Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXIII Legislatura
Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar
Director del
Diario de los Debates
Luis Alfredo Mora Villagómez
Año II
México, DF, martes 7 de febrero de 2017
Sesión No. 4

SUMARIO


COMUNICACIONES OFICIALES

De la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones. Aprobado, comuníquese

De la diputada María Elena Orantes López, de MC, por la que solicita el retiro de las iniciativas con proyecto de decreto:

– Que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

– Que reforma los artículos 37 de la Ley de Coordinación Fiscal; 19, 66 y 67 de la Ley General de Protección Civil

Del diputado Jonadab Martínez García, de MC, por el que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Del diputado Alejandro González Murillo, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social

Del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del PAN, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14, 23, 44, 46, 56, 57, 61, 62, 75, 78, 80, 81, 83, 152, 155, 156 y 161 de la Ley Agraria

De la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del PAN, por la que solicita el retiro de las iniciativas con proyecto de decreto y de la proposición con punto de acuerdo:

– Que adiciona la fracción XII al artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

– Que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo

De la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del PAN, por la que solicita el retiro de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a implementar medidas de austeridad y disciplina presupuestaria bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, ante la actual crisis económica que atraviesa el país

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a implementar acciones, campañas, protocolos y políticas encaminadas a prevenir, disminuir y erradicar la diabetes mellitus en la población en general y particularmente de las niñas y niños. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fomentar la especialización en pediatría oncológica en los médicos, derivado del déficit de éstos en nuestro país; así como celebrar convenios de colaboración con las instituciones públicas o privadas, a efecto de fomentar la investigación respecto de nuevos tratamientos para el combate al cáncer infantil. Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a diseñar e implementar campañas informativas constantes respecto de los síntomas y consecuencias de los principales cánceres en niños, mismas que se impartirán a los padres de familia en las escuelas públicas primarias y secundarias, cuya finalidad sea concientizar a las niñas, niños y adolescentes sobre la importancia de este padecimiento. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento

– Por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a fortalecer y extender en todo el territorio nacional las acciones de vinculación entre investigadores, academia, el empresariado y la industria a facilitar la incorporación de expertos en el sector productivo. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para su conocimiento

– Por el que se solicita al Gobierno mexicano lleve ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la postura de eliminar el bloqueo comercial, económico y financiero de los Estados Unidos de América en contra de la República de Cuba. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento

De la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del estado de Aguascalientes, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de México, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Hidalgo, con la que remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la protección de las especies en peligro de extinción. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento

De la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable de Sonora, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se reconocen los esfuerzos del gobierno federal por la implantación del Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad, tendente a obtener información cuantitativa y cualitativa de los ecosistemas del país. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento

De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las comisiones correspondientes

De la Secretaría de Desarrollo Social, por la que remite el análisis y valoración de la Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas E016-Generación y Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud y U008-Subsidios a Programas para Jóvenes. Se turna a las Comisiones de Desarrollo Social y de Juventud, para su conocimiento

Del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el que envía el Plan Anual de Trabajo, correspondiente al Ejercicio de 2017. Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento

De la Secretaría de Salud, con el que remite Informe Anual de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud 2016, que incluye el informe sobre la utilización y aplicación de los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal. Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento

INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

Del Congreso del estado de Quintana Roo, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de los artículos 2o. y 2o. A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se remite a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen

LEY DE HIDROCARBUROS

Del Congreso del estado de Quintana Roo, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo Primero y Décimo Primero Transitorio, y se deroga el artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y se reforma la fracción I y el cuarto párrafo del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de agosto de 2014. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen y a la Comisión de Energía, para opinión

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

LEY DE AVIACIÓN CIVIL

Del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil. Se remite a la Comisión de Transportes, para dictamen

LEY DEL SEGURO SOCIAL

La diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 237-A de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para opinión

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 109 y 110 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen

LEY GENERAL DE TURISMO

La diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2o. y 58 de la Ley General de Turismo. Se remite a la Comisión de Turismo, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen

LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL

El diputado Edmundo Javier Aguilar Bolaños, presidente de la Mesa Directiva, hace la declaratoria del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral. Se remite al Senado de la República, para sus efectos constitucionales

Para referirse a la declaratoria, interviene:

El diputado Carlos Gutiérrez García, de NA

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de MC

El diputado Abdies Pineda Morín, del PES

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena

El diputado Julio Saldaña Morán, del PRD

El diputado Ulises Ramírez Núñez, del PAN

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del PRI

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

A discusión el dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Para fundamentar el dictamen, participa:

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del PAN

Para fijar la postura de su grupo parlamentario, interviene:

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del PES

El diputado Ángel García Yáñez, de NA

El diputado Salvador Zamora Zamora, de MC

El diputado Jesús Serrano Lora, de Morena

La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del PVEM

El diputado Elio Bocanegra Ruíz, del PRD

El diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del PAN

El diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, del PRI

Para la discusión en lo general, hace uso de la voz:

El diputado Rogerio Castro Vázquez, de Morena, en favor

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales

CÓDIGO PENAL FEDERAL

A discusión el dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal

Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra:

El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del PRI

Para fijar la posición de su grupo parlamentario, participa:

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral, de NA

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de MC, desde la curul

El diputado Alfredo Basurto Román, de Morena

El diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del PVEM

El diputado Arturo Santana Alfaro, del PRD

El diputado José Hernán Cortés Berumen, del PAN

La diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del PRI

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS CON EL GOBIERNO NORTEAMERICANO PARA FORTALECER LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a realizar las gestiones necesarias con el gobierno norteamericano para fortalecer la economía de los países centroamericanos; así como al Senado de la República para que dentro de sus facultades de política internacional, explore y proponga la búsqueda de relaciones comerciales con otros mercados internacionales diferentes al gobierno estadounidense. Se considera de urgente resolución

Aprobado, comuníquese

FORTALECER DE MANERA COORDINADA LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES PARA COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la Secretaría de Educación Pública de Jalisco a fortalecer de manera coordinada los programas y las acciones para combatir la violencia de género. Se considera de urgente resolución

Aprobado, comuníquese

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 11 Bis, 85, 376-Bis y 377 del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL

La diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, a nombre propio y de los diputados Jorge Ramos Hernández y Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional. Se remite a la Comisión de Justicia, para dictamen

LEY DE NACIONALIDAD

El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 17 y 19 la Ley de Nacionalidad. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

La diputada Araceli Damián González, a nombre propio y del diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Se remite a la Comisión de Justicia, para dictamen

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 205 Bis del Código Penal Federal. Se remite a la Comisión de Justicia, para dictamen

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen

DECLARA EL ÚLTIMO DÍA DE FEBRERO DE CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS”

De la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el último día de febrero de cada año como “Día Nacional de las Enfermedades Raras”. Se remite a la Comisión de Gobernación, para dictamen

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura. Aprobado, comuníquese

De la Junta de Coordinación Política, por el que exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que conforme a la opinión pública respecto a las acciones para participar de los fondos que eventualmente le sean decomisados al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, en los diversos procesos que le siguen en Estados Unidos y que motivaron su extradición. Aprobado, comuníquese

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY DE REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4 de la Ley de Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones, con proyecto de decreto por el que se adiciona los artículos 19 de la Ley General de Protección Civil, y 18 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

COMUNICACIONES OFICIALES

Del diputado Francisco Martínez Neri, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que comunica la incorporación del diputado Diego Valente Valera Fuentes, a dicha fracción parlamentaria. De enterado, comuníquese

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El presidente Edmundo Javier Bolaños Aguilar, remite en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria

VOTACIONES

De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (en lo general y en lo particular)

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal (en lo general y en lo particular)

APÉNDICE

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 7 de febrero de 2017, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados



Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

ASISTENCIA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Se informa a la Presidencia que existen previamente 280 diputadas y diputados. Hay quórum, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar(a las 11:56 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 7 de febrero de 2017

Lectura del acta de la sesión anterior

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política

En relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones.

De los diputados María Elena Orantes López, Jonadab Martínez García, Alejandro González Murillo, Gerardo F. Salas díaz y Kathia María Bolio Pinelo

Solicitan el retiro de iniciativas y proposiciones.

De la Secretaría de Gobernación

Remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Aguascalientes, de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales de los Estados de Hidalgo, del Medio Ambiente del Estado de México y de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.

Remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la protección de las especies en peligro de extinción.

De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

Remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Desarrollo Social

Remite el análisis y valoración de la Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas E016- Generación y Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud y U008- Subsidios a Programas para Jóvenes.

Del Instituto Federal de Telecomunicaciones

Con el que remite el Plan Anual de Trabajo, correspondiente al Ejercicio de 2017.

De la Secretaría de Salud

Con el que remite Informe Anual de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud 2016, que incluye el Informe sobre la utilización y aplicación de los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal.

Iniciativas del Congreso del Estado de Quintana Roo

Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de los artículos 2o. y 2o. A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo Primero y Décimo Primero Transitorio, y se deroga el artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y se reforma la fracción I y el cuarto párrafo del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de agosto de 2014.

Proyecto de declaratoria de reforma constitucional

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Iniciativas

Que expide la Ley del Banco Nacional de Becas y Financiamiento a la Educación, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con proyecto de decreto por el que se declara el último día de febrero de cada año, “Día Nacional de las Enfermedades Raras”, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Agustín Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Claudia Sofia Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 237-A de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 17 y 19 la Ley de Nacionalidad, a cargo del diputado Agustín Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 109 y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 65 Bis 6 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 3o., 5o. y 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, en materia de transparencia y acceso a la información, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 58 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga los artículos 73, 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2, 13 y 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones transitorias de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, a cargo del diputado Ángel II Alanis Pedraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional, suscrita por los diputados Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Jorge Ramos Hernández y Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 304 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 205-Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y deroga el artículo 12 Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2017, a cargo del diputado Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo.

Que reforma y adiciona los artículos 47 y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Sofía Del Sagrario De León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Migración de Retorno, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 6o. y 84 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 26 y 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 11-Bis, 85, 376-Bis y 377 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena..

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona 14 ordenamientos legales, en materia de prevención, investigación, procuración de justicia y sanción de delitos cometidos por usurpación, robo, fraude y suplantación de datos e identidad personales, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, suscrita por los diputados Araceli Damián González y Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena..

Que reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 7-Ter, 34 y 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 109 y 110 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Araceli Damián González y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 7o. y adiciona los artículos 7-Bis y 7-Ter de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 288 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Jorge Ramos Hernández y José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 1834 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6o. de la Ley de Planeación y 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 109, 110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 6 Bis a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 150 y 164, del Código Penal Federal.

Proposiciones de urgente resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a realizar las gestiones necesarias con el Gobierno Norteamericano para fortalecer la economía de los países centroamericanos; así como al Senado de la Republica para que dentro de sus facultades de política internacional explore y proponga la búsqueda de relaciones comerciales con otros mercados internacionales diferentes al Gobierno Estadounidense, suscrito por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Educación Pública del estado de Jalisco, para que, de manera coordinada, fortalezcan los programas y acciones para combatir la violencia de género, a cargo del diputado María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que, a través de la Secretaría de Salud y de la Cofepris, diseñe el mecanismo regulatorio necesario, a fin de transitar paulatinamente y con el menor costo posible, al modelo de venta de medicamentos por unidad, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a que realice modificaciones normativas que permitan que la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, dé a conocer la integración detallada de la medida más amplia del balance fiscal, a cargo de la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz, a asignar de inmediato recursos para la reparación y mantenimiento a la carretera No. 185 que une a las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la difusión y promoción de la impartición del Curso para Ministerios Públicos Involucrados en Procesos de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplantes que ofrece el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), con el fin de agilizar la donación de órganos de donantes cadavéricos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sectur, amplíe la difusión y agilice el cumplimiento de la normatividad vigente con relación al Registro Nacional de Turismo o, en su defecto, amplíe el plazo otorgado a los empresarios y prestadores de servicio que aún no se hubieren registrado, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a efecto de que instruyan a diversas dependencias de la Administración Pública, a concluir el proceso que señala el artículo 6 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, respecto a la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, a cargo de la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a las Procuradurías de las entidades federativas y de la CDMX, a coordinar acciones inmediatas para rastrear, investigar y en su caso sancionar a quienes promuevan actos de violencia entre infantes y adolescentes a través de redes sociales y sitios web, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias, a fin de generar una estrategia transversal de sus programas y acciones de trabajo en el ámbito de su competencia para lograr un programa de reactivación económico, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal, para que evalúen la posibilidad de construir dentro de sus instalaciones espacios deportivos, así como a las 32 entidades federativas a continuar con la creación de programas de protección de parques y espacios deportivos públicos, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a eliminar de la NOM-012-SCT-2-2014, el numeral 6.1.2.2, que incrementa el peso bruto vehicular máximo autorizado para los tractocamiones doblemente articulados en sus distintas configuraciones vehiculares (T-S-R y T-S-S), a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, a fin de continuar realizando acciones y programas encaminados a erradicar la violencia doméstica y de pareja contra mujeres y hombres, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a la garantía de los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información en el estado de Puebla, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a verificar al autotransporte de carga y de manera particular que los tractocamiones doblemente articulados no tengan sobrepeso al momento de salir de las 16 administraciones portuarias integrales federales a su cargo, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a modificar el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes Federales, con el fin de reglamentar el transporte de infantes para su protección y disminución de la mortalidad infantil en accidentes vehiculares, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a fin de que elabore a la brevedad una NOM, que determine las horas máximas de conducción continua y las horas necesarias de descanso obligatorias de los conductores del autotransporte de carga federal, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo al acuerdo 5/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves dos de febrero de dos mil diecisiete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos nueve diputadas y diputados, a las once horas con cincuenta y un minutos del día jueves dos de febrero de dos mil diecisiete, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por la que comunica que durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio, se recibieron solicitudes de los ciudadanos diputados, para retirar iniciativas y proposiciones, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen por retiradas actualícense los registros parlamentarios.

b) Solicitudes de modificación de turno de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Presupuesto y Cuenta Pública, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. De conformidad con lo que establece los artículos setenta y tres, y setenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los turnos. Actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Comisión Permanente:

• Por las que comunica que durante este periodo, se concedieron licencias a diputados, para separarse de sus funciones de los cuales se ha reincorporado una. Llámese a los suplentes.

• Por el que informa la reincorporación de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Partido Acción Nacional, a sus actividades. De enterado. Comuníquese.

d) De la Junta de Coordinación Política, por la que comunica que durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio, se recibieron comunicaciones en relación a cambios de juntas directivas e integrantes de comisiones ordinarias, especiales, bicamarales y de Grupo de Amistad. Comuníquese, actualícense los registros parlamentarios.

e) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite:

• Los informes finales de las Evaluaciones de los programas presupuestarios del Sector Economía. Se remite a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social, para su conocimiento.

• El Cuarto Informe Trimestral dos mil dieciséis de los recursos destinados a la atención de los jóvenes entre los doce y veintinueve años de edad, así como las acciones realizadas en el periodo enero-diciembre de dos mil dieciséis del Sector Economía a través del programa presupuestario “S020 Fondo Nacional Emprendedor. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Juventud, para su conocimiento.

f) Del Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que se tomen las medidas y acciones necesarias para solucionar a la brevedad el desabasto de Agua en el Oriente de la capital. Se remite a la Comisión de la Ciudad de México, para su conocimiento.

g) De la Comisión Nacional del Agua, con la que remite la información relativa a las Contrataciones por Honorarios, al Reporte del Monto Ejercido de los Subsidios Otorgados y a las Reglas de Operación, correspondientes al periodo enero–diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, e informa que el resultado de las evaluaciones de los Programas Sujetos a Reglas de Operación se encuentra publicado conforme al Programa Anual de Evaluación en la página electrónica de esta institución. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Agua Potable y Saneamiento, para su conocimiento.

h) De la Secretaría de Salud, con la remite la información relativa a las contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto, al reporte del monto y ejercicio de los subsidios otorgados por las dependencias y entidades, y a los programas sujetos a reglas de operación, correspondientes al periodo enero–diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, así también informa que el resultado de las evaluaciones de los programas sujetos a reglas de operación se encuentra publicado conforme al Programa Anual de Evaluación en la página electrónica de esta institución. Se remite a las Comisiones de Salud, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

i) Del Instituto Nacional de Migración, con la que remite cuarto informe trimestral dos mil dieciséis de los avances financieros, correspondientes de los programas de protección a migrantes. Se remite a las Comisiones de Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

j) Del Instituto Nacional de las Mujeres, con la que remite el Informe de Resultados, así como los Avances de los Programas Presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres con sus respectivos anexos al Cuarto Trimestre de dos mil dieciséis. Se remite a las Comisiones de Igualdad de Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

k) De la Comisión Federal de Competencia Económica, con la que remite:

• El Cuarto Informe Trimestral dos mil dieciséis, que da cuenta de los resultados alcanzados y acciones desarrolladas durante el periodo que comprende del primero de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

• El Programa Anual de Trabajo dos mil diecisiete, que da cuenta de las acciones que se ejecutarán durante el presente ejercicio fiscal, a fin de avanzar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Se remiten a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

l) De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por el que informa que durante el ejercicio presupuestal dos mil dieciséis, no otorgó ningún tipo de concesión en su categoría de Administradora de Inmuebles Federales. Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

m) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite:

• Informe sobre los avances y resultados de las acciones de la política nacional de fomento económico implementada a través del “Programa para Democratizar la Productividad dos mil trece-dos mil dieciocho”, correspondiente al segundo semestre de dos mil dieciséis. Se remite a las Comisiones de Economía, y de Competitividad, para su conocimiento.

Presidencia de la diputadaGloria Himelda Félix Niebla

• Los Informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al cuarto trimestre de dos mil dieciséis; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; e información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de diciembre de dos mil quince. Asimismo, adjunta la información mediante la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

n) De la Cámara de Senadores:

• Remite Acuerdo aprobado por el que exhorta a diversas autoridades, a incorporar en sus edificaciones actuales y futuras, medidas en favor de la movilidad sustentable. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su atención.

• Remite Acuerdo aprobado por el que el Senado de la República sugiere al Banco de México y al Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la emisión de un billete conmemorativo de ésta. De enterado, Comuníquese.

• Remite solicitud de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, para que se dictamine la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, y cincuenta y seis, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su atención.

• Comunicación del senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, por el que solicita se dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo cuarto y se reforma la fracción vigésima novena-P del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su atención.

• Comunicación del senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, por el que solicita se dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, para proteger las especies en peligro de extinción. Se remite a la Comisión de Justicia, para su atención.

o) Del Banco de México, con la que remite información sobre el Presupuesto de esta Institución correspondiente al ejercicio de dos mil diecisiete, estructurado en Gasto Corriente e Inversión Física no relacionados con la función de proveer billetes y monedas a la economía; y Gasto Corriente e Inversión Física relacionados con esa función. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto, y Cuenta Pública, para su conocimiento.

p) De la Secretaría de Desarrollo Social, con la que remite:

• El Informe Final de la Evaluación de Procesos del Programa de Coinversión Social y la Posición Institucional, con la opinión de la Unidad Responsable de la Operación del Programa de la Dirección General de Evaluación y monitoreo de los Programas Sociales. Se remite a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social, para su conocimiento.

• El Informe Final de Evaluación del Programa tres por uno para Migrantes dos mil trece-dos mil catorce. Se remite a las Comisiones de Desarrollo Social, de Asuntos Migratorios, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su conocimiento.

q) Del diputado Alfredo del Mazo Maza, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus actividades legislativas como diputado federal electo del Décimo Octavo Distrito Electoral del Estado de México, a partir del veintiséis de enero del presente año. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones los ciudadanos Santos Garza Herrera, Edna Eliana Dávalos Elizondo, Nicanor Martínez Olguin, Paola Iveth Gárate Valenzuela, y Magdalena Moreno Vega, diputados federales electos en el Segundo, Tercero, Séptimo; Décimo Octavo, y Trigésimo Octavo Distritos electorales de los estados de Coahuila, Veracruz, Sinaloa, y México; así también los ciudadanos Zacil Leonor Moguel Manzur, y Mercedes Aguilar López, diputadas en la Tercera y Cuarta Circunscripción. El Presidente designa una comisión que los acompañen en su ingreso al Salón, acto seguido rinden protesta de Ley y entran en funciones.

r) De la Cámara de Senadores, con la que remite minutas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes: Orgánica de la Administración Pública Federal; General de Educación; General de Salud; del Seguro Social; y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Defensa Nacional, para dictamen.

• Por el que se reforma el artículo séptimo de la Ley de Inversión Extranjera. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de prevención y control de infecciones nosocomiales. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Por el que se reforman las fracciones: primera bis, y tercera del artículo trescientos ochenta y nueve de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Por el que se reforma el artículo cincuenta y uno bis uno y se adiciona el artículo cincuenta y uno bis cuatro de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Por el que se reforma la fracción tercera y se adiciona una fracción cuarta, recorriéndose en su orden las subsecuentes, al artículo sesenta y uno de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Por el que se adiciona el artículo ciento treinta y siete bis a la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Por el que se adiciona una fracción cuarta al Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos constitucional. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

Desde su curul realizan comentarios sobre diversos temas la diputada y los diputados: Jesús Salvador Valencia Guzmán, Hortensia Aragón Castillo, ambos del Partido de la Revolución Democrática; José Everardo López Córdova, del Partido Acción Nacional; Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena; Diego Valente Valera Fuentes, del Partido Verde Ecologista de México; y Juan Antonio Meléndez Ortega, del Partido Revolucionario Institucional. La Presidenta hace aclaraciones e informa que quedan registradas sus expresiones en el Diario de los Debates.

La Presidenta informa a la Asamblea que en el Orden del Día se encuentran registradas cincuenta y un iniciativas con trámite de solo turno, toda vez que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, y conforme a la solicitud se remiten de inmediato a las Comisiones publicándose el turno que corresponda.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Sara Latife Ruíz Chávez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos segundo, cuarto, cincuenta y siete y adiciona un artículo sesenta y tres bis a la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Marisol Vargas Bárcena, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos ciento treinta y uno, ciento treinta y cinco, ciento treinta y seis, y ciento cincuenta y seis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona los artículos sesenta y siete, bis, y sesenta y siete bis uno a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

• Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza, que reforma el artículo diez de la Ley de Ciencia y Tecnología. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

• Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social, que expide la Ley que crea el Fondo de Migralidad. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

• Norma Rocio Nahle García, de Morena, que reforma los artículos cuarenta y seis, y décimo octavo transitorio de la Ley de Hidrocarburos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibió de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos ciento diez, ciento once, ciento cincuenta y cuatro, y ciento setenta y ocho, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad

Desde su curul el diputado Luis Fernando Mesta Soulé, del Partido Acción Nacional, realiza comentarios sobre diversos temas. La Presidenta hace aclaraciones e informa que quedan registradas sus expresiones en el Diario de los Debates.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara, el cinco de abril de cada año como Día Nacional Contra el Cáncer de Pulmón. No habiendo oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por trescientos noventa y seis votos a favor; y uno en contra, se aprueba en lo general y en lo particular proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara, el cinco de abril de cada año como Día Nacional Contra el Cáncer de Pulmón. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional. La Presidenta hace aclaraciones e informa que quedan registradas sus expresiones en el Diario de los Debates.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el día cinco de mayo de cada año, como el Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar. Se concede el uso de la palabra al diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Desde sus respectivas curules realiza comentarios con relación al dictamen las diputadas: Mariana Trejo Flores, de Morena; Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática; y Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por trescientos setenta votos a favor; tres en contra; y cuarenta y un abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el día cinco de mayo de cada año, como el Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Justicia, el primero con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo ciento treinta y siete del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el segundo con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo ciento sesenta y siete del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se concede el uso de la palabra al diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, para fundamentar ambos dictámenes en nombre de la Comisión.

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios del primer dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo ciento treinta y siete del Código Nacional de Procedimientos Penales intervienen las diputadas y los diputados: Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza, María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano;

Desde su curul para realizar moción de rectificación de hechos el diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia hace aclaraciones.

Continúa la fijación de postura e interviene el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, de Morena;

Desde su curul el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano realiza comentarios respecto al debate. La Presidencia hace aclaraciones.

Continúa la fijación de posturas e intervienen las diputadas y los diputados: Lia Limón García, del Partido Verde Ecologista de México; Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática; Patricia Sánchez Carrillo, del Partido Acción Nacional; y María Gloria Hernández Madrid, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e interviene para responder alusiones personales María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano. Desde su curul, el diputado Edgar Romo García del Partido Revolucionario Institucional realiza moción de apego al tema. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por trescientos noventa y dos votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo ciento treinta y siete del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pasa al Senado, para sus efectos Constitucionales.

Se da cuenta con el expediente que contiene el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles, que contiene dieciocho votos aprobatorios de los Congresos de los estados de Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Puestos todos de pie la Presidenta declara: “El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles”. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales correspondientes.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del segundo dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo ciento sesenta y siete del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza; Sofía Torres González, del Partido Verde Ecologista de México; Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática; Javier Antonio Neblina Vega, del Partido Acción Nacional; y Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por unanimidad de trescientos sesenta y cuatro votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto decreto por el que se reforma el artículo ciento sesenta y siete del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones el ciudadano Miguel Ángel Ramírez Ponce, diputado federal electo en el Estado México. El Presidente designa una comisión que lo acompañe en su ingreso al Salón, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución, y se concede el uso de la palabra a los diputados:

• Sofía del Sagrario de León Maza, a nombre propio y de los diputados César Camacho Quiroz, y Heidi Salazar Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, con atención a la Secretaría de Educación Pública, así como a las autoridades educativas locales, a desplegar las más intensa campaña de difusión sobre el significado de los principios educativos contenidos en el artículo tercero constitucional. En votación económica se considera de urgente resolución.

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

Se concede el uso de la palabra para referirse al punto de acuerdo a los diputados: Mirna Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza; Juan Romero Tenorio, de Morena; y desde su curul Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

• José Máximo García López, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de la Secretaría de Turismo, a crear programas para incentivar el consumo de productos manufacturados en México, así como promoción al turismo mexicano. En votación económica se considera de urgente resolución. Desde su curul realiza propuesta de adición la diputada Norma Rocío Nahle García, del Morena, misma que no es aceptada por el proponente. En votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

• Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, relativo al diseño de estrategias y desarrollo de programas para el uso responsable de los libros de texto que permitan su reutilización en diversos ciclos escolares, en tanto no se actualice su contenido.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

Desde su curul, el diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Partido Acción Nacional realiza diversos comentarios. El Presidente hace aclaraciones.

En votación económica se considera de urgente resolución. No habiendo oradores registrados. En votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

Se da cuenta con acuerdo de Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes en Comisiones, y de juntas directivas. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo diez de la Ley del Mercado de Valores. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano:

– Que adiciona los artículos dieciocho, diecinueve, veinte de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

– Que reforma y adiciona el artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo sesenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano, que adiciona un segundo párrafo al artículo ciento veintisiete bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo ciento veintitrés Constitucional. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga el Capítulo Cuarto del Título Segundo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, la parte que le corresponde, y a la Comisión de Justicia, la parte que le corresponde, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, María Victoria Mercado Sánchez y Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano:

– Que reforma el artículo veintitrés de la Ley de Inversión Extranjera. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

– Que adiciona el artículo trescientos cincuenta bis cuatro de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, que adiciona el artículo trescientos ochenta de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano:

– Que reforma y adiciona los artículos diecisiete, cuarenta y ocho, cincuenta y dos, sesenta y uno, y sesenta y dos de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

– Que reforma el artículo ciento noventa y uno de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano, por el que se declara el diecinueve de abril de cada año, Día Nacional de la Bicicleta. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo doscientos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y adiciona el artículo ciento sesenta y dos bis de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo doscientos veintidós de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos sesenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sexto de la Ley de Planeación y séptimo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, la parte que le corresponde, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la parte que le corresponde, y a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la parte que le corresponde, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, que adiciona el artículo ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo veintiocho de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, María Victoria Mercado Sánchez y Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano, que adiciona el artículo trescientos cuarenta y uno bis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis y Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano, que adiciona el artículo quince de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, que adiciona el artículo setenta y siete bis treinta y siete de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión Salud, para dictamen.

• Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos ciento cuatro, y ciento cinco del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Luis Ernesto Munguía González, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo quince-A de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, que adiciona los artículos doscientos ochenta y siete bis, y doscientos ochenta y siete ter al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• René Cervera García, de Movimiento Ciudadano:

– Que reforma los artículos segundo, y décimo y deroga el artículo segundo-C de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforma el artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Angie Dennisse Hauffen Torres, de Movimiento Ciudadano:

– Que adiciona el artículo veintisiete de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

– Por el que se declara el veinte de Marzo de cada año como Día Nacional de las Áreas Naturales Protegidas de México. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo treinta y seis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis y Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano, que adiciona el artículo noveno de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Elías Octavio Iñiguez Mejía y Carlos Lomelí Bolaños, de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional, que adiciona un artículo veinticuatro bis a la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Angie Dennisse Hauffen Torres, de Movimiento Ciudadano, que adiciona el artículo sesenta y ocho de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen, y a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para opinión.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, por el que se declara el treinta de mayo como Día Nacional de las Personas Sobredotadas. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, que expide la Ley General del Banco Nacional de Huellas Genéticas. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano:

– Que reforma los artículos primero, doce, trece, y treinta y nueve de la Ley de Ciencia y Tecnología. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Transición Energética. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Turismo y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a las Comisiones Unidas de Turismo, y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

– Que reforma y adiciona los artículos sexto, dieciséis, y veintisiete de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano:

– Que reforma los artículos cuarenta y ocho, y cincuenta de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

– Que reforma y adiciona el artículo diecisiete bis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Elías Octavio Iñiguez Mejía y Carlos Lomelí Bolaños, de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

– Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona los artículos dieciséis, y diecisiete de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona los artículos dieciocho, ciento once, y ciento cuarenta y dos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo décimo de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, para dictamen.

• Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, que reforma y deroga los artículos diez y once de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Se turna a las Comisiones Unidas de Marina, y de Transportes, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona el artículo sesenta de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Miguel Ángel Sulub Caamal, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para que elabore un estudio regional sobre los niveles de temperatura en el estado de Campeche que permita una reclasificación de la tarifa en el cobro del suministro de energía eléctrica. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Jesús Antonio López Rodríguez, del Partido Acción Nacional, relativo a la enfermedad vascular cerebral isquémica (infarto cerebral). Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Araceli Damián González, de Morena, relativo a la decisión de LICONSA de comprar leche en polvo en el extranjero en dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Claudia Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por el que se hace un extrañamiento y rechazo a las declaraciones del primer ministro del estado de Israel, Benjamín Netanyahu, quien expresó su apoyo a la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump, de construir un muro entre México y los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Mirna Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Reguladora de Energía, a que lleven a cabo las acciones para fortalecer y garantizar las condiciones de logística de almacenamiento, transporte y comercialización del mercado de combustible en México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Miguel Ángel Sulub Caamal, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a fin de modificar el Acuerdo Número 25/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a diversas autoridades, para que emitan las zonas de seguridad para la navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• María Chávez García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, a integrar un grupo plural que dé seguimiento a las acciones emprendidas para atender la remediación ambiental y a la población afectada, por el derrame de cuarenta mil metros cúbicos de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuch y Sonora, acontecido el día 6 de agosto de dos mil catorce. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Claudia Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que difunda el fallo a la solicitud de alerta de violencia de género contra mujeres para San Luis Potosí, presentada en noviembre de dos mil quince. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, a implementar medidas de austeridad y disciplina presupuestaria bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, ante la actual crisis económica que atraviesa el país. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta a los tres Poderes del estado de Chiapas, a proteger, respetar y garantizar los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado e implementar una política de austeridad centrada en la reducción en un cincuenta por ciento o más de los salarios de legisladores y altos funcionarios en la entidad. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano, por el que exhorta a la Procuraduría de Justicia, y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, investiguen y sancionen lo hechos cometidos por los integrantes del ayuntamiento San Martín Peras, en perjuicio de Gabriela Maldonado Rivera. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a la Secretaria de Salud del estado de Chiapas, para que garanticen el acceso efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación ni desembolso, al momento de utilizarse los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios de la entidad. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, relativo al Centro Integralmente Planeado Nayarit (CIP NAYARIT). Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Juan Romero Tenorio, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que informe al Senado de la República de los términos y condiciones en que convino con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya no hablar públicamente del muro fronterizo, así como el contenido y agenda de los temas del supuesto déficit comercial de Estados Unidos de América con México. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, relativo al fortalecimiento de los procesos de adquisición de bienes y servicios que realizan dependencias del Poder Ejecutivo, entidades estatales y órganos autónomos. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta a las autoridades de la Universidad Autónoma de México, a atender satisfactoriamente las demandas salariales de los trabajadores académicos y administrativos, afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, y evitar una huelga que afectaría las actividades docentes. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a investiga, observar, recomendar y aplicar las medidas resultantes, al Gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, debido a las declaraciones y acciones misóginas y discriminatorias que ha realizado contra las mujeres de la entidad. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, relativo a la cancelación de todas las concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público privadas, otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, sus filiales y subsidiarias, en virtud de las denuncias de corrupción presentadas en su contra y en las que están involucrados servidores públicos. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen

• Germán Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, relativo a establecer un sistema nacional de licencia para conducir por puntos, así como el establecimiento de requisitos para su obtención. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Jesús Serrano Lora, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal de Competencia Económica, a conducir una política de precios que apoye la economía de los pequeños productores y consumidores, así como a vigilar y sancionar el alza injustificada en los precios de los productos que componen la canasta básica y en los servicios de consumo popular. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a dar seguimiento puntual a las trece acciones del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Araceli Damián González, de Morena, relativo a la redictaminación de proyectos por parte del programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Araceli Damián González, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que solicite al consejo técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, se amplíe a dieciséis semanas, posteriores a la desocupación, el período de conservación del derecho de los asegurados que queden privados de trabajo remunerado. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes siete de febrero de dos mil diecisiete, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con un minuto.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.



COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Miguel Ángel Ramírez Ponce cause alta como integrante en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que el diputado Miguel Ángel Ramírez Ponce cause alta como integrante en la Comisión de Radio y Televisión.

• Que la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela cause alta como secretaria en la Comisión de Pesca.

• Que la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela cause alta como integrante en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela cause alta como integrante en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo cause alta como secretaria en la Comisión de Seguridad Social.

• Que la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo cause alta como integrante en la Comisión de Energía.

• Que la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo cause alta como integrante en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Que la diputada Santos Garza Herrera cause alta como secretaria en la Comisión de Radio y Televisión.

• Que la diputada Santos Garza Herrera cause alta como integrante en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que la diputada Santos Garza Herrera cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, DF, a 7 de febrero de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego que someta a consideración del pleno las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Morena:

• Que la diputada Delfina Gómez Álvarez cause baja como integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que la diputada Magdalena Moreno Vega cause alta como integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que la diputada Delfina Gómez Álvarez cause baja como secretaria de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que la diputada Magdalena Moreno Vega cause alta como como secretaria de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que la diputada Delfina Gómez Álvarez cause baja como integrante de la Comisión de Seguridad Pública.

• Que la diputada Magdalena Moreno Vega cause alta como integrante de la Comisión de Seguridad Pública.

• Que la diputada Delfina Gómez Álvarez cause baja como integrante de la Comisión Especial para impulsar a estudiantes de altas capacidades intelectuales.

• Que la diputada Magdalena Moreno Vega cause alta como integrante de la Comisión Especial para impulsar a estudiantes de altas capacidades intelectuales.

• Que la diputada Delfina Gómez Álvarez cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Costa Rica.

• Que la diputada Magdalena Moreno Vega cause alta como integrante del Grupo de Amistad México-Costa Rica.

• Que la diputada Delfina Gómez Álvarez cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Pakistán.

• Que la diputada Magdalena Moreno Vega cause alta como integrante del Grupo de Amistad México-Pakistán.

• Que la diputada Delfina Gómez Álvarez cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Suecia

• Que la diputada Magdalena Moreno Vega cause alta como integrante del Grupo de Amistad México- Suecia

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, DF, a 7 de febrero de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados. Comuníquense.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Considerando la posibilidad de realizar un replanteamiento argumentativo, me permito solicitar su valioso apoyo para retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que presenté el 29 de noviembre del año 2016.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración más distinguida.

Atentamente

San Lázaro, a 1o. de febrero de 2017.— Diputada María Elena Orantes López (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguila, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Considerando la posibilidad de realizar un replanteamiento argumentativo, me permito solicitar su valioso apoyo para retirar la inicia ti va con proyecto de decreto que reforma los artículos 37 de la Ley de Coordinación Fiscal y 19, 66 y 67 de la Ley General de Protección Civil, misma que presenté el 20 de octubre del año 2016.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración más distinguida.

Atentamente

San Lázaro, a 1o. de febrero de 2017.— Diputada María Elena Orantes López (rúbrica).»

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este medio y de conformidad con el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito respetuosamente sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por quien suscribe el 13 de septiembre de 2016 ante el pleno de la Cámara de Diputados, y turnada para dictamen a la Comisión de Transportes.

Sin más por el momento, reciba usted la más alta de mis deferencias.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero de 2017.— Diputado Jonadab Martínez García (rúbrica).»

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Javier Edmundo Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Sirva esta misiva para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de la manera más atenta, gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se retire de la Comisión de Desarrollo Social, así como de los registros parlamentarios, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de su servidor, diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES, presentada por la diputada Ana Guadalupe Perea Santos el 7 de diciembre de 2016, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 3 de noviembre de 2016.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que sirva brindarle a la presente, quedo a sus órdenes para cualquier asunto relacionado con el mismo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de enero de 2017.— Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica).»

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto le solicito muy gentil mente sea retirada la iniciativa que reforma los artículos 14, 23, 44, 46, 56, 57, 61, 62, 75, 78, 80, 81, 83, 152, 155, 156 y 161 de la Ley Agraria, misma que fue presentada por un servidor, publicada en la Gaceta Parlamentaria con fecha del 18 de octubre del 2016 y enviada a la Comisión de Reforma Agraria.

Agradezco la atención y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de febrero de 2017.— Diputado Gerardo Federico Salas Díaz (rúbrica).»

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

A través del presente, con fundamento en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que presenté el 15 de diciembre de 2016 y de la cual soy promovente, por así convenir a mis intereses.

Agradezco de antemano la atención prestada a mi solicitud.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.— Diputada Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

A través del presente, con fundamento en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, misma que presenté el 15 de diciembre de 2016 y de la cual soy promovente, por así convenir a mis intereses.

Agradezco de antemano la atención prestada a mi solicitud.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.— Diputada Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica).»

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva la presente para solicitarle de la manera más atenta, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retirada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a implementar medidas de austeridad y disciplina presupuestaria bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, ante la actual crisis económica que atraviesa el país, publicado el 25 de enero del 2017, de la que soy proponente.

Sin otro asunto más por el momento, quedo a sus más distinguidas y finas consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero del 2017.— Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-3-1481, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/299/2017, suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a implementar acciones, campañas, protocolos y políticas encaminadas a prevenir, disminuir y erradicar la diabetes mellitus en la población en general y particularmente de las niñas y niños.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 1o. de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/2559/16, de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante el cual informó que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada día l5 de diciembre del 2016, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para implementar acciones, campañas, protocolos y políticas encaminadas a prevenir, disminuir y erradicar la diabetes mellitus en la población en general y particularmente de las niñas y niños.”

Al respecto, me permito enviar el oficio D.G.A.J.20S.000. 00/049/2017, suscrito por el licenciado Francisco Javier Guevara García, director general de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de enero de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.— Presente.

Hago referencia al oficio UCVPS/188/2017 de 11 de enero del año en curso, recibido el17 del mismo mes y año, a través del cual solicita la opinión respecto del punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 15 de diciembre de 2016, que a la letra señala:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para implementar acciones, campañas, protocolos y políticas encaminadas a prevenir, disminuir y erradicar la diabetes mellitus en la población en general y particularmente de las niñas y niños.”

Sobre el particular, se hace de su conocimiento que mediante oficio D.GAJ. 205.000.00/032/2017 de 18 de enero del presente año, se solicitó al ingeniero Carlos Prado Butrón; Jefe de la Unidad de Atención a Población Vulnerable manifestara en términos de lo dispuesto en el artículo 15, fracciones I, II, IV y X del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia las acciones que se encuentre realizando o tenga proyectando realizar respecto del punto de acuerdo que nos ocupa. En atención a lo anterior, mediante memorándum número 212.000.00/005/2017 de 20 de enero del año en curso el director general de Alimentación y Desarrollo Comunitario señaló:

“...en el ámbito de competencia de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario (DGADC), en el marco de coordinación de los programas de asistencia social alimentaria, se cuentan con las siguientes políticas de acción:

1. La DGADC elabora y entrega a los Sistemas Estatales DIF (SEDIF):

• Los lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, que entre otros, tienen el objetivo de regular la integración de los apoyos alimentarios que serán otorgados a los beneficiarios.

• El Manual para el diseño e implementación de acciones de orientación alimentaria en los programas alimentarios DIF, cuyo objetivo primordial es apoyar en el diseño e implementación de acciones de orientación alimentaria, para los beneficiarios de los programas.

• El documento Implementación de acciones en lactancia materna, con el objeto de promocionar y contribuir al fomento esta práctica.

2. Con base en lo anterior, los SEDIF promueven una alimentación correcta, a través, de, otorgar apoyos alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia, basados en incluir alimentos de los 3 grupos referidos en la NOM-043-SSA2-2012, e insumos que fomenten hábitos de alimentación correcta como:

• Cereales integrales o sus derivados, elaborados con granos enteros o a partir de harinas integrales.

• Una amplia variedad de leguminosas, entre las que se encuentran: frijoles, lentejas, habas, garbanzos, arvejas, entre otras.

• Alimentos que sean fuente de calcio, por ejemplo, tortillas de nixtamal, charales, sardinas, leche y sus derivados; leche descremada sin saborizantes.

• Eliminar de los desayunos escolares y dotaciones, alimentos que son fuente importante de azucares simples, grasas saturadas, sodio y/o harinas refinadas.

3. Estas acciones son fortalecidas por los SEDIF con la implementación de pláticas o talleres de orientación alimentaria, basados en la importancia de disminuir el consumo de alimentos fuente de azúcares simples, grasas saturadas, sodio y/o harinas refinadas, y promoción de práctica regular de ejercicio físico.

Aunado a lo anterior, diseñan y distribuyen material didáctico y de difusión con temas relativos a la correcta alimentación, prevención de enfermedades crónico degenerativas, en los cuales se abordan los temas de sobrepeso, obesidad, entre otros.

4. La DGADC en acompañamiento con la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social del SNDIF, inició con la alineación y certificación de personal de los SEDIF de distintas áreas, involucrados en la operación de los programas alimentarios, en el estándar de competencia del EC0334 Preparación de alimentos para la población sujeta de asistencia social, el cual se compone de dos elementos básicos, siendo el segundo, preparar alimentos para la población sujetas asistencia social, con el objetivo de orientar a los candidatos hacia la integración de menús saludables, equilibrados con variantes en técnicas de preparación y acordes al tipo de población.

5. Todas las acciones implementadas por los SEDIF, tienen seguimiento y acompañamiento por esta DGADC, para conocer su grado de cumplimiento, y continuar impulsando la promoción de una alimentación correcta.

6. En vinculación interinstitucional, de enero a octubre de 2016, se participó en las reuniones del Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles, con el objetivo de dar seguimiento a la Estrategia para la Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes.

Derivado de la descripción anterior, la DGADC y los SEDIF a través de los programas alimentarios abonan en cierta medida a la prevención de enfermedades crónico-degenerativas como pueden ser el sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus entre otras.”

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Ciudad de México, a 24 de enero de 2017.— Licenciado Francisco Javier Guevara García (rúbrica), director general de Asuntos Jurídicos.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-7-1601, signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/298/2017 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a fomentar la especialización en pediatría oncológica en los médicos, derivado del déficit de éstos en nuestro país; así como celebrar convenios de colaboración con las instituciones educativas públicas o privadas, a efecto de fomentar la investigación respecto de nuevos tratamientos para el combate al cáncer infantil.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 1o. de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/2482/16, de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante el cual informó que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada día 15 de diciembre del 2016, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través de la Dirección General de Calidad y Educación de Salud, fomenten la especialización en pediatría oncológica en los médicos, derivado del déficit de éstos en nuestro país, y cuyo objetivo sea homologarla al promedio establecido en los estándares internacionales.

“Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, celebre los convenios de colaboración correspondientes con las instituciones educativas públicas o privadas, a efecto de que fomenten la investigación respecto de nuevos tratamientos para el combate al cáncer infantil.”

Al respecto, me permito enviar el oficio SIDSS-CAS-9 51-2017, suscrito por el ingeniero Gustavo Ernesto Ramírez Rodríguez, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de enero de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Me refiero a su oficio número UCVHS/13 8/2017 de fecha 3 de enero de 2017, referente al punto de acuerdo aprobado el 15 de diciembre de 2016 en sesión de la Cámara de Diputados, el cual se detalla a continuación:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través de la Dirección General de Calidad y Educación de Salud, fomenten la especialización en pediatría oncológica en los médicos, derivado del déficit de éstos en nuestro país, y cuyo objetivo sea homologarla al promedio establecido en los estándares internacionales.

“Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, celebre los convenios de colaboración correspondientes con las instituciones educativas públicas o privadas, a efecto de que fomenten la investigación respecto de nuevos tratamientos para el combate al cáncer infantil.”

Al respecto, por instrucciones del doctor José Meljem Moctezuma, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y en el ámbito de competencia de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), se informa lo siguiente:

• En lo referente al punto primero, la DGCES no tiene facultades para incidir en la formación de especialistas en lo general, no de especialistas en el área de pediatría oncológica en lo particular, ya que la formación y tipo de especialidad depende de las instituciones de educación superior formadoras de recursos humanos para la salud, así como de los establecimientos para la atención médica que cuenten con los recursos humanos especializados y los equipos de diagnóstico y tratamiento adecuados para la atención del cáncer infantil.

No obstante, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Interinstitucional para la formación de Recursos Humanos para la Salud, emite recomendaciones entre sus integrantes (entre ellos las universidades públicas y privadas) para estimular y promover la formación de profesionales y especialistas en las diversas ramas de la medicina, entre el/as la pediatría oncológica, así como otras especialidades correlativas, necesarias para brindar con calidad, seguridad y un enfoque integral, la atención de los niños, niñas y adolescentes afectados por padecimientos oncológicos.

• Respecto al punto Segundo, la DGCES, a través del proceso de Acreditación de establecimientos y servitas de atención médica, coadyuva a la ampliación de la red de servicios de atención de diversos tipos de cáncer. En esta materia, la Secretaría de Salud cuenta con 161 servicios acreditaos en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, en 65 establecimientos para la atención médica en las 32 entidades federativas. Es importante destacar que se realizan acciones de supervisión a efecto de garantizar que los establecimientos mantengan los criterios de capacidad, seguridad y calidad con los que fueron acreditados, con lo cual se favorece la adecuada atención de niñas, niños y adolescentes con cáncer.

Cabe mencionar que los programas campañas y acciones de prevención de los principales tipos de cáncer, así como la atención y tratamiento del cáncer en niños, niños y adolescentes, es facultad y responsabilidad de las unidades administrativas dependientes de la Subsecretaría de Prevención de la Salud, en coordinación con los Institutos Nacionales de Salud, los Hospitales Regionales de Alta Especialidad y aquellas unidades médicas de las instituciones de seguridad social que brindan servicios especializados en oncología pediátrica.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de enero de 2017.— Ingeniero Gustavo Ernesto Ramírez Rodríguez (rúbrica), coordinador de asesores de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-6-1474 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 JOS/CECU/0166/17 suscrito por la doctora Lorena Buzón Pérez, coordinadora de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a diseñar e implementar campañas informativas constantes respecto de los síntomas y consecuencias de los principales cánceres en niños, mismas que se impartirán a los padres de familia en las escuelas públicas primarias y secundarias, cuya finalidad sea concientizar a las niñas, niños y adolescentes sobre la importancia de este padecimiento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/UEL/311/2514/16 del 20 de diciembre de 2016, por el que informó al maestro Mauricio Dávila Morlotte, jefe de la Oficina del Secretario, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, que refiere al exhorto para diseñar e implementar campañas informativas constantes de los síntomas y consecuencias de los principales cánceres en niños, mismas que se impartirán a los padres de familia en las escuelas públicas primarias y secundarias, para concientizar a las niñas, niños y adolescentes sobre la importancia de la detección oportuna de este padecimiento.

Sobre el particular, remito copia del oficio número SEB/UR300/0043/2017, firmado por el maestro Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica, que informa que el currículo vigente fomenta el aprendizaje sobre la importancia del cuidado y conservación de la salud, así como la prevención de ésta y otras enfermedades en beneficio del desarrollo integral de los alumnos.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de enero de 2017.— Doctora Lorena Buzón Pérez (rúbrica), coordinadora de enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Mauricio Dávila Morlotte, titular de la Jefatura de Oficina del Secretario.— Presente.

Me refiero al oficio UR 120 JOS/CECU/001/17, dirigido a esta subsecretaría, por el que se solicitó emitir opinión al punto de acuerdo aprobado la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, que señala:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que diseñen e implementen campañas informativas constantes respecto de los síntomas y consecuencias de los principales cánceres en niños, mismas que se impartirán a los padres de familia en las escuelas públicas primarias y secundarias, cuya finalidad sea concientizar a las niñas, niños y adolescentes sobre la importancia de la detección oportuna de ese padecimiento y con ello elevar el índice de sobrevida en cáncer infantil”.

Al respecto, me permito informarle que, una vez revisado y analizado el presente punto de acuerdo, se informa que la Secretaría de Educación Pública (SEP) coincide en la importancia que tiene el cuidado de la salud de las niñas, niños y adolescentes que cursan la educación básica. A través del currículo vigente se abordan temáticas que fomentan aprendizajes sobre la importancia del cuidado y conservación de la salud, al igual que la prevención de ésta y otras enfermedades en beneficio del desarrollo integral de los alumnos.

Anexo al presente se incluye el análisis realizado por esta subsecretaría.

Agradeciendo su amable atención, le envío cordiales saludos.

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de enero de 2017.— Maestro Javier Treviño Cantú (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Para: Licenciado Héctor Ramírez del Razo, coordinador de asesores de la SEP

De: Profesora Alejandra Rodríguez Ocáriz, Directora de Gestión Educativa

En atención a su atenta nota número SEB/UR300/CAS/007/2017, mediante el cual solicita elaborar una opinión al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2016, que señala: “ Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades educativas y de salud de los diferente niveles de gobierno, a efecto de que diseñen e implementen campañas informativas constantes respecto de los síntomas y consecuencias de los principales cánceres en niños, mismas que se impartirán a los padres de familia en las escuelas públicas primarias y secundarias, cuya finalidad sea concientizar a las niñas, niños y adolescentes sobre la importancia de la detección oportuna de ese padecimiento y con ello elevar el índice de sobrevida en cáncer infantil”, al respecto se remite opinión desde el ámbito de esta Dirección de Área de la DGDGE:

Por el carácter que legamente éste tiene: resolución de la mayoría de los legisladores, para establecer la postura política, económica, social o cultural del Congreso en asuntos de interés púbico que no requieren sanción, promulgación ni publicación, señalamos lo siguiente:

• Coincidimos en la importancia que tiene el cuidado de la salud de los niños, niñas y adolescentes que cursan la educación básica en los planteles educativos de nuestro país y, en ese sentido la SEP asume esta tarea en colaboración con las instituciones del sector salud para garantizar el desarrollo saludable de todos los estudiantes de educación básica.

• Comunicamos, de manera respetuosa, ante el exhorto que se hace a la SEP para atender el problema de salud que afecta este grupo de la población, esta Secretaría implementa acciones que tienen un carácter constante y permanente para favorecer la prevención de ésta y otras enfermedades. Es mediante su incorporación como contenidos programáticos a estudiar y los aprendizajes a lograr, que los temas y asuntos relacionados con el cuidado de la salud se abordan en las actividades académicas de la escuela (Programas de Estudio de Educación Básica, vigente).

• En el caso de los padres de familia, que es el grupo al que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, determina que estén dirigidas las campañas, consideramos que podrían ser los Consejos de Participación Social en la Educación (Conapase) el organismo encargado de realizar las acciones de gestión necesarias (en el entendido que es una de sus atribuciones de este organismo y no solo del director de la escuela) ante las instituciones de salud para que sean éstas las que implementen esta acción, una vez que cuenten con el diseño de las campañas y con todo lo necesario para su difusión.

Esta Secretaría considera que es la Secretaría de Salud, la institución que tiene la información precisa y el personal preparado para diseñar y llevar a cabo las campañas mencionadas. Cabe aclarar que lo anterior no pretende deslindar a maestros y directivos escolares de la responsabilidad del cuidado de la salud de niños, niñas y adolescentes que cursan la educación básica pero la problemática es atendida mediante los contenidos curriculares, como se señaló en el párrafo anterior. De esta forma se garantiza el cumplimiento de la normalidad mínima en la escuela favoreciendo el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Sin distraer a dos de los actores educativos fundamentales los estudiantes y los maestros: que la función del maestro se centre en enseñar y los alumnos en aprender.

Sin otro particular, quedo atenta a sus comentarios sobre este tema.

Nota:

1 http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/doclegis/cuaderno terminolegis.pdf

Saludos cordiales.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de enero de 2017.— Profesora Alejandra Rodríguez Ocáriz (rúbrica), directora de Gestión Educativa.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Para: Doctora Lorena Buzón Pérez, Coordinadora de Enlace con el Congreso.

De: Licenciada Rommy Galindo Barba, secretaria técnica de la Jefatura de la Oficina del Secretario.

Hago referencia al oficio SELAP/UEL/311/2514/16 (anexo para su pronta referencia), mediante el cual el maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, de la Secretaría de Gobernación, hace del conocimiento de esta jefatura de la oficina, la aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión del punto de acuerdo que se menciona en el citado oficio.

En ese sentido, me permito solicitar su valioso apoyo para que brinde la atención que estime procedente e informe a esta oficina sobre su seguimiento, en un plazo no mayor a 5 días hábiles.

Sin otro particular, le envío saludos cordiales.

Ciudad de México, a 22 de diciembre de 2016.— Licenciada Rommy Galindo Barba (rúbrica), secretaria técnica de la Jefatura de la Oficina del Secretario.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito remitir para los fines procedentes y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, copia del oficio número K000/012/2017, signado por el doctor Julio César Ponce Rodríguez, coordinador de Proyectos, Comunicación e Información. Estratégica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a ese Consejo Nacional a fortalecer y extender en todo el territorio nacional las acciones de vinculación entre investigadores, academia, el empresariado y la industria a facilitar la incorporación de expertos en el sector productivo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 1o. de febrero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de la república.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hemos recibido en este Consejo el oficio número DGPL-63-II-5-1774, que dirige la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Diputados, al doctor Enrique Cabrero, y que contiene el acuerdo por el que se exhorta a este Consejo a fortalecer y extender en todo el territorio nacional las acciones de vinculación entre investigadores, academia, el empresariado y la industria, a fin de facilitar la incorporación de expertos en el sector productivo.

En relación con lo anterior me permito hacer llegar la opinión del Conacyt a esa dependencia para que por su conducto se remita a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, indicando que los programas y Fondos del Conacyt ya consideran acciones de vinculación en los términos que señala el acuerdo y de conformidad con el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 que considera como un elemento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a todos los entes que realizan actividades en la materia, a través de procedimientos de concertación, coordinación, participación y vinculación.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 23 de enero de 2017.— Julio César Ponce Rodríguez (rúbrica), coordinador de Proyectos, Comunicación e Información Estratégica.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio No. DGPL 63-II-8-2224 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEPO160/17 suscrito por el maestro Jorge Alberto Cortés Green, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que solicita al gobierno mexicano lleve ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la postura de eliminar el bloqueo comercial, económico y financiero de los Estados Unidos de América en contra de la República de Cuba.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 1o. de febrero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la Subsecretaria bajo su digno cargo, me permito hacer llegar la respuesta a las proposiciones relativas al punto de acuerdo aprobado por la Honorable Cámara de Diputados el 11 de octubre del presente año, cuyos resolutivos son los siguientes:

Primero: La Cámara de Diputados del honorable. Congreso de la Unión se pronuncia por eliminar el bloqueo comercial, económico y financiero de los Estados Unidos de América contra de la República de Cuba y se solicita respetuosamente al gobierno mexicano, lleve esta postura a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Segundo: La Cámara de Diputados, realiza tina respetuosa petición al Congreso de los Estados Unidos de América para que ponga fin al bloqueo comercial, económico)’ financiero de los Estados Unidos de América en contra de la República de Cuba, con base en los principias de la política exterior de México que se sustenta en la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza de las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, además de la lucha por la paz y la seguridad internacional.

Por lo antes expuesto, mucho agradeceré sus amables gestiones para hacer llegar la información anexa a las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de enero de 2017.— Jorge Alberto Cortés Green (rúbrica), director general de Coordinación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Respuesta al punto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados sobre el bloqueo comercial de Estados Unidos a Cuba

El gobierno de México respalda el reclamo legítimo de Cuba para que Estados Unidos ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la isla. En este sentido, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a levantar el bloqueo contra Cuba en su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el 20 de septiembre de 2016.

De la misma manera, durante la consideración del tema “Necesidad de poner fin al bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba “, por la Asamblea General de la ONU el 26 de octubre de 2016, el gobierno de México fue uno de los 191 que votaron a favor de la resolución que pide poner fin al bloqueo. En un hecho histórico, ésta fue la primera ocasión en que la resolución fue adoptada sin ningún voto en contra.

Cabe destacar que en el debate previo a la adopción de la resolución, y como ya es tradición, el gobierno de México fue uno de los primeros en intervenir y pronunciarse por la eliminación del bloqueo.

Asimismo, la posición del gobierno de México también fue reflejada en el discurso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Se adjunta la intervención del Representante de México ante la ONU, así como la de la CELAC.

Sin embargo, lamentamos que el bloqueo sea todavía una realidad para el pueblo cubano. Es innegable su permanencia como principal obstáculo al normal desarrollo de Cuba. El Informe presentado por el Secretario General, confirma el costo de esta política para el país, que causa daños cuantiosos e injustificables al bienestar del pueblo cubano y es contrario a los deseos de paz de los pueblos latinoamericanos, plasmados en la Proclama de América Latina cómo Zona de Paz.

Entendemos que, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba, es contrario a la letra, el espíritu, los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional.

La CELAC reitera su enérgico rechazo a la aplicación de leyes y medidas contrarias al Derecho Internacional, como la Ley Helms-Burton, incluyendo sus efectos extraterritoriales, así como a la creciente persecución a las transacciones financieras internacionales de Cuba, lo que es contrario a la voluntad política de la comunidad internacional. Exhortamos al Gobierno de los Estados Unidos de América a que ponga fin a su aplicación.

El Congreso de los Estados Unidos posee la autoridad para eliminar por completo el bloqueo contra Cuba. Sin embargo, llamamos la atención acerca de las medidas ejecutivas adoptadas por el presidente Obama, desde enero del año pasado, incluida la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, en la cual nunca debió incluírsele y que demuestran las amplias capacidades que tiene el mandatario estadounidense para modificar la injusta política de bloqueo.

La CELAC reitera su Declaración Especial sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, adoptada durante la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos Y Caribeños, celebrada en la Ciudad de Quito, Ecuador, el 26 y 27 de enero de 2016, por la cual se solicita al Gobierno de los Estados Unidos de América, el cumplimiento de las sucesivas resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que atienda a reiterados llamados de la comunidad internacional para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene contra Cuba.

La Carta de las Naciones Unidas, señor presidente, consagra derechos, obligaciones y principios que han pasado a ser parte del acervo jurídico, no sólo del Derecho Internacional, sino de la humanidad. Este no debe ser objeto de violación o menoscabo por parte de ningún miembro. Los Estados miembros deben ajustar su actuar nacional e internacional a los derechos, las obligaciones y los principios consagrados en nuestra Carta constitutiva.

En el 2015, la aprobación de esta resolución, contó con 191 votos a favor, convirtiendo esta causa en un reclamo prácticamente universal. Por estos motivos, una vez más, la Comunidad de Estados. Latinoamericanos y Caribeños apoyará decididamente la aprobación de la resolución: Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Insistimos en la inconsistencia que existe entre la aplicación de medidas unilaterales, que no están respaldadas en el derecho internacional y la letra, el espíritu y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.

Reiteramos nuestro llamado a los Estados Unidos, a aceptar el llamado de los países de América Latina y el Caribe, de todas las regiones del mundo y de su propio pueblo, de poner fin, de una vez y por todas, al injusto bloqueo contra la República de Cuba.

Muchas gracias

Misión Permanente de México

Intervención del embajador. Juan Sandoval, Representante Permanente Alterno, en el debate de la Asamblea General sobre “Necesidad de poner fin al bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”

Nueva York, a 26 octubre, 2016

Señor Presidente,

Mi delegación se asocia a la declaración formulada anteriormente en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos Y Caribeños (CELAC).

Como en años anteriores, México reitera una vez más su rechazo a las acciones unilaterales en contra de la República de Cuba, incluida la imposición durante más de cinco décadas del bloqueo económico, comercial y financiero, toda vez que van en contra del derecho internacional y del sustento de las relaciones de amistad y cooperación que deben prevalecer entre los Estados.

Señor Presidente,

Hace poco más de un mes, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, reiteró ante esta Asamblea General el llamado de mí país a levantar el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, lo cual abonará a un clima de distensión y entendimiento en nuestra región.

El gobierno de México reafirma hoy ese llamado y confirma que dará su apoyo al proyecto de resolución sometido a consideración de esta Asamblea General, como lo ha hecho invariablemente.

Señor Presidente,

México se congratula hoy por los avances en el proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos de América, dos vecinos y socios importantes de mi país, pero está consciente que la normalización plena requiere la terminación del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.

Mi país reconoce las medidas que el Presidente de Estados Unidos; Barack Obama, ha implementado para flexibilizar el bloqueo, pero sabe que la atribución de levantar el bloqueo corresponde al Congreso estadounidense.

Señor Presidente,

La República de Cuba lleva a cabo un esfuerzo para actualizar su modelo económico y social. La eliminación del bloqueo facilitaría la reconversión de la economía cubana, permitiendo su reinserción plena y su acceso a los flujos de comercio e inversión internacionales. México reconoce las acciones realizadas por el Gobierno de la República de Cuba para la consecución de sus compromisos internacionalmente adquiridos en materia de desarrollo.

A pesar de las circunstancias adversas que ha enfrentado por más de 50 años, la República de Cuba muestra índices elevados de desarrollo humano, reconocido recientemente en el Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2016 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en materia laboral, de salud, educación, medio ambiente y otras. Con fin del bloqueo, Cuba podrá coadyuvar en la implementación de la Agenda 2030 y cumplir a cabalidad los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Mi país apoya el proceso de actualización del modelo económico y social cubano, y tiene la disposición de contribuir en dicho proceso si así le es requerido.

Muchas gracias.

Discurso del representante permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas, embajador Francisco A. Cortorreal, en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

Agenda ítem 39: Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba

Nueva York, 26 de Octubre de 2016

Muchas gracias, señor presidente:

Tengo el honor de hablar en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos Y del Caribe (CELAC).

La CELAC se congratula nuevamente por los avances en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, hecho que constituye el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la paz y la convivencia entre las naciones americanas.

En ese sentido, reconocemos la voluntad expresada por el presidente Obama, de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero, que los Estados Unidos de América han impuesto sobre Cuba durante más de 50 años.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente de Aguascalientes

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.— Presente.

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo y así mismo dar respuesta a su oficio número D.G.P.L. 63-II-2-1387 de fecha 15 de diciembre de 2016 dirigido al contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador del estado de Aguascalientes, mediante el cual se le informa del punto de acuerdo tomado al interior de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual se hace un exhorto para que, en el marco de sus atribuciones, se integren y apoyen los trabajos realizados por la Federación, tendientes a proteger las especies en peligro de extinción.

En este sentido me permito comentarle que dentro de las varias actividades que lleva a cabo esta Procuraduría para la protección y conservación del ambiente, se realiza el patrullaje e instalación de campamentos en las diferentes áreas naturales del estado, teniendo como objetivo principal el inhibir actividades delictivas del ámbito ambiental, como puede ser la cacería furtiva, aprovechamiento de madera no autorizado, aprovechamiento de vegetación natural con fines curativos o creencias religiosas, etcétera.

Esta Procuraduría lleva a cabo acciones de protección al ambiente de manera coordinada tanto con dependencias ambientales municipales como con dependencias ambientales federales, este último caso específicamente se colabora con la Conabio (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad), Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas, Conafor (Comisión Nacional Forestal) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con lo anterior se garantiza la conservación y protección del ambiente así como de las especies de flora y fauna señalados en la NOM-059-SEMARNA T -2010.

Se ha tenido participación activa en el portal Naturalista de la Conabio la cual se ha alimentado por parte de esta Procuraduría los registros que se toman en campo derivado de los recorridos y campamentos y con esto contribuir con el objetivo principal el dar a conocer la biodiversidad que se tiene en el territorio nacional y muy en específico el territorio estatal.

En el estado se tiene especial atención a tres especies listadas en la norma oficial señalada debido a la relevancia que estas representan, siendo estas:

Águila real (Aquila chrysaetos)

Laurel silvestre (Litsea glaucescens)

Rana de madriguera (Smilisca dentata)

Para la zona de hábitat de la Rana de Madriguera se llevan a cabo recorridos constantes por las zonas señaladas con la finalidad de corroborar que las zonas marcadas para no construcción se siga respetando, así como todas aquellas adecuaciones que se han realizado por la instalación de obras o actividades previamente autorizadas cuenten con los mantenimientos necesarios para que cumplan con el objetivo para el cual fue planteado.

Referente a la zona de anidación del Águila Real en el cerro de Juan Grande, esta Procuraduría tiene dentro de su programación registrada la zona para recorrido de vigilancia por parte del personal operativo, así mismo se tiene participación activa con el gobierno municipal de El Llano, Aguascalientes (dónde se ubica la serranía de Juan Grande) y el Ejecutivo Federal para apoyar en los eventos de peregrinación al cerro mencionado tradición antigua de los pobladores del municipio, para llevar a cabo acciones preventivas y de vigilancia para la conservación de la zona.

Para la protección del laurel silvestre se lleva a cabo actividades coordinadas con la federación y municipios con recorridos por las zonas donde se tiene detectada la presencia de la especie, tanto la zona de floramiento en diversas barrancas del estado, como en la Sierra del Laurel, correspondiendo a los municipios de Calvillo, San José de Gracia y Jesús María esto, con la finalidad de preservar y conservar la especie. Otra actividad que se realiza es la difusión de información a la población en relación a la importancia de la especie en el estado, reforzando los esfuerzos semanas antes del Domingo de Ramos y Semana Santa. Se ha solicitado el apoyo de la jerarquía de la Iglesia Católica teniendo una buena respuesta por parte de la misma a fin de desincentivar el uso del laurel silvestre en los ramos de Semana Santa. Se ha tenido también buena respuesta de la población para buscar otra alternativa para la elaboración de los ramos utilizados en como parte de las festividades.

Según el seguimiento y registro con que se cuenta en esta Procuraduría se ha documentado que dichas acciones han permitido una notable recuperación de las poblaciones de la especie en el estado.

Se cuenta también con una brigada de incendios forestales (10 elementos), los cuales están debidamente capacitados, participando en el grupo EEMI Aguascalientes (Equipo Estatal de Manejo de Incidentes) y G.T.O. Aguascalientes (Grupo Técnico Operativo), que encabeza la Gerencia Estatal de la Conafor y en el cual se ha tenido participación activa desde hace varios años en la sofocación y mitigación de incendios forestales tanto en zonas serranas así como también solares de zonas rurales y urbanas, garantizando con esto la protección y conservación de las especies listadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-SEMARNA T -059­2010.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración manifestándole la firme convicción de esta Procuraduría de trabajar en conjunto por la protección y conservación del ambiente para todos los habitantes de nuestro país para así seguir Creciendo Juntos.

Atentamente

Aguascalientes, Aguascalientes, a 17 de enero de 2017.— Biólogo Carlos Rodrigo Martín Clemente (rúbrica), Procurador.»

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«Secretaría del Medio Ambiente del estado de México.

Diputada Federal María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.— Presente.

Distinguida diputada Murguía

En atención a su oficio número D.G.P.L. 63-II-2-1387, de fecha 15 de diciembre de 2016, en donde exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales de las entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, se integren y apoyen los trabajos realizados por la federación tendientes a proteger las especies en peligro de extinción en el país.

Al respecto me permito informar a Usted, que actualmente se están apoyando los trabajos emprendidos por las instancias ambientales del Ejecutivo federal en materia de protección a especies en riesgo. Cabe hacer mención que el parque ecológico Zacango ha encaminado todos sus esfuerzos en la preservación de la fauna más vulnerable, además que su misión, visión y objetivos, se encuentran alineados a estándares nacionales e internacionales en materia de conservación y bienestar animal. Por lo cual adjunto podrá encontrar un informe detallado de las medidas que se han tomado respecto al tema.

Con el objetivo de dar cumplimiento a su amable exhorto, se continuará apoyando enérgicamente las acciones que se emprendan por parte de la Federación, amén de seguir comprometidos con la conservación, investigación, bienestar, así como el fomento de la educación para la conservación en todos los Parques que albergan fauna en peligro de extinción dentro del Estado de México.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Metepec, México, a 19 de enero de 2017.— Licenciado Raúl Vargas Herrera (rúbrica), secretario del Medio Ambiente.»

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«Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

En atención de su oficio número DGPL 63-II-2-1387, expediente 3395, y por instrucciones del gobernador de Hidalgo, licenciado Omar Fayad Meneses, me permito anexar al presente la tarjeta SEMARNATH/ DESP- 0011/ 2017, con las acciones y estrategias para atender el acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Aprovecho este medio para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 25 de enero de 2017.— Licenciado Alejandro Enciso Arellano (rúbrica), secretario particular del Gobernador.»

«Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo.

Licenciado Alejandro Enciso Arellano, Secretario Particular del Gobernador.— Presente.

En atención de su escrito número SP/ 011279/ 2016, donde remite reconocimiento de la Cámara de Diputados al esfuerzo del gobierno federal por la implantación del Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad y exhorto a las entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, se integren y apoyen a los trabajos realizados tendentes a la protección de especies en peligro de extinción.

Al respecto y con fundamento en las atribuciones en materia de conservación de la biodiversidad enmarcadas en los artículos 84 a 127 de la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo, publicada el 16 de febrero de 2015, Hidalgo a través de esta secretaría fomenta las siguientes estrategias de conservación y aprovechamiento sustentable:

• Establecimiento y operación de áreas naturales protegidas (ANP), Hidalgo cuenta con 5 ANP de ámbito federal y 47 ANP de ámbito estatal y municipal, esto representa 6.94 por ciento del territorio total.

• Se trabaja con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para el seguimiento de las áreas naturales protegidas federales, en la aplicación del programa de manejo y operación de consejos asesores.

• Se participa activamente en el seguimiento del proyecto del Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental, donde se promueven acciones de monitoreo, protección, aprovechamiento sustentable, investigación y capacitación en favor de la conservación de la biodiversidad.

• Se promueven el establecimiento y la operación de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, realizando actividades de fortalecimiento de infraestructura, equipamiento y manejo de fauna, flora y hábitat.

• Se trabaja en el proceso de elaboración de la Estrategia Estatal de Biodiversidad para Hidalgo, la cual constituye una de las principales metas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. Ésta sumará los estudios de los investigadores locales y nacionales, la que en su momento pretende alimentar el Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad.

• Se promueve y fomenta el mantenimiento de la superficie bajo manejo forestal sustentable, particularmente en apoyo de predios que cuentan con certificación forestal, donde se implantan acciones de monitoreo de la biodiversidad para la protección de las especies en peligro de extinción.

Me complace aprovechar la oportunidad para enviarle un afectuoso y cordial saludo.

Atentamente

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 16 de enero de 2017.— Ingeniero Benjamín Pilar Rico Moreno (rúbrica), Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable de Sonora.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Hago referencia a su atento comunicado y exhorto, con folio número D.G.P.L. 63-II-2-1387, donde esa soberanía reconoce los esfuerzos del gobierno federal por la implantación del Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad, que pretende obtener información cuantitativa y cualitativa de los ecosistemas del país.

En este sentido, el estado de Sonora, a través de esta Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, mantiene diversos programas y proyectos orientados a establecer las estrategias para la biodiversidad, mediante la gestión de las áreas naturales protegidas estatales, su Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial vigente, los monitores y estudios específicos para la conservación, el uso sustentable y la regeneración de especies prioritarias.

Por otro lado, las acciones que se emprenden de forma permanente por esta comisión, se efectúan en estrecha colaboración con la federación, por medio de sus dependencias y entidades, siendo las de mayor importancia: Conabio, Conanp, Semarnat (Dirección General de Vida Silvestre) y Conafor.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo afectuoso.

Atentamente

Hermosillo, Sonora, a 10 de enero de 2017.— Ingeniero Luis Carlos Romo Salazar (rúbrica), comisionado ejecutivo.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Poder Legislativo Federal.— Presente.

En atención a su oficio número D.G.P.L. 63-11-2-1363 de fecha 15 de diciembre del año próximo pasado, por medio del cual nos remite copia del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sobre la prevención, atención y cuidado de las aguas de los canales de Xochimilco, presentado por la diputada Claudia Villanueva Huerta e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, al jefe delegacional en Xochimilco y a la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, todos del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, coordinen esfuerzos acerca de los programas, recursos e investigación implementadas para la prevención, atención y cuidado de las aguas de los canales de Xochimilco, asimismo, se les exhorta llevar a cabo la creación de un programa de concientización, información y divulgación sobre la importancia de preservar dicha zona, al respecto me permito informar a usted, lo siguiente:

Este órgano desconcentrado participa en los programas de proyectos en materia hidráulica y sanitaria, asimismo en el abastecimiento de agua residual tratada en coordinación con la delegación Xochimilco, la propia Sedema y la autoridad de la zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, quienes finalmente deben coordinar todas las acciones de los programas derivados de un plan integral para el rescate de la zona canalera de Xochimilco y Tláhuac.

Cabe comentar que el mayor porcentaje de esta zona se encuentra en suelo de conservación y áreas naturales protegidas, aunado a que el crecimiento de la mancha urbana en forma desordenada dentro de la zona chinampera ha generado graves problemas de contaminación de los canales, tanto en la zona turística como también en la zona agrícola y floricultora, en donde ya es urgente el reacomodo de los asentamientos irregulares a través de un programa de la Seduvi.

No omito mencionar a usted, que este órgano desconcentrado además de suministrar el agua residual tratada a toda la zona chinampera y canalera de las delegaciones Xochimilco y Tláhuac del sur de la Ciudad, estamos contribuyendo con estudios proyectos, hidráulicos específicos para realizar estructuras de control de niveles sobre los canales, a fin de mejorar el funcionamiento hidráulico de la zona canalera, pero nunca se ha contado con un presupuesto anual” para, programas que conlleven a este fin. El mantenimiento, conservación y mejoramiento de los canales es competencia de la Corena, delegación Xochimilco, Sederec y de la autoridad de la zona patrimonio;

Por otro lado, se han llevado mesas de trabajo con la Sederec, la autoridad de la zona patrimonio, las delegaciones de Xochimilco y Tláhuac con este órgano desconcentrado, con la finalidad de gestionar recursos con la Secretaría de Finanzas, en donde se han propuesto un listado de 15 acciones prioritarias para la delegación Tláhuac y 12 para la delegación Xochimilco para el mejoramiento de la zona chinampera y canalera con una inversión aproximada de 605.5 millones de pesos, sin embargo, como Usted tiene conocimiento con el recorte del 70 por ciento al presupuesto anual solicitado, no se cuenta con recursos para apoyar los programas que se deriven para este rubro en específico.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, martes 3 de enero de 2017.— Ingeniero Ramón Aguirre Díaz (rúbrica), director general.»

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«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

En relación a su oficio de fecha 15 de diciembre del año próximo pasado mediante el cual solicita se tomen medidas necesarias al desabasto de agua en el oriente de la capital y la condonación del pago de los derechos por el suministro de agua a los contribuyentes cuyos inmuebles se encuentren en las 68 colonias de la delegación Iztapalapa; al respecto le informo que el desabasto de agua en dicha demarcación es debido a la reposición de pozos en la demarcación, así como los pozos que quedan fuera en el Sistema Lerma, en relación al desabasto en las delegaciones Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza, se seguirá considerando las 65 colonias que se encuentran condonadas del pago, también las 53 colonias que se encuentran dentro del Programa de Tandeo, por lo tanto para mitigar la escasez del suministro de agua se implementan operativos de emergencia por medio de carros tanques (pipas) los cuales son llevados a cabo conjuntamente con personal de la delegación que lo requiera y en cuanto a la condonación del pago se tiene que realizar el trámite al área correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de enero de 2017.— Ingeniero Alejandro Martínez Pérez (rúbrica), Director Ejecutivo de Operación.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remiten a las comisiones correspondientes.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Secretaría de Desarrollo Social.

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Hago referencia al oficio número 610/DGEMPS/2017, mediante el cual fueron enviadas las evaluaciones de consistencia y resultados 2016 de los programas U008 “Subsidios a programas para jóvenes” y E016 “Articulación de políticas públicas integrales de juventud” del Imjuve, conforme a los numerales 9 y 34 del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2016 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal (PAE 2016).

Asimismo, en dicho oficio se señaló que, a más tardar el último día de enero de 2017, sería entregado un análisis y valoración tanto de la modalidad presupuestaria como del cumplimiento del segundo objeto del Imjuve, conforme al artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud: “Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país”, mismo que fue solicitado por la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante el oficio No. 419-A-16-0824, de manera adicional a la Evaluación de Consistencia y Resultados.

En seguimiento a lo anterior, me permito enviarle anexo al presente el oficio IMJ/DEyC/081/2017, que incluye el análisis y la valoración solicitados por la UED de la SHCP.(1)

(1) El documento solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “A”.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de enero de 2017.— Paloma Merodio Gómez (rúbrica), directora general de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las comisiones de Desarrollo Social y de Juventud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Diputado Federal Edmundo Javier Bolaños Aguilar Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura.— Presente.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28, párrafo veinte, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito entregarle el plan anual de trabajo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, correspondiente al ejercicio de 2017, el cual fue aprobado por el pleno de este instituto, en sesión del pasado 25 de enero del presente.(2)

(2) El documento solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “B”.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de enero de 2017.— Gabriel Contreras Saldívar (rúbrica), Comisionado Presidente.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Diputado Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Me refiero al diverso CNPSS-127-2017, de fecha 30 de enero del 2017, suscrito por el doctor Gabriel J. O’Shea Cuevas, Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, mediante el cual presenta el Informe anual de resultados del sistema de protección social en salud 2016.(3)

(3) El documento solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “C”.

Al respecto, por instrucciones del doctor José Narro Robles, secretario de Salud, y en cumplimiento a lo establecido en los artículos artículo 77 Bis 18, 77 Bis 31 de la Ley General de Salud y 140 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, remito deforma impresa y electrónica tres ejemplares del Informe anual de resultados del sistema de protección social en salud 2016, el cual incluye lo referente a la utilización y aplicación de los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal.

He de agradecer su valiosa intervención, a fin de remitir un ejemplar a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de enero de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vincu-lación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.— Presente.

En cumplimiento al artículo 77, Bis 31 y Bis 18, de la Ley General de Salud, y el diverso 140, del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, me permito remitir ,a usted en impreso y medio magnético, el Informe anual de resultados del sistema de protección social en salud 2016; el cual incluye el Informe sobre la utilización y aplicación de los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal; a efecto que por su conducto sea entregado en tiempo y forma al Honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de enero de 2017.— Doctor Gabriel J. O’Shea Cuevas (rúbrica), Comisionado Nacional de Protección Social en Salud.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES



LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Congreso del Estado de Quintana Roo.

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En sesión extraordinaria celebrada en fecha 18 de enero del año en curso, se puso a consideración de la honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se determina presentar a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la unión, la iniciativa de decreto por el que se reforman los numerales 1 y 2 del inciso D) de la fracción I del artículo 2o. y las fracciones I, II y III del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y sobre del cual se aprobó, a propuesta de un diputado, el incluir en su exposición de motivos el que los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión consideren la deducibilidad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en la gasolina para la pequeña y mediana empresa así como la habilitación de los puertos de Calica y Puerto Morelos para recepcionar, almacenar y distribuir combustibles al interior de Quintana Roo.

Considerando lo anterior, la honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo tuvo a bien aprobar los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el envío a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su consideración y trámite legislativo correspondiente, la iniciativa de decreto por el que se reforman los numerales 1 y 2 del inciso D) de la fracción I del artículo 2o. y las fracciones I, II y III del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y sobre del cual se aprobó, a propuesta de un diputado, el incluir en su exposición de motivos el que los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión consideren la deducibilidad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en la gasolina para la pequeña y mediana empresa así como la habilitación de los Puertos de Calica y Puerto Morelos para recepcionar, almacenar y distribuir combustibles al interior del estado de Quintana Roo.

Segundo. La honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión considere la ampliación de los beneficios de la acreditación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en general a los pequeños y medianos contribuyentes, así como la habilitación de las terminales marítimas de Puerto Morelos y Calica para recepcionar, almacenar y distribuir combustibles al interior del estado de Quintana Roo.

Tercero. Se faculta a la Mesa Directiva en funciones de la XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para realizar los trámites conducentes.

Cuarto. Remítase el contenido del presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para el trámite legislativo que corresponda.

Quinto. Remítase el contenido del presente acuerdo a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que, en caso de considerarlo, se adhieran al mismo.

Para efecto de lo anterior, se remite el acuerdo de referencia.

Lo que comunicamos a ustedes para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

Diputado presidente, Carlos Mario Villanueva Tenorio (rúbrica); diputado secretario Ramón Javier Padilla Balam (rúbrica).»

«Congreso del Estado de Quintana Roo.

Honorable XV Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

El diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión; la diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional; la diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, coordinadora de la Fracción Parlamentaria de Morena, el diputado Carlos Mario Villa nueva Tenorio, coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Encuentro Social, el diputado Ramón Javier Padilla Balam, coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza; el diputado independiente Juan Carlos Pereyra Escudero, los diputados Gabriela Angulo Saury, Fernando Levín Zelaya Espinoza, Eugenia Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Zetina Tejero, integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, todos integrantes de esta honorable XV Legislatura del Estado, en ejercicio de la facultad conferida a esta soberanía por el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción III del artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y el artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, tenemos a bien someter a la consideración de este honorable pleno deliberativo, para su urgente y obvia resolución, el presente acuerdo mediante el cual la honorable XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina presentar a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto por el que se reforman los numerales 1 y 2 del inciso D) de la fracción I del artículo 20 y las fracciones I, II y III del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para su consideración y trámite legislativo correspondiente ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Hace casi cuatro años en Quintana Roo sufrimos los nocivos efectos de la reforma hacendaria que homologó la tasa del impuesto al valor agregado en toda la república mexicana. En ese momento, cuando se aprobó la citada modificación, se argumentó que con ello habría “una recaudación adicional en frontera que redundaría en mayor capacidad financiera del Estado para ampliar la infraestructura e impulsar el sistema de seguridad universal”. No obstante, la realidad de nuestra entidad federativa dista mucho de aquella promesa, y en términos generales nos encontramos en las mismas condiciones del pasado, pero con mayor deuda y un escenario económico mucho más incierto.

El golpe inflacionario que recibimos en ese momento fue de tal magnitud, que de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo de la Política Social, el porcentaje de personas que reciben un ingreso laboral por debajo del costo de la canasta alimentaria, llegó en nuestra entidad federativa a su máximo histórico justo al cierre de 2014, y aunque en este momento aún estamos lejos de los niveles del segundo trimestre de 2008, cuando obtuvimos los mejores números en este rubro, prácticamente ya regresamos a la proporción que existía en el segundo trimestre de 2013.

Es precisamente por ello, porque apenas nos estamos sobreponiendo del golpe de la homologación del IVA, que no podemos guardar silencio ante el desatino de adelantar la liberalización del precio de las gasolinas y el diésel, y establecer precios máximos que reflejan un incremento cercano al 20 por ciento en los precios de los combustibles de los automóviles, manteniendo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los combustibles automotrices.

No podemos mantenemos al margen, porque el bienestar de los quintanarroenses está en juego. No podemos voltear hacia el otro lado porque, esta acción tendrá un efecto inflacionario que pondrá nuevamente contra la pared a miles de familias que caerán en situaciones de pobreza, porque sus ingresos no aumentan, pero sí el resto de los bienes y servicios que conforman la canasta básica por el efecto inflacionario que tiene el incremento de los combustibles automotrices.

En ese sentido, tenemos la certeza de que el mejor camino, aquel que generará menor inflación y desigualdad social, es disminuir dicho gravamen que originalmente fue planteado para resarcir los efectos negativos del consumo de las gasolinas en el medio ambiente y hoy en día están fuera de toda proporción.

De tal suerte, y toda vez que en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 se determinan los criterios para definir los precios máximos en esta transición al régimen de liberación de precios, y ellos son “el precio de la referencia internacional de los combustibles, ...las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribución y expendio al público”; estos doce meses previos a la liberación del precio de los referidos combustibles en nuestra entidad, deberán aprovecharse para mitigar las condiciones que encarecen el precio, pues bajo las condiciones actuales, conforme al acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el Artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 a lo largo de todo este año estaremos sujetos al régimen de precios máximos, que para este primer mes y hasta ,el 3 de febrero del año en curso fija para gasolina Magna un precio máximo promedio de 15.99 pesos; para gasolina Premium, de 17.79 pesos; y para el diésel, de 17.05 pesos, lo cual representa, incrementos de 14.2 por ciento adicional al costo de Magna, 20.1 por ciento más para Premium y 16.5 por ciento más por el costo del diésel.

En ese sentido, en Quintana Roo pagaremos, en la mayoría de los municipios, excepto en José María Morelos donde habrá una tarifa menor en todas las gasolinas– sólo nueve centavos menos del precio máximo promedio, es decir un precio de 15.90 pesos; en la gasolina Premium, doce centavos menos (17.67 pesos); y en el diésel, ocho centavos menos del promedio nacional (16.97).

No obstante, del precio por litro cerca del veinte por ciento del precio de venta que pagaremos los quintanarroenses es producto del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios y toda vez que este es un insumo fundamental para la mayor parte de las actividades económicas de nuestro Estado que depende, casi en su totalidad, de la industria turística, en la cual el transporte es un rubro prioritario, el margen de utilidad de las agencias de viajes, los transportistas, las tiendas de conveniencia, y muchos otros agentes económicos de Quintana Roo, será afectado con las consecuencias que ello tiene en la generación de empleos y toda la economía local.

En ese sentido, lo más preocupante de todo, es el impacto de esta medida sobre el poder adquisitivo de la clase trabajadora quintanarroense, para quienes estos incrementos representarán un duro golpe a su economía y sus elecciones de consumo, que sumados a los aumentos anunciados en los precios del gas y la electricidad, sin duda, dañaran notablemente su calidad de vida.

En consecuencia, quienes suscribimos consideramos que mantener vigente las condiciones actuales del impuesto especial sobre la producción y servicios representa un enorme costo social, pues sin duda se ve afectada la economía de quienes dependen del uso de combustibles en su actividad diaria, por lo que consideramos necesario, reducir en un cincuenta por ciento las tarifas establecidas en el impuesto especial sobre la producción y servicios aplicados a los combustibles automotrices.

Lo anterior, dado que los impuestos como son impuesto especial sobre la producción y servicios y el impuesto al valor agregado, representan sin duda alguna el mayor costo en la adquisición de los combustibles automotrices, llegando incluso a representar un 40 por ciento adicional de su valor real.

En ese sentido, al reducirse las tarifas aplicables al combustible automotriz del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios, se verá reducido de manera significativa el costo de la gasolina y diésel, y con ello, se beneficiaría la economía de nuestro Estado, que ha sido afectado, no solo con la homologación del IVA ante la presencia de países fronterizos con mejores costos de mercancías y servicios, que día a día compiten con Quintana Roo, sino además con el costo menor de la gasolina que ellos ofrecen.

Aunado a lo anterior, estamos conscientes que al existir una reducción en las tarifas aplicables, también existirá una menor recaudación por este concepto y con ello se verá mermado el porcentaje de participación por coordinación fiscal que corresponde a cada una de las entidades federativas, sin embargo, como legisladores responsables, no podemos ignorar esta grave afectación económica, por lo que consideramos necesario solidarizamos con el sentir ciudadano y alzar la voz ante el Congreso federal.

Bajo esa tesitura, proponemos reducir en 50 por ciento las tarifas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles automotrices, al tenor de la siguiente:

Iniciativa de

Decreto por el que se reforman los numerales 1 y 2 del inciso D) de la fracción I del artículos 2o. y las fracciones I, II y III del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Único. Se reforman los numerales 1 y 2 del inciso D) de la fracción i del artículos 2o. y las fracciones i, ii y iii del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. ...

A) a C)

D)

1. Combustibles fósiles Cuota Unidad de medida

a. Gasolina menor a 92 octanos, 2.08 pesos por litro.

b. Gasolina mayor o igual a 92 octanos, 1.76 pesos, por litro.

c. Diésel, 1.26 pesos por litro.

2. Combustibles no fósiles, 1.26 peso por litro.

...

...

E) a J) ...

II. a III. ...

Artículo 2o. A. ...

I. Gasolina menor a 92 octanos 18.34 centavos por litro.

II. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 22.37 centavos por litro.

III. Diésel 15.22 centavos por litro.

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan presente decreto.

En mérito de lo anterior, y con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, y a afecto de someter a la consideración y trámite legislativo correspondiente ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto, proponemos los siguientes puntos de:

Acuerdo

Primero. La XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el envío a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su consideración y trámite legislativo correspondiente, la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los numerales 1 y 2 del inciso d) de la fracción I del artículo 2o. y las fracciones I, II, y III del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Segundo.Se faculta a la XV Legislatura del Estado Quintana Roo, para realizar los trámites conducentes.

Tercero. Remítase el contenido del presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para el trámite legislativo que corresponda.

Cuarto. Remítase el contenido del presente acuerdo a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que, en caso de considerarlo, se adhieran al mismo.

Chetumal, Quintana Roo, a 9 de enero de 2017.— Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila (rúbrica), Presidente de la Gran Comisión; diputada Mayuli Latifa Martínez Simón (rúbrica), Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional; diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech (rúbrica), Coordinadora de la Fracción Parlamentaria de Morena; diputado Ramón Javier Padilla Balam (rúbrica), Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza; diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio (rúbrica), Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Encuentro Social. Diputados: Gabriela Angulo Saury, Fernando Levín Zelaya Espinoza, Eugenia Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Zetina Tejero (rúbricas), Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional; diputado independiente Juan Carlos Pereyra Escudero (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen.



LEY DE HIDROCARBUROS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Congreso del Estado de Quintana Roo.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En sesión extraordinaria celebrada con fecha 18 de enero del año en curso, la XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo tuvo a bien aprobar los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el envío a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su consideración y trámite legislativo correspondiente, la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos primero y décimo primero transitorios, y se deroga el décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017; y se reforman la fracción I y el cuarto párrafo del artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de agosto de 2014.

Segundo. Se faculta a la Mesa Directiva en funciones de la XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para realizar los trámites conducentes.

Tercero. Remítase el contenido del presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para el trámite legislativo que corresponda.

Cuarto. Remítase el contenido del presente acuerdo a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que, en caso de considerarlo, se adhieran a él.

Lo comunicamos a ustedes para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

Chetumal, Quintana Roo, a 18 de enero de 2017.— Diputado Carlos Villanueva Tenorio (rúbrica), Presidente; diputado Ramón Javier Padilla Balam (rúbrica), secretario.»

«Congreso del Estado de Quintana Roo.

Decreto por el que se reforman los artículos primero y décimo primero transitorios, y se deroga el décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y se reforman la fracción I y el cuarto párrafo del artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de agosto de 2014

Primero. Se reforman los artículos primero y décimo primero transitorios, y se deroga el décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, para quedar como sigue:

Transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017

Primero. La presente ley entrará en vigor el 1 de enero de 2017, salvo lo dispuesto en el transitorio décimo cuarto, el cual entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Décimo Primero. A partir del 1 de enero de 2017 se derogan las fracciones III y V del artículo quinto del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015.

Décimo Segundo. Se deroga.

Segundo. Se reforman la fracción I y el cuarto párrafo del artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de agosto de 2014, para quedar como sigue:

Décimo Cuarto. ...

I. En materia de precios:

a) A partir de la entrada en vigor de la presente ley y en lo que reste de 2014, la determinación de los precios al público se realizará conforme a las disposiciones vigentes.

b)A partir del 1 de enero de 2015 y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017, la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel será establecida por el Ejecutivo federal mediante acuerdo. Dicho acuerdo deberá considerar las diferencias relativas por costos de transporte entre regiones y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, en su caso.

Asimismo, la política de precios máximos al público que se emita deberá prever ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía y, en caso de que los precios internacionales de estos combustibles experimenten alta volatilidad, el Ejecutivo federal preverá mecanismos de ajuste que permitan revisar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional.

c) A partir del 1 de enero de 2018, los precios se determinarán bajo condiciones de mercado.

II. a III. ...

En todo momento, en caso de que a juicio de la Comisión Federal de Competencia Económica se presenten condiciones de competencia efectiva con anterioridad a los plazos señalados en la presente disposición transitoria, dichos plazos se reducirán hasta la fecha de la declaratoria que emita la referida comisión, en cuyo caso los precios se determinarán bajo condiciones de mercado.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

En mérito de lo anterior, y con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, y a afecto de someter a consideración y trámite legislativo correspondiente ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el envío a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su consideración y trámite legislativo correspondiente, la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos primero y décimo primero transitorios, y se deroga el décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y por el que se reforman la fracción I y el cuarto párrafo del artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de agosto de 2014.

Segundo. Se faculta a la Mesa Directiva en funciones de la XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para realizar los trámites conducentes.

Tercero. Remítase el contenido del presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para el trámite legislativo que corresponda.

Cuarto. Remítase el contenido del presente acuerdo a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que, en caso de considerarlo, se adhieran a él.

Dado en Chetumal, Quintana Roo, a 9 de enero de 2017.— Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández (rúbrica), Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen, y a la Comisión de Energía para opinión.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS



LEY DE AVIACIÓN CIVIL

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Iniciativa que reforma el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD

Exposición de Motivos

La protección al consumidor en México tiene muchas asignaturas pendientes. Una de ellas es la del usuario de las líneas aéreas, quien se encuentra entre los consumidores más desprotegidos. Con el argumento de la importancia y la presunta vulnerabilidad de su negocio, las aerolíneas comerciales han logrado que la normatividad les otorgue ventajas que a menudo se traducen en abusos a sus pasajeros. Es el caso de las promociones para incentivar la lealtad del consumidor que se realizan mediante las tarjetas con las que el cliente acumula kilómetros cada vez que viaja en una de ellas, los cuales se traducen en puntos supuestamente canjeables por boletos supuestamente gratuitos (en realidad sólo se reciben descuentos, porque se cobran impuestos y otros cargos). El problema es que la empresa informa las cantidades de kilómetros o puntos con las que se puede hacer uso de ese beneficio en destinos nacionales o internacionales, pero se reserva el derecho de determinar cuándo se puede volar. La discrecionalidad es prácticamente absoluta. Cuando el cliente desea obtener boletos a cambio de sus puntos acumulados, a menudo se topa con el problema de que las fechas en que pretende viajar no están disponibles, sean o no en “temporadas altas”. Los días disponibles en el año son tan escasos que muchas veces al cliente no le sirven sus kilómetros y desiste de su intención de canjearlos.

Por lo anterior, es necesario obligar a las líneas aéreas a que definan los días en que se pueden pagar boletos con kilometraje o puntaje, en la inteligencia de que los calendarios resultantes han de ser informados clara y oportunamente a su clientela y no deben ser excesivamente restrictivos. Ciertamente, los tiempos y el tráfico de pasajeros son muy variables, y esto hace inviable que sea la ley la que calendarice, pero es necesario dar a las autoridades un asidero legal para proteger eficazmente a los consumidores. Por lo demás, la flexibilidad o inflexibilidad de estos y otros lineamientos (en torno, por ejemplo, a las compensaciones a los pasajeros por retrasos y cancelación de vuelos) dependerá del comportamiento de las empresas que prestan este servicio. Si se muestran sensibles a las exigencias de los usuarios, podrá mantenerse cierto grado de discrecionalidad, pero si continúan los abusos, tendrá que endurecerse la legislación.

Conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, propongo los siguientes cambios, mostrados a continuación en este cuadro comparativo de la redacción actual y la redacción propuesta:

Fundamento legal

El suscrito, diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil

Artículo 42.Los concesionarios o permisionarios fijarán libremente las tarifas por los servicios que presten, así como las promociones que ofrezcan, tanto en el precio como en los boletos o descuentos obtenidos por el kilometraje acumulado en viajes,en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

Las tarifas internacionales se aprobarán por la Secretaría de conformidad con lo que, en su caso, se establezca en los tratados.

Las tarifas y promociones deberán registrarse ante la Secretaría para su puesta en vigor y estarán permanentemente a disposición de los usuarios.

En lo concerniente a las promociones por kilometraje acumulado, los concesionarios o permisionarios deberán hacerlas públicas y deberán publicar un calendario en el que se especifique las temporadas y las fechas específicas en las que sus promociones podrán ser ejercidas por los usuarios. Este calendario, además de permitir al mayor número de usuarios hacer efectivas sus promociones, deberá brindar la posibilidad de ejercerlas en diversas épocas del año.

La Secretaría podrá negar el registro de las tarifas y promociones fijadas por los concesionarios o permisionarios, si las mismas implican promociones engañosas para asegurarse la permanencia de los usuarios sin brindarles beneficio alguno, prácticas depredatorias, de carácter monopólico, de dominancia en el mercado o una competencia desleal que impida la permanencia en el mercado de otros concesionarios o permisionarios, y podrá establecer niveles tarifarios mínimos o máximos, según sea el caso, para los servicios respectivos, a fin de ordenar dichos niveles, con el objeto de fomentar la sana competencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.— Diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Transportes para dictamen.



LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 237 A de la Ley del Seguro Social.

La diputada Rosalinda Muñoz Sánchez: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Buenas tardes a todos los que nos acompañan.

Es para mí un gran honor estar nuevamente en esta tribuna representando a mi distrito y a mi estado, pero, sobre todo, representando el trabajo y el compromiso y la voz de los mexicanos. El desarrollo social debe de ser la prioridad en un México incluyente, muchos mexicanos se enfrentan a una serie de factores que los mantienen en círculos viciosos donde las oportunidades son muy escasas. El 46.2 por ciento de la población vive en pobreza y el 10.4 vive en pobreza extrema.

Los indicadores tampoco nos permiten ser complacientes con respecto a la desigualdad del ingreso. La violación de los derechos humanos, la discriminación y el limitado acceso a los servicios de salud representan una barrera importante para la productividad y el crecimiento económico del país.

Existe un amplio sector que por diversos motivos se mantienen al margen de la economía formal en sectores donde no se invierte tecnológica, donde hay poca o nula inversión en capital humano, donde no hay capacitación, nos da una productividad limitada.

La agricultura en México es una base importante para el desarrollo de nuestro país, y es considerada como una de las actividades más importantes para México, ya que genera una gran cantidad de empleos, pero, sobre todo, le da alimentación a millones de personas.

De esta forma, quiero comentar que representa un millón 799 mil 6 jornaleros y peones agrícolas en el país. Desafortunadamente, los trabajadores del campo son víctimas a su violación de sus derechos, y viven en condiciones inaceptables, tal es el caso de aquellos jornaleros que trabajan en el Programa Temporal México-Canadá. Ya que no se ha logrado garantizar la protección de sus derechos humanos y laborales, lo que arroja no sólo una falta en sus derechos, sino también una falta legislativa y reglamentaria.

Casos como aquellos, donde se rescataron a más de 200 indígenas tarahumaras, que laboraban en condiciones de explotación en Baja California Sur; o los 49 indígenas mixtecos del estado de Colima, que realizaban su jornada laboral en condiciones infrahumanas.

Esto, compañero, es o que no debemos permitir que siga sucediendo. Tlaxcala, por ejemplo, es un estado que basa gran parte de su economía en la agricultura y desafortunadamente se ha vuelto un sector sumamente muy vulnerable, ya que sólo se práctica en mi estado esta actividad y además migran a otros estados en busca de condiciones mejores.

Según datos de la Unicef, 300 mil niños y niñas acompañan a sus padres jornaleros en busca de mejores oportunidades migrando hacia otros estados y que desgraciadamente cuando llegan a estos estados no lo conocen. Esta situación nos obliga a reforzar su protección porque, si bien no podemos detener el flujo de migración, sí podemos luchar y legislar para que sus derechos sean respetados.

En el Diario Oficial de la Federación, del día 29 de abril de 2005, se publicó el decreto de reformas a la Ley del Seguro Social, a afectos de precisar las modalidades en materia de guarderías para los trabajadores del campo. Esto generó un gran logro. Sin embargo, es necesario enfatizar la importancia de la calidad en esta prestación no sólo en mi estado, sino en todo el país. Por eso debemos enfrentar el reto de proteger y ayudar a distancia a todos estos pequeños para que tengan una calidad en su infancia y su tranquilidad de los padres.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, los invito a sumar esfuerzos y sobre todo los invito a que no olvidemos que gracias a este sector tan vulnerable nosotros comemos. Hagamos que se ejecute el beneficio de prestaciones de ley para los campesinos con la calidad que ellos se merecen.

Por lo anterior expuesto someto a consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para que se reforme el artículo 237 A de la ley del Seguro Social, para garantizar los servicios de calidad en el ramo de las guarderías.

Insisto, trabajemos con una ruta hacia un espacio de trabajo con dignidad para nuestros campesinos. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 237-A de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Rosalinda Muñoz Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en las fracciones II del artículo 71 y III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, por la que se reforma el artículo 237-A de la Ley de Seguro Social.

Exposición de Motivos

La agricultura es la actividad agraria que comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforman el medio ambiente natural, a fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras.

La agricultura en México es una base importante para el desarrollo de nuestro país y considerada como una de las actividades económicas con mayor relevancia ya que genera gran cantidad de empleos y de ésta, depende la alimentación primaria de millones de personas, el incremento de la población productiva y la preservación y el cuidado del entorno.

Para llevar a cabo esta importante actividad se apoyan de los jornaleros agrícolas; quienes son también conocidos como trabajadores eventuales del campo que se encargan de la siembra, la cosecha, la recolección y la preparación de productos del campo. Debido al desigual desarrollo del país, en su mayoría estos trabajadores de las zonas rurales son víctimas de violación a sus derechos humanos y viven en constantes condiciones que a mi punto de vista deben ser inaceptables.

Lo anterior podemos verlo reflejado en diversas notas, libros, noticias. Una de ellas, publicada por MVS Noticias, donde se expone que más de 19 mil trabajadores agrícolas mexicanos son reclutados cada año para laborar en campos agrícolas de Canadá al amparo del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá. Sin embargo, el convenio “no garantiza la protección de sus derechos humanos y laborales”, esto se destaca en el informe correspondiente a 2015 de The United Food & Commercial Workers, donde se denuncia que los trabajadores migrantes mexicanos en Canadá “son vulnerables a la explotación debido a la discriminación legislativa y reglamentaria”.

Otro ejemplo de ello lo observamos en una nota del pasado 16 de marzo, donde según informó el secretario del Trabajo federal, Alfonso Navarrete Prida; la secretaría rescató a más 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación e infrahumanas en Comondú.

Por otra parte, 200 jornaleros fueron detenidos en San Quintín, después de que bloqueaban la carretera transpeninsular en protesta por las malas condiciones en las cuales laboraban, Y desafortunadamente, a estos casos se suma otro donde rescataron a 49 indígenas mixtecos de campos en Colima, al oeste del país, según las autoridades federales.

Pese a que la Constitución establece en el artículo 123 que toda persona (haciendo mención de los obreros y jornaleros) tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley; la situación de vulnerabilidad que se presenta es realmente alarmante ya que no hemos podido destruir totalmente este problema.

Es importante fomentar el reconocimiento de los campesinos que sin duda resulta de suma importancia para la economía de nuestro país, contar con motivación e incentivos que les haga recordar la importancia de su labor.

Una buena forma de reconocerlos es hacer valer sus derechos y cobijar sus necesidades, como ejemplo de ello, hacer que se ejecute el beneficio de prestaciones de ley para los campesinos.

En el Diario Oficial de la Federación del 29 de abril de 2005 se publicó el decreto de reformas de la Ley del Seguro Social, que adicionó una fracción XIX al artículo 5o. para precisar el concepto de trabajador eventual del campo para efectos de la Ley del Seguro Social; adicionalmente se agregan los artículos 237-A a 237-D a efecto de precisar las modalidades en materia de afiliación, integración salarial, pago de cuotas y prestación de la atención médica y guarderías.

En el caso de los servicios de guardería, en la misma ley se establece que en los lugares donde el instituto no cuente con instalaciones, a juicio del IMSS, podrá éste celebrar los convenios referidos con los patrones, plantado el siguiente artículo:

Artículo 237-A. Asimismo, en los lugares donde el instituto no cuente con instalaciones, a juicio del propio instituto, para prestar los servicios de guardería que tiene encomendados, éste podrá celebrar convenios con los patrones del campo y organizaciones de trabajadores eventuales del campo para la subrogación de los servicios que contempla el ramo de guarderías a que se refiere la sección primera, capítulo VII, del título segundo, de esta ley, en los términos que establezcan las reglas de carácter general que para tal efecto expida el consejo técnico.

Sabemos que la intención es beneficiar al trabajador eventual pero es necesario enfatizarlo y que realmente sea una obligación por parte del Instituto que lo anterior se lleve a cabo, no podemos arriesgarnos a que todo quede en un supuesto y todo quede en el aire.

Compañeros diputados: los invito a sumar fuerzas y, sobre todo, a no olvidar esta parte fundamental de nuestra economía y desarrollo como lo son los trabajadores eventuales; ellos necesitan sentir nuestro apoyo y saber que estamos aquí con un objetivo común, hacer valer sus derechos.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 237-A de la Ley del Seguro Social

Único. Se reforma el artículo 237-A de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 237-A. En los lugares donde... expida el Consejo Técnico...

Asimismo, en los lugares donde el instituto no cuente con instalaciones, a juicio del propio instituto, para prestar los servicios de guardería que tiene encomendados, éste podrá celebrar convenios con los patrones del campo y organizaciones de trabajadores eventuales del campo para la subrogación de los servicios que contempla el Ramo de Guarderías a que se refiere la sección primera, capítulo VII, del título segundo, de esta ley, en los términos que establezcan las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Consejo Técnico , procurando en todo momento la calidad de los servicios.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/interior.pdf

2 http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/denuncian-trabajadores-agricolas-mexican os-abusos-laborales-en-canada-628

3 http://mexico.cnn.com/nacional/2015/03/24/la-cndh-investiga-posibles-abusos-en- contra-de-jornaleros

4 http://mexico.cnn.com/nacional/2015/03/24/la-cndh-investiga-posibles-abusos-en- contra-de-jornaleros

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92_121115.pdf

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92_121115.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.— Diputadas y diputados: Rosalinda Muñoz Sánchez,Alejandro Armenta Mier, Arlet Mólgora Glover, Beatriz Vélez Núñez, Carmen Salinas Lozano, David Mercado Ruiz, Edith Yolanda López Velasco, Edna Ileana Dávalos Elizondo, Erick Alejandro Lagos Hernández, Eveling Soraya Flores Carranza, Flor Estela Rentería Medina, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Hugo Daniel Gaeta Esparza, J. Jesús Zúñiga Mendoza, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Marco Antonio Aguilar Yunes, María del Rocío Rebollo Mendoza, María Soledad Sandoval Martínez, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Olga María Esquivel Hernández, Paloma Canales Suárez, Pedro Luis Noble Monterrubio, Ricardo Ramírez Nieto, Timoteo Villa Ramírez (rúbricas).»

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Rosalinda Muñoz. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, compañera presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el aumento de las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, por parte de funcionarios públicos, obliga a plantear la necesidad de garantizar constitucionalmente su seguridad y su protección integral.

La relación entre el crimen organizado y las autoridades municipales, estatales e incluso federales, la impunidad, la corrupción y la inoperancia de las instituciones dedicadas a procurar justicia, son algunas de las condiciones que han convertido a México en uno de los países más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo.

Así lo externaron periodistas y activistas invitados al foro El Estado mexicano en las agresiones a periodistas, organizado por legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, una opinión prácticamente idéntica a la que han manifestado distintas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión como artículo 19, en cuyo informe 2016 señala que en el 41 por ciento de los casos de agresiones a periodistas se presume la implicación de funcionarios públicos. Ante esta terrible situación la respuesta de las autoridades ha sido totalmente deficiente.

En un informe reciente, la Organización de Comunicación e Información de la Mujer ha señalado la ineficiencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión, en forma principal en lo que corresponde a la garantía de justicia para los periodistas ante la ausencia de una eficaz política de perspectiva de género y su estructura y operación.

De igual forma, organismos internacionales de derechos humanos han emitido una serie de recomendaciones al Estado mexicano, debido a las grandes violaciones a los derechos humanos.

Algo que recordó claramente Michel Forts, experto independiente en la materia y relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos y los periodistas, en su reciente visita a México, del 16 al 24 de este año.

Forts subrayó que las periodistas y los periodistas que mantienen posiciones críticas o disidentes frecuentemente enfrentan intimidaciones y amenazas. Asimismo señaló que el establecimiento del Fiscal Especial para los Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión ha sido un paso muy positivo; sin embargo, la sociedad civil ha criticado a la Oficina del fiscal especial, por no lograr avances significativos en las investigaciones.

El panorama que actualmente vivimos en lo que toca a la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos evidencia que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión no ha cumplido con su tarea. Los motivos de semejante incumplimiento son diversos, entre ellos se encuentran la ausencia de suficientes facultades para realizar investigaciones exhaustivas que terminen en procesamientos; el hecho de carecer de perspectiva de género y la falta de autonomía para atender en su justa dimensión las agresiones. En un gran número provienen de las propias instituciones del Estado.

El Estado mexicano debe ser consecuente con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos aprobados en los últimos años, con la finalidad de fortalecer nuestra incipiente democracia, que año tras año se debilita ante los sistemáticos ataques contra medios de comunicación.

A partir de las experiencias narradas por periodistas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la función de la mencionada Fiscalía Especial y con base en testimonios, estadísticas e investigaciones realizados por organismos de aprobada competencia en la materia, se propone dotar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de reconocimiento constitucional y autonomía de gestión y organización interna, con el objetivo de frenar y poner solución a la impunidad que persiste en la totalidad de las agresiones contra periodistas y personas de derechos humanos defensores. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa por la que se adiciona un Apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene como objetivo dotar de reconocimiento constitucional y autonomía en su organización interna a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ante la debilidad institucional mostrada desde su creación hace 10 años. Señalamiento que sustento en el acelerado incremento de las agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en la última década.

El aumento de las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos por parte de funcionarios públicos obliga a plantear la necesidad de garantizar constitucionalmente la seguridad y protección integral de periodistas y personas defensoras de derechos humanos de las agresiones en su contra, dar seguimiento a los casos y solicitar las órdenes de aprensión de inculpados para que la procuración y la impartición de justicia sea pronta y expedita en lo que respecta a los crímenes contra la libertad de expresión, contra el ejercicio del periodismo y contra el trabajo realizado por las personas defensoras de derechos humanos.

Cuando la impunidad campea y no hay castigo alguno, la violencia se repite, y en este contexto las opciones para hombres y mujeres periodistas son la autocensura, el desplazamiento forzado interno y el exilio, como se señala en el informe especial del Comité para la Protección de los Periodistas.

La relación entre el crimen organizado y las autoridades municipales, estatales e incluso federales, la impunidad, la corrupción y la inoperancia de las instituciones dedicadas a la procuración e impartición de justicia son algunas de las condiciones que han convertido a México en uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo, así lo externaron periodistas y activistas invitados al Foro “El Estado mexicano en las agresiones a periodistas”, organizado por legisladores de Morena en la Cámara de Diputados.

En 10 años de existencia la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), sólo se tiene una sola condena entre cientos de casos de agresiones registrados. La evidente falta de resultados de esta Fiscalía, aunada a la incapacidad del Estado mexicano para atender el creciente número de agresiones contra la prensa, ha obligado a la sociedad civil a recurrir y a conformar organizaciones de derechos humanos integradas por activistas, periodistas y académicas, las cuales han dado seguimiento puntual a cada agresión cometida en contra del gremio periodístico durante los últimos años.

Asimismo, estos organismos de la sociedad civil han acompañado a un buen número de víctimas desde el momento de la agresión y durante el proceso ante las autoridades competentes (FEADLE y Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instancias correspondientes), mismas que muestran poco o nulo interés a aquellos casos en los que las víctimas acuden sin el respaldo de las organizaciones o de las Comisiones Especiales en la materia tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que

“[...] el asesinato, secuestro, intimidación y amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

No obstante, el Estado mexicano no ha garantizado la seguridad de su ciudadanía, entre la que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que por decisión propia contribuyen al fortalecimiento de los derechos fundamentales, sociales, civiles, políticos, culturales y económicos.

La continuidad y el aumento de las agresiones contra la prensa están fuertemente vinculados con “la violencia que los grupos criminales y los funcionarios locales perpetraron contra los periodistas permitiendo que la impunidad se acentuara” en nuestro país, por lo que en 2015, México escaló dos puestos respecto del 2014 en el Índice Global de Impunidad 2016 realizado por el Comité para la Protección de Periodistas, ubicándose en el lugar número seis.

Esta organización internacional también demuestra que aun cuando México “adoptó una ley en 2013 que les otorgaba mayor jurisdicción a las autoridades federales para enjuiciar delitos contra la libertad de expresión, nadie ha sido procesado en la justicia y por lo menos ocho periodistas” fueron asesinados por su labor informativa en 2015.

En consonancia, Reporteros sin Fronteras destaca que en 2015 ocho periodistas fueron asesinados:

“[...] en cinco casos aún se desconoce la razón de su muerte– de ellos, tres en Veracruz y Oaxaca, que junto con Guerrero, se encuentran entre los estados más mortíferos para los informadores. El nivel de inseguridad es muy alto debido a la presencia de numerosos cárteles y a la corrupción de funcionarios locales.”

El informe de Artículo 19 de 2015, reveló que en 2014 cada 26.7 horas se agredió a un periodista en el país, lo que quiere decir que las agresiones contra la prensa prácticamente se han duplicado en la actual administración, en comparación con el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en el que tuvo lugar la llamada Guerra contra el narco.

“El promedio de agresiones a la libertad de expresión en México subió 80 por ciento durante los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto. En el sexenio anterior se documentaron 1,092 agresiones, un promedio anual de 182 ataques; mientras que en los dos primeros años del gobierno actual se registraron 656 –330 en 2013 y 326 en 2014–, un promedio de 328 ataques al año. Con Felipe Calderón Hinojosa se agredía a un comunicador cada 48.1 horas y con Peña Nieto es cada 26.7 horas”.

En su informe de 2016, Artículo 19 señala que

“[...] la impunidad, caracterizada por la participación, omisión e inacción del Estado, abona en la repetición de estos hechos violentos. Baste decir que en 41.5% de los casos de agresiones contra la prensa se presume que los responsables fueron funcionarios públicos. Es decir, las autoridades, de cualquier nivel de gobierno son, hoy por hoy, los principales agresores de periodistas en México”.

Asimismo, de 2009 a la fecha, dicha organización tiene el registro de 38 casos de desplazamiento forzado, 38 periodistas que “han tenido que dejar su lugar de residencia por temor fundado relacionado con su labor periodística. Tan sólo en 2015 se documentaron 5 casos. De éstos, 4 de los periodistas que se desplazaron provienen de Veracruz y 1 de Tamaulipas”.

Únicamente en 2015 se documentaron 43 casos de acoso y hostigamiento contra periodistas, sobre todo cometidos a través de las redes sociales electrónicas bajo el cobijo del anonimato; así como 7 allanamientos a casas de comunicadores, y 37 privaciones ilegales de la libertad contra periodistas.

Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) ha denunciado en su último informe bianual que entre 2014 y 2015 la violencia contra mujeres periodistas aumentó en 70 por ciento en relación con los dos años anteriores (2012 y 2013), lo que representa “los mayores índices de violencia contra las periodistas en su ejercicio de libertad de expresión desde el año 2010. A la par la violencia feminicida contra las periodistas sigue arrancando la vida de las informadoras ante la ineficacia de las instituciones frente al poder totalitario de gobernadores y agentes del Estado”.

En dicho informe, CIMAC subraya la “ineficiencia” de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) “para garantizar justicia para las periodistas, tras cuatro años de insistencia sobre la necesidad y urgencia de contar con información desagregada por sexo y tras varias solicitudes de información, hoy sabemos que de enero de 2014 a noviembre de 2015 la Fiscalía recibió 64 denuncias de mujeres periodistas de las cuales en 18 se decretó incompetencia y 33 están en trámite sin tener certeza del estado real que guarda la investigación”.

Dicha organización integrada por periodistas y académicas de diversas disciplinas, señala que en 2014 y 2015 se documentaron 147 casos de violencia contra mujeres periodistas en México, dos de los cuales finalizaron en feminicidio y permanecen en completa impunidad. De 2002 hasta 2015 CIMAC ha registrado 331 hechos violentos contra las periodistas y 13 casos de feminicidio ocasionados por su labor profesional, tan sólo en estos dos últimos años se registró prácticamente la mitad de la suma total de los atentados.

Este documento titulado, “El Poder del Cacicazgo”, revela que los temas a los que daban cobertura las periodistas en el momento de la agresión, están relacionados con actos de corrupción por parte de funcionarios locales y estatales, desvío de recursos, abuso de autoridad, compra de votos, así como el seguimiento a los movimientos sociales.

De enero a septiembre de 2016, 11 periodistas han sido asesinados, convirtiéndolo en el año más violento en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. Cifra que supera los ocho homicidios de comunicadores de 2015. Respecto al número de ataques a la prensa en el primer trimestre del año se contabilizaron 69 agresiones, de abril a junio se registraron 149; y de julio a septiembre, Artículo 19 documentó 88 atentados a periodistas. Lo que suma un total de 306 agresiones de enero a septiembre de 2016.

Asimismo, la organización Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A. C. Informa que del primero de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015 se registraron 448 eventos violatorios de los derechos humanos que afectaron a 248 personas, 47 organizaciones y 35 comunidades. Ocurrieron 459 detenciones arbitrarias; 224 personas privadas de la libertad por motivos políticos. En lo que va de este sexenio hasta el 2015, se cuenta con el registro de 47 ejecuciones extrajudiciales.

Todo ello ha ocurrido en un periodo posterior a la creación de la FEADLE con el objetivo de atender los delitos vinculados a al libertad de expresión para ayudar a su paulatina disminución. En los hechos, sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. Estos datos reflejan una problemática que claramente ha sido mal atendida. El incremento en el número de agresiones, hostigamientos, acosos sexuales, desplazamientos forzados, allanamientos de los hogares y de los lugares de trabajo, así como el número de feminicidios y de asesinatos de periodistas es síntoma de que el ejercicio del periodismo en México se ha convertido en uno de los trabajos con mayor riesgo.

Asimismo, organismos internacionales de derechos humanos han emitido una serie de recomendaciones al Estado mexicano ante graves violaciones a los derechos humanos, como claramente expuso Michel Forst, experto independiente en la materia y Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos y periodistas, durante su reciente visita al Estado mexicano del 16 al 24 de enero de 2017.

“Entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Detenciones Arbitrarias emitió seis opiniones oficiales al gobierno mexicano sobre casos de defensores de derechos humanos y un periodista (Librado Baños, Pedro Canché, Damián Gallardo, Enrique Guerrero, Nestora Salgado e integrantes del Frente Popular Revolucionario), quienes fueron detenidos arbitrariamente y cuyos procesos judiciales se vieron afectados por irregularidades. Esta serie de opiniones no tenía precedentes y marcó la primera vez en que el Grupo de Trabajo emitió seis opiniones en poco más de un año. Hasta la fecha, únicamente dos de estas personas han sido liberadas, y la implementación completa de todas las Opiniones sigue pendiente.)

Además de las constantes amenazas en contra de las personas que se desempeñan en actividades de defensa de derechos humanos y por el ejercer el periodismo:

“Los periodistas que cubren las protestas frecuentemente se enfrentan a un patrón de violencia, acoso y acciones legales. Por ejemplo, en agosto de 2016, el periodista Manuel Morres fue detenido arbitrariamente durante 24 horas, mientras cubría las manifestaciones en Chiapas, y dos fotoperiodistas que observaban un incidente de tráfico en Oaxaca fueron detenidos y presuntamente torturados.

“[...] A pesar de las mejoras graduales en las garantías constitucionales de la libertad de expresión, las y los periodistas que han mantenido posiciones críticas o disidentes frecuentemente han enfrentado intimidaciones y amenazas. México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas. El periodismo de investigación es escaso debido al clima de inseguridad. Debido a la impunidad generalizada en los niveles estatal y municipal, la autocensura se ha transformado en común. Muchos periódicos en zonas propensas a la violencia evitan historias relacionadas con el crimen organizado, el tráfico de drogas o la corrupción.

“[...] El establecimiento del Fiscal Especial para los Delitos contra la Libertad de Expresión para investigar casos relacionados con periodistas ha sido un paso muy positivo en la protección de la libertad de expresión en México. Sin embargo, la sociedad civil ha criticado a la oficina del Fiscal Especial por no lograr avances significativos en las investigaciones. Desde su creación en julio de 2010 y hasta noviembre de 2015, la FEADLE informó sólo 31 investigaciones sobre homicidios y 25 desapariciones de periodistas y sin información de persecución efectiva.

“La complicidad entre los grupos criminales y las autoridades es uno de los elementos más perturbadores que contribuyen a los ataques contra quienes defienden derechos humanos en México. A pesar de los riesgos que enfrentan, varios defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas han denunciado la infiltración de grupos criminales en las instituciones del Estado, especialmente en las procuradurías y las corporaciones policiales”.

Este panorama evidencia que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión no ha cumplido con su tarea. Los motivos de semejante incumplimiento son diversos, entre ellos se encuentran la ausencia de suficientes facultades para poder realizar investigaciones exhaustivas que terminen en procesamientos (y con ellos en el paulatino aminoramiento de la impunidad), el hecho de carecer de perspectiva de género y la falta de autonomía para atender en su justa dimensión las agresiones que en un gran número provienen de las propias instituciones del Estado.

El Estado mexicano debe ser consecuente con las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos aprobadas en los últimos años, con la finalidad de fortalecer nuestra incipiente democracia, que año tras año se debilita ante los sistemáticos ataques contra medios de comunicación, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, cuyos perpetradores buscan –y hasta cierta medida han logrado conseguir– frenar la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos, así como la divulgación de la información.

En el caso de hombres y mujeres periodistas sus agresores han conseguido silenciarlos mediante la autocensura, y en su expresión máxima estos les han arrebatado la vida, lo que perjudica el acceso y el derecho a la información del pueblo mexicano; vulnera nuestra democracia y obstaculiza los derechos civiles. Problemática que contraviene el numeral sexto constitucional que en sus párrafos primero y segundo dicta:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Las agresiones contra periodistas y la impunidad en la que se mantienen quebrantan igualmente los preceptos de los artículos 7o., 8o. y 17 constitucionales.

Es obligación de los tres órdenes de gobierno reconocer el importante papel que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la construcción de un Estado democrático, garantizar su seguridad y su integridad personal, así como condenar cualquier expresión pública que desacredite su labor.

Es nuestra tarea como legisladores garantizar las condiciones para el pleno ejercicio del periodismo por parte de hombres y mujeres que por decisión propia cumplen con un papel fundamental para la construcción de un Estado democrático.

A partir de las experiencias narradas por periodistas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la función de la FEADLE, y con base en testimonios, estadísticas e investigaciones realizadas por organismos de probada competencia en la materia, que han revelado y constatado que la mayoría de las agresiones contra medios de comunicación, hombres y mujeres periodistas, y personas defensoras de derechos humanos provienen de funcionarios públicos y gobernantes, se propone reconocer constitucionalmente a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión dotarla de la autonomía en su gestión y organización interna con el objetivo de frenar y poner solución a la impunidad en la que persiste la totalidad de las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Es por ello que me permito someter a esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el Apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 102.

A...

...

...

...

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República, y con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados en materia de delitos electorales y combate a la corrupción antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión contará con autonomía de gestión y presupuestaria, así como para determinar su organización interna y tendrá personalidad jurídica; su objeto será proteger a las personas que defienden los derechos humanos y a periodistas de las agresiones en su contra. Será integrada por el Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión con competencia en todo el territorio nacional, por 32 delegados estatales con funciones en cada una de las entidades federativas y por un Consejo Consultivo integrado por 12 consejeros.

El Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y los 32 delegados estatales durarán en su encargo seis años, sin posibilidad de reelección, los requisitos para su nombramiento no podrán ser menores de los solicitados para ser Fiscal General. Quien haya ocupado la titularidad, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. El Consejo Consultivo se integrará por 12 consejeros: cuatro del ámbito académico, cuatro personas defensoras de derechos humanos y cuatro periodistas, durarán en su encargo seis años y podrán ser reelectos por un periodo más. El Consejo Consultivo determinará el procedimiento de elección de los 32 delegados.

El Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y el Consejo Consultivo serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos por la Comisión Permanente con la misma votación calificada a propuesta de instituciones públicas de educación superior y organismos de la sociedad civil. El Fiscal deberá rendir cuentas a las Cámaras del Congreso de la Unión al inicio de cada periodo legislativo. El reglamento de la Cámara de Senadores determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas a desempeñar los cargos de Fiscal Especial y consejeros.

..

..

...

B.

Transitorios

Artículo Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El primer titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión nombrado por el Senado a propuestas de instituciones públicas de educación superior y organismos de la sociedad civil, será elegido dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la presente reforma, y durará en su cargo hasta el 31 de agosto de 2021.

Artículo Tercero. El primer Consejo Consultivo nombrado por el Senado a propuestas de instituciones públicas de educación superior y organismos de la sociedad civil, será elegido dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la presente reforma, y durará en su cargo hasta el 31 de agosto de 2021

Artículo Cuarto. Una vez conformado el Consejo Consultivo, contará con tres meses a partir de su elección para hacer público el procedimiento de designación de los 32 delegados estatales que conformarán la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

Artículo Quinto. Los primeros 32 delegados estatales designados mediante el procedimiento establecido por el Consejo Consultivo durarán en su cargo hasta el 31 de agosto de 2021.

Notas:

1 www.cidh.oas.org/basicos/basicos13.htm

2 Después de Somalia, Iraq, Siria, Filipinas y Sudán del Sur.

3Comité para la Protección de Periodistas, “Eludir los asesinatos – Índice Global de Impunidad 2016”, por Elizabeth Witchel, 27 de octubre 2016, https://cpj.org/es/2016/10/indice-global-de-impunidad-eludir-los-asesinatos.php #more

4 Reporteros sin Fronteras, Informe Anual 2015, en http://www.informeanualrsf.es/news/mexico/

5 Artículo 19, “Estado de Censura”, 2015, en https://www.article19.org/ data/files/medialibrary/37906/EstadodeCensuraIntro.pdf

6 Artículo 19, “MIEDO. Medios/Impunidad/ Estado/ Democracia/ Opacidad, página 13.

7 CIMAC. “El Poder del Cacicazgo. Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, pág. 8.

8 Ibídem, pág. 9.

9 ACUDDEH http://acuddeh.org/spip.php?article4040

10 Forst, Miguel “Informe final” 24 de enero 2017, en: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21111 &LangID=S

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 2 del mes de febrero de 2017.— Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza(rúbrica).»

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Caballero Pedraza. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para opinión.

Queremos agradecer y saludar la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Muteb Saleh Al-Mutoteh, embajador extraordinario plenipotenciario del Estado de Kuwait en México, quien asistió al acto de instalación del Grupo de Amistad México-Kuwait, que preside la diputada Verónica Delgadillo García. Sea usted muy bienvenido a esta Cámara de Diputados.

Deseamos que este grupo de amistad sea un nuevo espacio para estrechar las relaciones de amistad y cooperación entre nuestros países. Muy bienvenido, señor embajador.



LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 109 y 110 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada Karla Karina Osuna Carranco:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el subsidio en nuestro país es uno de los problemas de salud públicas más graves que tenemos, es por ello que propongo una reforma a los artículos 109 y 110 de la ley de los niños, niñas y adolescentes.

El subsidio es todo acto por el que un individuo se causa así mismo una lesión o un daño grave con una variable de tener una intención de morir, cualquiera que sea el grado de la intención letal o de conocimiento del verdadero móvil. En el mundo cada año más de 800 mil personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo.

En 2012 el suicidio fue la segunda causa de muerte en nuestros jóvenes de 15 a 29 años de edad. El suicidio es prevenible mediante intervenciones oportunas. En este caso como en el de otros problemas de salud pública las acciones preventivas son el punto nodal de su control y posible erradicación.

El 40.8 por ciento de los suicidios ocurren en el grupo de jóvenes de 15 a 29 años, en el cual la tasa de incidencia es de 7.5 suicidios por cada 100 mil. Resulta evidente que estos jóvenes tuvieron que haber pasado por un proceso de ideación suicida no detectada por profesionales de salud.

De acuerdo con este Programa Nacional de Asistencia Social de 2014 a 2018, en lo que respecta a México es necesario reconocer que aun cuando se han realizado esfuerzos, aun no se cuenta con información a nivel mundial del total de la población infantil que vive en centros asistenciales, principalmente en las instituciones privadas.

Es necesario señalar que esos miles de niñas, niños y adolescentes son sujetos de asistencia social, lo que significa que son individuos que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales requieren de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Es importante citar que el artículo 2 de la Ley General de Salud establece, entre otras finalidades, el derecho a la protección de la salud, el disfrute del servicio de salud y de asistencia social que satisfaga eficazmente y oportunamente las necesidades de la población.

Asimismo, establece que la asistencia social debe ser considerada como materia de salud general, lo que la convierte en materia insoslayable para el Estado mexicano.

La presente iniciativa tiene como objeto que el seguimiento psicológico que por mandato de la ley deben realizar los centros de asistencia social para niñas, niños y adolescentes incluya la detección de la idea suicida.

Asimismo, que sea realizado por personal especializado en atención en psicología. De esa manera se podrá proteger a esos miles de menores de edad que se encuentran en un estado de vulnerabilidad y, por tanto, completamente expuestos a ideas suicidas.

Es necesario señalar que, a pesar de que en el artículo 109 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de que los centros de asistencia social realicen el seguimiento psicológico, el artículo 110 de esta misma ley establece el personal mínimo con que deben contar dichos centros. No menciona al personal en materia de psicología.

La presente iniciativa propone resolver este espacio de vacío jurídico. Considero que la profesionalización de los centros de asistencia social y su enfoque hasta la detención de esta idea suicida contribuye de una manera efectiva al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de nuestros Niñas, Niños y Adolescentes, en cuanto a la protección física y psicológica de los menores de este país que son atendidos en centros de asistencia social. Asimismo, que podrá constituirse en medida efectiva para la prevención del suicidio en nuestros menores sujetos a asistencia social.

Por lo aquí expuesto, someto a consideración de este pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 109 y la fracción II al artículo 110. Ambas de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Único. Se reforma la fracción IV del artículo 109 y fracción II del artículo 110, ambas de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 109. Los servicios que presentan los centros de asistencia social estarán orientados a brindar el cumplimiento de sus derechos.

IV. Atención integral y multidisciplinaria que le brinde el servicio médico integral de atención a primeros auxilios, seguimiento social, psicológico, que incluya la detección de la idea suicida y jurídica, entre otros.

Artículo 110. Los centros de asistencia social deben contar con por lo menos el siguiente personal: personal especializado en proporcionar atención psicológica de actividades de estimulación, formación, promoción y autocuidado de la salud. Atención médica y actividades de orientación social y de promoción de la cultura de protección civil, conforme a las disposiciones aplicables. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 109 y 110 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Karla Karina Osuna Carranco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I y artículo 77, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV, del artículo 109 y, la fracción II, del artículo 110; ambas de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que el servicio de seguimiento psicológico, que prestan los centros de asistencia social, incluyan la detección de la ideación suicida; con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo segundo de la Ley General de Salud establece entre las finalidades del derecho a la protección de la salud, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Asimismo, establece que la asistencia social debe ser considerada como materia de salubridad general, lo que la convierte en materia insoslayable para el Estado mexicano.

La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas, es considerada entre los servicios básicos de salud.

La asistencia social es definida como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en su artículo 24, establece que “los estados parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los estados parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”.

Asimismo, dicho artículo de la convención indica que los estados parte deberán “asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud”.

La CDN, establece en su artículo 25, que “los estados parte reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación.

Resulta indispensable que no se pierda de vista, que tal como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.

El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como “todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el grado de la intención letal o de conocimiento del verdadero móvil”.

En el mundo, cada año, más de 800 mil personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. En el año 2012, el suicidio fue la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años.

El suicidio es prevenible mediante intervenciones oportunas. En este caso, como en el de otros problemas de salud pública, las acciones preventivas son el punto nodal de su control y posible erradicación.

En México, la tasa de suicidios ha alcanzado cifras sin precedente. Tan solo en el año 2012, se registraron más de cinco mil suicidios. Y en el año 2013 se registraron casi seis mil casos.

Se sabe que el suicidio es un problema de salud pública con múltiples causas, sin embargo, resulta claro que el componente psicológico se presenta como causa condicionante en todos los casos.

40.8 por ciento de los suicidios ocurran en el grupo de jóvenes de 15 a 29 años, en el que la tasa de incidencia es de 7.5 suicidios por cada 100 mil. Resulta evidente que esos jóvenes tuvieron que haber pasado por un proceso de ideación suicida no detectada por profesionales de la salud.

De acuerdo con el Programa Nacional de Asistencia Social 2014-2018 (Ponas), “en lo que respecta a México, es necesario reconocer que aun cuando se han realizado esfuerzos, aún no se cuenta con información a nivel nacional del total de población infantil que vive en centros asistenciales, principalmente en las instituciones privadas.

Muestra de ese esfuerzo son las cifras reportadas en el año 2012 como resultado de la implementación de proyectos elaborados por los sistemas DIF estatales, al amparo del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, en su vertiente Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, a cargo del Sistema Nacional DIF, que contabilizó 725 albergues, de los cuales 14.2 por ciento fueron públicos y 85.8 por ciento privados, en los que se atendía a una población total de 16 mil 893 niñas, niños y adolescentes.”

La estrategia 5.1 de este programa, se refiere a la necesidad de fortalecer la atención que se brinda en los centros asistenciales y, su línea de acción 5.1.2 se refiere a “promover la profesionalización del personal que atiende a la población albergada en los centros asistenciales.”

Es necesario señalar que esos miles de niñas, niños y adolescentes son sujetos de asistencia social, lo que significa que son individuos que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

No obstante lo anterior, el programa no hace referencia al seguimiento psicológico que los centros asistenciales deberían proporcionar, de acuerdo con el artículo 109 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Resulta incuestionable que existe una estrecha relación entre el suicidio y los problemas psicológicos, así como, su asociación con la depresión. La mayoría de las personas que se suicidan parecen estar deprimidas y prácticamente la mitad de las personas diagnosticadas de depresión presentan ideas suicidas.

“Desde una perspectiva cognitivo-conductual, cualquier persona que se plantee el suicidio experimenta pensamientos o ideas suicidas. La ideación suicida se define como la “aparición de pensamientos cuyo contenido está relacionado con terminar con la propia existencia”. Además, en esta definición se incluyen aquellos pensamientos que aluden a la falta de valor de la propia vida, deseos de muerte, fantasías de suicidio y planificación de un acto letal. Este término conviene diferenciarlo de la propia conceptualización del suicidio o acto autolesivo que resulta en muerte, así como del intento de suicidio que supone la tentativa de autoeliminación o autolesión intencionada sin resultado de muerte.”

La presente iniciativa tiene como objetivo que el seguimiento psicológico que por mandato de ley deben realizar los centros de asistencia social para niñas, niños y adolescentes, incluya la detección de la ideación suicida. Asimismo, que sea realizado por personal especializado en atención en psicología. De esa manera se podrá proteger a esos miles de menores de edad que se encuentran en estado de vulnerabilidad y por lo tanto, completamente expuestos a las ideas suicidas.

Es necesario señalar que a pesar de que el artículo 109 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de que los centros de asistencia social realicen el seguimiento psicológico, el artículo 110 de la misma ley, que establece el personal mínimo con que deben contar dichos centros, no menciona al personal en materia de psicología. La presente iniciativa propone resolver ese vacío jurídico.

Considero que la profesionalización de los centros de asistencia social y su enfoque hacia la detección de la ideación suicida, contribuiría de manera efectiva al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Declaración de los Derechos del Niño, en cuanto a la protección física y psicológica, de los menores de este país, que son atendidos en centros de asistencia social. Asimismo, que podrá constituirse en medida efectiva para la prevención del suicidio en menores sujetos de asistencia social.

Por lo aquí expuesto, someto a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción IV del artículo 109 y la fracción II del artículo 110; ambas de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Único.Se reforman la fracción IV, del artículo 109, y la fracción II del artículo 110, ambas de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; para quedar como sigue:

Artículo 109....

Los servicios que presten los centros de asistencia social estarán orientados a brindar, en cumplimiento a sus derechos:

I. a la III. ...

IV. Atención integral y multidisciplinaria que le brinde servicio médico integral, atención de primeros auxilios, seguimiento social, psicológico que incluya la detección de la ideación suicida y jurídico, entre otros;

V. a la XI. ...

...

...

...

Artículo 110. Los centros de asistencia social deben contar, con por lo menos, el siguiente personal:

I. ...

II. Especializado en proporcionar atención en psicología, actividades de estimulación, formación, promoción y autocuidado de la salud; atención médica y actividades de orientación social y de promoción de la cultura de protección civil, conforme a las disposiciones aplicables;

III. a la VI....

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigencia a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Marta de la Torre Martí. Protocolo para la detección y Manejo Inicial de la Ideación Suicida. Universidad Autónoma Metropolitana. México 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2017.— Diputada Karla Karina Osuna Carranco (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Karla Karina Osuna Carranco. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

Esta Presidencia saluda a vecinos de la Colonia Bellavista. Invitados por el compañero vicepresidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano. Bienvenidos.



LEY GENERAL DE TURISMO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2o. y 58 de la Ley General de Turismo.

La diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Con su autorización, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a proponer la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVI del artículo 2o. y se reforma la fracción XII del artículo 58 de la Ley General de Turismo.

El panorama del crecimiento del sector turístico revela que es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos del país, tanto por su nivel de inversión por la participación en el empleo, la aportación de divisas como por su contribución al desarrollo regional, pues genera el 8.4 por ciento del producto interno bruto.

Por ello, la presente iniciativa establece la obligatoriedad respecto a la certificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y la prestación de servicios. Esto con el objetivo de promover el desarrollo económico y social, el saneamiento de las finanzas públicas de los gobiernos locales, así como impedir la evasión de impuestos, ya que ésta en algunos casos supera el 600 por ciento, si se compara con la ocupación real de habitaciones que tiene cualquier zona turística.

La Auditoría Fiscal Federal del Sistema de Administración Tributaria, estima que existe una evasión de más de mil 500 millones de pesos por parte de empresas hoteleras bajo la modalidad, Todo incluido, ya que ha detectado su evasión en el pago del ISR y del IVA. Esta evasión fiscal realizada por diversos grupos hoteleros, sobre todo los establecidos en El Caribe mexicano, reduce la actividad económica regional y el desarrollo y el propio SAT ha señalado a esta como una práctica recurrente.

La transversalidad del turismo representa un motor natural de crecimiento, genera oportunidades para grandes, medianas y pequeñas empresas, pero si a ello se agrega una regulación adecuada, se propician sin duda encadenamientos productivos de mayor valor agregado, pertenencia y bienestar, así como la preservación de nuestra riqueza natural y cultural.

La Organización Mundial de Turismo ha señalado que hacia el año 2030 países como Turquía, Hong Kong, Japón y Rusia, captarán el 57 por ciento del sector de acuerdo a sus características de mercado, las cuales van marcando una tendencia hacia la diversificación de la oferta de destinos y productos, pues han abierto espacios para una mayor competencia e implementado una mejor regulación sobre el cumplimiento de la ley.

México sigue creciendo pero lo hace a menor ritmo que otras naciones y se ha ido rezagando no solo en cuanto a llegadas e ingresos recaudados, sino en la implementación de normas que garanticen el incremento de la capacidad recaudatoria del Estado.

En el índice de competitividad global, México se ubica en el número 53 de 144 países, lo que es un claro indicativo de que nos están aprovechando nuestras ventajas de manera eficiente y las nuevas inversiones no influyen en la calidad de vida de la población local.

De acuerdo a lo establecido a la Ley General de Turismo, se deben de establecer las bases para la planeación, la programación de la actividad turística en todo el territorio bajo criterios en beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado en los gobiernos estatales y municipios.

Por ello y, en ese orden de ideas, es imprescindible evitar la desviación y la disminución notable de recursos que ha sufrido nuestra economía debido a la participación de la renta turística que no se queda en nuestro país, principalmente porque no todos los servicios que se incluyen acreditan el pago de impuestos.

Una manera de incentivar a los prestadores de servicios turísticos es la realización de convenios de colaboración con proveedores nacionales, impedir que las empresas adopten esquemas mediante los cuales pudieran evadir el pago de impuestos y con ello puedan acceder a una certificación tanto de calidad como del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Esa certificación, por tanto, no debe de ser una opción como hasta ahora prevé la legislación. Debe convertirse en una obligación permanente que forme parte de un sistema mucho más efectivo que impulse la calidad, la competitividad, el desarrollo social y el cumplimiento de la legislación fiscal.

Hoy más que nunca es necesario aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país, impulsar el ordenamiento y la transformación del sector, la innovación de la oferta, la competitividad, el mayor fluyo de inversiones y financiamiento, la promoción eficaz de todos nuestros destinos turísticos y el impulso de la sustentabilidad para que los ingresos generados por este sector sean fuente de bienestar social para todos los mexicanos. Es cuanto, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 2o. y 58 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Problemática

El panorama del sector turístico nos indica que este es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos, tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación de divisas, como por la contribución al desarrollo regional.

La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios están relacionados con la generación de empleos y la detonación del desarrollo local, además de ser un factor de difusión de atractivos culturales y naturales.

Diversos factores influyen en el crecimiento del sector para que este continúe jugando un papel importante que permita consolidarnos como potencia mundial y genere una mayor demanda de destinos y atractivos del país.

En ese orden de ideas, la falta de certificación obligatoria respecto al cumplimiento de las obligaciones de los prestadores de servicios, incluidas las de carácter fiscal, han generado una evasión hotelera que impide el desarrollo económico y social, así como el saneamiento de las finanzas públicas de los gobiernos locales.

La defraudación de impuestos en algunos casos supera el 600% si se compara la desproporcional y asimétrica recaudación que se obtiene en función de la ocupación de habitaciones de cualquier zona turística.

Si a eso se le suma la modalidad de viaje en la que desde el origen del pago se incluye hospedaje, alimentación, bebidas, amenidades y entretenimiento dentro de los complejos turísticos, acaparando la proveeduría de servicios e inhibiendo la competencia bajo el argumentando relacionado con el fenómeno globalizador, se genera una práctica en la que la recaudación no se capta y artificialmente se establece una derrama económica inexistente, se propicia la quiebra paulatina de establecimientos mercantiles de la zona y de las finanzas de los Estados.

Por lo tanto se requiere la revisión estricta del cumplimiento de la ley, así como la coordinación entre empresas y gobiernos que de manera conjunta fortalezca el desarrollo económico y social del país, y al mismo tiempo se brinde al visitante más y mejores atractivos turísticos, de acuerdo a la certificación turística tanto de la calidad como del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Consideraciones

El turismo es una de las actividades económicas más dinámicas, capaz de mantener un ritmo de crecimiento favorable a pesar de que se puedan presentar condiciones adversas en el entorno nacional o internacional.

La transversalidad del turismo significa a distintos ámbitos sociales un motor natural de crecimiento; México agrupa a más de cincuenta actividades económicas, genera oportunidades para grandes, medianas y pequeñas empresas, y si a ello se agrega una regulación adecuada, se pueden propiciar encadenamientos productivos de mayor valor agregado, pertenencia y bienestar en las comunidades, así como la preservación de nuestra riqueza natural y cultural.

Nuestra ubicación geográfica y variedad turística debería ubicarnos dentro de los mejores índices de recaudación nacional e internacional, sin embargo la llegada de turistas a nuestro país y la afluencia nacional a pesar de registrar tasas de crecimiento constante, no se refleja en cuanto a la derrama económica real que se está generando.

Lo anterior implica como consecuencia, la falta de competitividad, la limitación en la creación de empleos, el desarrollo y bienestar que necesitan las comunidades receptoras de turismo, independientemente de tratarse de una de las principales fuente de divisas para nuestro país, pues genera el 8.4 por ciento del producto interno bruto (PIB).

La Organización Mundial de Turismo ha señalado que hacia 2030, países como Turquía, Hong Kong, Malasia, Japón y Rusia captaran 57 por ciento del mercado turístico de acuerdo a sus características de mercado las cuales van marcando una tendencia hacia la diversificación de la oferta de destinos y productos del sector, abriendo espacios para una mayor competencia, además de la adecuada regulación que han implementado.

México ha crecido pero en menor proporción respecto de otras naciones, tanto en términos de llegadas de turistas, así como en ingresos recaudados.

Existen distintos factores que influyen en detrimento de dicho crecimiento, entre ellos se podría señalar por un lado la recesión económica global, la percepción de inseguridad y los eventos vinculados a ella, la falta de respuestas innovadoras de la oferta del sector respecto a las tendencias en productos turísticos, insuficiente diversificación y desarrollo creativo de los productos, la falta de consolidación de un desarrollo integral de los destinos; sin embargo esta falta de crecimiento también es atribuible a la incapacidad recaudatoria del Estado.

En el Índice de Competitividad Global (Global Competitiveness Index), México se ubica en el número 53 de 144 países, lo cual es un indicativo de que en el ámbito turístico no se aprovechan nuestras ventajas de manera eficiente, y las nuevas inversiones no influyan en la calidad de vida de la población local.

De acuerdo a lo establecido por la Ley General de Turismo, se deben establecer las bases para la planeación y programación de la actividad turística en todo el territorio nacional, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los gobiernos estatales, municipios y el distrito federal, a corto, mediano y largo plazo.

Asimismo se establece que el trabajo debe realizarse de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, con el fin de promover e impulsar el desarrollo turístico del territorio y la colaboración entre dependencias para impulsar acciones comunes que beneficien al sector, a través de programas y actividades vinculadas con la política nacional turística.

La planeación estratégica que se deriva del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dispone que se debe aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país; impulsar el ordenamiento y la transformación del sector; la innovación de la oferta; la competitividad; mayor flujo de inversiones y financiamiento; la promoción eficaz de los destinos turísticos y el impulso de la sustentabilidad para que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social.

El instrumento rector de turismo del presente sexenio, llamado Prosectur se ha convertido en un documento que no garantiza la planeación y evaluación de las acciones del sector, la tan esperada reestructura mediante la publicación del Reglamento de la Ley General de Turismo no ha generado el marco institucional y los lineamientos necesarios para detonar mayor crecimiento.

La Secretaría de Turismo planteó cinco objetivos sectoriales y dos acciones transversales para revertir las tendencias negativas y lograr fortalecer las ventajas competitivas del turismo, elevando sus impactos en el desarrollo nacional, pero no consideró obligatoria la certificación turística y con ella la revisión exhaustiva del cumplimiento de obligaciones fiscales de las empresas hoteleras y en general las que se relacionan con esta actividad.

Sin duda alguna, el Prosectur es innovador y presenta conceptos interesantes para cambiar el pasado del turismo en México, siempre y cuando no se quede en letra muerta, y se amplié el segundo de sus cinco objetivos.

Cada uno de ellos se refiere a lo siguiente:

Objetivo Sectorial 1. Transformar el sector turístico y fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico.

Objetivo Sectorial 2. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística.

Objetivo Sectorial 3. Facilitar el financiamiento y la inversión público-privada en proyectos con potencial turístico.

Objetivo Sectorial 4. Impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del sector.

Objetivo Sectorial 5. Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras

Me refiero al Objetivo 2, porque se ha quedado corta la pretensión que se tiene en el fortalecimiento de las ventajas competitivas, que por un lado propone la creación de un Sistema de Evaluación de Destinos Turísticos y Agendas de Competitividad y por otro la creación del Sistema Nacional de Certificación de Calidad y de Destinos y Servicios Turísticos.

Este sistema evidentemente no puede limitarse únicamente a la obtención de indicadores; debe asegurar que los prestadores de servicios turísticos que certifiquen su calidad cumplan al mismo tiempo con sus obligaciones legales como un factor de carácter obligatorio y no opcional.

Es importante señalar que la inclusión de todos los alimentos y bebidas en su sentido más amplio significa que se ofrece por un precio cerrado las comidas en los distintos restaurantes del complejo turístico y las bebidas en los bares y discotecas del mismo, pero en la práctica no se están recaudando la totalidad de los servicios que se ofrecen.

Hay opiniones encontradas acerca de las ventajas y desventajas que ha generado este mecanismo, lo cierto es que esta modalidad pone en desventaja a la economía local y abarca por ejemplo, más de dos terceras partes de la oferta de cuartos de hotel en Cancún, en la Riviera Maya, playa del Carmen, o Isla Mujeres, sólo por citar algunos de los centros turísticos más importantes del país.

De tal suerte que resulta imprescindible el planteamiento de una solución beneficiosa para empresarios y gobierno con la revisión del cumplimiento de obligaciones desde el origen de la adquisición del viaje en cualquier modalidad.

De lo que se trata es de evitar la desviación y disminución notable de recursos que ha sufrido la economía local, pues sólo una parte del gasto turístico se destina a la operación del pago de algunos prestadores de servicios, pero la participación de la renta turística no se queda en el país, y sólo con un papel que otorga la empresa hotelera al turista, evade los impuestos que le correspondería pagar, ya que para ella todos los servicios quedan incluidos, no así la comprobación del cumplimiento de sus obligaciones con el Estado.

Cabe añadir que hoy en día los turistas pagan tours o bien en caso de no tener interés en ellos, simplemente no salen del complejo turístico en virtud de contar con paquetes de servicios dentro del propio hotel de los cuales la empresa hotelera no reporta los impuestos correspondientes.

Además, cada vez se refleja es un menor gasto asociado al ocio fuera del lugar y continuamente se cierran negocios a consecuencia de la falta de liquidez generada por estos modelos de negocio.

Los comercios locales como restaurantes y plazas comerciales señalan que este acaparamiento deja fuera de competencia a de empresas que si cumplen con sus obligaciones fiscales.

Las actividades comerciales y de hostelería como es el caso de supermercados, bares y restaurantes de las zonas turísticas, son en las que más ha impactado la disminución de la derrama económica de los turistas.

Las comunidades cuya principal actividad económica es el turismo viven dos realidades, aquella relacionada con un entorno lujoso de sus lugares de trabajo y al mismo tiempo la marginación de sus hogares.

Si bien es cierto el turismo moviliza la economía, también lo es que los municipios turísticos con más derrama económica a su alrededor son cinturones de miseria.

A pesar de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo impulsa el desarrollo económico a través del sector empresarial, poco se ha hecho para el desarrollo social de las comunidades con actividad turística y menos cuando no se obtiene la recaudación debida.

No se han generado empleos suficientes ni bien remunerados y la brecha social de desigualdad es cada vez más grande, ya sea en salud, alimentación y educación, como en servicios básicos, el crecimiento no va al mismo nivel de lo que se enriquecen de manera directa las grandes empresas por la evasión del cumplimiento de sus obligaciones.

La Organización Mundial de Turismo (OMT), señala que existe un crecimiento anual promedio desde 2011 de 4.5 por ciento en llegada de turistas y de 4.4 en derrama económica.

En el 2015 México recibió a más de 32 millones de turistas con ingresos de más de 17 mil millones de dólares, pero se queda en realidad toda esta derrama en el país, o más bien se queda en los grandes consorcios desde el origen de la contratación de servicios.

Esta derrama económica debería significar para México cada año sin duda un porcentaje mayor al que aportan sectores como el de la construcción, el agrícola o el de los servicios financieros.

La propia Secretaría de Turismo ha señalado que emplea a más de 3.8 millones de personas, aunque también tendría que decirse que se trata de empleos temporales, con salarios bajos, que este sector denominado como estratégico no genera crecimiento y bienestar en el aumento del poder adquisitivo, o mejor calidad de vida de las familias mexicanas.

Una forma de incentivar a ambas partes y con la cual se podrían beneficiar los prestadores de servicios turísticos, es por un lado la realización de convenios de colaboración de servicios contratados y se les permita una mejor calificación y reconocimiento cuando cumplen con los requisitos que establezca el Sistema Nacional de Certificación Turística.

Esta solución supone un desarrollo turístico más equilibrado y un alto nivel de organización que tiene por objeto conseguir una mayor capacidad recaudatoria para el Estado.

La adecuación sobre la diferenciación de los impuestos que se deben recaudar nos permitirá ubicarnos en una mejor posición para competir en el mercado.

El planteamiento central es impedir que las empresas adopten esquemas mediante los cuales al incluir un determinado número de productos y servicios, pudieran evadir el pago de impuestos.

La realización del censo para dar a conocer con precisión cuántos hoteles se han certificado debe ser una obligación y no una opción.

La necesidad de establecer un sistema efectivo, impulsará también la calidad, mejorando las características y condiciones de todos los prestadores de servicios turísticos, impulsando la competitividad de manera sistemática, incremental y permanente.

Si se alinean los incentivos respecto al reconocimiento de la calidad mediante la certificación, los prestadores de servicios turísticos entrarán en procesos de mejora continua, estableciéndose una cultura de calidad y excelencia turística, con reconocimiento público, y en consecuencia, los mismos empresarios turísticos cuidarán el cumplimiento puntual de obligaciones, sus servicios y sus bienes, permitiendo que el gobierno logre promover la calidad y excelencia turística en todos los ámbitos.

Los turistas, cuando viajan, consumen distintos productos y servicios turísticos que abarcan desde el transporte, alojamiento, tours, guías turísticos, agencias de viajes, establecimientos de alimentos y bebidas, espacios de entretenimiento y ocio, visitando museos, áreas naturales, espacios culturales o zonas arqueológicas, entre muchos más, pero mediante la aprobación de la certificación obligatoria de la calidad de los destinos y servicios turísticos, así como de las obligaciones fiscales, se tendrán mayores incentivos para encontrar en México las mejores opciones.

Las expectativas del turista sobre el destino, en relación al precio, seguridad en el entorno, así como la calidad en la provisión de cualquier servicio público o privado, son condiciones que desde esta propuesta legislativa, se pueden alcanzar al crear las condiciones institucionales adecuadas que incrementen nuestra competitividad en el sector.

Es importante tener presente que desde el Congreso se puede crear un marco institucional que contribuya a impulsar la productividad, la innovación, la generación de un ambiente de negocios con certidumbre, la sustentabilidad ambiental y altos estándares de calidad de los servicios turísticos.

El turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural, en la población y en los visitantes, su impacto y la amplia variedad de factores de producción requeridos en bienes y servicios para los visitantes y el amplio espectro de agentes involucrados públicos y privados, hace necesaria la adopción de un enfoque global del desarrollo, pero al mismo tiempo la gestión y la supervisión de todos estos agentes.

Este enfoque con la formulación obligatoria de la certificación no solo de la calidad sino del cumplimiento legal de las obligaciones de las empresas turísticas, pone en práctica mejores políticas y expectativas para el sector.

Finalmente, es importante señalar que la Secretaria de Turismo ha diseñado un Sistema Nacional de Certificación de Calidad y de Destinos y Servicios Turísticos, que contempla la incorporación de empresas a programas presupuestarios de financiamiento para capacitación, asistencia técnica, profesionalización y promoción, donde se consideran recursos entre otros, del fondo nacional emprendedor, del programa nacional de financiamiento al microempresario, programa para la productividad y competitividad industrial, capacitación para incrementar la productividad, programa de conservación para el desarrollo sostenible, formación y certificación para el trabajo, programa de formación de recursos humanos basada en competencias, normalización y certificación en competencias laborales, programa de apoyo al empleo, así como formar parte del catálogo nacional de prestadores de servicios turísticos, la incorporación en el atlas turístico de México, y tener acceso a los mecanismos de promoción turística.

Por ello sin duda es necesaria la participación de la Secretaría de Hacienda en este proceso de certificación, que no sólo debe referirse a la calidad como se ha dicho, sino del cumplimiento de obligaciones fiscales que permitan también dar un destino adecuado de los propios recursos que el Estado consigna al impulso del sector.

Lo anterior en virtud de que el artículo 105, del Reglamento de la Ley General de Turismo, respecto al Sistema Nacional de Certificación Turística señala que el titular de la Secretaría establecerá, mediante acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, los lineamientos de operación del Sistema de Certificación; el cual es de carácter voluntario. Estos lineamientos deberán contener:

I. Los métodos y mecanismos de medición y promoción de la calidad en los aspectos vinculados con:

a) La gestión eficiente de los Servicios Turísticos;

b) La calidad de los Servicios Turísticos;

c) Las mejores prácticas de sustentabilidad en la Prestación de los Servicios Turísticos, y

d) La accesibilidad para la atención de grupos poblacionales específicos;

II. Los incentivos a los que se harán acreedores los Prestadores de Servicios Turísticos y Destinos Turísticos que obtengan el Distintivo Nacional de Calidad Turística, y

III. Las demás disposiciones que contribuyan a elevar la calidad de los Servicios Turísticos.

Tal y como puede observarse no se establecen las bases de carácter obligatorio para la obtención de la certificación, así como la condición indispensable relativa al cumplimiento de la normatividad en materia fiscal.

Por lo expuesto, la suscrita diputada Isaura Ivanova Pool Pech, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XVI del artículo 2, y se reforma la fracción XII del artículo 58 de la Ley General de Turismo

Artículo Único. se adiciona la fracción XVI del artículo 2 y se reforma la fracción XII del artículo 58 de la ley general de turismo para quedar como sigue:

Artículo 2. Esta ley tiene por objeto

...

XVI. Establecer las bases para la certificación obligatoria de la calidad en la prestación de servicios turísticos y el cumplimiento de obligaciones fiscales, a través del Sistema Nacional de Certificación Turística.

Artículo 58. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:

...

XII. Contar con la inscripción en el Registro Nacional de Turismo y acreditar el cumplimiento de obligaciones fiscales y el pago de impuestos, a efecto de incorporarse al Sistema Nacional de Certificación Turística y con ello acceder al conjunto de distintivos y reconocimientos que dicho sistema otorga.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La secretaría deberá hacer las adecuaciones correspondientes al Reglamento de la Ley General de Turismo y al Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo en un plazo no mayor de 90 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.— Diputada Isaura Ivanova Pool Pech (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Pool Pech. Túrnese a la Comisión de Turismo para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa Presidencia da la bienvenida y saluda al grupo de invitados del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez. Bienvenidos.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:La Constitución de la Ciudad de México ha sido a nivel institucional, el esfuerzo mejor logrado por rendirle tributo a los 100 años de nuestra Constitución, de la Constitución de 1917; se dieron avances muy importantes como la eliminación del fuero, como lo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos a los seres humanos, y con el avance de la Ciudad de México a un proyecto de nación fincado en los derechos humanos.

También quedaron batallas pendientes. Una de ellas es la que traigo hoy a la discusión de esta soberanía, la reducción de la edad para votar de los 18 a los 16 años. El año pasado hubo una ola fascista en el mundo; su expresión más famosa, más cercana al pueblo de México y más conocida por todos nosotros, fue la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.

En Austria hubo un candidato fascista que se quedó a unos cuantos puntos de ganar la elección Norbert Hofel, y no ganó frente al candidato Verde Ecologista, frente a Alexander Banvelet porque en Austria se aprobó hace algunos años que los jóvenes de 16 años pudieran votar.

Si nosotros aprobáramos esta misma reforma, nos vacunaríamos, desde hoy, contra esta ola de fascismo, de nacionalismo excluyente que se vive en el mundo. Si los jóvenes de entre 16 y 18 años en Estados Unidos hubieran podido votar, aún con el sistema electoral de Estados Unidos en el que no decide el voto popular, Donald Trump no sería hoy presidente de los Estados Unidos.

En México este es un derecho que le podríamos dar a cinco millones de jóvenes. Y hay quien dice, porque hemos platicado de esta iniciativa con la gente, que los jóvenes de 16 años no tienen la madurez suficiente para ejercer este derecho, pues nuestras leyes sí les dan la madurez para cobrarles impuesto, sí pueden ser contribuyentes sin la anuencia de sus padres, sí les dan la madurez suficiente para contraer matrimonio, e incluso en el nuevo sistema de justicia penal, pueden ser encarcelados.

Pero a pesar de que cumplen con estas obligaciones no creemos en ellos para que tengan el derecho a votar y ser votados. Otro ejemplo de política comparada es Escocia. En Escocia se permite el derecho al voto a los 16 años. En escocia el 75 por ciento de los jóvenes que podían votar en el referéndum de independencia de entre 16 y 18 años lo hicieron, pero atendamos el caso mexicano.

En el caso mexicano los jóvenes de entre 20 y 29 años en su mayoría no votan, el abstencionismo es de más de la mitad en promedio en los últimos 10 años que se presentan las elecciones en México, pero los primero votantes, los jóvenes de 18 y 19 años salen a votar en una mucho mayor proporción, votan 63 por ciento de los jóvenes que tienen 18 y 19 años en México.

Por eso nosotros creemos que esta cultura cívica que se demuestra con los primeros votantes hay que ampliarla a los jóvenes de entre 16 y 18 años, que además le daría una mayor fuente de legitimidad.

Hoy gobierna México no solamente un presidente que tiene el 12 de por ciento de aprobación, según la última encuesta de referencia nacional. Gobierna México un presidente que fue votado por menos del 20 por ciento de la población, y lo gobernó también un presidente que fue votado por el 15 por ciento de la población entre 2006 y 2012. Si nosotros expandimos a este grupo de edad la posibilidad de votar, estaríamos teniendo un mucho mayor avance en legitimidad.

En 1969, hace 48 años, y en buena medida por la lucha de 1968 se redujo en México la edad para votar de 21 a 18 años. Hoy, casi 50 años después del 68, y unos años después del Movimiento Estudiantil Yo Soy 132 que sacudió a este país hace algunos años, la mejor manera que tendríamos de rendirle un homenaje a los jóvenes mexicanos es, concediéndoles el derecho a votar a los 16 años, esa es la iniciativa que presentamos el día de hoy, presidente. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito Jorge Álvarez Maynez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6 numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones I, II y VIII del artículo 35 y la fracción III del artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El 22 de diciembre de 1969, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reconoció a los jóvenes mexicanos como ciudadanos a partir de los 18 años. Hasta antes de esa fecha, en nuestro país la ciudadanía era adquirida al cumplir 21.

La reducción de la edad para convertirse en ciudadanos fue uno de los logros obtenidos por los jóvenes pertenecientes al movimiento estudiantil de 1968. No obstante que dicho cambio no había sido planteado como una exigencia del movimiento estudiantil en su pliego petitorio, se hizo evidente el creciente interés de los jóvenes para participar activamente, y no como meros espectadores, en la vida pública.

En años recientes, movimientos como el #YoSoy132 y los paros de actividades en planteles del Instituto Politécnico Nacional, organizados por estudiantes, son claras muestras de que la juventud mexicana continúa luchando por una mayor participación política y por ampliar sus libertades democráticas.

Es importante señalar que la población de nuestro país está compuesta, en una cuarta parte, por jóvenes. De acuerdo con datos del Inegi, en 2015 residían en México 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años, es decir el 25.7% del total de mexicanos. A su vez, dicha población joven se compone de la siguiente manera:

- 35.1% son adolescentes de 15 a 19 años

- 34.8% son jóvenes de 20 a 24 años

- 30.1% tienen de 25 a 29 años

No obstante que la juventud mexicana es un sector poblacional muy numeroso, los partidos políticos tradicionales suelen ignorar sus exigencias y dejarlas fuera de sus agendas. Ello ha generado que la brecha entre la clase política y la juventud sea cada vez mayor.

Actualmente, un gran número de jóvenes mexicanos se mantienen ajenos al acontecer político del país, absteniéndose de votar en los comicios y de militar en partidos políticos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, un 32.5% de los jóvenes percibían la situación del país como preocupante. Sin embargo sólo el 9.5% dijo interesarse mucho en la política, mientras que el 46% dijo interesarse poco y el 43.2% nada.

Cabe hacer una aclaración. Los jóvenes están desencantados con la política como tradicionalmente es entendida, con la que desarrollan los partidos y la clase política. Sin embargo, la juventud mexicana ha buscado alternativas de participación, fuera de las estructuras gubernamentales, para incidir en la toma de decisiones y expresarse respecto de los temas que les interesan.

Según datos de la referida Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, 45% de los jóvenes no simpatiza con ningún partido. Los motivos de ello son: el 31% dijo no estar interesado; el 19.5 indicó que la razón es que “los políticos no cumplen lo que prometen; el 14.3%, porque “no saben de política”; y, el 13.1% “por la corrupción en las instituciones”.

Otra de las causas más significativas es el hecho de que los partidos políticos tradicionales no les otorgan roles protagónicos a los jóvenes, y que éstos se encuentran subrepresentados al interior de las organizaciones partidarias: mientras que los jóvenes, en 2015, representaban más del 25% de la población total del país, su representación al interior de los partidos apenas alcanzó entre 9% y 18% de los candidatos propietarios a diputados federales.

En cuanto al abstencionismo de la juventud mexicana, según datos del Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía 2014, sólo el 53.11% de los mexicanos de entre 20 y 29 años participó en los comicios federales de 2012, siendo uno de los sectores poblacionales con menor participación.

Sin embargo, es importante resaltar que los mexicanos de entre 18 y 19 años, quienes por primera vez ejercieron el voto, fueron una excepción entre la población joven, ya que el 62.03% de las personas comprendidas en ese rango de edad acudieron a las urnas a sufragar. Dicho entusiasmo podría deberse a la novedad que representa para los jóvenes ejercer por primera vez su derecho a votar.

La conclusión que se obtiene a partir de los resultados de las encuestas es que los jóvenes se muestran reticentes a los medios tradicionales de participación política, en específico los partidos.

En cambio, la juventud busca otros canales para expresar sus preocupaciones e intereses, por ejemplo mediante su incorporación a colectivos y organizaciones de la sociedad civil. De acuerdo con el Índice Nacional de Participación Juvenil 2015-2016, 8 de cada 10 personas involucradas en el funcionamiento de los colectivos, son jóvenes. Por otra parte, 4 de cada 10 involucrados en organizaciones de la sociedad civil son jóvenes. Diversos movimientos estudiantiles que han tenido lugar en años recientes, también demuestran que los jóvenes manifiestan su interés de participar en la cosa pública de muy diversas maneras.

En la actualidad, el derecho al voto a partir de los 16 años es una normativa que se implementa en forma facultativa en diversos países del mundo. Son varios los ejemplos que pueden citarse: Austria, algunos estados y municipios alemanes, Escocia, Indonesia y Chipre. En América Latina, Cuba, Nicaragua, Brasil y Ecuador. En el caso de Irán, las personas pueden votar desde los 15 años.

El establecimiento de los 16 años, y no otra edad, como la mínima para poder ejercer el derecho al sufragio tiene una razón, principalmente: a pesar de que la mayoría de edad se alcanza a los 18, una buena parte de los derechos y deberes de la juventud se adquieren a los 16 años.

Por ejemplo, el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija en 15 años la edad mínima de admisión al empleo. A su vez, el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo permite que los jóvenes de 16 y 17 años puedan trabajar sin la necesidad de que sus padres les otorguen una autorización, contrayendo, en consecuencia, la obligación de registrarse en el padrón de contribuyentes.

Cecilia Soto señala al respecto de los menores trabajadores que, “este grupo no tiene representación política alguna. Tiene obligaciones, pero su derecho a hacerse oír, para participar en los procesos de participación ciudadana sobre asuntos que pueden cambiar sus vidas, es nulo”.

Un tercer ejemplo es que el Código Civil Federal, en su artículo 148 fija como edad mínima para contraer matrimonio 16 años para el caso de los hombres y 14 para el caso de las mujeres. Finalmente, cabe señalar que los menores de entre 12 y 18 años, pueden ser juzgados y sentenciados por la comisión de un delito, de acuerdo con lo previsto por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, publicada en 2016.

El European Youth Forum, plataforma que aglutina a diversas organizaciones juveniles europeas, expone 3 argumentos en favor de otorgar el derecho a votar a los jóvenes de 16 años. Brevemente, dichos argumentos son:

1. Por razones de participación democrática. El segmento poblacional de entre 16 y 17 años es el grupo de edad más reticente a participar en discusiones políticas y afiliarse a partidos. Los incentivos para participar en procesos de toma de decisiones bajan cuando no se tiene una capacidad real de influir en los mismos, por lo que rebajar la edad mínima para votar propiciaría un aumento en la participación juvenil en la democracia.

2. En razón de los cambios demográficos. En este aspecto, es importante señalar específicamente el panorama mexicano: En 2018, aproximadamente 24 millones de personas registradas en el padrón electoral, serán jóvenes de entre 18 y 39 años, es decir, 4 de cada 10 votantes. El voto de los jóvenes será un factor definitivo en la elección del siguiente Presidente, si deciden hacer uso de ese derecho.

3. Por razón de mantener una coherencia entre los derechos y las obligaciones. Si bien, los jóvenes de 16 años están en aptitud de adquirir obligaciones, como trabajar, contraer matrimonio o emanciparse, no cuentan con la posibilidad de influir, mediante el voto, en la toma de decisiones que les afectan.

Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa busca reformar las fracciones I, II y VIII del artículo 35, a fin de facultar a los mexicanos mayores de 16 años para que puedan ejercer su derecho al voto activo durante los ejercicios electorales y consultas populares, y que, asimismo, puedan ser votados.

Por otra parte, se reforma la fracción III del artículo 36 para señalar que en el caso de los mexicanos de entre 16 y 18 años, el voto será facultativo, no obligatorio.

Es importante señalar que la iniciativa no implica una reducción a la edad necesaria para obtener la ciudadanía ni la mayoría de edad. La UNICEF ha señalado al respecto que “de ningún modo es posible equiparar el derecho al voto con la mayoría de edad, que se alcanza de pleno derecho a los 18 años. Es necesario alertar sobre el riesgo potencial y el error conceptual de reducir el nivel de atención y de inversión que un país debe dedicar a todos los ciudadanos menores de 18 años como las personas en proceso gradual de formación que son.”Por ello, el Estado debe continuar impulsando acciones, por medio de los tres Poderes de la Unión, que garanticen una protección especial a niños niñas y adolescentes.

Señala, además, que las “leyes electorales, al incluir a los adolescentes en el proceso, deben perseguir como único fin una participación más amplia, teniendo en cuenta criterios como una edad adecuada, la voluntariedad, los mecanismos que garanticen efectivamente el ejercicio libre de ese derecho.”

Una sociedad que aspira a consolidar un régimen democrático, debe valorar a sus jóvenes como un elemento indispensable para que dicha consolidación se lleve a cabo, incentivando su participación, ya que su escasa actividad en los comicios perjudica el funcionamiento de la democracia. La juventud debe ser el agente de cambio que renueve la cultura y las prácticas políticas vigentes en México.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma las fracciones I, II y VIII del artículo 35 y la fracción III del artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reforman las fracciones I, II y VIII del artículo 35 y la fracción III del artículo 36, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35.Son derechos del ciudadano:

I.Votar en las elecciones populares. Las personas de entre dieciséis y dieciocho años de edad también podrán votar en las elecciones populares;

II.Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Las personas de entre dieciséis y dieciocho años de edad también podrán ser votadas.El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

III ... VII

VIII.Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Las personas de entre dieciséis y dieciocho años de edad también podrán votar en las consultas populares, que se sujetarán a lo siguiente:

1o. ... 7o.

Artículo 36.Son obligaciones del ciudadano de la República:

I. ... II.;

III.Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley. En el caso de las personas de entre dieciséis y dieciocho años, el voto será considerado sólo como un derecho, no como una obligación.

IV ... V

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara deberá armonizar la legislación secundaria correspondiente, de acuerdo al presente Decreto.

Tercero. En un plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Instituto Nacional Electoral deberá armonizar las respectivas normas en materia electoral, de acuerdo al presente Decreto.

Cuarto. En un plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Instituto Nacional Electoral deberá implementar las medidas necesarias, a fin de expedir credenciales para votar temporales para los mexicanos de entre 16 años y menores a 18 años, que así lo soliciten. Asimismo, deberá implementar un Registro Federal de Electores de menores de 18 años.

Notas:

1 Decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4650410 &fecha=22/12/1969&cod_diario=200186

2 Estadísticas a propósito del... Día Internacional de la Juventud (15 a 29 años) 12 de agosto, Inegi, Disponible en: http://www.inegi.org.mx/ saladeprensa/aproposito/2016/juventud2016_0.pdf

3 Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, IMJUVE, Disponible en: http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/ENVAJ_2012. pdf

4 Ibídem.

5 Ríos, Greta y Scharnagl, Stefan, ¿Qué pasa con los jóvenes y la política en nuestro país?, Ollin, AC. Disponible en: http://ollinac.org/ que-pasa-con-los-jovenes-y-la-politica-en-nuestro-pais/#_ftn3

6 Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía 2014, IFE, Disponible en: http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/docs/InfPaisCalidadCiudadania.pdf

7 Ibídem.

8 Índice Nacional de Participación Juvenil 2015-2016, Ollin A.C., Disponible en: http://ollinac.org/indice-nacional/

9 Ibídem.

10 El derecho al sufragio de los adolescentes de 16 y 17 años, UNICEF, Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/spanish/UNICEF_EL_VOTO_A_LOS_16.pdf

11 ¿Por qué el voto a los 16?, Consejo de la Juventud de España, Disponible en: http://www.cje.org/es/en-que-trabajamos/asociacionismo-juvenil-y-participacion- social/que-proponemos/por-que-el-voto-a-los-162/

12 Soto, Cecilia, CDMX: derecho al voto a los 16,Excélsior, Disponible en:añoshttp://www.excelsior.com.mx/opinion/cecilia-soto/2016/ 07/25/1106954

13 Resolution on lowering the electoral age to the age of 16, European Youth Forum, Disponible en: http://www.cje.org/descargas/cje4963. pdf

14 ‘Millennials’ definirán a presidente de México en 2018, El Informador, disponible en: http://www.informador.com.mx/mexico/2016/685950/6/millennials-definiran-a-presi dente-de-mexico-en-2018.htm

15 Ibídem.

16 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.— Diputado y diputada: Jorge Álvarez Maynez, Cecilia Guadalupe Soto González (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputado Álvarez Maynez, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la violencia contra la mujer en todas sus formas es una violación a los derechos humanos. Michelle Bachelet.

Someto a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante la cual se busca reducir el tiempo máximo para la expedición de las órdenes de protección de emergencia y preventivas que se establecen en dicho precepto.

Durante siglos a las mujeres se nos ha enseñado a normalizar la violencia, se nos mostró que las relaciones de sumisión y dependencia de la mujer respecto al hombre eran lo normal, que la violencia masculina tenía una justificación, se toleraba por la sociedad e incluso por las propias mujeres que se encargaban de perpetuar estereotipos sexuales y roles de género.

La violencia de todo tipo contra las mujeres ha sido lo habitual durante demasiado tiempo en nuestra cultura. Afortunadamente las circunstancias están cambiando, pero para erradicar la violencia de género aún nos falta mucho. Por eso es necesario hacer consciencia de que cada mujer tiene el derecho a vivir plenamente, lo que significa, por supuesto, vivir libre de violencia.

Nuestra Constitución prohíbe todo tipo de discriminación por razones de género, a nivel internacional la violencia contra las mujeres como forma de discriminación y violación de los derechos humanos está igualmente prohibida en una diversidad de instrumentos. Ciertamente se ha hecho un esfuerzo importante para eliminar la violencia contra las mujeres, lamentablemente te las cifras nos muestran una dolorosa realidad.

Las estadísticas de ONU-Mujeres estiman que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental, o violencia por parte de una persona distinta a su compañero sentimental, en algún momento de su vida. En algunos países esta cifra llega hasta el 70 por ciento.

En México, según cifras del Inegi de 2005, un 32 por ciento de las mujeres han padecido violencia sexual. Más grave aún es el hecho de que en promedio durante 2013 y 2014 fueron asesinadas 7 mujeres diariamente en el país. Esto no puede continuar, si bien existen disposiciones en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que pretenden coadyuvar a eliminar estas acciones, lo cierto es que la actuación de las autoridades no es lo suficientemente expedita, dejando a las víctimas de violencia indefensas ante sus agresores.

En algunos casos la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir la violación de un derecho exige una respuesta urgente. Es por ello que la presente iniciativa propone disminuir el tiempo de actuación de las autoridades a un tiempo máximo de cuatro horas, la mitad de lo que se establece en la ley vigente. Lo anterior para otorgar una protección más rápida y eficaz a las mujeres víctimas de violencia y contribuir de este modo a proteger su vida e integridad.

En Nueva Alianza haremos todo cuando esté en nuestras manos para erradicar la violencia contra las mujeres. Ese es nuestro compromiso. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Mirna Isabel Saldívar Paz, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Algunas situaciones establecidas en la tradición y la cultura de muchas sociedades durante siglos no se han relacionado con la violencia específica contra la mujer: las relaciones de sumisión y dependencia de la mujer respecto al hombre, la justificación de la violencia masculina y su tolerancia por la sociedad e incluso por la mujer, los estereotipos sexuales y el rol limitado asignado a la mujer a nivel social explican la violencia infligida a la mujer en sus diferentes tipos y modalidades.

La Organización Mundial de la Salud define violencia como “el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte”.

Los cambios sociales de las últimas décadas respecto al papel de la mujer tanto en el ámbito privado (pareja, familia), como público (laboral, social) hacia una relación más igualitaria entre hombre y mujer, han hecho posible que el problema de la violencia familiar haya salido a la luz, debido en parte a una mayor conciencia de la mujer respecto a sus derechos y a su papel en la pareja, en la familia y en la sociedad, y también a una mayor sensibilidad social respecto al problema. La no aceptación de estos cambios por el hombre, y el ver peligrar lo que para algunos era vivido como privilegio, ha podido favorecer la aparición de violencia.

En estudios realizados en países de América Latina (Chile, Colombia, Nicaragua, Costa Rica y México), la prevalencia de violencia doméstica oscilan entre 30 y 60 por ciento.

Recientes publicaciones de estudios realizados en Reino Unido y en Irlanda por médicos generales encuentran que 41 y 39 por ciento de las mujeres estudiadas habían experimentado violencia física, y cifras aún más altas en violencia psicológica.

En Estados Unidos, la prevalencia de la violencia doméstica en las estadísticas clínicas es también alta. De 15 a 30 por ciento de las mujeres que visitan los servicios de urgencias y de 12 a 13 por ciento de las que visitan el Departamento de Asistencia Familiar revelaron haber sufrido abusos físicos o amenazas por parte de su compañero. De las mujeres maltratadas que habían pasado por centros sanitarios, 75 por ciento siguió sufriendo agresiones.

Entre las consecuencias del maltrato para la mujer 7 destacan éstas:

En el plano físico:Lesiones de todo tipo, traumatismos, heridas, quemaduras, relaciones sexuales forzadas, enfermedades de transmisión sexual, embarazos de alto riesgo, abortos, y muerte.

En el plano psicológico:Trastornos por estrés postraumático ,ansiedad ,depresión ,intentos de suicidio ,abuso del alcohol, las drogas y los psicofármacos, trastornos por somatización ,disfunciones sexuales ,uso de la violencia con sus propios hijos.

En el plano social:Aislamiento social, pérdida de empleo y ausencia laboral.

Otras consecuencias sobre los hijos como testigos de violencia familiar sonriesgo de alteración de su desarrollo integral, sentimientos de amenaza (su equilibrio emocional y su salud física están en peligro ante la vivencia de escenas de violencia y tensión), dificultades de aprendizaje, dificultades en la socialización, adopción de comportamientos violentos con los compañeros, mayor frecuencia de enfermedades psicosomáticas y trastornos psicopatológicos secundarios, y con frecuencia son víctimas de maltrato por el padre o la madre.

Los prejuicios hacia la mujer maltratada y la “falta de sensibilidad” hacia el problema son barreras que actúan dificultando no sólo la detección sino también el abordaje profesional y la actuación de las autoridades adecuada ante una situación de maltrato.

Por consiguiente, las redes no oficiales de apoyo con que cuentan muchas mujeres acaban atrapándolas en una vida de discriminación y violencia. México ha creado una línea telefónica de ayuda Vida sin Violencia, que brinda apoyo y facilita información a las personas atrapadas en relaciones violentas, y como cabía esperar, 90 por ciento de quienes llaman son mujeres.

Los estudios demuestran que muchas mujeres maltratadas han interiorizado normas sociales machistas hasta tal punto que llegan a culpar de la violencia al alcoholismo, la infancia violenta o la inseguridad personal de sus maridos, en lugar de acusar a unas normas sociales discriminatorias instrumentadas de tal manera que permiten y justifican la violencia contra la mujer.

En síntesis, hay importantes brechas y deficiencias tanto en la legislación nacional y en los sistemas de prevención, a menudo combinadas con la tolerancia a dicha violencia, exacerbadas por la falta de datos fiables y desagregados, la ausencia de evaluaciones adecuadas de los riesgos, y el encubrimiento y la falta de denuncias de homicidios por razones de género, violaciones y otras formas de violencia de género contra las mujeres.

Argumentación

En la actualidad, 1 de cada 5 mujeres vive en una relación caracterizada por los malos tratos físicos, sexuales o psicológicos. De las mujeres, 2.8 por ciento mantuvo relaciones sexuales por la fuerza con su anterior pareja o con su compañero actual.

Frecuentemente, los casos de violencia familiar no se toman en serio, en parte porque muchas de las autoridades comparten los mismos prejuicios de género que los perpetradores. Además, en muchas ocasiones las mujeres no facilitan pruebas contra sus agresores porque no confían en las autoridades o porque no se les proporciona una adecuada y pronta protección o se encuentran con lesiones o sumamente asustadas en un estado emocional muy alterado.

Aunado a lo anterior, y de conformidad con el derecho internacional, los Estados tienen obligaciones claras de promulgar, aplicar y supervisar la legislación que regula todas las formas de violencia contra la mujer. En los dos últimos decenios, muchos Estados han adoptado o revisado legislación en materia de violencia contra la mujer.

No obstante, sigue habiendo lagunas considerables y muchos Estados todavía no cuentan con disposiciones legislativas que aborden específicamente la violencia contra la mujer con las medidas adecuadas de protección hacia la mujer que sufre de violencia, incluso cuando existe legislación, a menudo está limitada o no se cumple, principalmente el tiempo de actuación que resulta fundamental para salvaguardar la vida e integridad de la mujer, como la de sus hijos, frecuentemente llega de manera tardía.

Al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) preocupa que las mujeres sean sometidas a unos niveles cada vez mayores y a diferentes tipos de violencia por motivos de género como la violencia familiar, desapariciones forzosas, torturas y asesinatos en particular y lo más grave el feminicidio.

El CEDAW y la relatora especial exhortan al Estado parte a

• Invertir los efectos negativos de esta estrategia para las mujeres y cumplir sus obligaciones de diligencia debida para prevenir la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, las desapariciones forzosas, las torturas y el feminicidio; investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos, ya sean entidades estatales o no estatales, y proporcionar reparación a las mujeres que hayan sido víctimas de la violencia, independientemente del contexto y de los presuntos responsables.

• Poner fin a la impunidad respecto de la violencia contra la mujer llevando a cabo reformas en la legislación correspondiente, los procedimientos de investigación y el sector judicial.

• Investigar con la debida diligencia todos los supuestos actos de violencia contra la mujer, ya se produzcan en el hogar, en la comunidad o en el lugar de trabajo de la víctima, prestando una atención pronta y eficaz a la violencia contra la mujer; llevar a juicio a los agresores; ofrecer rápidamente indemnizaciones adecuadas y ofrecer apoyo a los supervivientes.

• Fortalecer la administración de justicia, prestando atención especial a los obstáculos de derecho y de procedimiento que impiden el acceso de las mujeres, especialmente las mujeres indígenas y migrantes, a recursos judiciales y medios de protección rápidos y eficaces.

• Promulgar en todos los estados y a escala federal leyes específicas para prevenir los actos de violencia contra la mujer y responder a ellos.

• Enmendar la Constitución federal y la legislación pertinente para otorgar a las autoridades federales competencias para investigar, proceder y juzgar en los casos en que las autoridades estatales incumplan repetidamente sus obligaciones de derechos humanos al no investigar ni encausar con la debida y pronta diligencia los delitos de violencia, sobre todo los perpetrados contra mujeres.

El gobierno de México ha dado pasos importantes para evitar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer con la diligencia debida, pero en vista de los insoportablemente elevados niveles de violencia contra la mujer que siguen observándose en México, el Gobierno debe poner más empeño para cumplir sus obligaciones internacionales. La sensibilidad y concientización de las autoridades y la justicia a la violencia de género sigue siendo insuficiente en términos generales, y debe mejorar.

Un denominador común de la mayoría de esos crímenes es la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de obtener pronto acceso a protección y garantías judiciales. Estos problemas, a su vez, están inextricablemente vinculados con patrones históricos de discriminación basada en el género.

La denegación de una respuesta eficazse origina y se propaga en virtud de la percepción de que la violencia contra la mujer, la falta de una respuesta oficial pronta y eficaz forma parte del contexto más amplio de la discriminación. Para enfrentar los homicidios se requiere necesariamente hacer frente a los problemas de mayor escala de la violencia y la discriminación basadas en el género, primero y principalmente a través de un pronto y eficaz acceso a la justicia.

En los casos en que esa inacción y tolerancia forman parte de una modalidad, “es una tolerancia de todo el sistema, que no hace sino perpetuar las raíces y factores psicológicos, sociales e históricos que mantienen y alimentan la violencia contra la mujer”. Ello crea el ambiente “que facilita la violencia familiar” porque la sociedad no percibe que las autoridades estén dispuestas a adoptar medidas efectivas contra ella.

En algunos casos, la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir la violación de un derecho exige una respuesta urgente; por ejemplo en el caso de la mujer que requiere mecanismos de protección frente a riesgos de violencia inminente, o como respuesta frente a denuncias de desaparición.

Al respecto, si bien el Estado ha dado cuenta de esfuerzos tendentes a reaccionar más rápidamente frente a las denuncias de desapariciones, la información recibida por la comisión interamericana en casos que datan de 2001 indica que las primeras medidas de investigación fueron adoptadas, en algunos casos, al cabo de varios días. La información inicial recibida en relación con las medidas de protección en casos de violencia doméstica o familiar suscita dudas en cuanto a la pronta y efectiva disponibilidad y aplicación de éstas.

La responsabilidad del Estado mexicano tendiente a hacer frente a esa violencia y poner fin a la impunidad consiste en diseñar y aplicar medidas eficaces de prevención y respuestapronta que implican la participación sustancial del gobierno federal y del gobierno de los estados y municipios, así como de la sociedad civil.

Por tanto, es especialmente importante que los gobiernos estatales y el gobierno federal acepten la responsabilidad conjunta de aplicar medidas no penales para evitar la violencia contra la mujer y responder a ella.

En el marco internacional la violencia contra la mujer, como forma de discriminación contra las mujeres y violación de los derechos humanos, está prohibida por los instrumentos internacionales de derechos humanos tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención de Belém do Pará, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por lo que el Estado mexicano se encuentra obligado a su observación y cumplimiento.

De lo anterior podemos concluir que en Nueva Alianza sabemos que reducir el tiempo de actuación de las autoridades competentes cuando se presuma violencia de género es crucial por lo que al conocimiento de los hechos que las generan por parte de las autoridades, la presente iniciativa propone reducir el tiempo de actuación de las autoridades a un tiempo máximo de cuatrohoras disminuyendo el tiempo de actuación que actualmente establece la ley que es de ochohoras, esto a fin de dar una mayor protección de manera más pronta y eficaz a las mujeres víctimas de violencia, y no exponer a las víctimas a más tiempo del adecuado, porque es crucial para proteger su vida e integridad.

Propongo reformar el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de fortalecer la protección de la mujer víctima de violencia en el país y reafirmar al Estado como garante de la misma, ya que una vida libre de violencia es un derecho humano irrenunciable que debe ser respetado y fomentado por todos los sectores de la población.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Único.Se reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 28. ...

I. a III. ...

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad de 72horas y deberán expedirse máximo dentro de las 4horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 María del Carmen Fernández Alonso. Violencia doméstica, Ministerio de Sanidad y Consumo, Dirección General de Salud Pública, Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología, por el Grupo de Salud Mental del Programa de Actividades de Prevención y Promoción de la Salud de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Ministerio de Sanidad y Consumo, Paseo del Prado, 18-20, 2003, Madrid (España).

2 Venguer T, Rawcett G, Vernon R, y Pick S. Violencia doméstica: un marco conceptual para la capacitación del personal de salud. Population Council/Inopal III 1998, http: //www.popcouncil.org

3 Richardson J, Coid J, Petruckevitch A, Chung W, Moorey S y Feder G. Identifying domestic violence: cross sectional study in primary care. BMJ 2002; 324(7332):274. http://bmj.com

4 Bradley F, Smith M, Long J, O’Dowd T. Reported frecuency of domestic violence: cross sectional survey of woman attending general practice, BMJ 2002; 324(7332):271.http://bmj.com

5 Mc Lear S, Anwar R. Identification of abuse in emergency departament. Am J Public Health1998;79:65-66.

6 Elliot, BA; y Johnson MM. Domestic violence in a primary care setting. Arch Fam Med1995;4 :113-119.

7 María del Carmen Fernández Alonso. Violencia doméstica, Ministerio de Sanidad y Consumo, Dirección General de Salud Pública, Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología, por el Grupo de Salud Mental del Programa de Actividades de Prevención y Promoción de la Salud de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Ministerio de Sanidad y Consumo, Paseo del Prado, 18-20, 2003, Madrid (España).

8 Gleason, WJ. Mental disorders in battered women: an empirical study. Violence Vict1993;8:53-68; y Campbell, L. Health consequences of intimate partner violence. The Lancet2002; 359:1331-1336.

9 Relator especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias. Informe de la relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Yakin Ertürk (E/CN.4/2006/ 61/Add.4), 13 de enero de 2006, en file:///C:/Users/ USER/Downloads/RE_Violencia_contra_la_Mujer_2006%20(1).pdf

10 Relator especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias. Informe de la relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Yakin Ertürk (E/CN.4/ 2006/61/Add.4), 13 de enero de 2006, en file:///C:/Users/USER/Downloads/RE_Violencia_contra_la_Mujer_2006%20(1).pdf

11 Relator especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias. Informe de la relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Yakin Ertürk (E/CN.4/ 2006/61/Add.4), 13 de enero de 2006, en file:///C:/Users/ USER/ Downloads/RE_Violencia_contra_la_Mujer_2006%20(1).pdf

12 Relator especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias. Informe de la relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Yakin Ertürk (E/CN.4/ 2006/61/Add.4), 13 de enero de 2006, en file:///C:/Users/ USER/ Downloads/RE_Violencia_contra_la_Mujer_2006%20(1).pdf

13 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/MEX/CO/7-8). 7 de agosto de 2012, en file:///C:/Users/USER/Downloads/CEDAW_2012%20(2).pdf

14 Relator especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias. Informe de la relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Yakin Ertürk (E/CN.4/2006/61/Add.4). 13 de enero de 2006, en file:///C:/Users/ USER/Downloads/RE_Violencia_contra_la_Mujer_2006%20(1).pdf

15 Informe de la relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Yakin Ertürk (E/CN.4/2006/61/Add.4), 13 de enero de 2006, en file:///C:/Users/USER/Downloads/RE_Violencia_contra_la_Mujer_2006.pdf

16 CIDH, Caso 12.051, María da Penha Maia Fernandes, Brasil, 16 de abril de 2001, párrafo 55.

17 Relator especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias. Informe de la relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Yakin Ertürk (E/CN.4/2006/61/Add.4), 13 de enero de 2006, en file:///C:/Users/ USER/Downloads/RE_Violencia_contra_la_Mujer_2006%20(1).pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.— Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada Saldívar Paz. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.



LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Muchas gracias, diputado presidente. Buenas tardes para todos mis compañeros.

Creada desde hace más de 10 años, la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil ha representado un parteaguas en la consideración y valoración de la sociedad civil organizada en el desarrollo del país. Pero, además, ella misma ha incidido en el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, así como en el momento significativo y progresivo de la participación de las organizaciones no gubernamentales y, en específico, de las asociaciones de carácter civil en el rumbo de las políticas públicas, de la legislación y, en general, del Estado de derecho y democrático de este país.

En este marco histórico, el papel de las organizaciones de la sociedad civil ha sufrido profundas modificaciones y, además, grandes replanteamientos, desde la miscelánea fiscal en el año de 1989, que dejó fuera el régimen de personas morales no lucrativas y que además despertó en ellas el descontento de este importantísimo sector, hasta el año 2004, cuando por fin se aprueba la ley a la que el presente decreto se referiría.

Esto ha sido solo el inicio, fue de inmediato el conocimiento para todos y el asomo imaginativo de los líderes de las organizaciones, el hecho de que el artículo 5o. de la ley comentada representaba el núcleo y la esencia del tema. El sujeto mismo de la ley y los temas por los que valía la pena reconocer, impulsar y proteger al sector vertebrador y vinculativo, no solamente no lucrativo como se manejaba anteriormente de la sociedad.

En efecto, en dicho artículo el objeto social de cualquier organización de la sociedad civil que aspirara a ser respaldada en sus actividades, lo cual por supuesto todavía sigue siendo una concepción incompleta, pues no son las actividades las que se deben de respaldar, sino las organizaciones a las que hay que fomentar. Este objeto es moldeado para privilegiar aquellos temas en los que más es esencial y necesaria la articulación y la coordinación entre el Estado y la sociedad civil organizada.

Temas como la asistencia social, la alimentación popular, la participación ciudadana, la asistencia jurídica, el desarrollo de los pueblos indígenas, temas como el de mujer, juventud, derechos humanos, son de forma acertadísima enunciados y, por tanto, privilegiados en el objeto social de miles de organizaciones en este artículo.

Ahora bien, cuando se crea esta ley en el 2004, en relación con el tema de investigación posterior la primera infancia y el desarrollo infantil temprano, se determinó, en su momento, que no se incluía, pero es a partir del año 95 a 2000 que grandes investigadores, grandes estudiosos como Heckman Meyer e instituciones como la UNICEF y el Banco Interamericano de Desarrollo ponen el acento en este tema de primera infancia, comenzando a aparecer en el radar de algunos sectores vanguardistas lejanos a México, salvo por algunos investigadores, como serían Marco Delgado o Arcelia Martínez.

No es raro pues, que el tema haya tardado más de una década en aparecer en el radar de la legislación, por lo menos haciendo el intento por hacer presencia y más aún en las políticas públicas.

Gracias al impulso de organizaciones, como la Fundación Un Kilo de Ayuda, entre otras, no muchas a pesar de ser un tema fundamental, el tema comienza a ejercer la presión requerida para que aparezca al menos en iniciativas, dictámenes en opiniones presupuestales.

El reto ausente, pero próximo para todos nosotros, es su aparición finalmente en aquellas legislaciones que protegen al niño, pero que aún hoy, 15 años después de haberse logrado por ejemplo en España, no reconocen esta edad como una etapa de desarrollo que requiere su propio enfoque y especialización legislativa.

Es por ello que propongo, mediante la presente iniciativa, dar un paso intermedio que nos permita ir avanzando en el camino de reconocimiento, del empuje que necesita México en el tema de primera infancia, por el que sea la sociedad civil organizada la que dé ejemplo, impulsando este prioritario y valiosísimo tema, que a través de la Ley de Fomento el Estado motive e incentive el impulso a la primera infancia a través de las asociaciones civiles, fundaciones, organismos no gubernamentales, a fin de abrir camino y hacer visible en la sociedad, de forma más amplia y con más brazos, que lo que incluso posee el Estado, la realidad del desarrollo infantil temprano.

Con base en esto, la presente iniciativa pretende incluir en el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, una fracción XIX por la que se incluya entre las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento, la que se refiere a la defensa, promoción e impulso de la primera infancia y el desarrollo infantil temprano, así como de la educación infantil temprana, la atención de la salud materna infantil, la educación especial y la investigación sobre el desarrollo temprano del niño. Es esto lo que pongo a su consideración, un primer paso en un tema urgente que se ha descuidado en nuestro país y que hoy requiere, más que nunca, si no queremos más pruebas PISA tan terribles en resultados para México, que por fin se voltee a ver un tema esencial para nuestros niños. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Norma Edith Martínez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5, al que se adiciona una fracción XIX y se recorre la fracción que anteriormente correspondía a dicho numeral XIX, de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Creada hace más de 10 años, la Ley Federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil ha representado un parteaguas en la consideración y valoración de la sociedad civil organizada en el desarrollo del país, pero además, ella misma ha incidido en el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, así como en el aumento significativo y progresivo de la participación de las organizaciones no gubernamentales, y en específico, de las asociaciones de carácter civil, en el rumbo de las políticas públicas, la legislación y en general el Estado de Derecho y Democrático de este país, cuya clase media ha sido siempre un distintivo y factor directo, fluctuante y en riesgo, de su participación ciudadana.

En este marco histórico, el papel de las organizaciones de la sociedad civil ha sufrido profundas modificaciones y replanteamientos, principalmente en su papel y peso específico. Desde la Miscelánea Fiscal de 1989, que deja fuera el régimen de “Personas Morales no Lucrativas”, y despertando con ello el descontento de ese importantísimo sector –en un momento en que el país se encontraba en una transición en las relaciones exteriores, que daban paso a factores determinantes para las ONG, como la observación internacional y los derechos humanos-, pasando por las 4 iniciativas o intentos rechazados, entre 1995 y 2001, para finalmente, y gracias más que nada a la presión política-electoral de las organizaciones civiles, para finalmente llegar al año 2004, cuando por fin se aprueba la Ley a la que el presente Decreto se refiere; sin embargo, ese ha sido tan solo el inicio. La aplicación de las disposiciones de esa Ley fue acogida de forma inmediata y entusiasta. El replanteamiento, no solo en documentos, objetos sociales, y actas, de esta nueva visión, sino principalmente, en la concepción que las asociaciones civiles tendrán de sí en adelante, y de su quehacer público, y su papel social, comenzó a hacer mella en todos los aspectos de la participación social pública organizada en este país. Transparencia, rendición de cuentas, eficacia, fortalecimiento, reducción de tasas de vulnerabilidad, aumento de la gobernabilidad y la coordinación entre el Estado y la sociedad civil, fueron tan solo algunos de los muchos sectores del espectro “bien común” beneficiados por los primeros, segundos y terceros efectos de esta acertada ley.

Inmediatamente fue de conocimiento de todos y asomó al imaginativo de los líderes de las ONG el hecho de que el artículo 5 de la Ley comentada representaba el núcleo y esencia del tema, el sujeto mismo de la Ley y los temas por los que valía la pena reconocer, impulsar y proteger al sector vertebrador y vinculativo –antes únicamente “no lucrativo”- de la sociedad. En efecto, en dicho artículo, el objeto social de cualquier organización de la sociedad civil que aspirara a ser respaldada en sus actividades (lo cual sigue siendo una concepción incompleta, pues no son las actividades sino la organización en sí lo que hay que fomentar), es moldeado para privilegiar aquellos temas en los que más es esencial y necesaria la articulación y coordinación entre Estado y sociedad civil organizada. Temas como la asistencia social, la alimentación popular, la participación ciudadana misma, la asistencia jurídica, el desarrollo de los pueblos indígenas, la mujer, los jóvenes, el deporte, los derechos humanos, etc., de forma acertadísima son enunciados –y por tanto privilegiados en el objeto social de miles de organizaciones- en este artículo.

Ahora bien, el año de creación de la ley mencionada, 2004, en relación con un tema de investigación posterior, La primera infancia y el desarrollo infantil temprano, determinó que en su momento dicho tema no hubiera sido incluido en el artículo 5. Alrededor de los años 1995 a 2000, principalmente a partir de estudiosos como Heckman, Myers e instituciones como la UNICEF y el Banco Interamericano de Desarrollo, el tema de la primera infancia comenzó a aparecer en el radar de algunos sectores vanguardistas, lejanos a México, salgo por algunos pocos investigadores, como Marco Delgado o Arcelia Martínez. No es raro pues, que el tema haya tardado más de una década en aparecer en el radar de la legislación –al menos en intentos- y las políticas públicas. Gracias al impulso, principalmente de la Fundación Un Kilo de Ayuda, entre otras organizaciones –si bien no muchas otras-, el tema comienza a ejercer la presión requerida, para que comience a hacer aparición al menos en iniciativas y dictámenes, en opiniones presupuestales, etcétera. El paso o reto ausente, pero próximo, es su aparición, finalmente, en aquellas legislaciones que protegen al niño, pero que aún hoy, 15 años después de haberse logrado en España, no reconocen esta edad como una etapa de desarrollo que requiere su propio enfoque y especialización legislativa.

Es por ello que se propone mediante la presente iniciativa, dar un paso intermedio, por el que sea la Sociedad Civil Organizada, la que dé el ejemplo impulsando este prioritario y valiosísimo tema. Que, a través de la Ley de Fomento, el Estado motive e incentive el impulso a la Primera infancia a través de las Asociaciones Civiles, Fundaciones, Organizaciones no Gubernamentales, a fin de abrir camino y hacer visible en la sociedad, de forma más amplia y con más brazos que los que incluso posee el Estado, la realidad del Desarrollo Infantil Temprano. Con base en esto, la presente iniciativa pretende incluir en el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de Organizaciones de la Sociedad Civil, una Fracción XIX, recorriéndose la anterior fracción XIX, que en adelante sería Fracción XX, por la que se incluya, entre las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento, la que se refiere a la defensa, promoción e impulso de la Primera Infancia y el Desarrollo Infantil Temprano, así como de la Educación Infantil Temprana, la atención de la salud materno-infantil, la educación especial y la investigación sobre el Desarrollo Temprano del Niño.

Por lo expuesto y motivado someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 5, al que se adiciona una fracción XIX y se recorre la anterior fracción con dicho numeral, de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

Primero. Se reforma el Artículo 5, al que se adiciona una fracción XIX y se recorre la anterior fracción con dicho numeral, de la Ley federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 5.[...]

I. a XVIII.[...]

XIX.Defensa, promoción e impulso de la Primera Infancia y el Desarrollo Infantil Temprano, así como de la Educación Infantil Temprana, la atención de la salud materno-infantil, la educación especial y la investigación sobre el Desarrollo Temprano del Niño, y

XX.Las que determinen otras leyes.

Transitorio

Primero.La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2016.— Diputada Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Martínez Guzmán. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo:Gracias, presidente. El derecho humano de participación política nos ha sido permanentemente regateado a los ciudadanos mexicanos en el México pos revolucionario, a pesar de estar contenido en el artículo 35 de nuestra Constitución.

La Corte y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos han sido claros y nos han dicho que el derecho humano a la participación política es un derecho humano de configuración legal.

La idea de regatear este derecho a los mexicanos es parte de la razón por la que en nuestro país no hemos podido consolidar nuestra democracia después ya de 100 años de la Constitución del 17. Y este regateo se ha dado de manera histórica a través de la legislación. Porque el legislado cree que puede regular este derecho a su antojo y olvida que al ser derecho humano, la libertad de configuración legal tiene límites y estos están acotados por el respeto a la hermenéutica jurídica de los derechos humanos.

Así, la propuesta de iniciativa que presento el día de hoy, compañeros, busca que el artículo 35 constitucional contenga los principios y criterios a los que debe someterse toda legislación electoral y apegarse, en nuestro país, a los principios que ha establecido el sistema Interamericano sobre Derechos Humanos, que entre otros nos destaca el test de proporcionalidad que busca evitar que se establezcan en la legislación electoral restricciones, requisitos y condiciones irrazonables y desproporcionadas.

Igualmente, esta propuesta, esta iniciativa busca que en los términos del ejercicio del derecho humano, es decir, votar y ser elegidos, debe apegarse siempre a los principios de derechos humanos, como lo es el principio pro persona. Este quiere decir que el derecho humano de participación política es un derecho de los ciudadanos, no es un derecho de los partidos.

Los partidos lo ejercen como derecho del legado del ciudadano. Somos los ciudadanos los que tenemos el derecho de votar y ser elegidos, y lo podemos ejercer por la vía partidaria o por la vía independiente; es decir, sin partido.

El otro principio es el de no discriminación. En México actualmente la legislación electoral discrimina por género y discrimina por filiación política, entre otras.

Igualmente, de apegarse la legislación electoral al principio de certeza, este busca darle certidumbre al ciudadano, pero también prohibir la arbitrariedad a la autoridad.

Tenemos también el principio de equidad, que busca establecer un piso parejo con el objetivo de que todos tengamos la misma oportunidad en la participación electoral.

Tenemos igualmente establecido en el planteamiento de esta iniciativa el principio de progresividad, que nos habla de que los derechos humanos, y en este caso el derecho humano de participación política, deben ir a más, deben ampliarse y no restringirse o involucionar.

Finalmente, hablamos de la oportunidad efectiva como principio fundamental de los derechos humanos, que nos señala que no basta que se nos reconozca el derecho, sino que debe existir la oportunidad real y efectiva de poder ejercerlo.

No basta, pues, que esté contenido en la Constitución, sino que la legislación que regula debe dar la oportunidad real y efectiva de poder ejercer nuestro derecho. Porque, compañeros, la libertad y las decisiones de las mayorías en una sociedad democrática, especialmente a la hora de legislar, tienen siempre un límite y ese límite es el respeto irrestricto a los derechos humanos, y así debe ser la libertad de configuración legal que tiene el legislador para establecer el derecho de votar y ser elegido.

Así, pues, proponemos esta iniciativa con objeto de que queden contenidos estos principios que, además, ya los plantea el sistema interamericano. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo

Manuel Jesús Clouthier Carrillo, en mi carácter de ciudadano mexicano y con el de diputado federal en esta LXIII Legislatura; con fundamento en los artículos 1º, 35, fracción II, y 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en términos de lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción VII y IX; 5o., numeral 1; 6o. numeral 1, fracción I; 71; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de reforma constitucional en materia electoral.

I. Exposición de motivos

I.I. Antecedentes

El derecho humano de participación política de los ciudadanos mexicanos está plenamente reconocido en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde su publicación en febrero del año 1917. Hasta antes de su reforma constitucional de agosto de 2012, señalaba textualmente lo siguiente:

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

I...

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley.

La anterior redacción de la fracción II del artículo 35 constitucional sufrió su primera modificación en virtud del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 09 de agosto de 2012, mismo que se transcribe a continuación en la porción normativa antes referida:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano.

I....

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley . El derecho de solicitar registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

Las modificaciones antes resaltadas en la fracción II del artículo 35 constitucional que tuvieron lugar mediante la publicación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 09 de agosto de 2012, se centran fundamental mente en la incorporación y reconocimiento expreso de los derechos humanos en nuestro sistema constitucional y legal derivado de la trascendental reforma al artículo 1º de nuestra Carta Magna mediante el decreto publicado el día 10 de junio de 2011, donde además de reconocerse que “...todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...”, se señala en su tercer párrafo que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, ya que “no se trata de una prebenda o canonjía, sino de derechos otorgados por la propia Constitución a favor de los propios gobernados, y que vienen a ser los límites al poder del Estado, razón por la cual deben ser potenciados, no condicionados, ni mucho menos, tornarlos nugatorios”.

Así, y a raíz del expreso reconocimiento a nivel constitucional de los ciudadanos mexicanos a poder solicitar su registro ante las autoridades electorales de manera independiente solo restaba que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados expidieran la legislación secundaria correspondiente que permitiera hacer efectivo el derecho previamente reconocido en el texto de la Constitución, tal como les obligo dicho decreto en sus artículos transitorios segundo y tercero que textualmente ordenaron lo siguiente:

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del mismo.

Artículo Tercero. Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a un año, contado a partir de su entrada en vigor.

Como consta la historia legislativa, el artículo segundo transitorio no fue cumplido en tiempo y forma por el Congreso de la Unión debido a que fue hasta el día 12 de febrero de 2012, el artículo 41 constitucional fue modificado, y en el que específicamente se le reconoció a los candidatos independientes el derecho a contar con financiamiento público, tiempos oficiales y franquicia postal en las contiendas electorales. Posteriormente mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de mayo de 2014, nació la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que contiene en amplitud en su Libro Séptimo “De las Candidaturas Independientes”, todos los requisitos, condiciones y términos para poder ejercer dicho derecho por parte de los ciudadanos mexicanos que así deseen realizarlo.

III. Reglamentación del derecho humano de participación política en México: fundamentos y su paso por el sistema judicial en México

De nada sirve que los derechos y sus garantías sean reconocidos en el texto constitucional, en las respectivas leyes y reglamentos de la materia si al momento que el ciudadano desea activarlos este no cuenta con la oportunidad real y efectiva de poder ejercerlos. El reto del derecho y de la democracia es no solo parecer, sino ser en la realidad el vehículo que garantice el Estado de Derecho dentro de las sociedades, como garantía de justicia y orden social.

Hoy, la política en nuestro país y en el mundo no atraviesa por su mejor momento de ética y credibilidad; debemos abonar con hechos a reencauzar el sentido y objetivo de la democracia actualizando y ensanchando los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado con anterioridad.

Una de las más importantes tareas del legislador ordinario es revisar y actualizar nuestro marco normativo, específicamente el constitucional, con el reto de no hacerlo más reglamentario de lo que ya es, sino ser cimiento sólido de los derechos y principios que servirán de punto de partida para garantizar el correcto desarrollo legislativo de los mismos en su respectiva ley secundaria y reglamentaria. Veamos.

En la materia electoral, el artículo 41 constitucional es fundamental para el desarrollo del sistema electoral en nuestro país. Al inicio del mismo señala con claridad que los partidos políticos “son entidades de interés público...y que la ley determinará...los derechos y obligaciones y prerrogativas que les corresponden”.

Sirve lo anterior para ratificar que los partidos políticos son instrumentos de la sociedad para participar en la vida pública de nuestro país, así como una de las dos vías para poder ser votado a un cargo de elección popular. Lo anterior si bien resulta lógico, en la realidad se vuelve un proceso de difícil realización por los intereses y barreras tanto políticas como las colocadas en estatutos internos de los mismos.

Esto es, están obligados a regir sus actividades por el principio de juridicidad y los principios del Estado democrático no solo por mandato legal sino también por razones de congruencia con el régimen político en el que son actores fundamentales de conformidad con su encuadre constitucional. Una interpretación distinta implicaría fomentar la existencia de feudos o zonas de inmunidad, cuya existencia o permanencia es incompatible con un Estado constitucional democrático de derecho. Esto porque no puede haber democracia son el sometimiento pleno al derecho de todos los sujetos jurídicos, incluidos todos y cada uno de los órganos del poder público y, en particular, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público.

Como corolario de lo anterior, ningún estatuto de los partidos políticos nacionales puede contradecir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Constitución federal.

Con base en lo ya señalado, una de las vías reconocidas para aspirar a ser votado a un cargo de elección popular es con el derecho con que cuentan los partidos políticos a solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral correspondiente. Antes, dichos institutos políticos deben expedir convocatorias en base a sus estatutos, mismos requisitos, condiciones y términos que deberán garantizar los principios constitucionales de legalidad, certeza, progresividad, equidad en la contienda, así como evitar que sean irrazonables.

El artículo 25, numeral 1, inciso A) de la Ley General de Partidos Políticos consigna lo anterior de la siguiente manera, que a la letra indica:

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

Una muestra de que no basta con que los derechos se otorguen y reconozcan en la Constitución y en las leyes de la materia, es que por muchos años los estatutos y convocatorias de diversos partidos políticos solicitaban a los aspirantes a un cargo de elección popular el acreditar su calidad de militantes del mismo así como un cierto tiempo de afiliación, requisito que violaba todo el contenido esencial del derecho reconocido a los ciudadanos mexicanos en la fracción II, del artículo 35 constitucional.

Hoy, y a raíz de la entrada en vigor de la reforma constitucional a la fracción del artículo en comento, es que se reconoce expresamente el derecho de los ciudadanos mexicanos a solicitar su registro de manera independiente a cargos de elección popular, cumpliendo los requisitos, condiciones y términos que establezca la ley, es decir, sin hacerlo a través de un partido político, a través de las hoy llamadas candidaturas independientes.

Hoy, los ciudadanos mexicanos invariablemente si desean aspirar a un cargo de elección popular tanto a través de la solicitud de registro de un partido político o de manera independiente ante la autoridad electoral correspondiente deben cumplir, además de los requisitos constitucionales correspondientes, una serie de requisitos, condiciones y términos que establezca previamente el partido político, la convocatoria que emita la autoridad y la ley de la materia.

Si bien, lo anteriormente expuesto se ve con claridad, ¿cuál es el porqué de presentar una reforma constitucional de reforma que adiciona un segundo párrafo a la fracción segunda del artículo 35 constitucional?Porque el núcleo esencial del derecho humano de participación política no está siendo cumplido a cabalidad tanto por los partidos políticos, las autoridades electorales y los tribunales electorales. No se encuentra a discusión en la presente iniciativa la libertad de configuración legal del legislador ordinario, al contrario, se reconoce al tiempo que se exige este a la altura del derecho humano en comento.

Si bien existe libertad de configuración legal reconocida a nivel constitucional para el legislador ordinario federal, es obligatorio que “tales requisitos, condiciones y términos deben establecerse en favor del bien común o del interés general; ya que, de proceder de otra manera, por ejemplo, estableciendo requisitos, condiciones y términos irrazonables o desproporcionadoso que afecten el núcleo esencial de ese derecho humano de los ciudadanos a solicitar registro de manera independiente a los partidos políticos para ser postulados a un cargo de elección popular”.

El Estado mexicano desde 2012 decidió que coexistiera tanto el sistema de partidos como el de candidaturas independientes, por lo que se refuerza el criterio que señala que “... cualquiera de los dos sistemas que sea elegido haga accesible y garantice el derecho y la oportunidad a ser votado previsto en la Convención en condiciones de igualdad”.

El legislador ordinario estableció limitando la materialización de un derecho humano, que si bien no es absoluto si es oportuno indicar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que “entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido...es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo”.

¿Cómo garantizar desde el Legislativo que el núcleo del derecho humano de participación política a poder ser votado en México se blinde de toda tentativa a restringirlo y disminuirlo en la ley u en alguna actuación judicial o administrativa? La respuesta es sencilla y retadora: dotándolo de principios que protejan su desarrollo desde el texto constitucional.

El actual reto planteado deriva de que el desarrollo legislativo del que ha sido objeto en los últimos años el derecho humano de participación política a poder ser votado a cargos de elección popular tanto por la vía de partido político como de manera independiente ha contado con una serie de requisitos irrazonables, desproporcionados para poder acceder a los mismos, sumados a otras condiciones que no garantizan equidad en la contienda electoral, hechos que disminuyen la confianza en un sistema político y que se reflejan cada vez más en la disminución de ciudadanos militantes de partidos políticos y en los porcentajes de participación ciudadana en cada jornada electoral.

Así, y ante tal realidad, miles de ciudadanos han ejercido sus garantías judiciales constitucionales y han colocado medios de defensa electorales ante el Tribunal Electoral Judicial de la Federación en aras de que dichos operadores jurídicos de ese Tribunal Constitucional ponderen tanto las actuaciones de las autoridades administrativas electorales, de las partidarias, así como la normatividad electoral correspondiente frente al tamiz constitucional y convencional que protege y garantiza el desarrollo esencial del derecho humano. Para garantizar lo anterior han recurrido a analizar si dichas restricciones al derecho superan el denominado test de proporcionalidad.

¿Qué es el test de proporcionalidad?Toda limitante que se pretenda establecer al desarrollo y materialización de un derecho humano debe justificarse en base al bien jurídico superior que se quiere tutelar, de ahí que para arribar a que dicha restricción cumpla con los parámetros democráticos establecidos en los principios constitucionales electorales es dable realizar un juicio de proporcionalidad. Comprende tres subelementos: la idoneidad del medio escogido para alcanzar el fin legítimo propuesto, la necesidad de su utilización para el logro del fin (esto es, que no exista otra forma que pueda conducir al fin y que se sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios) y la proporcionalidad en sentido estricto entre medio y fin, es decir, que el principio satisfecho por el logro de ese fin no sacrifique valores constitucionales más importantes

El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Poder Judicial de la Federación ha sido reiterativo en sus sentencias que “las normas relativas a los requisitos para ejercer los derechos fundamentales deben interpretarse de manera progresiva y pro persona para ser acordes con la Constitución General y los tratados internacionales”

Así también lo sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando indica que “... es necesario tener presente que los derechos y sus respectivos límites operan como principios, de tal manera que las relaciones entre el derecho y sus límites encierran una colisión que debe resolverse con ayuda de un método específico denominado test de proporcionalidad. En este orden de ideas, para que las intervenciones que se realizan a algún derecho fundamental sean constitucionales debe corroborarse lo siguiente: (i) que la intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido; (ii) que la medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional; (iii) que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental; y (iv) que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada”.

Por lo anteriormente manifestado, expuesto y fundamentado es que se insiste en que el marco de nuestras obligaciones señaladas en el artículo 1º de la Carta Magna, protejamos los derechos humanos ahí reconocidos a los ciudadanos mexicanos dotando con claridad los principios que serán la base de su desarrollo y posterior oportunidad real y efectiva de ejercicio por parte de los partidos políticos cuando postulen candidatos así como los ciudadanos que decidan ejércelo de manera independiente cuando aspiren a cargos de elección popular.

Construyamos credibilidad, cumplamos la Constitución.

II. Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los artículos 78, 97 y 102,numeral 2 del mismo ordenamiento referente a los requisitos y elementos para la presentación de iniciativas de diputadas y diputados:

Se somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción II, del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

IV. Texto normativo propuesto

Artículo 35.

I...

II...

Dichos requisitos, condiciones y términos tendrán que superar los criterios de idoneidad y necesidad que establece el test de proporcionalidad, con el propósito de evitar restricciones irrazonables y desproporcionadas en el desarrollo y materialización del derecho de participación política de los ciudadanos mexicanos. Además, deberán cumplir con los principios pro persona, de no discriminación, de certeza, de equidad, progresividad y oportunidad efectiva.

V. Transitorio.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Sentencia del juicio ciudadano número SG-JDC-1219/2012, Manuel Jesús Clouthier Carrillo vs Primera Sala de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional. Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 02 de febrero de 2012, p. 27.

2 ibídem, págs. 50-51.

3 COVARRUBIAS Dueñas, José de Jesús, Derecho Constitucional Electoral, Editorial Porrúa, México, 6ª Edición, p. 107.

4 SUP-JDC-072/2013. Guillermina Arias León vs Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, Sentencia de 03 de abril de 2013, p. 33.

5 Voto particular emitido por la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa en relación a la sentencia recaída al juicio de revisión constitucional número SUP-JRC-053/2013.

6 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-5/85, “La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29, Convención Americana sobre Derechos Humanos), del 13 de noviembre de 1985, Serie A, no 5, párrafo 46.

7 Bernal Pulido, Carlos, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003.

8 Tesis III/2015, Candidaturas Independientes. Es desproporcional exigir a los aspirantes a una diputación la captura de los datos de los ciudadanos que los respalden en el sistema electrónico informático.Aprobada por Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sesión pública del día 25 de marzo de 2015 por unanimidad de votos.

9 Tesis 1ª. CCLXIII/2016 (10ª.) Test de Proporcionalidad. Metodología para analizar medidas legislativas que intervengan con un derecho fundamental. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2017.— Diputados: Manuel Jesús Clouthier Carrillo, Francisco Xavier Nava Palacios, Sergio López Sánchez (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Clouthier Carrillo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la Declaratoria de reforma constitucional en materia de justicia laboral.

Solicito a la Secretaría realice el cómputo correspondiente, a fin y a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios de las Legislaturas de los estados.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Señor presidente, se recibieron los votos aprobatorios correspondientes a las Legislaturas de los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.(4)

(d) El documento solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “D”.

En consecuencia del cómputo realizado, esta Secretaría da fe de la recepción de 17 votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral.

Se pide a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las Legislaturas de los estados, la Cámara de Diputados emite el siguiente proyecto de declaratoria:

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables Legislaturas de los estados, declara reformados los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Gracias.

Con motivo de esta Declaratoria de Reforma Constitucional, tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Carlos Gutiérrez García:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. En esta ocasión hago referencia a la declaratoria de reforma constitucional del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral.

Una de las reformas más importantes que se aprobaron durante el primer periodo de este segundo año de la LXIII Legislatura fue sin duda la que se refiere a los artículos 107 y 123. De este modo, se pretende hacer que la justicia laboral sea más sencilla y expedita para los trabajadores y que deje de formar parte de las atribuciones de los Ejecutivos para pasarlas al Poder Judicial a nivel federal y estatal.

Como todos saben, uno de los principales objetivos de esta reforma radica en sustituir las juntas de conciliación y arbitraje por tribunales laborales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas.

También se favorece la resolución de los conflictos laborales mediante la conciliación, dado que en la reforma se plantea que antes de acudir a los tribunales laborales los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente.

En materia federal, esta función estará a cargo de un organismo descentralizado al que le corresponderá, además, el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.

La reforma precisa la forma de elección del titular del mencionado organismo, quien desempeñará el cargo por periodos de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. Así, se establece que el Ejecutivo federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores que realizará la designación correspondiente.

A nivel estatal, la función conciliatoria estará a cargo de los centros de conciliación que tendrán personalidad jurídica propia, plena, plena autonomía operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

La reforma también hace mención de los procedimientos y requisitos para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones. Con esta reforma se busca respetar la representatividad de las organizaciones sindicales, la certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. Del mismo modo la reforma que hoy es una realidad, planea que el voto de los trabajadores sea personal, libre y secreto, para la resolución de conflictos entre sindicatos; la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de sus dirigentes. Hoy damos vigencia a una reforma que facilitará la justicia para millones de trabajadores.

En Nueva Alianza estamos ciertos de que esta transformación será para mejorar la impartición de la llamada justicia cotidiana, y hacemos votos para que esto redunde en la calidad de vida de todos los trabajadores del país. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Gutiérrez García. Tiene el uso de la tribuna el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco:Con su permiso, presidente; compañeras y compañeros diputados, la reforma laboral que hoy ha llegado a buen término, la reforma constitucional, sin duda es una reforma que ya hacía falta en este país, donde hace más de 100 años se estableció en la Constitución, la primera Constitución del mundo, como una Constitución con derechos sociales.

No se puede perder de vista que en el país la corrupción imperaba en las juntas de conciliación. El rezago en los juicios laborales tenía aproximadamente un promedio para que se resolviera un juicio, un caso de tres años, siempre en perjuicio sobre todo de los trabajadores. Y también podemos decir que las representaciones sindicales en realidad nunca defendieron a los derechos de los trabajadores, es decir, la función esencial que tenían las juntas de conciliación, el espíritu por el cual fueron creadas para que hubiera realmente una igualdad de los trabajadores frente al capital, frente al patrón, en la práctica se desvirtuó.

Lo que hoy podemos decir es que la democracia sindical en este país no existe, con sus honrosas excepciones, la democracia es una simulación en los sindicatos, esto es un grave perjuicio que tienen los trabajadores, pero por supuesto más perjudicial que la intervención de los ejecutivos locales y federal en la autonomía de los sindicatos en la misma intervención de las juntas locales fue lo que dio al traste con lo que en principio los constituyentes de 1917 habían plasmado como una de las grandes conquistas que tuvo la revolución que era que los derechos de los trabajadores estuvieran plasmados en la Constitución, porque recordemos que la revolución la hicieron enormemente en su mayoría los trabajadores de este país.

Por eso esta reforma debe buscar romper con esos paradigmas que siempre ha tenido la justicia laboral. Romper con la corrupción, romper con el rezago que tienen los juicios laborales.

Lo que hoy necesitamos también es que la normatividad que va a regular esta reforma del 123 y del 107 constitucionales, deba ser una normatividad que esté a la altura de las circunstancias que tiene este país, sobre todo que haya certeza jurídica, que los trabajadores hoy por primera vez después de 100 años realmente tengan justicia.

Necesitamos que efectivamente, en relación también con el 17 constitucional revisemos y fortalezcamos lo que son los poderes judiciales locales. En los poderes judiciales locales se centra lo que realmente se busca en esta reforma. Si perdemos de vista que en los poderes judiciales locales tenemos también graves problemas de corrupción, que no hay perfiles idóneos de jueces, que no hay un servicio civil de carrera y que en la realidad todavía hay muchos cacicazgos y que la autonomía de ése Poder Judicial local y federal deja mucho que desear, entonces esta reforma, desde hoy se los anunciamos, fracasará.

Por supuesto que también necesitamos que esta reforma fortalezca la democracia de los sindicatos. Los sindicatos necesitan ser verdaderos representantes de los trabajadores. Hoy necesitamos también que haya una verdadera transparencia de los sindicatos. Señores como Romero Deschamps y otros personajes que están ahí incrustados en la historia sindical, deben de pasar a la historia del país, ya no pueden existir en este país sindicatos charros, sindicatos antidemocráticos.

Nos da mucho gusto que en esta reforma constitucional se fortalezca la conciliación, que realmente muchos casos no lleguen a juicio, que puedan resolverse en mejores términos con la conciliación, y lo más importante que la justicia llegue a los trabajadores.

Sin perder de vista que la competitividad económica también necesita una nueva justicia laboral. Pero si en esta justicia, en este nuevo paradigma de justicia que estamos planteando no pasa por defender los derechos de los trabajadores y darle igualdad ante quienes siempre han tenido desigualdad, que es ante el patrón, ante el capital, entonces esta justicia habrá fracasado.

Los diputados ciudadanos vamos a seguir proponiendo iniciativas que vayan en ese sentido, defender los derechos de los trabajadores y que haya una justicia pronta y expedita en este país. Es cuanto, presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Sánchez Orozco. Tiene el uso de la tribuna el diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

El diputado Abdies Pineda Morín:Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social manifiesta su reconocimiento a las legislaturas de las entidades federativas que han manifestado su voto aprobatorio por la reforma constitucional que modifica la realidad en el mundo del trabajo.

Esta reforma llevará a que la justicia laboral sea impartida por órganos del Poder Judicial federal, a que la función conciliadora sea una instancia previa al proceso judicial. De esta manera, además de implementar la autocomposición social se evitará la sobresaturación del sistema judicial, pues únicamente en el caso de que las partes no puedan llegar a un acuerdo se acudirá ante los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, según el caso.

Las modificaciones constitucionales replantará el sistema de distribución de competencias entre autoridades federales y locales. Se crea el organismo descentralizado de la administración pública federal que, actuando bajo los más estrictos principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad, tendrá la facultad de atender el registro de los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, así de todos los procesos administrativos inherentes.

Con la reforma se garantiza el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de sus dirigentes.

Nuestro grupo parlamentario en el pleno votamos a favor, ya que la reforma en materia de justicia laboral que hoy se vuelve ley suprema de toda la Unión, constituye una respuesta de avanzada a la forma en que los conflictos laborales son gestionados. En Encuentro Social estamos convencidos de las bondades de la reforma y estimamos que su implementación que traerá consigo importantes beneficios para el acceso a una justicia laboral más transparente, atractiva para la inversión y expedita por parte de la sociedad mexicana, será un ejemplo de él. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Abdies Pineda Morín. Tiene el uso de la tribuna el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez:Buenas tardes, diputadas, diputados. Una de las demandas más sentidas de los trabajadores en las últimas tres décadas ha sido el acceso a una justicia laboral objetiva, imparcial y expedita, tanto en los juicios individuales como en los colectivos.

La estructura y proceso de la justicia laboral mexicana se ha mantenido intacta desde su fundación hasta fines de 1920, en consecuencia, el ritmo de la modernización de las instancias impartidoras de justicia laboral ha quedado desfasado frente a las necesidades de la sociedad.

En un contexto de cambios en el modelo de crecimiento y en el mercado del trabajo, el rezago en la actualización de la ley respectiva tuvo como consecuencia una expansión indiscriminada de la simulación y la corrupción en los sindicatos para sostener este modelo de relaciones laborales, que hizo posible combinar salarios indignos, trabajos precarios, múltiples violaciones a los derechos de los trabajadores y hasta fraudes millonarios, como en el caso de Pemex.

Desde mediados de los años noventa era evidente que la reforma al sistema de justicia laboral y la creación de un órgano autónomo para hacerse cargo del registro de los sindicatos y, por consiguiente, de los contratos colectivos, era una necesidad imperiosa. Sin embargo, la reforma laboral del 2012 no tocó este tema.

En respuesta a la inconformidad social que pone en tela de juicio el corporativismo y sus vicios, las exigencias internacionales nos demandan el compromiso del país con la democracia y el Estado de derecho.

El Ejecutivo realiza estudios, consultas, mesas de análisis que ponen de manifiesto la urgente necesidad de actualizar el sistema de impartición de justicia. Es bajo esta presión de las organizaciones sindicales democráticas que el Ejecutivo elaboró una iniciativa que presentó el 28 de abril de 2016 a la Cámara de Senadores, con el objeto de consolidar la autonomía y eficiencia en la impartición de justicia, ya que con esto se atiende un reclamo social de primer orden frente a la innegable necesidad de modernización del sistema vigente.

Esta reforma propone tres premisas fundamentales:

1. La impartición de la justicia laboral por órganos del Poder Judicial federal local (Sic.), o según corresponda;

2. Replantear la función conciliatoria y centra este cometido en los Centros de Conciliación, donde se propone una sola etapa procesal en una sola audiencia obligatoria, de manera que resulte eficaz y satisfactoria para las partes;

3. Revisar el sistema de distribución de competencias entre autoridades federales y locales para fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de sindicación. Por lo que se propone crear un organismo descentralizado de la administración pública federal.

Ahora que concluyó este proceso de aprobación en las entidades federativas y se promulgue, el siguiente paso será elaborar y discutir las leyes reglamentarias de la misma. Es aquí donde tenemos que estar alertas, es aquí donde tenemos que estar atentos a lo que se vaya a legislar, a reglamentar.

Ya que se dio a conocer que hay una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que promueve la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el apoyo de un sector de empresarios, que va en contra de todos los buenos propósitos que supone traería la reforma constitucional recién aprobada.

Morena alerta a los trabajadores y a los sindicatos, que con esta propuesta vuelven a revivir la discusión supuestamente ya salvada de reformas que trataron de imponer cuando la analizó la iniciativa que presentó Felipe Calderón, de reforma laboral.

Dentro de los temas que se replantean y que sería un retroceso a lo aprobado, está la promoción de nueva cuenta de contratos colectivos de protección personal, al hacer una reglamentación inequitativa entre los sindicatos que emplacen a huelga y los que no tratarán de impedir que los trabajadores puedan cambiar al sindicato impuesto por la empresa, con todos los obstáculos que les están imponiendo en la práctica e incluso se les impone un doble recuento.

Se va a imposibilitar la contratación colectiva en las pequeñas y medianas empresas que presentan la mayoría en este país y en las que con mayor frecuencia se violan derecho laborales de los trabajadores, al incluir requisitos que no se pueden cumplir debido a las mismas condiciones que tienen en ellas, como lo es la subcontratación, el no estar inscritos en el Seguro Social o donde ni siquiera se les da recibo de pago por su trabajo.

De nuevo se protege a las empresas de subcontratación outsourcing cuando se señala que deben de considerarse improcedentes las solicitudes de contrato colectivo y emplazamiento a huelga en el caso, cuando las personas morales no tengan empleados, cuando aún esto la ley vigente no debiera de existir. Repetidamente vuelven a la propuesta de impedir que los sindicatos gremiales puedan actuar en su profesión.

Lo más grave, de nueva cuenta, para los trabajadores y la ciudadanía en general, es que han sido excluidos de esta propuesta conforme a los convenios laborales de la Organización Internacional del Trabajo.

Antes de establecerse nuevas políticas que afecten a la clase trabajadora, se debe consultar a los actores o destinatarios afectados, máxime cuando esta reforma es esencial para el futuro del mundo laboral colectivo.

Concluyo. Es por esto que en Morena demandamos que este proyecto sea transparentado y se conozca públicamente y se debata de frente con las organizaciones sindicales, al igual que todas las propuestas que se tengan al respecto, y que se analicen y se discutan con un amplio sector del ramo laboral.

Exigimos que en esta Cámara asumamos la responsabilidad de llevar la legalidad, transparencia e imparcialidad, como la rendición de cuentas y en general la justicia al mundo del trabajo. Hacer lo contrario, es caer en simulación y por consiguiente, de nueva cuenta, traicionar a los trabajadores. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Juárez Rodríguez. Tiene el uso de la tribuna el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Julio Saldaña Morán:Con su permiso, diputado presidente. Y con la atención de diputadas y diputados. Hoy no es un día cualquiera, tenemos mucho, mucho por qué celebrar. Ha sido una bandera que la izquierda por muchos años trajo, y que en lo particular el PRD siempre luchó para llegar a este momento.

No es suficiente, pero después de tres décadas tenemos un avance, el avance se tiene que reflejar en beneficio de toda la clase trabajadora, de mexicanas y mexicanos.

En el PRD nos queda claro, no estamos dando un cheque en blanco al Poder Judicial. Estaremos atentos, vigilantes para que estos beneficios que hoy logramos se reflejen en bondades a las trabajadoras y trabajadores mexicanos.

La reforma de justicia laboral aprobada por este Congreso y avalada por 17 congresos locales, desde luego que estamos a punto ya de poderla promulgar.

El artículo 107 y 123 de la Constitución Política plantea que los conflictos entre los trabajadores y patrones estarán a cargo de tribunales del Poder Judicial de la Federación.

Se acabó el tema que tanto nos aquejaba. Yo sí les pido, amigos diputados y diputadas, tomemos en cuenta que en este momento la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje registra un total de 459 mil asuntos y solo están ejecución el 30 por ciento, lo que significa que un 70 por ciento no están siendo atendidas y eso es la parte que engorda el embudo que no da solución a los trabajadores.

El Grupo Parlamentario del PRD celebra la promulgación de dicha reforma, porque dará certidumbre y justicia a los trabajadores mexicanos. Además de que con estos mecanismos atendemos las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

No cabe duda de que estas disposiciones servirán para pasar de un régimen contencioso a uno conciliador y eficiente. Ahora estaremos vigilando los trabajos de las leyes secundarias para robustecer el nuevo mecanismo. Y aún más, ahora la responsabilidad del Poder Judicial deberá hacer efectivo el respeto y el cumplimiento a todos los derechos laborales de esta clase trabajadora mexicana.

Además, se crea un organismo federal descentralizado de conciliación con autonomía de gestión y presupuesto propio, con sus facultades en el orden nacional para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales.

Aún más, se garantiza el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus líderes sindicales. La resolución de conflictos entre sindicato y la sociedad, de celebración de un contrato colectivo de trabajo. Y aún más, diputadas y diputados, hoy todas las fracciones que le hemos dado el voto y que vamos en ese sentido tenemos que estar al pendiente de que no dimos un cheque en blanco al Poder Judicial.

En esta lucha que el PRD ha tenido por años hoy vemos con mucho júbilo que se concreta un logro que después de tres décadas no había habido señales. Estamos en el camino correcto, aún falta pero hoy tenemos un avance que mucho había demando hombres y mujeres que aportan mucho a esta nación con el sudor de su frente, con su trabajo diario y con su esmero y empeño para llevar el sustento a la familia. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputadas y diputados, por su atención.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Saldaña Morán. Tiene el uso de la tribuna el diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.

El diputado Ulises Ramírez Núñez:Con su venia, diputado presidente. Actualmente nuestro país atraviesa una época de desafíos y cambios constantes, dicho contexto nos obliga a reflexionar de manera crítica en nuestro marco legislativo y tomar las decisiones que puedan resultar más pertinentes para enfrentarlos.

Es necesario que los ciudadanos se sientan en completa confianza con sus autoridades, donde uno de los pilares de nuestra sociedad, como lo son los trabajadores y empleadores, se encuentren en una relación sólida logrando diálogos y confianza entre ambas partes, que las transformaciones estructurales por las que estamos luchando día con día sean en beneficio de todos y no solo para una de las partes.

Estamos en un momento que requiere solidaridad, unión y apoyo. Ante la reforma constitucional en materia laboral, 17 estados de la República han aprobado la reforma de justicia cotidiana en materia laboral, presentada por el Ejecutivo. Con dicha aprobación, el Poder Judicial de la Federación, así como los poderes judiciales de las entidades, serán los encargados de solucionar los conflictos que lleguen a incurrir entre patrón y trabajador con procedimientos más explícitos, más expeditos, personal capacitado y sobre todo la justicia por la que tanto hemos luchado.

Dicho cambio resulta necesario a efecto de dotar a la justicia laboral de criterios de imparcialidad, objetividad y con mayores estándares de sensibilidad social. Por tal razón, el Partido Acción Nacional celebra la Declaratoria de mayoría lograda en los Congresos estatales, a efecto de que pueda entrar en vigor de inmediato esta reforma. Por nuestra parte, observaremos con mucho cuidado y detenimiento la forma en que habrá de implementarse esta importante reforma a favor de los trabajadores de nuestro país.

El Partido Acción Nacional votó a favor de la presente reforma, por todos los beneficios que conlleva, sobre todo pensamos en todos los trabajadores que día con día dan lo mejor de ellos para un mejor país y que se merecen una justicia laboral efectiva, pronta y expedita. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ulises Ramírez Núñez. Tiene el uso de la tribuna la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Son 100 años que se cumplen ya de nuestra Constitución Política en momentos en los que vivimos una época de cambios políticos y sociales jamás vistos, cambios que transforman nuestras actuales instituciones y herramientas jurídicas y sociales.

Gracias a la visión del presidente Enrique Peña Nieto, quien ha visualizado un México moderno a partir de un sinnúmero de reformas estructurales, hoy se amplían oportunidades y se acotan desigualdades en materia de justicia laboral. Estos cambios buscan el beneficio de México y de cada mexicano, llámese trabajador o empresario, quienes a partir de esta declaratoria de reforma constitucional tendrán la posibilidad de acceder a una justicia pronta, a una justicia que les proteja y que les dote de certeza jurídica.

Con la conmemoración de un siglo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy, este pleno es testigo de la declaratoria constitucional de una de las más relevantes y ambiciosas reformas que busca la justicia cotidiana, la justicia laboral en este caso; que surja para ubicarse como una justicia laboral expedita, cercana, objetiva, imparcial y eficiente, que tenderá sin duda a construir un sistema de justicia laboral moderno a la altura de las demandas de los mexicanos y a la altura de las demandas de las causas justas.

En 17 Congresos plurales así lo han visto, así lo han considerado, y por lo mismo han expresado su beneplácito por una reforma constitucional que transforma y moderniza el sistema de justicia laboral. Una reforma constitucional que llega con el enorme desafío, con el enorme reto de acelerar la transición para hacer frente a un nuevo paradigma que delinea la justicia del siglo XXI.

Es el constituyente permanente hoy como lo fue hace 100 años, quien vuelve a marcar la pauta para hacer frente a los grandes desafíos de las transformaciones que hoy nos imponen, con reformas que se traducirán en mejores derechos de materia laboral, en mejores leyes y en mejores instituciones.

Para nadie es ajeno que la justicia laboral era obsoleta, compleja e ineficaz. De ahí que bajo un enfoque constructivo con enorme valor político y distingos, bajo un proceso plural y participativo de diálogo democrático y de acuerdos políticos, el constituyente permanente aprobó una reforma que edifica un cambio, que redefine a los órganos de justicia laboral para volverlos órganos jurisdiccionales, rescatando la función fundamental y conciliadora.

Como lo hemos aquí expresado en su oportunidad, la reforma pretende acabar con todos los vicios, espacios susceptibles de tutelar inercias y prácticas que durante el desarrollo de un conflicto laboral dan lugar a la incertidumbre jurídica en perjuicio de los actores involucrados.

Con nuevos tribunales laborales enmarcados en el Poder Judicial de la Federación y en los estados, dejamos atrás un modelo ineficiente e insolvente para dar lugar a un nuevo modelo que tendrá como premisa suprema fundamental la equidad y el verdadero acceso para todos a la justicia.

Compañeras y compañeros diputados, para el Grupo Parlamentario del PRI es fundamental seguir dotando a las instituciones para que contribuyan en el desarrollo del país y fortalecer los derechos de los trabajadores en nuestro país.

Consideramos que con esta reforma de la que hoy se emite su declaratoria constitucional, estamos respondiendo a las exigencias de todos y cada uno de los mexicanos para abonar en aras de un mejor país. Es precisamente en ese contexto que el constituyente permanente está dotando a los mexicanos de herramientas para que la justicia laboral mejores y mejore sustantivamente, acorde al dinamismo de la actual sociedad.

Con la visión del presidente Enrique Peña Nieto, que apuesta a mejores instituciones y refrenda su solidaridad con los trabajadores y el sector productivo, México lo vale. Nuestra próxima tarea será trabajar la legislación secundaria en la que consideramos todos los actores deberán de cumplir por un mejor país. Muchísimas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Ana Georgina Zapata Lucero. Amigas y amigos legisladores, esta Presidencia, a nombre de las compañeras y compañeros diputados, desea felicitar a nuestra compañera diputada Jacqueline Nava Mouett, por haber obtenido el campeonato internacional súper gallo del Consejo Mundial de Boxeo el pasado 4 de febrero.

Sin duda este campeonato es producto de la constancia, la disciplina, el empeño y el compromiso de nuestra compañera diputada y hacemos votos porque su desempeño en esta Cámara se refleje en pro del deporte mexicano. Enhorabuena, compañera diputada, y si nos acompaña para entregarle un reconocimiento a nombre de la Cámara de Diputados.

(Entrega de reconocimiento)

Muchas felicidades diputada Nava Mouett.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO



LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado José Erandi Bermúdez Méndez.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez:Muy buenas tardes compañeras, compañeros diputados.

Con el permiso de la Presidencia, el suscrito diputado Erandi Bermúdez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de esta Cámara, vengo a nombre y por cuenta de los integrantes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, que preside el diputado Oswaldo Cházaro, para presentar y posicionar a favor el dictamen recaído a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 110, 11, 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el diputado Gerardo Federico Salas Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con la entrada del Tratado de Libre Comercio en 1994 en México sucede un fenómeno interesante para los productores lecheros, y aquí en esta soberanía hay muchos que conocen porque provienen de esas zonas lecheras, empieza a haber un auge muy importante de la importación de leche en polvo que llegó a rebasar casi las 40 mil toneladas libres del pago de arancel.

Las y los diputados que provienen de las cuencas lecheras saben perfectamente a lo que me refiero, porque para ellos –para los productores, sobre todo para los pequeños productores– fue una desventaja durante muchos años. Muchos de los productores lecheros que hoy existen son aquellos que venían desde hace 20 años y que desgraciadamente no han podido crecer su acto ganadero.

Hoy si bien el precio del dólar para este país y para nuestros productores de la leche es un incentivo, ya que hoy no es tan rentable la importación de la leche en polvo, la crisis de la cadena productiva nacional, motivadamente sobre todo por la sobreproducción lechera internacional a precios de mercado muy por debajo de los que tenemos nosotros, llevó a que nuestros productores no pudieran crecer y que tuvieran siempre unas ganancias muy, muy marginales.

En México hay alrededor de 240 mil unidades de producción para la producción de leche, donde la mayoría son pequeños productores de nivel rural que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable tiene como fundamento la planeación y la organización de la producción agropecuaria, su industrialización y su comercialización, así como los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes primero a elevar la calidad de vida de las personas que viven en estas zonas rurales.

Esta ley, en su artículo 3o., establece que la soberanía alimentaria estará basada fundamentalmente en la producción nacional, por lo cual el artículo 79 dice lo siguiente:

El gobierno federal otorgará, de acuerdo con su disponibilidad y con los compromisos internacionales adquiridos por el país, apoyos para compensar las desigualdades de los productores nacionales respecto de los productores de los otros países con los que existan tratados internacionales.

Por lo anterior, la presente iniciativa pretende fortalecer a los productores lecheros, a los pequeños productores lecheros. Hoy vemos cómo nuestro país vecino del norte, su presidente está protegiendo sus propios productores, y reza el dicho que cuando a tu vecino veas las barbas cortar, pon las tuyas a remojar. Hoy tenemos la gran oportunidad de nosotros proteger a nuestros connacionales, a nuestros pequeños productores en este tipo de cuestiones, y más a nuestros productores lecheros. México recibe casi 40 mil toneladas de fórmulas lácteas o de leche en polvo.

Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos del artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de estas Comisiones Unidas, Desarrollo Rural, y Ganadería de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración de ustedes, de este honorable pleno, el siguiente proyecto de decreto que reforma los artículos 110, 111, 154 y 178, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, como sigue.

Artículo 110. El Ejecutivo federal aplicará las medidas que los comités sistema-producto específico le propongan a través de la Comisión Intersecretarial, previa su evaluación por parte de ésta, para la protección y fortalecimiento de la producción nacional por presupuesto anual, para equilibrar las políticas agropecuarias y comerciales del país, con los países con los que se sostienen tratados comerciales, tales como el establecimiento de pagos compensatorios, gravámenes, aranceles, cupos y salvaguarda, entre otros, y para contribuir a la formación eficiente de precios nacionales y reducir las distorsiones generadas por las políticas aplicadas en otros países.

Artículo 111. La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano y en concordancia con los compromisos adquiridos por nuestro país, definirá qué productos son elegibles de apoyo, que enfrenten dificultades de su comercialización, que afecten el ingreso de los productores agropecuarios nacionales, creando estímulos, incentivos, apoyos y compras preferenciales de gobierno, además de acciones que permitan acercar la ubicación de las empresas consumidoras a la zona de producción.

Artículo 154. Para implementar dichos programas de alimentación, el Ejecutivo federal aplicará criterios basados en las disposiciones establecidas en los artículos 111 y 178 de esta ley.

Artículo 178. El Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimento y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional para cubrir la demanda que requieren los programas que aplique el Ejecutivo federal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solamente quiero agradecer a los compañeros de las distintas fracciones parlamentarias que integran ambas comisiones de Ganadería y de Desarrollo Rural, por la disposición a atender esta iniciativa para los productores de leche, para los productores rurales que bien necesitan, hoy más que nunca, apoyo de nosotros, de los legisladores, para que sientan el compromiso de esta soberanía por los productores que menos tienen, menos pueden y menos saben. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Erandi Bermúdez Méndez.

Está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno: La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; el diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena; la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Elio Bocanegra Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, del Grupo Parlamentario del PRI.

Tiene el uso de la tribuna la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola:Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, para quienes integramos la fracción parlamentaria de Encuentro Social, resulta de la mayor importancia trabajar en procurar el desarrollo sustentable de nuestro sector agropecuario, con la finalidad de elevar la producción y competitividad del mismo, garantizando así la soberanía alimentaria del país.

La coyuntura que vive hoy nuestro país, exige el fortalecimiento de nuestro mercado interno, la reactivación de la industria nacional y, desde luego, el impulso de nuestro sector agropecuario.

En tal sentido, hoy más que nunca es fundamental contribuir al desarrollo agrario, rural y ganadero nacional, pues fomentando el crecimiento y desarrollo de nuestro sector primario será posible, en el mediano plazo, acercarnos a la soberanía alimentaria.

Con la finalidad de abonar a lo anteriormente señalado, el dictamen que nos encontramos discutiendo busca reformar los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Sustentable.

Con la reforma en cuestión se pretende generar beneficios al sector agropecuario, al establecer que el Ejecutivo federal deberá aplicar las medidas que los diferentes comités sistema-producto propongan, a través de la Comisión Intersecretarial para el Fortalecimiento de la Producción Nacional, con el propósito de incidir en el equilibrio de las políticas públicas y agropecuarias y comerciales de México, con los países de los cuales somos socios comerciales.

Asimismo, acusa gran pertinencia el incluir, dentro de la ley, la nación de agropecuarios nacionales, con la finalidad de favorecer la promoción y apoyo extraordinario de los productores del país en el fortalecimiento de nuestro sector primario.

De igual manera, es muy atinada la implementación de programas de alimentación vinculados al bienestar social y la atención prioritaria a las zonas de marginación, obligando, con esta reforma, al Ejecutivo federal a dar prioridad en la adquisición de los productos requeridos para la atención de los programas sociales, a los productores agropecuarios nacionales, con la intención de apoyar, de manera efectiva, el adelanto del sector.

Por último, el dictamen aporta al desarrollo rural de México al establecer las medidas de abasto de alimentos a la población, priorizando el consumo de la producción nacional. En vista de lo anterior, la fracción parlamentaria de Encuentro Social votará a favor de las reformas propuestas a la Ley de Desarrollo Sustentable, mismas que consideramos urgentes y necesarias para estimular de forma directa el crecimiento de la producción y comercialización de la producción agropecuaria nacional, con la única finalidad de procurar el adelanto social de todo el sector rural del país, generar riqueza en nuestro campo y salvaguardar la soberanía alimentaria de nuestro país, cuya sociedad nos demanda el mejor de los encuentros, el encuentro social. Es cuanto y muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada Garzón Canchola. Tiene el uso de la tribuna el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Ángel García Yáñez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que estamos discutiendo el día de hoy busca reformar los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Ello con la finalidad de proteger efectivamente a los productores agropecuarios del país.

A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de otros acuerdos internacionales en este rubro, el sector primario de la economía nacional se vio forzado en una competencia inusitada, para la cual tuvo que incrementar su productividad y competitividad.

En dichas circunstancias se hizo muy evidente la asimetría entre las condiciones con que se produce un segmento altamente competitivo que cuenta con toda la infraestructura para producir y exportar sus productos, y un grupo de productores pequeños que requieren una estrategia integral para mejorar su producción en condiciones más justas.

En este contexto es una realidad que nuestros productores de leche enfrentan una crisis en la cadena productiva que se debe a la sobreproducción lechera a nivel internacional, la cual disminuye los precios de mercado por debajo de los costos de producción.

Esta circunstancia hace más atractiva la importación excesiva de leche en polvo, lo cual distorsiona el mercado nacional de la leche y amenaza la forma de vida de nuestros productores.

Ahora bien, durante 2015 el Ejecutivo federal anunció el fortalecimiento del Programa de Adquisición de Leche Nacional, operado por Liconsa, cuyo titular señaló que en 2015 se lograron alcanzar los 878 millones de litros de compra de leche a productores mexicanos, lo cual se traduce en un incremento de 200 millones de litros más que en 2011, y significó una reducción importante en las importaciones.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera esta materia como de interés público, misma que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, así como todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural.

En Nueva Alianza estamos decididos a mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. Precisamente, con eso en mente hemos decidido dar nuestra anuencia a la propuesta contenida en este dictamen, ya que busca fortalecer las disposiciones, programas y políticas públicas para favorecer a los productores nacionales.

De este modo, entre otras cosas, se incluye en el texto del artículo 111 de la ley que la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, con la participación del Consejo Mexicano y en concordancia con los compromisos adquiridos por nuestro país, definirá los productos elegibles de apoyo que enfrenten dificultades en la comercialización que afecten el ingreso agropecuario nacional.

Lo anterior es trascendente, toda vez que el texto vigente únicamente se refiere a los productores, dejando en desventaja a la producción nacional. Del mismo modo, se estipula en el artículo 178 que para cubrir la demanda que requieren los programas que aplica el Ejecutivo federal, el Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos para la promoción, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional.

Para las diputadas y los diputados aliancistas, proteger y priorizar la producción nacional, se ha convertido no solo en una necesidad fundamental para el desarrollo sino la mejor herramienta para fortalecer la economía nacional. Es el momento de México y por ello estamos con sus productores. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ángel García Yáñez. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Salvador Zamora Zamora:Con la venia de la Presidencia. Acudo a esta tribuna para presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, respecto del dictamen que tiene como objetivo establecer en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, lo que en repetidas ocasiones mediante sendos puntos de acuerdo le hemos solicitado al Ejecutivo federal.

Cuántas veces desde esta misma tribuna hemos clamado por proteger y fortalecer el mercado interno, por proteger a nuestros pequeños productores. Cuántas veces hemos querido proteger a los productores nacionales mediante el consumo de alimentos producidos en México de excelente calidad, garantizar el abasto de alimentos y productos básicos que nutran a nuestra niñez y alimenten a la población en general.

El pasado primero de febrero, el titular del Ejecutivo federal llevó a cabo el relanzamiento de la marca Hecho en México, expresó y citó: “Lo hecho en el país es sinónimo de calidad y un motivo de orgullo para todos, porque llevando bien puesta la camiseta de México sigamos trabajando juntos e impulsando un país de talento único y de calidad mundial”. Cierro cita.

Sin embargo, es urgente pasar del discurso a los hechos. Festejo el motivo de este dictamen, pero debe ser iniciativa del Ejecutivo federal a través de sus diferentes secretarías, encaminar acciones que protejan a nuestros productores de activar el mercado interno y garantizar la alimentación de millones de mexicanos.

Afortunadamente el entorno internacional ha despertado el interés del gobierno mexicano en lo hecho en México. Ojalá y no volvamos a enterarnos de las compras de leche extranjera a sobre precio, mientras nuestros productores nacionales no encuentran estímulos en el proceso final que es la comercialización de su producto; producto –insisto– que no le pide nada al producto extranjero.

Por supuesto que el voto de mi grupo parlamentario será a favor del presente dictamen y esperamos que el Ejecutivo demuestre con hechos que es prioridad para su administración fortalecer el mercado interno y promover y estimular el consumo de lo bien hecho en México, y publique a la brevedad en el Diario Oficial de la Federación estas reformas tan oportunas para combatir el proteccionismo de nuestro vecino del norte.

Deseo que estas reformas sean un exhorto y un estímulo también para todos los productores nacionales en todos los ramos y nos reforcemos y nos estimulemos para ofrecer los mejores productos de calidad a los mexicanos.

Concluyo manifestando que son estas reformas lo que demanda este país. Este es un ejemplo de lo mucho que como legisladores podemos hacer para defender a México. Qué bueno que se hagan llamados a la unidad y defender a México de los ataques al extranjero, pero es mejor que con acciones concretas se defienda al campo mexicano, a nuestra ganadería, a nuestra industria alimenticia y de paso garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país, asegurar la nutrición de nuestros niños y el alimento de millones de mexicanos. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Zamora Zamora. Tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Jesús Serrano Lora:Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. El Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen que hoy se somete a discusión.

Nosotros coincidimos con el proponente en cuanto a que la apertura comercial le permite a México traer leche de prácticamente cualquier lugar del mundo aminorando competitividad de este sector. Asimismo, los problemas a los que se enfrentan los ganaderos mexicanos debido a los cambios en el entorno global y volatilidad de precios los dejan en desventaja frente a otros países.

Hasta la fecha ni el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal; ni el director de Liconsa, se han dado cuenta que al inicio de la actual administración de Peña Nieto, el dólar estaba en 12 pesos con 90 centavos, y hoy estamos comprando leche a productores de otros países con un tipo de cambio de 20 pesos por dólar. El costo de producción de leche se ha vuelto más caro debido a que el alimento para ganado se cotiza en dólares; a eso se suma la falta de ordenamiento del mercado, costos de transporte, insumos básicos para la alimentación como el forraje, el acceso al agua, y que aquí hay que mencionarlo que la poca que tenemos, la contamina el ecocida de Germán Larrea, sin que ninguna autoridad le ponga un hasta aquí.

Por eso hemos señalado en el informe de la Comisión Federal de Competencia Económica, sobre el mercado agroalimentario. A todo ello hay que agregar los efectos del cambio climático, y para el caso de nuestro país, han traído largas rechas de sequía que limitan el acceso al agua y a forrajes de calidad, lo que ha generado pérdidas considerables en el hato ganadero a nivel nacional.

El mismo estudio de la Cofece señala prácticamente en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria que existen condiciones desfavorables para la competencia económica que terminan afectando a productores primarios como a los consumidores finales, tal es el caso del acopio y procesamiento de comercialización.

En el caso de la leche, se observa un control oligopólico de grandes empresas de que no por ser nacionales dejan de generar distorsión en el mercado al acaparar prácticamente el 75 por ciento, tal es el caso de los grupos Lala y Alpura, y que pocos mexicanos pueden comprar esa leche; sólo los de alto poder como los diputados, los senadores, los grandes magistrados, y no los de bajos recursos, que son la mayoría, que tienen que inclinarse sobre Liconsa.

Asimismo en cuanto a la distribución final del producto, las grandes cadenas de tiendas departamentales y franquicias de tiendas de conveniencia, han generado que el consumidor final carezca de opciones de compra.

Cabe destacar que si bien ha crecido la producción de leche, esto es mínimo; y ganaderos de diversos estados han manifestado que al día se desperdician miles de litros porque Liconsa cierra las puertas a los lecheros, llegando a los depósitos, y porque las plantas de secado, enfriado y pasteurización son escasos en el territorio nacional, o están en manos de coyotes que es lo que priva en este país, que vuelven prácticamente imposible para que los productores manejar su producción.

Tan solo en 2016 Liconsa dejó de comprar 220 millones de litros en la región de la Laguna afectando a más de 11 ml productores al dejarlos a expensas de que las grandes empresas quieran pagar, misma suerte tienen los ganaderos del sureste mexicano de Guerrero, del noreste y prácticamente de todo México.

La intención de la iniciativa de dirigir adecuadamente políticas públicas para garantizar el acceso a los alimentos lo aplaudimos. Por ello votaremos a favor del presente dictamen, pero para que se cumpla lo que realmente necesitamos es que haya voluntad política y que no hablen de dientes para afuera que están hablando de que en este país debemos de trabajar en la unidad. Ojalá así se haga por el bien de este país. Es todo.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias diputado Serrano Lora. Tiene el uso de la tribuna la diputada la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Me permite un segundo, diputada. Esta Presidencia saluda y le da la más cordial bienvenida al señor José Crespo Fernández, embajador extraordinario y plenipotenciario del estado plurinacional de Bolivia en México, quien viene acompañado de su señora esposa Mabel Severich, del licenciado Jorge Caballero Barrera, ministro consejero, de la licencia Peggy Maldonado Riss, primera secretaria y del ingeniero Ricardo Aguirre Olmos, encargado de Asuntos Consulares, asistiendo junto con la diputada Rocío Nahle y la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, a la instalación del Grupo de Amistad de México con Bolivia. Hacemos votos porque a través de este grupo podamos fortalecer la relación con este país hermano de Bolivia. Muy bienvenidos, muchas gracias. Adelante, diputada.

La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza:Con la venia de su presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy nos presentan las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, tiene como origen una preocupación que constantemente han venido manifestando los productores de leche, fundamentalmente los pequeños y los medianos.

Recordemos que en la Comisión de Ganadería tuvimos durante el año pasado reuniones con productores afectados por la crisis y derivados de esos trabajos se aprobaron sendos puntos de acuerdo, uno suscrito por los integrantes de la propia comisión y dos más promovidos por una servidora y por nuestro compañero, el diputado Gerardo Federico Salas.

El objeto de dichas proposiciones no fue otro más que establecer mecanismos que otorgaran certidumbre a los productores de leche en el país, que se fortaleciera la comercialización de su producto, se garantizara la suficiencia presupuestal para Liconsa, que se publicara oportunamente el padrón de proveedores lecheros y se implementaran campañas efectivas de promoción al consumo de leche de origen mexicano.

La convergencia en dichas propuestas demuestra que hay sensibilidad por parte del Poder Legislativo respecto a esta necesidad de encontrar medidas eficaces que alivien las difíciles condiciones en que se desarrolla la ganadería en nuestro país, que es sin duda alguna el más importante rubro de la economía nacional y que representa la única fuente de ingresos para muchas familias mexicanas.

Es claro que uno de los sectores más perjudicados con la ampliación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido el que se dedica a la producción lechera, la excesiva importación de leche de polvo de origen extranjero, así como la sobreproducción de leche en ciertos tiempos del año, y hace que los precios de la leche se muevan constantemente y ponga en situación de vulnerabilidad a todos los pequeños productores en las principales cuencas del país.

Lo anterior afecta principalmente a los más pequeños, como ya lo decía, quienes tienen un serio rezago frente a los productores de otros países y han visto cómo se elevan por diversas circunstancias sus costos de producción, haciéndose prácticamente imposible contender con los preciso que ofrecen sus competidores.

En este sentido, y tomando en cuenta la coyuntura político-económica por la cual atravesamos, resulta urgente e imprescindible adoptar políticas públicas que apoyen, protejan y defiendan a los productores nacionales, en este caso los ganaderos productores de leche, fortaleciendo las cadenas de valor, generando crecimiento económico y ofreciendo mejores oportunidades de prosperar para los trabajadores del campo al tiempo de hacer llegar productos de mayor calidad a la mesa de los consumidores mexicanos.

Es de destacar que el decreto que se pone a consideración enfatiza el interés del promovente, el cual compartimos ampliamente en nuestro grupo parlamentario, por apoyar a los productores lecheros a través de la compra preferente de su producto para el abasto de los programas de alimentación, nutrición y desayunos escolares con que cuenta el Ejecutivo federal.

Por todo lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor de este dictamen, porque consideramos que las modificaciones propuestas darán mayor apoyo y certidumbre comercial al sector lechero del país, para que éste pueda ser más competitivo, mantenga los empleos que genera y seguir contribuyendo al progreso del campo mexicano. Es cuanto.

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Flores Carranza. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Elio Bocanegra Ruiz.

El diputado Elio Bocanegra Ruiz:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la discusión de este dictamen de Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y Ganadería, para reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y promover el fortalecimiento de los productores nacionales de leche, se encuentra muy a tono con el debate que realiza actualmente el país para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En nuestra opinión, en el presente dictamen no se trata únicamente de interés de los productores pecuarios, sino también de un asunto de interés nacional, pues tratarse de un producto básico y estratégico implica una discusión más de fondo relacionado con el problema de la soberanía alimentaria de los mexicanos puesta en riesgo por las cláusulas onerosas para México que contiene el Tratado de Libre Comercio.

En los últimos años, ciertamente el sector lechero, al igual que otros sectores productores del campo, han venido enfrentando múltiples dificultades relacionadas con el precio de la leche, al grado que los meses de mayor producción en algunas ocasiones los ganaderos han preferido tirar el producto que venderlo al precio de mercado, y es que dicho precio se establece de manera desleal, por debajo de los costos de producción, Como resultado de los grandes volúmenes de leche en polvo subsidiada e importada principalmente de los Estados Unidos.

Es importante que anualmente en promedio de 3 mil millones de litros de leche que equivalen al 20 por ciento del total de la demanda del mercado, siendo la paraestatal Liconsa la principal empresa compradora de este producto importado.

El problema original que plantea la iniciativa de ley en discusión era para resolver la demanda del mercado de la leche con producto nacional, garantizando la adquisición a productores locales hasta en un 90 por ciento, como compromiso del Estado, a través de Liconsa.

En este dictamen de las comisiones unidas este planteamiento fue modificado con el argumento de que contraviene las disposiciones establecidas en el Tratado de Libre Comercio, en el apartado 4, donde se plantean las consideraciones del dictamen, las comisiones unidas señalan las modificaciones propuestas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al establecer la obligación a Liconsa de adquirir preferentemente a productores locales, constituye una barrera al comercio en el marco del Tratado de Libre Comercio, lo cual contraviene lo señalado en el artículo 1006 de ese tratado, relativo a la prohibición de condiciones compensatorias especiales.

Son precisamente este tipo de cláusulas del Tratado de Libre Comercio las que no solo dejaron desprotegidos a los productores agropecuarios nacionales, sino que también ponen en grave riesgo la soberanía alimentaria de los mexicanos, pues no debemos olvidar que además de leche en polvo importamos 11 millones de toneladas de maíz, 2.5 de trigo, 120 mil toneladas de frijol, 80 mil toneladas de arroz y más del 80 por ciento de las oleaginosas, todo lo cual equivale a importar más del 40 por ciento de los alimentos que necesita nuestra población.

Estos son algunos de los motivos por los cuales en su momento el PRD condenó las condiciones bajo las cuales se firmó el Tratado de Libre Comercio: la situación de abandono por la que atraviesan los productores del campo y la vulnerabilidad en que se encuentra hoy nuestra nación ante el vecino del norte. Lamentablemente viene a demostrar que teníamos la razón.

Por todo ello, votaremos a favor del presente dictamen, al mismo tiempo que demandamos que en la nueva negociación del Tratado de Libre Comercio se ponga en primer plano el carácter de interés público, que de acuerdo con nuestra Constitución tiene la producción agropecuaria, su industrialización y su comercialización.

Asimismo que en dicha negociación participen los tres Poderes de la Unión, los diversos sectores productivos, sociales y centros de investigaciones y no únicamente la iniciativa privada, como lo ha propuesto el Ejecutivo. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Bocanegra Ruiz. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Gerardo Federico Salas Díaz.

El diputado Gerardo Federico Salas Díaz:Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros, el día de hoy venimos a proponer modificaciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que exista certeza para nuestros productores agropecuarios en tres temas fundamentales. Garantizar la soberanía alimentaria, cuya base fundamental es el apoyo a la producción agropecuaria nacional. Proteger a los productores nacionales ante el riesgo en el contexto internacional, no debemos permitir prácticas desleales del exterior. Y los programas de abasto, a cargo del Ejecutivo Federal, deben dar prioridad de compra a la producción nacional para cubrir la demanda que requieren.

Por estos motivos, ponemos a la consideración de esta soberanía, un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Ganadería, que reforma los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, cuyo fundamento de la misma es la planeación y organización de la producción agropecuaria, la industrialización y comercialización, y todas aquellas acciones tendientes a elevar la calidad de vida de la población rural.

Nuestros productores agropecuarios nacionales deben ser prioridad nacional, el Estado mexicano debe proteger, fortalecer y generar condiciones de crecimiento a las cadenas agropecuarias nacionales y esto debe quedar firmemente especificado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Hoy debemos ser sensibles ante la situación actual que atraviesa el campo mexicano, el problema del campo es de todos y la suma de voluntades y acciones pueden lograr que se le dé la verdadera importancia a la producción nacional y sus cadenas de valor.

Este dictamen proviene de una iniciativa con gran sentir ciudadano y que hoy, con el apoyo de todos ustedes, contribuirá al fortalecimiento del mercado interno y en la calidad de vida de la población que más lo necesita.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece diversas políticas públicas, estímulos y apoyos para equilibrar las políticas agropecuarias y comerciales de nuestro país frente a otros países, pero no establece con claridad que no sólo se trata de proteger a nuestros productores nacionales, sino también de fortalecerlos para beneficiar su ingreso y condiciones de producción.

Por ejemplo, cuando se decide comprar leche en polvo de otros países en perjuicio de nuestros productores nacionales. México exige acciones que abonen a una buena relación entre los sectores productivo y gubernamental, donde se aproveche el potencial de nuestros productores agropecuarios nacionales en favor de mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos.

Por lo que estamos seguros que este dictamen al aplicarse a cabalidad por el gobierno federal significará un beneficio en el ingreso y producción del sector primario, principalmente de los pequeños y medianos productores.

Con esta reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se propone cubrir la demanda que requieren los programas alimentarios que instrumenta el gobierno federal a través de la compra a nuestros productores agropecuarios nacionales como medida de protección y fortalecimiento.

Esta adición contribuye a que el Estado mexicano cumpla con la prioridad de apoyar a los productores nacionales en el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, particularmente hacia los grupos sociales menos favorecidos.

Esta reforma responde también a recomendaciones que nos han hecho diversas instituciones académicas y organismos nacionales e internacionales de que nuestro país debe fortalecer su mercado interno para hacer frente a las crisis internacionales y mejorar el crecimiento nacional, por lo que exhorto a las diputadas y diputados presentes en este pleno a votar a favor de este dictamen, el cual no solo beneficiará de forma directa a nuestros productores agropecuarios nacionales y a sus familias, sino que también contribuirá en materia a la seguridad y soberanía alimentaria y a lograr un país más incluyente y productivo. Es cuanto, señor presidente.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Gracias, diputado Salas Díaz. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Oswaldo Cházaro Montalvo.

El diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo:Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, la agricultura es una actividad económica de la cual dependemos todos. Tal como lo dijera el granjero y defensor del campo, Wendell Berry, comer es un acto agrícola.

En ese sentido, el sector agropecuario es sinónimo de vida y debe seguir siendo más que un sector productivo y económico, debe seguir siendo el corazón de México.

En el PRI queremos un campo que impulse el bienestar de la población rural y, con ello, el bienestar de los mexicanos.

Por eso, en nuestra plataforma nos comprometimos a trabajar para generar una legislación moderna, dinámica, que permita alcanzar la seguridad alimentaria. Así, elevar la productividad del campo mediante el fomento a los programas de tecnificación y capacitación para el agro mexicano. Es menester ampliar el financiamiento y generar los apoyos a este sector.

El presidente Enrique Peña Nieto, desde el inicio de su gestión, señaló: “Hoy hay que consumir lo mexicano, no tan solo porque lo sea, sino porque son productos de calidad que compiten en los mercados y son la mejor opción para elegir”.

Comprometidos así con fortalecer al campo y a la producción mexicana, durante esta administración se ha generado el mayor ingreso de divisas a nuestro país en el sector agroalimentario. De hecho, tan solo en 2016 nuestras exportaciones en la materia fueron de 29 mil millones de dólares, ubicándose por encima del petróleo, las remesas y el turismo. El año pasado nuestras exportaciones del mismo sector fueron 14 por ciento más que las registradas en 2014.

Por otro lado, esta administración ha logrado que por primera vez en los últimos 20 años México obtuviera un superávit en su balanza comercial agroalimentaria. Nuestro país percibe más recursos hoy por los alimentos que vende al mundo que por los gastos que hace para importar de otros países.

Productores y gobierno han consolidado a México como primero, segundo y tercer lugar de exportación en diversos productos, como el aguacate, la cerveza y otros más que hoy son proveedores importantes de los mercados internacionales.

Es de destacar el caso de la carne de bovino, donde se exportaron el año pasado alrededor de 2 mil millones de dólares y se ubican en el segundo lugar de las exportaciones agroalimentarias, después de la cerveza.

Sumados a este esfuerzo para robustecer el sector agropecuario mexicano, esta Cámara aprobó un Presupuesto de Egresos para este año que busca conservar la inversión en el Programa Especial Concurrente. De hecho, se rescató este programa, así como otorgar incentivos a productores con base en la productividad, incrementar lo previsto en el desarrollo de infraestructura y equipamiento del sector agrícola. Nos corresponde ahora seguir robusteciendo al campo para impulsar más la producción alimentaria.

Nuestra Constitución en el artículo 27 establece que el Estado promoverá las condiciones paras el desarrollo rural. A su vez, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, objeto hoy de estas reformas, tiene como propósito promover el desarrollo incluyendo la planeación y sobre todo garantizando la comercialización de los productos mexicanos.

Actualmente, el sector primario de la economía enfrenta retos comerciales sumamente importantes, como ya se ejemplificó aquí con el sector lechero.

Por ello, votaremos a favor del presente dictamen para promover el fortalecimiento de la producción nacional y garantizar su protección, estableciendo que mediante la reforma en los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Ejecutivo federal deberá adquirir preferentemente a productores agropecuarios mexicanos, los insumos necesarios para cubrir la demanda que requieren los programas que implemente, desde luego, cuidando los principios de ordenamientos de la libre competencia y además del comercio internacional.

Así como en el campo lo más importante es conocer el momento para sembrar, en la política lo más importante es tener la sensibilidad de legislar en beneficio del interés superior de la nación, tal como hoy lo estamos haciendo en esta Cámara. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Cházaro Montalvo. Para hablar en pro del dictamen tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Rogerio Castro Vázquez:Muy buenas tardes, diputadas, diputados. Estamos aquí para comentar que sin duda alguna estamos a favor de esta iniciativa; sin embargo, queremos hacer algunos pronunciamientos que podrían abonar al debate sobre cómo llevar nuestra economía en las actuales circunstancias.

Coincidimos con el proponente, de que es necesario, en este caso, hablando de los productores nacionales de leche, llevar a cabo legislación que permita fortalecer las actividades primarias. Sin embargo, en este panorama adverso de la actual política económica llevada a cabo por las políticas neoliberales y respaldadas por los últimos presidentes de la República, nos ha llevado a esta crisis y a la entrega de gran parte de nuestras empresas nacionales y, por lo tanto, el debilitamiento de nuestra economía.

Es por eso que tenemos que apostarle a recuperar la soberanía alimentaria y la soberanía económica. No podemos seguir respaldando a través de políticas como la del Tratado de Libre Comercio y seguirnos sometiendo a los intereses del extranjero. Necesitamos recuperar todos los bienes nacionales para que impulsemos de verdad una economía fuerte.

En este caso, ante los embates de la política neoliberal, ha podido sobrevivir Liconsa que a pesar de las limitaciones, del intento de sabotearlo, ha permanecido. Es importante seguir apostándole a que logremos revertir esta política. Necesitamos regresar a apoyar a los productores, necesitamos nuevamente nacionalizar la producción en México y sobre todo recuperar nuestra soberanía alimentaria.

Ese es el planteamiento de Morena y por eso estamos a favor de esta iniciativa, porque estamos con todos los productores nacionales y respaldamos a todos aquellos que le apuestan a recuperar nuestros bienes de la nación. Es cuanto, presidente.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Castro Vázquez.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaria a la asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general.

En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a ayudantes municipales y líderes de Yautepec y de Cuernavaca, Morelos. Bienvenidos.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: ¿Algún diputado o diputada que haga falta de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 413 votos a favor, 0 votos en abstención, 0 votos en contra, de un total de 413 diputados presentes.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 413 votos. Unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

VOLUMEN II



CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la tribuna el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, hasta por cinco minutos.

El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de los integrantes de la Comisión de Justicia, me presento ante ustedes para fundamentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal.

Nada daña más la gobernabilidad democrática de un país que la acción deshonesta de un servidor público, pues ello debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Por ello, con el objetivo de seguir fortaleciendo nuestro marco jurídico e institucional, en la Comisión de Justicia aprobamos las reformas contenidas en el dictamen que ahora está a su consideración.

Dichas propuestas son inhabilitar hasta por 20 años al servidor público que favorezca la evasión de algún detenido, procesado o condenado; y asimismo al funcionario que, perteneciendo a alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas, forme parte de una asociación delictuosa.

Se trata de castigar con mayor decisión a quienes traicionan la confianza de los ciudadanos y desprestigian la imagen de las instituciones gubernamentales. Nada ni nadie por encima de la ley.

Estudios elaborados por el Instituto Nacional Electoral y el Colegio de México muestran la urgente necesidad que tenemos para recobrar la confianza ciudadana, la cual de manera general nos supera el 50 por ciento respecto de nuestras instituciones, salvo algunos casos cuando se trata de las Fuerzas Armadas.

Por lo tanto, se hace imperativo en este Congreso que redoblemos esfuerzos para sancionar a aquellos servidores públicos o funcionarios que lastimen la relación del gobierno con los ciudadanos.

No hay duda, amigas y amigos, compañeros diputados, que estas reformas contribuyen a la construcción de un México sin corrupción, de un México sin impunidad, de un México de ciudadanos empoderados. Es por ello que solicito a todas las fuerzas políticas representadas en este pleno que apoyemos decididamente este dictamen, votando a favor del mismo.

No permitamos más que malos servidores públicos dañen la fuerza de nuestro sistema democrático. Demos a México un instrumento legislativo que fortalezca la gobernabilidad y el Estado de derecho. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Ibarra Hinojosa.

Está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno. La diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN, y la diputada Edna Iliana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del PRI.

Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la corrupción es un flagelo que aniquila la confianza en las instituciones, su combate es un justo reclamo de la sociedad, un reto para México y un compromiso insoslayable para Nueva Alianza.

En este sentido, nuestro grupo parlamentario apoyó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, sumado a que hemos presentado diversas iniciativas y puntos de acuerdo para castigar la corrupción de funcionarios públicos.

Congruentes con este principio, manifestamos nuestro respaldo al presente dictamen de la Comisión de Justicia, que reforma los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal, a fin de aumentar la sanción de inhabilitación de un funcionario público que ayude y favorezca la evasión de un reo. Actualmente dicha norma establece una sanción de cinco años, lo que se busca es incrementar dicha pena hasta 20 años a fin de inhibir la comisión de ese delito, que mina y vulnera la confianza de la ciudadanía.

La fuga de reos deja al descubierto, no solo la complicidad de servidores públicos de diversas instituciones de seguridad y de procuración de justicia, sino también el grave problema de corrupción que se vive en el sistema penitenciario, además de que evidencia formas profundas de deficiencias estructurales de la justicia mexicana, por lo que resulta necesario y conveniente fortalecerlo.

En Nueva Alianza consideramos que para lograr seguridad jurídica y combatir la corrupción en esta materia, es insoslayable modificar la normatividad, pues entendemos que la corrupción, la poca confianza en las instituciones de gobierno y nuestros servidores públicos vulneran la condición ciudadana de los mexicanos e impide el afianzamiento de una sociedad libre, justa y equitativa. Por su atención y su apoyo, muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidente.

Presidencia de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano. Desde su curul me ha solicitado hacer uso de la palabra. Adelante, diputado.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco(desde la curul): Gracias, presidenta. Diputadas y diputados, con su venia. Los diputados ciudadanos estamos de acuerdo en esta propuesta de iniciativa en la reforma, por supuesto que hay que combatir la corrupción y se debe combatir la corrupción precisamente de los agentes policiales o los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Evidentemente quienes ayudan a evadir a un preso, por supuesto que están traicionando la confianza de los mexicanos y de las mexicanas. Por supuesto que combatir la impunidad debe ser el gran reto que debemos tener todos. Pero sí queremos decir que el nuevo sistema de justicia penal no va en dirección de incrementar penas, incrementar penas implica ir en contra y contrario a lo que se ha establecido en el nuevo sistema de justicia penal. No buscamos que se incrementen penas, lo que buscamos es tener un sistema de justicia penal que sea eficaz.

En ese mismo sentido, volvemos a hacer un llamado para que esta legislatura entre a fondo a revisar el modelo policial que tenemos en México.

Los diputados ciudadanos hemos presentado recientemente una iniciativa donde planteamos que haya una contrarreforma al 123 constitucional y donde se establezcan derechos para que los buenos policías no caigan en corrupción. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias a usted, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Alfredo Basurto Román:Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su permiso, señora presidenta. Primero quiero hacer énfasis que la Comisión de Justicia, la verdad, en los procedimientos de estudio y discusión de los dictámenes se están llevando de una manera muy al vapor.

Incluso, como nosotros somos integrantes, no formamos parte de la Mesa Directiva, se están votando en bloque y no en lo individual cada uno de los dictámenes que se nos someten a consideración. Por lo cual, consideramos que hay una violación de forma al procedimiento y a la técnica legislativa.

Y por otro lado quiero comentar, creo que estamos abusando en las reformas, en esta legislatura, al Código Penal Federal. Si mal no recuerdo, el pasado 17 de noviembre del año próximo pasado, se reformaron los artículos 153 y 154 y se derogó el 151 del ordenamiento penal federal, ya invocado.

En tales reformas se aprobó, incluso por esta soberanía, por 392 votos, donde se ponía una pena de 8 a 12 años de prisión para aquellos funcionarios y cuerpos policiacos que ayudaran y que fueran parte o cómplices de los ilícitos de evasión de presos.

Después, no pasan ni tres semanas, cuando el pasado 16 de diciembre de 2016, se nos presenta el dictamen que hoy se va, en un momento dado, a someter a votación, donde se reforma el 150 y 164 del mismo ordenamiento penal federal.

Es decir, primero lo reformamos para incrementar de 8 a 12 años, y hoy con esta iniciativa que se está presentando se incrementa a 20 años, como que vemos que en esta legislatura o concretamente en la Comisión de Justicia, creemos que con el incremento de las penas a los delitos se va a disuadir la comisión de los mismos, y tenemos por experiencia y la historia en el país nos dice todo lo contrario. Es decir, no porque incrementes la pena quiere decir que vas a erradicar la comisión de los delitos.

Es decir, creemos, en Morena, que no es la solución en este sentido del incremento de penas. Cuando se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en algunas entidades federativas se implementó un programa muy bueno que se llevaba a cabo en las escuelas y que se decía, se llamaba este programa, Educar al niño para no castigar al hombre.

Es decir, yo creo que el problema que radica realmente en la impunidad y en la corrupción, que en los últimos años y en este sexenio de Peña Nieto se han incrementado bastante, es porque se están aplicando las políticas criminales a la inversa. No se está atacando de fondo, por ejemplo, la capacitación y la educación de los cuerpos policiacos ni de los custodios que se encargan de velar por el internamiento de los reos.

Debemos de atacar de ahí porque incluso en este sexenio, en el 2014, creemos que los índices de inseguridad y de internos en las cárceles del país fueron alarmantes. Tuvimos 2 mil 459 incidentes en los diversos centros reclusorios del país, donde participaron más de mil 789 reos y lo más que se cometieron de por medio fueron riñas, motines e intento de evasión de presos, lesiones y homicidios y suicidios.

Es decir, yo creo que si no atacamos de fondo y no atacamos la impunidad y la corrupción jamás podremos disuadir la comisión del delito compañeros. Y mientras sigamos incrementando las penas, yo creo que es hasta como un reto y a la inversa, se viene, en consecuencia, más bien el incremento de la comisión de delitos, que en Morena creemos que no es la solución. Sin embargo, y en apoyo a la población y en apoyo al pueblo de México vamos a avalar y vamos a apoyar y vamos a votar en favor de este dictamen. Es cuanto, señores compañeros diputados. Gracias, señora presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del Grupo...

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle, por favor.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Sí, presidenta, nada más para pedir que quede en el Diario de los Debates que este dictamen que se está discutiendo violó el procedimiento en comisiones. Por ello Morena en comisión se abstuvo. Y es importante señalarlo para que no se cree un precedente y se haga costumbre en las demás comisiones. Gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Quedan registradas sus apreciaciones, diputada. Adelante, diputado Couttolenc.

El diputado José Alberto Couttolenc Buentello:Gracias, presidenta. Con la venia de la Presidencia. Estimadas compañeras y compañeros, la atribución del Poder Judicial para privar de la libertad a quien haya sido sentenciado por un crimen se entiende como la acción necesaria para la impartición de justicia. Por supuesto, en su justa dimensión conforme al daño causado sin que ello se traduzca en un acto de venganza.

En la historia de nuestro país son muchos los escapes que se registran en nuestras cárceles y esto ha permitido la evasión de la pena a personas que por la gravedad de sus delitos fueron detenidos, procesados y recluidos.

En noviembre pasado esta soberanía aprobó reformas al Código Penal Federal relacionadas con el delito de evasión de reo, cuyo objeto fue contemplar una sanción para todos aquellos casos en que se viera la participación en la consumación de la fuga.

Del mismo modo, se realizaron modificaciones para dejar de considerar como un atenuante que la evasión se hubiera realizado sin violencia, pues esto constituía un incentivo para los intentos de fuga de los centros penitenciarios.

Hoy estaríamos cerrando el círculo de esas reformas, pues en el fondo lo que está de por medio es que se haga o no se haga justicia. No podemos soslayar que la sentencia de prisión se deriva de un proceso orientado a mantener el Estado de derecho en nuestro país.

Por otro lado, hay que resaltar que el sistema penal de nuestro país se encuentra en un proceso de renovación consistente con el esfuerzo que realiza el gobierno de la república para combatir los actos de corrupción en la administración pública, incluyendo aquellos que se presenten en los centros penitenciarios.

En este sentido, los funcionarios públicos que participen en el escape del sentenciado deberán ser sujetos a un proceso que implique no solo la imposición de una pena privativa de la libertad, sino también la inhabilitación de los mismos para ocupar cargos públicos hasta por un periodo de 20 años.

Consideramos que el presente dictamen cumple con la intención del legislador de fortalecer las instituciones de seguridad pública mediante la actualización del Código Penal Federal.

La sociedad mexicana en general es respetuosa del debido proceso, pero ya está harta de la impunidad. Por ello, es necesario remover todos aquellos obstáculos que impiden que en nuestro país se haga justicia. Por ejemplo, el hecho de que los delincuentes se aprovechen de estos vacíos legales para escapar de las sanciones impuestas y que en su intento sean auxiliados por servidores públicos.

La poca confianza en las instituciones de gobierno y en nuestros servidores públicos vulnera la condición ciudadana de los mexicanos e impide la consolidación de una sociedad libre, justa y equitativa. Necesitamos recuperar esa confianza, ya que solo así podremos propiciar la participación de la población en la construcción y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

Es por lo anterior, que quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, apoyaremos la aprobación del presente decreto, un decreto que busca fortalecer los mecanismos de impartición de justicia para así poder garantizar que existan sanciones suficientes para quien decida traicionar a la sociedad y dejarse corromper por los criminales. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD, por cinco minutos.

El diputado Arturo Santana Alfaro:Con su venia, diputada presidenta. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática apoyará el presente dictamen. No obstante, tenemos observaciones que hacer, porque consideramos que el incremento de las penas, como lo dice la doctrina del derecho penal debe ser la última ratio.

Inhabilitar por 20 años, después que está establecido de cinco años la inhabilitación actualmente en el Código Penal, nos parece un acto de verdadero populismo penal. Creo que como lo han dicho algunos compañeros, compañeros que me han antecedido en el uso de la voz, debemos de cuidar esta manera de dictaminar en la comisión. Nosotros –reitero– lo votamos a favor, lo acompañamos.

Estamos convencidos de fortalecer las instituciones penitenciarias de nuestro país, sin embargo, sí considero, y consideramos en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que se ha incurrido en un abuso sistemático en este tipo de reformas, que partieron de un escenario coyuntural.

Partieron del escenario coyuntural de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán que por cierto, al ser recapturado se olvidaron de cuestiones trascendentales para este país, se olvidaron de darle continuidad a la investigación para llegar hasta el fondo y definir y procesar a quienes verdaderamente fueron culpables. Y hablo de los altos funcionarios del sistema penitenciario en este país, que por mucho tiempo el PRD ha sostenido que no puede un secretario –en este caso el secretario de Gobernación– estar cargando con los problemas de política interna del país y a su vez estar cargando con los temas policiales y penitenciarios de nuestra nación.

Creo que es ahí en donde debemos nosotros de darle hincapié para efectos de crear, desvincular ese tipo de actividades de un solo secretario y crear por cuerdas separadas un verdadero sistema penitenciario, un verdadero sistema carcelario que le dé la opción a México de crear verdaderos sistemas de prevención de estas fugas.

Debemos promover un verdadero servicio civil de carrera en el sistema penitenciario. Debemos promover formas y reformas que garanticen el modus vivendi de estos funcionarios y funcionarias que día con día trabajan en este sistema, para precisamente evitar que se sigan reiterando y que se sigan dando esas fugas en nuestro país, estas evasiones de presos en nuestro país, tal y como sucedió en la última fuga de este narcotraficante, que por cierto ya está en los Estados Unidos.

A lo que invitamos en el Grupo Parlamentario del PRD, pese a que vamos a acompañar el dictamen, es a revisar estas propuestas que están pendientes para fortalecer el servicio civil de carrera, pero a su vez fortalecer un verdadero sistema de prevención de evasión de presos en nuestro país, y que no estemos coyunturalmente fijando parches al Código Penal para tratar de evitar que se den estas fugas de una manera –desde mi punto de vista– ineficiente.

Es cuanto, diputada presidenta. Reitero, acompañaremos el dictamen con estas observaciones por parte del Partido de la Revolución Democrática. Gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por cinco minutos.

El diputado José Hernán Cortés Berumen:Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados. Desde hace ya varios años el pueblo de México ha visto el paso de la impunidad y de la corrupción de personas ligadas a la vida pública como si fuera algo natural y cotidiano.

Todos los días, y en fechas más recientes, se han visto escenas o se dan noticias de corrupción e impunidad. Las cifras del I, del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o de organizaciones no gubernamentales, dan cuenta de ello.

A los mexicanos nos genera angustia e indignación que la delincuencia y la injusticia llegue a la esfera privada; pero el hecho delictivo daña aún más si el que lo comete o participa en su comisión es un servidor público. Es el servidor público el que tiene el deber de servir a la nación y a sus nacionales. Esta tradición y honor de servir al pueblo pareciera que en México se ha diluido y para muchos hoy en día no representa más que ganar un salario, y en la inmensa mayoría, lo es todo, menos digno.

Por ejemplo, por años se ha exigido de nuestros cuerpos policiacos que cumplan y sean los que arriesguen subida para que los demás vivamos seguros. Sin embargo nadie habla de las jornadas laborales extenuantes, del salario digno y homologado, de condiciones de trabajo adecuadas o al menos suficientes para enfrentar los retos de lidiar a los criminales que tienen rifles de alto poder, granadas y capacidad para secuestrar incluso de manera completa a las policías.

Los diputaos integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, vemos favorable que se impongan sanciones ejemplares a aquellos servidores públicos que infrinjan la ley. Se deben buscar mecanismos para disminuir al punto de la extinción los incentivos que orillan a delinquir a los servidores públicos.

La iniciativa que hoy se vota no resuelve el problema de los incentivos criminales pero sí contribuye a dar un paso al señalamiento de que se debe hacer más para erradicar la estela de impunidad que permea en la sociedad mexicana.

Por lo anterior el Grupo Parlamentario de Acción Nacional anuncia su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado Cortés. Tiene el uso de la palabra la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del PRI, por cinco minutos.

La diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo:Con su permiso, señora presidente. Compañeros diputados, es un honor para mí presentar ante ustedes este dictamen para reformar el Código Penal Federal, propuesta por nuestra amiga Guadalupe Oyervides.

Escribió Vicente Espinel en el siglo XV que la traición la emplean únicamente aquellos que no han llegado a comprender el gran tesoro que poseen quienes son honestos. Hoy, como servidores públicos, ése tesoro es la confianza que los ciudadanos han depositado en nosotros y que no sólo debemos procurar, sino garantizar.

Recientes estudios elaborados por el Instituto Nacional Electoral y el Colegio de México como el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía concluyen que, el nivel de confianza de los ciudadanos hacia instituciones y organizaciones políticas y sociales no supera la mitad de los encuestados. Además la confianza de los encuestados en los partidos políticos y los diputados, está por debajo del 20 por ciento.

Por otro lado, las sanciones a los servidores públicos que colaboren con, o formen parte de una asociación delictuosa, los inhabilita por un período que únicamente oscila entre uno y cinco años; por lo que no se trata de un castigo ejemplar ni proporcional al daño que cometieron, violar la confianza de los mexicanos.

Conscientes de lo que exigen los ciudadanos en nuestra plataforma electoral, los priistas nos comprometemos a acabar con la impunidad mediante acciones eficientes de justicia, nadie debe estar por encima de la ley.

Combatir la corrupción entre servidores públicos, impulsar acuerdos entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno y la sociedad organizada para combatir la violencia, la corrupción y la impunidad.

Decidido a hacer más pública la vida púbica, así como a combatir la corrupción para generar confianza con los ciudadanos, la administración de nuestro presidente Enrique Peña Nieto está procesando penalmente a funcionarios y ex gobernadores acusados de corrupción para que nadie quede impune, ha impulsado la colaboración entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que puedan recuperarse con mayor eficacia los recursos desviados.

Además, ha destinado más de 5 mil millones de pesos a la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción en el 2017, para garantizar su implementación en todo el país.

Los priistas hemos hecho profesión de fe por la transparencia y la rendición de cuentas para abatir la corrupción, facilitando que los ciudadanos vigilen y los mandatarios sean vigilados.

Por eso, desde la Cámara de Diputados, aprobamos el Sistema Nacional Anticorrupción, que vela por el sometimiento de todos a la ley, empezando por las autoridades, y ya contribuye a abatir la corrupción a la par de estrechar la relación entre ciudadanos y gobiernos, en suma, certifica que el aparato público cubre mayor eficiencia y fortalece la confianza entre ciudadanía y gobernantes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 22 que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. La propia Constitución, en su artículo 108, señala como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y los empleados; y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la administración pública federal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Así, los servidores públicos son ciudadanos dotados de confianza para servir y dar resultados a los mexicanos, por tanto la traición a dicha confianza debe ser castigada de manera ejemplar.

Votaremos a favor del presente dictamen para que, tratándose de servidores públicos, independientemente de la pena privativa de libertad, se les destituya de su empleo e inhabilite hasta por 20 años para obtener otro cuando propicien la evasión de algún detenido procesado o sentenciado, sean o hayan sido miembros de alguna corporación policial o de la Fuerzas Armadas mexicanas y participen en una asociación delictuosa.

México necesita la voluntad de cada uno de nosotros, servidores públicos, de compartir la responsabilidad para velar por el interés superior de la nación. Debemos seguir fortaleciendo el Estado de derecho y garantizar que nada ni nadie esté por encima de la ley. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Suficientemente discutido en lo general.

En virtud y de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, por lo que se pide a la Secretaría ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidente, se emitieron 406 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular, por 406 votos, unanimidad de los diputados presentes, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN



REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS CON EL GOBIERNO NORTEAMERICANO PARA FORTALECER LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día son las proposiciones con punto de acuerdo solicitadas como de urgente u obvia resolución.

De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Emilio Enrique Salazar Farías, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar las gestiones necesarias con el gobierno norteamericano, para fortalecer la economía de los países centroamericanos, así como al Senado de la República, para que dentro de sus facultades de política internacional explore y proponga la búsqueda de relaciones comerciales con otros mercados internacionales diferentes al gobierno estadounidense, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías:Señores, buenas tardes. Qué bueno que estás presente, don Jorge Carlos. A mis compañeros presentes y también a aquellos que nos están viendo en el restaurante desde el Canal del Congreso o en sus celulares, para todos, porque cada tema es importante y en cada tema deberíamos de estar todos presentes.

El Tratado de Libre Comercio hace varios años empezó con grandes críticas, porque nadie tenía la visión que tuvo el gobierno en su momento de cómo iba a cambiar la economía de este país.

Fue el presidente Carlos Salinas –muchas veces vilipendiado– quien lo inició y los efectos positivos del tratado hoy los estamos defendiendo, pues no queremos que esto cambie.

–Iba bien y seguimos bien.

El tratado de libre comercio se trata de que podamos intercambiar bienes, donde obtengamos ventaja comercial. Ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos de América contra este tratado, hoy tenemos que buscar defensa ante estas amenazas. La amenaza no es el muro, la amenaza es nuestra economía, la amenaza es que no obtengamos lo que el país necesita, porque ya de por sí las condiciones de vida están difíciles.

¿Qué requerimos? Y por eso hacemos el exhorto: requerimos visión de futuro para ver que necesitamos ampliar nuestros mercados; necesitamos hacer acuerdos comerciales con otros países.

¿Qué otra cosa requerimos? Requerimos que se apoye a los países centroamericanos, para que su economía florezca. Mientras eso no pase, más allá de muros, todos van a intentar cruzar encima del muro, sobre el muro, o como sea.

¿Cuál es el exhorto que hacemos en el Verde y lo hacemos respetuosamente? Exhortamos al gobierno federal a realizar las gestiones necesarias con el gobierno de Estados Unidos de América para fortalecer la economía de los países centroamericanos. También exhortamos al Senado, para que dentro de sus facultades en materia de política internacional explore y proponga la búsqueda de relaciones comerciales con otros mercados diferentes al norteamericano.

Nos guste o no nos guste Trump, fue elegido democráticamente, lo que tenemos que ver es que sus decisiones tengan el menor efecto en nosotros, porque en dos años, gane quien gane la Presidencia, debe encontrar las mejores condiciones económicas para llevar a cabo su proyecto. Esto no es de partidos, es de mexicanos que buscan el mejor futuro.

Celebro por último, señor presidente, si me lo permite, la austeridad que se ha declarado en esta Cámara. Nadie debe viajar, mucho menos en primera y a ningún lado, si no es estrictamente necesario. Hoy los recursos de todos en la Cámara deben ser manejados de manera transparente. Me uno a eso, porque jamás he pedido un viaje de ellos ni lo haré, vine a legislar y no a viajar y hacer turismo parlamentario.

Vamos entonces contra Trump, vamos entonces a buscar lo mejor para México y vamos a fortalecer nuestra economía. Muchísimas gracias, es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a realizar las gestiones necesarias con el Gobierno Norteamericano para fortalecer la economía de los países centroamericanos; así como al Senado de la Republica para que dentro de sus facultades de política internacional explore y proponga la búsqueda de relaciones comerciales con otros mercados internacionales diferentes al Gobierno Estadounidense, suscrito por el Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de pcuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El TLC se puede mejorar pues ya tiene más de 25 años.

Este importante Tratado tampoco está sujeto a la voluntad solo a la voluntad de Trump pues el Congreso de EUA también debe tener una participación al respecto.

Desde luego no compartimos las ideas de Trump, pero muchos norteamericanos tampoco, pues no lo consideran un gobernante “normal”. Y el sistema político de aquel país tampoco está preparado para un gobernante “anormal”.

Es importante hacer notar que el Presidente Trump no debería firmar órdenes ejecutivas que no tengan viabilidad en los hechos.

Si continúa así, la economía de los Estados Unidos seguramente entrará en una profunda crisis en 4 años, lo cual es muy peligroso para México, dada la dependencia que nuestra economía tiene con respecto a aquella.

Si esto ocurre, el gobierno y el pueblo de México deben estar preparado y eso significa comenzar a buscar otros mercados comerciales para diversificar sus opciones de desarrollo de la economía, tal como el Partido Verde ya lo propuso.

También es importante que por el momento no nos distraigamos en el tema del muro y nos centremos en los temas económicos, como el TLC. Si esta crisis que hemos mencionado llegara a consumarse, la diversificación de nuestra economía que comencemos a construir hoy mismo, nos ayudará muchísimo para salir adelante.

Seguramente las ganancias no serán muy buenas al principio, pero sin duda alguna nos ayudará para comenzar a dejar esa dependencia tan grande que tenemos de la economía norteamericana y a estar mejor preparados para lo que pueda venir en el futuro.

Además, también ayudaríamos a que el gobierno que comience sus funciones en el 2018, sea del partido que sea, no se encuentre con tantas dificultades en el inicio de sus gestiones.

Finalmente, debemos dejar patente que nuestra legislación también la debemos comenzar a blindar contra estas posibles dificultades. Solo de esta manera también estaremos listos para sortear posibles eventualidades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a realizar las gestiones necesarias con el Gobierno de los Estados Unidos de América para fortalecer la economía de los países centroamericanos.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Senado para que dentro de sus facultades en materia de política internacional, explore y proponga la búsqueda de relaciones comerciales con otros mercados internacionales diferentes al Norteamericano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de febrero de 2017.— Diputados: Emilio Enrique Salazar Farías, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Salazar Farías.

Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera el punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutido, por lo que le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.



FORTALECER DE MANERA COORDINADA LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES PARA COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la proposición con punto de acuerdo solicitado como de urgente u obvia resolución.

De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Educación Pública del estado de Jalisco, para que de manera coordinada fortalezcan los programas y acciones para combatir la violencia de género. Adelante, diputada.

La diputada María Antonia Cárdenas Mariscal:Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados aquí presentes, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia ha sido reafirmada en el sistema internacional de los derechos humanos.

La jurisprudencia internacional ha establecido el deber de los Estados a actuar con debida diligencia para proteger los derechos humanos y los derechos de las mujeres.

En América Latina y el Caribe, los principios de igualdad, no discriminación, forman en el núcleo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que obliga a los países a garantizar todos los derechos y libertades sin discriminación por razón de sexo.

De acuerdo con lo establecido en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el artículo 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el tenor dice: todas las personas son iguales ante la ley y tienen el derecho y deberes consagrados a esta Declaración, sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni... alguna.

La Convención de Belén Do Pará, el instrumento con mayor número de ratificación del sistema interamericano es particularmente relevante, pues refleja la preocupación de diversos países, incluido México, por atender la discriminación que las mujeres han sufrido históricamente, la violencia de que han sido objeto y la necesidad de adoptar estrategias integrales para prevenir, sancionar y erradicar estos problemas alarmantes y preponderantes.

Por otro lado, la Convención sobre Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, considerada la Carta Internacional de los Derechos de la Mujer, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, efectuada en El Cairo, Egipto en 1994 y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, en Beijín representan también el inicio de una nueva generación de estrategias y políticas públicas en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres de México.

La materia de niñez se afirmó en Naciones Unidas en 1998. La Convención sobre los Derechos de los Niños que representó un importante avance para la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dentro de ello, los derechos a la protección contra cualquier forma de violencia, enunciando en su artículo 19 que los estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño y a la niña contra la forma de perjuicio y abuso físico o mental, descuido o trata y negligencia.

En México se han impulsado también diversas asociaciones de los distintos órdenes y niveles de gobierno, orientados a promover y hacer efectiva la igualdad de género y la discriminación contra las mujeres en 2001.

Se promulgó la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, creando el Inmujeres, encargado de impulsar y dirigir las políticas nacionales hacia la igualdad de género.

En 2006 se publicó la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, exigiendo el establecimiento del sistema y Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

En 2007, tras un largo proceso legislativo, se promulgó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuya importancia jurídica radica justamente en el derecho de las mujeres a no ser violentadas de ninguna forma.

En 2009 la norma oficial mexicana estableció los criterios de prevención y atención de violencia familiar y sexual contra la mujer. En 2014 la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

En Jalisco se aprobó la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Se creó el Subcomité Especial Transversal para la Igualdad de Género. Entre otras cosas, se cuenta con el Programa Igualdad de Género, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad de los actores intelectuales, sociales, orientada a atender desigualdad de género.

También se aprobó en 2003 la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Aunque en Jalisco se ha avanzado en el tema, falta mucho por hacer para lograr erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, pues hoy en día el estado ocupa el tercer lugar en violencia de género en el país.

Amigos, esto ya no lo podemos permitir, señores diputados. La violencia contra las mujeres, contra las niñas y contra los adolescentes es cada vez más alta. Por favor reflexionemos sobre este punto de acuerdo para que se haga algo contra esas personas violentadas. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Educación Pública de Jalisco a fortalecer de manera coordinada los programas y las acciones para combatir la violencia de género, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Antonia Cárdenas Mariscal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1, artículo 6o., y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

Primera. El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia ha sido reafirmado en el sistema internacional de los derechos humanos. La jurisprudencia internacional ha establecido el deber de los Estados de actuar con la debida diligencia para proteger los derechos humanos y los derechos de las mujeres.

En América Latina y el Caribe, los principios de igualdad y no discriminación forman el núcleo del sistema interamericano de derechos humanos, que obligan a los países a garantizar todos los derechos y libertades sin discriminación por razones de sexo, de acuerdo con lo establecido en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en el artículo 2 de la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que al tenor dice: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen el derecho y deberes consagrados en esta declaración, sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”.

La Convención de Belém do Pará, el instrumento con mayor número de ratificaciones del sistema interamericano, es particularmente relevante pues refleja la preocupación de diversos países, incluido México, por atender la discriminación que las mujeres han sufrido históricamente, la violencia de la que han sido objeto y la necesidad de adoptar estrategias integrales para prevenir, sancionar y erradicar estos problemas alarmantes y preponderantes.

Por otro lado, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, considerada la carta internacional de los derechos de la mujer; la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, efectuada en El Cairo, Egipto, en 1994; y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de 1995 en Beijín, representaron también el inicio de una nueva generación de estrategias y políticas públicas en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres para México.

En materia de niñez, se firmó en Naciones Unidas (1898) la Convención sobre los Derechos del Niño, que representó un importante avance para la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dentro de ellos, el derecho a la protección contra cualquier forma de violencia enunciando en su artículo 19 que “los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente...”

En México se han impulsado también diversas acciones de los distintos órdenes y niveles de gobierno, orientados a promover y hacer efectiva la igualdad de género y la no discriminación contra las mujeres; en 2001 se promulgó la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, creando el Inmujeres, encargado de impulsar y dirigir las políticas nacionales hacia la igualdad de género, en 2006 se publicó la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, exigiendo el establecimiento del sistema y programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres; en 2007 tras un largo proceso legislativo, se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuya importancia jurídica radica justamente en el derecho de las mujeres a no ser violentadas de ninguna forma; en 2009 la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, que establecía los criterios de prevención y atención de violencia familiar y sexual contra mujeres y en 2014 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En Jalisco se aprobó la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, se creó el Subcomité Especial Transversal para la Igualdad de Género y, entre otras cosas, se cuenta con el programa Igualdad de Género, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de los actores institucionales y sociales orientadas a atener desigualdades de género; también se aprobó en 2003 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Aunque en Jalisco se ha avanzado en el tema, falta mucho por hacer para lograr erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, pues hoy día el Estado ocupa el tercer lugar en violencia de género del país.

Segunda. En Jalisco, la población asciende a 7 millones 844 mil 830 habitantes. De ellos, 2 millones 567 mil 884 son niños y adolescentes; es decir, 34.9 por ciento del total poblacional.

Estas cifras sitúan el estado como la cuarta entidad más poblada del país (alberga a 6.5 por ciento del total poblacional) y la tercera con mayor número de niños y adolescentes de entre 0 y 19 años de edad.

Los niños y los adolescentes jaliscienses, según su grupo de edad y sexo suman

Población de 0 a 4 años: 694 mil 948.

• Mujeres: 341 mil 197.

• Hombres: 353 mil 751.

Población de 10 a 14 años: 714 mil 393.

• Mujeres: 352 mil 296.

• Hombres: 362 mil 97.

Población de 15 a 19 años: 715 mil 3.

• Mujeres: 354 mil 828.

• Hombres: 360 mil 175.

De las cifras citadas, la población de entre 5 años y más que asiste a la escuela es de 2 millones 11 mil 746, población considerablemente alta.

En nivel primaria, Jalisco cuenta con 5 mil 902 escuelas, con 32 mil 167 docentes frente a grupo, que atienden a 942 mil 960 estudiantes, de las cuales 89.1 por ciento son públicas (5 mil 404), 118 indígenas, 380 comunitarias y 10.0 por ciento (589) privadas.

Respecto a secundarias, el número es de 2 mil 22 escuelas, con 28 mil 84 docentes y 421 mil 241 alumnos; de ellas, mil 696 (83.9 por ciento) son públicas y 326 (16.1) privadas. En el nivel medio superior, se estima que son 792 escuelas, de las cuales 64.4 por ciento son públicas y 35.6 privadas, con un total de 15 mil 877 docentes (68.3 por ciento en públicas y 31.7 en privadas), atendiendo alrededor de 252 mil 221 alumnos. De éstos, 24 mil 504 asisten en la modalidad de profesional técnico, 160 mil 677 en la de bachillerato general y 55 mil 816 en bachillerato técnico.

Sabemos que la educación es un derecho humano fundamental reconocido desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reiterado en la Convención sobre los Derechos del Niño y amparado por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La educación, de acuerdo con la reforma de 2013 debe ser de calidad, pero no sólo eso, debe garantizar un entorno seguro para la comunidad estudiantil, pues es la educación el derecho que habilita y fortalece el ejercicio de los demás derechos.

Tercera. Preocupantemente, la violencia de género en las escuelas se ha convertido en uno de los problemas principales de la sociedad Jalisciense, teniendo un impacto negativo en el proceso enseñanza-aprendizaje, en el desarrollo sano de las comunidades estudiantiles y transgrediendo el derecho de niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia.

La violencia de género se refiere a “todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada”.

En septiembre del año pasado, durante el segundo seminario internacional de psicología jurídica y forense Delito e intervención, en la Universidad de Guadalajara, la doctora Claudia Chan Gamboa, Jefa del Departamento de Psicología aplicada del Centro Universitario de Ciencia de la Salud, recalcó, como resultado de un estudio aplicado en 2015 que, por lo menos una tercera parte de las estudiantes sufre o ha sufrido violencia de género que va desde el maltrato psicológico, emocional, hasta el maltrato físico, y lo que es más preocupante es que a pesar de que se trata, en la mayoría de los casos, de una población informada no fueron capaces de reconocer que son víctimas de violencia.

Lo anterior denota una grave problemática: la violencia se ha naturalizado en muchas aulas de instituciones educativas, al grado en que las estudiantes no se perciben como maltratadas, pues se han acostumbrado a las conductas violentas de sus compañeros de clases, de sus compañeros sentimentales e incluso de docentes o personal de las mismas instituciones.

De acuerdo con estudios doctorales realizados por el doctor Francisco Javier Rodríguez Díaz, investigador de la Universidad de Oviedo, España, concluyó que Jalisco es el segundo estado con mayor nivel de violencia escolar contra mujeres.

Cuarta. Las causas de la violencia de género son diversas, sin duda el machismo está presente en México, de acuerdo con la investigación del doctor Francisco Javier Rodríguez 53 por ciento de los hombres se han burlado de las mujeres y 74 por ciento las ha ridiculizado e insultado como grupo, esta conducta se transmite a los varones desde pequeños y se replica durante la infancia, se acentúa en la adolescencia y puede incrementarse en la juventud y la edad adulta.

No debemos olvidar que la violencia es un acto que, ya sea único o reiterado, puede ocasionar daños irreversibles, pues implica un abuso del poder mediante el empleo de la fuerza, física o psicológica.

Quinta. La naturalización de la violencia como solución de conflictos comienza la mayoría de las veces en la infancia; se recrea y se admite en la escuela, donde el ambiente y las conductas de alumnos, maestros y directivos, fortalecen día a día las diferencias entre hombres y mujeres que ven como natural la violencia genérica, la pasan por alto o simplemente la ignoran; ahí, en las aulas, se admite la violencia contra las niñas y la discriminación a los varones diferentes.

Aunado a ello, el profesorado que no se da cuenta del problema o no le brinda la atención requerida debido a un bajo conocimiento sobre la violencia de género y el acoso como acto cotidiano de discriminación en contra de las niñas y adolescentes.

Sexta. El artículo 73 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco establece como obligación de las autoridades asegurar la asignación prioritaria de recursos para el respeto, protección, promoción y ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con la ley general, la ley estatal y demás disposiciones aplicables.

Ninguna violencia contra niñas y mujeres es justificable y toda violencia es prevenible, en ningún plantel educativo, en ninguno de sus niveles debe haber concesiones en el rechazo a la violencia.

Aunque el gobierno de Jalisco ha llevado a cabo acciones significativas para brindar a la niñez y adolescencia un lugar importante dentro de la agenda de políticas públicas y aunque en septiembre de 2015 el Congreso del estado aprobó la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sin duda un avance normativo de armonización y reforma necesaria para la implementación de la legislación sobre la infancia, aún existen áreas prioritarias de atención como la violencia de género, por ello, es altamente necesario que el gobierno del estado y la Secretaría de Educación de Jalisco, así como las dependencias competentes programen y fortalezcan acciones para prevenir, atender y erradicar esta problemática en todos los planteles del sistema educativo estatal, con la intención de garantizar el acceso a la justicia y la igualdad de las niñas, adolescentes y jóvenes, así como detectar y atender a prontitud casos de urgencia.

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al titular del Ejecutivo y a la Secretaría de Educación de Jalisco a fortalecer de manera coordinada los programas y las acciones para combatir la violencia de género en todas las escuelas del sistema educativo estatal.

Notas:

1 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 2.

2 OEA. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia . Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2006-2011.

3 Red por los Derechos de la Infancia. La violencia contra niños y adolescentes en México. Miradas regionales, México, 2010, página 6.

4 Inegi. Jalisco en cifras, 2010-2015.

5 Inegi. Jalisco en cifras, Indicadores Educación 2010-2015.

6 SEP. Principales cifras del sistema educativo, 2015.

7 Ibídem.

8 Universidad Autónoma de Chiapas. Violencia de género, Portal Universitario para la Atención de Violencia de Género, México, 2015.

9 Rodríguez, Francisco Javier. Actitudes de género y violencia en el noviazgo de adolescentes y jóvenes mexicanos escolarizados, Universidad de Oviedo, Programa de Doctorado en Psicología, Oviedo, España, 2015.

10 Rodríguez, Francisco Javier. Actitudes de género y violencia en el noviazgo de adolescentes y jóvenes mexicanos escolarizados, Universidad de Oviedo, Programa de Doctorado en Psicología, Oviedo, España, 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2017.— Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Cárdenas Mariscal. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra de urgente u obvia resolución.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se considera de urgente u obvia resolución. No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutido, por lo que le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea, si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS



CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la presentación de iniciativas. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 11 Bis, 85, 376 Bis y 377 del Código Penal Federal.

El diputado Evelio Plata Inzunza:Muy buenas tardes, familia. Con el permiso de la Mesa Directiva; con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la iniciativa que me permito someter a la atenta consideración de ustedes, propone adiciones diversas al Código Penal Federal, de tal suerte que el robo de motores marinos fuera de borda, así como de embarcaciones menores esté contenido como figura delictiva en este ordenamiento.

Se busca que la reforma a la ley constituya un mecanismo disuasivo y castigador para la ilícita práctica de la cual son responsables delincuentes simples, pero también amigos de la delincuencia organizada. Es ilógico que a pesar de que estos equipos sean la herramienta de trabajo, representen uno de los mayores activos productivos del sector pesquero. No estén contenidos en el Código Penal Federal, referencia alguna a la comisión del delito de robo de los mismos.

La iniciativa tiene un claro sentido planteamiento del sector social pesquero integrado por aproximadamente 270 mil pescadores. Este sector dispone para su actividad 110 mil motores marinos fuera de borda, igual número de embarcaciones, quienes revelan que la incidencia acumulada en los últimos años recientes, el robo de motores marinos y embarcaciones, motores y pangas, representan una suma de dos mil 100 unidades cuyo valor unitario es de 250 mil pesos considerando el motor marino y la panga o la embarcación menor y eso arroja pérdidas al sector pesquero por el orden de 525 millones de pesos.

La propuesta tiene como objetivo aprobar una reforma cuya finalidad sea garantizar mayor protección legal al patrimonio de miles de pescadores que gracias a su esfuerzo diario buscan el sustento de sus familias y a contribuir con su trabajo a la producción de alimentos a los mexicanos y, en consecuencia, generar empleo en sus comunidades pesqueras.

Es una medida que procura brindar seguridad jurídica para los bienes de trabajo que significan la subsistencia de miles de pescadores, de miles de familias humildes en los campos de todo el país.

Creo que es muy doloroso cuando una familia, un ciudadano, una ciudadana pierde su medio de transporte, su medio de transportar, de comunicar, de llevar a sus familias. Imagínense lo doloroso para una familia pesquera perder su herramienta de trabajo. Ahí no hay Uber, ahí no hay camiones, ahí no hay trolis. No tienen otra alternativa para buscar el sustento familiar.

Por eso, amigas y amigos, es el apoyo que humildemente se les pide para que esta iniciativa sea aprobada. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 11 Bis, 85, 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Evelio Plata Inzunza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan disposiciones a la fracción XI del artículo 11 Bis, al inciso h del numeral I del artículo 85, al artículo 376 Bis y a las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 377 del Código Penal Federal, con el propósito de garantizar protección legal al patrimonio del sector social pesquero, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El sector social pesquero ribereño, costero, de altamar y aguas internas del país, integrado por un aproximado a 270 mil pescadores, agrupados en sociedades cooperativas, de solidaridad, uniones y sociedades rurales y otros más que operan como libres permisionarios, tienen como herramienta fundamental de trabajo: motores marinos fuera de borda y embarcaciones menores, necesarios estos para la subsistencia del día a día.

Este grupo de pescadores habita junto con sus familias, mayoritariamente comunidades asentadas en 265 municipios costeros, ubicados en 17 de las 31 entidades federativas del país que conforman los litorales del pacífico, golfo de California, golfo de México y mar caribe.

Son poblaciones, cuyos indicadores de desarrollo y bienestar social están por debajo de la media nacional, amén de enfrentar insuficiencias en la aplicación de políticas públicas y falta de presupuesto para la generación de programas públicos, Factores estos, que no les permite en consecuencia procurar un aprovechamiento óptimo y racional de los recursos pesqueros.

Los trabajadores pesqueros viven en comunidades, cuyos asentamientos acusan una marcada e histórica falta de servicios públicos básicos y de infraestructura urbana, además de que las fuentes de empleo resultan insuficientes, así como las alternativas que permitan dar valor agregado a la producción.

Dirigentes del sector social pesquero han reiterado la triste y lamentable realidad que se vive en los campos pesqueros, que sin bien han recibido atención por parte de las autoridades correspondientes, las inversiones aplicadas han resultado en apoyos de carácter paliativo, muy lejos de garantizar la solución integral a una demanda muy diversa de necesidades sociales.

Ello ocurre muy a pesar de la capacidad de trabajo y productividad, así como de compromiso demostrada por los propios pescadores, quienes y cuyas familias, siguen a la espera de ser atendidos con la aplicación de programas integrales de rescate y políticas públicas suficientes.

Son trabajadores que en el día a día enfrentan largas y pesadas jornadas de labor en las diversas pesquerías, en el ánimo de obtener una pesca mayor que les represente a ellos y sus familias un mejor ingreso económico en términos de la productividad alcanzada.

De conformidad con información de carácter confiable, los pescadores del sector social de ribera, costa, altamar y aguas internas, disponen para su actividad de 110 mil motores marinos fuera de borda e igual número de embarcaciones menores. Herramientas estas que constituyen su patrimonio económico, a partir de lo cual pueden garantizar el sustento de sus hogares.

Embarcaciones y motores que son instrumentos muy necesarios para los pescadores, constituyen con mucho el mayor de los activos del sector productivo pesquero, virtud al valor económico que representan estas herramientas de trabajo.

En razón de las características y valor propio, embarcaciones menores y motores marinos fuera de borda, figuran en la lista de bienes atractivos para asaltantes, sean éstos delincuentes simples y hasta delincuencia organizada.

Es preciso abundar que en años recientes, pescadores ribereños, costeros, de altamar y aguas internas, han sido blanco de asaltos, al venir resintiendo el robo de motores fuera de borda y de embarcaciones menores, quedando sin defensa legal efectiva, a causa de disposiciones penales endebles que se ven traducidas en falta de normas rígidas y coactivas.

El delito reviste todavía mayor gravedad, dado que se ha documentado que unidades robadas son usadas a su vez por los asaltantes en la comisión de otros ilícitos, lo cual escala la incidencia de hechos delictivos.

Cifras proporcionadas tanto por la Confederación Nacional Cooperativa Pesquera que agrupa a 167 mil pescadores, organizados en 40 federaciones y 3 mil 214 cooperativas, así como por la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras que constituye a 35 mil pescadores, organizados en 480 cooperativas y 26 federaciones, revelan que la incidencia acumulada de robo de motores marinos y embarcaciones menores representa una suma de 2 mil 100 unidades. Esto es, el 1.9 por ciento del padrón total.

Denuncian que hay regiones de litoral donde por temporadas específicas, éste promedio acumulado de robos es aún mayor, llegando incluso al 3 por ciento del padrón de unidades registradas.

El robo de unidades para el trabajo pesquero, que considera tanto al motor marino fuera de borda como a la embarcación menor, cuyo valor unitario promedia los 250 mil pesos, arroja un acumulado en pérdidas para el sector por el orden de los 525 millones de pesos.

Es así que la presente propuesta tiene como objetivo, aprobar una reforma cuya finalidad sea garantizar mayor protección legal al patrimonio de miles de pescadores, que gracias a su esfuerzo diario procuran el sustento de sus familias, al contribuir con su trabajo a la producción de alimentos y en consecuencia a la generación de riqueza en sus comunidades.

Resulta un contrasentido que a pesar de que motores marinos fuera de borda y embarcaciones menores representan junto a la mano de obra el mayor de los activos productivos del sector pesquero, no esté contenido expresamente en el Código Penal Federal referencia alguna a la comisión del delito de robo de estos instrumentos de trabajo y que incluso no dispongan de la garantía de un seguro contra robo.

En razón de ello, la iniciativa que rescata y atiende en sus términos un claro y sentido planteamiento del sector social pesquero, propone adiciones diversas al Código Penal Federal, de suerte tal que el robo de motores marinos fuera de borda y de embarcaciones menores, esté reconocido y contenido como figura delictiva en este ordenamiento, de manera que la medida constituya un mecanismo disuasivo para la ilícita práctica.

En lo genérico, propone que el robo de motores marinos fuera de borda y de embarcaciones menores, sea considerado un delito grave y procurar en consecuencia seguridad jurídica para los bienes de trabajo que significan la subsistencia de miles de pescadores.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan disposiciones a la fracción XI del artículo 11 Bis, al inciso h del numeral I del artículo 85, al artículo 376 bis y a las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 377 del Código Penal Federal

Artículo Único. Se adicionan disposiciones a la fracción XI del artículo 11 bis, al inciso h del numeral I del artículo 85, al artículo 376 bis y a las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 377 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 11 Bis. Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos:

De la I a la X...

XI. Robo de vehículos, de motores marinos fuera de borda y de embarcaciones menores, previsto en el artículo 376 bis y posesión, comercio y tráfico de vehículos así como de motores marinos fuera de borda y de embarcaciones menores robados y demás comportamientos previstos en el artículo 377;

De la XII a la XVI...

Artículo 85. No se concederá la libertad preparatoria a:

I. Los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este Código que a continuación se señalan:

Del a) al g)...

h) Robo de vehículo, de motor marino fuera de borda y de embarcación menor, previstos en el artículo 376 bis;

Del i) al l)...

Artículo 376 Bis.Cuando el objeto robado sea un vehículo automotor terrestre, un motor marino fuera de borda o una embarcación menorque seanobjetos de registro conforme a las leyesde la materia correspondiente ,con excepción de las motocicletas, la pena será de siete a quince años de prisión y de mil quinientos a dos mil días multa.

La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una mitad, cuando en el robo participe algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito o ejecución de penas y, además se le aplicará destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

Artículo 377. Se sancionará con pena de cinco a quince años de prisión y hasta mil días multa, al que a sabiendas y con independencia de las penas que le correspondan por la comisión de otros delitos:

I. Desmantele algún o algunos vehículos, algún o algunos motores marinos fuera de borda y alguna o algunas embarcaciones menores robadoso comercialice conjunta o separadamente sus partes;

II.Enajene o trafique de cualquier manera con vehículo o vehículos, motor o motores marinos fuera de borda y embarcación o embarcaciones menores robados;

III. Detente, posea, custodie, altere o modifique de cualquier manera la documentación que acredite la propiedad o identificación de un vehículo, motor marino fuera de borda y embarcación menor robados;

IV. Traslade el o los vehículos, el o los motores marinos fuera de borda y la embarcación menor o embarcaciones menores robadosa otra entidad federativa o al extranjero, y

V. Utilice el o los vehículos, el o los motores marinos fuera de borda y la o las embarcaciones menores robadosen la comisión de otro u otros delitos.

A quien aporte recursos económicos o de cualquier índole, para la ejecución de las actividades descritas en las fracciones anteriores, se le considerará copartícipe en los términos del artículo 13 de este Código.

Si en los actos mencionados participa algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito o de ejecución de penas, además de las sanciones a que se refiere este artículo, se le aumentará pena de prisión hasta en una mitad más y se le inhabilitará para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un periodo igual a la pena de prisión impuesta.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2017.— Diputadas y diputados: Evelio Plata Inzunza,Felipe Cervera Hernández, Jesús Antonio López Rodríguez, José Hugo Cabrera Ruiz, Natalia Karina Barón Ortiz, Próspero Manuel Ibarra Otero, Ramón Bañales Arambula, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Plata Inzunza. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.



LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional, suscrita por los diputados Jorge Ramos Hernández y Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes:Con su venia, diputado presidente. “No soy diplomático, vengo a aprender”. Este, diputadas y diputados, es nuestro canciller quien al día de hoy su aprendizaje ya nos está pasando facturas.

Los 21 mil millones de dólares en los que se calcula la fortuna del Chapo Guzmán, están a punto de quedarse en poder de nuestro vecino del norte y todo aquello porque no ha existido por parte del gobierno federal una postura clara al respecto.

Es por lo anterior que como legisladores estamos obligados a generar acciones que no permitan sucesos tan desafortunados como el descrito, y toda vez que la ley, objeto de la presente reforma, tiene como finalidad regular cuáles son los pasos a seguir por el Estado mexicano en el procedimiento de extradición, además de señalar las autoridades responsables y la metodología de dicho procedimiento. Es ahí donde estableceremos un candado.

La Ley de Extradición Internacional se funda en el principio irrestricto de respetar y garantizar los derechos humanos de aquellas personas que cometieron delitos, garantizando la defensa y el acceso a los recursos legales para su correcta defensa.

Si bien es cierto que en la ley en comento están contempladas todas aquellas aristas legales relacionadas a la defensa del acusado, las condiciones que se llevará a cabo el traslado y los requisitos por los que el Estado mexicano dará su consentimiento para que se conceda la extradición; en este último punto es menester remarcar que no se encuentra contemplado ningún aspecto relacionado al manejo de los recursos de la procedencia ilícita.

Durante los últimos días de enero de 2017, funcionarios de gobierno de Estados Unidos señalaron que una posibilidad de financiamiento del muro entre la frontera que separa a México de este país, podría proveerse del dinero incautado a los narcotraficantes mexicanos.

Haciendo a un lado el tema del muro del que propone el presidente de los Estados Unidos, el Estado mexicano tiene derecho a captar los recursos de procedencia ilícita que han amasado los cárteles del narcotráfico y más aún, cuando nuestro país está accediendo a trasladar a sus connacionales a que pugnen una condena en otro país.

En el moderno paradigma de prevención y combate al crimen organizado, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, diversos tratados internacionales y los expertos en la materia, señalan que ahora no es suficiente el enfrentar dicho fenómeno persiguiendo a los presuntos delincuentes. De semejante o mayor importancia es el de desarrollar acciones tendentes a propiciar la recuperación de activos del crimen organizado.

En esta virtud es que se han desarrollado diversos instrumentos tanto a nivel internacional como domésticos, y es en estos últimos donde se debe de realizar los ajustes necesarios en materia de recuperación binacional de activos.

Ahora bien, y personalizando a los actores involucrados, en este tipo de actividades criminales calculan los fiscales que los ingresos de Joaquín Guzmán Loera oscilan en los 21 mil millones de dólares.

El poder económico de este narcotraficante mexicano fue de tal magnitud que en repetidas ocasiones apareció en la lista de la revistas como Forbes dentro de las personas más ricas del planeta.

Así como El Chapo Guzmán, un sinnúmero de narcotraficantes han realizado operaciones tanto en Estados Unidos como en México, a los cuales se les han incautado bienes y recursos en aquél país. Sin embargo, ignoramos si a México le fueron entregados parte de los recursos incautados en Estados Unidos a estos delincuentes.

Por otro lado, es necesario tomar en cuenta en este contexto de cooperación internacional los recursos que son confiscados a estos delincuentes se distribuyan de manera equitativa entre los países con los que se signen los acuerdos de extradición.

Es por lo anterior que los diputados de Acción Nacional, mis compañeros, el diputado Federico Döring, el diputado Jorge Ramos y la de la voz, proponemos modificar la Ley de Extradición Internacional a fin de establecer a fin de establecer que se concederá la extradición a cambio de que cuando menos, el 50 por ciento del valor total de los recursos confiscados, incautados o entregados por los delincuentes dentro del proceso que se le efectúe en otro país, le sean entregados al Estado mexicano.

Es justo que nuestro país haga exigible la entrega de estos recursos para futuras extradiciones, pues mientras en Estados Unidos con las extradiciones este gobierno capta cantidades millonarias de dinero, aquí en México se lucha contra el narcotráfico ofreciendo la vida de los funcionarios mexicanos.

Diputadas y diputados, nos encontramos en un escenario de política exterior sumamente complejo y confuso. Han quedado atrás todas aquellas buenas prácticas diplomáticas con nuestro vecino del norte, y lo único que vemos constantemente son embates políticos y económicos hacia nuestra nación.

Es sumamente necesario generar acciones concretas que permitan a nuestro México contener dichos embates, pero además que nos den la oportunidad de obtener esto. Un tema de nacionalismo democrático debe ser un tema de acciones que defiendan nuestra dignidad nacional. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional, suscrita por los diputados Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Jorge Ramos Hernández y Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del PAN

Diputados Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Jorge Ramos Hernández y Federico Döring Casar, en su carácter de proponentes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía la iniciativa por la que se modifica la fracción VII y se adiciona una fracción VIII al artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional, con base a la siguiente:

Exposición de Motivos

La figura de la extradición es el acto por el cual un Estado entrega una persona que se encuentra en su territorio a las autoridades de otro país que lo reclama, para someterla a un proceso o para que cumpla una pena que le fue impuesta por la comisión de un delito. Este instrumento jurídico ha servido para que entre distintos países se pueda trasladar a los reos para que cumplan sentencias o condenas y que de manera organizada y sin menoscabar los derechos humanos, puedan compurgar sus penas.

La ley que nos ocupa tiene como objetivo regular cuales son los pasos mediante los cuales el Estado Mexicano va a realizar el procedimiento de extradición, señalando a las autoridades responsables y cuál es la metodología mediante la cual se va a realizar el procedimiento.

La ley de Extradición Internacional se funda en el principio irrestricto de respetar y garantizar los derechos humanos de aquellas personas que cometieron delitos, garantizando la defensa y el acceso a los recursos legales para su correcta defensa en país extranjero.

Si bien es cierto que en la Ley de Extradición Internacional están contempladas todas aquellas aristas legales relacionadas a la defensa del acusado, las condiciones en que se llevará a cabo el traslado y los requisitos por los que el Estado Mexicano dará su consentimiento para que conceda la extradición, en este último punto es menester remarcar que no se encuentra contemplado ningún aspecto relacionado al manejo y destino de los recursos de procedencia ilícita generados por las actividades delincuenciales del solicitado.

El pasado fin de semana, funcionarios del gobierno de Estados Unidos señalaron que una posibilidad de financiamiento del muro entre la frontera que separa a México de ese país podía proveerse del dinero incautado a los narcotraficantes mexicanos. Haciendo a un lado la ignominia respecto al muro que propone construir el presidente de Estados Unidos, el Estado mexicano tiene derecho a captar los recursos de procedencia ilícita que han amasado los carteles del narcotráfico y más aún, cuando se está accediendo a trasladar a sus connacionales a que purguen una condena en otro país.

Entre el primero de enero de 1994 hasta el 30 de abril de 2016 se efectuaron 1090 extradiciones de delincuentes a Estados Unidos, sin contar el traslado de Joaquín “el Chapo” Guzmán a una cárcel en aquel país.

La mayoría de los casos de extradiciones se han efectuado en el contexto de la lucha de los Estados contra el delito del narcotráfico. Podemos asegurar que la figura de la extradición ha funcionado en el esquema de cooperación internacional para atacar de manera más efectiva aquellas estructuras que sustentan su poderío en la base económica que brindan las ganancias millonarias de la venta de enervantes. Diversos estudios señalan que el negocio del narcotráfico representa tan solo en México la cantidad de 40,000 mil millones de dólares, cantidad estratosférica en relación a los recursos asignados por los Estados para luchar contra las mafias que controlan esta actividad.

Ahora bien, y personalizando a los actores involucrados en este negocio, se calcula que la fortuna personal del recién extraditado Joaquín Guzmán Loera oscila en los 21 mil millones de dólares. El poder económico de este narcotraficante mexicano fue de tal magnitud que en repetidas ocasiones apareció en la lista de la revista Forbes dentro de las personas más ricas del planeta.

Otros narcotraficantes que han sido extraditados y que también poseían fortunas cuantiosas y que se les detectó bienes en distintas partes de México y Estados Unidos son entre otros, Alfredo Beltrán Leyva “el Mochomo”, Vicente Zambada Niebla, Sandra Ávila “La Reina del Pacifico”, Osiel Cárdenas Guillen, Javier Torres “el JJ”, Édgar Valdez Villareal, apodado “la Barbie”, Jorge Eduardo Costilla Sánchez, apodado como “el Coss” y Benjamín Arellano Félix entre otros.

Estas personas realizaban operaciones que generaron recursos ilícitos, tanto en Estados Unidos como en México, sin embargo, a México nunca le fueron entregados parte de las ganancias confiscadas en Estados Unidos a estos delincuentes, o por lo menos no existe reporte alguna de retribución por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Por otro lado, es necesario que tomando en cuente el contexto de cooperación internacional, los recursos que son confiscados a estos delincuentes es necesario que se distribuyan de manera equitativa entre los países con los que se signen los acuerdos de extradición. Solo por poner un ejemplo, el caso de Benjamín Arellano Félix quien fue extraditado a Estados Unidos y poseía una fortuna de alrededor de 650 millones de dólares y a quien en 2012, una Corte en Estados Unidos le obligó a pagar una multa por 100 millones de dólares, por lo que el delincuente se vio obligado a trasladar al gobierno de ese país dinero, propiedad y valores en México con que saldar la sanción. Como vemos, la extradición de Benjamín Arellano representó una recuperación para EUA de una cantidad importante de dinero, sin que México pudiera ver ni un centavo de esas entregas de bienes y valores.

Es innegable que las extradiciones son un instrumento necesario para el intercambio de información e inteligencia entre los Estados y más aún tienen relevancia para castigar de manera eficaz a los capos teniendo en consideración las condiciones de las cárceles mexicanas, pues estas no pueden garantizar que los criminales terminen sus condenas o que no sigan operando estos negocios ilícitos dentro de las rejas, sin embargo es necesario darle facultades a las autoridades mexicanas para exigir la entrega de los bienes, dinero o cualesquiera de los valores generados al amparo de la comisión de delitos.

Como podemos ver, existe un vacío legal que no contempla que el Estado mexicano pueda hacer exigible la repartición de las fortunas de los capos o cualquier otro delincuente extraditado. En este contexto y tomando en consideración la cantidad estratosférica de recursos, tanto humanos como materiales que nuestro país está gastando para detener el flujo de drogas al principal consumidor de estupefaciente que es nuestro vecino del norte, es menester asegurar que parte de los bienes o recursos económicos incautados a estas mafias también sean entregados al gobierno federal mexicano.

Se propone modificar la fracción VII y adicionar una fracción VIII del artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional, esto con el objeto de plasmar la exigencia de que los recursos que sean confiscados, incautados o entregados por los delincuentes dentro del proceso que se le efectué en otro país le sean entregado al Estado mexicano, por lo menos el cincuenta por ciento de estos.

Al día de hoy no sabemos en qué condiciones está siendo extraditado Joaquín Guzmán Loera, pero lo que sí es un hecho es que la fortuna de este capo es cuantiosa y estos recursos van a ir a parar a las arcas del gobierno de Estados Unidos sin que México vea un solo centavo.

Es justo que nuestro país haga exigible la entrega de estos recursos para futuras extradiciones, pues mientras en Estados Unidos con estos intercambios de reos capta cantidades millonarias de dinero, aquí en México se lucha contra el Narcotráfico ofreciendo las vidas de funcionarios mexicanos sin que nuestro gobierno obtenga retribución alguna por estar librando esta batalla.

Esta modificación contempla sancionar a aquellos funcionarios que de manera indebida sean omisos en hacer exigible la entrega de recursos que surjan de las investigaciones y durante los procesos que se les lleve a cabo a los delincuentes en los países solicitantes de la extradición. Los funcionarios que no hagan esta exigencia, podrán ser sujetos de responsabilidad administrativa y penal.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa

Decreto por el que se modifica la fracción VII y se adiciona una fracción VIII al artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional

Único. Se modifica la fracción VII y se adiciona una fracción VIII al artículo 10 de la ley de Extradición Internacional, para quedar como sigue:

Artículo 10. El Estado mexicano exigirá para el trámite de la petición, que el Estado solicitante se comprometa:

I. Que, llegado el caso, otorgará la reciprocidad;

II. Que no serán materia del proceso, ni aún como circunstancias agravantes, los delitos cometidos con anterioridad a la extradición, omitidos en la demanda e inconexos con los especificados en ella. El Estado solicitante queda relevado de este compromiso si el inculpado consciente libremente en ser juzgado por ello o si permaneciendo en su territorio más de dos meses continuos en libertad absoluta para abandonarlo, no hace uso de esta facultad;

III. Que el presunto extraditado será sometido a tribunal competente, establecido por la ley con anterioridad al delito que se le impute en la demanda, para que se le juzgue y sentencie con las formalidades de derecho;

IV. Que será oído en defensa y se le facilitarán los recursos legales en todo caso, aun cuando ya hubiere sido condenado en rebeldía;

V. Que si el delito que se impute al reclamado es punible en su legislación hasta con la pena de muerte o alguna de las señaladas en el artículo 22 constitucional, sólo se impondrá la de prisión o cualquier otra de menor gravedad que esa legislación fije para el caso, ya sea directamente o por substitución o conmutación.

VI. Que no se concederá la extradición del mismo individuo a un tercer Estado, sino en los casos de excepción previstos en la segunda fracción de este artículo.

VII. En los casos de que el acusado haya cometido delitos relacionados con la generación y manejo de recursos de procedencia ilícita en México y en el país solicitante de la extradición, el solicitante deberá hacer entrega al Estado Mexicano de por lo menos el cincuenta por ciento de los bienes o valores incautados al acusado, salvo que se acredite de manera fehaciente ante la autoridad judicial competente que los recursos no fueron generados a partir de actividades delincuenciales cometidas por el solicitado en el territorio nacional mexicano.

La omisión de la autoridad mexicana en conceder la extradición sin agotar la solicitud de entrega de recursos contemplados en este artículo, será motivo suficiente para que se destituya al funcionario responsable y se le inicie procedimiento de responsabilidad administrativa y penal por uso ilícito de atribuciones y facultades; y

VIII. Que proporcionará al Estado mexicano una copia auténtica de la resolución ejecutoriada que se pronuncie en el proceso.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 7 de febrero de 2017.— Diputadas y diputados:: Arlette Ivette Muñoz Cervantes,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Azul Etcheverry Aranda, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Emma Margarita Alemán Olvera, Federico Döring Casar, Gerardo Federico Salas Díaz, Gretel Culin Jaime, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Jesús Antonio López Rodríguez, Jorge Ramos Hernández, José Everardo López Córdova, Leticia Amparano Gamez, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis Fernando Antero Valle, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María García Pérez, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Martha Cristina Jiménez Márquez, Miguel Ángel Salim Alle, Sara Paola Galico Felix Díaz, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.



LEY DE NACIONALIDAD

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Agustín Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 17 y 19 de la Ley de Nacionalidad.

El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, hoy en México los mexicanos por nacimiento tenemos derecho a la doble nacionalidad, pero los mexicanos por naturalización no lo tienen. Esto genera tres problemas:

El primero es una violación a los derechos humanos, es discriminatorio, hay mexicanos de primera y de segunda, eso no tiene justificación porque en términos culturales este país, la cultura mexicana, se ha enriquecido por múltiples culturas, la cultura de nuestros pueblos originarios desde luego, la de los inmigrantes españoles y de otras partes de Europa, y las de muchos otros inmigrantes que no tienen por qué renunciar a sus raíces.

En segundo lugar es una ficción jurídica, es el ejemplo clásico del abismo que hay en muchas de las normas mexicanas, entre la ley y la realidad, porque si bien a un extranjero que se le otorga la nacionalidad mexicana, se le obliga en la Secretaría de Relaciones Exteriores a que firme una carta renunciando a su nacionalidad, el país de origen lo sigue considerando como su nacional, la nacionalidad es irrenunciable en la mayor parte de los países del mundo.

Los mismos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores le dicen al extranjero que se está naturalizando: mira, no uses tu pasaporte o el pasaporte de tu país de origen en México, pero no lo tires, cuídalo, cuando viajes úsalo afuera.

Es decir, hay una simulación de la que o a la que los mexicanos somos tan proclives, pero en tercer lugar, en la era Trump es importante facilitar que los ciudadanos estadounidenses, por ejemplo de tercera generación, de origen mexicano, vengan a obtener su nacionalidad mexicana sin perder la estadounidense, y muchos de ellos, yo he platicado con varios, no lo hace porque dicen: Me van a hacer firmar una carta en donde yo renuncio a mi nacionalidad estadounidense.

Lo que necesitamos en estos momentos en México es lo contrario, es atraer a que tengan doble nacionalidad los méxico-americanos, que tengan también la nacionalidad mexicana y por qué no, también algunos otros ciudadanos norteamericanos o estadounidenses de origen latinoamericano que por diversas razones tienen cercanía con nuestro país.

Si queremos entonces combatir la discriminación y la violación a los derechos humanos, si queremos combatir ese mexicanísimo vicio del abismo entre la norma y la realidad y en este caso concreto acercar la ley a la realidad, y si queremos facilitar a los ciudadanos estadounidenses que por cualquier razón, sea por razones de herencia de sangre, sea por razones de afinidad cultural, quieran y puedan tener también la nacionalidad mexicana, tenemos que hacer una reforma al artículo 37 constitucional y algunas otras reformas a la Ley de Nacionalidad.

Eso es lo que propone mi iniciativa. Lo que propone es que al extranjero que se naturaliza mexicano también se le permita, como debe ser, como a los otros mexicanos, a quienes somos mexicanos por nacimiento, tener más de una nacionalidad y que no por ello se les discrimine.

Hay una provisión también que está en nuestra norma, que dice que hay causales de pérdida de nacionalidad, pero solo para los naturalizados, y una de ellas es vivir cinco años fuera de México. ¿Por qué se va a perder la nacionalidad por vivir cinco años fuera de México? Un mexicano por nacimiento puede vivir toda su vida en el extranjero, puede ni siquiera hablar español y llegar a México a una edad avanzada y ser hasta presidente de la República.

¿Por qué aún naturalizado se le va a exigir que permanezca en México todo el tiempo y que no salga y que no pueda vivir fuera del país por cinco años, porque pierde su nacionalidad? No tiene sentido, tenemos que enmendar este error, primero por lo primero, por las razones más importantes, las razones de derechos humanos y de no discriminación, y después también para combatir esa distancia entre norma y realidad, y finalmente, por razones políticas, porque nos conviene a los mexicanos, porque le conviene a México. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 17 y 19 de la Ley de Nacionalidad, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD

Exposición de Motivos

Exigir a los extranjeros la renuncia de su nacionalidad de origen implica una transgresión a los derechos humanos. No hay razones válidas para obligar a una persona a que abandone y deje de lado las raíces culturales y sociales que durante largo tiempo, al menos hasta la mayoría de edad, le dieron una identidad. Por lo demás, hoy más que nunca las personas poseen identidades múltiples, e incluso las naciones más homogéneas contienen una diversidad identitaria causada en buena medida por la creciente migración. Más aún, la forja del México actual se dio en torno a la coexistencia de los pueblos originarios, la población española en particular y europea en general que inmigró y la “tercera raíz” africana, además de inmigrantes libaneses, árabes, judíos y otros provenientes de todos los continentes. No se es menos mexicano o mexicana por conservar una herencia cultural que, de hecho, muy probablemente ya forme parte de lo que llamamos mexicanidad.

Por otra parte, en nuestro país y en muchos otros la renuncia de la nacionalidad de origen no posee ningún valor jurídico, por lo que es innecesario establecer ese requisito para la obtención de la nacionalidad mexicana. Pedirlo equivale a tener diferentes clases de mexicanos, con los nacionales por nacimiento en primera y los nacionales por naturalización en segunda, puesto que los primeros poseen el derecho a tener doble nacionalidad en tanto que los segundos sólo pueden aspirar a tener la mexicana.

Antecedentes

Las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial impulsaron el avance en el derecho internacional de los derechos humanos, específicamente en la protección a la persona respecto a la posesión de una nacionalidad aunque ésta no fuese la de origen. Como toda institución jurídica, el derecho humano a la nacionalidad ha ido evolucionando hasta conformar el derecho a la doble nacionalidad, el cual se configura como sub derecho respecto de la nacionalidad. Inicialmente el derecho a la doble nacionalidad sólo se pensó desde la perspectiva de aquellas personas que desean tener, de forma adicional, una nacionalidad distinta a la del país que le reconoce como su nacional, para dar cumplimiento a los principios que en materia de derechos humanos se han establecido en los diversos instrumentos internacionales de la materia.

El derecho a la nacionalidad se configura por primera vez en el marco internacional de los derechos humanos, en el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La finalidad inicial del derecho a la nacionalidad era permitir a todo individuo la protección de un estado determinado. En los casos en que no ha sido posible otorgar nacionalidad alguna a una persona, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha llegado a brindar la protección que debería dar un estado a sus nacionales; por ello hay quienes, sin ser parte del personal diplomático de la ONU, transitan por el mundo con un pasaporte expedido por las Naciones Unidas.

Las instituciones jurídicas no son estáticas, y menos lo son aquellas que tutelan los derechos humanos. En este sentido, el desarrollo del derecho a la nacionalidad derivó en el sub-derecho a poseer más de una nacionalidad. Este sub-derecho permite a las personas adquirir una nacionalidad sin tener que perder la de origen. México reconoce en el apartado A) del artículo 37 constitucional que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad, pero se incurre en una contradicción al reconocer el derecho a la doble nacionalidad para aquellos que tengan la mexicana por nacimiento y negarle ese derecho a los nacionales por naturalización, cuyos países de origen también estipulan la no pérdida de su nacionalidad.

Lo anterior posee dos implicaciones negativas. La primera es que nuestra Constitución discrimina a los mexicanos por naturalización, porque el derecho a la doble nacionalidad sólo se les otorga a los mexicanos por nacimiento. Es decir, hay mexicanos de primera –los nacionales por nacimiento– y de segunda –los naturalizados–, lo cual violenta el principio de igualdad consagrado dentro del artículo 1o. constitucional. La segunda estriba en la inoperancia de la renuncia que se les exige a los mexicanos por naturalización respecto de su nacionalidad de origen, puesto que en estos no se considera válida, como en México no se acepta la pérdida de la nacionalidad mexicana de sus nacionales por nacimiento que renuncian a ella. Así como para las autoridades mexicanas no existen efectos jurídicos de esas renuncias, tampoco existen para las autoridades de otros estados; en ambos casos se sigue brindando la protección del estado de origen a las personas que renuncian a su nacionalidad.

Ahora bien, el argumento de que toda persona tiene el derecho a renunciar a su nacionalidad se refuta, en el caso de la norma mexicana, por el hecho de que en todo caso esa renuncia debe hacerse de forma libre y no como producto de coacción alguna como lo es el condicionamiento para la adquisición de la nacionalidad por naturalización. Es una falacia considerar que quien desea adquirir la nacionalidad mexicana desea, por ese simple hecho, renunciar a su nacionalidad de origen.

Finalmente, existe otra disposición discriminatoria en el artículo 37 constitucional que es imperativo eliminar. Se estipula una causal de pérdida de nacionalidad que sólo aplica a los mexicanos naturalizados, que es la residencia por cinco años consecutivos en el extranjero. Un mexicano por nacimiento puede residir toda su vida fuera de México, desconocer su historia, su cultura, sus tradiciones, su lengua, y no pierde su nacionalidad –ni sus derechos políticos, por cierto–. Un mexicano por naturalización, en cambio, pierde su nacionalidad mexicana si vive un lustro fuera de México, incluso con independencia de las razones de esa residencia.

Por todo lo anterior, propongo los siguientes cambios, mostrados a continuación en este cuadro comparativo de la redacción actual y la redacción propuesta:

El suscrito, diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se modifica el párrafo segundo del artículo 17 y se adiciona un párrafo primero al artículo 19, ambos de la Ley de Nacionalidad

Artículo Único. Se modifica el párrafo segundo del artículo 17 y se adiciona un párrafo primero al artículo 19, ambos de la Ley de Nacionalidad para quedar como sigue:

Artículo 17. ...

...

El extranjero que solicite la obtención de la nacionalidad por naturalización o el nacional mexicano por nacimiento que otro estado lo considere como su nacional, deberá realizar renuncia expresa a la sumisión o protección de todo gobierno extranjero, principalmente el que lo considere como su nacional, respecto de cualquier acto jurídico celebrado en territorio nacional mexicano o aquel en el que se involucre, en cualquier forma, a los Estados Unidos Mexicanos; de igual manera renuncia a la protección que las leyes extranjeras puedan brindarle ante cualquier autoridad mexicana o por la celebración de actos jurídicos dentro del territorio nacional o en aquellos en los que se haya ostentado como nacional del Estado mexicano, así como a la posible protección que podría adquirir de cualquier instrumento

Artículo 19. La persona que adquiera la nacionalidad mexicana por naturalización conservará, en todo momento su nacionalidad de origen y la renuncia a esta no podrá ser requisito para la obtención de la mexicana.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Todas aquellas personas que hasta antes de la expedición de este decreto hayan solicitado la nacionalidad mexicana por naturalización y se les haya obligado a la renuncia a su nacionalidad de origen, podrán retomarla sin ningún perjuicio para la conservación de la nacionalidad mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.— Diputados y diputadas: Agustín Francisco de Asís Basave Benítez,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Araceli Madrigal Sánchez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Azul Etcheverry Aranda, Baltazar Martínez Montemayor, Carlos Alberto Palomeque Archila, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Emma Margarita Alemán Olvera, Erika Irazema Briones Pérez, Francisco Xavier Nava Palacios, Gretel Culin Jaime, Guadalupe Acosta Naranjo, J. Guadalupe Hernández Alcalá, Jesús Antonio López Rodríguez, José de Jesús Zambrano Grijalva, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Romero Tenorio, Julio Saldaña Morán, Leticia Amparano Gamez, Luis Fernando Antero Valle, Luis Fernando Mesta Soule, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, Marbella Toledo Ibarra, María García Pérez, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Luisa Beltrán Reyes, Martha Cristina Jiménez Márquez, Melissa Torres Sandoval, Miguel Ángel Salim Alle, Natalia Karina Barón Ortiz, Óscar Ferrer Abalos, Pedro Garza Treviño, Santiago Torreblanca Engell, Sara Paola Galico Félix Díaz, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Verónica Delgadillo García, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Victoriano Wences Real (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Agustín Basave Benítez. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Paola Félix Díaz, por favor.

La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (desde la curul): Gracias, presidente. Para pedir permiso al diputado Agustín Basave, suscribir esta importante iniciativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado Agustín Basave está de acuerdo. Está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría para el trámite correspondiente.

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Juan Blanco. Adelante, diputado.

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (desde la curul): Igual, diputado presidente, para pedirle al diputado Basave que nos permita adherirnos a esta propuesta. Creo que tiene mucho sentido, es una acción que ya no tiene por qué existir en nuestro sistema jurídico. Pedirle que nos permita pasar a firmar.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Juan Blanco.

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputada Alejandra Reynoso, adelante.

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (desde la curul): Gracias, presidente. También para felicitar al diputado Basave, por esta iniciativa, porque me parece que es actuar en congruencia con lo que pedimos para nuestros mexicanos que residen en cualquier otra parte del mundo, respetando la nacionalidad mexicana. Felicitarlo y, por supuesto, adherirme a esta iniciativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Reynoso.

La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Mirza Flores.

La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidente, también solicitando al diputado Basave, me permita adherirme. Principalmente felicitarlo, porque las condiciones que nuestro país está atravesando actualmente requieren que el buen juez por su casa empiece y empecemos nosotros limpiando la casa y protegiendo los derechos de los mexicanos.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Manuel Clouthier.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Gracias, presidente. Básicamente lo mismo, suscribir la iniciativa que propone el diputado Basave, para que empecemos de alguna forma a cerrar esa brecha de que hemos creado dos tipos de mexicanos, los mexicanos de primera y los mexicanos de segunda, y no es el único concepto en el que se ha hecho, sino también en muchos otros que tendremos que ir cerrando esa brecha. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Clouthier.

La diputada Martha Cristina Jiménez Márquez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Cristina Jiménez. Adelante.

La diputada Martha Cristina Jiménez Márquez (desde la curul): Gracias, diputado presidente. También con el deseo de felicitar al diputado Basave, y también establecer que en calidad de presidente del Grupo de Amistad Estados Unidos de América-México, va muy de la mano con los trabajos, creo que es muy acertada su propuesta, tenemos que seguir impulsando esta defensa y esta protección a los mexicanos que están en el extranjero. Entonces, lo felicito y con la posibilidad de solicitar también adherirme.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Francisco Xavier Nava.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios (desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido y como integrante también del Grupo de Amistad con Estados Unidos, viendo la circunstancia actual y sabiendo que como órgano Legislativo y como representantes populares tenemos que estar a la altura, y esta es una de las medidas, una de las muchas que tendríamos que estar haciendo como cuerpo legislativo para hacer frente a una realidad que tenemos encima.

Los mexicanos, como ya se dijo en el discurso, no podemos tener distinciones entre unos y otros y esto es uno de los instrumentos legales que hará fortalecer a nuestros ciudadanos, tanto en México como en el exterior. Muchas gracias, Agustín por esa propuesta.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado.

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Verónica Delgadillo.

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Felicitar al diputado por la iniciativa. Creo que en el contexto que está viviendo nuestro país y el mundo entero, este tipo de iniciativas permiten estrategias claras para poder establecer lazos profundos de ciudadanos que necesitan estas dobles nacionalidades. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Baltazar Martínez.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor (desde la curul): Gracias, presidente. También en primer término, para felicitar al diputado Agustín Basave por su iniciativa y que nos permita suscribirnos en ello, ya que consideramos que hay muchos mexicanos que quieren tener la doble nacionalidad, que nacieron en Estados Unidos, pero también hay otras personas con nacionalidad estadounidense o cualquier otra que se les permita sumarse. En estos momentos donde algunos o una persona quieren construir muros, nosotros debemos construir puentes, tender puentes, tender manos. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Todas las expresiones de los diputados que se han manifestado quedarán registradas en el Diario de los Debates. Y el diputado Agustín Basave ya dio su venia para que pueda ser signada su iniciativa aquí en la mesa de la Secretaría.



LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada Araceli Damián González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, suscrita también por el diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Araceli Damián González:Gracias, presidente. El 5 de junio de 2009, cuando Felipe Calderón era presidente de la República, en Hermosillo, Sonora 49 niñas y niños murieron y más de 100 resultaron quemados con heridas graves por el incendio de la Guardería ABC, subrogada por el IMSS.

Mientras que el gobierno decía que este incendio fue provocado por un accidente, dentro de una bodega adjunta, David Smith, consultor estadounidense, independiente, dijo en su peritaje que el siniestro pudo ser provocado.

Entre 1993 y 2005, 500 mujeres desaparecieron en Ciudad Juárez y fueron víctimas de feminicidio. La negligencia en las investigaciones, la falta de peritaje, la falta de pruebas hicieron que la sociedad, las madres de esas mujeres desaparecidas se organizaran y solicitaran la asistencia técnica para exhumar 60 cuerpos de mujeres víctimas de ese delito. Para ello se requirió la participación del equipo argentino de antropología forense.

Y el caso más emblemático de la necesidad de peritajes independientes corresponde a lo sucedido con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La mentira histórica de Murillo Karam fue destrozada por los peritos independientes del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como por el grupo de peritos forenses argentinos. Hay falta de interés por parte de las autoridades de esclarecer esos delitos, pero un problema grave que está señalado en las recomendaciones del GIEI, es la falta de independencia de los peritos en nuestro país.

Nosotros tenemos una ley de víctimas que acaba de ser reformada y se promulgó el 3 de enero de este año. En esta ley se aprovecharon los partidos mayoritarios para introducir una reforma a la ley que impide la contratación de peritos independientes, ya sea nacionales o extranjeros, pero particularmente los extranjeros, a menos de que no haya las especialidades en nuestro país.

El argumento es que necesitamos promover la capacitación y el trabajo de nuestros peritos independientes. Lo que necesitamos es reformar la Procuraduría General de la República para hacer el área de peritaje independiente, como lo señaló el propio GIEI. Pero haber aprobado en la Ley de Víctimas el que no se pueda contratar peritos independientes, y menos extranjeros, a menos de que no haya las especialidades, es no querer volver a sufrir el señalamiento nacional e internacional que nos ha permitido conocer la falta de cuidado en las investigaciones y cómo nos mienten cuando hay un delito tras otro y tras otro.

El gobierno de Peña Nieto y todos los que están aquí, partidos que apoyan a ese gobierno, el PAN, el PRI, el Verde, el PES, Nueva Alianza; todos ellos votaron porque en esta ley se introdujera la imposibilidad de contratar peritos independientes.

Por eso es que estamos proponiendo reformar los artículos 7o., 12, 15, 21 y 23 de la Ley de Víctimas. Basta de simulaciones, si en verdad están por el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas, les ruego que apoyen esta iniciativa.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, suscrita por los diputados Araceli Damián González y Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputados Araceli Damián González y Cuitláhuac García Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, párrafo 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, con el objetivo de no limitar la contratación de servicios de expertos independientes o peritos internacionales.

Exposición de Motivos

El 30 de abril de 2012, el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad de ambas Cámaras la Ley General de Víctimas, que cientos de organizaciones sociales promovieron, mediante movilizaciones sociales y diálogos con los poderes Ejecutivo y Legislativo, desde 2011.

No obstante la aprobación de la ley en el seno de un poder soberano de la federación, Felipe Calderón Hinojosa se opuso a la legislación y, contraviniendo el artículo 72 constitucional, envió sus observaciones fuera de tiempo, lo que constituyó un veto de facto. El presidente del Senado, que pertenecía al mismo partido político de Calderón, rechazó las observaciones y le exigió cumplir con su responsabilidad constitucional. En un afán por desconocer la responsabilidad del Estado ante la crisis de violencia e inseguridad provocada por la denominada “guerra contra el narco”, el entonces presidente presentó una demanda de controversia constitucional para detener la ley. Después, en una maniobra histriónica, Enrique Peña Nieto retiró la demanda y promulgó la Ley General de Víctimas el 9 de enero de 2013, para distanciarse retóricamente de las acciones de su predecesor.

La legislación despertó esperanza en decenas de miles de víctimas del crimen, la violencia, el abuso de poder y las violaciones a los derechos humanos, quienes veían por fin una posibilidad de exigir su derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño; sin embargo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que creó la ley, operó con enormes deficiencias, por lo que sólo sirvió para acrecentar el tamaño de la burocracia en el país. La poca eficacia del organismo provocó que, para finales de 2016, sólo contara con dos de los siete comisionados que la ley mandataba. Adicionalmente, decenas de organizaciones sociales, víctimas y activistas cuestionaban la actuación del Comisionado presidente y exigían su renuncia.

Las incontables deficiencias en la labor de la CEAV motivaron diversas iniciativas para reformar la Ley General de Víctimas, que se concretaron en la reforma promulgada el 3 de enero de 2017. En este proceso legislativo quedaron fuera puntos de importancia ingente, además de que se restringe la posibilidad de contratar peritos internacionales y expertos independientes sólo para los casos en que no se cuente con personal nacional capacitado (artículos 12, 15, 21 y 23).

Los candados que ahora tiene la ley prácticamente imposibilitan que México vuelva a tener la coadyuvancia de peritos y expertos independientes e internacionales, como sucedió para el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, por organizaciones criminales con la participación de diversas corporaciones policiacas.

Como sabemos, las constantes protestas y denuncias sobre la nula capacidad y voluntad del Estado mexicano para esclarecer los hechos obligaron al gobierno a suscribir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos en la región.

Producto de esto, la CIDH designó a un grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI) para hacer verificaciones técnicas de las investigaciones del gobierno mexicano en el caso. La relevancia del trabajo realizado por estos expertos quedó manifiesta desde la presentación de su primer informe, en el que se evidenció puntualmente cada una de las inconsistencias e irregularidades que sustentaban la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), versión con la que el ex procurador Jesús Murillo Karam pretendió cerrar la investigación del caso, asegurando que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, por una organización criminal con la ayuda de la policía municipal, exclusivamente. Las investigaciones y resultados presentados por el GIEI contaron con el aval de las víctimas directas y sus familiares, quienes exigieron a la PGR apegar las indagatorias a las recomendaciones emitidas. A pesar de que la PGR ha mantenido una retórica e investigaciones para defender la versión de Murillo, la institución ha tenido que ampliar las líneas de investigación, reconociendo, por ejemplo, la participación de la Policía Federal, policías de otros municipios y un mayor número de posibles zonas a las que los jóvenes fueron llevados. De igual forma, el trabajo del GIEI ha permitido a la sociedad exigir llegar a la verdad y hacer justicia.

Durante la presentación de su segundo informe el 24 de abril de 2016, el GIEI reveló un video en el que Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, asiste con el detenido Agustín García Reyes, al río San Juan el 28 de octubre de 2014, sin que quedara constancia de ello en el expediente. De hecho, García Reyes se encontraba bajo custodia de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, y no estaba todavía en arraigo; es decir, no hubo orden judicial de traslado ni de aseguramiento de custodia, por lo que el acto careció de toda legalidad. Un día después, en el mismo lugar, un buzo de la Marina encontró una bolsa a partir de la que se identificaron los restos incinerados de Alexander Mora, lo que reforzaba, supuestamente, la versión de Murillo Karam. No obstante, el GIEI permitió a la sociedad conocer que, según el segundo informe médico realizado a García Reyes once horas antes de ser llevado al río, el detenido presentaba 30 lesiones externas, hematomas, excoriaciones y costras hemáticas, todo ello a pesar de que su detención fue pacífica y de que en el primer informe médico de la Marina no se reportaron lesiones.

Debido a la denuncia pública realizada por el GIEI, la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, inició un procedimiento interno con el expediente DGAI/510/ CDMX/2016, donde señala que Tomás Zerón de Lucio, ya ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, cometió diversas irregularidades y afectó el derecho a la verdad en la investigación, por lo que se dio vista a la Secretaría de la Función Pública para iniciar un procedimiento administrativo en su contra. Tres semanas después, el visitador general que realizó el informe, César Alejandro Chávez, fue destituido de su puesto. Por otra parte, con el GIEI fuera de México no existe una voz con la legitimidad de ese grupo que presione al gobierno federal para continuar con las investigaciones y establecer las sanciones correspondientes.

También en el segundo informe, el GIEI hace una crítica al estudio del panel de “especialistas en fuego”, conocido como tercer peritaje, con el que la PGR apoyaba su “verdad histórica”. Según señala el grupo, el 31 de marzo de 2016 el panel de especialistas en fuego entregó su estudio mediante un documento de 9 páginas, incluida una sola fotografía del basurero de Cocula tomada desde Google Earth, la carta de remisión dirigida a la procuradora Arely Gómez, tres páginas de materiales remitidos por parte de la PGR y el GIEI para que elaboraran su estudio, y una más con los nombres de los especialistas y los objetivos que se les encomendaron; “es decir, el contenido sustantivo del estudio se limita a 3 páginas. En la lectura de esas 3 páginas no se observa cálculo alguno de cargas de combustible. Tampoco contienen referencias a los experimentos realizados sobre el fuego en madera, vegetación, cuerpos de animales o humanos. No hay referencia alguna a las exposiciones llevadas a cabo entre el 7 y 8 de marzo de 2016. No se incluye una referencia a discusión alguna o análisis que desestime o confirme las pericias que obraban en la averiguación previa provenientes de la PGR, ni el informe del Dr. Torero incluido en el primer informe del GIEI o del peritaje llevado a cabo por el Equipo Argentino de Antropología Forense que a esa fecha ya había publicado su estudio en fuego de 246 páginas, incluyendo dinámica de fuego, flora, balística y criminalística de campo y antropología forense”.

Este informe de los especialistas en fuego, señala el GIEI, “no incluye ninguna de las características que se deben señalar en un estudio pericial, tales como el razonamiento seguido que permite arribar a las conclusiones a las que se llegue y responder a las preguntas planteadas. Se debe indicar el método empleado, no por un mero formalismo sino para ilustrar al destinatario de la pericial de que el informe tiene sustento científico... Si bien la PGR ha señalado públicamente que dicho documento será incorporado al expediente, el GIEI aseugra que no tiene la consistencia necesaria que debería mostrar según el estándar Daubert”.

A estas irregularidades se suman decenas más, que concluyeron en 20 recomendaciones que el GIEI entregó a la entonces titular de la PGR, Arely Gómez. El ex subprocurador de Derechos Humanos, Prevención de Delitos y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos, ha mencionado que la PGR ha atendido 88 por ciento de las “peticiones” del GIEI. Aunque en el Informe del Caso Iguala de la PGR (pp. 378-393) se da cuenta de la atención a 941 “peticiones” del GIEI, éstas no se refieren a las 20 recomendaciones citadas, que consisten en: unificar las distintas causas penales, evitar la fragmentación, realizar una investigación integral, considerar otras violaciones de derechos humanos y delitos, llevar a cabo las declaraciones testimoniales pendientes (incluidos los militares del 27 Batallón de Iguala), dar seguimiento a la información de telefonía, balística, ADN y documentos y videos, investigar posible traslado de estupefacientes, identificar plenamente el quinto autobús, investigar denuncias por malos tratos o torturas con las debidas garantías, determinar otras responsabilidades en los hechos y en la investigación, llevar a cabo nuevas capturas, investigar el patrimonio de presuntos responsables, investigar la posible obstrucción de la investigación, cambiar la narrativa del caso, continuar con los procesos de búsqueda y la investigación de nuevas informaciones, mantener los espacios de diálogo con los familiares, evitar la revictimización y garantizar la seguridad de las víctimas.

Si bien el gobierno mexicano ha apostado por el olvido en el caso de los 43 normalistas, es innegable que sin la colaboración del GIEI no se habrían revelado todas las inconsistencias, irregularidades e ilegalidades cometidas por los peritos nacionales designados por la PGR. Los aportes del GIEI, además, cobran mayor relevancia porque al haber tenido resultados tan concretos en un lapso relativamente corto, se orquestó una campaña de desprestigio en contra de los expertos que culminó con la negación del gobierno federal para ampliar el periodo de coadyuvancia, por lo que los expertos tuvieron abandonar su participación en las investigaciones.

Ayotzinapa no es un caso aislado, sino emblemático de la crisis de seguridad, violencia y violación de los derechos humanos que México vive. Las investigaciones deficientes, basadas no en pruebas científicas sino en testimonios obtenidos bajo tortura –como el de Sidronio Casarrubias–, constituyen la regla en los más de 30 mil casos de desaparición en el país. Por tal motivo, es indispensable permitir a las víctimas buscar la ayuda de expertos independientes y peritos internacionales sin restringir este derecho a agotar las posibilidades nacionales.

Otro caso en el que los peritajes independientes de expertos internacionales fueron de fundamental importancia en México es el del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Como es de conocimiento internacional, entre 1993 y 2005, más de 500 mujeres desaparecieron y fueron víctimas de feminicidio en Juárez, Chihuahua. La negligencia de las autoridades para investigar fue tal que quedó evidenciada en la Recomendación 44/1998 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en el Informe 2005 sobre México del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de Naciones Unidas. En 2004, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos contactó al EAAF a petición de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, con el objetivo de solicitar asistencia técnica para la exhumación, análisis y trabajos de identificación de más de 60 cuerpos de mujeres víctimas de feminicidio; a la petición se sumó después la organización Justicia para Nuestras Hijas. Producto de una investigación preliminar en 2004, el EAAF concluyó que había problemas graves en todas las fases del trabajo forense mexicano; después, en 2005 se firmó un acuerdo con la procuraduría chihuahuense para que el EAAF coadyuvara en una parte de las investigaciones. Por supuesto, a más de dos décadas de la crisis de feminicidios en Juárez, el Estado mexicano no ha garantizado la justicia para las cientos de víctimas; sin embargo, el trabajo del EAAF fue clave para revelar las múltiples inconsistencias del negligente trabajo ministerial de las autoridades mexicanas. Además, en los años recientes el EAAF hizo importantes aportaciones en la investigación del caso Ayotzinapa, y en enero de 2017 el gobierno de Coahuila firmó un acuerdo con el equipo de expertos forenses para colaborar en la búsqueda e identificación de restos de personas desaparecidas.

También de conocimiento internacional es que el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, 49 niñas y niños murieron, y más de 100 resultaron heridos con quemaduras de gravedad, en el incendio de la Guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ante la inverosímil versión oficial sobre un accidente en una bodega contigua, el Juzgado Primero de Distrito tuvo que integrar al expediente del caso el peritaje de David Smith, consultor estadunidense independiente, cuyas conclusiones apuntan que el siniestro fue provocado.

Tomando en cuenta los relevantes aportes realizados por peritos independientes extranjeros, vale la pena señalar aquí el inciso C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se enlistan, en siete fracciones, los derechos de las víctimas, entre los que claramente se apunta:

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

Por tanto, condicionar las investigaciones de expertos independientes o peritos internacionales que coadyuven en las investigaciones y procesos para alcanzar efectivamente la verdad, justicia y reparación del daño constituye una violación a los derechos constitucionales de las víctimas.

La reciente reforma a la Ley General de Víctimas alteró el Capítulo V del Título Segundo –titulado “Del derecho a la verdad”. El párrafo quinto del artículo 21, establecía que

Artículo 21. El Estado, a través de las autoridades respectivas, tiene la obligación de iniciar, de inmediato y tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligencias a su alcance para determinar el paradero de las personas desaparecidas [...].

...

...

...

Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí y/o a través de sus asesores jurídicos; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas.

Es decir, antes de la reforma de enero de 2017, la Ley General de Víctimas ya reconocía el derecho de los familiares de desaparecidos para designar peritos independientes. El nuevo texto del citado párrafo señala que:

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda. Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Esto es regresivo y violatorio a los derechos de las víctimas, pues atenta contra el derecho a la verdad que la misma Ley General de Víctimas garantiza en las fracciones III y VII del artículo 7, y en el Capítulo V de su Título Segundo; de igual forma, la reforma atentó contra la fracción XXII del artículo 7, en la que se establece que las víctimas no pueden ser discriminadas ni limitadas en sus derechos. Por lo antes expuesto, propongo las siguientes modificaciones al texto vigente de la Ley General de Víctimas:

Estas modificaciones permitirán a las víctimas gozar de sus derechos sin limitaciones y acercarse la verdad y justicia en cada uno de sus casos.

En consideración de lo antes expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas

Artículo Único. Se reforman el párrafo quinto del artículo 21; el artículo 23. Se adicionan la fracción XXXVII del artículo 7, recorriéndose la anterior XXXVII a XXXVIII. SE DEROGAN el párrafo tercero de la fracción XIII del artículo 12; párrafo tercero del artículo 15; de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

...

I. a XXXV. ...

XXXVI. Tener acceso ágil, eficaz y transparente a los fondos de ayuda federal y estatales en términos de esta ley;

XXXVII. A solicitar ayuda internacional humanitaria, así como apoyo de peritos y expertos internacionales con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda;

XXXVIII. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición en la materia o legislación especial.

Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:

I. a XII. ...

XIII. En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas.

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda.

Se deroga.

Artículo 15. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en todo momento por su Asesor Jurídico o la persona que consideren.

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda.

Se deroga.

Artículo 21. ...

...

...

...

La Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda.

...

...

...

Artículo 23. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, así como expertos independientes o peritos internacionales con cargo con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda, podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://mpjd.mx/comunicados/familiares-de-victimas-exigen-la-renuncia-de-julio-h ernandez-barros-a-la-ceav-honre-su-palabra/

2 Además, fueron asesinadas seis personas y más de un centenar sufrió violaciones a sus derechos humanos.

3 En México no se carecía de perfiles académicos y laborales similares a los de los expertos del GIEI. La relevancia de este grupo es que sus conocimientos son del más alto nivel, tienen experiencia a nivel internacional y son independientes del gobierno mexicano. Los peritos de la PGR y, en ocasiones, los académicos mexicanos tienen poca libertad para realizar su trabajo, y su empleo depende de lo que le digan al gobierno.

4 GIEI, Informe Ayotzinapa II, pp. 294-300.

5 http://aristeguinoticias.com/2209/mexico/tomas-zeron-afecto-el-derecho-a-la-ver dad-documento-de-la-pgr-sobre-ayotzinapa/

6 GIEI, Informe Ayotzinapa II, p. 267.

7 Ibíd., página 268.

8 https://www.gob.mx/pgr/prensa/palabras-del-dr-eber-omar-betanzos-torres-subproc urador-de-derechos-humanos-prevencion-del-delito-y-servicios-a-la-comunidad-de- la-pgr-en-la-presentacion-del-informe-del-caso-iguala

9 http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/044.asp; http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/044.asp

10 http://www.proceso.com.mx/454025/revocan-formal-prision-a-lider-guerreros-unido s-ligado-a-desaparicion-normalistas

11 http://www.campoalgodonero.org.mx/sites/default/files/documentos/Recomendaci%C3 %B3n%2044:98%20CNDH.pdf

12 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw32/CEDAW-C-2005-OP.8-MEXICO-E.pdf

13 http://eaaf.typepad.com/ar_2006/68-79_mexico-3.pdf

14 http://www.sinembargo.mx/15-01-2017/3136603

15 http://www.animalpolitico.com/2011/08/incendio-en-la-guarderia-abc-fue-provocad o-perito-estadounidense/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2017.— Diputados y diputadas: Araceli Damián González,Blanca Margarita Cuata Domínguez, Blandina Ramos Ramírez, Guadalupe Hernández Correa, Irma Rebeca López López, Jesús Emiliano Álvarez López, Juan Romero Tenorio, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Araceli Damián. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame, diputada. No veía a mi compañera diputada, por el cartel. Sonido en su curul, por favor. Ese. Adelante, diputada.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Pedirle a la diputada Araceli Damián que nos permita suscribirnos a su iniciativa a todo del Grupo Parlamentario de Morena.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada está de acuerdo. Está a su disposición para que la suscriban aquí en la mesa de la Secretaría.



REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Mirza Flores Gómez:Gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Quedamos ya pocos, verdad, aun y que el presidente no ha tocado la campana diciendo que ya se acabó la sesión. Con su venia, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante, diputada.

La diputada Mirza Flores Gómez: Esta tarde vengo a presentar ante ustedes para poner a su consideración, una iniciativa para que podamos estar en condiciones de generar una masa crítica dentro de esta institución. Y lo digo porque la historia nos ha enseñado que cuando las instituciones pierden su credibilidad carecen de eficacia, y lejos de realizar los fines para los que fueron creadas, se convierten en instrumentos de control por parte de quien ostenta el poder y la idea de democracia como sistema político se ve diluida.

El establecimiento, en principio, de las garantías individuales, hoy llamadas derechos humanos por el Constituyente de 1917, generó unas bases sumamente firmes, como el derecho a la educación, al debido proceso, la división de Poderes y el federalismo como formas de gobierno, esto para consolidar lo que ellos decían un Proyecto de nueva nación.

A cien años de la promulgación de la Constitución Mexicana nuestro país atraviesa por una crisis de las más graves, en términos sociales e institucionales, comenzando por la falta de credibilidad y de respeto y aceptación al Poder Ejecutivo de la nación, el escenario se vuelve complicado.

Fue el propio Constituyente de 1917 que facultó tres Poderes de la nación, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, se establecía la independencia de cada uno de ellos.

Por eso, pues como digo, el buen juez por su casa empieza. Por ello, todos los que tenemos un espacio aquí de representación que es el órgano máximo de voz del pueblo, pues debemos de tener, debemos de ser y tener la consciencia de ser un verdadero contrapeso de las decisiones del Ejecutivo y poner el ejemplo de buen gobierno, pero sobre todo de buenas decisiones basadas en conocimiento científico.

Es aquí donde solicito, no solamente su atención, sino su respaldo para reivindicar el quehacer político de esta Honorable Cámara de Diputados.

Actualmente operan cinco centros de estudio en la Cámara de Diputados. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el Centro de Estudios de Investigaciones Parlamentarias, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria.

Estos centros de estudio, el espíritu principal de que estén y de que existan, es que sirvan de apoyo para los trabajos legislativos que nosotros hacemos, y hay un grave problema de politización en estos espacios con el objetivo de buscar soluciones a través del cambio en los procesos de selección de los directores generales y de los investigadores, para que éstos se fundamenten en criterios profesionales, académicos y éticos y dejen de ser cuotas partidistas.

En los centros de estudio de la Cámara de Diputados, su fin principal es que sirvan como órganos de apoyo para nuestro trabajo legislativo y esto en la práctica, lejos de cumplir con los objetivos, son espacios para prebendas políticas y seguramente más de alguno para premio de consolación.

En la actual Legislatura la estructura orgánica de los comités es de la siguiente forma. Hay un presidente del comité por cada centro de investigación, tres secretarías y 11 integrantes sumando un total de 15 diputadas y diputados por cada comité. Estos están repartidos por la Junta de Coordinación Política, tres para el PRI y dos para el PAN.

Y ya si nos vamos a detalle, los directores generales de cada uno de esos centros, pues basta con ver sus curriculas y sus currículas muestran claramente la procedencia de su actividad anterior, antes de llegar a ser directores de centros de investigación.

Lo que yo les solicito es que se tenga un mínimo de requisitos para que un director general dirija un centro de estudios dentro de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles pueden ser requisitos mínimos?

Uno. Contar con título de doctorado o por lo menos de maestría, tener amplia y probada experiencia en el campo de la investigación, pertenecer –de preferencia– al sistema nacional de investigadores; no haber sido registrado o haber sido candidato a cargo alguno de elección popular, dirigente nacional, estatal, municipal o delegacional del partido político o agrupación política alguna en los cinco años inmediatos anteriores a la toma de posesión, y no pertenecer, por supuesto, a ningún Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso.

Estas adecuaciones legales deben de plasmarse en el artículo 49, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, propiciando con ello el desarrollo de los valores inherentes a la naturaleza jurídica de los centros de estudio, honestidad, transparencia e imparcialidad. Esto no es ocioso; debemos de comenzar a tomar con mucha seriedad las instituciones que forman parte de la Cámara de Diputados, porque debemos de tener mucha seriedad de nuestro trabajo legislativo, y el apoyo que este tiene cuando solicitamos por parte de los centros de estudios cierta información.

Si esta información que solicitamos nos la brindan cueros académicos con un rigor y una metodología de investigación científica, seguramente tendremos mejores elementos y herramientas para tomar decisiones en esta Cámara de Diputados, y no que lo que nos entreguen sea resultado de investigaciones que hagan de lo que se encuentra en internet, porque no tienen experiencia en el campo de la investigación ni tienen rigor de científicos ni de metodología para poder arrojarnos a los diputados las herramientas que necesitamos para hacer bien nuestro trabajo.

Lo pongo a su consideración y quien quiera adherirse a la iniciativa, va a ser más que bienvenido. Necesitaos herramientas para poder hacer de mucha calidad nuestro trabajo legislativo. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77, numerales I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene como finalidad abordar la problemática de la politización de los centros de estudios de la Cámara de Diputados, con el objetivo de buscar soluciones a través del cambio en los procesos de selección de los directores generales y de los investigadores, para que éstos se fundamenten en criterios profesionales, académicos y éticos.

Para tal efecto, primero pondremos en contexto el proceso de selección de acuerdo con el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, contrastándolo con el procedimiento que opera en la práctica; medio que se encuentra viciado de origen y que atenta contra la naturaleza jurídica de los propios centros de estudios: ser objetivos e imparciales, al incorporar actores políticos para la designación del personal.

El conocimiento científico no debe ser utilizado en ningún momento para justificar las acciones políticas, por el contrario; las políticas públicas impulsadas por los tomadores de decisiones deben encontrar su justificación en la verdad absoluta, para beneficio de los gobernados. Por lo que resulta necesario, realizar las reformas estructurales a los centros de estudios para lograr autonomía e imparcialidad en la producción del conocimiento, meta que se alcanzará en la medida que sean dirigidos por personas capaces e independientes. En la tercera parte del documento, propondremos un cambio jurídico y en la estructura organizacional de estas instituciones.

Los centros de estudios de la Cámara de Diputados tienen la finalidad de servir como órganos de apoyo del trabajo legislativo y proporcionar en forma objetiva, imparcial y oportuna, los servicios de apoyo técnico y la información analítica que sean requeridos por los diputados y las comisiones del Congreso de la Unión.

En la práctica, lejos de cumplir los objetivos y fines para los que fueron creados, son espacios que los partidos tradicionales han utilizado para obtener prebendas políticas y económicas, los espacios que debieran ser asignados a investigadores profesionales de tiempo competo, son otorgados en forma de cuotas partidistas; por lo que se corre el riesgo que las opiniones técnicas emitidas, herramienta fundamental en la toma de decisiones para los diputados y las diputadas que integran las comisiones y que derivan en los dictámenes que se votan en el pleno, se encuentren sesgadas y politizadas, careciendo de calidad, rigor académico, objetividad y crítica.

Actualmente operan cinco Centros de Estudios: de las Finanzas Públicas; de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; Sociales y de Opinión Pública; para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; y para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

De acuerdo con el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, la estructura orgánica de los centros de estudios debería estar formada por un director general, cuatro directores de proyecto y el número de investigadores que la disponibilidad presupuestal permita. Siguiendo lo dispuesto en el estatuto, los titulares de los centros deben ser nombrados por el Consejo Directivo del Servicio de Carrera con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes y con base en la lista de los candidatos que hubieren acreditado los requisitos o ganado el concurso correspondiente. Los investigadores y analistas serán designados por el voto de la mayoría. Sin embargo, en la práctica lo establecido es inoperante.

Al no haberse constituido el consejo directivo previsto en el estatuto, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el 8 de noviembre de 2000 se constituyeron los Comités de los Centros de Estudios de las Finanzas Públicas, de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Sociales y de Opinión Pública de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados. En dicho acuerdo se reitera a la actividad de los comités consistentes en fijar políticas y criterios para el programa de trabajo, así como opinar sobre el nombramiento de los directores generales y demás servidores del centro a consulta que se les hiciere.

En la actual legislatura, la estructura orgánica de los comités es la siguiente: cuentan con una presidencia, tres secretarías y once integrantes, sumando un total de 15 diputados por comité de los centros de estudios, distribuyendo las presidencias –por acuerdo de la Junta de Coordinación Política– entre los dos partidos mayoritarios en el Congreso: 3 para el PRI y 2 para el PAN. Cabe mencionar que se reformó el artículo 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados para legitimar por la vía legal la constitución de los comités para los centros de estudios.

Al permitir que los diputados, en su carácter de “actores políticos” tengan facultades para definir políticas y programas generales de los centros, claramente se transgrede la esencia misma de la institución: objetividad e imparcialidad .

“Imponer una revisión política a un proceso científico corrompe el proceso al estar la ciencia sujeta a decisiones políticas. Es decir, se utiliza la ciencia para servir fines políticos, en lugar de estar la política sujeta a las reglas de la verdad científica” práctica que ha permitido acuñar el concepto “politización de la ciencia”.

Basta revisar la trayectoria profesional (tabla 1) de los actuales directores de los centros de estudios para confirmar el planteamiento expuesto en el presente apartado:

La democracia como un marco definitorio de acción política e institucional para los individuos, señala que éstos deben dirigirse siempre en consonancia al respeto de los derechos humanos y las libertades, teniendo en cuenta la justicia así como la igualdad entre hombres y mujeres. Por ello, las instituciones del Estado deben estar guiadas por los individuos más calificados e íntegros.

Dicha precisión individual es dada por el conocimiento, las sociedades se identifican por su capacidad de mantener un enlace estrecho entre el conocimiento obtenido por sus individuos con las instituciones, es decir, que sea capaz de transitar dichas opiniones para el avance general de la sociedad que se realiza eficazmente a partir de las herramientas pensadas por el Estado.

El Estado, en su función legislativa, debe tener presente el conocimiento científico en muchas de sus acciones y en sus herramientas para conducir correctamente –guiado por principios, planes y objetivos– la organización social de los individuos.

Si bien la educación debe basarse en los resultados del progreso científico, como está previsto en el artículo 3o. constitucional, este principio no se traslada a las políticas de integración en los centros de estudios. Pese a la reiterada intención de formar un gobierno y función pública basada en el conocimiento, en México seguimos designando a los servidores públicos con base en cuotas partidistas y no por sus capacidades.

Uno de los poderes con mayor relevancia para los Estados democráticos es el que se encarga de mantener la representación popular, la voz de todos los ciudadanos, para el caso: la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ha reconocido que el conocimiento es clave para el desarrollo de leyes que inspiraran políticas públicas, por ello ha instaurado cinco Centros de Investigación que son o deberían ser centros confiables y punteros de información, produciendo conocimientos ajustados totalmente al criticismo y objetividad que cuestiona día a día la comunidad científica y una sociedad indignada.

Los centros de estudios son de vital importancia para la Cámara de Diputados y para todos los individuos que lo integran, pues influyen en dos aspectos, institucionalismo y acción individual. La ley al ser materia principal de la cámara de representantes, sólo encuentra su perfeccionamiento a través del respaldo y certeza que la información y el conocimiento científico otorga.

Las leyes justas se crean cuando se tiene la necesidad social acogida por los líderes adecuados, solo con representantes capaces e informados se podrá llevar a cabo una eficiente acción pública para la realidad del momento. Esta información y conocimiento, según el diseño institucional de la propia Cámara, se apoyará con las aportaciones de los centros de estudios; sin embargo, la asesoría y la capacidad que tienen dicho centros son opacadas por los intereses de los grupos de poder, que muchas ocasiones son utilizadas como moneda de cambio e ideologías a conveniencia que limitan el desarrollo de sus funciones.

Ser líder dentro de la realidad mexicana implica tener la suficiente valentía para reconocer los problemas de la sociedad tal y como son, transformarlos en retos, pero ante todo, significa tener la libertad de imaginar una nueva realidad, apelando siempre a la capacidad humana de pensar y crear conocimiento objetivo y crítico.

La implantación del servicio profesional de carrera –entendido como el proceso de selección del personal con base en sus aptitudes– y el desarrollo del liderazgo, la capacitación y la autogestión forman parte fundamental para consolidar instituciones gubernamentales eficientes.

Como los centros de estudios de la Cámara de Diputados son los órganos de apoyo del trabajo legislativo, además de las características mencionadas con anterioridad, se debe garantizar la independencia de éstos frente al poder político; recordemos que la politización de la ciencia debe ser entendida como la política al servicio de la ciencia, esto es, generar mecanismos para propiciar el desarrollo del conocimiento científico en una nación, y no a contrario sensu,sesgar el conocimiento científico para justificar las decisiones políticas.

De conformidad con el acuerdo de la Jucopo por el que se crean los comités de los centros de estudios en esta legislatura, las cuotas partidistas quedaron integrados de la siguiente forma: las direcciones del CEFP, CEDIP, CEDRSSA pertenecen al PRI; por su parte, el CESOP y el CEAMEG fueron adjudicadas a integrantes del Partido Acción Nacional.

Plantear un cambio en la estructura organizacional de los centros de estudios sin duda alguna generará reticencia por parte de los actores beneficiados por el régimen legal que opera. Los tomadores de decisiones debemos estar conscientes que el verdadero liderazgo político no consiste en perpetuar los mecanismos de control sobre los gobernados, debemos generar las condiciones necesarias para transitar hacia una gobernanza eficaz y democrática, basada en el conocimiento científico y no en creencias personales y fanatismo. De ahí deriva la importancia de otorgar autonomía a los centros de estudios respecto de las ideologías partidistas.

Resulta necesario modificar la redacción del artículo 206 del Reglamento de la Cámara para eliminar a los comités como parte de la estructura organizacional de los centros de estudios, de esta manera, los y las diputados adscritos a ideologías políticas propias de su partido, dejarán de tener injerencia en su formación.

Otro de los cambios en la normatividad que deben ser impulsados para lograr una plena autonomía de los centros de estudios es el establecimiento de requisitos profesionales y académicos para garantizar que los directores generales e investigadores sean personas cualificadas. Deben

• Contar con título de doctorado o maestro.

• Tener amplia y probada experiencia en el campo de la investigación.

• Pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores.

• No haber sido registrado o haber sido candidato a cargo alguno de elección popular, dirigente nacional, estatal, municipal o delegacional de partido político o agrupación política alguna, en los cinco años inmediatos anteriores a la toma de posesión.

• No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso.

Estas adecuaciones legales deben plasmarse en el artículo 49 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. También debe implantarse un código de ética que comprometa a los funcionarios públicos a desarrollar sus funciones con apego a la legalidad y que propicie el desarrollo de los valores inherentes a la naturaleza jurídica de los centros de estudios: honestidad, trasparencia e imparcialidad.

Resulta pertinente modificar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y el Reglamento de la Cámara de Diputados, así como crear un código de ética que garantice la autonomía en las publicaciones, investigaciones y opiniones que emitan estos centros de estudios, para que los legisladores y las legisladoras cuenten con información veraz, objetiva e imparcial que les permita tomar decisiones en beneficio de la ciudadanía que representan.

Por lo expuesto solicito la aprobación del pleno de la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión

Primero.Se reforma el artículo 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados:

Artículo 206.

1. Los comités son órganos auxiliares de las actividades internas de la Cámara. Tendrán las siguientes tareas:

I. a III. (...)

Segundo.Se reforma el artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión:

Artículo 49.

1. y 2.(...)

3. La Cámara contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los centros de estudios de las finanzas públicas; de estudios de derecho e investigaciones parlamentarias; de estudios sociales y de opinión pública; de estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria, y de estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género.

Para ocupar el cargo de director general, director de proyecto e investigador de los centros de estudios se requiere

i. Contar con título de doctorado o maestro.

ii. Tener amplia y probada experiencia en el campo de la investigación.

iii. Pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores.

iv. No haber sido registrado o haber sido candidato a cargo alguno de elección popular, dirigente nacional, estatal, municipal o delegacional de partido político o agrupación política alguna en los 5 años inmediatos anteriores a la toma de posesión.

v. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del inicio de la LXIV Legislatura.

Segundo.Para la elección de los directores generales, directores de proyecto e investigadores, se instalará un consejo consultivo honorario, presidido por el secretario general de la Cámara de Diputados, e integrado por diez directores de las instituciones de educación superior y centros de investigación de mayor prestigio del país, que serán elegidos por el pleno de la Cámara de Diputados a propuesta de la Junta de Coordinación Política.

El Consejo Consultivo Honorario establecerá los lineamientos para el proceso de selección de los directores generales, directores de proyecto e investigadores.

Notas:

1 González Chávez, Jorge; y Miranda Aldama, Mayeli. Los centros de estudio de la Cámara de Diputados, Centro de Documentación, Información y Análisis, julio de 2010.

2 Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crean los comités de los centros de estudios de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

3 Basham Patrick, Luik John. Politización de la ciencia,Libertad Digital, España, enero de 2007. Fecha de consulta: 14 de enero de 2017.

Disponible en http://www.libertaddigital.com/opinion/patrick-basham-y-john-luik/politizacion- de-la-ciencia-38365/

4 Esta intención se refleja en los planes y programas nacionales de desarrollo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.— Diputadas y diputados: Mirza Flores Gómez,Araceli Madrigal Sánchez, Juan Romero Tenorio, Julio Saldaña Morán, Óscar Ferrer Abalos, Pedro Garza Treviño (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Mirza Flores. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.



CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 205 Bis del Código Penal Federal.

La diputada Angélica Reyes Ávila:Lo que los pederastas pierden de vista a un grado devastador, es que sus víctimas son personas que sufrirán por siempre, por el resto de su vida, de los abusos perpetrados en ellos.

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, les saludo con respeto. No hay peor crimen que el que se comete en contra de un ser indefenso y vulnerable como lo son las y los niños y adolescentes. Nada duele más que el abuso a un menor. El abuso sexual infantil, es una forma de violencia que nos lacera como sociedad al vulnerar el principio de la dignidad humana y atentar contra todos los derechos de los menores.

En el abuso existe una relación desigual determinada por la edad, madurez o poder entre el agresor y la víctima. Constituye una experiencia traumática que produce un profundo daño en las niñas y niños que la viven, quienes se ven brutalmente agredidos en su integridad física y psicológica, en muchas ocasiones por las personas en quien más confían y que más deberían de protegerlos.

Son muchos los casos en que los menores son amenazados para no denunciar este crimen, y es hasta muchos años después cuando por fin logran vencer el miedo y acudir a las instancias a solicitar justicia, la cual se les niega debido a la prescripción del delito.

Dicha situación nos muestra que además de haber fallado en nuestra responsabilidad de cuidarlos y protegerlos como sociedad, como gobierno o como sus representantes, no hemos sido capaces de garantizarles el pleno acceso y respeto de sus derechos fundamentales.

En Nueva Alianza tenemos el firme compromiso de propiciar y salvaguardar el respeto a los derechos de nuestras niñas, niños y jóvenes. Por ello, hoy presento a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 205 bis del Código Penal Federal.

El objetivo consiste en establecer en la norma que el delito de pederastia sea imprescriptible, por cual se garantiza el derecho de denunciar e iniciar el proceso penal correspondiente en cualquier momento en que la víctima lo decida, pues el dolor y el daño ocasionado no está sujeto a una medida de tiempo, sino que es una herida permanente que determine el desarrollo y posterior actuar de la persona, ya que los adultos que han sufrido abuso en la infancia, corren mayor riesgo de presentar problemas conductuales, emocionales y mentales que retrasan su desarrollo social, laboral y familiar.

Es por ello que ante este aberrante crimen tenemos que tomar acciones y asumir el compromiso de mejorar, reforzar y hacer perfectibles las leyes que les permitan ejercer sus derechos. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 205 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Angélica Reyes Ávila, diputada federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 205-Bis del Código Penal Federal, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

De conformidad con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2013, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en ese año se registraron en México específicamente 10,092 delitos de abuso sexual en averiguaciones previas iniciadas y en carpetas de investigación abiertas; además, se registraron 13 mil 452 violaciones simples, mil 318 violaciones equiparadas y 8 mil 550 delitos clasificados bajo el rubro “otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual”.

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales, basados en la libertad, la dignidad e igualdad; asimismo, son inherentes a todos los seres humanos. Por tanto, como tales, son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos.

En contra sentido, el abuso sexual contra menores de edad y, concretamente, el delito de pederastia, vulneran tanto el adecuado desarrollo sexual de niñas y niños, como el libre desarrollo de su personalidad, impidiendo el goce de una sexualidad saludable, no sólo durante la adolescencia y la juventud sino, incluso, a lo largo de toda la vida. Las consecuencias del abuso sexual infantil dependen del apoyo familiar, del grado de culpabilidad que los padres hayan creado en el niño, así como de las estrategias de afrontamiento y capacidad de resiliencia del que disponga la víctima.

La Tesis Aislada identificada con rubro 201314, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 25 de noviembre de 2016, señala que: El derecho humano al libre desarrollo de la personalidad protege una esfera de privacidad del individuo en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones, a través de las cuales se ejerce la autonomía personal.

En el abuso sexual infantil existe una relación desigual por edad, madurez o poder, entre el agresor y la víctima. En este sentido, una niña o niño no puede involucrarse en actividades sexuales, ya que por su etapa evolutiva no comprende ni está capacitado para dar su consentimiento. De esta manera, se enfatiza que en el delito de pederastia existe desigualdad de poder entre los involucrados.

Si alguna característica hace particulares y específicos a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, es precisamente el interés superior de la infancia, principio que puede traducirse en la protección preferencial que están obligados a brindarles familiares, comunidad a la que pertenecen y el Estado mismo para garantizar todos y cada uno de sus derechos; en este caso, el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, así como también el derecho a vivir una vida libre de violencia, protegiendo en todo momento su integridad personal de cualquier tipo de abuso sexual.

En ese sentido, esta Iniciativa propone que sea imprescriptible la sanción señalada para el delito de pederastia, toda vez que la gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico y del grado de afectación al bien jurídico protegido; de manera que las penas más graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen los bienes jurídicos más importantes; en este caso, el libre desarrollo de la personalidad y el adecuado desarrollo sexual de niñas, niños y adolescentes, ya que la afectación a la víctima en el tipo penal de pederastia trasciende hasta la edad adulta.

Argumentación

La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y, bajo tal tesitura, cada ser humano puede desarrollar la personalidad que desee tener, siendo como quiera ser y como quiera desarrollarse, en pro de la igualdad real de oportunidades de cada persona.

En términos de los artículos 19 y 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, misma que fue suscrita por 196 países -excepto por los Estados Unidos de Norteamérica, ya que apenas el pasado 1 de octubre de 2015 también fue ratificada por Somalia, que no lo había hecho–y ratificada por México en 1990, establece la obligación de los Estados Parte de proteger a las y los niños contra todas las formas de explotación y abusos sexuales.

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluyó recientemente el importante concepto del libre desarrollo de la personalidad en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, misma que, en la parte que interesa señala que: “[...] el juez ordenará prisión preventiva oficiosamente [en] delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.

Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en términos de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, les reconoce el derecho a vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral, así como el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal y, dentro de éste último derecho, en el artículo 47, se establece la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por abuso sexual.

Por lo tanto, en el Poder Legislativo existe el compromiso convencional y legal de mejorar, reforzar y hacer perfectibles las leyes para proteger a niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de abuso sexual.

El Título Octavo del Libro Segundo del Código Penal Federal se denomina Delitos Contra el Libre Desarrollo de la Personalidad, y contiene un catálogo de tipos penales referentes a la corrupción, pornografía, turismo sexual, lenocinio, trata, apología de delitos y pederastia, primordialmente cometidos contra personas menores de edad, o personas que no tienen capacidad para comprender el significado o que no tienen capacidad para resistirlo.

En la legislación federal, tanto el delito de pederastia como la sanción pecuniaria y de privación de la libertad que se aplicará a quien lo cometa, está definido en el artículo 209 Bis del Código Penal Federal en los siguientes términos: “Se aplicará de nueve a dieciocho años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días de multa, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, introduzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin consentimiento”.

Se enfatiza que a partir del libre desarrollo de la personalidad, un ser humano tiene el derecho de desarrollarse, autodeterminar, diseñar y dirigir su vida según su voluntad, conforme a sus propósitos individuales, proyecto de vida, expectativas e intereses, preferencias e inclinaciones.

El valor jurídicamente tutelado por el derecho al libre desarrollo de la personalidad es la dignidad humana en su sentido más amplio. Por ello, la garantía de este trascendental derecho protege al ser humano en su realización individual en las diversas facetas de su vida.

La pederastia es un delito que afecta de manera grave, contundente y sistemática la dignidad de la persona y, con ello, el libre desarrollo de su personalidad; por tanto, no debe prescribir, ya que representa un daño para toda la vida. Este delito ocurre entre un menor y un adulto, y los criterios básicos para esta conducta antijurídica son la asimetría de edad y la coerción para realizar cualquier tipo de acto sexual.

Datos de la Consulta Infantil y Juvenil 2015, realizada por el Instituto Nacional Electoral, señalan que de una participación total, en el rango de 14 a 17 años de edad, de 487,600 adolescentes, el 11.6 por ciento, es decir, 10,393 individuos, sufren o han sufrido violencia sexual.

Cuando niñas, niños o adolescentes son víctimas de este delito se produce una herida en su dignidad humana; tal abuso sexual constituye una experiencia traumática y es vivido por la persona menor de edad como un atentado contra su integridad física y psicológica. Si la víctima no recibe un tratamiento psicológico adecuado, los efectos del daño causado pueden continuar, incluso, en la edad adulta.

La dirección que llevaba el desarrollo de su personalidad se ve interrumpida de golpe, gracias a que la confianza que depositaron en aquellos adultos que formaban parte de su entorno cotidiano, mismos que estaban obligados a guiarlos o cuidar de ellos por parentesco, tutela, custodia, relación docente, religiosa o laboral, se vio afectada por un allanamiento hacia su persona al obligarlos a ejecutar algún tipo de acto sexual.

No solo durante la infancia las personas menores de edad son particularmente vulnerables a abusos sexuales; en la Observación General número 20 del Comité sobre los Derechos del Niño sobre la implementación de los Derechos del Niño durante la adolescencia (del 2016) se expresa que, durante la adolescencia, se ven expuestos a riesgos específicos de esa etapa de la vida por el ambiente digital, incluyendo adicciones, violencia, abuso sexual, marginación, reclutamiento en bandas o milicias. Por ello, necesitan medidas para combatir los desafíos locales y globales, incluyendo los esfuerzos que realicen los Estados para garantizar sus derechos.

En el artículo 107 Bis del Código Penal Federal se establece que el término de prescripción de los delitos previstos en el Título Octavo del Libro Segundo cometidos en contra de una víctima menor de edad, en donde también se encuentra el tipo penal de pederastia, comenzará a correr a partir de que ésta cumpla la mayoría de edad.

Por su parte, el artículo 105 del mismo ordenamiento señala que la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años.

Considerando lo anterior, es de interpretarse que el inicio del cómputo del plazo para la prescripción de la sanción en el delito de pederastia comenzará a correr a partir de que la víctima cumpla dieciocho años (artículo 107 Bis del Código Penal Federal) y si, en términos del artículo 105 del mismo ordenamiento jurídico, se agregan trece años y medio, que es la media aritmética entre nueve y dieciocho años (pena mínima y máxima de prisión), se tiene que el límite para ejercer acción penal en contra del presunto agresor concluirá cuando la víctima tenga treinta y un años y medio cumplidos, porque si se hiciera después, ya se habría actualizado la excepción de la prescripción, extinguiéndose la acción penal y las sanciones que actualmente establece el derecho positivo vigente para el tipo penal de pederastia.

Esta Iniciativa propone que el delito de pederastia no prescriba; ello, en virtud de que las victimas que sufren los perjuicios de este delito padecen, de manera continuada, los efectos del daño causado, no sólo en el momento del acto sino que es un daño para toda la vida y las personas adultas que lo han vivido siguen padeciendo secuelas y consecuencias.

La ley debe ser un instrumento eficaz para proteger a los grupos que por circunstancias particulares pueden representar mayor vulnerabilidad, entre ellos, las niñas, niños y adolescentes, contra cualquier ataque hacia su integridad sexual y debe brindar los elementos suficientes para garantizar el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso en cualquier momento que una víctima de pederastia decida denunciar a su agresor.

Por ello, en este delito, la sanción no debe caducar aun cuando pase el tiempo. Debe existir una tutela jurídica efectiva, por lo que la ley debe dar a la víctima la potestad de seguir ostentando la exigibilidad de la sanción indefinidamente, en congruencia con el grave daño perpetrado.

En ese sentido, al adicionar la pederastia al catálogo de los delitos señalados en el artículo 205 Bis del Código Penal Federal, donde se establece que serán imprescriptibles las sanciones señaladas en los artículos 200, 201 y 204, es decir, pornografía infantil, corrupción de menores y lenocinio de personas menores de dieciocho años, respectivamente, se está salvaguardando la posibilidad de denunciar e iniciar el proceso penal correspondiente en cualquier momento que la víctima lo decida, para no favorecer a la impunidad porque, en ocasiones, es hasta la edad adulta en que la víctima decide hablar sobre lo sucedido y denunciar al agresor.

Asimismo, establecer la imprescriptibilidad del tipo penal de la pederastia puede, eventualmente, ser un elemento para disuadir a los individuos que tengan la intención de cometer esta conducta antijurídica y, con ello, prevenir la comisión de un delito que vulnera gravemente a la sociedad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis Aislada publicada el 15 de febrero de 2015 en el Semanario Judicial de la Federación, identificada con el rubro Pederastia. el artículo 209 Bis del Código Penal Federal, que establece la sanción para quien cometa ese delito, no vulnera el principio de proporcionalidad de la pena, Tesis: 1a. LII/2015 (10a.), señala que:

[...] En ese sentido, el hecho de que el límite inferior y el rango máximo que establece el delito pudieran parecer altos, ello es relativo, pues la gravedad de la conducta ilícita que pretende regular es de suma importancia, ya que a pesar de los esfuerzos realizados, nuestro marco normativo ha resultado desigual e insuficiente, en virtud de que siguen sin respetarse la dignidad e integridad de las niñas, los niños y adolescentes mexicanos, que se ven amenazadas por la creciente inclinación a ejecutar el tipo de conductas como las de la norma en cuestión [pederastia], las cuales se previeron al tipificarla y sancionarla de forma drástica.

Establecer que la pederastia sea imprescriptible no vulnera el principio de proporcionalidad de la pena, porque esta modificación a la ley es proporcional para un delito sumamente grave, dado que el daño perpetrado a la víctima fue de gran magnitud al ser despertada alevosa y ventajosamente su sexualidad, generado sentimientos de culpa, ansiedad y probables trastornos sexuales que se presentarán permanente e inmutablemente durante su vida adulta, ocasionando daños psicoemocionales severos, de salud mental, física y emocional en la víctima.

Por todo lo anterior, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza se considera fundamental establecer en el Código Penal Federal que no exista plazo para que se extinga la acción penal en el delito de pederastia; es decir, que el paso del tiempo no extinga la sanción señalada para ese tipo penal.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputada Federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 205-Bis del Código Penal Federal

Artículo Único.Se reforma el primer párrafo del artículo 205-Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 205- Bis. Serán imprescriptibles las sanciones señaladas en los artículos 200, 201 ,204 y 209 Bis. Asimismo, las sanciones señaladas en dichos artículos se aumentarán al doble de la que corresponda cuando el autor tuviere para con la víctima, alguna de las siguientes relaciones:

a) a j)...

...

...

...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

i Visto en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx? upc=702825058166 , el 13 de enero de 2017 a las 11:10 horas.

ii Visto en http://www.educacionsexual.com.ar/biblioteca-online/derechos-sexuales-y-reprodu ctivos/derechos-sexuales-y-reproductivos-en-adolescentes, el 14 de enero de 2017 a las 18:45 horas.

iii Visto en http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/tesis.aspx, 23 de enero de 2017 a las 12:03 horas

iv Visto en http://www.medigraphic.com/pdfs/actpedmex/apm-2009/apm092e.pdf, el 11 de enero de 2017 a las 12.33 horas.

v Visto en http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33493#.WH6lJVPhDIUm. 16 de enero de 2017, 11:20 horas.

vi Segundo párrafo del artículo 19 Constitucional.

vii Visto en https: //archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3647/12.pdf, 13 de enero de 2017 a las 13.45 horas.

viii Visto en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_180716. pdf. 10 de enero de 2017, 10.45 horas.

ix Visto en http://www.corteidh.or.cr/tablas/r31089.pdf, 13 de enero de 2017 a las 14.50 horas.

x Visto en https://www.unicef.org/mexico/spanish/Informe_Nacional-capitulo_II_y_III(2).pdf , 12 de enero de 2017 a las 13:00 horas.

xi Visto en http://www.ine.mx/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_ Federal_2014-2015/ConsultaInfantilyJuvenil2015/pdf/Resultados_ Nacionales_14_a_17.pdf, 18 de enero de 2017 a las 10:43 horas.

xii Visto en http://kausajusta.blogspot.mx/2016/12/observacion-general-n-20-sobre-la.html. 15 de enero de 2017: 9:10 horas.

xiii Visto en http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/tesis.aspx, 23 de enero de 2017 a las 13:13 horas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de febrero de 2017.— Diputadas: Angélica Reyes Ávila,Daniela De Los Santos Torres (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputada Angélica Reyes Ávila, túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

La diputada Daniela De Los Santos Torres (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul de la diputada Daniela de los Santos. Diputada, adelante.

La diputada Daniela De Los Santos Torres(desde la curul): Gracias, presidente. Felicitar a la diputada Angélica y preguntarle si me permite suscribir su iniciativa.



LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene palabra, por cinco minutos, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La Compañera diputada da su aceptación. Está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría. Muchas gracias.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes:Honorable asamblea, la Carta Magna, nuestra ley fundamental, la Constitución general de la república reconoce que somos una nación pluriétnica y pluricultural. Sin embargo, estas etnias de las que de manera muy común decimos sentirnos orgullosos, cuando reclamamos para nosotros nuestro gran pasado indígena, han sido sometidas de manera autoritaria, casi tiránica, a las tiranías de las mayorías.

No hemos podido encontrar una representación indígena real en los cuerpos legislativos ni en los Congresos locales ni en esta Cámara de Diputados, y mucho menos en el Senado de la República. Son pocas, muy honradas las excepciones de indígenas que han llegado a ocupar un espacio en este Poder Legislativo.

No me cabe la menor duda de que, si de verdad decimos estar orgullosos de nuestro pasado indígena, la representación es uno de los grandes déficits que tiene nuestra democracia. Hay un déficit democrático con las comunidades indígenas, con los liderazgos indígenas de nuestro país.

Si de verdad queremos vivir en una democracia representativa no tenemos de otra, es justo, es lo real, es lo que se necesita, tener representación indígena de acuerdo al número de distritos electorales donde hay mayoría indígena.

Hoy no solamente es Oaxaca, no solamente es Chiapas, no solamente es Guerrero, hay otros estados donde hay una gran representación indígena; y, si nos reconocemos a nosotros mismos como una nación pluriétnica, tendrían que estar aquí muchísimos indígenas representando a las comunidades, a las realidades de los pueblos indígenas el día de hoy.

La iniciativa que está presentando el Partido Encuentro Social a través de mi conducto tiene que ver con esto, con dar una real representación a las comunidades y a los pueblos indígenas en esta Cámara de Diputados. Queremos reformar el artículo 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que los partidos políticos estemos obligados a presentar candidatos 100 por ciento indígenas en los distritos donde hay mayoría indígena.

Es decir, en la próxima legislatura, de aprobarse esta iniciativa, tendríamos representación de 28 indígenas. No importa qué partido, lo importante es que se alcance una representación de los pueblos indígenas en esta soberanía. Por eso la propuesta que traemos de modificación, es modificar el numeral 4o del artículo 232, para quedar como sigue:

Los partidos políticos promoverán y garantizarán la participación política y representación indígena en la designación de candidatos a los cargos de elección popular, postulando de forma obligada a candidatos pertenecientes a la población indígena en los 28 distritos electorales con mayoría de esta población.

Ha llegado el momento de hacerle justicia a nuestra historia y ha llegado también el momento que aquí, en la Cámara de Diputados, haya una real representación indígena a través de la postulación obligada de todos los partidos políticos, a mexicanos pertenecientes a las etnias nacionales. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 26 y 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Hugo Éric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, diputado perteneciente a la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72, inciso H) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a cargo del diputado Hugo Éric Flores Cervantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Exposición de Motivos

Como es sabido, el territorio geográfico que actualmente ocupa México estuvo ocupado y habitado por pueblos originarios desde mucho antes del descubrimiento de América y de la posterior llegada y colonización española. Estos pueblos, etnias, naciones, comunidades o cualquier denominación que se les otorgue, no desaparecieron ni se integraron del todo al mestizaje resultante del período colonial, como sucedió en otras latitudes, antes bien han prevalecido y conservado su linaje y tradiciones primigenias.

La Constitución en su artículo segundo define que:

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), artículo 2o.).

Asimismo, de acuerdo a la definición del Banco Mundial, la población indígena está ubicada dentro de la sociedad como un grupo con una identidad social y cultural propia, con un gran apego al territorio ancestral, una producción orientada principalmente a la subsistencia y una lengua diferente a la nacional.

Gracias a esta supervivencia, que han tenido los grupos étnicos a lo largo del territorio nacional, México ha sido reconocido como uno de los países con mayor historia y tradición cultural, lo que ha resultado en grandes reconocimientos internacionales y beneficios económicos, por el gran interés que despierta a los turistas nacionales y extranjeros el conocer un poco del pasado prehispánico, que se entrelaza de múltiples formas con las comunidades y pueblos indígenas.

Sin embargo, a pesar de que desde hace muchos años, la sociedad mexicana en general y los gobiernos en turno se han beneficiado de esta población y de sus costumbres, tradiciones, festividades, artesanías, lenguas, trajes típicos, etc., al día de hoy no les son reconocidos en plenitud sus derechos humanos, especialmente los políticos.

Se sigue manejando un doble discurso por parte de autoridades y sociedad, pues mientras por un lado son exaltados los valores culturales de los pueblos y comunidades indígenas, cuando se trata de promover el turismo, por otro lado se sigue viendo a estas comunidades en un rango inferior, siguen siendo excluidos y ajenos de procesos como la globalización, el liberalismo, la participación política y las nuevas tecnologías que definen a la sociedad contemporánea.

La construcción de la nación mexicana bajo los principios del liberalismo y de la adopción de una lengua oficial y una sola cultura como base de la unidad nacional, ha obligado a los pueblos indígenas a sujetar a estos principios su territorio, sus recursos naturales y su herencia lingüística y cultural, lo que ha llevado a profundizar el aislamiento y el empobrecimiento de estos pueblos originarios.

Producto de lo anterior, es que históricamente entre la población indígena y sus regiones, se concentren los indicadores socioeconómicos más desfavorables, así como resultados educativos por debajo de otros sectores, por ejemplo, mayores tasas de analfabetismo y menores logros escolares.

También se presenta el problema de que tienen menos acceso a mercados de trabajo formales, en contraparte con la gente no indígena y por lo tanto un porcentaje menor tiene acceso a las prestaciones derivadas del empleo.

Esta situación ha provocado a lo largo de los últimos años, diversos intentos, incluso violentos, por recuperar sus derechos, pero sobre todo, por un trato digno y justo por parte del Estado. La expresión más reciente de inconformidad de la que se tiene registro, es el levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en enero de 1994, que demandó justicia y libertad para los pueblos, comunidades y ciudadanos indígenas.

Las muestras generalizadas y repetidas de interés que generó en su momento el levantamiento zapatista, ilustran la ambivalencia de las representaciones sociales sobre los indígenas. Revelan una mezcla de solidaridad y fascinación, de identificación y diferenciación, de atracción y desconocimiento profundo de una alteridad a la vez familiar y exótica.

Como si los indígenas no fueran mexicanos semejantes e iguales, es decir conciudadanos, sino una especie o raza aparte, idealizada o despreciada, “verdadera”, “degenerada” o “cósmica”, “manipulada” o “auténtica”, pero separada siempre irremediablemente del resto de la nación.

Pero si bien, en público se ha vuelto indebido y políticamente incorrecto segregar a las minorías étnicas del país, ello no significa que la discriminación haya sido superada. Con nuevas formas, con tintes de benevolencia, caridad y paternalismo, una profunda desigualdad persiste en el trato hacia los indígenas, que siguen siendo vistos con frecuencia como esencialmente diferentes o lo que es peor como inferiores y menores de edad en un sentido sociopolítico.

En resumen, en México se reconoce la contribución, las aportaciones y la importancia de los pueblos indígenas en la construcción de nuestra nación, pero no se ha contemplado en la legislación electoral ninguna regla o normatividad que garantice su participación en los puestos de elección popular, ni en la ocupación de escaños en el caso del Senado de la República o curules para el de la Cámara de Diputados.

Por tal razón, es imperante para el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social contribuir a la ampliación y máximo reconocimiento de los derechos y la libre determinación de los pueblos indígenas, empezando por el incremento de su representatividad en el Congreso de la Unión, intención de la presente iniciativa.

Consideramos, que para aspirar a que las comunidades indígenas puedan acceder en igualdad de condiciones a los servicios brindados por el estado, como salud, educación, justicia, seguridad, etc., tiene que haber un mayor número de legisladores que los representen, defiendan y luchen por sus intereses y necesidades, ya que este grupo representa un porcentaje considerable de la población nacional y está presente de forma importante en estados como Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, pero es posible encontrarlo en casi todos o todos los estados del territorio nacional.

De acuerdo con los datos de las Fichas de Información Básica de la Población Indígena 2015, elaboradas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), existe una población indígena de 12 millones 25 mil 947 personas, lo que representa 10.1 por ciento de la población nacional. Esta cifra se eleva a más del doble si se toma en cuenta la población auto adscrita, es decir, aquella que declara considerarse parte de una etnia y que alcanza la cifra de 25 millones 694 mil 928 personas, representando un 21.5 por ciento de la población total.

Fuente: CDI Sistema de Indicadores sobre la población indígena en México.

Legislación en la materia

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la composición pluricultural de la Nación, expresada en la presencia a lo largo del territorio nacional de alrededor de 68 pueblos indígenas y sus comunidades, con una población de más de 10 millones de integrantes, que representan más de 10 por ciento de la población nacional.

Asimismo, en las últimas décadas han existido algunos avances en cuanto al reconocimiento de los derechos indígenas en México, sin embargo, no han sido suficientes. Desde finales de 1980 se realizaron reformas importantes que fueron reconociendo y ampliando formalmente los derechos culturales e indígenas en México, ejemplos de esto son la firma del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989, la reforma del artículo 4 de la Constitución en 1992, las reformas de 2001 y la creación de 28 distritos indígenas en 2003-2004.

En lo que respecta a la “reforma en materia de derechos y cultura indígena” aprobada en el Congreso de la Unión en 2001, se observa que se reconocieron limitadamente, algunas libertades autonómicas a estos pueblos y sus comunidades. Sin embargo, quedaron fuera diferentes facultades demandadas por estos actores políticos, contenidas incluso en el derecho internacional, entre estos, el derecho de representación política en tanto pueblos indígenas, consistente en contar con representantes en el Congreso de la Unión.

No obstante, anterior a esta reforma ya existían diversos intentos e iniciativas, provenientes de múltiples actores interesados en el tema, por lograr un mayor reconocimiento y participación de las comunidades indígenas en el acontecer político del país, por lo que es posible afirmar que la anteriormente citada reforma de 2001, fue el resultado del trabajo y las propuestas de estos.

A principios de la década de los noventa, en el marco de las jornadas de organizaciones indígenas en México y diversos países de América Latina denominadas “500 años de Resistencia Indígena Negra y Popular”, el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, con el objetivo de incorporar la representación indígena en el Congreso de la Unión, presentó una iniciativa de ley que consideraba que una de las cinco circunscripciones plurinominales, fuera integrada con diputados provenientes de las regiones indígenas del país (Cabe mencionar que esta propuesta con ligeras diferencias, ha sido incorporada en diversas iniciativas presentadas en distintos momentos y en distintas legislaturas).

Posteriormente, en 1996, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), retomando los “Acuerdos de San Andrés Larráinzar”, elaboró una iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígena, que consideraba en materia de representación política de los Pueblos indígenas, tres aspectos principales:

1. El fortalecimiento de la participación y representación política de los pueblos indígenas de acuerdo con sus especificidades culturales;

2. Que para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales y las circunscripciones electorales plurinominales, se tomara en cuenta la ubicación de los pueblos indígenas, a fin de asegurar su participación y representación política en el ámbito nacional;

3. Que para garantizar la representación de los pueblos indígenas en las legislaturas de los estados por el principio de mayoría relativa, los distritos electorales deberían ajustarse conforme a la distribución geográfica de dichos pueblos.

La reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena de 2001, incorporó en un artículo transitorio, sólo uno de los tres aspectos considerados en la iniciativa de la Cocopa, referente a la obligación de considerar la ubicación de los asentamientos de las comunidades indígenas, para establecer la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales a fin de propiciar su participación política.

Obligación que fue considerada por el Instituto Federal Electoral en la redistritación realizada en el año del 2004. Ésta reforma puede ser considerada como la más tangible y esperanzadora para incrementar el número de legisladores indígenas en el Congreso, se concretó entre 2003 y 2004, cuando el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) integró plenamente criterios étnico-lingüísticos en la nueva delimitación de los 300 distritos uninominales en los que se eligen los diputados de mayoría relativa.

De esta forma, se definió una medida de discriminación positiva que había sido propuesta tanto en los Acuerdos de San Andrés, como en las iniciativas consecutivas de la Cocopa, del gobierno y de diversos partidos, así como en la propia reforma constitucional de 2001.

Asimismo, se dio cumplimiento al mandato constitucional establecido el 14 de agosto de 2001, estableciendo que en la redistritación se consideraría que de 300 distritos uninominales 28 tienen 40% o más de población indígena.

La redistritación indígena pretendía que se eligieran 28 legisladores de este sector en la Cámara de Diputados. En este caso, los criterios que se seleccionaron para la redistritación permitieron maximizar formalmente el número absoluto de distritos “indígenas”, pero no produjeron mecánicamente los efectos esperados en términos de representación legislativa.

Tras haberse situado en un promedio de 2.25 entre 1988 y 2000, el número de diputados uninominales indígenas se incrementó a siete en 2003, antes de pasar a 17 en 2006 y de volver a reducirse a 11 en 2009, continuando con esta tendencia en 2012 y en la actual legislatura. Si bien se registró un aumento considerable que se relaciona muy probablemente con las reformas realizadas, éstas no han permitido la elección de 28 legisladores indígenas.

Con la redistritación de 2004 realizada por el IFE pueden señalarse algunos avances, al reconocerse la existencia de 28 distritos electorales con mayoría de población indígena distribuidos en once estados del país: Campeche, 1; Chiapas, 4; Guerrero, 1, Hidalgo, 2; estado de México, 1; Oaxaca, 8; Puebla, 3; Quintana Roo, 1; San Luís Potosí, 1; Veracruz, 3 y Yucatán, 3.

Sin embargo, estos distritos electorales, no reflejan por completo la diversidad de los 68 pueblos indígenas del país, quedando considerados en estos distritos no más de 25 pueblos indígenas, que representan un poco más de 50 por ciento de esta población.

Derecho internacional

En los últimos años se han aprobado cambios significativos a las reglas que rigen nuestra democracia, especialmente en la reforma político-electoral de 2014, pero siguen pendientes ajustes que aborden los problemas de baja participación e inclusión de importantes sectores de la sociedad, que siguen marginados de la representación formal.

En el marco internacional, la demanda de representación política de pueblos y comunidades indígenas ha sido recogida por diversos instrumentos signados por el Estado mexicano, entre estos destaca, la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que en su artículo 5, señala “...Los pueblos indígenas tienen derecho... a participar plenamente, si lo desean, en la vida política... del Estado”.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General en su sesión del 13 de septiembre de 2007, establece:

Artículo 5

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Artículo 18

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.

Artículo 37

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

Por su parte, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por la Cámara de Senadores el 11 de julio de 1990, expresa:

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a)...

b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsable de políticas y programas que les conciernan;...

A partir de estos mandatos, en diversos países de Latinoamérica se ha reconocido a nivel constitucional, el derecho de los pueblos indígenas a estar representados en las instancias de su respectivo Poder Legislativo, este es el caso de Bolivia, Colombia, Nicaragua y Venezuela.

Sin embargo, a pesar de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y los diversos esfuerzos de diputados y organizaciones indígenas por dotar de una legislación que permita la representación de estos pueblos en el Congreso de la Unión, no se ha materializado aún, este ideal democrático.

En las últimas décadas, el desafío de conciliar la representación individual con la colectiva se ha enfrentado en múltiples países. La representación política de los indígenas en los órganos legislativos ha adquirido especial relevancia en los procesos de transición y consolidación democrática en América Latina, tendencia de la cual México no es ajeno debido a que su población cuenta con un importante componente indígena.

Entender qué mecanismos se han utilizado y con qué efectos es el objetivo de un reciente informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El estudio muestra que han sido cuatro los mecanismos utilizados para ello.

Países como México y Estados Unidos han utilizado la redistritación, modificando el mapa electoral o las fronteras de distritos para asegurar que un grupo minoritario tenga presencia mayoritaria en él. Otros, como Polonia, han modificado los umbrales electorales cambiando el nivel mínimo de apoyo que requiere un partido para obtener representación en el parlamento.

Sin embargo, el mecanismo más utilizado para incorporar a pueblos indígenas, ha sido el de los escaños reservados, que establece un número acotado a ser ocupados por personas de un grupo determinado.

Dichos asientos están sujetos a la competencia electoral, aunque con regulaciones particulares: ya sea con distritos específicos (como en India), o con votaciones en un padrón electoral distinto al nacional (como en Nueva Zelanda).

Además, los escaños reservados permiten que tanto los partidos tradicionales como las organizaciones y partidos indígenas compitan por ellos.

Sin duda, la presencia de actores indígenas en el Congreso no resuelve todos los déficits de representación, ni aborda todas las áreas que impiden avanzar en una relación más equilibrada entre pueblos indígenas y el Estado. Sin embargo, reconocer la exclusión indígena actual en el Congreso ayudaría a buscar soluciones, mientras que analizar la experiencia de otros países permitiría impulsar medidas ya probadas.

Conclusiones

La representación es un dispositivo crucial del gobierno democrático, indispensable para organizar la división del poder en sociedades complejas, y fundamental para generar mecanismos plurales y efectivos de receptividad y liderazgo, representatividad y rendición de cuentas.

Nuestros sistemas políticos contemporáneos, constituidos en el nivel del Estado nacional, son demasiado poblados y extensos para poder gobernarse sin delegar el poder a representantes electos, encargados de ejercerlo desde los órganos ejecutivos, de controlarlo y reglamentarlo desde los órganos legislativos, de limitarlo y constreñirlo desde los órganos judiciales. El gobierno democrático moderno se fundamenta, así, en mecanismos diversos de delegación y elección que permiten que la soberanía popular se ejerza de una forma eficiente y equilibrada, representativa y plural.

La ampliación de las capacidades y libertades de la ciudadanía, la consideración de sus preocupaciones y preferencias para la formulación de las políticas públicas, la integración de su diversidad sociocultural y la resolución de sus conflictos por medio de mecanismos plurales e institucionales, así como la ejecución de la acción gubernamental en coordinación con los diversos actores políticos y sociales, no solamente le proporcionarán estabilidad y legitimidad al sistema político, sino que contribuirán a generar un ambiente propicio para la creación de capitales, que podrán ser utilizados para el desarrollo humano de la sociedad.

En otras palabras, la gobernabilidad democrática parte de, pero rebasa ampliamente el problema de la conformación de mayorías legislativas estables que apoyen al Ejecutivo en la difícil tarea de gobernar. También requiere de la participación y representación efectiva de la ciudadanía en toda su pluralidad, en cuya inclusión reside in fine el mejor sustento para la legitimidad y estabilidad de un sistema político democrático.

Así, a través del principio de democracia representativa, los ciudadanos y los estados de la federación, llevan a los órganos legislativos la voz, las necesidades, las propuestas y las alternativas que, en forma de ley han de atender las necesidades de sus representados.

El medio para la concreción de esto son los partidos políticos, es decir, las instituciones que según el artículo 41 constitucional, tienen la tarea de “promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan...”

Así, por la diversidad ideológica y programática de los partidos políticos y siendo éstos el instrumento para integrar la representación ciudadana, el Congreso de la Unión se constituye en el espacio político de las expresiones ideológicas y, en consecuencia, de negociación de los intereses legítimos de los diferentes sectores de la sociedad, por tal razón, estos organismos tienen la obligación de ser incluyentes y tomar en cuenta a todos los segmentos y grupos poblacionales que integran la nación mexicana, evidentemente incluyendo a las comunidades étnicas.

En este sentido, se deben privilegiar los derechos de participación política de los pueblos indígenas, por encima de los intereses y compromisos particulares de los partidos políticos. Si bien es cierto, que tener 28 diputados de ascendencia indígena no resolvería los problemas de exclusión por los que atraviesa este sector social, también lo es que de existir se sumarian esfuerzos para la promoción y salvaguarda de los intereses y necesidades de esta población.

Por tal razón, se propone modificar el artículo 232 la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para poner como una obligación ineludible la postulación de candidatos indígenas en los 28 Distritos Electorales con mayoría de esta población, considerando que esto no trastocaría de ninguna forma la libertad y el derecho de los partidos de proponer candidatos. Sino más bien, sería una medida que ayudaría a que existiera mayor representatividad y al mismo tiempo una mejor gobernabilidad en los municipios en dónde se ubiquen estos distritos.

La situación actual de los indígenas en México refleja una ruptura notable con el pasado, distante y reciente. Atrás parecen haber quedado los tiempos en los que ser indio significaba pertenecer a una categoría jurídica diferenciada y separada de la sociedad dominante, con derechos pero sobre todo con obligaciones propias, con la protección y tutela de la Corona o Estado, pero obligados a rendir tributo y al servicio de la “gente de razón”.

Ahora todos parecen estar de acuerdo en la legitimidad de reconocer, tal y como lo establece la Constitución federal desde 1992, el carácter pluriétnico de la nación mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas (CPEUM 1992, artículo 4).

Es en este contexto sociocultural favorable pero ambivalente, que hay que plantear el problema de la representación legislativa de los indígenas en México. Desde una perspectiva normativa y simbólica el balance resulta positivo. En apenas tres décadas, se ha ido valorando la indianidad como una identidad plural y positiva. Paralelamente, se ha ido construyendo un amplio consenso social, no sólo sobre la necesidad de reconocer la diversidad cultural de la nación mexicana, sino en torno al imperativo de promover una mayor participación y una representación más equitativa de los indígenas en las instituciones que definen sus rumbos y destinos.

Con cambios recientes como la reforma electoral y cuotas de género, y al inicio del proceso constituyente de la Ciudad de México, el momento para abordar este tema pendiente no podría ser más apropiado. Asegurar la debida presencia de representantes indígenas en el Poder Legislativo sólo puede aportar a fortalecer nuestra democracia.

La cuestión de la representación legislativa de los indígenas, es un asunto que en México goza ahora de un gran consenso, todos los actores parecen estar de acuerdo en que ésta, además de ser deseable, resulta indispensable para incluir a dichas minorías en el concierto de voces y de votos que definen las leyes y los destinos de la nación.

De no hacerlo, se continuaría afectando particularmente a los pueblos indígenas, que constituyen como se ha mencionado un 10 por ciento de la población, lo que impide que se representen adecuadamente sus opiniones e intereses en los debates nacionales, e inhibe, además, las posibilidades de diálogo y entendimiento, tanto en materias que los atañen específicamente, como en aquellas de orden general que pueden verse enriquecidas con sus perspectivas.

Para Encuentro Social, lo correcto en el ejercicio de una democracia plena, sería que la representación indígena en el Congreso ascendiese al equivalente del porcentaje de población que representa este grupo del total nacional, es decir, más de 10 por ciento, lo que traducido a escaños significaría 50 lugares para la Cámara de Diputados y alrededor de 12 para la Cámara de Senadores.

Pero estamos conscientes de que en este momento no existen los mecanismos políticos, sociales y culturales para que esto sea posible, no obstante, si los hay para garantizar que exista una representación de por lo menos 28 diputados pertenecientes a una comunidad indígena, si se respetan los 28 distritos previstos en la redistritación de 2004, para el caso de diputados, por lo que se propone modificar para estos efectos el artículo 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 26 de dicho ordenamiento, con el fin de obligar a los congresos locales a considerar el componente indígena de sus estados para la repartición de lugares en sus congresos.

Ya que como se ha visto, México ya implementó algunas medidas para reducir la sub representación cuantitativa de los indígenas en el Congreso de la Unión, cuyos resultados son notables pero pueden ser mejorados.

Con todo y los avances registrados en el plano legislativo y de la jurisprudencia, su situación material y política se sigue caracterizando por marcadas desigualdades, no solamente con respecto a la sociedad nacional, sino en el mismo seno de las comunidades que le dan sentido a sus identidades.

Dichas desigualdades e injusticias, externas e internas, exigen pensar la representación indígena en un marco más amplio y exigente, que inicia con la dimensión numérica y descriptiva, pero plantea sobre todo el reto general de construir relaciones más equitativas, plurales y democráticas entre los gobernantes y los gobernados.

La protección de los derechos de las minorías y el éxito de su representación legislativa dependen de una combinación equilibrada entre la sensibilidad y la apertura de las mayorías, y la adopción de medidas que incentiven su inclusión política.

En última instancia, la mejor manera de representar minorías consiste en garantizar que sus diputados sean verdaderamente legítimos, tanto entre sus homólogos en el parlamento como en el seno de sus propias comunidades. En efecto, siempre existe el riesgo de que los representes de minorías no tengan una influencia real en el parlamento, en la medida en que su mismo número y condición minoritaria los posiciona de entrada en una situación de desventaja.

Por ello, resulta todavía más crucial que éstos cuenten con el respaldo y el apoyo efectivo de sus comunidades, que tengan capacidades y méritos propios, y que no les deban sus carreras solamente a mecanismos técnicos de discriminación positiva, sin lo cual corren el riesgo de transformarse en representantes meramente simbólicos y figurativos, sin voz ni voto propios.

En suma, no se puede subestimar la importancia de la representación de las minorías. No hay nada menos legítimo y más contraproducente que la designación de legisladores que no cuenten ni con el reconocimiento, ni con el respaldo activo de sus comunidades de origen.

Por lo expuesto y debidamente fundado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 26 y 232, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Único. Se reforma el artículo 26 y se agrega un numeral 4 del artículo 232, recorriéndose los subsecuentes de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar de la siguiente manera:

Artículo 26.

1. ...

2. ...

3. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos y congresos locales. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los estados y municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

4. ...

Artículo 232

1. ...

2. ...

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

4. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la participación política y representación indígena en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular, postulando de forma obligada a candidatos pertenecientes a la población indígena en los 28 distritos electorales con mayoría de esta población.

5. ...

6. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Notas:

1 Sonnleitner, Willibald. La representación legislativa de los indígenas en México. De la representatividad descriptiva a una representación de mejor calidad. México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013.

2 Las principales diferencias conceptuales para distinguir la población netamente indígena de la que se asume como tal, tienen que ver con el habla de una lengua indígena y con vivir en hogares formados por padres hablantes de lengua indígena, cuando no se cumplen estos supuestos se considera a las personas como auto adscritas a la población indígena.

3 Fichas de Información Básica de la Población Indígena 2015, elaboradas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Consultable en http://www.cdi.gob.mx/indicadores2015/#/6

4 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Consultable en http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/ documents/DRIPS_es.pdf

5 Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Consultable en http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf

6 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe Representación Indígena en Poderes Legislativos. Claves desde la experiencia internacional, julio 2016.

7 Sonnleitner, Willibald. La representación legislativa de los indígenas en México. De la representatividad descriptiva a una representación de mejor calidad.México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2017.— Diputado y diputada: Hugo Éric Flores Cervantes,Arlet Mólgora Glover (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Flores Cervantes. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.



DECLARA EL ÚLTIMO DÍA DE FEBRERO DE CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS”

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se declara el último de febrero como “Día Nacional de las Enfermedades Raras”, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el último de febrero como Día Nacional de las Enfermedades Raras, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las enfermedades raras tienen baja incidencia en la población y son crónicamente debilitantes o ponen en riesgo la vida. En realidad no hay una definición unificada de “enfermedad rara”, ya que algunas definiciones se basan solamente en el número de personas afectadas, mientras que otras, como es el caso de la Unión Europea, toman en cuenta factores como la severidad de la enfermedad o la existencia de tratamientos adecuados para su atención.

La Comisión Europea de Salud Pública establece que las “enfermedades raras, incluidas las de origen genético, son crónicamente debilitantes o potencialmente mortales y tienen tan poca prevalencia que se necesitan esfuerzos especiales para combatirlas”. Para ello, toma como prevalencia la de 5 casos por cada 10 mil habitantes, que coincide con la que usó el Programa de Acción Comunitaria sobre las Enfermedades Poco Comunes (1999-2003), aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo.

Las enfermedades que son estadísticamente raras, cumpliendo la prevalencia establecida, pero que no son potencialmente mortales, crónicamente debilitantes o inadecuadamente tratadas son excluidas de esta definición.

Otro aspecto en el que tampoco existe un criterio unificado es en la definición de “baja prevalencia”; en la mayoría de los países se ha adoptado el criterio europeo que considera como rara a una enfermedad que afecta hasta a 5 individuos por 10 mil habitantes; sin embargo, en los Estados Unidos de América, se define así a un trastorno o enfermedad que sufren menos de 200 mil personas, en Japón a menos de 50 mil, en Australia a menos de 2 mil y en Taiwán a 1 de cada 10 mil.

Por lo que hace a México, la Ley General de Salud señala en el artículo 224 Bis, que las enfermedades raras son aquellas que tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10 mil habitantes.

Se considera que hay entre 5 mil y 8 mil enfermedades raras, que afectan a cerca de 7 por ciento de la población mundial. La mayoría de estas enfermedades tienen origen genético, y las dos formas más frecuentes son los errores innatos del metabolismo y las enfermedades por depósito lisosomal; otras enfermedades raras registradas incluyen enfermedades autoinmunes, algunos cánceres, malformaciones congénitas y por efectos de la exposición ambiental.

En 2008, con el propósito de concientizar a la sociedad en general respecto a estos padecimientos y como un gesto solidario hacia quienes los padecen, la Organización Europea para las Enfermedades Raras estableció el “día de las enfermedades raras”, eligiendo el 29 de febrero para su conmemoración, por tratarse de “un día raro”, que aparece en el calendario sólo en los años bisiestos.

En 2009, la celebración del día de las enfermedades raras comenzó a ser cada vez más global. Ese año, la Organización Nacional para los Trastornos Raros movilizó en Estados Unidos a 200 organizaciones dedicadas al apoyo de pacientes con enfermedades de este tipo, asimismo en China, Australia, Taiwán y América Latina se realizaron esfuerzos para coordinar actividades nacionales para promover este día. Desde entonces, para efectos de su realización, los años no bisiestos la celebración se lleva a cabo el 28 de febrero.

Se estima que en el país hay aproximadamente 8 millones de pacientes afectados por alguna enfermedad rara. Dado que la incidencia es muy reducida, estas enfermedades plantean un reto enorme para el sistema de salud y para la sociedad en general, debido a que no hay suficiente información epidemiológica y son contados los especialistas capaces de detectarlas, lo cual ocasiona que muchos pacientes lleguen a perder años de consulta en consulta sin encontrar un diagnóstico y tratamiento adecuados para su padecimiento; de hecho, hay personas que después de procesos muy tortuosos, llegan a perder a seres queridos sin saber qué enfermedad padecieron.

Pero el tema va más allá, ya que en los casos en que sí se logra diagnosticar la enfermedad rara, viene el otro viacrucis, pues el tratamiento de la gran mayoría de estos padecimientos, precisamente por su baja prevalencia, es sumamente costoso y queda fuera del alcance de los familiares del enfermo.

Por motivos como los aquí referidos, las “enfermedades raras” representan un reto de salud de creciente atención, que no puede ser ignorado por las autoridades e instituciones competentes.

Honorable asamblea: el párrafo tercero del artículo 4o. de la Carta Magna establece: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Si aspiramos a que el referido derecho sea igualitario y aplicable a cada uno de los mexicanos, sin excepción, debemos hacer un esfuerzo solidario y subsidiario a favor de quienes padecen estas enfermedades y de sus familias.

No podemos ser omisos ante las dificultades que enfrentan estos pacientes y sus familias. Si bien es cierto que el establecer formalmente un día para las enfermedades raras, no va a resolver sus problemas, si puede ser un paso que nos ayude a que sean cada vez más las instituciones y las personas que se sensibilicen y hagan causa común con quienes las padecen, y de esa manera, juntos podamos avanzar en su adecuada detección y tratamiento.

Por lo expuesto y con el fundamento legal referido en el proemio, presento ante esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único. El Congreso de la Unión declara el último de febrero como Día Nacional de las Enfermedades Raras.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.— Diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen. Continúe la Secretaría.



ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio, de la LXIII Legislatura.

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a), del numeral 1, del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 36, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que de conformidad con el artículo 38, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones y el calendario para su desahogo.

II. Que el artículo 65, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Congreso se reunirá a partir del 1 de febrero de cada año para celebrar su segundo periodo de sesiones ordinarias.

III. El artículo 36, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que por regla general, se realizarán las sesiones los martes y jueves de cada semana y podrán realizarse sesiones en días diferentes a los señalados, cuando así lo determine la Conferencia.

IV. Que, de acuerdo con el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos que le corresponden, y que el segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.

Con base en lo antes expuesto, este órgano de gobierno acuerda someter a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se establece el siguiente Calendario Legislativo para el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Segundo.Comuníquese y publíquese en Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2017.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Presidente; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pregunte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que informe a la opinión pública respecto a las acciones para participar de los fondos que eventualmente le sean decomisados al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, en los diversos procesos que le siguen en Estados Unidos y que motivaron su extradición.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que informe a la opinión pública respecto a las acciones para participar de los fondos que eventualmente le sean decomisados al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, en los diversos procesos que le siguen en Estados Unidos y que motivaron su extradición.

Dado en el Palacio Legislativo, a 7 de febrero de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO



LEY DE REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso g) al artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento presenta el siguiente:

DICTAMEN

Metodología

Esta Comisión, encargada del análisis y dictamen de la incitativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, presentada por el Diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional efectúa el presente dictamen conforme al siguiente procedimiento:

I. En el apartado denominado Antecedentes , se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la Iniciativa.

II. En el apartado C ontenido de la Iniciativa, se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, y se hace una síntesis de los temas que la componen, así mismo se presenta un cuadro comparativo, con el texto de la norma vigente y el texto legislativo que se propone.

III. En el apartado Consideraciones, los integrantes de esta Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del dictamen.

I. Antecedentes

a. Con fecha 29 de abril de 2016 el Diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno, la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 4 de la Ley Del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

b. Con fecha 23 de mayo de 2016, se recibió mediante oficio No. D.G.P.L. 63-II-1-1002 en la Comisión de Seguridad Pública dicha iniciativa para su estudio y dictamen.

c. Con la finalidad de un mejor análisis y estudio, esta Comisión solicito la prórroga correspondiente para emitir el dictamen a la iniciativa; dicha prórroga fue autorizada mediante oficio No. D.G.P.L 63-II-8-1509 de fecha de 26 julio de 2016.

II Contenido de la iniciativa

a. La iniciativa motivo de estudio propone reformar el inciso g) y adicionar un inciso h) a la fracción IV del artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; el iniciante señala que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas extraviadas o desaparecidas.

b. Continúa mencionando el Diputado que la antes mencionada Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, establece que la aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En ese mismo orden de ideas, continúa el proponente haciendo mención de forma precisa, que en el artículo 4 de la multicitada Ley, en específico en la fracción IV, se indica la manera en que se debe integrar el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, esto es, a partir de una serie de indicadores, entre los que se encuentran los siguientes:

• Sexo

• Edad

• Nacionalidad

• Localidad, municipio, entidad federativa en donde se originó el extravío o desaparición

• Origen étnico

• Si se trata de personas con alguna discapacidad y

• Otras, que por cuya relevancia sea necesario identificar.

c. Destaca el Diputado que es de suma importancia para la integración de este registro, agregar dentro de los indicadores de clasificación antes mencionados el componente de “Violencia de Género”; atendiendo al lamentable fenómeno cada vez más frecuente en niñas y mujeres dentro del territorio nacional.

El iniciante manifiesta que no existen cifras claras del número de niñas y mujeres que desaparecen diariamente y cuantas de ellas tienen una historia de violencia de género anterior a su desaparición. De conocer ese dato las investigaciones contarían con mayor información para su búsqueda y localización, y sobre todo, evidenciaría este componente de violencia hacia ellas por el hecho de ser mujer.

De acuerdo con la información proporcionada por el iniciante mediante un estudio realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), señala que de 2012 a 2014 aumentó 255 por ciento el número de adolescentes féminas desaparecidas entre 15 y 17 años.

d. Menciona el Diputado que de modificar la legislación en comento pretende abonar a la identificación de cuáles son las causas adyacentes a la desaparición de niñas y mujeres en todo el territorio nacional, así como visibilizar la violencia de género.

Para una mejor comprensión, se muestra el siguiente cuadro comparativo:

III. Consideraciones

La Comisión de Seguridad pública examinó los méritos de la iniciativa del autor a la luz de una revisión del marco normativo vigente y propuesto, consulta de otros antecedentes legislativos, doctrinales y se enriqueció por la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

En cuanto a los argumentos del Autor

1. Ésta Comisión dictaminadora encuentra que la Ley del Registro de Personas Extraviadas o Desaparecidas, tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el cual es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad pública, con el fin de concentrar información en una base de datos electrónica, con el objetivo de tener un antecedente que facilite la localización de personas extraviadas o desaparecidas.

2. Se coincide con el espíritu del autor en el sentido que actualmente México vive un fenómeno creciente y alarmante de desaparición de mujeres y niñas, y que en este contexto, mientras más elementos tenga la autoridad encargada de integrar una carpeta de investigación, la búsqueda y localización se hará de manera más pronta y expedita.

3. En cuanto a la propuesta de reformar el artículo 4 de la Ley Nacional de Registro de Personas Extraviadas y Desaparecidas, esta comisión encuentra que la redacción actual de la norma ya contempla un inciso que permite a las autoridades anexar cualquier otro indicador que por cuya relevancia sea necesario identificar.

4. En el mismo orden de ideas, esta Comisión, considera fundamental reforzar la legislación en comento con la intensión de coadyuvar a la identificación de cuáles son las causas adyacentes a la desaparición de niñas y mujeres en todo el territorio nacional de forma apropiada, así como la emisión de protocolos de actuación de autoridades administrativas o judiciales, que deberán comunicar al Registro Nacional, mismo que se encarga de integrar la información de las personas extraviadas o desaparecidas.

5. Por tanto, se concuerda en que el Registro Nacional debe garantizar el apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia cuyo contenido debe incluir dentro de la formación, materias específicas en Derechos Humanos, atención a víctimas de! delito y violencia de género, con implementación de programas y políticas públicas en dicha materia, en atención a niñas y mujeres en estado de vulnerabilidad, para lograr su efectividad.

6. La Comisión dictaminadora coincide con la propuesta que se analiza, ya que su contenido estaría vinculado al Registro de personas extraviadas o Desaparecidas como un dato a destacar esto es, si tiene o no antecedentes de género, así mismo reforzaría el seguimiento que se da a la violencia de género y que en relación al tema se encuentra regulado en otras normas, por lo que es admisible agregar el término historia de violencia de género a la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un inciso g) al artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Artículo Único. Se adiciona un inciso g), recorriéndose el actual g) para pasar a ser h) a la fracción IV del artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para quedar como sigue:

Artículo 4.La aplicación de la Ley le corresponde al Ejecutivo Federal a través del Secretariado Ejecutivo, el cual tendrá las siguientes facultades:

I. a III. ...

IV. ...

a) a e) ....

f) Si se trata de personas con alguna discapacidad;

g) Historia de violencia de género, y

h) Otras, que por cuya relevancia sea necesario identificar;

V. a IX. ...

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrara en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de Noviembre de 2016

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:Jorge Ramos Hernández (rúbrica), presidente; Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), María Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Liliana Ivette Madrigal Méndez (rúbrica), Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica), José Everardo López Córdova (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Cándido Ochoa Rojas (rúbrica), Manuel de Jesús Espino (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), secretarios; Federico Döring Casar, Delfina Gómez Álvarez (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), Angélica Moya Marín (rúbrica), Abel Murrieta Gutiérrez (rúbrica), Jisela Paes Martínez, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Alberto Silva Ramos (rúbrica), Jorge Tello López (rúbrica en abstención).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.



LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: 2. «dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones, con proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción XXX al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil y una fracción IX al artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 84, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV, 171, 173, 174 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, estas Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones someten a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen sobre la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de operación de redes públicas de telecomunicaciones, al tenor de los siguientes:

I.- ANTECEDENTES

A continuación se hace una relatoría sobre el trámite legislativo respecto del asunto que atañe a este dictamen:

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 6 de septiembre de 2016, el diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas el artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil.

2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante oficios número DGPL 63-II-3-1109 y DGPL 63-II-3-1110, acordó que se turnara para su dictamen a Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones, para su análisis y dictamen correspondiente, asignándole el expediente número 3495.

3. La Comisión de Protección Civil, con fundamento en el artículo 150, numeral 1, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, dio cuenta a los integrantes de la referida Comisión sobre el asunto legislativo que nos ocupa, para efectos de emitir los comentarios correspondientes, y proceder a su atención y desahogo oportuno.

4. De igual manera, la Comisión de Comunicaciones hizo del conocimiento de los integrantes de esa Comisión el referido proyecto de iniciativa a través del diverso oficio, con fundamento en los artículos 150, numeral 1, fracciones VI y XIV Y 157 numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, para que en su caso, se emitiesen los comentarios respectivos.

II.- METÓDO DEL DICTAMEN

Las Comisiones Dictaminadoras, con fundamento en el Artículo 176, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, determinan que la metodología idónea para el proceso de dictamen de la iniciativa que nos ocupa, será primeramente en exponer su contenido, contrastar la propuesta con el texto vigente que pretende modificar, y posteriormente glosar los argumentos de los iniciantes, proveyendo respuesta en la parte considerativa de este dictamen, para atender las pretensiones de la iniciativa.

De ahí que la estructura del presente dictamen, se desarrolle en un apartado de “Antecedentes” donde se indica la fecha de recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición. Posteriormente, en el apartado de “Objeto y Contenido de la iniciativa”, se examina el contenido sustancial de la propuesta, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance. Y por último, en el apartado de “Consideraciones”, estas Comisiones dictaminadoras realizan las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

III.- OBJETO Y CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El objeto de la iniciativa es reformar la Ley General de Protección Civil para que la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil y el Instituto Federal de Telecomunicaciones Y Radiodifusión tengan mecanismos de coordinación, asimismo se propone adecuar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a efecto de que los concesionarios de telecomunicaciones eviten la interrupción del servicio por falta de energía eléctrica.

A continuación se glosan las principales manifestaciones del proponente de acuerdo a su exposición de motivos.

a) El proponente señala la importancia del Sistema Nacional de Protección Civil.

b) El proponente señala, en las últimas décadas en nuestro País los desastres de origen natural han hecho conciencia, tanto en los ciudadanos como en las autoridades, de la importancia de contar con disposiciones legales para atender las contingencias, pero aún más, de generar una cultura de la prevención.

c) El proponente afirma el tema de la protección civil en México es multidisciplinario, ya que contiene aspectos económicos, de participación conjunta entre sociedad y gobierno, de prevención y educación, pero requiere de leyes que respondan a las necesidades actuales, y que por tanto contengan acciones de prevención ante desastres naturales, en el escenario de mundo global y moderno.

d) El proponente menciona los muchos desastres naturales e incluso da testimonio de los acaecidos en las costas.

e) El proponente señala que el concesionario de redes públicas de telecomunicaciones debe contar con equipo tecnológico que garantice, que las redes de transmisión no se interrumpan por falta de suministro eléctrico. Es decir, debe contar con equipos de respaldo que proporcionen autonomía por un plazo no menor a 48 horas.

f) El proponente plantea adicionar una fracción al artículo 118 y adicionar un segundo párrafo al artículo 136, ambos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con lo cual los concesionarios tendrían la obligación antes señalada.

IV.- CONSIDERACIONES

A continuación se exponen los argumentos que sostienen la convicción de dictaminar en sentido positivo con modificaciones la iniciativa.

PRIMERA.Estas Comisiones Dictaminadoras resultan legalmente competentes para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en por los artículos 39 numeral 2, fracción XLI; 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1 fracción VI; 81, numeral 2, 85, 157, numeral 1 , fracción I, 173, 174, 176 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La competencia por materia del asunto se surte en razón de que se pretende actualizar una norma de la legislación general en materia de protección civil, cuyo ámbito de competencia le corresponde a la Comisión de Protección Civil de esta Cámara de Diputados, órgano parlamentario que conoce de iniciativas de ley relacionadas con la Ley General de Protección Civil.

En lo que atañe al ámbito de la Comisión de Comunicaciones, se valida su competencia, en lo que se refiere a lo propuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (En lo sucesivo, LFTR ).

SEGUNDA.Estas Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones, previo estudio y ponderación del asunto, determinan aprobar la iniciativa que nos ocupa, con algunas modificaciones y precisiones que se hacen con el objeto de que haya una mejor redacción y precisar los alcances de la propuesta de iniciativa.

Bajo tal tesitura, éstas dictaminadoras consideran que es deseable evitar la pérdida de telecomunicaciones ante la ocurrencia de un fenómeno perturbador.

TERCERA.Es de notarse que los efectos adversos que causan los fenómenos perturbadores son lamentables y se vislumbra la importancia de las telecomunicaciones en tales eventos.

CUARTA.Particularmente, la Comisión de Protección Civil hace notar que en los términos de la iniciativa de marras, la adición de una fracción que faculte a la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional para promover los mecanismos que eviten la perdida de telecomunicaciones en la presencia de fenómenos perturbadores es deseable.

QUINTA.En lo que corresponde a la reforma a la fracción IX del Artículo 118 de la LFTR, se considera procedente la adición en los términos de la iniciativa, ya que se debe tomar que “en cuenta en dichos escenarios, las redes de transmisión no se interrumpan por falta de suministro eléctrico”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones, someten a la consideración del Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX ALARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 118 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XXX, pasando el actual XXX a ser XXXI al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

I. a XXVIII. .,.

XXIX. Proponer, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los modelos de contratación de seguros e instrumentos financieros de gestión de riesgos, que garanticen a la Federación las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes;

XXX. Promover en colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones, la inclusión de respaldo de energía eléctrica ante la presencia de fenómenos perturbadores, en los términos de esta Ley, y

XXXI. ...

Artículo Segundo.Se adiciona una fracción IX, pasando el actual IX a ser X al artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 118 . ...

I. a VII. ...

VIII. En el caso de que no exista en una localidad determinada otro concesionario que proporcione servicios similares, el concesionario que preste servicio en dicha localidad, de conformidad con las condiciones que establezca su respectiva concesión, no podrá dejar de ofrecer la prestación de los servicios, salvo causa de fuerza mayor o que cuente con autorización expresa del Instituto;

IX. Establecer mecanismos, de acuerdo a las condiciones operativas y económicas, y protocolos para evitar que los servicios se interrumpan por falta de suministro de energía eléctrica ante situaciones de emergencia y desastres, por un plazo no menor de 48 horas, y

X. ...

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Protección Civil, diputados:María Elena Orantes López (rúbrica), presidenta; Héctor Javier Álvarez Ortiz, Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica), Enrique Rojas Orozco (rúbrica), Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica), Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (rúbrica), Alberto Martínez Uricho (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Edith Villa Trujillo (rúbrica),Édgar Spinoso Carrera, secretarios; Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica), Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Luis Gilberto Marrón Agustín, Gianni Raúl Ramírez Ocampo (rúbrica), Gabriela Ramírez Ramos, Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Ricardo Taja Ramírez.

La Comisión de Comunicaciones, diputados: Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), presidenta; Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Wendolin Toledo Aceves (rúbrica en contra), Renato Josafat Molina Arias (rúbrica), Cynthia Gissel García Soberanes (rúbrica), secretarios; Tristán Manuel Canales Najjar, Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica), Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbrica), Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Sofía del Sagrario de León Maza, Julieta Fernández Márquez, Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica), Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga (rúbrica), Mario Machuca Sánchez (rúbrica), Arlette Ivette Muñoz Cervantes (rúbrica), Francisco Xavier Nava Palacios (rúbrica), Santiago Taboada Cortina (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), José Luis Toledo Medina, Francisco Alberto Torres Rivas (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica), Salvador Zamora Zamora (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.



COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.- LXIII Legislatura.- Presente.

Con fundamento en el artículo 6 fracción XII del Reglamento de la Cámara de Diputados y en mi carácter de coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta Honorable Cámara, me permito hacer de su conocimiento que éste grupo parlamentario ha aceptado plena y en unanimidad la integración del diputado Diego Valente Valera Fuentes a partir de esta fecha.

Lo anterior, para todos los efectos legales, parlamentarios y administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.- Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado. Comuníquese.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Es cuanto.



INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El presidente Edmundo Javier Bolaños Aguilar, remite en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan. (*)

( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.



CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (a las 16:23 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día jueves 9 de febrero de 2017, a las 11 horas.

————— O —————

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración de la sesión: 4 horas 27 minutos

• Quórum a la apertura de la sesión: 280 diputadas y diputados

• Comunicaciones oficiales: 23

• Iniciativas de los congresos estatales: 2

• Iniciativas de las diputadas y los diputados: 17

• Declaratoria de reforma constitucional: 1

• Dictámenes aprobados: 2

• Proposiciones con punto de acuerdo: 2

• Acuerdos de los órganos de gobierno: 2

– 1 de la Junta de Coordinación Política.– 1 de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos

• Declaratoria de publicidad de dictámenes: 2

• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 41

1 Independiente

4 PES

5 NA

4 MC

7 Morena3

3 PVEM

5 PRD

6 PAN

6 PRI

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

Álvarez Maynez, Jorge (MC)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 77
Basave Benítez, Agustín Francisco de Asís (PRD)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 17 y 19 la Ley de Nacionalidad: 183
Basurto Román, Alfredo (Morena)
Para fijar la posición de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, el cual contiene el proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal: 164
Bermúdez Méndez, José Erandi (PAN)
Para fundamentar el dictamen a nombre de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable: 126
Bocanegra Ruíz, Elio (PRD)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable: 131
Caballero Pedraza, Virgilio Dante (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 60
Campa Almaral, Carmen Victoria (NA)
Para fijar la posición de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, el cual contiene el proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal: 163
Cárdenas Mariscal, María Antonia (Morena)
Para presentar la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la Secretaría de Educación Pública de Jalisco a fortalecer de manera coordinada los programas y las acciones para combatir la violencia de género: 171
Castro Vázquez, Rogerio (Morena)
Para hablar en pro del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable: 134
Cházaro Montalvo, Oswaldo Guillermo (PRI)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable: 133
Clouthier Carrillo, Manuel Jesús (Independiente)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 90
Cortés Berumen, José Hernán (PAN)
Para fijar la posición de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, el cual contiene el proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal: 167
Couttolenc Buentello, José Alberto (PVEM)
Para fijar la posición de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, el cual contiene el proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal: 165
Damián González, Araceli (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas: 189
Dávalos Elizondo, Edna Ileana (PRI)
Para fijar la posición de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, el cual contiene el proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal: 167
Flores Carranza, Evelyng Soraya (PVEM)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable: 131
Flores Cervantes, Hugo Eric (PES)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 207
Flores Gómez, Mirza (MC)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 196
García Yáñez, Ángel (NA)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable: 128
Garzón Canchola, Refugio Trinidad (PES)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable: 127
Gutiérrez García, Carlos (NA)
Para referirse a la declaratoria del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral: 96
Ibarra Hinojosa, Álvaro (PRI)
Para fundamentar el dictamen de la Comisión de Justicia, el cual contiene el proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal: 163
Juárez Rodríguez, Mario Ariel (Morena)
Para referirse a la declaratoria del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral: 98
Martínez Guzmán, Norma Edith (PES)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil: 87
Muñoz Cervantes, Arlette Ivette (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional: 179
Muñoz Sánchez, Rosalinda (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 237-A de la Ley del Seguro Social: 57
Osuna Carranco, Karla Karina (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 109 y 110 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: 67
Pineda Morín, Abdies (PES)
Para referirse a la declaratoria del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral: 98
Plata Inzunza, Evelio (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 85, 376 Bis y 377 del Código Penal Federal: 176
Pool Pech, Isaura Ivanova (PRD)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2o. y 58 de la Ley General de Turismo: 71
Ramírez Núñez, Ulises (PAN)
Para referirse a la declaratoria del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral: 100
Reyes Ávila, Angélica (NA)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 205 Bis del Código Penal Federal: 202
Salas Díaz, Gerardo Federico (PAN)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable: 132
Salazar Farías, Emilio Enrique (PVEM)
Para presentar la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a realizar las gestiones necesarias con el gobierno norteamericano para fortalecer la economía de los países centroamericanos; así como al Senado de la República para que dentro de sus facultades de política internacional explore y proponga la búsqueda de relaciones comerciales con otros mercados internacionales diferentes al gobierno estadounidense: 169
Saldaña Morán, Julio (PRD)
Para referirse a la declaratoria del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral: 100
Saldívar Paz, Mirna Isabel (NA)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 82
Sánchez Orozco, Víctor Manuel (MC)
Para referirse a la declaratoria del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral: 97
Sánchez Orozco, Víctor Manuel (MC)
Para fijar la posición de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, el cual contiene el proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal, desde la curul: 164
Santana Alfaro, Arturo (PRD)
Para fijar la posición de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, el cual contiene el proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal: 166
Serrano Lora, Jesús (Morena)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable: 129
Zamora Zamora, Salvador (MC)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable: 129
Zapata Lucero, Ana Georgina (PRI)
Para referirse a la declaratoria del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral: 101

VOTACIONES

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (en lo general y en lo particular)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala Carmona, YahleelAusente

2 Abdala Saad, Antonio TarekFavor

3 Abramo Masso, YericoFavor

4 Aguilar Robles, DavidFavor

5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor

6 Aguirre Chávez, Marco PoloFavor

7 Aguirre Romero, AndrésFavor

8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor

9 Almanza Monroy, FidelFavor

10 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor

11 Alvarado Varela, Edith AnabelFavor

12 Álvarez Ortiz, Héctor JavierAusente

13 Amaro Cancino, AntonioFavor

14 Anaya Mota, Claudia EdithFavor

15 Anaya Orozco, AlfredoFavor

16 Antelo Esper, BernardinoFavor

17 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor

18 Arellano Núñez, EfraínAusente

19 Armenta Mier, AlejandroFavor

20 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor

21 Barragán Amador, CarlosFavor

22 Barrientos Cano, Laura MitziFavor

23 Basáñez García, PabloFavor

24 Bañales Arámbula, RamónFavor

25 Bedolla López, PabloFavor

26 Bejos Nicolás, AlfredoFavor

27 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor

28 Benítez Tiburcio, MarianaAusente

29 Bernal Casique, IvethFavor

30 Borunda Espinoza, BrendaFavor

31 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor

32 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor

33 Cabrera Ruiz, José HugoFavor

34 Camacho Quiroz, César OctavioFavor

35 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor

36 Canales Najjar, Tristán ManuelAusente

37 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroFavor

38 Casillas Zanatta, GabrielFavor

39 Castillo Martínez, EdgarAusente

40 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor

41 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor

42 Ceja García, XitlalicFavor

43 Cervera Hernández, FelipeFavor

44 Chacón Morales, Samuel AlexisAusente

45 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor

46 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoFavor

47 Coheto Martínez, Vitalico CándidoFavor

48 Córdova Hernández, José del PilarFavor

49 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaFavor

50 Corella Platt, SusanaFavor

51 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor

52 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor

53 Cristóbal Serrato, FidelFavor

54 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor

55 Dávalos Elizondo, Edna IleanaFavor

56 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor

57 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor

58 Díaz Montoya, RocíoFavor

59 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor

60 Domínguez Rex, RaúlAusente

61 Elizondo García, PabloFavor

62 Escobar Manjarrez, GermánFavor

63 Escobedo Villegas, FranciscoFavor

64 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor

65 Estefan Chidiac, Charbel JorgeFavor

66 Etcheverry Aranda, AzulFavor

67 Fernández Márquez, JulietaAusente

68 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor

69 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor

70 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor

71 Gamboa Miner, PabloFavor

72 Gárate Valenzuela, Paola IvethFavor

73 García Ayala, Marco AntonioAusente

74 García Barrón, ÓscarFavor

75 García Carreón, TelésforoFavor

76 García Navarro, OtnielFavor

77 García Portilla, Ricardo DavidFavor

78 Garza Herrera, SantosAusente

79 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelFavor

80 González Calderón, Martha HildaFavor

81 González Salas y Petricioli, María MarcelaFavor

82 González Salum, Miguel ÁngelFavor

83 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor

84 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor

85 Guerrero Coronado, DeliaAusente

86 Guerrero Esquivel, AraceliFavor

87 Guevara Cobos, Luis AlejandroFavor

88 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor

89 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyAusente

90 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor

91 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor

92 Hermosillo Arteaga, Carlos GerardoFavor

93 Hernández Madrid, María GloriaFavor

94 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelFavor

95 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroFavor

96 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor

97 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor

98 Iriarte Mercado, CarlosFavor

99 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor

100 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueFavor

101 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelFavor

102 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor

103 Kuri Grajales, FidelAusente

104 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor

105 Le Baron González, AlexFavor

106 Leyva García, Leydi FabiolaFavor

107 López Gutiérrez, David EpifanioFavor

108 López Velasco, Edith YolandaFavor

109 Luna Canales, ArmandoFavor

110 Luna Munguía, Alma LiliaFavor

111 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor

112 Majul González, SalomónAusente

113 Maya Pineda, María IsabelFavor

114 Mazari Espín, RosalinaAusente

115 Medrano Quezada, BenjamínFavor

116 Meléndez Ortega, Juan AntonioFavor

117 Melhem Salinas, EdgardoFavor

118 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor

119 Méndez Hernández, SandraFavor

120 Mercado Ruiz, DavidFavor

121 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor

122 Moguel Manzur, Zacil LeonorFavor

123 Mólgora Glover, ArletFavor

124 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor

125 Monroy del Mazo, CarolinaFavor

126 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor

127 Mota Hernández, AdolfoAusente

128 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor

129 Muñoz Parra, María VerónicaFavor

130 Muñoz Sánchez, RosalindaAusente

131 Navarrete Pérez, FernandoFavor

132 Nazar Morales, JuliánAusente

133 Nazario Morales, MatíasFavor

134 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor

135 Orantes López, Hernán de JesúsFavor

136 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor

137 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor

138 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor

139 Osorno Belmont, SusanaAusente

140 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor

141 Pichardo Lechuga, José IgnacioAusente

142 Pinete Vargas, María del CarmenFavor

143 Plascencia Pacheco, Laura NereidaFavor

144 Plata Inzunza, EvelioFavor

145 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsFavor

146 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor

147 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor

148 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor

149 Ramírez Marín, Jorge CarlosFavor

150 Ramírez Nieto, RicardoFavor

151 Ramírez Ponce, Miguel AngelFavor

152 Real Salinas, Dora ElenaAusente

153 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor

154 Rentería Medina, Flor EstelaFavor

155 Rivera Carbajal, SilviaFavor

156 Rivera Sosa, José LorenzoFavor

157 Rocha Aguilar, YulmaFavor

158 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor

159 Rojas Orozco, EnriqueFavor

160 Rojas San Román, Francisco LauroFavor

161 Romero Vega, EsdrasFavor

162 Romo García, EdgarFavor

163 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor

164 Ruíz Chávez, Sara LatifeAusente

165 Sáenz Soto, José LuisAusente

166 Salazar Espinosa, HeidiFavor

167 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor

168 Salinas Lozano, CarmenFavor

169 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor

170 Sánchez Coronel, CristinaFavor

171 Sánchez Isidoro, DavidFavor

172 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor

173 Sandoval Martínez, María SoledadAusente

174 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor

175 Sarabia Camacho, CarlosFavor

176 Saracho Navarro, FranciscoFavor

177 Scherman Leaño, María Esther de JesúsAusente

178 Serrano Hernández, MaricelaAusente

179 Silva Ramos, AlbertoFavor

180 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor

181 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor

182 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor

183 Taja Ramírez, RicardoAusente

184 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor

185 Tannos Cruz, YarithFavor

186 Terrazas Porras, AdrianaFavor

187 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor

188 Toledo Medina, José LuisFavor

189 Torres Cantú, DanielFavor

190 Torres Huitrón, José AlfredoFavor

191 Trujillo Zentella, GeorginaFavor

192 Uriarte Zazueta, FernandoFavor

193 Valencia García, ÓscarFavor

194 Vallejo Barragán, ManuelFavor

195 Vargas Rodríguez, Federico EugenioAusente

196 Vidal Aguilar, LiborioFavor

197 Viggiano Austria, Alma CarolinaFavor

198 Villa Ramírez, TimoteoFavor

199 Villa Trujillo, EdithFavor

200 Villagómez Guerrero, RamónFavor

201 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor

202 Vázquez Parissi, CiriloFavor

203 Vélez Núñez, BeatrizFavor

204 Yerena Zambrano, RafaelFavor

205 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor

206 Zepahua García, LillianFavor

207 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor

Favor: 178

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 29

Total: 207

PARTIDO ACCION NACIONAL

1 Aguilar López, María MercedesAusente

2 Agundis Estrada, María VerónicaFavor

3 Alejo Domínguez, HugoAusente

4 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor

5 Alfaro García, Lorena del CarmenFavor

6 Amparano Gámez, LeticiaFavor

7 Antero Valle, Luis FernandoFavor

8 Arámbula Meléndez, MarianaFavor

9 Barraza López, José TeodoroAusente

10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor

11 Bello Otero, CarlosFavor

12 Bermúdez Méndez, José ErandiFavor

13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor

14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierFavor

15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaFavor

16 Cambranis Torres, EnriqueAusente

17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor

18 Castañón Herrera, EukidAusente

19 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor

20 Chavarrías Barajas, EloisaAusente

21 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor

22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor

23 Corral Estrada, HerminioFavor

24 Corral Mier, JuanFavor

25 Cortés Berumen, José HernánFavor

26 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor

27 Cortés Mendoza, Marko AntonioFavor

28 Cruz Blackledge, Gina AndreaFavor

29 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor

30 Culin Jaime, GretelFavor

31 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoFavor

32 Del Rivero Martínez, RicardoFavor

33 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor

34 Döring Casar, FedericoAusente

35 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor

36 Enríquez Vanderkam, Mayra AngélicaFavor

37 Flores Sosa, CésarFavor

38 Gama Basarte, Marco AntonioFavor

39 García Escobar, Lilia ArmindaAusente

40 García García, PatriciaFavor

41 García López, José MáximoFavor

42 García Pérez, MaríaFavor

43 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroAusente

44 Garza Treviño, PedroFavor

45 Gómez Olivier, Sergio EmilioAusente

46 González Ceceña, ExaltaciónFavor

47 González Navarro, José AdriánFavor

48 González Suástegui, GuadalupeFavor

49 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor

50 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséAusente

51 Hernández Ramos, MinervaFavor

52 Huepa Pérez, Miguel ÁngelAusente

53 Huerta Villegas, GenovevaAusente

54 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoFavor

55 Iñiguez Mejía, Elías OctavioAusente

56 Jiménez Márquez, Martha CristinaFavor

57 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor

58 López Córdova, José EverardoFavor

59 López Martín, JorgeFavor

60 López Rodríguez, Jesús AntonioFavor

61 Mandujano Tinajero, RenéFavor

62 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor

63 Marrón Agustín, Luis GilbertoFavor

64 Martínez Montemayor, BaltazarFavor

65 Martínez Santos, WenceslaoFavor

66 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor

67 Matesanz Santamaría, RocíoFavor

68 Mesta Soule, Luis FernandoFavor

69 Moya Marín, AngélicaFavor

70 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor

71 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor

72 Nava Mouett, JacquelineFavor

73 Neblina Vega, Javier AntonioFavor

74 Osuna Carranco, Karla KarinaFavor

75 Ovando Reazola, JanetteAusente

76 Padilla Avila, KarinaFavor

77 Paes Martínez, JiselaFavor

78 Palomeque Archila, Carlos AlbertoFavor

79 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor

80 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor

81 Ramírez Núñez, UlisesFavor

82 Ramírez Ramos, GabrielaFavor

83 Ramos Hernández, JorgeFavor

84 Rendón García, César AugustoFavor

85 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíFavor

86 Rivera Castillejos, Armando AlejandroFavor

87 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesFavor

88 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierFavor

89 Rodríguez Rubio, María del RosarioFavor

90 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor

91 Ruiz García, Juan CarlosFavor

92 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor

93 Salas Valencia, José AntonioFavor

94 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor

95 Sánchez Carrillo, PatriciaFavor

96 Sánchez Juárez, ClaudiaAusente

97 Sánchez Meza, María LuisaFavor

98 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor

99 Sheffield Padilla, Francisco RicardoFavor

100 Taboada Cortina, SantiagoFavor

101 Talavera Hernández, María EloísaFavor

102 Tamariz García, XimenaFavor

103 Torreblanca Engell, SantiagoFavor

104 Triana Tena, JorgeFavor

105 Valenzuela Armas, RafaelFavor

106 Valles Olvera, Elva LidiaAusente

107 Vargas Bárcena, MarisolFavor

108 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor

109 Velázquez Valdez, BrendaFavor

Favor: 92

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 17

Total: 109

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

1 Acosta Naranjo, GuadalupeFavor

2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor

3 Aragón Castillo, HortensiaFavor

4 Arguijo Herrera, Tania VictoriaFavor

5 Barón Ortiz, Natalia KarinaAusente

6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelFavor

7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor

8 Beltrán Reyes, María LuisaFavor

9 Bocanegra Ruiz, ElioFavor

10 Briones Pérez, Erika IrazemaFavor

11 Calderón Torreblanca, FidelFavor

12 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor

13 Castelán Mondragón, María ElidaFavor

14 Catalán Padilla, OlgaFavor

15 Contreras Julián, MaricelaFavor

16 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor

17 Estefan Garfias, José AntonioFavor

18 Fernández González, WaldoAusente

19 Ferrer Abalos, ÓscarFavor

20 Flores Sonduk, LluviaAusente

21 García Bravo, María Cristina TeresaFavor

22 García Calderón, David GersonFavor

23 García Chávez, Héctor JavierFavor

24 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor

25 Hernández Alcalá, José GuadalupeFavor

26 Hernández Mirón, CarlosAusente

27 Hernández Soriano, RafaelFavor

28 Hurtado Arana, KarenFavor

29 Jiménez Rumbo, DavidAusente

30 Juárez Blanquet, ErikAusente

31 López Sánchez, SergioFavor

32 Madrigal Sánchez, AraceliFavor

33 Maldonado Venegas, LuisAusente

34 Martínez Neri, FranciscoFavor

35 Martínez Olguin, NicanorFavor

36 Martínez Soto, Norberto AntonioFavor

37 Martínez Urincho, AlbertoAusente

38 Meza Guzmán, Lucia VirginiaFavor

39 Nava Palacios, Francisco XavierFavor

40 Octaviano Félix, TomásFavor

41 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroFavor

42 Ordoñez Hernández, DanielAusente

43 Ortega Álvarez, OmarFavor

44 Parra Álvarez, EvelynAusente

45 Peralta Grappin, HéctorFavor

46 Pool Pech, Isaura IvanovaAusente

47 Pérez Alvarado, CandelarioFavor

48 Ramírez Peralta, Karen OrneyAusente

49 Reyes Álvarez, FelipeFavor

50 Rubio Quiroz, Juan FernandoFavor

51 Saldaña Morán, JulioFavor

52 Santana Alfaro, ArturoFavor

53 Santiago López, JoséFavor

54 Saucedo Reyes, AraceliFavor

55 Soto Espino, ArmandoAusente

56 Soto González, Cecilia GuadalupeFavor

57 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorFavor

58 Valdes Ramírez, María ConcepciónFavor

59 Wences Real, VictorianoFavor

60 Zambrano Grijalva, José de JesúsFavor

Favor: 47

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 13

Total: 60

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

1 Álvarez Angli, ArturoFavor

2 Álvarez López, JorgeFavor

3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor

4 Arévalo González, José AntonioAusente

5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaAusente

6 Avendaño Bermúdez, Luis IgnacioAusente

7 Ávila Serna, MaríaFavor

8 Bernardino Vargas, Omar NoéFavor

9 Canales Suárez, PalomaFavor

10 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor

11 Celis Aguirre, Juan ManuelAusente

12 Corona Valdés, LorenaFavor

13 Couttolenc Buentello, José AlbertoFavor

14 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaFavor

15 De León Villard, Sasil Dora LuzAusente

16 De los Santos Torres, DanielaFavor

17 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésFavor

18 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor

19 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaFavor

20 Galindo Rosas, José de JesúsFavor

21 Gaxiola Lezama, JorginaAusente

22 González Torres, SofíaAusente

23 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaAusente

24 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor

25 Herrera Borunda, Javier OctavioAusente

26 Izquierdo Rojas, Jesús GerardoFavor

27 Limón García, LiaFavor

28 Machuca Sánchez, MarioFavor

29 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor

30 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor

31 Ochoa Rojas, CándidoFavor

32 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor

33 Sandoval Rodríguez, José RefugioAusente

34 Sarur Torre, AdrianaFavor

35 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor

36 Sesma Suárez, JesúsAusente

37 Spinoso Carrera, EdgarAusente

38 Toledo Aceves, WendolinAusente

39 Torres Rivas, Francisco AlbertoAusente

40 Valera Fuentes, Diego ValenteAusente

41 Villanueva Huerta, ClaudiaFavor

42 Zamora Morlet, EnriqueFavor

Favor: 27

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 15

Total: 42

MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL

1 Abdala Dartigues, RodrigoAusente

2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor

3 Alva y Alva, MiguelAusente

4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor

5 Barrientos Pantoja, AliciaFavor

6 Basurto Román, AlfredoFavor

7 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor

8 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroFavor

9 Cárdenas Mariscal, María AntoniaFavor

10 Castro Vázquez, RogerioFavor

11 Chávez García, MaríaFavor

12 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaFavor

13 Damián González, AraceliFavor

14 Esquivel Valdés, Laura BeatrizAusente

15 Falcón Venegas, Sandra LuzFavor

16 Fuentes Alonso, ModestaFavor

17 García Jiménez, CuitláhuacAusente

18 Godoy Ramos, ErnestinaFavor

19 Guzmán Jacobo, RobertoFavor

20 Hernández Colín, Norma XochitlFavor

21 Hernández Correa, GuadalupeFavor

22 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioFavor

23 Juárez Rodríguez, Mario ArielFavor

24 Llerenas Morales, VidalFavor

25 López López, Irma RebecaFavor

26 Molina Arias, Renato JosafatFavor

27 Montiel Reyes, AriadnaFavor

28 Moreno Vega, MagdalenaFavor

29 Nahle García, Norma RocíoFavor

30 Ramos Ramírez, BlandinaFavor

31 Romero Tenorio, JuanFavor

32 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelFavor

33 Serrano Lora, JesúsAusente

34 Tello López, JorgeFavor

35 Trejo Flores, MarianaFavor

36 Villa González, ConcepciónFavor

Favor: 31

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 5

Total: 36

MOVIMIENTO CIUDADANO

1 Álvarez Maynez, JorgeFavor

2 Castañeda Hoeflich, José ClementeFavor

3 Cervera García, RenéFavor

4 Corichi García, Claudia SofíaFavor

5 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoAusente

6 Delgadillo García, VerónicaFavor

7 Espino Barrientos, Manuel de JesúsFavor

8 Flores Gómez, MirzaFavor

9 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor

10 Guerra Mota, MoisésFavor

11 Hauffen Torres, Angie DennisseAusente

12 Lomelí Bolaños, CarlosAusente

13 Martínez García, JonadabFavor

14 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor

15 Munguía González, Luis ErnestoFavor

16 Ochoa Avalos, María CandelariaFavor

17 Orantes López, María ElenaFavor

18 Pérez Utrera, AdánFavor

19 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor

20 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor

21 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor

22 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor

23 Toledo Ibarra, MarbellaFavor

24 Zamora Zamora, SalvadorFavor

Favor: 21

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 3

Total: 24

PARTIDO NUEVA ALIANZA

1 Campa Amaral, Carmen VictoriaFavor

2 García Yáñez, ÁngelFavor

3 Gutiérrez García, CarlosFavor

4 Hernández León, Luis ManuelFavor

5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor

6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor

7 Pinto Torres, Francisco JavierAusente

8 Reyes Ávila, AngélicaAusente

9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor

10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor

11 Valles Mendoza, Luis AlfredoAusente

Favor: 8

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 3

Total: 11

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

1 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor

2 Flores Cervantes, Hugo EricFavor

3 García Soberanes, Cynthia GisselAusente

4 González Murillo, AlejandroFavor

5 Guízar Valladares, GonzaloFavor

6 Martínez Guzmán, Norma EdithFavor

7 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor

8 Pineda Morín, AbdiesFavor

9 Torres Sandoval, MelissaFavor

Favor: 8

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 1

Total: 9

DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Clouthier Carrillo, Manuel JesúsFavor

Favor: 1

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 0

Total: 1

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal (en lo general y en lo particular)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala Carmona, YahleelAusente

2 Abdala Saad, Antonio TarekFavor

3 Abramo Masso, YericoFavor

4 Aguilar Robles, DavidFavor

5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor

6 Aguirre Chávez, Marco PoloFavor

7 Aguirre Romero, AndrésFavor

8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor

9 Almanza Monroy, FidelFavor

10 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor

11 Alvarado Varela, Edith AnabelFavor

12 Álvarez Ortiz, Héctor JavierAusente

13 Amaro Cancino, AntonioFavor

14 Anaya Mota, Claudia EdithFavor

15 Anaya Orozco, AlfredoFavor

16 Antelo Esper, BernardinoAusente

17 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor

18 Arellano Núñez, EfraínAusente

19 Armenta Mier, AlejandroFavor

20 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor

21 Barragán Amador, CarlosFavor

22 Barrientos Cano, Laura MitziFavor

23 Basáñez García, PabloFavor

24 Bañales Arámbula, RamónFavor

25 Bedolla López, PabloFavor

26 Bejos Nicolás, AlfredoFavor

27 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor

28 Benítez Tiburcio, MarianaAusente

29 Bernal Casique, IvethAusente

30 Borunda Espinoza, BrendaFavor

31 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor

32 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor

33 Cabrera Ruiz, José HugoFavor

34 Camacho Quiroz, César OctavioFavor

35 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor

36 Canales Najjar, Tristán ManuelFavor

37 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroFavor

38 Casillas Zanatta, GabrielFavor

39 Castillo Martínez, EdgarAusente

40 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor

41 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor

42 Ceja García, XitlalicFavor

43 Cervera Hernández, FelipeFavor

44 Chacón Morales, Samuel AlexisAusente

45 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor

46 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoFavor

47 Coheto Martínez, Vitalico CándidoFavor

48 Córdova Hernández, José del PilarFavor

49 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaFavor

50 Corella Platt, SusanaFavor

51 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor

52 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor

53 Cristóbal Serrato, FidelFavor

54 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor

55 Dávalos Elizondo, Edna IleanaFavor

56 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor

57 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor

58 Díaz Montoya, RocíoFavor

59 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor

60 Domínguez Rex, RaúlAusente

61 Elizondo García, PabloFavor

62 Escobar Manjarrez, GermánFavor

63 Escobedo Villegas, FranciscoFavor

64 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor

65 Estefan Chidiac, Charbel JorgeFavor

66 Etcheverry Aranda, AzulFavor

67 Fernández Márquez, JulietaFavor

68 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor

69 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor

70 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor

71 Gamboa Miner, PabloFavor

72 Gárate Valenzuela, Paola IvethFavor

73 García Ayala, Marco AntonioAusente

74 García Barrón, ÓscarFavor

75 García Carreón, TelésforoAusente

76 García Navarro, OtnielAusente

77 García Portilla, Ricardo DavidFavor

78 Garza Herrera, SantosAusente

79 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelFavor

80 González Calderón, Martha HildaFavor

81 González Salas y Petricioli, María MarcelaAusente

82 González Salum, Miguel ÁngelFavor

83 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor

84 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor

85 Guerrero Coronado, DeliaAusente

86 Guerrero Esquivel, AraceliFavor

87 Guevara Cobos, Luis AlejandroFavor

88 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor

89 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyAusente

90 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor

91 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaAusente

92 Hermosillo Arteaga, Carlos GerardoFavor

93 Hernández Madrid, María GloriaFavor

94 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelAusente

95 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroFavor

96 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor

97 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor

98 Iriarte Mercado, CarlosFavor

99 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor

100 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueFavor

101 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelFavor

102 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor

103 Kuri Grajales, FidelAusente

104 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor

105 Le Baron González, AlexFavor

106 Leyva García, Leydi FabiolaFavor

107 López Gutiérrez, David EpifanioFavor

108 López Velasco, Edith YolandaFavor

109 Luna Canales, ArmandoFavor

110 Luna Munguía, Alma LiliaFavor

111 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor

112 Majul González, SalomónAusente

113 Maya Pineda, María IsabelFavor

114 Mazari Espín, RosalinaAusente

115 Medrano Quezada, BenjamínFavor

116 Meléndez Ortega, Juan AntonioFavor

117 Melhem Salinas, EdgardoFavor

118 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor

119 Méndez Hernández, SandraFavor

120 Mercado Ruiz, DavidFavor

121 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor

122 Moguel Manzur, Zacil LeonorFavor

123 Mólgora Glover, ArletFavor

124 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor

125 Monroy del Mazo, CarolinaFavor

126 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor

127 Mota Hernández, AdolfoAusente

128 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor

129 Muñoz Parra, María VerónicaFavor

130 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor

131 Navarrete Pérez, FernandoFavor

132 Nazar Morales, JuliánAusente

133 Nazario Morales, MatíasFavor

134 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor

135 Orantes López, Hernán de JesúsFavor

136 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor

137 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor

138 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor

139 Osorno Belmont, SusanaAusente

140 Palomares Ramírez, Elvia GracielaAusente

141 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor

142 Pinete Vargas, María del CarmenFavor

143 Plascencia Pacheco, Laura NereidaFavor

144 Plata Inzunza, EvelioFavor

145 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsFavor

146 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor

147 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor

148 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor

149 Ramírez Marín, Jorge CarlosFavor

150 Ramírez Nieto, RicardoFavor

151 Ramírez Ponce, Miguel AngelFavor

152 Real Salinas, Dora ElenaAusente

153 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor

154 Rentería Medina, Flor EstelaFavor

155 Rivera Carbajal, SilviaFavor

156 Rivera Sosa, José LorenzoFavor

157 Rocha Aguilar, YulmaFavor

158 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor

159 Rojas Orozco, EnriqueFavor

160 Rojas San Román, Francisco LauroFavor

161 Romero Vega, EsdrasFavor

162 Romo García, EdgarFavor

163 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor

164 Ruíz Chávez, Sara LatifeAusente

165 Sáenz Soto, José LuisAusente

166 Salazar Espinosa, HeidiFavor

167 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor

168 Salinas Lozano, CarmenFavor

169 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor

170 Sánchez Coronel, CristinaFavor

171 Sánchez Isidoro, DavidFavor

172 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor

173 Sandoval Martínez, María SoledadAusente

174 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor

175 Sarabia Camacho, CarlosFavor

176 Saracho Navarro, FranciscoFavor

177 Scherman Leaño, María Esther de JesúsAusente

178 Serrano Hernández, MaricelaAusente

179 Silva Ramos, AlbertoFavor

180 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor

181 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor

182 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor

183 Taja Ramírez, RicardoAusente

184 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor

185 Tannos Cruz, YarithFavor

186 Terrazas Porras, AdrianaFavor

187 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor

188 Toledo Medina, José LuisFavor

189 Torres Cantú, DanielFavor

190 Torres Huitrón, José AlfredoFavor

191 Trujillo Zentella, GeorginaFavor

192 Uriarte Zazueta, FernandoFavor

193 Valencia García, ÓscarFavor

194 Vallejo Barragán, ManuelFavor

195 Vargas Rodríguez, Federico EugenioAusente

196 Vidal Aguilar, LiborioFavor

197 Viggiano Austria, Alma CarolinaFavor

198 Villa Ramírez, TimoteoFavor

199 Villa Trujillo, EdithFavor

200 Villagómez Guerrero, RamónFavor

201 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor

202 Vázquez Parissi, CiriloFavor

203 Vélez Núñez, BeatrizFavor

204 Yerena Zambrano, RafaelFavor

205 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor

206 Zepahua García, LillianFavor

207 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor

Favor: 174

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 33

Total: 207

PARTIDO ACCION NACIONAL

1 Aguilar López, María MercedesAusente

2 Agundis Estrada, María VerónicaFavor

3 Alejo Domínguez, HugoAusente

4 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor

5 Alfaro García, Lorena del CarmenFavor

6 Amparano Gámez, LeticiaFavor

7 Antero Valle, Luis FernandoFavor

8 Arámbula Meléndez, MarianaFavor

9 Barraza López, José TeodoroAusente

10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor

11 Bello Otero, CarlosFavor

12 Bermúdez Méndez, José ErandiFavor

13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor

14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierFavor

15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaFavor

16 Cambranis Torres, EnriqueAusente

17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor

18 Castañón Herrera, EukidAusente

19 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor

20 Chavarrías Barajas, EloisaAusente

21 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor

22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor

23 Corral Estrada, HerminioFavor

24 Corral Mier, JuanFavor

25 Cortés Berumen, José HernánFavor

26 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor

27 Cortés Mendoza, Marko AntonioFavor

28 Cruz Blackledge, Gina AndreaFavor

29 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor

30 Culin Jaime, GretelFavor

31 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoFavor

32 Del Rivero Martínez, RicardoFavor

33 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor

34 Döring Casar, FedericoAusente

35 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor

36 Enríquez Vanderkam, Mayra AngélicaFavor

37 Flores Sosa, CésarFavor

38 Gama Basarte, Marco AntonioFavor

39 García Escobar, Lilia ArmindaAusente

40 García García, PatriciaFavor

41 García López, José MáximoFavor

42 García Pérez, MaríaFavor

43 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroAusente

44 Garza Treviño, PedroFavor

45 Gómez Olivier, Sergio EmilioAusente

46 González Ceceña, ExaltaciónFavor

47 González Navarro, José AdriánFavor

48 González Suástegui, GuadalupeFavor

49 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor

50 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséAusente

51 Hernández Ramos, MinervaFavor

52 Huepa Pérez, Miguel ÁngelAusente

53 Huerta Villegas, GenovevaAusente

54 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoFavor

55 Iñiguez Mejía, Elías OctavioAusente

56 Jiménez Márquez, Martha CristinaFavor

57 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor

58 López Córdova, José EverardoFavor

59 López Martín, JorgeFavor

60 López Rodríguez, Jesús AntonioFavor

61 Mandujano Tinajero, RenéFavor

62 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor

63 Marrón Agustín, Luis GilbertoFavor

64 Martínez Montemayor, BaltazarFavor

65 Martínez Santos, WenceslaoFavor

66 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor

67 Matesanz Santamaría, RocíoFavor

68 Mesta Soule, Luis FernandoFavor

69 Moya Marín, AngélicaFavor

70 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor

71 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor

72 Nava Mouett, JacquelineFavor

73 Neblina Vega, Javier AntonioFavor

74 Osuna Carranco, Karla KarinaFavor

75 Ovando Reazola, JanetteAusente

76 Padilla Avila, KarinaFavor

77 Paes Martínez, JiselaFavor

78 Palomeque Archila, Carlos AlbertoFavor

79 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor

80 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor

81 Ramírez Núñez, UlisesAusente

82 Ramírez Ramos, GabrielaFavor

83 Ramos Hernández, JorgeFavor

84 Rendón García, César AugustoFavor

85 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíFavor

86 Rivera Castillejos, Armando AlejandroFavor

87 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesFavor

88 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierFavor

89 Rodríguez Rubio, María del RosarioFavor

90 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor

91 Ruiz García, Juan CarlosFavor

92 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor

93 Salas Valencia, José AntonioFavor

94 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor

95 Sánchez Carrillo, PatriciaFavor

96 Sánchez Juárez, ClaudiaFavor

97 Sánchez Meza, María LuisaFavor

98 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor

99 Sheffield Padilla, Francisco RicardoFavor

100 Taboada Cortina, SantiagoFavor

101 Talavera Hernández, María EloísaFavor

102 Tamariz García, XimenaFavor

103 Torreblanca Engell, SantiagoFavor

104 Triana Tena, JorgeFavor

105 Valenzuela Armas, RafaelFavor

106 Valles Olvera, Elva LidiaAusente

107 Vargas Bárcena, MarisolFavor

108 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor

109 Velázquez Valdez, BrendaFavor

Favor: 92

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 17

Total: 109

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

1 Acosta Naranjo, GuadalupeFavor

2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor

3 Aragón Castillo, HortensiaFavor

4 Arguijo Herrera, Tania VictoriaFavor

5 Barón Ortiz, Natalia KarinaFavor

6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelFavor

7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor

8 Beltrán Reyes, María LuisaFavor

9 Bocanegra Ruiz, ElioFavor

10 Briones Pérez, Erika IrazemaFavor

11 Calderón Torreblanca, FidelFavor

12 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor

13 Castelán Mondragón, María ElidaFavor

14 Catalán Padilla, OlgaFavor

15 Contreras Julián, MaricelaFavor

16 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor

17 Estefan Garfias, José AntonioAusente

18 Fernández González, WaldoAusente

19 Ferrer Abalos, ÓscarFavor

20 Flores Sonduk, LluviaAusente

21 García Bravo, María Cristina TeresaFavor

22 García Calderón, David GersonFavor

23 García Chávez, Héctor JavierFavor

24 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor

25 Hernández Alcalá, José GuadalupeFavor

26 Hernández Mirón, CarlosAusente

27 Hernández Soriano, RafaelFavor

28 Hurtado Arana, KarenFavor

29 Jiménez Rumbo, DavidAusente

30 Juárez Blanquet, ErikAusente

31 López Sánchez, SergioFavor

32 Madrigal Sánchez, AraceliFavor

33 Maldonado Venegas, LuisAusente

34 Martínez Neri, FranciscoFavor

35 Martínez Olguin, NicanorFavor

36 Martínez Soto, Norberto AntonioFavor

37 Martínez Urincho, AlbertoFavor

38 Meza Guzmán, Lucia VirginiaFavor

39 Nava Palacios, Francisco XavierFavor

40 Octaviano Félix, TomásFavor

41 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroAusente

42 Ordoñez Hernández, DanielFavor

43 Ortega Álvarez, OmarFavor

44 Parra Álvarez, EvelynAusente

45 Peralta Grappin, HéctorFavor

46 Pool Pech, Isaura IvanovaAusente

47 Pérez Alvarado, CandelarioFavor

48 Ramírez Peralta, Karen OrneyAusente

49 Reyes Álvarez, FelipeFavor

50 Rubio Quiroz, Juan FernandoAusente

51 Saldaña Morán, JulioFavor

52 Santana Alfaro, ArturoFavor

53 Santiago López, JoséFavor

54 Saucedo Reyes, AraceliFavor

55 Soto Espino, ArmandoAusente

56 Soto González, Cecilia GuadalupeFavor

57 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorAusente

58 Valdes Ramírez, María ConcepciónFavor

59 Wences Real, VictorianoFavor

60 Zambrano Grijalva, José de JesúsFavor

Favor: 46

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 14

Total: 60

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

1 Álvarez Angli, ArturoFavor

2 Álvarez López, JorgeFavor

3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor

4 Arévalo González, José AntonioAusente

5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaFavor

6 Avendaño Bermúdez, Luis IgnacioFavor

7 Ávila Serna, MaríaFavor

8 Bernardino Vargas, Omar NoéAusente

9 Canales Suárez, PalomaFavor

10 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor

11 Celis Aguirre, Juan ManuelAusente

12 Corona Valdés, LorenaFavor

13 Couttolenc Buentello, José AlbertoAusente

14 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaFavor

15 De León Villard, Sasil Dora LuzAusente

16 De los Santos Torres, DanielaFavor

17 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésFavor

18 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor

19 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaFavor

20 Galindo Rosas, José de JesúsFavor

21 Gaxiola Lezama, JorginaAusente

22 González Torres, SofíaAusente

23 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaAusente

24 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor

25 Herrera Borunda, Javier OctavioAusente

26 Izquierdo Rojas, Jesús GerardoFavor

27 Limón García, LiaFavor

28 Machuca Sánchez, MarioFavor

29 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor

30 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor

31 Ochoa Rojas, CándidoFavor

32 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor

33 Sandoval Rodríguez, José RefugioAusente

34 Sarur Torre, AdrianaFavor

35 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor

36 Sesma Suárez, JesúsAusente

37 Spinoso Carrera, EdgarAusente

38 Toledo Aceves, WendolinAusente

39 Torres Rivas, Francisco AlbertoAusente

40 Valera Fuentes, Diego ValenteAusente

41 Villanueva Huerta, ClaudiaFavor

42 Zamora Morlet, EnriqueAusente

Favor: 26

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 16

Total: 42

MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL

1 Abdala Dartigues, RodrigoAusente

2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor

3 Alva y Alva, MiguelAusente

4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor

5 Barrientos Pantoja, AliciaFavor

6 Basurto Román, AlfredoFavor

7 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor

8 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroFavor

9 Cárdenas Mariscal, María AntoniaFavor

10 Castro Vázquez, RogerioAusente

11 Chávez García, MaríaFavor

12 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaFavor

13 Damián González, AraceliFavor

14 Esquivel Valdés, Laura BeatrizAusente

15 Falcón Venegas, Sandra LuzFavor

16 Fuentes Alonso, ModestaFavor

17 García Jiménez, CuitláhuacFavor

18 Godoy Ramos, ErnestinaFavor

19 Guzmán Jacobo, RobertoFavor

20 Hernández Colín, Norma XochitlFavor

21 Hernández Correa, GuadalupeFavor

22 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioAusente

23 Juárez Rodríguez, Mario ArielFavor

24 Llerenas Morales, VidalFavor

25 López López, Irma RebecaFavor

26 Molina Arias, Renato JosafatFavor

27 Montiel Reyes, AriadnaFavor

28 Moreno Vega, MagdalenaFavor

29 Nahle García, Norma RocíoFavor

30 Ramos Ramírez, BlandinaFavor

31 Romero Tenorio, JuanFavor

32 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelFavor

33 Serrano Lora, JesúsFavor

34 Tello López, JorgeFavor

35 Trejo Flores, MarianaFavor

36 Villa González, ConcepciónFavor

Favor: 31

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 5

Total: 36

MOVIMIENTO CIUDADANO

1 Álvarez Maynez, JorgeFavor

2 Castañeda Hoeflich, José ClementeFavor

3 Cervera García, RenéFavor

4 Corichi García, Claudia SofíaFavor

5 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor

6 Delgadillo García, VerónicaFavor

7 Espino Barrientos, Manuel de JesúsFavor

8 Flores Gómez, MirzaFavor

9 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor

10 Guerra Mota, MoisésFavor

11 Hauffen Torres, Angie DennisseAusente

12 Lomelí Bolaños, CarlosAusente

13 Martínez García, JonadabFavor

14 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor

15 Munguía González, Luis ErnestoFavor

16 Ochoa Avalos, María CandelariaFavor

17 Orantes López, María ElenaAusente

18 Pérez Utrera, AdánFavor

19 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor

20 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor

21 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor

22 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor

23 Toledo Ibarra, MarbellaFavor

24 Zamora Zamora, SalvadorFavor

Favor: 21

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 3

Total: 24

PARTIDO NUEVA ALIANZA

1 Campa Amaral, Carmen VictoriaFavor

2 García Yáñez, ÁngelFavor

3 Gutiérrez García, CarlosFavor

4 Hernández León, Luis ManuelAusente

5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor

6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor

7 Pinto Torres, Francisco JavierAusente

8 Reyes Ávila, AngélicaFavor

9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor

10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor

11 Valles Mendoza, Luis AlfredoAusente

Favor: 8

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 3

Total: 11

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

1 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor

2 Flores Cervantes, Hugo EricFavor

3 García Soberanes, Cynthia GisselAusente

4 González Murillo, AlejandroFavor

5 Guízar Valladares, GonzaloFavor

6 Martínez Guzmán, Norma EdithAusente

7 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor

8 Pineda Morín, AbdiesFavor

9 Torres Sandoval, MelissaFavor

Favor: 7

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 2

Total: 9

DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Clouthier Carrillo, Manuel JesúsFavor

Favor: 1

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 0

Total: 1