SUMARIO
De la Junta de Coordinación Política, por la que comunica cambios de integrantes en comisiones ordinarias. De enterado, comuníquese
Del diputado Juan Carlos Ruíz García, del PAN, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Salud
De la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del PAN, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Ley General de Educación, en materia de participación de los padres de familia en la educación
De la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del PRI, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 237-A de la Ley del Seguro Social
Del diputado Julio Saldaña Morán, del PRD, por la que solicita el retiro de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta la ASF a incluir en la revisión de la cuenta pública de 2016 una auditoría con enfoque vertical sobre los contratos celebrados de 2010 a la fecha con la firma brasileña Odebrecht y las empresas productivas del Estado; y al director general de Pemex, a colaborar para una efectiva rendición de cuentas y combatir la corrupción e impunidad
Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios
De la Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, mediante la cual comunica que la diputada Melissa Torres Sandoval solicitó su separación como integrante de ese grupo parlamentario, para quedar como diputada sin partido. De enterado, actualícense los registros parlamentarios
De la Secretaría General del Instituto Nacional Electoral, con la cual remite el informe de resultados respecto de la solicitud de iniciativa ciudadana que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio. De enterado
Se recibió iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por las ciudadanas Maribel Martínez Ruíz, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, y Gabriela Moreno Mayorga. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen
De la Comisión Nacional del Agua, por el que informa que de los ingresos excedentes recaudados al término del primer trimestre del presente ejercicio fiscal, no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Agua Potable y Saneamiento, para su conocimiento
Del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el cual remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al tema del “apagón analógico”. Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento
De la Consejería Jurídica del Estado de Oaxaca, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:
– Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a las secretarías de educación de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, instrumenten las medidas necesarias para promover entre las niñas, niños y adolescentes la cultura de la denuncia de los actos violentos en su contra que se presenten en sus hogares. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento
– Por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo de las 31 entidades federativas y de la Ciudad de México para que se diseñen políticas estatales en materia de cambio climático y se destinen para su ejecución recursos específicos en los proyectos de presupuesto de egresos de cada uno de los estados, con la finalidad de que nuestro país contribuya a mitigar el cambio climático y pueda enfrentar sus efectos adversos. Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento
Del gobierno del estado de Chihuahua, por medio de la cual remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la prevención de incendios forestales. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento
De la Secretaría de Gobierno del estado de Guanajuato, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para promover entre las niñas, niños y adolescentes la cultura de la denuncia de los actos violentos. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite catorce contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente:
– Por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a convocar a mesas de diálogo para la nueva justicia laboral, en la que participen legisladores, sindicatos, empresarios, académicos, gobierno y demás sectores involucrados, con el fin de que se emitan opiniones respecto a una propuesta de reforma procesal laboral integral, en el marco de la reforma constitucional en materia de justicia laboral. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento
– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a redoblar los esfuerzos orientados a fomentar la capacitación del personal del sistema nacional de salud en materia de casos de niñas y niños con trastorno del espectro autista; así como informar y orientar a las familias que tienen alguna persona diagnosticada con esta enfermedad, sobre la importancia de una dieta especial y el registro de episodios de ahogamiento por alimento. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento
– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar campañas de difusión en materia de prevención, control y atención del cáncer testicular. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento
– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a compartir los efectos que, en su caso, está provocando la extracción de hidrocarburos por el método de fractura hidráulica en Nuevo León, así como las acciones preventivas que se están tomando para resguardar a la población por daños a la salud o ambientales que provoque dicha fractura. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento
– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer como obligatoria la realización de una ecocardiografía fetal entre las semanas 18 y 22 de gestación en todo el Sistema Nacional de Salud, así como promover la información de especialistas en el área de patologías fetales. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento
– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud, provocados por el trastorno del sueño en la niñez; así como integrar y dar a conocer la información técnica y científica a nivel nacional o del extranjero acerca de las afectaciones en el sueño a causa del uso excesivo de dispositivos electrónicos. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento
– Por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura para que, en la promoción de la Cultura de Protección Civil en todas las etapas de la gestión del riesgo, se prevea y se aplique lo contemplado en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como lo dispuesto en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales sobre el uso de lenguas indígenas para la elaboración de los mensajes de alerta temprana. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento
– Por el que se exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que, en la promoción de la Cultura de Protección Civil en todas las etapas de la gestión del riesgo, se prevea y se aplique lo contemplado en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como lo dispuesto en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales sobre el uso de lenguas indígenas para la elaboración de los mensajes de alerta temprana. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento
– Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a resolver la problemática relacionada con las descargas de aguas residuales en los ríos, lagunas y playas del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento
– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar campañas de información para prevenir los problemas de ceguera irreversible provocados por la enfermedad del glaucoma. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento
– Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a informar a la opinión pública, respecto a las acciones para participar de los fondos que eventualmente le sean decomisados al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, en los diversos procesos que le siguen en Estados Unidos y que motivaron su extradición. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento
– Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a utilizar sus facultades de atracción por conexidad de delitos para investigar la conducta presumiblemente constitutiva de ellos por hechos de corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencias, contra la administración de la Justicia y los que resulten por el magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco. Se remite a la Justicia, para su conocimiento
– Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a esclarecer la procedencia de los recursos confiscados en Estados Unidos al ex tesorero de Coa-huila, Héctor Javier Villarreal Hernández y, en su caso, solicite al gobierno de ese país su devolución al Estado mexicano. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento
– Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a continuar y, en su caso, fortalecer el operativo especial de vigilancia en gasolineras con la finalidad de evitar y denunciar actos de especulación. Se remite a la Mesa Directiva para su conocimiento
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite información relativa a las contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el Ejercicio Fiscal 2017, del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al primer trimestre. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite el primer informe trimestral para el Ejercicio Fiscal de 2017, de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía. Se remite a las Comisiones de Economía, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para su conocimiento
INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES
Del Congreso del Estado de Guanajuato, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen
Del Congreso del Estado de Campeche, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
MINUTAS
De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXII del artículo 19 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley General de Protección Civil, y se reforma la fracción XLIII del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a las Comisiones Unidas de Protección Civil, y de Recursos Hidráulicos, para dictamen
De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen
De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de abril de cada año “Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen
De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, presentada por la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
De la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen
Del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
De la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
De los diputados Daniel Torres Cantú, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Lillian Zepahua García y José Lorenzo Rivera Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de Aeropuertos. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen
Del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen
De la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en nombre propio y de diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 37 de la Ley de Coordinación Fiscal; 19, 66 y 67 de la Ley General de Protección Civil. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Protección Civil, para dictamen
La diputada Martha Sofía Tamayo Morales, en nombre propio y del diputado César Octavio Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen
El diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 16 del Código Penal Federal y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
El diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, en nombre propio y de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 17 y 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen
La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 43 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen
La diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 212 del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
La diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen
El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
A consulta de la Presidencia, la Asamblea autoriza se dispense la lectura de los 40 títulos de dictámenes con proyecto de decreto, incluidos en el orden del día para declaratoria de publicidad
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad de los dictámenes de las siguientes comisiones:
De la Comisión de Radio y Televisión, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 27 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 451 y se deroga la fracción III del artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 276 Ter al Código Penal Federal
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo X Bis y los artículos 32 Bis y 32 Ter a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, en materia de asistencia social básica a madres solteras
De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso h) del párrafo primero, del artículo 21 y la fracción I del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 215, y adiciona un tercer párrafo al artículo 216 de la Ley General de Salud
De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 27 de abril de cada año como “Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes”
De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Vivienda
De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda
De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 335, 336 y 337 del Código Penal Federal
De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso n) a la fracción II del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 107 y 108 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan los artículos 3, 10, 16 y 17 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1o. y 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el día 11 de octubre de cada año como “Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor”
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos
De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley de Migración
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 7o. y 8o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 49 Bis de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
De la Comisión de Ganadería, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 174 de la Ley Federal de Sanidad Animal
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona el inciso d) al artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6o., 9o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16 y 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
De la Comisión de Gobernación, por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 3 de diciembre de cada año como el “Día Nacional para Inclusión de las Personas con Discapacidad”
De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Migración
DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO
En virtud de que en la sesión celebrada el 20 de abril de 2017 no se alcanzó el quórum reglamentario durante la votación del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos, la Presidencia ordena la apertura del sistema electrónico para llevar a cabo la votación del proyecto de decreto, con la modificación aceptada por la asamblea
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales
A discusión, el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra:
–El diputado Jorge Triana Tena, del PAN
Para fijar la postura de su grupo parlamentario, hace uso de la voz:
–El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del PES
–La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, de NA
–El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de MC
–El diputado Rogerio Castro Vázquez, de Morena
–El diputado Erik Juárez Blanquet, del PRD
–La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del PVEM
–El diputado Luis Gilberto Marrón Agustín, del PAN
–La diputada María Gloria Hernández Madrid, del PRI
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales
A discusión, el dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra:
–La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, del PRI
Para fijar la postura de su grupo parlamentario, hace uso de la voz:
–La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del PES
–La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, de NA
–El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, de MC
–El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, del PVEM
–El diputado Rafael Hernández Soriano, del PRD
–La diputada Claudia Sánchez Juárez, del PAN
–El diputado Carlos Federico Quinto Guillén, del PRI
Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México
Para la discusión en lo particular, participa:
–El diputado Jorge Álvarez Maynez, de MC
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales
PROPOSICIONES DE URGENTE RESOLUCIÓN
La diputada Yulma Rocha Aguilar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fepade para realizar la investigación sobre posibles delitos electorales imputables a militantes del partido político Morena, así como a su presidente, Andrés Manuel López Obrador. Se considera de urgente de resolución
La Secretaría da cuenta de la propuesta de modificación anunciada por la proponente. Se acepta
Para referirse a la proposición, interviene:
–La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del PES
–El diputado Carlos Gutiérrez García, de NA
–El diputado Jorge Álvarez Maynez, de MC
–La diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena
–El diputado Omar Noé Bernardino Vargas, del PVEM
–El diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del PRD
–El diputado Herminio Corral Estrada, del PAN
–El diputado Vidal Llerenas Morales, de Morena, desde la curul, para formular una pregunta
–La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del PAN, desde la curul
–El diputado Edgardo Melhem Salinas, del PRI
Aprobado, comuníquese
La diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a girar las instrucciones para que se implementen protocolos de seguridad en las estancias infantiles a cargo de la Sedesol. Se considera de urgente resolución
La Secretaría da cuenta de la propuesta de modificación anunciada por la diputada proponente. Se acepta
Para referirse a la proposición, interviene:
–La diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del PES
–La diputada Angélica Reyes Ávila, de NA
–La diputada Mirza Flores Gómez, de MC
–La diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, de Morena
–La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del PVEM
–El diputado Luis de León Martínez Sánchez, del PAN
Aprobado, comuníquese
INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
El diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
La diputada Leticia Amparano Gámez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Nacional de Salud Mental. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión
La diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el muro de honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Gregorio Torres Quintero, maestro ejemplar y creador del método onomatopéyico, formador de generaciones de mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
La diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 3o., 5o. y 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
El diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 149 Ter del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
El diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
El diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de actualización de sanciones. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen
Se recibió el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la denominación de la Comisión Especial para Combatir el Uso de los Recursos Públicos en Procesos Electorales
Se recibió el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados los cambios en la integración de comisiones ordinarias, bicamarales, especiales, grupos de trabajo, comités, organismos internacionales permanentes, y grupos de amistad, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura
Se aprueban
La presidenta, diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, remite oficio, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del cual las iniciativas y proposiciones que no se presentaron en tribuna se turnan a las comisiones correspondientes
EFEMÉRIDES
Se recibió efeméride con motivo del 19 de abril “Día Mundial de la Bicicleta”, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Se recibió efeméride con motivo de la “Semana Mundial de la Inmunización”, del 24 al 30 de abril, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los dictámenes:
– De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos (en lo general y en lo particular)
– De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017 (en lo general y en lo particular)
– De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de México (en lo general y en lo particular los artículos no reservados)
– De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de México (en lo particular los artículos reservados, en sus términos)
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 25 de abril de 2017, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados
ASISTENCIA
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Buenas tardes. Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 292 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (a las 12:06 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
Orden del día
«Segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
Orden del día
Martes 25 de abril de 2017.
Lectura del acta de la sesión anterior
Comunicaciones oficiales
De la Junta de Coordinación Política
Comunica cambios de integrantes en comisiones ordinarias.
De los diputados Juan Carlos Ruiz García, Rocío Matesanz Santamaría, Rosalinda Muñoz Sánchez y Julio Saldaña Morán
Solicitan el retiro de iniciativas y proposición.
De la Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social
Comunica que la diputada Melissa Torres Sandoval, solicitó su separación como integrante de ese grupo parlamentario, para quedar como diputada sin partido.
De la Secretaría General del Instituto Nacional Electoral
Remite el informe de resultados respecto de la solicitud de iniciativa ciudadana que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Iniciativa ciudadana
Con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por los ciudadanos Maribel Martínez Ruíz, Magdalena del Socorro Núñez Monreal y Gabriela Moreno Mayorga.
De la Comisión Nacional del Agua
Informa que de los ingresos excedentes recaudados al término del primer trimestre del presente ejercicio fiscal, no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos.
Del Instituto Federal de Telecomunicaciones
Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al tema del “apagón analógico”.
De la Consejería Jurídica del Estado de Oaxaca
Remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Del Gobierno del Estado de Chihuahua
Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la prevención de incendios forestales.
De la Secretaría de Gobierno del estado de Guanajuato
Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para promover entre las niñas, niños y adolescentes la cultura de la denuncia de los actos violentos.
De la Secretaría de Gobernación
Remite catorce contestaciones a punto de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente.
Remite información relativa a las contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el Ejercicio Fiscal 2017, del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al primer trimestre.
Remite el primer informe trimestral para el ejercicio fiscal de 2017, de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía.
Iniciativa del Congreso del Estado de Guanajuato
Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria.
Iniciativa del Congreso del Estado de Campeche
Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Minutas
Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXII del artículo 19 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley General de Protección Civil, y se reforma la fracción XLIII del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.
Con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de abril de cada año “Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes”.
Iniciativa de senadora
Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Acuerdos de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política.
Iniciativas
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil.
Que reforma el artículo 48 de la Ley de Aeropuertos, suscrita por los diputados Daniel Torres Cantú, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Lillian Zepahua García y José Lorenzo Rivera Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 37 de la Ley de Coordinación Fiscal; 19, 66 y 67 de la Ley General de Protección Civil, suscrita por la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil.
Que reforma los artículos 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 3o., 5o. y 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Reglamentaria del Ar-tículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 47 y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Sofía del Sagrario de León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 16 del Código Penal Federal y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 5o., 31, 34 y 159 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 25 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 87 de la Ley Federal del Trabajo y 58 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 24 de la Ley General de Educación; 53 y 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 4o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Manuel Jesús Clouthier Carrillo.
Que deroga el artículo 158 y reforma los artículos 264 y 334 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 40 y 85 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 115 y 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley General de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 420 del Código Penal Federal y 3o. y 56 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 86 de la Ley Federal del Trabajo y 33 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 32 y 41 Bis, de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 380, 394, 443 y 446 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 112 de la Ley General de Salud y 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 25 y 60 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 57 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 2o., 7o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Elio Bocanegra Ruiz, Felipe Reyes Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, para fortalecer la figura de los consejeros independientes, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Hidrocarburos y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de integración plural del Congreso de la Unión, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 7o., 13 y 20 de la Ley General de Educación y 5o., 6o. y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
De decreto para inscribir con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Juan Rulfo, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona los artículos 66 y 97 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que deroga el segundo párrafo del artículo 112 de la Ley del ImpuestoSobre la Renta, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 2o. y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 103 y 148 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 7o., 10 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 14 y 30 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 76, 89, 105 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 48, 50, 52 y 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona el artículo 1o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 22 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 190 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 2o. de la Ley de Extradición Internacional, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que abroga la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona los artículos 17 y 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 395 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 33 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 3o., 46 y 52 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 21 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
De decreto por el que se inscribe con letras de oro en el muro de honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Gregorio Torres Quintero, maestro ejemplar y creador del método onomatopéyico, formador de generaciones de mexicanos, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 34 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona el artículo 41 Bis de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma los artículos 3o., 8o. y 11 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que adiciona el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 24 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Santos Garza Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo del Rivero Martínez y Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 6o., 21, 146 y 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Edna Ileana Dávalos Elizondo, Santos Garza Herrera, Armando Luna Canales, Juan Pablo Piña Kurczyn, José Refugio Sandoval Rodríguez y Vidal Llerenas Morales, de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México y Morena, respectivamente.
Que reforma el artículo 243 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 211 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 166 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 227 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 3o. y adiciona un artículo 15 Bis de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 72 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que expide la Ley para Prevenir el Desperdicio de Alimentos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 21 Bis a la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 211 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 417 Bis y reforma el artículo 444 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos y suscrita por los diputados del estado de Guanajuato del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley General de Consulta Indígena y reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Susana Corella Platt e integrantes de la Comisión Especial de Minería.
Que reforma y adiciona el artículo 100 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 15, 154 y 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 50 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por los diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 133 y 994 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre “Batallas de Celaya”, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 27, 42 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 86 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 113 de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 28 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se declara la última semana del mes de septiembre de cada año, como “Semana Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales”, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 387 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona el artículo 17 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Mariana Trejo Flores y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 6o., 13, 14, 15 y 24 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 27, 28 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 74 Bis de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fidel Calderón Torreblanca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 61 y 107 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Juan Romero Tenorio y Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 15, 41 y 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona el artículo 3o. Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 44, 90 y 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 30 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 3o., 13, 112 y 159 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley Nacional de Salud Mental, a cargo de la diputada Leticia Amparano Gamez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 13, 46 y 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 112, 160 y 166 Bis 15 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 7o., 16, 70, 71 y 76 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 77 Bis 5 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 39, 40 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 2o., 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 8o. y 11 de la Ley General de Bibliotecas, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 14 y 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo de la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, a cargo de la diputada Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código Militar de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley para Conservar la Neutralidad del País, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 16 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 55 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo único del decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Edgardo Melhem Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, suscrita por los diputados Juan Romero Tenorio y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona los artículos 8o. y 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Erick Alejandro Lagos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo transitorio segundo del decreto que reforma el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012, a cargo del diputado Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de la Policía Federal, a cargo del diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 25 de la Ley General de Educación, y 7o. y 11 de Ley General de Infraestructura Física Educativa, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 15 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y 17 de la Ley Agraria, suscrita por los diputados Edna Ileana Dávalos Elizondo y Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
De decreto por el que se declara el 2018, año de Juan José Arreola, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y deroga los artículos 76 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 8o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 115 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pablo Basáñez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 52 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Luis Gilberto Marrón Agustín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Cristina Ismene Gaytán Hernández y José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 132 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 212 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados José Luis Toledo Medina y Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 256 y adiciona un artículo 256 Bis de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 2o. y 20 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 6o., 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 3o. de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Protección Civil, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 17 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 1o., 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich, Víctor Manuel Sánchez Orozco, René Cervera García y Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados César Camacho y Martha Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 85 y 278 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 10, 36 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma el artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, suscrita por los diputados César Camacho y Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Eukid Castañón Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 43 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Sara Paola Gálico Félix, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 141 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 2o. y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Rosa Guadalupe Chávez Acosta y César Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 1o. y 4o. de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, suscrita por la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 64 y 67 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de actualización de sanciones, a cargo del diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma los artículos 295 y 366 Ter del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 2224 y 2226 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un numeral V-Bis al artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
De decreto por el que se declara el 13 de septiembre de cada año como el día de Ignacio Pérez, “El mensajero de la libertad”, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, suscrita por el diputado Herminio Corral Estrada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y deroga el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por el diputado Herminio Corral Estrada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 17-Bis, 32 y 51 la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Alfredo Anaya Orozco y Rosa Alicia Álvarez Piñones, de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, y del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 7o. Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y del Código Civil Federal, suscrita por las diputadas Sylvana Beltrones Sánchez, Gloria Himelda Félix Niebla y Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 288 y 288-A-1 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Felipe Cervera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 183 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Felipe Cervera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 57 y 58 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que expide la Ley de Zonas Económicas Estratégicas para los Estados de la Frontera Norte, suscrita por la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Declaratoria de publicidad
De la Comisión de Radio y Televisión, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversa disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 27 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del ar-tículo 451 y se deroga la fracción III del artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 276 Ter al Código Penal Federal.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo X Bis y los artículos 32 Bis y 32 Ter a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, en materia de asistencia social básica a madres solteras.
De la Comisión de Desarrollo Rural con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso h) del párrafo primero, del artículo 21 y la fracción I del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 215, y adiciona un tercer párrafo al artículo 216 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 27 de abril de cada año como, “Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes”.
De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.
De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda.
De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 335, 336 y 337 del Código Penal Federal.
De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso n) a la fracción II del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 107 y 108 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan los artículos 3, 10, 16 y 17 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1o. y 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el día 11 de octubre de cada año, como el “Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor”.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos.
De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley de Migración.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 7 y 8 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 49 Bis de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De la Comisión de Ganadería, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 174 de la Ley Federal de Sanidad Animal.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona el inciso d) al artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6o., 9o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16 y 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De la Comisión de Gobernación, por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 3 de diciembre de cada año como el “Día Nacional para Inclusión de las Personas con Discapacidad”.
De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Migración.
Dictámenes a discusión de leyes o decretos
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017.
De la Comisión de Gobernación, con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de México.
De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del ar-tículo 107 Bis del Código Penal Federal.
De la Comisión de Radio y Televisión, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 78 de la Ley Federal de Trabajo.
De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXXI y XXXII al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de salud.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4; y se reforma el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12 y 26 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o., 150, 180 y 242 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Proposiciones de urgente resolución
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fepade, para realizar la investigación sobre posibles delitos electorales imputables a militantes del partido político Morena, así como a su presidente, Andrés Manuel López Obrador, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a girar las instrucciones para que se implementen protocolos de seguridad en las estancias infantiles a cargo de la Sedesol, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, se establezca un sistema de marcaje de los mamíferos marinos para demostrar su legal procedencia, consistente en marcadores de ADN (ácido desoxirribonucleico), con la finalidad de garantizar que no exista intercambio o suplencia de ejemplares, así como para optimizar tanto las estrategias de conservación de los recursos zoogenéticos, como la diversidad molecular funcional, suscrito por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Proposiciones
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua y a la Semarnat, a tomar acciones urgentes con la finalidad de atender la grave problemática que representan los niveles de contaminación de la cuenca hidrológica río Cutzamala y del río Balsas, a cargo de la diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fepade y a la PGR, a investigar el presunto donativo ilegal a la candidata a la presidencia municipal de Los Choapas, Veracruz, Eva Cadena Sandoval, para beneficiar al presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a respetar el proceso electoral en el Estado de México, evitando que sus empleados y secretarios de Estado hagan campaña política en favor de un candidato en la entidad mexiquense, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la subsecretaría de Integración y Desarrollo, a garantizar la correcta implementación de la NOM-001-SSA3-2012, en relación con los derechos humanos de las y los residentes médicos, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo para autorizar y coordinar que los internos recluidos en los Centros de Reinserción Social del estado de Chihuahua, sujetos a proceso o condenados por delitos del fuero federal, sean trasladados al Cefereso número 9, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SE y el Instituto Nacional del Emprendedor, realicen una efectiva campaña de promoción e información respecto de la creación ágil y expedita de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, a través de las Sociedades por Acciones Simplificadas, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener, a la Comisión Reguladora de Energía y a la CFE, para que reclasifiquen las tarifas eléctricas aplicables en las zonas cálidas del estado de Guerrero, a cargo del diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta gobierno del Estado de México, a que haga públicos los informes trimestrales de las finanzas públicas del cuarto trimestre del 2016, los estados analíticos de ingresos y egresos a esa misma fecha, y en tiempo y forma, dé a conocer el del primer trimestre de 2017, a cargo de la diputada Angie Denisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las instancias de los gobiernos estatales y municipales, a replicar el acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, a que, en materia de créditos inmobiliarios, se considere reducir la tasa interés y hacer accesible el crédito a casa habitación, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales, a generar estímulos que optimicen la productividad y desarrollo económico del sector de la industria manufacturera y maquiladora del país, a cargo del diputado Felipe Cervera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo relativo a la creación del Consejo Fiscal, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo relativo a redimensionar la zona de monumentos históricos de Mérida, Yucatán, a cargo del diputado Felipe Cervera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que, a través de la SCT y del IFT, informen a la opinión pública, sobre la instrumentación y financiamiento de la red compartida, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que modifique la denominación del cobro “permiso de uso de dispositivos electrónicos de videograbación no profesional en museos, monumentos y zonas arqueológicas”, a “permiso de uso de videocámara profesional”, a cargo del diputado Felipe Cervera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Efemérides
Con motivo del 19 de abril “Día Mundial de la Bicicleta”, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con motivo de la “Semana Mundial de la Inmunización” del 24 al 30 de abril, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veinte de abril de dos mil diecisiete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.
Presidencia de la diputadaGloria Himelda Félix Niebla
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia doscientos setenta y nueve diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta y nueve minutos del jueves veinte de abril de dos mil diecisiete, la Presidenta declara abierta la sesión.
En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, enseguida se pone a discusión y no habiendo oradores registrados, se aprueba en votación económica.
Desde su curul realiza diversos comentarios la diputada Yulma Rocha Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia informa que dichas expresiones quedarán asentadas en el Diario de los Debates.
Se da cuenta con comunicaciones oficiales:
a) De los diputados Luis Manuel Hernández León, de Nueva Alianza; y Tomás Roberto Montoya Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, por las que solicitan el retiro de iniciativas, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se actualizan los registros parlamentarios.
Desde sus respectivas curules realizan diversos comentarios la diputada y los diputados Norma Rocío Nahle García, de Morena; José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática; Benjamín Medrano Quezada, del Partido Revolucionario Institucional; y Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Partido Acción Nacional. La Presidencia informa que dichas expresiones quedarán asentadas en el Diario de los Debates
b) Del Congreso del estado de Tlaxcala y del Consejo de la Judicatura del estado de Tamaulipas, con la que remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para establecer en las legislaciones de las entidades federativas la figura de alienación parental como forma de violencia familiar. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.
c) Del Gobierno del estado de Sonora, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para establecer en sus presupuestos una partida específica en materia de cambio climático. Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento.
Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez
Desde sus curules realizan diversos comentarios las diputadas Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena; y Karla Karina Osuna Carranco, del Partido Acción Nacional. La Presidencia informa que dichas expresiones quedarán asentadas en el Diario de los Debates.
d) Del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la que remite el Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al cuarto trimestre de dos mil dieciséis. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.
Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de las diputadas y los diputados:
• Virgilio Daniel Méndez Bazán, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos ciento diez, ciento doce, y ciento noventa y uno de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.
• Integrantes de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, que expide la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Perros Guía y/o de Asistencia Médica. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
• Liborio Vidal Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo cincuenta y dos bis a la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.
Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:
• María Soledad Sandoval Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo noventa y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
• David Gerson García Calderón, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se declara el veinticinco de septiembre de cada año, como “Día del Estado Laico”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
• Marco Antonio Gama Basarte, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales la parte que le corresponde, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la parte que le corresponde y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción la parte que le corresponde, para dictamen.
• Cesáreo Jorge Márquez Alvarado e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona los artículos treinta y uno, y treinta y dos de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.
• Patricia Elena Aceves Pastrana, de Morena, Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo y José Luis Sáenz Soto, integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo setenta y nueve de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
A las doce horas con treinta y dos minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos noventa y seis diputadas y diputados.
• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos ciento cincuenta y cuatro, y ciento sesenta y dos de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.
• Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
• Se reciben iniciativas con proyecto de decreto del diputado Francisco Martínez Neri, del Partido de la Revolución Democrática:
– Que reforma y adiciona los artículos segundo, trece, y sesenta y ocho de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
– Que reforma y adiciona los artículos cuarenta y uno, y ochenta y dos bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
– Que expide la Ley de Retiro para los ex Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, y suscrita por los diputados Omar Ortega Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al oficio de la Mesa Directiva, por el que comunica modificación de turno de la proposición con punto de acuerdo relativo al avance en la identificación de víctimas y el pago de recuperación del desfalco de los defraudadores en el estado de Jalisco, por las casas o cajas de ahorro populares, suscrito por los diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, presentada el día dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen. De conformidad con lo que establecen los artículos setenta y tres, y setenta y cuatro, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno de la proposición mencionada, mismo que fue solicitado por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena.
El siguiente punto del Orden del Día es el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo sesenta bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos. A continuación la Presidenta hace el siguiente señalamiento:
“Honorable Asamblea, el despacho de este asunto quedó pendiente de resolución en la sesión del pasado seis de abril, la cual debió concluirse por falta de quórum en el momento de la votación del mismo.
Al tratarse de una situación no prevista expresamente en el Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva analizaron el procedimiento conforme a las disposiciones normativas que resultan aplicables, a fin de que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente corresponden en un marco de plena certeza y seguridad jurídica, por lo que con fundamento en lo que dispone el artículo 260, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva resolvieron abordar el desahogo del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con un procedimiento que fue propuesto y avalado por la unanimidad de los grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política y por la mayoría de los integrantes de la Mesa Directiva.
Durante el desarrollo de la sesión del día de ayer, sostuve diversas reuniones de trabajo con los Coordinadores y Vicecoordinadores de los diversos grupos parlamentarios, a efecto de validar este procedimiento, el cual se ratificó plenamente en sus términos por la mayoría de los grupos parlamentarios.
El procedimiento para la discusión, aprobado por la Junta de Coordinación Política y por la Mesa Directiva es el siguiente:
• En primer lugar, se procederá a fijar la posición de cada uno de los grupos parlamentarios, en orden creciente y hasta por cinco minutos.
• A continuación, se abrirá una lista de tres oradores en contra y tres oradores en pro, hasta por cinco minutos.
• Habiéndose recibido propuesta de modificación por parte de la Comisión, la cual fue suscrita por la mayoría de los integrantes de la Junta Directiva y publicada desde ayer a las tres de la tarde, será puesta a consideración del Pleno en votación económica.
Al concluir el anterior procedimiento, se instruirá a la secretaría la apertura del sistema electrónico para la votación nominal del proyecto de decreto.
Honorable Asamblea, este procedimiento asegura que todos los grupos parlamentarios expresen su postura en el tema; que se escuchen y debatan las posturas en pro y en contra del mismo; y que se valore la propuesta de modificación elaborada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tras su reunión celebrada el martes pasado, misma que fue publicada el día de ayer en la Gaceta Parlamentaria, y finalmente, salvaguardar en todo momento el derecho de cada diputada y cada diputado a pronunciarse respecto al tema en la votación correspondiente.”
Desde su curul la diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena, solicita a la Presidencia que se permita presentar una moción suspensiva en términos del artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre esta solicitud las diputadas y el diputado: Martha Sofía Tamayo Morales, del Partido Revolucionario Institucional; Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional; y Ernestina Godoy Ramos, de Morena. La Presidenta refiere que el procedimiento establecido se regula con fundamento en el artículo 260 numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados. No obstante, invocando el artículo 143 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que a la letra dice: el Presidente, en sus resoluciones, estará subordinado al voto del Pleno, instruye a la Secretaría someta a consideración de la Asamblea, si es de probarse el procedimiento propuesto y avalado por la unanimidad de los grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política y por la mayoría de los integrantes de la Mesa Directiva, el cual hace unos momentos se hizo del conocimiento del Pleno. En votación económica se aprueba.
Aceptado el procedimiento se continúa con el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo sesenta bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos, y se concede el uso de la palabra a las diputadas y a los diputados: René Cervera García, de Movimiento Ciudadano; María Chávez García, de Morena; María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México;
La Presidenta informa a la Asamblea de la presencia en el Salón de Sesiones del excelentísimo señor Alfredo Salvador Pineda Saca, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de el Salvador en México, quienes, con su equipo, asistieron al acto de instalación del Grupo de Amistad México-Salvador, que preside la diputada Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza.
Continúan con el uso de la voz las diputadas y los diputados: Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática; María García Pérez, del Partido Acción Nacional; y Andrés Aguirre Romero, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul solicita rectificación de hechos el diputado Jorge López Martín, del Partido Acción Nacional. Para hablar en contra y a favor se concede el uso de la voz las diputadas y los diputados: en contra Kathia María Bolio Pinelo, del Partido Acción Nacional, quien acepta pregunta del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Partido Acción Nacional;
En su oportunidad y desde sus curules realizan diversos comentarios los diputados Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; y Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional.
Continúa la intervención en pro del diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México;
Desde su curul para responder alusiones personales hacen uso de la voz las diputadas María García Pérez, Kathia María Bolio Pinelo, ambas del Partido Acción Nacional; y los diputados Mario Ariel Juárez, Rodríguez, de Morena; y Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática. Para pedir moción de orden pide la palabra el diputado Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional. De igual forma el diputado Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, realiza diversos comentarios. Asimismo, el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática solicita hacer una moción de rectificación de hechos en el momento procesal oportuno. La Presidenta hace aclaraciones.
Continúan las intervenciones de las diputadas y los diputados: en contra Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano; en pro Laura Mitzi Barrientos Cano, del Partido Revolucionario Institucional; en contra Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática; y en pro Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, quien acepta preguntas de los diputados y la diputada: Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena; Jorge López Martín, y Nadia Haydee Vega Olivas, ambos del Partido Acción Nacional. Desde sus respectivas curules realizan rectificación de hechos la diputada y los diputados Sara Paola Galico Félix Díaz, Virgilio Dante Caballero Pedraza, ambos de Morena; y Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática. La diputada Norma Roció Nahle García, de Morena, hace el uso de la voz desde su curul para solicitar que la aprobación de la adenda presentada por la Comisión sea en votación nominal, la Presidenta aclara que en caso de que exista duda en la votación económica, se abrirá el tablero electrónico para lo conducente, conforme al Reglamento de la Cámara de Diputados.
Se somete a consideración de la Asamblea si se acepta la adenda presentada por la Comisión, no habiendo claridad en la votación económica, se instruye tomar la votación nominal, la cual con un registro de doscientos treinta y seis votos a favor; ciento ochenta y cuatro en contra; y una abstención, se acepta y se incorpora al dictamen.
Desde su curul, realiza diversos comentarios la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Partido de la Revolución Democrática. La Presidenta hace aclaraciones.
La Presidenta instruye la apertura del tablero electrónico por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular del dictamen. Concluido este plazo se registró una votación de doscientos treinta votos a favor, y uno en contra, no alcanzando el quorum reglamentario para continuar con la sesión; en consecuencia, en términos del artículo 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidenta a las quince horas con once minutos declara un receso, de quince minutos.
A las quince horas con veintisiete minutos, y con un registro en el sistema electrónico de doscientos treinta y dos votos a favor; dos en contra y una abstención, la Presidenta declara por terminada la sesión por falta de quorum, y cita para la que tendrá lugar el martes veinticinco de abril a las once horas.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobada el acta.
Proceda la Secretaría a dar lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios en comisiones.
COMUNICACIONES OFICIALES
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
• Que la diputada María Gloria Hernández Madrid cause baja como integrante de la Comisión de Seguridad Pública.
• Que la diputada María Gloria Hernández Madrid cause alta como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 19 de abril de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De enterado. Comuníquese.
Continúe, por favor, la Secretaría.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, manifiesto que es de mi interés el retirar mi iniciativa con fecha 2 de marzo de 2017, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Salud.
Lo anterior, debido a que deseo enriquecer dicha iniciativa.
Agradezco de antemano el apoyo que pueda brindar a un servidor, quedando a sus órdenes en caso de cualquier aclaración o duda.
Sin otro en particular reciba un cordial saludo.
Atentamente
Palacio Legislativo, a 18 de abril de 2017.— Diputado Juan Carlos Ruiz García (rúbrica).»
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y a efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno que sea retirada la siguiente iniciativa, presentada por quien suscribe el 15 de noviembre 2016 y turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos:
• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Ley General de Educación, en materia de participación de los padres de familia en la educación
Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2017.— Diputada Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica).»
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con base a la convocatoria en la Gaceta Parlamentaria número 4764 a la reunión ordinaria del miércoles 26 de abril donde se votara mi iniciativa al artículo 237-A de la Ley del Seguro Social, solicito encarecidamente sea retirada del orden del día.
Sin más por el momento, agradezco la atención brindada a la presente.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril 2017.— Rosalinda Muñoz Sánchez (rúbrica).»
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo que me permito solicitarle sea retirado el punto de acuerdo por el que se exhorta la ASF a incluir en la revisión de la cuenta pública de 2016 una auditoría con enfoque vertical sobre los contratos celebrados de 2010 a la fecha con la firma brasileña Odebrecht y las empresas productivas del Estado; y al director general de Pemex, a colaborar para una efectiva rendición de cuentas y combatir la corrupción e impunidad. Publicado en el orden del día del 21 de marzo del presente año.
Toda vez que se harán adecuaciones al texto y se presentará posteriormente.
De antemano agradezco su atención.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2017.— Diputado Julio Saldaña Morán (rúbrica).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.
Por medio de la presente me permito informar a usted que con esta fecha, la diputada Melissa Torres Sandoval, solicitó su separación como integrante de este grupo parlamentario para asumir la condición de diputada sin partido, por así convenir a sus intereses.
Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 6, fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta, informar a las instancias correspondientes para la actualización de los registros parlamentarios y administrativos a los que haya lugar.
Anexo copia simple de la solicitud de la diputada Melissa Torres Sandoval.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.— Diputado Alejandro González Murillo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputado Alejandro González Murillo, Coordinador del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.— Presente.
La que suscribe, diputada federal por la cuarta circunscripción plurinominal, hasta este momento, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, le informo respetuosamente mi separación como integrante del grupo parlamentario que usted coordina, para declararme diputada federal sin partido.
Es por ello que me permito solicitarle con fundamento en el artículo 6, fracción XII, del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, se comunique a los órganos de gobierno de esta Cámara esta determinación para los efectos administrativos y de registros parlamentarios a que haya lugar.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.— Melissa Torres Sandoval (rúbrica), diputada federal.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De enterado. Actualícense los registros parlamentarios.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría General del Instituto Nacional Electoral.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Mediante oficio LXIII-II/ PMD-ST/ 005/17, dirigido al presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, usted remitió la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones para fijar el precio de competencia de la gasolina en 10 pesos, presentada por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 71, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132, numeral 1, inciso a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 32, párrafo 2, inciso e), en relación con el 54, numeral 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En este sentido, una vez concluidas las actividades relativas a la apertura de las 10 cajas, así como la verificación y cuantificación de su contenido, se comunicaron los resultados obtenidos a esa Cámara de Diputados mediante oficio INE/ SE/ 194/2017, de fecha 29 de marzo de 2017. A partir de la entrega de dicho oficio, el cual se entregó acompañado de un informe, se dio inicio al periodo correspondiente a 30 días hábiles que señala la ley para la verificación de los datos regístrales de los ciudadanos que firmaron en apoyo a la mencionada iniciativa.
Al respecto y en cumplimiento de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral en materia de iniciativas ciudadanas, establecidas en los artículos 35, fracción VII, apartado 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 a 133 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; sírvase encontrar adjunto, copia del acuse del oficio INE/ DERFE/ 486/ 2017, por el cual la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores remite a esta Secretaría Ejecutiva los resultados relativos a los trabajos de verificación de apoyo ciudadano y del ejercicio muestral respecto a la iniciativa de referencia.
Asimismo, me permito comentarle que el artículo 132, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos señala que este Instituto contará con un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la recepción del expediente.
En tal virtud, se remite en tiempo y forma el Informe de resultados que presenta la Dirección del Registro Federal de Electores a la Secretaría Ejecutiva, respecto de la solicitud de iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones para fijar el precio de competencia de la gasolina en 10 pesos.
Toda vez que, este Instituto concluyó con las actividades relativas a la solicitud de referencia, por lo anterior adjunto le reintegro las 10 cajas con la documentación correspondiente a la iniciativa citada que en su momento fueron entregadas a este instituto por medio del oficio LXIII-ll/ PMD-ST/ 005/17.
Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 21 de abril de 2017.— Licenciado Edmundo Jacobo Molina (rúbrica).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De enterado.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Hidrocarburos, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por los ciudadanos Maribel Martínez Ruiz, Magdalena del Socorro Núñez Monreal y Gabriela Moreno Mayorga
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.
Los abajo firmantes, en ejercicio de la prerrogativa consagrada en el artículo 71, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa ciudadana, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones para fijar el precio de competencia de la gasolina en 10 pesos, signada con el aval de 200 mil firmas, mediante la cual manifestamos nuestra inconformidad con la fallida reforma energética.
A fin de cumplir el requisito procedimental exigido en el artículo 131, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señalamos que nuestro representante común es el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, cuyo domicilio para oír y recibir notificaciones se encuentra en edificio Hemiciclo, tercer piso, oficina 1, en Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera, código postal 06030, en la Ciudad de México.
Decidimos señalar al legislador arriba citado toda vez que, con fecha 10 de enero de este año, presentó una propuesta para reducir el costo de los combustibles. Atentos a lo anterior, la presente iniciativa recobra el sentido primordial de ella, pero se enriquece económica y técnicamente con estudios precisos. Por ello, esta iniciativa ciudadana y las firmas presentadas mantienen estrecha relación con la iniciativa del senador; sin embargo, a pesar de la leyenda que encabeza el esfuerzo de este número de firmas, declaramos que somos conscientes de que suponen dos iniciativas distintas que deberán seguir un trámite legislativo por separado.
Exposición de Motivos
Antecedentes
Las gasolinas Magna y Premium, y el diésel representan 97.5 por ciento de la energía que mueve el transporte en México, ya sea para trasladar personas o mercancías por el territorio nacional. Según las cifras del Balance Nacional de Energía 2015, que publica la Secretaría de Energía, el sector transporte representa 44.7 por ciento del consumo final de energía en el país, mostrando la importancia e incidencia de los combustibles automotrices en la vida cotidiana de familias y empresas.
La agreste geografía nacional y la complicada conectividad para largas distancias, sumadas a las condiciones de pobreza en que vive la mayoría de la población, hacen del incremento de los precios del transporte una de las variables que más efecto tiene en el gasto de los hogares de menores ingresos, mucho más cuando las cifras oficiales de la reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que elabora el Inegi, precisa que en 2016, 24.5 millones de personas ganaron menos de cinco mil pesos al mes, alcanzando 6.7 millones de personas con ingresos de sólo un salario mínimo.
En estas condiciones, es de necesidad imperiosa que el gobierno garantice la disponibilidad de los combustibles a un precio bajo para evitar mayor deterioro del poder adquisitivo de los salarios.
Es en extremo insólito que contando con una enorme dotación de recursos petroleros, los responsables del gobierno federal promuevan el encarecimiento y la privatización del comercio de las gasolinas. Es el caso de los dos últimos sexenios, donde se concentran los esfuerzos por destruir la oferta nacional de combustibles, imponer tal privatización en todas las áreas del sector energético y convertir cada gasolinera en una oficina receptora de impuestos. En un abuso político antidemocrático de la administración de Enrique Peña Nieto –porque llegó al poder con menos de 34 por ciento del voto de los mexicanos– oficializado entre 2013 y 2014 por medio de una reforma energética a modo de las corporaciones transnacionales, de un circuito de corrupciones y complicidades, que permite la apertura de la industria petrolera a la inversión extranjera; liberaliza el comercio y la inversión en toda la cadena de valor, posibilitando la privatización de los componentes de Pemex hasta su extinción.
La reforma energética es la causa de los gasolinazos
La reforma energética no significa otra cosa que la renuncia del Estado al desarrollo energético nacional, para dar paso a empresas privadas agrupadas en oligopolios, en una falsa dinámica competitiva de la que no se obtendrán mejores precios para el consumidor. El Ejecutivo federal miente de manera reiterada con sus promesas de reducción de precios y mayores niveles de bienestar. Y la mejor prueba son los persistentes gasolinazos que se ilustran en la gráfica siguiente:
Los discursos mentirosos del presidente y su equipo de gobierno chocan con la cruda realidad de precios persistentemente en ascenso.
De esos despropósitos de privatización peñista –basados en los preceptos del llamado “Consenso de Washington”– se deriva la pretensión de crear falsos mercados por todos lados, así como el abandono de la administración de precios sin excepción. Una vez aprobadas las leyes que desandaban la nacionalización cardenista, procuraron una implantación acelerada. Ésta se inició a mediados de 2014, cuando el gobierno federal quitó a Pemex áreas y campos petroleros para repartirlos entre empresarios privados mediante licitaciones internacionales de despojo petrolero denominadas “rondas”. Más aún, en paralelo se han estado creando mercados en la parte media y baja de la industria, tanto en gas natural y gas LP como en gasolina, diésel, turbosina y otros petrolíferos y petroquímicos. Los trastornos que hemos observado en las últimas semanas provienen precisamente de la construcción del mercado liberalizado de gasolina.
No es de menos relevancia el hecho que el logro de la instalación de la figura del mercado supone la destrucción de todas las funciones de Pemex. Por ejemplo, introducir la competencia en el abastecimiento de combustibles no es un problema menor por la dificultad para aumentar el número de oferentes. Son necesarias fuertes inversiones para construir refinerías y modernizar las existentes, pero queda más fácil a los privatizadores multiplicar el número de importadores a condición de permitirles utilizar la infraestructura existente bajo el principio de “acceso abierto” –que se aprobó en la reforma energética–, así como ganancias en pesos pero dolarizadas; es decir, que se autoajusten a devaluaciones y que, a la vez, puedan ser sacadas del país de manera inmediata sin obligación de reinversión.
El gobierno impulsa el aumento de la producción de petrolíferos mediante ingreso de capital privado y la privatización de las instalaciones de Pemex; sin embargo, como ese proceso tomará tiempo, la administración peñista se esmeró en crear el mercado de gasolina y diésel antes de 2018 con base en las importaciones que, por razones geográficas y económicas, vendrían mayoritariamente de Estados Unidos. No importó al gobierno actual que México se volviera sumamente dependiente del producto estadounidense y ni que se volviera vulnerable frente a las decisiones del gobierno del aquel país para restringir o gravar las exportaciones hacia México. Con Donald Trump en la Casa Blanca, queda muy claro el grave error de Peña de rematar los activos energéticos y aumentar la dependencia energética del país. México estaría en graves problemas si el gobierno de Estados Unidos decide gravar con pesados impuestos las exportaciones de energía hacia México, peor aún si decreta un embargo, por ocurrencia de Donald Trump o por la razón que sea.
Más rapacidad con nuevo sistema tributario
En el modelo neoliberal, el tránsito hacia la creación de mercados de combustibles exige la eliminación de subsidios, circunstancia que ha sido aprovechada por el gobierno para imponer un régimen tributario expoliador de los bolsillos de los consumidores, a fin de compensar la baja de ingresos fiscales por exportación de petróleo crudo. Esto significa la imposición de mayores y crueles gasolinazos para recaudar los impuestos. En lugar de componer el sistema de recaudación, eliminar la elusión y la evasión fiscales y elevar los impuestos a las clases pudientes de la sociedad, la SHCP prefirió utilizar el IEPS de los combustibles automotores para resolver el déficit y cubrir sus ineficiencias.
Así, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaban atrapados entre el fracaso y la ineficiencia, lo que dio pie, primero, a la urgencia de construir su famosa ecuación a favor de la pobreza o, formalmente, de cómo calcular los precios de los combustibles; segundo, a la política mixta de precios administrados y liberalizados; y tercero, al caos de los precios gasolineras y a la atomización de éste en 90 regiones hacendarías.
Encubriendo gasolinazos
Durante la administración del presidente Felipe Calderón se estableció la política de incrementos mensuales de los precios de los combustibles automotores, que se conocieron como “gasolinazos”. Los incrementos fueron de 0.8 centavos en ese sexenio. La administración de Enrique Peña Nieto dio continuidad a esos gasolinazos, los cuales llegaron a fijarse en 0.11 centavos de pesos mensuales.
Posteriormente, en enero de 2015, la Secretaría de Hacienda determinó hacer un solo aumento anual, fijando la gasolina Magna en 13.57 pesos por litro, la Premium en 14.38 y el diésel en 14.20. Durante ese año, el costo de la gasolina en la costa del Golfo de EUA fue mucho menor que en México; sin embargo, Hacienda nunca bajó el precio. De acuerdo con información de la Administración de Información Energética en ese país, el costo de la gasolina regular (similar a la Magna de aquí) el 9 de noviembre de ese año fue de 9.17 pesos por litro, si se toma en cuenta el tipo de cambio de 16.75 pesos por dólar.
Para 2016, Hacienda aplicó una metodología de cálculo consistente en sumar cuatro componentes (el precio internacional, los costos de logística, los márgenes de comercialización, así como el IEPS, federal y estatal). También estableció una banda de precios mínimos y máximos. En enero, el precio disminuyó para vender la ilusión de que “había un efecto positivo por la reforma energética”; sin embargo, luego subió para llegar al límite superior de la banda con valores de 13.98 pesos el litro de la Magna, 14.81 para la Prémium y 14.63 para el diésel. Los subsidios prácticamente desaparecieron, y el IEPS se incluyó como una cuota fija (4.16 pesos por litro para la Magna, 3.52 para la Premium y 4.58 en el diésel). De esa forma, el subsidio se acabó y la recaudación aumento considerablemente, con cargo a los consumidores. Es decir, gasolinazo 2016 y negocio para el gobierno.
Al dar a conocer los nuevos precios que regirán para 2017, la Secretaría de Hacienda consideró adelantar la liberalización del mercado –anunciada para entrar en vigencia en 2018– y anunció ciertos cambios en su metodología, que denominó de “precio máximo”, reagrupando en tres rubros los componentes del cálculo del precio de los combustibles:
1. El precio de referencia internacional de acuerdo con los mercados de la costa del golfo de Estados Unidos.
2. Los costos de transporte, internación, flete y distribución de Pemex.
3. Otros conceptos, que incluye impuestos especiales sobre producción y servicios, y otros, así como el margen comercial para las estaciones de servicio.
Tal como se da cuenta en la trascripción de tales acuerdos en la parte de las “consideraciones” del presente documento.
Este criterio también se aplicará a las 90 regiones gasolineras que se crean. En cada una de ellas habrá un “precio máximo” inicial, a partir de una tabla que se dio a conocer. Los nuevos precios promedio con que se inicia 2017 son para la Magna 15.99 el litro, para la Premium 17.79 y para el diésel 17.05. Además, a partir del 18 febrero la fijación del precio máximo será diariamente en todas las regiones.
El gobierno federal esperaba recaudar 223 mil 522 millones de pesos por concepto de IEPS de combustibles en 2016, monto que representa casi 5 por ciento de los ingresos totales, de 4.7 billones de pesos, considerados en la ley.
Para 2017, la SHCP explicó en un comunicado que no habría aumento del IEPS. Sin embargo, la recaudación alcanzaría 284 mil 432.3 millones de pesos, como consecuencia de la liberalización del mercado. He ahí el gasolinazo en su verdadera dimensión.
Cabe destacar que en el país se venden 100 millones de litros de Magna al día, 23 millones de Prémium y 60 millones de diésel, según la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros.
Desde 2016, la SHCP ha reconocido que “hablando del precio real, hay dos factores que pueden determinar el precio de las gasolinas: uno es el de referencia de la Costa del Golfo de EU, que depende del petróleo, y también está el tipo de cambio, otro factor”. Es decir, ésta es la médula de la metodología de cálculo del precio de las gasolinas, que nada tiene que ver con la defensa de la economía familiar.
Consideraciones
En un acto de verdadera irracionalidad, la SHCP anunció que a “partir del 18 de febrero, los precios máximos de las gasolinas y el diésel se determinarán de manera diaria y se aplicaría un mecanismo para mitigar la volatilidad”. El comunicado señaló:
Conforme al calendario que fue anunciado el 27 de diciembre pasado, los precios máximos de los combustibles se determinarán de manera diaria a partir del 18 de febrero. El precio máximo aplicable para cada una de las regiones del país será publicado la tarde previa en la página electrónica de la Comisión Reguladora de Energía (http://www.gob.mx/cre).
Los precios máximos reflejarán el movimiento en los precios diarios de las referencias internacionales. En todo momento, el gobierno federal buscará mitigar las fluctuaciones excesivas. Los márgenes de comercialización de las estaciones de servicio no tendrán modificaciones.
Los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel vigentes el 18 de febrero disminuirán 2 centavos por litro, con lo que el precio promedio de la gasolina Magna será de 15.97 pesos por litro, de la gasolina Premium de 17.77 y del diésel de 17.03. Los precios máximos para los sábados también estarán vigentes el siguiente domingo y lunes, por lo que la siguiente actualización se hará para los precios del martes 21 de febrero.
Las medidas de austeridad y el uso de los ingresos excedentes de gobierno federal que pudieran generarse por el mayor tipo de cambio y precio del petróleo respecto a lo presupuestado para 2017 permiten tener movimientos más graduales de los precios máximos de los combustibles de una manera fiscalmente responsable.
A partir de lo anterior se concluye que la decisión de continuar los gasolinazos podría ser detenida sólo por medio de una iniciativa ciudadana como la presente.
Los gasolinazos, una aparente legalidad pero en realidad una agresión a la economía familiar
1. En la parte de los artículos transitorios de la Ley de Ingresos de 2017, en el décimo segundo dice a la letra:
Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018, los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente:
I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, establecerá el calendario para que durante 2017 y 2018 los precios al público se determinen en condiciones de mercado. La calendarización mencionada se llevará a cabo por regiones del país y se dará a conocer en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de diciembre de 2016.
II. En las regiones del país, durante el tiempo en que los precios al público de las gasolinas y el diésel no se determinen en condiciones de mercado conforme al calendario a que se refiere la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel con base en lo siguiente:
a) Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por costos de transporte entre regiones y las diversas modalidades de distribución y expendio al público.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los precios máximos al público mencionados y el periodo de vigencia de los mismos a más tardar el 31 de diciembre de 2016.
b) Emitirá un acuerdo en el que se especifiquen la región, los combustibles y el periodo de aplicación de los precios, el que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán.
En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios al público de las gasolinas y el diésel en condiciones de mercado, se deberán publicar los precios máximos al público de los combustibles mencionados a más tardar el 31 de diciembre de 2016.
2. Con base a lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el 27 de diciembre de 2016 el comunicado número 193, “Metodología para la determinación de precios máximos de gasolinas y diésel así como precios máximos vigentes en enero de 2017”, donde se precisa:
A partir de 2015, con el objetivo de poner al día nuestro mercado de gasolinas, México transitó de un modelo de precio único a un esquema de precio máximo. En 2016, a fin de que este mercado refleje las condiciones internacionales, se adoptó un impuesto por litro, conocido como “IEPS fijo”.
Durante 2017, para continuar este proceso, los precios máximos se determinarán por región y reflejarán los costos logísticos de Pemex, en los términos aprobados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Asimismo, durante el año se irá reduciendo el periodo entre ajustes para que, a partir de la tercera semana de febrero, éstos se lleven a cabo de manera diaria...
Los precios máximos regionales se determinarán mediante una fórmula transparente y objetiva, donde se sumarán los tres componentes siguientes:
Los precios de referencia internacional de cada combustible. Esto representa el costo de adquirir los combustibles en el mercado internacional. El precio de referencia utilizado será el de los mercados de la costa del Golfo de Estados Unidos. Este costo es común para todas las regiones del país, excepto por el ajuste por calidad que aplica para cada zona específica, de acuerdo con las normas ambientales aplicables.
Los costos de transporte, internación, flete y distribución de Pemex. Estos costos, aprobados por la Comisión Reguladora de Energía, varían para cada región.
Otros conceptos, incluyendo los impuestos aplicables y el margen comercial para las estaciones de servicio. Cabe destacar que no hay ningún incremento en los impuestos aplicables a los combustibles. Estos conceptos también son comunes entre regiones...
Los precios máximos ahora se ajustarán con mayor frecuencia comparada con lo que se hizo en 2016. Se comenzará con un solo precio máximo durante enero y hasta el 3 de febrero de 2017, para después en febrero hacer dos actualizaciones semanales en las primeras dos semanas del mes. A partir del sábado 18 de febrero se determinarán de manera diaria.
Asimismo, se informa que los precios promedio a escala nacional vigentes del 1 de enero al 3 de febrero de 2017 serán de 15.99 pesos para gasolina Magna, 17.79 para gasolina Prémium y 17.05 para diésel, aunque es importante recordar que cada una de las 90 regiones tendrá sus niveles...
Estos precios máximos representan incrementos para las gasolinas Magna y Premium, y el diésel de 14.2, 20.1 y 16.5 por ciento, respectivamente, respecto al precio máximo observado en diciembre de 2016.
El incremento responde al aumento de los precios internacionales de los combustibles y no implica ninguna modificación o creación de impuestos. Los precios de las referencias internacionales para las gasolinas Magna y Premium, y el diésel se elevaron de manera importante en el último cuatrimestre de 2016.
Los precios máximos estarán vigentes en tanto no se haya flexibilizado el mercado de combustibles en una región.
3. Con todo lo anterior, teniendo como justificación estos instrumentos legales, se anunciaron y aplicaron lo que tradicionalmente se conoce como “gasolinazos”; que en la práctica significan un verdadero colapso del ingreso familiar y una irritación social en ascenso exponencial, como se ha observado en las decenas de protestas populares.
La práctica de usar la gasolina como medio seguro de recaudación de impuestos viene por lo menos desde el gobierno de Felipe Calderón, quien decretó un aumento mensual de la gasolina de 8 centavos de peso; luego, Peña Nieto, en su primer año de gobierno hizo lo mismo al subirlo a 11 centavos. Y pese a que el precio internacional de la gasolina siguió cayendo, el interno siguió subiendo. Para 2017 se decretó un aumento promedio de más de 2 pesos por litro de hidrocarburos.
4. Tal como lo he referido en múltiples ocasiones, lo que en realidad estaba y está haciendo el gobierno con este nuevo criterio es trasladar las depreciaciones del peso al precio de la gasolina y mantener el impuesto intocable. Desde el primer momento en que los ingresos por exportaciones de petróleo crudo empezaron a reducirse, el camino más fácil fue dejar que se devaluara nuestra moneda y entonces por la misma cantidad de dólares que se genera por la propia venta al exterior del petróleo mexicano el gobierno tendría a la mano más pesos. Cuando esta práctica quedó insuficiente para el colapso de los ingresos petroleros, la estrategia se radicalizó para trasladar esas devaluaciones en forma directa al precio de la gasolina, cuya expresión específica es la ecuación o metodología de cálculo que la SHCP se ha inventado para dicho propósito.
Ante el fracaso de la reforma energética, el gobierno está cambiando el esquema de producir más gasolina buena y barata por el de comprarla en el exterior, y comprarla a las empresas extranjeras residentes en México, pero a precios internacionales. De hecho, ya se importa 60 por ciento de las gasolinas que se consumen y, paralelamente, el gobierno cierra refinerías como parte de su política pública de exterminio de Pemex.
En este sentido, se pueden observar en verdadera magnitud las promesas falsas del gobierno de Peña Nieto sobre los beneficios que según él traería la reforma energética, incluida la reducción del precio de los hidrocarburos.
Lo lamentable y cínico de todo esto es que la administración de Peña Nieto cobra al pueblo de México el fracaso de su modelo económico y de la reforma energética y, más bien, sigue beneficiando a un grupo de transnacionales, creando más instrumentos y mecanismos que facilitan la corrupción por las imprecisiones metodológicas y legales como es el caso del esquema gasolinero de “precio máximo”.
5. Mantener el engaño, la burla al sentido común y el colapso económico simultáneamente ya generó un descontento general de empresarios, consumidores y la población en general. Entre las consecuencias inmediatas de esas medidas están la pulverización del salario de los trabajadores, así como del presupuesto municipal, que se deteriorará por encima de 20 por ciento, mientras que el sector empresarial tendrá que volver a subir los precios, generándose así las condiciones de malestar que son necesarias para una situación de levantamiento popular, algo que se tiene que evitar de forma inmediata.
Por contradictorio que parezca, este régimen no necesita opositores agresivos o enérgicos que provoquen la reacción de la gente –más bien, necesita opositores mesurados que puedan conducir el tremendo enojo y hartazgo hacia la construcción de una opción pacífica–. Así lo demuestra la necedad mercantilista de subir los precios de la gasolina poniendo en negro la esperanza de un 2017 más próspero para todo el país.
Privatizan el petróleo y el sector energético; engañan a la población publicitando mejoras y bajas de tarifas; venden el país a los extranjeros; y al final todavía quieren que el pueblo continúe pagando para engordar la cartera de los más ricos. A estas alturas es jugar con fuego, el gobierno está siendo irresponsable y esto es lo más grave. De todos los actores públicos, el propio gobierno menos parece tener interés de mantener la tranquilidad, la paz, la concordia.
Tenemos un gobierno que parece desear encender los ánimos, y conociéndolo no parece tener buenas intenciones. Lo peor es que su doble moral provoca y censura; provoca y tiene el aparato estatal a su servicio para sancionar a quienes se atrevan a responderle, lo que es un verdadero peligro para México.
6. Este tipo de gasolinazos se tiene que detener inmediatamente, para lo cual se deben elaborar cambios y mejoras a la metodología que la Secretaría de Hacienda ha creado para el cálculo de los precios de las gasolinas. Se debe permitir preservar el poder adquisitivo del ingreso familiar, sobre todo cuando se tiene 80 por ciento de la población en situación de pobreza, cuando tenemos decenas de comunidades con altos índices de marginación en la mayoría de los estados.
No sólo se debe evitar agravar la empobrecida situación económica de millones de familias, sino también hay poblaciones enteras que deben tener acceso a mayores ingresos federales, sobre todo si están en las áreas petroleras. Por ello es necesario duplicar el porcentaje que se le destina procedente del importe recaudado sobre gasolina; asimismo, reducir el IEPS a las gasolinas, que en realidad son injustificados, su aplicación ha sido para impedir el progreso de Pemex. Y a este momento ya no hay una sola justificación para mantener altos los IEPS a los hidrocarburos.
Por ello, los ciudadanos abajo firmantes, representantes de todos los sectores de la sociedad mexicana, asumimos la defensa de los intereses del pueblo presentando la siguiente iniciativa, por la que se propone que el precio de las gasolinas y el diésel no sea mayor de 10 pesos el litro.
De esta forma, y en caso de necesitar un reajuste el valor del combustible, que el gobierno federal tome de las reservas internacionales el monto necesario para mantener el precio de 10 pesos por litro, toda vez que el argumento oficial es la recaudación de 284 mil 432.3 millones de pesos que al tipo de cambio de 20 pesos por peso representa sólo 14 mil 221 millones de dólares; es decir, ni 10 por ciento de los más de 175 mil millones de dólares de reserva que el banco central tiene en su poder.
Debemos recordar que ese dinero de las reservas es generado por la economía nacional y por los mexicanos que se encuentran en el exterior, y no se están usando para beneficio de la economía sino como una caja de ahorro para las crisis y falta de liquidez internacional de bancos con matrices extranjeras o para subsidiar al gobierno de Estados Unidos comprándole sus bonos del Tesoro. Es decir, lo que generamos con nuestro esfuerzo es usado para intereses externos.
México vende a partir del 1 de enero una de las gasolinas más caras del mundo, lo que significa un verdadero colapso del ingreso familiar y una irritación social en ascenso exponencial.
La política recaudatoria del gobierno federal ha resultado fallida; la reforma energética que idealizó Peña Nieto fue y es una farsa.
Por todo lo anterior resulta imperativo y de urgente resolución establecer los correctivos necesarios para establecer un precio de las gasolinas de acuerdo con el interés general. Mientras se logra crear el mecanismo que permita aprobar los precios adecuada y racionalmente, se propone lo siguiente:
En vista de lo anterior, y considerando que lo expuesto reviste urgencia nacional, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se reforman el segundo párrafo del artículo 82 y el artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos, para quedar como sigue:
Artículo 82. La Comisión Reguladora de Energía expedirá disposiciones de aplicación general para la regulación de las actividades a que se refiere esta ley, en el ámbito de su competencia, incluyendo los términos y condiciones a que deberán sujetarse la prestación de los servicios, al igual que la determinación de las contraprestaciones, precios y tarifas aplicables, entre otros.
La regulación de contraprestaciones, precios y tarifas que establezca la Comisión Reguladora de Energía, con excepción de las actividades de expendio al público de gas licuado de petróleo, gasolinas y diésel, cuyos precios se determinarán conforme a las condiciones de mercado, sin poder aumentar su precio por litro en más de 5 por ciento anual, buscando además que las variaciones en su precio sean proporcionales a las del salario mínimo vigente, se sujetará a lo siguiente:
...
...
...
...
...
Décimo Tercero. La Comisión Reguladora de Energía continuará sujetando las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos a principios de regulación asimétrica con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, para lo cual tomará en cuenta, en lo que proceda, lo establecido en materia de precios en la Ley de Ingresos sobre hidrocarburos. Igualmente, la Comisión Reguladora de Energía deberá asegurar un tránsito armonioso de precios de a la liberalización de los mismos, tomando en cuenta los intereses del bienestar general, de manera prioritaria.
...
La comercialización que realicen personas controladas por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios podrá realizarse en puntos distintos de los señalados en el párrafo anterior. Esta actividad también se sujetará a regulación asimétrica, con objeto de limitar el poder dominante de las citadas personas, en tanto se logra mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados , y se garantice que no exista un oligopolio en el mercado de la comercialización. Y esta liberalización de la comercialización sólo podrá ocurrir cuando exista vigencia de dicha garantía. De igual manera, la Comisión Reguladora de Energía deberá asegurar un tránsito armonioso de precios como en el caso del párrafo anterior.
La regulación de las ventas de primera mano incluirá la aprobación y expedición de los términos y las condiciones generales, así como la expedición de la metodología para el cálculo de sus precios. En estas materias se deberá observar la práctica común en mercados desarrollados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y los precios deberán reflejar, entre otros, el costo de oportunidad y las condiciones y prácticas de competitividad en el mercado internacional de dichos productos , así como la racionalidad para mantener el poder adquisitivo del ingreso familiar.
...
...
Artículo Segundo. 1. En la fracción II, inciso a), del artículo décimo segundo transitorio se reforman los párrafos primero y segundo y se adicionan los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del mismo artículo. 2. Se deroga el segundo párrafo del inciso b), fracción segunda, del artículo décimo segundo transitorio. 3. Se deroga el artículo décimo tercero transitorio, todos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, para quedar como sigue:
Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018, los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente:
I. ...
II. ...
a) Se considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles sólo como lo es. Una referencia. Sin obligación a considerar en el cálculo final del precio de los hidrocarburos. Sí deberá tomar en cuenta los costos de logística, incluyendo los costos de transporte, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, generando las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. Igualmente, los costos de producción y los impuestos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los precios máximos al público y el periodo de vigencia de los mismos. La metodología y precios para 2018 deberán ser aprobados por una comisión nacional especial de precios de la gasolina a más tardar el 31 de marzo de 2017. Misma que será conformada por representantes de los sectores productivos nacionales, representantes legislativos del Congreso de la Unión.
De no aprobarse la metodología propuesta por la Secretaría de Hacienda, ésta tendrá diez días hábiles para presentar las modificaciones respectivas manifestadas por la comisión mencionada.
Asimismo, considerando que los aumentos de los precios de las gasolinas y del diésel durante los últimos tres años han tenido un fuerte componente relacionado con la depreciación del peso y no con los costos de producción; la referencia del precio internacional como componente del cálculo del precio de las gasolinas y el diésel no se considerará obligatorio.
Adicionalmente a la metodología que se apruebe, el precio máximo de las gasolinas y del diésel para 2017 no deberá ser mayor de 10 pesos el litro. Y en caso que por los costos de importar gasolina, o por producción u otros sean mayores que l propuesto –y mientras se construye alternativas de economía de escala para tener suficientes refinerías para satisfacer la demanda nacional–, los faltantes deberán ser cubiertos con las reservas internacionales, para lo cual se adoptará con el Banco de México un acuerdo específico al respecto.
Igualmente, el monto de 284 mil 432.3 millones de pesos considerados como el ingreso por IEPS de combustibles, en ningún caso podrán ser cubiertos por recortes presupuestales o por endeudamiento o incremento de otros impuestos.
b) Emitirá un acuerdo en el que se especifiquen la región, los combustibles y el periodo de aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán.
... (Se deroga)
III. ...
...
Décimo Tercero. Se deroga.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
A 8 de marzo de 2017.— Los abajo firmantes, en ejercicio de la prerrogativa consagrada en el artículo 71, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa ciudadana con proyecto de decreto, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones para fijar el precio de competencia de la gasolina en 10 pesos, signada con el aval de 200 mil firmas, mediante la cual manifestamos nuestra inconformidad con la fallida reforma energética. (Rúbricas).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con relación al Programa de Devolución de Derechos (Prodder) y de acuerdo a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, me permito informar a Usted que, de los ingresos excedentes recaudados por esta Comisión al término del primer trimestre del presente ejercicio fiscal, no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en este programa, debido a que está en trámite la autorización de recursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo
Atentamente
Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.— Ingeniero Francisco Muñiz Pereyra, subdirector general.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Agua Potable y Saneamiento, para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura.— Presente.
Me refiero a su oficio número DGPL-63- II-5-1779 de fecha 15 de diciembre de 2016, por el cual hace de nuestro conocimiento que en sesión ordinaria de misma fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, consideren el diseño de políticas públicas que permitan alcanzar la meta de recepción de señales radiodifundidas digitales en la totalidad de viviendas del país.
Sobre el particular, de conformidad con la fracción I del artículo 76 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hago de su conocimiento las siguientes consideraciones:
• El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o, 7o, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones (Decreto de Reforma Constitucional), en el cual se fijó un fecha cierta para concluir el proceso de transición a la televisión digital terrestre (TDT), al establecer en su artículo quinto transitorio que la transición culminaría el 31 de diciembre de 2015; y en ese mismo sentido, fueron plasmadas las obligaciones relativas a la transición a la TDT en el artículo Décimo Noveno Transitorio del decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión (decreto de ley) publicado en el DOF el 14 de julio de 2014.
En el citado decreto de ley, en su artículo Décimo Noveno Transitorio, se estableció que el instituto debía concluir la trasmisión de señales análogas de televisión radiodifundida una vez que se alcanzara un nivel de penetración del 90 por ciento de hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por área de cobertura de dichas señales, con receptores o decodificadores aptos para recibir señales digitales de televisión radiodifundida.
• En relación con lo anterior, en el citado artículo transitorio del decreto de ley y, en correspondencia con el tercer párrafo del artículo Quinto Transitorio del decreto de reforma constitucional, se estableció que corresponde al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), implantar programas y acciones vinculados con la transición a la TDT, en lo que respecta a la entrega o distribución de equipos receptores o decodificadores.
• Para ello, la SCT implantó el Programa de Trabajo para la Transición a la TDT, mediante el cual se fijaron los objetivos, estrategias y líneas de acción que el Ejecutivo Federal emprendió para completar la transición a la TDT, y dentro del cual se estableció un cronograma para la entrega de equipos receptores, mismo que fue publicado en el DOF el 13 de mayo de 2014.
• Ahora bien, el 11 de septiembre de 2014, el instituto publicó en el DOF la “Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre” (Política TDT), en cuyo artículo 18 se estableció un procedimiento específico que se adecúa al marco constitucional y legal vigente, consistente en que el Instituto acordaría la terminación de transmisiones analógicas por área de cobertura cuando en ésta se alcanzara un novel de penetración con receptores o decodificadores aptos para recibir transmisiones digitales en al menos 90 por ciento de los hogares de escasos recursos definidos por la Sedesol, siempre y cuando en toda área de cobertura que correspondiera ya se realizaran transmisiones digitales.
• En el citado artículo 18 de la Política de TDT se estableció que la SCT proporcionaría al Instituto los avances realizados conforme a su Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre 2014, con los siguientes datos:
- Número de hogares de escasos recursos definidos por la Sedesol, por área de cobertura donde se realicen transmisiones analógicas;
- Número de hogares de escasos recursos definidos por la Sedesol en que hayan sido entregados receptores o decodificadores aptos para recibir transmisiones digitales, por área de cobertura donde se realicen transmisiones analógicas; y o porcentaje de penetración con receptores o decodificadores aptos para recibir transmisiones digitales en los hogares de escasos recursos definidos por la Sedesol, en cada área de cobertura donde se realicen transmisiones analógicas.
Una vez que contara con la información antes referida, en caso de alcanzarse el porcentaje de penetración a que se refiere el inciso a) del artículo 18 de la Política TDT, se dictaminaría si en el área de cobertura ya se realizaban transmisiones de TDT y de actualizarse los supuestos contenidos en los incisos a) y b) del citado artículo, en Instituto determinaría la fecha y hora del apagón analógico que correspondiera.
Cabe mencionar que el 18 de diciembre de 2015 se publicó en el DOF el decreto por el que se adiciona el párrafo sétimo, se recorren los subsecuentes y se reforma el actual párrafo séptimo del artículo Décimo Noveno Transitorio del decreto de ley, quedando de la siguiente manera:
Décimo Noveno. ...
...
...
...
...
...
Aquellos permisionarios o concesionarios de uso público o social, incluyendo las comunitarias e indígenas, que presten el servicio de radiodifusión que no estén en condiciones de iniciar transmisiones digitales al 31 de diciembre de 2015, deberán, con antelación a esa fecha, dar aviso al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en los términos previstos en el artículo 157 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a efecto de que se les autorice la suspensión temporal de sus transmisiones o, en su caso, reduzcan su potencia radiada aparente para que les sea aplicable el programa de continuidad al que se refiere el párrafo siguiente de este artículo. Los plazos que autorice el Instituto en ningún caso excederán del 31 de diciembre de 2016.
En caso de que para las fechas de conclusión anticipada de las señales analógicas de televisión radiodifundida por área de cobertura o de que al 31 de diciembre de 2015, las actuales estaciones de televisión radiodifundida con una potencia radiada aparente menor o igual a 1 kW para canales de VHF y 10 kW para canales UHF, no se encuentren transmitiendo señales de televisión digital terrestre y/o no se hubiere alcanzado el nivel de penetración señalado en los párrafos tercero y cuarto de este artículo, ya sea en alguna región, localidad o en todo el país; el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá establecer un programa para que la población continúe recibiendo este servicio público de interés general en las áreas respectivas, en tanto se inicien transmisiones digitales y/o se alcancen los niveles de penetración señalados en este artículo. Los titulares de las estaciones deberán realizar las inversiones e instalaciones necesarias conforme a los plazos previstos en el programa. En ningún caso las acciones derivadas de este programa excederán al 31 de diciembre de 2016.
• En atención a la referida adición y reforma, el 31 de diciembre de 2015, se publicó en el DOF el acuerdo mediante el cual el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones estableció las estaciones y equipos complementarios que debían continuar realizando transmisiones analógicas de televisión radiodifundida de acuerdo con los supuestos normativos contenidos en los párrafos sétimo y octavo del artículo Décimo Noveno Transitorio del decreto de ley, conocido como acuerdo de permanencia.
• Derivado de lo anterior, la SCT resultó ser la autoridad encargada de que existiera en el país la posibilidad de recepción de señales digitales derivado de la transición a la TDT, ya que se encomendó al Ejecutivo federal implementar programas y acciones vinculadas con la transición a la TDT, en lo que respecta a la entrega o distribución de equipos receptores o decodificadores.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Ciudad de México, a 17 de abril de 2017.— Eduardo Álvarez Ponce, coordinador general.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Consejería Jurídica de Oaxaca.
Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Por instrucciones del Consejero Jurídico del gobierno del estado y con fundamento en el artículo 98 Bis; de la Constitución Política del estado libre y soberano de Oaxaca; en estrecha relación con el numeral 49, primer párrafo, fracción XXVIII; de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, 22, fracciones I y XIV; del Reglamento Interno de la Consejería Jurídica del gobierno del estado, doy respuesta a su oficio D.G.P.L. 63-11-3-1762, de fecha 09 de febrero de 2017, por medio del que hace de conocimiento el siguiente punto de acuerdo:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a las Secretarías de Educación de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, instrumenten las medidas necesarias para promover entre las niñas, niños y adolescentes la cultura de la denuncia de los actos violentos en su contra que se presenten en sus hogares”.
Sobre el particular, adjunto copia del ocurso número IEEPO/DMCE/397/2017, signado por la maestra Mariana Valdivia Mondragón, encargada de la Dirección para la Mejora de la Convivencia Escolar dependiente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, mediante el cual informa sobre lo exhortado; consecuentemente, pido a usted, de manera atenta, se tenga a mi representado, cumpliendo plenamente con lo solicitado.
Sin otro asunto en particular, le reiteró mi más alta y distinguida consideración.
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, a 3 de abril de 2017.— Licenciada Elvira Morales Pérez (rúbrica), directora general de Consulta Normativa y Prospectiva Legislativa de la Consejería Jurídica.»
«Consejería Jurídica de Oaxaca.
Licenciado Ángel Alejo Torres, consejero jurídico del gobierno del Estado.— Presente.
Sirva el presente para enviarle un respetuoso saludo y al mismo tiempo hacer llegar a usted la respuesta al oficio GU/SPEE/STTPE/G4/2017/194 turnado por la Secretaría Técnica del Poder Ejecutivo, para dar atención al documento No. D.G.P.L 63-11-3-1762 signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en donde da a conocer el punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto a promover entre las niñas, niños y adolescentes la cultura de la denuncia de los actos violentos en su contra que se presenten en sus hogares.
Por lo que al respecto, la Dirección para la Mejora de la Convivencia Escolar, en el ámbito de su competencia, propone implementar la Mesa de Trabajo Interinstitucional para la Prevención y Atención de casos de Violencia ejercidos hacia Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de establecer acuerdos de trabajo coordinado que permitan coadyuvar de manera asertiva a brindar atención adecuada a la niñez y adolescencia del estado, tomando en cuenta que desde el quehacer de cada institución se tendrá la oportunidad de trabajar tanto con niñas, niños y adolescentes, como con personal docente, madres, padres y /o tutores.
Aprovecho también, para comentar a usted que desde el área de Atención y Tratamiento de esta dirección a la fecha se han venido realizando talleres con madres, padres y/o tutores en los que se ha visto de manera transversal el tema medular del presente, capacitando en estos primeros 100 días de gobierno a un total de 2103 personas.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 22 de febrero de 2017.— Maestra Mariana Valdivia Mondragón (rúbrica), encargada de la Dirección para la Mejora de la Convivencia Escolar.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Consejería Jurídica de Oaxaca.
Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Por instrucciones del consejero jurídico del gobierno del estado y con fundamento en el artículo 98 Bis; de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Oaxaca; en estrecha relación con el numeral 49, primer párrafo, fracción XXVIII; de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, 22, fracciones I y XIV; del Reglamento Interno de la Consejería Jurídica del gobierno del estado, doy respuesta a su oficio D.G.P.L. 63-11-3-1784, de fecha 09 de febrero de 2017, por medio del que hace de conocimiento el siguiente punto de acuerdo:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Ejecutivo de las 31 entidades federativas y de la Ciudad de México para que se diseñen políticas estatales en materia de cambio climático y se destinen para su ejecución recursos específicos en los proyectos de presupuesto de egresos de cada uno de los estados con la finalidad de que nuestro país contribuya a mitigar el cambio climático y pueda enfrentar sus efectos adversos.”
Sobre el particular, adjunto copia del ocurso número SEMAEDESO/0350/2017, signado por el licenciado José Luis Calvo Ziga, Secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, y disco compacto, mediante el cual informa sobre lo exhortado. Consecuentemente, pido a usted de manera atenta, se tenga a mi representado, cumpliendo plenamente con lo solicitado.
Sin otro asunto en particular, le reiteró mi más alta y distinguida consideración.
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, a 27 de marzo de 2017.— Licenciada Elvira Morales Pérez (rúbrica), directora general de Consulta Normativa y Prospectiva Legislativa de la Consejería Jurídica.»
«Consejería Jurídica de Oaxaca.
Licenciado Ángel Alejo Torres, consejero jurídico del gobierno del estado
En atención a su similar número CJGEO/DGCNPL/DRPLB/168-02/2017, de fecha del 22 de febrero de 2017, recibido en esta Secretaría al día siguiente de su emisión, para efectos de dar respuesta al oficio número B.6.P.L. 63-11-3-1784- de fecha 9 de febrero de 2017, signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que contiene el punto de acuerdo, por medio del cual exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal, para que diseñen políticas estatales en materia de cambio climático y se destinen para su ejecución recursos específicos en los proyectos de presupuesto de egresos de cada uno de los estados con la finalidad de que nuestro país contribuya a mitigar el cambio climático y pueda enfrentar sus efectos adversos.
Es por ello que en observancia a lo dispuesto por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, esta Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, le informa las siguientes acciones que realiza en materia de mitigación y adaptación para el cambio climático:
l. Formulación del Programa Estatal de Cambio Climático (PECC), el cual tiene como objetivo establecer las estrategias, lineamientos, así como mecanismos y acciones relacionadas al cambio climático, con el cual se pretende lograr los objetivos específicos siguientes:
a) Consolidar a Oaxaca como un estado resiliente ante los efectos del cambio climático, para asegurar la conservación del capital natural, la infraestructura estratégica y el patrimonio cultural, así como coadyuvar al desarrollo económico bajo en carbono y al bienestar de la población, considerando un enfoque de igual de género e interculturalidad.
b) Impulsar el desarrollo de los sectores estratégicos del estado, a través de un esquema de economía baja en carbono que promueva una mayor competitividad en los bienes y servicios que provee.
c) Lograr una participación activa e informada de todos los sectores de la sociedad con relación a los impactos que el cambio climático tiene sobre Oaxaca, a fin de fomentar una respuesta coordinada, oportuna y eficiente.
d) Generar sinergias para potenciar los cobeneficios que resulten de la instrumentación de las medidas de mitigación y adaptación que coadyuven a mejorar la calidad de vida de la población en el estado.
e) Establecer componentes de mitigación, como medidas para reducir o prevenir emisiones de contaminantes de efecto invernadero; acciones que van desde cambios tecnológicos, reordenamiento del transporte público, uso de energías renovables hasta cambios en las actividades económicas y en los patrones de comportamiento de los consumidores.
f) Establecer componentes de adaptación, los cuales consisten en la planeación de escenarios en temas de cambio climático, para estimar las repercusiones de posibles cambios de temperatura y precipitación pluvial en un futuro cercano y el de los periodos de retorno de fenómenos hidrometeorológicos extremos, para determinar el riesgo de la población, los sistemas productivos, la infraestructura estratégica y los ecosistema en el estado de Oaxaca.
g) Seguimiento y actualización del Atlas de Riesgo como instrumento intersectorial de gestión (e.g. Protección Civil, Programas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Seguridad Hídrica).
h) Planeación del uso de suelo con criterios de prevención del riesgo y fomento de la resiliencia.
i) Seguimiento al Sistema Estatal de Información Meteorológica y Climática de Oaxaca en apoyo a los programas de alerta temprana.
Para la formulación del PECC, se elaboraron los estudios siguientes:
1. Dos Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, bases 2005 y 2008 en el que se incluyen los sectores: Energía, Procesos Industriales, Agricultura, Uso de Suelo y Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS) y Residuos.
2. Proyecto “Hacia el Programa de Acción ante el Cambio Climático de Oaxaca”.
3. Estudio de análisis de los sectores estatales con mayores emisiones de gases de efecto invernadero (GEí) y su relación con variables y actividades económicas. (Año 2012).
4. Atlas de Cambio Climático, dicho instrumento contiene datos y mapas de las regiones, distritos y municipios en materia de clima, cambio climático, clima extremo, parámetros bioclimáticos y sequía meteorológica del estado de Oaxaca. (Año 2012). Para su consulta se encuentra en la página http://atlasclimatico. unam.mx/ oaxaca.
5. Talleres de Concientización en las regiones del estado, con la participación de la academia, asociaciones civiles, iniciativa privada y la administración pública federal y estatal, para identificar y priorizar las medidas a implementar para la mitigación y adaptación al cambio climático.
6. Proyecto de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático. (Año 2013); que incluye la evaluación de la vulnerabilidad actual y futura de los sectores de interés para el estado de Oaxaca (agropecuario, industria, agua, forestal y biodiversidad) ante los efectos del cambio.
7. Ley de Cambio Climático para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el día 28 de noviembre de 2013, la cual regula y fomenta la instrumentación de la política estatal de cambio climático e incorpora acciones de adaptación, prevención de desastres y mitigación, así como la instalación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) y se creó el Comité Técnico de Cambio Climático (CTCC).
8. Estudio de factibilidad legal, ambiental, social y económico para reducir o evitar las emisiones a la atmósfera del sector ladrillero en la zona metropolitana de Oaxaca, así como el proyecto piloto para la instalación, equipamiento y pruebas de funcionamiento de dos hornos prototipo para el cocido de ladrillo en la referida zona.
9. Estudio para la determinación de la producción de biogás en el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos de Zaachila, en el cual se determinó la producción de biogás generado a partir del confinamiento en una celda clausurada en el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, la cual tiene una superficie de cuatro hectáreas; lo que representa opciones de aprovechamiento de como combustible, con un potencial de operación en rangos hasta de 1.2 mega watts; mismo que también puede utilizarse como combustible gaseoso con un poder calorífico del orden de los 350 BTU, con ello se dejarían de emitir 94,927 toneladas de bióxido de carbono (C02) para contribuir a mitigar el fenómeno del cambio climático.
Dichos instrumentos se adjuntan al presente en medio digital, así como el proyecto (del PECC.
Cabe mencionar que el PECC Oaxaca fue elaborado por el Centro Mario Molina, con recursos financiados por el Banco interamericano de Desarrollo (BID), con apoyo de Latin America Regional Climate Initiative, así como que los trabajos de elaboración iniciaron en el año 2014 y concluyeron en el mes de noviembre del año 2016, contando con la participación de la academia, asociaciones civiles, iniciativa privada, dependencias del gobierno estatal y federal y organismos internacionales; lo cual permitió identificar y priorizar las medidas y acciones a implementar a corto, mediano y largo plazo para la incorporación de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático además de garantizar que el programa estuviera acorde a la realidad pluricultural e igualdad de género en nuestro estado.
Actualmente se cuenta con la versión final actualizada del referido programa, la cual contiene observaciones y comentarios del Comité Técnico de Cambio Climático (CTCC), el extinto Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el BID; asimismo con la implementación de este programa se busca poner en acción medidas prioritarias que contemplan para el estado de Oaxaca en el año 2020, un potencial de mitigación de 3.8 millones de tonelada de C02 eq, es decir se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero, para contribuir a las metas a nivel mundial de no incrementar la temperatura global en promedio 2°C.
Asimismo, le informo que esta Secretaría en el presente año llevará a cabo la restructuración, instalación y toma de protesta de los nuevos integrantes de la CICC; promoverá el fortalecimiento del Comité Técnico de Cambio Climático, así como la publicación del PECC, en el Periódico Oficial del gobierno del estado, con la finalidad de lograr su transversalidad en el Programa Estatal de Desarrollo, y con ello estar en posibilidades de gestionar recursos económicos ante diferentes fuentes de financiamiento para la implementación de las medidas de adaptación y mitigación en el territorio estatal.
Por lo antes expuesto, en el marco de las atribuciones de esta Secretaria, para la formulación, diseño e implementación de las estrategias que coadyuven al combate do los efectos negativos de cambio climático, a través de! PECC, solicito se tenga atendiendo lo establecido en el exhorto emitido por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Cámara de Diputados.
Por lo antes expuesto, atentamente solicito:
Único. Se me tenga rindiendo el presente informe en tiempo y forma.
Esperando que la información proporcionada cubra sus expectativas, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Agencia Municipal de Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 1o. de marzo de 2017.— Licenciado José Luis Calvo Ziga (rúbrica), secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Gobierno de Chihuahua.
Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura.
Me refiero a su comunicado D.G.P.L.63-II-7-2135, Expediente número 5945, turnado a en esta Coordinación Estatal de Protección Civil el día de hoy, a las 12:47 hrs, a través de Oficio SP 297/2017 signado por el Secretario Particular del C. Gobernador, licenciado José A. Luévano Rodríguez, referente a dar seguimiento a Acuerdode sesión celebrada el 5 de abril del año en curso, por el cual se exhorta a diversas autoridades federales y locales a coordinarse para llevar a cabo acciones preventivas interinstitucionales que eviten la ocurrencia de incendios forestales y sus consecuentes afectaciones a la población.
Sobre el particular, me permito hacer de su superior conocimiento que estamos dando atención al acuerdo en mención. El día de hoy (12 de abril de 2017) a las 12:00, se llevó a cabo reunión convocada por esta Coordinación Estatal de Protección Civil Chihuahua con las Dependencias de: Secretaría de Desarrollo Municipal, Secretaría de Desarrollo Rural y Conafor con el fin de elaborar planes específicos con el fin de disminuir estos riesgos, así como el atender oportuna y adecuadamente a la población ante la ocurrencia de incendios forestales.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para manifestarle nuestro compromiso de sumamos a las tareas de fortalecer e impulsar las acciones de la prevención, dirigidas a salvaguardar la integridad física de la población.
Atentamente
Chihuahua, Chihuahua, a 12 de abril de 2017.— Arquitecto Virgilio Cepeda Cisneros, coordinación estatal de Protección Civil.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Secretaría de Gobierno de Guanajuato.
Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato, y en atención a su oficio número D.G.P.L 63-11-3-1762, del 9 de febrero del año en curso, por el que da a conocer la aprobación del Acuerdo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, y que en sus resolutivos, señala:
La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a las Secretarías de Educación de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, instrumenten las medidas necesarias para promover entre las niñas, niños y adolescentes la cultura de la denuncia de los actos violentos en su contra que se presenten en sus hogares.
La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes federal, estatal y de la Ciudad de México, a efecto de establecer la coordinación con la Procuraduría General de la República, y con las Procuradurías de Justicia de los estados y de la Ciudad de México, para que utilicen mecanismos de denuncias confidenciales, accesibles y amigables con las niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos de su actuación, proveyendo apoyo legal.
La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, nacional, estatales, de la Ciudad de México y municipales a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, promuevan campañas y cursos para padres, madres y tutores de menores de edad con la finalidad de prevenir la violencia en los hogares.
Al respecto, es oportuno señalar que el 11 de septiembre de 2015 se publicó en el Periódico Oficial del gobierno del estado de Guanajuato, número 146, segunda parte, el decreto legislativo número 313 mediante el cual, la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del estado libre y soberano de Guanajuato expidió la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Guanajuato.
Para los efectos de la materia del exhorto que nos ocupa, se destacan las siguientes disposiciones:
Deber de las autoridades
Artículo 6. Las autoridades estatales y municipales, así como los organismos autónomos, en el marco de sus respectivas competencias, están obligados a garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como prever, primordialmente las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral pleno.
Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño.
Impulso, respeto, promoción y protección de derechos
Artículo 7. Las autoridades estatales y municipales, así como los organismos autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley, así como el fomento de la participación de las organizaciones de la sociedad civil para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Medidas de protección especial
Artículo 11. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables.
Derecho a una vida libre de violencia
Artículo 48. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente de paz y armonía, libres de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y desarrollo integral.
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia de niñas, niños y adolescentes, deberán ejercer su derecho de educación, formación y enmienda atendiendo siempre al interés superior de éstos, quedando prohibidos ¡os castigos corporales así como los tratos humillantes o degradantes como formas de corrección disciplinaria.
Medidas de recuperación y de restitución de derechos
Artículo 49. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.
La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud física y psicológica, el respeto y lo dignidad de niñas, niños y adolescentes.
Protocolos de atención
Artículo 50. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito en el Estado de Guanajuato y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.
Prohibiciones
Artículo 80. Está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar o no admitir, o de cualquier manera transferir o remover a niñas, niños y adolescentes cuando su vida, seguridad o libertad estén en peligro a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones a los derechos humanos, así como donde pueda ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Obligaciones de quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia de niñas, niños y adolescentes
Artículo 86.Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda o custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, las siguientes:
I.a II....
III. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno armonioso y libre desarrollo de su personalidad:
IV. a X. ...
De igual manera, en el Periódico Oficial del gobierno del estado de Guanajuato, número 50, segunda parte, de fecha 27 de marzo de 2009,se publicó la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato. Al respecto, dispone:
Sistema Estatal
Artículo 25. El Sistema Estatal es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la administración pública estatal entre sí, y con las autoridades federales y los municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas públicas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención y erradicación de la violencia en el estado de Guanajuato.
Asimismo, es oportuno señalar que en fecha 7 de octubre de 2011, se publicó en el Periódico Oficial del gobierno del estado de Guanajuato, número 160, segunda parte, el Decreto Legislativo número 188 mediante el cual, la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del estado libre y soberano de Guanajuato, expidió la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato. Al respecto, dispone:
Fomento y formación en valores universales
Artículo 3. La formación en valores universales permitirá a los habitantes del estado de Guanajuato, su formación integral y el fortalecimiento del desarrollo de la entidad y de la nación.
La Secretaría de Educación de Guanajuato y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior fomentarán, conforme a los programas autorizados por la Secretaría de Educación Pública, los valores universales que permitan el adecuado desarrollo del educando.
Párrafo reformado P.O. 29-12-2015
Asimismo, implementarán los mecanismos para la formación en dichos valores que fortalezcan el adecuado desarrollo de la comunidad educativa.
Fines de la educación
Artículo 12. La educación que se imparta en la entidad tendrá, además de los fines establecidos en el artículo 3 de la Constitución Política de loos Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los siguientes: (...)
XXI. Apoyar a las niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la atención especial de quienes se encuentren en situación de riesgo:
(...)
Equidad y discapacidad
Artículo 22. Para lograr la equidad educativa se apoyará a los educandos en función de sus condiciones y necesidades a fin de asegurar su formación y desarrollo integral, mediante el fortalecimiento de la educación especial y la educación inicial.
Para alcanzar la equidad en la educación, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las siguientes acciones:
I.a XV. ...
XVI. Apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los padres de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención de la violencia escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros;
XVII.y XVIII. ...
Corresponsabilidad educativa
Artículo 62. La educación integral de las hijas, hijos o pupilos es obligación de los padres de familia, tutores o de quienes ejerzan la patria potestad, con la corresponsabilidad de los educadores y demás personas e instituciones que integran el Sistema Educativo Estatal, de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Prevención de ilícitos
Artículo 66. Los educadores y personal directivo realizarán acciones educativas y preventivas en el ámbito de su competencia, a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa.
En caso de que los educadores, personal de apoyo y personal directivo, así como los padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente, de conformidad con lo establecido por la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Atribuciones del Ejecutivo estatal
Artículo 80. Corresponde al Ejecutivo estatal, además de lo establecido en la Ley General de Educación:
I a XVI....
XVII. Fortalecer los programas interinstitucionales destinados a la formación de la cultura de la legalidad, la paz y protección del ambiente;
XVIIIa XX. ...
Por otro lado, la especial condición de las niñas, niños y adolescentes requiere de una protección y cuidado específicos, a fin de que puedan desarrollarse física, mental, moral y socialmente en forma saludable y óptima, así como en condiciones de libertad, igualdad y dignidad. Por ello, en el estado de Guanajuato se han desarrollado mecanismos transversales, incluyendo la procuración de justicia, con la finalidad de promover el reconocimiento, garantizar el ejercicio y defender los derechos y libertades de dicho sector de la población, siempre dirigiendo nuestro quehacer hacia la efectiva materialización del interés superior del menor.
En este sentido, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato cuenta con mecanismos de atención y servicio las veinticuatro horas del día, los 365 días del año, en los 46 municipios de nuestra entidad, y que son accesibles para toda la población con independencia de su edad, sexo o cualquier otra característica. Ahora bien, se dispone de políticas e instancias específicas de atención a favor de las niñas, niños y adolescentes, que de manera directa o indirecta participan en el desarrollo de una investigación iniciada por la noticia de un presunto hecho delictivo.
En materia de empleo de mecanismos accesibles para la presentación de denuncias o querellas, desde una arista de investigación y persecución de los delitos, se han desempeñado esfuerzos importantes que favorecen el acceso a la justicia y la promoción de la cultura de la denuncia, a través del desarrollo permanente de esquemas de atención y servicio, operados por personal especializado, destacándose en tal asignatura, entre otros, los siguientes:
-Como una forma de incentivar la cultura de la denuncia, a través de medios electrónicos, se opera la aplicación para dispositivos fijos y móviles “Procúrate y Asegúrate”, integrada por cuatro herramientas (ProcuraWeb, ProcuraTel, ProcuraCel y ProcurApp), disponible en forma gratuita para los sistemas Android e iOS, que permite reportar situaciones de riesgo o presuntamente constitutivas de delito, favoreciendo la percepción de seguridad y la implementación de modelos vanguardistas para el combate al delito. Dentro de las ventajas con que cuenta esta aplicación, destaca ia posibilidad de ubicar la Agencia del Ministerio Público más cercana, realizar denuncias fotográficas, así como conocer el status de investigaciones iniciadas, entre otros servicios.
-Se cuenta con el Centro de Atención y Servicio (CAS) el cual ofrece servicio de recepción y atención de denuncias telefónicas. La línea telefónica gratuita operada por el CAS es: 01 800 DNUNCIA (3686242).
-Operación de los Módulos de Atención Primaria:en los que se atiende al minuto de arribo de la persona.
-Denuncia en Línea: a través del portal o dirección en internet de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, consultable en: https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Dnuncia/Formularios/ dnunciojineo.ospx, con lo cual contamos con la opción de presentación de denuncia, a través de dicho medio, lo que agiliza y facilita la realización del trámite en comento.
-Unidades Especializadas de Investigación (fijas y móviles): que nos permiten brindar a todas las y los usuarios un servicio ágil, oportuno, incluso en su domicilio, pero sobre todo especializado, que promueve una más eficiente y adecuada integración técnica y científica de las investigaciones.
-Unidad de Atención Integral y Especializada a las Mujeres (UNMujeres): la cual brinda asesoría y apoyo legal, psicológico y social a mujeres y niñas víctimas de violencia conforme al marco jurídico aplicable.
Cabe hacer mención de que, en el marco del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de coadyuvar en la tutela del multicitado interés superior de los menores y brindar la atención y auxilio técnico penal correspondiente, la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato, en los casos y de conformidad con el marco jurídico aplicable, mantiene coordinación interinstitucional con la Procuraduría Estatal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, lo que permite desarrollar acciones, brindando seguimiento oportuno y garantizando sus derechos particulares, así como su libre desarrollo.
Además, la Procuraduría General de Justicia capacita y prepara permanentemente a sus servidoras y servidores públicos en materia de derechos humanos y atención especializada. Entre otras acciones se cuenta con un Instituto de Formación Profesional, que se encarga, precisamente, de la formación y actualización, así como la profesionalización del personal ministerial de la Procuraduría. Aunado a éste, contamos con una Academia de Investigación Criminal, que instruye a los auxiliares del Ministerio Público, peritos, policías y analistas de información, para ejercer sus atribuciones de manera integral, observando el principio de interés superior del menor.
d) Por lo que hace a la garantía del interés superior del menor:
-Contamos con el Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, así como con la Policía Ministerial Especializada para Adolescentes, los cuales ejercen las atribuciones inherentes al Sistema Integral de Justicia para Adolescentes previsto por los artículos 18 de la Constitución Federal y 13 de la Local, observando la legislación aplicable del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
-Coordinamos el Programa Alerta Amber Guanajuato, mecanismo de amplio alcance social, para búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes, en el que se conjugan esfuerzos de instituciones públicas de los distintos órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil, el sector empresarial y los medios de comunicación, a fin de generar esquemas de atención pronta y oportuna ante escenarios objetivos de vulnerabilidad y peligro para las y los menores y adolescentes, en donde pueda encontrarse en riesgo su bienestar, su desarrollo o bien, existir una amenaza real e inminente de que éstos sean víctimas de ciertos delitos o que se trastoquen sus Derechos Humanos.
-A través de la Subprocuraduría de Atención Integral Especializada se opera la Coordinación de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, que brinda asistencia legal, psicológica, social y económica, a las personas víctimas y a sus familiares, incluyendo, desde luego, a personas menores de edad, bajo esquemas acorde a sus condiciones particulares.
- Representación Victimal: misma que se brinda atento a lo dispuesto en el Acuerdo 1/2016, por el que se establece el funcionamiento y organización institucional, así como las directrices para la asesoría jurídica penal a personas víctimas y ofendidas del delito, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato.
-Asimismo, disponemos de un Refugio Temporal, en el que se otorga protección a las mujeres y menores que se encuentran en situación de riesgo, a través de una atención integral.
-Se tiene un Área de Dictaminación Psicológica Especializada, que opera en apoyo a las diversas Subprocuradurías, y tiene por objeto determinar el estado emocional o material de las víctimas u ofendidos del delito, incluidas niñas, niños o adolescentes, o, en su caso, obtener el perfil psicológico de aquellas personas a quienes se les atribuye la comisión del hecho delictuoso.
-Operamos Ludotecas en las Unidades de Atención integral a las Mujeres (UNAIM), en las cuales se atiende a niñas y niños que acompañan a nuestras usuarias, pudiendo disfrutar de un lugar adecuado para su sano desarrollo, esparcimiento y aprendizaje positivo.
-Del mismo modo, se iniciaron los trabajos de operación del Centro de Justicia para las Mujeres, mismo que tiene su sede en el Municipio de irapuato, cuyo objeto consiste en la prestación concentrada y coordinada de servicios especializados, integrales, con perspectiva de género y con respeto a los Derechos Humanos, por parte de instituciones del sector público y organizaciones sociales, a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos menores.
-Contamos con la Unidad Especializada en contra de la Trata de Personas y Corrupción de Menores, que atiende de manera profesional dichos delitos, que inciden especialmente en los derechos de la infancia.
f) Finalmente, desde el ámbito normativo, la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato emitió diversas disposiciones internas que inciden en una adecuada atención a las Niñas, Niños y Adolescentes, entre las que se destacan:
-El Acuerdo 2/2011, por el que se establecen Políticas de Atención al Público, especialmente en favor de los Grupos Vulnerables en la Procuraduría General de Justicia del Estado, mismo que establece tratamiento particularizado y prioritario a menores.
-El Acuerdo 7/2014, por el que se adoptan formalmente los Protocolos de Investigación con Perspectiva de Género Actualizados, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato.
Durante el 2016, y conforme al procedimiento que disponen la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato y la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, canalizamos 74 denuncias de violencia escolar a los Centros Multidisciplinarlos para la Atención de la Violencia.
Con el objetivo de impulsar la prevención de la violencia y las adicciones, la Secretaria de Seguridad Pública, SSP, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, DIF, trabajaron, para el beneficio de 36 mil 500 niñas, niños y jóvenes, en polígonos prioritarios del estado. Ahora bien, con el objetivo de promover la cultura de la legalidad en los niños y adolescentes, se realizaron Jornadas Escolares en escuelas primarias y secundarias en las que participaron defensores públicos especializados en temas como: valores, derechos, deberes de la infancia, sistema de justicia juvenil, violencia, confiicto y delitos, consecuencias, deber de denunciar; con la participación de 719 niños y adolescentes.
Por otra parte, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Dirección de Fortalecimiento Familiar, cuenta con el Programa de Centros Multidisciplinarios para la Atención integral de la Violencia y Albergue para Familias y Mujeres Receptoras de Violencia, cuyo objetivo general es prevenir, atender y erradicar la violencia en las familias guanajuatenses, además de atender sus efectos, generando para tal fin estrategias específicas, como son:
I. Promover una cultura de paz, igualdad de género y resolución pacífica de conflictos;
II. Buscar la implementación de acciones y estrategias encaminadas a promover la No Violencia;
III. Fomentar una cultura de denuncia y respeto a la legalidad a través de campañas coordinadas con los CEMAIV municipales;
IV. Vigilar el seguimiento de las estrategias para la intervención integral que prestan los CEMAIV municipales a las personas generadoras o receptoras de violencia;
V. Capacitar continuamente al personal de los CEMAIV de los municipios;
VI. Supervisar la correcta intervención multidisciplinaria para atender la necesidad en cada caso en particular;
VII. Vincular la coordinación de los CEMAIV con el Albergue Temporal para Mujeres Receptoras de Violencia del Sistema Estatal DIF, supervisando que se implemente el modelo de atención;
VIII. Aplicar el modelo de atención que marca la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato, así como su reglamento;
IX. Brindar apoyo interinstitucional que genere acciones y estrategias en conjunto para erradicar la violencia;
X. Generar una estadística basada en los informes de atención reportados mensualmente por los CEMAIV, con la finalidad de analizar el fenómeno de la violencia en el Estado de Guanajuato, revisando desde las acciones preventivas en conjunto con la operatividad de los CEMAIV y la población atendida en el Refugio Témporal para Mujeres receptoras de violencia; y
XI. Actualizar continuamente ai personal de CEPAEV, adaptándolo a las necesidades para la efectiva aplicación y atención en el tema de violencia.
De la misma forma, la Dirección de Acción en Favor de Niñas, Niños y Adolescentes cuenta con el Programa de Escuela para Padres, que tiene operando desde el 2006, y a la fecha trabaja con los 46 municipios del estado de Guanajuato, en las siguientes acciones:
I. Proyecto de vida familiar.
II. Elementos que fortalecen a la familia.
III. Estilos de crianza.
IV. Establecimientos de límites.
V. Valores en familia.
Todos estos temas se relacionan en armonía, basados en los valores como el amor, respeto, benedicencia, honestidad, responsabilidad, generosidad y unión, en el estado de Guanajuato se lleva a cabo la campaña de valores y apoya a esta temática. Así como en los talleres que respaldan el trabajo de escuela para padres, en el año 2016, se atendió en diferentes líneas de acción a los padres de los diferentes municipios en 974 grupos que fueron atendidos bajo la temática ya mencionada.
Se llevaron a cabo un total de 51 foros estatales-municipales con los temas de prevención en familia, límites con amor y estilos de crianza así como eventos de fortalecimiento por parte de los municipios, en los que se realizaron un total de 10 encuentros de padres, 25 foros municipales y 389 pláticas aisladas, con un total de 46,490 beneficiarios atendidos mediante estas acciones.
Notas
1 Consultable en la versión electrónica del Periódico Oficial del Gobierno del Estado en
http://periodico.guanajuato.gob.mx/dowloadfile?dir-files_migrad os&file-PO_146_2da_Parte_ 20l509l4_l603_20.pdf.
2 Consultable en la versión electrónica disponible en la siguiente dirección electrónica:
hnp://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfíle?dir-files__migra dos&file-200903271642120.PO_50_2da_Parte.pdf
3 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 87. Quinta Parte, del 31 de mayo de 2016. Consultable en su versión electrónica en el siguiente vinculo.
hnp://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir-files_migrad os&file-PO_87_5ta_Parte_20160531_1632_20.pdf
4 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 154. Segunda Parte, del 27 de septiembre de 2011 Consultable en el siguiente vinculo:
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir-files_migra dos&file-PO_154_2da_Parte_20110927_1847_15.pdf
5 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 207. Sexta Parte, del 29 de diciembre de 2014. Consultable en el siguiente vínculo
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir-files_migra dos&file-PO_207_6ta_Parte_20141227_1151_18.pdf
6 Quinto informe de Gobierno, Lic. Miguel Márquez, Márquez. Estrategia I. Impulso a tu Calidad de Vida Tema 1.5 Familias Funcionales Subtema 1.5.4 Centros Multidisciplinarios para la Atención de la Violencia, página 87, versión electrónica.
7 Idem.. Estrategia II. «Impulsa a la Educación para la vida». Tema 11.3 «Arte, Cultura y Deporte en Tu Vida», Subtema 11.3.1 «Práctica deportivo y competitiva», página 145.
8 Idem.. Estrategia IV. «Impulso al estado de derecho». Tema IV.4 «Certeza Jurídica», Subtema IV. 4.2 «Certeza jurídica para la población guanajuatense) página 299.
9 Reglas de operación publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 208. Séptima Parte, del 29 de diciembre de 2016 Consultable en la versión electrónica en el siguiente vinculo.
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir-anio_2016&file-PO_208_7ma_Parte_20161230_0216_8.pdf
10 Reglas de operación publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 208, Tercera Parte, del 2 de diciembre de 2016. Consultable en la versión electrónica en el siguiente vínculo:
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir-anio_2016&file-PO_208_3ra_Parte_20161229_1329_10.pdf
Reciba un saludo y, a la vez, encomiamos la labor de ese órgano legislativo al que representa.
Respetuosamente.
Guanajuato, Guanajuato, 28 de marzo de 2017.— Licenciado Antonio Salvador García López (rúbrica).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-1-2202, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/032/2017, suscrito por el licenciado Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a convocar a Mesas de Diálogo para la nueva justicia laboral, en la que participen legisladores, sindicatos, empresarios, académicos, gobierno y demás sectores involucrados, con el fin de que se emitan opiniones respecto a una propuesta de reforma procesal laboral integral, en el marco de la reforma constitucional en materia de justicia laboral.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.
Me refiero a su oficio número SELAP/300/874/17, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en sesión celebrada el 5 de abril, mismo que a continuación se transcribe:
“ Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que convoque a mesas de diálogo para la nueva justicia laboral, en las que participen legisladores, sindicatos, empresarios, académicos, gobierno y demás sectores involucrados, con el fin de que se emitan opiniones respecto a una propuesta de reforma procesal laboral integral, en el marco de la reforma constitucional en materia de justicia laboral.”
Al respecto, me permito informar que se tomó conocimiento del exhorto de mérito, asimismo se informa que el 6 de febrero del año en curso el Secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Alfonso Navarrete Prida, una vez que se tuvo pleno conocimiento de la aprobación por parte de 17 legislaturas de los estados del país de las reformas a los artículos 123 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instruyó que se creará una Unidad de Enlace que estará en contacto directo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),Tribunales Superiores de Justicia de cada entidad, así como con todos los factores de la producción, para la implementación de la reforma.
Cabe señalar que al frente de dicha unidad el secretario tuvo a bien nombrar a la doctora Ángela Quiroga Quiroga, quien ha mantenido contacto con la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de ese órgano legislativo, diputada Ana Georgina Zapata Lucero, con quien iniciaron los trabajos tendientes a lograr la unificación de criterios para la correcta aplicación de tan importante reforma constitucional.
Aunado a lo anterior, el secretario del Trabajo y Previsión Social, así como funcionarios de la dependencia, se han dado a la tarea de difundir y explicar los alcances de la reforma en los diversos foros en donde las audiencias se encuentran autoridades laborales, patrones y trabajadores.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, 19 de abril de 2017.— Rafael Adrián Avante Juárez (rúbrica), subsecretario del Trabajo.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-3-1781, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/488/2017, suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a redoblar los esfuerzos orientados a fomentar la capacitación del personal del sistema nacional de salud en materia de detección de casos de niños y niñas con trastorno del espectro autista; así como informar y orientar a las familias que tienen alguna persona diagnosticada con esta enfermedad, sobre la importancia de una dieta especial y el registro de episodios de ahogamiento por alimento.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría deSalud.
Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero al oficio SELAP/300/298/17, de fecha 10 de febrero de 2017, suscrito por el licenciado Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 9 de febrero del 2017, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a redoblar los esfuerzos orientados a fomentar la capacitación del personal del sistema nacional de salud en materia de detección de casos de niños y niñas con trastorno del espectro autista.
“Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para redoblar los esfuerzos orientados a informar y orientar a las familias que tienen alguna persona diagnosticada con trastorno del espectro autista sobre la importancia de una dieta especial y el registro de episodios de ahogamiento por alimento.”
Al respecto me permito acompañar oficios CCINSHAE-DGCINS-239-2017, y anexo, suscritos por el doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y oficio D.G.A.1205.000.00/ 154/2017, suscrito por el licenciado Francisco Javier Guevara García, director general de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 7 de abril de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría deSalud.
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.
Hago referencia al oficio UCVPS/17/2017 de 17 de febrero del año en curso, recibido el 23 del mismo mes y año, a través del cual solicita la opinión respecto del punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 9 de febrero de 2017, el cual a la letra señala:
“Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para redoblar los esfuerzos orientados a informar y orientar a las familias que tienen alguna persona diagnosticada con trastorno del espectro autista sobre la importancia de una dieta especial y el registro de episodios de ahogamiento por alimento.”
Sobre el particular, se hace de su conocimiento que mediante oficio D.G.A.J. 205.000.00/134/2017, de 20 de febrero del presente año, se solicitó al doctor Ricardo Camacho Sanciprián, director general de Rehabilitación, manifestara en términos de lo dispuesto en el artículo 30, fracciones I, III y XI del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia las acciones a realizar respecto del acuerdo que nos ocupa. En atención a lo anterior, mediante oficio DGR/223 000 00/0345/2017 recibido el 24 de febrero del año en cur.so, el Director General de referencia, señaló:
“Entre las características principales de la condición del espectro autista, se refiere que es una enfermedad discapacitante, que se distingue por un crecimiento irregular, la dificultad para establecer relaciones sociales, las escasas habilidades para comunicarse, un marcado rechazo al contacto físico con otras personas y un gran apego a realizar actividades rutinarias.
Las personas con la condición de espectro autista tienden a realizar movimientos corporales que pueden provocarles cólera o ansiedad extrema, y entre un 20-30 por ciento tienden a desarrollar epilepsia en la etapa adulta.
Estas circunstancias hacen que los niños y niñas con condición de trastornos del espectro autista, sean candidatos a recibir tratamiento rehabilitatorio integral.
En los 24 Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) y 103 Centros de Rehabilitación Integral (CRI) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, ubicados en las 32 entidades federativas, se proporciona atención rehabilitatoria integral no hospitalaria.
Además, en algunas entidades federativas se han generado, como parte de los CREE’S o CRI’S Centros de Atención para Personas con Condición del Espectro Autista, con diversidad de servicios y recursos, por ejemplo:
Considerando lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 2016, así como las obligaciones establecidas en el artículo 30, fracciones I, III y XI del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF, es importante referir que los Centros de Rehabilitación cuentan con recursos humanos médicos (especialistas en medicina de rehabilitación, neurología, audiología y foniatría), paramédicos (psicólogos, terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales), infraestructura (tanques terapéuticos, cámaras de estimulación multisensorial, áreas de estimulación múltiple, áreas de mecanoterapia, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, centros de tecnología adaptada), es decir, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, cuenta con recursos humanos e infraestructura útil para la atención de personas con la condición del espectro autista.
A continuación se enuncia el plan de acción para involucrar al resto de las entidades federativas en la atención integral de las personas con la Condición del espectro Autista:
Objetivo general:
Mejorar la calidad de vida de las personas con condición del espectro autista, así como de sus familias, brindando a los padres y/o familiares las estrategias metodológicas de acuerdo a sus necesidades, así como brindar un protocolo de atención acorde a las buenas prácticas.
Objetivos específicos:
• Capacitar al personal médico y paramédico en la atención de personas en condición del espectro autista.
• Detectar de manera temprana a niños y niñas con condición del espectro autista, con el apoyo de instituciones de segundo o tercer nivel de atención (servicios de paidopsiquiatría, pediatría, nutrición, neuropsicología).
• Diseñar un plan de tratamiento integral que considere áreas de rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional (la cual contempla la enseñanza de posiciones corporales, técnicas de alimentación y empleo de ayudas técnicas) para mejorar la alimentación, así como evaluación y entrenamiento de las actividades de la vida diaria, comunicación humana, terapia de lenguaje, psicología y trabajo social.
• Establecer acciones que favorezcan la inclusión educativa, laboral y social de este grupo poblacional.
• Acordar mecanismo de referencia y contrarrefetencia con las instituciones involucradas en la atención de pacientes con la condición del espectro autista.
Se propone considerar la intervención de las familias en tres etapas:
Atención inicial: Tener una evaluación y un diagnóstico claro, descriptivo y fiable de la situación de cada paciente, así como el diseño del plan de intervención, de acompañamiento intensivo para el adecuado manejo de situaciones complejas para el paciente, la familia, la escuela y el entorno.
Acompañamiento: El propósito es que los padres y/o familiares desarrollen estrategias metodológicas específicas para atender las áreas de: interacción y comunicación social, aprendizaje de las actividades de la vida diaria como autocuidado, vestido, higiene, juego, vida escolar.
Avanzado: El propósito de este programa es supervisar y retroalimentar el trabajo que los padres y/o familiares estén realizando en casa y en los diferentes ambientes, ya que serán ellos los que coordinen el trabajo con los niños.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 27 de febrero de 2017.— Licenciado Francisco Javier Guevara García (rúbrica), director general de Asuntos Jurídicos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría deSalud.
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.
Me refiero a su oficio UCVPS/16/2017, mediante el cual hizo de nuestro conocimiento que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el día 9 de febrero de 2017, se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se refiere:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a redoblar los esfuerzos orientados a fomentar la capacitación del personal del sistema nacional de salud en materia de detección de casos de niños y niñas con trastorno del espectro autista.
“Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para redoblar los esfuerzos orientados a informar y orientar a las familias que tienen alguna persona diagnosticada con trastorno del espectro autista sobre la importancia de una dieta especial y el registro de episodios de ahogamiento por alimento.”
En este sentido, anexo al presente copia del oficio DGC/137/2017, suscrito por la doctora María Elena Medina Mora, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, mediante el cual plasma diversos comentarios en relación al asunto que nos ocupa.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017.— Doctor Simón Kawa Karasik (rúbrica), director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría deSalud.
Doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud. Hospitales de Alta Especialidad.— Presente.
Estimado doctor Kawa:
En respuesta al oficio número CCINSHAE-DGCIMS-168-2017, que hace referencia al oficio UCPVS/16/2017 mediante el cual solicita opinión al punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados en materia de tratamiento del espectro autista; le adjunto de manera electrónica el documento que la contiene.
Quedo a sus órdenes.
Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017.— Doctora María Elena Medina Mora (rúbrica), directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.»
«En respuesta al oficio CCINSHA-DGCJNS-168-2017, que hace referencia al oficio UCVPS/16/2017, que contiene el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en relación al trastorno del espectro autista, me permito comentar lo siguiente:
El Instituto Nacional de Psiquiatría coincide con la necesidad de capacitar al personal del sistema de salud en materia de reconocimiento oportuno de los casos de TEA. Es por esta razón que como parte de estos compromisos se ha incluido desde el 2016 en la currícula de los residentes de psiquiatría de adultos y de psiquiatría infantil la capacitación relacionada con el diagnóstico de los TEA, además se ha programado anualmente una capacitación abierta para personal de otras instituciones. Sin embargo, es conveniente que estas capacitaciones estén disponibles también en los escenarios de hospitales generales y de tercer nivel que cuentan con el servicio de pediatría, así como centros de salud, donde se cuenta con médicos generales, dado que por investigaciones realizadas tanto en México como en otros países, se conoce que los médicos generales y pediatras son el primer contacto para la búsqueda del diagnóstico por parte de las familias.
En relación a la asesoría nutricional, éstas son consideradas como punto de buena práctica en la Guía Nacional de Práctica Clínica para el tratamiento de los TEA (IMSS-528-12), sin embargo el registro de ahogamiento por alimentos pudiera estar consignado en el expediente clínico como parte de las notas médicas y no como un diagnóstico independiente.
Finalmente, el INPRF reitera su compromiso en materia de investigación, capacitación y diagnóstico de los TEA.
Atentamente
México, Ciudad de México, a 14 de marzo de 2017.— Doctora Patricia Zavaleta Ramírez, médico psiquiatra especialista en niños y adolescentes, jefa de Unidad en Hospital.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Doctor José Narro Robles, Secretario de Salud.— Presente.
Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número D.G.P.L. 63-II-3-1781 el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunica a esta secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 9 del actual, mismo que a continuación transcribo:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud, a redoblar los esfuerzos orientados a fomentar la capacitación del personal del sistema nacional de salud en materia de detección de casos de niños y niñas con trastorno del espectro autista.
“Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para redoblar los esfuerzos orientados a informar y orientar a las familias que tienen alguna persona diagnosticada con trastorno del espectro autista, sobre la importancia de una dieta especial y el registro de episodios de ahogamiento por alimento.”
Asimismo, le acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido y del dictamen del citado acuerdo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 10 de febrero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta del oficio número DGPL 63-II-3-1765, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar UCVPS/ 482/ 2017, suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, y de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a implantar campañas de difusión en materia de prevención, control y atención del cáncer testicular.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero al oficio número SELAP/UEL/311/269/ 17, de fecha 10 de febrero de 2017, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 9 de febrero de 2017 se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal para que en coordinación con las Secretarías de Salud de las 32 entidades federativas implante campañas de difusión en materia de prevención, control y atención del cáncer testicular, que comprenda la siguiente información:
l. Mecanismos de detección oportuna;
2. Divulgación de las medidas para el control epidemiológico; y
3. Causas, sintomatología y prevención.
Al respecto, me permito acompañar el oficio número CCINSHAE- DGCINS- 250- 2017, suscrito por el doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.
Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 7 de abril de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.
Por instrucciones del titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Doctor Guillermo Ruiz Palacios y Santos, hago referencia al oficio número UCVPS/ 984/ 2016, mediante el cual hizo de nuestro conocimiento que en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 9 de febrero de 2017 se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal para que en coordinación con las Secretarías de Salud en las 32 entidades federativas implante campañas de difusión en materia de prevención, control y atención del cáncer testicular, que comprenda la siguiente información:
l. Mecanismos de detección oportuna;
2. Divulgación de las medidas para el control epidemiológico; y
3 Causas, sintomatología y prevención.
Al respecto, anexo al presente encontrará copia simple del oficio número de referencia DM/ 235/ 2017. suscrito por el doctor Ángel Herrera Gómez, director general adjunto médico del Instituto Nacional de Cancerología, mediante el cual remite análisis y opinión técnica sobre la iniciativa en comento a efecto de coadyuvar en la postura institucional de la Secretaría de Salud.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017.— Doctor Simón Kawa Karasik (rúbrica), director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.— Presente.
Con relación a sus oficios número CCINSHAE- DGCINS- 158- 2017 y VPS/ 984/ 2017, envío la información sobre el punto de acuerdo, a través de la Cámara de Diputados, detallando los mecanismos de detención oportuna, divulgación de las medidas para el control epidemiológico y las causas, sintomatología y prevención.
Introducción
El cáncer de testículo son tumores que representan de 1 a 1.5 por ciento de las neoplasias en el hombre, y es la más común entre los hombres que se encuentran en edad reproductiva (15 a 35 años). De los tumores testiculares, 95 por ciento se originan en las células germinales y 5 por ciento es del estroma gonadal. El seminoma es el más común y es raro en pacientes menores de 10 años o mayores de 60, con un pico de incidencia entre los 35 y 39 años. Las neoplasias testiculares son ligeramente más frecuentes en el testículo derecho que en el izquierdo (57 vs 43 por ciento); sólo de 2 a 3 por ciento de los tumores bilaterales y pueden presentarse de forma simultánea (sincrónica) o sucesiva (metacrónica). En México, en 2001 se documentaron mil 186 casos, que representaron 2.4 por ciento de las neoplasias en el sexo masculino; ocurrieron 299 muertes por esta causa el mismo año.
Detección oportuna (síntomas)
La manifestación más común de presentación del cáncer testicular es una masa testicular indolora. El dolor testicular se presenta solamente en 10 por ciento de los tumores testiculares y es ocasionada por hemorragias o infarto testicular. De 5 a 10 por ciento de los tumores se presentan con hidrocele, lo cual puede confundir el diagnóstico. Los pacientes con TCG avanzados casi siempre cursan con síntomas derivados de la diseminación linfática y hematógena e incluyen dolor de espalda baja debido a adenopatía de mediastino puede producir dolor torácico o tos, la diseminación a los pulmones puede producir tos o hemoptisis.
Diagnóstico
La exploración física es el procedimiento inicial para la detección de los tumores testiculares, ya que permiten al paciente y al médico detectar alteraciones en la forma, el tamaño y la consistencia del testículo. Ante cualquier anormalidad se procede a realizar estudios de imagen. Actualmente, el ultrasonido testicular se utiliza para confirmar la presencia de una masa testicular y explorar el testículo contralateral. La sensibilidad para detectar un tumor testicular es casi 100 por ciento, y tiene un papel importante, determinando si es una masa intratesticular o extratesticular. Los marcadores tumorales son factores pronósticos y contribuyen al diagnóstico y la estadificación. Deben cuantificarse los niveles séricos de Alfa feto proteína (AFP), gonadotropina carioca humana (hCG) y lactato deshidrogenasa (DHL) antes del tratamiento. La AFP es una glucoproteína que se produce en el hígado, tracto gastrointestinal y saco vitelino. Entre los TCG, la secreción de AFP se restringe a los no seminomatosos. La hCG se produce en el sincitiotrofoblasto y esa elevada en 15-20 por ciento de los seminomas y 10-40 por ciento de los seminomas.
La DHL aunque inespecífica para TCG refleja el volumen tumoral y la tasa de crecimiento, lo cual la convierte además en un factor pronóstico. Se debe hacer notar que la negatividad en los niveles séricos de los marcadores no excluye el diagnóstico de tumor testicular. El diagnóstico, la evaluación incluye el examen físico completo, evaluación patológica del tejido tumoral, estudios radiográficos y medición de los marcadores tumorales séricos. Los estudios de imagen necesarios para la estadificación incluyen la radiografía de tórax, una tomografía computada de abdomen y pelvis. La TC contrastada de abdomen y pelvis permite documentar o descartar afección macroscópica retroperitoneal o hepática.
Divulgación epidemiológica
Se debe proporcionar información sobre la edad en que la población masculina está en riesgo, además de identificar los factores de riesgo asociados y las alteraciones en la exploración física. Es muy importante hacer notar que es una neoplasia que afecta a la población joven.
Causas (factores de riesgo)
Hay cuatro factores de riesgo bien establecidos para el desarrollo de cáncer testicular: criptorquidia, historia familiar de cáncer, antecedente de cáncer testicular y neoplasia intratubular germinal. Los hombres con criptorquidia presentan 4 a 6 veces más probabilidad de tener cáncer de testículo, y la localización del testículo (entre más alto mayor el riesgo de cáncer) influye en el desarrollo de esta neoplasia.
Otras alteraciones asociadas son
1. Síndrome de feminización testicular.
2. Disgenesia gonadale (síndrome de Klinnefelter): 20-30 por ciento desarrollan tumor testicular.
3. Infección por VIH.
4. Otros: atrofia testicular, trauma testicular (no es una causa, los detecta posteriormente a una evaluación). Ingesta de dietil estil bestrol.
Reciba un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 7 de marzo de 2017.— Doctor Ángel Herrera Gómez (rúbrica), Director General Adjunto Médico.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio No. D.G.P.L. 63-II-3-1505 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/487j2017 suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a compartir los efectos que en su caso está provocando la extracción de hidrocarburos por el método de fractura hidráulica en Nuevo León, así como las acciones preventivas que se están tomando para resguardar a la población por daños a la salud o ambientales que provoque dicha fractura.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017 .— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/2549/16, de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre del 2016, se aprobó el Punto de Acuerdo, que a continuación se transcribe:
“ Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Salud y a la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a compartir con esta soberanía los efectos que en su caso está provocando la extracción de hidrocarburos por el método de fractura hidráulica en Nuevo León, así como las acciones preventivas que se están tomando para resguardar a la población por daños a la salud o ambientales que provoque la fractura hidráulica.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Centro Nacional de Prevención de Desastres y/o al Servicios Sismológico Nacional, a compartir las causas que están provocando sismos en el estado de Nuevo León, esclareciendo si los mismos tienen origen en las actividades de exploración, extracción o disposición de residuos de la industria de explotación de hidrocarburos.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Agua, opine sobre el estado que guardan los acuíferos en torno a la Cuenca (de hidrocarburos) de Burgos, referente a la disposición y calidad del agua que reciben los estados de Nuevo León y Tamaulipas”.
Al respecto me permito acompañar oficios CGJC/3/UR/ 100112017, suscritos por la licenciada Paulina Ramírez Requena, subdirectora ejecutiva de Legislación y Consulta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Ciudad de México, a 7 de abril de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.
Con fundamento en los articulos 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 bis de la Ley General de Salud; 2, apartado C, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud; y, 3, 4, fracción II, inciso g) y, 18, fracciones II y XVI del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y, con fundamento en el artículo Quincuagésimo Sexto, fracciones I y V, del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los órganos administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; en atención a su oficio número UCVPS/205/2017, por medio del cual solicita a esta Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS o Comisión Federal), la postura respecto al Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del H, Congreso de la Unión, que exhorta a la Secretaria de Salud en los siguientes términos:
“ La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Salud y a la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a compartir con esta soberanía los efectos que en su caso está provocando la extracción de hidrocarburos por el método de fractura hidráulica en Nuevo León, así como las acciones preventivas que se están tomando para resguardar a la población por daños a la salud o ambientales que provoque la fractura hidráulica...”.
Al respecto, le comento que esta Comisión Federal concuerda con la preocupación plasmada en el Punto de Acuerdo aprobado, puesto que es indispensable tomar acciones preventivas contra cualquier tipo de práctica que pudiera provocar un riesgo a la salud de la población.
Asimismo, debe precisarse que conforme al artículo 17 bis, fracción II, de la Ley General de Salud, el ámbito de competencia otorgado a la Cofepris para proponer la política nacional de protección contra riesgos sanitarios, así como su instrumentación, comprende: ejercer las facultades de regulación, control y fomento sanitario sobre establecimientos de salud; medicamentos y otros insumas para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes: alimentos y bebidas, productos cosméticos; productos de aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico, así como evaluar los riesgos a la salud en estas materias de su competencia.
Y por otra parte, esta Comisión Federal participa en el control y evaluación de riesgos a la salud derivado de los efectos nocivos de los factores ambientales, de manera coordinada con las distintas entidades de gobierno para que en conjunto se traten los posibles daños a la salud o al ambiente, sin embargo, para ello debe establecerse un caso concreto, ya que la evaluación y resultados dependen de las características del caso concreto.
De tal suerte que esta autoridad sanitaria carece de los elementos para poder realizar una evaluación de manera general de los posibles riesgos a la salud que pudiera provocar el método de fractura hidráulica, derivado de que no existen reportes acerca de la presencia de contingencias sanitarias por esta práctica, o de indicaciones precisas que permitan a esta autoridad sanitaria llevar a cabo una evaluación de manera concreta en una localización específica y con características concretas para ubicar el evento o contingencia particular a evaluar, razón por la que a la fecha esta Comisión Federal no puede compartir, con esa honorable Cámara de Diputados, los efectos que está provocando dicha práctica.
Por otro lado, en cuanto a las medidas preventivas que se han tomado a efecto de resguardar a la población contra los posibles daños a la salud que pueda provocar el método de fractura hidráulica, se informa que la Secretaría de Salud ha emitido normatividad tendiente a establecer los límites permisibles de contaminantes tanto en agua para uso y consumo humano, así como los límites de contaminantes en el aire; al efecto se han emitido las Normas Oficiales Mexicanas NOM, 127·SSA1·1994, “Salud Ambiental, Agua para Uso y Consumo Humano-Límites Permisibles de Calidad y Tratamientos a que debe someterse el Agua para su Potabilización”: y, NOM·020·SSA 1·2014, “Salud Ambiental. Valor Límite Permisible para la Concentración de Ozono (O3) en el Aire Ambiente y Criterios para su Evaluación”, que establecen los límites de contaminantes en agua para uso y consumo humano y en el ambiente para prevenir riesgos a la salud de la población, dichas normas se complementan con otras disposiciones a fin de establecer sistemas de monitoreo y para atender los reportes que surjan por casos concretos en que se pueda ver afectada la salud de la población y, que establecen el ejercicio coordinado de acciones con otras dependencias y con autoridades de los distintos niveles de gobierno.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017.— Licenciada Paulina Ramírez Requena (rúbrica), subdirectora Ejecutiva de Legislación y Consulta.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-4-1512, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número UCVPS/483/2017, suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a establecer como obligatoria la realización de una ecocardiografía fetal entre las semanas 18 y 22 de gestación en todo el sistema nacional de salud, así como promover la formación de especialistas en el área de patologías fetales.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/2528/16, de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 15 de diciembre de 2016, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el marco de sus competencias establezca como obligatoria la realización de un ecocardiografía fetal entre las semanas 18 y 22 de gestación en todo el sistema nacional de salud.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y las instituciones educativas correspondientes, promueva la formación de especialistas en el área de patologías fetales.
Al respecto me permito acompañar oficio CCINSHAE-DGCINS-274-2017 y anexo, suscrito por el doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y oficio SIDSS-CAS-924-2017, suscrito por el ingeniero Gustavo Ernesto Ramírez Rodríguez, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.
Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 7 de abril de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.
Me refiero a su oficio UCVPS/ 127/2017 de fecha 2 de enero 2017, referente al punto de acuerdo aprobado en sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre del 2016, el cual se detalla a continuación:
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el marco de sus competencias establezca como obligatoria la realización de un ecocardiografía fetal entre las semanas 18 y 22 de gestación en todo el Sistema Nacional de Salud.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y las instituciones educativas correspondientes, promueva la formación de especialistas en el área de patologías fetales.
Al respecto, por instrucciones del doctor José Meljem Moctezuma, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud y en el ámbito de competencia de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), se informa lo siguiente:
• Por lo que hace al punto primero, la DGCES no tiene facultades para establecer como obligatoria la realización de una ecocardiografía fetal entre las semanas 18 y 22 de gestación en todo el sistema nacional de salud.
No obstante lo anterior, la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2017, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2016, establece en el apartado de disposiciones generales, en el numeral 5.2.1.16, lo siguiente:
5.2.1.16. Promover que se realice un ultrasonido obstétrico en cada trimestre del embarazo por personal capacitado, para determinar el bienestar materno y fetal de manera intencionada. El primero entre las semanas 11 a 13.6, mediante el cual se establezca la vitalidad, edad gestacional y número de fetos que se están gestando; el segundo entre 18 y 22 semanas y el tercero entre las 29 y 30 semanas o más de gestación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 13 de enero de 2017.— Ingeniero Gustavo Ernesto Ramírez Rodríguez (rúbrica), coordinador.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.
Por instrucciones del titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, doctor Guillermo M. Ruiz Palacios y Santos, hago referencia a su oficio número UCVPS/128/2017, mediante el cual nos informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre del 2016, se aprobó el siguiente punto de acuerdo.
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el marco de sus competencias establezca como obligatoria la realización de una ecocardiografía fetal entre las semanas 18 y 22 de gestación en todo el Sistema Nacional de Salud.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Salud a que, en coordinación con el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y las instituciones educativas correspondientes, promueva la formación de especialistas en el área de patologías fetales.
Lo anterior, a efecto de que remitiéramos a esa Unidad a su digno cargo, nuestra opinión al citado punto de acuerdo, con el fin de fijar una postura institucional.
Al respecto, anexo al presente encontrará copia simple del oficio número 2000.118.2017, suscrito por el director médico del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, doctor Rodrigo Zamora Escudero, mediante el cual vierte algunos comentarios a dicho punto de acuerdo.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 24 de marzo de 2017.— Doctor Simón Kawa Karasik (rúbrica), director general de Coordinación Social de los Institutos Nacionales de Salud.»
«Doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud.— Presente.
En contestación a su atento oficio número CCINSHAE-DGCINS-12-2017 y al oficio de referencia número UCVPS/128/2017, enviado por el doctor Ernesto Monroy Yurrieta, mediante el cual hace del conocimiento de la sesión de la Cámara de Diputados, en donde se aprobó el punto de acuerdo se exhorta a la Secretaria de Salud para que, en el marco de sus competencias, establezca como obligatoria la realización de una ecocardiografía fetal entre las semanas 18 y 22 de gestación en todo el sistema nacional de salud, al respecto le informo que:
Relevancia del problema y situación actual
La prevalencia reportada de cardiopatías a nivel mundial será variable de acuerdo a la bibliografía consultada, se encuentran valores que van del 2.1 al 12.6 por 1000 recién nacidos. En nuestro país la prevalencia real no se conoce. Se ubica como la sexta causa de muerte fetal en menores de un año y como la tercera causa entre niños de 1 y 4 años. Tomando en cuenta el número de nacimientos anuales se estima que nacen entre 10 y 12 mil niños con una cardiopatía congénita.
La realización del diagnóstico prenatal de cardiopatías incrementa la prevalencia en aproximadamente tres veces. Esto es debido a que un alto porcentaje de los fetos con cardiopatías complejas, o con síndromes relacionados fallecerán antes del nacimiento sin haber tenido la oportunidad del diagnóstico prenatal. De todos estos nacimientos difícilmente se contará con estudio de necropsia, por lo cual quedarán dentro del rubro de óbitos sin causa aparente.
Una proporción importante de recién nacidos con cardiopatías congénitas no habrán sido detectados prenatalmente, retrasando de forma significativa su diagnóstico y manejo adecuado, incrementando de forma significativa la morbimortalidad.
Por todo lo anterior una propuesta para incrementar el diagnóstico prenatal de cardiopatías es esencial y sumamente trascendente. Tal propuesta debe tomar en cuenta múltiples aspectos y contemplar todas las complejidades para su implementación.
Será importante en este punto tomar en consideración algunos aspectos:
1. La propuesta menciona que se debe realizar de forma obligatoria ecocardiografía fetal entre las 18 y 22 semanas de gestación.
En relación con esto mencionaremos que el ecocardiograma fetal es un estudio altamente especializado que debe ser realizado por personal con un muy alto nivel de especialidad, tal como cardiólogos, radiólogos o médicos materno fetales con formación y/o amplia experiencia en el área de la ecocardiografía fetal.
2. Un estudio completo de este tipo toma aproximadamente 60 minutos
3. El ecocardiograma fetal no es un estudio de tamizaje diagnóstico, es un estudio confirmatorio de defecto cardíaco.
4. El ecocardiograma fetal tiene indicaciones precisas, no es para población general. Entre sus indicaciones se encuentran:
a) Imagen de cuatro cámaras cardíacas fetal anormal
b) Arritmias fetales
c) Feto con defectos de otro tipo
d) Fetos con cromosomopatías confirmadas
e) Hidrops fetal
f) Historia familiar de cardiopatía
g) Madre con diabetes pregestacional
h) Exposición a teratógenos
i) Madre con lupus
j) Fetos con restricción del crecimiento intrauterino
5. La etapa ideal para realizar un examen ecocardiográfico fetal es la semana 24 de la gestación.
6. No es ético realizar solo el estudio ecocardiográfico entre la semana 18 y 22 de la gestación sin realizar el estudio estructural completo del feto.
7. Aun en manos expertas el realizar un estudio ecocardiográfico fetal no garantiza el 100 por ciento de detección de defectos. Esto es debido a las limitantes que tiene el estudio: Obesidad materna, posición fetal, edad gestacional, ventana sónica, cantidad de líquido amniótico, cicatrices abdominales maternas, etcétera.
8. Actualmente en el país se cuenta con un número muy reducido de especialistas en el área en relación al número de mujeres que se embarazan.
9. El diagnóstico prenatal de cardiopatía no mejora por si solo el resultado perinatal ni disminuye la mortalidad perinatal. El resultado mejora a través del diagnóstico precoz, referencia eficiente, manejo multidisciplinario (obstetricia, neonatología, terapia intensiva neonatal. genética, psicología, hemodinamistas, cirujanos cardiólogos, etcétera), experiencia del centro al que se refiere, oportunidad de la referencia, capacidad de atención a todos los fetos diagnosticados con cardiopatía, tipo de cardiopatía (compatible o no con la vida, aislada o asociada a otros defectos, candidata a tratamiento prenatal o neonatal, etcétera), ambiente socioeconómico, nivel educativo, etcétera.
10. Debido a que 90 por ciento de los defectos cardiacos congénitos se presenta en población de bajo riesgo, los esfuerzos debieran encaminarse al tamizaje.
¿Cómo funciona el tamizaje para cardiopatías?
Se caracteriza porque se realiza a toda paciente embarazada.
El tamizaje para cardiopatías fetales tiene tres tiempos o periodos para su realización:
1. Primer trimestre
2. Segundo trimestre
3. Tercer trimestre
Primer trimestre:
El tamizaje para cromosomopatías se realiza como parte del tamizaje para cromosomopatías entre las 11 y 13.6 semanas de la gestación. Se realiza la medición de la translucencia nucal, el índice de pulsatilidad del ducto venoso y la evaluación de la regurgitación tricúspidea así como la evaluación inicial de cuatro cámaras cardíacas. Cualquiera de estos cuatro parámetros que resulte sugestivo de anormalidad clasifica al feto en alto riesgo para cardiopatía y será referido para ecocardiografía fetal entre semana 18 a 24. (Lo más temprano posible.)
Todas las pacientes diabéticas pregestacionales, cardiópatas, fetos con cromosomopatía o con defectos cardiacos asociados a defectos cardíacos son candidatas a ecocardiografía fetal.
Segundo trimestre:
Todo feto, independientemente de los factores de riesgo identificados en la historia clínica materna, es candidato a una revisión estructural fetal con ultrasonido de II nivel entre semana 18 a 22. Este estudio incluye la evaluación estructural del área cardíaca a través de la evaluación básica y ampliada (guías ISUOG) (imagen de cuatro cámaras cardiacas, salida de grandes vasos, conexiones aurículo-ventriculares y ventrículo arteriales, etcétera). Esta evaluación tiene la finalidad de detectar anormalidades que coloquen al paciente en el grupo de riesgo para una cardiopatía y es referido para ecocardiograma fetal lo antes posible.
Tercer trimestre:
Los diagnósticos que se realizan en el tercer trimestre se consideran tardíos. Generalmente se realizan en pacientes que no tuvieron control prenatal adecuado o que no pasaron por tamizaje de primer trimestre o de segundo trimestre o bien que el tamizaje no fue eficaz. Igualmente se valora la estructura cardíaca de acuerdo a las guías de la ISUOG y en caso de sospecha de cardiopatía es referida para ecocardiografía fetal o en su caso si se trata de un embarazo de término para el nacimiento y la referencia al centro de atención cardiológica adecuado.
Como se puede ver el tamizaje está basado en la sospecha ultrasonográfica de cardiopatía a través de una evaluación sistematizada de cortes ultrasonográficos específicos del corazón planteados por guías internacionales que permiten realizar la sospecha diagnóstica de un corazón anormal, y son estos fetos los que son candidatos a un estudio posterior de ecocardiografía fetal:
Aspectos técnicos y logísticos
Implementar un programa de detección oportuna y precoz de cardiopatía debe considerar algunos puntos técnicos y logísticos importantes:
1. Al momento de considerarlo obligatorio debemos partir de la premisa que toda paciente embarazada del país (alrededor de 2.7 millones anuales) debe contar con este tipo de estudio, ser referida a la edad gestacional adecuada para la evaluación y en caso de sospecha de patología cardíaca poder ofrecerle el estudio de ecocardiografía fetal (confirmatorio) el seguimiento, la atención integral del feto en caso de cursar con otros defectos, el nacimiento en un centro de tercer nivel y asegurarle la atención neonatal oportuna (disposición de camas, quirófanos, traslados, cirujanos cardiovasculares, intensivistas neonatales, genetistas, etcétera). (Esto para un número esperado de 10 a 12 mil recién nacidos por año.)
2. Considerar los recursos humanos, materiales, y económicos disponibles para tal empresa actualmente y los costos de la capacitación y de la adquisición de los materiales faltantes.
3. En los artículos anexos se puede apreciar el problema existente actualmente para el manejo de los recién nacidos con cardiopatías. (Centralización de los centros de atención, insuficiencia de camas, referencias tardías.)
Matriz FODA
1. Fortalezas
a) Se cuenta con la iniciativa para mejorar el diagnóstico prenatal de cardiopatías.
b) El país cuenta con médicos en condiciones de organizar cursos para la capacitación sistemática del personal de salud para realizar el tamizaje precoz de cardiopatías.
c) Existe la opción de organizar programas piloto de capacitación a personal de salud y la puesta en práctica del programa de tamizaje para posteriormente extenderlo a nivel nacional.
d) El país cuenta con alrededor de 200 egresados formados en el área de medicina materno fetal egresados de esta institución a quienes se puede invitar a participar en los programas de capacitación. Actualmente existen otras sedes con tal vez un menor número de egresados que igualmente pueden ser invitados.
e) Posibilidades para elaborar un programa para el tamizaje nacional de cardiopatía congénita.
2. Oportunidades
a) Amplio interés en la comunidad médica tanto del área de diagnóstico prenatal como del área de neonatología, cardiología perinatal, cirugía cardiovascular para que programas de este tipo salgan adelante.
b) Opción de recurrir a instituciones nacionales y fundaciones para lograr apoyo para el programa
c) Necesidad de regionalización con capacidad de atención especializada de calidad en diferentes regiones del país, no solamente ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
d) El proyecto requerirá de la participación social y de un gran trabajo en equipo para su implementación.
3. Debilidades
a) Falta de capacidad de las instituciones para la atención oportuna de todos los bebés que se detecten con estos problemas.
b) Falta de convenios para la referencia y contra referencia de estos pacientes.
e) Falta de médicos ecocardiografistas que realicen el ecocardiograma fetal (diagnóstico de confirmación)
d) Necesidad de esquemas de vigilancia a corto y largo plazo
e) Dificultades para la integración de una base de datos nacional con todos los casos detectados y sus resultados
f) Falta de recursos de los pacientes para desplazarse por sus propios medios hacia los centros de atención de tercer nivel a los que sean referidos.
g) Falta de control prenatal en muchos segmentos de población.
4. Amenazas
a) Los recortes al presupuesto en el área médica
b) Falta de plazas para médicos fetales
c) Pocos ecocardiografistas fetales en el país
d) Médicos fetales contratados para atender problemas ginecológicos o de otra índole y no para realizar diagnóstico prenatal
Fig. 2. Antecedentes de importancia para cardiopatía fetal.
Sin más por el momento, me pongo a sus órdenes.
Atentamente
Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017.— Doctor Rodrigo Zamora Escudero (rúbrica), director médico.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta del oficio número DGPL 63-II-5-2065, signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar UCVPS/ 486/ 2017, suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, y de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a implantar campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud provocados por el trastorno del sueño en la niñez, así como integrar y dar a conocer la información técnica y científica a nivel nacional o del extranjero acerca de las afectaciones en el sueño a causa del uso excesivo de dispositivos electrónicos.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero al oficio número SELAP /UEL/ 311/ 259/ 17, de fecha 10 de febrero de 2017, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 9 de febrero de 2017 se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública a implantar campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud provocados por el trastorno del sueño en la niñez.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a integrar y dar a conocer la información técnica y científica a nivel nacional o del extranjero acerca de las afectaciones en el sueño a causa del uso excesivo de dispositivos electrónicos.
Al respecto, me permito acompañar los oficios números CCINSHAE- DGCINS- 263- 2017 y CCINSHAE- DGCINS- 240- 2017, así como sus anexos, suscritos por el doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.
Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 7 de abril de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.
En alcance de mi similar número CCINSHAE- DGCINS- 240- 2017, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 9 de febrero se aprobó el siguiente punto de acuerdo, en materia de trastornos del sueño.
Al respecto, le he de agradecer sea integrado el siguiente oficio con comentarios al asunto que nos ocupa:
1. DG/ 1000/ 199/ 2017, suscrito por el doctor José Alberto García Aranda, director general del Hospital Infantil de México Federico Gómez.
Lo anterior, esperando que sea considerado en la postura institucional de la Secretaría de Salud.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2017.— Doctor Simón Kawa Karasik (rúbrica), director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud.— Presente.
En atención de su oficio número CCINSEAE- DGCINS- 176- 2017, de fecha 2 de marzo del año en curso, mediante el cual solicita opinión sobre el punto de acuerdo referente a implantar campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud provocados por el trastorno del sueño en la niñez, así como de hacer del conocimiento público la información técnica y científica a nivel nacional o del extranjero acerca de infecciones en el sueño a causa del uso excesivo de dispositivos electrónicos, anexos envío a usted los comentarios que sobre el particular emitió el doctor Eduardo Barragán Pérez, jefe del Departamento de Neurología Pediátrica de esta institución.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 15 de marzo de 2017.— Doctor José Alberto García Aranda (rúbrica), director general del Hospital Infantil de México Federico Gómez.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Doctor José Alberto García Aranda, Director General.— Presente.
Por medio de la presente me permito informar la opinión respecto a la implantación de campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud provocados por el trastorno del sueño en la niñez, así como de hacer del conocimiento público la información técnica y científica a nivel nacional o del extranjero acerca de afecciones en el sueño a causa del uso excesivo de dispositivos electrónicos.
Tras la revisión de ambos puntos de acuerdo, consideramos que se trata de iniciativas importantes respecto a la atención de este grupo de pacientes y que esto va a generar que se puedan establecer lineamientos diagnósticos y terapéuticos con una homologación de los mismos criterios, favoreciendo su correcta atención.
Me parece importante reconocer que las instituciones nacionales de salud no están preparadas con el personal suficiente ni los medios para lograr un apoyo global para enfrentar esta patología, por lo cual sería muy importante poder establecer las necesidades en cada una de las instituciones para tener el alcance adecuado que se pretende.
Quedo a la más alta de sus consideraciones.
Atentamente
Ciudad de México, a 14 de marzo de 2017.— Doctor Eduardo Barragán Pérez (rúbrica), jefe del departamento de Neurología Pediátrica.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.
En contestación de su similar número UCVPS/ 038/ 2017, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 9 de febrero se aprobó el siguiente punto de acuerdo:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública a implantar campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud provocados por el trastorno de sueño en la niñez.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a integrar y dar a conocer la información técnica y científica a nivel nacional o del extranjero acerca de las afecciones en el sueño a causa del uso excesivo de dispositivos electrónicos.
En este sentido, encontrará adjunta copia de los oficios
1. DG/ ASS/ 120/ 2017, suscrito por el doctor Alejandro Serrano Sierra, director general del Instituto Nacional de Pediatría; y
2. DGC- 135- 2017, suscrito por la doctora María Elena Medina Mora Icaza, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Mediante ellos plasman su postura con relación al asunto que nos atañe.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017.— Doctor Simón Kawa Karasik (rúbrica), director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de Salud.— Presente.
En respuesta del oficio número CCINSHAE- DGCINS- 176- 2017, de fecha 2 de marzo del presente año, en el que solicita emitir opinión respecto al punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 9 de febrero del 2017, me permito hacer el siguiente comentario:
Sin duda, la exposición antes de dormir a dispositivos electrónicos como televisión, videojuegos, computadoras, tabletas y teléfonos móviles va a producir insomnio y consecuentemente al día siguiente irritabilidad, periodos de somnolencia y bajo rendimiento escolar, como lo mencionan en sus consideraciones expertos de la Facultad de Medicina de la UNAM, así como el estudio que realizó la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM.
Por otra parte, es importante considerar no sólo las alteraciones del sueño que se producen con este tipo de dispositivos sino también el riesgo de que el usuario de estos dispositivos esté presentando una conducta adictiva, por lo que es muy válido el exhorto a las Secretarías de Salud, y de Educación de elaborar campañas mediáticas contra el uso de estos dispositivos, particularmente antes de dormir.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 13 de marzo de 2017.— Doctor Alejandro Serrano Sierra (rúbrica), director general del Instituto Nacional de Pediatría.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de Salud.— Presente.
En respuesta del oficio número CCINSHAE- DGCINS- 176- 2017, que hace referencia al similar UCVPS/ 038/ 2017, mediante el cual solicita opinión al punto de acuerdo “en materia de afecciones en el sueño”, le adjunto de manera electrónica el documento que la contiene.
Quedo a sus órdenes.
Atentamente
Marzo 14 de 2017.— Doctora María Elena Medina Mora Icaza (rúbrica), directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.»
« Efectos adversos en la salud provocados por trastornos del sueño en la niñez
El sueño en la niñez requiere ser entendido y estudiado desde una perspectiva del desarrollo. Tres características del sueño que no deben perderse de vista durante esta etapa de la vida son
1. La duración del sueño a lo largo de un periodo de 24 horas disminuye gradualmente desde la etapa de recién nacido hasta la adolescencia.
2. Entre el inicio de la pubertad y la adolescencia temprana se presenta un retardo fisiológico en el horario del inicio del sueño y de la hora de ir a la cama.
3. Se pretende ajustar la duración y. el horario de sueño a demandas externas con discrepancias entre los horarios para dormir y estar despiertos entre lunes y viernes y los disponibles para sábado y domingo.
Pero además de los cambios asociados con el desarrollo, existen otras variables que influyen en los patrones de sueño. Entre estas se encuentran las que son propias de cada niño, como el patrón conductual y de temperamento, las capacidades cognitivas y del lenguaje, las preferencias circadianas, y la presencia de enfermedades del desarrollo, médicas y psiquiátricas.
También hay influencias parentales, como los estilos de crianza, establecimiento de disciplina, salud mental y enfermedades médicas de los padres, la educación de éstos y el conocimiento que tienen de las características normales del desarrollo. Entre las influencias ambientales se encuentran el ambiente en el que se .duerme, la composición familiar, estilos de vida y costumbres de la familia, así como el estado socioeconómico.
Aunque aún es limitada la información sobre la prevalencia de los distintos trastornos del sueño entre la población pediátrica, cuando se compara con la información disponible para adultos, se cuentan con algunas estimaciones. En términos generales se calcula que uno de cada cuatro niños experimentará alguna alteración en su dormir a lo largo de su infancia. Las frecuencias que se han estimado para los diferentes trastornos del sueño se presentan en el cuadro l.
Hay poblaciones de niños en las que son aún más frecuentes las alteraciones en el sueño. En aquellos niños con trastornos del espectro autista se presentan problemas de sueño en 50-70 por ciento, en niños con déficit intelectual entre 30 y 80 por ciento. Entre los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad hasta 50 por ciento tienen problemas con su sueño mientras que en niños con depresión hasta en 75 por ciento; y en 60 por ciento en niños con asma.
Entre las consecuencias, se ha encontrado que los niños con alteraciones del sueño tienen una mayor probabilidad de sufrir somnolencia diurna, cambios en el estado de ánimo, problemas conductuales, escolares y del aprendizaje. Los adolescentes con un sueño inadecuado muestran déficit en su desempeño académico y social, así como alteraciones en el estado de ánimo. Los problemas del sueño en los niños pueden ser también una fuente de tensión familiar y de alteraciones en la interacción familiar. En forma reciente, también se ha identificado que un déficit persistente en la duración del sueño puede estar asociado al desarrollo de sobrepeso y obesidad.
Afecciones en el sueño a causa del uso excesivo de dispositivos electrónicos
Durante la última década hemos sido testigos de un incremento notable en la disponibilidad de dispositivos electrónicos, entre los cuales se incluyen a los teléfonos celulares, consolas de video juegos, televisores, computadoras, tabletas y reproductores de audio. Estos dispositivos se han incorporado a la vida diaria y particularmente entre la población adolescente se han convertido en objetos “indispensables”. De manera paralela a su disponibilidad, ha crecido el número de horas que los individuos invierten en su uso, observándose una mayor utilización durante los horarios cercanos a la hora de dormir, o bien después de haberse metido a la cama.
Las investigaciones relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos y el sueño han encontrado que entre mayor sea el número de horas de uso de los dispositivos por la tarde, se reducen las horas de sueño, se retrasa el horario para ir a la cama o se prolonga el inicio del sueño. Asimismo, el uso de teléfonos celulares después de apagar la luz se asocia con la presencia de insomnio, y durante el día con cansancio, menor energía y cefalea. Parece además existir una relación dosis-efecto, entre más horas se esté expuesto a la pantalla de un dispositivo, menor será la duración del sueño. A partir de las 2 horas de uso ya se aprecian estos efectos.
Esta información indica la necesidad de supervisar por parte de los padres o adultos, la utilización de los dispositivos electrónicos por los niños, en términos tanto del tiempo invertido en su uso como de los horarios. Así como educar a la población en general sobre la importancia del sueño (equiparándolo con una adecuada alimentación y actividad física) y sensibilizar a los niños - a los adolescentes en particular - sobre los efectos nocivos que sobre el sueño puede tener un uso desmedido de los dispositivos electrónicos.
Alejandro Jiménez Genchi, médico psiquiatra, Coordinador de la Clínica de Sueño. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Servicios Clínicos, Calzada México-Xochimilco 101, colonia San Lorenzo Huipulco, código postal 14370, Tlalpan, México, DF. Tel. + 52 55 41 60 53 48. E-mail: jimalex@imp.edu.mx, alegenchi@yahoo.com.mx.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-6-1973, signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SC/200/2017, suscrito por la doctora María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia para que en la promoción de la cultura de la protección civil en todas las etapas de la gestión del riesgo, se prevea y aplique lo contemplado en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como lo dispuesto en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales sobre el uso de lenguas indígenas para la elaboración de los mensajes de alerta temprana.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 17 de abril de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Cultura.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Estimado licenciado Solís:
En referencia a su oficio SELAP/300/863/17, me permito informarle que en el marco de la promoción de la Cultura de la Protección Civil, he instruido a todas las áreas de la Secretaría de Cultura a mi cargo, se prevea y aplique lo contemplado en la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales.
Asimismo, hago de su conocimiento que he girado instrucciones al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que proporcione asesoría a las Unidades de Protección Civil para la elaboración de los mensajes de alerta temprana que se requieran.
Le envío un saludo cordial.
Atentamente
Ciudad de México, a 12 de abril de 2017.— María Cristina García Cepeda (rúbrica), secretaria.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-6-1973, signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número INALI.C.A.5.1/013/2017 suscrito por la licenciada Alma Rosa Espíndola Galicia, directora general adjunta de Coordinación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se solicita que en la promoción de la Cultura de la Protección Civil en todas las etapas de la gestión de riesgo, se prevea y aplique lo contemplado en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como lo dispuesto en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales sobre el uso de lenguas indígenas para la elaboración de los mensajes de alerta temprana.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Cultura.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Hago referencia a su oficio SELAP/300/863/17, con fecha del 6 de abril de 2017, por medio del cual comunica a este Instituto sobre el punto de acuerdo aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 5 de abril de 2017 que a la letra dice:
“ Único. Esta Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal, con atención a la Coordinación Nacional de Protección Civil; al Sector Salud en todos sus servicios; a los gobiernos estatales y municipales, y a la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, para que en la promoción de la cultura de la protección civil, en todas las etapas de la gestión del riesgo, se prevea y aplique lo contemplado en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como lo dispuesto en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales sobre el uso de lenguas indígenas y, para que al emitir mensajes de alerta temprana, en los respectivos sistemas de alerta, se haga en forma impresa, auditiva o cualquier otra y priorizando los audiovisuales, mismos que deberán promoverse a través de los medios de comunicación, en particular con el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, las Unidades de Protección Civil deberán asesorarse y comunicarse con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para la elaboración de los mensajes de alerta temprana.”
En este tenor, le hago llegar de manera adjunta el Informe del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas sobre las acciones de promoción de la cultura de protección civil en lenguas indígenas relativo al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 5 de abril de 2017, el cual abonará a la respuesta que se entregará al honorable Congreso de la Unión.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 19 de abril de 2017.— Alma Rosa Espíndola Galicia (rúbrica), directora general adjunta.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Cultura.
Informe del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas sobre las acciones de promoción de la cultura de protección civil en lenguas indígenas, relativo al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 5 de abril de 2017
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Cultura, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia.
De conformidad con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en el artículo 13, fracción II, el Estado mexicano tiene la obligatoriedad de difundir en las lenguas indígenas nacionales de los beneficiarios, el contenido de los programas, obras y servicios dirigidos a las comunidades indígenas.
Asimismo, según el artículo 14, inciso i), el Inali tiene como atribución actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de las instancias de los Poderes Legislativo y Judicial, de los gobiernos de los estados y de los municipios, y de las instituciones y organizaciones sociales y privadas en la materia.
En este tenor, el Instituto ha asesorado a la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, para la traducción de mensajes preventivos sobre desastres naturales a lenguas indígenas, con la finalidad de dar a conocer a la población indígena, con pertinencia lingüística y cultural, las recomendaciones de protección civil frente a los distintos desastres naturales y antropogénicos.
Derivado de este trabajo, se llevaron a cabo las siguientes acciones, en coordinación con dicha institución:
• Traducción del mensaje de “Prevención de desastres”, versión “Sismos”, a 3 lenguas indígenas,
• Traducción del mensaje “Prevención de riesgos de inundaciones, lluvias y ciclones” a 8 lenguas indígenas.
• Traducción del mensaje “Medidas preventivas por bajas temperaturas” a la lenguas indígenas.
• Traducción a seis lenguas indígenas de información referente a la contingencia por los frentes fríos que afectaron algunos estados de la República Mexicana. Dichos mensajes se tradujeron al mazateco del sureste, náhuatl de Puebla, mixe alto del centro, tseltal, tarahumara y otomí del Valle del Mezquital.
• Traducción del mensaje “Recuerdos” a diez lenguas indígenas: purépecha, mixteco del oeste de la costa, mixteco de Guerrero, tlapaneco, náhuatl de Guerrero, náhuatl de Puebla, náhuatl de la Huasteca veracruzana, maya, totonaco de Veracruz y chontal de Tabasco. Con estas acciones se llevó un mensaje de aliento, en su lengua materna, a las personas damnificadas por los fenómenos meteorológicos que afectaron el estado de Guerrero y estados vecinos.
• Traducción de 12 “Mensajes preventivos de desastres naturales” a la lenguas indígenas: maya, mazateco del noreste, mexicano de Guerrero, mixteco del oeste de la costa, náhuatl de la sierra noroeste de Puebla, tarahumara del norte, tseltal, tsotsil, zapoteco de la planicie costera y zoque del norte alto.
Asimismo, durante este año, se trabajará con la Dirección de Difusión de la Cultura de Protección Civil, adscrita a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a fin de difundir los diversos materiales que ya se encuentran traducidos a lenguas indígenas por los medios que el Inali tenga a su disposición, así como para el seguimiento de proyectos de traducción a idiomas indígenas de mensajes preventivos en distintos formatos.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio No. D.G.P.L. 63-II-6-1459 signado por la dip Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número BOO.00.01.117 suscrito por el ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de asesores de la Comisión Nacional del Agua, así como de su anexo, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa Comisión a resolver la problemática relacionada con las descargas de aguas residuales en los ríos, lagunas y playas del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Conagua.
Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/2462/16, dirigido al doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sobre el siguiente Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados:
“ La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a resolver urgentemente la problemática relacionada con las descargas de aguas residuales en los ríos, lagunas y playas del Municipio del mismo nombre.”
Con fundamento en el artículo 16, fracción III, del Reglamento Interior de esta Comisión Nacional del Agua, le adjunto la comunicación enviada por la dirección local de Nayarit.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Ciudad de México, a 11 de abril de 2017.— Ingeniero Alfonso Camarena Larriva (rúbrica), coordinador de asesores.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Conagua.
M. en I. Liliana Marrufo Vázquez, coordinadora de asesores adjunta.— Presente.
En relación con el memorándum BOO.00.01-021, de fecha 16 de enero del presente año, en que se solicita resolver urgentemente la problemática relacionada con las descargas de aguas residuales en los ríos, lagunas y playas.
Al respecto, me permito informar que esta Dirección local Nayarit ha llevado a cabo acciones tendientes a verificar el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales en materia de Descargas de Aguas Residuales, tanto de las descargas generadas por el organismo operador y empresas prestadoras de servicios del municipio de Bahía de Banderas, dichas acciones se relacionan al presente.
Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo.
Atentamente
Tepic, Nayarit, a 7 de abril de 2017.— Licenciado José Trinidad Espinoza Vargas (rúbrica), director local.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Conagua.
Dirección Local Nayarit. Anexo
A) Inspección y vigilancia
Visitas realizadas (2016 y 2017)
Nota. Aquellos que presentaron presuntas faltas se encuentran en las etapas siguientes del proceso, se continúa el seguimiento de las mismas.
B) Monitoreo
Se realizaron un total de 39 muestras sobre el rio Ameca y cuerpos de agua costeros. Y se monitorearon 6 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, con un total de 12 rnuestras.
C) Situación de la infraestructura para el saneamiento de las aguas residuales
En lo que respecta a la infraestructura, nos permitimos informar lo siguiente:
1. En el municipio de Bahía de Banderas se construyó la denominada Megaplanta de Bahía de Banderasen la localidad de San Vicente, dentro del predio denominado El Indio; misma que se planeó para atender las demandas de tratamiento de aguas residuales de la región, atendiendo a diversas localidades del municipio a través de una sola planta de tratamiento, lo que facilitaría la operación y reduciría los costos.
A continuación, se enlistan las localidades que ya se encuentran incorporadas a la megaplanta, así como las localidades que, en un lapso que NO superará los tres meses y/o hasta la prueba satisfactoria del sistema de colectores, serán incorporadas.
Adicionalmente a la población fija del municipio, esta planta de tratamiento se diseñó con la capacidad para atender a la población flotante, que por la importancia turística de la zona, resulta imprescindible en el diseño y planeación de infraestructura; se considera un promedio de 50.000 turistas en la zona de influencia.
2. En la localidad de Bucerías se visitaron las instalaciones de la antigua Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; esta planta actualmente funciona como cárcamo de rebombeo y no descarga aguas residuales ni tratadas a la laguna del Quelele. Se verificó el interior de la planta, las llegadas de las aguas residuales a sus tanques de sedimentación y los sitios de descarga de las aguas tratadas. El gasto tratado actualmente es de aproximadamente 16 LPS.
Durante el recorrido se verificó que no existe derrame alguno en el cauce del arroyo El Indio. Se continuó con el recorrido siguiendo el trazo del emisor y verificando la existencia de 105 volúmenes conducidos así como los incrementos del gasto derivados de los colectores influentes al emisor dirigido a la megaplanta.
3. En la localidad de Cruz de Huanacaxtle, la planta de tratamiento de aguas residuales (Lodos Activados) se encuentra fuera de operación y sólo funciona como cárcamo de bombeo.
4. Las localidades de Emiliano Zapata. Corral del Risco, Punta de Mita cuentan con una planta de tratamiento construida por el desarrollador para servicio de la comunidad, a través de un convenio celebrado con el organismo operador, quien retira los lodos generados y el desarrollador recibe el derecho de disponer de las aguas tratadas para el riego de sus campos de golf y jardinería.
Se realizó un recorrido por la zona para verificar la presencia de derrames hacia el mar. Sin embargo, no se observó escurrimiento alguno. Se verificó un canal trapezoidal, construido de mampostería que descarga a la playa y que al parecer corresponde con el escurrimiento denunciado; sin embargo, como ya se mencionó, no se observaron indicios de presencia de agua. Se encuentra completamente seco y con azolves de arena blanca en la que no se detectan residuos de lodos contaminantes.
Ya dentro de la planta se verificaron sus instalaciones y su funcionamiento. Sin encontrar anormalidades.
5. En la localidad de Litubu/Higuera Blanca se cuenta con una planta de tratamiento a cargo de Fonatur, las aguas tratadas son utilizadas para el riego de jardines y su campo de golf. Esta planta opera de manera adecuada, de acuerdo con lo observado durante la visita.
6. En la localidad de Sayulita se cuenta con dos plantas de tratamiento, la más antigua funciona con el sistema de lodos activados, y tiene una capacidad de 15 LPS; la más reciente fue construida con el sistema Biodiscos, también con capacidad de 15 LPS.
7. Finalmente, en la localidad de San Francisco (San Pancho) se cuenta con una planta de tratamiento con capacidad de 4 LPS, con una ampliación para alcanzar los 12 LPS a través de un sistema de lodos activados. Adicionalmente, se construyó recientemente una planta de tratamiento adicional de 12 LPS que a la fecha no está en operación, derivado de la falta la conexión de la energía eléctrica y su entrega por parte de la Comisión Estatal del Agua; por lo que esta Dirección Local se encuentra realizando las gestiones para que el organismo operador la ponga en marcha a la brevedad.
8. En la localidad de Mezcales se verificó el funcionamiento de la planta de tratamiento existente. Y se realizó un recorrido para verificar las adecuaciones que se realizan para conectarla en próximas fechas a la megaplanta. Actualmente se trata un gasto del orden de 105 16 LPS.
D) Operativo preventivo
Con el fin de prevenir focos de infección por colapso de red de drenaje y alcantarillado sanitario, así mismo que pudieran presentar aportaciones extraordinarias a las plantas de tratamiento que provoquen que se rebase su capacidad de operación, la Comisión Nacional del Agua, a través de esta Dirección Local, apoya al municipio de Bahía de Banderas mediante el operativo preventivo con equipo de atención de emergencias (CRAE-02-GDL), el cual se conforma con camión hidroneumático Aquatech y camión cisterna.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II- 7-1841, signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/485/2017, suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a implementar campañas de información para prevenir los problemas de ceguera irreversible provocados por la enfermedad del glaucoma.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/281/17, de fecha 10 de febrero de 2017, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el día 9 de febrero del 2017 se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:
“ Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a efecto de que implemente campañas de información para prevenir los problemas de ceguera irreversibles provocados por la enfermedad del glaucoma”.
Al respecto me permito acompañar oficio CCINSHAE-DGCINS-270-2017 y anexo, suscrito por el doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.
Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 7 de abril de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.
Por instrucciones del titular de la comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, doctor Guillermo M. Ruiz Palacios y Santos, hago referencia al oficio número UCVPS/989/2017, mediante el cual hizo de nuestro conocimiento que en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el día 9 de febrero de 2017 se aprobó el punto de Acuerdo, que a continuación se transcribe: “ Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a efecto de que implemente campañas de información para prevenir los problemas de ceguera irreversibles provocados por la enfermedad del glaucoma”.
Al respecto, anexo al presente encontrará copia simple de los-oficios número DQ/049/2017 suscrito por suscrito por el doctor Juan Antonio Madinaveitia Villanueva, director quirúrgico, y folio 17-S0F~0305, suscrito por la doctora Francisca Domínguez Dueñas, subdirectora de oftalmología, ambos del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, mediante los cuales remiten análisis y opinión técnica del punto de acuerdo en comento a efecto de coadyuvar en la postura institucional de la Secretaría de Salud,
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 23 de marzo de 2017.— Doctor Simón Kawa Karasik (rúbrica), director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.— Presente.
Con relación a su atenta solicitud de fecha 15 de marzo del año en curso, con número de oficio CCINSHAE-DGCINS-185-2017, relacionada con la opinión de Implementar Campañas de Información para prevenir los problemas de ceguera irreversibles provocados por la enfermedad de glaucoma.
Envío a usted la respuesta de la doctora Francisca Domínguez Dueñas, subdirectora de Oftalmología
Atentamente
Ciudad de México, a 15 de marzo de 2017.— Doctor Juan Antonio Madinaveitia Villanueva (rúbrica), Director Jurídico.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Doctor Juan Antonio Madinaveitia Villanueva, Director Jurídico.— Presente.
Estimado doctor Madinaveitia:
En respuesta al documento enviado por el doctor Simón Kawa Karasik, CCINSHAE-DGCINS-185-2017, director general de la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud, en donde solicita enviemos nuestra opinión con respecto al punto de acuerdo llevado a cabo en la sesión de la Cámara de Diputados, el 9 de febrero del 2017, acorde al oficio número UCVPS/9B9/2017, de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, quiero manifestar mi total acuerdo.
El glaucoma es una de las causas de ceguera irreversible, y por lo tanto es necesario implementar campañas de información y detección oportuna en nuestra población para prevenir pérdida visual irreversible.
Quedo de usted para cualquier aclaración al respecto y hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017.— Doctora Francisca Domínguez Dueñas (rúbrica), subdirectora de Oftalmología.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio No. D.G.P.L. 63-II-8-3034 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia con similar número DGPPVCI/DV/0339/2017 suscrito por el licenciado Enrique Guzmán Uvence, encargado del despacho de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a informar a la opinión pública respecto a las acciones para participar de los fondos que eventualmente le sean decomisados al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, en los diversos procesos que le siguen en Estados Unidos y que motivaron su extradición,
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 21 de abril de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.
Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Distinguido maestro Martínez Garza:
En atención a contenido del oficio SELAP/300/281/17 de 8 de febrero de 2017, por el que se comunica a esta Procuraduría el Punto de Acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el día 7 de febrero del año en curso, que en su parte resolutiva señala:
“ La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que informe a la opinión pública respecto de las acciones para participar de los fondos que eventualmente le sean decomisados al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, en los diversos procesos que le siguen en Estados Unidos y que motivaron su extradición. “(sic)
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hago de su conocimiento, que la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales comunicó a esta área a mi cargo que:
“ las autoridades de ambos países han mantenido conversaciones y acordado que, conforme a las normas nacionales e internacionales aplicables, se establecerán los mecanismos de compartición de los bienes que en su momento se determinen”.
Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017.— Licenciado Enrique Guzmán Uvence (rúbrica), encargado del despacho de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del oficio número DGPPVCI/DV/0337/2017 signado por el licenciado Enrique Guzmán Uvence, encargado del despacho de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta al Punto de Acuerdo aprobado el día 8 de noviembre de 2016, por el que se exhorta a esa Procuraduría a utilizar sus facultades de atracción por conexidad de delitos para investigar la conducta presumiblemente constitutiva de delitos por hechos de corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencia, contra la administración de la justicia y los que resulten por el magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 21 de abril de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.
Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Distinguido maestro Martínez Garza:
En atención al contenido del oficio anexo DGPL 63-II-8-2404, por el que se comunica a esta Procuraduría el Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en sesión celebrada el día 8 de noviembre del 2016, que en su parte resolutiva señala:
“ La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a utilizar sus facultades de atracción por conexidad de delitos para investigar la conducta presumiblemente constitutiva de delitos por hechos de corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencia, contra la administración de la justicia y los que resulten por el magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Lo anterior, derivado de su intervención indebida para buscar la liberación de dos personas detenidas por portación de armas en el municipio de Guadalajara, Jalisco.” (sic)
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hago de su conocimiento, que la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, comunicó a esta área a mi cargo que:
“... se declinó la competencia a favor del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, ...en virtud de no concurrir ninguno de los supuestos consagrados en el numeral 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual establece las atribuciones y competencia de los jueces penales federales...”
La Procuraduría General de la República, en el ámbito de las facultades que le confiere el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llevará a cabo su función persecutora de los delitos del orden federal.
Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.
Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.— Licenciado Enrique Guzmán Uvence (rúbrica), encargado del despacho de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Justicia, para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio No. D.G.P.L. 63-II-7-1837 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/DV/383/2017 suscrito por el licenciado Enrique Guzmán Uvence, encargado del despacho de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa Procuraduría a esclarecer la procedencia de los recursos confiscados en Estados Unidos al ex tesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández, y, en su caso, solicite al gobierno de ese país su devolución al Estado mexicano.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 21 de abril de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.
Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Distinguido maestro Martínez Garza:
En atención al contenido del oficio SELAP/300/311/17 de 10 de febrero, por el que se comunica a esta Procuraduría el Punto de Acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el día 9 de febrero del año en curso, que en su parte resolutiva señala:
“ La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la Republica a que, en el ámbito de sus atribuciones, esclarezca la procedencia de los recursos confiscados en Estados Unidos al ex tesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández, y, en su caso, solicite al gobierno de los Estados Unidos de América su devolución al Estado mexicano.” (sic)
Con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hago de su conocimiento, que la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, comunicó a esta área a mi cargo que:
“ la Procuraduría General de la República se encuentra en conversaciones con autoridades estadounidenses, a fin de identificar los bienes confiscados por los Estados Unidos a Héctor Villarreal Hernández conforme a las normas aplicables de ambos países; una vez que se establezcan los mecanismos de comprobación que en su momento se determinen”.
Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.
Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.— Licenciado Enrique Guzmán Uvence (rúbrica), encargado del despacho de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-2816 signado por el senador Aarón Irízar López, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 113.2017. DGVP.173 suscrito por el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a continuar y, en su caso, fortalecer el operativo especial de vigilancia en gasolineras con la finalidad de evitar y denunciar actos de especulación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 17 de abril de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero al oficio SELAP/300/027 /17 de fecha 5 de enero de 2017, a través del cual se remitió el punto de acuerdo aprobado por el Senado de la República del honorable Congreso de la Unión cuyos resolutivos se transcriben a continuación:
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, convoca a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos, de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la Comisión Reguladora de Energía para que, en ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, expliquen las razones e implicaciones del proceso de flexibilización de los mercados de las gasolinas y el diésel, en el formato ágil, que apruebe la Mesa Directiva.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, continúe y, en su caso, fortalezca, el operativo especial de vigilancia en gasolineras con la finalidad de evitar y denunciar actas de especulación.
Al respecto esta secretaría informa lo siguiente
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza las acciones necesarias para promover y proteger los derechos de las y los consumidores.
Al respecto, el artículo 24, fracción IX Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) mandata que la Profeco tiene como atribución promover en coordinación con esta secretaría, la formulación, difusión y uso de códigos de ética, por parte de proveedores que incorporen los principios previstos por la LFPC respecto de las transacciones que celebren con consumidores a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.
En este sentido, se instrumentaron programas permanentes de verificación en estaciones de servicio en toda la República y se han llevado a cabo 6 mil 356 verificaciones en estaciones de servicio, de las cuales 2 mil 540 presentaron irregularidades, 2 mil 856 sin irregularidades y 960 negativas.
De las visitas realizadas en estaciones de servicio, se verificaron 89 mil 966 instrumentos de medición (mangueras), de las cuales se inmovilizaron 6 mil 291 por diversas irregularidades.
Las sanciones impuestas, derivadas de las irregularidades detectadas en las visitas de verificación a estaciones de servicio durante 2016, llevaron al inicio de mil 800 procedimientos administrativos por infracciones a la ley y a imponer mil 27 sanciones, por un monto de 322.2 millones de pesos.
Asimismo, a partir de los primeros días del presente enero, arrancó el Programa Nacional de Verificación a los Proveedores de Expendio al Público de Gasolinas y Diésel, de forma permanente; es decir, durante todo el ejercicio de 2017, se implementarán acciones de vigilancia sobre dichos proveedores para observar que se respeten los derechos de las y los consumidores.
En ese sentido, la función de verificación se ha fortalecido para revisar en las estaciones de servicio (gasolineras), que las cantidades de combustible que se despachan a la comunidad consumidora, corresponda con las solicitadas, además que, para dicha actividad, se respeten los precios máximos y que no se niegue o condicione su venta.
Gasolina y diésel
Para el caso de la verificación a estaciones de servicio, se pueden señalar cinco aspectos generales bajo los cuales se realiza la revisión del cumplimiento de la normatividad por este tipo de proveedores:
• Aspectos comerciales. Para observar entre otros, que se respeten los precios vigentes de acuerdo a la zona de comercialización.
• Aspectos documentales. Es el caso de la aprobación de modelo o prototipo de los instrumentos de medición bajo la cual se certifica que el diseño de los mismos, cumplen con las normas oficiales mexicanas correspondientes y las documentales respectivas para constatar que los instrumentos de medición han sido calibrados al menos una vez al año.
• Cualidades metrológicas. Mismas que comprenden la verificación de las cantidades de combustible que se otorgan al consumidor, así como la estabilidad de los instrumentos de medición, para constatar que, en mediciones recurrentes de la misma magnitud, no arrojen lecturas distintas más allá de las tolerancias establecidas en la norma oficial mexicana y correspondiente (NOM-005- SCFI- 2011).
• Aspectos electrónicos. Para revisar principalmente que la constitución electrónica de los sistemas de despacho, no sea modificada respecto los diseños originales de los fabricantes, mismos que fueron valorados y aprobados por la autoridad; en caso de alteración, pudiera ser susceptible de un mal despacho al consumidor.
• Aspectos de seguridad. Para constatar que no se ponga en riesgo la vida o la salud de los consumidores.
Existen 24 causales por las cuales se puede inmovilizar un instrumento de medición o manguera de despacho. Ahora bien, para fines de un análisis general sobre lo que se ha detectado como irregularidades durante las visitas de verificación, se tomó en cuenta la anomalía de error máximo tolerado (“litros fuera de norma”) y se agruparon diversas causas de inmovilización del tipo electrónico (“aspectos electrónicos”), anomalías que podrían eventualmente causar afectación a la comunidad consumidora.
Por otro lado, la Profeco ha recibido denuncias en contra de proveedores de gasolinas y diésel por diversas causas, siendo la más recurrente, la percepción del consumidor de no haber recibido la cantidad de combustible que solicitó y pagó.
Al respecto, la Dirección General de Verificación de Combustibles programó visitas de verificación en el domicilio de diversas estaciones de servicio (gasolineras), por lo que, en caso de confirmación de las irregularidades denunciadas, se impondrán medidas precautorias para inmovilizar los instrumentos de medición y a su vez, se inicie un procedimiento administrativo para la imposición de sanciones.
Gas L.P.
El Gas licuado de Petróleo es considerado un producto de primera necesidad al estimarse que es utilizado para uso doméstico en más de 70 por ciento de los hogares mexicanos y como en el caso de la gasolina y el diésel, representa uno de los sectores estratégicos de mayor relevancia en la economía de nuestro país, ya que, además de ser un producto que se consume en la mayoría de los hogares mexicanos, es utilizado para satisfacer necesidades de tipo industrial, comercial y de servicios.
Es por ello que la Profeco busca permanentemente procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, incrementado y fortaleciendo las actividades de verificación en materia de gas L.P., a través de un programa de verificación en las plantas de distribución de gas L.P. y en la vía pública, a vehículos de reparto de recipientes transportables para contener gas L.P. y autotanque.
Este programa tiene como objetivo principal, garantizar que las transacciones comerciales entre los proveedores de gas L.P. y los consumidores, se ajusten a los principios básicos establecidos en la LFPC, evitando que se vulneren los intereses y derechos de los consumidores, y que se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad y la economía de los mismos.
Con dicho programa de verificación, se procura, además, proporcionar mayor certidumbre a la población para que en la adquisición del hidrocarburo se garantice la cantidad exacta que el consumidor paga, observando que todo proveedor cumpla con las especificaciones de comportamiento comercial en la entrega de notas de venta, comprobante o facturas y que se tengan a la vista del consumidor, los precios vigentes, evitando también, que se le niegue o condicione el servicio o producto al consumidor.
Por otro lado, en la página de la Profeco se encuentra la herramienta de Quién es Quién en los Combustibles, donde se da un reporte de verificación de combustibles (gas L.P. y gasolina) en toda la República Mexicana, mismo que se puede encontrar en la siguiente liga: http://combustibles. profeco.gob.mx/qqg/ y como se advierte de la pantalla siguiente:
Adicionalmente, la Profeco en el ámbito de sus atribuciones, ha realizado las siguientes acciones:
1. Contenidos audiovisuales en línea. A través de la Revista del Consumidor en línea, la Revista del Consumidor TV, webcast, cuya cobertura es vía internet, se realizaron las siguientes publicaciones:
Cabe mencionar, que en el link http://revistadelconsumidor.gob.mx(?tag=gasolineras, se encuentra el compendio de los productos informativos relacionados con los derechos de los consumidores respecto del punto de acuerdo en cita.
2. Boletines de prensa. La Profeco ha emitido diversos boletines relativos al tema de verificación de gasolineras, mismos que se pueden consultar en la página Institucional.
Cabe precisar, que dos gasolineras que se negaron a la verificación, la Profeco presentó denuncias penales ante la Procuraduría General de la República, contra quien resulte responsable en términos del artículo 253, fracción III, del Código Penal Federal que contempla una sanción de hasta 10 años de prisión por presuntos delitos contra la economía pública.
Una de las estaciones se ubica en Boulevard Puerto Aéreo número 134, delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, con número de estación 5832. La segunda, está ubicada en el kilómetro 13.5 de la carretera Toluca-Tenango el municipio de Rayón, en el estado de México, con número de estación 11781.
3. Grupos de consumidores. A través de la Dirección General de Educación y Organización de Consumidores de la Profeco, en temporadas de alto consumo, como son los servicios de venta de combustible, se refuerzan las sesiones educativas que imparte esta institución, con temas de mayor interés para las y los consumidores.
Asimismo, es oportuno precisar que la LFPC contiene un marco regulatorio de protección a los derechos de las y los consumidores, incluidos los relativos a la información, la educación y elección, toda vez que de conformidad a lo establecido en el artículo 1, fracciones III y VII de la LFPC, son principios básicos en las relaciones de consumo la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que representen; y la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.
Robustece lo anterior, el hecho de que toda obligación invariablemente otorga ciertos derechos, en este caso a favor de los consumidores, siendo el caso que en 1985 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó las directrices de la ONU para la Protección del Consumidor, con lo que se logró el reconocimiento internacional, entre otros, de los siguientes derechos:
1. Derecho a la información: la publicidad, las etiquetas, los precios, los instructivos, las garantías y, en general, toda la información de los bienes y servicios que nos ofrezcan, debe ser oportuna, completa, clara y veraz, de manera que podamos elegir sabiendo qué compramos.
2. Derecho a elegir: al decidirnos por un producto o servicio, nadie puede presionarnos, condicionarnos la venta a cambio de comprar algo que no queremos o exigir pagos o anticipos sin que se haya firmado un contrato.
3. Derecho a la educación: podemos recibir educación en materia de consumo, conocer nuestros derechos y saber de qué forma nos protege la ley, así como organizarnos con familiares o vecinos para aprender a consumir mejor y de manera más inteligente.
Asimismo, la resolución A/RES/70/186, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2015, señala en su numeral 20, en materia de promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores, los estados miembros deben tratar que los consumidores obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos. También deben tratar de alcanzar las metas consistentes en el abastecimiento de normas de producción y funcionamiento satisfactorias, métodos de distribución adecuados, prácticas comerciales leales, comercialización informativa y protección efectiva contra las prácticas que puedan perjudicar los intereses económicos de los consumidores y la posibilidad de elegir en el mercado.
En este sentido, la Profeco tiene mecanismos de información, orientación, asesoría y solución de consultas que brinda la Dirección General de Quejas y Conciliación de la Subprocuraduría de Servicios, ofreciendo información, orientación, asesoría y solución de consultas a través del Teléfono del Consumidor, relacionada con los derechos de las y los consumidores.
Los datos de contacto del Teléfono del Consumidor son los siguientes:
• Teléfono del consumidor: (55) 55688722 en la Ciudad de México y Área Metropolitana y 01800 4688722 en el interior de la República
• Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas, sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 horas.
• En las redes sociales, en las cuentas de Twitter: @profecoy Facebook: /ProfecoOficial
Asimismo, en la página oficial de la Profeco también se encuentra un enlace al Teléfono del Consumidor en línea, que ofrece orientación, asesoría y solución de consultas en tiempo real, en el que se dispone de tres opciones de acercamiento con los asesores: (i) envío de correo electrónico, (ii) hablar con un asesor, (iii) chatear con un asesor; también puede accederse directamente en la dirección: http://telefonodelconsumidor.gob.mx/
A su vez, las y los consumidores pueden presentarse en una delegación o subdelegación de la Profeco para recibir información, orientación o asesoría respecto a sus derechos en materia de consumo, así como para, en su caso, presentar una queja. Para conocer el domicilio de las delegaciones y subdelegaciones, los consumidores pueden visitar la página de internet http://www.profeco.gob.mx/delegaciones/delegaciones.asp
Otro medio de información y orientación se encuentra el sitio de internet o página oficial al que puede accederse en la dirección electrónica http://www.gob.mx/profeco, donde los consumidores pueden encontrar diversa información que resulta de utilidad en sus relaciones de consumo.
Sólo por mencionar, el enlace de la Revista del Consumidor en línea, en la dirección http://revistadelconsumidor. gob.mx; esta opción se puede obtener también en su versión impresa, y programa de radio y televisión. Igualmente en el sitio: http://www.gob.mx/consumidor, los consumidores pueden obtener información, consejos, puntos de referencia y antecedentes de diversos temas de consumo.
En cualquier circunstancia y para el caso de que la Profeco detecte que algún proveedor de bienes o servicios cometa violaciones a la LFPC, se actuará con base en el marco jurídico aplicable, para proteger los derechos de las y los consumidores e imponer las sanciones económicas correspondientes.
La Profeco atendió la invitación a una reunión de trabajo con el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso Unión, que se celebró el 31 de enero de 2017 y en la cual se desahogaron diversos planteamientos relacionados directamente con la materia de este punto de acuerdo.
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.
Atentamente
Ciudad de México, 17 de abril de 2017.— Licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica), director general de Vinculación Política.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Mesa Directiva para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 511.1.4/ 0725 signado por el Lic. José Ramón Cárdeno Ortiz, Director General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se remite información relativa a las “Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2017”, del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al primer trimestre de 2017.
Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, les acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en forma impresa y disco compacto.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 19 de abril de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Asunto: Se envía el reporte sobre la contratación de honorarios llevada a cabo por el sector medio ambiente y recursos naturales, con datos al primer trimestre del ejercicio fiscal de 2017.
Fundamento: Artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativo a la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, así como la obligación de los ejecutores de gasto de reportar en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública las contrataciones realizadas.
Oficio número 312.A- 000121l, de fecha 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la SHCP.
Información: En atención del oficio número 312.A, -0001211, de la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la SHCP, mediante el cual recuerda el envío que se tiene que hacer al Congreso de la Unión respecto a las contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal de 2017, me permito solicitar a usted su apoyo para cumplir dicha obligación.
Para lo anterior le envío en versión impresa y en disco compacto el formato “Contrataciones par honorarias que realicen las ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal de 2017” del sector medio ambiente y recursos naturales, con datos al primer trimestre de 2017.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.— Licenciado José Ramón Cardeno Ortiz (rúbrica), director general de Programación y Evaluación.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Por este conducto me permito hace de su conocimiento que por oficio número 113.2017. DGVP.195, el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Pública de la Secretaría de Economía, envía el primer Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal de 2017 de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U”, a cargo de esta dependencia y su sector coordinado.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en forma impreso y disco compacto. (1)
(1) El documento será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “A”.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 19 de abril de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
En cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 177 fracciones III, VI y VII, 181 y 185 de su Reglamento, 3 fracción XXI y 24 del Presupuesto d Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, por este conducto me permito remitir de manera impresa y electrónica, el Primer Informe Trimestral 2017 de los programas sujetos a reglas de operación “S” y “U”, operados por esta secretaría y el sector coordinado, los cuales se enuncian a continuación.
S020 Fondo Nacional Emprendedor (FNE)
S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural
S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (Prosoft) y la Innovación
U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera (Fondo ProMéxico)
Con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicada el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, me permito solicitarle que por su amable conducto se remita la información en comento al H. Congreso de la Unión.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.
Atentamente
México, DF, a 19 de abril de 2017.— Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica), director general de Vinculación Política.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítase a las Comisiones de Economía, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para su conocimiento.
INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES
LEY AGRARIA
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Congreso de Guanajuato.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Para los efectos de la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 64, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Guanajuato, nos permitimos remitir el acuerdo aprobado por diputadas y diputados integrantes de esta Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, que contiene la iniciativa mediante la cual se reforman la fracción VII del artículo 23, el primer párrafo del artículo 56, el último párrafo del artículo 64, se adiciona una fracción IV al artículo 56, un artículo 57 Bis, y una sección octava, con los artículos 89 Bis y 89 Ter, de la Ley Agraria.
Asimismo, se acompaña el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, relativo a la iniciativa en mención.
Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiteramos las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Atentamente
Guanajuato, Guanajuato, 6 de abril de 2017.— Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato: diputada Angélica Casillas Martínez (rúbrica), primera secretaria;diputado Juan Carlos Alcántara Montoya, segundo secretario.»
«Congreso de Guanajuato.
Acuerdo
Único. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del estado libre y soberano de Guanajuato acuerda remitir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa de reforma a la Ley Agraria, en los siguientes términos:
Iniciativa mediante la cual se reforman la fracción VII del artículo 23, el primer párrafo del artículo 56, el último párrafo del artículo 64, se adiciona una fracción IV al artículo 56, un artículo 57 bis, y una sección octava, con los artículos 89 bis y 89 ter, de la Ley Agraria.
Las diputadas y los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del estado libre y soberano de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley Agraria, en atención a la siguiente:
Exposición de motivos
El ejido es una de las instituciones fundamentales del campo en México. Sus fortalezas y sus áreas de oportunidad definen en buena medida los desafíos que enfrentamos como país a la hora de promover un campo moderno y competitivo, con mejores oportunidades de desarrollo para las familias que habitan la zona rural y que conviven y colaboran bajo el esquema ejidal.
Las atribuciones de las asambleas y los comisariados ejidales en todo el país se rigen a partir de las normas y los principios establecidos en la Ley Agraria, la cual establece que, en razón de su destino, las tierras ejidales se dividen en tres grandes categorías: tierras para el asentamiento humano, tierras de uso común y tierras parceladas.
Aunque esta definición jurídica aparentemente responde a las necesidades de los ejidos, en realidad oculta un defecto cuyas consecuencias son graves. El problema es que, bajo el esquema actual, es muy complicado que la asamblea autorice espacios para que las autoridades de los tres niveles de gobierno puedan instalar infraestructura o prestar servicios públicos dentro del núcleo ejidal.
En muchos de estos núcleos, existen instalaciones de escuelas, clínicas, y otro tipo de inmuebles ocupados por diversas dependencias e instancias del Estado mexicano, que proporcionan un servicio a la ciudadanía, pero cuya situación no está debidamente regularizada, afectando la prestación de estos servicios y la generación de infraestructura adecuada, generando, en muchas ocasiones, conflictos al interior de los ejidos y comunidades.
Por la falta de certeza jurídica, estas escuelas son las que más carencias tienen en cuestión de infraestructura, pues hacen falta aulas, no cuentan con barda de protección para los alumnos, se realizan actividades deportivas sin cubrirse del sol, entre otras necesidades. Incluso, algunas de ellas ni siquiera cuentan con servicios básicos, como conexión a una red de energía eléctrica o de agua potable.
Como resultado, incluso actualmente, sólo es posible que los gobiernos federal, estatal y municipal puedan desarrollar infraestructura o brindar servicios públicos dentro de los ejidos por medio de dos mecanismos: el primero es la expropiación, con todas las complejidades jurídicas y políticas que implica. El segundo es un trámite excesivamente tortuoso, pues requiere tres largas etapas: cambiar el destino, de uso común a parcela, para después adoptar el dominio pleno y finalmente enajenar las tierras a favor del gobierno.
Esta travesía burocrática puede durar incluso más de cuatro años y representa una barrera casi infranqueable para el desarrollo de proyectos de infraestructura y de servicios públicos que podrían beneficiar a millones de personas y dar un paso definitivo en la modernización y el desarrollo de la calidad de vida en los ejidos mexicanos.
Es decir, que la Ley Agraria, en su planteamiento actual, constituye una auténtica cadena que ata de manos tanto a los ejidatarlos como a las autoridades, y que deja a muchas de las comunidades más marginadas de nuestro país fuera del alcance de los programas de inversión.
Uno de los ámbitos donde esta problemática resulta más dolorosa es en el de la educación, porque debido a la realidad normativa actual muchas escuelas y miles de estudiantes se quedan sin la oportunidad de acceder a los programas y a las inversiones, que podrían transformar sus planteles educativos, debido a que no existe la adecuada certeza jurídica respecto al terreno donde se encuentran.
Los costos de esta omisión por parte de las leyes mexicanas son monumentales e incuantificables, porque hablamos de desperdiciar oportunidades de una mejor educación, que podrían potenciar el talento de muchos niños y jóvenes, que a su vez serán el eje y el ejemplo del progreso en sus comunidades.
Las consecuencias de esta situación van más allá, afectando, de manera directa o indirecta, a prácticamente todos los habitantes de todos los ejidos en todo el país, generando serias consecuencias, entre ellas que miles de personas se vean obligadas a abandonar sus tierras y migrar en busca de mejores oportunidades, ya sea a las ciudades, o incluso otros países, lo que a su vez alienta un círculo vicioso de marginación de todos los ejidos, pues éstos se quedan sin una importante fuente de talento y de trabajo.
Ésta es una realidad que tenemos el deber, la oportunidad y el compromiso de cambiar, en beneficio de los guanajuatenses y de todos los mexicanos. Por ello ponemos a consideración esta iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley Agraria, por medio de la cual pretendemos construir un respaldo normativo que nos permita garantizar certeza jurídica en las escuelas que se ubican en la zona rural, principalmente en tierras ejidales.
Proponemos hacerlo añadiendo a las competencias de la asamblea ejidal el señalamiento de áreas destinadas a servicios públicos, además de añadir esta clase específica de espacios como uno de los tipos de tierras ejidales contemplados en la Ley Agraria.
Para hacer realidad este proceso en la vida de los ejidos, proponemos integrar en un nuevo artículo de dicho ordenamiento, el proceso que deberá seguir el comisariado ejidal cuando solicite que la asamblea aporte un área del ejido para la prestación de un servicio público por parte de la federación, los estados, o municipios, los cuales contarán para tal efecto con los derechos de propiedad sobre dicho espacio.
Al mismo tiempo, dentro de nuestra iniciativa, también contemplamos un mecanismo para que los ejidos cuenten con la tranquilidad de que, en caso de que la superficie aportada por la asamblea no se esté utilizando para la prestación de un servicio público, el comisariado ejidal pueda recurrir al tribunal agrario para revertir total o parcialmente la asignación, y recuperar dichas tierras en beneficio del ejido.
En conclusión, consideramos que se trata de una propuesta moderna y necesaria. De aprobarse, esta iniciativa le abrirá, a miles de ejidos en todo el país, una puerta a millones de pesos en inversiones que mejoren la calidad de vida de sus habitantes y, al mismo tiempo, preserva la seguridad de esas comunidades, en cuanto a que la tierra que cedan para servicios públicos se use específicamente para ello, y que, en caso contrario, tengan la opción de recuperarla.
Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a consideración el siguiente proyecto de:
Decreto
Artículo Único. Se reforman la fracción VII del artículo 23, el primer párrafo del artículo 56, el último párrafo del artículo 64, se adiciona una fracción IV al artículo 56, un artículo 57 Bis, y una sección octava, con los artículos 89 Bis y 89 Ter, de la Ley Agraria, para quedar como sigue:
Artículo 23. ...
I.a VI...
VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal, parcelas con destino específico y para el servicio público, así como la localización y relocalización del área de urbanización;
VIII.a XV.
Artículo 56. La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamlento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesiónanos o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, para servicio público, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del piano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue:
I.a III... y
IV. Los derechos sobre las tierras necesarias para la prestación de un servicio público pertenecerán a la federación, los estados, municipios o alcaldías o a cualquiera de las dependencias, entidades u órganos administrativos que las integran, que presten dichos servicios.
En todo caso...
Artículo 57 Bis. Para proporcionar los derechos sobre tierras a que se refiere la fracción IV del artículo 56 deberá existir solicitud previa a la asamblea ejidal por parte de la entidad u órgano administrativo que prestará el servicio público por conducto del comisariado ejidal.
La solicitud a que se refiere el párrafo anterior, contendrá lo siguiente:
I. Superficie requerida;
II. Descripción del servicio público que se pretenda prestar; y
III. Firma autógrafa del titular de la dependencia, entidad u órgano administrativo de la Federación, estado, municipio o alcaldía que realiza la solicitud de tierras.
Cuando así lo decida la asamblea, la designación de tierras podrá hacerse a cambio de una contraprestación que se destine al beneficio del núcleo de población ejidal.
De esta solicitud deberá darse vista a la Procuraduría Agraria, la cual se cerciorará que se cumplan con los requisitos, pudiendo impugnar ante el Tribunal Agrario, cuando a juicio del procurador agrario se presuma que la dotación se realizó con vicios o defectos graves o que se pueda perturbar seriamente el orden público en cuyo caso el Tribunal Agrario dictará las medidas para lograr la conciliación de intereses.
Artículo 64. Las tierras ejidales...
Las autoridades federales...
A los solares...
El núcleo de población podrá aportar tierras del asentamiento al municipio o entidad correspondiente para dedicarlas a destino específico o a servicios públicos, con la intervención de la Procuraduría Agraria, la cual se cerciorará de que efectivamente dichas tierras sean destinadas a tal fin. La aportación así realizada, generará derechos de propiedad a favor de la Federación, estado, municipio o alcaldías de que se trate, siempre y cuando sean destinadas a servicios públicos. En caso de incumplimiento del servicio público para el cual fuera destinada la superficie, el Comisariado Ejidal podrá promover ante el Tribunal Agrario, la nulidad total o parcial de la asignación quien se pronunciará para que las áreas asignadas, regresen al dominio del núcleo agrario como tierras de uso común, anulando los títulos de propiedad expedidos así como su inscripción en los órganos regístrales, esta misma acción podrá ejercitarse de manera oficiosa por el procurador agrario.
Sección Octava De las tierras para servicios públicos
Artículo 89 Bis. Las tierras destinadas para un servicio público, que integran el área necesaria para el desarrollo de las obras y las acciones de gobierno para el beneficio de la sociedad en general, están compuestas por los terrenos en los cuales se ubiquen o vayan a ubicar las obras para prestar un servicio público. Dichas superficies son inalienables, imprescriptibles e inembargables, estas características se anotarán en el título correspondiente.
Artículo 89 Ter. Sólo procederá la asignación de tierras por parte de la asamblea ejidal a favor de la Federación, estados, municipios o alcaldías o a cualquiera de las dependencias, entidades u órganos administrativos que las integran, cuando se destinen a la prestación de servicios públicos vinculados con el ejercicio de sus atribuciones o la realización de su objeto de conformidad con las leyes aplicables a la materia de su competencia.
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano deberá hacer las adecuaciones reglamentarias correspondientes para la aplicación de la Ley, en un término no mayor de sesenta días contados a partir de que entre en vigencia la presente reforma.
Guanajuato, Guanajuato, 6 de abril de 2017.— La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Congreso del estado libre y soberano de Guanajuato, diputados: Mario Alejandro Navarro Saldaña (rúbrica), Jorge Eduardo de la Cruz Nieto (rúbrica), Angélica Casillas Martínez (rúbrica), Juan Carlos Alcántara Montoya (rúbrica), Irma Leticia González Sánchez (rúbrica). en contra, Guillermo Aguirre Fonseca (Rúbrica), Juan José Álvarez Brunel (rúbrica), Isidoro Bazaldúa Lugo (rúbrica) Voto en contra., J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Estela Chávez Cerrillo (rúbrica), Libia Dennise García Muñoz Ledo (rúbrica), Santiago García López (rúbrica) voto en contra, Luz Elena Govea López (rúbrica) en contra, María Beatriz Hernández Cruz (rúbrica), David Alejandro Landeros (rúbrica), María Soledad Ledezma Constantino (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Araceli Medina Sánchez (rúbrica), Juan Antonio Méndez Rodríguez (rúbrica), Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), Arcelia María González González (rúbrica) en contra, Verónica Orozco Gutiérrez (rúbrica), Elvira Paniagua Rodríguez (rúbrica), Rigoberto Paredes Villagómez (rúbrica) voto en contra, Éctor Jaime Ramírez Barba, Eduardo Ramírez Granja (rúbrica), Jesús Gerardo Silva Campos (rúbrica) voto en contra, María Alejandra Torres Novoa (rúbrica) voto en contra, Alejandro Trejo Ávila (rúbrica), Luis Vargas Gutiérrez (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica) voto en contra, Juan Gabriel Villafaña Covarrubias (rúbrica), María del Sagrario Villegas Grimaldo (rúbrica), Leticia Villegas Nava (rúbrica).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Congreso de Campeche.
Diputados secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
La LXII Legislatura del honorable Congreso del estado de Campeche, en sesión efectuada el día de hoy, proveyó un acuerdo que en lo conducente dice:
“... Primero. En ejercicio de la facultad que a esta Legislatura le confiere la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 44 de la
Constitución Política del estado de Campeche, a través de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en los términos planteados en la iniciativa que se contiene en el artículo Tercero de este acuerdo, se promueve una iniciativa de decreto para reformar el inciso a) del párrafo segundo, fracción II, del artículo 41 y el inciso g) de la fracción IV del párrafo segundo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...”
Lo que se notifica para los efectos legales conducentes, anexando la iniciativa de referencia.
Atentamente
Diputado Fredy F. Martínez Quijano (rúbrica), secretario.»
«Congreso de Campeche.
Diputados secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La LXII Legislatura del Congreso del estado de Campeche, por acuerdo y en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Campeche, somete a la consideración de esa Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su carácter de integrante del Poder Revisor de la Constitución Política Federal, la presente iniciativa de decreto para reformar el inciso a) del párrafo segundo, fracción II, del artículo 41 y el inciso g) de la fracción IV del párrafo segundo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con nuestra Carta Magna federal nuestro país es una “República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a régimen; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.
Lo que nos coloca en un régimen político democrático, tal y como lo menciona nuestra propia Constitución en su artículo 39 al señalar que: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.”
Es por ello que los esfuerzos para el desarrollo de los procesos democráticos en México, en aras de construir los sistemas políticos adecuados y elecciones que generen confianza, han significado elevados costos financieros en atención a que los propios partidos políticos han tenido que acceder a recursos para el sostenimiento, no sólo de las campañas electorales, sino de sus actividades ordinarias permanentes.
En ese tenor, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, dotó a los partidos políticos de nuevos mecanismos para el acceso al financiamiento público, estipulando parámetros flexibles y fórmulas de acceso al financiamiento privado que permitan alcanzar sus objetivos.
Sin embargo, dadas las circunstancias económicas y financieras por las que atraviesa nuestro país y que sin lugar a dudas repercuten directamente en el bienestar de las familias, es preciso adoptar medidas extraordinarias que abonen al ajuste y austeridad en el gasto, a fin de prevenir afectaciones y desequilibrios a la economía nacional.
Ante lo que significa que las reservas petroleras se estén agotando; la devaluación de nuestra moneda haya alcanzado en las últimas semanas mínimos históricos; la liberación de los precios de la gasolina van en aumento y la consecuente inflación, es que se propone la disminución del financiamiento público a los partidos políticos, por lo que la presente iniciativa tiene el objeto de impulsar ante el Congreso de la Unión, y consecuentemente ante el Poder Revisor de la Constitución de conformidad con la facultad que nos otorga el artículo 71 de la Constitución federal , la reforma del inciso a) del párrafo segundo, fracción II del artículo 41 y del inciso g) de la fracción IV del párrafo segundo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de reducir en un 50 % el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos en los meses y años en que no se desarrolle proceso electoral, determinando el monto para ello, derivado de la multiplicación del número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y dos punto cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Sin duda alguna, la reducción del financiamiento público a los distintos partidos políticos del país constituye una acción importante que permitirá al gobierno federal y a los de los estados tener un ahorro significativo de recursos públicos que permitirá reorientarlos a otros rubros del gasto público a favor de la sociedad.
En mérito de lo anterior, en ejercicio de la facultad que a la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche otorga la fracción ÍIÍ del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Campeche, por el digno conducto de ustedes, CC. Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el inciso a) del párrafo segundo, fracción II, del artículo 41 y el inciso g) de la fracción IV del párrafo segundo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Único. Se reforma el inciso a) del párrafo segundo, fracción II, del artículo 41 y el inciso g) de la fracción IV del párrafo segundo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 41. ..
...
I. ...
II. ...
...
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes durante los meses que comprende el proceso electoral para elegir presidente de la república, senadores y diputados federales se fijará multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. En los meses y años que no se desarrolle proceso electoral, dicho financiamiento se fijará multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y dos punto cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado en cada uno de los supuestos del párrafo anterior se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
b) y c)
III. a VI. ...
Artículo 116. ...
...
I. a III
IV. ...
a) a f) ...
g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, atendiendo a la fórmula establecida en el artículo 41, párrafo segundo, fracción II, incisos a), b) y c). Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes;
h) a p) ...
V. a IX. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En caso de que a la entrada en vigor del presente decreto los organismos electorales hayan realizado el cálculo del monto del financiamiento público para los partidos políticos del año en curso, deberán emitir un nuevo resolutivo que atienda las disposiciones contenidas en este decreto.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido del presente decreto.
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del estado.
Atentamente
San Francisco de Campeche, Campeche, a 10 de abril de 2017.— Diputada Sandra Guadalupe Sánchez Díaz (rúbrica), presidenta; diputado Fredy Fernando Martínez Quijano (rúbrica), secretario; diputada María del Carmen Pérez López (rúbrica), secretaria.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
MINUTAS
LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y LEY DE AGUAS NACIONALES
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXII del artículo 19 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 87, ambos de la Ley General de Protección Civil; y se reforma la fracción XLIII del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
Atentamente
Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
PROYECTO DE DECRETO
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 19 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 87, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XLIII DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción XXII del artículo 19 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 87, ambos de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:
Artículo 19. ...
I. a XXI. ...
XXII. Supervisar y en su caso exhortar, a través del CENAPRED, que se realice y se mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y delegaciones;
El Atlas se integra con la información a nivel nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal y delegacional. Consta de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente; siendo necesario actualizar el Atlas Nacional de Riesgos y los respectivos Atlas Estatales y Municipales de Riesgos.
Los atlas de riesgo constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo.
XXIII. a XXX . ...
Artículo 87. ...
Dichas obras podrán ser solicitadas por las autoridades enunciadas en el artículo 85 de la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción XLIII del Artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 9. ...
...
...
a. y b. ...
...
...
I. a XLII. ...
XLIII. Coadyuvar con la Coordinación Nacional de Protección Civil para realizar las declaratorias de clasificación de zonas de alto riesgo y elaborar los atlas de riesgos conducentes, en lo referente a los fenómenos hidrometeorológicos e inundaciones costeras provocadas por tsunamis.
XLIV. a LIV. ...
TRANSITORIO
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta;senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), vicepresidenta.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Protección Civil, y de Recursos Hidráulicos, para dictamen.
LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y VIII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 183 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
ÚNICO: Por el que se reforman las fracciones I y VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 183. ...
I. La identificación de la demanda interna de consumo de productos básicos y estratégicos, y a partir de ello conducir los programas del sector para cubrir la demanda y determinar los posibles excedentes para exportación, así como las necesidades de importación, siempre salvaguardando la soberanía alimentaria;
II. a VII. ...
VIII. La aplicación de medidas de certidumbre económica, financiera, comercial y prácticas participativas y sustentables que garanticen el cumplimiento de los programas productivos agroalimentarios referidos en el artículo 180 de esta Ley; y
IX. La aplicación, vigilancia y seguimiento a los programas agroalimentarios establecidos en el artículo 180 de esta Ley.
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta;senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), vicepresidenta.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.
DECLARA EL 9 DE ABRIL DE CADA AÑO “DÍA NACIONAL DE LA ADOPCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara el 9 de abril de cada año “Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes”, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
Atentamente
Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE DECLARA EL 9 DE ABRIL DE CADA AÑO, “DÍA NACIONAL DE LA ADOPCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”.
Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de abril de cada año, “Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes”, con el objeto de sensibilizar y concientizar a la sociedad con respecto a la promoción, protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia.
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta;senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), vicepresidenta.»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
INICIATIVA DE SENADORA
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»
«La suscrita, Ana Gabriela Guevara Espinoza, senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 164, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
A lo largo de la historia se ha observado que las migraciones son tan antiguas como el origen de la humanidad, algunas veces tienen su origen en la necesidad de sobrevivencia o por la búsqueda de mejores condiciones de vida; por ello, los seres humanos se han desplazado constantemente, lo cual ha generado lo que se conoce como fenómeno migratorio.
Dicho fenómeno migratorio constituye un factor importante en nuestro país, los flujos de migrantes que ingresan, transitan, se establecen y retornan a nuestro país tienen profundas implicaciones demográficas, económicas, sociales y políticas.
En este sentido, se debe considerar que al ser México un país de tránsito y conexión se deben diseñar e implementar políticas, acciones y programas innovadores que, de manera integral aporten conocimientos y herramientas para hacer frente a las distintas necesidades de los migrantes, en sus diversas modalidades.
En este contexto, el 19 de octubre de 1993, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Migración como órgano técnico desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Gobernación, lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 1o. y 2o. que a la letra dicen:
Artículo 1o. Se crea el Instituto Nacional de Migración como órgano técnico desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 2o. El Instituto tiene por objeto la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como el ejercicio de la coordinación con las diversas dependencias de la Administración Pública Federal, que concurren a la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia.
Para el desarrollo de sus atribuciones, el Instituto contará con los servidores públicos que se requieran y el personal adscrito a la Policía Federal de Migración, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, el 6 de abril de 2005 el Consejo de Seguridad Nacional acordó que el Instituto Nacional de Migración por las atribuciones y funciones que realiza, participa en la seguridad nacional, por lo que al ser considerada y reconocida como una instancia de seguridad nacional, se instruyó al secretario ejecutivo del consejo, emitir el acuerdo de reconocimiento correspondiente y proveer lo necesario a fin de incorporar las bases de datos y sistemas del Instituto Nacional de Migración que resulten pertinentes a la Red Nacional de Investigación, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2005.
La anterior determinación se fundamentó en lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el que se considera lo siguiente:
...la seguridad nacional tiene como metas principales velar por la protección y preservación del interés colectivo, evitando en lo posible o minimizando cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de la población y de las instituciones...” y propone “concebir la seguridad nacional desde una visión amplia destinada a prever y hacer frente a situaciones que amenacen la paz, la vigencia del orden jurídico, el bienestar y la integridad física de la población y que pongan en riesgo la permanencia de las instituciones o vulneren la integridad del territorio.
Donde el marco jurídico de aplicación se basa en la Ley de Seguridad Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005, bajo la tutela del Consejo de Seguridad Nacional como una Instancia para la coordinación de acciones orientadas a preservar la Seguridad Nacional, que establece y articula la política a seguir en la materia.
Dos son los motivos principales por los que se le otorgó al Instituto Nacional de Migración la calidad de institución de seguridad nacional, que se señalan a continuación:
Primero. Que el Instituto Nacional de Migración tiene relación directa con la Seguridad Nacional, ya que de acuerdo con la legislación migratoria tiene la facultad y responsabilidad de proteger y tutelar la seguridad nacional a través de la restricción de la emigración de nacionales cuando el interés nacional así lo exija; organizar y coordinar los distintos servicios migratorios; vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros, y revisar la documentación de los mismos; negar a los extranjeros la entrada al país o el cambio de calidad o característica migratoria cuando lo exija el equilibrio demográfico nacional o se estime lesivo para los intereses económicos de los nacionales; suspender o prohibir la admisión de extranjeros cuando así lo determine el interés nacional; expulsar a los extranjeros en casos de que se atente en contra de la soberanía o la seguridad nacional; así como señalar el periodo durante el cual el extranjero no deberá reingresar al país; tramitar y resolver sobre la internación, legal estancia y salida del país de los extranjeros, así como la cancelación, cuando el caso lo amerite de las calidades migratorias otorgadas; instruir lo necesario para el cumplimiento de arraigos judiciales ordenados respecto a nacionales o extranjeros; investigar si los extranjeros cumplen con las obligaciones migratorias establecidas, y en caso de violación a las disposiciones sobre la materia, presentarlos ante las autoridades competentes; así como operar y controlar los archivos de la documentación migratoria.
Segundo. Que, para una adecuada realización de sus actividades, es necesario que exista una colaboración con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional para que éste se constituya como la institución rectora de la Red Nacional de Investigación y por lo tanto funja como órgano de coordinación, definición y articulación de las acciones tendentes a la constitución y operación de la Red Nacional de Investigación.
El acuerdo por el que se reconoce al Instituto Nacional de Migración como instancia de seguridad nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado miércoles 18 de mayo de 2005, establece que el INM a fin de instrumentar la Red Nacional de Información de Seguridad Nacional, compartirá sus bases de datos y sistemas de información pertinentes y otorgará la cooperación técnica necesaria para que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional tenga la posibilidad técnica de acceder directamente a dichos sistemas.
Posteriormente, el 25 de mayo de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de Migración y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley de Inversión Extranjera, y de la Ley General de Turismo.
Dicha ley en su artículo 19 señala que el instituto es un órgano administrativo desconcentradode la Secretaría de Gobernación, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la Secretaría.
Además, dicho órgano administrativo desconcentrado cuenta con diferentes atribuciones las cuales son establecidas en el artículo 20 de la misma Ley, que a la letra dice:
Artículo 20. El instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:
I. Instrumentar la política en materia migratoria;
II. Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación;
III. En los casos señalados en esta ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros;
IV. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de extranjeros, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en su Reglamento;
V. Imponer las sanciones previstas por esta Ley y su Reglamento;
VI. Llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros;
Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a los extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley, respetando en todo momento sus derechos humanos;
VII. Coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes que se encuentren en territorio nacional;
IX. Proporcionar información contenida en las bases de datos de los distintos sistemas informáticos que administra, a las diversas instituciones de seguridad nacional que así lo soliciten, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y
X. Las demás que le señale esta ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
En este sentido, no debemos dejar de ver que la naturaleza jurídica del INM limita su actuar presupuestal, en virtud de que el mismo es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y por ello no cuenta con autonomía jurídica y presupuestal, lo cual ha incidido en una carencia en la inversión de tecnologías y desarrollo de personal, deficiente atención a los usuarios y a la propia seguridad nacional, ya que no dispone de recursos necesarios para el fortalecimiento de sus actividades institucionales, lo cual repercutiendo en la falta de aplicación a la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Migración.
Derivado de lo anterior, y debido a que los Estados no cuentan con un marco normativo eficiente para hacer frente a los cambios por el movimiento internacional de personas; se tiene como consecuencia una crisis de gobernabilidad migratoria, que presenta un incremento desmedido de migrantes irregulares en países de recepción, tránsito y destino, como lo es México.
Ahora bien, los recursos que ejerce el INM, provienen de dos fuentes; el primero asignado por la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación y el segundo a través de los ingresos autogenerados que por los servicios migratorios que en funciones de derecho público presta dicho instituto. En efecto, el Congreso de la Unión autorizó a la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración el cobro de los derechos migratorios contemplados en los artículos 8, 9, 10, 12, 13, 14-A y 15 de la Ley Federal de Derechos.
Respecto de la primera fuente de ingresos, se puede precisar que la misma siempre ha sido insuficiente para sufragar el gasto del Instituto Nacional de Migración; e incluso la tendencia ha sido de decremento.
Tal es el caso que, en los dos últimos ejercicios fiscales, el INM ha visto mermado el presupuesto asignado por la Federación para los gastos de operación, como se observa en el siguiente cuadro:
El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 contempla un decremento de 76.30 por ciento con respecto a 2015.
Para El Ejercicio Fiscal de 2017 no se designó presupuesto al INM, lo que deja al instituto solamente con los ingresos autogenerados que obtiene por la prestación los servicios migratorios contemplados en los artículos 8, 9, 10, 12, 13, 14-A y 15 de la Ley Federal de Derechos.
Por lo que hace a la segunda fuente de financiamiento, cabe destacar que los mismos, no tienen por objeto sufragar el gasto corriente del Instituto Nacional de Migración, sino que los mismos tienen un destino específico.
En efecto, el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos establece que los ingresos que cobre el Instituto Nacional de Migración tendrán los siguientes destinos:
a) Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente Ley, por lo que se refiere a los Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en un 20% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 80% al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10% de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.
b) Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en esta Sección, serán destinados a programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo en la línea divisoria internacional del sur del país y a mejorar las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional de Migración.
Acorde con lo anterior, el siguiente diagrama representa la integración de los ingresos del INM por concepto del Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, establecido en el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Derechos:
Ahora bien, la sumatoria de estos dos rubros integran el presupuesto del INM, traducido en números, se aprecia que la asignación presupuestal para 2014 fue de 304 millones 198 mil 487 pesos, particularmente por concepto de “derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”, se ha recaudado un total de 3 mil 997 millones 256 mil 430 pesos bajo el mecanismo de retorno implantado por la TESOFE, al INM se le asignó 20 por ciento los cuales deben ser utilizados para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona; es decir, únicamente 799 millones 451 mil 286 pesos.
Asimismo, se aprecia que la asignación presupuestal para 2015 fue de 404 millones 198 mil 487 pesos, y por concepto de “derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”, se recaudó un total de 4 mil 765 millones 296 mil 327 pesos de los cuales se le asignó 20 por ciento al INM para ser utilizados para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona; es decir, únicamente 953 millones 59 mil 265.40 pesos.
Por otro lado, en comparativo con 2016, 95 millones 760 mil 668 pesos fueron asignados presupuestalmente para el Ejercicio Fiscal de 2016, y por concepto de “derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas” se recaudó un total de 5 mil 651 millones 21 mil 115 pesos asignando únicamente al INM mil 130 millones 204 mil 223 pesos correspondiente a 20 por ciento establecido en el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, los cuales deben ser utilizados para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona.
En este sentido, la dependencia en la actualidad carece de un incremento en sus activos monetarios, el cual denota la falta de recursos para una eficiente operación en cada uno de sus programas, entre los que se encuentran:
• Oficiales de Protección a la Infancia,
• Repatriación,
• Grupos Beta,
• Programa Paisano y
• Somos mexicanos.
Los cuales son fundamentales para la seguridad nacional, además de la protección de las personas migrantes.
Derivado de las argumentaciones previas, es notable que la operación de este Instituto se vea restringida por la insuficiencia presupuestal; ya que la destinación de recursos para el INM no satisface las necesidades de operación en un contexto de origen, tránsito y destino de migrantes; por lo que, es ineludible considerar promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias.
Es decir, las delegaciones y subdelegaciones federales, delegaciones y subdelegaciones locales en las Entidades Federativas del INM, atienden programas en materia de migración de acuerdo a las circunscripciones territoriales, tales como:
• Grupo de Oficiales de Protección a la Infancia
Que atiende de forma personalizada, desde 2007 a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados nacionales y extranjeros. Cabe mencionar que hacen una importante labor con los niños repatriados de Estados Unidos de Norte América.
Sus principales funciones son:
1. Salvaguardar la integridad física y mental de los menores.
2. Brindarles de manera inmediata los servicios básicos de salud, alimento, vestido y descanso.
3. Facilitarles el contacto con sus familiares a través de llamadas telefónicas gratuitas.
4. Mantener informado al menor sobre su situación migratoria, utilizando lenguaje amable y acorde con su edad.
5. Acompañarlos durante su proceso de repatriación.
Los Grupos Oficiales de Protección a la Infancia (OPI), cuentan con apenas 543 elementos dispersos en las 32 delegaciones federales, y cumplen con el perfil diseñado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Migración, los OPI tienen la obligación de “Cuando un niño, niña o adolescente migrante no acompañado sea puesto a disposición del INM quedará bajo la responsabilidad de los OPI, para garantizar el respeto de sus derechos humanos”, por esta razón el INM es un modelo OPI, que se pretende replicar a lo largo de América Latina. Ya que México como país de tránsito, tiene la responsabilidad de proteger a la infancia migrante de otros abusos en sus trayectos, entre ellos, violación sexual, robos, secuestros, entre otros.
Adicionalmente, el INM informó que en el ejercicio fiscal 2016, aproximadamente 38 mil 797 niñas, niños y adolescentes migrantes fueron protegidos y atendidos por los OPI, en especial 17 mil 893 que fueron detectados sin ningún tipo de acompañamiento.
• Programa Repatriación
Este programa tiene como finalidad generar condiciones para que los mexicanos repatriados de los Estados Unidos de América se incorporen, al desarrollo productivo de la nación en condiciones dignas y con opciones de desarrollo integral en sus comunidades de origen y o residencia en México.
Cuyo objetivo general es brindar a los mexicanos que regresan a su país, una atención integral, para que contribuyan en el corto plazo al desarrollo nacional de México, impulsando la valoración de sus habilidades a través de un trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada, la sociedad civil organizada y los organismos internacionales, promoviendo la incorporación de los mexicanos retornados al mercado productivo.
Dicho programa surgió en diciembre de 2007 en Tijuana, Baja California, por instrucciones del Ejecutivo Federal, con la finalidad de tener un programa mediante el cual se realicen repatriaciones de nacionales mexicanos de forma segura, ordenada, digna y humana.
Siendo el Instituto Nacional de Migración, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, es el responsable de la política migratoria del país, y el encargado de llevar a cabo el Programa de Repatriación en México.
Actualmente, este programa está integrado por agentes federales de migración que se encuentran distribuidos en 11 módulos de repatriación en la frontera norte:
Baja California
Tijuana-San Isidro
Mexicali-Calexico
Sonora
San Luis Río Colorado-Yuma
Nogales-Nogales
Chihuahua
Ciudad Juárez-El Paso
Ojinaga-Presidio
Coahuila
Ciudad Acuña-Del Río
Piedras Negras-Eagle Pass
Tamaulipas
Matamoros-Brownsville
Nuevo Laredo-Laredo
Reynosa-Hidalgo
Asimismo, se busca la consolidación de los mecanismos de repatriación de la población mexicana y retorno asistido de población extranjera, con especial atención a la alojada en estaciones migratorias o en situación de vulnerabilidad; el mejoramiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica, así como la profesionalización de los servidores públicos que atienden dichos fenómenos.
En este sentido, es necesario robustecer la coordinación intersectorial e interinstitucional para el otorgamiento de apoyos a los connacionales repatriados, fortalecer el apoyo en las repatriaciones de mexicanos a grupos vulnerables como enfermos, adultos mayores, menores de edad, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad; y fomentar la cultura de regulación migratoria con países centroamericanos, que propicie un flujo migratorio documentado, ordenado y seguro hacia el país.
Aunado a lo anterior, por lo que hace a los repatriados existen cinco formas de retorno1 a saber:
1) Retorno de migrantes circulares o temporales que regresan después de terminar un contrato temporal.
2) Retorno de “commuters.” Refiere a las personas que son residentes de alguna ciudad fronteriza y cruzan la frontera cotidianamente con documentos o permisos temporales de trabajo para laborar o comprar.
3) Retorno como proyecto de residencia definitiva. Refiere a los migrantes que regresan con planes de quedarse en el país de origen.
4) Retorno por deportación desde el país de destino: Incluye migrantes que vivían en el país receptor y recibieron una deportación.
5) Retorno por deportación durante el cruce fronterizo: Migrantes que reciben una deportación o retorno voluntario.
Las instituciones que colaboran con el INM son:
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social: A través del Servicio Nacional de Empleo apoyará a los repatriados a incorporarse a una actividad productiva o trabajar por cuenta propia.
- Secretaría de Salud: Brinda atención en los centros de salud en el lugar de residencia de los repatriados a fin de proporcionar servicios médicos de tipo preventivo, así como el beneficio de afiliarse al Seguro Popular.
- Secretaría de Educación Pública: Apoyará a los repatriados que deseen acceder a las ofertas educativas que les permita continuar y terminar sus estudios dentro de sus diferentes programas.
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: A través del Fideicomiso de Riesgo Compartido fomentará los agronegocios, el desarrollo rural por micro cuencas y realizar funciones de agente técnico en programas del sector agropecuario y pesquero.
- Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales: Otorgamiento de apoyos y servicios que permitan desarrollar sistemas integrales, obras, acciones y prácticas sustentables enfocadas a cultivos para la producción de insumos para bioenergéticos, aprovechamiento sustentable del suelo, agua y vegetación de las unidades productivas.
- Secretaría de Relaciones Exteriores: Ayudará a los repatriados a resolver problemas como recuperación de salarios no pagados y pertenencias en EUA, así como la recuperación de sus hijos que quedaron en aquel país.
- Secretaría de Desarrollo Social: Pondrá a disposición de los repatriados que califiquen, programas como: Desarrollo Humano Oportunidades, Apoyo Alimentario, Abasto Rural Diconsa, Abasto Social de Leche y, 70 y más.
- Secretaría de Economía: Pondrá a disposición de los repatriados los Centros de México Emprende, cuyo objetivo es otorgar servicios y apoyos públicos y o privados para emprendedores y empresas de manera integral, ágil y oportuna, de acuerdo con su tamaño y potencial en un solo lugar.
Adicionalmente, el Instituto Nacional de Migración tiene el compromiso y la obligación de dar un trato digno y seguro a todos los migrantes respetando en todo momento sus derechos humanos, por lo anterior, se han implementado módulos de atención en los puntos fronterizos atendidos por agentes del Programa de Repatriación.
Dentro de las actividades que se ocupa, se encuentra la elaboración de una guía denominada PRIM, donde aporta una serie de apoyos a recibir por los repatriados, agua, alimentos, comunicaciones consulares, asistencia médica y psicológica, canalización a albergues, traslados a albergues, vacunación, oficinas de gobierno, comedores y estaciones de transporte, las cuales son desarrolladas por 9 estaciones de repatriación a lo largo de la frontera norte de nuestro país en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El siguiente esquema da cuenta de los módulos de repatriación humana:
Informes señalan, que en materia de repatriación de mexicanos el Instituto Nacional de Migración en 2016, recibió a través de los 11 módulos de repatriación en la frontera norte y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a 219 mil 596 connacionales deportados por las autoridades migratorias de los Estados Unidos y a quienes se les otorgaron servicios de comunicación, alimentación básica por una ocasión, constancias de repatriación, afiliación al seguro popular en colaboración con la Secretaría de Salud, apoyos de transporte para el traslado a sus comunidades de origen, así como traslados locales con la intervención de los Grupos Beta y alojamiento y alimentación con el apoyo de los albergues de la sociedad civil.
• Programa Paisano
Este es un programa permanente que tiene como finalidad establecer políticas, estrategias y acciones preventivas que garantiza el ingreso, tránsito y salida de connacionales bajo la plena garantía de los derechos humanos y seguridad tanto de los bienes como de las personas.
Derivado de la necesidad de crear mecanismos que controlen y gradualmente eliminen los índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia que incurren los servidores públicos en contra de connacionales en su ingreso al país, se unieron organizaciones sociales, empresariales, políticas y religiosas de la comunidad mexicana y mexicano-americana residentes en Estados Unidos para presentar una propuesta al gobierno de nuestro país.
Con fecha 6 de abril de 1989 el Ejecutivo federal expidió el “acuerdo por el que se instrumentan acciones de mejoramiento de los servidores públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país”. Mismo que fue conocido como “Programa Paisano”, donde estaban involucradas ocho dependencias gubernamentales. Iniciando operaciones por primera vez en el mes de diciembre de 1989.
Actualmente dicho programa opera bajo la figura de Comisión Intersecretarial, y se coordinan los esfuerzos de 21 dependencias, cuenta con dos Comités Técnicos, una Dirección Nacional, tres representaciones en Estados Unidos y 32 Comités estatales a nivel nacional, dirigidos a brindar información y atención a connacionales que visitan México, así como a brindar facilidades para su ingreso al país.
Su objetivo recae en asegurar un trato digno y apegado a la ley para quienes ingresan, transitan o salen de nuestro país, a través de las siguientes acciones:
• Informar y difundir el cumplimiento de obligaciones y derechos.
• Proteger su integridad física y patrimonial.
• Sensibilizar y capacitara servidores públicos y sociedad civil.
• Atender y dar seguimiento a quejas y denuncias.
• Operativos de caravanas.
En dichos operativos se extiende una amplia convocatoria a la sociedad civil, con el objetivo de integrar a la ciudadanía como parte de esta iniciativa del gobierno y coadyuvar a salvaguardar los derechos de las mexicanas y los mexicanos que viven en el exterior y visitan México. Se ubican a lo largo de diferentes puntos en todo el territorio nacional, logrando fortalecer la presencia del Programa durante los operativos especiales.
Los servidores públicos que pertenecen a este programa deben contar con vocación de servicio ya que tienen trato directo con los connacionales. Este programa hace uso y distribución de herramientas administrativas, publicitarias y de información en las cuales se plasma principalmente información necesaria para el ingreso a territorio Nacional, tanto de mercancías que pueden ingresar, impuestos por pagar e importaciones de vehículos.
Esta información es crucial para proteger a mexicanos, pues facilita los procesos administrativos que se deben llevar a cabo, como son las obligaciones a su paso por el país. Asimismo, emite una guía para la emisión de quejas o abusos de autoridades nacionales. Actualmente esta información se encuentra también en una APP para dispositivos móviles que da a conocer entre otros puntos, una ruta segura de viaje.
De la información proporcionada por el mismo INM, se informa que el Programa Paisano registró durante 2016 el ingreso al país de 12 millones 37 mil 727 migrantes mexicanos que retornaron temporalmente durante las temporadas de Semana Santa, verano e invierno al país, otorgándose atención personalizada a 4 millones 843 mil 827 migrantes, atendiéndose 112 quejas y 3 mil 656 peticiones de ayuda, ello con la participación de las dependencias federales y de los estados, así como de la sociedad civil, las representaciones consulares en los EUA y de observadores de la sociedad civil.
• Grupos Beta
Son Grupos dedicados a la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes, especializados en brindarles orientación, rescate y primeros auxilios, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria.
En 1990 en Baja California se crea un programa piloto, que más tarde integraría el Grupo Beta Tijuana, el cual tenía como finalidad “auxiliar a los migrantes que eran víctimas de la delincuencia, durante su tránsito por territorio mexicano”; en 1994 se forma el Grupo Beta Nogales, en Sonora; en 1995 se crean dos grupos más: uno en Tecate, en Baja California y el segundo en Matamoros, Tamaulipas.
A la fecha existen 22 Grupos Beta en 9 estados del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.
La creación de los Grupos de Protección al Migrante, se encuentra fundamentada en el artículo 71 de la Ley de Migración y 188 del Reglamento de la Ley de Migración.
Su objetivo es proporcionar ayuda humanitaria, primeros auxilios, asistencia migratoria, orientación e información a los migrantes sobre sus derechos. Para el cumplimiento de su objetivo, estos grupos se ubican en zonas del territorio nacional donde estratégicamente puedan desarrollar sus funciones.
Su misión es la de trabajar por la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes, a través de las acciones de apoyo como: rescate y salvamento, ayuda humanitaria, asesoría legal y orientación.
Se encuentran conformados por servidores públicos de los tres niveles de gobierno, los cuales se encuentran capacitados y especializados en la protección al migrante.
De conformidad a diversos informes, se tiene registrado que, en 2016, los 22 Grupos Beta realizaron 24 mil 15 recorridos en rutas de alto riesgo y brindaron a 203 mil 939 orientaciones a migrantes, 145 mil 282ayudas humanitarias, lograron 4 mil 990 rescates y localizaron a 33 extraviados, además de brindar 98 asesorías legales.
El siguiente esquema da cuenta del Directorio Nacional de Grupos Beta y su localización:
• Programa “Somos Mexicanos”
En conjunto, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores lanzaron este programa “Somos mexicanos: Aquí tienes las puertas abiertas”, con la finalidad de fortalecer la política orientada a la reinserción social de personas repatriadas desde Estados Unidos.
Se estima que, a partir de 2009, después de la recesión que sacudió la economía mundial, el flujo migratorio entre México y Estados Unidos cambió siendo el número de mexicanos que regresa al país igual a la cantidad de personas que deciden emigrar.
De conformidad con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (Enadid), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2009 y 2014, cerca de un millón de mexicanos y sus familias regresaron de Estados Unidos a nuestro país.
Según el Censo de Población de Estados Unidos, en el mismo periodo, más de 870 mil personas ingresaron a esa nación, provenientes de México.
Por lo que, el objetivo de dicho programa es fortalecer la política orientada a la reinserción social de personas mexicanas repatriadas al territorio nacional, así como sus vínculos sociales y culturales, en aras de que su regreso sea digno, productivo y benéfico, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.
Los apoyos que brindan son: Constancia de repatriación y la Clave Única de Registro de Población (CURP); servicios básicos de alimentación; seguro Popular para recibir atención médica; llamadas gratuitas para comunicarse con sus familiares; traslado local y apoyo para transporte foráneo y opciones laborales.
Se tiene conocimiento de que, en 2016, en el marco de dicho Programa se otorgaron 168 mil 517 apoyos alimentarios, de oferta laboral, vinculación educativa, asistencia médica, comunicación y reunificación laboral, traslados y de alojamiento.
Aunado a lo anterior, el INM tiene la tarea de atender diversos programas gubernamentales, tal es el caso del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013; donde se expone la ruta que el gobierno de la República se ha trazado para contribuir de manera más eficaz a que los mexicanos puedan lograr que México alcance su máximo potencial, estableciendo metas nacionales, así como estrategias transversales para democratizar la productividad, lograr un gobierno cercano y moderno, y tener una perspectiva de género en todos los programas de la administración, el cual será la base para la elaboración de los programas necesarios para dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos en la presente administración.
En concreto, la meta nacional denominada “México con responsabilidad global”, tiene como objetivo, entre otros, la ejecución de políticas públicas dirigidas a atender las particularidades del fenómeno migratorio en sus múltiples dimensiones, involucrando aspectos tales como la diversificación al interior del flujo; los lugares de origen y destino; los perfiles migratorios; las estrategias de cruce e internación; la repatriación, inseguridad y los derechos humanos.
Así como su estrategia II denominada “Gobierno cercano y moderno”, referente a dotar de infraestructura los puntos fronterizos, promoviendo el uso de tecnología no intrusiva para la gestión ordenada de los flujos de personas y bienes.
Además, busca consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados.
Para ello, se debe diseñar e implementar políticas, acciones y programas innovadores que, de manera integral e incorporando a los sectores de la sociedad civil y el gobierno aporten con responsabilidad conocimiento y herramientas para hacer frente a las distintas necesidades de los migrantes, en sus diversas modalidades. Ya que, los controles fronterizos son insuficientes e ineficientes y es notoria la falta de infraestructura en los puntos fronterizos y la ausencia de capacidades tecnológicas para el registro y control de migrantes y mercancías.
De igual manera el Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, fue desarrollado conforme a las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Dicho programa deberá ser cumplido conforme a las atribuciones que le correspondan a cada una de las dependencias y entidades de la administración pública federal que resulten competentes, atendiendo cada uno de sus objetivos y metas establecidos con la implementación de acciones específicas.
El PEM es la base para la instrumentación de una política de Estado en materia migratoria, con un enfoque de atención integral y adecuada gobernanza de las distintas dimensiones de la migración en México, a fin de contribuir política, económica y socialmente al proyecto de desarrollo del país.
En este sentido, la consolidación de la política migratoria integral del Estado implica una gestión migratoria acorde con el proyecto de desarrollo nacional y posicionamiento de México como destino turístico y de negocios; esto es, se requiere fortalecer los mecanismos de colaboración y coordinación, nacional e internacional, para favorecer la corresponsabilidad y la facilitación de la movilidad internacional de personas de manera ordenada, segura y ágil; sin menoscabo de la seguridad fronteriza y la seguridad humana.
Por lo que se busca el fortalecimiento de los mecanismos de repatriación de población mexicana y retorno asistido de población extranjera, con especial atención a la alojada en estaciones migratorias o en situación de vulnerabilidad; el mejoramiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica, así como la profesionalización de los servidores públicos que atienden el fenómeno; por ello, es necesaria la coordinación interinstitucional para mejorar la calidad de los servicios con estricto apego a los protocolos y procedimientos que establece el marco normativo y desde los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad.
Atendiendo al objetivo de consolidar una gestión migratoria eficaz, fundamentada en criterios de facilitación, corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y seguridad humana, se desprenden diversas estrategias; es específico, la 3.5. y 3.6. que conllevan las siguientes líneas de acción:
Estrategia 3.5. Mejorar y modernizar la infraestructura en lugares destinados al tránsito internacional de personas, oficinas de trámites, estaciones migratorias y estancias.
- Crear mecanismos de coordinación efectivos para establecer, dotar de infraestructura o suprimir lugares destinados al tránsito internacional de personas.
- Construir y adecuar la infraestructura física y tecnológica para optimizar la gestión migratoria y cumplir con los estándares de derechos humanos.
- Ampliar y mejorar la infraestructura en las estaciones migratorias y estancias para garantizar condiciones de alojamiento dignas, considerando criterios diferenciados.
- Fortalecer el uso de tecnología biométrica en lugares de tránsito internacional de personas, oficinas de trámites, estaciones migratorias y estancias.
- Fortalecer sistemas electrónicos que permitan el control migratorio eficaz de entradas y salidas en lugares de tránsito internacional de personas.
- Integrar y homologar los sistemas electrónicos para optimizar los trámites y servicios migratorios.
- Modernizar la infraestructura tecnológica para la emisión de documentos migratorios con mayores elementos de seguridad.
- Fortalecer el equipamiento de los grupos de protección de migrantes.
- Facilitar el acceso de las personas migrantes a medios electrónicos en estaciones migratorias y oficinas de trámites migratorios.
- Impulsar la coordinación entre dependencias federales y locales que brindan atención a niñas, niños y adolescentes migrantes y retornados.
Estrategia 3.6. Profesionalizar a los servidores públicos que atiendan el fenómeno migratorio.
- Capacitar a servidores públicos sobre normatividad migratoria, derechos humanos, perspectiva de género, discriminación y situación de vulnerabilidad.
- Reforzar la capacitación en inteligencia migratoria y la detección de documentos migratorios apócrifos.
- Capacitar a servidores públicos que atienden el fenómeno migratorio en el aprendizaje de un segundo idioma.
- Fortalecer los mecanismos de evaluación y profesionalización de los servidores públicos que atienden el fenómeno migratorio.
- Fortalecer los procesos de evaluación, sanción y rendición de cuentas de las autoridades migratorias.
Bajo este orden de ideas y para hacer frente a la atención de los diversos objetivos y estrategias que contempla dicho PEM, deberá dotarse de recursos humanos, materiales y sobre todo de ingresos excedentes con los que pueda hacer frente a dichas problemáticas que se presentan en todo el Territorio Nacional.
También se encuentra el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 publicado el 12 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, mismo que contribuye directamente al logro de tres metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: México en Paz, México Incluyente y México con responsabilidad global.
Para ello, el INM debe atender los objetivos sectoriales encaminados a fortalecer la gobernabilidad democrática, mejorar las condiciones de seguridad y justicia, garantizar el respeto de los derechos humanos y el abatimiento de la discriminación y la violencia, desarrollar las políticas de población y migración, y fortalecer la protección civil.
Para efectos de determinar la magnitud a la que se enfrenta el INM en su día a día, a continuación, se citan los siguientes datos generados de enero a diciembre de 2016.
• 147 mil 370 eventos de retorno asistido, se refiere a eventos de migrantes de 18 años y más, que solicitaron el beneficio de retorno asistido para ser devueltos a su país de origen, según lo previsto los artículos 111, 115, 118 y 119 de la Ley de Migración y del artículo 193 de su Reglamento, previo proceso administrativo de presentación según lo establecido en el artículo 99 de la misma Ley, cabe precisar que el INM sufragó los gastos que se generaron con motivo de dicha actividad.
• 203 mil 939 eventos de asistencia jurídica a migrantes, que recibieron orientación acerca de los riesgos físicos a que se encuentran expuestos, así como de sus derechos humanos. La orientación brindada es de manera verbal, además se les debió haber entregado información impresa como una cartilla y/o tríptico con la información antes mencionada, sin importar su nacionalidad o situación migratoria.
• 145 mil 282 eventos de asistencia social brindada a los migrantes incluyen uno o más de los siguientes apoyos: alimentos, refugio, atención médica menor, traslados a centros hospitalarios para atención médica mayor, y/o asesoría en diversos trámites administrativos.
• 231 eventos de primeros auxilios que fueron realizados a migrantes lesionados o heridos o mutilados y que fueron atendidos por los Grupos Beta de protección a migrantes.
• 33 eventos de migrantes reportados como extraviados y localizados, contemplan únicamente eventos de migrantes reportados como extraviados y que fueron buscados y localizados por los Grupos Beta de Protección a Migrantes. El periodo de búsqueda es máximo de un mes, a partir de la fecha de reporte.
• 89 mil 168, migrantes repatriados atendidos, incluye a los migrantes mexicanos devueltos desde Estados Unidos, a los cuales se les brindó atención médica, social y o jurídica.
• 98, migrantes atendidos a través de la asistencia legal, ya sea mediante quejas canalizadas a los órganos fiscalizadores de los servidores públicos (federal o estatal) y denuncias canalizadas al Ministerio Público, respecto a la narrativa de hechos que pudieran ser constitutivos de delito; en ambos casos, incluyendo los órganos protectores de derechos humanos, respecto de los hechos no constitutivos de delito, de conformidad con el artículo 48, fracción II de los Lineamientos en materia de Protección a migrantes del INM.
• 4 mil 900 migrantes rescatados; incluyendo a migrantes que fueron retirados de una situación o estado de riesgo independientemente del tipo de asistencia u orientación que se le brinda, su rescate pudo llevarse a cabo en cualquier lugar: río, desierto, vías de tren, túneles o áreas urbanas.
• 3 mil 353 acciones de coordinación con dependencias federales, estatales, municipales, extranjeras y otras instituciones, que realizan acciones conjuntas entre los Grupos Beta y las diversas dependencias a favor de los migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos incluyen las relacionadas a la asistencia médica y/o social y a la búsqueda de personas reportadas como extraviadas.
• 24 mil 15 recorridos realizados, corresponde a los denominados patrullajes, conceptualmente la información sigue haciendo referencia a los recorridos en campo realizados por los Grupos Beta para brindar orientación y apoyo a los migrantes.
• 219 mil 932, eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, contempla únicamente a los mexicanos detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses y que se apegaron al Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM).
• 13 mil 746, eventos de repatriación de menores migrantes mexicanos desde Estados Unidos.
De los datos citados con antelación, resulta notoria la necesidad de que el INM pueda allegarse de más recursos para continuar con la labor humanitaria conferida en la Ley de Migración, contemplando la intensa movilidad internacional de personas que por diversas razones visitan o deciden residir de manera temporal o permanente en nuestro país, tomando en cuenta que éste también es considerado como origen, tránsito, destino y retorno de migrantes internacionales.
En la actualidad, el INM requiere de personal altamente calificado, para poder ayudar a solucionar el problema creciente de la migración infantil, otra detección de necesidades es la de un centro de selección, reclutamiento, capacitación y adiestramiento especializado en formar Oficiales de Seguridad Migratoria de primer nivel, en función del acompañamiento de un sistema de servicios regulatorios para el ingreso y egreso de visitantes, legales e ilegales a territorio nacional.
Ahora bien, tomando en consideración las actuales crisis que en materia migratoria presenta México es primordial que se tomen medidas inmediatas para evitar la vulnerabilidad de los derechos humanos internacionales del infante, quienes en todo momento deben ser protegidos por el Estado Mexicano.
Que no todas las personas que ingresan a México como “visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas” son turistas meramente. Tal es el caso de estudiantes que vienen a cursos, seminarios, etcétera.
Y debido a que hoy en día el Sector Turístico en México ha crecido de una manera importante y consistente, puede generar recursos propios para auto promoverse, por lo cual resulta viable que los recursos autogenerados puedan destinarse al INM, con el fin de mejorar las instancias y servicios que complementan al sector mencionado.
Que para que el turismo continúe en crecimiento, es necesario que nuestro país sea percibido como un lugar seguro y fiable para los extranjeros. Con un trato digno y con un total respeto a los Derecho Humanos. De hecho, la seguridad es una de las principales pautas de valoración que una persona toma para elegir un destino turístico. Es así como, la Organización Mundial del Turismo ha definido la seguridad turística como “la protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras”. Y en esta, como ya se ha puesto en evidencia el INM juega un papel central, por lo que es primordial fortalecerlo.
En este contexto, se requiere realizar una transformación del Instituto Nacional de Migración, acorde a las exigencias de los servicios migratorios y la nueva política migratoria en la que se incorpore la participación de todos los sectores; además contar de mayores ingresos para cumplir con las atribuciones encomendadas en la Ley de Migración, su Reglamento y lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Especial de Migración y el Programa Sectorial de Gobernación, y a su vez dotar de infraestructura, tecnología de vanguardia, espacios dignos, así como mobiliario, entre otros, a los servidores públicos responsables de proporcionar servicios migratorios, y en general a mejorar la calidad integral de los servicios que presta este órgano administrativo desconcentrado y por ende reforzar con ello la seguridad nacional del país.
En la actualidad las delegaciones y subdelegaciones federales y locales; así como las oficinas centrales, enfrentan carencias que van desde el deterioro o falta de mobiliario o equipamiento, así como el mal estado que guardan sus instalaciones, desde la recepción de usuarios hasta los servicios de mantenimiento, falta de obras, servicios para los migrantes salvaguardando sus derechos humanos, etc., situación que les impide llevar a cabo el fin primordial de este Instituto; que recae en la vigilancia de la entrada y salida de personas al Territorio Nacional, como lo establece el artículo 20, fracción II de la Ley de Migración, respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, facilitar la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad, fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública, fronteriza y regional, ayudar en el combate contra el crimen organizado, específicamente en el combate al tráfico o secuestro de migrantes y a la trata de personas, entre otros aspectos.
Dicho en otras palabras, el Instituto necesita que los espacios destinados a dicha finalidad se encuentren en óptimas condicionales tomando en cuenta que los servicios migratorios que se prestan, generan una imagen a nivel internacional, ya que las principales personas que requieren nuestros servicios son extranjeros, aunado al hecho de que es una Instancia de Seguridad Nacional; necesidades que con los recursos que se obtienen de la recaudación del derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, con fines turísticos, previsto en el artículo 8, fracción I de la Ley Federal de Derechos, no podrían ser atendidas.
Para que esto sea posible, es necesario y urgente transmitirle al H. Congreso de la Unión, las referidas argumentaciones se requiere impulsar la iniciativa de reforma para que este órgano administrativo desconcentrado cuente con mejores mecanismos que permitan su modernización como la implementación de sistemas de administración automatizados; así como formar y capacitar al personal, adecuar o construir la infraestructura necesaria; además de dotar de tecnologías de la información y el equipamiento suficiente para cumplir con las necesidades operativas, administrativas y técnicas que implican los procesos de gestión que indica la presente propuesta de reforma.
Por lo señalado, se considera conveniente el incremento en la participación de los recursos asignados para el Instituto Nacional de Migración con el objeto de satisfacer las necesidades básicas del ser humano, como lo es, la alimentación, el vestido y la habitación; dichos recursos además deberían de ser destinados a los programas humanitarios que este Instituto ha impulsado con el objeto de proteger los derechos humanos fundamentales y subsanar las carencias de las clases sociales vulnerables como son los migrantes.
Por lo que someto a consideración del pleno de este honorable Senado de la República, la propuesta de reforma que se detalla a continuación en el siguiente cuadro comparativo:
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente ley, referente a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en 50 por ciento al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona; y en 50 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá 10 por ciento al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.
Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en esta Sección, serán destinados a programas de capacitación, modernización tecnológica, equipamiento e infraestructura para mejorar el control migratorio, las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios y programas que dependen del Instituto Nacional de Migración.
...
Transitorio
Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Yesica Aznar Molina, “‘Otro Norte, Otro Terruño’ Construyendo los sentidos y las identidades de los retornados en localidades urbanas,” (tesis doctoral, El Colegio de México, 2011), 14.
2 Artículo 71 de la Ley de Migración.
3 Artículo 188 del Reglamento de la Ley de Migración.
4 Fuente: Unidad de Política Migratoria, Segob, con base en información registrada en las estaciones migratorias, oficinas centrales y locales y del INM.
5 Hasta el 29 de septiembre de 2015, “Memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos”, existían 26 puntos oficiales, de los cuales 8 funcionaban como puntos esporádicos (Puerto Palomas, Zaragoza y Porfirio Parra en Chihuahua; Miguel Alemán, Puente Camargo y Puente B&M en Tamaulipas y; Sásabe y Sonoyta en Sonora). A partir de septiembre de 2015, según modificaciones a los “Arreglos locales para la repatriación de nacionales mexicanos desde Estados Unidos”, se establecen solo 11 puntos de repatriación mexicanos, en los otros puntos solo se podrá llevar a cabo una repatriación s i la persona repatriada es residente u originaria de esa zona fronteriza o en caso de emergencia.
6 Las cifras se refieren a eventos debido a que la misma persona pudo haber s ido repatriada en más de una ocasión.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de abril de 2017.— Senadores: Ana Gabriela Guevara Espinoza, Lorena Cuéllar Cisneros, Gabriela Cuevas Barron, Dolores Padierna Luna, Sonia Méndez Díaz, Humberto Mayans Canabal, Rosa Adriana Díaz Lizama, Víctor Hermosillo Celada (rúbricas).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El diputado Diego Valente Valera Fuentes(desde la curul): Presidente.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Diego Valente Valera Fuentes.
El diputado Diego Valente Valera Fuentes (desde la curul): Gracias, presidente. Quiero aprovechar la oportunidad para comentarle que habitantes del municipio de Frontera Comalapa durante muchos años integraron proyectos de servicios básicos como agua potable, drenajes que salieron aprobados por la federación en el 2015.
Estos proyectos fueron depositados al ayuntamiento municipal, quien dio los banderazos y los publicó en sus informes, pero las obras, hasta la fecha no han sido ni siquiera avanzadas.
Llevan muchos oficios a la Auditoría Superior de la Federación y a los órganos correspondientes para la vigilancia de estos recursos y hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta.
Quiero pedir que quede registrado para que la Auditoría Superior de la Federación dé respuesta a estos habitantes del municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, para tener certidumbre de qué pasó con sus obras que durante muchos años pudieron gestionar. Muchas gracias, presidente.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputado Valente, sus expresiones han quedado registradas en el Diario de Debates. Gracias.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Sí, señora presidenta. Es para denunciar ante este pleno lo ocurrido el día sábado en el estado de Chiapas, en el informe del senador priista Roberto Albores Gleason, en el que se utilizaron programas sociales como Prospera para obligar y presionar a las beneficiarias para que asistieran a dicho evento.
Y no solamente con esto, se reprimió y se expulsó a dos periodistas que estaban dando cuenta de estos delitos.
Es por lo tanto que en este pleno solicito a la Fepade a que se investigue y se finquen responsabilidades por el mal uso de programas sociales y por la acción de estos delitos.
Ya basta de que políticos corruptos lucren con el hambre del pueblo de Chiapas. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputado Santiago, sus expresiones quedan asentadas en el Diario de Debates.
La diputada Araceli Madrigal Sánchez(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputada Araceli Madrigal Sánchez.
La diputada Araceli Madrigal Sánchez (desde la curul): Gracias, diputada. Diputada, este año se cumplen diez años de la Declaración de la Protección a los Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo hecha por la ONU. A esta Cámara de Diputados han llegado muchas iniciativas, tanto del Senado como de esta propia Cámara, en relación a la consulta libre e informada de los pueblos indígenas, sin que hasta la fecha se hayan dictaminado.
También, haciendo un exhorto al Ejecutivo federal, para que cumpla con la recomendación que le hizo la CNDH, que es la 27/2016, desde septiembre del año pasado y que hasta la fecha no ha cumplido con el mandato de enviar a esta Cámara de Diputados una iniciativa sobre la Ley General de Consulta a los Pueblos Indígenas. Ya basta de estar protegiendo a empresas invasoras de las tierras indígenas, que dañan su territorio y su medio ambiente.
Presidenta, quiero hacer una invitación. Mi fracción parlamentaria está trabajando al respecto y estamos organizando un foro con el tema: Pueblos indígenas, legislación y políticas públicas, que será mañana 26 a las 9 de la mañana en el Auditorio Norte de este edificio A, aquí juntito a este pleno.
Están invitadas las diputadas y los diputados que se interesen por el tema de los pueblos y comunidades indígenas. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Madrigal, quedan asentadas sus expresiones.
El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Antonio Ixtlahuac.
El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (desde la curul): Gracias, presidenta. Atraigo a esta Cámara de Diputados un tema muy importante para los michoacanos, que es el tema del aguacate. Quiero expresar en esta Cámara que los michoacanos nos sentimos muy preocupados por lo que está pasando en relación con los productores de aguacate, algunas acciones que ha implementado el gobierno del estado para afectar a los productores de aguacate en sus plantíos.
Si bien es cierto que ha habido cambio de uso de suelo forestal agrícola en la plantación de aguacate, el gobierno del estado ha entrado con intimidaciones, con arbitrariedades a varios de los plantíos de los aguacateros.
Por lo tanto, pido al gobierno federal y al gobierno del estado que reconsidere esta situación y que se apoye a la producción del aguacate para entrar en una nueva sinergia donde, por supuesto, se reconozca el potencial forestal del estado. Pero también que se siga apoyando la producción de aguacate en el estado de Michoacán. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Orihuela. Quedan asentadas sus expresiones.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (desde la curul): Gracias. Gracias, presidenta. Como todos sabemos el 13 de abril un tráiler doble remolque choca con autobús de pasajeros. El resultado, 28 muertos en la autopista Siglo XXI, Michoacán - Guerrero. Por lo que con esto sucedido, presidenta, y muchos otros casos que han sucedido accidentes de este tipo, le solicito se llame a la Comisión de Transportes dictamine las iniciativas que tienen de diversos diputados, en los que se solicitan reformar y adicionar en la Ley de Caminos, Puentes y Transportes Federales, para prohibir la circulación de transporte de doble remolque. ¿Cuántos fallecimientos estaremos esperando para darle celeridad a este dictamen? Es cuanto. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Saldívar, quedan asentadas sus expresiones.
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola.
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (desde la curul): Muchas gracias, diputada presidenta. Solicité el uso de la voz para solidarizarme con el heroico cuerpo de bomberos de Hermosillo, Sonora, así como hacer la denuncia pública de la falta de sensibilidad del presidente municipal de este municipio, quien desde el 20 de marzo de 2015, tiene en su poder el pliego petitorio del gremio de bomberos, sin que a la fecha exista la voluntad de escuchar y de atenderlos.
Por ello, hago un exhorto al presidente municipal de Hermosillo, Sonora, para que a la brevedad posible instale una mesa de negociación que atienda los justos reclamos más nobles que la sociedad puede tener, pues no debemos olvidar que ellos en muchas ocasiones dan su vida por la de todos nosotros. Es cuanto. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Garzón, quedan asentadas sus expresiones.
El diputado Ángel II Alanís Pedraza(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Ángel II Alanís Pedraza.
El diputado Ángel II Alanís Pedraza (desde la curul): Gracias, presidenta. Únicamente para objetar en cuanto a su contenido y alcances de la manifestación hecha por el diputado federal Ixtlahuaca. Ello en virtud a que, contrariamente a lo por él sostenido, el gobierno del estado es el principal impulsor del sistema-producto aguacate y que si en algunas huertas de aguacate se están arrancando los árboles ya plantados, ello se deriva a que son muchas hectáreas que fueron plantadas por el crimen organizado y que, aparte de que fueron plantadas por el crimen organizado despojando a sus legítimos propietarios y poseedores esas huertas —que actualmente son huertas—, deforestaron cientos o miles de hectáreas de Michoacán.
Por eso mismo y, con sustento en esos datos, es que considero que lo aseverado por mi colegislador está totalmente equivocado. Eso quiere decir y revela que no conoce el estado del que él emana. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Alanís.
INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Ana Georgina Zapata Lucero, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El surgimiento de la imprenta en el siglo XV abrió en Occidente nuevos caminos para la propagación del conocimiento y la transformación de las ideas, el comercio y la gobernabilidad. Si bien es cierto al finalizar el Medioevo Europa se aprestaba para emprender nuevas y ambiciosos empresas, como la exploración del mundo, no lo es menos que faltaba un elemento que impulsara una nueva forma de pensar, una manera novedosa de concebir al mundo. Ese instrumento sería el invento de Johannes Gutenberg, el cual daría origen a la Edad Moderna, un periodo de la historia caracterizado por el establecimiento definitivo de los estados nacionales, el uso de la razón, los adelantos científicos y tecnológicos, las comunicaciones y la globalización, en contraposición a la fe ciega, al feudalismo, el aislamiento, la desaparición de la vida en las ciudades y la pérdida de vigor frente a otras civilizaciones procedentes de Oriente.
Así como la imprenta vino a transformar la vida cotidiana de las personas, el internet en los días actuales ha revolucionado de manera dramática nuestras relaciones sociales, la difusión del conocimiento, el acercamiento entre cultura y el comercio, entre otros aspectos de la vida cotidiana. Palabras más, palabras menos, Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos de América afirma que la red de internet tal vez sea la principal esperanza para el establecimiento de un entorno comunicativo en el que no hay barreras para la participación individual, convirtiéndose así en el canal más intercomunicativo de la historia, y el que tiene un mayor potencial de conectar a los individuos entre sí y a todo un mundo de conocimientos.
El también ex candidato a la presidencia de su país afirma, y con razón, que la red de internet no es una plataforma de difusión de la verdad, sino una plataforma para buscar la verdad y la creación y distribución de ideas, del mismo modo que los mercados son un mecanismo descentralizado para la creación y distribución de bienes y servicios, es decir, se trata de una plataforma para la razón. Por ello, agrega, “ hay que fomentar y proteger internet de la misma manera que fomentamos y protegemos los mercados, con la creación de leyes justas sobre su uso y con el ejercicio del imperio de la ley”.
La importancia que Gore otorga a la red de internet no es desmesurada y para muestra de ello podemos traer al momento su capacidad de penetración entre la población de nuestro país. De acuerdo con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013–2018, solo el 26 % de los hogares estaban conectados a internet y el 39.8 % de la población es usuaria del servicio, posicionando a México entre los países más bajos de Latinoamérica en acceso a este medio de difusión. Cierto es que la cifra dista mucho de ser la ideal, pero ello no obsta para reconocer que la red ha venido a transformar la manera en que los mexicanos nos comunicamos y adquirimos conocimientos.
Consciente de lo anterior, el gobierno del Licenciado Enrique Peña Nieto propuso ante el Constituyente Permanente una serie de enmiendas dirigidas a reformar radicalmente el sector de las telecomunicaciones. Aprobada que fue dicha reforma, una de las más trascendentes de los últimos años, se incluyó en el artículo 6o. de nuestra Carta Magna que “ el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”
Si tal como hemos señalado, la red de internet ha modificado la manera en que nos conectamos con nuestros semejantes y entendemos al mundo, ¿cabría esperar que tal revolución tecnológica hubiera generado cambios en el ámbito de las relaciones laborales? Por supuesto que sí. La red también ha cambiado la forma en que se desarrolla el trabajo en empresas y gobiernos, modificando así rutinas y métodos.
Si retrocedemos un poco en la historia, veremos que hasta la Revolución Industrial las personas trabajaban primordialmente en sus hogares, fuera porque estos estaban ubicados junto a las tierras de labranza o porque en ellos se encontraban los talleres donde se desarrollaban innumerables oficios. Todo esto cambió con la aparición de fábricas y talleres en los que se concentraban las maquinarias y demás implementos para el trabajo, lo que condujo al necesario desplazamiento de los trabajadores a los centros de producción.
Cierto es que este fenómeno vino a reactivar la vida urbana de una manera insospechada, pues el proletariado se vio precisado a hacer uso cotidiano de medios de transporte y a relacionarse de manera mucho más cercana con los individuos de su propia clase. Empero, esto tuvo costos sumamente altos, pues las urbes se volvieron peligrosas e insalubres, sitios aptos para la criminalidad, los vicios y las enfermedades. Ciudades como París y Londres, que actualmente hacen suspirar y maravillan a los turistas del mundo entero, a principios del siglo pasado constituían verdaderos focos de infección y criminalidad.
No fue sino hasta el establecimiento del Estado de Bienestar que las condiciones de los trabajadores comenzaron a cambiar favorablemente, pues tuvieron acceso a servicios de salud, pensiones, salarios remuneradores y hogares cómodos en los suburbios, a automóviles o transportes masivos para desplazarse a sus empleos a través de vialidades modernas en las que había la posibilidad de desplazarse con rapidez. Lamentablemente, esta dinámica ascendente no podía durar para siempre. El exceso de vehículos automotores, la falta de planeación urbana, la lejanía de los centros de trabajo, las saturación del transporte y el hacinamiento hicieron del diario traslado una verdadera pesadilla, tal y como lo vemos diariamente en las grandes urbes de nuestro país, como México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Acapulco, por citar sólo algunas.
Aunado a lo anterior, la valiosísima incorporación de las mujeres al mercado de trabajo también generó nuevas dinámicas, pues los hijos pasaron a ser cuidados en guarderías, por niñeras o familiares cercanos, generando con ello nuevas dinámicas familiares, máxime en aquellos casos de padres ausentes, un problema demasiado común en México. Incluso, ya no es extraño ver que los varones hayan perdido su carácter de proveedores para dedicarse a las labores del hogar.
Así como en su momento la Revolución Industrial vino a transformar las formas de trabajo, ya que las personas dejaron de laborar en sus casas para desplazarse a otros sitios, pareciera que la red de internet está empezando a generar un cambio en sentido inverso, pues gracias a la posibilidad de estar conectado con cualquier persona en el mundo de manera instantánea, ahora es posible desarrollar infinidad de funciones desde casa y en tiempo real, sin necesidad de trasladarse a otros sitios, sobre todo en el sector de los servicios, lo que significa ahorro para las empresas, los gobiernos y sus empleados.
Es aquí donde se inserta el objeto de la presente iniciativa, es decir, la reforma al trabajo a domicilio, el cual se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación, tal como lo prescribe el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, o mejor conocido de manera coloquial como teletrabajo.
De acuerdo con Gil y Bolio, para describir al teletrabajo se han utilizado términos como telecommuting (teledesplazamiento), telework(trabajo a distancia), networking(trabajo en red), flexible working(trabajo flexible), términos que, de acuerdo con estos autores, comparten diversos elementos en común: el tener una ubicación remota respecto de la sede de la organización, y que requieran de la utilización de las tecnologías de la información. Estos mismos autores señalan que las áreas donde se ha desarrollado con más dinamismo el trabajo son las consultorías, asesorías laboral, fiscal, jurídica y/o contable; ventas; trabajo secretarial, servicios de traducción, medicina, educación y formación; arquitectura, diseño gráfico, diseño web, edición, captura de datos, programación de sistemas informáticos, ingeniería, telemarketing, teleprocesamiento, vigilancia electrónica, seguimiento de valores bursátiles, comercio electrónico, la vigilancia de bosques y medioambiente, entre otros.
Esta modalidad de trabajo ha incidido en la organización de las empresas y en las relaciones entre éstas y sus empleados, pues se redujo o desapareció el contacto entre compañeros y jefes y empleados, lo que ha generado nuevas formas de interacción, liderazgos, disciplina y maneras de expresar la creatividad y el compromiso institucional.
De acuerdo con Cantú, Montelongo y Bueras, el uso del teletrabajo puede significar diversas ventajas para el empleador, tales como mayor flexibilidad, productividad, un mejor servicio al cliente, reducción del ausentismo, administración óptima de los recursos humanos, solución a la falta de espacio de oficinas, influencia positiva en la imagen de la organización e incremento en las posibilidades de trabajo para personas con discapacidad.
Las mismas autoras establecen, sin embargo, como desventajas potenciales de la implementación del teletrabajo desde la perspectiva del empleador las siguientes:
1) Incremento del aislamiento social.
2) Reducción de las posibilidades de promoción para los empleados en teletrabajo.
3) Incremento en el número de horas trabajadas.
4) Influencia negativa en la cultura organizacional.
5) Reducción en la lealtad de los empleados.
6) Obstaculización del contacto cara a cara.
7) Dificultad de entrenamiento.
8) Obstaculización del trabajo en equipo.
Las ventajas potenciales de la implementación del teletrabajo, desde la perspectiva del empleado, que señalan las autoras ya mencionadas son la flexibilidad; mayor productividad; orientación al autocontrol y a la obtención de resultados; menos estrés relacionado; incremento de la autonomía; mejor ambiente de trabajo; mejora en las relaciones familiares y afectivas y permanencia en la empresa a pesar de que ésta tenga la necesidad de cambiar de domicilio.
Las desventajas que señalan con relación a la implementación del teletrabajo desde la perspectiva del empleado son menores posibilidades de promoción; menor sueldo; mayores gastos de trabajo; mezcla de la vida familiar y laboral, y menor interacción social y profesional.
Ahora bien, no cualquier trabajador es apto para el teletrabajo, ya que debe poseer características tales como flexibilidad, organización, autonomía, capacidad de síntesis, disponer de un espacio adecuado para el desarrollo de sus labores, disciplina para evitar distracciones y no padecer la falta de interacción con los compañeros de la empresa.
La figura del teletrabajo no es nueva en nuestro sistema laboral, pues la Ley Federal del Trabajo promulgada en 1970 contempla en sus artículos del 311 al 330 las modalidades en que se va a dar esta clase de contratación y la forma en que éste debe desarrollarse. Posteriormente, y como consecuencia de la reforma laboral de 2012, se incluyó en el primero de dichos dispositivos que también será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación.
El 18 de diciembre de 2003 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “ Acuerdo por el que se adiciona, según corresponda, el anexo B o C, a los títulos de concesión para instalar, operar y explotar redes públicas de telecomunicaciones que comprenden los servicios de televisión y/o audio restringidos por microondas terrenal a través de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado otorgadas a los concesionarios mediante el título respectivo, para incluir el servicio fijo de transmisión bidireccional de datos”, en cuya parte considerativa se mencionó lo siguiente:
“ Que dada la importancia de que el servicio fijo de transmisión bidireccional de datos sea prestado por los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que proporcionan los servicios de televisión y/o audio restringidos por microondas terrenal a través de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado otorgadas a los concesionarios mediante el título de concesión respectivo (en lo sucesivo los Concesionarios), con el fin de impulsar una mayor penetración de servicios de valor agregado como los que actualmente se prestan vía Internet, tales como el acceso lógico y aplicaciones básicas sobre dichas redes, se tendrá un impacto positivo en la utilización de nuevas tecnologías para la capacitación y educación a distancia, así como para aplicaciones de telemedicina, teletrabajo y comercio electrónico, como medios que impulsen el desarrollo económico, social y cultural del país, así como incentivar la infraestructura de acceso a dichas redes;”
La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres (Cancela a la NMX-R-025-SCFI-2009) definió al teletrabajo como el trabajo a distancia, realizado en un lugar distinto al área de trabajo de la organización.
Durante la pasada legislatura, concretamente el 20 de noviembre de 2012, el diputado Angelino Caamal Mena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a través de la cual propuso establecer un concepto de teletrabajador, así como la posibilidad de que los teletrabajadores en situación de discapacidad, de desplazamiento forzado y/o de aislamiento geográfico, así como mujeres cabeza de hogar, trabajaran un día a la semana fuera del lugar de trabajo, sin que ello representase que les sea negado el pago del día completo, misma que no fue aprobada.
A nivel internacional, países iberoamericanos como España, Perú, República Dominicana y Colombia ya prevén en sus ordenamientos laborales la posibilidad de realizar trabajo a distancia, en tanto que la Organización Internacional del Trabajo emitió hace veinte años el convenio 177 sobre el Trabajo a Domicilio, mismo que estipula en su artículo 4º que la política nacional en materia de trabajo a domicilio deberá promover la igualdad de trato entre los trabajadores a domicilio y los otros trabajadores asalariados, teniendo en cuenta las características particulares del trabajo a domicilio y, cuando proceda, las condiciones aplicables a un tipo de trabajo idéntico o similar efectuado en una empresa.
Dicha igualdad de trato deberá fomentarse, en particular, respecto de:
• el derecho de los trabajadores a domicilio a constituir o a afiliarse a las organizaciones que escojan y a participar en sus actividades;
• la protección de la discriminación en el empleo y en la ocupación;
• la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo;
• la remuneración;
• la protección por regímenes legales de seguridad social;
• el acceso a la formación;
• la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, y
• la protección de la maternidad.
Derivado de todo lo anterior, tenemos que la red de internet ha venido a modificar de manera sustancial el trabajo a domicilio, por lo que diversos organismos internacionales y países, entre ellos el nuestro, han procedido a regular el llamado teletrabajo, trabajo a domicilio o trabajo a distancia. Empero, a pesar de que dicha figura ya se encuentra regulada en nuestro sistema jurídico, lo cierto es que aún quedan por legislar diversos aspectos inherentes a la misma, los cuales, sea desde la empresa privada o el gobierno, generen certeza jurídica, promuevan la inclusión de grupos vulnerables al mercado laboral y fomenten su adopción a efecto de despresurizar los servicios urbanos, generar ahorros, una nueva cultura laboral y mejores relaciones familiares.
Es por todo lo antes señalado que se proponen las siguientes modificaciones y adiciones:
I. LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Se adiciona el artículo 311 a efecto de señalar que las labores que ocasionalmente se realicen por los trabajadores en su domicilio o en lugares distintos a los centros de trabajo no serán consideradas como trabajo a domicilio, lo cual dará certeza jurídica a las partes de la relación laboral.
También se adiciona un artículo 311 bis, a fin de establecer los principios rectores del trabajo a domicilio que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación, los cuales serán del tenor literal siguiente:
• Movilidad: cualidad que posee el trabajador a domicilio para desarrollar sus labores fuera del centro de trabajo;
• Virtualidad: capacidad que tiene el trabajador a domicilio para realizar su trabajo valiéndose para ello de las tecnologías de la información y la comunicación;
• Flexibilidad: posibilidad que tiene el trabajador a domicilio para establecer su horario y lugar de trabajo;
• Reversibilidad: derecho de que gozan los trabajadores a domicilio y los patrones para modificar las condiciones de trabajo, a efecto de que éste sea realizado en el centro de trabajo o a domicilio, según convenga a sus intereses y de conformidad con los acuerdos que al efecto celebren, y
• Privacidad: derecho de todo trabajador a domicilio a no ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones y comunicaciones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado.
Otra adición más lo es un nuevo artículo 311 ter, en el cual se mencionan los tipos de trabajo a domicilio que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación:
• Autónomo: es aquel en el que el trabajador realiza sus labores fuera del centro de trabajo y sólo acude a éste de manera ocasional;
• Móvil: es aquél en el que el trabajador carece de un lugar fijo para realizar sus labores valiéndose primordialmente de las tecnologías de la Información y la comunicación, y
• Suplementario: es aquel en el que el trabajador labora indistintamente en el centro de trabajo o fuera de éste, según lo convenga con el patrón.
El artículo 313 es reformado para redefinir el concepto de trabajador a domicilio, estableciéndose para ello que es la persona que trabaja preferencialmente fuera del centro de trabajo, personalmente o con la ayuda de miembros de su familia para un patrón, o aquella que trabaja haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
En el artículo 318 se agrega que las condiciones de trabajo se harán constar por escrito, el cual contendrá, entre otras cláusulas, que los elementos que deberá proporcionar el patrón para el desempeño del trabajo y las condiciones aplicables en caso de que esto no ocurra.
La redacción actual del artículo 321 establece que los patrones entregarán gratuitamente a sus trabajadores a domicilio una libreta foliada y autorizada por la Inspección del Trabajo, que se denominará “Libreta de trabajo a domicilio”. Acorde a los cambios tecnológicos que inspiran a la presente iniciativa, se añade la posibilidad de que dicha libreta pueda tener el carácter de electrónica, atendiendo para ello a las reglas que al efecto emitan las autoridades laborales competentes, lo que agilizará la emisión de esta clase de instrumentos de control.
Los patrones que contraten trabajadores bajo la modalidad que nos ocupa tienen las obligaciones de proporcionar los materiales y útiles de trabajo en las fechas y horas convenidos, lo cual es sumamente conveniente. Sin embargo, la legislación actual no señala qué hacer en caso de que esto no ocurra, por lo que se propone reformar el artículo 324 para consignar que, en el caso de que el trabajador a domicilio aporte sus propios equipos o elementos de trabajo, el patrón deberá compensar los gastos realizados por éste, incluidos aquellos relativos a servicios de telecomunicaciones, lo que generará una mayor responsabilidad por parte de los patrones y evitará mermas en la economía de sus empleados.
De aprobarse la adición propuesta al artículo 326, los trabajadores a domicilio no sólo estarán obligados a poner el mayor cuidado en la guarda y conservación de los materiales y útiles que reciban del patrón, sino que, además, deberán evitar que éstos sean usados por personas ajenas a la relación laboral, siendo de señalarse que éstos deberán restituirse al patrón en buen estado cuando así lo solicite, salvo por su natural deterioro.
Aún y cuando parezca una situación por demás evidente, propusimos en el nuevo artículo 326 bis que, dada la naturaleza de su trabajo, no serán aplicables a los trabajadores a domicilio las disposiciones sobre jornadas de trabajo y horas extraordinarias, al igual que proponemos reformar el artículo 327 para disponer que los trabajadores a domicilio tendrán derecho a gozar de un día de descanso obligatorio, así como también a que éste les sea pagado en términos de lo dispuesto por los artículos 69 a 75 de la Ley cuya reforma se plantea.
Finalmente, y con el objetivo de prevenir abusos por parte de los patrones, añadimos al artículo 330 una nueva atribución a cargo de los Inspectores del Trabajo, consistente en vigilar que los trabajadores a domicilio no sean sometidos a cargas excesivas de trabajo.
II. LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
A efecto de insertar en el mercado laboral a los integrantes de grupos vulnerables, integrarlos a los beneficios del desarrollo y permitirles desarrollar sus capacidades en beneficio propio y del país, se propone reformar el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para señalar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será competente para formular programas de fomento al trabajo a domicilio que se realiza a través de las tecnologías de la información y la comunicación, los cuales beneficien preferentemente a personas con discapacidad, padres y madres solteros, personas en situación de aislamiento geográfico y víctimas del delito.
III. LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
La disposición referida en el apartado precedente encuentra su correlato en la nueva redacción del artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, pues consideramos que el Estado, en tanto oferente de empleo, no está exento de fomentar la inclusión social. Más bien al contrario, respetando la naturaleza de sus relaciones laborales, debe ser ejemplo de inclusión y modernidad.
IV. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
De ser aprobado el Decreto que se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, entraría en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y el titular del Ejecutivo Federal contaría con ciento ochenta días a partir de esa misma fecha para realizar las modificaciones reglamentarias que resulten necesarias para su aplicación.
De igual modo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los titulares a que se refiere el artículo 1º de la Ley Federal fe los Trabajadores al Servicio del Estado contarían con un plazo de ciento ochenta días para formular los programas de fomento al trabajo a domicilio que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación.
Para ilustrar mejor la presente iniciativa, presentamos el siguiente cuadro comparativo:
No queremos concluir sin señalar que esta iniciativa omitió intencionalmente crear un nuevo capítulo o sección en la Ley Federal del Trabajo que versara sobre el teletrabajo, esto en virtud de que consideramos, al igual que algunos estudiosos, que esta forma de laborar constituye una especie del trabajo a domicilio ya previsto en los artículos 311 a 330 de la Ley Federal del Trabajo y no un nuevo género, ello con independencia de que si el espíritu del legislador al aprobar la reforma laboral de 2012 hubiera sido en sentido contrario, seguramente hubiera creado un apartado especial para ello, situación que no tuvo verificativo.
Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de:
DECRETO
Artículo Primero.Se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
“Artículo 311. ...
“...
“ Las labores que ocasionalmente se realicen por los trabajadores en su domicilio o en lugares distintos a los centros de trabajo no serán consideradas como trabajo a domicilio.
“...”
“ Artículo 311 bis. Serán principios rectores del trabajo a domicilio que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación, los siguientes:
“ I. Movilidad: cualidad que posee el trabajador a domicilio para desarrollar sus labores fuera del centro de trabajo;
“ II. Virtualidad: capacidad que tiene el trabajador a domicilio para realizar su trabajo valiéndose para ello de las tecnologías de la información y la comunicación;
“ III. Flexibilidad: posibilidad que tiene el trabajador a domicilio para establecer su horario y lugar de trabajo;
“ IV. Reversibilidad: derecho de que gozan los trabajadores a domicilio y los patrones para modificar las condiciones de trabajo, a efecto de que éste sea realizado en el centro de trabajo o a domicilio, según convenga a sus intereses y de conformidad con los acuerdos que al efecto celebren, y
“ V. Privacidad: derecho de todo trabajador a domicilio a no ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones y comunicaciones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado.”
“ Artículo 311 ter. El trabajo a domicilio que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación podrá revestir las siguientes formas:
“ I. Autónomo: es aquel en el que el trabajador realiza sus labores fuera del centro de trabajo y sólo acude a éste de manera ocasional;
“ II. Móvil: es aquél en el que el trabajador carece de un lugar fijo para realizar sus labores valiéndose primordialmente de las tecnologías de la Información y la comunicación, y
“ III. Suplementario: es aquel en el que el trabajador labora indistintamente en el centro de trabajo o fuera de éste, según lo convenga con el patrón.”
“ Artículo 313. Trabajador a domicilio es la persona que trabaja preferencialmente fuera del centro de trabajo, personalmente o con la ayuda de miembros de su familia para un patrón, o haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación.”
“ Artículo 318. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito. Cada una de las partes conservará un ejemplar y el otro será entregado a la Inspección del Trabajo. El escrito contendrá:
“I. ... a “IV. ...
“ V. Los elementos que deberá proporcionar el patrón para el desempeño del trabajo y las condiciones aplicables en caso de que esto no ocurra, y
“ VI. Las demás estipulaciones que convengan las partes.”
“ Artículo 321. Los patrones entregarán gratuitamente a sus trabajadores a domicilio una libreta foliada y autorizada por la Inspección del Trabajo, que se denominará “Libreta de trabajo a domicilio” y en la que se anotarán los datos a que se refieren las fracciones I, II y V del artículo anterior, y en cada ocasión que se proporcione trabajo, los mencionados en la fracción IV del mismo artículo. Dicha libreta podrá tener el carácter de electrónica de conformidad con las reglas que al efecto emitan las autoridades laborales competentes.
“...”
“ Artículo 324. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:
“I. ...
“II. Proporcionar los materiales y útiles de trabajo en las fechas y horas convenidos. En el caso de que el trabajador a domicilio aporte sus propios equipos o elementos de trabajo, el patrón deberá compensar los gastos realizados por éste, incluidos aquellos relativos a servicios de telecomunicaciones;
“III. ... V. ...”
“ Artículo 326. Los trabajadores a domicilio tienen las obligaciones especiales siguientes:
“I. Poner el mayor cuidado en la guarda y conservación de los materiales y útiles que reciban del patrón y evitar que éstos sean usados por persona distinta al trabajador, quien deberá restituirlos a petición del patrón y en buen estado, salvo por su natural deterioro.
“II. ... a IV. ...”
“ Artículo 326 bis. Dada la naturaleza de su trabajo, no serán aplicables a los trabajadores a domicilio las disposiciones sobre jornadas de trabajo y horas extraordinarias.”
“ Artículo 327. Los trabajadores a domicilio tendrán derecho a gozar de un día descanso obligatorio, así como también a que éste les sea pagado en términos de lo dispuesto por los artículos 69 a 75 de la presente Ley.”
“ Artículo 330. Los Inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes:
“I. ... a V. ...
“ VI. Practicar visitas en los locales donde se ejecute el trabajo, para vigilar que se cumplan las disposiciones sobre higiene y seguridad;
“ VII. Informar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos las diferencias de salarios que adviertan, en relación con los que se paguen a trabajadores que ejecuten trabajos similares , y
“ VIII. Vigilar que los trabajadores a domicilio no sean sometidos a cargas excesivas de trabajo.”
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
“ Artículo 40.-A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
“ I.-... a XVII.- ...
“ XVIII.-Promover la cultura y recreación entre los trabajadores y sus familias ;
“ XIX. Formular programas de fomento al trabajo a domicilio que se realiza a través de las tecnologías de la información y la comunicación, los cuales tengan como objetivo incorporar al mercado laboral a personas con discapacidad y padres y madres solteros, personas en situación de aislamiento geográfico y víctimas del delito, entre otros grupos de la sociedad;
“ XIX.- Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.”
Artículo Tercero.- Se reforma el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:
“ Artículo 43.- Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley:
“I.- ... a X.- ...
“ XI. Formular programas de fomento al trabajo a domicilio que se realiza utilizando tecnologías de la información y la comunicación, los cuales tengan como objetivo incorporar principalmente a personas con discapacidad y padres y madres solteros, personas en situación de aislamiento geográfico y víctimas del delito, entre otros grupos de la sociedad.”
Artículos Transitorios
“ PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
“ SEGUNDO. El titular del Ejecutivo Federal contará con ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las modificaciones reglamentarias que resulten necesarias para su aplicación.
“ TERCERO. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social contará con un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de las reformas reglamentarias a que se refiere el artículo precedente, para formular los programas de fomento al trabajo a domicilio que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación.
“ CUARTO. Los titulares a que se refiere el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional contarán con un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para formular los programas de fomento al trabajo a domicilio que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación.”
Notas
1 Gore, Al, El ataque a la razón, Debate, México, pág. 282.
2 Ibídem, pág. 283.
3 Gil Montelongo, María Dolores y Bolio Yris, Carlos A., El Teletrabajo: Una Estrategia Empresarial.Visto en
http://www.uv.mx/iiesca/files/2013/01/teletrabajo2007-1.pdf .
4 Cantú, Nora; Montelongo, Karla; Bueras, Ruth, Requerimientos para la Implementación del Teletrabajo en México -Edición Única, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Escuela de Graduados en Alta Dirección, México, 2007. Visto en
https://repositorio.itesm.mx/ortec/bitstream/11285/573104/1/Doc sTec_6238.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de abril de 2017.— Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1; y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atento a lo siguiente
Planteamiento del problema
Combatir la impunidad a través de la exigencia ciudadana sigue siendo una labor difícil que aún no ha adquirido un cauce natural y que ha desatado una serie de irregularidades económicas, políticas y sociales, que actualmente han quedado al descubierto pero que sin embargo, son emblemas de impunidad y corrupción.
El legislador, trátese del Congreso de la Unión o de una legislatura local, está igualmente sometido a los principios de la Constitución y, por consiguiente, todo funcionario, federal o estatal, se encuentra obligado a su cumplimiento. Ninguna autoridad del Estado mexicano puede tener más atribuciones o facultades que las que la Constitución le confiere.
La Constitución es la norma fundamental de todo sistema jurídico, es la expresión de la soberanía popular que se encuentra en la cúspide de todo el sistema jurídico positivo, postula las garantías mínimas para los ciudadanos y establece las bases para la convivencia social.
Actualmente, el fuero constitucional es la prerrogativa procesal de que gozan los altos funcionarios del Estado y cuando son acusados de la comisión de un delito, antes de ser juzgados por su conducta ante las autoridades penales, son sometidos primeramente a un procedimiento anquilosado que a través del tiempo ha acentuado la impunidad, es decir, en el juicio parlamentario denominado declaración de procedencia, la Comisión Jurisdiccional a través de la Sección Instructora, tiene la libre potestad de determinar si la conducta desplegada de un servidor público es suficiente o no para quitarle el fuero.
A este respecto, cabe precisar que de acuerdo a información que obra en la Sección Instructora de esta Cámara de Diputados, desde la LIX hasta la LXIII Legislatura, se han acumulado en dicho órgano un número aproximado de 40 solicitudes de declaración de procedencia, de las cuales solamente 4 han sido procesadas, dos en la LIX, en contra de René Juvenal Bejarano Martínez (en ese entonces diputado local en el Distrito Federal, PRD) y Andrés Manuel López Obrador (ex jefe de gobierno del Distrito Federal, PRD); una en la LXI de Julio César Godoy Toscano (ex diputado federal, PRD) y una en esta legislatura relativa a Lucero Guadalupe Sánchez López (ex diputada local en el estado de Sinaloa, PAN); sin embargo, las 36 restantes se encuentran sin actividad procedimental.
Este tipo de actos han incidido a nivel internacional, ya que según el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, elaborado por Transparencia Internacional, México ocupa la posición 123 de 176 países analizados, detrás de Honduras, Ecuador, República Dominicana y Bolivia.
Por todo esto, se propone modificar los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de eliminar el fuero del que gozan diversos funcionarios y establecer con toda precisión los alcances de la inmunidad, relativo al desempeño de la función pública.
En efecto, el poder reformador de la Constitución rodeó a funcionarios públicos de fuero constitucional, entendido éste en la práctica como una prerrogativa indispensable para la existencia de las instituciones que salvaguarda, otorgando a quienes lo disfrutan, la facultad de no comparecer ante cualquier jurisdicción extraña, sin previa declaración de procedencia emitida por la mayoría absoluta de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Lo que ha provocado impunidad y ha desvirtuado la verdadera protección que significa el fuero.
Este tema de gran relevancia amerita su replanteamiento y debe armonizarse con las distintas reformas legales que se han aprobado en materia de transparencia y anticorrupción, y que tienen relación con la presente iniciativa.
Argumentación
El artículo 61 constitucional estableció que la inviolabilidad parlamentaria se autoriza cuando el diputado o senador actúa en el desempeño de su cargo y tiene por finalidad proteger la libre discusión y decisión parlamentaria que los legisladores llevan a cabo como representantes sociales en el ejercicio de su función, de tal manera que los sitúa en una posición de excepción.
Por su parte, el artículo 111 contempla el procedimiento a través del cual un servidor público que goza de fuero, puede ser despojado de él a petición del Ministerio Público y en instancia ante la Cámara de Diputados a través del juicio de procedencia, previo dictamen de la sección instructora que así lo determine, siempre sin prejuzgar en relación al delito imputado.
Por lo que toca al artículo 112, la protección constitucional del fuero encuentra una disyuntiva, ya que del mismo no se desprende si la licencia suspende al fuero o si en el caso, es necesario reintegrarse a la función para volverlo a tener.
Sin embargo a ello, el Poder Judicial de la Federación ha interpretado que si un servidor público con licencia es buscado por la justicia penal, la ejecución de una orden de aprehensión puede cumplirse sin que exista violación a la institución del fuero, pues un cargo no puede gozar de un doble fuero. Es decir, los servidores públicos con esa protección constitucional para el debido desempeño de su encargo, no podrán disfrutarla cuando estén separados de su empleo, cargo o comisión.
A este respecto, cobra importancia la jurisprudencia P./J. 37/96, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, junio de 1996, página 388, Materias Penal y Constitucional, con número de registro 200104, que establece:
“ Controversias constitucionales. Fuero, concepto de.
El fuero es, según su génesis, un privilegio que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado, dentro de regímenes democráticos. No es lo que en la teoría del delito se llama excluyente de responsabilidad, que impediría en todo caso que la figura delictiva llegare a constituirse, sino un impedimento legal para que quien goce de esa prerrogativa no quede sometido a la potestad jurisdiccional. Por tal razón, la circunstancia de que un servidor público esté provisto de inmunidad no imposibilita que se lleve a cabo la averiguación previa correspondiente a fin de determinar si la conducta que se le imputa constituye o no algún delito. La inmunidad de que están investidos los servidores públicos aludidos está en relación directa con el ejercicio de la acción penal ante las autoridades jurisdiccionales competentes, quienes tienen la obligación de respetarla, no a la facultad-deber que tiene la institución del Ministerio Público Federal para investigar hechos probablemente criminosos.”
Sin embargo a lo anterior deben deducirse cambios sustanciales para la eliminación de la figura del fuero constitucional, que en términos reales se ha traducido en impunidad e incorporar la figura de la inmunidad, estableciendo con toda precisión sus alcances y objetivos.
Estas modificaciones proponen un avance en el tratamiento a los servidores públicos que gozarán de inmunidad en el desempeño de su cargo, y quienes con esta reforma ya no serán sujetos a procedimiento especial alguno para quitar dicha inmunidad, sino que podrán ser juzgados por los delitos que cometan.
Lo anterior se justifica ya que en la actualidad las bases constitucionales han sido rebasadas y no ofrecen mecanismos sólidos para prevenir y sancionar la corrupción que la conciencia nacional exige erradicar, por ello, es necesario llenar los vacíos existentes a través de la reforma propuesta, que en sus puntos torales establece:
• Que el servidor público tenga inmunidad solamente en el desempeño de las funciones inherentes al encargo y no así por conductas diversas al mismo.
• Se elimina el procedimiento especial de declaración de procedencia.
• Que el servidor público podrá ser privado de su libertad en el tiempo en que ejerza el cargo público, cuando:
a) Así lo determine un juez de control al ordenar la medida cautelar de prisión preventiva en tratándose de delitos graves de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud; y los que determine la ley.
b) Así lo determine un tribunal de enjuiciamiento, al dictar una sentencia condenatoria que no admita recurso alguno.
A este respecto, es oportuno señalar a los diversos países, cuyas constituciones regulan la figura de la inmunidad:
No es aventurado señalar que el fuero o inmunidad es un mecanismo constitucional que incluso funciona para salvaguardar el correcto cumplimiento al principio de división de poderes, sin embargo, en la actualidad, la realidad política y social de México hace evidente la necesidad de eliminar el fuero y establecer la inmunidad sólo en el ejercicio de las funciones públicas, estableciendo con toda precisión sus alcances, pues han existido casos en los que por falta de claridad en la norma constitucional, se han generado interpretaciones erróneas sobre hechos o conductas que han quedado impunes, provocando con ello descontento social.
Por todo lo anterior, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de
Decreto que modifica los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inmunidad de los servidores públicos
Artículo Único. Se reformanlos artículos 61; 111, párrafos primero, cuarto (que pasará a ser segundo), quinto (que pasará a ser cuarto), séptimo (que pasará a ser quinto), octavo (que pasará a ser sexto), recorriendo en su orden los subsecuentes; 114, párrafo segundo; se adicionaun párrafo que pasará a ser tercero al artículo 111; se deroganlos párrafos segundo, tercero, sexto del artículo 111; y el artículo 112, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de su encargo durante el tiempo que lo desempeñen y jamás podrán ser reconvenidos, procesados ni juzgados por éstas.
El presidente de cada Cámara velará por el respeto a la inmunidad constitucional de sus miembros y por la inviolabilidad del recinto parlamentario.
Artículo 111. Los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, gozan de inmunidad en el ejercicio de su encargo, sin embargo, no los exime de ser sujetos a proceso penal por conductas diversas a sus funciones y sólo podrán ser privados de su libertad por medida cautelar de prisión preventiva en tratándose de delitos graves o por sentencia condenatoria que no admita recurso alguno.
Se deroga.
Se deroga.
Por lo que toca al presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 y por los delitos previstos en el artículo 108, párrafo segundo, de esta Constitución. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.
Las declaratorias y resoluciones de la Cámara de Senadores son inatacables.
Por lo que corresponde a los titulares de los Ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales , magistrados electorales e integrantesde los órganos a los que las Constituciones locales les otorgue autonomía, gozan de inmunidad en el ejercicio de su encargo, sin embargo, no los exime de ser sujetos a proceso penal por conductas diversas a sus funciones y sólo podrán ser privados de su libertad por medida cautelar de prisión preventiva en tratándose de delitos graves o por sentencia condenatoria que no admita recurso alguno.
Se deroga.
El servidor público que obtengasentencia condenatoria privativa de libertad por delito gravecometido durante su encargo, no podrá tener el beneficio delindulto , previsto en la fracción XIV del artículo 89 de esta Constitución.
Las sentencias del orden civil que se dicten contra cualquier servidor público no serán causa de retiro de la inmunidad.
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.
Artículo 112. Se deroga.
Artículo 114. (...)
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, estarán sujetas a las medidas cautelares y/o a la sentencia condenatoria firme que emitan los órganos jurisdiccionales.
(...).
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.Las legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar en sus respectivas legislaciones las disposiciones del presente decreto en el término de seis meses a partir de su entrada en vigor.
Tercero.Se deroga el capítulo III, del título segundo, denominado Procedimiento de Declaración de Procedencia, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto, dentro del término de seis meses a partir de su entrada en vigor.
Nota
1 Índice de Percepción de la Corrupción 2016 (IPC), consultable en: http://transparencia.org.es/ipc-2016/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.— Diputado Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, e integrantes de la Comisión de Protección Civil
Los suscritos, diputada María Elena Orantes López, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; diputado Hector Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Carlos Sarabia Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y el diputado Édgar Spinoso Carrera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 4 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la siguiente:
Exposición de motivos
La reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos avanza en la tutela de los derechos de la persona y se obliga al Estado mexicano a garantizar los derechos con fundamento en la propia Constitución y en los tratados internacionales; hoy es vital gestionar los riesgos de desastres con el fin de brindar seguridad jurídica del derecho a la integridad y la vida de las personas atendiendo las múltiples y complejas causas de los riesgos de desastres que las amenazan.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plantea en el artículo 25 el desarrollo nacional sustentable; en el artículo 27, ordenar los asentamientos humanos y preservar y restaurar el equilibrio ecológico, y en el artículo 4, el derecho a un medio ambiente sano y a la salud.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3, señala: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”
Por su parte, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, en su apartado III. Principios rectores, numeral 19, inciso c), dice: “La gestión del riesgo de desastres está orientada a la protección de las personas y sus bienes, salud, medios de vida y bienes de producción, así como a los activos culturales y ambientales, al tiempo que se respetan todos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, y se promueve su aplicación.”
Aunado a esto, el primero constitucional prescribe a todas las autoridades del Estado mexicano a garantizar dichos derechos y para lograrlo se deben transversalizar los temas de cambio climático, regularización de los asentamientos humanos, protección al medio ambiente y el desarrollo sostenible con la gestión de riesgos de desastres y la protección civil.
En consecuencia se propone adicionar un párrafo al artículo 4, con el fin de fortalecer la gobernanza de la gestión de riesgos de desastres.
Artículo 4. ...
...
...
“Toda persona tiene derecho a la protección de su integridad ante riesgos de desastres. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases de la gestión de riesgos de desastres; así como la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales y los municipios en materia de protección civil y reducción del riesgo de desastres.”
Por otra parte, en los municipios se genera la relación primaria entre ciudadanía y gobierno, la cual es cotidiana, estrecha y permanente, a partir de las necesidades sociales específicas y la obligatoriedad de las autoridades municipales para atenderlas de manera eficiente.
En consecuencia, la sociedad necesita gobiernos municipales fuertes en lo institucional y efectivos en su administración para hacer frente a las demandas y contingencias sociales que exigen las condiciones actuales. Estos gobiernos deben buscar aplicar mejores prácticas, nuevas formas de gestión, desarrollar capacidad de conciliación y negociación para la solución de los problemas, y garantizar la capacidad de respuesta ante los riesgos del entorno municipal.
En este nivel de exigencia, destacan las características del municipio mexicano de constitución republicana, representativa y popular. Por ello, es la base de la división territorial de la organización política y administrativa de los estados y es explícitamente libre e implícitamente autónomo.
Sin embargo, en general, el municipio ha sido tratado como una instancia que en muchos de los temas ha sido manipulada o limitada desde el nivel estatal, donde bajo criterios ajenos al interés de los ayuntamientos, se le dosifican los recursos y se le dilatan las comprobaciones de los lineamientos cumplidos para el ejercicio presupuestal.
Lo anterior, aun cuando en diversas materias y competencias, al municipio se le atribuye la responsabilidad de otorgar la primera respuesta como es el caso de la materia de protección civil, en donde la responsabilidad de atender emergencias, es subsidiaria, lo que significa que es compartida con el estado y la federación. A pesar de ello, el bloqueo se ha reproducido en algunos escenarios, a partir de interpretaciones constitucionales, derivadas de una lectura errada de las atribuciones implícitas.
Ejemplo de esta situación, se señala en el artículo 73, fracción XXIX-I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece la facultad del Congreso de la Unión “para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de protección civil”. Al respecto, podemos apreciar que esta disposición ratifica la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno para temas de protección civil de manera general, sin desarrollar suficientemente las atribuciones constitucionales explícitas para la interacción entre cada ámbito de gobierno. Esta situación ha propiciado que las interpretaciones de las atribuciones constitucionales implícitas, terminen por obstaculizar indirectamente algunos aspectos de la coordinación.
En este sentido, la función sustantiva de la protección civil es principal y esencialmente proteger la vida de quienes pueden estar en riesgo de perderla o afectarse; en segunda instancia consiste en salvaguardar los bienes y el entorno, mediante acciones reactivas y preventivas. Por eso, el objetivo y la responsabilidad del municipio radica en salvaguardar el derecho humano más importante que es la vida, para lo cual debe utilizar recursos humanos y materiales, mismos que generalmente no tiene.
En este contexto, el Sistema Nacional de Protección Civil asume que el municipio brindará la primera respuesta a situaciones de emergencia y si, por las características del siniestro, las capacidades de este fueran rebasadas, la responsabilidad se trasladará al gobierno estatal, y si éste, a su vez, también se viera superado, podrá recurrir a la federación.
En este orden de ideas, el régimen jurídico municipal tiene su fundamento en diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente del artículo 115, que establece, en su fracción III, de forma enunciativa y no limitativa, el tipo de servicios que mínimamente debe prestar la administración pública municipal. En este particular, se puede advertir que el texto vigente experimentó la última reforma de este apartado en diciembre de 1999, situación que al día de hoy, 17 años después, proyecta algunas deficiencias de anacronismo a partir de tener una sociedad con prácticas y necesidades distintas. Por ello, resulta necesario adecuar la legislación a los requerimientos y retos actuales en materia de protección civil y gestión de riesgos.
En ese sentido, y aun cuando los artículos 15 y 21 de la LGPC establecen que el objetivo general del Sistema Nacional de Protección Civil es el de proteger a la persona, a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos; y que en una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria, lo cierto es que en el contenido del artículo 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) no se refleja una congruencia con tales preceptos, dado que la materia de la protección civil no se contempla expresamente como una de las funciones primordiales de las autoridades municipales, por lo que se considera apropiada la adición de un inciso i) a la fracción III del referido artículo 115, a efecto de que dichos órdenes de gobierno tengan la atribución específica de desarrollar políticas, programas, planes y acciones en materia protección civil.
En consecuencia, no se tiene el marco normativo plenamente adecuado a poder enfrentar el aumento de necesidades, derivadas del crecimiento urbano, en ocasiones desordenado; la explosión demográfica; la industrialización; la tecnificación; el cambio climático; el tipo de desarrollo económico y social, entre otras causas.
Así, la prestación de servicios públicos adecuados, integrales y eficaces debe ser la respuesta idónea de la autoridad municipal y corresponder a la medida de las necesidades primarias, esenciales, básicas y comunes que requiere la colectividad a la que gobiernan y que esta avecindada e su municipio.
Estos argumentos dejan en claro que las políticas públicas en temas de protección civil y gestión de riesgos, implementadas por el Ejecutivo federal, sustentadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Protección Civil, han logrado cambiar las condiciones de la protección civil en nuestro país; por ello, es considerado un referente internacional en el tema. Sin embargo, las nuevas consideraciones y escenarios contemplados en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 de la Organización de las Naciones Unidas, establecen que es necesario impulsar y fortalecer a nivel local las acciones de identificación, análisis, reducción de riesgos, atención a emergencias, resiliencia, preparación y recuperación. Para ello, debe proveerse un verdadero marco jurídico, actualizado, que facilite el establecimiento de programas y acciones de gestión integral de riesgos de desastres, desde la instancia de gobierno más cercana al ciudadano que en el caso mexicano es el municipio. Asimismo, se debe procurar contar con herramientas financieras propias para realizar todas aquellas actividades que comprenden la protección civil y la gestión integral del riesgo, en sus fases de identificación de los riesgos y/o su procesos de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.
Ante este reto internacional y contextual, se debe fortalecer la fracción XXIX-I del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante precisiones explicitas en las atribuciones constitucionales del municipio.
Derivado de todo lo anterior, como diputada ciudadana, considero necesario aclarar que con la presente reforma no se pretende cambiar la naturaleza jurídica de la protección civil y la gestión integral de riesgos, concediendo alguna facultad exclusiva en esta materia a los municipios. Tampoco se busca trasladar la potestad establecida en el artículo 73, fracción XXIX-I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Congreso de la Unión de expedir leyes generales en la materia.
Lo que se pretende es que los ayuntamientos sean conscientes de la obligación que tienen de atender el requerimiento de la población en materia de protección civil y gestión de riesgos para generar estructuras, planes, acciones y reglamentación en esta materia. Con ello, se busca un respaldo constitucional para permitir al municipio presupuestar anualmente los recursos necesarios, tanto para la prevención, el auxilio y la recuperación en caso de algún evento adverso.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 4 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección civil y gestión integral del riesgo.
Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 4 y se reforma el inciso h) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se adiciona un inciso i) a la fracción III del referido artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se recorre la subsecuente, para quedar como sigue:
Artículo 4. ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Toda persona tiene derecho a la protección de su integridad ante riesgos de desastres. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases de la gestión de riesgos de desastres; así como la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales y los municipios en materia de protección civil y reducción del riesgo de desastres.
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
I. ...
II. ...
III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) a g)...
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito;
i) Desarrollar políticas, programas, planes y acciones en materia Protección Civil y Gestión Integral del Riesgos, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 fracción XXIX-I de esta Constitución, y
j) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota
1 Articulo 73, fracción XXIX-I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultada el 26 de agosto de 2016 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.— Diputada y diputados: María Elena Orantes López,Héctor Barrera Marmolejo, Carlos Sarabia Camacho, Alberto Martínez Urincho (rúbricas).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
LEY DE AEROPUERTOS
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Iniciativa que reforma el artículo 48 de la Ley de Aeropuertos, suscrita por los diputados Daniel Torres Cantú, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Lillian Zepahua García y José Lorenzo Rivera Sosa, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados Daniel Torres Cantú, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Lillian Zepahua García y José Lorenzo Rivera Sosa, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de Aeropuertos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los aeropuertos forman parte de las vías generales de comunicación, y descritos por la propia Ley de Aeropuertos como aeródromo civil de servicio público, que cuentan con las instalaciones y servicios adecuados para la recepción y despacho de aeronaves, pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo regular, del no regular, así como del transporte privado comercial y no comercial.
Cabe destacar que de la propia definición de aeropuerto antes descrita, la ley establece que sólo los aeródromos civiles que tengan el carácter de aeropuerto podrán prestar servicio a las aeronaves de transporte aéreo regular.
En ese tenor, las vías generales de comunicación y los modos de transporte que operan en ellas quedan sujetos exclusivamente a los Poderes Federales, y el Ejecutivo Federal ejecuta sus facultades por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la construcción, mejoramiento conservación y explotación de las vías generales de comunicación, en términos del artículo 3 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 36 establece las facultades de la SCT, entre las que destacan las de otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional y negociar convenios para la prestación de servicios aéreos internacionales.
Hasta este punto podemos deducir que, el objetivo que mandatan las facultades del Ejecutivo federal, a través de la SCT en materia del transporte aéreo, es otorgar concesiones o permisos para construir, administrar, operar y explotar aeropuertos, los cuales son considerados por la Ley de Aeropuertos como aeródromos civiles de servicio público.
La misma ley advierte que un aeródromo civil, es un área definida de tierra o agua adecuada para el despegue, aterrizaje, acuatizaje o movimiento de aeronaves, con instalaciones o servicios mínimos para garantizar la seguridad de su operación.
Siguiendo con las definiciones, refiere la fracción II del artículo 2 de la Ley de Aeropuertos, que un aeródromo de servicio al público es un aeródromo civil en el que existe la obligación de prestar servicios aeroportuarios y complementarios de manera general e indiscriminada a los usuarios.
En ese orden de ideas, los servicios que presta un aeropuerto (aeródromo civil de servicio público) son los que van dirigidos a las aeronaves y usuarios del servicio de transporte aéreo, esto es, quienes utilizan una aeronave para el traslado de personas o mercancías de un punto a otro.
Como lo advierte el artículo 48, fracciones I y II de la Ley de Aeropuertos, los servicios indispensables para que se dé el traslado de personas o mercancías por aire, son los aeroportuarios y complementarios, mismos que a continuación se transcriben:
Los servicios aeroportuarios incluyen los correspondientes al uso de pistas, calles de rodaje, plataformas, ayudas visuales, iluminación, edificios terminales de pasajeros y carga, abordadores mecánicos; así como los que se refieren a la seguridad y vigilancia del aeródromo civil; y a la extinción de incendios y rescate, entre otros.
Por su parte, los servicios complementarios incluyen, entre otros, los de rampa, tráfico, suministro de combustible a las aeronaves, avituallamiento, almacenamiento de carga y guarda, mantenimiento y reparación de aeronaves.
Como ha quedado demostrado, el aeropuerto es el ente que administra y proporciona las facilidades técnicas y operativas para que las aeronaves presten el servicio de transporte de pasajeros o carga; servicio que se encuentra regulado en la Ley de Aviación Civil.
Ahora bien, los servicios comerciales a que se refiere la fracción III del artículo 48 de la multicitada Ley de Aeropuertos, son los que se refieren a la venta de diversos productos y servicios a los usuarios del aeródromo civil y que no son esenciales para la operación del mismo, ni de las aeronaves.
Tomando en cuenta la definición anterior, un usuario del aeropuerto es aquella persona que ingresa a sus instalaciones para hacer uso de los servicios del aeropuerto o de las aerolíneas, esto es, para trasladarse por medio de una aeronave.
En términos del artículo 117 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, en los aeródromos existen las zonas de acceso libre y las zonas restringidas, estas últimas comprenden las instalaciones donde se realizan los servicios que el aeropuerto proporciona a las aeronaves y su tripulación (servicios aeroportuarios y complementarios), así como los servicios que proporcionan las aerolíneas a los usuarios del servicio de transporte aéreo.
Siguiendo la lógica, las zonas de acceso libre, donde se encuentran los establecimientos que prestan servicios comerciales, son áreas públicas en las que cualquier persona, sin que necesariamente vaya a recibir la prestación de un servicio por parte del aeropuerto o una aerolínea, puede acceder a consumir bienes o recibir un servicio inherente a los concesionados por la SCT.
Hasta este momento, los legisladores iniciantes concluimos que los servicios comerciales no son esenciales para la operación del aeródromo civil ni de las aeronaves, tal como lo expresa la fracción III del artículo 48 de la Ley de Aeropuertos, y por tanto no pueden ser considerados como objeto de las concesiones otorgadas por el Gobierno Federal, a través de la SCT, pues esta autoridad sólo está facultada para concesionar servicios aéreos, mas no así para otorgar permisos para el establecimiento de comercios mercantiles.
Al estar estos establecimientos mercantiles ubicados en zonas de acceso libre, y por tanto fuera de la delimitación de las zonas donde se prestan los servicios aeroportuarios y complementarios, se considera que estas zonas no son ocupadas para los fines u objetos del contrato de concesión, por lo que no pueden quedar fuera de la jurisdicción reglamentaria municipal establecida en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como excepción a la conclusión plasmada en el párrafo anterior, sólo es de considerarse que los servicios comerciales son esenciales cuando son prestados a través de las Bases Fijas de Operaciones, las cuales como están establecidas en la Ley de Aeropuertos, son instalaciones dentro de las pistas y hangares que prestas todo tipo de servicios a las aeronaves de transporte privado comercial y no comercial incluyendo los taxis aéreos.
Lo anterior se concluye, en virtud de que las Bases Fijas de Operaciones prestan servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales a los transportistas y operadores aéreos, nacionales o extranjeros a que se refieren los artículos 27 y 28 de la Ley de Aviación Civil relativos a la aviación privada no comercial y privada comercial, incluyendo al taxi aéreo que reúna los requisitos y condiciones establecidas en el artículo 23 de la misma Ley de Aviación Civil.
En esa tesitura, solo cuando se prestan los servicios comerciales a las personas que directamente operan las aeronaves o se encuentran recibiendo el servicio de transporte, es que se puede considerar que el servicio comercial es parte del objeto que presta el aeropuerto a través del concesionario o mediante un tercero, dentro de las zonas restringidas, y por tanto no son sujetas a la jurisdicción local en materia de contribuciones inmobiliarias y reglamentación de establecimientos mercantiles.
En conclusión, los proponentes advertimos la necesidad de modificar el artículo 48 de la Ley de Aeropuertos, con el objetivo de precisar, a través de la interpretación de las facultades de la SCT para concesionar servicios aéreos, el objeto de los servicios que prestan los aeropuertos, y las atribuciones a los estados y municipios que emanan del artículo 115 constitucional en materia de contribuciones inmobiliarias y reglamentación mercantil, para precisar que los servicios mercantiles que se prestan en los aeropuertos en zonas de libre acceso, no son consideradas como parte del objeto de las concesiones y por tanto, esa parte del inmueble no goza del beneficio de quedar exenta de las contribuciones municipales, por no estar destinada al objeto público de la concesión, en términos del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo antes expuesto, proponemos la discusión, y en su caso la aprobación del siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único: Se reforma el artículo 48 de la Ley de Aeropuertos, para quedar como sigue:
Artículo 48. ...
I. ...
II. ...
...
III. Servicios comerciales: los que se refieren a la venta de diversos productos y servicios. Estos servicios pueden ser prestados directamente por el concesionario o permisionario, o por terceros exclusivamente dentro de una Base Fija de Operaciones.
...
...
Lo anterior, de conformidad con las reglas y lineamientos que en su caso expida la Secretaría.
Los servicios comerciales que no se presten dentro de una Base Fija de Operaciones, serán considerados como servicios distintos al objeto público de la concesión de un aeropuerto, por lo que se considerarán servicios extraordinarios, mismos que pueden ser prestados por el concesionario o permisionario, o por terceros que con él contraten el arrendamiento de áreas para comercios, restaurantes, arrendamiento de vehículos, publicidad, telégrafos, correo, casas de cambio, bancos y hoteles, entre otros.
Las áreas comerciales, al no ser esenciales para la operación del aeródromo o las aeronaves, estarán sujetas a las disposiciones locales en materia de contribuciones inmobiliarias y reglamentación de establecimientos mercantiles.
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.— Diputados y diputadas: Daniel Torres Cantú,José Luis Orozco Sánchez Aldana, Lillián Zepahua García, José Lorenzo Rivera Sosa (rúbricas).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Transportes para dictamen.
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Waldo Fernández González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma al artículo 3 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, con base en la siguiente:
Exposición de motivos
La tortura es una violación a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana, una práctica abominable que ha llegado a grados inimaginables de crueldad y de atrocidad.
Es de gran preocupación la situación que guardan los derechos humanos en el mundo, en especial la protección de la persona contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.
Su prohibición está establecida en un sin número de convenciones internacionales, es considerada como una regla de derecho internacional de carácter consuetudinario, que no permite ningún tipo de derogación, sea en tiempos de paz o de guerra, o so pretexto de peligro inminente que amenaza la existencia de un Estado, además de considerarla un delito de lesa humanidad.
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, mediante resolución 57/199 del 9 de enero de 2003, con la finalidad de reafirmar que el derecho a no ser sometido a tortura debe estar protegido en todas las circunstancias y establecer un nuevo mecanismo, mucho más eficiente e innovador que los ya existentes, para intentar prevenir la práctica de la tortura, a través de visitas periódicas a los lugares de detención, para examinar el trato que se da a las personas privadas de la libertad y evaluar las condiciones de detención.
Por la importancia que representa el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y como muestra del compromiso del Estado mexicano con el respeto a los derechos humanos, este instrumento fue ratificado por el honorable Senado de la República el 11 de abril de 2005 y entró en vigor el 22 de junio de 2006.
A efecto de instrumentar las obligaciones asumidas por nuestro país como parte del Protocolo Facultativo, el Estado mexicano invitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para fungir como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de México, propuesta que fue aceptada con fecha 11 de julio de 2007.
Planteamiento del Problema
Los artículos 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Asimismo, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975, establece que para los efectos de la Declaración, se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985 establece en el artículo 2, que se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entiende también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo.
El artículo 5, punto 1, de la Convención Americana establece el derecho a la integridad personal, al señalar que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; y en el punto 2, establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
Con motivo de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se afirmó el carácter inderogable, aun en estado de emergencia, de la prohibición de la tortura. Esta reforma otorgó rango constitucional a las normas de derechos humanos incluidas en tratados internacionales, incluyendo la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones, y ordenó una interpretación pro persona de las obligaciones de derechos humanos.
A partir de la reforma se reconoce que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales.
En el artículo primero se incorpora el principio y se recoge la figura de la “interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas relativas a derechos humanos se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. Esto implica la creación de un bloque de constitucionalidad (integrada no solamente por la carta magna, sino también por los tratados internacionales), a la luz del cual se deberá interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano.
En el párrafo tercero del artículo primero de nuestra Carta Magna se establece lo siguiente:
“
No obstante lo anterior, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura no cumple con los estándares del artículo 1 de la Convención contra la Tortura y del artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, toda vez que establece lo siguiente:
“ Artículo 3. Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.
No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.”
Argumentos
Es de hacer notar que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985 establece en su artículo 2 un concepto más amplio, por lo cual en apego a los principios pro persona y de convencionalidad se propone reformar el contenido del artículo 3, atendiendo lo establecido en la citada Convención, en los siguientes términos:
“ Artículo 3. Comete el delito de tortura el servidor público , u otra persona a instigación suya, que con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores, penaso sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventivao con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido , o cualquier otro fin, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.
También se considerará tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.”
Finalmente, cabe señalar, que la presente iniciativa se elaboró con la colaboración de la diputada Karina Marlén Barrón Perales, integrante del grupo legislativo de diputados independientes de la LXXIV Legislatura del honorable Congreso del estado de Nuevo León.
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley Federal para Prevenir y sancionar la Tortura.
Único. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 3 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, pasando el actual párrafo segundo a ser el tercero, para quedar como sigue:
Artículo 3. Comete el delito de tortura el servidor público, u otra persona a instigación suya, que con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores, penas o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva o con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o cualquier otro fin, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.
También se considerará tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2017.— Diputado Waldo Fernández González (rúbrica).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Iniciativa que reforma los artículos 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 19, 66 y 67 de la Ley General de Protección Civil, suscrita por la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, e integrantes de la Comisión de Protección Civil
Los suscritos, diputados María Elena Orantes López, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Carlos Sarabia Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario del Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de Ley de Coordinación Fiscal y los artículos 19, 66 y 67 de la Ley de General de Protección Civil, en materia de fortalecimiento municipal en el ámbito de la protección civil y gestión de riesgos, de acuerdo con la siguiente
Exposición de Motivos
Los municipios son la instancia de gobierno más cercana al ciudadano y el primer respondiente a las condiciones de riesgos, al encargarse de implementar los planes, programas y acciones que permitan llevar a cabo las estrategias y políticas públicas, tendientes a proteger la vida, el patrimonio y el entorno de las personas. Este rol de las autoridades municipales, implica en sí mismo el propósito de la protección civil.
En este sentido, el artículo 17 de la Ley General de Protección Civil establece que “...los presidentes municipales y los jefes delegacionales del Distrito Federal, tendrán dentro de su jurisdicción la responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los sistemas de protección civil, conforme a lo que establezca la presente Ley y la legislación local correspondiente”.
No obstante lo anterior, reiterado en marcos normativos federales y locales que dan atribuciones específicas a los ayuntamientos para la regulación de los usos de suelo, la seguridad y los servicios vinculados a la protección civil y la gestión integral de riesgos de desastres, los municipios no cuentan con instrumentos financieros claros y específicos en esta materia. Por ello, se ven obstaculizados para fortalecerse en el ámbito de protección civil, a través de la compra de equipamiento; construcción de infraestructura; adquisición de insumos de ayuda humanitaria, vehículos y demás artículos para el monitoreo de fenómenos; generación de análisis de riesgos, y atención de emergencias desde sus unidades municipales de protección civil.
El ejemplo más claro de ello, es que durante el primer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura, más de 100 ayuntamientos han hecho solicitudes a la Comisión de Protección Civil para la gestión de recursos destinados a equipamiento, infraestructura y necesidades diversas de las unidades municipales de protección civil. Estos requerimientos, rondan los mil millones de pesos y contemplan la adquisición de equipo de protección personal; de herramientas básicas y especializadas; de vehículos de diversas características; de obras de protección, construcción de instalaciones, y contratación de personal, entre otras necesidades.
En este contexto, entre las fuentes de financiamiento municipal, en materia de protección civil, podemos encontrar el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden); Fondos Estatales de Protección Civil, y los provenientes de otras dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Sin embargo, estas vías de financiamiento son insuficientes ante la necesidad real de los ayuntamientos, en materia de protección civil, e incluso muchas de estas fuentes no contemplan el uso para fines de equipamiento.
Aunado a esta dinámica, los recursos destinados a las unidades de protección civil quedan supeditados a las restricciones de los programas operativos anuales de los ayuntamientos y a la voluntad y compromiso que tengan los alcaldes o gobernadores con el tema de protección civil y gestión de riesgos.
Estas condicionantes, provocan que presidentes municipales, regidores y titulares de protección civil tengan que hacer una gestión de recursos adicionales ante diversas instancias, sin poder asegurar que se etiqueten recursos para solventar estas necesidades.
Por ello, es importante buscar la creación de un instrumento financiero que permita, dentro de sus reglas de operación, la aplicación de recursos al fortalecimiento de las capacidades de las unidades municipales de protección civil; que promueva con transparencia destinar recursos para acciones de identificación, análisis y reducción de riesgos; que permita la preparación, atención a contingencias y recuperación, y que con ello, se pueda incidir en la consolidación de un sistema nacional de protección civil, fortalecido desde el ámbito local.
En este sentido, percibimos que con algunas modificaciones se pueden clarificar las alternativas que se plantean en el artículo 25, párrafo IV, de la Ley de Coordinación Fiscal, donde se contempla la creación de un Fondo llamado “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun)” como mecanismo para transferir recursos de la federación a las haciendas municipales. Asimismo, se puede apreciar posibilidades de dar mayor certidumbre para los municipios, a partir de en el artículo 36, inciso a) y en el artículo 37 del mismo marco legal, que se señalan lo siguiente:
“Artículo 36. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, como sigue:
a) Con el 2.35 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterará mensualmente por partes iguales a los municipios, por conducto de los estados, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37 de este ordenamiento; y
Asimismo el artículo 37 establece:
“Artículo 37. Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta ley.”
En consecuencia, se observa que el sentido del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun), es el facilitar que los municipios cuenten con recursos provenientes de la federación de manera transparente, ante necesidades reales, prioritarias, específicas y justificables.
En este sentido, el texto vigente implica que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, sólo contempla en uno de sus rubros la posibilidad de destinar recursos para la seguridad pública, vinculada administrativa y operativamente, desde hace algunos años, a la protección civil. Esta situación, plantea un escenario de discrecionalidad en el que desde los ayuntamientos o los gobiernos estatales, se puede minimizar la importancia de acciones de protección civil y gestión integral de riesgos de desastres, dejando de reconocerlos como un ámbito estratégico y prioritario para el desarrollo de los municipios y la protección de la población. Ello, de manera alterna a la seguridad pública.
En consecuencia, proponemos evitar que los recursos que se destinen en materia de protección civil a nivel municipal, se sigan haciendo a discreción, motivo por el cual percibimos la necesidad de señalar de manera explícita que este fondo pueda ser utilizado de manera prioritaria para las necesidades derivadas de la Protección Civil, de igual manera como se destinan para seguridad pública, a partir del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
En el mismo sentido, para dar una certeza jurídica y administrativa a dichos recursos, se proponen modificaciones a la Ley General de Protección Civil, vinculándola a la Ley de Coordinación Fiscal para fomentar que el marco regulatorio del Sistema Nacional de Protección Civil, promueva de origen el fortalecimiento local, a través de constituir las partidas destinadas a Protección Civil para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres con los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
La imprecisión vigente en las normas que determinan el uso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, debe de ser modificada para que podamos mejorar las condiciones de la población tanto en materia de seguridad pública, como de protección civil y gestión integral de riesgos. Respaldar a los municipios mediante las reformas que promueve esta iniciativa, coadyuvará a:
1) Destinar recursos específicos a los municipios para el establecimiento de acciones prioritarias en temas de protección civil y gestión integral de riesgos de desastres.
2) Fortalecer y consolidar las políticas de gestión integral de riesgos de desastres desde el ámbito local.
3) Dar certeza a las unidades municipales de protección civil al contar con un mecanismo financiero que va más allá de las facultades discrecionales de las autoridades, al contar con un recurso etiquetado para solventar sus necesidades específicas.
4) Promover la transparencia en el uso y aplicación de recursos destinados a acciones de protección civil y gestión integral de riesgos de desastres.
5) Sentar un precedente inédito en la legislación federal con miras a fomentar el establecimiento de políticas públicas de vanguardia en temas de protección civil y gestión integral de riesgos de desastres desde lo local con un impacto nacional.
Por lo expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto que reforma el artículo 37 de Ley de Coordinación Fiscal y los artículos 19, 66 y 67 de la Ley de General de Protección Civil, en materia de fortalecimiento municipal en el ámbito de la protección civil y gestión de riesgos
Artículo Primero. Se reforma el artículo 37 de Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:
Artículo 37. Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con protección civil y la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta ley.
Artículo Segundo. Se reforman los artículos 19, 66 y 67 de la Ley de General de Protección Civil para quedar como sigue:
Artículo 19. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil:
...
XII. Promover la constitución de fondos de las entidades federativas, ayuntamientos y alcaldías, para la prevención y atención de emergencias, desastres y demás las acciones que promuevan la gestión integral de riesgos.
...
Artículo 66. ...
Asimismo, cada ayuntamiento y alcaldía, deberá especificar los criterios para la asignación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que serán destinados a protección civil para la gestión integral de riesgos, que en conjunto con los recursos propios del ayuntamiento y los provenientes de los fondos estatales, promoverán el fortalecimiento de las acciones de identificación y reducción de riesgos, preparación, prevención, atención a contingencias y recuperación a nivel local.
Artículo 67. Los Fondos Estatales de Protección Civil se integrarán a través de los recursos aportados por la respectiva entidad federativa y, en su caso, municipios y delegaciones.
El gobierno federal otorgará subsidios a dichos Fondos de Protección Civil conforme a los recursos que, en su caso, sean aprobados para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin rebasar las aportaciones que hubiesen realizado en el ejercicio fiscal correspondiente las entidades federativas y, en su caso, los municipios y delegaciones.
Los Fondos Estatales de Protección Civil operarán según se establezca en la normatividad administrativa correspondiente y en el caso de los recursos federales, en términos de los convenios de coordinación que se celebren, precisando para ello los requisitos para el acceso, ejercicio y comprobación de los recursos, así como las obligaciones en el manejo y mantenimiento de los equipos adquiridos.
Los recursos municipales de protección civil para la gestión integral de riesgos, se constituirán principalmente con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en un porcentaje no menor al 5 por ciento del techo financiero de dicho fondo y deberán ser adicionales a los recursos destinados para el mismo fin por parte de los gobiernos locales y de las entidades federativas correspondientes.
Este gasto municipal, operará de acuerdo a la normatividad administrativa correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, contemplado en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Con la finalidad de darle trasparencia a la ejecución de los recursos, los proyectos presentados con cargo a los recursos destinados a protección civil deben ser validados en sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil.
La capacitación será acorde a los lineamientos dictados por la Escuela Nacional de Protección Civil y los recursos destinados a la sistematización de las unidades de protección civil deberán procurar la optimización del manejo e intercambio de información y su homologación a nivel nacional.
Transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.— Diputadas y diputados: María Elena Orantes López, Carlos Sarabia Camacho, Héctor Barrera Marmolejo, Araceli Madrigal Sánchez, Jesús Emiliano Álvarez López (rúbricas).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Protección Civil, para dictamen.
El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (desde la curul). Presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul, por favor, del diputado Antonio Ixtlahuac.
El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela(desde la curul): Presidenta, muchas gracias. Simplemente para expresar algunos desacuerdos que tengo con el diputado de Uruapan, de Michoacán; primero para corregirle, no soy Ixtlahuaca, son Ixtlahuac, y segundo, para decirle que efectivamente a la mejor no tengo conocimiento del estado por ese tipo de prácticas que a la mejor él las conoce bien, de la delincuencia organizada, yo no las conozco; yo simplemente estoy pronunciando por la defensa de los aguacateros y para que los actos de autoridad...
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputado, el asunto no está a discusión.
El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (desde la curul): ...del gobierno del estado se apeguen a la ley. Sí, lo entiendo perfectamente bien. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Asiento su expresión, no está a discusión. Una disculpa.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputado César Alejandro Domínguez.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Solamente para compartir con usted y con el pleno. El día de hoy aparece enlistado un punto de acuerdo que presentamos diputados de Chihuahua, donde solicitamos el apoyo y el respaldo de la federación, entiéndase el órgano desconcentrado que administra los centros federales de reinserción social, el apoyo a fin de poder materializar ante la ineficacia que ha tenido el gobierno estatal de Chihuahua, de poder despresurizar los centros penitenciarios, poder trasladar a algunos reos del fuero federal que están ubicados en el Cereso número 1 y en el Cereso número 3, uno en Aquiles Serdán y el otro en Ciudad Juárez, poder despresurizar y trasladar reos de alta peligrosidad a Centros Penitenciarios Federales.
Reitero, este es un planteamiento que hacemos los diputados del estado de Chihuahua, en razón de la falta de comunicación que el gobernador del estado ha tenido con la federación y la falta de voluntad que el gobernador del estado ha tenido para poder materializar mejores acciones de seguridad en el estado de Chihuahua. Es cuanto, y muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Queda asentada su expresión, diputado Domínguez.
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Martha Sofía Tamayo Morales, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados César Camacho y Martha Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Buenos días. Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del doctor César Camacho y en el mío propio, presento esta iniciativa que busca generar una concientización sobre las amenazas a la salud humana y al medio ambiente que representan la liberación cada vez mayor de sustancias químicas de origen sintético nocivas, pues la acumulación de evidencias ha hecho que los esfuerzos se concentren en una categoría de sustancias denominadas Contaminantes Orgánicos Persistentes, mejor conocidos como COP, que son compuestos químicos resistentes a la degradación fotolítica, biológica y química que afectan la salud humana y dañan el medio ambiente.
Dentro de los contaminantes orgánicos persistentes encontramos un grupo de compuestos químicos orgánicos que pueden causar un sin número de efectos adversos denominados bifenilos policlorados, conocidos como BPCs. Dicha sustancia tienen un gran número de aplicaciones en diversos productos y por las ventajas de sus características físicas y químicas, los usos de los bifenilos policlorados pueden clasificarse como cerrados y abiertos.
Entre los cerrados encontramos los transformadores eléctricos, condensadores eléctricos, capacitores, balastras, interruptores de alta tensión, bobinas reguladoras y otros accesorios eléctricos incluyendo cables, motores, electroimanes y demás.
Por su parte, los abiertos se utilizan como plastificantes en cloruro de polivinilo, neopreno y otros cauchos artificiales, ingredientes de pinturas, barnices, ceras de pisos, plastificantes y un sin número de productos.
Estos compuestos están incluidos en el Convenio de Estocolmo, como instrumento internacional que establece compromisos para los países que, como México, lo han suscrito, relativos a la prohibición y/o adopción de medidas jurídicas y administrativas para eliminar su producción y uso o liberación al ambiente como subproductos no intencionales de la incineración industrial.
Sin embargo, como se usan ciertos transformadores y condensadores eléctricos, se ha establecido una excepción que permite ser utilizadas estas substancias en esos equipos hasta el año 2025, pero se espera que se realicen esfuerzos decididos para identificar, etiquetar el equipo y eliminar su uso.
Lo anterior cobra relieve cuando se conoce al detalle los daños que generan, sobre todo cuando existen alternativas ecológicas para sustituir dichos componentes. Por ejemplo, para los transformadores eléctricos se podría optar por el aceite dieléctrico vegetal, como el aceite de palma, que por sus características, siendo natural, ecológico, biodegradable, y además, una vez terminada su vida útil, pueden ser reutilizado y convertido en biodiesel, por lo cual apoya al medio ambiente.
No sobra decir que la calidad de vida, el bienestar de las personas y el sano desarrollo de la conservación de las distintas especies animales y todo tipo de flora dependen en gran medida del estado del medio ambiente.
Por ello, compañeras y compañeros, es responsabilidad de todo Estado democrático que se precie de serlo propiciar políticas responsables relacionadas con la prevención, preservación e impacto benéfico en la economía nacional, en el desarrollo sustentable y en la salud pública.
En tales circunstancias esta legislatura tiene la responsabilidad de contribuir y adecuar el orden jurídico nacional, con el pleno objetivo de incentivar una cultura en la preservación del ambiente.
Consecuentemente, por los argumentos aquí vertidos en mi intervención, resulta fundamental reforzar nuestra legislación nacional en el tema de eliminación de residuos considerados peligrosos, que ponen en riesgo el medio ambiente y la salud de los mexicanos.
Hay que prohibirlos, específicamente lo que respecta a los bifenilos policlorados; pues en palabras del líder espiritual del budismo tibetano, el Dalai Lama, que compartimos: compartimos la tierra no sólo los seres humanos, sino todas las demás criaturas. Es cuanto, señora presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados César Camacho y Martha Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos César Camacho y Martha Sofía Tamayo Morales, diputados en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, la siguiente reforma a diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de eliminación de bifenilos policlorados, al tenor de lo siguiente
Exposición de MotivosObjeto de la iniciativa
La presente iniciativa busca generar una concientización sobre las amenazas a la salud humana y al medio ambiente que representa la liberación cada vez mayor de sustancias químicas de origen sintético nocivas, pues la acumulación de evidencias ha hecho que los esfuerzos se concentren en una categoría de sustancias denominadas contaminantes orgánicos persistentes, mejor conocidas como las COP, que son compuestos químicos resistentes a la degradación fotolítica, biológica y química, que afectan la salud humana y dañan el medio ambiente.
En este sentido, dentro de los contaminantes orgánicos persistentes encontramos un grupo de compuestos químicos orgánicos que pueden causar un sinnúmero de efectos adversos diferentes, denominados Bifenilos Policlorados, conocidos como los BPC; dichas sustancias tienen un gran número de aplicaciones en diversos productos y por las ventajas de sus características físicas y químicas, los usos de los BPC se pueden clasificar como cerrados o abiertos.
Por lo que se refiere a los sistemas completamente cerrados encontramos los transformadores eléctricos; condensadores eléctricos (incluidas las reactancias de lámparas fluorescentes); interruptores, capacitores, balastras, interruptores de alta tensión, bobinas reguladoras y otros accesorios eléctricos; cables eléctricos; motores eléctricos y electroimanes (cantidades muy pequeñas). Por su parte, en los sistemas abiertos se utilizan en plastificante en cloruro de polivinilo, neopreno y otros cauchos artificiales; ingrediente en pinturas, barnices, ceras de pisos, plastificantes en resinas y otros materiales de recubrimiento; ingrediente en tintas y papel de autocopia; ingrediente en adhesivos, aditivos de plaguicidas; ingrediente en lubricantes, materiales de sellado (composiciones obturadoras en la industria de la construcción) y de calafateo; Ignífugo en telas, alfombras, espuma de poliuretano, así como en lubricantes (lubricantes para microscopios, guarniciones de frenos, lubricantes para cuchillas y lubricantes de otros tipos).
Estos compuestos están incluidos en el Convenio de Estocolmo, instrumento internacional que establece compromisos para los países que como México lo han suscrito, relativos a la prohibición y/o adopción de medidas jurídicas y administrativas para eliminar su producción y uso o liberación al ambiente como subproductos no intencionales de la incineración industrial. Sin embargo, como aún son necesarios los equipos que los contienen, sobre todo ciertos transformadores y condensadores eléctricos, se ha establecido una excepción que permite seguir utilizando estos equipos hasta el año 2025, pero se espera que se realicen esfuerzos decididos para identificar y etiquetar el equipo y eliminar su uso.
Es preciso mencionar que el manejo de estos compuestos requiere tener presente que se trata de sustancias tóxicas, con capacidad de persistir sin modificarse durante muchos años, de atravesar las membranas celulares y de bioacumularse en el tejido adiposo de animales y seres humanos. Aunque son termoresistentes, pueden arder en contacto directo con una llama liberando dioxinas y furanos cuando se incendian los equipos que los contienen. Su manejo requiere de equipo de protección personal, ya que pueden atravesar diversos tipos de materiales.
Por tal motivo, se busca modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con el fin de incorporar la prohibición sobre el uso y tratamiento de los bifenilos policlorados por lo que se fundamenta en las siguientes consideraciones:
1. Protección al ambiente
Como sabemos el medio ambiente es nuestro hogar, la naturaleza es proveedora de vida y los seres humanos y la fauna somos fruto de ella. Es sumamente importante que el Estado y la sociedad civil evalúen cuál es el impacto que tenemos los seres humanos sobre el medio ambiente, con el fin de tomar las medidas necesarias para contrarrestar los efectos negativos que tienen las acciones que a diario llevamos en perjuicio de nuestro entorno.
No es óbice mencionar que la calidad de vida, el bienestar de las personas y el sano desarrollo en la conservación de las distintas especias de animales y todo tipo de flora, depende en gran medida del estado del medio ambiente. No es algo reciente que el calentamiento global es un problema que existe y cada día toma más fuerza, el problema es tan malo que ya se puede percibir los efectos en la tierra y cada vez más frecuentes y con mayores destrozos. Es por eso que debemos pensar en idear mecanismos que permitan la sana preservación de la naturaleza, lo cual traerá como consecuencia importante beneficios para la salud de los seres que habitamos el planeta.
Es responsabilidad de todo Estado democrático que se precie de serlo, propiciar políticas responsables relacionadas con la prevención, preservación y protección del medio ambiente, pues las mismas tendrán un impacto benéfico en la economía nacional, en el desarrollo sustentable y en la salud pública.
En tales circunstancias, esta legislatura tiene la responsabilidad de contribuir a diseñar y adecuar el orden jurídico nacional con el pleno objetivo de incentivar la cultura en la preservación del ambiente, por medio de mecanismos que permitan seguir con una política ambiental sustentable tal y como lo señala el párrafo quinto del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, pues en nuestro país es un derecho fundamental de toda persona contar con medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, por lo que el Estado debe garantizar el respeto a ese derecho y aplicar las sanciones y responsabilidades correspondientes en caso de que se genere un daño o deterioro al mismo.
Por tanto, resulta importante reforzar nuestra legislación nacional en el tema de eliminación de residuos considerados peligrosos que ponen en riesgo el medio ambiente y la salud de los mexicanos.
a. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
Este ordenamiento jurídico es reglamentario de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar:
1. El derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.
2. Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación.
3. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente.
4. La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas.
5. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas.
6. La prevención y el control de la contaminación de aire, agua y suelo.
7. Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
8. El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX-G de la Constitución Federal.
9. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental.
10. El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan.
b. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos
Esta ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para garantizar:
1. Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, los cuales deben de considerarse en el diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental para la gestión de residuos.
2. Determinar los criterios que deberán de ser considerados en la generación y gestión integral de los residuos, para prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y la protección de la salud humana.
3. Establecer los mecanismos de coordinación que, en materia de prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de residuos, corresponden a la Federación, las entidades federativas y los municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Formular una clasificación básica y general de los residuos que permita uniformar sus inventarios, así como orientar y fomentar la prevención de su generación, la valorización y el desarrollo de sistemas de gestión integral de los mismos.
5. Regular la generación y manejo integral de residuos peligrosos, así como establecer las disposiciones que serán consideradas por los gobiernos locales en la regulación de los residuos que conforme a la ley sean de su competencia.
6. Definir las responsabilidades de los productores, importadores, exportadores, comerciantes, consumidores y autoridades de los diferentes niveles de gobierno, así como de los prestadores de servicios en el manejo integral de los residuos.
7. Fomentar la valorización de residuos, así como el desarrollo de mercado de subproductos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológico y económico, y esquemas de financiamiento adecuados.
8. Promover la participación corresponsable de todos los sectores sociales, en las acciones tendientes a prevenir la generación, valorización y lograr una gestión integral de los residuos ambientalmente adecuada, así como tecnológica, económica y socialmente viable, de conformidad con las disposiciones de ley.
9. Crear un sistema de información relativa a la generación y gestión integral de los residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial, así como de sitios contaminados y remediados.
10. Prevenir la contaminación de sitios por el manejo de materiales y residuos, así como definir los criterios a los que se sujetará su remediación.
11. Regular la importación y exportación de residuos.
12. Fortalecer la investigación y desarrollo científico, así como la innovación tecnológica, para reducir la generación de residuos y diseñar alternativas para su tratamiento, orientadas a procesos productivos más limpios.
13. Establecer medidas de control, medidas correctivas y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta ley y las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones que corresponda.
Al respecto, resulta relevante destacar que este ordenamiento incluye, a diferencia de Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, disposiciones en materia de bifenilos policlorados, razón por la cual no se proponen en esta iniciativa modificación al respecto.
2. Salud pública
La salud pública es un tema de suma relevancia para el Estado, mediante políticas encargadas de implementar acciones para la protección de la salud de todos los habitantes; asimismo, con el correcto diseño de políticas relacionadas con la salud pública, se busca idear las condiciones que garanticen que toda persona cuente con un servicio médico adecuando y oportuno.
En México, por mandato constitucional, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, el estado tiene la obligación de establecer las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecer la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Además, como parte de una adecuada política en salud pública se debe analizar los riesgos externos que pueden deteriorar la salud de los pobladores y mermar su estado físico y psicológico, como por ejemplo, los riesgos que representa el tratamiento, manejo y eliminación de sustancias peligrosas, que puedan ocasionar no solo un daño a nuestro medio ambiente sino también a la salud de los pobladores como consecuencia del manejo irresponsable de dichas sustancias.
En tales circunstancias, la Ley General de Salud es el instrumento jurídico nacional que dicta los ejes a seguir por parte del Estado y los particulares para contar con un adecuado sistema de salud pública y garantizar el derecho fundamental a la preservación de la salud.
Dicho ordenamiento es reglamentario del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, así como establecer las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general; es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Tiene como finalidades las siguientes:
1. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades.
2. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana.
3. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social.
4 . La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud.
5. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.
6. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud.
7. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.
Consecuentemente, en marco de la responsabilidad que como legisladores tenemos en materia de protección al ambiente y la salud pública, resulta impostergable realizar las adecuaciones legales necesarias para incorporar la prohibición de la utilización de los bifenilos policlorados en el país, abonando a la armonización del derecho interno con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Mexicano.
3. Contaminantes orgánicos persistentes
A efecto de clarificar la relevancia que aquí se expone, resulta necesario definir qué son los contaminantes orgánicos persistentes (COP), conocidos también por su acrónimo inglés POP (persistent organic pollutants), partiendo de la generalidad a la particularidad, es decir, poniendo en contexto la clasificación a la que pertenecen los BPC, denominación que se vincula con las sustancias químicas que los componen, mismas que se detallan a continuación:
• Persistentes, ya que tienen una elevada permanencia en el medio ambiente, al ser resistentes a la degradación.
• Bioacumulables, incorporándose en los tejidos de los seres vivos y pudiendo aumentar su concentración a través de la cadena trófica.
• Altamente tóxicos y que provocan graves efectos sobre la salud humana y el medio ambiente.
• Que tienen potencial para transportarse a larga distancia, pudiendo llegar a regiones en las que nunca se han producido o utilizado. Los COP son volátiles en el rango de temperaturas de las latitudes medias. Transportados por la atmósfera, se condensan y depositan en las zonas frías a gran altura o en las latitudes altas. Por su persistencia, pueden ser depositados y volver a volatilizarse en ciclos sucesivos en función de las temperaturas ambientales, produciéndose el efecto conocido como “saltamontes”.
En atención a lo anterior, los COP son sustancias químicas altamente tóxicas, que pueden durar muchos años antes de degradarse, lo que causa que su vida media en el ambiente sea elevada, acumulándose en el tejido graso de los seres vivos; representando una amenaza para la salud humana y el medio ambiente.
La comunidad internacional y más concretamente las Naciones Unidas, ha generado instrumentos importantes para regular y controlar los COP. El más ambicioso es el Convenio de Estocolmo, cuyo objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los COP, eliminando, y cuando esto no sea posible, reduciendo, las emisiones y las descargas de estos contaminantes.
La conferencia diplomática para la firma del Convenio de Estocolmo, tuvo lugar el 22 y 23 de mayo de 2001 en Estocolmo, contando con la firma de más de 120 países, quedando de manifiesto la importancia de este acuerdo internacional con la suscripción de la Unión Europea y todos sus Estados miembros, quienes tuvieron una voluntad decidida para promover su entrada en vigor.
Como se observa en el diagrama, los BPC se encuentran entre los denominados “Docena Sucia”, considerados desde 2001 como altamente peligrosos.
3.1. Efectos de los contaminantes orgánicos persistentes
Como ya se mencionó, las propiedades de persistencia, toxicidad y capacidad de acumularse en organismos vivos hacen a los COP los químicos más nocivos a los que están expuestos animales y humanos. Entre los daños que estos compuestos pueden causar a los seres humanos encontramos mayor propensión al cáncer, desórdenes hormonales como la masculinización de hembras (se traduce en calcificación deficiente y maduración sexual precoz) y la feminización de machos; se les asocia con abortos, leucemia, daños al hígado, riñones, pulmones, tiroides y sistema nervioso central, así como con trastornos cognitivos, del aprendizaje y anomalías congénitas.
Lamentablemente, es posible afirmar que estos contaminantes están presentes en prácticamente todo organismo vivo del planeta. Con métodos analíticos actuales se pueden detectar en casi cualquier ser humano.
a. Medio ambiente
Se ha relacionado a los contaminantes orgánicos persistentes con efectos significativos para el medio ambiente en una gran variedad de especies y prácticamente en todos los niveles tróficos. Si bien la intoxicación aguda por COPs está bien documentada, preocupan en particular los efectos perjudiciales asociados con la exposición crónica a concentraciones bajas en el medio ambiente.
Los COP tienen una larga vida biológica, facilitando de esta manera la acumulación de concentraciones unitarias aparentemente pequeñas durante prolongados periodos. Para varios de estos contaminantes, hay algunas pruebas experimentales de que tal exposición acumulativa, a un nivel bajo, puede estar asociada con efectos no letales crónicos, entre ellos una posible inmunotoxicidad, efectos cutáneos, alteración del rendimiento y carcinogenicidad patente.
Diversos autores han notificado inmunotoxicidad asociada con la exposición a diferentes COP. Los investigadores han señalado asimismo que varios COP prevalentes, como los TCDD, los BPC, el clordano, el heptaclorobenceno, el toxafeno y el DDT han inducido inmunodeficiencia en diversas especies silvestres.
La exposición a los COP se ha correlacionado con la disminución de la población de varias especies de mamíferos marinos, como la foca común, la marsopa común, el tursón y la ballena blanca del río San Lorenzo. Además se ha establecido una relación clara de causa-efecto entre el fracaso en la reproducción del visón y la exposición a algunos COP.
La bibliografía científica ha demostrado una relación directa de causa-efecto en el visón y el hurón entre la exposición a los BPC y la aparición de disfunciones inmunitarias, problemas reproductivos, aumento de la mortalidad de las crías, deformaciones y mortalidad de adultos. De la misma forma, se ha demostrado una correlación convincente entre las concentraciones de bifenilos policlorados y dioxinas en el medio ambiente y la reducción de la viabilidad de las larvas de varias especies de peces.
En 1991, el Comité Científico Consultivo de la Comisión Internacional Conjunta de los Grandes Lagos de Estados Unidos de América y Canadá revisó la literatura existente sobre los efectos de los COP en más de una docena de especies predadoras incluyendo águilas, cormoranes, truchas, visones y tortugas, entre otras y encontró que estas especies padecían efectos importantes en su salud, además de presentar reducción en su población y disfunciones reproductivas, adelgazamiento de la pared de los huevos, cambios metabólicos, deformidades y defectos de nacimiento, tumoraciones, cáncer, cambios en su comportamiento, fallas en el sistema hormonal y baja de defensas, entre otros.
También es digno de mención un informe en el que se indica que las ballenas blancas encontradas muertas encalladas en el río San Lorenzo con una alta incidencia de tumores, contenían concentraciones significativamente elevadas de BPC, mirex, clordano y toxafeno. Asimismo, una incidencia de 100 por ciento de lesiones tiroideas en el salmón plateado, el salmón rosado y el salmón real monitoreados en los Grandes Lagos durante los dos últimos decenios se les ha asociado con un aumento de la acumulación corporal de los COP.
b. Salud humana
Los seres humanos están expuestos a los COP a través de los alimentos, siendo los más importantes los ricos en grasa (carne, pescado y productos básicos). Como resultado de estudios realizados en Estados Unidos de América se han encontrado COP en hamburguesas, helados y pizzas.
Los trabajadores y residentes de sitios localizados cerca de fuentes generadoras de COP están expuestos también a la inhalación y al contacto cutáneo con estas sustancias. Además, se tiene exposición importante de los habitantes de las regiones árticas por la ingestión de animales con elevados niveles de COP.
Los efectos de los COP pueden ser muy sutiles y desencadenarse a bajas concentraciones, presentándose después de varios años de la exposición, llegando en ocasiones a manifestarse en las generaciones subsecuentes. Esto hace que su diagnóstico sea difícil de realizar y dificulta la evaluación de los problemas potenciales de salud pública.
En los últimos años se ha acumulado evidencia científica para relacionar la exposición a COP con sus efectos a la salud, entre estas se tiene:
• Cáncer.
• Impedimento en el comportamiento neuronal, incluyendo desorden en el aprendizaje, bajo desempeño mental y déficit en la atención.
• Alteraciones en el sistema inmune.
• Deficiencias reproductivas.
• Reducción del periodo de lactancia en madres en esta etapa.
• Diabetes.
El mecanismo más importante para la mayoría de estos efectos es la inducción de disfunciones en el sistema endócrino. Diversos estudios han demostrado que los COP, como la dieldrina, DDT, heptacloro, mirex, toxafeno, dioxinas y BPC pueden causar efectos en el sistema reproductivo y endocrino, en el crecimiento celular, en el metabolismo de carbohidratos y lípidos y sobre la concentración de iones y agua en el cuerpo.
Existen tres tipos de exposición humana:
1. La exposición aguda de altas dosis, la cual está involucrada a accidentes con capacitores u otra clase de equipo que maneje BPCs o por la ingestión de alimentos altamente contaminados, como sucedió en Japón y Taiwán en 1968 y 1979, respectivamente.
2. La exposición crónica de mediano nivel, la cual está vinculada con exposiciones laborales o al consumo de alimentos contaminados.
3. La exposición crónica de bajo rango, la cual está ligada a la exposición de los niveles existentes en el ambiente.
En general, los efectos a la salud por exposiciones agudas derivadas de accidentes laborales están bien documentados. Sin embargo, la exposición a bajos niveles y sus efectos poblacionales han sido más difíciles de estudiar, debido a que la población está expuesta a diversos COP durante su vida y la mayoría tiene niveles detectables desde su nacimiento; por lo que es necesario que se sigan realizando esfuerzos tendientes a eliminar y prohibir sustancias o materiales que sea nocivas para el medio ambiente y la salud humana.
4. Bifenilos policlorados
Habiendo partido de lo general a lo particular, toca el turno al estudio de los Bifenilos Policlorados, conocidos por su sigla en inglés como PBC, mismos que son COP, con mayor número de aplicaciones en diversos productos, gracias a las ventajas de sus características físicas y químicas.
Los usos de estas sustancias pueden clasificarse como cerrados o abiertos:
a) Sistemas completamente cerrados: transformadores eléctricos; condensadores eléctricos (incluidas las reactancias de lámparas fluorescentes); interruptores, capacitores, balastras, interruptores de alta tensión, bobinas reguladoras y otros accesorios eléctricos; cables eléctricos; motores eléctricos y electroimanes (cantidades muy pequeñas).
b) Sistemas abiertos: plastificante en cloruro de polivinilo, neopreno y otros cauchos artificiales; ingrediente en pinturas, barnices, ceras de pisos, plastificantes en resinas y otros materiales de recubrimiento; ingrediente en tintas y papel de autocopia; ingrediente en adhesivos. Aditivos de plaguicidas; Ingrediente en lubricantes, materiales de sellado (composiciones obturadoras en la industria de la construcción) y de calafateo; Ignífugo en telas, alfombras, espuma de poliuretano, etc.; Lubricantes (lubricantes para microscopios, guarniciones de frenos, lubricantes para cuchillas, lubricantes de otros tipos).
Dichas sustancias, son una mezcla de hasta 209 compuestos orgánicos clorados individuales que durante su manufactura, uso y disposición ingresaron al medio ambiente, al agua y al suelo; a través de derrames accidentales, escapes durante su transporte y/o por fugas o incendios de productos que contenían BPC.
Estos compuestos son considerados sustancias tóxicas que tienen el potencial de generar estragos en la salud humana como irritación en las vías respiratorias, malestar gastrointestinal, así como alteraciones en el hígado y la sangre.
El uso de los químicos juega un papel importante en el crecimiento económico y en el desarrollo, incluyendo actividades como la producción de medicinas, el uso de fertilizantes para incrementar el rendimiento agrícola y el tratamiento de aguas residuales, por mencionar algunos.
Sin embargo, el manejo inadecuado de estos químicos afectan negativamente la salud humana, la de otras especies y ecosistemas a través de su acumulación en los tejidos de organismos vivos, ocasionando daños en los sistemas nervioso e inmunitario y generando complicaciones reproductivas o de crecimiento, cáncer en los organismos y las personas.
La situación se vuelve crítica debido a que las mayores concentraciones de BPC se encuentran en áreas muy pobladas, incrementando así el potencial de impacto negativo sobre la sociedad, particularmente en sectores vulnerables.
4.1. Efectos de los bifenilos policlorados
a. Medio ambiente
Los BPC ingresan al medio ambiente, al agua, y al suelo durante su manufactura, uso y disposición; a través de derrames accidentales y escapes durante su transporte y por fugas o incendios de productos que contenían BPC.
Los BPC aún pueden liberarse al medio ambiente desde sitios de residuos peligrosos que los contienen, por disposición ilegal o inapropiada de residuos industriales y productos de consumo, en fugas de transformadores antiguos que contienen BPC o al quemar ciertos residuos en incineradores.
Los BPC no se degradan fácilmente en el ambiente por lo que pueden permanecer ahí por largo tiempo, también pueden viajar largas distancias en el aire y ser depositados en áreas distantes del lugar de liberación. En agua, una pequeña porción de los BPC puede permanecer disuelta, pero la mayor parte se adhiere a partículas orgánicas y a sedimentos del fondo de los cuerpos de agua. Los BPC también se adhieren fuertemente al suelo.
Los BPC se acumulan en pequeños organismos y peces en el agua, también en otros animales que se alimentan de organismos acuáticos y en mamíferos acuáticos, alcanzando niveles que pueden ser miles de veces mayores que los niveles de BPC en el agua.
b. Salud humana
Los efectos a la salud de la exposición a cualquier sustancia peligrosa van a depender de la dosis, la duración, la manera de exposición, las características y hábitos personales y si están presentes otras sustancias químicas.
El efecto que se observa más comúnmente en personas expuesta a grandes cantidades de BPC son efectos a la piel como acné o salpullido. Estudios en trabajadores expuestos han observado alteraciones en la sangre y la orina que pueden indicar daño al hígado. De acuerdo a estos estudios es improbable que el nivel de exposición del público en general a los BPC produzca efectos a la piel o al hígado.
Hay exámenes para medir BPC en la sangre, tejido graso y leche materna, aunque no están disponibles de manera rutinaria. La mayoría de la gente normalmente tiene bajos niveles de BPC en el cuerpo ya que casi todo el mundo ha estado expuesto a los BPC en el ambiente por lo fácil que se dispersan y su dificultad de degradación. Estos exámenes pueden demostrar si los niveles de BPC son elevados, lo que indicaría exposición en el pasado a niveles mayores de lo normal, pero no pueden determinar cuándo o por cuánto tiempo estuvo expuesto o si afectará la salud de la persona.
Unos pocos estudios de trabajadores han asociado exposición a BPC con ciertos tipos de cáncer tales como cáncer del hígado y del tracto biliar. En estudios realizados en laboratorio con ratas que comieron alimentos con altos niveles de BPC por dos años contrajeron cáncer del hígado. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) de Estados Unidos de América ha determinado que es razonable predecir que los BPC son carcinogénicos. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), han señalado que los BPC son una fuente probable de efectos carcinogénicos en seres humanos.
El ser humano puede entrar en contacto con los BPC de diferentes formas: usando tubos fluorescentes antiguos y artefactos como televisores y refrigeradores fabricados hace 30 años o más. Estos artículos pueden dejar escapar pequeñas cantidades de BPC al aire cuando se calientan durante su funcionamiento y así constituir una fuente de exposición de la piel, comiendo alimentos contaminados.
Las principales fuentes de BPC en la dieta son pescados (especialmente aquellos que fueron captados en lagos o ríos contaminados), carne y productos lácteos, productos generados de animales que respira cerca de sitios de desechos y tomando agua de pozo contaminada. En el trabajo durante reparación o mantenimiento de transformadores; accidentes, incendios o escapes de transformadores, luces fluorescentes y otros artículos eléctricos antiguos.
5. Derecho internacional en materia de contaminantes orgánicos persistentes
En mayo de 2001, en Estocolmo, Suecia, 127 países adoptaron un tratado de las Naciones Unidas para prohibir o minimizar el uso de doce de las sustancias tóxicas más utilizadas en el mundo, consideradas causantes de cáncer y defectos congénitos en personas y animales. Las sustancias, conocidas como contaminantes orgánicos persistentes (COP), incluyen ocho pesticidas, entre ellos el DDT, dos productos industriales y dos subproductos de diversos procesos de combustión, incluyendo los incendios accidentales de desechos y materiales plásticos: las dioxinas y los furanos.
El objetivo de la Convención de Estocolmo es eliminar o restringir la producción y uso de los COP que se fabrican intencionalmente; además, se busca minimizar la generación de los contaminantes producidos de manera no intencional, como las dioxinas y los furanos. Para el 15 de julio de 2002, la Convención contaba con 151 países signatarios y 12 países miembros.
El Convenio sobre los COP es una importante aportación que complementa otros instrumentos, convenios, acuerdos y planes de acción mundiales o regionales relacionados con el manejo de productos químicos, dentro de los que destacan: el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación y el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo (PCFP) para ciertos productos químicos peligrosos y plaguicidas en el comercio internacional.
Los objetivos principales de la Convención de Estocolmo son los siguientes:
- Comprometer a la comunidad internacional a proteger la salud humana y al ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes.
- Establecer las primeras acciones para detener la emisión y el uso de doce contaminantes orgánicos persistentes prioritarios.
- Una vez implementado, se prohibirá la producción y uso del endrin y el toxafeno en los países que han ratificado la Convención.
- Se solicitará que se detenga la producción de aldrin, dieldrin y heptacloro.
- Se limitará la producción y uso de clordano, hexaclorobenceno y mirex para propósitos específicos y para países que tengan registradas exenciones.
- Se prohibirá la producción de bifenilos policlorados en 2025 para que los países se hagan cargo de los equipos que utilicen esta sustancia.
- Los bifenilos policlorados se deberán tratar y eliminar para 2028.
- Se limitará la producción y uso de DDT para el control de vectores como el mosquito que transmite la malaria y se permitirá su uso para producir el plaguicida llamado dicofol.
- Se solicitará a los gobiernos que reduzcan las emisiones de dioxinas, furanos, hexaclorobenceno y bifenilos policlorados como subproductos no intencionales y hasta donde sea posible eliminarlos.
- Se prohibirá la importación y exportación de los diez contaminantes orgánicos persistentes intencionales y sólo se permitirá su transporte para su adecuada disposición final.
- Se requerirá a los países miembros que en el lapso de dos años elaboren planes nacionales de implementación de la Convención.
a) México y el Convenio de Estocolmo
La Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) fue firmada por el Estado mexicano el 22 de mayo del 2001, la aprobó el Senado en octubre del 2002 y se ratificó en febrero del 2003. El Convenio establece una serie de compromisos y oportunidades para los signatarios, entre las que se incluyen:
- Designar un punto focal nacional
- Brindar asistencia técnica a otros países que lo requieran
- Promover la participación pública y la difusión de información
- Llevar a cabo actividades de investigación, desarrollo y monitoreo.
Entre las principales actividades comprometidas por México dentro de la Convención de Estocolmo se encuentran:
Medidas para reducir o eliminar los COP de las liberaciones derivadas de la producción y utilización intencionales:
a) Prohibir y/o adoptar las medidas jurídicas y administrativas necesarias para eliminar su producción y utilización; así como sus importaciones y exportaciones.
b) Restringir su producción y utilización.
• Se deberá cuidar para que un producto químico COP se importe únicamente para fines de su eliminación ambientalmente racional o para una finalidad o utilización permitida.
• Se deberá velar para que un producto químico COP respecto del cual está en vigor una exención específica para la producción o utilización en una finalidad aceptable, teniendo en cuenta las disposiciones de los instrumentos internacionales de consentimiento fundamentado previo existentes.
• Se deberán adoptar medidas para reglamentar nuevos plaguicidas o nuevos productos químicos industriales, con el fin de prevenir la generación de COP.
• Se deberán realizar medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de existencias y desechos con el fin de garantizar que se proteja la salud humana y el medio ambiente, mediante:
a) Elaboración de estrategias apropiadas para determinar existencias, los productos y artículos en uso, así como los desechos generados.
b) Adoptar medidas de vigilancia para que se gestionen, recojan, transporten y almacenen de manera ambientalmente racional los residuos con características de COP.
c) Determinación de estrategias adecuadas para identificar los sitios contaminados con productos químicos COP, y en caso de que se realice el saneamiento de esos sitios, deberá efectuarse de manera ambientalmente racional.
• Se debe cooperar estrechamente con los órganos pertinentes del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.
• Proponer la inclusión de productos químicos COP para su adhesión a la Convención de Estocolmo, mediante información científica que especifique la identidad de la sustancia, la persistencia, la capacidad de bioacumularse, su potencial de transporte a grandes distancias, y los efectos adversos que sea capaz de ocasionar.
Asimismo, el artículo 7 del Convenio establece que los países signatarios deberán preparar planes nacionales de implementación (PNI) en los siguientes dos años a partir de la entrada en vigor del Convenio. Los PNI deberán definir las líneas de acción para iniciar actividades tendientes a proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos de los COP, así como construir un marco de referencia para desarrollar e implementar, en forma sistemática y participativa, una reforma regulatoria y establecer prioridades de política y finalmente, promover el fortalecimiento de capacidades y programas de inversión.
b) Compromisos adquiridos por México sobre sustancias químicas y residuos peligros 7.
México ha suscritos diversos tratados internacionales para la protección del medio ambiente y la salud humana, por vulneraciones relacionadas con los COP, pues el daño que ocasionan estas sustancias o materiales se ha incrementado considerablemente a través de los años.
Lo anterior, con el fin de que nuestro país, siga realizando esfuerzos y se sume a las actividades de la comunidad internacional, tendientes a prohibir y eliminar las sustancias nocivas para el medio ambiente. Entre los más relevantes se destacan los siguientes:
c) Programas implementados por México para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en materia de contaminantes orgánicos persistentes (COP) en general y bifenilos policlorados (BPC)
1. Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo.
Los COP sujetos al Convenio comprenden las siguientes sustancias químicas sintetizadas por la industria: una serie de plaguicidas organoclorados, así como los BPC empleados en diversos usos debido a sus propiedades eléctricas, entre los que sobresale su utilización en transformadores y capacitores eléctricos. A ellos se suman otras sustancias, como las dioxinas, los furanos, el Hexaclorobenceno (HCB) y el BPC, los cuales se pueden generar de manera no intencional en procesos industriales químicos o térmicos (como la incineración de residuos), o en la quema de basura a cielo abierto, en incendios de vertederos de basura y de bosques, en la quema del rastrojo agrícola o bien en la combustión de leña intramuros para cocinar o calentarse.
Estos usos de los COP y procesos o eventos que los liberan, han tenido o tienen lugar en el territorio nacional. El Convenio establece además un mecanismo para la adición de nuevos COP y actualmente se encuentran en proceso de revisión diversas sustancias de uso industrial y plaguicidas (como el Lindano propuesto por México).
La importancia que el gobierno de México otorga al cumplimiento de lo dispuesto en el convenio se ve reflejada en la mención que se hace al respecto entre los objetivos para alcanzar la sustentabilidad ambiental, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), otorgó una donación a México para ejecutar un proyecto destinado a la elaboración del Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo, a través de un proceso en el que han tomado parte los diversos sectores de la sociedad. Esto significa que el PNI debe ser considerado como un Plan de País, del cual se sientan responsables todos los actores y sectores que participen en su elaboración y ejecución, lo cual implica que éstos incluyan las acciones comprendidas en el Plan en sus propias agendas, programas y presupuestos.
La dirección del citado proyecto quedó a cargo de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR), de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
A fin de lograr la aplicación eficiente, efectiva y eficaz del PNI, se ha propuesto abordar la reducción o eliminación de los COP y de sus riesgos a la salud y al ambiente, con un enfoque integral y sistémico. Ello implica la caracterización de las distintas regiones o cuencas del país, en relación con las fuentes potenciales de liberación de COP al ambiente, la vulnerabilidad de su población (resaltando la protección de aquellos grupos que se encuentran expuestos en el ambiente laboral a COP, como son los obreros y los campesinos y la fragilidad de sus ecosistemas, y otros factores que permitan orientar las acciones para obtener resultados-costo efectivos y que contribuyan al bienestar social.
Al mismo tiempo, se considera como una condición indispensable para la implementación de las disposiciones del Convenio de Estocolmo, que traiga consigo una reingeniería jurídica e institucional que permita la eficacia esperada de la gestión de las sustancias peligrosas a lo largo de su ciclo de vida completo, incluyendo la fase en la que se convierten en residuos peligrosos; lo cual demanda el fortalecimiento de las distintas dependencias gubernamentales responsables de su regulación y control; así como de distintas capacidades, como la capacidad analítica para la medición confiable de los COP.
El PNI de México ha sido estructurado con base en ocho planes de acción, sustentados en los distintos estudios diagnóstico desarrollados durante el proceso de formulación del PNI y en el conocimiento y experiencia de los integrantes del CNC y de los grupos temáticos en sus respectivas áreas de especialización, el cual incluyó la consideración de opiniones y propuestas ciudadanas.
Es importante destacar que los integrantes del CNC, particularmente aquellos que participaron en el establecimiento de los criterios para definir prioridades, convinieron en que México se comprometió a cumplir las disposiciones del convenio, tal y como han sido estipuladas, por lo cual todas las acciones que se propongan para ello son prioritarias. Aunque, como lo indica el texto del convenio, la forma en que México dará cumplimiento al mismo, toma en consideración sus capacidades para ello.
Por lo anterior, aun cuando todos los planes de acción y sus componentes, productos y actividades han sido considerados indispensables para dar cumplimiento a las distintas disposiciones del Convenio de Estocolmo y se consideran igualmente relevantes, se convino que no es posible desarrollarlos todos al mismo tiempo por falta de recursos humanos, materiales y presupuestarios.
A manera de resumen y en concordancia con lo antes señalado, la estrategia en la que se basa el PNI comprende la consideración de aspectos coyunturales como los siguientes:
• Aplicación de la responsabilidad común pero diferenciada de todos los sectores en la protección al ambiente y la salud de la población, incluyendo a aquellos grupos particularmente sensibles como mujeres, niños y niñas, así como trabajadores, campesinos e indígenas sin instrucción, en contra de los riesgos que conllevan los COP.
• Apropiación del plan por las dependencias de los tres órdenes de gobierno con atribuciones relacionadas con las acciones a implementar, para lograr la sustentabilidad de su ejecución mediante su programación y presupuestación.
• Consolidación del régimen jurídico y de las dependencias gubernamentales involucrados en la gestión de las sustancias y residuos peligrosos, con miras a llenar los vacíos y eliminar las barreras que se opongan al cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio de Estocolmo.
• Establecimiento de mecanismos transparentes de rendición de cuentas y de apoyo a la generación de datos que permitan medir la eficacia de la ejecución del plan, así como de un programa de monitoreo y evaluación.
• Desarrollo de la capacidad analítica confiable para medir COP en distintos medios y matrices.
• Apoyo y seguimiento de la ejecución del plan por las partes interesadas en todo el territorio nacional, a través de mecanismos claros de participación y compromisos ciudadanos.
• Acceso público a la información de los inventarios de COP y procedimientos para su desarrollo y actualización continúa a escalas nacional, estatal y municipal, dando preeminencia a los puntos de vista técnicos.
• Utilización de los factores de emisión con mayor respaldo científico para la estimación de emisiones de COP por las fuentes de interés nacional, aunque no estén comprendidas en el Instrumental del PNUD.
• Fortalecimiento del RETC a escalas federal y local, con base en una plataforma de información que integre los datos a escalas regional y nacional.
• Análisis de la conveniencia de establecer LMP para fuentes de COPNI de jurisdicción federal y local que sean relevantes, y los procedimientos para realizar los protocolos de prueba para su medición.
• Desarrollo de campañas educativas amplias y de gran penetración por parte de los gobiernos de los tres órdenes para involucrar la participación de los grupos objetivo en la ejecución de los planes de acción para reducir o eliminar la liberación al ambiente de los COP a escala comunitaria.
• Promoción de la adopción de las mejores técnicas disponibles (MTD) y mejores prácticas ambientales (MPA) para reducir o eliminar la liberación de COP generados de manera no intencional, así como el desarrollo de una política de consumo y producción sustentables que promueva los Materiales, Productos y Procesos Sustitutivos (MPPS).
• Promoción de la aplicación del análisis de ciclo de vida para determinar las mejores opciones para reducir o eliminar la liberación al ambiente de COP.
• Aplicación de las medidas previstas en los artículos 5 y 6 del Convenio, de manera que se alcancen resultados tangibles, tan pronto como sea posible, en la prevención y atención de los riesgos a la salud y al ambiente debidos a los COP.
• Cancelación definitiva de los registros del DDT y del clordano y la introducción de reformas al registro de plaguicidas y sustancias tóxicas con el propósito de evitar que se emita dicho registro a sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulables que se sujeten en el futuro al Convenio de Estocolmo o representen un riesgo inadmisible.
• Identificación y promoción de la caracterización de sitios contaminados con COP, para orientar las medidas tendientes a su remediación con base en tecnologías sustentables, es decir factibles desde la perspectiva ambiental, económica y social.
• Promoción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 63 y 67 de la LGPGIR, de la participación de los representantes de los distintos sectores sociales en la formulación de los planes y acciones que conduzcan a la prevención, reducción o eliminación de emisiones de COPNI en el manejo de residuos. Así como el establecimiento de restricciones a la incineración para su sustitución por otros procesos, cuando éstos estén disponibles, sean ambientalmente eficaces, a la vez que tecnológica y económicamente factibles.
A continuación se presentan de manera resumida las matrices del marco lógico para cada uno de los ocho planes de acción, que se complementarán más adelante con la definición de las instancias responsables de coordinar su ejecución, los actores y sectores clave cuya participación se considera indispensable, los presupuestos y calendarios de ejecución.
Planes de acción que conforman el PNI
2. Manejo ambientalmente adecuado de residuos con contaminantes orgánicos persistentes
El proyecto apoya a México a cumplir con los requerimientos establecidos en la Convención de Estocolmo, abordando específicamente la emisión de COP, derivados de los procesos de reciclaje de residuos electrónicos y el manejo y eliminación ambientalmente adecuada de los depósitos de plaguicidas obsoletos.
El proyecto es un esfuerzo interinstitucional entre las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y organizaciones de la sociedad civil
Los componentes del proyecto son:
1. Fortalecimiento de políticas públicas y de capacidades institucionales que faciliten la disminución de COP y manejo adecuado de químicos.
2. Reducción de liberaciones de COP a partir del procesamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), se incluye el desarrollo e implementación de Planes de Manejo de RAEE a nivel nacional y particularmente en tres Entidades Federativas. Asimismo, se buscará la reducción de liberación de aquellos COP relacionados con RAEE en empresas de reciclado formal e informal.
3. Reducción de riesgos por medio de la eliminación de inventarios de plaguicidas obsoletos COP y sus residuos asociados, mediante el establecimiento de planes de manejo estatales y el desarrollo de pilotos en Estados seleccionados. Desarrollo de estrategias para la contención/remediación de sitios prioritarios contaminados con plaguicidas COP, así como un programa nacional para los sitios restantes.
4. Fortalecimiento de capacidades institucionales en el manejo de plaguicidas obsoletos a nivel nacional y estatal.
3. Manejo y destrucción ambientalmente adecuados de los bifenilos policlorados
Como ya se ha mencionado anteriormente, el Convenio de Estocolmo fue ratificado en México por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Senado el 3 de diciembre de 2002 adquiriendo carácter vinculatorio, su cumplimiento quedó previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Para dar cumplimiento fue necesaria la formulación del PNI, que tuvo como objetivo: “Lograr resultados en la reducción o eliminación de la liberación de los COP y de sus riesgos a la salud y al ambiente”.
En 2006, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), realizaron una fase exploratoria para identificar la necesidad de un proyecto específico para la eliminación de BPC. En 2007, se realiza con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) la “Fase Preparatoria para desarrollar una propuesta de proyecto a gran escala a nivel nacional para la eliminación de BPC”. Uno de los productos más importante fue la estimación de un nuevo inventario de BPC el cual reportó una mayor cantidad que el inventario oficial.
En abril de 2009, se inicia el proyecto “Manejo y Destrucción Ambientalmente Adecuados de BPC en México” el cual integra fondos para su realización del GEF, la Semarnat y la Secretaría de Energía (Sener). El objetivo del proyecto es “Minimizar el riesgo de exposición a bifenilos policlorados (BPC) de la población mexicana vulnerable y del medio ambiente, además de cumplir con los requerimientos de cumplimiento de la Convención de Estocolmo para el manejo y destrucción adecuados de BPC”.
Una de las principales actividades del proyecto es desarrollar un “Sistema Integrado de Servicios de Gestión (SISG)” que permitirá la eliminación de BPC bajo las mejores condiciones económicas, técnicas y ambientales. El sistema incluye desde la revisión y adecuación del marco legal hasta la eliminación de los BPC y su reporte procedente ante la autoridad federal.
4. Manejo ambientalmente adecuado de los Bifenilos Policlorados en México 12.
El objetivo de este proyecto se centró en minimizar el riesgo de exposición a Bifenilos Policlorados para las y los mexicanos, incluyendo a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, y minimizar los riesgos para el medio ambiente.
Asimismo, se consideran otros compromisos internacionales para el manejo de residuos peligrosos adquiridos por nuestro país:
• Convenio de Basilea
• Acuerdo de Cooperación de América del Norte
• Convenio de Rotterdam
Por lo que respecta a la normatividad específica a nivel nacional, encontramos:
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento, los cuales establecen lineamientos para el manejo adecuado de residuos peligrosos.
• La NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, clasificación, procedimiento de identificación y los listados de residuos peligrosos.
• La NOM-133-SEMARNAT-2000, que indica que el poseedor de cualquier equipo electrico debe verificar si contiene líquidos con BPCs y realizar las pruebas de laboratorio pertinentes para determinar la concentración de los mismos.
6. Incorporación a la legislación nacional de los compromisos internacionales en materia de contaminantes orgánicos persistentes
Si bien es cierto, una vez que los tratados son celebrados y ratificados en los términos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, pasan a ser parte del orden jurídico nacional, pues así lo establece el artículo 133 de la Ley Fundamental, de esta manera los compromisos internacionales a los que México se adhiere a través de un tratado internacional son derecho positivo desde que son firmados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República.
Como ya se ha dicho, resulta fundamental que los Estados parte realicen las adecuaciones a su legislación respecto a las disposiciones contenidas en los instrumentos ratificados. No tendría ningún sentido que los Estados firmaran todos los tratados que surgieran, sin que ocurriera cambio alguno a nivel interno, es decir, sin que se positivizaran de algún modo y alcanzaran carácter de ley interna, posible de ser exigibles y justiciables ante instancias nacionales.
En tal orden de ideas, no pasa desapercibida la noción de las modificaciones al marco jurídico de algunas leyes, reglamentos y normas oficiales que en su conjunto regulan cada paso del ciclo de vida de estas sustancias, hasta su disposición final como residuos peligrosos, dentro de las que destacan las siguientes:
Por otra parte, todo generador de residuos es responsable de determinar si su residuo es peligrosos o no lo es, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de residuos peligrosos. En el caso de un generador de BPC de acuerdo a la NOM-133-SEMARNAT-2000, el poseedor de cualquier equipo eléctrico, debe verificar si dicho equipo emplea líquidos que contienen BPC y realizar las pruebas de laboratorio pertinentes para determinar la concentración de los mismos. Para esto se debe contratar los servicios de un laboratorio debidamente acreditado.
Asimismo, la NOM-133-SEMARNAT-2015, Protección ambiental-Bifenilos Policlorados (BPC)-Especificaciones de manejo, al considerar que los BPC son un problema ambiental importante en nuestro país, ya que representan un riesgo potencial para el medio ambiente y en cumplimiento a convenios internacionales vinculantes como el Convenio de Estocolmo, establece una serie de especificaciones, programas e instrumentos que permitan llevar a cabo el manejo adecuado hasta la eliminación de los BPC, conforme a los plazos establecidos en los distintos ordenamientos aplicables y en los lugares señalados.
Derivado de lo anterior, dicha norma oficial mexicana toma en cuenta las siguientes consideraciones:
• Que con fecha 10 de diciembre de 2001, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana NOM-133-SEMARNAT-2000, Protección ambiental-Bifenilos policlorados (BPC)- Especificaciones de manejo.
• Que el 5 de marzo de 2003, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la modificación a la NOM-133-SEMARNAT-2000, a través de la cual únicamente se efectúa el cambio de la fecha límite de eliminación de equipos BPC, equipos eléctricos BPC y residuos peligrosos BPC, almacenados antes de la publicación de la norma, indicada en la tabla 1 de la misma.
• Que con fecha 20 de marzo de 2007 y derivado de la revisión quinquenal de la NOM-133-SEMARNAT-2000, se ratificó su contenido ante la Dirección General de Normas, adscrita a la Secretaría de Economía.
• Que la NOM-133-SEMARNAT-2000, definió las especificaciones de protección ambiental para el manejo de equipos, equipos eléctricos, equipos contaminados, líquidos, sólidos y residuos peligrosos que contengan o estén contaminados con bifenilos policlorados y los plazos para su eliminación, mediante su desincorporación, reclasificación y descontaminación, conforme a lo siguiente:
- Inscribirse como empresa generadora (poseedora) de bifenilos policlorados, incluyendo el inventario de los mismos a más tardar tres meses después de la entrada en vigor de la norma (11 de marzo de 2002).
- Eliminar los equipos, equipos eléctricos y residuos BPC que tuviera desincorporados y almacenados antes de la publicación de la norma referida dentro del año siguiente a la entrada en vigor de dicha norma (es decir, el 11 de diciembre de 2002).
- Eliminar los equipos, equipos eléctricos y residuos BPC que tuviera en uso, a más tardar el 31 de diciembre de 2008, y
- Eliminar los residuos generados durante el periodo de desincorporación y equipos desincorporados dentro de los 9 meses siguientes a su desincorporación.
• Una vez finalizados los plazos establecidos en la norma en mención, para la eliminación de materiales, equipo y residuos BPC, se hicieron estudios como el denominado “Manejo y Destrucción Ambientalmente Adecuados de Bifenilos Policlorados en México” Undp 00059701, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual alertó sobre la problemática resultante de las actividades de mantenimiento a equipos BPC, al concluir que existe contaminación cruzada, misma que extiende los alcances de la problemática.
• Las primeras proyecciones realizadas por el Proyecto del PNUD, señalaban que se tenían que eliminar 28 mil 939 toneladas de equipo BPC en el país. Con la aplicación de la norma se eliminaron sólo 18 mil 587 toneladas en 9 años, por lo que se deben redoblar esfuerzos para poder cumplir con el compromiso de eliminación de BPC a 2028.
En tales circunstancias, se expidieron las modificaciones a la NOM-133-SEMARNAT-2015, el día 23 de febrero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de seguir reforzando la protección al medio ambiente y la salud pública y seguir dando cumplimiento a los convenios internacionales relacionados con los COP.
Finalmente, se hace énfasis en que las modificaciones que se pretenden a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección, resultan viables y pertinentes, pues ya se ha realizado en otros momentos para armonizar nuestro derecho. La iniciativa que se motiva fortalecerá la eliminación paulatina (de conformidad con los plazos antes explicados) de los Bifenilos Policlorados en beneficio de los habitantes de nuestro país y del medio ambiente en general, pues hoy más que nunca, como legisladores debemos preservar la salud y la naturaleza para las generaciones presentes y futuras.
Por las razones expuestas y en ejercicio de las facultades que me otorga el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de proyecto de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de eliminación de bifenilos policlorados
Único. Se reforman los artículos 150 y 170. Se adiciona la fracción III Bis y VII Bis al artículo 3o.; segundo párrafo a la fracción VI del artículo 5o.; tercer párrafo al artículo 150 y fracción III Bis del artículo 153, todas de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I. a III. ...
III Bis. Bifenilos policlorados: Compuestos organoclorados que cuentan con una estructura de dos anillos fenólicos unidos por enlace C-C sencillo, y sustituciones de cloro en distinta proporción totalizando 209 congéneres.
IV. a VII. ...
VII Bis. Contaminante Orgánico Persistente: Sustancias químicas altamente tóxicas, que pueden durar muchos años antes de degradarse, lo que causa que su vida media en el ambiente sea elevada, acumulándose en el tejido graso de los seres vivos;
VIII. a XXXIX ...
Artículo 5o. Son facultades de la federación:
I. a V. ...
VI. La regulación y el control de las actividades consideradas como altamente riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, así como para la preservación de los recursos naturales, de conformidad con esta Ley, otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.
En el caso de los contaminantes orgánico persistentes como los bifenilos policlorados, se fomentará el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, relativos a la reducción y eventual eliminación de dichos contaminantes de las liberaciones derivadas de la producción y utilización intencionales;
VII. a XXII. ...
Artículo 150. Los materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados o prohibidos con arreglo a la presente Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría, previa opinión de las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Gobernación. La regulación del manejo de esos materiales y residuos incluirá según corresponda, su prohibición, su uso, recolección, almacenamiento, transporte, reuso, reciclaje, tratamiento y disposición final.
El Reglamento y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el párrafo anterior, contendrán los criterios y listados que identifiquen y clasifiquen los materiales y residuos peligrosos por su grado de peligrosidad, considerando sus características y volúmenes; además, habrán de diferenciar aquellos de alta y baja peligrosidad. Corresponde a la Secretaría la regulación y el control de los materiales y residuos peligrosos.
Por lo que respecta a los contaminantes orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados, la secretaría integrará y mantendrá actualizado el inventario de los generadores de dichos contaminantes.
...
Artículo 153. La importación o exportación de materiales o residuos peligrosos se sujetará a las restricciones que establezca el Ejecutivo federal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior. En todo caso deberán observarse las siguientes disposiciones:
I. a III. ...
III Bis. En ningún caso se autorizará la importación de materiales que sean o estén constituidos por compuestos orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados;
IV. a VIII. ...
Artículo 170. Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría, fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad:
I. y II. ...
III. La neutralización, prohibición de uso, retiro de los equipos o infraestructura o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos peligrosos generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo.
...
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Todas las dependencias de la administración pública federal que estén involucradas en la regulación de los contaminantes orgánicos persistentes, deberá adecuar sus reglamentos, lineamientos, programas y demás acciones realizadas, con el contenido de la reforma en un plazo que no exceda de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, deberá tomar las medidas necesarias para adecuar los programas y planes que se estén llevando en relación a la regulación de los contaminantes orgánicos persistes con el contenido de la presente reforma.
Notas
1 http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros 2009/CD001283.pdf
2 http://siscop.inecc.gob.mx/descargas/diagnos/diag_bifenilos_policlorados_en_mex ico.pdf
3 http://www.cnrcop.es/gc/informate/que-son-los-cop/
4 http://www.redalyc.org/pdf/539/53906901.pdf
5 http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/operations/projects/environment_a nd_energy/ manejo-ambientalmente-adecuado-de-los-bifenilos-policlorados—bp.html
6 Yarto, M., Gavilán A., Barrera, J. (2007). El Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y sus implicaciones para México. Febrero 5, 2017, de Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático Sitio web:
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/gacetas/422/convenio.ht ml
7 Beltrán, L. (2007). Manejo y Destrucción Ambientalmente Adecuados de Bifenilos Policlorados en México. febrero 25, 2017, de Secretaría del Medio Ambiento y Recursos Naturales Sitio web: http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/CD001283.pd f
8 http://siscop.inecc.gob.mx/novedades/pni_resumen.pdf
9 http://siscop.inecc.gob.mx/novedades/pni_resumen.pdf
10 http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/operations/projects/environment_a nd_energy/e-waste-cops.html
11 http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/operations/projects/environment_a nd_energy/ manejo-ambientalmente-adecuado-de-los-bifenilos-policlorados—bp.html
12http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/operations/proje cts/environment_and_energy/manejo-ambientalmente-adecuado-de-los-bifenilos-poli clorados—bp.html
13 Tratados internacionales. Son parte integrante de la ley suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional. La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario “pacta sunt servanda”, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.
Época: Novena Época, Registro: 172650, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario, Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. IX/2007, página: 6.
Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, Ciudad de México, a 25 de abril de 2017.— Diputadas y diputados: Martha Sofía Tamayo Morales, Alejandro Armenta Mier, Carlos Federico Quinto Guillén, Carmen Salinas Lozano, Delia Guerrero Coronado, Edna Ileana Dávalos Elizondo, Flor Estela Rentería Medina, Heidi Salazar Espinosa, Hugo Daniel Gaeta Esparza, J. Jesús Zúñiga Mendoza, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Ramón Bañales Arámbula, Sandra Méndez Hernández, Santos Garza Herrera, Sara Latife Ruíz Chávez, Timoteo Villa Ramírez (rúbricas).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Martha Sofía Tamayo Morales. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
Sonido, por favor, en la curul del diputado Luis Fernando Mesta.
El diputado Luis Fernando Mesta Soulé (desde la curul): Para, con relación a la manifestación que hiciera el diputado Domínguez, en la petición del apoyo para el cambio de los reos a las diferentes Ceresos, solo manifestar que el batidero al que se hace referencia o la ineficacia del estado, es así como nos lo dejaron el gobierno anterior, que no hemos podido y estamos trabajando y se está trabajando en el gobierno del estado seriamente para solucionar el asunto que dejó el gobernador anterior.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputado, no está a discusión. Gracias.
CÓDIGO PENAL FEDERAL Y CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 16 del Código Penal Federal, y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores:Gracias, presidenta. El día de hoy quiero presentar una iniciativa que me comentaron vecinos en diferentes sectores de Nuevo León, cuando estuve recorriendo las colonias casa por casa, en dos hechos que se le presentaron directamente a ellos en robos violentos en el interior de su domicilio, y que desgraciadamente sufrieron agresiones físicas.
Es una reforma que adiciona un segundo párrafo al artículo 16 del Código Penal Federal y reforma el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que cuando un robo en domicilio particular exceda de legítima defensa, sea considerado solamente como legítima defensa, porque el hogar de cada uno de nosotros es el lugar de descanso y seguridad de nuestras familias, donde nuestros hijos crecen, donde nuestros padres ven pasar sus generaciones y donde seguramente vivirán sus últimos días.
Nuestro hogar es el espacio donde deberíamos sentirnos más seguros, sin embargo no es así en México, porque la inseguridad, la injusticia, la impunidad nos muestra otra realidad.
Según los datos del Inegi, el 67.7 por ciento de la población mayor a 18 años se siente inseguro en este país; el 59.1 por ciento de dicha referencia siente que la inseguridad o la delincuencia es el problema más importante que aqueja al país y el robo a casa habitación ha sido considerado uno de los delitos de mayor crecimiento en México.
Tan solo en lo que respecta a mi estado, el estado de Nuevo León, el Observatorio Ciudadano Nuevo León informa que las denuncias de robo que se presentan con violencia en nuestro estado aumentaron casi 60 por ciento en el 2016, con respecto al 2015.
Nuestra casa es el refugio nuestro, es el refugio de nuestra familia. Nuestra tranquilidad y la protección que nos brinda no deben ser vulneradas. Seguramente por ello poseer armas en México es un derecho garantizado en el artículo 10 de la Constitución. Es legal poseer en nuestro domicilio privado y usarla para nuestra seguridad y legítima defensa, con la excepción de las armas prohibidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y las reservadas para el uso exclusivo del Ejército.
La citada ley permite la posesión en nuestros domicilios de pistolas, revólver, rifles, hasta calibre .380, así como determinados tipos de escopeta. Pero, ¿de qué sirve poder tener un arma en nuestros domicilios, si al momento de usarlas para defender la vida de nuestros hijos corremos el riesgo de ser condenados por el hecho de no utilizar un medio proporcional y adecuado al carácter del ataque, o debido a que ejercimos nuestra fuerza de manera irracional?
Para ejemplificar lo antes mencionado, hago referencia a un caso muy sonado hace algunos meses en el estado de Chihuahua, donde un niño de tan solo 13 años asesinó a un delincuente, que intentaba violar a su madre en su propia casa, cuando ingresó a robar a su domicilio. El menor, al escuchar los gritos, bajó las escaleras, tomó la pistola de su padre y comenzó a disparar en repetidas ocasiones asustando al agresor, quien falleció instantes después del hecho. Este hecho lamentablemente debido a la brutalidad, el menor fue procesado judicialmente.
Para contar con una legítima defensa como lo establece la ley actualmente, debemos, digamos, estar a la altura del delincuente que ingresa a nuestros domicilios. Es decir, condescendientes al ejercer determinadas fuerzas frente a una agresión ilegítima y tener total control de las circunstancias, así como de reacciones de este extraño que invade mi domicilio y pone en riesgo a mi familia.
La legítima defensa de un mexicano que sufre un robo en su hogar, hoy realmente no existe. Porque se convierte en impunidad cuando quien comete un delito en nuestra casa, tiene mayores consideraciones que la propia víctima, quien por defender a su propia familia ante este peligro inminente puede ejercer una excesiva legítima defensa.
Es tiempo de rescatar la tranquilidad del hogar de los mexicanos, de avanzar en la doctrina penal y hacer de nuestras leyes y códigos valer, por la seguridad y la justicia, brindando mayores beneficios a las víctimas de este lamentable delito violento. Muchas gracias, señora presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 16 del Código Penal Federal y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del PAN
Carlos Alberto de la Fuente Flores, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 6, numeral 1, inciso I; 77, numeral 1; 78 y 102 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante este pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 16 del Código Penal Federal y reforma el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo anterior al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosSi bien sabemos que sentirse seguro, es la ausencia de peligro o riesgo, es decir, tener una sensación de confianza tanto dentro y fuera del hogar. Sin embargo, es increíble que precisamente en el lugar donde se debe uno sentir más seguro, es donde a veces se corre más riesgo.
Actualmente la inseguridad en México, es uno de los temas que genera mayor preocupación entre la población, así lo revelan los datos arrojados en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) realizada en marzo y abril de 2015 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En lo que respecta al tema de seguridad pública, 67.7 por ciento de la población de 18 y más años arrojó que se siente insegura, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de diciembre 2015, también publicada por Inegi.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe), el delito de robo a casa habitación, se incrementa por temporadas, principalmente en periodos vacacionales como el verano, esta misma encuesta informa que las pérdidas que los robos en viviendas representan son el 1.27 por ciento del producto interno bruto (PIB).
La Envipe estima a nivel nacional que 59.1 por ciento de la población de 18 años y más, considera la Inseguridad y delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día en su entidad federativa, seguido del desempleo con 40.8 por ciento y la pobreza con 31.9 por ciento, dentro de esta misma encuesta podemos ver que durante el 2016 se estima que el 72.4 por ciento de la población de 18 años y más, considera que vivir en su entidad federativa es inseguro a consecuencia de la delincuencia, siendo esta cifra estadísticamente equivalente a la estimada para 2013 y 2015.
La organización civil Semáforo Delictivo reveló que Colima tiene el primer lugar nacional en robo a casa habitación, siguiendo en la lista Baja California, con 174; Baja California Sur, con 166; Aguascalientes, con 85; Durango, con 73 y Sonora, con 68.
Cabe destacar que la información presentada por Semáforo Delictivo representa los casos que son denunciados; sin embargo, en su propio sitio web se indica que el 72 por ciento de las víctimas, prefiere no denunciar por desconfianza en las autoridades y por temor.
En lo que respecta a mi estado, en lo que va del año, según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, los robos con violencia en Nuevo León se incrementaron en un 46.7 por ciento, esto con respecto al último semestre del 2015. Los municipios que presentaron una mayor alza en el número de robos violentos fueron con 170.4 por ciento; San Pedro, con un 120 por ciento, y Escobedo, con un 70 por ciento. Habitantes de municipios ajenos al área metropolitana también se vieron afectados, un ejemplo es Pesquería, donde la cifra aumentó en un 121.4 por ciento.
Desgraciadamente estos números no se habían registrado desde el periodo octubre-diciembre del 2012, pero hoy sitúan a Nuevo León dos lugares más arriba en la escala nacional de robos con violencia, pasando del décimo lugar, al octavo, refirieron datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El aumento en los delitos patrimoniales, específicamente a casas y a negocios, ha presentado índices no vistos desde hace más de tres años. El robo a casa habitación se disparó en un 41.7 por ciento, con 890 casos, cifra sólo equiparada al periodo de octubre-diciembre del 2013, siendo los municipios más afectados: San Pedro, con 33.3 denuncias por cada 100 mil habitantes; García, con 23.9; y Escobedo, con 16.9.
Es por ello que ante un escenario de alzas en delitos de mayor impacto a nivel nacional y regional (homicidios dolosos, secuestros y extorsiones), aparece un nuevo foco rojo en materia de seguridad y procuración de justicia: los robos
La estadística de agosto pasado sobre denuncias presentadas en lo que va del año en procuradurías y fiscalías estatales revelan aumentos sin precedente en hurtos a casa habitación, negocios, transportistas, transeúntes, ganado y bancos, principalmente
En 2015, nueve estados concentraron el 53 por ciento de las denuncias de robo a casa habitación con violencia y sin violencia a nivel nacional, de acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado se iniciaron 87 mil 295 averiguaciones por este delito.
Esta cifra revela que en cada día se iniciaron 239 denuncias de robo a casa habitación con violencia y sin violencia, es decir, nueve averiguaciones cada hora.
Dentro de estos datos, nueve estados registraron 46 mil 978 denuncias de robo a casa habitación con violencia y sin violencia, que comparado con la cifra nacional de 87 mil 295 averiguaciones, revela que uno de cada dos atracos se perpetró en estas nueve entidades. Los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Quintana Roo y Tamaulipas, registraron 46 mil 978 denuncias, que representan el 53 por ciento de los robos a casa habitación en el país, siendo Baja California el estado con el mayor número de denuncias con 12 mil 655, es decir, el 14.4 por ciento del total nacional, le sigue el estado de México quien registró 5 mil 665 denuncias, de las cuales el mayor número de denuncias registradas fueron de robo a casa habitación con violencia y en tercer lugar nacional se colocó la Ciudad de México con 5 mil 561 delitos.
Los otros seis estados con el mayor número de robos a casa habitación con y sin violencia son Jalisco con 4 mil 812 denuncias; Guanajuato con 4 mil 411; Coahuila con 3 mil 811; Tamaulipas con 3 mil 640; Quintana Roo con 3 mil 477 y Chihuahua con 3 mil 075.
Dentro del IV informe de gobierno del Presidente se consideraron cuatro apartados: México en Paz, México Incluyente, México con educación de calidad, y México Próspero. Los resultados en materia de seguridad y justicia contenidos en el apartado “México en Paz” enfatizaron el cumplimiento en tiempo y forma de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), los beneficios que esto traerá para la impartición de justicia, la labor de las instituciones del Estado en materia de seguridad (Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México Comisión Nacional de Seguridad) en su tarea de combate al crimen organizado, así como la existencia y operación del programa nacional para la prevención del delito.
De igual manera se subrayó la importancia que han tenido los operativos coordinados para la seguridad y el orden, así como la coordinación interinstitucional a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) que ha dado pie a diversas estrategias como la Estrategia Nacional Antisecuestro o el nuevo modelo de desarrollo policial. A su vez se destacó la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Pero poco se mencionó sobre las fallas que subsisten en el sistema penitenciario, tampoco se mencionó a entidades como Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Colima o Veracruz (por mencionar solo algunas) donde la violencia aún impera. Tampoco presentaron diagnósticos certeros respecto a los escasos recursos destinados a ciertas áreas clave de la procuración de justicia, las carencias y áreas de oportunidad en dicha materia, así como en la atención de víctimas del delito. Esos temas fueron omitidos ya que aparentemente se cree que con la sola existencia de los ordenamientos jurídicos y normativos los problemas serán resueltos automáticamente.
Si hoy observamos entidades y municipios en condiciones graves de inseguridad, si la violencia en algunas regiones se ha mantenido, si no se ha cumplido a cabalidad la adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio, si no se ha cumplido con la Ley General de Víctimas, así como con diversos tratados internacionales que tutelan los derechos humanos, es también por la responsabilidad de autoridades locales y municipales.
Es momento de combatir a la corrupción y la delincuencia y de que comprometernos a realizar políticas públicas de seguridad humana sustentadas en diagnósticos reales e indicadores de desempeño e impacto; es momento de eliminar acciones que no han funcionado y trabajar en acciones reales.
Uno de los desafíos a los que nos enfrentamos los mexicanos, se encuentra en el reto de proteger nuestra dignidad, seguridad, propiedades, posesiones y derechos. Desde siempre con gran esfuerzo y trabajo los ciudadanos nos dicamos a construir un patrimonio, donde tratamos de salvaguardarlo y protegerlo, por lo cual hoy en día nos vemos con la necesidad de contar con medidas de seguridad y en algunos casos medidas extremas, las cuales son el resultado de reiteradas afectaciones del crimen en contra del patrimonio de las personas y de constantes intentos de robo.
México enfrenta en la actualidad muchos problemas en el ámbito jurídico, ya que resulta frecuente echarle la culpa a las leyes debido a que están muy mal redactadas, cuando posiblemente los errores están en quienes se dedican al litigio, o en quienes ocupan algún cargo en la procuración o en la administración de justicia.
En la actualidad la víctima que ante la agresión de un tercero actúa en defensa propia, está justificada por la ley. Sin embargo, no todo le está permitido hacer: existen límites para neutralizar el ataque, que deben tener una coherencia con el nivel de la agresión. De lo contrario, la víctima se convierte en victimario, desgraciadamente los modos de repeler el ataque a la propia integridad física o a cualquier otra agresión contra el derecho esencial del individuo, deben ajustarse a los límites de una racionalidad acorde con la gravedad del hecho.
Citando algunos ejemplos:
Una víctima de un robo en la vía pública, no puede sacar un arma y matar de un tiro al agresor, porque esto configuraría un exceso en su legítima defensa, convirtiendo a la víctima en un homicida.
Un hombre fue acusado de “exceso en la legítima defensa”, por haber matado a uno de los asaltantes que entraron a robarle a su casa e hirieron a su hijo, desgraciadamente se excedió en su derecho de legítima defensa desde el momento en que habiendo cesado el tiroteo que ponía en riesgo su vida y la de su familia, se atrincheró detrás de una mesa y continuó con los disparos.
Desgraciadamente no es lo mismo que en legítima defensa de su persona le dispare una sola vez al secuestrador, a que le dispare 10 tiros, porque no puede existir exceso en la legítima defensa. La legítima defensa tiene un sustento doctrinario en el sentido de que uno, para recuperar su bien tutelado, ejerza una determinada fuerza, pero sea lo suficiente para inmunizar y le permita salir corriendo. No es lo mismo si en el momento del forcejeo le quita el arma un disparo y después le vacía todo el cargador.
La esencia de la legítima defensa consiste, en la realización de una conducta típica para defenderse frente a una agresión ilegítima proveniente de un tercero.
El fundamento de esta causa de justificación es doble. Por una parte, la conducta se justifica por la necesidad de defensa de los bienes jurídicos que son objeto de la agresión ilegítima. Pero, además, el carácter antijurídico de la agresión hace surgir la necesidad de defensa del propio ordenamiento jurídico que el agresor pretende infringir, tal como lo expresa el clásico aforismo “el derecho no tiene por qué ceder ante lo injusto”. Este último aspecto explica que la legítima defensa permita llegar a todo lo lejos que sea necesario para evitar la agresión, aun cuando se causa un daño mayor al que se evita, y marca así la diferencia específica con otras causas de justificación, en particular, con el estado de necesidad.
Otro caso reciente sucedido en Chihuahua con un niño de tan solo 13 años, el cual dio mucho de que hablar, luego de que el menor asesinó a un delincuente que intentaba abusar de su madre en su casa. Los hechos sucedieron en una madrugada, cuando un hombre ingresó al domicilio del menor golpeando salvajemente a su madre mientras intentaba abusar de ella. El menor al escuchar los gritos de su madre, decidió bajar las escaleras y tomar la pistola de su padre con la cual comenzó a dispararle en repetidas ocasiones al hombre, quien falleció ahí mismo solo instantes después.
Desgraciadamente debido a la brutalidad del acto, el menor fue puesto a disposición de las autoridades para seguir de un proceso.
Lamentablemente en la actualidad, al intentar proteger nuestro patrimonio con la utilización de un arma de fuego, y al herir a la persona que pretenda saquear nuestra casa, nos podemos encontrar en serios problemas legales.
Se dice que nadie tiene derecho a hacer justicia por sus propias manos, pero desgraciadamente cuando alguna persona se encuentra amenazada por otra, y más cuando ves que tu familia se encuentra en peligro dentro de tu domicilio, es necesario actuar.
No es fácil dirigir las acciones en una situación así, pero es importante analizar que en circunstancias en las cuales una persona desconocida entra a tu domicilio cuando tu familia se encuentra dentro, se puede generar un campo de emociones violentas, las cual puede generar reacciones sin límite, lo cual hará que la racionalidad del medio empleado no funcione en ese momento, ya que en esas circunstancias está primero salvaguardar la vida de tu familia.
Sabemos que la legítima defensa es una excluyente de delito, la cual se debe demostrar en un proceso, donde se requiere de ciertos elementos para que se configure, pero ante ello es importante tener presente que a pesar de que en el caso de matar en defensa propia la agresión ilegítima será el ataque que el agresor realiza hacia la vida del defensor , pudiendo tener un desenlace mortal si este último no se defiende de manera drástica y de que la necesidad racional del medio empleado para impedir la agresión ilegítima supone utilizar un medio proporcional y adecuado al carácter del ataque, la gravedad del bien jurídico protegido y su naturaleza. En el caso de matar en defensa propia la necesidad racional del medio empleado elegido por el defensor para impedir ser asesinado es la de defenderse, el medio proporcional al ataque sufrido no debe de tener límites ante su agresor, ya que salvar la vida es lo principal.
Es tiempo de cambiar las cosas y aprovechar este nuevo sistema de justicia penal, en el cual la Ley este realmente a favor de afectado y no a favor del agresor.
Es importante dar el valor que corresponde al criterio de oportunidad, en donde exista la forma de garantizar una resolución positiva a la víctima, la cual en su caso puede resultar siendo imputado debido a los hechos que puedan suscitarse en su propia casa puedan orillarlo a actuar de manera irracional.
Actualmente los jueces son los que tienen la facultad de imponer medidas cautelares a los criminales, las cuales pueden ir desde la prisión preventiva hasta otras que implican el dejar al acusado en libertad, es por ello que es de gran importancia buscar alternativas eficientes y crear herramientas que ayuden a tener un mayor control de los criterios que se manejen en las penas a los imputados.
Con la ejecución del nuevo sistema de justicia penal, en todo el territorio mexicano se tienen que aplicar diversas políticas preventivas y medidas de control así como de supervisión, para que en verdad exista una nueva percepción de que las cosas van a cambiar.
En base a lo antes mencionado, es de gran importancia considerar que cuando el hecho punible se comete en el domicilio particular del acusado o imputado, el exceso de legítima defensa se reputará como defensa legítima, lo anterior a efecto de que la ley se encuentre a favor del afectado.
Esta consideración vuelve a poner en agenda el debate sobre cuándo se considera que una persona se defendió legítimamente dentro de su domicilio, este dilema es un debate histórico. A pesar de que existe una normativa concreta y definida al respecto, el tema y ejercicio de la legítima defensa suele generar peligros y traer consecuencias que no son las deseadas en un Estado democrático, fundamentalmente cuando en ella se involucran armas de fuego.
Es por ello que necesitamos revalorizar los límites éticos y morales que deben tenerse en cuenta ante una acción violenta por parte de un ciudadano a la hora de defenderse.
Debemos avanzar en la doctrina penal y hacer que nuestras leyes y códigos brinden mayores beneficios a las persona que se defienden estando dentro de su hogar, ya que es un derecho más amplio, es importante analizar cuando en un hecho hay exceso de los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, sin que sea considerado como culpa o imprudencia, cuando el hecho es por defensa de los seres queridos.
Es por ello que en caso de existir exceso en la legítima defensa por este tipo de situaciones, es necesario hacer que la ley esté a favor del afectado, siempre y cuando los acontecimientos suceden en la casa del antes mencionado, ya que en estos casos si existe un atraco dentro de tu casa con cualquier arma, el afectado en esos momentos no va estar pensando en que parte puede herirlo y en cual no, desgraciadamente en esos momentos de impotencia no se piensa, sólo se actúa.
En base a lo antes mencionado, es de gran importancia considerar que cuando el hecho punible se comete en el domicilio particular del acusado o imputado, el exceso de legítima defensa se reputará como defensa legítima, lo anterior a efecto de que la ley se encuentre a favor del afectado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 16 del Código Penal Federal y reforma el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales:
DecretoArtículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 16 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 16.- ...
Si el hecho punible se comete en el domicilio particular del acusado o imputado el exceso de legítima defensa se reputará como legítima defensa.
Artículo Segundo.Se reforma el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:
Artículo 405. ...
...
...
I. a III ...
De ser el caso, el Tribunal de enjuiciamiento también podrá tomar como referencia que el error de prohibición vencible solamente atenúa la culpabilidad y con ello atenúa también la pena, dejando subsistente la presencia del dolo, igual como ocurre en los casos de exceso de legítima defensa e imputabilidad disminuida. Salvo en el caso de que el delito o hecho con apariencia de delito se cometa en el domicilio particular del acusado o imputado, caso en el cual, el exceso de legítima defensa se reputará como legítima defensa.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.— Diputados y diputadas: Carlos Alberto de la Fuente Flores, Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Alejandro Armenta Mier, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Elías Octavio Iñiguez Mejía, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Cambranis Torres, Francisco Javier Pinto Torres, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Jesús Antonio López Rodríguez, Joaquín Jesús Díaz Mena, José Antonio Salas Valencia, Juan Alberto Zaldívar Blanco, Juan Corral Mier, Kathia María Bolio Pinelo, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Lilia Arminda García Escobar, Luis de León Martínez Sánchez, Luis Fernando Antero Valle, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María García Pérez, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Mercedes Aguilar López, Miguel Ángel Huepa Pérez, Pedro Garza Treviño, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Ulises Ramírez Núñez, Wenceslao Martínez Santos, Ximena Tamariz García (rúbricas).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado de la Fuente. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El diputado Francisco Javier Pinto Torres (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Pinto Torres, ¿con qué objeto, diputado?
El diputado Francisco Javier Pinto Torres (desde la curul): Bien. Con el objeto, presidenta, de solicitarle a nuestro compañero De la Fuente si nos permite adherirnos a la iniciativa, dada la inseguridad que están viviendo en muchos estados y creemos que es justa y válida la adecuación que propone.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: ¿Está de acuerdo, diputado Carlos de la Fuente? Está de acuerdo, y está aquí en la Secretaría para su adhesión. Gracias, diputado Pinto.
LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
El diputado Victoriano Wences Real:Con su venia, presidenta. Compañeros diputados, compañeros diputadas, vengo ante esta tribuna a presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII al artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Como ustedes conocen, existe un gran abuso en parte, de personas que prestan dinero con intereses elevados y que aprovechándose de las necesidades de sus deudores los hacen firmar en blanco, esto es que el título de crédito, el pagaré, sin estar rellenado. Pero este problema adquiere mayor magnitud cuando el suscriptor del pagaré no habla el idioma español.
Compañeros y compañeras, es importante que los indígenas deban de gozar de los derechos humanos que establece nuestra Carta Magna. Por ello, es de suma importancia realizar reformas integrales al marco jurídico vigente, en aras de garantizar su igualdad.
Necesitamos impulsar leyes y reformas que prevean las enormes diferencias que enfrentan. No queremos indígenas defraudados que aprovechándose de su buena voluntad son timados por personas sin escrúpulos, que aprovechan la ignorancia de los mismos para quitarles el poco dinero que tienen.
Ningún esfuerzo que se haga en favor de los indígenas será en vano. Si de por sí en su condición ya es apremiante, no es justo que muchas de las veces reciban algún recurso económico de familiares que decidieron emigrar fuera del país y que lo que tanto esfuerzo les ha costado, vengan a ser despojados por personas sin valores humanos que tienden a engañarles.
En las zonas indígenas son comunes los fraudes de casas y cajas ahorradoras, pero también son comunes operaciones mercantiles engañosas. Esto es hacer firmar pagarés a compañeras y compañeros indígenas sin que estos hablen el idioma español.
La presente propuesta tiene como objetivo el brindar a las y los indígenas que no hablen el español y que estén en una situación de haber firmado un título de crédito sin saber el contenido o el alcance del mismo, una defensa para ser ejercitada en la contestación de la demanda, lo que le daría la posibilidad de acreditar lo engañoso del acto mercantil.
Esta posibilidad de contradicción de la demanda bajo una efectiva defensa es asimilable a la que prevé la fracción IV del artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que si a un incapaz no se le considera con capacidad de ejercicio para celebrar una suscripción de títulos de crédito, los indígenas que no hablan español deberán gozar de esa defensa, lo que permitiría una defensa justa para quienes estén en estos supuestos.
No podemos seguir soslayando las enormes necesidades que tienen los integrantes de los pueblos originarios, pero también es necesario atender problemas de índole mercantil, como es el caso de la presente iniciativa de decreto que pretende precisamente atender un problema que se encuentra presente; pero no se ha hecho nada por tratar de remediarlo.
Debemos reconocer que en otras materias ya hay avances legislativos. Por ejemplo, el caso de las y los indígenas, en materia penal, siempre deben contar con traductores. En caso contrario, las actuaciones que se hagan sin esta asistencia podrán decretarse como nulas.
Hay que seguir trabajando para reducir las enormes desigualdades legales que enfrentan los indígenas. No podemos seguir permitiendo que muchos de ellos estén en la posibilidad de perder el patrimonio que tanto esfuerzo les ha costado construir por una supuesta deuda que en muchas ocasiones son fraudulentas. No queremos más indígenas timados. Debemos buscar el acceso efectivo a la justicia mercantil.
Compañeros y compañeras, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto.
Único. Se adiciona la fracción XII al artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue. Artículo 8, continúa igual de la fracción I a la XI, continúa igual.
XII. Tratándose de indígenas, lo que se funde en que el suscriptor no hable el idioma español. Esa es la fracción XII, transitorio.
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 135 constitucional. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
«Iniciativa que adiciona el artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD
Planteamiento del problema
El abuso de parte de personas que prestan dinero con intereses por encima del costo de capital de mercado y que aprovechándose de la necesidad inmediata de quien lo contrata, es siempre susceptible de realizarse fuera de las disposiciones y formalidades que la ley establece, en el caso de los títulos de crédito como el pagaré, es firmado en blanco, pero este problema adquiere mayor magnitud cuando el suscriptor del pagaré no habla el idioma español, y nos atrevemos a señalar que en muchas de las ocasiones las deudas contraídas se imponen de manera fraudulenta. Así, la condición del idioma se convierte en una limitante para quienes hablan una lengua originaria y sin entender o hablar el idioma español, los hacen firmar sin que éstos adviertan su condición de víctima y las previsiones para oponerse a las consecuencias jurídicas.
Argumentos
Las poblaciones indígenas tienen usos y costumbres propios. Poseen formas particulares de comprender el mundo y de interactuar con él. Visten, comen, celebran sus festividades, conviven y nombran a sus propias autoridades, de acuerdo a esa concepción que tienen de la vida, incluyendo sus prácticas comerciales y las formas de establecer acuerdos comerciales. Un elemento muy importante que los distingue y les da identidad, es la lengua con la que se comunican.
En México, 7 millones 382 mil 785 personas de 3 años y más hablan alguna lengua indígena, las más habladas son náhuatl, maya y tseltal. Siendo un orgullo, se vuelve un problema, ya que la lengua originaria no contiene los saberes o las interpretaciones que permitan una traducción fiel con el idioma español. Nuestras hermanas y hermanos indígenas se vuelven por esta situación un blanco fácil para aquellos oportunistas y defraudadores, que aprovechándose de esta condición realizan actos u operaciones mercantiles, haciendo firmar documentos sin que los indígenas en muchas ocasiones entiendan el contenido del título de crédito, ni mucho menos comprendan las obligaciones de índole mercantil que trae consigo la firma de un pagaré, que en todo caso es contrario a sus formas comunes de préstamo o pago.
Las medidas de defensas y excepciones para oponerse al título en los juicios ejecutivos mercantiles son insuficientes y no consideran la situación del dominio de la lengua, lo que significa que si un indígena sin comprender el significado de la suscripción de un pagaré lo firma no contará con los medios de oposición a los efectos del título por no estar prevista en la ley y quedaría condenado al pago de una deuda fraudulenta. La norma de la materia no prevé alguna defensa o excepción que se refiera a la falta del entendimiento en el idioma que se suscribe, por lo que resulta necesario adicionar una fracción al numeral 8 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, que deje sin dudas, los argumentos de defensa para nuestros hermanos indígenas que son llevados a juicio ejecutivo mercantil.
La presente propuesta tiene como objetivo brindar a las y los indígenas que no hablen el español o que siendo bilingües no lo comprendan lo suficiente y que estén en una situación de haber firmado un título de crédito sin saber el contenido o alcance del mismo; una defensa para ser ejercitada en la contestación de la demanda, lo que le daría la posibilidad de acreditar lo engañoso del acto mercantil.
No podemos seguir soslayando la necesidad de atender problemas de índole mercantil, como es el caso de la presente iniciativa que pretende precisamente atender el problema descrito.
Hay que seguir trabajando para reducir las enormes desigualdades legales que enfrentan los indígenas, no podemos seguir permitiendo que muchos de ellos estén en la posibilidad de perder el patrimonio que tanto esfuerzo les ha costado construir por una deuda contraída de forma fraudulenta, no queremos más indígenas timados, debemos de buscar el acceso efectivo a la justicia mercantil.
Fundamento legal
El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona la fracción XII al artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
Único. Se adiciona la fracción XII al artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue:
Artículo 8. ...
I. a XI. ...
XII. Tratándose de indígenas, la que se funde en que el suscriptor no hable el idioma español.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 135 constitucional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2017.— Diputado Victoriano Wences Real(rúbrica).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Wences Real. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 17 y 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado:Muchas gracias, presidenta, con su venia. La calidad de vida es entendida de manera muy simple, como la satisfacción de las necesidades colectivas e individuales, lo cual puede atenderse a través de la política económica y social de un gobierno.
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, son tres los aspectos para medir la calidad de vida, las habilidades tales como conocimientos adquiridos, la experiencia y la capacidad de vinculación con el entorno social. Las condiciones materiales de vida que incluyen ingreso, consumo, vivienda, acceso a servicios de salud y educación, condiciones de empleo, entre otros. Las condiciones externas, es decir, el ambiente económico, social e institucional, en el cual los individuos se desarrollen.
En este sentido, en junio de 2013 la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres trabajó un nuevo marco de referencia que tendrá que ser transformador al abordar los impedimentos estructurales para la igualdad entre mujeres y hombres, así como el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, con el fin de mejorar la calidad de vida del género femenino en todo el mundo.
Recordemos que a nivel internacional, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el programa de acción acordado por 179 países en la Conferencia Internacional sobre Población de Desarrollo de 1994, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, conocida como la Declaración de Beijing, así como la Plataforma de Acción que de ella resultó y más recientemente las conclusiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible derivaron en la creación de un resolutivo por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas para incorporar como uno de los objetivos y ejes del desarrollo del milenio en el tema de igualdad de género.
En la Cumbre del Río+20 en materia de desarrollo sostenible, se conoció que los objetivos, las metas y los indicadores, incluyendo indicadores sensibles al género, son valiosos para medir y acelerar el proceso hacia el desarrollo sostenible y que algunas de estas fuentes de desigualdades como la discriminación, basada en género, constituye una injusticia difundida en todas las sociedades.
Por lo señalado, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos que se debe modificar nuestro ramo legal en materia de género, tomando como referencia la Declaración del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas en donde la importancia de la igualdad de género se observa a través de un objetivo independiente.
Por todo ello, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Igualdad Entre Mujeres y Hombres, con lo cual se pretende cumplir con los compromisos de la agenda Río+20 de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible respecto al tema de género.
Si bien esta agenda es ambiciosa, no se puede dejar de reconocer que se trata de acciones importantes para abonar en la lucha por el empoderamiento e inclusión plena de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, lo cual sin duda es responsabilidad de todos. Es cuanto, muchas gracias.
«Iniciativa que adiciona los artículos 17 y 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, diputados federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, bajo la siguiente
Exposición de MotivosLa calidad de vida es entendida de manera muy simple como la satisfacción de las necesidades colectivas e individuales, lo cual puede atenderse a través de la política económica y social de un gobierno.
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo son tres los aspectos para medir la calidad de vida:
• Las habilidades, tales como conocimientos adquiridos, las experiencias y la capacidad de vinculación con el entorno social.
• Las condiciones materiales de vida que incluyen ingreso, consumo, vivienda, acceso a servicios de salud y educación, condiciones de empleo, entre otros.
• Las condiciones externas, es decir, el ambiente económico, social e institucional en el cual los individuos se desarrollan.
En este sentido, en el mes de junio de 2013, la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), en su función de organización líder con un mandato global de promover la igualdad de género, los derechos y el empoderamiento de las mujeres, trabajó un nuevo marco de referencia que tendrá que ser transformador al abordar los impedimentos estructurales para la igualdad entre mujeres y hombres, así como el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, con el fin de mejorar la calidad de vida del género femenino en todo el mundo.
En este contexto es que se dan a conocer los objetivos de desarrollo Sostenible (ODS), los cuales establecen las acciones y políticas de transversalización que permita robustecer el trabajo a favor del desarrollo humano atendiendo a consideraciones de género.
Recordemos que a nivel internacional la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); el Programa de Acción acordado por 179 países en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994 (CIPD); la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 conocida como la Declaración de Beijing, así como la Plataforma de Acción que de ella resultó; y, más recientemente, las conclusiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) derivaron en la creación de un resolutivo por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas para incorporar como uno de los objetivos y ejes del desarrollo del milenio en el tema de igualdad de género.
Las conclusiones que presentó ONU-Mujeres establecen acciones que los países miembros deben ejecutar para eliminar y prevenir todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, siendo la discriminación y falta de oportunidades las actitudes sociales más arraigadas y difíciles de erradicar.
Por lo anterior, en el marco normativo universal se reconoce que el logro de la igualdad de género, los derechos y el empoderamiento de las mujeres es relevante en todas partes del mundo y responsabilidad de todos, más cuando se trata del ámbito de la política pública.
De hecho, la prioridad global asignada a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres conllevó a la inclusión de un objetivo independiente para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los objetivos de desarrollo del milenio mediante algunas metas e indicadores.
El documento de resultados de Río+20 afirma que: “Se reconoce que la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres son importantes para el desarrollo sostenible y nuestro futuro común. Reafirmamos nuestros compromisos de asegurar a las mujeres igualdad de derechos, acceso y oportunidades de participación y liderazgo en la economía, la sociedad y la adopción de decisiones políticas.”
Además en este instrumento marco internacional, se señala que hoy los países deben tener un enfoque comprensivo, en donde las personas sean verdaderos agentes transformadores de la sociedad para crear colectivos universales que aborden las tres dimensiones del desarrollo sostenible que son: desarrollo social, económico y ambiental respetuoso con el presente y sin comprometer el futuro.
En consecuencia, los gobiernos deben trabajar para garantizar la rendición de cuentas a través de marcos de monitoreo robustos y estadísticas actualizadas y confiables, con el objetivo de captar y contar con metas dentro de los factores catalíticos centrales para el logro de la igualdad de género, los derechos y el empoderamiento de las mujeres.
Adicionalmente, las metas específicas de género deben ir integradas en otros objetivos para asegurar el logro de los mismos al abordar las áreas específicas de la discriminación basada en género que limitan las posibilidades de erradicar la pobreza, creando pautas de consumo sostenible y producción, promoviendo la gobernabilidad transparente y responsable, garantizando el acceso a la educación de buena calidad y al cuidado de la salud, asegurando el acceso sostenible al agua y la energía eléctrica a la vez que se protege el medio ambiente.
Lo anterior se puede resumir en la propuesta de la Agenda que dio a conocer los objetivos de desarrollo sostenible sobre las metas para alcanzar la igualdad de género, los derechos y el empoderamiento de las mujeres de la siguiente manera:
• Protección frente a la violencia contra las mujeres y niñas. Acciones concretas para eliminar el miedo y/o experiencia debilitante de la violencia tienen que ser un elemento central de cualquier marco en el futuro.
• La igualdad de género en la distribución de las capacidades (conocimientos, buena salud, salud sexual y reproductiva, derechos reproductivos de las mujeres y niñas adolescentes) así como al acceso a recursos y oportunidades incluyendo la tierra, trabajo digno e igual paga para construir la seguridad económica y social de las mujeres.
• La igualdad de género en el poder de decisión en instituciones públicas y privadas, en parlamentos nacionales y concejos locales, así como en los medios de comunicación y la sociedad civil, la gestión y la gobernabilidad de empresas y en las familias y las comunidades.
En lo que se refiere a la Cumbre Río+20 en materia de desarrollo sostenible, en ella se reconoció que los objetivos, las metas y los indicadores -incluyendo indicadores sensibles a género- son valiosos para medir y acelerar el progreso hacia el desarrollo sostenible, y que algunas de estas fuentes de desigualdades como la discriminación basada en género constituye una injusticia difundida en todas las sociedades.
Por lo ya señalado, es que en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos que se debe modificar nuestro marco legal en materia de género tomando como referencia la Declaración del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, en donde la importancia de la igualdad de género se observa a través de un objetivo independiente el cual establece que:
“Es crucial que cualquier nuevo marco global conserve este enfoque por los siguientes motivos:
Se necesita un objetivo transformador e independiente para encaminar el avance de los cambios y promover y monitorear el cambio en los determinantes estructurales de la desigualdad basada en género. Las desigualdades de género en el acceso a recursos, conocimiento y salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos - incluidos aquellos para las niñas adolescentes- y en las oportunidades de participar en la toma de decisiones públicas y privadas, siguen siendo una fuente de grandes injusticias en el mundo.
Es decir, hoy ONU-Mujeres nos invita a trabajar en diversos temas para erradicar la violencia y la desigualdad entre los géneros, desde la perspectiva del desarrollo sostenible, como se observa en las conclusiones de la Cumbre de Río+20, entre las que destacan:
a) Educación.Indica que la educación de las niñas debe ir más allá de la mera paridad numérica, para abordar la igualdad de resultados del aprendizaje y oportunidades iguales, incluyendo la movilización de intervenciones más enérgicas para ayudar a las niñas a completar la educación primaria, secundaria y terciaria. Las iniciativas de educación sensible a género deben ser enfocadas en la calidad de educación de las niñas y el mejoramiento de la seguridad en y alrededor de las escuelas.
b) Agua. Aborda el hecho de que las mujeres son fundamentales en la obtención de agua, alimentos y combustible para sus familias y comunidades. La creciente pérdida de bosques, la degradación de la Tierra y la disminución de la calidad y cantidad de agua dulce socavan la subsistencia de las mujeres, incluyendo su acceso a recursos, activos productivos y servicios esenciales.
c) La sostenibilidad ambiental con perspectiva de género.Ésta garantizaría el acceso sostenible de las mujeres al agua segura y el saneamiento; seguridad alimentaria, agricultura y energía.
d) Crecimiento y el Empleo. Indica que las mujeres sufren discriminación al intentar acceder a los mercados laborales; están sobrerrepresentadas en los empleos vulnerables; y reciben sueldos más bajos que los de los hombres por trabajo de igual valor. El crecimiento económico sostenible requerirá de iniciativas sensibles al género para eliminar las barreras a la entrada de las mujeres en el mercado laboral, tales como la provisión adecuada de servicios sociales e infraestructura; la distribución más equitativa de las tareas domésticas; y la garantía de la realización de sus derechos.
e) Salud.Muestra que aún existe la necesidad de garantizar el acceso a servicios universales y asequibles de cuidado de la salud, que prevengan la exclusión de mujeres y niñas. La salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, incluyendo los conocimientos sobre las infecciones transmitidas sexualmente como el VIH, son cruciales para la salud y bienestar del individuo, la familia y la comunidad, por lo cual requieren de servicios de salud integral e integrada de buena calidad, así como el asesoramiento e información para mujeres y niñas.
Los elementos citados, según ONU-Mujeres son importantes para erradicar la violencia y discriminación por el hecho de que las mujeres experimentan el gobierno débil de una manera distinta a los hombres, pues la falta de gobernanza ha implicado una disparidad en oportunidades de acuerdo al género en temas de economía y sistemas de protección social. Es decir, entre más desigualdad mayor oportunidad laboral para los varones e incremento de apoyos y subsidios para las mujeres por el Estado como medida de compensación.
Respecto al tema de economía, ONU-Mujeres señala que a nivel mundial se asumen y reproducen las posiciones marginales de las mujeres en los mercados y las firmas, o donde la corrupción resulta en menos recursos para financiar los servicios públicos de los que ellas dependen.
Por su parte, nuestro país no es ajeno a este contexto internacional en pro de la dignificación de la vida de las mujeres y el logro de una verdadera igualdad sustantiva entre los géneros. Lo anterior ha derivado en la creación por parte de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto de políticas y acciones concretas para hacer realidad la igualdad de género en el marco legal nacional como se observa en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres .
En el Programa Nacional en cita se señala que la situación de las mujeres mexicanas en números se observan los siguientes padrones de comportamiento:
“Actualmente cerca de la cuarta parte de los hogares mexicanos tienen como jefa a una mujer.
Uno de cada cinco hogares encabezado por una mujer es unipersonal. En el caso de los hombres es menos de uno de cada 10. El 44 por ciento de aquellos hogares con jefatura femenina son nucleares, comparado con el 70 por ciento de los correspondientes a la masculina.
El 79.3 por ciento de los hogares familiares con jefatura femenina son hogares en los que la jefa de familia no tiene pareja pero sí hijos, siendo ésta la característica más frecuente de los hogares con jefatura femenina.
Por otra parte, en el 80.6 por ciento de los considerados familiares encabezados por hombres hay una pareja presente e hijos, que es el tipo de hogar más común entre los de jefatura masculina.
Poco menos de la mitad de las jefas sin pareja y con hijos no tienen escolaridad o sólo cuentan con la primaria, mientras que la mayoría de los jefes con pareja e hijos tienen al menos algún grado de secundaria aprobado, y 14.3 por ciento ha aprobado algún grado universitario.
Un 35.5 por ciento de los hogares encabezados por una mujer tienen un solo perceptor de ingresos, mientras que el porcentaje para hogares con jefatura masculina es de 28 por ciento. Tanto para hogares con jefatura femenina como masculina, la proporción con dos perceptores es alrededor de uno de cada tres”.
En conclusión, México es formalmente un promotor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos, tal y como ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha establecido. Sin embargo, ahora es necesario que nuestro país reconozca en el marco de la ley, la creación de políticas y acciones públicas con enfoque de género desde el punto de vista del desarrollo sostenible.
En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sabemos que el logro de la igualdad de género, los derechos y el empoderamientos de las mujeres siguen siendo un asunto pendiente. En este sentido, nuestra visión en el tema es dar seguimiento y cumplimiento al Programa de ONU-Mujeres, inspirada en tres fuentes:
Primero. El marco normativo de derechos humanos, que incluye los principios de universalidad, no-regresión, no discriminación e igualdad sustantiva.
Segundo. Las evidencias, basadas en investigación sobre factores económicos, sociales y políticos y enfoques de políticas con la mayor probabilidad de generar caminos para que las mujeres y niñas puedan articular fuertes demandas de igualdad y realizar sus diversos e interconectados derechos -económicos, sociales y culturales- así como los derechos civiles y políticos.
Tercero. Las lecciones aprendidas de la historia de la acción colectiva de las mujeres, que han logrado avances importantes para los derechos de las mujeres a nivel global, regional y nacional, a través de la movilización de la ciudadanía para exigir rendición de cuentas a los titulares de deberes.
Por todo ello, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México proponemos la presente iniciativa que pretende reformar la Ley General de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para la inclusión en las acciones y políticas públicas del Programa Nacional que cumplan los compromisos de la Agenda Río+20 de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible respecto al tema de género, entre los que se encuentran:
a) La erradicación de la pobreza, seguridad alimentaria, nutrición y agricultura sostenible;
b) Ciudades y asentamientos humanos sostenibles; salud y población;
c) Promoción de empleo pleno y productivo, trabajo digno para todos y protección social;
d) Recuperación de océanos y mares;
e) Reducción de riesgos de desastres, desertificación, degradación de tierras y sequías;
f) Educación.
Por lo anterior, someteos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres
Artículo Único. Se adiciona una fracción XIII al artículo 17; y se adiciona un tercer párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como a continuación se presenta:
Artículo 17. La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural. La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá considerar los siguientes lineamientos:
I. a XII. (...)
XIII. Adoptar las medidas necesarias para alcanzar el desarrollo urbano sustentable, con acciones para la erradicación de la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria, nutrición y agricultura sustentable; además de creación y generación de ciudades y asentamientos humanos resilientes, que cuenten con espacios de salud y esparcimiento para la población; la promoción de empleos plenos y productivos para las mujeres y hombres con igualdad de salarios; acciones para la recuperación de zonas rurales y apoyo al campo; la reducción de riesgos de desastres, desertificación y degradación de la tierra; y reducir las brechas de desigualdad en educación entre hombres y mujeres.
Artículo 29. (...)
(...)
En el Programa Nacional se podrán adoptar las medidas necesarias para alcanzar el desarrollo urbano sustentable, con acciones para la erradicación de la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria, nutrición y agricultura sustentable; además de creación y generación de ciudades y asentamientos humanos resilientes, que cuenten con espacios de salud y esparcimiento para la población; la promoción de empleos plenos y productivos para las mujeres y hombres con igualdad de salarios; acciones para la recuperación de zonas rurales y apoyo al campo; la reducción de riesgos de desastres, desertificación y degradación de la tierra; y reducir las brechas de desigualdad en educación entre hombres y mujeres.
TransitoriosArtículo Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Las acciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento al presente Decreto se sujetarán a los programas presupuestarios en la materia y se cubrirán con los recursos que apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.
Notas
1 Visible en el Diario Oficial de la Federación. 30 de abril del año 2014.
2 Véase: Décima Época. Registro: 2009084. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, mayo de 2015, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CLX/2015 (10a.). Página: 431. Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y violencia. Las autoridades se encuentran obligadas a adoptar medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia en su actuación.
El derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género, lo cual pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. De conformidad con el artículo 1o. constitucional y el parámetro de regularidad constitucional, la obligación de todas las autoridades de actuar con la debida diligencia adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres. En dichos casos, el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales. En los casos de violencia contra las mujeres, las autoridades estatales deben adoptar medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia. Estas medidas incluyen un adecuado marco jurídico de protección, una aplicación efectiva del mismo, así como políticas de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias. Incumplir con esa obligación desde los órganos investigadores y los impartidores de justicia puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situación particular.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de marzo de 2017.— Diputados: Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Márquez Alvarado. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra la diputada Paola Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar en una misma intervención tres iniciativas. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Sobre el Contrato de Seguro; iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados; e iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 43 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por cinco minutos.
La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz:Con la venia de la Presidencia. En donde las grandes empresas abusan de los ciudadanos con la complacencia de las autoridades no existe ni justicia ni democracia.
Compañeros y compañeras legisladores, si bien contar con algún tipo de seguro nos da tranquilidad, el problema comienza cuando las empresas prestadoras de servicios y las aseguradoras, en contubernio, de manera arbitraria y abusiva les imponen un seguro a los ciudadanos que no solicitaron, que no quieren y que aun así, los obligan a pagar.
Peor aún. Una vez hecho el cobro, muchos ni siquiera cuentan con una póliza que haga explícito el beneficio de las condiciones del seguro y tampoco se les envía el respectivo comprobante fiscal.
La cantidad que cobran por el seguro a veces pasa desapercibida en un principio, sin embargo cuando se dan cuenta y quieren cancelar el seguro, la empresa que lo está cobrando responde que no es asunto suyo y que deben llamar directamente a la aseguradora. Por supuesto, el teléfono suena, suena, suena, y tarda uno semanas en poderse comunicar, haciendo de esto un martirio.
El problema es que los usuarios de un servicio, por ejemplo de telefonía o bancario que nunca solicitaron un seguro o bien no se enteraron de que era gratis por cierto tiempo y que si no lo querían lo debían de cancelar, ven vulnerados sus derechos debido a que la publicidad en todos los casos es poco clara, engañosa e inexistente.
Es importante resaltar que el conflicto no es entre dos particulares o entre un particular y un pequeño negocio, es con una gran empresa que cuenta con los recursos suficientes, incluso con áreas jurídicas completas que se hacen cargo de cualquier queja que se presenta en contra de sus servidores.
Para darnos una idea clara de la dimensión del problema, hay que señalar que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, durante el primer semestre del 2015 atendió aproximadamente 15 mil 513 reclamaciones relacionadas con la contratación de seguros, de las cuales solamente el 37 por ciento resultaron favorables para el usuario.
Es por eso que resulta imperativo reformar la Ley sobre el Contrato de Seguros para establecer que el contrato de seguro será válido únicamente con la firma autógrafa del contratante, para impedir que las empresas aseguradoras continúen abusando y engañando a las personas, otorgando seguros sin la autorización de los usuarios.
Lo anterior para evitar que las y los ciudadanos se sigan viendo afectados por las obligaciones que nunca aceptaron contraer o que en muchas ocasiones ni siquiera se habían enterado de que los contrajeron.
Por ello con el fin de evitar dicha práctica se propone establecer en la ley que los contratos de seguros que no cuenten con la firma autógrafa del contratante, no producirán efecto alguno legal; que la aseguradora sea sancionada con el reintegro del doble del total de las primas pagadas a solicitud del asegurado, que en un plazo mínimo de 48 horas posterior a la firma del contrato la aseguradora debe entregar en forma física la póliza correspondiente.
Pongo a su consideración esta iniciativa porque desde esta Cámara de Diputados debemos de actuar para hacer frente a los abusos y engaños que afectan a nuestros representados, sin importar los colores ni partidos, debemos solidarizarnos con los miles de ciudadanos que se encuentran indefensos ante los abusos de las empresas y las aseguradoras. Debemos reformar la ley para evitar que los ciudadanos sean víctimas de arbitrariedades y poner fin de una por todas a esta problemática.
Es cuanto, presidente, y también agregar que las otras dos iniciativas fueron turnadas a comisión. Muchísimas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita diputada federal integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley sobre Contrato de Seguro, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEn México, el sector asegurador presenta un importante crecimiento, ya que para la población, contratar un seguro representa contar con mayor seguridad, ante la presencia de diversas situaciones que pongan en riesgo su patrimonio (dinero, bines muebles e inmuebles), salud e incluso su vida, toda vez que cuentan con una protección ante alguna eventualidad.
El artículo 1o. de la Ley sobre el Contrato de Seguros, establece de acuerdo con sus elementos específicos, el concepto de contrato de seguro, “la empresa aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato”. El cual de manera concisa, tiene como fines principales:
• Definir el riesgo que se ha transferido.
• Determinar las condiciones en que el contrato tiene aplicación.
• Establecer el procedimiento para liquidar los siniestros.
La prima a que se hace referencia en el concepto de contrato de seguro “es la aportación económica que ha de pagar el contratante o asegurado a la compañía aseguradora por la contraprestación de la cobertura de riesgo que ésta le ofrece”.
Actualmente, la ley prevé dos tipos de instituciones de seguros: las Compañías de Seguros (instituciones constituidas como sociedad anónima cuya función principal es la de asumir riesgos mediante el pago de una prima); y las instituciones mutualistas (entidad aseguradora constituida por la asociación de personas que se reparten entre sí los riesgos que individualmente les corresponden, fijando cada una de ellas lo que habrá de contribuir para resarcir los daños o pérdidas de la colectividad).
A pesar de los beneficios que reportan los diversos tipos de seguros tanto para las personas físicas como los morales, de unos años para acá, las y los ciudadanos han venido denunciando la solución de un problema que se ha hecho cada vez más recurrente: El cobro de seguros que nunca solicitaron.
Las aseguradoras por sí mismas o a través de terceras empresas cobran seguros en los estados de cuentas de las tarjetas de crédito, débito o departamentales, en los recibos de telefonía fija o móvil, en las membresías deportivas, entre otros, sin que dichos seguros hayan sido solicitados y menos autorizados por los usuarios de los servicios a los cuales se hace el cobro. Peor aún, una vez hecho el cobro ni siquiera cuentan con una póliza que haga explícito el beneficio y las condiciones del seguro, así como tampoco se les envía el respectivo comprobante fiscal.
Generalmente son cobros de cantidades mensuales no tan onerosas que van de los 30 a los 150 pesos mensuales, lo que muchas veces hace que en primera instancia en los estados de cuenta pasen desapercibidos. El hecho es que los usuarios del servicio nunca solicitaron el seguro, o bien, no se enteraron que era gratis por un mes y que si no lo querían deberían haber cancelado, publicidad que en todos los casos es poco clara, engañosa o inexistente.
En el supuesto de que hayan reclamado a tiempo, se les pide que cancelen vía telefónica, a un número que generalmente deja en espera de 30 o 40 minutos antes de que un ejecutivo pueda tomar la llamada, en caso de que no se corte la misma o que el menú de opciones sea eficiente. Horas, días semanas e incluso meses ha llevado a los ciudadanos poder cancelar un seguro, en caso de haberlo logrado porque en ocasiones es tan complicado que prefieren seguir pagando una mensualidad por algo que no quieren y que en los hechos muchas veces tampoco tienen.
Además, cuando acuden personalmente a reclamar a la empresa con la que sí contrataron el servicio, la respuesta es que el producto no es de ellos que pertenece a una empresa aseguradora y que no es posible ningún trámite o cancelación ya que son empresas y servicios independientes.
Lo anterior, a pesar de que se carga en el estado de cuenta de la empresa con la que se solicitó el servicio (tarjeta de crédito, telefonía, televisión de paga, membresía, entre otros) y la cual autorizó el uso de los datos personales, autorizó el cargo del seguro y además obliga al pago del mismo, ya que éste va asociado al crédito o al servicio. Por lo tanto, negarse a pagar el seguro, implica no pagar una parte del crédito o el servicio con las consecuencias consabidas, tales como: interés moratorio, penalización por pago tardío, interés sobre interés, cancelación del servicio, buró de crédito, etcétera, etcétera, etcétera.
Generalmente, los seguros son: de vida, gastos médicos, asistencia vial, asistencia jurídica, desempleo, robo, asistencia en el hogar, entre otros. Existen casos tan absurdos que los usuarios pagan seguros de asistencia vial para automóviles y no tienen auto.
Resulta importante resaltar el hecho de que estos problemas no se tratan de conflictos entre dos particulares o entre un particular y un pequeño negocio, sino que se trata de una clara desigualdad entre empresas multimillonarias (transnacionales) que tienen los recursos económicos y jurídicos suficientes para presionar a los particulares. En tanto que los particulares son ciudadanos que en la inmensa mayoría de las veces quedan en estado de vulnerabilidad e indefensos ante estas empresas: obreros, estudiantes, amas de casa, empleados, trabajadores independientes, etcétera, que no cuentan ni con los recursos necesarios, ni con el tiempo para hacer frente a estos grandes consorcios.
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, durante el primer semestre de 2015, atendió reclamaciones en materia de seguros, destacándose lo siguiente:
• Se presentaron 15 mil 513 reclamaciones relacionadas con la contratación de seguros, de las cuales, 37.5 por ciento resultaron favorables para el usuario.
• De los casos favorables, un 47 por ciento concierne a seguro de vida, 31 por ciento a seguro de automóvil, 6 por ciento a seguro contra accidentes personales y 4 por ciento a seguro para gastos médicos mayores.
• Respecto a las causas, los cinco temas más recurrentes son: incumplimiento con los términos del contrato o póliza, negativa en el pago de indemnización, cancelación no atendida del contrato o póliza no contratada, solicitud de cancelación del contrato no atendido o aplicado e inconformidad con el monto de la indemnización.
A este respecto, es de precisar que el marco legal vigente regula que el contrato de seguro se perfecciona desde el momento en que el proponente tuviere conocimiento de la aceptación de la oferta (art. 21 de la Ley sobre el Contrato de Seguro), es decir no necesariamente debe constar en documento alguno, toda vez que no se establece cómo debe ser ese conocimiento, por lo que ha de entenderse que el consentimiento puede ser expreso o tácito.
El Código Civil Federal, en el artículo 1803, precisa que se debe entender por consentimiento expreso o tácito, entendidos como:
• Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos.
• El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente.
Ante este escenario, resulta imperativo reformar el artículo 19 y 21 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, para establecer que el contrato de seguro se perfeccionará con la firma autógrafa del contratante, con lo cual, las empresas aseguradoras estarán imposibilitadas de continuar con el otorgamiento de seguros sin la autorización de los usuarios, evitando se enfrenten a las obligaciones que nunca aceptaron contraer o que en muchas ocasiones ni siquiera se habían enterado de que las contrajeron.
Asimismo, con el objeto de evitar que las empresas continúen otorgando seguros sin el consentimiento de los usuarios, se propone la adición de un artículo 31 Bis, que establezca, que los contratos de seguros concertados sin que se cuente con la firma autógrafa del contratante, no producirán efecto legal alguno, sin perjuicio del derecho del contratante o asegurado de pedir el reintegro de las primas pagadas, mismas que deberán ser restituidas por la aseguradora por el doble de la cantidad pagada.
Finalmente, es necesario reformar el artículo 20, a fin de establecer que en un plazo no mayor a 48 horas posteriores a la firma del contrato de seguro, la empresa responsable deberá entregar al contratante en formato físico la póliza correspondiente, con el fin de brindar seguridad y evitar confusiones en las coberturas contratadas por cada usuario.
Es necesario contar con una legislación que proteja al usuario de las empresas que incurren en prácticas no éticas, debemos de tener en cuenta es un problema que afecta a miles de personas a nivel nacional, e incluso a nosotros mismos, quienes en algún momento de nuestra vida también hemos sido víctimas de estos hechos, o en algún momento podemos llegar a serlo.
Por lo anteriormente fundado, se somete a consideración el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro
Artículo Único. Se reforma el artículo 19; se adiciona un último párrafo al artículo 20; se reforma la fracción I, del artículo 21; y, se adiciona un artículo 31 bis, todos de la Ley sobre el Contrato de Seguro, para quedar como sigue:
Artículo 19. Para fines de prueba, el contrato de seguro, así como sus adiciones y reformas, se harán constar por escrito. Ninguna otra prueba, salvo la confesional, será admisible para probar su existencia.
Artículo 20. La empresa aseguradora estará obligada a entregar al contratante del seguro, una póliza en la que consten los derechos y obligaciones de las partes. La póliza deberá contener:
I. Los nombres, domicilios de los contratantes y firma de la empresa aseguradora;
II. La designación de la cosa o de la persona asegurada;
III. La naturaleza de los riesgos garantizados;
IV. El momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de esta garantía;
V. El monto de la garantía;
VI. La cuota o prima del seguro;
VII. En su caso, la mención específica de que se trata de un seguro obligatorio a los que hace referencia el artículo 150 Bis de esta ley, y
VIII. Las demás cláusulas que deban figurar en la póliza, de acuerdo con las disposiciones legales, así como las convenidas lícitamente por los contratantes.
En un plazo no mayor a 48 horas posteriores a la firma del contrato de seguro, la empresa aseguradora deberá entregar al contratante en formato físico la póliza a que se refiere el presente artículo.
Artículo 21. El contrato de seguro:
I. Se perfecciona con la firma autógrafa del contratante. En los seguros mutuos será necesario, además, cumplir con los requisitos que la ley o los estatutos de la empresa establezcan para la admisión de nuevos socios.
II. No puede sujetarse a la condición suspensiva de la entrega de la póliza o de cualquier otro documento en que conste la aceptación, ni tampoco a la condición del pago de la prima;
III. Puede celebrarse sujeto a plazo, a cuyo vencimiento se iniciará su eficacia para las partes, pero tratándose de seguro de vida, el plazo que se fije no podrá exceder de treinta días a partir del examen médico, si éste fuere necesario, y si no lo fuere, a partir de la oferta.
Artículo 31 Bis. Los contratos concertados en contravención a lo dispuesto en la fracción I, del artículo 21 de esta ley, no producirán efecto legal alguno, sin perjuicio del derecho del contratante o asegurado de pedir el reintegro de las primas pagadas. Las cuales deberán ser restituidas por la aseguradora por el doble de la cantidad pagada.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/211.pdf
2 http://www.seguros-seguros.com/contrato-de-seguros.html
3 Idem.
4 http://www.seguros-seguros.com/seguros-instituciones.html
5 http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/seguros/577-seguro-que-tu-seguro-e s-seguro
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.— Diputadas: Sara Paola Galico Félix Díaz,Blanca Margarita Cuata Domíngez (rúbricas).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada Paola Félix Díaz. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz:
«Iniciativa que reforma el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada federal integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los numerales 3, 4 y 5 del artículo 182; numeral 2 del artículo 183, numeral 2 del artículo 184 y el numeral 1 del artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente
Exposición de motivosEl proceso legislativo se entiende como el conjunto de pasos a seguir para producir una modificación legal o para expedir una nueva ley, este procedimiento se encuentra regulado en la Constitución, en la Ley Orgánica del Congreso y en el Reglamento de la Cámara de Diputados. Dicho procedimiento está compuesto por seis pasos, a saber: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de vigencia.
La iniciativa es el acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo.
El derecho de iniciar leyes o decretos compete por mandato de la ley fundamental a:
1. El presidente de la república;
2. Los diputados y senadores al Congreso de la Unión;
3. Las Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México; y
4. Los ciudadanos.
El derecho de iniciativa, como se establece en el Reglamento de la Cámara de Diputados (RCD), implica también el derecho a ser retirada.
Todo derecho para que sea efectivo implica una obligación, en este caso, a ser dictaminada en sentido positivo o negativo y, desde luego, a ser votada en el seno de la o las comisiones respectivas y por el pleno; sin embargo esto no siempre es así de ahí el objeto de la presente iniciativa.
El RCD establece en el artículo 77 que:
1. “El derecho de iniciativa es irrestricto, pero en el caso de las que presenten las diputadas y los diputados, su turno se sujetará a los requisitos y trámites establecidos en este Reglamento.
2. El derecho de iniciativa comprende también el derecho a retirarla, éste lo podrá ejercer sólo el autor, desde el momento de su admisión y hasta antes de que la comisión o comisiones a las que se haya turnado acuerden un dictamen o antes de que se tenga por precluida la facultad para dictaminar...
3. ...........................
4. ...........................”
La preclusión viola el derecho de los iniciantes, toda vez que si bien no se les impide la presentación tampoco se les asegura el análisis de su propuesta. Derecho que como hemos dicho líneas atrás está ordenado por la Constitución. La decisión de no analizar, discutir y resolver sobre una propuesta es discrecional; es decir, no existe un motivo justificado legalmente para ello, si bien la carga de trabajo de las dictaminadoras, la falta de tiempo y de personal ha sido el argumento esgrimido para ello, también es verdad que muchas veces la preclusión responde a consideraciones “políticas”, entendiendo por éstas intereses particulares.
La preclusión atenta en contra de la naturaleza deliberativa de la Cámara de Diputados y de sus comisiones, así como contra el objeto de creación de las mismas.
Como lo señala la norma reglamentaria, las comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
De ahí que el citado Reglamento establece que un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del pleno sin que se presente el dictamen de comisión respectivo cuando se trate de iniciativas que no hubieran sido dictaminadas por la comisión responsable, lo cual por práctica parlamentaria no se lleva a cabo, lo que implica que se está violando la norma. Sin embargo, lo anterior no se lleva a cabo por “práctica parlamentaria”, la cual, dicho sea de paso, nunca podrá estar por encima de las normas jurídicas.
A mayor abundamiento, es de señalar que la norma ordena que no se puede someter a consideración una iniciativa que no cumpla con los mínimos requisitos jurídicos y técnicos. Revisión que está a cargo de la Conferencia y la cual no lleva a cabo.
La situación anómala empieza en que los grupos parlamentarios no han logrado a través del tiempo lograr una adecuada estructura y orden en sus agendas legislativas, cuando una de las funciones del Grupo Parlamentario es precisamente promover la actuación coordinada de los diputados y diputadas, a efecto de llevar a cabo el ejercicio y el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales establecidas en sus principios, postulados, plataforma electoral y agenda legislativa del partido del que forman parte.
De igual forma, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y la Secretaría de Servicios Parlamentarios no cumplen cabalmente con la función legalmente establecida. Así, la dictaminación y el sentido de la misma, lamentablemente las más de las ocasiones, responden a otros intereses y no necesariamente al de la modernización y el perfeccionamiento de las leyes.
Si bien, como lo veremos en los cuadros posteriores las iniciativas en cada legislatura se cuentan por miles, también debemos reconocer que no todas presentan los requerimientos mínimos de técnica legislativa y que muchas de ellas presentan inconsistencias o contradicciones jurídicas, lo cual, merece un análisis sobre los mecanismos de control de calidad internos de la Cámara, ya que ni los grupos parlamentarios, ni los órganos técnicos de apoyo están cumpliendo con su función cabalmente. Incluso, los cinco centros de estudio con que cuenta la Cámara no resultan en un apoyo legislativo efectivo para las y los legisladores en el cumplimiento de sus más importantes funciones: legislar y controlar los actos del Poder Ejecutivo. De ahí que la preclusión ha sido una salida fácil, que aunque normada resulta ser anticonstitucional e indigna para el Poder Legislativo y sus integrantes.
¿Para qué sirve toda la infraestructura, todos los recursos humanos y materiales si no se usan en beneficio del trabajo legislativo?
Para darnos una idea de la cantidad de asuntos turnados, en las últimas dos legislaturas (LXI y LXII), y en lo que va de la actual (LXIII), la numeralia es la siguiente:
Se aprobó el 12.6% y se desechó el 86.6% (del cual el 93.48% fueron iniciativas de diputadas y diputados federales).
Se aprobó el 33.7% y se desechó el 25.3% (del cual el 98.63% fueron proposiciones de diputadas y diputados federales).
Se aprobó el 13.9% y se desechó el 74.3% (del cual el 94.41% fueron iniciativas de diputadas y diputados federales).
Se aprobó el 53.1% y se desechó el 36.4% (del cual el 95.32% fueron proposiciones de diputadas y diputados federales).
Se ha aprobado el 11.2% y fue desechado el 13.7% (del cual el 95.86% fueron iniciativas de diputadas y diputados federales).
Se ha aprobado el 41.0% y fue desechado el 29.6% (del cual el 98.60% fueron proposiciones de diputadas y diputados federales).
Es de fundamental importancia aclarar que en el rubro de desechadas se encuentran las que fueron dictaminadas en contra, pero también todas las precluidas. Información que no es clara para la ciudadanía ya que únicamente se cita el artículo por el que se desechó, pero no se especifica si fue dictaminada en contra o precluyó. Lo cual atenta, además, contra el principio de máxima publicidad y obstaculiza una rendición de cuentas efectiva.
La ciudadanía tiene derecho a acceder de manera ágil y rápida a la información de sus representantes populares, por lo que debe conocer si la propuesta precluyó o si se dictaminó en contra y cuáles fueron los argumentos, así como el sentido de la votación de cada uno de los legisladores que integran la comisión, lo cual le permitirá decidir en futuros procesos electorales o incluso acercarse a sus representantes para que enarbolen sus demandas.
En síntesis, pensar que el rezago legislativo se puede abatir violando el derecho de iniciativa, mandando al cajón de la ignominia las propuesta legislativas, escondiendo la información y anteponiendo intereses personales es una salida no sólo fácil sino también falsa.
La preclusión de una propuesta no precluye las demandas ciudadanas; al contrario, las perpetua, ya que se evita el análisis y la solución de las mismas.
Por ello, es preciso legislar al respecto con responsabilidad y también con racionalidad, toda vez que el desorden legislativo y el rezago no se van a resolver con un decreto, sino con voluntad y trabajo permanente. De ahí que se propone ir paso a paso y corregir cada uno de los problemas actuales hasta lograr la sinergia adecuada que permita la conformación de una Cámara de Diputados moderna y eficiente.
En razón de lo anterior, se propone en esta iniciativa abordar sólo uno de los tantos problemas que existen al interior de la Cámara de Diputados, perfeccionar la figura de la prórroga, subsanando lagunas y dobles interpretaciones que eviten la discrecionalidad de la práctica legislativa que cambia de acuerdo con la coyuntura de cada legislatura, para lo que es preciso establecer reglas claras que posibiliten a las comisiones ordinarias el cabal cumplimiento de sus funciones, al contar con el tiempo suficiente para estudiar los asuntos de su competencia y por lo tanto, combatir el rezago legislativo en beneficio del derecho de los iniciantes y de sus representados.
El origen etimológico, para poder conocer y entender el significado de la palabra “prórroga” se encuentra en el latín “prorogare”, que es la unión de las dos partes siguientes:
-El prefijo: “pro”, que es equivalente a “hacia delante”.
-El verbo: “rogare”, que se puede traducir como “pedir” o “tratar de obtener”.
Por tanto, “prorrogar” es extender un determinado plazo, para ampliar un periodo adicional.
El Reglamento de la Cámara de Diputados concede prórroga a las comisiones legislativas para dictaminar los asuntos sometidos a su consideración. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados es la encargada de resolver la petición que realice la Junta Directiva de la Comisión que está a cargo de la dictaminación del asunto, para ampliar el plazo legal considerado para desahogar el estudio de éste”.
Actualmente, por práctica parlamentaria, el uso de la prórroga se utiliza discrecionalmente al igual que la concesión de la misma, particularmente porque existen preceptos en el Reglamento cuya redacción dan paso a la ambigüedad y por lo tanto a diversas interpretaciones.
En el RCD se establece que se podrá conceder una sola prórroga por proyecto, bajo las consideraciones de los artículos 183 y 185, que establecen lo siguiente:
“ Artículo 183.
1. La comisión que considere conveniente prorrogar la decisión del asunto turnado deberá hacer la solicitud al presidente, por conducto de su Junta Directiva, dentro del término para dictaminar, establecido en el artículo anterior.
2. La Mesa Directiva deberá resolver las solicitudes de prórroga, considerando las circunstancias y argumentos de la petición. En caso de otorgarse, las comisiones tendrán hasta cuarenta y cinco días más, contados a partir del día siguiente en que se hubiese cumplido el término.
3. No podrá haber más de una prórroga.
4. ..................................”
“ Artículo 185
1. Cuando se trate de asuntos que por su naturaleza requieran de un plazo distinto, la comisión deberá solicitar a la Mesa Directiva, por conducto de su Junta Directiva, dentro del término para dictaminar, el tiempo necesario para la formulación del dictamen. En la solicitud se establecerán las circunstancias y argumentos para tal fin”.
En la práctica, lo que sucede es que las comisiones generalmente solicitan prórroga en base al 183; sin embargo, muchas veces los asuntos requieren un tiempo mayor para ser analizados y discutidos, quedándose sin ninguna posibilidad de hacerlo porque una vez solicitada ésta (de hasta 45 días), si requieren mayor tiempo y lo solicitan a la Mesa, éste les es negado con el argumento de que el Reglamento es claro al señalar que no podrá haber más de una prórroga, no obstante que el artículo 185 citado a la letra en líneas anteriores establece que si la naturaleza del asunto lo requiere, la comisión deberá solicitar “dentro del término para dictaminar” el tiempo necesario para la formulación del dictamen, estableciendo en la solicitud las circunstancias y argumentos para tal fin.
Así, en la práctica “el término para dictaminar” es dentro de los primeros 45 días; sin embargo, de la lectura del artículo se entiende o puede entender que es dentro de los primeros 90 días, es decir los 45 del término máximo establecido en el artículo 182 y los 45 de la prórroga del 183, de ahí que el 185 es la excepción considerando la naturaleza del asunto y el fundamento para solicitar no otra prórroga, sino, como el propio artículo lo ordena, un plazo distinto.
Para el caso de las reformas constitucionales, de acuerdo con el artículo 89 del RCD, el tiempo máximo para dictaminar es de 90 días y la prórroga hasta por 90 días más. Sin embargo, para al momento de querer solicitar la excepción prevista en el 185, corren la misma suerte. Les es negada bajo los mismos argumentos ya señalados.
Ante la falta de claridad y posibilidad interpretativa a que dan lugar los preceptos señalados, la práctica parlamentaria dictada por la Mesa Directiva ha resuelto que desde un inicio se debe solicitar la prórroga con fundamento en el 183 o en el 185, lo cual ha derivado en que las comisiones, ya avanzada la legislatura y con base en la experiencia previa de los primeros meses, soliciten la prórroga siempre con fundamento en el artículo 185, debido a que generalmente la Mesa concede la misma por un plazo que va de los 120 a las 180 días.
La práctica parlamentaria referida atenta contra la naturaleza de ambas disposiciones, toda vez que:
A) El artículo 182 establece que “Todo asunto turnado a comisión deberá ser resuelto por ésta, dentro de un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la recepción formal del asunto, con las salvedades que este Reglamento y la Constitución establecen.
Las salvedades son la iniciativa con carácter de “preferente” del Ejecutivo federal, y lo establecido en los artículos 89, 183 y 185.
B) El 183 establece una prórroga de hasta 45 días, por lo que se entiende que el término para dictaminar es de 90 días; y
C) El 185 que establece una excepción para solicitar el tiempo necesario para la formulación del dictamen.
En razón de lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de
DecretoÚnico. Se reforma el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados para quedar como sigue:
Artículo 185.
1. Cuando se trate de asuntos que por su naturaleza requieran de un plazo distinto, la comisión deberá solicitar a la Mesa Directiva, por conducto de su Junta Directiva, el tiempo necesario para la formulación del dictamen , sin perjuicio de las prórrogas establecidas en este Reglamento para dictaminar las iniciativas de reformas de ley o decreto, constitucionales y minutas. En la solicitud se establecerán las circunstancias y argumentos debidamente motivados para tal fin.
TransitorioÚnico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Notas
1 http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/prosparl/iproce.htm
2 Art. 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados_220317 .pdf
3 Artículo 18 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados_220317 .pdf
4 http://etimologias.dechile.net/?pro.rroga
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.— Diputadas: Sara Paola Gálico Félix Díaz,Blanca Margarita Cuata Domíngez (rúbricas).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz:
«Iniciativa que adiciona el artículo 43 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita diputada integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo segundo al artículo 43 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl trabajo infantil es un problema mundial que está presente en México, el cual constituye una violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes; entre los derechos que viola se encuentran el sano crecimiento, la educación, el derecho al juego, al deporte y a estar protegidos contra la explotación. En todos los países el trabajo infantil es un obstáculo para el desarrollo social y económico, teniendo como principal consecuencia la transmisión intergeneracional de la pobreza así como perpetuar las desigualdades existentes.
A nivel mundial es bastante difícil obtener una cifra que indique el número y la proporción de niños/as que trabajen debido a que no existen estadísticas fiables y comparables en todos los países, ya que el trabajo infantil no siempre se registra, o bien, las estadísticas disponibles dan una idea fragmentada porque sólo toman en cuenta a quienes tienen como actividad principal el trabajo, con lo que se excluye a los que estudian y trabajan; o quienes trabajan como asalariados, que constituyen generalmente una proporción muy reducida del total de la mano de obra infantil; o bien, a las y los menores con edades comprendidas entre 10 y 14 años, con lo que se deja de lado menores de diez años cuyo número es bastante importante.
Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), para 2014, 15 por ciento de los niños y niñas de todo el mundo realizaban trabajos que menoscaban su derecho contra la explotación económica e infringen otros derechos.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la mano de obra infantil está compuesta por trabajadores familiares no remunerados, es decir, en el marco de una empresa de tipo familiar, lo cual genera gran preocupación debido a que muchos niños comienzan a trabajar muy jóvenes, la gran mayoría pertenecen al grupo de edades entre 10 y 14 años, pero la proporción de menores de 10 años es bastante importante también lo que genera mayor vulnerabilidad en riesgos físicos propios de su ocupación.
Las principales causas del trabajo infantil son la pobreza, el alto precio de las inversiones educativas y la imposibilidad de la familia para pagar la escuela; la pobreza es la principal causa que obliga a muchos niños y niñas a trabajar para asegurar ingresos y hace casi imposible que sus padres puedan invertir en su educación, la cual requiere de costear libros, ropa, transporte, artículos escolares, entre otros; a esto se suma que el tamaño de las familias influye en la decisión de que los y las niñas trabajen. La OIT indica que existe una relación entre la cantidad de miembros en una familia y la probabilidad más elevada de que los niños trabajen y de que sean menores los índices de asistencia y finalización de los estudios.
No todas las tareas realizadas por los niños/as se clasifican como trabajo infantil que viole sus derechos, debe distinguirse entre su participación en trabajos que no atentan contra su salud y desarrollo personal ni interfieren con su educación y que se considera positiva y provechosa para su experiencia, bienestar familiar y como preparación para ser miembros productivos de la sociedad en edad adulta.
La OIT define el trabajo infantil como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad y es perjudicial para su desarrollo físico, en algunos casos puede generarse en situaciones de peligro para el bienestar físico, mental o moral del niño/a, el cual es uno de los ejes centrales de la presente iniciativa.
Conforme al convenio número 182 de la OIT, se define al trabajo peligroso como toda actividad u ocupación que por su naturaleza o características tiene o puede producir efectos perjudiciales en la seguridad, la salud y el desarrollo moral de las y los infantes. En general, el trabajo peligroso puede incluir: horarios nocturnos y prolongados; exposición al abuso de orden físico, psicológico o sexual; los trabajos que se realizan bajo tierra o agua, alturas peligrosas o espacios confinados; con maquinaria, equipos y herramientas peligrosas, o que implican la manipulación o el transporte de cargas pesadas; y aquellos que se realizan en un medio insalubre, por ejemplo, donde estén expuestos a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o bien a temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones perjudiciales para la salud.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el libro con título El trabajo infantil en México: Avances y desafíos, publicado en 2014, el trabajo peligroso realizado por niñas, niños y adolescentes, con frecuencia se considera una categoría aproximada de las peores formas de trabajo infantil. Esto obedece, principalmente, a la dificultad de obtener datos nacionales confiables sobre las peores formas distintas al trabajo peligroso, como la explotación sexual comercial y los niños implicados en conflictos armados; y a que las y los infantes en trabajo peligroso representan la mayoría de aquéllos involucrados en las peores formas.
Distinta normativa nacional e internacional hace referencia al término peores formas de trabajo, el artículo 3 del convenio 182 de la OIT lo define, entre otras características, como aquel que “por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños” esta organización considera para esta categoría la industria, donde son comunes las quemaduras y heridas graves, están expuestos a productos y sustancias químicas peligrosas; pueden verse afectados por sustancias tóxicas como el mercurio y el plomo, y desarrollar deficiencias crónicas como la silicosis (enfermedad de los pulmones).
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, apartado A, fracción II; la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 23, 175 y 176, así como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros cuerpos normativos, prohíben cualquier tipo de actividad que se considere peligrosa.
En México 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años de edad están trabajando. Ante la ausencia de estadísticas confiables, en 2007 la Secretaría del Trabajo conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y con el apoyo técnico de UNICEF y de la OIT, incorporó un módulo de medición del trabajo infantil en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del cuarto trimestre de ese año, a fin de obtener información actualizada sobre la incidencia del trabajo infantil en México.
Algunos de los resultados que arrojó este módulo fueron los siguientes: el trabajo infantil no está extendido en igual medida entre los niños y las niñas: los niños trabajadores superan casi el doble en número a las niñas que trabajan: 67 por ciento de los niños entre 5 y 17 años trabaja (2,441,070), en comparación con 33 por ciento niñas (1,205,997). La población infantil que trabaja se concentra fundamentalmente en las áreas menos urbanizadas de México, y el porcentaje de trabajadores infantiles en estas zonas es también más elevado que en las más pobladas. La presencia de niños y niñas trabajadoras menores de 14 años en las localidades más pequeñas supera a la de las ciudades. Aproximadamente 7 de cada 10 trabajadores entre 5 y 17 años viven en las zonas rurales de México, y 3 de cada 10 en las ciudades, lo que equivale a 1,114,991 niños y niñas residiendo en las capitales de los estados y/o en las localidades con 100,000 habitantes y más, y a 2,532,076 trabajadores infantiles en las áreas de menor tamaño poblacional. La mayor parte de los niños y las niñas de México que trabajan lo hace por razones asociadas con la necesidad de aportar recursos (bienes y/o servicios) al hogar. Aproximadamente 24 por ciento de los trabajadores entre 5 y 17 años se concentra en tres entidades: estado de México, Jalisco y Puebla. El 52.8 por ciento se distribuye en la cuarta parte de los estados: además de los anteriores, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Chiapas y Guanajuato. 23.8 por ciento de los niños y las niñas de México entre 5 y 13 años que trabajan reside en Puebla, Jalisco o Guerrero. 52.6 por ciento se reparte en estos estados y Michoacán, Oaxaca, estado de México, Guanajuato y Veracruz.
Según datos del Inegi, de 2007 a 2013 se reportó una disminución de 1.1 millones de niñas, niños y adolescentes desempeñando alguna actividad económica, cifra que pasó de 3.6 millones (12.5 por ciento) a 2.5 millones (8.6 por ciento). Por sexo, en 2013 la tasa fue de 11.4 por cada 100 niños y para las mujeres, de 5.8 por cada 100 niñas. Del total de niñas, niños y adolescentes ocupados, 15.1 por ciento tiene de 5 a 11 años; 26 por ciento son adolescentes de 12 a 14 años; mientras que la mayor proporción se presenta en el grupo de adolescentes de 15 a 17 años (58.9 por ciento). Lo anterior, muestra que cuatro de cada 10 niñas, niños y adolescentes ocupados son menores de la edad mínima de admisión al empleo.
La industria manufacturera es uno de los sectores laborales en que los y las niñas trabajan en situaciones peligrosas. Dentro de este sector se encuentra la pirotecnia (fabricación y manejo de fuegos artificiales), la cual es de alto riesgo, debido a la manipulación de pólvora y otros materiales explosivos, así como a las precarias condiciones técnicas y de seguridad del proceso. Esta industria es considerada como una de las peores formas de trabajo infantil ya que la pólvora utilizada en la producción es altamente explosiva, tóxica e inflamable y se lleva a cabo en hogares o talleres carentes de medidas de seguridad e higiene que ponen en grave riesgo la integridad de los menores. Algunas de las sustancias a las que están expuestos/as, aparte de la pólvora es el nitrato, cobre, sodio, bario, entre otras. Dentro de los riesgos más frecuentes están las quemaduras y amputaciones e incluso la muerte a causa de las explosiones.
Si bien no existen cifras oficiales sobre la cantidad de menores de edad que laboran en la industria de la pirotecnia, es sabido que en muchas ocasiones, éste es un negocio familiar que se ha heredado de generación en generación constituyendo el sustento de muchas familias, así como una tradición arraigada en las comunidades cuya actividad económica principal es dicha actividad. Tampoco existen cifras de cuántos de estos menores de edad estudian y trabajan o cuántas horas dedican al negocio familiar, lo que sí existen son testimonios de estas familias, cuyo miembros reportan que desde muy temprana edad aprenden y apoyan en distintas labores dentro de esta industria. Existen innumerables entrevistas hechas por distintos medios de comunicación en las cuales expresan que desde edades muy tempranas aprenden este oficio y ayudan a sus familias.
En Michoacán, por ejemplo, existen familias que ya tienen 116 años trabajando en la pirotecnia, donde los hijos y los nietos trabajan en esta industria.
En el estado de México existen también distintos lugares para la venta de fuegos artificiales, donde la tradición también es heredada por la familia y es común que niños y niñas empiecen a trabajar desde los 12 años.
El primer y mayor productor de pirotecnia es Tultepec, en el estado de México, donde 80 por ciento de la población depende de esta industria y donde es común que este oficio se aprenda desde muy temprana edad.
Ahora bien, las y los menores de edad susceptibles de sufrir estos riesgos no es exclusiva de las y los que laboran ahí, sino de quienes están en los lugares donde se almacenan o comercian dichos productos, ya sea como visitantes, acompañantes y/o compradores.
En México los fuegos artificiales se venden a cualquier persona desde los más pequeños (luces de bengala, petardos, cuetes, palomas, etcétera), hasta los llamados “castillos” y “toritos”. Existen distintas fiestas tradicionales donde el principal motivo de diversión y asombro de las personas son los fuegos artificiales, tal es el caso del 15 de septiembre, 12 de diciembre, 31 de diciembre, entre otras fechas religiosas y de carácter histórico. En la Ciudad de México se pueden adquirir productos a precios bastante económicos en los mercados como la Merced, Sonora y Tepito, mismos que operan sin los permisos correspondientes.
Nuestro país ocupa el segundo lugar de Latinoamérica en la elaboración de fuegos artificiales, teniendo únicamente tres talleres que reúnen las condiciones de calidad y seguridad para competir a escala internacional. Aunque la industria ha evolucionado mucho, la manipulación de estos explosivos sigue produciendo miles de heridos y víctimas en todo el país, basta recordar que:
• El 26 de septiembre de 1999 estalló un depósito clandestino que almacenaba cuatro toneladas de pólvora y fuegos artificiales en Celaya, Guanajuato, dejando 72 muertos y cerca de 350 heridos.
• El 31 de diciembre de 2002, en el puerto de Veracruz, se registró una violenta explosión en el mercado Miguel Hidalgo, provocada por un almacén clandestino de fuegos artificiales, con un saldo oficial de 29 muertos, 35 heridos y 52 desaparecidos. Entre las personas que fallecieron se encontraban niños y niñas de 10 a 15 años de edad.
• El 15 de septiembre de 2005 se registraron una serie de explosiones en el mercado de cohetes Santiaguito, en el municipio de Tultepec, estado de México, dejando 57 personas lesionadas. Casi un año después un incendio destruyó los 450 locales del mercado de San Pablito, en el mismo municipio.
• Tlaxcala, México, 15 de marzo de 2013. Durante una procesión religiosa en la población de Nativitas, un chispazo originó una explosión en una camioneta que transportaba productos pirotécnicos dejando un saldo de 23 muertos y 154 heridos.
• La mayoría de estas desgracias siguen ocurriendo en el estado de México, sobre todo en Tultepec, donde se han presentado explosiones en repetidas ocasiones todos los años. El 20 diciembre de 2016 en el mercado de San Pablito ocurrió una gigantesca explosión que provocó la muerte de más de treinta personas e hirió a más de cincuenta. Siete niños y una niña perdieron la vida en esta trágica explosión, y menores de edad sufrieron quemaduras entre 40 por ciento y 90 por ciento del cuerpo.
• El último siniestro ocurrió el pasado 4 de marzo de este año en Tultepec, estado de México, donde murieron tres personas, entre ellas dos menores de 6 y 11 años, y siete heridos, si bien la explosión fue en un domicilio particular, en éste se almacenaba material pirotécnico.
Es de precisar que lo relativo a los fuegos artificiales está contemplado en la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1972. En este cuerpo normativo se establece que es la Secretaría de la Defensa Nacional la encargada de dictar las disposiciones a las que se sujetará esta industria, así como expedir, negar, suspender o cancelar los permisos.
A manera de antecedentes legislativos, es de señalar que, debido a los acontecimientos ocurridos principalmente en el municipio de Tultepec, en el año 2001, se presentó una iniciativa para modificar esta ley y crear una Ley Federal de Pirotecnia con la intención de dar cobertura legal a las familias que se dedican a esta actividad en todo el país. La iniciativa, además proponía cursos de capacitación y preveía disposiciones sobre el abandono de materiales muy peligrosos –como el clorato de potasio–, no logró concluir satisfactoriamente su proceso legislativo.
A nivel estatal, encontramos que el 15 de julio de 2003 se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal, denominado Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. Desafortunadamente este organismo es una instancia preventiva que no tiene la capacidad jurídica para aplicar sanciones.
Los trámites para sacar una licencia para operar fuegos artificiales son relativamente sencillos, y se pueden consultar en el siguiente enlace: http://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/permiso-general-para-la-compra-al macenamiento-venta-y-o-consumo-de-artificios-pirotecnicos. Para los trabajadores de esta industria el problema es que en los hechos sólo se trata de un “permiso para pedir permiso”, y que nada garantiza el respeto a la ley: si el documento es cancelado, se expide otro con esa indicación, pero nunca se quita el documento anterior. Así se puede trabajar fuera de la ley por tiempo indefinido 22.
Aunado a lo anterior, en la redacción de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, no se encuentra nada relativo a los menores de edad, ni en las solicitudes de permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional ni en ningún documento que regule esta actividad.
Si bien existe un consenso nacional e internacional sobre la pertinencia de prohibir expresamente que las niñas, niños y adolescentes laboren en esta industria o estén en los lugares donde se venden o produce pirotecnia, también es cierto que no ha podido cristalizarse en la ley, a pesar del peligro que representa para la integridad física, psicológica y la vida misma de las y los menores de edad que por cualquier circunstancia se encuentren en estos establecimientos.
Es urgente que el Poder Legislativo y en particular esta Cámara de Diputados, atendamos desde la ley la problemática referida, independientemente de que sean familias y comunidades enteras las que dependen de esta economía, y que la pirotecnia constituya una tradición, los derechos de las y los menores de edad, están por encima de cualquier consideración económica o cultural.
Ante todo, es obligación del Estado mexicano, en sus tres niveles y Poderes de gobierno, garantizar y salvaguardar el interés superior de la niñez. Obligación a la que bajo ninguna circunstancia se debe claudicar.
No podemos seguir siendo testigos y cómplices de hechos y consecuencias lamentables y terribles para las niñas y los niños. Basta saber que existe un solo menor de edad trabajando, comprando, visitando o acompañando a un adulto en un lugar que representa un peligro para tomar acción inmediata.
Ninguna tradición familiar, ninguna actividad económica justifica la muerte de infantes y adolescentes. Ni como productores, ni como consumidores, ni como ciudadanos y mucho menos como legisladores podemos cruzarnos de brazos y dar la espalda a una problemática que está a la vista.
No se puede perder más tiempo para establecer en la ley la prohibición expresa de que las y los menores de edad se encuentren en dichos establecimientos, independientemente de la causa. De ahí, que se propone adicionar al artículo 43 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de
DecretoÚnico. Se adiciona el párrafo segundo al artículo 43 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 43. La Secretaría de la Defensa Nacional podrá negar, suspender o cancelar discrecionalmente los permisos a que se refiere el artículo anterior, cuando las actividades amparadas con los permisos entrañen peligro para la seguridad de las personas, instalaciones, o puedan alterar la tranquilidad o el orden público.
Queda prohibida la entrada a menores de dieciocho años de edad a cualquier establecimiento que se dedique a las actividades reguladas en este título, la contravención a esta disposición será sancionada con lo dispuesto en el párrafo anterior.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 http://www.ilo.org/public/spanish/comp/child/papers/what/what1. htm#1c
2 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), El estado mundial de la infancia de 2014 en cifras, Todos los niños y niñas cuentan, revelando las disparidades para impulsar los derechos de la niñez, PP.3.
3 http://www.ilo.org/public/spanish/comp/child/papers/what/what1. htm#1c
4 http://ilo.org/ipec/facts/lang—es/index.htm
5 https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6928.htm
6 No es el mismo caso para los quehaceres domésticos donde la incidencia de participación es notoriamente mayor el de las niñas pero no se profundiza por no ser el tema principal de esta iniciativa.
7 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/infantil 2016_0.pdf
8 http://white.lim.ilo.org/ipec/pagina.php?pagina=172
9 http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-243443
10 https://municipiolibreac.wordpress.com/2009/07/01/de-castillos-y-castilleros-el -trabajo-de-la-pirotecnia-santiago-zapotitlantlahuac-ciudad-de-mexico/
11 http://www.animalpolitico.com/2016/12/pirotecnia-cdmx-tradicion/
12 http://www.jornada.unam.mx/2003/09/15/02an1cul.php?printver=1&fly=
13 http://amqueretaro.com/mexico/2016/09/26/celaya-a-17-anos-de-las-tragicas-explo siones-del-domingo-negro-de-1999
14 https://www.nytimes.com/es/2016/12/22/los-fuegos-artificiales-y-su-sombria-hist oria-de-accidentes-en-america-latina/
15 http://www.cronica.com.mx/notas/2003/42011.html
16 http://www.milenio.com/estados/explosiones-sucedido-tultepec-pirotecnia-estado_ de_mexico-incendio-milenio_0_869313343.html
17 http://diario.mx/Nacional/2016-12-21_fac31f8e/en-15-anos-van-25-explosiones-en- tultepec-/
18 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/12/ 22/apoya-fundacion-michou-y-mau-traslado-de-menores-quemados-en
19 http://www.animalpolitico.com/2017/03/explosion-tultepec-edomex/
20 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/03/04/1150044
21 http://imepi.edomex.gob.mx/faqs
22 http://www.jornada.unam.mx/2003/09/15/02an1cul.php?printver=1&fly=
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.— Diputadas: Sara Paola Galico Félix Díaz,Blanca Margarita Cuata Domíngez (rúbricas).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.
Saludamos con mucho gusto a integrantes del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria de la Construcción de Querétaro, la CMIC, quienes asisten a este salón de plenos invitados por el diputado Hugo Cabrera Ruiz, también de Querétaro. Sean ustedes bienvenidos.
De igual manera damos la bienvenida al grupo de estudiantes del Instituto La Paz del estado de Puebla, invitados por el diputado Eukid Castañón Herrera, quienes asisten hoy a este salón de plenos. Sean ustedes bienvenidos.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 212 del Código Penal Federal.
La diputada Verónica Delgadillo García:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras, compañeros, señoras y señores, la corrupción es un cáncer que está carcomiendo nuestras instituciones y al país entero. Todos los días nos enteramos sobre casos de corrupción en los que participan y que están involucrados funcionarios públicos, que en muchos casos detrás de ellos hay toda una red de influencia y de tráfico de influencias y de delincuencia organizada.
Lamentablemente el robo que están haciendo todos ellos cada día, además de atacar el patrimonio de los mexicanos, erosiona la credibilidad de nuestras instituciones. Y esto es algo sumamente grave.
¿Cómo podemos explicarnos que gobernadores y ex gobernadores hayan hecho desvíos millonarios de dinero? ¿Cómo podemos explicarnos el robo en despoblado que le están haciendo a nuestro país? ¿De qué robo me refiero? Por ejemplo, en este último sexenio, en este sexenio, 22 gobernadores del mismo partido, que parece o que se cree el dueño de México, se ha demostrado que han desviado 258 mil millones de pesos.
Más de 258 mil millones de pesos representan muchísimas cosas para los mexicanos, por ejemplo: equivale a nueve veces el presupuesto que se le otorga a Conacyt, a seis veces el presupuesto que tiene la UNAM, a la mitad del presupuesto que tenemos en nuestro país dedicado a la salud. De ese tamaño es la corrupción, de ese tamaño es el robo y la delincuencia que se está permitiendo en nuestro país.
Y, debemos ser claros, porque cuando hablamos de impunidad no sólo se refiere a que se está dejando libre a estos ex gobernadores y gobernadores, sino también a los funcionarios públicos que están detrás de ellos; funcionarios que muchos de ellos no están delante de las cámaras, pero siguen trabajando y siguen robando, y siguen lastimando a nuestro país.
Y todo esto es posible por diferentes circunstancias y por diferentes causas, pero sin duda una de ellas es la justicia inoperante de nuestro país: la impunidad.
Aquí el tiempo juega a favor de los delincuentes. Sí, juega a favor de los delincuentes porque los delitos en los que pueden ser acusados los ex gobernadores o sus cómplices, que son otros funcionarios, prescriben en un periodo de tiempo. Y aquí buscan ganarle al tiempo para que sea el mismo el que sepulte sus delitos y que no puedan ser condenados.
Para no irnos tan lejos, en esta Cámara algunos han intentado proteger con tiempo, con el fuero, a esos delincuentes y a personas que han sido acusadas en diferentes momentos por corrupción, para evitar que sean procesados.
El fuero les brinda todo un escudo de impunidad y les da el tiempo necesario para que sus delitos puedan prescribir y no puedan ser enjuiciados ni procesados por lo que han cometido. Esta forma de ser, este modus operandi es el que tiene cansados a los mexicanos y que sin duda alienta la corrupción y la impunidad en nuestro país.
Cuando un ciudadano rompe la ley va a la cárcel, con un político, con un representante no debería ser distinto, por eso el día de hoy voy a presentar una iniciativa que reforma el Código Penal, para que cualquier funcionario público de cualquier nivel sea juzgado y procesado por actos de corrupción, sin importar el tiempo que haya pasado cuando los cometió. Dicho de otra manera, lo que queremos evitar es que los delincuentes se salgan con la suya.
Esta propuesta se suma a una serie de iniciativas que ya hemos presentado en Movimiento Ciudadano, en diferentes circunstancias, como por ejemplo la eliminación del fuero, que sigue congelada en la comisión, que son iniciativas que buscan dignificar la vida pública, que buscan que el servicio público sea honorable nuevamente y que busca recuperar la confianza de la gente y luchar de manera frontal contra la impunidad y contra la corrupción.
Señoras y señores, los mexicanos ya no queremos Duartes, ya no queremos Moreiras, ya no queremos Herreras, ya no queremos Padrés, los mexicanos queremos cárcel a los corruptos. Es cuanto.
«Iniciativa que adiciona el artículo 212 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, Verónica Delgadillo García, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adiciona al artículo 212 del Código Penal Federal, en materia de delitos por hechos de corrupción bajo la siguiente
Exposición de MotivosI.México padece de altos índices de corrupción, los cuales generan una gran desconfianza hacia las instituciones públicas y hacen visibles los efectos negativos que tiene la corrupción en la inversión, en la productividad, e incluso en el bienestar de las familias.
Transparencia Internacional a principios del año pasado, dio a conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2015, donde México desde el año 2012 sigue sin tener un avance en dicho índice ya que sus resultados durante los últimos cuatro años han sido prácticamente los mismos, siendo 34/100 o 35/100. (En la medida en que el resultado se acerque al número 100 se considera como menor corrupción.)
Por lo que podría afirmarse que en México se encuentra paralizada la percepción de la corrupción, y que los efectos positivos de las reformas constitucionales en materia de transparencia y anticorrupción aún no se han visto reflejadas en la opinión pública de nuestro país:
“En el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, México se mantiene por detrás de las economías más consolidadas y de sus principales competidores económicos. Entre las 34 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica (OCDE), México volvió a ubicarse en el último lugar (34/34) y le separan 86 y 79 lugares de sus principales socios económicos –Canadá y Estados Unidos– respectivamente. Incluso Brasil, cuya calificación empeoró 10 por ciento respecto a la del año anterior, se encuentra 19 lugares arriba de México.”
Respecto a la precepción que se tiene de la corrupción, así como en qué instituciones y en qué trámites se padece más en México, es de mencionar de forma similar los datos que arrojan tanto la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, ambas levantadas por parte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística
El primer instrumento mencionado arroja que existen más de 24 mil experiencias de corrupción con algún servidor público por cada 100 mil personas. Incluso en dicha percepción de corrupción el 88.3 por ciento de la población considera que este tipo de actos son -muy frecuentes- o –frecuentes- y que la inmensa mayoría de los actos de corrupción se encuentran relacionados con instituciones de seguridad pública.
En las fuerzas policíacas, en los partidos políticos, en el ministerio público y en los gobiernos estatales son los principales sectores donde se percibe una mayor corrupción. Lo cual pude llegar a ser corroborado por los mismos tipos de trámites en donde se percibe con mayor frecuencia este delito. Los trámites que representan un mayor porcentaje en la comisión de éste delito son: permisos relacionado con la propiedad; otros pagos, trámites o solicitudes; trámites ante el ministerio público; y trámites ante juzgados o tribunales.
Prácticamente la percepción sobre la frecuencia de corrupción se encuentra en todos los ámbitos de gobierno, por lo que además de los sectores anteriormente mencionados también se encuadran en esta percepción a los diputados y senadores, a los gobiernos municipales, al gobierno federal, a los institutos electorales, sindicatos, jueces y magistrados, empresarios y medios de comunicación.
En un sentido similar se puede apreciar la gran desconfianza sobre las instituciones encargadas de la seguridad pública y de procuración de justicia, como lo demuestra la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ya que en su apartado de percepción del desempeño institucional, los peores niveles de confianza hacia autoridades se encuentran en contra de la policía de tránsito, de la policía preventiva municipal, en el ministerio público y procuradurías, en la policía ministerial o judicial, en la policía estatal y en los jueces.
Para los fines que busca la presente iniciativa, es indispensable retomar los resultados de la investigación realizada por parte del Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) a cargo de la investigadora María Amparo Casar, denominada “México: Anatomía de la Corrupción”. Donde básicamente se da a conocer un claro panorama sobre los principales indicadores sobre la corrupción en el país, así como una explicación sobre sus causas, efectos y costos siendo éste una verdadera “fotografía de cómo nos vemos los mexicanos a nosotros mismos y cómo nos perciben y califican en el mundo en materia de corrupción, de los partícipes de la corrupción ya sea del lado de la oferta o la demanda, de la frecuencia con que se practica y la permisividad frente a ella, de la tolerancia social frente a los actos de corrupción, y de los costos que se pagan por permitirla”
En dicha investigación es posible corroborar los resultados arrojados por Transparencia Internacional que se mencionaron anteriormente, e incluso es posible identificar otra serie de publicaciones y organizaciones que llevan a cabo una metodología similar para obtener una medición respecto a la percepción, participación y actitudes frente a los actos de corrupción. Dentro de dichas publicaciones y organizaciones se encuentran: el Índice de Competitividad Global; Latinobarómetro; el Reporte de Integridad Global; los Indicadores Globales de Gobernabilidad del Banco Mundial; y el Índice de Estado de Derecho. De los cuales se afirma son indicadores imperfectos,pero que permiten sistematizar y comparar a nivel internacional el comportamiento de la corrupción.
En ese mismo proceso de sistematización y comparación, la investigación citada permite analizar un aspecto relevante: el costo económico de la corrupción. Ya que pareciera que entre mayor producto interno bruto per cápita de un país su calificación en el índice de percepción de la corrupción es mayor, por lo tanto menos corrupto
“Según la Encuesta de Fraude y Corrupción de KPMG (2008), 44 por ciento de las empresas en México realizaron pagos extraoficiales a funcionarios públicos; es decir, fueron partícipes de la corrupción.” Las principales razones para caer en estas actividades de corrupción fueron para “agilizar trámites, obtener licencias y permisos o participar en licitaciones, impedir abusos de autoridad, ganar contratos y participar en licitaciones.”
El soborno a políticos de alto nivel o partidos políticos, el uso de relaciones personales o familiares para obtener contratos públicos, y el soborno a funcionarios públicos de nivel inferior para acelerar trámites, son las tres principales causas donde las empresas realizaron pagos extraordinarios, según el índice de Fuentes de Soborno que realizó Transparencia Internacional.
Los costos de la Corrupción en México, con los resultados en que se encuentra nuestro país se traducen en lo siguiente:
• Respecto a la inversión se deja de captar hasta un 5 por ciento menos según el Fondo Monetario Internacional;
• Si tan solo se pudiera subir un punto en la calificación del Índice de Percepción de la Corrupción se podría aumentar un 2 por ciento en la productividad de capital según el Imco;
• Respecto al ingreso de las empresas, es posible contabilizar una pérdida de 5 por ciento en ventas según Ernst & Young, y;
• En cuestión al costo de la corrupción en relación con el Producto Interno Bruto, diferentes organizaciones internacionales señalan que representa un alto porcentaje, ya que Forbes, el Banco Mundial e incluso el Banco de México lo colocan en un 9 por ciento.
Además de los costos económicos también se encuentran los políticos y los sociales, respecto a la insatisfacción con la democracia Latinobarómetro arroja un 37 por ciento como apoyo de la democracia y un 27 por ciento en la satisfacción con la democracia. Y referente a los costos sociales, el bienestar de las familias se ve afectado ya que un 14 por ciento del ingreso promedio de los hogares se destina a pagos extraoficiales.
II.La presente iniciativa tiene por objetivo establecer la imprescriptibilidad de los delitos de: uso ilícito de atribuciones y facultades; concusión; ejercicio abusivo de funciones; tráfico de influencias; cohecho; peculado; y enriquecimiento ilícito. Por lo que se estaría evitando la prescripción para ejercer la acción penal, y aplicar sus sanciones por el simple transcurso del tiempo, en contra de los servidores públicos que cometan este tipo de delitos. Dicha propuesta considera diferentes elementos que pueden llegar a justificar que este tipo de delitos cometidos por servidores públicos sean imprescriptibles, principalmente por las repercusiones que tiene la corrupción en el desarrollo económico y social de país.
Los delitos cometidos por servidores públicos vulneran los derechos humanos, ya que el desvío de recursos o de sus mismas facultades y obligaciones conllevan a una desigualdad social aparentemente imperceptible, pero que genera un daño directo a las oportunidades de desarrollo para mejorar el bienestar y calidad de vida de las personas. Siendo fundamental contribuir en uno de los principales objetivos de nuestro nuevo sistema de anticorrupción, que es acabar con la corrupción, ya que las repercusiones ocasionadas por este mal en México tienen un mayor significado social del que se estima.
III.Uno de los instrumentos internacionales fundamentales que la presente iniciativa toma en consideración, es la Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción, la cual establece una serie de principios que permiten prevenir y combatir de manera eficaz y eficiente la corrupción.
Cabe mencionar que dicha convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 31 de octubre del año 2003, teniendo por objeto el compromiso de los Estados Parte en adoptar “medidas preventivas, de combate y de sanción a una serie de actos de corrupción en los ámbitos público y privado.” Incluso, para nuestro país la convención tiene aún mayor relevancia ya que México fue el anfitrión para llevar a cabo la firma de este instrumento internacional, celebrado en la ciudad de Mérida, Yucatán, dentro de los días 9 al 11 de diciembre de 2003.
México ratificó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción el 20 de julio del año 2004, y en diciembre del 2005 entró en vigor después de haber obtenido más de 30 ratificaciones por parte de distintos Estados Parte que la suscribieron.
Como se mencionó anteriormente, esta Convención en su artículo 1 inciso a) establece su propia finalidad, así como el compromiso y obligación por parte de cada Estado Parte para llevar a cabo mejores prácticas en contra de la corrupción como lo señala el segundo párrafo del artículo 5:
“Artículo 1
La finalidad de la presente convención es:
a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción;”
“Artículo 5
2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción.”
Además de incluirse una serie de principios respecto: a la colaboración entre países; las medidas que deben de procurarse para prevenir la corrupción; así como la misma tipificación de los distintos delitos relacionados con la función de los servidores públicos y de la iniciativa privada; también se le dedica un gran apartado sobre las sanciones.
Tales sanciones incluyen el actuar de las propias instituciones encargadas de la procuración de justicia, y la necesidad sobre la adecuación del derecho interno de cada país para lograr los objetivos plasmados en la Convención contra la Corrupción.
Por lo que el artículo 29 se considera de gran relevancia, en relación a la presente iniciativa, ya que en él es posible encontrar los elementos suficientes para que exista en nuestra legislación penal la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por servidores públicos.
“Artículo 29. Prescripción. Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia.”
Como se puede llegar a apreciar, el artículo 29 de la Convención contra la Corrupción establece la consideración de adoptar plazos amplios para ejercer acción penal en contra de servidores públicos que cometan delitos por hechos de corrupción, por lo que la imprescriptibilidad que se propone puede encuadrarse a esta disposición internacional.
IV.A continuación se presentan algunos ejemplos de legislación vigente en otros países y gobiernos en materia de imprescriptibilidad de los delitos cometidos por servidores públicos, donde se destacan los casos de Bolivia, Ecuador, Venezuela y el del Estado Libre Asociado de Puerto Rico :
Constitución Política de Bolivia:
“Artículo 112. Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad”
Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, Ley número 004 promulgada por Evo Morales Ayma en marzo de 2010:
Artículo 29 Bis. (Imprescriptibilidad). De conformidad con el artículo 112 de la Constitución Política del Estado, los delitos cometidos por servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad.
Constitución de la República de Ecuador
En su artículo 233, particularmente en su segundo párrafo, establece la imprescriptibilidad para los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito:
“Art. 233. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.
Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas.”
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
“Artículo 271. En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contralos derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. Asimismo, previa decisión judicial, serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público o con el tráfico de estupefacientes.
[...]”
Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley núm. 146 de 30 de julio de 2012:
“Artículo 88. Delitos que no prescriben.
En los siguientes delitos la acción penal no prescribe: genocidio, crimen de lesa humanidad, asesinato, secuestro y secuestro de menores, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos públicos, y todo delito grave tipificado en este Código o en ley especial cometido por un funcionario o empleado público en el desempeño de la función pública.”
Como es posible apreciar, la figura de la no prescripción o imprescriptibilidad, ya se encuentra vigente en diferentes ordenamientos de países latinoamericanos, los cuales colocan a los delitos cometidos por servidores públicos en un nivel de gravedad por su relación con el patrimonio del Estado y de los recursos o fondos públicos.
V.En México, en el Título Quinto de nuestro Código Penal Federal podemos encontrar las disposiciones generales respecto a la extinción de la responsabilidad penal. Y así como podemos encontrar sus distintas modalidades como la amnistía, el perdón del ofendido, el reconocimiento de inocencia, y del indulto, también se presenta la figura de la prescripción.
La prescripción contempla la extinción de la acción penal así como de sus sanciones por el simple transcurso del tiempo, la cual deberá cubrir ciertos elementos para que ésta pueda ser efectiva. El artículo 105 del Código mencionado, establece que la acción penal podrá prescribir en un plazo igual al “término medio aritmético de la pena privativa de la libertad” que sea aplicable al delito de que se trate, y ésta no podrá ser efectiva en ningún caso por un periodo menor a los tres años.
Así como se establece la figura de la prescripción, también el Código Penal Federal en su artículo 205-Bis contempla la figura de la imprescriptibilidad, específicamente para los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, y que prácticamente son aquellos relacionados con pornografía, corrupción, pornografía, y prostitución con menores de edad.
El Código Penal Federal (CPF) en su título décimo correspondiente a los delitos cometidos por servidores públicos, establece en su artículo 212 que un servidor público es aquella persona que se encuentre desempeñando algún cargo dentro de la Administración Pública en el Congreso de la Unión, en el Poder Judicial o por el simple hecho de manejar recursos públicos federales. Cabe señalar que el mismo artículo contempla que las sanciones establecidas en el apartado de delitos cometidos por servidores públicos, también serán aplicables a cualquier persona que se vea involucrada en la perpetración de estos delitos.
Para poder comprender aquellos delitos, en los que la presente iniciativa propone que su acción penal y sus sanciones no pierdan efectividad por el simple hecho de haber transcurrido cierto tiempo, se propone definir cada uno de éstos:
Uso ilícito de atribuciones y facultades:Este delito procura que los servidores públicos no realicen indebidamente acciones en contra de bienes de la Federación, particularmente al momento de otorgar concesiones, permisos o licencias. Incluidas las acciones que sean para otorgar cualquier tipo de exención sobre ingresos fiscales o sobre bienes y servicios de la Administración Pública.
Dentro del delito de uso indebido de atribuciones y facultades de los servidores públicos, además del uso indebido de fondos públicos, se incluyen las acciones en los casos donde discrecionalmente se “otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos.” (Artículo 217 inciso D, CPF)
Sanción: De seis meses a doce años de prisión, multa de treinta a ciento cincuenta días.
Concusión: “Comete el delito de concusión: el servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley.” (Artículo 218 primer párrafo CPF)
Sanción: Las sanciones se dividen en dos dependiendo del valor de lo exigido indebidamente, por lo que puede ser de tres meses a dos años o de dos años a doce años de prisión, en ambos casos se establece multa económica.
Ejercicio abusivo de funciones:Se comete este delito cuando un servidor público “otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte;” o que realice estas mismas acciones con el uso de información privilegiada.(Artículo 220 CPF)
Sanción: De forma similar se hace distinción respecto a la cuantía en que asciendan las operaciones ilícitas, de tres meses a dos años o de dos años a doce años de prisión, así como su multa económica.
Tráfico de influencia:Prácticamente para este delito se contemplan las acciones donde un servidor público “solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas” (Artículo 221, CPF)
Sanción: de dos años a seis años de prisión, y multa económica de treinta a cien días.
Cohecho:Se comete el delito de cohecho cuando un servidor público solicite o reciba dinero o cualquiera otra dádiva, o también que conlleve una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto relacionado con sus funciones. (Artículo 222, CPF)
Sanción: Dependiendo del monto del delito se impondrán de tres meses a dos años o de dos años a catorce años de prisión, y su multa económica correspondiente.
Peculado:El artículo 223 del Código Penal Federal señala los cuatro supuestos en los que es posible encuadrar este delito, tanto a las acciones propiamente de los servidores públicos, pero también hacia cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público se encuentre involucrada.
“I. Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.
II. El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.
III. Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos público o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades, y
IV. Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.”
En cuanto a sus sanciones se contempla lo siguiente: de tres meses a dos años y de dos años a catorce años dependiendo del monto de lo distraído indebidamente. De igual forma se contemplan sus multas así como una agravante en los casos en que el peculado se realice con aportaciones federales, lo que ampliaría en un tercio sus penas.
Enriquecimiento ilícito:“Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño” (Artículo 224, CPF)
Sanción: Además de decomisar los bienes cuya procedencia no pueda ser acreditada, se impondrán dependiendo del monto en que ascienda el enriquecimiento ilícito de tres meses a dos años y de dos a catorce años de prisión, de igual forma como la mayoría de los delitos expuestos en el presente punto se contempla la multa,
Cabe mencionar que todos los delitos por hechos de corrupción contemplados en el Código Penal Federal, establecen la pena de “destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación” (art. 212 CPF)
Por todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona el artículo 212 del Código Penal Federal en materia de delitos por hechos de corrupción
Artículo Único.Se adiciona un último párrafo al artículo 212 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 212. [...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Será imprescriptible la acción penal y sanciones por cometer los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, concusión, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, y cualquier otro delito grave que cometa un servidor público que le genere beneficios económicos, a sí mismo o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.Se deroga toda aquella disposición que contravenga el presente decreto.
Notas
1 ¿Dónde se encuentra México en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014?Transparencia Mexicana 02/12/2014, www.tm.org.mx
2 Índice de Percepción de la Corrupción 2015, Transparencia Internacional, www.transparency.org
3 Inegi, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013 www.inegi.org.mx
4 Ibídem.
5 Ibídem.
6 Ibídem.
7 Ibídem.
8 Inegi, Encuentra Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe) 2015 www.inegi.org.mx
9 Ibídem.
10 Amparo Casar, María, “México: Anatomía de la Corrupción”,Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Mexicano para la Competitividad, 2015 pág. 6
11 Ibídem. Pág. 11
12 Al respecto en el documento México: Anatomía de la Corrupción, en su página 16 gráfica 7, se presenta precisamente la relación entre el PIB per cápita y el Índice de Percepción de la Corrupción, donde evidentemente existe una tendencia de menor corrupción en los países con mayor desarrollo económico.
13 Amparo Casar, María Op. Cit., Pág. 29
14 Ibídem. Pág. 28
15 Amparo Casar, María Op. Cit., Pág. 45
16 Ibídem. Pág. 45
17 Ibídem.
18 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, www.unodc.org
19 Código Penal de Puerto Rico, Ley núm. 146 de 30 de julio de 2012, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de Estado www.estado.pr.gov
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.— Diputadas y diputados: Verónica Delgadillo García,Alejandro Armenta Mier, Blanca Margarita Cuata Domíngez (rúbricas).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Verónica Delgadillo. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
Sonido en la curul del diputado Alejandro Armenta.
El diputado Alejandro Armenta Mier(desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, ahora que el tema de la corrupción se aborda en la Cámara, y en el sentido que ha mencionado la diputada Verónica, de Movimiento Ciudadano, yo también quiero señalar que en Puebla tenemos un vergonzoso ejemplo de ello.
Desde mi primer día como diputado en esta Cámara he señalado una serie de temas de complicidades que lastiman a los poblanos. Este ambiente de corrupción, de saqueo y de abuso de poder, indigna a todos los mexicanos y denigra todavía más a la clase política.
Me he manifestado en contra de que se aprueben los presupuestos ciegos a los gobernadores, porque luego salen huyendo con el dinero, dinero de los mexicanos, y me refiero específicamente al Ramo 28.
He denunciado sin encontrar eco ni respaldo, la escandalosa deuda en Puebla, que pasó de ocho mil millones a 72 mil millones de pesos...
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputado, este asunto no está a discusión.
El diputado Alejandro Armenta Mier (desde la curul): Por eso es que me adhiero y solicito se considere...
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: No puedo darle el uso de la palabra, no está a discusión.
El diputado Alejandro Armenta Mier (desde la curul):... solicito se considere en los testimonios de esta asamblea que me adhiero a la propuesta que hace la diputada Verónica, del Movimiento Ciudadano y solicito su intervención para que se lo haga de su conocimiento, presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputada Verónica Delgadillo, ¿está de acuerdo con la adhesión? Aquí está, en la mesa de esta Secretaría.
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social.
La diputada Carmen Victoria Campa Almaral:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión someto a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social, cuya finalidad es incorporar en el texto de la ley el concepto de vivienda digna y decorosa.
El artículo 4o. de nuestra Carta Magna, en su párrafo séptimo, establece claramente que toda familia tiene un derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. En el mismo tenor, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece, en el numeral 1 del artículo 11, que los Estados parte reconocen el derecho de toda persona a nivel de vida adecuado para sí y para su familia, incluso en alimentación, en vestido, en vivienda adecuada y una mejora y continua condición de existencia.
¿Qué es lo que se debe entender por vivienda adecuada? La respuesta nos la proporciona el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que refiere que el derecho de una vivienda adecuada abarca libertades, como la protección contra el desalojo forzoso y la destrucción y demolición arbitrarias del hogar; estar libre también de injerencias arbitrarias en el hogar y la privacidad de la familia, y también la posibilidad de elegir la residencia, determinar dónde vivir, al igual que el derecho a la libertad de circulación.
Del mismo modo, establece también un mínimo de requisitos que debe cumplir una vivienda para ser adecuada. A saber de la seguridad, de la tenencia, la disponibilidad de los servicios, que sea también accesible, que sea habitable. La accesibilidad para considerar las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados, y con una ubicación para tener acceso a oportunidades de empleo, de servicios de salud, escuelas, guarderías, etcétera. Así como no estar en zonas contaminadas o peligrosas, y que tenga en cuenta la expresión de la identidad cultural.
El comité es muy enfático al mencionar que el derecho a una vivienda no significa solamente que la estructura de la casa debe ser la adecuada. Debe también haber un acceso sostenible y no discriminatorio de los servicios fundamentales de esta vivienda, como en materia de salud, en seguridad, comodidad y alimentación.
Por su parte, el artículo 2 de la Ley de Vivienda señala que se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, y además cuente con espacios habitables y auxiliares, así como los servicios básicos y brinde a sus ocupantes la seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión y contemple también, además, criterios para la prevención de desastres y de protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.
La definición de la Ley de Vivienda, como podemos darnos cuenta, es afín a los requisitos señalados también por el Comité de la ONU. A pesar de todo lo anterior, la Ley General de Desarrollo Social no contempla el concepto de vivienda digna y decorosa, refiriéndose únicamente al derecho a vivienda y omitiendo todas estas características que sí lo atribuye la Ley de Vivienda.
En este sentido, para Nueva Alianza es imprescindible que exista una armonización jurídica respecto a este derecho fundamental. El texto de la Ley General de Desarrollo Social sólo se refiere al concepto de vivienda de una manera genérica, lo cual no es compatible con el derecho a una vivienda digna y decorosa.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza somos congruentes con nuestra agenda legislativa, al priorizar la vigencia del Estado de derecho y precisamente por eso, y para garantizar el cumplimiento de las normas, es preciso que nuestro orden jurídico sea suficientemente claro y armónico.
Consideramos, por lo tanto, indispensable armonizar y hacer congruente el texto y los alcances de la Ley General de Desarrollo Social con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de atender los derechos de la población, principalmente cuando se trata de proteger a los sectores más vulnerables.
Con la certeza que nos acompañarán en este esfuerzo legislativo agradezco a todos ustedes su atención. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma los artículos 6o., 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Quien suscribe, Carmen Victoria Campa Almaral, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de vivienda digna y decorosa, al tenor del siguiente:
Planteamiento del problema
Nuestra Carta Magna enaltece cada uno de los derechos humanos que han sido reconocidos universalmente, y reitera con ello, el reconocimiento jurídico y pleno sobre las aspiraciones más elevadas del hombre, exaltando en todo momento la dignidad, el valor de las personas, la no discriminación y la igualdad entre mujeres y hombres.
A pesar de la vigencia que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como de otros instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en los cuales se señala que cada uno de los Estados miembros se compromete a asegurar su cumplimiento, a través de mecanismos jurídicos y de la adecuación de su legislación interna, así como de la implementación de acciones que permitan hacer efectivo cada uno de los derechos fundamentales del ser humano, al día de hoy aún se observan incongruencias dentro de nuestra legislación secundaria.
Es evidente que nuestro sistema jurídico debe ser eficiente para cumplir irrestrictamente con la satisfacción de cada una las necesidades de la población y, con ello, garantizar el cumplimiento y goce de cada uno de sus derechos; por lo que es indispensable, si sobre derechos humanos se refiere, hacer congruente el texto de la Ley General de Desarrollo Social con el término y los alcances que se dictan en el texto de Nuestra Constitución Política, resolviendo así establecer, en ese ordenamiento, el derecho a una vivienda digna y decorosa, considerando que dicha ley secundaria tiene como fin ser el eje de la Política Social, garantizando “el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social en harás de combatir la pobreza, pero principalmente, para atender aquellos grupos sociales en situación de vulnerabilidad.”
Lo anterior, evidentemente implica establecer condiciones mínimas que debe reunir la vivienda para que ésta cumpla con dicho cometido y, así, la Ley General de Desarrollo Social deje de emplear un concepto de vivienda liso y llano, ya que el uso de un concepto tan genérico como el vigente solo puede dar pie a considerar a la vivienda como “cualquier recinto, separado o independiente, construido o adaptado para el albergue de personas”, definición que carece de las condiciones mínimas que se fijan en el derecho a la vivienda, lo que resulta incompatible con el término y los alcances del contenido de nuestra Constitución Política.
Exposición de MotivosMéxico ha sido reconocido como un país activo en suscribir y ratificar diversos instrumentos internacionales a favor del reconocimiento y respeto irrestricto sobre el tema de los derechos humanos, así como también por haber asumido con responsabilidad el compromiso como Estado miembro, al asegurar su cumplimiento a través de mecanismos jurídicos, la adecuación de su legislación interna, así como de la implementación de acciones que permitan hacer efectivo cada uno de los derechos fundamentales del hombre; sin embargo, al día de hoy, aún se observan incongruencias dentro de nuestra legislación secundaria, como es el caso del derecho a la vivienda que se cita en la Ley General de Desarrollo Social.
El derecho a una vivienda adecuada surge con claridad en el instrumento denominado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, documento que consagró los derechos conocidos como de segunda generación, los cuales son derechos de contenido social que han pugnado por mejores condiciones de vida, al fincar una esfera de mayor responsabilidad para el Estado.
En ese documento se reconoce el “derecho a una vivienda adecuada” y establece que es “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia”; además, precisa que para que cada Estado pueda llevarlo a cabo, independientemente del contexto, deben existir elementos que debe cumplir la vivienda para que pueda ser considerada como adecuada, los cuales son:
a) seguridad jurídica de la tenencia;
b) disponibilidad de servicios materiales e infraestructura;
c) gastos soportables;
d) habitabilidad;
e) accesibilidad;
f) lugar y,
g) adecuación cultural.
Recordemos que los derechos de segunda generación se constituyen por los derechos económicos, sociales y culturales, asociados a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, mismos que surgen como resultado de la Revolución Industrial y tienen una connotación social que ha impuesto al Estado la obligatoriedad de garantizarlos. También, es preciso recordar que México fue el primer país en el mundo que incluyó en su Carta Magna tales Derechos Sociales; sin embargo, no fue hasta el año de 1983 que, de manera precisa los confirma, con la inclusión del derecho a la “vivienda digna y decorosa”, para lo cual, se modificó sustancialmente el artículo 4o. de nuestra Constitución Política.
Con posterioridad, en el año 2004, se promulgó la Ley General de Desarrollo Social, referida primordialmente a los derechos para el desarrollo social, entre los que se incluyen el derecho a la vivienda con un trato genérico, aspecto que también emplea como parámetro para medir la pobreza, así como para establecer programas y para definir la Política Nacional de Desarrollo Social, sin considerar los alcances que sobre el derecho a la vivienda establece nuestra Constitución.
Es evidente que las discrepancias entre los términos y los alcances que contiene la Ley General de Desarrollo Social y los de la Constitución Política que nos rige, en relación al derecho a la vivienda, deben ser corregidos y armonizados, a fin de evitar que la dualidad de conceptos puedan dar origen a interpretaciones equivocadas, ya que la Ley General de Desarrollo Social sólo se refiere al concepto de vivienda de una manera genérica y, bajo esta visión, por vivienda se entiende “cualquier recinto, separado o independiente, construido o adaptado para el albergue de personas”, concepto que no es compatible con el derecho a una vivienda digna y decorosa, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que evidentemente, implica establecer condiciones mínimas que debe reunir la vivienda para cumplir con ese cometido, por lo que, con esta intervención legislativa, exaltamos se cumpla el compromiso que México asumió, con base en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de adecuar su legislación interna con miras a hacer efectivos cada uno de los derechos fundamentales.
La adecuada y precisa definición en el marco jurídico, al ser una obligación del Estado, reviste particular relevancia ya que el derecho a una vivienda digna y decorosa no solamente hace referencia al derecho de toda persona de disponer de cuatro paredes y un techo para su refugio, sino que impera garantizar el derecho a una vivienda digna y decorosa para asegurar el derecho a la vida.
El derecho a la vivienda digna y decorosa ya ha sido cuestión de debate. En el año 2014, derivado de la promoción de un amparo directo en revisión número 3516/2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, en el caso del ejercicio del derecho a una “vivienda digna y decorosa”, “[... ] La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”; lo anterior, toda vez que a través de los Tratados Internacionales, en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la vivienda tienen un alcance mayor y, por ende, es importante explicar que el derecho fundamental a la vivienda adecuada, o digna y decorosa, debe entenderse a partir de la interpretación que han hecho diversos Organismos Internacionales, al dotar de contenido el derecho a una vivienda adecuada y, en tal caso, para comprender este concepto, es necesario atribuirle el cumplimiento de un estándar mínimo, con requisitos elementales que permitan considerar adecuada una vivienda, lo cual debe garantizarse a todas las personas.
Por su parte, en congruencia con lo antes expuesto, al regular la política nacional de vivienda, la Ley de Vivienda vigente recoge en su contenido que, por “vivienda digna y decorosa” se considerará aquella que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad; cuente con espacios habitables y auxiliares; así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión; que también que contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos. No obstante, estas consideraciones y atributos han sido omitidos en la Ley General de Desarrollo Social.
En este contexto, resulta un imperativo que la Ley General de Desarrollo Social adecue y armonice su redacción, sin omitir el que recoja los alcances que se dictan en nuestra propia Constitución sobre el derecho a una vivienda digna y decorosa; ello, principalmente, para hacer efectivo este derecho en la atención de las necesidades de los grupos sociales más vulnerables de la población.
No es omiso señalar que el Poder Judicial de la Federación ha establecido que la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria siempre que se ajuste a las reformas constitucionales; es decir, que sea acorde con la protección de los derechos humanos reconocidos tanto en la Carta Magna como en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
En Nueva Alianza, congruentes con nuestra Agenda Legislativa, priorizamos la vigencia de un estado de derecho que se fortalece cuando la norma se cumple; por ello, es de nuestro interés evitar que el régimen jurídico se vulnere por la ambigüedad, sea por la falta de actualización del texto o por las diferencias que se puedan observar en la interpretación y aplicación de las leyes reglamentarias, ya que con ello la credibilidad que puedan tener los ciudadanos por las instituciones, y en la ley, decrece, sumado a que la consolidación del Estado de Derecho se entorpece.
Por lo anterior, resulta indispensable armonizar y hacer congruente el texto y los alcances de la Ley General de Desarrollo Social con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de atender las legítimas aspiraciones de la población, priorizando en todo momento cuando se trata de los grupos más vulnerables de la población. Como Legisladores, es nuestra obligación establecer y brindar las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos humanos, particularmente, el derecho a tener una “vivienda digna y decorosa”.
Fundamento legal
Por las consideraciones anteriormente expuestas, en mi calidad de Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de vivienda digna y decorosa
Artículo Único. Se reforman los artículos 6; la fracción VII del artículo 19; y las fracciones V y VI del artículo 36, todos de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:
I. a VI. ...
VII. Los programas de vivienda, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de una vivienda digna y decorosa;
VIII.y IX. ...
Artículo 36....
I. a IV. ...
V. Calidad y espacios de la vivienda digna y decorosa;
VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda digna y decorosa;
VII. a IX. ...
Artículo TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
i “Declaración Universal de Derechos Humanos”, recuperado de:
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
ii “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, recuperado de: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
iii “Ley General de Desarrollo Social”, recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf
iv Fracción VI del artículo 5 de la Ley General de Desarrollo Social: Grupos sociales en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar.
v Establece Suprema Corte alcances del derecho a la vivienda adecuada con respecto a desarrolladores inmobiliarios
En sesión de 22 de enero del año en curso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el amparo directo en revisión 3516/2013, a propuesta del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, revocó la sentencia de un tribunal colegiado que interpretó incorrectamente el artículo 4o. constitucional, en el sentido de que el derecho fundamental a la vivienda adecuada, o a una vivienda digna y decorosa, sólo se refiere a la vivienda de interés social y, por tanto, según el tribunal, cualquier otro tipo de vivienda que no pueda ser considerada como tal, no está protegida por dicho artículo.
Ello es así, ya que los tratados internacionales suscritos por México, en particular, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y su interpretación por parte de organismos internacionales, han dotado de contenido al derecho a una vivienda “adecuada”, atribuyéndole el cumplimiento de un estándar mínimo, integrado por requisitos elementales con que debe cumplir la vivienda para poder ser considerada adecuada, lo cual debe garantizarse a todas las personas.
Asimismo, los Estados se han obligado al suscribir dichos tratados a elaborar una estrategia nacional de vivienda, e implementarla, en conjunto con los sectores social y privado.
Razón por la cual, la Primera Sala revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo a dos personas que reclamaron la nulidad del contrato de compraventa de un departamento que, según ellos, no cumplía con la normatividad aplicable, específicamente, al no tener habitaciones funcionales, al carecer, por ejemplo, de ventanas en una de las recámaras.
Lo anterior es así, pues los promotores y desarrolladores inmobiliarios, así como todos aquellos particulares que asumen la obligación de desarrollar vivienda, tienen también la obligación de cumplir con las normas de derechos humanos, en particular, con aquellas vinculadas con el derecho fundamental a la vivienda adecuada. Máxime si la normatividad aplicable establece cuales son las características que debe tener toda vivienda para cumplir con dicho estándar mínimo. Lo anterior, ya que es una expectativa básica de la sociedad que estas personas cumplirán con la normativa aplicable.
Por lo tanto, si el desarrollador inmobiliario no demuestra haber comunicado en forma expresa y clara al comprador de la vivienda, antes de su adquisición, que la misma carece o carecerá de algunos de los requisitos impuestos por la normatividad aplicable (como es el hecho de que no tendrá ventanas), especialmente cuando la vivienda se adquiera antes de ser construida, entonces, el comprador debe tener expedito su derecho para demandar, ya sea, el cumplimiento forzoso de la normatividad, o en su defecto, la rescisión o nulidad del contrato y la indemnización correspondiente.
Así, se concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y emita una nueva en la que sólo determine que la acción de los quejosos (nulidad del contrato de compraventa) es improcedente si el departamento objeto del juicio cumple en forma estricta con la normatividad aplicable, y si existe prueba fehaciente que el vendedor hizo del conocimiento del comprador, en forma expresa y clara, con anterioridad a la celebración del contrato, que el inmueble no tendría una ventana que diera al exterior en la recámara conocida como número 2.
Recuperado de: http://www2.scjn.gob.mx/red/coordinacion/COMUNICADO_11_2014_ENE.pdf
vi “Ley de Vivienda”, recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv_200415.pdf
vii Conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el pleno, y además para los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Ahora bien, el mecanismo para el control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control de constitucionalidad que deriva del análisis sistemático de la reforma que sufrieron los artículos 1o. y 103, en relación con el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que significa que la observancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria siempre que se ajuste a esas reformas constitucionales, es decir, que sea acorde con la protección de los derechos humanos, reconocidos tanto en la Carta Magna como en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte. De tal suerte que, la no aplicación de criterios jurisprudenciales emitidos con anterioridad a la reforma constitucional aludida, porque el tratado internacional considera un derecho humano de mayor beneficio al justiciable, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona, no implica desacato a lo dispuesto por el citado artículo 192, pues la obligatoriedad de la jurisprudencia se encuentra sujeta a que ésta interprete un sistema jurídico vigente aplicable al caso concreto de que se trate. Esta premisa generó que este tribunal ejerciera oficiosamente el control difuso de convencionalidad e inaplicará la jurisprudencia 2a./J.108/2010, de rubro: “Emplazamiento al tercero perjudicado por edictos. El incumplimiento del quejoso de recogerlos y pagar su publicación no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de amparo”, que en esencia, considera que a efecto de que no se sobresea en el juicio de garantías por incumplimiento de recoger los edictos, el quejoso debe comparecer a manifestar su imposibilidad para cubrir el gasto de su publicación y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos deben existir indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Ello es así porque mediante el principio de interpretación conforme en sentido amplio, respecto de los numerales 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que el Estado mexicano, en su orden, adquirió la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en él, a efecto de garantizar el libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, entre otros motivos, por la posición económica, así como que todas las personas son iguales ante la ley; además, el Estado deberá contar o implementar los mecanismos legales idóneos, necesarios o suficientes para permitir a toda persona en el ejercicio de su derecho de defensa contra actos que estime transgresores de su esfera jurídica, lo cual está referido a toda materia de derecho. De ese modo, si la citada jurisprudencia condiciona la procedencia del juicio de garantías a que el particular comparezca a manifestar y evidenciar su imposibilidad para cubrir el gasto de los edictos, entonces esa circunstancia se estima contraria a los derechos humanos de gratuidad de la administración de justicia, que consagra el artículo 17 constitucional, de igualdad ante la ley y no discriminación por posición económica, en virtud de que se condiciona el derecho de gratuidad de la administración de justicia a que se colmen los requisitos que no establece la ley de la materia, los que giran en torno a motivos de índole económica, lo que significa que el citado derecho se reserva sólo para las personas que no tengan la capacidad económica para sufragar el pago de la publicación de los edictos, que se traduce en clara violación a los derechos humanos referidos, pues la garantía de igualdad y la no discriminación prohíben la diferencia de tratamiento entre seres que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza.
[TA]; 10a. época; TCC; SJF y su Gaceta; libro XVI, enero de 2013, tomo 3; página. 2089.
Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La obligatoriedad de la emitida antes de las reformas de los artículos 1o. y 103, de diez y seis de junio de dos mil once, en relación con el 133, todos de la Constitución federal, se sujeta a que aquélla sea acorde con la protección de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte (inaplicabilidad de la tesis 2a./j.108/2010).
Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco.
Amparo directo 402/2012 (cuaderno auxiliar 685/2012), 27 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos con voto aclaratorio del Magistrado José de Jesús López Arias. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Abel Ascencio López.
Nota: La tesis 2a./J.108/2010 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXII, agosto de 2010, página 416.
Recuperada de: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8f cfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedent es,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=6&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6 ,1,2,3,4,5,50,7&ID=2002561&Hit=1&IDs=2002561,161633,165557,179119,2 32787,394301&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=KOM&T ema=681
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de abril de 2017.— Diputada Carmen Victoria Campa Almaral(rúbrica).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Carmen Victoria Campa. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
Saludamos con mucho gusto a alumnos de la Universidad de la Sierra de Huauchinango, Puebla, invitados a este salón de plenos por el diputado Carlos Barragán Amador. Sean ustedes bienvenidos.
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco:Con la venia de la Presidencia y de la Mesa directiva. Compañeras y compañeros diputados. Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Esto lo dijo Abraham Lincoln.
El fenómeno de la corrupción es reconocido como una de las principales amenazas al Estado y a la democracia, pues conspira contra su legitimidad, vulnera el Estado de derecho y afecta el uso de recursos públicos destinados al cumplimiento de derecho o a fines de interés colectivo.
El acto de corrupción constituye una grave muestra de deslealtad, ya que supone el aprovechamiento inmoral de lo público para beneficios privados.
Es por lo anterior que yo vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona las fracciones XII, XIII, XIV al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo de dotar a los ministerios públicos de la autoridad para solicitar al juzgador de control constitucional el que se solicite y se amplíe la figura de la prisión preventiva, oficiosa, en la comisión de delitos penales como son el peculado, el cohecho y el enriquecimiento ilícito.
Lo anterior con dos fines fundamentales: uno, por una parte, inhibir la comisión de las mencionadas conductas con la imposibilidad de la libertad bajo caución; la otra, para evitar la evasión a la acción de la justicia.
Lo anterior, tomando en cuenta que para nadie son desconocidos los escándalos de corrupción que han puesto al país en la mira internacional, con el caso de gobernadores y funcionarios públicos que han recibido o tomado dinero del presupuesto, de obras, de todo lo público.
De hecho, se publicó un reporte de la Consultoría Intergralia, que en México, de 14 gobernadores investigados, 53 por ciento fue por peculado; 24 por ciento fue por lavado de dinero; 17 por ciento fue por asociación delictuosa y 5.8 por ciento fue por extorsión.
Desafortunadamente, no solo esos casos existen en nuestro país respecto al cohecho o al peculado, pues en fechas recientes se destapó y se discutió en esta Cámara de Diputados el caso de Odebrecht, empresa que desvió a nivel mundial más de dos mil millones de dólares en 2014 para actos de corrupción. Y manifestó que tan solo aquí en México en años recientes se entregaron 10.5 millones de dólares a funcionarios públicos de la empresa Pemex, que es de todos los mexicanos.
Esta es una empresa que se ha dedicado a estar extorsionando, como ustedes saben, y ya ha habido evasión de la justicia para muchos funcionarios públicos. Pero este no es el único caso, hay que recordar también el caso de Oceanografía, que fue una empresa que operó casi con las mismas formas, se le asignaron recursos millonarios y hay muchas cosas ahí escondidas.
Asimismo, en los últimos años hemos sido testigos de cómo implicados en estos delitos han buscado evadir la acción de la justicia escondiéndose y huyendo a otros países.
Es por lo anterior que con la presente iniciativa se incentiva a que trabajemos más en la prevención de la conducta desleal, esto por medio de las unidades de control del propio Estado, además de que se sancione la comisión de faltas graves a la norma administrativa, a través de un tribunal administrativo. Porque la ciudadanía necesita volver a creer en los servidores públicos.
Por tanto, es nuestra obligación legislar en la prevención de los delitos como el cohecho, el peculado y enriquecimiento ilícito. Esto va a ayudar a prevenir y que muchos funcionarios tengan la precaución y el decoro de no robar, de no agarrar dinero.
Hace muchos años se escribió un libro y se escribió una serie de principios básicos y uno de ellos fue: no robarás, y este principio ha cobrado la vida en toda la humanidad. Y hay una mención también en ese documento que dice: si te estorba algo que te hace delinquir, quítatelo.
Yo no sé si en el tiempo tendremos que llegar a eso, tendremos que cortarle la mano a un funcionario público que haya tomado dinero de las arcas, que ha inhibido que muchos jóvenes puedan tener un futuro o que muchos enfermos puedan ser sanados o que muchas familias puedan ser restauradas.
Son temas que hay que seguir discutiendo y yo le pediría a esta Cámara que todos esos temas que se están presentando, el tema de corrupción, anticorrupción y combate a la corrupción sean tratados en las comisiones y no estén congelados ahí en dichas comisiones. Muchas gracias, señora presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del PES
El suscrito, diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan las fracciones XII, XIII, XIV al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosLa función pública puede ser definida, como el conjunto de relaciones laborales entre el Estado y sus servidores, en donde las funciones desempeñadas están contenidas en la Constitución, una Ley o un reglamento.
Por eso, la protesta de los funcionarios públicos, resulta ser un acto solemne, en el que éstos se comprometen dentro de su cargo a cumplir con la Constitución y las leyes de su país, actuando en todo momento por el bienestar de su pueblo.
Por lo anterior, es deber fundamental del funcionario público acatar y cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.
El funcionario tiene frente a la ley una responsabilidad mayor, por el hecho de que al tomar protesta se vuelve trabajador del ciudadano y en su función solo le bastará con cumplir correctamente sus deberes.
Por lo tanto, de los funcionarios públicos se espera que recojan conciencia y reconozcan al estado y su Constitución como un alto valor digno de comprometerse con él.
Derivado de lo anterior, la obligación de fidelidad y lealtad al estado, se entiende como una condicionante que debe tener el funcionario público, por lo cual se deben distanciar de grupos y acciones que atacan, combaten y difaman al estado, sus órganos constitucionales y a la ciudadanía.
En términos concretos, cada Gobierno constitucional y todos los ciudadanos tienen que poder confiar en que el funcionario va a estar dispuesto a asumir, en la ejecución de los asuntos de la administración, las responsabilidades que corresponden a su propio Estado.
Ya que el orden constitucional se sostiene no solo en la voluntad popular, sino también en la lealtad de funcionarios públicos.
Desafortunadamente, en nuestro país la lealtad de los servidores públicos no ha sido del todo apegada a las leyes y desafortunadamente se ha aplicado al fenómeno de la corrupción, este fenómeno es reconocido como una de las principales amenazas a la democracia, pues conspira contra su legitimidad, vulnera el Estado de derecho y afecta el uso de recursos públicos destinados al cumplimiento de derechos o a fines de interés colectivo.
Por ello, un acto de corrupción constituye una grave muestra de deslealtad frente a las reglas que debieran regir un comportamiento social honesto, pues supone el aprovechamiento inmoral de lo público para un beneficio privado, acción que es aún más nociva cuando la ejecutan personas que detentan cargos públicos.
O como bien lo menciona Luis Pazos: la palabra corrupción, nos lleva a definirla como algo que se echa a perder, que no funciona correctamente. Aunque la mayoría de las personas entienden por corrupción una acción inmoral o ilegal.
Mientras que la definición de la palabra corrupción viene del latín corruptio (acción y efecto de destruir o alterar globalmente por putrefacción, también acción de dañar, sobornar o pervertir a alguien).
Derivado de las definiciones citadas encontramos que resulta reprobable que haya gobernantes que utilicen el poder del Estado para corromper a la sociedad.
Por ello, a través del tiempo se ha buscado el prevenir la deslealtad en su desempeño, la reparación del daño ante determinadas conductas, en las que la sociedad o el gobierno se pueden ver tanto directa como indirectamente dañados.
Y es por lo anterior que se considera esencial que se norme con el objetivo de combatir la corrupción, pero sobre todo de prevenir conductas como el cohecho y el peculado, por lo cual se propone adicionar dos fracciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 167, para establecer que tanto el cohecho como el peculado se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Pues en México, desde el punto de vista legal, las conductas vinculadas a la corrupción se integran en una amplia variedad de tipos penales previstos en los Códigos Penales de las entidades federativas y en el propio Código Penal Federal, por ejemplo, el ejercicio indebido del servicio público, el abuso de autoridad, el uso indebido de atribuciones y facultades, la intimidación, el ejercicio abusivo de funciones, el tráfico de influencias, el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito, etc.
Sin embargo, la importancia del cohecho y el peculado es que se relaciona más comúnmente con la corrupción.
Y es que la corrupción es una de las primeras causas de los bajos crecimientos, la miseria y de la migración de millones de mexicanos. Y, sobre todo, del surgimiento de nuevos ricos.
Por lo tanto, con la presente iniciativa se incentiva a que trabajemos más en la prevención de la conducta desleal, esto por medio de las unidades de control del propio estado, además de que se sancione la comisión de faltas graves a la norma administrativa, a través de un tribunal administrativo.
No obstante lo anterior, la deslealtad mencionada se ha distinguido en la comisión de conductas que son del campo del derecho penal, por lo que en esta materia es necesario también ejercer una presión que constituya un inhibidor en la comisión de estas conductas.
Para nadie son desconocidos los escándalos de corrupción que han puesto al país en el foco internacional y a la expectativa de su proceder en acciones de tipo penal, que muestre una verdadera voluntad de combatir este fenómeno.
Ejemplo de los actos lamentable es que algunos funcionarios evaden la acción de la justicia, un claro ejemplo es el del recién capturado Javier Duarte, responsable por los delitos de: Delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de que debe enfrenta a cargos por parte de la Procuraduría General de la República que fueron interpuestos desde el mes de octubre de 2016.
En caso similar se encuentra Cesar Duarte, ex gobernador de Chihuahua y quien enfrenta cargos por el delito de peculado, y quien es buscado por la Interpol en 190 países.
Desafortunadamente estos no son los únicos casos en los que se ha acusado de peculado a algún gobernador, ya que en los últimos 15 años, 14 gobernadores mexicanos, de los principales partidos políticos, han sido investigados por autoridades federales o extranjeras por delitos de peculado, narcotráfico, lavado de dinero o asociación delictuosa.
Según un reporte de la consultora Integralía, dirigida por el ex consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, de la cifra global de 14 gobernadores investigados, 52.92% fue por peculado; 23.53% por lavado de dinero; 17.65% por asociación delictuosa y 5.8% por extorsión.
Entre los nombre de estos ex funcionarios públicos está el de Humberto Moreira, el del ex goberndor de Tabasco Andrés Granier, quien fue detenido y recibió formal prisión por lavado de dinero y defraudación fiscal por dos millones 552 mil pesos, Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador panista de Aguascalientes y quien fue sentenciado a dos años de prisión por peculado, ex gobernador interino de extracción priista, Jesús Reyna García, quien fue encarcelado y acusado de asociación delictuosa, narcotráfico y extorsión, el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, estuvo preso entre junio de 2011 y noviembre de 2012, lo acusaron de desviar 104 millones de pesos, pero fue absuelto por la procuraduría chiapaneca, además de que existen otros tres ex gobernadores sobre los que pesan acusaciones formales, como son el ex mandatario panista de Sonora, Guillermo Padrés; el ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.
Desafortunadamente, no solo esos casos existen en nuestro país respecto al cohecho o peculado, pues en fechas recientes se destapó el caso de Odebrecht empresa que desvío más de 2 mil millones de dólares entre 2005 y 2014 en torno a Petrobras. La red de corrupción se dedicaba de forma sistemática al desvío de fondos públicos, el acaparamiento de contratos y el pago de sobornos. El dinero se desviaba a políticos y empresarios. Los implicados transferían altas sumas de dinero a otros países.
Lamentablemente esta empresa admitió haber pagado 10.5 mdd en sobornos a “altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado (mexicano)” para ganar contratos. Y algunos de los presuntos involucrados son el ex presidente Felipe Calderon y Javier Duarte.
Pero con este tipo de casos no solo tenemos a Odebrecht, sino tambien a Oceanografia empresa fundada en 1968 para proveer servicios de ingeniería marina a Petróleos Mexicanos (Pemex). Se especializa en ingeniería geofísica marina, buceo de saturación, operación de vehículos sumergibles manejados a control remoto, mantenimiento a estructuras marinas y construcción de ductos submarinos, la cual durante la presidencia de Fox fue acusada de haber sido favorecida con la asignación de contratos millonarios, siendo excluida por 21 meses y 12 días de los procesos de contratación del gobierno, luego que Pemex encontró en una revisión interna irregularidades en contratos con la firma, según un reporte del 11 de febrero.
Con los argumentos anteriores encontramos que se han distraído del objeto del estado, dinero, valores, fincas, además de que se han puesto a la luz pública hechos y actos de soborno a funcionarios públicos, etc.
En fin, saber que existe un problema grave en México y no hacer nada, raya en cierto grado en la opacidad, de quienes tenemos la responsabilidad de adecuar la norma a una realidad objetiva que vive el gobierno y la sociedad.
Por lo anterior expuesto, considero necesario impedir las mencionadas conductas, aplicando lo conducente en el sistema nacional anticorrupción en la parte preventiva y en la sancionatoria a la violación a la norma administrativa; y por otra parte con el endurecimiento de medidas en algunos tipos penales a fin de cerrar el círculo del combate a la corrupción.
En razón de lo anterior es que la presente propuesta considera que se aplique la figura de la prisión preventiva oficiosa contenida en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a los delitos de peculado y cohecho en las modalidades siguientes:
En el caso del peculado en sus fracciones I a la IV
• Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito.
• Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública.
En el caso del delito de cohecho en sus fracciones I a la III incisos a) y b)
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito.
En el caso de enriquecimiento ilícito;
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
A fin de apreciar de manera más analítica la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
Por lo anteriormente expuesto y considerando la necesidad de inhibir la comisión de las conductas objeto de la presente y a fin de cerrar el círculo del combate a la corrupción; es que se presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona las fracciones XII, XII, y XIV al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales;
Para quedar como sigue:
Código Nacional de Procedimientos Penales
Artículo 167. ...
El Juez de control, en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, el cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
...
De la I a la XI...
XII. El cohecho, previsto en el artículo 222; en sus fracciones I a la III incisos a) y b)
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito.
XIII. El peculado, previsto en el artículo 223; en sus fracciones I a la IV
a). Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito.
b).Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública.
XIV. El enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 224; cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Artículo 128, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2 Luis Pazos, P. 15
3 Diccionario etimológico, disponible en;
http://etimologias.dechile.net/?corrupcio.n
4 Luis Pazos, P. 107
5 Excélsior, 31/3/2017, disponible en;
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/31/1155197, consultado el 19 de abril de 2017.
6 Ángel Cabrera, Van 14 ex gobernadores acusados de peculado en 15 años, 18 de enero de 2016, disponible en;
http://www.24-horas.mx/van-14-ex-gobernadores-acusados-de-pecul ado-en-15-anos/
7 Ibíd.
8 El Universal, Odebrecht la ruta de Corrupción, disponible en;
http://interactivo.eluniversal.com.mx/2017/odebrecht-corrupcion /
9 Excelsior, “Oceanografia” http://www.excelsior.com.mx/topico/oceanografia
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.— Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Ferreiro Velasco. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
Esta Presidencia recibió 16 iniciativas de las siguientes diputadas y diputados: diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD; de los diputados Alberto Martínez Urincho y Francisco Xavier Nava Palacios del PRD; y Manuel de Jesús Clouthier Carrillo; del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD; del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD; del diputado Carlos Alberto De la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del PAN; de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del PAN; de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del PAN; y de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del PAN. Estas iniciativas serán turnadas a las comisiones que correspondan.
DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la declaratoria de publicidad de los dictámenes. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura de los 40 títulos de los proyectos de decreto.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se autoriza que se dispense la lectura de los 40 títulos de los dictámenes con proyecto de decreto. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Radio y Televisión, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión.
LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 27 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 451 y se deroga la fracción III del artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 276 Ter al Código Penal Federal.
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo X Bis y los artículos 32 Bis y 32 Ter a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
LEY DE ASISTENCIA SOCIAL
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, en materia de asistencia social básica a madres solteras.
LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso h) del párrafo primero, del artículo 21 y la fracción I del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
LEY GENERAL DE SALUD
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 215, y adiciona un tercer párrafo al artículo 216 de la Ley General de Salud.
DECLARA EL 27 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO DÍA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DE QUEMADURAS EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 27 de abril de cada año como Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes.
LEY DE VIVIENDA
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.
LEY DE VIVIENDA
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda.
LEY DE VIVIENDA
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 335, 336 y 337 del Código Penal Federal.
LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso n) a la fracción II del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
LEY ORGÁNICA DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 107 y 108 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan los artículos 3, 10, 16 y 17 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1o. y 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
DECLARA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL DE COMBATE AL CONTRABANDO Y DELITOS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR”
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el día 11 de octubre de cada año como “Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor”.
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos.
LEY DE MIGRACIÓN
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley de Migración.
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 7o. y 8o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 49 Bis de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Ganadería, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 174 de la Ley Federal de Sanidad Animal.
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona el inciso d) al artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6o., 9o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16 y 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
DECLARA EL 3 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO COMO DÍA NACIONAL PARA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Gobernación, por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 3 de diciembre de cada año como Día Nacional para Inclusión de las Personas con Discapacidad.
LEY DE MIGRACIÓN
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Migración.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO
LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Honorable asamblea, en virtud de que en la sesión del jueves 20 de abril no se alcanzó al quórum reglamentario durante la votación del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre en materia de mamíferos marinos, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto con la modificación aceptada.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto con la modificación aceptada.
(Votación)
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Saludamos con mucho gusto la presencia del joven Gunter Hernández Guzmán, destacado estudiante de Querétaro, que hoy asiste al pleno, invitado por el diputado Braulio Guerra Urbiola. Gracias.
Asimismo saludamos la presencia de niños de la primaria Colegio Miguel Hidalgo, de Tlalnepantla, Estado de México, que asisten a este salón de plenos invitados por la diputada Angélica Moya Marín. Sean ustedes bienvenidos.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:¿Hace falta algún diputado o diputada de emitir su voto? El tablero sigue abierto.
¿Algún diputado o diputada que haga falta de emitir su voto? Favor de señalarlo. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Está a punto de cerrarse el sistema electrónico. Ciérrese... Todavía no. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 242 votos a favor, 0 votos en abstención, 190 votos en contra, de un total de 432 diputados presentes.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general y en lo particular, por 242 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos. Pase al Senado para sus efectos constitucionales.
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 2017
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017, relativo a la duración en su encargo de los titulares de los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Triana Tena, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Saludamos con mucho gusto a maestros de arte popular mexicano, provenientes de los municipios de Metepec y de San Felipe del Progreso, Estado de México, que hoy nos acompañan, invitados por la diputada Carolina Monroy del Mazo y la diputada Dora Elena Real Salinas. Sean ustedes bienvenidos.
El diputado Jorge Triana Tena: Con su permiso, diputada presidenta. A nombre de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, presentamos el dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de enero del año 2017.
Como ustedes recordarán, compañeras y compañeros, aprobamos en el periodo ordinario de sesiones anterior el mecanismo para poder hacer la homologación respectiva con el Sistema Nacional Anticorrupción y poder dar cauce al nombramiento de los contralores internos de los órganos autónomos del gobierno federal.
Ante todo esto habría que cuidar de manera bastante puntual, de manera escrupulosa pues, la duración del cargo de cada uno de los que ostentan el cargo en la actualidad. Y hubo dos unidades administrativas, dos órganos autónomos que por sus características y por el momento en el que entraron en lugar, pudieran quedar como una expectativa de generación de derechos. Por lo tanto esta iniciativa lo que busca es hacer la homologación respectiva para que puedan empatarse cronológicamente en tiempos y no pudiera eventualmente haber algún tipo de impugnación de carácter legal ante alguna autoridad jurisdiccional, reclamando esta temporalidad.
Ellos están salvos, ellos estarán a salvo para poder presentar su candidatura, su registro para poder ser ratificados de alguna forma en el cargo, y lo que estamos buscando simplemente es el empate respectivo.
Cabe recordar que estamos próximos, a través de la Junta de Coordinación Política, a lanzar la convocatoria respectiva para poder hacer el nombramiento de cada uno de estos titulares de órganos internos de control de órganos autónomos, por lo tanto tenemos que estar listos, tenemos que tener la puerta cerrada, tenemos que estar blindados contra cualquier tipo de impugnación y por ello viene esta iniciativa presentada por dos legisladores, la diputada Sharon Cuenca, del Partido Verde Ecologista de México, y el diputado Rogerio Castro, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.
Pido respetuosamente a nombre de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Jorge Triana.
De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra por cinco minutos cada uno. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado José Alfredo Ferreiro Velasco.
El diputado José Alfredo Ferreiro Velasco: Con la venia de la Presidencia. A nombre de los que integramos el Grupo Parlamentario de Encuentro Social manifiesto nuestra posición respecto al dictamen del proyecto de decreto por el cual se reforma el párrafo segundo del artículo segundo transitorio, del decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las diferentes leyes que aquí ya se mencionaron, para no abundar más en ello.
Para Encuentro Social es fundamental que en esta Cámara de Diputados se legisle para fortalecer los órganos internos de control en los entes autónomos, toda vez que son instancias con facultades para vigilar, controlar y evaluar los procesos y procedimientos que realizan los servidores públicos de las dependencias y entidades federativas, para garantizar el estricto apego a la legalidad.
Recordemos que este tema tiene como consecuencia la reforma constitucional del sistema nacional anticorrupción, con lo cual se creó un paquete de legislaciones secundarias, en los que establece que, entre otras cosas, el nombramiento de los titulares de los órganos internos de control de los órganos constitucionalmente autónomos.
En este contexto, el 17 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en comento, en el cual se establecieron las reglas para el nombramiento de los titulares de los órganos internos de control de la Comisión Federal de Competencia Económica, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Instituto de Información Nacional de Estadística y Geografía, del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Nacional de Evaluación de Educación, del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Por lo tanto y para darle seguimiento a este decreto, es esencial que quede establecido un mismo procedimiento, requisitos y plazos, para que el nombramiento de los titulares de los órganos internos de control sea totalmente apegado a las legislaciones.
Es por lo anteriormente expuesto que Encuentro Social resulta importante, de suma importancia que queden establecidos los requisitos y el procedimiento para la designación y además de consolidar esos mecanismos.
Es por eso que los integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social votaremos a favor esta reforma. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Ferreiro Velazco. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión me refiero al dictamen que reforma al párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley de Transparencia y Acceso Público a la Información y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017, cuya finalidad es dar certeza jurídica a la previsión que hace uso de dicho artículo transitorio sobre el tiempo que durarán en su cargo los titulares de los órganos internos de control, dicha disposición no contempla a aquellos supuestos en que fueron nombrados titulares de esos órganos antes de la entrada en vigor de este decreto. Además, en otros casos, la legislación aplicable no prevé el tiempo de duración del encargo.
Con el presente dictamen se pretende subsanar un error de precisión en el texto del decreto que fuera publicado el 27 de enero de 2017, mediante el cual se buscó armonizar las exigencias de transparencia y probidad en el ejercicio de los recursos públicos, contenidos normativos específicos.
A pesar de lo anterior, en el texto del artículo segundo transitorio de este decreto, no se incluyó una disposición que regule todos los supuestos de titulares de órganos internos de control, que actualmente se encuentran en funciones, para establecer con precisión la previsión del tiempo que durarán en el encargo cuando no tiene un periodo establecido en la legislación aplicable alguna.
En suma, se pretende subsanar esta deficiencia normativa y establecer claramente la temporalidad de estos cargos. En Nueva Alianza estamos convencidos de que la claridad normativa conduce al fortalecimiento del Estado y, sobre todo, a la transparencia que hoy es una exigencia de los ciudadanos.
El derecho a la razón, por el cual consideramos que es parte de nuestra responsabilidad como legisladores y legisladoras dotar de las normas precisas para el efectivo cumplimiento de la ley y, sobre todo, para dar claridad a cada uno de estos movimientos ante la ciudadanía, que hoy es un derecho que exigen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Ocampo Bedolla. Saludamos, con mucho gusto, a alumnos y directivos de las escuelas telesecundarias Ignacio Manuel Altamirano, José Luis Salas García y el Tajín, del municipio de Papantla de Olarte, del estado de Veracruz, invitados por la diputada Heidi Salazar Espinosa. Sean ustedes bienvenidos. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Macedonio Tamez Guajardo.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo:Buenas tardes, compañeros. Aprovecho este uso de la palabra para decir que sigo sin explicarme por qué se llaman titulares de los órganos internos de control y no contralores. Es parte del rebuscamiento jurídico del que padecemos en este país.
Este dictamen simplemente busca claridad y precisión en el tiempo que habrán de durar los titulares de estos órganos, insisto, contralores, en el ejercicio de sus cargos.
Es de congruencia y de sentido común, creo que no presenta mayor dificultad, de tal manera que al tiempo que anuncio mi voto a favor, así como el de mi fracción, los invito a favorecer con su aprobación esta iniciativa. Gracias y buenas tardes.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Tamez Guajardo. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Rogerio Castro Vázquez.
El diputado Rogerio Castro Vázquez:Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, estamos aquí para posicionar a nombre de Morena la postura que tenemos con respecto al dictamen, por supuesto, de la iniciativa de un servidor para reformar lo que ya se ha comentado que se publicó el 27 de enero de 2017, con respecto a la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos.
Es importante decir que, como estaba planteada la reforma anterior, dejábamos sin darle certeza a dos de estos titulares, que eran el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, porque en sus reglamentos y en las reformas que se llevaron a cabo no establecían el tiempo en el que éstos debían durar en el encargo y al homologarse esto con la reforma que se publicó en enero, pues podían suceder dos temas, que eran, uno, que pudieran quedarse como titulares el tiempo indefinido. Y otro, que si aplicábamos la norma de los cuatro años, pues pudieran impugnar la decisión de removerlos o tampoco podrían participar en otro encargo.
Entonces, esta reforma nosotros la propusimos porque nos dimos cuenta de este error en la reforma anterior, y como hemos dicho, Morena viene a hacer un trabajo responsable, un trabajo para aportar también a darle sustento jurídico a las leyes de este país. Y aunque pudiera ser algo mínimo, pero fue importante hacerlo.
Por eso, quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios por ser sensibles ante esta iniciativa y también hacer un llamado para que esto podamos remitirlo de manera urgente al Senado, y que el Senado pudiera darle trámite rápido para que ya pueda salir la convocatoria para designar a los titulares, como dice el diputado, de los órganos internos de control, pero también les podemos llamar contralores.
Eso es lo que estamos hoy debatiendo. Les pido el voto a favor y agradezco a todos los grupos parlamentarios. También quiero agradecer, por supuesto, a Morena, a todo el equipo técnico de la Comisión de Transparencia, que también nos ayudaron a elaborar esta iniciativa y muchas gracias, diputados. Es cuanto.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Rogerio Castro. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD, tiene uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Erik Juárez Blanquet.
El diputado Erik Juárez Blanquet:Con el permiso de la Presidencia. El gran cáncer que corroe las instituciones de nuestro país es la corrupción. México ya ocupa los últimos lugares en el ranking internacional. En materia de transparencia internacional ocupamos el lugar 123 de 176 países. Y de los países o naciones que integran la OCDE somos el último lugar de 35, es una verdadera vergüenza.
Por si fuera poco, la larga, pero muy larga lista de ex gobernadores del PRI, encabezados por Javier Duarte quien hoy está preso en Guatemala, pero además, pero además sigue gozando de la protección del gobierno mexicano, decía yo, la larga lista de ex gobernadores del PRI que están presos, procesados y prófugos, hoy gracias a todos ellos somos motivo de escarnio y de desprestigio internacional. De ahí, compañeros y compañeras, la necesidad de robustecer al máximo nuestro recién creado Sistema Nacional Anticorrupción.
Con la reforma constitucional de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción por el que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, se derivaron una serie de obligaciones para que el Congreso expidiera la legislación secundaria requerida, para establecer el procedimiento, el nombramiento y la remoción de los titulares de los órganos internos de control de todos los organismos autónomos.
Por mandato constitucional, quienes encabecen estas contralorías internas deberán ser designados por la Cámara de Diputados y con las reformas planteadas se establece que se requerirá la mayoría calificada para poder removerlos de su cargo.
El dictamen que está a consideración, por supuesto que lo vamos a respaldar la fracción parlamentaria del PRD, esta asamblea, este pleno, plantea aquí modificar el segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a la Ley y al Sistema Nacional de Información de Estadística Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Este dictamen, pues, plantea de manera precisa que aquellos titulares de los órganos internos de control de los organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía y que ejercen recursos públicos del Presupuesto de Egresos de la Federación, que se encontraban en funciones a la entrada en vigor del decreto, y que cuenten con vigencia de duración en el cargo, continuarán en sus cargos en los términos que fueron nombrados hasta que concluyan su encargo.
Esta reforma, compañeros y compañeras, ayuda a fortalecer el sistema dando certeza jurídica a quienes ejercen la función de titulares de los órganos de control, pero, amigos y amigas diputados, mientras nosotros no demos los pasos definitivos para cerrar el paso a la corrupción y a la impunidad, el mal de la corrupción nos seguirá aquejando.
Mientras no seamos austeros, eficientes, responsables, cuidadosos en el ejercicio del gasto público; y mientras no retiremos el fuero a los servidores públicos —me refiero a la inmunidad constitucional—, mientras el Senado de la República no atine a nombrar un fiscal anticorrupción a la altura de las circunstancias que requiere el país sin ataduras al Ejecutivo federal, mientras no garanticemos la plena autonomía de la Fiscalía General de la República, no vamos a poder cerrar la pinza que requiere el verdadero combate a la corrupción que requiere este país. Muchísimas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Juárez Blanquet.
Queremos destacar y agradecer la presencia en este salón de sesiones de la excelentísima señora Halimah Yacob, presidenta del Parlamento de la República de Singapur, acompañada por los miembros del Parlamento: señor Vikram Nair, señor Ang Wei Neng y señora Cheryl Chan, así como por el señor Eduardo Henkel Pérez-Castro, cónsul honorario de esa nación en México. Esta distinguida delegación de Singapur participó en una reunión de trabajo con el Grupo de Amistad México-Singapur y realizará una visita de cortesía a esta Presidencia.
La Cámara de Diputados del Congreso mexicano les da la más cordial bienvenida y hace votos por el fortalecimiento de las históricas relaciones de fraternidad, diálogo y cooperación entre México y Singapur. Enhorabuena y sean ustedes bienvenidos.
Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Sharon Cuenca Ayala.
La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras, como ya sabemos, los órganos internos de control son una pieza fundamental del sistema de anticorrupción. Sus funciones son: vigilar, controlar y hacer una evaluación gubernamental del trabajo de los funcionarios.
Por ser la jurisdicción para atender, tramitar y resolver las quejas o denuncias presentadas por la ciudadanía contra presuntas irregularidades administrativas cometidas por servidores públicos, su objetivo principal es erradicar los abusos de quienes no cumplen con la ley y de quienes dañan la reputación de millones de servidores públicos.
Para el caso de los órganos internos de control de los organismos constitucionalmente autónomos, el nombramiento de estos titulares es una facultad exclusiva de esta Cámara, esto es a raíz del decreto de la Constitución de 2015 que creó el Sistema Nacional de Anticorrupción. Ahí se nos otorga, a esta Cámara, esa facultad. Este procedimiento evidentemente no estaba establecido de manera legal, y el pasado mes de enero se hicieron las reformas correspondientes a diversas leyes de estos organismos y de la misma Cámara para establecer un procedimiento que tuviera las mismas características para todos los titulares de estos organismos constitucionalmente autónomos, que fueran los mismos requisitos, que fuera el mismo tiempo de duración, etcétera. Ahorita mismo los voy a referir.
La legislación secundaria para el nombramiento de estos funcionarios tenía varias asimetrías, los plazos eran desiguales, la denominación que se les daba a estos titulares también era diferente, y en esa tesitura fue que aprobamos la reforma que acabo de referir.
Y esto dio origen a que de manera armónica quedara establecido este procedimiento para su nombramiento, designación y causales de remoción de estos titulares. Sin embargo, en el artículo segundo transitorio del decreto del 27 de enero de este año, había algo que era conveniente perfeccionar.
Es por ello que se presentó una iniciativa en el Grupo Parlamentario del Partido Verde, que es parte también de este dictamen, cuyo objetivo era establecer de manera clara y precisa los procedimientos de designación y que quedara establecido, sin lugar a dudas, quiénes iniciarían y en qué condiciones este procedimiento a raíz de la convocatoria que está por publicarse.
Con excepción de los que tienen vigencia de duración en el cargo, que de manera específica es el INE, porque la tiene en el artículo 41 constitucional, en ese tenor tenemos que la Cofeco, el Ifetel, el Inegi, el INAI, todos estos tienen un encargado de despacho, es decir, están vacantes; mientras que la CNDH y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tienen un titular nombrado en el enero del 2015 y septiembre de 2014, respectivamente.
Todos estos que acabo de referir entrarán en el proceso de nombramiento de esta Cámara, y aquí cito al diputado Rogerio Castro, autor de la otra iniciativa que se dictamina en este dictamen, quien atinadamente precisó en su iniciativa que con esta reforma se podría llevar a cabo el nombramiento de seis de los siete órganos constitucionalmente autónomos sin trastocar el Estado de derecho. Es decir, darles una certeza a los que ya estaban en funciones antes de mayo del 2015, el INEE y la CNDH.
Esto quiere decir que estos nuevos seis nombramientos entran al proceso con el mismo piso, empezarán con la convocatoria y tendrán los mismos requisitos, serán sujetos de responsabilidad administrativa, rendirán un informe semestral y anual, durarán en su encargo cuatro años y al término de estos cuatro podrán participar nuevamente en otro procedimiento por cuatro años más. Y, por supuesto, tendrán la dotación de una autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y sus resoluciones.
Este es el procedimiento que establecimos en el decreto de enero de este año y que perfeccionamos con el presente dictamen. Es un ejercicio más preciso y más transparente, para que esta facultad de la Cámara quede íntegra.
En el Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos a favor de fortalecer el combate contra la corrupción, y dotar de certeza jurídica todo procedimiento que designe algún funcionario. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada Sharon Cuenca Ayala. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Luis Marrón Agustín.
El diputado Luis Gilberto Marrón Agustín:Con su venia, diputada presidenta. Compañeros legisladores, la implementación de la reforma constitucional en materia de anticorrupción está en marcha. Y es deber de todas las autoridades del Estado redoblar esfuerzos para hacer efectivas y eficaces las disposiciones que se establecieron, para ser posible la erradicación de los actos de corrupción en todos los ámbitos del gobierno de nuestro país.
En Acción Nacional hemos manifestado nuestro compromiso permanente de presentar aquellas propuestas que permitan la correcta implementación de las disposiciones constitucionales y legales en la materia.
Por ello, de manera particular, debemos cumplir con nuestra obligación de nombrar a los titulares de los órganos internos de control, de los organismos constitucionales autónomos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Con la reforma a diversos ordenamientos jurídicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 27 de enero de este año, se establecieron lineamientos homogéneos para que esta Cámara pudiera realizar los nombramientos pendientes, como es el caso de los titulares de los Órganos Internos de Control, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la Comisión Federal de Competencia Económica, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos.
Realizar dichos nombramientos adquiere especial relevancia, toda vez que son estos los encargados de prevenir, corregir, investigar y sancionar conforme a la nueva normatividad las faltas administrativas que llegaran a cometerse en sus dependencias, por lo que es necesario que éstos comiencen a realizar atribuciones conferidas y, por ende, que estos cuenten con la debida legitimidad de ser nombrados por esta Cámara de Diputados.
De ahí que se estima oportuna la aprobación de la reforma que se somete a nuestra consideración, toda vez que su única finalidad consiste en homologar el periodo que deben durar en el encargo los contralores internos de los organismos constitucionales autónomos, que conforme a la reforma de enero de 2017 será de cuatro años, pudiendo ser reelectos para un periodo igual.
De lo que se trata es de propiciar las mismas condiciones de actuación y dar certeza jurídica a la duración del encargo de los contralores de todos los organismos constitucionales autónomos, con excepción del contralor del Instituto Nacional Electoral, para coadyuvar a la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Por lo anterior, Acción Nacional votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Marrón Agustín. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada María Gloria Hernández Madrid.
La diputada María Gloria Hernández Madrid:Con el permiso de la presidenta. Integrantes de la Mesa Directiva. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación, a quienes nos siguen por el Canal del Congreso y a los distinguidos visitantes que se encuentran aquí.
El 27 de enero del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos jurídicos, todos respecto de los titulares de órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos. El propósito fue definir el procedimiento para la designación y remoción de los mismos.
Uno de los soportes que la reforma señala fue el reconocimiento a la transparencia y a la rendición de cuentas como herramientas que permiten construir una sociedad democrática y funcional, pues garantizan a la ciudadanía el acceso permanente a los asuntos públicos y visibilizan la gestión fiscal, al convertirla en un bien público sometido permanentemente al escrutinio de todos, lo que a su vez forja una política más efectiva y legítima.
Como muestra de los esfuerzos realizados en generar la estructura normativa de transparencia y rendición de cuentas, para nuestro país y sus autoridades, en esta legislatura aprobamos la reforma constitucional en materia de transparencia y anticorrupción, así como las leyes secundarias del sistema nacional, que le darán viabilidad y del que es importante señalar será presidido por una ciudadana o un ciudadano.
En el mismo sentido, aprobamos la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con esta ley aumentamos el número de sujetos obligados, de 245 a más de 850 y, con ello, robustecimos la observación ciudadana sobre las actividades de los sujetos obligados.
Con las leyes señaladas y las aportaciones de todos los mexicanos, aprobamos normas jurídicas de amplio espectro y de naturaleza transformadora, porque contribuyen a establecer mayores y mejores estándares de eficiencia del aparato público en su conjunto, poniendo en manos de las mexicanas y los mexicanos la posibilidad de supervisar y vigilar constantemente el ejercicio de la función pública, al tiempo que damos muestra que nuestro Grupo Parlamentario del PRI estamos en favor de la transparencia y la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, como principios sociales de derecho y en el ámbito público.
Así lo hemos demostrado y lo asumimos como una tarea permanente que contribuya a generar instituciones cada vez más eficaces y que estén a la altura de las exigencias de la ciudadanía.
Ahora bien, nuestra Constitución General establece que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados designar a los titulares de los órganos de control interno de los organismos constitucionales autónomos que ejercen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
En congruencia con esta disposición, el régimen transitorio del decreto del 27 de enero de 2017 señala que la Cámara de Diputados deberá designar a los contralores internos en un término de 180 días, con excepción de aquellos que se encontraban en funciones al momento de aprobarse la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, publicada el 27 de mayo de 2015, los cuales continuarán en su encargo en los términos que fueron nombrados.
No obstante, la reforma contempló el supuesto para quienes habían sido nombrados sin un periodo determinado. Es por ello que generaba incertidumbre jurídica, así como la necesidad de solventar tal omisión, por lo que ahora debemos votar para generar certeza jurídica acerca del tiempo que los titulares de los órganos internos de control durarán en su encargo.
Por todas las consideraciones expuestas, acreditamos congruentemente la determinación del Grupo Parlamentario del PRI, con la definición de la integración de los sistemas nacionales de transparencia, anticorrupción y fiscalización, como oportunamente lo comprometió nuestro coordinador, el doctor César Camacho Quiroz, en consecuencia el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del presente dictamen que reforma el artículo segundo transitorio del decreto multirreferido, a fin de precisar que sólo aquellos titulares de órganos internos de control nombrados con anterioridad a la reforma constitucional y que cuenten con una vigencia de duración en el cargo, continuarán fungiendo hasta la conclusión del mismo.
Con esta reforma brindaremos certeza jurídica al proceso de designación de los contralores internos de los organismos constitucionales autónomos, llenando un vacío jurídico en pro de la transparencia y, por tanto, en el combate a la corrupción. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Hernández Madrid.
Esta Presidencia desea en esta tarde agradecer y saludar la presencia, en este salón de sesiones, del excelentísimo señor Guy Lamothe, embajador de la República de Haití en México, quien viene acompañado del señor Pierre Angénor Cadet, ministro de Educación Nacional y de Formación Profesional de ese país caribeño, asistiendo también el día de hoy al acto de instalación del Grupo de Amistad México-Haití, convocado por la diputada Sofía del Sagrario de León Maza, quien preside la misma. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a este recinto parlamentario, haciendo votos para que este Grupo de Amistad México-Haití sea un nuevo espacio para estrechar las relaciones de amistad, diálogo y cooperación entre nuestros países. Sean ustedes bienvenidos.
De igual forma, esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de alumnos del Colegio Enrique Rébsamen, provenientes o invitados por la diputada Ana Guadalupe Perea Santos. Sean ustedes bienvenidos.
Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. Y agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra lo suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del presente dictamen.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Esta Presidencia, de igual forma, desea saludar la presencia en este recinto de alumnos de la Universidad del Valle de México, campus Lomas Verdes, nivel bachillerato, invitados por el diputado Enrique Zamora Morlet.
De igual forma, saludamos la presencia en este recinto de niños de la escuela primaria de la delegación Miguel Hidalgo de esta Ciudad de México, invitados por el diputado Jorge Triana Tena. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputada. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 442 votos a favor y una abstención, presidenta.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado en lo general y en lo particular, por 442 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero de 2017. Pasa al Senado para los efectos constitucionales correspondientes.
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LEY ORGÁNICA DE LA ARMADA DE MÉXICO
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El siguiente punto en el orden del día, es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de México.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de México.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para los efectos de fundamentar el dictamen, tiene el uso de la voz por cinco minutos, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Ciudadana diputada presidenta de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros legisladores, señoras y señores. Desde una perspectiva plural, como es la que existe en esta Cámara, debemos buscar coincidencias y estoy convencida que la mayoría coincidimos cuando se trata de cuestiones básicas a favor de México.
Coincidimos, por ejemplo, en la necesidad de tener un país más incluyente y menos desigual, un país soberano y más seguro, que pueda y sepa defender sobre todas las cosas, el interés nacional e impulsar un Estado de derecho pleno.
El dictamen que hoy está a consideración de este pleno tiene justamente este objetivo, supone reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal e incluir adiciones a la Ley Orgánica de la Armada de México, con el fin de brindar la certeza jurídica necesaria para que la Secretaría de Marina actúe y mantenga justamente el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios.
Se trata de proveer las bases jurídicas para que pueda ejercer cabalmente la estratégica función de guardacostas y lo haga con más claridad, con todos los instrumentos y las atribuciones que se requieren para ello.
Los integrantes de la Comisión de Gobernación debatimos amplia y responsablemente la iniciativa del compañero diputado Carlos Federico Quinto Guillén que nos fue turnada por esta Mesa Directiva.
El resultado de este debate se expresa en el proyecto que ha sido puesto a su consideración. La mayoría coincidimos en el sentido y pertinencia de los 11 considerandos que la sostienen.
Creemos, efectivamente, en el valor prioritario que tiene para México la vigilancia e inspección en mares territoriales. Recordemos que somos una nación bioceánica, que nuestra conexión comercial con el mundo es vital para nuestra economía y que el transporte marítimo representa una significativa aportación a ese comercio y al producto interno bruto de nuestro país.
Entendemos también que la salvaguarda de la vida humana en el mar, la protección de los recursos y la vigilancia de la legalidad en mares y puertos son igualmente estratégicos.
Todo esto, compañeras y compañeros diputados, le da fuerza y pertinencia al proyecto de decreto que hoy votamos. Se trata de adecuar un marco jurídico que alinee y dé certeza a la Secretaría de Marina para que actúe en el ámbito de su competencia, de manera que las funciones de guarda costera que realiza a través de la Armada de México se puedan llevar a cabo en mejores condiciones y con la prioridad que reclama hacer valer la ley y el Estado de derecho en el entorno marítimo, que es especialmente valioso y trascendente para México.
Siendo importante destacar que la modificación no representa atribuciones adicionales ni conlleva la creación de algún organismo nuevo. Únicamente homologa términos con la comunidad internacional y señala de forma comunicativa y enunciativa algunas acciones de vigilancia ya previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Reconocemos entonces que los términos y el sentido del proyecto referido constituyen esas cuestiones básicas que reclama un voto responsable y a favor para que se garantice la soberanía y avance en México el Estado de derecho. Muchas gracias, señora presidenta.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Guillén Vicente.
Esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de jóvenes de Acción Juvenil del municipio de San Juan del Río, estado de Querétaro, invitados por la diputada María García Pérez. De igual forma deseamos saludar la presencia de ciudadanos provenientes del municipio de Tlaltizapán de Zapata, del estado de Morelos, invitados por el diputado Matías Nazario Morales. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a este recinto parlamentario.
De conformidad con lo que establece el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar el posicionamiento de cada uno de sus grupos parlamentarios, las siguientes diputadas y diputados, iniciando con la participación de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy buenas tardes, compañeros diputados; honorable asamblea, México cuenta con un litoral de más de 11 mil kilómetros de línea costera y más de tres millones 149 mil kilómetros cuadrados de mar territorial y zona económica exclusiva. La riqueza de nuestros mares es inconmensurable.
En el pacífico mexicano y Golfo de California se ubica la segunda salinera más importante del mundo; hay grandes depósitos de manganeso, grandes atractivos turísticos, una gran diversidad biológica, un gran banco atunero que destaca del resto del mundo.
En el Golfo de México nuestro país tiene una gran riqueza en petróleo y gas natural, y por su vasta biodiversidad en el Mar Caribe, ha sido posible la consolidación y expansión de una sólida industria turística en el sureste.
Corresponde a la Secretaría de Marina y a la Armada de México la responsabilidad de ejercer la soberanía en aguas territoriales y vigilar las costas, vigilar las vías navegables, las islas nacionales y la zona económica exclusiva. Es por ello que para el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social resulta importante fortalecer el marco jurídico de estas instituciones para de esa manera dar mayor certidumbre a sus funciones.
Precisamente, el dictamen que hoy nos ocupa abastece de mayores y mejores elementos jurídicos a la Secretaría de Marina para que ejerza de mejor manera sus funciones de vigilancia, seguridad y protección marítima.
En más de alguna ocasión nos llegaron a comentar capitanes de la Marina la dificultad cuando llegaban a encontrarse con grupos delincuenciales y no podían ellos hacer su trabajo de la mejor manera, precisamente por falta de un marco jurídico que respaldara su encomiable trabajo.
Precisamente es por eso que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal consiste en incluir dentro de las funciones de la Secretaría de Marina la correspondiente para que vigile, visite e inspeccione las zonas marinas mexicanas, las costas y los recintos portuarios.
Esto es de gran importancia, toda vez que robustece sus funciones para brindar seguridad y mantener el efectivo Estado de derecho en todas las áreas marítimas, como las aguas interiores, el mar territorial, la zona económica exclusiva, así como las plataformas continentales e insulares.
Por cuanto hace a la reforma a la Ley Orgánica de la Armada de México, el dictamen de mérito otorga de manera más que adecuada, mayor certeza jurídica para el ejercicio de sus funciones de guardia costera.
Ello, sin demérito de recordar que guardia costera es un término legal que no implica la creación de una nueva actividad, sino que explicita de mejor manera las funciones que actualmente de por sí ellos están desarrollando.
Así, guardia costera implica vigilancia marítima, cumplimiento de la ley en el mar, vigilancia de costas, búsqueda y rescate y protección al medio marino, funciones que resultan convenientes reconocérselas a nuestra Armada de México.
De este modo, los diputados del Grupo Parlamentario de Encuentro Social consideramos que esta reforma es conveniente para fortalecer a estas instituciones que definitivamente han sido un orgullo para nuestro país.
Por ello, votaremos sin lugar a dudas a favor del presente dictamen, a fin de que las normas que alientan al marco jurídico que regula la actuación de la Secretaría de la Marina y de la Armada de México, sean más claras y precisas, capaces de generar confianza y certidumbre en el ejercicio de sus funciones.
Un marco legal transparente que brinde mayor certeza jurídica al marco competencial de las instituciones. Eso es posible y de esto se trata el dictamen que votaremos en un momento más. Es cuanto. Hagámoslo nosotros. Gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Martínez Guzmán. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz:Con el permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el Estado tiene la obligación de brindar seguridad a los mexicanos en todo el territorio nacional, lo cual incluye también el náutico, toda vez que gran parte de nuestra riqueza como país la tenemos en el mar, de tal suerte que resulta primordial cuidarlo y resguardarlo en todos los ámbitos, así como velar por que el patrimonio biológico de México en el mar se respete evitando la contaminación y el deterioro del medio ambiente y marino.
De igual manera, se hace necesario protegerlo de todos los peligros y amenazas a las que se encuentra expuesto, debido a acciones delictivas. Son indiscutibles los riesgos que amenazan la vida y biología marítima. Son muchas las acciones que atentan contra las embarcaciones pesqueras, de comercio, turísticas y de transporte; así como contra las instalaciones portuarias y las vías de comunicación marítima.
Si bien la legislación faculta a la Secretaría de Marina, a través de la Armada, para resguardar y proteger la seguridad y el patrimonio, no le brinda específicamente la atribución de realizar visitas, inspecciones u otras actividades necesarias para hacer valer el Estado de derecho, dejando esa responsabilidad a la policía marítima.
Lo que el dictamen nos plantea es cambiar el término de policía marítima por el de guardia costera en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como armonizarlo en la Ley Orgánica de la Armada de México, con el objeto de dotar de certeza jurídica al cuerpo encargado de las labores antes citadas, en aras de garantizar la protección y desarrollo de toda actividad marítima, además se pretende unificar dicho término con el concepto reconocido internacionalmente.
Es importante mencionar que el establecer el precepto de guardia costera no implica la creación de un servicio, sino únicamente la utilización de un término legal que define y dota de certidumbre jurídica a las funciones que actualmente realiza la Armada, mismas que son exclusivas debido al ámbito de su competencia.
De esta manera, el Estado continuará velando por la seguridad de los mexicanos en todos los perímetros de territorio, a través de un cuerpo fuerte, con atribuciones, responsabilidades y alcances claramente definidos, en armonía con sus similares a nivel internacional. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Saldívar Paz. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez.
El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez:Buenas tardes, diputadas y diputados. Con su venia, señora presidenta. En esta ocasión, en representación de la bancada ciudadana y como presidente de la Comisión de Marina de esta LXIII Legislatura, tengo el honor de presentar este posicionamiento sobre el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) de la fracción IV, y la fracción VII del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y se adiciona la fracción IV Bis del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México.
Debo comenzar diciendo que México es un país que posee una extensa área marítima. Haciendo un poco de historia, desde 1954 nuestro país forma parte de la Organización Marítima Internacional, conocida por sus siglas como OMI. La OMI es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se encarga de dictar directrices sobre la seguridad y la protección del transporte marítimo y la prevención de la contaminación del mar por los buques.
En nuestro país, según las atribuciones que le ha conferido la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es la Secretaría de Marina Armada de México la responsable de salvaguardar vidas, proteger las fronteras marítimas, ríos, cuerpos de agua nacionales y defender al medio ambiente, y por igual, es la Secretaría de Marina la encargada de atender, dar seguimiento a las directrices internacionales como dicta la OMI en los países miembros.
Como presidente de la Comisión de Marina, junto con mis compañeros de la comisión, hemos realizado diversos viajes de trabajo para conocer el quehacer de la Marina a nivel nacional. Hemos escuchado sus necesidades e identificado como prioridad la actualización y fortalecimiento de su marco jurídico de actuación.
En ese sentido, los que integramos la Comisión de Marina nos pronunciamos a favor de todo aquello que le permita a la Marina-Armada de México homologar sus principales actividades y responsabilidades a nivel internacional.
Esta propuesta que atinadamente presentó el diputado Carlos Quinto, se centra en la necesidad de actualizar y normar las actividades que hoy emprende con total responsabilidad la Armada de México.
En todo el mundo, como bien se precisa en el dictamen de la Comisión de Gobernación, se habla que es la Guardia Costera la encargada de seguridad, protección marítima, a través de acciones de vigilancia, verificación, visitas e inspecciones. Por ello no vemos impedimento para que esta propuesta de actualización de la normativa se lleve a cabo.
En otras palabras, no podría retardarse más la actualización de las funciones de la Marina-Armada de México y homologarlas en la normatividad aplicable, tal y como lo siguiere a todos los agremiados la Organización Marítima Internacional.
Como integrante de la bancada ciudadana, en nombre de mis compañeros diputados y en congruencia con nuestros principios de actuación, consideramos oportuno actualizar el marco normativo de la Secretaría de Marina, en el entendido que esta propuesta solo pretende fortalecer su actuación institucional y el ejercicio de sus responsabilidades y atribuciones.
En Movimiento Ciudadano siempre estaremos a favor de impulsar acciones tendientes al fortalecimiento de las funciones de entidades e instituciones públicas en México, de la mejora continua e innovación de la gestión gubernamental. No me queda más que decir que esta propuesta tendrá nuestro voto a favor. Muchas gracias.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Cárdenas Gutiérrez. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.
El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas:Con su venia, señora presidenta. Compañeros y compañeras diputadas, el dictamen que hoy se presenta a este pleno y que fue aprobado en la Comisión de Gobernación tiene como finalidad dar certeza a la actuación que realiza la Armada de México en nuestras costas y mares.
La Marina-Armada de México ha realizado durante muchos años la vigilancia, seguridad y protección marítima, porque así está y lo mandata la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Qué se aumenta? Lo siguiente: visita, inspección a costas y recintos portuarios.
Qué mejor que la Armada sea la que lleve estos actos. Y establece, que de encontrarse comisión de un hecho delictivo se pondrá a disposición ante las autoridades competentes a las personas y/o objetos relacionados con el mismo. Esto último que se aumenta, está dando certidumbre de hasta dónde es el actuar de la Marina.
Otra modificación es determinar que la Armada de México ejercerá funciones de guardia costera para mantener el Estado de derecho en las zonas marinas, costas, recintos portuarios y protección marítima y actuar en base a protocolos, leyes y normatividad aplicable.
Nuestro país ha firmado convenios y tratados internacionales y es miembro de la Organización Marítima Internacional, esto obliga a México a supervisar a las embarcaciones nacionales y extranjeras, así como a puertos e instalaciones portuarias.
Para lograr lo anterior, es preciso contemplar que la Armada tenga el término de guardia costera a semejanza de otros países del mundo, ya que cuyo concepto y funciones son reconocidos internacionalmente.
Dejamos muy en claro que no se trata de militarizar el territorio nacional, sino de darle mejores condiciones normativas a una de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de nuestra nación, como lo es la Secretaría de Marina-Armada de México.
Con esta modificación será posible aumentar la efectividad de los operativos en nuestros mares y puertos en contra de la pesca ilegal, del traslado de mercancías sin permisos, de la introducción de sustancias prohibidas por nuestros mares, de la salida de recursos naturales, del tráfico de personas. En fin, de combatir en cualquiera de sus aspectos al crimen organizado que utiliza estas áreas para sus actividades.
Como parte de nuestro compromiso con las instituciones que velan por la paz y la seguridad de las y los mexicanos, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Verde votaremos a favor del presente dictamen, pues consideramos adecuados los cambios que se plantean, ya que se fortalece la vigilancia, verificación e inspección de las actividades que se realizan en todas nuestras zonas marinas y costas nacionales.
Todo ello bajo un estricto control normativo que no afecte los derechos humanos y que no interrumpa la cooperación interinstitucional, pero sobre todo que da certeza jurídica a las instituciones que se encargan de proteger a la nación, como lo es la Secretaría de la Marina-Armada de México. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Izquierdo Rojas. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Rafael Hernández Soriano.
El diputado Rafael Hernández Soriano:Gracias. Con la venia de la Presidencia. Acudo a esta tribuna para señalar que respecto a la discusión de estas dos Leyes Orgánicas, la de la Armada de México y la de la Administración Pública Federal, es una reforma que a nuestro juicio ya se había tardado.
Actualmente no hay alguna guardia, alguna corporación que pueda interceptar alguna embarcación, por ejemplo, con bandera extranjera, y supervisar qué es lo que transporta a nuestras costas y nuestros puertos se han convertido en zonas porosas y, desde luego, se ha permitido que el tráfico de mercancías, de personas con diferentes fines, y también el narcotráfico, pues sean situaciones que el Estado mexicano no tiene perfectamente detectadas en ninguna de nuestras costas.
La Ley Orgánica, que modificamos hace semanas en este pleno por cierto, le da facultades a las capitanías de puerto que estaban bajo la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que desde luego no tienen ni el personal suficiente ni la capacitación de las condiciones materiales en embarcaciones y personal para realizar ningún tipo de supervisión que implique la defensa de la soberanía.
Por eso, nos parecen relevantes las propuestas de modificación que estamos a punto de aprobar en este pleno porque representa, a nuestro juicio, no solamente el cambio de denominación y creación de la guardia costera para cumplir con recomendaciones y acuerdos que el Estado mexicano ha contraído con organismos internacionales, sino también como una medida para garantizar dos cuestiones fundamentales: el respeto y la defensa de la soberanía nacional en todas las costas de nuestro país y, desde luego, también para las personas que habitan en las costas, la seguridad personal y material, con estas medidas que serán adicionales.
Por eso anunciamos que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de estas dos iniciativas. Por su atención, gracias.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Hernández Soriano. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Claudia Sánchez Juárez.
La diputada Claudia Sánchez Juárez:Con su venia, diputada. Quiero saludar y felicitar la propuesta que hizo mi compañero, el diputado Quinto Guillén, por esta iniciativa que hoy estamos a punto de aprobar y que sin duda pone de manifiesto la modernización y la homologación del lenguaje, pasando de policía marítima a guardia costera.
Creo que es un asunto que es de celebrarse, porque México tiene signados tratados internacionales de los que es parte y esto permite que, de alguna manera, México entre al concierto internacional para salvaguardar los derechos y el tránsito marítimo.
La Armada de México es una institución militar cuya principal misión es la defensa del país, así como coadyuvar a la seguridad interior del mismo. Por ese motivo es necesario dotar de mejores y mayores elementos jurídicos para que cumpla con sus funciones asignadas por el Estado.
Nuestro país cuenta con una gran variedad de recursos naturales debido a la excelente ubicación bioceánica, lo que en términos económicos ha traído múltiples beneficios, pues actualmente tenemos rutas marítimas que nos han posicionado en un lugar privilegiado dentro de los demás países, siendo de gran utilidad para el comercio global.
México está conectado por vía marítima con 164 países y más de 567 destinos de los cinco continentes, participa en el comercio marítimo internacional con 491 destinos geográficos en el mundo a través de 91 líneas navieras que arriban a nuestro país. Como vemos, compañeras y compañeros diputados, México tiene una ubicación geográfica estratégica en materia de turismo y de actividades logísticas en el mundo.
Es por ello necesario e indispensable seguir teniendo el suficiente orden y cumplir con las acciones de vigilancia en las zonas marinas mexicanas, así como visitas e inspecciones a las embarcaciones para tener mayor seguridad para los mexicanos y para todas las embarcaciones que ocupen nuestros puertos.
Lamentablemente, al ser sitios en donde se mueven diversas mercancías y bienes, existen grupos delictivos que se enfocan en realizar actos ilícitos o se presentan actividades relacionadas con la delincuencia organizada y es precisamente lo que se busca con este dictamen.
Compañeras y compañeros diputados, con esta reforma se fortalecen atribuciones de la Secretaría de Marina, se busca que haya una mejor actuación de las autoridades en las zonas marítimas y con ello evitar la comisión de delitos y mantener el Estado de derecho.
Compañeros y compañeras diputadas, de igual forma la atribución de la Marina para que pueda realizar estas acciones de visita e inspección u otras acciones necesarias abonará en la tarea de dar cumplimiento a lo contenido en los tratados y convenios internacionales de seguridad y protección marítima.
Es por ello que Acción Nacional votará a favor de la presente reforma para dotar de mayores facultades a la Secretaría de Marina-Armada de México, para una mejor protección de nuestras zonas marítimas y de los bienes y recursos que ellas producen, se extraen o se comercian en beneficio de nuestro país.
Es necesario también hacer mención que policía marítima, según lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 132, lo define como son funciones específicas, enfocadas al mantenimiento del orden público. Sin duda, no están relacionadas con el funcionamiento que realiza la Armada en las zonas marinas mexicanas para el mantenimiento del Estado de derecho.
Es de celebrarse que no solo tiene que ver con un cambio de conceptos, sino con una ampliación de atribuciones por el bien de nuestra soberanía marítima. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Sánchez Juárez. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Carlos Federico Quinto Guillén.
El diputado Carlos Federico Quinto Guillén:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El dictamen que se presenta para la aprobación de esta honorable asamblea, como ya lo hemos escuchado aquí, conlleva una orientación para darle certeza al mantenimiento del Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas, que son parte de nuestro territorio nacional que se extiende por 200 millas náuticas más allá y a lo largo de los 11 mil 122 kilómetros de litorales.
Es decir, un ámbito mayor al Mar Mediterráneo que supera los tres millones de kilómetros cuadrados en donde se ejercen derechos de soberanía, jurisdicciones y otros derechos tanto nacionales como internacionales.
Mares que se caracterizan por su condición bioceánica, su rica biodiversidad, su potencial en recursos, las actividades económicas que ahí se realizan y por supuesto sus rutas comerciales que nos conectan con más de 160 países de todos los continentes. Esto nos destaca su importancia y le otorga a México una privilegiada situación geoestratégica, lo cual también es utilizado por las organizaciones delincuenciales para enmascarar el tráfico ilegal de mercancías, armas, drogas y personas, entre otros delitos que ya aquí se han mencionado.
México, como Estado firmante de convenios y tratados internacionales en materia marítima y como integrante de la Organización Marítima Internacional, tiene como obligación supervisar que las embarcaciones nacionales o extranjeras cumplan con las condiciones para salvaguardar la vida humana en la mar en donde, para su cabal ejecución, se especifica el derecho de visita e inspección, entre otras medidas.
El artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le asigna a la Secretaría de Marina ejercer la autoridad para el cumplimiento del orden jurídico, lo que exige acciones para la prevención y en contra de las personas u organizaciones que atenten contra las riquezas naturales y la estabilidad en citadas zonas marinas.
En la bancada del Partido Revolucionario Institucional estamos seguros de que la Secretaría de Marina requiere de ordenamientos afines para cumplir no sólo con sus funciones de vigilancia por la seguridad y preservación del Estado de derecho, sino que en el marco legal nacional, se reflejen las facultades de visita, inspección u otras acciones conforme al derecho internacional marítimo, funciones realizadas por personal naval militar que es necesario distinguir y diferenciar frente a la de otros cuerpos de seguridad pública, por lo que es pertinente cambiar el concepto de policía marítima por el de guardia costera, reconocido internacionalmente, y que no se contrapone con preceptos constitucionales, y delimita, sin equivocación, nuestro ámbito operativo.
Además esto no conlleva la necesidad de crear ningún nuevo servicio, ya que todo ello se ejecuta a través de la Armada de México que, como marina de guerra, suma su actuar a la defensa nacional pero, en su rol como servicio de guardia costera, protege los intereses socioeconómicos marítimos nacionales, así como la salvaguarda de la vida humana en la mar.
Por lo tanto y de acuerdo a la delegación de facultades, también se hace necesario modificar en los mismos términos, la Ley Orgánica de la Armada de México, adicionando en el artículo 2 un párrafo cuarto Bis a fin de regular las actividades de esta institución en funciones de guardia costera mediante acciones de vigilancia, verificación, visita, inspección y otras previstas en la ley y en los ordenamientos internacionales.
Compañeras y compañeros legisladores, su voto a favor garantizará el mantenimiento del Estado de derecho, pero sobre todo, fortalecerá la protección de los intereses nacionales en las zonas marinas, costas y recintos portuarios en beneficio de nuestra sociedad, siempre en un contexto de certeza legal, la vigencia de los derechos humanos y la salvaguarda de la soberanía nacional. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Quinto Guillén.
Se informa a la asamblea que con esta intervención fenece el plazo para la presentación de reservas al presente dictamen. Está a discusión en lo general. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra lo suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Suficientemente discutido en lo general.
Con fundamento en lo que establece el artículo 109 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular el artículo 30, fracción IV, inciso b), y fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta reserva por el diputado Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano. De igual forma, se ha reservado el artículo 2o., para eliminar la adición de una nueva fracción IV Bis de la Ley Orgánica de la Armada de México, esto por el diputado Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano.
Se solicita a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general de este dictamen y de los artículos no reservados.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
¿Algún compañero o compañera que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron a favor 391 votos, 30 abstenciones y uno en contra, de un total de 422 diputadas y diputados presentes. Es cuanto.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 391 votos.
De conformidad con lo que establece el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por tres minutos el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 30, fracción IV, inciso b); y fracción VII, éstos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El diputado Jorge Álvarez Maynez:Con su permiso, compañeros. Estamos reservando diversas fracciones que tienen que ver con cómo se piensa que se debe de instrumentar esta idea, que es una idea que yo comparto con lo que dijeron aquí los oradores en tribuna, que es una idea necesaria en México, la de transitar de una policía marítima a una guardia costera, como lo han hecho los países con mejores prácticas en el mundo, pero creo que el error en el caso mexicano ha sido acumular tramos de responsabilidad en fuerzas específicas, cargarle la mano a las instituciones que ya tenemos y que funcionan, en este caso a la Marina, en este caso a la Armada de México, y no crear tramos de responsabilidad diferenciados que nos permitan enfrentar los problemas de seguridad, de impunidad y de justicia de una manera mucho más efectiva y garantizando el respeto a los derechos humanos.
Por ejemplo, en Estados Unidos todo mundo tiene muy claro que la guardia costera, la fuerza naval, los marines, tienen cada uno tramos de responsabilidad específicos, un adiestramiento específico diferenciado. No recibe el mismo adiestramiento ni la misma capacitación ni la misma formación cada uno de los integrantes de estas fuerzas; y nosotros, en vez de ir en esa lógica de mayor claridad de separación en las funciones, de sofisticación, vamos en una lógica en la que todo se lo estamos echando en este caso a la Armada de México, sin mucha claridad de quiénes integrarían esta guardia costera, con qué tramos de responsabilidad.
Para darle sustento a esta reserva yo quisiera leer un texto que escribieron Carlos Silva Forné, Rodrigo Gutiérrez Rivas y Catalina Pérez Correa, sobre el tema y el fenómeno que estamos viviendo en México:
La inclusión del Ejército en tareas de seguridad en entornos violentos, parece traer consigo un inevitable uso de la fuerza bajo una lógica de guerra, y posiblemente sea difícil otro resultado a partir de las características de la formación militar.
Los datos presentados deben tomarse en cuenta al reflexionar sobre la autorización, los límites y las posibilidades del involucramiento del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública. Tampoco pueden dejar de considerarse las exigencias que plantean en materia de información, construcción de indicadores y controles legales, institucionales y sociales, sobre los abusos en el uso de la fuerza, en particular de la fuerza letal. Las decisiones que se tomen condicionarán el tipo de Estado en el que viviremos y las relaciones que como sociedad podamos tener con la autoridad.
¿Qué es esta reserva? Es un llamado a que la posición que ha fijado, por ejemplo, entre otros, el diputado Marko Cortés, que dice: discutamos el tema de la inseguridad desde un ámbito integral, no con prisas, no digamos ya en este momento la Guardia Costera que la organice la Armada de México, sino definir bien los tramos de responsabilidad de los estados, de la Marina, de la Defensa Nacional, que lo hagamos en una lógica de racionalidad, de amplio debate y de una amplia participación también de la sociedad civil.
Creo que es necesaria la Guardia Costera, pero creo que necesitamos diseñarla desde tramos de responsabilidad claros. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Álvarez Maynez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidente, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Álvarez Maynez, para presentar reserva al artículo 2...
El diputado Jorge Álvarez Maynez nos ha señalado que durante su intervención ha presentado la reserva a ambos artículos; por lo tanto, proceda la Secretaría consultar a la asamblea, en votación económica, si se admite.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidente, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto del Colegio Europeo Robert Schuman, invitados por la diputada Sharon Cuenca Ayala. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.
Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y artículo 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México, los cuales se procede a someter a votación en los términos del dictamen.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos, en los términos del dictamen.
(Votación)
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Esta Presidencia saluda la presencia, en este recinto, de alumnos de la escuela primaria Emilio Carranza, de Pachuca, Hidalgo, invitados por el diputado Alfredo Bejos Nicolás. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Algún compañero o compañera que falte de emitir su voto, sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 313 votos, una abstención, en contra 89 de un total de 403 diputadas y diputados presentes. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 313 votos. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México. Pasa al Senado para los efectos constitucionales correspondientes.
PROPOSICIONES DE URGENTE RESOLUCIÓN
SE EXHORTA A LA FEPADE PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE POSIBLES DELITOS ELECTORALES IMPUTABLES A MILITANTES DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA, ASÍ COMO A SU PRESIDENTE, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El siguiente punto en el orden del día es proposiciones con puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución.
De conformidad con lo que establece el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Yulma Rocha Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para realizar investigación sobre posibles delitos electorales, imputables a militantes del Partido Político Morena, así como a su presidente, Andrés Manuel López Obrador. Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Yulma Rocha Aguilar:Con el permiso de la Presidencia. Estaba en lo correcto Norberto Bobbio al afirmar que puede haber derecho sin democracia pero no puede haber democracia sin derecho. Por tanto, quien actúa en contra de la legalidad no puede presumirse como democrático.
Se ha difundido en diversos medios y en las redes sociales un video grabado el pasado 6 de abril, donde se observa a Eva Cadena Sandoval —entonces candidata a la presidencia municipal de Las Choapas, en Veracruz, por Morena— recibir de una persona desconocida la cantidad de 500 mil pesos en fajos de billetes para ser entregados dos días después a Andrés Manuel López Obrador. A Eva Cadena no se le veía indignada por estar cometiendo un acto contrario a la ley, ni por lo menos se le veía sorprendida; al contrario, hasta una bolsita pidió.
En diferentes ocasiones la persona que le entrega el dinero a Eva Cadena alude la cercanía de esta con el presidente de Morena, y ella asiente que así es; cercanía que se confirma ya en el mitin del 8 de abril con abrazos, con halagos y con apoyo público de López Obrador para con Eva Cadena. Probablemente ya le había entregado el dinero, dinero sucio, pues se desconoce su procedencia.
Todo financiamiento privado a partidos o algún actor político debe ser declarado y fiscalizado ante la autoridad electoral para impedir la presencia de recursos ilícitos en los procesos electorales; sin embargo, en el video difundido quedó expuesta con claridad la intención de mantener esos recursos en la opacidad, lo cual debe derivar en responsabilidades jurídicas si sus consecuencias lo ameritan.
Ya es hora de que se investigue a Andrés Manuel López Obrador. Prácticas similares anteriores dan cuenta de que es su modus operandi. Basta recordar a Carlos Ahumada dándole dinero a Bejarano. Aquí solamente faltaron las ligas. O también cuando su publicista descaradamente pasaba charola. O su secretario de Finanzas apostando fuertes sumas en casinos de lujo en Las Vegas. Y ahora nuevamente una operación ilícita que lo relaciona. Ya es hora de que se investigue a López Obrador.
Mismo modus operandi, mismas respuestas. Mismo modus operandi, mismas respuestas...
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se solicita a la asamblea permita que se dé continuidad y por respeto a quien está en tribuna, por favor.
La diputada Yulma Rocha Aguilar: Mismo modus operandi, mismas respuestas, deslindes a lo que él se ha inventado como la mafia del poder, típico de los populistas que se crean enemigos imaginarios para dividir sociedades, los buenos contra los malos, los ricos contra los pobres, el pueblo contra la mafia del poder.
López Obrador debe ser investigado, porque actualmente se están llevando procesos electorales en distintos estados de la República, por lo que la entrega de financiamiento ilegal que involucra directamente al presidente de Morena, atenta contra la transparencia y contra la legalidad de los procesos electorales y pone en entre dicho la calidad de la dirigencia de ese partido político.
No basta con la renuncia de Eva Cadena, se le debe de investigar a ella y también a su jefe político, López Obrador. Y al mismo tiempo, debe de renunciar a la dirigencia de Morena, pues fue declarado como el destinatario de ese dinero, al menos mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
En consonancia con lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional exhorta a la fiscalía especializada, para la atención de delitos electorales a que inicie la investigación correspondiente. Asimismo, incorporamos la propuesta del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para que se sumen a dicha investigación el INE, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, para que en uso de sus facultades realicen la investigación correspondiente sobre el origen y el destino de este dinero.
El dinero no registrado, ese dinero que fluye en las campañas políticas, es el mayor germen de corrupción en México. Es corrupción porque se atenta contra la ley. El financiamiento ilegal de las campañas electorales también lastima nuestra democracia ya que le resta legitimidad.
Compañeras y compañeros legisladores, debemos actuar convencidos de la necesidad de arrojar luz donde hay opacidad y de intervenir con la ley para aclarar lo turbio. En suma, seguir haciendo de la transparencia y de la legalidad salvaguardas de nuestra democracia.
Solicito, presidenta, ponga a consideración del pleno la propuesta de modificación que entregué hace unos momentos a la Mesa Directiva. Es cuanto.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fepade a investigar sobre posibles delitos electorales imputables a militantes y el presidente del partido político Morena, Andrés Manuel López Obrador, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 79, numeral 2, fracción III, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. Ayer se difundió, en diversos medios de comunicación y en las redes sociales, un video grabado el pasado jueves 6 de abril, donde se observa a Eva Cadena Sandoval, candidata a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, por Morena, recibir, de una persona desconocida que declaró tenerle mucho cariño al presidente de Morena, la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos moneda nacional) en fajos de billetes para ser entregados, dos días después, a Andrés Manuel López Obrador.
Segunda. En el video se alude, en diferentes ocasiones, a la cercanía de Eva Cadena Sandoval con Andrés Manuel López Obrador, razón por la que se le está realizando directa y personalmente la entrega del dinero del cual se desconoce la procedencia y los fines para los que será destinado.
Tercera. El sábado 8 de abril, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, efectivamente asistió a un mitin político en donde mostró su apoyo público a Eva Cadena Sandoval como candidata en el proceso electoral que se lleva a cabo en Veracruz.
Cuarta.Con el propósito de impedir la presencia de recursos de ilícitos en los procesos electorales, todo financiamiento privado a un partido o actor político debe ser declarado y fiscalizado ante y por las autoridades electorales; sin embargo, en el video difundido, queda expuesta claramente la intención de mantener estos recursos en la opacidad.
Quinta. En el video se hace referencia a que el medio millón de pesos sea entregado a Andrés Manuel López Obrador, evidente delito dada la opacidad del acto y del origen del dinero.
Sexta. Actualmente se están llevando a cabo procesos electorales en diversas entidades federativas como Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, por lo que la entrega de un financiamiento ilegal directamente al presidente de Morena, atenta en contra de la transparencia y la legalidad de los mismos, por desconocerse el destino que se le podría dar.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que inicie la investigación correspondiente del origen y destino de la cantidad de dinero que se exhibe en el video difundido por diversos medios de comunicación, donde se presume la entrega de la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos moneda nacional) a Eva Cadena Sandoval, para que, a su vez, le sean entregados directamente a Andrés Manuel López Obrador, presidente del partido político de Morena, actos que consideramos podrían configurar un delito electoral.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.— (Rúbrica).»
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Yulma Rocha. Para los efectos que señala el artículo 100, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Para los efectos del artículo 100, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se consulta a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se considera de urgente resolución. Se solicita a la Secretaría dar cuenta de la propuesta de modificación presentada a esta Mesa Directiva en lo que refiere a este punto de acuerdo.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que inicie la investigación correspondiente del origen y destino de la cantidad de dinero que se exhibe en el video difundido por diversos medios de comunicación, donde se presume la entrega de la cantidad de 500 mil pesos a Eva Cadena Sandoval, para que, a su vez, le sean entregados directamente a Andrés Manuel López Obrador, presidente del partido político de Morena, actos que consideramos podrían configurar un delito electoral.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral, al Servicio de Administración Tributaria, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, para que en el uso de sus respectivas facultades, atribuciones y competencias realicen las investigaciones sobre el origen del 100 por ciento de los recursos asignados al partido Morena, para beneficiar al presidente nacional de ese partido Andrés Manuel López Obrador.
Ciudad de México, a 25 de abril de 2017.— Rúbrica.»
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se acepta la modificación presentada.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación planteada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se acepta la propuesta de modificación al punto de acuerdo, de conformidad con lo que establece el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para hablar sobre el tema, las siguientes diputadas y diputados, iniciando con la participación de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por tres minutos.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Honorable asamblea, en Encuentro Social sabemos y lamentamos que la sociedad cada vez cree menos en la política como medio idóneo para alcanzar los acuerdos que el país necesita a fin de avanzar a un futuro mejor.
Se ha perdido la confianza en quienes aquí y ahora hacemos la política. Y hoy se mete a todos en el mismo costal, se etiqueta por igual sin detenerse a distinguir matices como: corruptos y deshonestos.
Al igual que en otras latitudes, personajes e instituciones que buscan ser reconocidas como antisistema, engañan a la sociedad y se montan en su molestia ofreciendo ser la alternativa política y no afín a la cosa pública, que al llegar al poder, pareciera ser que un poco mágicamente, todo lo cambiará planteando escenarios irrealizables llenos de qués, sin o con casi ningún cómo razonable.
Sobre todo, esto lo podemos afirmar cuando además ya se ha probado que tales maravillas no han ocurrido cuando ya han estado al frente del ejercicio público, y hay buenas razones para afirmarlo. Es una verdadera incongruencia.
El día de ayer la pseudo izquierda obstruccionista una vez más fue exhibida en su múltiple moral y su infinita incongruencia, con un video con audio que tiene menos de un mes en que se ofrecen y se aceptan recursos de procedencia, por lo menos desconocida. Para el líder de un movimiento que ha desnaturalizado palabras tan nobles y llenas de significado como renacimiento, esperanza o regeneración, pretendiendo presentarlas a modo.
Quedó expuesta en esa falsedad insostenible la costumbre de llamarse la personificación de la honestidad, de creerse capaz de señalar a quienes son dignos de encomio o del destierro llamándoles la mafia del poder, cuando no se predica con el ejemplo, esto generando un perfil del político que definitivamente México hoy más que nunca no necesita.
Para Encuentro Social, el contenido de la proposición con punto de acuerdo que ahora nos ocupa, merece ser el inicio de un largamente merecido hasta aquí. Es momento de que este personaje y cualquier otro, de cualquier partido, de cualquier grupo, de cualquier instancia que desprecia a la ley y las instituciones que son fundamentales para la construcción del México que queremos, sea detenido en ese proceder y no se le permita más lastimar a México, lastimar a nuestra gente, lastimar la confianza que cada vez más se ve profundamente resquebrajada.
Por todo ello es que votaremos a su favor, a favor de este punto de acuerdo, en pro del trámite también de urgente u obvia resolución como ya lo hemos hecho. México merece funcionarios públicos honestos, transparentes, con un verdadero interés por el desarrollo de sus ciudadanos. Esto nos toca a nosotros es un momento histórico, hagámoslo por supuesto, nosotros. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Martínez Guzmán.
Esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de invitados de la diputada Carolina Viggiano Austria, los alumnos de la escuela CEMSAD Hueyapa de Tlanchinol, Hidalgo. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.
Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra por tres minutos el diputado Carlos Gutiérrez García.
El diputado Carlos Gutiérrez García:Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la transparencia y la rendición de cuentas son conceptos fundamentales de toda democracia liberal y una obligación de quienes tenemos responsabilidades públicas. Para Nueva Alianza son principios que rigen nuestra labor legislativa, en aras de alcanzar una efectiva y real representación de la ciudadanía a quien nos debemos.
Sabemos que la población está cansada de la opacidad con la que se manejan los recursos públicos, y eso nos ha llevado a una profunda crisis de credibilidad social. En nuestro grupo parlamentario estamos convencidos de que la transparencia y los nuevos mecanismos de combate a la corrupción deben transformar la dinámica para investigar y, en su caso, sancionar las actividades indebidas o ilegales.
En ese sentido, es preciso indagar cualquier recurso de dudosa procedencia que atente contra la legalidad en los procesos democráticos. Para ello es fundamental que dicha averiguación sea imparcial, objetiva, clara, transparente y alejada de presiones partidistas.
Es de suma importancia cumplir cabalmente con los procesos que la autoridad electoral determina en asuntos de financiamiento privado. Asimismo, en caso de comprobarse irregularidades, resulta imperativo que la autoridad competente sancione las acciones u omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos.
Compañeras y compañeros, tenemos en puerta cuatro procesos electorales en cuatro estados y debemos blindarlos para impedir la presencia de recursos ilícitos en los mismos. De igual manera se debe brindar seguridad a la ciudadanía, para que acuda a las urnas con la garantía de la legitimidad del proceso, porque es nuestro deber y obligación impulsar la legalidad jurídica y democrática en nuestro país, que es México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidente.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Gutiérrez García. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra por tres minutos el diputado Jorge Álvarez Maynez.
El diputado Jorge Álvarez Maynez:(Reproducción de audio). Este es un audio que el periodista Salvador García Soto difundió, que es atribuido a Javier Duarte y que vincula a Javier Duarte con el financiamiento al PRI, en donde dice: “Si se quieren ir por la libre, que mantengan ellos al PRI, que lo mantengan ellos”.
Nosotros venimos a decir que se investigue a Andrés Manuel, que se investigue a Elvira, que se investigue a todos los dirigentes de Movimiento Ciudadano, a todos los diputados de Movimiento Ciudadano, pero también que se investigue a los diputados que aquí se protegen con el fuero para excusarse de enfrentar las acusaciones de corrupción y de contubernio con gobernadores de la calaña de Javier Duarte, de César Duarte, de Miguel Alonso, de Rodrigo Medina, de esa pandilla de saqueadores que puso a este país en riesgo de tener una viabilidad como Estado. Esa pandilla de gobernadores que le entregó el país no solamente al crimen organizado, le entregó el país a una bola de delincuentes a los que le fue cediendo estados de derecho, porque no solamente operan los cárteles del crimen organizado en Veracruz, el cartel Odebrecht, que también protegió Emilio Lozoya y al que aquí se le ha exculpado por actos de corrupción, también decidiendo el futuro de los veracruzanos.
Eso es lo primero que dice Movimiento Ciudadano sobre este punto de acuerdo, sobre el que vamos a votar a favor. Después, sí, que se entienda que no todos somos iguales, no vamos a aceptar que este caso se convierta en un linchamiento individual contra un líder de la oposición, como si él fuera el problema de una red de impunidad y de corrupción que ha saqueado a este país, pero además tampoco vamos a aceptar que este sea un tema que se discuta entre buenos y malos, en eso no cree Movimiento Ciudadano, es un problema de régimen y de sistema.
Por eso decimos hoy: ¿necesitamos otra prueba de que es un fracaso el modelo de financiamiento público a los partidos políticos? Después, no solamente de este escándalo, sino de todos los que hemos vivido con intromisión de los gobiernos de los estados, incluyendo la intromisión del gobierno de la República en la elección del Estado de México. ¿Necesitamos una prueba más de que las reglas de financiamiento privado no son capaces hoy de moldear el escenario de la vida pública en México?
Y si necesitamos una prueba más de que necesitamos cambiar de modelo en la forma en la que organizamos las elecciones y en la que se dirimen los conflictos en nuestra democracia, hace unos días, este fin de semana, se votó para presidente de la República en Francia, con un modelo mucho más austero en financiamiento público, mucho más austero en financiamiento privado, sin spots, con debates, con muchas más limitaciones a la publicidad de los partidos políticos, votó el 80 por ciento de los franceses.
Nosotros necesitamos construir una democracia en donde no sea el dinero el que determine el destino de la nación. Que se investiguen todos y ojalá quienes van a votar hoy para que se le investigue a Andrés Manuel López Obrador, tengan el valor civil de no escudarse en el fuero para no ser investigados por sus propios delitos. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Álvarez Maynez. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la voz, por tres minutos, la diputada Norma Rocío Nahle García.
La diputada Norma Rocío Nahle García:Con su permiso, señora presidenta. Pueblo de México, ¿qué está atrás del interés de este punto de acuerdo? El dinosaurio se rehusa a morir, pese a que ya se acabaron el país. Somos una generación que los hemos padecido y no estamos dispuestos a que nuestros hijos y las próximas generaciones también los padezca.
Ustedes, PRI y PAN, han entregado el territorio nacional y hoy somos con López Obrador la opción para cambiar la política social, económica de este país. Eso es lo que está atrás de este punto de acuerdo.
Han entregado y solamente de 30, 40 familias se han beneficiado de ello, que son ahora las familias que tienen las telecomunicaciones, que tienen las petroleras, que están en los contratos del gobierno, que está Higa, OHL y todo lo que ustedes le solapan.
Por ello, para el PRIAN es una fijación detener a quién garantice el cambio verdadero en este país, han hecho de todo para frenar a Andrés Manuel. En 1988, Carlos Salinas tomó por asalto la presidencia de la República y de ahí se instaló el neoliberalismo. En el 2006, Felipe Calderón, en forma burda, se robó la presidencia y todavía tuvo el descaro de decir: “haiga sido como haiga sido”. En el 2012, Peña Nieto compró una presidencia y desde entonces incurrió en delitos con delitos, que no ha parado, robándonos a la izquierda, al pueblo de México, la decisión de cambiar el destino de ese país.
Desde entonces el PRIAN no duerme porque hay un pueblo cansado, harto de la corrupción de ustedes, de los personajes que se han enquistado, esos dinosaurios que le temen a un proyecto de nación diferente, donde vamos a ir a erradicar la pobreza extrema que han generado. Ese es el fondo del asunto.
¿Que se investigue? Sí, que se investigue. Ahorita a las once y media de la mañana presentamos una solicitud a la Fepade, que se investigue quién le dio el dinero a Eva Cadena, porque salió de un diputado del PRI, del PRI con Miguel Ángel Yunes. ¿De quién? Erick Lagos operó con Miguel Ángel Yunes para entregar el dinero. Que se investigue, que entre el FBI y la KGB y los que quieran, hoy Morena va.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Nahle García. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra el diputado Omar Noé Bernardino Vargas.
Permítame, diputado Bernardino. Se ruega a las compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario de Morena guardar la debida compostura, puesto que en cada una de las intervenciones en tribuna han sido respetados los espacios para poder escuchar al orador en turno. Gracias. Adelante, diputado Omar Bernardino.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas:Dime con quién andas y te voy a decir quién eres, dice una canción muy conocida: eres como una baraja, caraja. Y les voy a decir por qué.
Voy a presentar ante ustedes los cuatro ases de la baraja de López Obrador que ha tenido bajo su manga.
Primer as. Primero. El señor Carlos Bejarano, el señor de las ligas. ¿Ya no se acuerdan de eso o también fue montaje?
Segundo as. Gustavo Ponce, secretario de Finanzas, que estaba en un casino en Las Vegas gastándose la lana de los capitalinos.
Número tres. El tercer as. Carlos Imaz, que recibió un dineral de Ahumada, ¿fue montaje?
Cuarto as. Eva Cadena, la señora de la bolsita.
Miren, no nos engañemos, ya no engañemos más, no se conviertan en pejezombies, quítense la venda que tienen en los ojos. Ya no sigan a un corrupto mesiánico y demagogo.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Permítame, diputado Omar Bernardino.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas: Compañeras y compañeros.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Omar Bernardino, ¿me permite por favor un segundo? ¿Con qué objeto, diputado Cuitláhuac García?
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Para hacerle una pregunta al orador, si acepta.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Bernardino, ¿acepta una pregunta?
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas: Te la contesto en tu curul. Déjame acabar y de cara te la contesto ahí en tu curul.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Ya ha negado la pregunta en tribuna, por lo tanto, solicito nuevamente guardar la compostura debida para que concluya el orador.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas: Sin duda a muchos mexicanos nos causa indignación que jueguen con los anhelos de nuestra gente, que lucren con sus circunstancias, que vendan sus sueños, que oculten su rostro de mercenarios de la pobreza con la máscara de la magnificencia.
Hoy queda claro que quienes hablan de transparencia son los mismos que pretendieron ofender la inteligencia de los mexicanos, exhibiéndose en carros compactos y pagándole al chofer mensualmente lo que valía el carro que manejaba.
Quienes prometen combatir la corrupción no se daban cuenta de que los impuestos de los capitalinos se apostaban en Las Vegas. Quienes hablan de transparencia nunca explicaron dónde quedaron los recursos de las ligas ni mucho menos han informado a la ciudadanía por qué fracasó, por qué fracasó la línea dorada del Metro. Quizá se convirtió en un exilio dorado. La profunda crisis de credibilidad que vive la política mexicana reclama actores políticos que pasen del discurso demagógico a los hechos concretos.
Ya dejen de mentir. Ya todo mundo dice: montajes, montajes, cuando todo mundo ve que los operadores, los iluminatis de Andrés Manuel López Obrador son los que reciben tras bambalinas los recursos, recursos ilícitos que se los dan. ¿De qué vive Andrés Manuel López Obrador si nunca ha trabajado en su vida? ¿De qué vive? Pues de sobornos, de mentiras, de lucrar con las necesidades de la gente.
Pero en fin, sigan siendo pejezombies, el tiempo nos dará la razón. Es cuanto, presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Bernardino Vargas. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra, por tres minutos, el diputado Julio Saldaña Morán.
Se ha hecho del conocimiento de esta Mesa Directiva que para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hará uso de la palabra el diputado Acosta Naranjo. Proceda, diputado, tres minutos para ello.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo:El Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática va a votar a favor de este punto de acuerdo porque hemos sido promotores toda la vida de que estos temas no queden sin investigarse y sin castigar a los responsables.
Quisiera plantear, porque aquí se mencionó al compañero René Bejarano, que lo que sucedió con René Bejarano es lo que debería de suceder con cualquiera. René fue desaforado. René fue a la cárcel y desde la cárcel llevó su juicio. Eso fue lo que hizo René. Pero aquí se tiene que hacer un montón de cosas para poder tratar de llevar a César Duarte a la cárcel y se le protege.
De verdad los 500 mil pesos —que hay que investigar, un peso, lo que sea— se debe de investigar y castigar a quien sea responsable. Se compara con los cientos y miles de millones de pesos que nosotros hemos venido denunciando de los actos de corrupción de una serie de gobernadores que fueron premiados por el PRI y hoy siguen siendo protegidos por el PRI.
¿Cuántos gobernadores están aquí haciendo cola, los juicios políticos que la bancada mayoritaria se ha negado a que se realicen para que sean castigados? ¿Cuántos?
A mí me parece que cualquier acto debe de investigarse y que no debe de haber ningún pretexto, ninguno; absolutamente ninguno. Si alguien ofrece y alguien recibe, deben de ser investigados el que ofrece y el que recibe y ser castigado.
Pero que aquí no vengan a hablar de cuatro ases de corrupción. Lo hacen con una virulencia; pues si esos cuatro ases se mencionaran con lealtad, entonces deberían de haber preguntado por la reina, por Rosario Robles, que está en el gabinete en este momento del presidente de la República y que estaba en el centro de todos los videoescándalos. No tienen autoridad para hablar del tema.
Si quieren tener autoridad para hablar del tema, saquemos los juicios políticos, vayamos sobre los gobernadores corruptos, metamos en verdad autoridad moral para tratar de temas, si no, es un escándalo sin chiste.
Abarca está detenido y Duarte anda libre. Esa es la diferencia. Los nuestros están en la cárcel y los de ustedes los están protegiendo. Esa es la diferencia.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Acosta Naranjo. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra por tres minutos el diputado Herminio Corral Estrada.
El diputado Herminio Corral Estrada:Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados. El punto de acuerdo que hoy nos ocupa es un tema que en el Grupo Parlamentario del PAN también hemos registrado, pero que por economía procesal, hemos decidido discutirlo en este momento.
Se trata de un asunto que, lamento decirlo, no es nuevo en el debate nacional, pero que es relevante en estos momentos cuando hay la proximidad de las campañas, pero que también es relevante porque involucra a un personaje que viene haciendo campaña desde hace 16 años, y que ha pregonado acabar con la corrupción, con el solo hecho de ganar esa elección. Nada más falso que los argumentos que aquí se han esgrimido, sin embargo la verdad es que la sombra del dinero mal habido. Josefina será la gobernadora, mis amigos.
Y los videoescándalos han perseguido a este señor desde 2004 cuando René Bejarano, el señor de las ligas, recibió los fajos de billetes de parte de Carlos Ahumada para actividades políticoelectorales que dieran además el respaldo a este señor López Obrador.
La deshonestidad cobarde se repitió en el 2012 cuando, en plena campaña presidencial, Luis Costa apareció en una reunión con empresarios recaudando seis millones de dólares para la campaña de López Obrador.
El lunes pasado vimos el más reciente y deshonroso video de la candidata de Morena a la alcaldía de Choapas, Veracruz, Eva Cadena, recibiendo nada más y nada menos que 500 mil pesos para ser entregados ¿saben a quién? ¿Saben a quién? Perfecto, a Andrés Manuel López Obrador.
Diputadas y diputados, ha llegado la hora de desenmascarar a Andrés Manuel, a este señor ligado a los recursos mal habidos, quien de forma tramposa se ha lavado las manos y quiere hacerlo hoy también, intentando burlarse una vez más de los mexicanos, quien se esconde y de manera ridícula dice que les ponen cuatros y que la mafia en el poder le quiere ganar a la mala.
El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Permítame, diputado Corral Estrada. Sonido en la curul del diputado Vidal Llerenas. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Sonido. Ya, gracias. Con objeto de preguntarle al diputado qué...
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Permítame primero preguntarle si acepta.
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Sí, le quiero preguntar sobre el hecho que no se hayan auditado...
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado ¿me permite, por favor?
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): ...los nueve mil, los dos mil millones de pesos...
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Vidal Llerenas, le reitero que me permita preguntar al orador...
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Es que para que él sepa sobre qué es la pregunta, es sobre si la Auditoría Superior...
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:No, permítame, diputado...
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): ...debería auditar los dos mil millones de pesos que se le dieron a Josefina Vázquez Mota...
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado, primero tenemos que preguntar al orador si él acepta.
El diputado Herminio Corral Estrada: Con mucho gusto...
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Es para que sepa que le vamos a preguntar.
El diputado Herminio Corral Estrada:Con mucho gusto si me obsequian unos cuantos segundos al final, se lo contesto...
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Muchas gracias, diputado.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Adelante, diputado.
El diputado Herminio Corral Estrada: Ya basta de que López Obrador se envuelva en la bandera de la honestidad y no haya sido transparente en la obtención de recursos.
Ya basta que se siga recibiendo y además gastando dinero en efectivo, de dudosa procedencia y de manos manchadas, hechos altamente riesgosos, sobre todo hoy que el dinero mal habido y la delincuencia organizada han infiltrado a la política y a muchos políticos.
Por eso proponemos ampliar este punto de acuerdo para que este honorable Congreso, de manera respetuosa exhorte al Instituto Nacional Electoral, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Procuraduría General de la República, a través de la subprocuraduría especializada, para que en el uso de sus respectivas facultades, realicen investigaciones sobre el origen del 100 por ciento de los recursos asignados, también a Morena, para beneficiar a López Obrador.
En el PAN votaremos a favor de este punto para que se aclare de una vez por todas de dónde se ha mantenido este señor López Obrador durante tantos años en campaña, para que se explique a los mexicanos de esta sucesión de hechos que vinculan a López Obrador con el financiamiento ilícito. Y más, cuando este nuevo capítulo de corrupción se menciona amigas y amigos, al Ejército y a la Marina, a los mexicanos sí nos preocupa. Nos preocupan los vínculos con Duarte, nos preocupa además que luego de recibir el dinero de su operadora y ser descubiertos, aún así pretenda defenderla. Sólo nos queda, amigas, amigos; sólo nos queda mexicanas y mexicanos, descubrir su verdadera identidad, de cerrar el paso a la impunidad y de parar la burla a los mexicanos. Muchas gracias.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Corral Estrada. Va a responder la pregunta que él ha aceptado.
El diputado Herminio Corral Estrada: Primero que nada en el PAN se votó, en la Comisión de Relaciones Exteriores, para que se investigue el recurso de Juntos Podemos.
Y en segundo lugar, amigos de mi izquierda, les quiero decir: déjense de pejadas y que expliquen finalmente de dónde sacaron los 500 mil pesos para Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Gracias, diputado Corral Estrada. Para fijar el posicionamiento...
El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: A ver, sonido en la curul del diputado Vidal Llerenas. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Bueno, no sé, el diputado me dijo que iba a aceptar la pregunta. Por cierto, el dinero salió de un diputado del PRI que se lo dio a esta persona en Veracruz. Ahí se contestó la pregunta, pero no me ha dejado preguntar el diputado. No sé si acepta o no la pregunta que le dije...
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado, el orador se ha retirado de la tribuna...
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Con respecto a qué hizo Josefina con los mil millones de pesos que le dio al gobierno de Peña Nieto.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Vidal Llerenas, el orador ya ha dejado esta tribuna. Por lo tanto, es improcedente que usted continúe su cuestionamiento.
Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra el diputado Edgardo Melhem Salinas.
La diputada Alicia Barrientos Pantoja(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul de la diputada Alicia Barrientos. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Alicia Barrientos Pantoja (desde la curul): Presidenta, sólo para dejar claro ante el pleno y al diputado Corral que ha hecho uso de la tribuna, que en la Comisión de Relaciones Exteriores precisamente su grupo parlamentario, quienes lo integran, votaron en contra de este punto de acuerdo, que fue una propuesta de Morena.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputada, se registra su participación. Continúe, diputado Melhem Salinas.
La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo(desde la curul): Presidenta.
El diputado Edgardo Melhem Salinas: Con el permiso de la Presidencia...
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Permítame nuevamente, diputado. Sonido en la curul de la diputada Cecilia Romero.
La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (desde la curul): Presidenta, para aclarar que, en la Comisión de Relaciones Exteriores, el Partido Acción Nacional —a través de los diputados que ahí participamos— aceptó que se modificara y propuso, junto con la diputada de Morena, una propuesta que fue aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores para que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe con toda claridad y suba a su página todo el listado y todas las cantidades que se han entregado a mexicanos y organizaciones en el extranjero, que habiendo firmado con un cónsul un memorándum de entendimiento, reciben dineros procedentes del erario a partir y a través del vínculo que se ha hecho por parte de la iniciativa Juntos Podemos.
Lo aprobamos en la Comisión de Relaciones Exteriores, y aprovechamos para recordar y pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores que haga público esto que fue aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores en un espacio de conciliación que logramos con Morena, para que se aprobara su punto de acuerdo. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se registra su participación, diputada. Continúe. Permítanme decirles que hemos permitido, valga la redundancia, la participación de ambas partes, pero este tema no está a discusión en este momento, por lo tanto vamos a proseguir la sesión con la intervención marcada para este punto de acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, conforme lo señala el Reglamento de esta Cámara. Adelante, diputado.
El diputado Edgardo Melhem Salinas:Con su permiso, presidenta. Trascurridos casi 12 años de una campaña electoral ininterrumpida, Andrés Manuel López Obrador ha dejado una estela de corruptelas a lo largo de su trayectoria y de su ávida ambición de poder.
Desde 2004, cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, se dio a conocer la red de manejos turbios...
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Compañeros, por favor... Permítame, diputado. Por favor seamos respetuosos del orador en tribuna.
El diputado Edgardo Melhem Salinas: Me encanta la verdad, y los felicito por el cambio de careta tan rápido. Son los tolerantes y los demócratas y hoy no aguantan nada.
¿Cuántas Evas Cárdenas más hay en todo el país? les pregunto. Hoy piden investigación porque se les cayó la careta. Los paladines de la honestidad, los paladines de la transparencia hoy son otra cosa, y están tan claras las cosas que con todo respeto, aun con una investigación y aun expulsando a su compañera, no se van a quitar la carga que hoy el pueblo de México los ha visto a todos ustedes.
La estela de corruptelas, Gustavo Ponce, ya se comentó aquí, derrochando en Las Vegas el dinero de los capitalinos.
René Bejarano, entonces coordinador del PRD y quien hubiera sido secretario particular del actual líder de Morena, pasó ocho meses en prisión por el delito de lavado de dinero, después de que fuera publicado un video en el cual acepta un soborno millonario.
Carlos Imaz, quien fue jefe delegacional en Tlalpan, fue grabado recibiendo sobornos del empresario Carlos Ahumada.
Durante la campaña de 2012, su colaborador Luis Costa Bonino solicitó a diversos empresarios seis millones de dólares para intentar asegurar el triunfo del tabasqueño, y ahora, recientemente, se han presentado audios que vinculan a Javier Duarte como benefactor del mismo partido de Morena.
Compañeros diputados, siendo muchos los sobornos, los paquetes con dinero y todavía más los actores involucrados...
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Permítame, diputado, por favor.
El diputado Edgardo Melhem Salinas:... todos tienen a la misma persona, todos tienen al mismo fin: Andrés Manuel López Obrador.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Melhem, permítame, por favor...
El diputado Edgardo Melhem Salinas: No acepto preguntas, hasta terminar.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: No es para hacer una pregunta, no es para ningún cuestionamiento. Se suplica a las y los diputados que están desde la parte baja haciéndole cuestionamientos al diputado, que si desean hacerlo, lo hagan desde su curul y preguntaremos al orador si la acepta o no la acepta.
El diputado Edgardo Melhem Salinas: Ahí déjelos, presidenta, nosotros somos tolerantes y aguantamos, ahí están, se ven muy bien.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Adelante, diputado Melhem Salinas.
El diputado Edgardo Melhem Salinas: Apenas ayer fue publicado en distintos medios de comunicación y difundido en redes sociales, un video que vincula a Eva Cadena, quien fuera hasta el momento candidata de Morena a una presidencia municipal en Veracruz y, sobre todo, Andrés Manuel López Obrador, con un nuevo acto de corrupción.
No es suficiente que la candidata y potencial operadora de Morena dimita a sus pretensiones políticas, es necesario que se investigue a profundidad el escándalo que sacó a la luz el video.
Vuelvo a decir: ¿cuántas Evas más hay en el país? ¿Cuántas más hay en Veracruz, que reciben sobornos? Por eso no tienen tarjetas de crédito ustedes.
Exigimos a las autoridades realicen una profunda investigación de la posible red de corrupción que remita al presidente de Morena y le exigimos a este último renunciar a su cargo por congruencia con los mexicanos, porque prometió que si se comprobaba que recibía dinero ilícito en Veracruz, renunciaría a la política y, lógicamente, qué esperábamos, que Eva Cadena viniera a decir, sí la mandó López Obrador. Pues no, compañeros, no seamos inocentes. Va a negar toda vinculación, va a decir que fue por su propio pie, pero es muy obvio el modus operandi que están utilizando sus candidatos en diferentes estados de la República.
Los mexicanos no estamos dispuestos a tolerar más actos de corrupción, mucho menos de impunidad. Ni los de un caudillo que se da baños de pureza mientras sus allegados son acusados, despedidos y procesados. Ni los de un partido que se ha convertido en la expresión paradigmática de la doble moral, pues condena la corrupción y la impunidad por un lado, y por el otro, dan albergue a personas que sólo buscan enriquecerse a toda costa.
Hoy podemos afirmar que, efectivamente, la mafia del poder sí existe y tiene nombre y apellido, se llama Morena y se apellida López Obrador.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Melhem Salinas. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra lo suficientemente discutido.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra el tema suficientemente discutido. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo con las modificaciones presentadas y aceptadas por la asamblea.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo con las modificaciones planteadas y aceptadas por la asamblea. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado. Comuníquese.
El siguiente punto del orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución...
El diputado Jorge Álvarez Maynez(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Pero antes, sonido en la curul del diputado Álvarez Maynez. ¿Con qué objeto, diputado? Solicito a Servicios Parlamentarios se brinde el apoyo para efecto de tener sonido en su curul.
El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): Sí, presidenta. Que quede asentado en el Diario de los Debates y en el acta de esta sesión que nosotros no encubrimos a nadie en la oposición, a diferencia del PRI, que cuando proponemos que se investigue a los funcionarios del PRI no acepta que se investiguen.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Álvarez Maynez, el posicionamiento de su grupo parlamentario ya ha sido dado a conocer y este tema también ha concluido.
SE IMPLEMENTEN PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN LAS ESTANCIAS INFANTILES A CARGO DE LA SEDESOL
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Procedemos al siguiente punto del orden del día, correspondiente al punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
De conformidad con lo que establece el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a girar las instrucciones para que se implementen protocolos de seguridad en las instancias infantiles a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.
La diputada Olga Catalán Padilla:Buenas tardes compañeras y compañeros. Quiero expresarles que he recibido algunas solicitudes de modificación del punto de acuerdo, las cuales, ya en consenso con mi grupo parlamentario, hemos aceptado. Y bueno, pues agradecer a quienes se han de sumar a este punto de acuerdo.
La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Programa de Estancias Infantiles, opera nueve mil 447 de estas estancias a nivel nacional, esto de acuerdo al último censo publicado en su sitio de Internet. A estas instalaciones asisten 316 mil niñas y niños menores de edad que reciben educación equivalente al preescolar.
Las estancias operan con un subsidio otorgado por el programa que cubre parcialmente el costo de los servicios de cuidado y atención infantil. Además, se cobra una cuota a las madres o padres de familia que utilizan los servicios en estos centros.
Para la operación de una estancia se requiere que el espacio destinado sea el suficiente para brindar los servicios de cuidado, atención y alimentación infantil. Además de cumplir con lo establecido en el estándar de competencia Eco 435, que describe el desempeño de las personas que atienden y cuidan a niñas y niños en edad lactante, maternal y preescolar, considerando la preparación de las áreas donde se llevarán a cabo las actividades.
Asimismo, describe el desempeño para desarrollar integralmente a niñas y niños lactantes y maternales, a través de la elaboración de una planeación y ejecución de actividades para su desarrollo, cuidando en todo momento la integridad física y emocional de las niñas y los niños.
Este programa tiene un noble fin: beneficia a las madres y padres trabajadores. Sin embargo, en su operación se presentan serias deficiencias que ponen en peligro la salud, integridad e incluso la vida de los niños. Y eso no es solamente un ejemplo sino que hemos visto, nos hemos enterado de las muertes de muchos pequeños, lo cual es lamentable.
La Sedesol pretende deslindar su responsabilidad bajo el argumento de que las unidades donde ocurrieron los decesos de niños y niñas se encontraban operando fuera del programa, ya que se les había retirado el registro. Sin embargo, de acuerdo con sus bases de datos, estas estancias a la fecha del deceso de los niños aún conservaban el registro, lo que implica que no se ha llevado a cabo una adecuada supervisión sobre las condiciones en las que operan cada uno de estos centros.
Consideramos que el Estado, a través de la Sedesol, tiene plena responsabilidad en estos hechos, toda vez que fue omiso en informar a los padres o tutores de los menores de la cancelación del registro; así como de no activar los procedimientos para que, a través de las instancias correspondientes, se llevara a cabo la clausura o cierre de las instancias que no cumplieran con las normas.
Niñas y niños tienen derecho a recibir los cuidados adecuados que garanticen su seguridad e integridad. Las madres y padres de familia tienen derecho a la certeza de que sus hijos se encuentran bajo el cuidado de expertos y en las mejores condiciones posibles. Y la sociedad merece programas que cumplan estándares de calidad y que respondan a sus necesidades.
Para el gobierno federal, la muerte de los niños inocentes no es más que parte de su estadística, no le son representativos. Para nosotros cada uno de ellos debe tener un peso específico. La pérdida de su vida y de sus sueños no puede quedar impune, no debe quedar impune.
Hago un llamado a la empatía que como padres debemos sentir por los familiares de estos pequeños. Ponernos cada uno de nosotros en su lugar y preguntarnos qué haríamos nosotros en su lugar, qué haríamos nosotros ante la pérdida de nuestro hijo en una estancia que se supone debe cumplir ciertos requisitos, en la que se supone dejamos a nuestros hijos seguros.
Dado lo anterior, propongo exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social para que, a través de sus delegaciones en los estados, fortalezca los mecanismos de supervisión de las estancias infantiles y apliquen los mecanismos establecidos que correspondan al incumplimiento detectado, en su caso, y sea retirada la propaganda o cualquier otro tipo de material que las identifique como estancias afiliadas a Sedesol.
Una vez que se determine la baja definitiva de la estancia respecto del programa, por haber prescrito el derecho de la persona responsable de interponer el recurso respectivo o, en su caso, se haya resuelto el recurso a favor de Sedesol. Es cuanto.
«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a instruir para que se implanten protocolos de seguridad en las estancias infantiles operadas por la Sedesol, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Olga Catalán Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de motivos
Actualmente la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cuenta con 9 mil 447 estancias infantiles a nivel nacional, donde asisten alrededor de 316 mil niñas y niños menores de 4 años (menores de 6 años en los casos de niñas y niños con alguna discapacidad), quienes reciben enseñanza equivalente a la educación preescolar.
El programa otorga apoyos mediante dos modalidades:
1. En la de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, se paga directamente a la responsable de la estancia un subsidio que cubre parcialmente el costo de los servicios de cuidado y atención infantil. El resto queda a la responsabilidad de la madre o padre
2. La modalidad Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil apoya a las personas o grupos de personas que desean establecer y operar una estancia infantil afiliada al Programa y contar con autorización del Modelo de Atención Integral.
Para la Modalidad Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil, se requiere:
1. Estar interesada(o) en recibir los apoyos del programa y prestar el servicio de cuidado y atención infantil en el marco del programa, por un periodo mínimo de un año calendario.
1a. (sic) Que el espacio destinado a la estancia infantil que busca afiliar al programa tenga como objetivo atender a la población objetivo del programa.
2. Acreditar identidad y ser mayor de edad.
3. Acreditar escolaridad mínima de bachillerato terminado o su equivalente.
4. Acreditar la competencia en el Estándar de Competencia: EC0435 Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de las Niñas y los Niños en Centros de Atención Infantil.
5. Contar con el espacio físico suficiente para brindar servicios de cuidado, atención y alimentación infantil por lo menos a 10 infantes.
El espacio físico deberá ser de 2 metros cuadrados por cada infante.
El inmueble o espacio propuesto para operar como Estancia Infantil deberá ubicarse en planta baja, entendiendo por ésta la que se encuentra al nivel del suelo o la calle.
6. Contar con evaluación mediante herramienta psicométrica.
6a. (sic) Cursar capacitación básica, inicial y complementaria.
7. El inmueble propuesto para Estancia Infantil no podrá estar ubicado a menos de 50 metros de áreas que representen un alto riesgo.
En la semana anterior hemos sido testigos de dos casos trágicos al interior de las guarderías que en tiempo cercano estuvieron a cargo de la Sedesol:
El martes pasado falleció, un menor de 10 meses de nacido, a consecuencia de asfixia por sofocación, en su variedad de paso de contenido gástrico a las vías respiratorias o bronco aspiración.
La muerte ocurrió en la estancia infantil El Mundo del Saber, ubicada en la calle Cerrada de Tehuixtla, en la colonia Emiliano Zapata de la delegación Coyoacán,
Este viernes, falleció un menor de edad, en la estancia infantil “Alegría”, ubicada en la calle 17 de la colonia Maravillas, en Nezahualcóyotl, estado de México.
Reportes del municipio mexiquense informaron la muerte de un niño de dos años, a causa de ahogamientoal caer en una cisterna.
De acuerdo al directorio de estancias Infantiles, publicado en el sitio web de la Sedesol, cuya última actualización corresponde al mes de noviembre de 2016, la estancia “Alegría” aparece como activa.
Aun cuando la Sedesol, pretenda deslindar su responsabilidad, es claro que su actuación fue omisa al no asegurarse de que los padres estuvieran enterados de la situación de dichas estancias; así mismo, demuestra total ineficacia en las medidas administrativas para asegurar que los infantes cuenten con un espacio adecuado para su desarrollo y cuidado.
Claro que la Sedesol es responsable por no tomar las medidas necesarias para evitar que las estancias que operaron bajo su responsabilidad continuaran prestando, ostentándose como parte del programa de estancias infantiles a sabiendas de que habían perdido el registro.
No dudamos de la nobleza del programa y de la necesidad que lo hace subsistir, sin embargo creemos que es necesario establecer protocolos claros tanto para la revisión de las estancias de la red como para, en su caso, cerrar aquellas instituciones que no cumplan con las condiciones y con esto asegurar la vida de estos pequeños.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea, la aprobación del siguiente
Punto de AcuerdoPrimero.Esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, a fin de que a través de las instancias administrativas correspondientes se realice una revisión exhaustiva de las condiciones en que operan las estancias infantiles a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social; en este mismo sentido se elaboren e implementen los protocolos necesarios para que, en los casos en que se hubiera inhabilitado a alguna de estas estancias, sea retirado de manera inmediata cualquier logotipo de identificación, propaganda o material que las siga vinculando con el programa.
Asimismo, que se informe a los usuarios en un lugar visible, en las inmediaciones del establecimiento y bajo el principio de máxima publicidad sobre la pérdida del registro y las causas que lo propiciaron, de manera que quien solicite en delante de los servicios del establecimiento lo haga bajo su absoluta responsabilidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.— Diputada Olga Catalán Padilla (rúbrica).»
Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía GutiérrezLa presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para los efectos del artículo 100, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Para los efectos del artículo 100, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se considera de urgente resolución. Solicito a la Secretaría dé cuenta del contenido de la propuesta de modificación.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Único. Esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que a través de sus delegaciones en los estados fortalezca los mecanismos de supervisión de las estancias infantiles y apliquen los mecanismos establecidos que correspondan al incumplimiento detectado en su caso y sea retirada la propaganda o cualquier otro tipo de material que las identifique como estancias afiliadas a la Sedesol, una vez que se determine la baja definitiva de la estancia respecto del programa por haber prescrito el derecho de la persona responsable de interponer el recurso respectivo o en su caso, se haya resuelto el recurso a favor de Sedesol.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de abril de 2017.— Diputada Olga Catalán Padilla (rúbrica).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Consulte la Secretaría a la asamblea, si se acepta la modificación.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se acepta.
De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para hablar sobre el tema las siguientes diputadas y diputados, hasta por tres minutos.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, tiene el uso de la palabra la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, hasta por tres minutos.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes:Con su venia, señora presidenta. Compañeros diputados, buenas tardes. La diputada Olga Catalán Padilla, miembro de la fracción parlamentaria del PRD, preocupada por la situación que se vive en algunas estancias infantiles a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, ha propuesto un punto de acuerdo con la finalidad de que se realice inspección exhaustiva y revisión de las condiciones en que operan las mismas, al igual que en el supuesto en que se llegara a inhabilitar alguna, sean de inmediato retirados todo tipo de logotipos o de anuncios que hagan suponer lo contrario. De esta misma forma, que se deje un informe visible en el propio establecimiento donde se señalan las causas y razones sobre la pérdida del registro.
Es bien sabido que las llamadas guarderías originalmente solo se dedican a cuidar y proteger a los hijos de las madres trabajadoras durante su jornada laboral, sin embargo el Congreso de la Unión elaboró una Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil. Derivado de ésta, el concepto elusivo de tales guarderías para que sean consideradas centro de desarrollo infantil, que se supone son instituciones que proporcionan educación y asistencia al niño, que tiene todo derecho de recibir atención y estimulación dentro de un marco efectivo y que le permita desarrollar al máximo sus potencialidades para vivir en condiciones de libertad y dignidad.
La labor educativa en estas estancias infantiles está encaminada a promover el desarrollo de las capacidades físicas, afectivo-sociales y cognoscitivas del niño, dentro de un ambiente de relaciones humanas que se permita adquirir autonomía y confianza en sí mismo para integrarse a la sociedad. En ese sentido, es claro que se ha cumplido con la misión encomendada desde la aprobación de la ley en comento, que han muerto 10 niños en estancias infantiles a cargo de Sedesol, 10 muertes que no debieron ocurrir de haberse supervisado adecuadamente las instalaciones, personal y mobiliario. Ni uno más.
En consecuencia, porque en la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social creemos que debe velarse siempre el derecho y el bienestar de la niñez, estamos a favor de la proposición presentada. Es cuanto, gracias.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Cynthia Gissel García Soberanes. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra la diputada Angélica Reyes Ávila.
La diputada Angélica Reyes Ávila:Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros legisladores, les saludo con respeto. En esta ocasión me refiero a un tema que nos duele y nos afecta profundamente: la lamentable muerte de dos menores de edad en estancias infantiles que estaban a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.
Las y los diputados turquesa compartimos el dolor que aflige a sus familias. Las tragedias al interior de las estancias infantiles han sido el origen de esfuerzos legislativos importantes que dieron lugar a la creación de una Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. La ley establece en su artículo 9, que niñas y niños tienen derecho a recibir los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, de calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el fin de garantizar el interés superior de la niñez.
Del mismo modo, la fracción II del artículo 11 establece que es una obligación del Ejecutivo federal, los poderes ejecutivos de los estados y los órganos político administrativos de sus demarcaciones territoriales y los municipios, el hecho de garantizar que la prestación de esos servicios de orienten al cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica.
En congruencia con lo anterior, el artículo 14 señala que el Estado tendrá una responsabilidad indeclinable en la autorización, funcionamiento, monitoreo, supervisión y evaluación de dichos servicios.
Evidentemente los casos a los que se refiere este punto de acuerdo nos indignan, pero más nos duelen y nos muestran la necesidad de hacer valer lo establecido por la ley. Es preciso investigar en qué consistieron los errores o las irregularidades que condujeron a que sucedieran estas tragedias.
Por esta razón, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos que es preciso que se realice una revisión de las condiciones en que operan las estancias infantiles y que se informe sobre las causas que propiciaron estos lamentables sucesos. No podemos permitir que estas desgracias sigan sucediendo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada Reyes Dávila.
Para hablar a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra la diputada Mirza Flores Gómez.
La diputada Mirza Flores Gómez:Muy buenas tardes compañeras diputadas, compañeros diputados, señora presidenta, con su permiso.
Quiero comenzar diciendo una frase muy importante: las guarderías y las estancias infantiles no son un lugar para dejar encargados a nuestros hijos mientras vamos y volvemos. Tienen que ser espacios altamente dignos para que las madres trabajadoras y padres trabajadores podemos dejar a nuestras hijas y a nuestros hijos al cuidado de personas altamente capaces, y en espacios altamente seguros.
¿Por qué tiene que ser esto imperativo? Porque primeramente no hay nada más valioso que la vida y la integridad y seguridad de nuestras hijas y nuestros hijos, eso está por encima de todo.
Pero segundo, que en la medida en la que tengamos espacios dignos para que nuestras hijas e hijos están ahí, seguramente se verá incrementada la productividad de las mexicanas y de los mexicanos, porque dejamos de estar pensando en la preocupación de dónde y cómo están nuestros hijos, y nuestro pensamiento se concentra en ser productivos y ser muchísimo más creativos.
Las guarderías y estancias infantiles deben de ser espacios en donde se permita y se fomente el desarrollo integral de los pequeños. Este es su primer contacto social con el mundo, y ahí es en donde los tres órganos de gobierno tenemos que hacernos responsables de que cada una de las guarderías que operan en este país cuenten con personal altamente calificado para el desarrollo cognitivo de los menores, pero nada está por encima de la necesidad de que estos espacios sean seguros.
No podemos permitir que compadrazgos, favores y omisiones sean el criterio para la instalación y operatividad de estancias infantiles. Nunca más debemos permitir que las normas en materia de seguridad sean dúctiles, flexibles, maleables. Deberán cumplir con la estricta normatividad de protección civil.
Nunca más otro caso como la Guardería ABC, las madres y padres tenemos el derecho de tener espacios dignos para el cuidado de nuestros hijos y también que estas medidas de seguridad garanticen la integridad de los menores.
El 5 de junio de 2009 se escribió con lágrimas y muerte la historia de nuestro país, en donde una tragedia que pudo evitarse sucedió. Nunca se debió haber instalado esta guardería junto a una bodega con material altamente inflamable. Nunca más ABC. Nunca más un espacio de riesgo para las niñas y para los niños de nuestro país, porque las mujeres y los hombres que trabajamos nos merecemos este derecho. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Mirza Flores. Para hablar a nombre del Grupo Parlamentario de Morena tiene el uso de la palabra la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal.
La diputada María Antonia Cárdenas Mariscal:Con su venia, diputada. En México existe en materia específica del cuidado infantil una estancia de desarrollo integral, y similares. La ley conocida como el 5 de junio, nombre derivado de la tragedia ocurrida en las Guarderías ABC de Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vida 49 niños, que representa el marco regulatorio para garantizar la seguridad de los niños que existen en las guarderías del centro infantil.
Exhorto a estos encargados de Sedesol, a las autoridades competentes, a que se ponga más atención a estas guarderías porque es ahí donde dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, donde las personas estamos confiadas en que en ese lugar se les va a dar el espacio, se le va a dar la atención suficiente para que estos niños estén bien respaldados y bien cuidados, pero resulta que como no son tan revisadas estas guarderías, los niños corren el riesgo de pasar accidentes, como ha sucedido en muchas otras estancias infantiles.
Yo le exhorto a este gobierno y a estas autoridades de Sedesol que se ponga más atención a esas guarderías donde nuestros niños, donde las madres se dedican a trabajar, donde dejan encargados a sus hijos que no saben en manos de quién están y tenemos que ver por eso y para poder cuidarlos mejor y tener una mejor satisfacción de que están en buenas manos.
Igualmente, señala la responsabilidad de las autoridades, realizadas, que visite la verificación cada seis meses a las guarderías, a las estancias infantiles y, en caso de encontrar riesgo para los menores, el centro de atención deberá ser suspendido o cerrado parcialmente.
Sin embargo, a pesar de los intentos por mejorar y regular estos centros y la normatividad en la materia, aún siguen ocurriendo tragedias dentro de estas estancias infantiles del cuidado.
Este punto de acuerdo se refiere a dos tragedias más sucedidas, la primera en la estancia infantil El Mundo del Saber, ubicada en la delegación Coyoacán, que no se encontraba registrada en el directorio de estancias infantiles de Sedesol. Y en la otra sucedió en la estancia Alegría, del Estado de México, que había sido suspendida desde 2006 por Sedesol y a pesar de ello siguió operando. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Cárdenas. Para hablar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza.
La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza:Con la venia de la Presidencia. Los servicios de cuidado infantil para niños menores de cuatro años de edad han expandido su cobertura de forma significativa en América Latina y el Caribe. Esta expansión ha buscado esencialmente facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral.
La Secretaría de Desarrollo Social creó el Programa de Estancias Infantiles con el objetivo de brindar apoyo a las madres, padres solos y tutores que trabajan y cuyo ingreso per cápita por hogar no rebasa la línea de bienestar.
Dicho programa, ideado por el gobierno de la República, representa un gran avance social, debido a que solventa el costo de los servicios de cuidado y atención infantil para las personas que trabajan y que cuentan con recursos limitados.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, cubre el costo de los servicios de cuidado y atención infantil de la siguiente manera: Por cada niña o niño, de uno a tres años 11 meses de edad, inscrito en alguna estancia infantil afiliada al programa, que cuente con autorización del modelo, otorga 900 pesos mensuales, y por cada niña o niño, de entre uno a cinco años 11 meses de edad con alguna discapacidad, brinda un apoyo de mil 800 pesos mensuales.
Ahora bien, las estancias infantiles afiliadas tienen la obligación de cumplir con una serie de requisitos para ser autorizadas. Por ejemplo:
1. El responsable tiene que recibir una capacitación por parte del DIF nacional y la Sedesol;
2. Cada estancia infantil afiliada al programa debe contar con asistentes de acuerdo al número de niñas o niños que se atiendan;
3. Debe haber un responsable, más una asistente, por cada ocho niños o niñas atendidos. Asimismo, la estancia infantil afiliada debe contar con un responsable, más una asistente, por cada cuatro niños o niñas atendidos con discapacidad.
Consecuentemente, las estancias infantiles afiliadas tienen la obligación de adecuar sus espacios y mobiliarios, de acuerdo con lo indicado a las reglas de operación y oficio aprobado. Asimismo deben contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros.
Las diputadas y los diputados del Partido Verde consideramos que lo ocurrido en días pasados en las estancias infantiles El Mundo del Saber y Alegría, donde fallecieron dos menores de edad a consecuencia de asfixia por sofocación y ahogamiento, son hechos lamentables que deben ser investigados, para determinar si existe algún delito que perseguir y castigar.
Sin embargo, no podemos cuestionar la eficacia y la viabilidad de todo un programa social que ha demostrado ser exitoso, por los errores cometidos por una persona o un grupo de personas, quienes desde luego tienen algún grado de responsabilidad por no seguir a cabalidad las directrices encaminadas a proteger la vida y la integridad de menores, mucho menos podemos establecer que exista alguna responsabilidad de la Sedesol en los lamentables fallecimientos de los menores a los que se hace referencia en el punto de acuerdo, pues como ahí mismo se señala, las instancias implicadas ya no forman parte del Programa de Estancias Infantiles.
En el Grupo Parlamentario del Partido Verde compartimos plenamente la preocupación de reforzar los protocolos y medidas de seguridad en estancias infantiles, así como su consecuente inspección y con ello garantizar a las madres y padres trabajadores que sus hijos están seguros y bien atendidos mientras ellos salen a buscar el sustento para su familia. Es cuanto.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Flores Carranza. Para fijar la postura del Partido Acción Nacional tiene el uso de la palabra, por tres minutos, el diputado Luis de León Martínez Sánchez.
El diputado Luis de León Martínez Sánchez:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros, en Acción Nacional consideramos prioritario el defender los derechos de la niñez, nuestro compromiso es diseñar e instrumentar un marco jurídico acorde hacia las políticas públicas que aseguren un comienzo digno en la vida y con oportunidades para todas y todos los niños de nuestro país.
Es muy necesario que esta soberanía realice una revisión profunda del marco legal bajo el cual operan todas las guarderías o estancias infantiles, tanto públicas como privadas de nuestro país, porque están de por medio la vida, la integridad y el bienestar de miles o quizá millones de niñas y de niños.
A diario miles de madres y padres de familia dejan bajo el cuidado de esas instituciones a sus hijos, con la seguridad y la confianza de que nada les sucederá. Lamentablemente, esto en ocasiones no ha sido así y nos encontramos con realidades tan dolorosas y dramáticas que resultan indescriptibles, pero los hechos están presentes y debemos actuar para evitar que ocurran más tragedias en el futuro.
Nosotros, como representantes de la nación y como integrantes del Poder Legislativo, podemos hacer los cambios necesarios en las leyes que regulan en el funcionamiento de las estancias o guarderías infantiles, para asegurarnos que estas operen en las mejores condiciones y estándares de calidad en beneficio de nuestras familias.
Es muy importante que además de cerciorarnos de que las instalaciones de dichas estancias infantiles estén físicamente acorde con los requerimientos de seguridad y de protección civil en caso de siniestros, se ponga también énfasis en la capacitación y certificación de personal que atiende y cuida a los menores, así como de su salud física, mental y emocional.
La Secretaría de Desarrollo Social cuenta con nueve mil 447 estancias infantiles a nivel nacional, donde asisten alrededor de 316 mil niñas y niños menores de cuatro años, quienes reciben enseñanza equivalente a la educación preescolar.
Lo anterior implica para el Estado mexicano una gran responsabilidad por preservar la vida, la seguridad y la integridad de niñas y niños cuyos padres y madres se ven en la necesidad de ponerlos bajo el cuidado de guarderías y estancias que deben estar bajo una regulación y supervisión adecuada.
Los hechos trágicos recientes ocurridos en las estancias infantiles El mundo del saber, ubicado en la delegación Coyoacán, y Alegría, ubicada en el Estado de México, nos hablan de una falla estructural grave en la supervisión de estas estancias infantiles, y por supuesto que la Secretaría de Desarrollo Social no debe evadir esa responsabilidad.
Por esa razón, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Luis de León. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el tema se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo con la modificación aceptada por la asamblea.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo con la modificación planteada y acordada por la asamblea. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado. Comuníquese.
INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Pasamos a la segunda ronda de iniciativas. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2-A, de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Salomón Fernando Rosales Reyes:Con la venia, diputada presidenta. La reforma al artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal es lo que venimos el día de hoy a presentar. Una propuesta en donde el incremento que se está pidiendo, de lo que se da a los municipios, de los 102 puertos que tenemos y de las 15 terminales en todo el país, estamos pidiendo el incremento del uno por ciento.
¿Por qué razón? Pues porque en cada uno de los municipios donde tenemos puertos tenemos una necesidad grandísima. Son muchas las demandas que se tienen y los municipios no alcanzan a cubrir tanta demanda que en su momento tiene cada municipio.
Fue un compromiso mío de campaña en mi distrito. Mi distrito es el número uno en Michoacán, Lázaro Cárdenas, en donde tenemos una serie de necesidades. Un municipio que se creó a salto de mata, porque no hubo un orden. Tenemos cientos de colonias irregulares, tenemos una necesidad grandísima de drenaje, de agua potable, de vialidades, del propio desarrollo social del mismo municipio.
Con esto espero que la comisión a la que sea turnada nos dé este beneficio para poder atender la demanda social que tenemos, porque con ello podemos atender las necesidades de cada uno de los municipios. Y es por ello que vengo a presentar este dictamen, en donde se busca que la federación transfiera mayores recursos a los municipios que desarrollan actividades comerciales portuarias con el fin de generar crecimiento económico y mejorar calidad de vida a sus propios habitantes y con ello, pues nosotros podemos dar mejor certeza a los gobiernos municipales.
Y es por ello que el día de hoy, en resumidas cuentas, esta iniciativa es el contenido de ella, porque la carencia de cada municipio es un reclamo social y es una demanda que tiene cada presidente municipal de distintos partidos políticos porque, he comentado, con 102 puertos con 15 terminales, en cada puerto tenemos un municipio y desgraciadamente el recurso que maneja cada alcalde no le alcanza para la demanda social que tenemos.
El comentario es porque ahora con el tema de zonas económicas especiales en el municipio de Lázaro Cárdenas, pues antes de iniciar el trabajo tenemos que darle el orden adecuado que realmente necesita este municipio, que tenga lo esencial, lo básico para el propio desarrollo de él.
Es por ello que vengo ante esta asamblea, a pedir que sea beneficiado cada uno de los municipios y por lo tanto quiero pedir su anuencia y a la comisión que le corresponda este dictamen, que nos ayude para poder atender la demanda social que tiene cada uno de estos municipios.
Esto sería en resumen el dictamen el cual estoy presentando. Yo agradezco la atención de toda la asamblea. Es cuanto, mi presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Salomón Fernando Rosales Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II y 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2-A, de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosDe acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), más de 80 por ciento de las mercancías que se comercializan en el mundo se mueven por vía marítima. Los puertos marítimos de un país, nodos que permiten operar dicho intercambio internacional de bienes, constituyen uno de sus activos logísticos estratégicos más relevantes.
El impacto que en las últimas dos décadas ha tenido este modo de transporte por la globalización, considerando su amplia cobertura geográfica, permite que grandes volúmenes se puedan desplazar por este medio y en alto nivel de eficiencia.
Dada su función física, los puertos son instalaciones con espacios de aguas que permiten la conectividad entre el medio marítimo con los modos terrestres. Sus zonas permiten la entrada de las diferentes embarcaciones que arriban al puerto comercial hacia las terminales y muelles con las que cuentan cada uno, con base en su vocación a los distintos tipos de mercancías y al equipamiento de que disponen para efectuar las maniobras de carga y descarga.
Conforme a la UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)la definición actual de los puertos engloba los puntos siguientes:
1. Interfaces entre distintos modos de transporte;
2. Centro de transporte combinado;
3. Áreas multifuncionales, comerciales e industriales;
4. Sistemas multifuncionales integrados en la cadena logística global; y
5. Requiere de buenas comunicaciones, capital humano.
El puerto es aquel espacio destinado y orientado especialmente al flujo de mercancías, personas, información o a dar abrigo y seguridad a aquellas embarcaciones o naves encargadas de llevar a cabo dichas tareas.
Los puertos de nuestro país fueron fundados en espacios naturales como bahías, lagunas y ríos, elegidos por sus condiciones favorables a la navegación. Alrededor de sus muelles, patios y bodegas fueron establecidas áreas urbanas para los servicios de apoyo al puerto, edificios públicos y conjuntos de viviendas.
Según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), México cuenta con 102 puertos y 15 terminales distribuidos en 11 mil 500 kilómetros de territorio nacional. En conjunto suman 117 puntos, en donde todos los días se realizan movimientos portuarios nacionales e internacionales y actividades comerciales, industriales, petroleras, pesqueras, turísticas, además son utilizadas con fines militares y de seguridad nacional.
Tan sólo en el océano Pacífico, el puerto de Lázaro Cárdenas, ubicado en el estado de Michoacán y con 35 años de existencia, que inició sus operaciones como un puerto de naturaleza industrial, pero que con el paso del tiempo cambió su actividad a cargas comerciales, opera aproximadamente 18 por ciento del total de la mercancía que se opera en todo el Sistema Portuario Nacional.
Mientras que, con crecimiento a la vista, el puerto de Veracruz, en el Golfo de México, posee gran diversidad en el movimiento de carga y anualmente opera un promedio de mil 700 buques con importantes líneas navieras, enlazando a nuestro país con los principales puertos de Europa, Estados Unidos de América (EUA), América Latina y con Asia, a través del Canal de Panamá.
La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM) de la SCT reconoce que una de las mayores fortalezas de los puertos de México son su posición geográfica, así como los diversos tratados de libre comercio con otros países, además de su capacidad para satisfacer la demanda inmediata.
Justamente, gracias a este dinamismo y tendencia de crecimiento de los mercados de servicios portuarios y marítimos, en los últimos 10 años se invirtieron más de 51 mil millones de pesos de recursos públicos y privados en los puertos de México; mientras que la CGPMM asegura que se duplicará la infraestructura portuaria en nuestro país, con una inversión de más de 23 mil millones de pesos.
Los puertos, como puntos privilegiados de comercio, han participado decisivamente en la construcción y el posterior desarrollo de las ciudades.
Tradicionalmente y por razones históricas, desde su fundación, en la planificación del espacio portuario en relación con la ordenación del territorio y la planificación urbana regional, las ciudades próximas se encuentran en estrecha comunicación con éstos, estableciendo una relación simbiótica ciudad-puerto.
Por ello es que resulta muy común referirnos a las relaciones entre la urbe habitada y la infraestructura portuaria y marítima, que aunque son parte de la ciudad, sus organismos de administración y gestión son muy diversos, lo que genera posiciones no coincidentes en algunos temas relevantes para su desarrollo.
No obstante, el puerto, en muchas de las ocasiones, ha sido una realidad exterior y distinta de la propia ciudad, lo que propicia la necesidad de articular las relaciones entre ambas. Es importante advertir que, si se busca el progreso urbano y socioeconómico de nuestro país y sus distintas regiones, es necesario establecer un proyecto común, de una gama variada de factores técnico-económicos, culturales y políticos, entre las autoridades del puerto y del municipio o municipios de que se trate.
En el contexto de los cambios del carácter económico de las ciudades portuarias, el desarrollo de las zonas urbano-marítimas representa, sin duda, una de las más grandes y significativas oportunidades. Es necesario compatibilizar el desarrollo portuario, derivado de las exigencias de la navegación y transporte marítimo, con el del recinto urbano, que atienda las necesidades de su población.
El término referente a la ciudad portuaria no debe ser un simple calificativo para una ciudad, en su concepto político más puro, sino que debe de ser un término aplicado a aquellos conglomerados urbanos con entidad de capitalidad y mayor importancia en la región, y que presenta características específicas debido a las actividades marítimo-costeras que efectúan sus habitantes, en especial en la zona portuaria o puerto.
En este sentido, tienen lugar funciones tales como el comercio internacional y nacional a través de procesos de importación y exportación de mercancía, principalmente.
La Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 1o., establece su objeto, que es el de coordinar el sistema fiscal de la federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.
Según la legislación vigente, el Fondo General de Participaciones se constituye con 20 por ciento de la recaudación federal participable que obtiene la federación en un ejercicio. La recaudación federal participable es la que obtiene la federación por todos sus impuestos, así como por los derechos de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por dichas contribuciones y excluyendo los conceptos que se relacionan de las fracciones I a la X, del artículo 2o., de la Ley de Coordinación Fiscal.
Adicionalmente, la recaudación federal participable estará integrada por 80.29 por ciento de los ingresos petroleros del gobierno federal, a que se refiere el artículo 2o., fracción XXX Bis, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como de los ingresos excedentes a que se refiere el tercer párrafo, del artículo 93, de la misma ley.
Esta misma señala que, en el rendimiento de la recaudación federal participable, en la proporción de 0.136 por ciento, participarán los municipios colindantes con la frontera o los litorales por lo que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los vienen que se importen o exporten.
Entonces, para efectos de la distribución entre los municipios, establece que ésta se realizará mediante la aplicación del coeficiente de participación que se determina para cada uno de ellos conforme a la fórmula en donde intervienen distintas variables que conllevan a que se efectúe el cálculo.
Una de éstas es la información relativa a la recaudación de impuestos y derechos locales de la entidad en el año y contenida en la Cuenta Pública oficial y reportada en los formatos respectivos que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Para tales efectos, se consideran impuestos y derechos locales todos aquéllos que se recauden a nivel estatal, así como el impuesto predial y los derechos por suministro de agua que registren en flujo de efectivo.
Los municipios participarán en los accesorios de las contribuciones que forman parte de la recaudación federal participable, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre convenio con la federación en materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías de procedencia extranjera y en dichos convenios se establezcan descuentos en las participaciones a que se refiere esta fracción, en los casos en que se detecten mercancías de procedencia extranjera respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país.
La problemática que se plantea radica en el estancamiento al desarrollo social y económico que repercute en la gran mayoría de los municipios que tienen colindancia litoral y por los cuales se importa y exporta, dentro de la zona federal delimitada y determinada por la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la de Desarrollo Social (Sedesol) en los puertos y terminales, que comprende las áreas de agua y terrenos de dominio público destinados al establecimiento de instalaciones y a la prestación de servicios portuarios.
De esta manera, la presente iniciativa busca resaltar y fortalecer el binomio indivisible que constituyen ciudad y puerto. Su denominador común es el ciudadano que trabaja y habita en el sitio, al cual, las autoridades están obligadas a otorgar todos los medios y condiciones para mejorar su forma de vida, elevar su nivel socio-económico y asegurar su adecuado desarrollo.
El fortalecimiento de los puertos debe ser visto como una política de estado de desarrollo, que se base en el análisis de la situación real de las actividades urbanas de la población y de las marítimas y portuarias. En cada caso, las autoridades necesitan considerar y hacer efectivas las normas y disposiciones legales en materia de desarrollo urbano, planificación y dimensionamiento portuario vigentes, teniendo en cuenta también la reglamentación internacional.
Estamos convencidos de la viabilidad y pertinencia de la presente iniciativa, que permitirá lograr un desarrollo equilibrado a partir de las condiciones económicas y sociales necesarias que consoliden el proceso de transformación de los municipios, para lo cual se necesita de los recursos federales participables en mayor proporción, etiquetándolos de manera directa y estratégica a los rubros necesarios para la consecución de dichos objetivos.
Con el incremento propuesto de 0.136 al 1.0 de la proporción de la recaudación federal participable, se estará apoyando a los estados y municipios en donde se desarrolla actividad comercial portuaria, para que, disponiendo de un mayor orden en la recaudación de su predial y de los derechos de agua, accedan a un mayor fondo, a corto plazo, capaz de incrementar sus capacidades financieras para mejorar la infraestructura urbana, como la construcción y modernización de calles y avenidas, alumbrado público, sistema de transporte y movilidad de personas y mercancías, canales pluviales, drenaje y cualquier clase de obra de mejoramiento y rescate de zonas urbanas, e instrumentar acciones de conservación y rehabilitación del medio ambiente; lo que en su conjunto permitirá elevar la calidad de vida de sus habitantes y el nivel competitivo de los puertos mexicanos.
Además, incorporando a la fórmula de distribución lo relativo al Sistema de Monitoreo de la Política Social estaremos propiciando condiciones justas y reales para la integración y aplicación de los recursos federales participables. La evolución de estos indicadores sociales nos permitirá advertir sobre el grado de avance, el logro de los objetivos planteados y el uso de los recursos asignados; además de ser sustento para la formulación de políticas gubernamentales y de planeación, pudiendo detectar áreas de oportunidad en las cuales sea necesario ajustar, mejorar y corregir la ejecución de este recurso público. Con esta consideración, contribuiremos a la transparencia y rendición de cuentas.
Por lo anteriormente expuesto, y con base en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II y 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:
DecretoArtículo Único.Se reforma la fracción I, del artículo 2-A, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 2-A. En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, participarán los municipios, en la forma siguiente:
I. En la proporción de la recaudación federal participable en la forma siguiente:
1.0 por ciento de la recaudación federal participable, a aquellos municipios colindantes con la frontera o los litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los bienes que se importen o exporten, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre convenio con la federación en materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías de procedencia extranjera y en dichos convenios se establezcan descuentos en las participaciones a que se refiere esta fracción, en los casos en que se detecten mercancías de procedencia extranjera respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país.
La distribución entre los municipios se realizará mediante la aplicación del coeficiente de participación que se determinará para cada uno de ellos conforme a la siguiente fórmula:
CCiT = Bi / TB
Donde:
CCiT es el coeficiente de participación de los municipios colindantes i en el año para el que se efectúa el cálculo.
TB es la suma de Bi.
i es cada entidad.
Bi = (CCiT-1) (IPDAiT-1) / (IPDAT-2) (SIMEPSi-1)
Donde:
CCiT-1 = Coeficiente de participaciones del municipio i en el año inmediato anterior a aquel para el cual se efectúa el cálculo.
IPDAiT-1 = Recaudación local de predial y de los derechos de agua en el municipio i en el año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo.
IPDAiT-2 = Recaudación local del predial y de los derechos de agua en el municipio i en el segundo año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo.
SIMEPSi-1 = Sistema de Monitoreo de la Política Social del municipio i en el año inmediato anterior a aquel para el cual se efectúa el cálculo.
Las cantidades que correspondan a los municipios en los términos de esta fracción, serán aplicables en inversión física a la realización de obras de infraestructura urbana y de mejoramiento ambiental de impacto regional.
II. ...
III. ...
TransitorioÚnico.El presente decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 2018.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo de 2017.— Diputados y diputadas: Salomón Fernando Rosales Reyes,Delia Guerrero Coronado, Flor Estela Rentería Medina, Pedro Garza Treviño, Timoteo Villa Ramírez (rúbricas).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Rosales Reyes. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
EXPIDE LA LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Leticia Amparano Gamez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que Expide la Ley Nacional de Salud Mental.
La diputada Leticia Amparano Gamez:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La salud mental es el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad, lo que implica que el contexto en el que viven los individuos es fundamental para el desarrollo a plenitud de todas sus capacidades.
En ese contexto, la regulación de la atención de las personas con trastornos mentales tiene su sustento en el artículo 4o. constitucional que establece que toda persona tiene derecho a la promoción de la salud; asimismo, está implícito en la Ley General de Salud.
Además, México se ha sujetado en instrumentos internacionales no vinculantes que orientan la protección específica de los derechos de las personas como los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental: La Declaración de Caracas, los Principios de Brasilia y el Consenso de Panamá, que guían tanto la política como los programas y servicios de salud mental, con enfoques al respeto de los derechos humanos y la atención comunitaria.
De tal suerte que a través del tiempo se han realizado reformas a la ley a partir de la expedición de la Ley General de Salud. En 1984 se incluyó el capítulo de salud mental como materia de salubridad general, el cual ha sido reformado en 2010 y en 2013 con una mayor visión de derechos humanos y con un enfoque de la atención comunitaria de la salud mental. No obstante, esto no es suficiente.
Por lo antes expuesto, nuestro país enfrenta serios rezagos que requieren de respuestas integrales y el establecimiento de un renovado marco de atención que permita enfrentar de mejor manera lo que se considera son las nuevas epidemias.
En México se han documentado los problemas de salud mental como causas importantes de discapacidad a partir de la adolescencia. Las dimensiones del problema tienden a crecer de acuerdo con otros estudios. El 24.7 de los adolescentes mexicanos se encuentran afectados por uno o más problemas de salud mental, siendo los más recurrentes los trastornos de déficit de atención, depresión y uso de sustancias, así como el intento de suicidio.
Es por esta razón que México enfrenta un gran atraso en la atención de los trastornos de salud mental, ya que solo se destina dos por ciento de los recursos asignados por el PEF a la salud mental, cuando la OMS recomienda que haya un mínimo del 10 por ciento, y de ese monto se destina el 80 por ciento para los gastos de los hospitales psiquiátricos; en consecuencia los costos son elevados y la cobertura demasiado baja, por eso pueden pasar entre cuatro y hasta 20 años para a partir del momento en que se detecta una problemática, una enfermedad mental, para que se pueda recibir atención.
Es importante, por todo lo anterior, es imprescindible formular una estrategia actual, integral y coordinada que permita enfrentar el crecimiento e impacto que están teniendo los trastornos de salud mental; para ello resulta necesario contar con una visión renovada y un andamiaje jurídico certero que sustente los esfuerzos de nuestro país en este campo.
Es por tal motivo que presento ante esta máxima tribuna la creación de una ley nacional de salud mental que permitirá reorientar los esfuerzos para aumentar la calidad en la prestación de los servicios de salud mental, el incremento en la cobertura, la protección a los derechos humanos, el derecho a recibir tratamiento, la integración de las personas con trastornos mentales en comunidad y la promoción de la salud mental en la sociedad.
Este proyecto no es solo una propuesta vacía y sin consenso, esta propuesta, compañeros, la hemos trabajado con los especialistas, desde neuropsiquiatras, psiquiatras, los doctores, neurólogos a nivel nacional e internacional, con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, con el Instituto Nacional de Psiquiatría, con las asociaciones civiles, a fin de hacer un chaleco a la medida en la atención de la salud mental.
Compañeras y compañeros diputados, el objetivo de la presente ley es el asegurar el derecho a la protección de la salud mental de la población y garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales, así como regular el acceso y prestación de servicios de salud mental con un enfoque comunitario y su vinculación con los servicios sociales complementarios.
La presente ley es de orden público, de interés general, y tiene estos objetivos: organizar y regular los servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos de salud mental, proteger a la población afectada por trastornos mentales, trastornos de conducta, favoreciendo el acceso a los servicios de salud mental, promover la calidad en la prestación de los servicios de salud mental, promover los derechos humanos y la erradicación de la discriminación contra personas que padecen trastornos mentales, trastornos de conducta y adicciones. Asimismo, favorecer la integración de las personas con trastornos mentales en comunidad.
Por lo antes expuesto, los invito respetuosamente para que apoyen este proyecto de ley y para que participen para enriquecer precisamente este documento. Por favor, vamos a darles voz, voz a los que no la tienen, los estigmas sociales, los estigmas culturales, familiares son tremendos hacia los trastornos mentales.
¿Quién no se ha deprimido alguna vez? ¿Quién no tiene un familiar con un problema de depresión? ¿Quién no tiene un familiar con algún problema de déficit de atención, de autismo, de trastorno, precisamente trastornos depresivos?
Vamos a trabajar en conjunto. Por lo tanto esperamos respuesta de todos los compañeros. Muchas gracias. Es cuanto.
«Iniciativa que expide la Ley Nacional de Salud Mental, a cargo de la diputada Leticia Amparano Gámez, del Grupo Parlamentario del PAN
La diputada Leticia Amparano Gámez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno , la iniciativa por el que se crea la Ley Nacional de Salud Mental, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosEn la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (México, 1917), en su Título Primero, se establecen los derechos humanos y sus garantías, que anteriormente se denominaba “Garantías Individuales”, a fin de garantizar que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de aquellas garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Ley establece. Con ello, se incluye el principio “pro persona”, y la cláusula de “interpretación conforme”, que son la clave para lograr la máxima efectividad de los derechos humanos.
La protección de la salud y de la salud mental es un derecho humano fundamental, consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud; además, la salud mental es una materia de salubridad general y las enfermedades mentales tienen un carácter prioritario de la salud pública.
Las personas con trastorno mental se encuentran en riesgo de que sean violados sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y/o culturales. Este riesgo de vulnerabilidad es aún mayor cuando la persona, según el tipo y la severidad del trastorno, presenta discapacidad mental temporal o permanente.
La protección de los derechos de las personas con trastornos mentales se basa en estándares internacionales vinculantes como la Carta Internacional de Derechos Humanos; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o Degradantes; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, este último es un valioso instrumento que promueve, protege y asegura el goce pleno y en condiciones de igualdad y equidad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promueve el respeto de su dignidad inherente; tanto a las personas con discapacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Asimismo, se cuenta con instrumentos internacionales no vinculantes, que orientan la protección específica de los derechos de las personas como los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, la Declaración de Caracas, los Principios de Brasilia y el Consenso de Panamá, que guían tanto la política como los programas y servicios de salud mental con enfoques al respeto de los derechos humanos y la atención comunitaria.
En la atención de los trastornos mentales es evidente que existe una gran brecha entre las necesidades de la población y la disponibilidad de recursos y servicios de salud mental. Esta problemática es muy compleja porque involucra aspectos médicos, sociales, culturales, entre otros. El estigma y la discriminación juegan un papel preponderante y representan la principal barrera de acceso y reto para la atención de la salud mental. Además, jurídica y operativamente ha prevalecido un modelo asilar de atención, que tiene como eje el hospital psiquiátrico, esta modalidad convencional obstaculiza alcanzar los objetivos compatibles con una atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva.
La psicoterapia y la farmacoterapia, además del incremento en la cobertura de los servicios de salud mental y psiquiatría en la red de servicios de salud, por si solas no siempre garantizan una eficiencia terapéutica, sino se complementan con los servicios sociales y laborales apropiados, tales como residencias asistidas, talleres protegidos, que permitan la plena reinserción social en la comunidad.
Dentro de la administración pública federal la instancia encargada de conducir la política y regular los servicios y programas de salud mental, ha sido sometida a varios cambios desde 1947 cuando fue creado el Departamento de Neuropsiquiatría e Higiene Mental, en la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia, el cual ha cambiado de adscripción, denominación, estructura orgánica y atribuciones como Dirección de Neurología, Salud Mental y Rehabilitación en 1959, la Dirección de Salud Mental en 1964, la Dirección General de Salud Mental en 1976, la Dirección de Normas de Salud Mental, Rehabilitación y Asistencia Social en 1983, la Coordinación de Salud Mental en 1997, y los Servicios de Salud Mental en 2000. Este último, en 2001 forma parte del Consejo Nacional Contra las Adicciones.
Actualmente en el Gobierno Federal, la conducción de la política de salud mental y adicciones está a cargo del Consejo Nacional de Salud Mental y del Consejo contra las Adicciones, respectivamente; mientras que la prestación de servicios psiquiátricos está a cargo del Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. Ramón de la Fuente Muñiz y de los Servicios de Atención Psiquiátrica a través de 6 unidades adscritas, tales como: el Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”, el Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” y el Hospital Psiquiátrico “Dr. Samuel Ramírez Moreno”, que fueron resultado de la Operación Castañeda en la década de los sesentas.
Estos constantes cambios de la administración pública de la salud mental denotan la importancia del tema, pero no han sido suficientes para integrar debidamente la salud mental y las adicciones con los servicios de salud en general.
Asimismo, desde 1984 con la expedición de la Ley General de Salud (LGS) se incluyó el Capítulo de Salud Mental, como materia de Salubridad General, el cual ha sido reformado en 2010 y en 2013, con una mayor visión de derechos humanos y con un enfoque de la atención comunitaria de la salud mental. No obstante, parecería no ser suficiente, porque desde 2010 han sido expedidas leyes estatales de Salud Mental en la Ciudad de México, y en los estados de Jalisco, Morelos, Sonora, Michoacán, y últimamente en Campeche, con el interés de garantizar los derechos y el acceso a la atención de las personas con trastornos mentales.
Actualmente, en México la regulación de la atención de las personas con trastornos mentales tiene su referencia desde el artículo 4o. constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
La Ley General de Salud (1984), que ha presentado varias reformas parciales, establece las disposiciones sanitarias de orden público, interés social y obligatorias para la federación, las entidades federativas y los municipios, que reglamentan el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. constitucional.
La salud mental se aborda de forma específica en el Capítulo VII, que fue reformado recientemente, el cual establece el término de “trastornos mentales y del comportamiento” de forma acorde a la Clasificación Internacional de Enfermedades (OMS, CIE-10); se incluye el concepto de diagnóstico y tratamiento integrales; se incorporan los derechos de las personas con trastornos mentales; así como el enfoque de la atención comunitaria de salud mental, y la gradualidad en la incorporación de servicios de salud mental dentro del Sistema Nacional de Salud.
En el Reglamento en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica (México, 1986), expedido en 1986. Sin embargo, tal reglamento no ha sido actualizado desde su expedición, y en ese contexto no le es correspondiente a las reformas de la LGS. En el cual son considerados establecimientos para la atención médica aquellos en los que se presta atención a la salud mental de las personas. Es decir, son considerados como parte de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud.
En la Norma Oficial Mexicana NOM-025-Ssa2-2015, para la Prestación de Servicios de Salud en Unidades de Atención Integral Hospitalaria Médico-Psiquiátrica, se observa desde su título, objetivo, campo de aplicación y en gran parte de su contenido que ésta se centra en la regulación de la atención de las personas con trastornos mentales en hospitales psiquiátricos.
Como parte de los compromisos de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad de la ONU, el estado Mexicano expidió la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual establece la obligación del Estado para promover, proteger y asegurar los derechos humanos de las personas con discapacidad, define la discapacidad y los principios de ordenamiento, además señala una serie de derechos específicos.
En la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y como parte de los compromisos de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad de la ONU, el Estado mexicano expidió dicha ley, en la cual establece la obligación del Estado para promover, proteger y asegurar los derechos humanos de las personas con discapacidad, define la discapacidad y los principios del ordenamiento, y establece una serie de derechos específicos.
Se han registrado avances en este campo, a través del Seguro Popular se financian diversas acciones preventivas como la detección precoz de los trastornos alimentarios, trastornos depresivos, de ansiedad y adicciones. Se apoya también el tratamiento de trastornos afectivos, de ansiedad y psicóticos. El Seguro Popular contempla la atención ambulatoria en el primer nivel y en la hospitalización breve. Se cuenta ya con Unidades Especializadas de Atención en Salud Mental (UNEMES) integradas a los servicios de salud.
Algunas entidades federativas están alcanzando importantes avances a partir del establecimiento de legislaciones locales.
A pesar de los avances los problemas de salud mental entre la población general han cobrado una importancia creciente, al igual que en muchos países, reconociéndose ahora como una preocupación de salud pública, ya que afectan en distinta magnitud y gravedad a los diferentes grupos sociales de acuerdo a su género, edad y nivel socioeconómico. No obstante nuestro país enfrenta serios rezagos que requieren de respuestas integrales y el establecimiento de un renovado marco de actuación que permita enfrentar de mejor manera lo que se considera son las nuevas epidemias.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de las 10 enfermedades más frecuentes y de alto costo entre la población mundial, al menos cuatro son de tipo mental: epilepsia, depresión, alcoholismo y trastorno bipolar. La depresión es la cuarta enfermedad discapacitante a nivel mundial; se estima que para el año 2020 será la segunda, y significará entre 12% y 20% de años de vida perdidos por discapacidad (AVAD); la depresión representa el 36.5% del total, y el alcoholismo, el 11.3%.
En México se ha documentado de los problemas de salud mental como causas importantes de discapacidad a partir de la adolescencia. Las dimensiones del problema tienden a crecer de acuerdo con otros estudios, 24.7% de los adolescentes mexicanos se encuentran afectados por uno o más problemas de salud mental, siendo los más recurrentes los trastornos de ansiedad, déficit de atención, depresión y uso de sustancias, así como intento suicida. Estas cifras resultan preocupantes si se considera que la edad de inicio de la mayoría de los trastornos psiquiátricos se encuentra en las primeras décadas de la vida, como lo refiere la Encuesta Nacional de Psiquiatría.
Merece atención especial el suicidio, como causa de muerte prematura aumentó 1.25 veces y se movió del lugar 21 al 11 entre las causas de muerte prematura y asociadas a discapacidad. Un estudio realizado con población mexicana encontró que la depresión y la ansiedad generan una condición de discapacidad mayor y días de trabajo perdidos comparado con algunas enfermedades crónicas no psiquiátricas. Considerando la discapacidad como el deterioro en el funcionamiento que se espera de un sujeto en el trabajo, en su vida social, en su hogar y en sus relaciones cercanas.
A pesar de la importante carga de enfermedad que representan los trastornos mentales, los datos de la última Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica señalan que existe una baja utilización de los servicios por parte de la población que presenta este tipo de padecimientos; por ejemplo, sólo una de cada cinco personas con algún trastorno afectivo recibió atención y solo una de cada diez con algún trastorno de ansiedad lo obtuvo. El tiempo que tardan los pacientes en llegar a la atención es también importante con una latencia que oscila entre 4 y 20 años según el tipo de padecimiento.
En México una de cada cuatro personas entre 18 y 65 años ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental, pero sólo una de cada cinco de las que lo padecen recibe tratamiento. El tiempo que demoran los pacientes para recibir atención en un centro de salud oscila entre 4 y 20 años según el tipo de afección, al igual que lo observado en la mayoría de los países de América Latina.
Cuando se considera la adecuación del tratamiento se observa que solo el 50% de las personas que buscaron atención especializada en salud mental recibieron un tratamiento adecuado. Aunado a lo anterior, los servicios son proporcionados principalmente en el tercer nivel con poca representación del primer nivel de atención.
Los recursos para la atención son limitados y se aplican solo al tratamiento en hospitales psiquiátricos. Del presupuesto asignado a la salud, solamente el 2% es destinado a la salud mental, cifra muy inferior al 10% recomendado por la OMS. El 80% de estos recursos se utilizan para los gastos de los hospitales psiquiátricos.
Lamentablemente la atención de los trastornos mentales no está del todo integrada en los programas de atención a la salud en general y es insuficiente el trabajo multidisciplinario. Actualmente se proporciona principalmente en los hospitales psiquiátricos, en consecuencia los costos de atención resultan elevados y de baja cobertura, mientras que la mayoría de los recursos no se destinan a los establecimientos del primer nivel de atención donde se atiende a amplios sectores de nuestra población. Solamente 30% de los servicios del primer nivel de atención cuentan con protocolos de tratamiento para problemas de salud mental.
En los hospitales generales del sistema de salud la atención que se brinda a los trastornos mentales es escasa, lo que imposibilita la detección temprana y continua en el tratamiento oportuno. Los recursos humanos especializados en este campo (psiquiatras, psicólogos, enfermeros) que trabajan en el sector público siguen siendo reducidos. El 80% del presupuesto asignado a la atención de estos padecimientos, se ocupa en la operación de los hospitales psiquiátricos.
Los servicios disponibles se encuentran concentrados en las grandes urbes, lo cual dificulta el acceso a las poblaciones rurales e indígenas que suelen vivir en regiones distantes a estas ciudades. Existe un escaso contacto entre el sector salud y otros sectores en actividades relacionadas con la salud mental; por ejemplo, sólo 5 % de las escuelas cuentan con un psicólogo y en pocas se desarrollan actividades de promoción de la salud y prevención de trastornos mentales.
También son escasos los programas destinados a la rehabilitación de las personas con discapacidad mental, por ejemplo para que puedan contar con un trabajo remunerado y con otras prestaciones sociales y legales.
Si bien es cierto que en el país hay normas y leyes que abogan por la igualdad en el acceso a tratamientos, existen barreras geográficas y culturales que dificultan la atención a la población rural e indígena.
A pesar de la importante carga de enfermedad que representan los trastornos mentales, se carece de un sistema integrado de atención, se observa baja utilización de los servicios disponibles y limitaciones en la coordinación para su atención. Solamente 50% de las personas que buscaron atención especializada en salud mental recibieron tratamiento, además de que son insuficiente de servicios enfocados a la atención de los niños y adolescentes.
Por lo anterior resulta necesario otorgar alta prioridad a la atención de los problemas de salud mental asumiendo los retos que tenemos como país.
La OMS ha propuesto con base en el modelo de la pirámide de atención, la reorganización de los servicios de salud mental, lo que permite otorgar la continuidad de la atención e incluir a las personas en condición de vulnerabilidad y grupos emergentes con necesidades especiales.
La base de la pirámide incorpora la autoayuda y la atención primaria y comunitaria, que permiten incorporar programas preventivos como son las campañas de promoción de la salud, de lucha contra el estigma, de prevención de la violencia principal factor de riesgo para los trastornos mentales y otros programas de prevención de los trastornos por abuso de sustancias y del suicidio. Se pueden incorporar también grupos e instituciones que incluyen a los grupos de la sociedad civil, los programas de ayuda mutua y de autoayuda, el vínculo con programas de otros sectores como los de desarrollo social, educación, capacitación y reinserción laboral, vivienda, entre otros, lo que permitirá, avanzar en garantizar los derechos humanos de las personas con algún trastorno y los de sus familias.
En esta base de la pirámide estarían ubicados los programas de prevención en la escuela, en el lugar de trabajo, las normas orientadas a proteger la salud de la población y promover su bienestar (como la seguridad de las colonias, los espacios libres de humo de tabaco, la prevención de accidentes asociados con alcohol o drogas, entre muchos otros).
El segundo peldaño es la atención a la salud mental en el primer nivel que incorpora a los equipos de salud en modelos de cambio de roles, tratamiento colaborativo y referencia a otros niveles.
El tercer elemento son los centros de comunitarios de tratamiento especializados, con un buen sistema de referencia que avancen hacia la atención integrada, incorporando las múltiples necesidades de las personas incluyendo sus necesidades psicosociales y cada vez menos de atención de enfermedades.
El cuarto son los hospitales generales, que requerirán refuerzo de sus áreas de urgencia para atención y prevención, por ejemplo, del suicidio, servicios de desintoxicación, programas de mantenimiento (para personas con dependencia a la heroína), con programas que permitan atender los trastornos mentales y del comportamiento incluidos los derivados del uso de sustancias que de sus pacientes e incorporar camas para personas con enfermedad mental con cuadros descompensados.
El quinto incluye los hospitales psiquiátricos con sus unidades de internamiento idealmente muy pequeñas y con una amplia consulta ambulatoria. Es menester diferenciar a los de corta estancia cuyas camas no deben de reducirse en tanto no se tengan más camas en los hospitales generales, manteniendo su capacidad de atender a enfermos graves o que no responden al tratamiento. Se debe evitar construir más hospitales con el modelo actual, construir en su lugar unidades alineadas a los hospitales generales lo que permitirá atender la comorbilidades con otras enfermedades que presentan estas personas.
Los hospitales de estancia media deben reducir sus camas y tiempos de estancia y reforzar sus programas de habilitación, rehabilitación laboral y reinserción social y las unidades asilares ser sustituidas por unidades pequeñas para personas con grave deterioro, avanzar hacia la desinstitucionalización de las personas internadas en estas unidades, e integrar programas de reinserción laboral que prevengan el abandono de las personas con enfermedades graves.
Los hospitales de día, las villas y las casas de medio camino constituyen el puente entre el hospital y el regreso a la comunidad. Los hogares protegidos y las viviendas para los enfermos, son necesarios para la desinstitucionalización.
Con base en este modelo la OMS recomienda los países:
-Limitar la responsabilidad de los hospitales psiquiátricos
-Establecer servicios de salud mental con base en la comunidad
-Integrar servicios de salud mental en los hospitales generales
-Establecer servicios de salud mental en la comunidad
-Promover el autocuidado de la salud.
El reto principal consiste en incorporar la atención de los trastornos mentales como una media integrada a atención de la salud en general, particularmente en los servicios de atención primaria y los servicios de primer nivel que deben ser el punto donde se articule la atención de la salud mental comunitaria.
Para atender este reto resulta necesario el desarrollo de cursos de actualización y/o de educación, relacionado con temas de salud mental en los programas de formación de profesionales de la salud, así como fortalecer los programas de certificación de los profesionales. Se deben aumentar los mecanismos de financiamiento de operación e inversión en salud mental, favorecer el abasto de medicamentos y fortalecer el papel de los familiares y de las organizaciones de usuarios de ayuda mutua para la atención, en estrecha coordinación con las instituciones especializadas.
Un aspecto que se considera necesario es la incorporación de los consultorios afiliados a farmacias, corresponde a un primer nivel de atención. Se trata de una sección que requiere ser tratada de manera especial.
Un nuevo marco de atención de los problemas de salud mental debe garantizar medidas para erradicar las violaciones a los derechos humanos, así como las prácticas de tortura en usuarios y usuarias de los servicios de atención psiquiátrica.
Por todo lo anterior resulta imprescindible formular una estrategia actual, integral y coordinada que permita enfrentar el crecimiento e impacto que están teniendo de los trastornos de salud mental, para ello resulta necesario contar una visión renovada del marco legal que sustenta los esfuerzos de nuestro país en este campo.
La creación de una Ley Nacional de Salud Mental permitirá reorientar los esfuerzos para aumentar la calidad en la prestación de los servicios de salud mental, el incremento en la cobertura, la protección a los derechos humanos, el derecho a recibir tratamiento, la integración de las personas con trastornos mentales en comunidad y la promoción de la salud mental en la sociedad.
El Estado mexicano tiene la obligación de realizar acciones que creen entornos y condiciones de vida que propicien la salud mental y permitan a las personas adoptar y mantener modos de vida saludables. México suscribió la Declaración de Caracas de 1990, en la que se proponen distintas estrategias para reestructurar la atención psiquiátrica en América Latina. Su adopción significó abordar la salud mental y sus trastornos con enfoque comunal. Dicho tratado destaca la pertinencia de vigilar las legislaciones nacionales a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos de personas con discapacidad mental, y promueve servicios comunitarios que contribuyan a que ejerzan sus garantías civiles, políticas, económicas, sociales y culturales y otras libertades fundamentales, en igualdad de condiciones que los demás.
Las políticas que adopte el Estado mexicano sobre la salud mental no deben ocuparse únicamente de los trastornos mentales, sino reconocer y abordar cuestiones más amplias que fomentan la salud mental. Para ello hay que incorporar la promoción de la salud mental a las políticas y programas no solo del sector de la salud, sino también de los sectores público y privado en aspectos como la educación, el trabajo, la justicia, el transporte, el medio ambiente, la vivienda o la asistencia social, todo ello bajo un marco jurídico de carácter federal.
Los trastornos mentales ocasionan, además de altos costos económicos, un importante impacto social, familiar, emocional y personal por el rechazo social, estigma, discriminación y falta de oportunidades de trabajo para las personas afectadas.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea , la presente iniciativa con proyecto de Decreto que se expide la Ley Nacional de Salud Mental
Para quedar como sigue:
Único. Se expide la Ley Nacional de Salud Mental.
Propuesta de Ley Nacional de Salud Mental
Título PrimeroCapítulo I Disposiciones GeneralesArtículo 1. El objetivo de la presente ley es el asegurar el derecho a la protección de la salud mental de la población y garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y adicciones, así como regular el acceso y prestación de servicios de salud mental con enfoque comunitario, y su vinculación con los servicios sociales complementarios. La presente Ley es de orden público, de interés general y de observancia en toda la República Mexicana; y tiene como objetivos:
I. Organizar y Regular los servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos de salud mental.
II. Proteger a la población afectada por trastornos mentales, trastornos de conducta y adicciones, favoreciendo el acceso a los servicios de salud mental;
III. Promover la calidad en la prestación de los servicios de salud mental;
IV. Promover los derechos humanos y la erradicación de la discriminación contra personas que padecen trastornos mentales, trastornos de conducta y adicciones; y
V. Favorecer la integración de las personas con trastornos mentales en comunidad...
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Atención de la salud mental: estrategias necesarias para proporcionar a la persona usuaria una atención integral en salud mental, a través de la promoción, prevención de riesgos, la evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento;
II. Atención Integral de la Salud Mental. Es el conjunto de servicios que se proporcionan al usuario con el fin de proteger, promover, restaurar y mantener su salud mental. Comprende las actividades preventivas, curativas y de rehabilitación integral.
III. Ayuda mutua: todas aquellas medidas llevadas a cabo por personas no profesionales (es decir, no profesionales sanitarios), con el fin de movilizar los recursos necesarios para promover, mantener o restaurar la salud de los individuos y de las comunidades.
IV. Capacidad jurídica: La capacidad y el poder de ejercer derechos y contraer obligaciones por decisión personal, es decir, sin asistencia o representación de un tercero. Presupone la capacidad de ser un potencial sujeto de derecho y obligaciones (elemento estático), y otorga la capacidad de ejercer dichos derechos y contraer obligaciones generando, modificando, o extinguiendo relaciones jurídicas (elemento dinámico).
V. Consejo: se refiere al Consejo Nacional de Salud Mental.
VI. Desinstitucionalización: El proceso por el que se pasa de mantener a las personas que sufren unas enfermedades mentales confinadas en hospitales psiquiátricos (manicomios), a fin de darles una atención integrada en la sociedad en un ambiente comunitario.
VII. Discapacidad: Es un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación; denota los aspectos negativos de la interacción entre una persona (aquejada por un trastorno de salud) y su entorno (factores ambientales y personales).
VIII. Discernimiento: Se refiere específicamente a la presencia de facultades mentales para tomar decisiones o adoptar cursos de acción.
IX. Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables
X. Familiar: Persona con parentesco por consanguinidad, afinidad o civil con la persona usuaria de los servicios de salud mental;
XI. Fomento de la salud mental: Promoción de acciones encaminadas a mejorar la salud mental y a eliminar el estigma y la discriminación de las personas con trastorno mental;
XII. Grupos vulnerables: Algunos grupos se enfrentan con un riesgo elevado de sufrir trastornos mentales. Esta vulnerabilidad es el resultado de factores sociales y del ambiente circundante. Suelen afrontar obstáculos parecidos en cuanto a su situación socioeconómica, los medios de apoyo social y las condiciones de vida, entre ellas:
XIII. Infraestructura: conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones, mobiliario y equipo, cuyo objeto sea otorgar los servicios a la población los servicios de salud mental;
XIV. Interdicción: Procedimiento mediante el cual se inhabilita o incapacita a una persona mayor de edad para ejercer o hacer valer los derechos por sí mismo
XV. El Modelo de Atención Integral de Salud: es un sistema lógico que organiza el funcionamiento de las redes de atención de salud, articulando de forma singular las relaciones entre la población y sus subpoblaciones estratificadas por riesgos, los focos de las intervenciones del sistema de atención de salud y los diferentes tipos de intervenciones sanitarias, definido en función de la visión predominante de salud, de la situación demográfica y epidemiológica y de los determinantes sociales de la salud vigentes en determinado tiempo y en determinada sociedad.
XVI. Paciente bajo custodia: persona con algún trastorno mental que requiere atención médica hospitalaria encontrándose privada de la libertad o sometida a cualquier forma de detención o prisión, el que tenga la calidad de presentado, indiciado, probable responsable, procesado o sentenciado;
XVII. Personas con Capacidad Atenuada: Persona que durante el proceso de investigación de autoría o participación en la comisión de un hecho atípico, posterior a evaluación pericial por parte de un psiquiatra, se establece que su capacidad de ejercicio se ve disminuida o alterada ya sea de forma permanente o transitoria y en áreas específicas.
XVIII. Persona con Discapacidad; Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás;
XIX. Personas Culpables pero Mentalmente Enfermos: Persona que durante el proceso de investigación de autoría o participación en la comisión de un hecho atípico, posterior a evaluación pericial por parte de un psiquiatra, se establece que su capacidad de ejercicio no se encuentra afectada, a pesar de padecer trastorno mental, sin embargo requiere de tratamiento en caso de ser declarado culpable del hecho atípico.
XX. Personas Inimputables: Persona que durante el proceso de investigación de autoría o participación en la comisión de un hecho atípico, posterior a evaluación pericial por parte de un psiquiatra, se establece que su capacidad de ejercicio se encuentra alterada ya sea de forma permanente o transitoria y requiere de tratamiento para que esta circunstancia se corrija y pueda participar en su proceso.
XXI. Persona usuaria: toda persona que recibe el beneficio de cualquier programa o campaña de promoción de salud mental, de prevención o manejo de trastornos mentales, encaminadas a la preservación de su salud mental y calidad de vida, y
XXII. Personal de salud: profesionales, especialistas, técnicos, auxiliares y demás trabajadores que laboran en la prestación de los servicios de salud;
XXIII. Prevención primaria: La prevención primaria está dirigida a evitar la aparición inicial de una enfermedad o dolencia. La prevención secundaria y terciaria tiene por objeto detener o retardar la enfermedad ya presente y sus efectos mediante la detección precoz y el tratamiento adecuado o reducir los casos de recidivas y el establecimiento de la cronicidad, por ejemplo, mediante una rehabilitación eficaz.
XXIV. Primer nivel de atención: Atención otorgada por los Servicios de Salud Pública y cualquier otra institución de Gobierno, que preste algún servicio de salud a la población en general;
XXV. Promoción de la Salud Mental. Es una estrategia concreta, concebida como la suma de las acciones de los distintos sectores de la población, las autoridades sanitarias y los prestadores de servicios de salud encaminadas al desarrollo de mejores condiciones de salud mental individual y colectiva.
XXVI. Psicocirugía: Se entiende como psicocirugía a cualquier técnica o procedimiento quirúrgico y/o electrodos intracerebrales mediante el cual una o varias lesiones son creadas en el cerebro de una persona en una o en varias intervenciones, con el propósito de alterar los pensamientos, emociones o la conducta de una persona. La conducta de una persona no incluye conducta manifestada como parte de una epilepsia convulsiva generalizada, epilepsia no convulsiva, epilepsia parcial compleja o simple, conducta secundaria a disritmia y/o paroxismo cerebral; o conducta manifestada como resultado de un trastorno en ganglios basales.
XXVII. Psicoterapia: Conjunto de métodos y recursos utilizados para el tratamiento psicológico de las personas, mediante los cuales interacciona la persona usuaria y el psicólogo con el propósito de promover la adaptación al entorno, la salud física o psíquica, la integridad de la identidad psicológica, el bienestar de las personas y el mejoramiento de su calidad de vida;
XXVIII. Recuperación: Desde el punto de vista de los enfermos mentales, por recuperación se entiende la aparición o reaparición de la esperanza, la aceptación de las capacidades y discapacidades propias, el despliegue de una vida activa, la autonomía personal, la identidad social, la asignación de un significado y una finalidad a la vida, y un sentido positivo de sí mismo. Recuperación es no es sinónimo de curación. Aquella está vinculada con situaciones internas de las personas que se consideran en recuperación;
XXIX. Rehabilitación: Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden médico, social y educativo entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social.
XXX. Salud mental: El estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.
XXXI. Segundo nivel de atención: atención hospitalaria y ambulatoria otorgada por las unidades médicas dependientes de la Secretaría;
XXXII. Tercer nivel de atención: Atención hospitalaria y ambulatoria otorgada por las Unidad.
Trastorno mental: Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo, que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o una discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes. Para los efectos de esta Ley se consideran aquellos que están definidos en el capítulo V “Trastornos mentales y del comportamiento” de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, (CIE 10);
XXXIV. Tratamiento: Diseño, planeación, instrumentación y conducción de estrategias médicas, farmacológicas y psicológicas encaminadas a restaurar, mejorar o mantener la calidad de vida de la persona que presenta algún trastorno mental;
Artículo 3. Las instituciones públicas, privadas y de carácter social relacionadas con la prevención y tratamiento de los trastornos mentales, sin importar la figura jurídica en la que estén constituidas, deben adecuarse a los principios establecidos en la presente Ley.
Artículo 4. La promoción y la prevención de la salud mental; la detección oportuna, el tratamiento, la rehabilitación y el control de los trastornos mentales; tendrán carácter prioritario dentro de las políticas de salud.
Artículo 5. La atención de los trastornos mentales y adicciones comprende:
I. La atención de personas con trastornos mentales y adicciones, la evaluación diagnóstica y tratamientos integrales, y la rehabilitación psiquiátrica de las personas con enfermedades mentales crónicos, deficientes mentales, que usen habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas;
II. La organización, operación y supervisión de establecimientos dedicados al estudio, tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales y adicciones,
III. La reintegración de la persona con trastornos mentales y adicciones a su familia y comunidad, mediante la creación de programas sociales y asistenciales como residencias y talleres protegidos, en coordinación y a través de otros sectores como educación, trabajo, vivienda y
IV. La vigilancia epidemiológica.
Título SegundoSobre la organización del sistema de atención de problemas de salud mental Capítulo 1. Consejos de salud mentalArtículo 6. Corresponde a las autoridades de salud, impulsar las actividades para la planeación, coordinación, desarrollo y supervisión de los programas específicos en materia de salud mental.
Artículo 7. La Secretaría de Salud establecerá un modelo integrado de atención de los trastornos mentales, en el que participen todos los establecimientos especializados en prevención, tratamiento, rehabilitación de trastornos mentales; incluyendo a los centros académicos y de investigación, tanto públicos como privados, así como todos aquellos que realicen labores en los diferentes niveles de atención, que actualmente funcionan o que se implementen en un futuro.
Artículo 8.Para la promoción y prevención de la salud mental y tratamiento de los trastornos mentales, la Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas, establecerán los mecanismos de coordinación, a través del Consejo Nacional de Salud Mental que tendrá las siguientes facultades:
I. Proponer al Secretario de Salud la política y estrategia nacionales, los programas en materia, así como conducir y coordinar su instrumentación, cuando éstos hayan sido aprobados por el Secretario;
II. Realizar el análisis de situación de salud, para evaluar el impacto de la política pública de salud mental, mejorar el diseño e implementación de programas y estrategias en la materia
III. Proponer a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal los programas, políticas y estrategias transversales a adoptar en materia de salud mental e impulsar su implementación
IV. Fungir como enlace de la Administración Pública Federal con las instancias que las entidades federativas establezcan como responsables de los programas en materia de salud mental;
V. Coadyuvar en el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales ratificados por México en las materias relacionadas con su objeto;
VI. Proponer la celebración de acuerdos y convenios internacionales relacionados con la salud mental, y
VII. Promover mecanismos para la coordinación, concertación, cooperación y participación, de los sectores público, tanto federal como local, social y privado, así como de organizaciones nacionales e internacionales y, en general, de la comunidad, en las acciones en materia de salud mental;
VIII. Gestionar, ante las instancias competentes recursos para apoyar las acciones de los programas en materia de salud mental;
IX. Impulsar la incorporación de intervenciones relacionadas con la prevención y tratamiento de adicciones en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Sistema de Protección Social en Salud;
X. Vigilar que se cuente con sistemas de vigilancia epidemiológica en materia de salud mental y apoyar el desarrollo de investigaciones en este campo.
XI. Las demás que le asigne el Secretario de Salud.
Artículo 9. El Consejo Nacional de Salud Mental estará integrado por las y los titulares de las siguientes Secretarías e instituciones de la Administración Pública Federal y representantes de los sectores académicos y sociales:
I. Secretaría de Salud, quien lo Presidirá;
II. Servicios de Atención Psiquiátrica;
III. Secretaría de Desarrollo Social, que asumirá la Vicepresidencia;
IV. Secretaría de Educación;
V. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
VI. Sistema Nacional para la Integración de la Familia;
VII. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz;
VIII. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suarez;
IX. Instituto Nacional de Salud Pública;
X. Comisión Nacional de Arbitraje Médico;
XI. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
XII. Instituto Mexicano del Seguro Social;
XIII. Dos representantes de organizaciones académicas especializadas y
XIV. Dos representantes rotatorios de las entidades federativas y
XV. Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Los titulares asistirán a las reuniones del Consejo y podrán nombrar a un suplente, quien deberá tener como cargo mínimo un nivel inmediato inferior al del titular.
Se invitará a formar parte del Consejo de manera permanente, de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de otras organizaciones académicas que tengan amplia y reconocida experiencia en el tema.
Artículo 10. El Consejo Nacional de Salud Mental contará con el apoyo de un área administrativa, integrada a la estructura de la Secretaría de Salud y tendrá las siguientes atribuciones:
I. Dar seguimiento a los acuerdos adoptados en las sesiones del Consejo y a las actividades que desarrollen los grupos de trabajo;
II. Coadyuvar con las unidades administrativas competentes en la promoción de las acciones de prevención, consulta externa, hospitalización, rehabilitación y reintegración social de las personas con problemas de salud mental;
III. Fomentar acciones de sensibilización entre la población acerca de la salud mental y promover la participación de la sociedad en las acciones para la prevención de problemas de salud mental, así como en la rehabilitación y la reintegración social de las personas con problemas de este tipo;
IV. Integrar un diagnostico situacional basado en el análisis de los factores de riesgo y protección, así como de los determinantes sociales;
V. Desarrollar actividades educativas, socioculturales y recreativas que fomenten la salud mental, en coordinación con otras instituciones y los organismos de la sociedad;
VI. Promover la conformación de redes o sistemas estatales para el tratamiento de trastornos entalles que incluya el desarrollo de intervenciones en el primer nivel y segundo nivel de atención;
VII. El impulso de actividades de capacitación y actualización de los equipos de salud y
VIII. Aquellas que le sean encargadas por el Consejo y/o las instancias jerárquicas superiores en la estructura administrativa.
Artículo 11. Las entidades federativas, a través de los Servicios Estatales de Salud, establecerán y promoverán la consolidación de los Consejos Estatales de Salud Mental como órganos estatales de coordinación y supervisión de los servicios de salud mental, mismos que serán los responsables de elaborar los programas estatales de atención de la salud mental.
Capítulo 2. Acceso a los servicios de salud mental
Artículo 12. La aplicación de los recursos disponibles para la atención en materia de salud mental, deberán planificarse conforme a las necesidades con criterios de equidad poblacional y geográfica, evitando las disparidades y las duplicidades.
Artículo 13. Las instituciones del Sistema Nacional de Salud deberán de ofrecer el acceso de la población a los servicios de atención de salud mental, de acuerdo a los siguientes lineamientos:
I. Con un enfoque de derechos humanos, y con perspectiva de género y equidad, poniendo énfasis en la prevención, detección temprana y promoción de la salud mental, incluyendo acciones enfocadas a la prevención de adicciones.
II. Con acciones para prevenir y reducir dentro de sus instituciones el estigma y discriminación de los pacientes con trastornos mentales y adicciones. .
III. Con acciones para la promoción y prevención de los trastornos mentales, especialmente a los grupos en situación vulnerable como los niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, indígenas y personas en situación de pobreza.
IV. Con la atención primaria a la salud como el eje sobre el que se estructure un Modelo Comunitario de Atención a la Salud Mental
V. Con atención integral, continua e interdisciplinaria de los trastornos mentales y adicciones, trastornos debidos al uso de sustancias psicotrópicas y otras comorbilidades.
VI. Con acceso a las diversas intervenciones terapéuticas como psicofármacos, psicoterapia y rehabilitación psicosocial, a fin de lograr la reinserción social.
Las instituciones del Sistema Nacional de Salud deberán brindar gradualmente las intervenciones prioritarias de salud mental que determine la Secretaría de Salud, en igualdad de circunstancias de acceso a las intervenciones de salud general.
Artículo 14. Los programas en materia de salud mental deberán privilegiar la atención comunitaria de trastornos mentales y reducir los ingresos involuntarios a las instituciones especializadas de salud mental, para evitar las internaciones de largo plazo.
Capítulo 3. Red de servicios de atención en materia de salud mental
Artículo 15. Las entidades federativas, a través de los Consejos Estatales de Salud Mental, conforme al Modelo de Atención Integral de la Salud (MAI), promoverán la conformación de Redes Integrales de Servicios de Salud en materia de salud mental, basada en la atención primaria de la salud, aprovechando la infraestructura existente y en coordinación con las instituciones públicas, privadas, sociales y de ayuda mutua. Las Redes Integrales de Servicios de Salud en materia de salud Mental deberán centrarse en la persona, la familia y la comunidad/territorio, considerando las dimensiones físicas, mentales, emocionales y sociales de la persona a lo largo de todo su curso de vida.
Los servicios de salud mental incorporarán los enfoques interculturales y de género en el cuidado de la salud.
Artículo 16. Las redes integrales de atención de la salud mental se deberán organizar y operar de acuerdo a lo siguiente:
I. Centros de salud o equivalentes, con programas de promoción, detección, orientación, tratamiento oportuno y referencia, en coordinación con organizaciones sociales y grupos de ayuda mutua.
II. Centros Comunitarios de Salud Mental, Unidades de Especialidades Médicas de Salud Mental, Centros Integrales de Salud Mental y Centros de Atención Primaria de Adicciones, o equivalentes, con servicios ambulatorios especializados en psiquiatría y psicología para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales y adicciones.
III. Hospitales Generales y Hospitales Regionales de Alta Especialidad y equivalentes, con acciones de estadía hospitalaria breve, hospital de día en la que se le ofrezca a las personas la atención en momentos de crisis y agudización de los trastornos mentales y comorbilidad.
IV. Hospitales Psiquiátricos, con acciones de atención especializada a personas con trastornos mentales graves y severos, así como la docencia e investigación.
Artículo 17. Para la atención a los trastornos mentales se priorizarán los servicios en la comunidad, potenciando los esfuerzos en el primer nivel de atención, la atención ambulatoria, y los sistemas de hospitalización breve y parcial, de tal forma que se reduzca al máximo posible la necesidad de hospitalización. (Enfatizar la red en primer nivel conforme modelo OMS diferenciarlo del siguiente artículo, comentario 16.
Artículo 18. La atención en salud mental para personas con trastornos mentales debe ser provista por servicios de atención primaria, para lo cual se favorecerá el establecimiento de intervenciones específicas de detección orientación y consejería, a través del equipo psicosocial.
Artículo 19. Las instituciones del Sistema Nacional de Salud que prestan servicios de salud mental, en especial las destinadas al internamiento de las personas con trastornos mentales y adicciones, deberán cumplir con:
I. Las condiciones generales de diseño, construcción y habilitación, que garanticen una adecuada higiene, iluminación, ventilación, bienestar, privacidad y seguridad del paciente.
II. Las instalaciones y equipo médico y administrativo apropiados para el desarrollo de sus funciones.
III. Los recursos humanos suficientes en cantidad, calidad y cualidad, de acuerdo con los indicadores que establezca la Secretaría de Salud.
IV. Los recursos e insumos para una adecuada atención de salud mental y psiquiátrica.
V. Los recursos e insumos básicos para atender las comorbilidades no psiquiátricas más frecuentes y en su caso, cuando esta comorbilidad sea de mayor gravedad o urgencia que la psiquiátrica contar con los mecanismos de consulta de enlace y referencia oportuna a otra unidad médica.
VI. Los instrumentos administrativos y legales correspondientes.
VII. Las instalaciones destinadas al cuidado intensivo de las personas que presentan conductas perturbadoras o agresivas, que permita tanto la protección del paciente como el funcionamiento regular de los otros servicios.
VIII. La infraestructura y habilitación necesaria cuando se atiendan personas con trastornos mentales, que presenten algún tipo de discapacidad física o sensorial.
IX. Los dormitorios necesarios para el internamiento de personas, de preferencia en instalaciones semicerradas para un máximo de 6 personas por dormitorio, que asegure la privacidad y seguridad.
X. Las instalaciones de comedor para personas con trastornos mentales.
XI. Las instalaciones de servicios sanitarios para personas suficientes de acuerdo al número de camas censables, que permitan la privacidad y seguridad de los pacientes.
XII. Las áreas destinadas a recreación y esparcimiento deberán considerar tanto para las áreas abiertas y cerradas con dimensiones adecuadas para el desplazamiento o permanencia de las personas, así como equipos de entretenimiento y descanso.
Los equipos de comunicación telefónica y el acceso a medios de comunicación masiva como radio, televisión y prensa escrita que permitan a la persona mantener el grado de ubicación en su entorno ambiental social y cultural.
Artículo 20. Todas las instituciones de salud mental públicas, privadas y asistenciales serán inspeccionadas regularmente por las autoridades competentes de acuerdo con la normatividad y reglamentación que para tal efecto la Secretaría de Salud establezca y con la colaboración técnica de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas a la promoción y protección de los derechos de las personas con trastornos mentales, a efectos de garantizar que los derechos, el tratamiento y las condiciones de vida de los usuarios se sujeten a las disposiciones de la presente ley.
Artículo 21. Los organismos responsables de la coordinación de esfuerzo en materia de salud mental en las entidades federativas promoverán la participación de organismos académicos, organizaciones de pacientes, grupos de ayuda mutua, organizaciones de carácter asistencial, organismos privados y gremiales en las actividades de promoción de la salud mental y de la prevención, tratamiento y rehabilitación de trastornos mentales.
Título TerceroDe las actividades de fomento de la salud mental y prevención de trastornos mentalesArtículo 22. La promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales será una de las prioridades en los planes y programas de salud y para su desarrollo se deberán considerar en los planes y programas, políticas preventivas que se sustenten su efectividad en evidencias científicas.
Para realizar estas tareas los Consejo Estatales de Salud Mental promoverán acciones interinstitucionales con enfoque horizontal, en estrecha coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Salud, del sistema educativo, de seguridad y justicia y de desarrollo social, en estrecha coordinación con los sectores representativos de la sociedad y organismos privados interesados en el tema.
Artículo 23. Las políticas de prevención, junto con la promoción de la salud mental, deben estar orientadas por las necesidades de la población y cubrir diferentes entornos. Estas políticas deberán incluir, entre otras, acciones tales como:
I. La promoción de un inicio saludable en la vida a través de servicios de apoyo para las familias; y conforme a lo estipulado por la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad.
II. Intervenciones selectivas con familias en riesgo y acciones para promover las capacidades de crianza positiva entre los padres de familia y de afrontamiento de la desintegración familiar;
III. En las escuelas el desarrollo de programas de habilidades para la vida, de convivencia y educación en valores, así como intervenciones tempranas en las escuelas para un promover un desarrollo saludable de los educandos;
IV. Políticas preventivas en ámbitos laborales para prevenir el estrés laboral en coordinación con las autoridades laborales;
V. Programas de prevención del delito, la violencia, el maltrato y/o el abuso sexual, entre otros que estimulen los valores de convivencia y el bienestar común;
VI. Servicios de atención infantil y sistemas de apoyo accesibles en la comunidad;
VII. Programas de apoyo a las personas de la tercera edad y en situación de exclusión social especialmente para las poblaciones en alto riesgo; y
VIII. Campañas preventivas en medios de comunicación,
IX. Entre otras.
Para el desarrollo de los programas de prevención se deberán tener en cuenta los factores de riesgo y de protección individuales y relacionados con la familia, tanto biológicos, emocionales, cognitivos, conductuales, interpersonales o relacionados con el contexto familia. Además de los determinantes sociales de la salud mental.
Título CuartoDerechos humanos y salud mental Capítulo 1. Derechos de las personas con trastornos mentalesArtículo 24. Se reconocen como libertades fundamentales y derechos humanos a toda persona con trastornos mentales y adicciones, los siguientes:
I. Derecho a gozar del más alto nivel de salud, sin discriminación por motivo del trastorno mental, mediante programas y servicios médicos otorgados a través de todos los niveles de atención, incluyendo atención en hospitales generales, y servicios de tercer nivel, de la red general de salud.
II. Derecho a ejercer todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales;
III. Derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental y acorde con sus antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y con respeto a la dignidad de la persona;
IV. Derecho a la confidencialidad de la información personal, médico psiquiátrico de su enfermedad y tratamiento contenido en el expediente clínico. Salvo en las excepciones que se determinen en las disposiciones legales aplicables.
V. Derecho a contar con un representante que cuide en todo momento sus intereses. Para esto, la autoridad judicial deberá cuidar que no exista conflicto de intereses por parte del representante;
VI. Derecho al acceso libre y gratuito a la información contenida en el expediente clínico. Este derecho podrá ser sujeto a restricciones para impedir que se cause un perjuicio grave a la salud del paciente o se ponga en peligro la seguridad de terceros. Toda información de esta clase que no se proporcione al paciente, se proporcionará al representante personal y al defensor del paciente, siempre que pueda hacerse con carácter confidencial. Cuando no se proporcione al paciente cualquier parte de la información, el paciente o su defensor, si lo hubiere, será informado de la decisión y de las razones en que se funda, y la decisión estará sujeta a revisión judicial.
VII. Derecho a que el tratamiento que reciba esté basado en un plan prescrito individualmente con historial clínico, revisado periódicamente y modificado llegado el caso;
VIII. Derecho al consentimiento informado de la persona o su representante, en relación con el tratamiento o internamiento. Esto sólo se exceptuará en el caso de internamiento involuntario, cuando se trate de un caso urgente o cuando se compruebe que el tratamiento es el más indicado para atender las necesidades del paciente;
IX. Derecho a que le sean impuestas únicamente las restricciones necesarias para garantizar su protección y la de terceros. En todo caso, se deberá procurar que el internamiento sea lo menos restrictivo posible y a que el tratamiento a recibir sea lo menos nocivo.
X. Derecho a no ser sometido a tratamientos irreversibles o que modifiquen la integridad de la persona.
XI. Derecho a la protección contra tratos crueles, inhumanos o degradantes y en su caso, el derecho a denunciar por sí o a través de su representante legal cualquier abuso que se cometa en su contra.
XII. Derecho a un ambiente seguro, higiénico y humano dentro de las instituciones de salud mental, que garantice en su caso, las condiciones adecuadas de alimentación, vestido, habitación, atención médica profesional y espacio seguro.
XIII. Derecho a un ambiente y condiciones de vida en las instituciones de salud mental, lo más similares posible a las condiciones de la vida normal de las personas de esa edad, incluyendo instalaciones que respeten la vida privada y la intimidad, en un espacio libre de intromisiones ilegítimas
XIV. Derecho a una vida privada e intimidad, que permita el pleno desarrollo de la personalidad y un espacio libre de intromisiones ilegítimas a la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia por parte del estado y la comunidad.
XV. Derecho a elegir el trabajo que desea realizar y a no ser sometido a trabajos forzosos o inadecuadamente remunerados dentro de las instituciones de salud mental.
XVI. Derecho a participar en actividades educativas, capacitación vocacional, actividades de recreo, esparcimiento y culturales, así como el derecho a la libertad de religión y creencias.
XVII. Derecho a ser informado al inicio de su atención, tanto ambulatoria como hospitalaria sobre sus derechos, de forma y lenguaje que comprenda.
XVIII. Derecho a ser tratado y atendido en su comunidad o lo más cerca posible al lugar en donde habiten sus familiares o amigos.
XIX. Derecho a tratamiento en salud mental si se le ha aplicado una medida de seguridad y fuera declarado como, inimputable, con capacidad atenuada o culpable pero mentalmente enfermo.
XX. Derecho a participar en la actualización de la legislación y en la determinación de políticas de salud mental, así como a participar activamente en la planeación y operación de servicios de salud mental y psiquiatría.
Estos derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, representan los deberes de las instituciones que prestan servicios de salud mental y psiquiatría.
Artículo 25. Las autoridades de salud impulsarán campañas informativas para evitar la discriminación de las personas con trastornos mentales y sus familiares y promover una mejor comprensión de estos padecimientos para facilitar la inclusión de personas con problemas de salud mental.
Artículo 26. El ejercicio de los derechos fundamentales y garantías a las que se refiere la presente ley sólo podrán estar sujetos a las limitaciones previstas en la Constitución, las leyes mexicanas o los instrumentos internacionales indispensables para proteger la salud o la seguridad de la persona de que se trate o de otras personas, o para proteger la seguridad, el orden, la salud pública o los derechos fundamentales de terceros.
Artículo 27. Las disposiciones de la presente ley se aplicarán sin discriminación alguna motivada por el género, origen étnico o nacional, la condición social, la edad, las capacidades diferentes, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la orientación sexual, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Artículo 28. La presente ley también se aplicará a las personas con trastornos mentales, del comportamiento y adicciones, que se encuentran cumpliendo medidas de seguridad y fueron declarados como culpables pero mentalmente enfermos o bien han sido declarados como inimputables y se encuentran en medida cautelar o medida de seguridad.
Artículo 29. Se tendrá especial cuidado en proteger los derechos de los menores de edad, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores que padezcan trastornos mentales. En estos casos, cuando sea necesario y a falta de un representante legal, se nombrará uno que no sea un miembro de la familia.
Capítulo 2. Derechos de las familias y otras personas a cargo del cuidado de las personas con trastornos mentales y adiccionesArtículo 30. En consideración a que las familias e individuos a cargo del cuidado de las personas con trastornos mentales y adicciones asumen responsabilidades como el alojamiento, vestido, alimentación, apoyo en el tratamiento, y ayuda en la reinserción, se reconocen los derechos de las familias y otros cuidadores a cargo siguientes:
I. Derecho al acceso a la información necesaria sobre la enfermedad y tratamiento, con el objeto de orientar el cuidado adecuadamente a su familiar con trastorno mental y adicciones.
II. Derecho a recibir cursos de psicoeducación sobre la enfermedad y el tratamiento de su familiar, posterior, al establecimiento del diagnóstico de algún trastorno mental y adicciones.
III. Derecho a ser involucrado en la formulación e implementación del tratamiento de su familiar.
IV. Derecho a mantener contacto y comunicación con su familiar cuando este internado, siempre y cuando este contacto no se contraproducente para la salud del paciente.
V. Derecho a apelar ante el responsable médico o ante la autoridad judicial, sobre las decisiones del internamiento y tratamiento involuntarios a favor y beneficio de su familiar.
VI. Derecho a solicitar el egreso de su familiar.
VII. Derecho a participar en la actualización de la legislación y determinación de las políticas y programas de salud mental.
Capítulo 3. Consentimiento informadoArtículo 31. Todo tratamiento e internamiento a pacientes con trastornos mentales y adicciones deberá administrarse previo consentimiento informado, salvo en las excepciones previstas de procedimientos involuntarios u obligatorios.
El paciente es quien ostenta el derecho a consentir o denegar el permiso para cualquier tratamiento o internamiento, por lo que deberá presumirse que todos los pacientes tienen capacidad de discernir y deberán agotarse los esfuerzos para permitir que una persona acepte voluntariamente el tratamiento o el internamiento, antes de adoptar procedimientos involuntarios.
Artículo 32. Para hacer valido el consentimiento informado se deberá satisfacer los criterios siguientes:
I. La persona que otorga su consentimiento debe tener capacidad para hacerlo, la capacidad se presume a menos que se demuestre lo contrario.
II. El consentimiento debe ser obtenido libremente, sin amenazas ni inducciones. En este proceso deberán estar presenten al menos un familiar o persona de la elección del paciente.
III. La información relevante debe proporcionarse de manera apropiada y adecuada, sobre el propósito, método, duración estimada y beneficios esperados del tratamiento propuesto.
IV. Deben discutirse amplia y adecuadamente con el paciente los posibles dolores o molestias, y los riesgos del tratamiento propuesto.
V. Deben ofrecerse alternativas, si éstas existieran, de acuerdo con las buenas prácticas clínicas. Deben discutirse y ofrecerse al paciente formas alternativas de tratamiento, especialmente aquellas que sean menos intrusivas.
VI. La información debe proporcionarse en un lenguaje y de manera que resulten comprensibles para el paciente.
VII. El paciente puede negarse a recibir tratamiento y el internamiento, o de abandonarlo, salvo excepción dispuesta en este instrumento.
VIII. Deben explicar al paciente las consecuencias de una negativa a recibir tratamiento, que pueden incluir el egreso en caso de atención hospitalaria.
IX. El consentimiento debe ser documentado en la historia médica del paciente.
Artículo 33. El consentimiento informado sustitutorio solo se podrá otorgar cuando el paciente carezca de capacidad necesaria de discernir para otorgarlo o el paciente se encuentre en el supuesto de incapacidad legal. En el caso anterior, se deberá recabar la mayor evidencia posible para la determinación de falta de discernimiento en el paciente. Podrán otorgar el consentimiento informado sustitutorio el familiar, responsable legal o tutor del paciente, con apego a las disposiciones sanitarias y civiles aplicables. Así como la autoridad sanitaria o judicial. El paciente cuando mejore sus condiciones podrá apelar el tratamiento o internamiento involuntario otorgado de forma sustitutoria.
El consentimiento informado obtenido o sostenido con coerción o dolo, deberá notificarse a la autoridad sanitaria y judicial competente para su investigación y en su caso, aplicación de la sanción correspondiente.
No será necesario el consentimiento informado cuando se trate del internamiento obligatorio.
Artículo 34. Las personas con trastornos mentales y adicciones que estén en supuestos de restricciones a la personalidad jurídica, de forma transitoria o permanente, como minoría de edad, falta de discernimiento, incapacidad mental o intelectual, no deben ser sujetos para menoscabar la dignidad de la persona, ni atentar contra el ejercicio de sus derechos humanos, y en estos casos, deberán aplicarse las disposiciones civiles federales, a fin de garantizar que cuenten con un representante legal o tutor y un curador.
Artículo 35. El paciente que no protesta es aquel que por su estatus de salud mental, no está en condiciones de otorgar su consentimiento informado, ya sea para el tratamiento y/o internamiento, ni lo rechaza y a su vez, tampoco ni representa un riesgo para la seguridad de él mismo o de terceros. Generalmente el tratamiento y/o internamiento es solicitado por un familiar o el tutor, y suele ser mal clasificado como paciente voluntario.
Los derechos del paciente que no protesta deben ser protegidos como el de paciente involuntario y cumplir con los procedimientos de tratamiento o internamiento involuntarios.
El paciente que no protesta en cuanto recupere su discernimiento para ejercer su autodeterminación, puede objetar o apelar su tratamiento o internamiento y debe modificarse su estatus como paciente voluntario.
Título QuintoLa atención de los trastornos mentales y adicciones Capítulo 1. Sobre la determinación del diagnóstico de trastorno mentalArtículo 36. La determinación del diagnóstico de un trastorno mental y adicción, se formulará con arreglo a las normas médicas aceptadas internacionalmente. Ninguna persona será forzada a someterse a examen médico con el objeto de determinar si padece o no un trastorno mental y adicción, a no ser que este sea determinado por los supuestos del tratamiento e internamiento involuntario u obligatorio. En ningún caso, este diagnóstico deberá fundarse en:
I. La condición política, económica o social, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso.
II. Los conflictos o demandas familiares, laborales, o la falta de conformidad con los valores morales, sociales, culturales, políticos o religiosos dominantes en la comunidad de la persona.
III. La preferencia o identidad sexual.
IV. La existencia de antecedentes personales de tratamiento y de hospitalización por enfermedad mental, no bastarán por si solo para justificar dicho diagnóstico.
El diagnóstico de un trastorno mental, preferentemente, deberá ser establecido por un equipo interdisciplinario de profesionistas con formación, capacitación y experiencia en salud mental, de acuerdo a lo establecido en el Titulo Cuarto de Recursos Humanos para los Servicios de Salud de la Ley General de Salud, y en el Articulo 129 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, y en las demás disposiciones aplicables.
Artículo 37. El equipo interdisciplinario deberá estar integrado por profesionales y técnicos de las áreas de medicina con especialidad en psiquiatría o afines, psicología clínica, enfermería, trabajo social, rehabilitación, terapia y otras disciplinas vinculadas en la atención de los trastornos mentales y adicciones.
Cualquier de los profesionales con grado y posgrado del equipo interdisciplinario están en igualdad de condiciones para ocupar cargos de dirección, coordinación y gestión de servicios e instituciones de salud mental, cuando cumplan el perfil profesional correspondiente, la capacidad y experiencia necesaria.
Capítulo 2. Sobre el tratamiento a pacientesArtículo 38. Los pacientes con trastornos mentales deberán recibir la atención médica lo menos restrictivo posible, que corresponda a sus necesidades individuales de salud, así como proteger la seguridad e integridad del paciente y en su caso, de terceros.
Artículo 39. El tratamiento deberá ser indicado por profesional médico psiquiatra acreditado como tal, el equipo interdisciplinario y en su caso, por médico general capacitado. El tratamiento preferentemente será voluntario, deberá contar con el consentimiento informado correspondiente, basado en un plan terapéutico individualizado, comentado con el paciente, y sujeto a revisión periódica.
Artículo 40. La atención a la salud mental y psiquiátrica deberá estar apegada al conocimiento y tecnología médica actualizada, en cumplimiento a las disposiciones legales sanitarias y otras aplicables, con arreglo a las normas éticas de los profesionales de salud mental y a los derechos humanos de los pacientes con trastornos mentales y adicciones. En ningún caso se hará uso indebido de los conocimientos y tecnología psiquiátrica, en prejuicio o maleficencia hacia el paciente, siempre se buscará el mayor beneficio y el menor riesgo posible y previsible.
Artículo 41. El tratamiento farmacológico siempre responderá a las necesidades de salud del paciente, y sólo se le administrarán con fines terapéuticos o de diagnóstico, y nunca como una forma de castigo, ensañamiento o para conveniencia de terceros. Sólo los profesionales médicos psiquiatras del equipo interdisciplinario o de otra especialidad médica afín o médico general capacitado, podrán prescribir medicamentos psicotrópicos, y estos deberán ser aquellos de probada eficacia, seguridad y asequibilidad, y con arreglo a las disposiciones sanitarias en materia de medicamentos. El profesional responsable de atender al paciente tendrá la obligación de registrar el tratamiento en el expediente clínico del paciente. Estos aspectos, también serán aplicables a otras formas diagnósticas y de rehabilitación.
Artículo 42. La atención médica psiquiátrica y de salud mental de pacientes voluntarios tendrá paridad con la atención médica general de otros padecimientos no psiquiátricos.
Artículo 43. El tratamiento podrá ser voluntario, pero por excepción será involuntario mediante el consentimiento informado sustitutorio, o en su caso, obligatorio cuando sea ordenado por la autoridad sanitaria o judicial correspondiente. El tratamiento voluntario implica la negativa o rechazo del paciente
Capítulo 3. Sobre el internamiento de pacientesArtículo 44. El internamiento es considerado como un recurso de carácter restrictivo, por lo que sólo podrá llevarse a efecto cuando este aporte mayores beneficios que otras opciones terapéuticas ambulatorias en el entorno familiar, comunitario o social. En todo caso, se deberá promover el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, responsables legales o tutor, salvo en aquellas excepciones que por razones médicas debidamente fundadas determine el equipo interdisciplinario responsable de la atención del paciente, que no sea adecuado.
Artículo 45. El internamiento debe ser lo más breve posible, de acuerdo a los criterios clínicos interdisciplinarios, de preferencia en servicios de psiquiatría en hospitales generales o de alta especialidad. El internamiento deberá ser indicado por equipo interdisciplinario calificado y en instituciones debidamente autorizadas para tal caso. Tanto el ingreso como la evolución y las intervenciones administradas deberán registrarse a diario en el expediente clínico.
Por ningún motivo el internamiento puede ser indicado o prolongado para resolver problemas familiares, sociales, laborales o de vivienda y cuidado del paciente.
Artículo 46. El internamiento podrá ser voluntario, involuntario u obligatorio. Las instituciones que prestan servicios de salud mental y psiquiatría deberán privilegiar el internamiento voluntario sobre el involuntario.
Capítulo 4. Sobre el internamiento voluntario, involuntario y obligatorioArtículo 47. Los internamientos pueden ser:
I. Voluntarios: Si la persona consiente a la indicación de un profesional en salud mental o la solicita a instancia propia o por su representante legal;
II. Involuntario: Cuando es ordenado a criterio del equipo profesional en salud mental ante situación de riesgo para sí o para terceros; y
III. Obligatorio: Cuando es ordenado por una autoridad sanitaria o judicial.
Comentario. De acuerdo al comentario del artículo 61 se sugiere cambiar por:
Artículo 48. Para el internamiento voluntario del paciente se requerirá:
I. La indicación del equipo interdisciplinario basada en la evidencia clínica de un trastorno mental y adicciones grave que requiera tratamiento hospitalario y en el propósito terapéutico deseado.
II. El consentimiento informado escrito del paciente.
III. La información a los familiares del motivo del internamiento y los derechos del paciente.
IV. El informar a los pacientes voluntarios que la institución de salud mental puede ejercer su autoridad de impedir su egreso sí se reúnen las condiciones para el ingreso involuntario.
V. El registro del internamiento en el expediente clínico del paciente.
El derecho al internamiento voluntario implica el derecho a rechazar el internamiento, siempre y cuando el paciente tenga el discernimiento suficiente.
Se requerirá de la opinión concordante de un médico psiquiatra acreditado, para poder hacer una extensión cada 30 días naturales del periodo de internamiento voluntario, hasta un máximo de 180 días naturales.
En aquellos pacientes que requieran periodos de internamiento mayores a 180 días, deberá de ser resuelta por un Comité de Protección de los Derechos Humanos en Salud Mental (sugerencia).
Artículo 49. El internamiento involuntario deberá de ser por excepción, podrá realizarse cuando el paciente presente un trastorno mental y adicciones severo, que de acuerdo a la intervención del equipo interdisciplinario, la condición del paciente represente un peligro grave o inmediato para sí mismos o para terceros. Para el internamiento involuntario solo podrá realizarse cuanto el paciente se niega al internamiento voluntario y se cumplan los criterios siguientes:
I. Existe la evidencia clínica de algún trastorno mental y adicciones graves, urgentes o severas, y que el paciente no cuente con la capacidad de discernimiento.
II. Exista un riesgo de daño inmediato o inminente contra el propio paciente o contra terceros, y/o de deterioro de la condición del paciente si no se le proporciona tratamiento de forma hospitalario.
III. Exista un propósito terapéutico deseado claro.
IV. Se cuente con las condiciones y recursos necesarios para el internamiento en la institución de salud.
V. El procedimiento para el internamiento involuntario deberá incluir:
VI. La existencia de una solicitud de ingreso de parte de un familiar interesado, representante legal o tutor del paciente. Deberá quedar por escrito dentro del expediente el nombre del responsable del paciente.
VII. El paciente deberá ser valorado por un profesional de salud mental acreditado del equipo interdisciplinario, quien debe certificar que se reúnen los criterios de internamiento involuntario. Dicha valuación tiene una vigencia de 72 horas, donde el estatus de involuntario deberá ser reevaluado por un médico psiquiatra, si la crisis del paciente continúa y éste persiste en no otorgar su consentimiento, se continuará con el estatus de involuntario, hasta una nueva valoración 30 días posteriores. Todos los periodos deberán quedar consignados en el expediente clínico.
VIII. La acreditación y autorización de la institución de salud para admitir pacientes involuntarios.
IX. La información inmediata del familiar, representante legal o tutor del paciente, acerca de los motivos del internamiento y de los derechos del paciente.
X. La obtención del consentimiento informado sustitutorio correspondiente.
XI. La notificación a la autoridad judicial competente, en un plazo no mayor a 24 horas del internamiento.
Artículo 50. En caso de extrema urgencia o cuando se trate de un paciente que no se conoce su identidad ni tiene familiares presentes, se podrá indicar el internamiento involuntario por dos profesionales del equipo interdisciplinario, y con la autorización de la máxima autoridad médica de la institución de salud, que en su caso puede incluir el jefe del servicio, y no podrá exceder de 15 días naturales. En cuanto mejoren las condiciones del paciente, deberá ser informado de su situación y en su caso, obtener su consentimiento informado voluntario.
En cualquier momento, el familiar, representante legal o tutor del paciente podrá apelar la decisión del internamiento involuntario ante un órgano de revisión o autoridad competente.
Artículo 51. Los casos de internamiento involuntario podrán ser analizados de forma periódica por un órgano de revisión.
Artículo 52. El internamiento involuntario deberá de suspenderse en cuanto los pacientes dejen de reunir los criterios de internamiento involuntario, y a partir de ese momento deberá considerarse como internamiento voluntario. Dicha situación deberá ser registrada en el expediente clínico del paciente.
Artículo 53. El internamiento obligatorio se refiere al que determine la autoridad sanitaria o la autoridad judicial. El internamiento obligatorio podrá ser administrativo, cuando sea determinado por la autoridad sanitaria, a solicitud de la familia, autoridad policial o judicial, o por médico psiquiatra acreditado responsable del paciente, o algún miembro de la comunidad, con el fin de proteger a una persona aparentemente con enfermedad mental y cuya conducta ponga en riesgo su integridad o la de terceros, o bien por alteración del orden público.
El internamiento obligatorio administrativo deberá ser reevaluada cada 5 días con la opinión de otro médico psiquiatra acreditado, que no forme parte del equipo interdisciplinario responsable del paciente, para informar a la autoridad sanitaria sobre la situación del paciente.
El internamiento obligatorio judicial es aquel que es determinado por la autoridad judicial competente, basado en dictamen médico-pericial de la situación del paciente, que recomiende el internamiento. El equipo interdisciplinario deberá informar a la autoridad judicial cada 10 días la evolución del paciente o cuando este haya alcanzado el propósito terapéutico buscado con el internamiento.
Artículo 54. Los motivos del egreso del paciente podrán ser por:
I. Curación, mejoría de la condición original del paciente o el cumplimiento de los objetivos de la hospitalización.
II. Traslado a otra institución médica.
III. Solicitud del paciente, con excepción de los casos de ingresos involuntarios u obligatorios.
IV. Solicitud del familiar, representante legal o tutor del paciente.
V. Abandono del servicio de hospitalización sin autorización médica, en cuyo caso, deberá notificarse a la autoridad judicial de los hechos.
VI. Disposición de la autoridad sanitaria o judicial competente.
VII. Defunción.
Capítulo 5. Sobre las medidas excepcionales de contención y los tratamientos especialesArtículo 66. El aislamiento y las restricciones físicas son medidas de contención y sólo deben aplicarse como casos excepcionales, como último recurso terapéutico frente a situaciones de violencia inmanejable, junto a la pérdida de juicio o sentido de realidad, a la falta de conciencia real de la persona acerca de su estado, y por consiguiente siempre que se persiga proteger la salud y la integridad del propio enfermo y de quienes lo atienden y rodean, de acuerdo con el criterio del médico responsable, a fin de impedir un daño inmediato o inminente al paciente o a terceros. El paciente bajo este tipo de medida quedará al cuidado y vigilancia de personal calificado, en todo momento.
El aislamiento y las restricciones físicas nunca deben indicarse como medios de castigo o para la convivencia del personal. El tiempo de aplicación de las medidas de aislamiento y restricciones físicas no podrá exceder de 72 horas y deberá ser autorizada por el equipo interdisciplinario. La autoridad sanitaria deberá expedir los lineamientos sobre la contención en psiquiatría.
Para la aplicación de estas medidas de contención se deberá contar con el personal profesional y técnico capacitado y con la infraestructura necesaria. Asimismo, se deberá minimizar el empleo de las medidas de contención.
Las razones y duración de la aplicación de estas medidas de contención deberán estar asentadas de inmediato en el expediente clínico del paciente y deberán registrarse en un informe semanal sobre las mismas, para ser sujetos a una revisión sistemática.
Se deberá informar al familiar o representante legal del paciente la aplicación de estas medidas de contención.
Artículo 55. Son considerados tratamientos especiales la esterilización, psicocirugía, otros tratamientos irreversibles, la terapia electroconvulsiva, ensayos clínicos y experimentales. Se deberá cumplir lo siguiente:
I. Por ningún motivo se practicarán técnicas químicas o quirúrgicas de esterilización como parte de tratamiento psiquiátrico.
III. No se someterá a psicocirugía u otros tratamientos irreversibles o que modifiquen la integridad de la persona, solo podrán aplicarse si la legislación lo permite, con el consentimiento del paciente, y en cumplimiento a un protocolo específico.
IV. La terapia electroconvulsiva solo se aplicará con el consentimiento informado del paciente o en su caso, del representante legal o tutor, siempre y cuando se cumpla el protocolo de indicación correspondiente. La aplicación de terapia electroconvulsiva en menores de edad queda sujeta a una evaluación por un comité médico y ético de la institución. Queda prohibida el uso de terapia electroconvulsiva en menores de 12 años.
V. No se someterá a ensayos clínicos ni a investigaciones experimentales a ningún paciente sin su consentimiento informado, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud.
VI. Se prohíben los tratamientos como la esterilización, la psicocirugía, la terapia electroconvulsiva, y la participación en ensayos clínicos o estudios experimentales para las personas retenidas en situaciones de emergencia o urgencia.
VII. Se podrán practicar procedimientos médicos y quirúrgicos no psiquiátricos necesarios para mantener la salud del paciente, cuando se cuente con el consentimiento informado del paciente o de su representante legal o tutor.
La autoridad sanitaria deberá expedir los lineamientos sobre tratamientos especiales en psiquiatría.
Artículo 56. La Secretaría de Salud emitirá los Lineamientos sobre el Comité de Protección de los Derechos Humanos en Salud Mental. Dicho Comité tendrá como objeto promover el cumplimiento de estos estándares, inspeccionar y supervisar a las instituciones de salud mental y psiquiatría, investigar y resolver quejas, así como establecer los procedimientos disciplinarios o en su caso, promover los administrativos y judiciales correspondientes ante una indebida conducta profesional o violación de derechos humanos de las personas con trastornos mentales y adicciones.
Artículo 57. Si en cualquier momento el profesional de salud mental responsable del caso, determina que ya no se cumplen las condiciones para retener a una persona involuntariamente, ordenará que se dé de alta a esa persona como paciente involuntario, constando en su expediente el ingreso involuntario.
Artículo 58. La persona afectada o su representante personal o cualquier persona interesada tendrán derecho a apelar ante la autoridad judicial la decisión del órgano de revisión de admitir al paciente o de retenerlo en una institución de salud mental.
Capítulo 4 Sobre las responsabilidades de la familiaArtículo 59. Las familias y las personas cercanas del paciente podrán contribuir en la formulación e implementación del plan de tratamiento, especialmente si el paciente no está en condiciones de hacerlo solo. Tendrán el derecho y la responsabilidad de participar en los procedimientos de ingreso involuntario y la posibilidad de apelación.
Artículo 60. Al momento del internamiento deberá llevarse a cabo un diagnóstico que determine el grado de contención que pudiere brindar su grupo familiar. En el mismo deberá constar, fehacientemente, la obligatoriedad de sus familiares o responsables a no abandonar al internado y recibirlo cuando cese la necesidad de internamiento.
Título sextoLa atención especial grupos vulnerables Capítulo 1. La atención de menores de edad con trastornos mentalesArtículo 61. Se establecerán las medidas necesarias para garantizar los principios del Convención sobre los Derechos del Niño, para asegurar la protección contra toda forma de abuso físico y mental en las instituciones que atienden trastornos mentales.
Artículo 62. Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de menores de edad, los responsables de su guarda, las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con los mismos, procurarán la atención inmediata de aquellos que presenten alteraciones de conducta o cuando se haga evidente la existencia de trastornos.
Artículo 63. Dependiendo de su edad y capacidades, además si el menor de edad brinda su asentimiento para el tratamiento y los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad no otorgan el consentimiento, el personal de la unidad especializada bajo la premisa de protección y derecho a la salud del menor, podrá en caso necesario proceder ante los órganos judiciales correspondientes dado que estaría frente a violencia familiar por omisión en la procuración de salud mental del menor.
Artículo 63. Queda prohibida la aplicación de intervenciones quirúrgicas de carácter irreversibles como forma de tratamiento sobre los niños, en especial la psicocirugía y la esterilización. Con excepción de aquellas que sean estrictamente necesarias para salvaguardar su integridad física.
Artículo 64. Tratándose de menores de edad se evitará el ingreso involuntario de menores de edad, con excepción de los casos en los que la integridad física del menor o de terceros se encuentre en riesgo, en cuyo caso deberán de contar con el consentimiento de los padres de familia o tutores o quien ejerza la patria protestad.
Artículo 65. Los menores de edad que sean internados en instituciones psiquiátricas deberán gozar de adecuada privacidad, para ello los responsables de los centros en coordinación con las autoridades de salud, deberá asegurar que todas las instituciones de salud mental tengan dormitorios separados y adecuados para menores de edad.
Capítulo 2. La atención de mujeres con trastornos mentalesArtículo 66. Las mujeres que sean internadas en instituciones psiquiátricas deberán gozar de adecuada privacidad, para ello los responsables de los centros en coordinación con las autoridades de salud, deberá asegurar que todas las instituciones de salud mental tengan dormitorios separados para mujeres y que cuenten con instalaciones de calidad y comparables a las brindadas a los hombres.
Artículo 67. Las instituciones que atienden trastornos mentales, tomarán las medidas necesarias para la protección a las mujeres del abuso sexual y de la explotación física por parte de otros pacientes y de los empleados.
Artículo 68. Las instituciones en las que se trate a madres con trastornos mentales posparto deben tener en cuenta las necesidades particulares de las mujeres en el período posterior al parto, y brindar instalaciones adecuadas para que las madres cuiden hijos recién nacidos. Deberán tomar las medidas para contar con personal capacitado que pueda brindar atención a las madres y a los bebés.
Capítulo 3. Sobre las personas declaradas inimputables, con capacidad atenuada o culpables pero mentalmente enfermos
Artículo 69. Las autoridades de Salud establecerán mecanismos y procedimientos en conjunto con las autoridades de seguridad y justicia para la atención de personas con trastorno mental que se encuentren en conflicto con la ley, considerando los procedimientos para la atención de aquellos que hayan sido declarados inimputables o con capacidad atenuada.
Artículo 70. Las autoridades de Salud a través del Consejo Nacional de Salud Mental, promoverán el establecimiento de mecanismos, procedimientos y acuerdos de capacitación, cooperación con los poderes legislativo y judicial para la atención de las personas con trastornos mentales, que se encuentran sujetos a procedimiento penal o han sido declarados inimputables, con capacidad atenuada o culpables pero mentalmente enfermos, incluyendo justicia terapéutica, medidas de seguridad y medidas cautelares.
Artículo 71. Si la persona con trastornos mentales, del comportamiento o adicciones al momento de estar sujeta a procedimiento penal se determina su participación en la comisión del hecho delictivo:
I. Es declarada inimputable, el tribunal de enjuiciamiento deberá establecer si el inimputable intervino en la comisión del hecho, ya sea como autor o como partícipe, además de brindarle todos los derechos que en el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene un imputado, aunado al tratamiento necesario indicado por un psiquiatra, con el fin de que durante el proceso mejore su condición de inimputabilidad y sea participe en todo momento de su proceso.
II. Es declarada con capacidad atenuada, el tribunal de enjuiciamiento deberá establecer si el imputado con capacidad atenuada intervino en la comisión del hecho, ya sea como autor o como partícipe, además de brindarle todos los derechos que en el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene como imputado, aunado a que el tribunal de enjuiciamiento con base en la opinión del psiquiatra que realice la pericial se evalué la necesidad de establecer un tratamiento al imputado y se especifique en que se tiene disminución de la capacidad durante el proceso.
III. Es declarada como culpable pero mentalmente enfermo, el tribunal de enjuiciamiento deberá establecer si el imputado culpable pero mentalmente enfermo intervino en la comisión del hecho, ya sea como autor o como partícipe, además de brindarle todos los derechos que en el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene como imputado, aunado a que el tribunal de enjuiciamiento con base en la opinión del psiquiatra que realice la pericial especifique el tratamiento idóneo que el imputado en caso de resultar responsable deberá de tener ya sea en medida de seguridad o medida cautelar.
De igual forma brindarán apoyo al personal técnico penitenciario a cargo de las personas internadas en centros de reclusión que padezcan trastornos mentales.
Artículo 72. Los reclusorios y centros de readaptación social deberán contar con las instalaciones médico psiquiátricas adecuadas y necesarias para la atención de personas con trastornos mentales y adicciones conflicto por la ley penal.
Título SéptimoOtras disposiciones Capítulo 1. Capacitación y certificación de instituciones y profesionalesArtículo 73. Los Consejos Estatales de Salud Mental, promoverán en coordinación con el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, las asociaciones y colegios de profesionales; actividades de educación médica continua, y los procesos de certificación de los profesionales del campo de la salud mental, para favorecer la actualización de los conocimientos y la calidad en la atención con mejores estándares.
De igual forma y en coordinación con el Consejo de Salubridad General, promoverá que los centros especializados sean certificados.
Capítulo 2 Información e investigaciónArtículo 74. La Secretaría establecerá un Sistema Nacional de Información y Vigilancia, que coordinará e intercambiará información entre las dependencias de salud de las entidades federativas, con el objeto de identificar los principales trastornos mentales que afectan a la población;
Artículo 75. Con el objetivo de mejorar la salud mental de las personas con trastornos mentales, del comportamiento o adicciones el Consejo Nacional de Salud Mental fomentará la investigación el contar con mayores recursos para el desarrollo de nuevo conocimiento en el campo de la neurobiología, de los trastornos mentales, su tratamiento, prevención y desarrollo de tecnología con el fin de dar respuesta y solución a las necesidades en salud mental de la población mexicana.
Capítulo 3 Fondo para adquisición de medicamentosArtículo 76. La Secretaría de Salud, a través del Consejo Nacional de Salud Mental, promoverá el establecimiento de un fideicomiso para el financiamiento de insumos médicos para atender a pacientes con trastornos mentales graves. Para ello se establecerán los criterios para su establecimiento.
Título OctavoLa vivienda, el trabajo y la educación Capítulo 1. Sobre la vivienda asistidaArtículo 77. Queda prohibida la discriminación de las personas con trastornos mentales en el acceso o asignación a la vivienda. La Secretaría de Salud en coordinación con los sectores de desarrollo y asistencia social procurarán la operación de viviendas asistidas y subsidiadas, que permitan a los pacientes gozar de una vida en la comunidad.
Además se deberá fomentar la creación de centros asistenciales, temporales o permanentes para personas con trastornos mentales en desamparo, en donde sean atendidos respetando los derechos humanos y su dignidad.
Capítulo 2. Sobre el trabajo protegidoArtículo 78. En coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión social se promoverá el derecho al trabajo y empleo de las personas con trastornos mentales y adicciones. Para tal efecto se llevará a cabo lo siguiente:
I. Queda prohibida la discriminación de las personas con trastornos mentales y adicciones en la selección, contratación, remuneración, tipo de empleo, capacitación, liquidación y promoción profesional
II. Se deberán mantener ajustes razonables para los empleados con trastornos mentales, que de acuerdo a su condición mental, les permita flexibilidad en el horario de trabajo, orientación y capacitación para el trabajo que desean y pueden llevar a cabo.
III. Promover la creación de agencias de integración laboral, centros de trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, centros de formación vocacional y la creación de convenios con los sectores público y privados, para la inserción laboral de personas con trastornos mentales
IV. Se deberán establecer mecanismos con el sector público y privado para la rehabilitación vocacional, la igualdad de oportunidades, y el empleo lo más cercano a la comunidad del paciente, que permitan el seguimiento y control médico de los mismos
V. Fomentar la capacitación y sensibilización del personal que trabaja con personas con trastornos mentales en el ámbito público y el privado.
Capítulo 3. Sobre la educaciónArtículo 79. La Secretaria de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con trastornos mentales, prohibiendo cualquier tipo de discriminación.
Se promoverán opciones de actualización a todo el personal directivo y docente del Sistema Educativo Nacional, para que tengan el conocimiento general de los principales trastornos mentales, y su impacto en el desarrollo y el aprendizaje.
Además se promoverá la capacitación del personal docente y directivo en las evaluaciones psicopedagógicas, y en la detección de las necesidades de los alumnos, así como en la actualización en estrategias metodológicas y evaluación del aprendizaje.
TransitoriosPrimero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, tendrá un plazo no mayor a 365 naturales a partir de la entrada en vigor de la presente ley para expedir los reglamentos y normas oficiales mexicanas necesarias que permitan el cabal cumplimiento de la presente ley.
Tercero. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para la aplicación de las presentes disposiciones, con las autoridades sanitarias, judiciales, administrativas y otras, según corresponda, en un plazo no mayor a 365 naturales a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Cuarto. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, tendrá un plazo de 730 días naturales para contar con el registro de las instituciones asistenciales, públicas y privadas que presten servicios en los diferentes niveles de atención en materia de salud mental.
Las autoridades de salud publicarán el Reglamento Interno para la operación del Consejo, el cual se reunirá al menos dos veces al año.
Quinto. Queda sin efecto cualquier norma que se oponga al presente ordenamiento una vez que cobre vigencia.
Notas
1 OMS. Plan de acción sobre salud mental 2013-2020.Organización Mundial de la Salud, 2013.
2 Lozano, R y otros. Carga de la enfermedad en México 1990-2010- Nuevos resultados y desafíos. Instituto Nacional de Salud Pública, 2014;
3 Benjet C, Borges G, Medina-Mora ME, Zambrano J, Aguilar-Gaxiola S. Youth mental health in a populous city of the developing world: Results mexican adolescent mental health survey child psychol. Psychiatry. 2009; 50(4).
4 Medina-Mora ME, Borges G, Lara MC, Benjet C, Blanco J, Fleiz CM, Villatoro JA. Prevalencia de trastornos mentales y uso de servicios: resultados de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México. Salud Mental. 2003; 26(4). Trastornos mentales y uso de servicios: resultados de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México. Salud Mental. 2003; 26(4).
5 Lozano, R y otros. Carga de la enfermedad en México 1990-2010- Nuevos resultados y desafíos. Instituto Nacional de Salud Pública, 2014;
6 Lara MC. Social Cost of Mental Disorders: disability and work days lost. Results from the Mexican. Salud Mental. 2007; 30(5)
7 IESM-OMS. Informe sobre sistema de Salud Mental en México. México 2011.
8 Berenzon Gorn S, Saavedra Solano N, Medina-Mora Icaza ME, Aparicio Basaurí V, Galván Reyes J. Evaluación del sistema de salud mental en México: ¿Hacia dónde encaminar la atención? Rev. Panam Salud Pública. 2013; 33 (4):252–8
9 IESM-OMS. Informe sobre sistema de Salud Mental en México. México 2011.
10 ESM-OMS. Informe sobre sistema de Salud Mental en México. México 2011. P10.
11 ESM-OMS. Informe sobre sistema de Salud Mental en México. México 2011. P7.
12 Cambio de tareas, se refiere a la redistribución de tareas entre los equipos de personal de salud. Se trasladan tareas específicas, de trabajadores sanitarios altamente calificados a trabajadores sanitarios con menos tiempo de capacitación con el fin de aprovechar mejor los recursos humanos disponibles para la salud.
http://www.who.int/healthsystems/TTR-TaskShifting.pdf
13 El cuidado colaborativo se refiere a un modelo en el que múltiples proveedores de diversas profesiones proporcionan servicios integrales que involucran a los pacientes, sus familias, las instituciones de salud y la comunidad con el fin de incrementar la calidad en actividades de diagnóstico, tratamiento, vigilancia, registro y comunicación de información, gestión y servicios de apoyo http://www.wrha.mb.ca/professionals/collaborativecare/definitions.php y
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0018/184050/Els evier-Collaborative-Care-White-Paper-Final_June-2016.pdf
14 Pérez Cuevas R. et al. Effects of the expansion of doctors’ offices adjacent to private pharmacies in México: secondary data analysis of a national survey. BMJ Open 2014:4:e004669.doi10.1136/bmjopen-2013-004669; Díaz-Portillo SP, Idrovo AJ, Dreser A, Bonilla FR, Matías-Juan B, Wirtz VJ. Clinics adjacent to private pharmacies in México: infrastructure and characteristics of the physicians and their remuneration. Salud Publica Mex 2015;57:320-328. y Funsalud. Estudio sobre la práctica de la atención médica en consultorios médicos adyacent
Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de abril de 2017.— Diputadas y diputados: Leticia Amparano Gámez, Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Elías Octavio Iñiguez Mejía, Emma Margarita Alemán Olvera, Gabriela Ramírez Ramos, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Corral Mier, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luis Fernando Antero Valle, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, María del Rosario Rodríguez Rubio, María García Pérez, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Mariana Arámbula Meléndez, Pedro Garza Treviño, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Ximena Tamariz García (rúbricas).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada Leticia Amparano. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL NOMBRE DE GREGORIO TORRES QUINTERO
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de Gregorio Torres Quintero, maestro ejemplar y creador del método onomatopéyico, formador de generaciones de mexicanos.
La diputada María Luisa Beltrán Reyes:Honor a quien honor merece. Con su venia, presidenta. Diputadas y diputados, vengo a proponer una iniciativa que tiene como objetivo colocar con letras de oro en el Muro de Honor de esta Cámara de Diputados el nombre de Gregorio Torres Quintero.
Torres Quintero es un ilustre colimense que estuvo a la altura de los grandes personajes de México. Como educador y creador para enseñar a leer y escribir.
El siglo XX fue el siglo de Torres. Creó la primera ley de instrucción primaria del México moderno y creó el método para enseñar a leer y a escribir, el método que ayudó a la niñez durante 88 años, de 1905 a 1992.
Durante el México moderno del siglo XX, Torres Quintero siempre estuvo activo en su obra, y las autoridades educativas lo necesitaron, desde Justo Sierra hasta Jaime Torres Bodet, sus restos descansan en la Rotonda de los Personajes Ilustres. Los colimenses estamos orgullosos con Gregorio Torres Quintero por su obra y su vida, son un ejemplo nacional para todas las generaciones que lo conocieron y para las generaciones de ahora.
Qué mejor que reconocer y revalorar lo bueno, lo más valioso que tenemos: la educación. Y que en este reconocimiento nos veamos honrados de contar con grandes maestros, como Torres Quintero.
Diputadas y diputados, pido a ustedes que nos demos la oportunidad de reconocer lo bueno de México. Digámosle al mundo y recordémosle a nuestro país que México es grande porque ha dado grandes seres humanos que dieron su vida por causas nobles, como la educación.
Y Gregorio Torres Quintero es uno de los grades hijos de la patria, ejemplo de lo bueno, un hombre visionario y talentoso, que su nombre merece estar con letras de oro en el Muro de Honor de esta Cámara de Diputados. Es cuanto.
«Iniciativa de decreto, por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Gregorio Torres Quintero, maestro ejemplar y creador del método onomatopéyico, formador de generaciones de mexicanos, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, María Luisa Beltrán Reyes, secretaria de la Comisión de Educación y Servicios Educativos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 262 y undécimo transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente Iniciativa con proyecto de Decreto, conforme a la siguiente
Exposición de MotivosEl siglo XX vio nacer dos grandes fenómenos en la educación: la creación de la Universidad Nacional y el surgimiento del método onomatopéyico, publicado éste, formalmente, en 1904, como Escritura-lectura. Método fácil y racional para enseñar a leer, de la autoría del maestro y pedagogo Gregorio Torres Quintero.
De sus datos biográficos, hay un sinnúmero de sitios de lectura donde se consigna su paso por esta vida y, entre otros aspectos, se anota que nació en Colima, un 25 de mayo de 1866 –cumpliéndose, en mayo próximo, 151 años de su natalicio–, y murió en la Ciudad de México un 28 de enero de 1934.
Hijo de un humilde zapatero, con vocación humanista, esfuerzo y dedicación llegó a ser profesor, cuentista, pedagogo y creador de nuevas formas de enseñanza escolar. Hizo sus estudios en el Liceo de Varones de Colima, logrando el título como preceptor, en 1883.
Impartió clases en escuelas colimenses, durante cuatro años, y en 1888 viajó a la Ciudad de México, donde continuó su preparación en la Escuela Normal de Maestros.
Cuatro años después regresó a su natal Colima, donde fundó la Escuela Modelo de enseñanza primaria, normal y de preceptores. Fue director de algunas instituciones escolares y jefe y director de Instrucción Pública.
Nuevamente, en la Ciudad de México, fue jefe de Enseñanza de Primaria y Normal. De 1910 a 1911 fue vicepresidente y presidente del Congreso Nacional de Educación Primaria. Otras responsabilidades fueron la de catedrático en la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela Normal de Maestros, así como la de Consejero de la Secretaría de Educación Pública.
También fue reformador escolar, muchas generaciones de mexicanos se educaron con el famoso método fonético-onomatopéyico, que se basa en los sonidos de la naturaleza y de las cosas para relacionarlo con las letras, las sílabas y las palabras.
Su última responsabilidad pública fue la de consejero técnico de la Secretaría de Educación Pública, durante tres años.
Al retirarse, además de colaborar para diversas revistas de circulación nacional, escribió más de 30 libros sobre cuentos, pedagogía, historia y costumbres.
La evolución educativa del siglo XX no pudo contar con personajes más emblemáticos que Justo Sierra y José Vasconcelos, de quienes fue activo colaborador Gregorio Torres Quintero.
Si un legado del siglo XX debemos ponderar, éste es el de Gregorio Torres Quintero, que se resume en:
• Fue autor de la Ley de Instrucción Pública, que promulgó el Ejecutivo federal, el 7 de mayo de 1894, ley que determinaba que la educación pública debía ser, desde esa fecha, “laica, gratuita y obligatoria”.
• Creó el método onomatopéyico, que sustentó la formación de amplias generaciones, de 1904 a 1992. Este método, por su vigencia, fue el método de instrucción básica que dio estabilidad, continuidad y consistencia a la tarea educativa y pedagógica de nuestro país. Al respecto, que baste mencionar el gran número de ediciones, reediciones y reimpresiones, tanto del método como de la guía, durante los 88 años de vigencia de este método en todo el país: 64 ediciones; de éstas, 17 de la Guía y 48 del Método.
• Al ser creador de un método nuevo, rompió con una inercia antigua, considerada tediosa y aburrida. En consecuencia, con este nuevo método no sólo se buscó el aprendizaje de conocimiento, sino la formación integral del ser humano, al despertar y refrendar el cariño al medio ambiente y a las cosas que le rodean.
• Además de maestro escolar y funcionario público del área educativa, fue creador de un método que dinamizó la urgente labor de enseñanza-aprendizaje de las primeras letras.
• Fue un ciudadano ejemplar, tanto en su vida pública como familiar.
Orozco Gaona y Pureco Gómez, consignan la intervención decisiva de Jaime Torres Bodet –poeta, diplomático y titular de Educación– para el refrendo del método onomatopéyico y el método de Rébsamen, como columnas metodológico- educativas, en la década de los sesenta: “...con la reforma educativa del licenciado Jaime Torres Bodet, en 1961, se implantó un método denominado ecléctico, que tomó en cuenta aspectos metodológicos de las dos direcciones ya señaladas. Su divulgación se debió a los esfuerzos del gobierno mexicano, que en ese año editó los primeros libros de texto gratuito...”. (Página 62)
El maestro Gregorio Torres Quintero, pese a ser un leal alumno de Rébsamen, propuso con su método que la enseñanza partiera, no de lo general a lo particular, como proponía su maestro, sino de la letra y la sílaba a la palabra.
Las ideas de Torres Quintero tienen sustento en un método de enseñanza objetiva e intuitiva, que se traduce en una dinámica amena y divertida para los educandos, pues, en esencia, como lo mencioné al principio de mi exposición, el maestro basó su método en los sonidos naturales –de la naturaleza y las cosas–, para invitarnos a conocer las letras, las sílabas y las palabras.
Como toda innovación, el método onomatopéyico encontró reacciones de distinta índole, desde la primera década del siglo XX y durante los 88 años de práctica en las escuelas de educación básica de nuestro país. Aun así, al leer libros y documentos sobre la historia de la educación nacional y las facetas de la pedagogía mexicana, a fin de elaborar esta iniciativa, no hubo historiador, pedagogo y experto en el tema, que no reconocieran y dieran su justo valor humanístico al legado del maestro Gregorio Torres Quintero.
Hoy, como nunca, es más que oportuno y necesario valorar y reconocer que la educación y el maestro son la solución a tantos problemas que nos aquejan: la inseguridad, el desempleo, la pobreza y la deshumanización.
La importancia de saber leer y escribir radica en que la persona se conecta con su mundo y está llamada a transformarlo para bien. Porque, de lo contrario, el no saber leer implica el riesgo de no interpretar el mundo, juzgarlo y sobrevivir en él con las herramientas adecuadas.
La gran aportación educativa y pedagógica, manifiesta en 88 años de vigencia, es un reconocimiento a la grandeza de nuestro País y a nuestra historia reciente, a los maestros que han entregado y siguen entregando toda una vida a la enseñanza en bien de las generaciones que se formaron con esta técnica educativa.
El maestro Gregorio Torres Quintero ha sido abordado por un sinnúmero de historiadores y pedagogos en el ámbito nacional e internacional, a quienes debemos reconocerles su trabajo e interés por vida y obra del colimense.
Huelga decir que, en el estado de Colima, el maestro ha sido reconocido como hijo ejemplar de su patria chica, al estar inscrito su nombre con letras de oro en la sede del Poder Legislativo, en escuelas, plazas y vialidades.
En 1981, por decreto presidencial, los restos del maestro Gregorio Torres Quintero fueron trasladados del Panteón de Dolores a la Rotonda de Personajes Ilustres, donde hoy descansan.
Con esta decisión, las instituciones le hacían un justo reconocimiento a uno de los hijos de nuestra Patria, que legó un gran tesoro: la educación.
Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita, diputada María Luisa Beltrán Reyes, someto a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se inscribe con Letras de Oro, en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, Letras de Oro, en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, el nombre del maestro Gregorio Torres Quintero
Artículo Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Gregorio Torres Quintero.
TransitoriosPrimero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, definirá la fecha y el protocolo de la sesión que debe llevarse a cabo, para cumplir lo señalado en el artículo único de este decreto.
Tercero. La Secretaría General llevará a cabo las previsiones necesarias para el ceremonial respectivo.
Notas
1 www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/analisish/3/3.pdf (página 6)
2 http://www.buenastareas.com/ensayos/Educacion-Ilustrada/229898. html
3 Fray Matías de Córdova, su Vida y su Obra. Marco A. Pérez de los Reyes (página 861) biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/722/18.pdf)
4 Tendencias Educativas Oficiales en México 1821-1911. Ernesto Meneses Morales (Profesor Emérito, Universidad Iberoamericana) Ed. Porrúa, 1983 (página 132)
5 En el umbral de la pedagogía mexicana, José Manuel Guillé 1845-1886. María de los Ángeles Rodríguez Álvarez/Sara Griselda Martínez Covarrubias Revista Mexicana de Investigación Educativa (www.redalyc.org/pdf/140/14002615.pdf) (página 943)
6 Los orígenes de la teoría pedagógica en México, elementos para una construcción didáctica. Alberto Rodríguez (página 131). Ediciones UNAM, Colección Posgrado, 1998.
7 Artículo El proceso de la lectura. Manuel Orozco Gaona Felipe Antonio Pureco Gómez Escuela Normal Urbana Federal “Profesor Jesús Romero Flores”.
http://enlacescardenal.bligoo.cl/media/users/17/859943/files/16 6073/PROCESO_DE_LECTURA_2007.pdf
8 Gregorio Torres Quintero, su Vida y su Obra (1866-1934), Genaro Hernández Corona, editorial Universidad de Colima, 1955, p. 178.
9 Gregorio Torres Quintero, su Vida y su Obra (1866-1934), Genaro Hernández Corona, editorial Universidad de Colima, 1955, página 180.
Palacio Legislativo, a 14 de marzo de 2017.— Diputada María Luisa Beltrán Reyes(rúbrica).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada María Luisa Beltrán Reyes. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 3o., 5o. y 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
La diputada Araceli Damián González:Gracias, diputada presidenta. Antes de presentar la iniciativa quiero denunciar desde esta tribuna que el día de hoy fueron repelidos con gases lacrimógenos los representantes y los padres de los 43 que estaban en un mitin, que desde su plantón de la PGR hacia la Secretaría de Gobernación exigían la aparición con vida y la búsqueda de sus hijos.
La policía federal lanzó gases lacrimógenos en contra de los padres de los 43, lo cual constituye una violación a sus derechos. Y exigimos la aparición de los jóvenes con vida y que el gobierno federal cambie el discurso de la verdad histórica y haga una verdadera investigación.
El objeto de la iniciativa que presento es el establecimiento de un estímulo fiscal a la compra-venta de vehículos eléctricos e híbridos, configurando una tasa del cero por ciento para los primeros y una preferente de cinco por ciento para los últimos. Con esa finalidad se persigue reformar la Ley del Impuesto del Valor Agregado y la Ley Federal de Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN).
La doble reforma fiscal propuesta tiene el propósito de fomentar la producción nacional de automóviles eléctricos e híbridos, en el horizonte compartido de mejorar las condiciones ambientales del país y avanzar en la sustitución sostenible del parque vehicular mexicano.
El planeta en general, y México en particular, enfrentan una severa crisis ambiental que amenaza con comprometer la supervivencia y la reproducción de la especie humana. El bióxido de carbono generado es muy importante la cantidad por parte de los vehículos de motor y es una de las sustancias que acumulan un mayor impacto en toda la contaminación ambiental.
Está acreditado que elevados niveles de emisión de este gas perjudican el funcionamiento natural de los ecosistemas, dañan el medio ambiente, generan afectaciones a la salud pública y comprometen el bienestar de generaciones futuras. Tan solo para el año 2010, el sector del transporte, incluyendo automotores, ferrocarriles, navíos o aeronaves, consumió el 23 por ciento de recursos energéticos producidos en el mundo.
Cabe destacar que los autos eléctricos e híbridos son de lo más caro que hay en este país y que debemos de hacer esta reforma para fomentar el uso y la compra de vehículos eléctricos e híbridos. Esto ayudará a la contaminación ambiental que hay en México, que ha puesto en grave crisis al valle de la Ciudad de México, forzando al gobierno de la zona metropolitana a decretar contingencias ambientales a fin de reducir los niveles de contaminación.
Diversas afectaciones a la salud están directamente relacionadas con la contaminación ambientan en México y la situación es preocupante, dado que hay alrededor de 20 mil muertes al año vinculadas con la contaminación del aire, por lo que esta medida nos ayudaría a reducir también gastos médicos. Además, existe una serie de problemas económicos que tienen que ver nuestra dependencia en el consumo de gasolinas.
México, por la fallida reforma energética y porque también produce menos petróleo, es dependiente de la importación de gasolina por más de un 50 por ciento de sus necesidades, lo que obliga a buscar maneras alternativas de consumo para automóviles.
A pesar de que México ha refrendado determinados compromisos en el escenario internacional y se aprobó la Ley General de Cambio Climático, las condiciones de deterioro ambiental no han cesado, por lo que se requieren reformas de esta naturaleza, a fin de articular este cambio legal con las necesidades de salud de los mexicanos y avanzar en la sustitución de la matriz energética de nuestra economía. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma los artículos 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y 3o., 5o. y 8o. de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Araceli Damián González, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 6, párrafo 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto del Valor Agregado y los artículos 3, 5 y 8 de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl propósito de la presente iniciativa es el establecimiento de un estímulo fiscal a la compraventa de vehículos eléctricos e híbridos, estableciendo una tasa del 0% para los primeros y una del 5% para los últimos. Con esa finalidad se propone una reforma para armonizar la Ley del Impuesto del Valor Agregado (LIVA) y la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (LISAN). La doble reforma fiscal propuesta tiene el objetivo de fomentar la producción nacional de automóviles eléctricos e híbridos, en el horizonte compartido de avanzar en la sustitución sostenible del parque automovilístico mexicano y mejorar las condiciones ambientales del país. En ese sentido, la implementación de estímulos fiscales para la producción y la comercialización de automóviles eléctricos e híbridos es una medida relevante bajo un esquema general de articulación de políticas integrales de lucha contra el cambio climático y sus devastadoras consecuencias para México.
En la actualidad existen claras e irrebatibles evidencias científicas de la severa crisis climática y ambiental por la que atraviesa el planeta. Esta situación amenaza con comprometer la supervivencia y la reproducción de la especie humana. En 1998, al detectarse con solidez el efecto antropogénico sobre el clima y el medio ambiente, mediante el esfuerzo coordinado de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se creó el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Desde hace 18 años esta organización se ha encargado de analizar, evaluar, compilar y divulgar la información científica y técnica disponible sobre este fenómeno. El Quinto Informe de Evaluación del IPCC del Grupo de trabajo I —que se presentó en 2013 en Cancún— da cuenta de la información con precisión. Los datos expuestos en este documento muestran cómo la actividad humana desde el inicio de la era industrial ha ido elevando la temperatura global, agravándose esta situación desde la década de 1950.
Los gases de efecto invernadero (GEI) y los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) son dos de los principales responsables de esta situación. El dióxido de carbono (CO2) es una de las sustancias que acumula un mayor impacto en la contaminación ambiental. Un conjunto de actividades económicas diversas y relevantes- como las relacionadas con la industria, el transporte o la generación de electricidad- producen masivamente este gas nocivo para el medio ambiente. Ello confirma la necesidad de articular políticas públicas destinadas a promover una sustitución de la matriz energética en nuestras sociedades que permita avanzar hacia modelos sostenibles de crecimiento económico, idea bajo la que se enmarca la presente iniciativa.
Las investigaciones sobre cambio climático señalan que, en el corto lapso histórico de dos siglos, la cantidad de CO2en la atmósfera se ha incrementado hasta en un 40%. Resulta notorio que niveles elevados de este gas perjudican el funcionamiento natural de los ecosistemas, dañan el medio ambiente, generan afectaciones a la salud pública y comprometen el bienestar de las futuras generaciones. Tan sólo para el año 2010, el sector del transporte —incluye automotores, ferrocarriles, navíos o aeronaves—consumió el 23% de los recursos energéticos producidos y emitió aproximadamente 6.7Gt de CO2a la atmósfera. Además, la OCDE ha estimado que se incrementará la demanda de transporte a nivel global, especialmente la de países en vías de desarrollo. De esta manera, de no implementarse las medidas adecuadas, la contaminación generada directamente por este sector continuará incrementándose sostenidamente en los próximos años.
Cambio climático, contaminación y vehículos en México
Los efectos del cambio climático ya se perciben en nuestro país. Por ejemplo, a nivel nacional la temperatura promedio se ha elevado en 0.85°C con relación a las temperaturas registradas en la década de 1960. La región norte del país es la más afectada, con aumentos de temperatura de entre 0.25°C y 0.50°C por década desde hace 50 años. Los modelos proyectados para finales de siglo señalan que las temperaturas podrían elevarse hasta entre 2.5°C y 3.5°C en la República Mexicana y hasta en 4°C en las zonas fronterizas con Estados Unidos. De manera similar, descenderán 10% las precipitaciones en promedio a nivel nacional. No obstante, los estados fronterizos del norte enfrentarán 20% menos lluvia, mientras que en la península de Baja California podrá elevarse este porcentaje hasta 40%.
México fue responsable en 2013 del 1.4% del total global de emisiones de GEI. Las emisiones de contaminantes de fuentes asociadas al transporte alcanzaron en 2013 un total estimado de 174 mil toneladas de GEI, que equivalió al 26% del total de contaminantes a nivel nacional (665 mil toneladas de CO2). Los vehículos de gasolina fueron responsables de 88 mil toneladas de CO2, mientras que los automotores a diésel emitieron 64 mil toneladas de CO2. Para 2013, el transporte emitió 47 mil toneladas de carbono negro, lo que representó 37.8% del total nacional (125,100 toneladas) de este contaminante.
La cuestión del cambio climático está lejos de ser un problema que afectará de manera exclusiva a la población; la contaminación ambiental se está convirtiendo en una crisis generalizada de salud pública. La crítica situación, por ejemplo, en el valle de México, ha forzado al gobierno de la zona metropolitana a decretar sendas contingencias ambientales, destinadas a restringir el volumen de circulación de vehículos y a reducir el insostenible nivel de contaminación de la megalópolis.
Es evidente que fomentar la producción y la comercialización de vehículos eléctricos a través de estímulos fiscales tendría un claro efecto positivo a corto plazo en el mejoramiento de las condiciones ambientales del país, más allá del impacto a largo plazo en términos de sostenibilidad climática.
Un conjunto de investigaciones empíricas ha mostrado que diversas afectaciones a la salud están directamente relacionadas con la contaminación ambiental. En el mundo, se estima que hasta 24% de las enfermedades pueden atribuirse a factores ambientales. En México, la situación es muy grave y según estimaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, más de 20 mil muertes al año están vinculadas a la contaminación del aire. Por tanto, la mejora en las condiciones ambientales no sólo tendría un impacto en el bienestar y en la salud de los mexicanos sino que también generaría ahorro público en servicios médicos a diferentes instituciones de salud y seguridad social del Estado.
La Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 reportó que en 2012 había en México 26.9 millones de vehículos que operaron con gasolina y 0.81 millones con diésel. Para dentro de una década (2027) se ha proyectado que el parque vehicular mexicano será de 48.9 millones, de los cuales 47.2 millones funcionarían con gasolina y 1.71 millones con diésel. Con base en esta proyección, en poco más de 10 años se incrementará el parque vehicular en 76.5%, situación que elevará significativamente la cantidad de contaminantes que se emiten a la atmósfera. Resulta urgente articular medidas para hacer eficiente el consumo de combustibles y para ofrecer alternativas sustentables.
Tan sólo en la capital del país y su zona conurbada hubo 19.8 millones de viajes diarios mediante vehículos cuya operación depende de la gasolina o el diésel, como reportó el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018.Para el año 2010 había poco más de 5.3 millones de vehículos particulares, que diariamente hicieron 4.4 millones de viajes dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Se hace imperativo promover políticas para mitigar los efectos contaminantes del transporte y la sustitución de los vehículos de combustibles convencionales por automotores que usen fuentes de energía ecológica y sustentable.
Además de los centrales argumentos ambientales, existen una serie de problemas económicos y energéticos de primer nivel que impulsan la necesidad de estimular la difusión de automóviles eléctricos. Como es conocido, a lo largo de la última década, tanto la producción nacional de petróleo como la de gasolinas ha decrecido, generando una merma en los ingresos derivados de la exportación de petróleo e incrementándose las importaciones de gasolinas, las cuales superan ya el 50% de las necesidades de consumo del país. Como consecuencia de las políticas aplicadas y de la más reciente estrategia de liberalización del mercado energético que se desarrolla en México, en los últimos 16 años el precio de la gasolina se ha más que triplicado, transitando desde los 5,27 pesos en el año 2000 hasta los 15,99 pesos que alcanzó el precio de la gasolina, luego del incremento que entró en vigor el pasado primero de Enero del 2017.
En ese sentido, la transición energética se impone no sólo como una necesidad ambiental, sino también como un imperativo económico. El incremento en la dependencia energética de México, que tiene una de sus expresiones en el aumento en la importación de gasolinas, supone un estímulo para avanzar en formas sostenibles y autónomas de movilidad, como son destacadamente los vehículos eléctricos e híbridos. En ese aspecto, el aumento de los costos energéticos de movilidad y producción que implica el incremento en el precio de las gasolinas, puede ser solventado a través de una estrategia de fomento de la producción de automóviles eléctricos que no precisan gasolina para su funcionamiento.
Estrategia contra el cambio climático en México y automóviles eléctricos
En 2013, la Ley General de Cambio Climático comenzó a codificar en México las directrices de política pública para atender la crisis ambiental. Algunos de los principios rectores de la política nacional de cambio climático son, entre otros, la sustentabilidad en el aprovechamiento de recursos naturales, la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, la prevención de daños al medio ambiente, la coordinación y cooperación entre los sectores social, público y privado, responsabilidad ambiental o la participación ciudadana.
El gobierno mexicano ha establecido un conjunto de líneas de mitigación del cambio climático. Se propone, en teoría, acelerar la transición hacia fuentes de energías limpias a través de instrumentos económicos y del uso de tecnologías más eficientes. Para lograr esto se contempla la posibilidad de ejecutar políticas públicas con enfoque climático. En específico, se plantea el diseño de instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado con alcance nacional, que permitan establecer acciones que deriven en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. En ese marco de prioridades e instrumentos puede enmarcarse la presente iniciativa de reforma fiscal.
El “Plan de Acción de la Alianza del Clima, Energía limpia y Medio Ambiente de América del Norte establece que México, Canadá y Estados Unidos establecerán medidas que, mediante la coordinación con la industria automotriz, sirvan para “fomentar la adopción de vehículos limpios, mediante la identificación de iniciativas que apoyen la elección del consumidor.”
El 16 de noviembre de 2016 el gobierno mexicano presentó ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático la Estrategia de México hacia medio siglo sobre cambio climático. Este documento potencialmente debería servir como guía para diseñar e implementar políticas de adaptación y mitigación en mediano y largo plazo que permitan cumplir los compromisos que México asumió ante la comunidad internacional en la conferencia de Varsovia, antecedente inmediato al Acuerdo de París.
En esta reunión se fijó como objetivo principal lograr que el aumento de la temperatura media mundial no supere en 2°C la temperatura promedio estimada del planeta hacia 1750; conseguir que el cambio se limite a 1.5°C y evitar los más fuertes riesgos y efectos del cambio climático. Además, busca que los países se comprometan a alcanzar lo más rápido posible el punto máximo de emisiones de GEI mediante la formulación de planes que fijen contribuciones ambiciosas para conseguir la mayor mitigación y adaptación al cambio climático. Una de las medidas transversales entre la mitigación y la adaptación consiste en el desarrollo de políticas fiscales específicas que permitan reducir las emisiones de GEI, aceleren el tránsito hacia el uso de energías limpias y favorezcan la creación de ciudades sostenibles con esquemas de movilidad amigables al medio ambiente.
A pesar de la aprobación de legislación interna y de la adopción de acuerdos internacionales, resulta evidente que la estrategia del gobierno no se ha concretado en resultados claros. Las condiciones ambientales en el país apenas han mejorado y la contaminación derivada del uso de vehículos a motor continúa incrementándose. El gobierno no ha implementado políticas económicas o fiscales con impacto en la contaminación y en la salud ambiental de nuestro país. Por esa razón, esta iniciativa propone una reforma legislativa destinada a conformar un marco legislativo y fiscal dotado con un mayor compromiso ambiental, el cual tenga capacidad de impacta en las emisiones contaminantes generadas por el transporte privado en México.
Las políticas y estímulos fiscales constituyen instrumentos con una fuerte capacidad para condicionar comportamientos y fomentar actividades económicas. Las características de las medidas fiscales serán: presupuestalmente factibles, que implica señalar con precisión cuál será la fuente de financiamiento que dará viabilidad económica a las medidas; sinérgicas, que favorezcan la adaptación y mitigación ante el cambio climático; de beneficios múltiples, que implica lograr cambios positivos en sectores económicos y sociales diferentes a los directamente vinculados con la política en cuestión; evaluables, para permitir la creación de indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación; factibilidad, que implica la posibilidad de implementarse desde una perspectiva política, financiera, legal, técnica e institucional.
Parece claro que la presente iniciativa cumple con todos los requisitos necesarios. Primero, no se requiere inversión para implementar este estímulo fiscal, ya que implica usar la capacidad instalada para recaudar impuestos y dar un régimen especial para cierto tipo de productos cuyas características de novedad y de alcance limitado —la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz reportó que de enero a agosto de 2016 se habían vendido 176 automóviles eléctricos y 4,441 vehículos híbridos, que son apenas el 0.47% de los 978 mil 663 automotores vendidos en México en ese período. Esta medida tendría un impacto mínimo en las finanzas públicas en comparación directa con el aumento en ventas de automotores convencionales —de enero a octubre de 2016 las ventas de automóviles han crecido en 18% en comparación con el mismo período del año pasado.
La reforma propuesta contribuirá tanto a la adaptación al cambio climático mediante la mediante la promoción del consumo de energías limpias y el uso mesurado de los recursos no renovables y la reducción de la emisión de GEI. El régimen fiscal especial propuesto también implicará la creación y ampliación de un sector altamente calificado para prestar mantenimiento a este tipo de vehículos, además de promover la creación de empleos al invertirse recursos para instalar y ampliar una red de puntos de recarga tanto en vías públicas cuanto en estaciones de servicio y estacionamientos.
El alcance de esta iniciativa se puede seguir y evaluar, porque ya se cuentan con los métodos e instituciones para calcular el total de emisiones de GEI cuya fuente es el transporte vehicular. La capacidad técnica de los expertos adscritos a las diferentes dependencias y entidades del gobierno —el INECC y las diferentes organizaciones que integran la Red Mexicana de Modelación del Clima— encargadas de monitorear la evolución del clima son garantía de ofrecer el sostén institucional para evaluar permanentemente los efectos de esta propuesta. Además, hay que señalar que financieramente es una política factible, porque ya se mostró que hay una tendencia creciente en la compra de vehículos de combustible convencional cuyas cifras son abrumadoramente superiores a las de los vehículos que se propone estén exentos del pago de IVA e ISAN.
Los Apéndices estadísticos de finanzas públicas y deuda públicacorrespondientes al tercer trimestre de 2016 muestran un aumento de 20.3% en la recaudación fiscal por ISAN en el período enero-septiembre 2016, en comparación con los mismos meses del año pasado. Además, en el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2028se refiere que en la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2013-2027 se estima un aumento anual de 3.8% del parque vehicular a gasolina y del 5.1% de automóviles a diésel.
En este sentido, desde 2014 México ha establecido un impuesto a los combustibles fósiles para estimular la adopción de tecnologías más limpias a través de una contribución adicional a gasolinas y diésel por concepto de externalidad negativa. No obstante, este esquema sólo penaliza el consumo de combustibles y requiere complementarse a través de una exención fiscal que fomente la movilidad sustentable y recompense la externalidad positiva que implica un automóvil eléctrico o híbrido. Esta iniciativa ofrece la posibilidad de contar con un esquema fiscal completo que logre la mitigación de contaminantes efecto invernadero que México debe cumplir para alcanzar las metas pactadas con la comunidad internacional.
En México hay un área de oportunidad significativa para disminuir la contaminación por CO2. En el sector del transporte se concentra casi la mitad (48.58%) del total de emisiones de esta sustancia, lo cual puede evitarse al usar eficientemente los recursos energéticos. Además, gran parte de la reducción de contaminantes provendría de la introducción de vehículos híbridos y eléctricos. Las proyecciones estiman que tanto los incentivos para la mayor eficiencia energética de los vehículos como la introducción de automóviles híbridos y eléctricos serán relevantes para lograr el objetivo para el año 2050 de emitir 50% menos contaminantes que en el año 2000.
Los vehículos eléctricos no emiten gases en su operación y la emisión final de contaminantes es potencialmente ínfima si la fuente de generación de electricidad con la que operan proviene de fuentes limpias o de bajo uso de carbón. En México prevalece el uso de fuentes fósiles para la generación de electricidad. No obstante, hay una tendencia creciente a usar gas natural —el menos contaminante de los combustibles fósiles— y a transitar hacia el uso de fuentes de energía limpias. De acuerdo a datos oficiales, de 2004 a 2014 el gas natural elevó su tasa de participación en la generación de electricidad a nivel nacional de 42.9% a 57%. La electricidad proveniente de energía hidráulica aumentó de 10.7% a 12.9%. Las plantas de energía eólica en 2014 produjeron 2.1% de la electricidad del país, y elevan su participación a una tasa promedio de 100.3%. Estas transformaciones buscan cumplir con la meta establecida en la Ley General de Cambio Climático de producir al menos 35% de electricidad de fuentes limpias para el año 2024. La iniciativa que se plantea logrará un impacto positivo en el medio ambiente, en tanto que se encamina a coadyuvar hacia la reducción en el uso de combustibles fósiles y provocará una baja en la huella de carbono, al promover la sustitución de los automóviles a gasolina y diésel.
El IPCC ha recomendado la exención fiscal a este tipo de vehículos como parte de las acciones para combatir los efectos del cambio climático. La eficiencia energética de los automóviles eléctricos es de hasta 80%, lo que supera enormemente el rango promedio de eficiencia energética de los motores de combustión interna de vehículos convencionales, que está entre el 20 al 35%. Los autos híbridos poseen un rango de eficiencia energética superior entre 15 a 70% en comparación con el promedio de los automóviles cuya operación depende de gasolina o diésel.
Regulación y fiscalidad de vehículos eléctricos a nivel internacional
En México se han establecido impuestos al consumo de combustibles, que no se han complementado con otros esquemas de incentivos que motiven la adquisición de vehículos eléctricos, híbridos o de celdas de hidrógeno. A pesar de las altas tasas impositivas a los combustibles fósiles, el comportamiento de los conductores de automóviles se mantiene sin cambios significativos, lo que muestra una falla en el diseño de la medida para lograr una movilidad más sostenible. Desde la perspectiva fiscal, es necesario complementar el impuesto a los combustibles con un esquema de exenciones a favor de quienes usen autos híbridos o eléctricos. La experiencia internacional muestra que existe una clara tendencia a la implementación de estímulos fiscales directamente dirigidos al fomento de la producción y la comercialización de vehículos eléctricos. En ese marco de iniciativas comprometidas con la movilidad sostenible se encuadra la presente propuesta de reforma fiscal.
En 2010, en Estados Unidos se fijaron créditos fiscales a nivel federal de entre 2,500 a 4,000 dólares para los automóviles híbridos y hasta por 7,500 dólares para quienes adquirieran un automóvil eléctrico o un híbrido con la capacidad de operar sólo con las baterías por un largo kilometraje. Esta medida se ha complementado con políticas estatales de estímulo, con rango de entre 1,000 a 6,000 dólares adicionales, dependiendo del estado. Los estados de Colorado (6,000 dólares) y California (5,000 dólares) son los que ofrecen los subsidios más generosos.
En el Reino Unido se han establecido diferentes medidas para favorecer la compra de automóviles eléctricos. A las empresas cuya flota vehicular sea de este tipo se les exenta por cinco años del pago del impuesto de tenencia vehicular. A los habitantes propietarios se les ha exentado del pago del impuesto anual por circulación, además de que quienes viven en Londres no pagan la tarifa especial por congestión por circular en el centro de la ciudad. Además, en 2011 se creó un subsidio hasta por el 25% del valor total de un automóvil eléctrico, con tope de £5,000. Actualmente, opera un esquema de subvenciones entre el 20 y 35% del valor de un automóvil de bajas emisiones contaminantes, con monto máximo de £8,000.
La Unión Europea ha establecido lineamientos que conceden beneficios económicos a los automóviles que acrediten emitir bajos niveles de contaminación. En este sentido, son los vehículos eléctricos los que logran los mayores beneficios. Adicionalmente, cada país miembro ha establecido programas específicos que dan beneficios adicionales, sea en la forma de exenciones fiscales o subsidios para la adquisición de un automotor ecológico. Por ejemplo, en Alemania se han establecido subsidios de hasta 4,000 para automóviles eléctricos y 3,000 para automóviles híbridos. En el caso francés se implementó un esquema “ Bonus-malus”, que recompensa a quienes utilicen un automóvil bajo en emisiones contaminantes y penaliza con una contribución adicional a quien haga lo contrario. Para participar en el beneficio, los automóviles deben emitir menos de 90g de CO2 por kilómetro recorrido. El rango de beneficio va de los 150 € hasta los 6,300 €, que es el destinado para automóviles eléctricos.
Los incentivos fiscales para automóviles eléctricos e híbridos en Japón datan desde el año 1997, cuando a raíz de la firma del Protocolo de Kioto se determinó ofrecer un subsidio de hasta el 50% de la diferencia del costo entre un vehículo a gasolina y un automóvil híbrido o eléctrico mediante el “Proyecto para introducir automóviles de energía limpias”.En 2009 se implementó el programa “Medidas para promover la compra de vehículos ecológicos”, que actualmente opera. En ese momento se les exentó a los automóviles híbridos y eléctricos del pago del impuesto especial por adquisición de vehículos y también del impuesto a automóviles por tonelaje. Además, se les condonó el 50% del monto total a pagar por tenencia de vehículos. Para este año se ha exentado a los automóviles híbridos y eléctricos del pago del impuesto por adquisición y de los dos primeros pagos del impuesto de tonelaje. Se ha elevado la 75% la reducción del impuesto a los vehículos ecológicos.
En el año 2010 el gobierno chino implementó un ambicioso plan para detonar la producción y el consumo de automóviles de funcionamiento amigable con el medio ambiente. Para estimular la compra de estos vehículos se estableció un programa de subsidios por ¥60,000 para automóviles eléctricos y de hasta ¥50,000 para autos híbridos. Para el año 2015, las ventas de estos automóviles ascendieron a poco más de 350,000 unidades.
El gobierno de Corea del Sur a partir de este año implementó un grupo de medidas fiscales para promover la transición hacia vehículos ecológicos. Además de las 14,000 estaciones de recarga que se ha planeado instalar para el año 2020, el gobierno surcoreano ha anunciado que elevará los subsidios de 12 millones KRW —10,400 dólares— hasta por 14 millones KRW —12,100 dólares— para los habitantes que decidan adquirir un automóvil eléctrico. El monto máximo del subsidio asciende hasta casi el 33% del costo total promedio del modelo de automóvil más austero en el mercado surcoreano. Para los autos híbridos, los apoyos fiscales mediante subsidios y exenciones del pago de peajes tienen valor hasta por 4,200 dólares.
En México sólo se exentó del pago del ISAN en 2004 a quienes adquirieron vehículos eléctricos mediante un estímulo fiscal en la Ley de Ingresos de aquel año. Salvo esta ocasión, desde el gobierno no se ha diseñado ninguna medida directa que estimule económica y fiscalmente a los consumidores a participar en la protección del medio ambiente a través del uso de automóviles ecológicos.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto que reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y los artículos 3, 5 y 8 de Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Artículo Primero.Se reforma el apartado A del artículo 2 de la Ley del Impuesto del Valor Agregado para quedar como sigue:
Artículo 2o.-A.El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:
I.La enajenación de:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
j) Automóviles eléctricos. Para los efectos de esta Ley se entenderá como automóvil eléctrico cualquier vehículo propulsado por motores eléctricos, a través de baterías o de cualquier otra tecnología no contaminante.
...
Artículo Segundo.Se reforma el segundo apartado del artículo 3, el apartado A del artículo 5 y el segundo apartado del artículo 8 de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos para quedar como sigue:
Artículo 3. II.Tratándose de camiones con capacidad de carga hasta de 4,250 kilogramos, incluyendo los tipos panel con capacidad máxima de tres pasajeros y remolques y semirremolques tipo vivienda, al precio de enajenación del vehículo de que se trate se le aplicará la tasa del 5%. La misma tasa se aplicará a la enajenación de vehículos híbridos propulsados parcialmente por motores eléctricos.
Artículo 5.Para los efectos de esta Ley se entiende por:
a) Automóviles, los de transporte hasta de quince pasajeros, los camiones con capacidad de carga hasta de 4,250 kilogramos incluyendo los de tipo panel, así como los remolques y semirremolques tipo vivienda. Automóviles eléctricos, cualquier vehículo propulsado completamente por motores eléctricos, a través de baterías o de cualquier otra tecnología no contaminante. Automóviles híbridos, cualquier vehículo que combine uno o varios motores eléctricos con otros de combustión interna.
...
...
Artículo 8.No se pagará el impuesto establecido en esta Ley, en los siguientes casos:
I. En la exportación de automóviles con carácter definitivo, en los términos de la legislación aduanera.
II. En la enajenación al público en general de automóviles compactos de consumo popular . Tampoco se abonará el impuesto en cualquier tipo de enajenación de automóviles eléctricos.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Stocker, T.F. et al. (eds.), Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Nueva York, IPCC-Cambridge University Press, pp. 1535. Adicionalmente, el Primer Grupo ha elaborado varias ediciones, la que antecede —el cuarto reporte del IPCC de 2007—, es la edición más divulgada; sobre esta publicación se han basado en gran parte los documentos que ha emitido el gobierno mexicano.
2 Ibídem, pp. 37-39, 159 ss.
3 Dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), hexafluoruro de azufre (SF6), entre otros.
4 Metano (CH4), carbono negro (BC, por sus siglas en inglés), ozono troposférico (O3) y ciertos tipos de hidroflurocarbonos (HFC).
5 Ibídem, p. 467 ss.
6 Idem.
7 Edenhofer, O. et al. (eds.), Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Nueva York, IPCC-Cambridge University Press, p. 603 y ss (en adelante, Mitigation).
8 Para la información de los párrafos siguientes véanse: Estrategia de México hacia medio siglo sobre cambio climático, pp. 39-40 y Programa Especial de Cambio Climático 2014-2028, pp.14-19.
9 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2028, p.31 y Primer informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, p. 11.
10 Estrategia de México hacia medio siglo sobre cambio climático, pp. 61-63 e INECC y SEMARNAT, Primer informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pp.152-155.
11 Hurtado Díaz M. (2015) La salud ambiental en México. Situación actual y perspectivas futuras, Dirección de Salud Ambiental, Instituto Nacional de Salud Pública.
12 Estrategia Nacional de Energía 2014-2028, pp. 46-50.
13 Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44327/ Prospectiva_Petroleo_Crudo_y_Petroliferos.pdf
14 Fuente: http://interactivo.eluniversal.com.mx/external/graficos/online/PDF_16/PDF_int_p recio-gasolina.pdf
15 Este documento se publicó en la Sección tercera del Diario Oficial de la Federación del 3 de junio de 2013.
16 Véase la línea de acción P2.1 de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.
17 El pronunciamiento completo del Gobierno de la República puede leerse aquí:
https://www.gob.mx/presidencia/documentos/declaracion-de-lidere s-de-america-del-norte-sobre-la-alianza-del-clima-energia-limpia-y-medio-ambien te
18 Véase la Contribución prevista y determinada a nivel nacional de México.
19 Acuerdo de París, art.2.
20 Ibídem, art. 4.
21 Estrategia de México hacia medio siglo sobre cambio climático, pp. 31-32.
22 Ibídem, p. 45.
23 AMIA, “AMIA da a conocer el reporte de venta de vehículos híbridos y eléctricos Agosto 2016 y acumulado”, disponible en:
http://www.amia.com.mx/.
24 Revísense las estadísticas las ventas al público en ídem.
25 “Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2013-2027” en Programa Especial de Cambio Climático 2014-2028, p. 35.
26 La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en el Artículo 2, fracción I, inciso H, fija una sobretasa de 11.05 centavos por litro de gasolina y de 13.40 centavos por litro de diésel.
27 Un ejemplo es el modelo francés, que se describe brevemente abajo.
28 Estrategia de México hacia medio siglo sobre cambio climático, p. 69 .cf. Jorge Islas Samperio, et al, Hacia un sistema energético mexicano bajo en carbono, México, Reflexio / Ediciones, Academia y Comunicación, 2015.
29 Estrategia de México hacia medio siglo sobre cambio climático, p. 78.
30 Mitigation, p. 630.
31 Véase la Prospectiva del sector eléctrico 2015-2029, pp. 71-72.
32 Véase el Artículo Transitorio Tercero, fracción II, inciso E de dicha norma.
33 Mitigation, p. 634.
34 Mitigation, p. 615.
35 Ibídem, p. 625.
36 Ibídem, p. 611.
37 Ibídem, p. 643.
38 Cf. Global EV Outlook 2016, p. 17 y Banco Mundial y PRTM Management Consultants, The China New Energy Vehicles Program. Challenges and Opportunities, Banco Mundial, 2011, p. 17.
39 Banco Mundial y PRTM Management Consultants, The China New Energy Vehicles Program. Challenges and Opportunities, Banco Mundial, 2011, p. 18.
40 Véase la información official en el enlace del gobierno británico: https://www.gov.uk/plug-in-car-van-grants
41 Andreas Cremer, “Germany to launch 1 billion-.euro discount scheme for electric car buyers, Reuters, 27 de abril de 2016.
42 Institute for European Environmental Policy, Environmental Tax Reform in Europe: Opportunities for the Future. Annexes to Final Report, Bruselas, IEEP, 2014, pp. 15-16.
43 Asociación de Vehículos Eléctricos para Asia-Pacífico, “Incentives for EV & HEV”, Instituto Japonés de Investigación Automotriz, pp. 1-2.
44 Asociación Japonesa de Constructores de Automóviles, The Motor Industry of Japan 2010, pp. 45-46.
45 Asociación Japonesa de Constructores de Automóviles, The Motor Industry of Japan 2016, pp. 44-46.
46 Banco Mundial y PRTM Management Consultants, The China New Energy Vehicles Program. Challenges and Opportunities, Banco Mundial, 2011, p. 13.
47 Mark L. Clifford, “Chinese Government Subsidies Play Major Role in Electric Car Maker BYD’s Rise”, Forbes, 26 de julio de 2016
48 James Lim, “South Korea Formulates Ambitious Plan to Promote E-Cars”, Bloomberg BNA, 10 de julio de 2016.
49 Véase también Asociación de Vehículos Eléctricos para Asia-Pacífico, “Electric Vehicles in Asia-Pacific: Korea”, Instituto Japonés de Investigación Automotriz, http://www.evaap.org/electric/Psgubun-7_electric.html, consultado el 6 de diciembre de 2016.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.— Diputada Araceli Damián González(rúbrica).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Araceli Damián González. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 149 Ter del Código Penal Federal.
El diputado Jonadab Martínez García:Con su venia, señora presidenta. Muchísimas gracias a los que están aún presentes en este recinto. Pocos, pero valiosos, que eso es lo importante.
Un aplauso para ustedes, al reconocer que en una sesión larga, como ésta, todavía estén ustedes aquí, algunos sin comer, como su servidor. Qué bueno que están aquí, porque seguramente van a coincidir conmigo en esta iniciativa, que es muy noble, es muy sencilla, pero es muy noble y daría la oportunidad a muchos que, como nosotros, después de esta experiencia legislativa y esta responsabilidad, seguramente buscaremos otro empleo para sostenernos, nuestra familia, nuestro patrimonio.
Cuántos mexicanos no están en las mismas condiciones de buscar un empleo, que desgraciadamente, además de que la oferta laboral es minúscula, cuántos de ellos se encuentran con un letrero que dice: menores de 35 años de edad.
Cuántos mexicanos, a pesar de su capacidad, de su experiencia, de su aptitud y actitud y de muchos talentos que tienen, se les privan de una oportunidad laboral, simplemente por un factor, que es edad. Ni siquiera se les permite la entrevista laboral, simplemente por un factor, que nuestra Constitución, que en el artículo 1o. de nuestra Carta Magna estipula que está prohibida la discriminación motivada por la edad, entre otras características y, sin embargo, a pesar de que nuestra Carta Magna está legislada a este tipo de discriminación se permite, a ojos ciegos de muchas dependencias en nuestro país. Y no solamente en la iniciativa privada, sino también es lamentablemente ver ese tipo de ejemplos en la función pública.
Sí, hay muchos, en la iniciativa y en el cuerpo de justificaciones que enriquecen esta iniciativa de ley refiero muchísimas y enuncio investigaciones, números, cifras de cuántos jóvenes hoy en día no tienen un empleo porque superan los 35 años de edad.
Y hemos hablado mucho en este pleno y especialmente en esta tribuna, de estos dreamers, de estos mexicanos connacionales que están en el norte, que están en el país, y hemos enunciado acuerdos y hemos aquí dicho mucho por ellos y ellos, la mayoría, según los números que existen de Inegi, la mayoría de ellos que van a venir a México superan los 35 años de edad.
Es decir, hablamos en el discurso y abrimos los brazos a estos mexicanos que serán extraditados, extraídos, deportados o la condición jurídica en la que vengan, y nosotros como mexicanos y mayormente como legisladores, hasta en esta responsabilidad, les cerramos a la misma vez los brazos.
Creo que esta iniciativa, de aprobarse, sería un buen mensaje de congruencia, sería un buen mensaje de que realmente estamos preocupados por los mexicanos que buscarán un empleo y que superan la edad.
Por eso es, que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 149 Ter al Código Penal Federal, ¿Por qué ahí? Porque es precisamente el capítulo que abre el Código Penal donde sanciona todo tipo de discriminación.
Y abundo más allá, y sin ofender a nadie, pero suena ridículo que el Código Penal sancione la discriminación por raza, por género, por grupo étnico, por muchas cosas y simplemente la edad no la menciona.
Creo que esta iniciativa solamente así, solamente suena simple, pero créanmelo que tendría mucho beneficio incluir, en ese catálogo de discriminación, simplemente la palabra “edad”, no más, no menos. Por eso creo que muchos de ustedes coincidirán con esta iniciativa y sin lugar a dudas también la van a suscribir.
No quiero abundar más, porque sé que ya es tarde, tengo muchos números aquí, que están en el cuerpo de la iniciativa, con mucho gusto, ustedes al suscribirla podrán considerarla, pero sin más y menos, apelo a su buena voluntad y a la congruencia legislativa de abrir los brazos a muchos mexicanos y mexicanas que aspiran a un empleo y que simplemente por el rango de superar la edad de 35 años ni siquiera les permiten una entrevista. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias por su atención.
«Iniciativa que adiciona el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Jonadab Martínez García, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción tercera, corriéndose la subsecuente al artículo 149 Ter, del Código Penal Federal, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la discriminación motivada por la edad, y el párrafo primero del artículo 5o. establece que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión o trabajo que le acomode, siendo lícitos.
Estos dos derechos humanos, reconocidos a las personas, lamentablemente en la práctica cotidiana el Estado sólo los reconoce y tutela, ya que son infringidos en perjuicio de millones de mexicanos.
Sin embargo, al igual que el género, la raza, la religión o la discapacidad; la edad es un factor que puede contribuir a la diferenciación arbitraria en el actuar social.
La edad es la cantidad de años que un ser ha vivido desde su nacimiento, por lo que no es una condición que pueda ser alterada, y tarde o temprano una persona llegará a una edad determinada, y no podrá evitar tal condición, lo ideal sería que tal hecho no fuera un factor que perjudicara la vida de las personas, pero definitivamente si lo es, y esto ocurre al margen de la ley.
Como es sabido, la discriminación representa una explícita interdicción de determinadas diferencias históricamente muy arraigadas y que han situado, tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social, a sectores de la población en posiciones no sólo desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona.
De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) la discriminación es la negación del ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades para que las personas tengan las mismas posibilidades de realizar sus vidas. Es decir, la discriminación excluye a quienes sufren las desventajas de la vida en sociedad, con la consecuencia de que éstas se distribuyan de forma desigual e injusta y son cada vez más susceptibles de ver violados sus derechos humanos en el futuro.
Existen dos sentidos para la intención o efecto discriminatorio: “El directo en el que al empleado se prohíba intervenir, no se le tome en cuenta o se le despida en razón de su raza, sexo o alguna otra característica. El Indirecto, en el cual, el empleador puede ser autor de políticas discriminatorias en razón de sus negocios, al requerir determinados perfiles para la ocupación de los puestos.”
Discriminar, en su sentido literal, es la acción de separar o distinguir unos elementos de otros atendiendo a un criterio específico, pero por lo general, cuando se habla de discriminación, suele emplearse el término en un sentido ofensivo, que alude al trato en condiciones de inferioridad, y que se da a una persona o grupo.
En el ámbito laboral, se trata de una situación en la cual la persona recibe un trato desfavorable en relación con el resto de los trabajadores, a causa de algún tipo de prejuicio, bien sea de orden social, religioso, económico, racial, o por muchas otras condiciones como la edad, y en las cuales se enfatizan las diferencias.
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio 1958 en su cuadragésima segunda reunión, después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional; considerando que la Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades, y considerando además que la discriminación constituye una violación de los derechos enunciados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos cincuenta y ocho, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958: (número 111).
Mismo que es ratificado y publicado por el Estado mexicano en el Diario Oficial de la Federación 11 de agosto de 1962.
En dicho acuerdo en el artículo 2 se contempla lo siguiente:
“Todo miembro para el cual este convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.”
En las últimas décadas han aparecido nuevas formas de maltrato laboral, una de las cuales es la discriminación por motivos de edad, situación que afecta a mujeres y hombres por igual, y que se expresa a veces de manera sutil, como por ejemplo, cuando se rechaza a un candidato que compite por una plaza vacante, por estar “sobre calificado”, y otras veces de forma abierta, cuando se especifica un límite de edad para la contratación.
Otras formas de discriminación es cuando se limita a partir de cierta edad, al acceso a programas de formación y promoción o se obliga a jubilarse, para no ser permanentemente relegado en sus funciones y oportunidades de desarrollo.
El Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014-2018 (Pronaind), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014) considera las disposiciones de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación. (LFPED) y fija las bases para establecer una política nacional orientada a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en todos los ámbitos de la vida cotidiana, así como para promover la igualdad de trato y de oportunidades.
Para éstas y otras finalidades, el programa citado considera 6 objetivos que, en su conjunto, contienen 242 líneas de acción, sumando 52 dependencias involucradas en su implantación.
Entre las estrategias y líneas de acción del Pronaind, son de resaltarse las siguientes, ya que versan sobre el tema que nos ocupa:
Objetivo 1. Fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación en todo el quehacer público.
Estrategia 1.2. Incluir en la normativa laboral de la Administración Pública Federal (APF) la obligación de igualdad y no discriminación.
Líneas de acción
1.2.1. Adecuar la normativa relativa a contratación, promoción y permanencia laboral para eliminar prácticas discriminatorias.
1.2.2. Establecer criterios que favorezcan la contratación, promoción y permanencia de personas que pertenecen a grupos discriminados.
Objetivo 6. Promover la armonización del orden jurídico nacional con 105 estándares más altos en materia de igualdad y no discriminación.
Estrategia 6.2. Promover la armonización de la legislación nacional y federal con el artículo 1o. constitucional en materia de igualdad y no discriminación.
Líneas de acción
6.2.7. Impulsar reformas legislativas en materia laboral y de seguridad social para garantizar igualdad en el disfrute de dichos derechos.
Por otra parte el Servicio Nacional de Empleo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social coordina con las 32 entidades federativas del país, brinda servicios de Vinculación Laboral (SVL), los cuales orientan sus acciones a reducir tiempos y costos de colocación para buscadores de empleo y de contratación para las empresas, mediante diversos esquemas de atención.
A través del Servicio Nacional de Empleo en la presente administración (diciembre 2012 a abril 2016) se han atendido alrededor de 17 millones de personas y se han logrado colocar en un empleo a 4 millones. De éstos últimos:
• 55.7 por ciento (2 millones 585 mil 1) son hombres y el 44.3 por ciento (2 millones 55 mil 922) mujeres.
• El 38.8 por ciento (1 millón 799 mil 648) son jóvenes (de 16 a 30 años).
• Del 2.7 por ciento: 10 son adultos mayores y 1 por ciento personas con discapacidad.
La pregunta que debemos hacernos es qué sucedió con los 13 millones de personas restantes que buscaban obtener un empleo y no lo obtuvieron.
En la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se contaron 119 millones 530 mil 753 habitantes en México. La población menor de 15 años representa 27 por ciento del total, mientras que el grupo de 15 a 64 años constituye 65 por ciento y la población en edad avanzada representa el 7.2 por ciento.
La estadística anterior nos muestra la prevalencia de las edades que existen en el país y de ahí concluimos que el rango más amplio denota la necesidad de regular en nuestro marco jurídico actual la discriminación laboral por edad.
Por su parte, en 2010, la Universidad Nacional Autónoma de México, por encargo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), realizó la segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, (Enadis 2010), la cual proporcionó datos desagregados por sexo, edad, situación socioeconómica y nivel educativo; haciendo visible la situación de discriminación en la que viven diversos grupos de población, quienes por estigmas y prejuicios, culturalmente arraigados y socialmente extendidos; sufren de violencia de género, misoginia, homofobia, racismo y clasismo; entre otras formas de exclusión.
No poder obtener un empleo estable a partir de los 30 años es un atentado a la dignidad de las personas, ya que esta negación a poder desempeñar una actividad remunerada, impacta de manera negativa no solo en la que la padece, sino en el núcleo familiar.
Tan es así, que el desempleo es una de las principales causas de suicidio entre los jóvenes de México, aseguró la farmacéutica Eli Lilly, convirtiéndose así en un problema de salud pública.
“En un comunicado, informó que en el país 79.6 por ciento de los suicidios ocurre en jóvenes entre los 15 y 24 años, así como en adultos mayores de 45 que carecen de empleo y lo ven como una salida a sus problemas.”
Agregó que este fenómeno social se ha convertido en una de las primeras 10 causas de muerte en adolescentes y adultos jóvenes.
De acuerdo a los datos de la Enadis 2010, se puede observar que en nuestro país 7 de cada 10 jóvenes de entre 12 y 29 años, y que de la población joven de entre 25 y 29 años, 34.3 por ciento no ha tenido trabajo. Lo anterior es una evidencia innegable de la discriminación laboral existente en razón de la edad de las personas, y de las pocas oportunidades reales de empleo brindadas a los jóvenes.
De acuerdo con la Asociación por la no Discriminación Laboral por la Edad o Género, ser mayor de 35 años en México es motivo de discriminación laboral.
Hoy, en México la escolaridad ya no es un factor primordial que determine o aumente la probabilidad que tienen las personas de obtener un empleo formal, sino la edad. Lo anterior, tiene por efecto que los individuos no tengan como prioridad el graduarse, ya que ello no les garantiza algo, es decir no existen motivaciones para estudiar.
Según cifras del Inegi, en 2011 sólo 12 millones de personas en México contaban con una licenciatura y menos de 1 millón han estudiado un posgrado (conocimiento avanzado).
De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) correspondientes a 2013, en México se gradúa sólo 25 por ciento de quienes cursan estudios a nivel licenciatura, y de este último universo, 81.5 por ciento de los estudiantes de licenciatura considera que su carrera le servirá para obtener algún empleo, percepción que de obtenerse en el mejor de los casos debe ser antes de los 30 años.
En 2014 se graduaron 21 mil 734 estudiantes de nivel licenciatura y 8 mil 676 especialistas, maestros o doctores. Aunado a lo anterior, en el 2015 la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contó con 28 mil 18 estudiantes de posgrado y 201 mil 206 de licenciatura, que sólo tienen hasta los 30 años de edad para obtener un empleo estable con todas las prestaciones.
Otra arista que llama nuestra atención es que en promedio, 55 de cada 100 egresados de las instituciones de educación superior del país trabajan en un área diferente a la que estudiaron.
Los profesionales con alto nivel educativo (y por ende de alta calidad en cuanto a producción) se enfrentan en nuestro país, a una economía que no solo no abre los espacios laborales necesarios, sino que los pocos que existen los limita por cuestiones de edad.
El 90 por ciento de las vacantes ofrecidas en el país descartan a la población de más de 30 años. La oferta para ese segmento se reduce a empleos de menor salario y nula oportunidad de crecimiento, según el informe Ofertas laborales en México, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
De acuerdo con este informe
• En 10 por ciento de las vacantes que se ofrecen son empleos de bajo salario que no tienen que ver con el perfil académico del solicitante.
• En 46 por ciento de los casos de discriminación laboral, la edad es el motivo.
• En 27 por ciento de los casos es la apariencia física la razón, y
• En 10 por ciento la causa es la preferencia u orientación sexual de la persona.
• La situación se recrudece para los mayores de 60 años:
• En 90 por ciento de las vacantes laborales ofrecidas se deja fuera a los mayores de 35 años.
• El 81.6 por ciento de las personas mayores de 60 años con empleo carece de prestaciones laborales.
• El 76.7 por ciento de los jóvenes de entre 14 y 19 años de edad con empleo carece de prestaciones laborales.
• De las personas de entre 50 y 59 años con empleo, 63.9 por ciento carece de prestaciones laborales.
Es claro que ser mayor de 35 años en México es motivo de discriminación laboral, aunque el talento de los profesionales sea un gran soporte para las empresas, advierten especialistas en recursos humanos.
El mercado laboral enfrenta una contradicción: demanda perfiles para cubrir puestos que requieren gran especialización, pero “castiga” a los empleados más experimentados al no contratarlos, por no querer pagar su trayectoria o bien por un prejuicio de no poseer la misma capacidad de adaptación.
Así entonces, otro aspecto preocupante, es el nivel salarial de los profesionistas en nuestro país, aunado a la escasez de opciones de contratación.
Existen áreas donde el relevo generacional se acerca y no aprovechar al talento de mayor edad será en un error. Las áreas de manufactura, transporte, energía y salud tienen proporcionalmente un gran número de trabajadores con amplia experiencia, a comparación de otros sectores, por lo que enfrentarán una escasez significativa de personal calificado cuando se jubilen.
En los próximos 10 años, 50 mil especialistas y técnicos en petróleo, refinación, petroquímica, transporte y comercialización de hidrocarburos que laboran en Pemex, podrán jubilarse y sus relevos no están listos, según un informe de la misma paraestatal. La cifra de egresados en ingeniería petrolera no llega a mil estudiantes en el país, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
Las pequeñas y las medianas empresas son un foro atractivo para ese segmento, porque buscan a personal “más veterano” para dar formación interna a los jóvenes y aplicar su experiencia laboral (conocimientos preexistentes no siempre académicos, o saber cómo hacer las cosas) en el crecimiento del negocio.
Los empleados más jóvenes, a su vez, pueden aprovechar al máximo los conocimientos dados por la experiencia de sus colegas mayores.
La Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México 2010, nos arroja que en general, la población de adultos mayores opina (en 40 por ciento) que la sociedad es el principal enemigo, el segundo lugar (con 35 por ciento) lo tiene el gobierno, y el tercer lugar (con 12 por ciento) lo ocupan las personas no mayores. El restante 13 por ciento se divide entre las otras opciones.
Las altas tasas de desempleo han intensificado la competencia por toda clase de puestos de trabajo, y las personas de edad quedan cada vez más excluidas de las oportunidades de empleo. Además, los obstáculos que deben sortear las personas mayores para encontrar trabajo son altos, y una vez que estos pierden su trabajo, les resulta difícil encontrar otro.
“En México hay un elevado grado de discriminación cuando se busca empleo, señala la Asociación por la no Discriminación Laboral por Edad o Género, quien expuso que 85 por ciento de las empresas privadas y del Gobierno hacen distinción de género para otorgar un trabajo, mientras que sólo 15 por ciento hacen caso omiso de ese requisito. Asimismo, 55 por ciento exige que la edad tope sea los 35 años, mientras que sólo 10 por ciento acepta personas cuya edad máxima oscile entre 48 y 50 años.”
Sobre esto sostiene que es una contradicción, pues ahora las empresas exigen experiencia, pero al mismo tiempo limitan la edad del aspirante. “La experiencia sólo se consigue con el tiempo, y aunque es verdad que muchos de los jóvenes que ahora egresan de las universidades tienen mayores conocimientos, también carecen de práctica”.
El proceso de envejecimiento en México va a ser un fenómeno demográfico de suma importancia durante el siglo XXI. Este incremento en la población envejecida necesariamente debe evaluarse en razón de las consecuencias sociales, económicas y de salud. No debe olvidarse que las características que definen la vejez radican en la vulnerabilidad en cuanto a salud, capacidad física, desempeño mental y dificultades de adaptabilidad a nuevos entornos sociales y económicos. Estas desventajas hacen que la población envejecida sea objeto de prejuicios, estereotipos y discriminación.
Parte de los planes a largo plazo de una sociedad debería ser evaluar las características de su población que envejece, para dar justa dimensión a sus defectos y virtudes, de manera que no sólo se eviten injusticias y discriminación, sino que se armonicen las volubles estructuras demográficas en busca del bienestar común.
En Latinoamérica, pocos países han actualizado las leyes conforme a las últimas manifestaciones discriminatorias. Éstos son algunos ejemplos de nuevas leyes y reformas:
• En Argentina se creó la Ley 20.744, vigente desde 1974, que incluye expresamente el tema de la edad como forma de discriminación laboral.
• En Venezuela, la Constitución de la República, adoptada el 15 de diciembre de 1999, especifica en el artículo 89, quinto principio, la misma prohibición de discriminación laboral por edad, así como en Ley del Trabajo, en el artículo 26.
• En 2001, Chile promulgó la Ley 19.739 que sanciona la discriminación por edad y por estado civil.
• En México la Carta Magna considera en el artículo 1o. la prohibición de cualquier tipo de discriminación laboral, y hace mención concreta a la motivada por la edad. Lo mismo se establece en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación promulgada en 2003, en el artículo 4o.
• En Colombia, el cambio en las leyes se efectuó en el 2004, con la Ley 931, específica contra la discriminación en el trabajo.
• Perú promulgó la Ley 28867 en 2006, que introduce reformas a las leyes vigentes, incluyendo la edad, como uno de los motivos de discriminación a ser combatidos.
El marco jurídico considera la protección de los derechos fundamentales otorgados en la Carta Magna, y el máximo tribunal constitucional defiende los derechos en ella consagrados, el análisis de las conductas discriminatorias en el ámbito laboral puede abarcar las diferentes fases del trabajo, es decir: el acceso, la contratación, la retribución, las condiciones laborales y la extinción del contrato.
Si bien la primera fase, previa a la contratación, es la más susceptible de consideraciones subjetivas, no puede sostenerse que esta fase está exenta de control, bajo el argumento de que la relación laboral no se ha materializado en sentido estricto al no haberse plasmado la aceptación de las condiciones en el contrato de trabajo. Afirmar lo anterior sería contrario a la obligación que tienen los órganos judiciales de maximizar la interpretación de los derechos fundamentales y nos arrojaría a un escenario absurdo en el cual los aspirantes a un puesto de trabajo se verían despojados de sus derechos en el proceso de selección y sólo podrían recobrar dicha protección al momento en el que se transforman en trabajadores.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, en noviembre de 2015 (discriminación en el ámbito laboral. Ante su actualización, el juzgador deberá declarar la nulidad del acto) por mayoría de cuatro votos, que son inconstitucionales las convocatorias laborales que establecen cierta edad para poder trabajar, por representar una discriminación por razón de edad.
Extracto:
“Así las cosas, debe precisarse que los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad del acto discriminatorio se encontrarán determinados en gran medida por el momento en el cual se lleve la impugnación correspondiente. Por tanto, en el supuesto de que aún no hubiese concluido el proceso de selección y contratación, la declaratoria de inconstitucionalidad del acto podrá acarrear una orden de retiro de la convocatoria o su supresión al encontrarse en medios impresos o electrónicos. Sin embargo, en el caso de que el proceso hubiese concluido, la declaratoria de inconstitucionalidad no podrá afectar los derechos adquiridos de terceros involucrados, esto es, no podrá anularse una contratación ya realizada, ni el efecto podrá consistir en una orden de contratación en favor del demandante, pues en la mayoría de estos supuestos, cuando se lleva a cabo la impugnación de la convocatoria, el proceso respectivo de selección y contratación ha concluido, pero ello no puede implicar que el acto discriminatorio no genere efecto alguno, ya que en estos escenarios, por un lado se producen efectos declarativos, que implican un reconocimiento de que las convocatorias laborales fueron discriminatorias y, por tanto, contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero por el otro, se permite el análisis de la posible actualización del resto de consecuencias que una discriminación puede acarrear.
Al resolver se determinó que los anuncios de trabajo eran inconstitucionales, debido a que el derecho a la no discriminación debe ser respetado tanto por las autoridades como por los particulares.
Por ende, a pesar de la libertad de la que goza el empleador para contratar, éste debe abstenerse de discriminar al seleccionar al personal.
Esta conclusión también se ve reflejada en las previsiones de la Ley Federal del Trabajo, en la cual, desde la reforma de 2012, se estableció, tanto en las “condiciones de trabajo” –artículo 56– como en las “obligaciones de los patrones” –artículo 133–, que los empresarios tienen prohibido negarse a aceptar a un trabajador por razón de su edad, entre muchos otros motivos.
Por lo vertido anteriormente es necesario emprender de manera contundente una solución a esta problemática, sabemos bien que el marco normativo nacional como el internacional contemplan y tutelan la discriminación por edad, pero no se sanciona esta conducta cuando se produce, por lo cual es imprescindible no dejar a un lado tan importante tema. Como legisladores debemos de entender que la igualdad de oportunidades en el empleo no se puede lograr plenamente en un contexto general de desigualdades.
En espera que los argumentos expuestos a su atención susciten en los legisladores la convicción de que la presente propuesta es viable y necesaria, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados correspondiente a la LXIII Legislatura la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona una fracción tercera, corriéndose la subsecuente al artículo 149 Ter, del Código Penal Federal
Artículo 149 Ter. ...
I y II. ...
III. Niegue o restrinja en las convocatorias laborales su acceso al trabajo principalmente por razones de edad.
IV. ...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 “El convenio número 111 de la OIT y la discriminación en el empleo”; José Manuel Lastra Lastra; UNAM; 2005; P. 397
2 “Desempleo, primera causa de suicidios entre jóvenes en México”; Notimex; www.excelsior.com; 10/09/2014/ 31/03/2017;
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/10/980990
3 La discriminación y la búsqueda de trabajo, ensayo de Alonso Ismael García López.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.— Diputados y diputadas: Jonadab Martínez García,David Gerson García Calderón, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Corral Mier, Leticia Amparano Gámez, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Mirza Flores Gómez, Pedro Garza Treviño (rúbricas).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Jonadab Martínez García. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Mirza Flores.
La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidenta, muchas gracias. Quiero solicitarle permiso al diputado Jonadab Martínez de adherirme a su iniciativa. Yo no solamente me quedaría con el tema de los connacionales y abrir la puerta a las oportunidades. Me quedaría con la preocupación de todas las mujeres que dejan de trabajar en el hogar, que terminan con la crianza de los hijos, a los que ya crecieron, que es la labor más importante, y a la hora que salen al mercado laboral, que tienen 35, 38 o 40 años se encuentran con un mercado laboral que las limita por la edad. Aun y que tengan mucha experiencia o muchos conocimientos por haber cuidado y criado hijos y familia, el mercado laboral las castiga y las sanciona. Entonces, debemos de ampliar estas regulaciones para que esto no vuelva a suceder.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Mirza Flores. ¿Está de acuerdo, diputado, en que se suscriba?
El diputado Jonadab Martínez García: Sí.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Muy bien. Está aquí en la Secretaría.
La diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul de la diputada Luz Argelia Paniagua.
La diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa(desde la curul): Muy bien, muy buenas tardes. Celebro, diputado Jonadab, que podamos coincidir en este tema.
Precisamente su servidora propuso la iniciativa para que la discriminación por edad no fuera motivo para lograr un empleo, un ascenso, una promoción que nosotros aprobamos hace un año. Yo creo que hay que exigirle al Senado que ya vaya atendiendo.
Me sumo a su propuesta porque esto se suma a este gran esfuerzo por esa clase trabajadora que necesita tener un empleo para el sostenimiento de sus hijos, para poder lograr que su hijo continúe el estudio y que la edad no debe ser discriminatoria para alguien que busca un empleo, que tiene la capacidad suficiente.
Entonces, me da mucho gusto, diputado Jonadab, que vayamos en el mismo sentido, que coincidamos en los temas. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: ¿Está de acuerdo, diputado Jonadab?
El diputado Jonadab Martínez García: Sí.
El diputado David Gerson García Calderón (desde la curul): Sí, muchas gracias, presidenta.
En primer término, felicitar al diputado Jonadab Martínez. La realidad que vive nuestro país y el gobierno al momento de impulsar esas políticas públicas para impulsar el trabajo no se ven en nuestro país, y las pocas fuentes de empleo que existen son limitadas precisamente por esa barrera de la edad.
Se me hace una iniciativa muy noble y le pediría al diputado Jonadab si me permite suscribir la iniciativa y felicitarlo. Una iniciativa muy noble y que necesita nuestro país para generar este tipo de fuentes de empleos y de oportunidades para los jóvenes.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado. Está de acuerdo el diputado Jonadab Martínez, ha dado su aceptación. Está aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.
REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Francisco Javier Pinto Torres:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, Canal del Congreso, ciudadanos que nos escuchan por los diferentes medios de comunicación, el combate a la corrupción es un justo reclamo de la sociedad y un compromiso insoslayable para Nueva Alianza.
Hemos ratificado y hemos dicho que nuestro compromiso es apoyar aquellas propuestas encaminadas a abatir una cierta problemática, además de impulsar iniciativas y puntos de acuerdo tendientes a sancionar las conductas y los actos de corrupción de funcionarios públicos.
El tema de los famosos moches para asignar o etiquetar recursos o un presupuesto reveló una forma de extorsión que ofende a la sociedad y justifica su falta de confianza en nuestra institución.
Si bien la gestión o solicitud indebida de recursos realizada por un legislador federal se encuentra tipificada ya como cohecho, existe otra forma de extorsión que por desgracia se registra en nuestro ámbito y afecta directamente a los trabajadores cuando son objeto de retenciones indebidas de un porcentaje de su sueldo.
Me refiero a un tipo de corrupción que lastima y vulnera el derecho al trabajo y la percepción salarial de compañeros de esta Cámara, en particular, de quienes se encuentran contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios y son prestadores de servicios profesionales.
Sí, compañeros, por desgracia esto existe, la obtención indebida de parte de las remuneraciones de los prestadores de servicios profesionales en esta Cámara de Diputados es una práctica conocida, es una práctica recurrente, pero es una práctica que no debemos de tolerar.
Resulta preciso realizar las modificaciones normativas que permitan establecer claramente la prohibición de que este órgano legislativo sean solicitados o exigidos indebidamente los moches a los trabajadores, cualquiera que sea su relación contractual debemos de estar en contra de ellos. Ya en el Código Penal Federal, en su artículo 215, tipifica como delito el abuso de autoridad cuando un servidor público obtenga, exija o solicite, sin derecho alguno o con una causa legítima, parte del sueldo de uno de varios de sus trabajadores.
La iniciativa que pongo a su consideración busca establecer esta misma disposición en el Reglamento de la Cámara de Diputados. Debemos de dar el ejemplo y por lo tanto tenemos que hacer que las cosas sucedan. En Nueva Alianza estamos convencidos y somos conscientes de la importancia de defender y salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores y prestadores de servicios profesionales. Sí, a todos ellos que a diario vemos, que a diario nos ayudan y nos ayudan a hacer nuestro trabajo legislativo.
Por ello, la iniciativa que planteamos pretender reconocer la importancia del trabajo técnico y de asesoría realizado en esta Cámara, así como evitar la comisión de abusos de autoridad de quienes debemos representar los intereses de la sociedad. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
«Iniciativa que adiciona el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El suscrito, diputado federal Francisco Javier Pinto Torres, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al numeral 1 del artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor del siguiente
Planteamiento del problema
Es del conocimiento de la opinión pública, que en esta Cámara de Diputados se han suscitado deshonrosos casos conocidos como los “moches”, referidos a las comisiones o condiciones indebidas que algunos legisladores o autoridades del gobierno federal exigen a autoridades locales para asignar o liberar un presupuesto etiquetado.
Al respecto, baste recordar los pronunciamientos emitidos por un amplio número de Senadores y representantes de organizaciones civiles a finales del año pasado, en el marco del análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2017.
Sin embargo, existe otro tipo de prácticas igualmente denominadas “moches”, que afectan directamente a los trabajadores cuando son objeto de retenciones indebidas de un porcentaje de su sueldo. La comisión de estas conductas ha sido reconocida como un acto de corrupción, por lo que en julio del año pasado, fue incorporada a nuestra legislación una diversificación del delito de abuso de autoridad,en laque se tipifica la conducta realizada por los servidores públicos cuando solicitan parte del salario de sus subalternos, con penas que van de los 2 a los 9 años de prisión, y de 70 a 150 días de multa. La reforma anticorrupción que dio como resultado la modificación señalada, buscó entre sus objetivos abatir la impunidad y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y en los servidores públicos.
A pesar de tal normativa, en esta Cámara de Diputados continúan presentándose este tipo de “moches” que atentan contra las condiciones laborales de los trabajadores de este órgano legislativo; en particular, de quienes se encuentran contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios y son prestadores de servicios profesionales.
Considerando que la presencia de vacíos legales permite que existan áreas de corrupción, poco advertidas e incluso asimiladas por el entorno social, y que esta Cámara de Diputados ha sido señalada en diversas ocasiones por la existencia de prácticas opacas en el manejo de su presupuesto, es que resulta preciso realizar las modificaciones normativas que permitan establecer, claramente, la prohibición de que en este órgano legislativo sean solicitados o exigidos, indebidamente, porcentajes del sueldo o remuneración a los trabajadores, cualquiera que sea su relación contractual.
Exposición de MotivosActualmente, la gestión o solicitud indebida de recursos o el otorgamiento de contratos a favor de determinadas empresas o contratistas, realizada por un legislador federal, se encuentra tipificada como cohecho, localizable en la fracción III del artículo 222 del Código Penal Federal. Asimismo, en la fracción IX del artículo 215 del mismo ordenamiento, se establece que comete el delito de abuso de autoridad el servidor público que “obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima, para sí o para cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios.”
De la lectura de los dos artículos anteriormente mencionados, se colige que la conducta tipificada en el artículo 215 es de carácter general, aplicable a toda persona que ostente un cargo de servidor público; al respecto, es importante recordar que en términos del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reputan como servidores públicos a los representantes de elección popular. Por su parte, la fracción III del artículo 222 del Código Penal Federal establece como sujeto activo, específicamente, a los legisladores federales.
A pesar de tal normativa de carácter general, la obtención indebida de parte de las remuneraciones de los prestadores de servicios profesionales en esta Cámara de Diputados es una práctica conocida y recurrente. Por tal motivo, se considera necesario precisar en el Reglamento de la Cámara de Diputados que los legisladores están obligados a respetar los sueldos, prestaciones y demás remuneraciones de quienes son parte de sus equipos de trabajo; lo anterior, porque a pesar de existir el tipo penal que lo sanciona, hasta el momento, la desventaja es para el trabajador, principalmente los contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, que difícilmente contarán con los elementos para comprobar tal delito.
En este orden de ideas, la presente Iniciativa tiene por objeto establecer específicamente, como una obligación de las diputadas y diputados, el abstenerse de obtener, exigir o solicitar, sin derecho alguno o causa legítima, para sí o para cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, ya sean prestadores de servicios profesionales, trabajadores de confianza o base. Esto implica que deben observar como una obligación, los mismos términos dispuestos en la fracción IX del artículo 215 del Código Penal Federal.
Asimismo, se propone que, de existir denuncia presentada ante el Ministerio Público Federal por dicha causa y tal denuncia arrojase el ejercicio de la acción penal, la diputada o diputado deberá solicitar licencia mientras culminan las averiguaciones y etapas correspondientes. Asimismo, a fin de evitar falsas acusaciones en contra de las y los legisladores, aquellos trabajadores que sean afectados por la solicitud o exigencia de una parte de su sueldo o remuneración, a cambio de ser contratados para prestar sus servicios, tendrán la obligación de hacerlo del conocimiento formal del Ministerio Público, a fin de que éste inicie la Averiguación Previa correspondiente.
En Nueva Alianza somos conscientes de la importancia de defender y salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores y prestadores de servicios profesionales; por ello, las modificaciones anteriormente mencionadas pretenden reconocer la importancia del trabajo técnico y de asesoría realizado en esta Cámara de Diputados, así como evitar la comisión de abusos de autoridad de quienes debemos representar los intereses de la sociedad.
Fundamento legal
Por las consideraciones anteriormente expuestas, en mi calidad de Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al numeral 1 del artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados
Artículo Único. Se adicionan las fracciones XIX y XXII, recorriéndose las subsiguientes, al numeral 1 del artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:
Artículo 8.
1. Serán obligaciones de los diputados y diputadas:
I. a XVIII. ...
XIX. Abstenerse de obtener, exigir o solicitar sin derecho alguno o causa legítima, para sí o para cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, ya sean prestadores de servicios profesionales, trabajadores de confianza o base;
XX. Acatar las sanciones que establece este Reglamento y otros ordenamientos aplicables;
XXI. Acatar las disposiciones y procedimientos del Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión;
XXII. Solicitar licencia en caso de existir una consignación dictada por el ministerio público federal por la causa prevista en la fracción XIX del presente artículo, y
XXIII. Las demás previstas en este Reglamento.
Artículos TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.La honorable Cámara de Diputados tendrá 60 días naturales a partir de la publicación de presente decreto para establecer las normas que regirán esta materia en el Código de Ética de la Cámara de Diputados.
Notas
i Para mayor información revisar: A Diputados, 33 mil mdp en moches: Ernesto Cordero (Excélsior 27/10/2016); Diputados prevén asignar nueve mil mdp a fondo vinculado a “moches” (Excélsior 10/11/2016); Organizaciones Civiles se amparan contra moches de diputados (Milenio.com 21/06/2016); Los diputados ya se repartieron el fondo de “moches” (UNOTV 16/11/2016); PAN Senado quiere que auditen a diputados para evitar diezmos y moches (Político.mx 27/12/2016).
ii Código Penal Federal. Artículo 215, fracción IX. Última reforma DOF 18/07/2016.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de abril de 2017.— Diputado Francisco Javier Pinto Torres(rúbrica).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Pinto Torres. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del PES, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de actualización de sanciones.
El diputado Abdies Pineda Morín:Muy buenas tardes, diputadas, diputados. Con su permiso, diputada presidenta. Ocupo la tribuna para poner a su disposición la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de actualización de sanciones.
La reforma constitucional del artículo 26, apartado B, del 27 de enero de 2016, estableció que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, calculara el valor de la unidad de medida y actualización.
Al respecto, el INEGI establece que la unidad de medida y actualización es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en leyes federales de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como las disposiciones jurídicas que emanan de todas las anteriores. Para este año el INEGI estableció la UMA al equivalente de 75.49 pesos.
La Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en el artículo 4 señala que el INEGI calculará cada año el valor de la UMA; asimismo, con el objeto de hacerlo público y con ello aplicable, el artículo 5 de esta ley prevé que el INEGI publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros 10 días del mes de enero de cada año el valor diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, y entrarán en vigor dichos valores el primero de febrero de dicho año.
En razón de ello, se propone que para los efectos de actualización de los montos de las multas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicará en el Diario Oficial de la Federación el valor de las unidades de medida y actualización vigentes para el año. Con ello la procuraduría ya no actualizará cada año los montos de las multas.
Con esta reforma, la multa de 244.36 pesos dejará de ser la mínima y pasará a ser de 7 mil 549 pesos. Con las modificaciones legales que se proponen, la multa por apremio será de 7 mil 549 pesos y 26 mil 421.50 pesos en caso de que persista la desobediencia de la infracción, la sanción será de 11 mil 323.50 pesos.
Con estas sanciones se busca que los proveedores de bienes y servicios le pongan mayor atención a la calidad con lo que los prestan y eviten que la procuraduría les imponga las sanciones con los montos que se proponen.
Las reformas a los artículos 126, 127, 128 y 128 Bis, relativos al capítulo quincuagésimo cuarto de la Ley de Procesos Legislativos, pretenden poner en UMAS, las multas que actualmente están en pesos.
Finalmente se actualiza el supuesto de que cuando por un mismo hecho u omisión se cometan varias infracciones a las que esta ley imponga una sanción, que el total de las mismas no deberá rebasar de 8 millones 303 mil 900 pesos.
Diputadas, diputados, Encuentro Social ve importante que las reformas constitucionales se armonicen en las leyes que emanan de ella. Ese es el proyecto que propone; que a abonará a esta necesidad jurídica. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de actualización de sanciones, a cargo del diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del PES
El suscrito, diputado federal Abdies Pineda Morín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor del siguiente:
Planteamiento del problema
La reforma constitucional del artículo 26 apartado B del 27 de enero de 2016 estableció que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía-INEGI- calculará el valor de la Unidad de Medida y Actualización.
El Inegi, señala que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.
El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 12.
Para 2017, el Inegi estableció que la UMA es el equivalente a $75.49.
Por ello, la iniciativa propone la sustitución de las multas en pesos por las UMA´s.
Argumentos que la sustentan
El 21 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Unidad de Medida y Actualización, en los términos siguientes:
Artículo 26. ...
B. ...
El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.
Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente.
La iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, suscrita por los Diputados César Octavio Camacho Quiroz, Marko Antonio Cortés Mendoza, Francisco Martínez Neri, Jesús Sesma Suárez, Norma Rocío Nahle García, José Clemente Castañeda Hoeflich, Luis Alfredo Valles Mendoza, Alejandro González Murilio, Federico Döring Casar, Guadalupe Acosta Naranjo, Javier Octavio Herrera Borunda, Virgilio Caballero Pedraza, María Elena Orantes López, Soralla Bañuelos de la Torre y Alfredo Ferreiro Velasco integrantes de la LXIII Legislatura publicada en la Gaceta Parlamentaria el 27 de abril de 2016, señaló en su “exposición de motivos”:
“Conforme al Decreto, la UMA se convierte en la unidad de cuenta que se utilizará como Índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes.
En virtud de lo anterior, la UMA fue creada para dejar de utilizar al salario mínimo como instrumento de indexación y actualización de los montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos, permitiendo con ello que los incrementos que se determinen al valor del salario mínimo ya no generen aumentos a todos los montos que estaban indexados a éste, logrando con esto que el salario mínimo pueda funcionar como un instrumento de política pública independiente y cumpla con el objetivo constitucional de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.”
Destaca que esta iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización fue suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios y diversos diputados. Le dispensaron todos los trámites y se puso a discusión y votación de inmediato en el Pleno de la Cámara de Diputados; es decir, no pasó a comisiones para que fuese dictaminada.
La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados con 372 votos en pro y 1 abstención, el miércoles 27 de abril de 2016. En la Cámara de Senadores, la minuta fue aprobada por 78 votos en pro y 1 en contra, el jueves 15 de diciembre de 2016.
Asimismo, el 30 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en el artículo 4 señala como el INEGI calculará cada año el valor de la UMA:
Artículo 4. El valor actualizado de la UMA se calculará y determinará anualmente por el INEGI, de conformidad con el siguiente método:
I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la UMA del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior.
II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la UMA por 30.4.
III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la UMA por 12.
Con el objeto de hacerlo público, y con ello aplicable el artículo 5 de esta Ley prevé que:
Artículo 5. El INEGI publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año el valor diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA y entrarán en vigor dichos valores el 1o. de febrero de dicho año.
Contenido de la reforma
Resalta que se propone que los montos de las multas se tasen en UMA´s con el objeto de que sea el Inegi quien determine cada año su actualización, y no la Profeco. Con esta modificación no se requerirá que Profeco efectué sesiones para tal fin, ya que bastará con que el Inegi emita el valor de la UMA para que las multas y todas las acciones tasadas en pesos se actualicen de inmediato.
El Inegi tiene la obligación por ley la publicación en el Diario Oficial de la Federación del valor de la UMA con un criterio establecido en la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.
Para el caso de la reforma al artículo 25, podemos señalar que es congruente y armónica con la Constitución General de la República.
Con la reforma, la multa por apremio será entre 7,549.00 y 26,421.50 pesos; en caso de que persista la desobediencia en la infracción, la sanción será de11,323.50 pesos. Con estas sanciones se busca que los proveedores de bienes y servicios le pongan mayor atención en la prestación de ellos, y eviten que la Procuraduría les imponga las sanciones con los montos que se proponen.
La multa de 244.36 pesos resulta sumamente irreal. En esta iniciativa, se propone que la multa mínima sea de 7,549 pesos.
La siguiente reforma que propone el presente instrumento legislativo es
El monto, con la conversión a UMA´s quedaría en 490,685 pesos; cantidad que resulta muy aproximada a los 488,736.58 pesos vigentes en la Ley.
Por lo que se refiere a la reforma al artículo 117, la afectación es la misma que para el artículo anteriormente señalado. En razón de ello, a este artículo sólo se le efectúa la conversión a UMA ´s, sin alterar el supuesto que se regula.
Las reformas en los artículos 126, 127, 128 y 128 Bis, relativos al Capítulo XIV “Sanciones” de la Ley en proceso legislativo, pretenden poner en UMA´s las multas que actualmente están en pesos
Con la modificación los montos de las multas quedarían en los siguientes términos.
Finalmente, la presente iniciativa propone que cuando por un mismo hecho u omisión se cometan varias infracciones a las que esta ley imponga una sanción, el total de las mismas no deberá rebasar de 110,000 Unidades de Medida y Actualización. Lo que, a la conversión en pesos, quedaría de la siguiente manera:
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
Denominación del proyecto de decreto.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, EN MATERIA DE ACTUALIZACIÓN DE SANCIONES.
Texto normativo propuesto.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones II y III del artículo 25; el penúltimo párrafo del artículo 99; el segundo párrafo del artículo 117; los artículos 126, 127, 128, el primer párrafo del artículo 128 Bis; 129 Bis y 133 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 25. ...
I. ...
II. Multa de 100 a 350 Unidades de Medida y Actualización.
III. En caso de que persista la infracción podrán imponerse nuevas multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo, hasta por 150 Unidades de Medida y Actualización.
IV. ...
ARTÍCULO 99. ...
I. a VI. ...
Las reclamaciones de las personas físicas o morales a que se refiere la fracción primera del artículo 2 de esta ley, que adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, serán procedentes siempre que el monto de la operación motivo de la reclamación no exceda de 6500 Unidades de Medida y Actualización.
...
ARTÍCULO 117. ...
Cuando se trate de aquellas personas físicas o morales a que se refiere la fracción primera del artículo 2 de esta ley, que adquieren, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, la Procuraduría podrá fungir como árbitro siempre que el monto de lo reclamado no exceda de 6500 Unidades de Medida y Actualización.
ARTÍCULO 126. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 8 Bis, 11, 15, 16 y demás disposiciones que no estén expresamente mencionadas en los artículos 127 y 128, serán sancionadas con multa de 100 a 10,500 Unidades de Medida y Actualización que corresponda al año en que se imponga.
ARTÍCULO 127. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7 Bis, 13, 17, 18 Bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86 QUATER, 87 Bis, 90, 91, 93, 95 y 113 serán sancionadas con multa de 100 a 20,000 Unidades de Medida y Actualización que corresponda al año en que se imponga.
ARTÍCULO 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis y 121 serán sancionadas con multa 100 a 36,400 Unidades de Medida y Actualización que corresponda al año en que se imponga.
ARTÍCULO 128 Bis.En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y con multa de 200 a 54,400 Unidades de Medida y Actualización que corresponda al año en que se imponga.
...
ARTÍCULO 129 BIS. Para los efectos de actualización de los montos de las multas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicará en el Diario Oficial de la Federación el valor de las Unidades de Medida y Actualización vigentes para el año.
ARTÍCULO 133. ...
Cuando por un mismo hecho u omisión se cometan varias infracciones a las que esta ley imponga una sanción, el total de las mismas no deberá rebasar de 110,000 Unidades de Medida y Actualización.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 25 de abril de 2017.— Diputado Abdies Pineda Morín(rúbrica).»
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Abdies Pineda. Reitero, la iniciativa del diputado Abdies Pineda Morín, se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.
Proceda la Secretaría a dar lectura a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la denominación de la Comisión Especial para Combatir el Uso de Recursos Públicos en Procesos Electorales.
Los suscritos integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, numeral 1, incisos b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten solicitarle que tenga a bien someter a consideración del pleno los siguientes:
Acuerdos
Primero. Que la Junta Directiva de la Comisión Especial para combatir el uso de recursos públicos en procesos electorales, solicitó el cambio de denominación de la mencionada comisión en virtud de que es una denominación demasiado amplia.
Segundo.Que la Junta de Coordinación Política, acordó la modificación de la denominación de la comisión especial, para quedar como Comisión Especial para Combatir el Uso de Recursos Ilícitos en los Procesos Electorales.
Tercero.El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 25 de abril de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»
———————— o ————————
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados los cambios en la integración de comisiones ordinarias, bicamarales, especiales, grupos de trabajo, comités, organismos internacionales permanentes, y grupos de amistad, durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y
Considerando
1. Que conforme al artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Junta de Coordinación Política proponer al Pleno la integración de las comisiones.
2. Que el artículo 44, numeral 2, de la misma Ley Orgánica señala que los coordinadores de los grupos parlamentarios podrán solicitar la sustitución temporal o definitiva de los integrantes de las comisiones.
3. Que de acuerdo con el artículo 36, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General, el presidente de la Junta de Coordinación Política deberá velar por el cumplimiento de las decisiones que este órgano de gobierno adopte y, por tanto, es responsable de vigilar la ejecución de las solicitudes de modificación en la integración de las comisiones.
4. Que las comisiones continúan desempeñando sus funciones durante los recesos de la Cámara de Diputados, por lo que resulta indispensable dar curso a las solicitudes de sustitución;
5. Que de conformidad con el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Mesa Directiva está facultado para determinar los trámites que deban recaer a las solicitudes de modificación en la integración de comisiones; y
6. Que en términos del artículo 239, fracción VI, del reglamento de la Cámara de Diputados, la Gaceta Parlamentaria es el instrumento idóneo para informar al Pleno de las solicitudes de cambios de integrantes en las comisiones.
Por lo anterior mente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política adopta el siguiente
Acuerdo
Primero. Se autoriza al Presidente de la Junta de Coordinación Política para que, durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, solicite al Presidente de la Mesa Directiva la publicación en la Gaceta Parlamentaria de los cambios en la integración de comisiones ordinarias, bicamarales, especiales, comités, grupos de trabajo, organismos internacionales permanentes y grupos de amistad, remitidos por los grupos parlamentarios.
Segundo.Las sustituciones surtirán efectos formales a partir del día de su publicación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»
En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobados, comuníquense.
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
La presidenta, diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, remite oficio, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del cual las iniciativas y proposiciones que no se presentaron en tribuna se turnan a las comisiones correspondientes. (*)
( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.
CLAUSURA Y CITA
La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez(a las 17:39 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 27 de abril de 2017, a las 11 horas. Que tengan una excelente tarde.
————— O —————
EFEMÉRIDES
DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA
«Efeméride con motivo del 19 de abril, Día Mundial de la Bicicleta, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El 19 de abril se festeja en todo el mundo el Día Mundial de la Bicicleta, con la finalidad de fomentar el uso de este ecológico medio de transporte, que nos beneficia en la salud, nos beneficia en la economía, en la movilidad, en nuestro sistema cardiaco, pero sobre todo que beneficia a la ecología, porque no contamina y contribuye a la sustentabilidad el medio ambiente.
La historia de la bicicleta
La bicicleta viene de Europa, se dice que el inventor de este medio de transporte fue el británico John Kemp Starley en el año de 1885, pero para llegar al modelo de bicicleta que conocemos en nuestros días tuvo que pasar por varios facetas, empezando por la del alemán Karl Drais, en 1817 que fabricó un modelo de bicicleta de madera la cual no tenía pedales, para el año de 1839 el escocés Kirkpatrick Macmillan, tuvo la grandiosa idea de adaptarle pedales, estos dos tipos de bicicletas dieron origen al tipo de bicicleta que conocemos hoy, y fue el británico John Kemp Starley, quien evolucionó este transporte en 1885, Starley es considerado el padre de la bicicleta moderna.
Durante el siglo XX todas las ciudades del mundo sólo se preocuparon por tener infraestructura para los automóviles, gran parte de la inversión de los gobiernos era para satisfacer las necesidades viales de los automovilistas, sin tomar en cuenta que había otro tipo de transporte que requerían también de infraestructura como en el caso de la bicicleta.
El Día Mundial de la Bicicleta es una fecha para que tanto los gobiernos de todo el mundo y la sociedad en general, comiencen a recapacitar sobre los beneficios que tiene el hacer uso de este medio de transporte ecológico pero sobre todo tan económico.
Un punto donde tenemos que poner mucha atención es en los derechos de los ciclistas, porque desafortunadamente, alrededor del mundo no se respetan estos derechos que a lo largo de muchas décadas se han ido ganado las personas que les gusta viajar en bicicleta, porque la bicicleta ya está presente en la vida cotidiana de millones de personas, por eso es indispensable que las autoridades de todo el mundo pongan manos a la obra para que esos derechos ya sean tangibles, y respetados por las personas que conducen un automóvil.
En las grandes ciudades donde el tráfico es exorbitante, se han adaptado varios programas para que la población ocupe la bicicleta en desplazarse a sus diferentes actividades. Dos de estas grandes metrópolis que tienen por ley que ocupar este vehículo para moverse son China y la India, desafortunadamente en nuestro país el porcentaje de personas que ocupan este medio para movilizarse es muy reducido, a pesar de que hay diferentes programas que incentivan el uso de la bicicleta, no se ha logrado convencer a la población para que sea con este medio de transporte con el cual se puedan desplazar a sus diferentes actividades, y esto es debido a que no contamos ni con la educación ni con las leyes suficientes para proteger y respetar a los ciclistas.
La bicicleta en la salud y en la economía
Son varias las ventajas y beneficios a nuestra salud el uso de la bicicleta, ya que es uno de las actividades más completas que existen, en listo algunas de las ventajas y beneficios: Previene dolores de espalda, reduce hasta un 50 por ciento las probabilidades de sufrir un infarto, así como la protección de las articulaciones y el sistema inmunológico.
También nos ayuda a bajar de peso ya que pedalear 30 minutos al día hace que se quemen alrededor de 300 calorías.
Una más de las ventajas que tiene el trasladarse en bicicleta es la estabilidad biológica del cuerpo, porque hace que se reduzcan los niveles de la hormona de cortisol, esta hormona es la culpable de que no podamos en poco tiempo concebir el sueño profundo, por eso pedalear es muy saludable ya que esta actividad nos hace que el tiempo qué nos tardamos en conciliar el sueño sea muy corto.
La bicicleta también trae beneficios en nuestra economía, al reducir casi en un 100 por ciento los costos que nos provoca el uso del automóvil, ya que no necesita de combustible y los costos de reparación son infinitamente menores a los del automóvil.
Por eso hoy, en la conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta, conmino a todos a utilizarla con frecuencia, para que sientas esa sensación de libertad y bienestar incomparable que sólo da el pedalear una bicicleta.
Notas
1 Ecología Verde, ¿Cuándo se inventó la bicicleta?, David Sanz, 1 de julio de 2013.
http://www .ecologiaverde.com/cuando-se-invento-la-bicicleta/
2 Hola doctor, 12 razones para andar en bicicleta, Violeta Merlo, 11 de marzo de 2014.
http://holadoctor.com.es%C3%A1lbum-de-fotos 12-razones-para-andar-en-bicicleta
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.— (Rúbrica).»
SEMANA MUNDIAL DE LA INMUNIZACIÓN
«Efeméride con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización, del 24 al 30 de abril, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Muchas personas nos preguntamos qué es la inmunización; bien, la inmunización no es otra cosa que ir a vacunarse contra diferentes tipos de enfermedades contagiosas que existen alrededor del mundo, es administrar un agente que al organismo, humano animal o vegetal para que provoque una reacción inmune.
Hay dos tipos de inmunización, la activa y la pasiva:
La inmunización activa es cuando se administra un agente provocando que el organismo tenga una respuesta inmune.
La inmunización pasiva es cuando el agente genera por sí mismo la inmunización.
Por eso la Organización Mundial de la Salud (OMS) instituyó que la última semana del mes de abril se realice la Semana Mundial de la Inmunización, en este 2017 será a partir del próximo 24 de abril y hasta el 30 del mismo mes que dé comienzo esta importante jornada de inmunización, que como todos sabemos el objetivo final de este acontecimiento es incrementar el número de personas y comunidades protegidas por medio de la inmunización, así como hacer conciencia entre la población mundial de qué tan importante es vacunarse, ya que las vacunas son el instrumento más poderoso que tiene el ser humano para protegerse (inmunizarse) ante todo tipo de enfermedades a cualquier edad.
El 26 de mayo de 2012, la OMS celebró su Asamblea Mundial de Salud número 65, donde elaboró el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas (PAMV), donde acentuó diferentes temas relacionados con las vacunas, con ese plan como base, la OMS declaró el periodo del año 2010 al año 2020 como la década de la vacunación o inmunización, llamándolo “decenio de las vacunas”.
La inmunización es una de los programas sanitarios con mayor efectividad y éxito, el costo de los programas de prevención por medio de la vacunación a nivel mundial no son nada económicos, pero sí son muy eficientes y de suma importancia para la gente, la inmunización previene muchas enfermedades, así como que la gente padezca de alguna discapacidad o la muerte, por no haberlo vacunado a su debido tiempo.
Hablando de defunciones, el dato que proporciona la OMS, es que cada año se llegan salvar entre 2 y 3 millones de personas de la muerte gracias a esta acción, otro dato que da la misma organización es que, si se mejora la vacunación a nivel mundial, se podrán evitar 1.5 millones de defunciones más.
La inmunización (vacunación) es parte fundamental en la vida de las personas, sobre todo en la de los niños, y es que estadísticamente durante el año 2015 la proporción de niños que se les administró las tres dosis contra la difteria, el tétano y la tosferina (DTP3) fue de 86 por ciento alrededor de 116 millones de infantes, que también fueron vacunados para protegerlos de enfermedades como: el sarampión, la hepatitis A o B, la poliomielitis, entre muchas más, males que les pueden provocar algún tipo de discapacidad, trastorno o incluso la muerte.
Hay muchas creencias de que no es necesario vacunarse, que sólo con tener una buena higiene de manos las enfermedades no aparecerán, pero esto es una gran falsedad, porque las infecciones no sólo se contagian por las manos, puede ser por el medio ambiente, o por estar cerca de una persona que tiene una enfermedad contagiosa. Por eso que no es recomendable suspender el programa de inmunización, ya que en cualquier momento nos podremos contagiar de algún virus que haya en el aire, y que se puede controlar mediante la vacuna.
Por eso se recomienda que en la Semana Mundial de la Inmunización, todos tengamos en cuenta que es de primera necesidad ir a reforzar nuestro sistema inmune por medio de la vacunación, algo muy importante es que los papás tengan bien establecido cuándo deben llevar a sus niños a vacunar, para que a lo largo de su vida no tenga problemas de enfermedades ocasionadas por no llevar adecuadamente el plan de vacunación en el país.
Notas
1 Medicina molecular, Inmunización 11 de noviembre de 2007
http://medmol.es/glosario/56/
2 El Hospital, Semana Mundial de la Inmunización 2014 OMS, abril del 2014
http://www.elhospital.com/temas/Semana-mundial-de-la-inmunizaci on-2014,-OMS+97454?idioma=en
3 Organización Mundial de la Salud, Cobertura Vacunal, marzo de 2017.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/es/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»
RESUMEN DE TRABAJOS
• Tiempo de duración de la sesión: 5 horas 33 minutos
• Quórum a la apertura de la sesión: 292 diputadas y diputados
• Comunicaciones oficiales: 30
• Iniciativas de los congresos estatales: 2
• Minutas: 3
• Iniciativas de los senadores: 1
• Iniciativas de diputadas y diputados: 20
• Declaratoria de publicidad: 40
• Dictámenes a discusión de ley o decreto: 3
• Proposiciones de urgente resolución: 2
• Acuerdos de los órganos de gobierno: 2
• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 48
4 PES6
NA6 MC6
Morena5 PVEM6
PRD8 PAN7
PRI
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)
VOTACIONES
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos (en lo general y en lo particular)
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abdala Carmona, YahleelFavor
2 Abdala Saad, Antonio TarekFavor
3 Abramo Masso, YericoFavor
4 Aguilar Robles, DavidContra
5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor
6 Aguirre Chávez, Marco PoloFavor
7 Aguirre Romero, AndrésFavor
8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor
9 Almanza Monroy, FidelAusente
10 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor
11 Álvarez Ortiz, Héctor JavierFavor
12 Amaro Cancino, AntonioFavor
13 Anaya Mota, Claudia EdithFavor
14 Anaya Orozco, AlfredoAusente
15 Antelo Esper, BernardinoFavor
16 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor
17 Arellano Núñez, EfraínFavor
18 Armenta Mier, AlejandroContra
19 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor
20 Barragán Amador, CarlosFavor
21 Barrientos Cano, Laura MitziFavor
22 Basáñez García, PabloFavor
23 Bañales Arámbula, RamónFavor
24 Bedolla López, PabloFavor
25 Bejos Nicolás, AlfredoFavor
26 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor
27 Benítez Tiburcio, MarianaAusente
28 Bernal Casique, IvethFavor
29 Borunda Espinoza, BrendaFavor
30 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor
31 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaAusente
32 Cabrera Ruiz, José HugoFavor
33 Camacho Quiroz, César OctavioFavor
34 Camargo Félix, María Esther GuadalupeAusente
35 Canales Najjar, Tristán ManuelFavor
36 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroFavor
37 Casillas Zanatta, GabrielFavor
38 Castillo Martínez, EdgarFavor
39 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor
40 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor
41 Ceja García, XitlalicFavor
42 Cervera Hernández, FelipeFavor
43 Chacón Morales, Samuel AlexisFavor
44 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor
45 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoFavor
46 Coheto Martínez, Vitalico CándidoAusente
47 Córdova Hernández, José del PilarFavor
48 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaFavor
49 Corella Platt, SusanaFavor
50 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor
51 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor
52 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor
53 Cruz Campos, VictorinoFavor
54 Dávalos Elizondo, Edna IleanaFavor
55 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor
56 De León Maza, Sofía del SagrarioAusente
57 Díaz Montoya, RocíoFavor
58 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor
59 Domínguez Rex, RaúlFavor
60 Elizondo García, PabloFavor
61 Escobar Manjarrez, GermánFavor
62 Escobedo Villegas, FranciscoFavor
63 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor
64 Estefan Chidiac, Charbel JorgeFavor
65 Etcheverry Aranda, AzulFavor
66 Fernández Márquez, JulietaContra
67 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor
68 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor
69 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor
70 Gamboa Miner, PabloFavor
71 Gárate Valenzuela, Paola IvethFavor
72 García Ayala, Marco AntonioFavor
73 García Barrón, ÓscarFavor
74 García Carreón, TelésforoAusente
75 García Navarro, OtnielFavor
76 García Portilla, Ricardo DavidFavor
77 Garza Herrera, SantosFavor
78 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelAusente
79 González Calderón, Martha HildaFavor
80 González Salas y Petricioli, María MarcelaFavor
81 González Salum, Miguel ÁngelFavor
82 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor
83 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor
84 Guerrero Coronado, DeliaFavor
85 Guerrero Esquivel, AraceliFavor
86 Guevara Cobos, Luis AlejandroFavor
87 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor
88 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor
89 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor
90 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor
91 Hernández Madrid, María GloriaFavor
92 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelFavor
93 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroFavor
94 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor
95 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor
96 Iriarte Mercado, CarlosFavor
97 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor
98 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueFavor
99 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelFavor
100 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor
101 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor
102 Le Baron González, AlexFavor
103 Leyva García, Leydi FabiolaFavor
104 López Gutiérrez, David EpifanioFavor
105 López Velasco, Edith YolandaFavor
106 Luna Canales, ArmandoFavor
107 Luna Munguía, Alma LiliaFavor
108 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor
109 Majul González, SalomónFavor
110 Maya Pineda, María IsabelFavor
111 Mazari Espín, RosalinaFavor
112 Medrano Quezada, BenjamínFavor
113 Meléndez Ortega, Juan AntonioFavor
114 Melhem Salinas, EdgardoFavor
115 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor
116 Méndez Hernández, SandraFavor
117 Mercado Ruiz, DavidFavor
118 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor
119 Moguel Manzur, Zacil LeonorFavor
120 Mólgora Glover, ArletContra
121 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor
122 Monroy del Mazo, CarolinaFavor
123 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor
124 Mota Hernández, AdolfoFavor
125 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor
126 Muñoz Parra, María VerónicaFavor
127 Muñoz Sánchez, RosalindaAusente
128 Navarrete Pérez, FernandoFavor
129 Nazar Morales, JuliánFavor
130 Nazario Morales, MatíasFavor
131 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor
132 Orantes López, Hernán de JesúsFavor
133 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor
134 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor
135 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor
136 Osorno Belmont, SusanaFavor
137 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor
138 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor
139 Pinete Vargas, María del CarmenFavor
140 Plascencia Pacheco, Laura NereidaFavor
141 Plata Inzunza, EvelioFavor
142 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsFavor
143 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor
144 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor
145 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor
146 Ramírez Marín, Jorge CarlosFavor
147 Ramírez Nieto, RicardoFavor
148 Ramírez Ponce, Miguel AngelFavor
149 Real Salinas, Dora ElenaFavor
150 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor
151 Rentería Medina, Flor EstelaFavor
152 Rivera Carbajal, SilviaFavor
153 Rivera Sosa, José LorenzoFavor
154 Rocha Aguilar, YulmaFavor
155 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor
156 Rojas Orozco, EnriqueFavor
157 Rojas San Román, Francisco LauroFavor
158 Romero Vega, EsdrasFavor
159 Romo García, EdgarFavor
160 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor
161 Rosas Cuautle, FabiolaFavor
162 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor
163 Sáenz Soto, José LuisAusente
164 Salazar Espinosa, HeidiFavor
165 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor
166 Salinas Lozano, CarmenFavor
167 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor
168 Sánchez Coronel, CristinaFavor
169 Sánchez Isidoro, DavidFavor
170 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor
171 Sandoval Martínez, María SoledadFavor
172 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor
173 Sarabia Camacho, CarlosFavor
174 Saracho Navarro, FranciscoFavor
175 Scherman Leaño, María Esther de JesúsAusente
176 Serrano Hernández, MaricelaFavor
177 Silva Ramos, AlbertoFavor
178 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor
179 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor
180 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor
181 Taja Ramírez, RicardoFavor
182 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor
183 Tannos Cruz, YarithFavor
184 Terrazas Porras, AdrianaFavor
185 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor
186 Toledo Medina, José LuisContra
187 Torres Cantú, DanielFavor
188 Torres Huitrón, José AlfredoFavor
189 Trujillo Zentella, GeorginaFavor
190 Uriarte Zazueta, FernandoFavor
191 Valencia García, ÓscarFavor
192 Vallejo Barragán, ManuelFavor
193 Vargas Rodríguez, Federico EugenioAusente
194 Vidal Aguilar, LiborioFavor
195 Viggiano Austria, Alma CarolinaFavor
196 Villa Ramírez, TimoteoFavor
197 Villa Trujillo, EdithFavor
198 Villagómez Guerrero, RamónFavor
199 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor
200 Vélez Núñez, BeatrizFavor
201 Yerena Zambrano, RafaelFavor
202 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor
203 Zepahua García, LillianFavor
204 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor
Favor: 186
Contra: 5
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 13
Total: 204
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Aguilar López, María MercedesContra
2 Agundis Estrada, María VerónicaContra
3 Alejo Domínguez, HugoContra
4 Alemán Olvera, Emma MargaritaContra
5 Alfaro García, Lorena del CarmenContra
6 Amparano Gámez, LeticiaContra
7 Antero Valle, Luis FernandoContra
8 Arámbula Meléndez, MarianaAusente
9 Barraza López, José TeodoroContra
10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor
11 Bello Otero, CarlosContra
12 Bermúdez Méndez, José ErandiContra
13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoContra
14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierContra
15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaContra
16 Cambranis Torres, EnriqueContra
17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarContra
18 Castañón Herrera, EukidAusente
19 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaAusente
20 Chavarrías Barajas, EloisaAusente
21 Cordero Lerma, Leonel GerardoContra
22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueContra
23 Corral Estrada, HerminioContra
24 Corral Mier, JuanContra
25 Cortés Berumen, José HernánContra
26 Cortés Lugo, Román FranciscoAusente
27 Cortés Mendoza, Marko AntonioContra
28 Cruz Blackledge, Gina AndreaAusente
29 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielContra
30 Culin Jaime, GretelContra
31 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoContra
32 Del Rivero Martínez, RicardoAusente
33 Díaz Mena, Joaquín JesúsContra
34 Döring Casar, FedericoContra
35 Elizarraraz Sandoval, AdrianaContra
36 Enríquez Vanderkam, Mayra AngélicaContra
37 Flores Sosa, CésarContra
38 Gama Basarte, Marco AntonioAusente
39 García Escobar, Lilia ArmindaContra
40 García García, PatriciaContra
41 García López, José MáximoContra
42 García Pérez, MaríaContra
43 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroContra
44 Garza Treviño, PedroContra
45 Gómez Olivier, Sergio EmilioContra
46 González Ceceña, ExaltaciónContra
47 González Navarro, José AdriánContra
48 González Suástegui, GuadalupeContra
49 Gutiérrez Campos, AlejandraContra
50 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséContra
51 Hernández Ramos, MinervaContra
52 Huepa Pérez, Miguel ÁngelContra
53 Huerta Villegas, GenovevaAusente
54 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoContra
55 Iñiguez Mejía, Elías OctavioContra
56 Jiménez Márquez, Martha CristinaAusente
57 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsContra
58 López Córdova, José EverardoContra
59 López Martín, JorgeContra
60 López Rodríguez, Jesús AntonioContra
61 Mandujano Tinajero, RenéContra
62 Márquez Zapata, Nelly del CarmenContra
63 Marrón Agustín, Luis GilbertoContra
64 Martínez Montemayor, BaltazarContra
65 Martínez Santos, WenceslaoContra
66 Martínez Sánchez, Luis de LeónAusente
67 Matesanz Santamaría, RocíoContra
68 Mesta Soule, Luis FernandoContra
69 Moya Marín, AngélicaContra
70 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteAusente
71 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeContra
72 Nava Mouett, JacquelineContra
73 Neblina Vega, Javier AntonioContra
74 Osuna Carranco, Karla KarinaContra
75 Ovando Reazola, JanetteContra
76 Padilla Avila, KarinaContra
77 Paes Martínez, JiselaContra
78 Palomeque Archila, Carlos AlbertoContra
79 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaAusente
80 Piña Kurczyn, Juan PabloContra
81 Ramírez Núñez, UlisesContra
82 Ramírez Ramos, GabrielaContra
83 Ramos Hernández, JorgeContra
84 Rendón García, César AugustoAusente
85 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíContra
86 Rivera Castillejos, Armando AlejandroAusente
87 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesContra
88 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierContra
89 Rodríguez Rubio, María del RosarioContra
90 Rodríguez Torres, Luis AgustínContra
91 Ruiz García, Juan CarlosFavor
92 Salas Díaz, Gerardo FedericoContra
93 Salas Valencia, José AntonioContra
94 Salim Alle, Miguel ÁngelContra
95 Sánchez Carrillo, PatriciaContra
96 Sánchez Juárez, ClaudiaContra
97 Sánchez Meza, María LuisaContra
98 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniContra
99 Sheffield Padilla, Francisco RicardoContra
100 Taboada Cortina, SantiagoAusente
101 Talavera Hernández, María EloísaContra
102 Tamariz García, XimenaContra
103 Torreblanca Engell, SantiagoFavor
104 Triana Tena, JorgeContra
105 Valenzuela Armas, RafaelAusente
106 Valles Olvera, Elva LidiaContra
107 Vargas Bárcena, MarisolAusente
108 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeContra
109 Velázquez Valdez, BrendaContra
Favor: 3
Contra: 88
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 18
Total: 109
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Acosta Naranjo, GuadalupeAusente
2 Alanis Pedraza, Angel IIContra
3 Aragón Castillo, HortensiaContra
4 Arguijo Herrera, Tania VictoriaContra
5 Barón Ortiz, Natalia KarinaContra
6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelContra
7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísAusente
8 Beltrán Reyes, María LuisaContra
9 Bocanegra Ruiz, ElioAusente
10 Briones Pérez, Erika IrazemaContra
11 Calderón Torreblanca, FidelContra
12 Carrera Hernández, Ana LeticiaContra
13 Castelán Mondragón, María ElidaContra
14 Catalán Padilla, OlgaAusente
15 Contreras Julián, MaricelaContra
16 Cruz Molina, Eva FlorindaContra
17 Estefan Garfias, José AntonioContra
18 Fernández González, WaldoContra
19 Ferrer Abalos, ÓscarContra
20 Flores Sonduk, LluviaContra
21 García Bravo, María Cristina TeresaContra
22 García Calderón, David GersonContra
23 García Chávez, Héctor JavierAusente
24 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneContra
25 Hernández Alcalá, José GuadalupeContra
26 Hernández Mirón, CarlosContra
27 Hernández Soriano, RafaelContra
28 Hurtado Arana, KarenContra
29 Jiménez Rumbo, DavidAusente
30 Juárez Blanquet, ErikContra
31 López Sánchez, SergioContra
32 Madrigal Sánchez, AraceliContra
33 Maldonado Venegas, LuisContra
34 Martínez Neri, FranciscoContra
35 Martínez Olguin, NicanorContra
36 Martínez Soto, Norberto AntonioContra
37 Martínez Urincho, AlbertoContra
38 Meza Guzmán, Lucia VirginiaAusente
39 Nava Palacios, Francisco XavierContra
40 Octaviano Félix, TomásContra
41 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroContra
42 Ordoñez Hernández, DanielAusente
43 Ortega Álvarez, OmarContra
44 Parra Álvarez, EvelynAusente
45 Peralta Grappin, HéctorAusente
46 Pool Pech, Isaura IvanovaContra
47 Pérez Alvarado, CandelarioAusente
48 Ramírez Peralta, Karen OrneyContra
49 Reyes Álvarez, FelipeAusente
50 Rubio Quiroz, Juan FernandoAusente
51 Saldaña Morán, JulioAusente
52 Santana Alfaro, ArturoContra
53 Santiago López, JoséContra
54 Saucedo Reyes, AraceliContra
55 Soto Espino, ArmandoContra
56 Soto González, Cecilia GuadalupeAusente
57 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorAusente
58 Valera Fuentes, Diego ValenteAusente
59 Valdes Ramírez, María ConcepciónContra
60 Wences Real, VictorianoContra
61 Zambrano Grijalva, José de JesúsContra
Favor: 0
Contra: 44
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 17
Total: 61
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Álvarez Angli, ArturoFavor
2 Álvarez López, JorgeFavor
3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor
4 Arévalo González, José AntonioFavor
5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaFavor
6 Avendaño Bermúdez, Luis IgnacioFavor
7 Ávila Serna, MaríaFavor
8 Bernardino Vargas, Omar NoéFavor
9 Canales Suárez, PalomaFavor
10 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor
11 Celis Aguirre, Juan ManuelFavor
12 Corona Valdés, LorenaFavor
13 Couttolenc Buentello, José AlbertoFavor
14 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaFavor
15 De León Villard, Sasil Dora LuzAusente
16 De los Santos Torres, DanielaFavor
17 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésFavor
18 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor
19 Galindo Rosas, José de JesúsFavor
20 Gaxiola Lezama, JorginaAusente
21 González Torres, SofíaFavor
22 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor
23 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor
24 Herrera Borunda, Javier OctavioFavor
25 Izquierdo Rojas, Jesús GerardoFavor
26 Limón García, LiaFavor
27 Machuca Sánchez, MarioContra
28 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor
29 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor
30 Ochoa Rojas, CándidoFavor
31 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor
32 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor
33 Sarur Torre, AdrianaFavor
34 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor
35 Sesma Suárez, JesúsFavor
36 Spinoso Carrera, EdgarFavor
37 Toledo Aceves, WendolinFavor
38 Torres Rivas, Francisco AlbertoFavor
39 Villanueva Huerta, ClaudiaFavor
40 Zamora Morlet, EnriqueAusente
Favor: 36
Contra: 1
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 40
MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL
1 Abdala Dartigues, RodrigoAusente
2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaContra
3 Alva y Alva, MiguelContra
4 Álvarez López, Jesús EmilianoContra
5 Barrientos Pantoja, AliciaContra
6 Basurto Román, AlfredoContra
7 Caballero Pedraza, Virgilio DanteContra
8 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroContra
9 Cárdenas Mariscal, María AntoniaContra
10 Castro Vázquez, RogerioContra
11 Chávez García, MaríaContra
12 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaContra
13 Damián González, AraceliAusente
14 Esquivel Valdés, Laura BeatrizContra
15 Falcón Venegas, Sandra LuzContra
16 Fuentes Alonso, ModestaContra
17 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaContra
18 García Jiménez, CuitláhuacContra
19 Godoy Ramos, ErnestinaContra
20 Guzmán Jacobo, RobertoContra
21 Hernández Colín, Norma XochitlContra
22 Hernández Correa, GuadalupeContra
23 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioContra
24 Juárez Rodríguez, Mario ArielAusente
25 Llerenas Morales, VidalAusente
26 Lomelí Bolaños, CarlosAusente
27 López López, Irma RebecaContra
28 Molina Arias, Renato JosafatContra
29 Montiel Reyes, AriadnaAusente
30 Moreno Vega, MagdalenaContra
31 Nahle García, Norma RocíoContra
32 Ojeda Aquino, ElíasContra
33 Ramos Ramírez, BlandinaContra
34 Romero Tenorio, JuanContra
35 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelContra
36 Serrano Lora, JesúsContra
37 Trejo Flores, MarianaContra
38 Villa González, ConcepciónContra
Favor: 0
Contra: 32
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 38
MOVIMIENTO CIUDADANO
1 Álvarez Maynez, JorgeContra
2 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoContra
3 Castañeda Hoeflich, José ClementeContra
4 Cervera García, RenéContra
5 Corichi García, Claudia SofíaContra
6 Delgadillo García, VerónicaContra
7 Flores Gómez, MirzaContra
8 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor
9 Hauffen Torres, Angie DennisseAusente
10 Martínez García, JonadabContra
11 Mercado Sánchez, María VictoriaContra
12 Munguía González, Luis ErnestoContra
13 Ochoa Avalos, María CandelariaAusente
14 Orantes López, María ElenaAusente
15 Pérez Utrera, AdánContra
16 Ralis Cumplido, Germán ErnestoContra
17 Ramírez Nachis, Rosa AlbaContra
18 Sánchez Orozco, Víctor ManuelContra
19 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónContra
20 Toledo Ibarra, MarbellaContra
21 Zamora Zamora, SalvadorContra
Favor: 1
Contra: 17
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 21
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Campa Amaral, Carmen VictoriaFavor
2 García Yáñez, ÁngelAusente
3 Gutiérrez García, CarlosContra
4 Hernández León, Luis ManuelAusente
5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor
6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor
7 Pinto Torres, Francisco JavierFavor
8 Reyes Ávila, AngélicaFavor
9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor
10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor
11 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor
Favor: 8
Contra: 1
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 11
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
1 Escobedo Miramontes, Justo FedericoFavor
2 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor
3 García Soberanes, Cynthia GisselFavor
4 González Murillo, AlejandroFavor
5 Guízar Valladares, GonzaloAusente
6 Martínez Guzmán, Norma EdithFavor
7 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor
8 Pineda Morín, AbdiesFavor
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 8
DIPUTADOS INDEPENDIENTES
1 Clouthier Carrillo, Manuel JesúsContra
Favor: 0
Contra: 1
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Espino Barrientos, Manuel de JesúsContra
2 Torres Sandoval, MelissaFavor
Favor: 1
Contra: 1
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 2
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017 (en lo general y en lo particular)
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abdala Carmona, YahleelFavor
2 Abdala Saad, Antonio TarekFavor
3 Abramo Masso, YericoFavor
4 Aguilar Robles, DavidFavor
5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor
6 Aguirre Chávez, Marco PoloFavor
7 Aguirre Romero, AndrésFavor
8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor
9 Almanza Monroy, FidelFavor
10 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor
11 Álvarez Ortiz, Héctor JavierFavor
12 Amaro Cancino, AntonioFavor
13 Anaya Mota, Claudia EdithFavor
14 Anaya Orozco, AlfredoFavor
15 Antelo Esper, BernardinoFavor
16 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor
17 Arellano Núñez, EfraínFavor
18 Armenta Mier, AlejandroFavor
19 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor
20 Barragán Amador, CarlosFavor
21 Barrientos Cano, Laura MitziFavor
22 Basáñez García, PabloFavor
23 Bañales Arámbula, RamónFavor
24 Bedolla López, PabloFavor
25 Bejos Nicolás, AlfredoFavor
26 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor
27 Benítez Tiburcio, MarianaAusente
28 Bernal Casique, IvethFavor
29 Borunda Espinoza, BrendaFavor
30 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor
31 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor
32 Cabrera Ruiz, José HugoFavor
33 Camacho Quiroz, César OctavioFavor
34 Camargo Félix, María Esther GuadalupeAusente
35 Canales Najjar, Tristán ManuelFavor
36 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroFavor
37 Casillas Zanatta, GabrielFavor
38 Castillo Martínez, EdgarFavor
39 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor
40 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor
41 Ceja García, XitlalicFavor
42 Cervera Hernández, FelipeFavor
43 Chacón Morales, Samuel AlexisFavor
44 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor
45 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoFavor
46 Coheto Martínez, Vitalico CándidoAusente
47 Córdova Hernández, José del PilarFavor
48 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaFavor
49 Corella Platt, SusanaFavor
50 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor
51 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor
52 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor
53 Cruz Campos, VictorinoFavor
54 Dávalos Elizondo, Edna IleanaFavor
55 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor
56 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor
57 Díaz Montoya, RocíoFavor
58 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor
59 Domínguez Rex, RaúlFavor
60 Elizondo García, PabloFavor
61 Escobar Manjarrez, GermánFavor
62 Escobedo Villegas, FranciscoFavor
63 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor
64 Estefan Chidiac, Charbel JorgeFavor
65 Etcheverry Aranda, AzulFavor
66 Fernández Márquez, JulietaFavor
67 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor
68 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor
69 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor
70 Gamboa Miner, PabloFavor
71 Gárate Valenzuela, Paola IvethFavor
72 García Ayala, Marco AntonioFavor
73 García Barrón, ÓscarFavor
74 García Carreón, TelésforoFavor
75 García Navarro, OtnielFavor
76 García Portilla, Ricardo DavidFavor
77 Garza Herrera, SantosAusente
78 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelFavor
79 González Calderón, Martha HildaFavor
80 González Salas y Petricioli, María MarcelaFavor
81 González Salum, Miguel ÁngelFavor
82 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor
83 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor
84 Guerrero Coronado, DeliaFavor
85 Guerrero Esquivel, AraceliFavor
86 Guevara Cobos, Luis AlejandroAusente
87 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor
88 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor
89 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor
90 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor
91 Hernández Madrid, María GloriaFavor
92 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelFavor
93 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroFavor
94 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor
95 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor
96 Iriarte Mercado, CarlosFavor
97 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor
98 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueFavor
99 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelFavor
100 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor
101 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor
102 Le Baron González, AlexFavor
103 Leyva García, Leydi FabiolaFavor
104 López Gutiérrez, David EpifanioFavor
105 López Velasco, Edith YolandaFavor
106 Luna Canales, ArmandoFavor
107 Luna Munguía, Alma LiliaFavor
108 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor
109 Majul González, SalomónFavor
110 Maya Pineda, María IsabelFavor
111 Mazari Espín, RosalinaFavor
112 Medrano Quezada, BenjamínFavor
113 Meléndez Ortega, Juan AntonioFavor
114 Melhem Salinas, EdgardoFavor
115 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor
116 Méndez Hernández, SandraFavor
117 Mercado Ruiz, DavidFavor
118 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor
119 Moguel Manzur, Zacil LeonorAusente
120 Mólgora Glover, ArletFavor
121 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor
122 Monroy del Mazo, CarolinaFavor
123 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor
124 Mota Hernández, AdolfoFavor
125 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor
126 Muñoz Parra, María VerónicaFavor
127 Muñoz Sánchez, RosalindaAusente
128 Navarrete Pérez, FernandoFavor
129 Nazar Morales, JuliánFavor
130 Nazario Morales, MatíasFavor
131 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor
132 Orantes López, Hernán de JesúsFavor
133 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor
134 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor
135 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor
136 Osorno Belmont, SusanaFavor
137 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor
138 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor
139 Pinete Vargas, María del CarmenFavor
140 Plascencia Pacheco, Laura NereidaFavor
141 Plata Inzunza, EvelioFavor
142 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsFavor
143 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor
144 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor
145 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor
146 Ramírez Marín, Jorge CarlosAusente
147 Ramírez Nieto, RicardoFavor
148 Ramírez Ponce, Miguel AngelFavor
149 Real Salinas, Dora ElenaFavor
150 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor
151 Rentería Medina, Flor EstelaFavor
152 Rivera Carbajal, SilviaFavor
153 Rivera Sosa, José LorenzoFavor
154 Rocha Aguilar, YulmaFavor
155 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor
156 Rojas Orozco, EnriqueFavor
157 Rojas San Román, Francisco LauroAusente
158 Romero Vega, EsdrasFavor
159 Romo García, EdgarFavor
160 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor
161 Rosas Cuautle, FabiolaFavor
162 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor
163 Sáenz Soto, José LuisFavor
164 Salazar Espinosa, HeidiFavor
165 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor
166 Salinas Lozano, CarmenFavor
167 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor
168 Sánchez Coronel, CristinaFavor
169 Sánchez Isidoro, DavidFavor
170 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor
171 Sandoval Martínez, María SoledadFavor
172 Santillán Oceguera, Francisco JavierAusente
173 Sarabia Camacho, CarlosFavor
174 Saracho Navarro, FranciscoFavor
175 Scherman Leaño, María Esther de JesúsAusente
176 Serrano Hernández, MaricelaFavor
177 Silva Ramos, AlbertoFavor
178 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor
179 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor
180 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor
181 Taja Ramírez, RicardoFavor
182 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor
183 Tannos Cruz, YarithFavor
184 Terrazas Porras, AdrianaAusente
185 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor
186 Toledo Medina, José LuisFavor
187 Torres Cantú, DanielFavor
188 Torres Huitrón, José AlfredoFavor
189 Trujillo Zentella, GeorginaFavor
190 Uriarte Zazueta, FernandoFavor
191 Valencia García, ÓscarFavor
192 Vallejo Barragán, ManuelFavor
193 Vargas Rodríguez, Federico EugenioAusente
194 Vidal Aguilar, LiborioFavor
195 Viggiano Austria, Alma CarolinaFavor
196 Villa Ramírez, TimoteoFavor
197 Villa Trujillo, EdithFavor
198 Villagómez Guerrero, RamónFavor
199 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor
200 Vélez Núñez, BeatrizFavor
201 Yerena Zambrano, RafaelFavor
202 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor
203 Zepahua García, LillianFavor
204 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor
Favor: 191
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 13
Total: 204
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Aguilar López, María MercedesFavor
2 Agundis Estrada, María VerónicaFavor
3 Alejo Domínguez, HugoFavor
4 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor
5 Alfaro García, Lorena del CarmenFavor
6 Amparano Gámez, LeticiaFavor
7 Antero Valle, Luis FernandoFavor
8 Arámbula Meléndez, MarianaFavor
9 Barraza López, José TeodoroFavor
10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor
11 Bello Otero, CarlosFavor
12 Bermúdez Méndez, José ErandiFavor
13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor
14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierFavor
15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaFavor
16 Cambranis Torres, EnriqueFavor
17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor
18 Castañón Herrera, EukidFavor
19 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor
20 Chavarrías Barajas, EloisaAusente
21 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor
22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor
23 Corral Estrada, HerminioFavor
24 Corral Mier, JuanAusente
25 Cortés Berumen, José HernánFavor
26 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor
27 Cortés Mendoza, Marko AntonioFavor
28 Cruz Blackledge, Gina AndreaFavor
29 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor
30 Culin Jaime, GretelFavor
31 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoFavor
32 Del Rivero Martínez, RicardoAusente
33 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor
34 Döring Casar, FedericoFavor
35 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor
36 Enríquez Vanderkam, Mayra AngélicaFavor
37 Flores Sosa, CésarFavor
38 Gama Basarte, Marco AntonioAusente
39 García Escobar, Lilia ArmindaFavor
40 García García, PatriciaFavor
41 García López, José MáximoFavor
42 García Pérez, MaríaFavor
43 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroFavor
44 Garza Treviño, PedroFavor
45 Gómez Olivier, Sergio EmilioFavor
46 González Ceceña, ExaltaciónFavor
47 González Navarro, José AdriánAbstención
48 González Suástegui, GuadalupeFavor
49 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor
50 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséFavor
51 Hernández Ramos, MinervaFavor
52 Huepa Pérez, Miguel ÁngelFavor
53 Huerta Villegas, GenovevaAusente
54 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoFavor
55 Iñiguez Mejía, Elías OctavioFavor
56 Jiménez Márquez, Martha CristinaAusente
57 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor
58 López Córdova, José EverardoFavor
59 López Martín, JorgeFavor
60 López Rodríguez, Jesús AntonioFavor
61 Mandujano Tinajero, RenéFavor
62 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor
63 Marrón Agustín, Luis GilbertoFavor
64 Martínez Montemayor, BaltazarFavor
65 Martínez Santos, WenceslaoFavor
66 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor
67 Matesanz Santamaría, RocíoFavor
68 Mesta Soule, Luis FernandoFavor
69 Moya Marín, AngélicaFavor
70 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor
71 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeAusente
72 Nava Mouett, JacquelineFavor
73 Neblina Vega, Javier AntonioFavor
74 Osuna Carranco, Karla KarinaFavor
75 Ovando Reazola, JanetteFavor
76 Padilla Avila, KarinaFavor
77 Paes Martínez, JiselaFavor
78 Palomeque Archila, Carlos AlbertoFavor
79 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaAusente
80 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor
81 Ramírez Núñez, UlisesFavor
82 Ramírez Ramos, GabrielaFavor
83 Ramos Hernández, JorgeFavor
84 Rendón García, César AugustoFavor
85 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíFavor
86 Rivera Castillejos, Armando AlejandroAusente
87 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesFavor
88 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierFavor
89 Rodríguez Rubio, María del RosarioFavor
90 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor
91 Ruiz García, Juan CarlosFavor
92 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor
93 Salas Valencia, José AntonioFavor
94 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor
95 Sánchez Carrillo, PatriciaFavor
96 Sánchez Juárez, ClaudiaFavor
97 Sánchez Meza, María LuisaFavor
98 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor
99 Sheffield Padilla, Francisco RicardoFavor
100 Taboada Cortina, SantiagoAusente
101 Talavera Hernández, María EloísaFavor
102 Tamariz García, XimenaFavor
103 Torreblanca Engell, SantiagoFavor
104 Triana Tena, JorgeFavor
105 Valenzuela Armas, RafaelAusente
106 Valles Olvera, Elva LidiaFavor
107 Vargas Bárcena, MarisolFavor
108 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor
109 Velázquez Valdez, BrendaFavor
Favor: 97
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 11
Total: 109
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Acosta Naranjo, GuadalupeFavor
2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor
3 Aragón Castillo, HortensiaFavor
4 Arguijo Herrera, Tania VictoriaFavor
5 Barón Ortiz, Natalia KarinaAusente
6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelFavor
7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor
8 Beltrán Reyes, María LuisaFavor
9 Bocanegra Ruiz, ElioAusente
10 Briones Pérez, Erika IrazemaFavor
11 Calderón Torreblanca, FidelFavor
12 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor
13 Castelán Mondragón, María ElidaFavor
14 Catalán Padilla, OlgaFavor
15 Contreras Julián, MaricelaFavor
16 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor
17 Estefan Garfias, José AntonioFavor
18 Fernández González, WaldoFavor
19 Ferrer Abalos, ÓscarFavor
20 Flores Sonduk, LluviaFavor
21 García Bravo, María Cristina TeresaFavor
22 García Calderón, David GersonFavor
23 García Chávez, Héctor JavierAusente
24 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor
25 Hernández Alcalá, José GuadalupeFavor
26 Hernández Mirón, CarlosFavor
27 Hernández Soriano, RafaelFavor
28 Hurtado Arana, KarenFavor
29 Jiménez Rumbo, DavidAusente
30 Juárez Blanquet, ErikFavor
31 López Sánchez, SergioFavor
32 Madrigal Sánchez, AraceliFavor
33 Maldonado Venegas, LuisAusente
34 Martínez Neri, FranciscoFavor
35 Martínez Olguin, NicanorFavor
36 Martínez Soto, Norberto AntonioFavor
37 Martínez Urincho, AlbertoFavor
38 Meza Guzmán, Lucia VirginiaAusente
39 Nava Palacios, Francisco XavierFavor
40 Octaviano Félix, TomásFavor
41 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroFavor
42 Ordoñez Hernández, DanielAusente
43 Ortega Álvarez, OmarFavor
44 Parra Álvarez, EvelynFavor
45 Peralta Grappin, HéctorAusente
46 Pool Pech, Isaura IvanovaFavor
47 Pérez Alvarado, CandelarioAusente
48 Ramírez Peralta, Karen OrneyFavor
49 Reyes Álvarez, FelipeAusente
50 Rubio Quiroz, Juan FernandoFavor
51 Saldaña Morán, JulioAusente
52 Santana Alfaro, ArturoFavor
53 Santiago López, JoséFavor
54 Saucedo Reyes, AraceliFavor
55 Soto Espino, ArmandoFavor
56 Soto González, Cecilia GuadalupeFavor
57 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorAusente
58 Valera Fuentes, Diego ValenteFavor
59 Valdes Ramírez, María ConcepciónFavor
60 Wences Real, VictorianoFavor
61 Zambrano Grijalva, José de JesúsFavor
Favor: 49
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 12
Total: 61
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Álvarez Angli, ArturoAusente
2 Álvarez López, JorgeFavor
3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor
4 Arévalo González, José AntonioFavor
5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaFavor
6 Avendaño Bermúdez, Luis IgnacioFavor
7 Ávila Serna, MaríaFavor
8 Bernardino Vargas, Omar NoéFavor
9 Canales Suárez, PalomaFavor
10 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor
11 Celis Aguirre, Juan ManuelFavor
12 Corona Valdés, LorenaFavor
13 Couttolenc Buentello, José AlbertoFavor
14 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaAusente
15 De León Villard, Sasil Dora LuzFavor
16 De los Santos Torres, DanielaAusente
17 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésFavor
18 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor
19 Galindo Rosas, José de JesúsFavor
20 Gaxiola Lezama, JorginaFavor
21 González Torres, SofíaFavor
22 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor
23 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor
24 Herrera Borunda, Javier OctavioFavor
25 Izquierdo Rojas, Jesús GerardoFavor
26 Limón García, LiaFavor
27 Machuca Sánchez, MarioFavor
28 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor
29 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor
30 Ochoa Rojas, CándidoFavor
31 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor
32 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor
33 Sarur Torre, AdrianaFavor
34 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor
35 Sesma Suárez, JesúsFavor
36 Spinoso Carrera, EdgarFavor
37 Toledo Aceves, WendolinFavor
38 Torres Rivas, Francisco AlbertoFavor
39 Villanueva Huerta, ClaudiaFavor
40 Zamora Morlet, EnriqueAusente
Favor: 36
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 40
MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL
1 Abdala Dartigues, RodrigoAusente
2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor
3 Alva y Alva, MiguelFavor
4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor
5 Barrientos Pantoja, AliciaFavor
6 Basurto Román, AlfredoFavor
7 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor
8 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroFavor
9 Cárdenas Mariscal, María AntoniaFavor
10 Castro Vázquez, RogerioFavor
11 Chávez García, MaríaFavor
12 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaFavor
13 Damián González, AraceliFavor
14 Esquivel Valdés, Laura BeatrizFavor
15 Falcón Venegas, Sandra LuzFavor
16 Fuentes Alonso, ModestaFavor
17 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaFavor
18 García Jiménez, CuitláhuacFavor
19 Godoy Ramos, ErnestinaFavor
20 Guzmán Jacobo, RobertoFavor
21 Hernández Colín, Norma XochitlFavor
22 Hernández Correa, GuadalupeFavor
23 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioFavor
24 Juárez Rodríguez, Mario ArielAusente
25 Llerenas Morales, VidalAusente
26 Lomelí Bolaños, CarlosAusente
27 López López, Irma RebecaFavor
28 Molina Arias, Renato JosafatFavor
29 Montiel Reyes, AriadnaAusente
30 Moreno Vega, MagdalenaFavor
31 Nahle García, Norma RocíoFavor
32 Ojeda Aquino, ElíasFavor
33 Ramos Ramírez, BlandinaFavor
34 Romero Tenorio, JuanFavor
35 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelFavor
36 Serrano Lora, JesúsAusente
37 Trejo Flores, MarianaFavor
38 Villa González, ConcepciónFavor
Favor: 32
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 38
MOVIMIENTO CIUDADANO
1 Álvarez Maynez, JorgeFavor
2 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor
3 Castañeda Hoeflich, José ClementeFavor
4 Cervera García, RenéFavor
5 Corichi García, Claudia SofíaFavor
6 Delgadillo García, VerónicaFavor
7 Flores Gómez, MirzaFavor
8 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor
9 Hauffen Torres, Angie DennisseAusente
10 Martínez García, JonadabFavor
11 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor
12 Munguía González, Luis ErnestoFavor
13 Ochoa Avalos, María CandelariaAusente
14 Orantes López, María ElenaFavor
15 Pérez Utrera, AdánFavor
16 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor
17 Ramírez Nachis, Rosa AlbaAusente
18 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor
19 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor
20 Toledo Ibarra, MarbellaFavor
21 Zamora Zamora, SalvadorFavor
Favor: 18
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 21
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Campa Amaral, Carmen VictoriaFavor
2 García Yáñez, ÁngelAusente
3 Gutiérrez García, CarlosFavor
4 Hernández León, Luis ManuelAusente
5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor
6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor
7 Pinto Torres, Francisco JavierFavor
8 Reyes Ávila, AngélicaFavor
9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor
10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor
11 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 11
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
1 Escobedo Miramontes, Justo FedericoFavor
2 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor
3 García Soberanes, Cynthia GisselFavor
4 González Murillo, AlejandroFavor
5 Guízar Valladares, GonzaloAusente
6 Martínez Guzmán, Norma EdithFavor
7 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor
8 Pineda Morín, AbdiesFavor
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 8
DIPUTADOS INDEPENDIENTES
1 Clouthier Carrillo, Manuel JesúsFavor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Espino Barrientos, Manuel de JesúsFavor
2 Torres Sandoval, MelissaFavor
Favor: 2
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 2
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de México (en lo general y en lo particular los artículos no reservados)
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abdala Carmona, YahleelFavor
2 Abdala Saad, Antonio TarekFavor
3 Abramo Masso, YericoFavor
4 Aguilar Robles, DavidFavor
5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor
6 Aguirre Chávez, Marco PoloFavor
7 Aguirre Romero, AndrésFavor
8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor
9 Almanza Monroy, FidelFavor
10 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor
11 Álvarez Ortiz, Héctor JavierFavor
12 Amaro Cancino, AntonioFavor
13 Anaya Mota, Claudia EdithFavor
14 Anaya Orozco, AlfredoFavor
15 Antelo Esper, BernardinoFavor
16 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor
17 Arellano Núñez, EfraínFavor
18 Armenta Mier, AlejandroAusente
19 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor
20 Barragán Amador, CarlosFavor
21 Barrientos Cano, Laura MitziFavor
22 Basáñez García, PabloFavor
23 Bañales Arámbula, RamónFavor
24 Bedolla López, PabloFavor
25 Bejos Nicolás, AlfredoFavor
26 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor
27 Benítez Tiburcio, MarianaAusente
28 Bernal Casique, IvethFavor
29 Borunda Espinoza, BrendaFavor
30 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor
31 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor
32 Cabrera Ruiz, José HugoFavor
33 Camacho Quiroz, César OctavioFavor
34 Camargo Félix, María Esther GuadalupeAusente
35 Canales Najjar, Tristán ManuelFavor
36 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroFavor
37 Casillas Zanatta, GabrielFavor
38 Castillo Martínez, EdgarAusente
39 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor
40 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor
41 Ceja García, XitlalicFavor
42 Cervera Hernández, FelipeFavor
43 Chacón Morales, Samuel AlexisFavor
44 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor
45 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoFavor
46 Coheto Martínez, Vitalico CándidoAusente
47 Córdova Hernández, José del PilarFavor
48 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaFavor
49 Corella Platt, SusanaFavor
50 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor
51 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor
52 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor
53 Cruz Campos, VictorinoFavor
54 Dávalos Elizondo, Edna IleanaFavor
55 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor
56 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor
57 Díaz Montoya, RocíoFavor
58 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor
59 Domínguez Rex, RaúlFavor
60 Elizondo García, PabloFavor
61 Escobar Manjarrez, GermánFavor
62 Escobedo Villegas, FranciscoFavor
63 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor
64 Estefan Chidiac, Charbel JorgeFavor
65 Etcheverry Aranda, AzulFavor
66 Fernández Márquez, JulietaFavor
67 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor
68 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor
69 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor
70 Gamboa Miner, PabloAusente
71 Gárate Valenzuela, Paola IvethFavor
72 García Ayala, Marco AntonioFavor
73 García Barrón, ÓscarFavor
74 García Carreón, TelésforoFavor
75 García Navarro, OtnielFavor
76 García Portilla, Ricardo DavidFavor
77 Garza Herrera, SantosFavor
78 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelAusente
79 González Calderón, Martha HildaAusente
80 González Salas y Petricioli, María MarcelaFavor
81 González Salum, Miguel ÁngelFavor
82 Guerra Urbiola, Braulio MarioAusente
83 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor
84 Guerrero Coronado, DeliaFavor
85 Guerrero Esquivel, AraceliFavor
86 Guevara Cobos, Luis AlejandroAusente
87 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor
88 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor
89 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor
90 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor
91 Hernández Madrid, María GloriaFavor
92 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelFavor
93 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroFavor
94 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor
95 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor
96 Iriarte Mercado, CarlosFavor
97 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor
98 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueFavor
99 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelFavor
100 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor
101 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor
102 Le Baron González, AlexFavor
103 Leyva García, Leydi FabiolaFavor
104 López Gutiérrez, David EpifanioFavor
105 López Velasco, Edith YolandaFavor
106 Luna Canales, ArmandoAusente
107 Luna Munguía, Alma LiliaFavor
108 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor
109 Majul González, SalomónFavor
110 Maya Pineda, María IsabelFavor
111 Mazari Espín, RosalinaFavor
112 Medrano Quezada, BenjamínFavor
113 Meléndez Ortega, Juan AntonioFavor
114 Melhem Salinas, EdgardoFavor
115 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor
116 Méndez Hernández, SandraAusente
117 Mercado Ruiz, DavidFavor
118 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor
119 Moguel Manzur, Zacil LeonorAusente
120 Mólgora Glover, ArletFavor
121 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor
122 Monroy del Mazo, CarolinaFavor
123 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor
124 Mota Hernández, AdolfoAusente
125 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor
126 Muñoz Parra, María VerónicaFavor
127 Muñoz Sánchez, RosalindaAusente
128 Navarrete Pérez, FernandoAusente
129 Nazar Morales, JuliánFavor
130 Nazario Morales, MatíasFavor
131 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor
132 Orantes López, Hernán de JesúsFavor
133 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor
134 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor
135 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor
136 Osorno Belmont, SusanaFavor
137 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor
138 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor
139 Pinete Vargas, María del CarmenFavor
140 Plascencia Pacheco, Laura NereidaFavor
141 Plata Inzunza, EvelioFavor
142 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsFavor
143 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor
144 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor
145 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor
146 Ramírez Marín, Jorge CarlosAusente
147 Ramírez Nieto, RicardoFavor
148 Ramírez Ponce, Miguel AngelFavor
149 Real Salinas, Dora ElenaFavor
150 Rebollo Mendoza, María del RocíoAusente
151 Rentería Medina, Flor EstelaFavor
152 Rivera Carbajal, SilviaFavor
153 Rivera Sosa, José LorenzoFavor
154 Rocha Aguilar, YulmaFavor
155 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor
156 Rojas Orozco, EnriqueFavor
157 Rojas San Román, Francisco LauroFavor
158 Romero Vega, EsdrasFavor
159 Romo García, EdgarFavor
160 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor
161 Rosas Cuautle, FabiolaFavor
162 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor
163 Sáenz Soto, José LuisFavor
164 Salazar Espinosa, HeidiFavor
165 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor
166 Salinas Lozano, CarmenFavor
167 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor
168 Sánchez Coronel, CristinaFavor
169 Sánchez Isidoro, DavidFavor
170 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínAusente
171 Sandoval Martínez, María SoledadAusente
172 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor
173 Sarabia Camacho, CarlosFavor
174 Saracho Navarro, FranciscoFavor
175 Scherman Leaño, María Esther de JesúsFavor
176 Serrano Hernández, MaricelaFavor
177 Silva Ramos, AlbertoFavor
178 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor
179 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor
180 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor
181 Taja Ramírez, RicardoFavor
182 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor
183 Tannos Cruz, YarithFavor
184 Terrazas Porras, AdrianaAusente
185 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor
186 Toledo Medina, José LuisFavor
187 Torres Cantú, DanielFavor
188 Torres Huitrón, José AlfredoFavor
189 Trujillo Zentella, GeorginaFavor
190 Uriarte Zazueta, FernandoFavor
191 Valencia García, ÓscarFavor
192 Vallejo Barragán, ManuelFavor
193 Vargas Rodríguez, Federico EugenioAusente
194 Vidal Aguilar, LiborioAusente
195 Viggiano Austria, Alma CarolinaFavor
196 Villa Ramírez, TimoteoFavor
197 Villa Trujillo, EdithAusente
198 Villagómez Guerrero, RamónFavor
199 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor
200 Vélez Núñez, BeatrizFavor
201 Yerena Zambrano, RafaelFavor
202 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor
203 Zepahua García, LillianFavor
204 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor
Favor: 180
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 24
Total: 204
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Aguilar López, María MercedesFavor
2 Agundis Estrada, María VerónicaFavor
3 Alejo Domínguez, HugoFavor
4 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor
5 Alfaro García, Lorena del CarmenFavor
6 Amparano Gámez, LeticiaFavor
7 Antero Valle, Luis FernandoFavor
8 Arámbula Meléndez, MarianaFavor
9 Barraza López, José TeodoroFavor
10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor
11 Bello Otero, CarlosFavor
12 Bermúdez Méndez, José ErandiFavor
13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor
14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierFavor
15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaAusente
16 Cambranis Torres, EnriqueFavor
17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor
18 Castañón Herrera, EukidAusente
19 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor
20 Chavarrías Barajas, EloisaAusente
21 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor
22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor
23 Corral Estrada, HerminioFavor
24 Corral Mier, JuanAusente
25 Cortés Berumen, José HernánFavor
26 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor
27 Cortés Mendoza, Marko AntonioFavor
28 Cruz Blackledge, Gina AndreaFavor
29 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor
30 Culin Jaime, GretelFavor
31 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoFavor
32 Del Rivero Martínez, RicardoAusente
33 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor
34 Döring Casar, FedericoFavor
35 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor
36 Enríquez Vanderkam, Mayra AngélicaFavor
37 Flores Sosa, CésarFavor
38 Gama Basarte, Marco AntonioAusente
39 García Escobar, Lilia ArmindaFavor
40 García García, PatriciaFavor
41 García López, José MáximoFavor
42 García Pérez, MaríaFavor
43 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroFavor
44 Garza Treviño, PedroFavor
45 Gómez Olivier, Sergio EmilioFavor
46 González Ceceña, ExaltaciónAusente
47 González Navarro, José AdriánFavor
48 González Suástegui, GuadalupeFavor
49 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor
50 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséFavor
51 Hernández Ramos, MinervaFavor
52 Huepa Pérez, Miguel ÁngelFavor
53 Huerta Villegas, GenovevaAusente
54 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoFavor
55 Iñiguez Mejía, Elías OctavioFavor
56 Jiménez Márquez, Martha CristinaFavor
57 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor
58 López Córdova, José EverardoFavor
59 López Martín, JorgeFavor
60 López Rodríguez, Jesús AntonioFavor
61 Mandujano Tinajero, RenéFavor
62 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor
63 Marrón Agustín, Luis GilbertoFavor
64 Martínez Montemayor, BaltazarFavor
65 Martínez Santos, WenceslaoFavor
66 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor
67 Matesanz Santamaría, RocíoFavor
68 Mesta Soule, Luis FernandoFavor
69 Moya Marín, AngélicaFavor
70 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor
71 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeAusente
72 Nava Mouett, JacquelineFavor
73 Neblina Vega, Javier AntonioFavor
74 Osuna Carranco, Karla KarinaFavor
75 Ovando Reazola, JanetteFavor
76 Padilla Avila, KarinaFavor
77 Paes Martínez, JiselaFavor
78 Palomeque Archila, Carlos AlbertoFavor
79 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor
80 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor
81 Ramírez Núñez, UlisesFavor
82 Ramírez Ramos, GabrielaFavor
83 Ramos Hernández, JorgeFavor
84 Rendón García, César AugustoFavor
85 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíFavor
86 Rivera Castillejos, Armando AlejandroAusente
87 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesFavor
88 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierFavor
89 Rodríguez Rubio, María del RosarioFavor
90 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor
91 Ruiz García, Juan CarlosFavor
92 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor
93 Salas Valencia, José AntonioFavor
94 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor
95 Sánchez Carrillo, PatriciaFavor
96 Sánchez Juárez, ClaudiaFavor
97 Sánchez Meza, María LuisaFavor
98 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniAusente
99 Sheffield Padilla, Francisco RicardoFavor
100 Taboada Cortina, SantiagoAusente
101 Talavera Hernández, María EloísaAusente
102 Tamariz García, XimenaFavor
103 Torreblanca Engell, SantiagoFavor
104 Triana Tena, JorgeFavor
105 Valenzuela Armas, RafaelAusente
106 Valles Olvera, Elva LidiaFavor
107 Vargas Bárcena, MarisolFavor
108 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor
109 Velázquez Valdez, BrendaFavor
Favor: 95
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 14
Total: 109
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Acosta Naranjo, GuadalupeFavor
2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor
3 Aragón Castillo, HortensiaAusente
4 Arguijo Herrera, Tania VictoriaFavor
5 Barón Ortiz, Natalia KarinaFavor
6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelFavor
7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor
8 Beltrán Reyes, María LuisaFavor
9 Bocanegra Ruiz, ElioAusente
10 Briones Pérez, Erika IrazemaFavor
11 Calderón Torreblanca, FidelFavor
12 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor
13 Castelán Mondragón, María ElidaFavor
14 Catalán Padilla, OlgaFavor
15 Contreras Julián, MaricelaFavor
16 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor
17 Estefan Garfias, José AntonioFavor
18 Fernández González, WaldoFavor
19 Ferrer Abalos, ÓscarAusente
20 Flores Sonduk, LluviaFavor
21 García Bravo, María Cristina TeresaFavor
22 García Calderón, David GersonFavor
23 García Chávez, Héctor JavierAusente
24 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor
25 Hernández Alcalá, José GuadalupeFavor
26 Hernández Mirón, CarlosFavor
27 Hernández Soriano, RafaelAusente
28 Hurtado Arana, KarenFavor
29 Jiménez Rumbo, DavidAusente
30 Juárez Blanquet, ErikFavor
31 López Sánchez, SergioFavor
32 Madrigal Sánchez, AraceliFavor
33 Maldonado Venegas, LuisFavor
34 Martínez Neri, FranciscoFavor
35 Martínez Olguin, NicanorAusente
36 Martínez Soto, Norberto AntonioAusente
37 Martínez Urincho, AlbertoFavor
38 Meza Guzmán, Lucia VirginiaAusente
39 Nava Palacios, Francisco XavierFavor
40 Octaviano Félix, TomásAusente
41 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroFavor
42 Ordoñez Hernández, DanielAusente
43 Ortega Álvarez, OmarFavor
44 Parra Álvarez, EvelynFavor
45 Peralta Grappin, HéctorAusente
46 Pool Pech, Isaura IvanovaFavor
47 Pérez Alvarado, CandelarioAusente
48 Ramírez Peralta, Karen OrneyFavor
49 Reyes Álvarez, FelipeAusente
50 Rubio Quiroz, Juan FernandoFavor
51 Saldaña Morán, JulioFavor
52 Santana Alfaro, ArturoFavor
53 Santiago López, JoséFavor
54 Saucedo Reyes, AraceliFavor
55 Soto Espino, ArmandoFavor
56 Soto González, Cecilia GuadalupeFavor
57 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorAusente
58 Valera Fuentes, Diego ValenteAusente
59 Valdes Ramírez, María ConcepciónFavor
60 Wences Real, VictorianoFavor
61 Zambrano Grijalva, José de JesúsFavor
Favor: 45
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 16
Total: 61
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Álvarez Angli, ArturoAusente
2 Álvarez López, JorgeAusente
3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor
4 Arévalo González, José AntonioFavor
5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaFavor
6 Avendaño Bermúdez, Luis IgnacioFavor
7 Ávila Serna, MaríaFavor
8 Bernardino Vargas, Omar NoéFavor
9 Canales Suárez, PalomaFavor
10 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor
11 Celis Aguirre, Juan ManuelAusente
12 Corona Valdés, LorenaFavor
13 Couttolenc Buentello, José AlbertoFavor
14 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaFavor
15 De León Villard, Sasil Dora LuzFavor
16 De los Santos Torres, DanielaFavor
17 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésAusente
18 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor
19 Galindo Rosas, José de JesúsFavor
20 Gaxiola Lezama, JorginaFavor
21 González Torres, SofíaFavor
22 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor
23 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor
24 Herrera Borunda, Javier OctavioFavor
25 Izquierdo Rojas, Jesús GerardoFavor
26 Limón García, LiaFavor
27 Machuca Sánchez, MarioFavor
28 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor
29 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor
30 Ochoa Rojas, CándidoFavor
31 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor
32 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor
33 Sarur Torre, AdrianaFavor
34 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor
35 Sesma Suárez, JesúsAusente
36 Spinoso Carrera, EdgarAusente
37 Toledo Aceves, WendolinFavor
38 Torres Rivas, Francisco AlbertoFavor
39 Villanueva Huerta, ClaudiaFavor
40 Zamora Morlet, EnriqueAusente
Favor: 33
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 40
MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL
1 Abdala Dartigues, RodrigoAusente
2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaAbstención
3 Alva y Alva, MiguelAbstención
4 Álvarez López, Jesús EmilianoAbstención
5 Barrientos Pantoja, AliciaAbstención
6 Basurto Román, AlfredoAbstención
7 Caballero Pedraza, Virgilio DanteAbstención
8 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroAbstención
9 Cárdenas Mariscal, María AntoniaAusente
10 Castro Vázquez, RogerioAbstención
11 Chávez García, MaríaAbstención
12 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaAbstención
13 Damián González, AraceliAbstención
14 Esquivel Valdés, Laura BeatrizAbstención
15 Falcón Venegas, Sandra LuzAbstención
16 Fuentes Alonso, ModestaAbstención
17 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaAusente
18 García Jiménez, CuitláhuacAbstención
19 Godoy Ramos, ErnestinaAbstención
20 Guzmán Jacobo, RobertoAbstención
21 Hernández Colín, Norma XochitlAbstención
22 Hernández Correa, GuadalupeAbstención
23 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioAusente
24 Juárez Rodríguez, Mario ArielAbstención
25 Llerenas Morales, VidalAbstención
26 Lomelí Bolaños, CarlosAusente
27 López López, Irma RebecaAbstención
28 Molina Arias, Renato JosafatAbstención
29 Montiel Reyes, AriadnaAusente
30 Moreno Vega, MagdalenaAbstención
31 Nahle García, Norma RocíoAbstención
32 Ojeda Aquino, ElíasAbstención
33 Ramos Ramírez, BlandinaAbstención
34 Romero Tenorio, JuanContra
35 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelAbstención
36 Serrano Lora, JesúsAusente
37 Trejo Flores, MarianaAbstención
38 Villa González, ConcepciónAbstención
Favor: 0
Contra: 1
Abstención: 30
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 38
MOVIMIENTO CIUDADANO
1 Álvarez Maynez, JorgeFavor
2 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor
3 Castañeda Hoeflich, José ClementeFavor
4 Cervera García, RenéFavor
5 Corichi García, Claudia SofíaFavor
6 Delgadillo García, VerónicaFavor
7 Flores Gómez, MirzaFavor
8 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor
9 Hauffen Torres, Angie DennisseAusente
10 Martínez García, JonadabFavor
11 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor
12 Munguía González, Luis ErnestoFavor
13 Ochoa Avalos, María CandelariaAusente
14 Orantes López, María ElenaFavor
15 Pérez Utrera, AdánFavor
16 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor
17 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor
18 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor
19 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor
20 Toledo Ibarra, MarbellaFavor
21 Zamora Zamora, SalvadorFavor
Favor: 19
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 21
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Campa Amaral, Carmen VictoriaFavor
2 García Yáñez, ÁngelAusente
3 Gutiérrez García, CarlosFavor
4 Hernández León, Luis ManuelAusente
5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor
6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor
7 Pinto Torres, Francisco JavierFavor
8 Reyes Ávila, AngélicaFavor
9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor
10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor
11 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 11
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
1 Escobedo Miramontes, Justo FedericoFavor
2 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor
3 García Soberanes, Cynthia GisselFavor
4 González Murillo, AlejandroFavor
5 Guízar Valladares, GonzaloAusente
6 Martínez Guzmán, Norma EdithFavor
7 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor
8 Pineda Morín, AbdiesFavor
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 8
DIPUTADOS INDEPENDIENTES
1 Clouthier Carrillo, Manuel JesúsFavor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Espino Barrientos, Manuel de JesúsFavor
2 Torres Sandoval, MelissaFavor
Favor: 2
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 2
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de México (en lo particular los artículos reservados, en sus términos)
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abdala Carmona, YahleelFavor
2 Abdala Saad, Antonio TarekFavor
3 Abramo Masso, YericoFavor
4 Aguilar Robles, DavidFavor
5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor
6 Aguirre Chávez, Marco PoloFavor
7 Aguirre Romero, AndrésFavor
8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor
9 Almanza Monroy, FidelFavor
10 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor
11 Álvarez Ortiz, Héctor JavierFavor
12 Amaro Cancino, AntonioFavor
13 Anaya Mota, Claudia EdithFavor
14 Anaya Orozco, AlfredoFavor
15 Antelo Esper, BernardinoFavor
16 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor
17 Arellano Núñez, EfraínFavor
18 Armenta Mier, AlejandroAusente
19 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor
20 Barragán Amador, CarlosFavor
21 Barrientos Cano, Laura MitziFavor
22 Basáñez García, PabloFavor
23 Bañales Arámbula, RamónFavor
24 Bedolla López, PabloFavor
25 Bejos Nicolás, AlfredoFavor
26 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor
27 Benítez Tiburcio, MarianaAusente
28 Bernal Casique, IvethFavor
29 Borunda Espinoza, BrendaFavor
30 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor
31 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor
32 Cabrera Ruiz, José HugoFavor
33 Camacho Quiroz, César OctavioFavor
34 Camargo Félix, María Esther GuadalupeAusente
35 Canales Najjar, Tristán ManuelFavor
36 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroFavor
37 Casillas Zanatta, GabrielFavor
38 Castillo Martínez, EdgarAusente
39 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor
40 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor
41 Ceja García, XitlalicFavor
42 Cervera Hernández, FelipeFavor
43 Chacón Morales, Samuel AlexisFavor
44 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor
45 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoFavor
46 Coheto Martínez, Vitalico CándidoAusente
47 Córdova Hernández, José del PilarFavor
48 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaFavor
49 Corella Platt, SusanaFavor
50 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor
51 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor
52 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor
53 Cruz Campos, VictorinoFavor
54 Dávalos Elizondo, Edna IleanaFavor
55 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor
56 De León Maza, Sofía del SagrarioAusente
57 Díaz Montoya, RocíoFavor
58 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor
59 Domínguez Rex, RaúlFavor
60 Elizondo García, PabloFavor
61 Escobar Manjarrez, GermánFavor
62 Escobedo Villegas, FranciscoFavor
63 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor
64 Estefan Chidiac, Charbel JorgeFavor
65 Etcheverry Aranda, AzulFavor
66 Fernández Márquez, JulietaAusente
67 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor
68 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor
69 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor
70 Gamboa Miner, PabloAusente
71 Gárate Valenzuela, Paola IvethFavor
72 García Ayala, Marco AntonioFavor
73 García Barrón, ÓscarFavor
74 García Carreón, TelésforoAusente
75 García Navarro, OtnielFavor
76 García Portilla, Ricardo DavidFavor
77 Garza Herrera, SantosFavor
78 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelAusente
79 González Calderón, Martha HildaAusente
80 González Salas y Petricioli, María MarcelaFavor
81 González Salum, Miguel ÁngelFavor
82 Guerra Urbiola, Braulio MarioAusente
83 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor
84 Guerrero Coronado, DeliaFavor
85 Guerrero Esquivel, AraceliFavor
86 Guevara Cobos, Luis AlejandroAusente
87 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor
88 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor
89 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor
90 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor
91 Hernández Madrid, María GloriaFavor
92 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelFavor
93 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroFavor
94 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor
95 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor
96 Iriarte Mercado, CarlosFavor
97 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor
98 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueFavor
99 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelFavor
100 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor
101 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor
102 Le Baron González, AlexFavor
103 Leyva García, Leydi FabiolaFavor
104 López Gutiérrez, David EpifanioFavor
105 López Velasco, Edith YolandaFavor
106 Luna Canales, ArmandoAusente
107 Luna Munguía, Alma LiliaFavor
108 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor
109 Majul González, SalomónFavor
110 Maya Pineda, María IsabelFavor
111 Mazari Espín, RosalinaFavor
112 Medrano Quezada, BenjamínFavor
113 Meléndez Ortega, Juan AntonioFavor
114 Melhem Salinas, EdgardoFavor
115 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor
116 Méndez Hernández, SandraAusente
117 Mercado Ruiz, DavidFavor
118 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor
119 Moguel Manzur, Zacil LeonorAusente
120 Mólgora Glover, ArletFavor
121 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor
122 Monroy del Mazo, CarolinaFavor
123 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor
124 Mota Hernández, AdolfoAusente
125 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor
126 Muñoz Parra, María VerónicaFavor
127 Muñoz Sánchez, RosalindaAusente
128 Navarrete Pérez, FernandoAusente
129 Nazar Morales, JuliánFavor
130 Nazario Morales, MatíasFavor
131 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor
132 Orantes López, Hernán de JesúsFavor
133 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor
134 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor
135 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor
136 Osorno Belmont, SusanaFavor
137 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor
138 Pichardo Lechuga, José IgnacioAusente
139 Pinete Vargas, María del CarmenAusente
140 Plascencia Pacheco, Laura NereidaFavor
141 Plata Inzunza, EvelioFavor
142 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsFavor
143 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor
144 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor
145 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor
146 Ramírez Marín, Jorge CarlosAusente
147 Ramírez Nieto, RicardoFavor
148 Ramírez Ponce, Miguel AngelFavor
149 Real Salinas, Dora ElenaFavor
150 Rebollo Mendoza, María del RocíoAusente
151 Rentería Medina, Flor EstelaFavor
152 Rivera Carbajal, SilviaFavor
153 Rivera Sosa, José LorenzoFavor
154 Rocha Aguilar, YulmaFavor
155 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor
156 Rojas Orozco, EnriqueFavor
157 Rojas San Román, Francisco LauroFavor
158 Romero Vega, EsdrasFavor
159 Romo García, EdgarFavor
160 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor
161 Rosas Cuautle, FabiolaFavor
162 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor
163 Sáenz Soto, José LuisFavor
164 Salazar Espinosa, HeidiFavor
165 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor
166 Salinas Lozano, CarmenFavor
167 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor
168 Sánchez Coronel, CristinaFavor
169 Sánchez Isidoro, DavidFavor
170 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínAusente
171 Sandoval Martínez, María SoledadAusente
172 Santillán Oceguera, Francisco JavierAusente
173 Sarabia Camacho, CarlosFavor
174 Saracho Navarro, FranciscoFavor
175 Scherman Leaño, María Esther de JesúsFavor
176 Serrano Hernández, MaricelaFavor
177 Silva Ramos, AlbertoFavor
178 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor
179 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor
180 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor
181 Taja Ramírez, RicardoFavor
182 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor
183 Tannos Cruz, YarithFavor
184 Terrazas Porras, AdrianaAusente
185 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor
186 Toledo Medina, José LuisAusente
187 Torres Cantú, DanielFavor
188 Torres Huitrón, José AlfredoFavor
189 Trujillo Zentella, GeorginaFavor
190 Uriarte Zazueta, FernandoFavor
191 Valencia García, ÓscarFavor
192 Vallejo Barragán, ManuelFavor
193 Vargas Rodríguez, Federico EugenioAusente
194 Vidal Aguilar, LiborioAusente
195 Viggiano Austria, Alma CarolinaAusente
196 Villa Ramírez, TimoteoFavor
197 Villa Trujillo, EdithAusente
198 Villagómez Guerrero, RamónFavor
199 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor
200 Vélez Núñez, BeatrizFavor
201 Yerena Zambrano, RafaelAusente
202 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor
203 Zepahua García, LillianFavor
204 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor
Favor: 171
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 33
Total: 204
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Aguilar López, María MercedesFavor
2 Agundis Estrada, María VerónicaFavor
3 Alejo Domínguez, HugoFavor
4 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor
5 Alfaro García, Lorena del CarmenAusente
6 Amparano Gámez, LeticiaFavor
7 Antero Valle, Luis FernandoFavor
8 Arámbula Meléndez, MarianaFavor
9 Barraza López, José TeodoroAusente
10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor
11 Bello Otero, CarlosFavor
12 Bermúdez Méndez, José ErandiFavor
13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoAusente
14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierFavor
15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaFavor
16 Cambranis Torres, EnriqueFavor
17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor
18 Castañón Herrera, EukidAusente
19 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor
20 Chavarrías Barajas, EloisaAusente
21 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor
22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor
23 Corral Estrada, HerminioFavor
24 Corral Mier, JuanAusente
25 Cortés Berumen, José HernánFavor
26 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor
27 Cortés Mendoza, Marko AntonioFavor
28 Cruz Blackledge, Gina AndreaAusente
29 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor
30 Culin Jaime, GretelFavor
31 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoFavor
32 Del Rivero Martínez, RicardoAusente
33 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor
34 Döring Casar, FedericoFavor
35 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor
36 Enríquez Vanderkam, Mayra AngélicaFavor
37 Flores Sosa, CésarFavor
38 Gama Basarte, Marco AntonioAusente
39 García Escobar, Lilia ArmindaFavor
40 García García, PatriciaFavor
41 García López, José MáximoFavor
42 García Pérez, MaríaFavor
43 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroFavor
44 Garza Treviño, PedroFavor
45 Gómez Olivier, Sergio EmilioFavor
46 González Ceceña, ExaltaciónAusente
47 González Navarro, José AdriánFavor
48 González Suástegui, GuadalupeFavor
49 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor
50 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséFavor
51 Hernández Ramos, MinervaFavor
52 Huepa Pérez, Miguel ÁngelFavor
53 Huerta Villegas, GenovevaAusente
54 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoFavor
55 Iñiguez Mejía, Elías OctavioFavor
56 Jiménez Márquez, Martha CristinaFavor
57 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor
58 López Córdova, José EverardoFavor
59 López Martín, JorgeFavor
60 López Rodríguez, Jesús AntonioFavor
61 Mandujano Tinajero, RenéFavor
62 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor
63 Marrón Agustín, Luis GilbertoFavor
64 Martínez Montemayor, BaltazarFavor
65 Martínez Santos, WenceslaoFavor
66 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor
67 Matesanz Santamaría, RocíoFavor
68 Mesta Soule, Luis FernandoFavor
69 Moya Marín, AngélicaFavor
70 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor
71 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeAusente
72 Nava Mouett, JacquelineFavor
73 Neblina Vega, Javier AntonioFavor
74 Osuna Carranco, Karla KarinaFavor
75 Ovando Reazola, JanetteFavor
76 Padilla Avila, KarinaFavor
77 Paes Martínez, JiselaAusente
78 Palomeque Archila, Carlos AlbertoFavor
79 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor
80 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor
81 Ramírez Núñez, UlisesAusente
82 Ramírez Ramos, GabrielaFavor
83 Ramos Hernández, JorgeFavor
84 Rendón García, César AugustoFavor
85 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíFavor
86 Rivera Castillejos, Armando AlejandroAusente
87 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesFavor
88 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierFavor
89 Rodríguez Rubio, María del RosarioAusente
90 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor
91 Ruiz García, Juan CarlosFavor
92 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor
93 Salas Valencia, José AntonioFavor
94 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor
95 Sánchez Carrillo, PatriciaContra
96 Sánchez Juárez, ClaudiaFavor
97 Sánchez Meza, María LuisaAusente
98 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniAusente
99 Sheffield Padilla, Francisco RicardoFavor
100 Taboada Cortina, SantiagoAusente
101 Talavera Hernández, María EloísaFavor
102 Tamariz García, XimenaFavor
103 Torreblanca Engell, SantiagoFavor
104 Triana Tena, JorgeFavor
105 Valenzuela Armas, RafaelAusente
106 Valles Olvera, Elva LidiaFavor
107 Vargas Bárcena, MarisolFavor
108 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor
109 Velázquez Valdez, BrendaFavor
Favor: 88
Contra: 1
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 20
Total: 109
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Acosta Naranjo, GuadalupeContra
2 Alanis Pedraza, Angel IIContra
3 Aragón Castillo, HortensiaAusente
4 Arguijo Herrera, Tania VictoriaContra
5 Barón Ortiz, Natalia KarinaContra
6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelAusente
7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísContra
8 Beltrán Reyes, María LuisaContra
9 Bocanegra Ruiz, ElioAusente
10 Briones Pérez, Erika IrazemaContra
11 Calderón Torreblanca, FidelContra
12 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor
13 Castelán Mondragón, María ElidaContra
14 Catalán Padilla, OlgaContra
15 Contreras Julián, MaricelaContra
16 Cruz Molina, Eva FlorindaContra
17 Estefan Garfias, José AntonioFavor
18 Fernández González, WaldoContra
19 Ferrer Abalos, ÓscarContra
20 Flores Sonduk, LluviaContra
21 García Bravo, María Cristina TeresaContra
22 García Calderón, David GersonAbstención
23 García Chávez, Héctor JavierAusente
24 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneContra
25 Hernández Alcalá, José GuadalupeContra
26 Hernández Mirón, CarlosAusente
27 Hernández Soriano, RafaelContra
28 Hurtado Arana, KarenContra
29 Jiménez Rumbo, DavidAusente
30 Juárez Blanquet, ErikContra
31 López Sánchez, SergioContra
32 Madrigal Sánchez, AraceliContra
33 Maldonado Venegas, LuisContra
34 Martínez Neri, FranciscoContra
35 Martínez Olguin, NicanorContra
36 Martínez Soto, Norberto AntonioAusente
37 Martínez Urincho, AlbertoAusente
38 Meza Guzmán, Lucia VirginiaAusente
39 Nava Palacios, Francisco XavierContra
40 Octaviano Félix, TomásAusente
41 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroFavor
42 Ordoñez Hernández, DanielAusente
43 Ortega Álvarez, OmarContra
44 Parra Álvarez, EvelynContra
45 Peralta Grappin, HéctorAusente
46 Pool Pech, Isaura IvanovaAusente
47 Pérez Alvarado, CandelarioAusente
48 Ramírez Peralta, Karen OrneyContra
49 Reyes Álvarez, FelipeAusente
50 Rubio Quiroz, Juan FernandoContra
51 Saldaña Morán, JulioFavor
52 Santana Alfaro, ArturoContra
53 Santiago López, JoséFavor
54 Saucedo Reyes, AraceliContra
55 Soto Espino, ArmandoContra
56 Soto González, Cecilia GuadalupeContra
57 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorAusente
58 Valera Fuentes, Diego ValenteContra
59 Valdes Ramírez, María ConcepciónContra
60 Wences Real, VictorianoContra
61 Zambrano Grijalva, José de JesúsContra
Favor: 5
Contra: 39
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 16
Total: 61
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Álvarez Angli, ArturoAusente
2 Álvarez López, JorgeAusente
3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor
4 Arévalo González, José AntonioFavor
5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaFavor
6 Avendaño Bermúdez, Luis IgnacioFavor
7 Ávila Serna, MaríaFavor
8 Bernardino Vargas, Omar NoéFavor
9 Canales Suárez, PalomaFavor
10 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor
11 Celis Aguirre, Juan ManuelAusente
12 Corona Valdés, LorenaFavor
13 Couttolenc Buentello, José AlbertoFavor
14 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaFavor
15 De León Villard, Sasil Dora LuzFavor
16 De los Santos Torres, DanielaFavor
17 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésAusente
18 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor
19 Galindo Rosas, José de JesúsFavor
20 Gaxiola Lezama, JorginaFavor
21 González Torres, SofíaAusente
22 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor
23 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor
24 Herrera Borunda, Javier OctavioFavor
25 Izquierdo Rojas, Jesús GerardoFavor
26 Limón García, LiaFavor
27 Machuca Sánchez, MarioFavor
28 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor
29 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor
30 Ochoa Rojas, CándidoFavor
31 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor
32 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor
33 Sarur Torre, AdrianaFavor
34 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor
35 Sesma Suárez, JesúsAusente
36 Spinoso Carrera, EdgarAusente
37 Toledo Aceves, WendolinFavor
38 Torres Rivas, Francisco AlbertoFavor
39 Villanueva Huerta, ClaudiaFavor
40 Zamora Morlet, EnriqueAusente
Favor: 32
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 40
MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL
1 Abdala Dartigues, RodrigoAusente
2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaContra
3 Alva y Alva, MiguelContra
4 Álvarez López, Jesús EmilianoContra
5 Barrientos Pantoja, AliciaContra
6 Basurto Román, AlfredoContra
7 Caballero Pedraza, Virgilio DanteContra
8 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroContra
9 Cárdenas Mariscal, María AntoniaContra
10 Castro Vázquez, RogerioContra
11 Chávez García, MaríaContra
12 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaContra
13 Damián González, AraceliContra
14 Esquivel Valdés, Laura BeatrizContra
15 Falcón Venegas, Sandra LuzContra
16 Fuentes Alonso, ModestaContra
17 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaContra
18 García Jiménez, CuitláhuacContra
19 Godoy Ramos, ErnestinaContra
20 Guzmán Jacobo, RobertoContra
21 Hernández Colín, Norma XochitlContra
22 Hernández Correa, GuadalupeContra
23 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioContra
24 Juárez Rodríguez, Mario ArielContra
25 Llerenas Morales, VidalContra
26 Lomelí Bolaños, CarlosAusente
27 López López, Irma RebecaContra
28 Molina Arias, Renato JosafatContra
29 Montiel Reyes, AriadnaAusente
30 Moreno Vega, MagdalenaContra
31 Nahle García, Norma RocíoContra
32 Ojeda Aquino, ElíasContra
33 Ramos Ramírez, BlandinaContra
34 Romero Tenorio, JuanAusente
35 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelContra
36 Serrano Lora, JesúsAusente
37 Trejo Flores, MarianaContra
38 Villa González, ConcepciónContra
Favor: 0
Contra: 33
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 38
MOVIMIENTO CIUDADANO
1 Álvarez Maynez, JorgeContra
2 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoAusente
3 Castañeda Hoeflich, José ClementeContra
4 Cervera García, RenéContra
5 Corichi García, Claudia SofíaContra
6 Delgadillo García, VerónicaContra
7 Flores Gómez, MirzaContra
8 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor
9 Hauffen Torres, Angie DennisseAusente
10 Martínez García, JonadabContra
11 Mercado Sánchez, María VictoriaContra
12 Munguía González, Luis ErnestoContra
13 Ochoa Avalos, María CandelariaAusente
14 Orantes López, María ElenaAusente
15 Pérez Utrera, AdánContra
16 Ralis Cumplido, Germán ErnestoContra
17 Ramírez Nachis, Rosa AlbaContra
18 Sánchez Orozco, Víctor ManuelContra
19 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónContra
20 Toledo Ibarra, MarbellaContra
21 Zamora Zamora, SalvadorContra
Favor: 1
Contra: 16
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 21
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Campa Amaral, Carmen VictoriaFavor
2 García Yáñez, ÁngelAusente
3 Gutiérrez García, CarlosFavor
4 Hernández León, Luis ManuelAusente
5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor
6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor
7 Pinto Torres, Francisco JavierFavor
8 Reyes Ávila, AngélicaFavor
9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor
10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor
11 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 11
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
1 Escobedo Miramontes, Justo FedericoFavor
2 Ferreiro Velazco, José AlfredoAusente
3 García Soberanes, Cynthia GisselFavor
4 González Murillo, AlejandroFavor
5 Guízar Valladares, GonzaloAusente
6 Martínez Guzmán, Norma EdithFavor
7 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor
8 Pineda Morín, AbdiesFavor
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 8
DIPUTADOS INDEPENDIENTES
1 Clouthier Carrillo, Manuel JesúsFavor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Espino Barrientos, Manuel de JesúsAusente
2 Torres Sandoval, MelissaAusente
Favor: 0
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 2