depresión.

La campaña dio inicio el 10 de octubre de 2016 con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, siendo el objetivo principal que las personas con depresión en todos los países, soliciten y obtengan el apoyo necesario.

La depresión es un desorden cerebral que aqueja a personas sin distinciones; factores como la pérdida de un ser querido, la pobreza, alguna enfermedad crónica o grave, desempleo o adicciones aumentan las posibilidades de desarrollar depresión.

Se calcula que esta enfermedad afecta a más de 300 millones de personas de todas las edades y entornos sociales. Se caracteriza por una tristeza profunda; asimismo provoca angustia y perturba la capacidad del individuo incluso para llevar a cabo labores cotidianas que generalmente desemboca en un deterioro en la relación con sus familiares y amigos.

Cuando el padecimiento se prolonga y pasa de moderado a grave, causa mucho sufrimiento, alterando la actividad laboral, escolar o familiar de las personas, y convirtiéndose en un problema serio de salud pues puede llegar al suicidio.

El suicidio es la segunda causa de muerte en la sociedad de entre 15 y 29 años de edad, más de 800,000 personas al año y es la primera causa mundial de discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Existen tratamientos eficaces para la depresión, sin embargo, el 90% de los afectados a nivel mundial no reciben los tratamientos apropiados debido a la falta de recursos, diagnóstico incorrecto y la falta de capacitación en el tema por parte del personal del sector salud.

Actualmente, en México nos estamos enfrentando con otro grave problema, ya que el número de adultos mayores va en aumento. En el año 2005 significaba alrededor de 5.4% de la población, pero para el año 2025 será de 10 a 12% aproximadamente, además se calcula que para 2050 represente una cuarta parte de nuestra población.

En mujeres mayores de 60 años, la depresión es el padecimiento afectivo más frecuente; la mayoría de los casos se presenta como tristeza, llanto, aislamiento, problemas para concentrarse, insomnio, debilidad y, en algunos casos, deseos de suicidio.

La depresión se puede prevenir y tratar si se tiene un diagnóstico a tiempo, correcto y un tratamiento oportuno, lo cual haría una gran diferencia en el proceso de recuperación de la persona. Sin embargo, el principal obstáculo para su detección y tratamiento está en su comprensión, pues como sociedad minimizamos la enfermedad y la relacionamos con una etapa pasajera y normal de tristeza, cuando es mucho más que eso.

Las instituciones de salud pública de nuestro país ya llevan programas para combatir la depresión, incluso la depresión en adultos mayores. Sin embargo, debemos estar preparados para el incremento en la población adulta mayor en nuestro país y realizar campañas de sensibilización para quitar el tabú que hay detrás de esta enfermedad.

Es responsabilidad de todos sumamos al tema y dar mayor prioridad a la salud mental, orientando tanto a las personas que padecen algún síntoma, así como a sus familiares para que acudan con un especialista, sean atendidos a tiempo y puedan llevar una vida activa y digna.

La mayoría de nosotros cuidamos nuestra salud física, pero muy pocas veces le tomamos la importancia necesaria a la salud mental, sin saber que en muchas ocasiones es el detonante de nuestros padecimientos físicos.

Es urgente que elaboremos acciones legislativas suficientes, concretas y eficaces, para enfrentar este grave problema de salud pública en beneficio de toda la población.

Notas

1 "Historia del día mundial de la salud". Organización Panamericana de la Salud.

http://www.paho.orcol/index.php?option=com_content&view=artícle &id=190:hístoria-del-dia-mundial-de-la-salud

2 Día Mundial de la Salud 2017, Hablemos de la depresión

http://www.who.int/campaigns/world-healthdav/2017/event/es/

3 OMS. Campañas mundiales de salud pública de la OMS, La campaña de un vistazo,

http://www. who.int/campaigns/world-health-dav/2017/campaign-essentials/es/

4 Día Mundial de la Salud 2017 / 7 de abril, Depresión. Hablemos,

http://www.paho.org/world-healthday/?lang=es

5 OMS. La Depresión,

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/es/

6 OMS. Centro de Prensa. “Generalidades”.

http://who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/

7 OMS. Centro de Prensa. Suicidio “Introducción”.

http://who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/

8 “México Social: Depresión: Un signo de alarma”. Excélsior. 4 de octubre de 2016.

http://excelsior.com.mx/nacional/2016/10/04/1120468

9 OMS. La depresión. OMS.

http://who.int/mediacentre/factsheets/fs369/es/

10 Archivos de Medicina Familiar, “La depresión en el adulto mayor: una perspectiva clínica y epidemiológica desde el primer nivel de atención”.

http://www.redalyc.org/pdf/507/50730962002.pdf

11 Ídem.

12 OMS. Centro de Prensa. “Generalidades”.

http://who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/

13 IMSS.

http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/preguntas-de-salud/depresion-adultomayor

Dado en el Palacio Legislativo, a 6 de abril de 2017.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración de la sesión: 3 horas 27 minutos

• Quórum a la apertura de la sesión: 289 diputadas y diputados

• Comunicaciones oficiales: 14

• Minutas: 8

• Iniciativas de las diputadas y los diputados: 18

• Dictamen a discusión de ley o decreto: 1

• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 32

2 PES

2 NA

5 MC

3 Morena

5 PVEM

6 PRD

5 PAN

4 PRI

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

Alanís Pedraza, Ángel II (PRD)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 107
Álvarez Angli, Arturo (PVEM)
Para fundamentar el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos: 202
Álvarez Maynez, Jorge (MC)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 157
Arámbula Meléndez, Mariana (PAN)
Desde la curul, se refiere a la votación de la moción suspensiva de la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos: 210
Beltrán Reyes, María Luisa (PRD)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles: 140
Caballero Pedraza, Virgilio Dante (Morena)
Desde la curul, se refiere a la votación de la moción suspensiva de la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos: 212
Camacho Quiroz, César Octavio (PRI)
Desde la curul, se refiere a la votación de la moción suspensiva de la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos: 212
Campa Almaral, Carmen Victoria (NA)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas: 125
Castañeda Hoeflich, José Clemente (MC)
Desde la curul, se refiere a la votación de la moción suspensiva de la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos: 212
Cortés Mendoza, Marko Antonio (PAN)
Desde la curul, se refiere a la votación de la moción suspensiva de la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos: 211
Cristopulos Ríos, Héctor Ulises (PRI)
Para presentar en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 133
Cuenca Ayala, Sharon María Teresa (PVEM)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 110
Delgadillo García, Verónica (MC)
Desde la curul, se refiere a la votación de la moción suspensiva de la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos: 209
Estefan Garfias, José Antonio (PRD)
Desde la curul, se refiere a la votación de la moción suspensiva de la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos: 210
Garzón Canchola, Refugio Trinidad (PES)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 169
González Torres, Sofía (PVEM)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 322 del Código Penal Federal: 145
GonzálezTorres, Sofía (PVEM)
Desde la curul, se refiere a la votación de la moción suspensiva de la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos: 211
Gutiérrez García, Carlos (NA)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa: 163
Martínez Guzmán, Norma Edith (PES)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19 y 58 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 129
Mercado Ruíz, David (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 4 Bis a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro: 98
Montiel Reyes, Ariadna (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 115 de la Ley General de Salud: 114
Montiel Reyes, Ariadna (Morena)
Desde la curul, se refiere a la votación de la moción suspensiva de la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos: 209
Ortega Álvarez, Omar (PRD)
Desde la curul, se refiere a la votación de la moción suspensiva de la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos: 211
Pérez Utrera, Adán (MC)
Desde la curul, se refiere a la votación de la moción suspensiva de la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos: 210
Ralis Cumplido, Germán Ernesto (MC)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos: 119
Romero Tenorio, Juan (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo: 154
Rubio Quiroz, Juan Fernando (PRD)
Para presentar moción suspensiva de la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos: 205
Ruíz García, Juan Carlos (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 102
Sánchez Carrillo, Patricia (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 40 y 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre: 136
Sesma Suárez, Jesús (PVEM)
Desde la curul, se refiere a la votación de la moción suspensiva de la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos: 210
Sesma Suárez, Jesús (PVEM)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos: 213
Tamayo Morales, Martha Sofía (PRI)
Desde la curul, se refiere a la votación de la moción suspensiva de la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos: 210
Triana Tena, Jorge (PAN)
Para presentar moción suspensiva respecto a la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos: 203
Triana Tena, Jorge (PAN)
Desde la curul, se refiere a la votación de la moción suspensiva de la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos: 209
Zambrano Grijalva, José de Jesús (PRD)
Desde la curul, se refiere a la votación de la moción suspensiva de la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos: 211