INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 2 de marzo de 2017, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 2 de marzo de 2017 y que no fueron abordadas.(*)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.— Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Presidenta.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 65 Bis 6 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

2. Que adiciona los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión Puntos Constitucionales, para dictamen.

3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones a 10 ordenamientos legales para actualizar la referencia del Distrito Federal por la de Ciudad de México: del Código Civil Federal, del Código de Comercio, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Penal Federal, de la Ley Aduanera, de la Ley Agraria, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Migración, de la Ley del Seguro Social, y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

4. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

5. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que reforme el último párrafo del artículo 158 del Reglamento a la Ley Aduanera, a efecto de permitir la importación temporal de vehículos que tengan un peso vehicular de hasta 5 toneladas, cuando éstos sean destinados únicamente para el uso particular de transporte de pasajeros, suscrito por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión Especial de la Industria Automotriz, para opinión.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la delegación Coyoacán, a la Seduvi y al INVEA, a fin de que informen a la opinión pública, los criterios que fueron considerados para autorizar la construcción de un centro de espectáculos masivo en la colonia Del Carmen, a cargo del diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido acción Nacional.

Turno:Comisión de Ciudad de México, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, así como a diversas secretarías de Estado y organismos descentralizados de la administración pública federal, para que se implementen diversas acciones para los migrantes y sus familias, así como medidas que fortalezcan la economía del país, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Asuntos Migratorios, para opinión.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a coordinar las acciones necesarias para permitir la homologación de servicios entre las instituciones de salud públicas pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, e integrarse a un modelo de compras consolidadas, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial local, así como al gobierno municipal de Guadalajara, para que implementen medidas urgentes que combatan los altos niveles de contaminación ambiental en la zona de Miravalle ubicada en el municipio de Guadalajara, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH y a la SEP, para intensificar las investigaciones y exploraciones en el Tajín, suscrito por los diputados Mirza Flores Gómez y Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banxico, a la CNBV y a la Condusef, a emitir disposiciones para regular los términos y condiciones en que se ofrezca y otorguen, bajo principios de claridad y transparencia, créditos de nómina y servicios relacionados a través de cajeros automáticos, suscrito por los diputados Ana Georgina Zapata Lucero, Susana Corella Platt y Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, relativo a la contratación de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales en la ejecución de las obras de construcción del nuevo aeropuerto internacional de la CDMX, suscrita por el diputado Rafael Hernández Soriano del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Turno:Comisión de Competitividad, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu, para que contemple como beneficiarios, dentro del Programa de Rehabilitación y Rescate de Espacios Públicos, a municipios a partir de cinco mil habitantes, suscrito por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Puebla, a cumplimentar las órdenes de aprehensión en contra de los ciudadanos Roberto González Flores y José Luis González Rivera, por el delito de violación cometido en agravio de Paula Angelina Sánchez Silva desde el año de 2009, acreditados en la averiguación previa con número AP-916/2012/AESEX en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Conade, al IMSS y al ISSSTE, a fortalecer los programas para combatir los efectos del sedentarismo en instituciones públicas, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a revisar y respetar las asignaciones en el PEF para el ejercicio fiscal 2017, al Programa 3x1 operado por la Sedesol, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía extiende una felicitación al gobierno y al parlamento de la República Árabe Saharaui Democrática, por el 41 aniversario de la proclamación de su independencia, suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional, Morena y de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a respetar el presupuesto asignado a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la CDMX, para efectuar las funciones de protección y conservación del lobo gris mexicano, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones de nivel superior, públicas y privadas, que se ubican dentro de la región sur sureste, para que incorporen en sus respectivos planes, programas académicos y ofertas educativas, materias relacionadas a la ingeniería de la cultura energética, del medio ambiente y desarrollo sostenible, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE y a la CRE, para que apliquen de manera permanente la tarifa de verano en el estado de Campeche, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Energía, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al Congreso de Puebla, a fin de detener el proceso legislativo relativo a la privatización del servicio de agua potable, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.»

INICIATIVAS

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

«Iniciativa que reforma el artículo 65 Bis 6 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6o., fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, la que suscribe, diputada Flor Estela Rentería Medina, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXIII Legislatura, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La llegada de un nuevo año siempre viene acompañada de nuevos retos, desafíos, previsiones y expectativas, tanto a nivel interno como internacional, que vienen a modificar la forma en que la sociedad lleva con regularidad su vida diaria. Este año 2017, las condiciones de incertidumbre en todos los aspectos económicos y políticos del mundo han tenido por consecuencia un ajuste en los precios de insumos, el más notable, el de la gasolina.

Este año, la ciudadanía se verá en la necesidad de sortear nuevos escenarios, de los cuales no tengo duda que podrán salir adelante porque México es mucho más grande que todos sus problemas, y juntos, sociedad y gobierno, es posible trascender de los problemas y construir las soluciones.

Es por esto, que decir que el Gobierno se solidariza con la ciudadanía no es algo que deba decirse a la ligera, y debe de venir acompañado de esfuerzos por parte de todos los órdenes de gobierno y los Poderes de la Unión que muestren que no solo es la gente quien solventa las crisis, sino que el Gobierno, entregado al bienestar de su pueblo, actúa en consecuencia.

Es por todo lo anterior, que he decidido en el ejercicio de mis funciones presentar una serie de iniciativas a la legislación vigente, todas ellas encaminadas a eficientar la función pública, detener el gasto de la política, los abusos a la población y así empoderar a la ciudadanía, al permitir que sus recursos públicos sean ejecutados inteligentemente en sus necesidades, y que no exista ningún organismo, público o privado, que se beneficie de las condiciones adversas.

Esta serie de iniciativas, que he catalogado como la Miscelánea Legislativa “Más para las Familias, Menos para la política”, tiene como objetivo principal reconstruir la confianza ciudadana en la política, a través de medidas de auténtica austeridad política y responsabilidad social, que contribuyan a un acercamiento de las expectativas de la ciudadanía y las acciones de la clase política, las cuales, por muchísimos factores en donde los responsables somos todos, se han distanciado cada vez más.

La iniciativa en cuestión, tiene como objetivo reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, para darle a la ciudadanía de una mayor certidumbre en el momento de acudir a las negociaciones conocidas como casas de empeño, y así, impedir que se desarrollen prácticas de usura que tanto flagelan a las familias, sobre todo en estas fechas de inicio de año.

Las casas de empeño son una negociación que, en esencia, representan un gran apoyo para la ciudadanía, al facilitarles préstamos dejando una garantía, y cobrándose una cierta tasa de interés a forma de ganancia. Los negocios de empeño han estado presentes en la historia de nuestro país, desde 1775 con el Nacional Monte de Piedad, considerado como la institución financiera más antigua del continente.

Los préstamos prendarios de esta y demás casas de empeño le permiten a muchas personas salir de situaciones difíciles, y en leyenda urbana, se dice que Pancho Villa se rehusó a tomar el Monte de Piedad en las épocas revolucionarias, porque debido al esquema de negocios era, auténticamente, el banco de los pobres.

A la fecha, incluyendo el Nacional Monte de Piedad operan en el país 6485 casas de empeño debidamente acreditadas en el Registro de Casas de Empeño existente ante la Procuraduría Federal del Consumidor, mismas que operan bajo su propio esquema de reglas en base a la competencia y la necesidad, como todo negocio, de generar una ganancia; no obstante esto, lo anterior no es excusa para permitir que se caiga en usura a costa de los mexicanos más necesitados.

En efecto, según datos de la Condusef, las tasas de interés anuales en las casas de empeño oscilan de entre un 36% hasta un 371%, lo cual, lejos de buscar beneficiar a la gente, busca orillarlas a perder la propiedad de su prenda y, además, dejarlas permanentemente endeudadas. Esta usura lejos de permitir a las personas, sobre todo las más pobres, salir de un problema económico, crea un círculo vicioso del cual resulta imposible salir beneficiado.

Queda claro que a diferencia de los créditos normales, un crédito prendario conlleva ciertos gastos de administración, de almacenamiento y resguardo de los bienes otorgados en prenda, lo cual hace imposible equiparar las tasas de interés a las bancarias, sin embargo, esto no justifica que se impongan tasas de interés disparatadas que tienen como único propósito obtener un lucro a todas luces inmoral.

Es por todo lo anterior, que considerando las condiciones especiales de los créditos con garantía de prenda, se propone en esta iniciativa estipular como límite máximo de interés mensual el 8.33% y el 100% como límite máximo de interés anual, estipulando estos porcentajes porque así, al paso de un año de haberse efectuado el crédito, implicaría en caso de no haberse efectuado ningún pago la virtual perdida de la prenda.

Si los intereses acumulados equivalen en valor al monto original prestado, la casa de empeño podrá disponer del objeto en prenda a modo de pago parcial, y podrá tomar en consideración cualquier depreciación del objeto de la cual no sea responsable directamente. A partir de dicho punto, el interés que podrá cobrar la casa de empeño por las cantidades adeudadas será el interés legal.

La casa de empeño podrá establecer costos de administración, almacenamiento y resguardo de los bienes a cada cosa específica, siempre que estos sean informados con anterioridad al pignorante. Estos costos no podrán gravarse con interés alguno y deberán ser cubiertos en su totalidad junto con el préstamo original para que se pueda entregar el bien.

Es por todo lo anteriormente expuesto, que me permito someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 65 Bis 6 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Único. Se reforma el artículo 65 Bis 6 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 65 Bis 6. Las casas de empeño deberán establecer procedimientos que le garanticen al pignorante la restitución de la prenda. En caso de que el bien sobre el que se constituyó la prenda haya sido robado, extraviado o sufra algún daño o deterioro, el pignorante podrá? optar por la entrega del valor del bien conforme al avalúo o la entrega de un bien del mismo tipo, valor y calidad.

Tratándose de metales preciosos, el valor de reposición del bien no podrá? ser inferior al valor real que tenga el metal en el mercado al momento de la reposición.

En ningún caso podrán establecer una tasa de interés superior al 8.33% mensual o 100% anual. Si los intereses acumulados equivalen en valor al monto original prestado, la casa de empeño podrá disponer del objeto en prenda a modo de pago parcial, y podrá tomar en consideración cualquier depreciación del objeto de la cual no sea responsable directamente. A partir de dicho punto, el interés que podrá cobrar la casa de empeño por las cantidades adeudadas será el interés legal.

Las casas de empeño podrán establecer costos de administración, almacenamiento y resguardo de los bienes a cada cosa específica, siempre que estos sean informados con anterioridad al pignorante. Estos costos no podrán gravarse con interés alguno y deberán ser cubiertos en su totalidad junto con el préstamo original para que se pueda entregar el bien.

La infracción a este artículo se considerara? particularmente grave y se sancionara? conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis de esta ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 30 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Todo contrato de prenda celebrado previo a la entrada en vigor de este artículo subsiste en cuanto a sus condiciones pactadas, pero cualquier interés cobrado posterior a la entrada en vigor de este artículo se hará tomando en consideración los nuevos límites de esta ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.— Diputada Flor Estela Rentería Medina (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que adiciona los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6o., fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, la que suscribe, diputada Flor Estela Rentería Medina, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI de la LXIII Legislatura, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso d) al artículo 115, fracción IV, así como una fracción X al artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La llegada de un nuevo año siempre viene acompañada de nuevos retos, desafíos, previsiones y expectativas, tanto a nivel interno como internacional, que vienen a modificar la forma en que la sociedad lleva con regularidad su vida diaria. Este año 2017, las condiciones de incertidumbre en todos los aspectos económicos y políticos del mundo han tenido por consecuencia un ajuste en los precios de insumos, el más notable, el de la gasolina.

Este año, la ciudadanía se verá en la necesidad de sortear nuevos escenarios, de los cuales no tengo duda que podrán salir adelante porque México es mucho más grande que todos sus problemas, y juntos, sociedad y gobierno, es posible trascender de los problemas y construir las soluciones.

Es por esto, que decir que el Gobierno se solidariza con la ciudadanía no es algo que deba decirse a la ligera, y debe de venir acompañado de esfuerzos por parte de todos los órdenes de gobierno y los Poderes de la Unión que muestren que no solo es la gente quien solventa las crisis, sino que el Gobierno, entregado al bienestar de su pueblo, actúa en consecuencia.

Es por todo lo anterior, que he decidido en el ejercicio de mis funciones presentar una serie de iniciativas a la legislación vigente, todas ellas encaminadas a eficientar la función pública, detener el gasto de la política, los abusos a la población y así empoderar a la ciudadanía, al permitir que sus recursos públicos sean ejecutados inteligentemente en sus necesidades, y que no exista ningún organismo, público o privado, que se beneficie de las condiciones adversas.

Esta serie de iniciativas, que he catalogado como la Miscelánea Legislativa “Más para las Familias, Menos para los políticos”, tiene como objetivo principal reconstruir la confianza ciudadana en la política, a través de medidas de auténtica austeridad política y responsabilidad social, que contribuyan a un acercamiento de las expectativas de la ciudadanía y las acciones de la clase política, las cuales, por muchísimos factores en donde los responsables somos todos, se han distanciado cada vez más.

La iniciativa que hoy presento, tiene como objetivo lograr una reestructuración a los gastos en personal de los gobiernos estatales y federales, a fin de promover mayor eficiencia en sus labores y reducir los costos de la nómina gubernamental.

En base a los principios del Pacto Federal, los Estados y los Municipios gozan de una autodeterminación administrativa, la cual les permite manejar las contrataciones de personal según sus necesidades de gestión social, obra pública y mantenimiento de servicios gubernamentales.

Esta libre determinación que obra en nuestra Ley Suprema tiene como objetivo el permitirle a los poderes ejecutivos locales la libertad para poder adaptarse a las circunstancias presupuestales, sociales y políticas de cada ciudad, sin embargo, queda claro que la intención de nuestra Carta Magna nunca ha sido el permitir nóminas abultadas y poco productivas, sino todo lo contrario: los principios básicos la responsabilidad hacendaria nos debieran obligar a priorizar gobiernos tan extensos como sean necesarios sin duda, pero tan compactos como sea posible.

Actualmente, no existe prevención alguna que regule la composición de las nóminas estatales y municipales, escenario que hace imposible que exista un control real sobre la austeridad al momento de las contrataciones de personal a cargo del erario público, y en tiempos como estos, de grandes retos económicos, la necesidad de este esquema se convierte en una auténtica prioridad.

Si bien el pacto federal respeta la autonomía de estados y municipios, también, como integrantes del Estado mexicano, impone prohibiciones a ambas esferas administrativas, precisamente en los artículos 115 para los segundos y 117 para los primeros, dentro de las cuales, sin hacer menoscabo a su libre determinación, si estipula lineamientos en aras del interés nacional.

La iniciativa que hoy presento, tiene como objetivo establecer un límite para la contratación de personal, el cual no podrá exceder de 50% del presupuesto de egresos tanto para Entidades Federativas como para Municipios, esto bajo ningún motivo. En esta prevención, no se tomará en cuenta el personal de las áreas de seguridad, educación y salud, siempre y cuando ese personal no sea administrativo.

Es por todo lo anteriormente expuesto, que me permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un inciso d) al artículo 115 fracción IV, así como una fracción X al artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Primero. Se adiciona un inciso D al artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I...

II...

III...

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formara? de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a)...

b)...

c)...

d) Por ningún motivo, los municipios podrán destinar más de la mitad de su presupuesto en personal, incluyendo en este rubro todo tipo de prestaciones además de las salariales. Para este efecto, no se tomarán en cuenta el personal en los ramos de seguridad, salud y educación, siempre que este no sea personal administrativo.

Segundo. Se adiciona una fracción X al artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:

I al IX...

X. Destinar más de la mitad de su presupuesto en personal, incluyendo en este rubro todo tipo de prestaciones además de las salariales. Para este efecto, no se tomarán en cuenta el personal en los ramos de seguridad, salud y educación, siempre que este no sea personal administrativo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.— Diputada Flor Estela Rentería Medina (rúbrica).»

Se turna a la Comisión Puntos Constitucionales, para dictamen.

DIEZ ORDENAMIENTOS LEGALES PARA ACTUALIZAR LA REFERENCIA DEL DISTRITO FEDERAL POR LA DE CIUDAD DE MÉXICO

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a 10 ordenamientos, para actualizar la referencia del Distrito Federal por la de Ciudad de México: Códigos Civil Federal, de Comercio, Federal de Procedimientos Civiles, y Penal Federal; y Leyes Aduanera, Agraria, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de Migración, del Seguro Social, y Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene a bien someter a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente:

Planteamiento del problema

La presente iniciativa pretende actualizar la referencia del Distrito Federal por el de la Ciudad de México, derivado de la reforma constitucional que modificó el estatus de la capital del país.

Argumento que lo sustenta

Como resultado de la primera Constitución del México independiente se creó en 1824 el Distrito Federal, rodeado de ayuntamientos acotados, en la capital misma del Virreinato. A lo largo de ese siglo se adoptaron numerosas disposiciones para la organización política de la ciudad, unas federalistas, otras centralistas, pero la distribución del poder no se modificó en lo sustancial.

En 1847 se declaró a la Ciudad de México como entidad federativa y sus ciudadanos pudieron elegir senadores. La Constitución de 1917 instituyó un gobernante designado directamente por el Presidente pero se conservaron los municipios popularmente electos, hasta que en 1928 estos se suprimieron y fueron sustituidos por zonas delegacionales.

Así se consolidaron los tres pilares del sistema posrevolucionario: el presidencialismo, el partido hegemónico y el control político, económico y militar del Ejecutivo sobre la capital.

Los movimientos sociales que determinaron el fin de ese régimen tuvieron como escenario principal a la Ciudad de México. Tras los acontecimientos de 1968 y 1971 se iniciaron reformas en el ámbito electoral que coadyuvarían al pluralismo político y al ejercicio de las libertades civiles. Diversos partidos y organizaciones abogaron por la autonomía de la ciudad

Por lo tanto es importante que nos demos cuenta de que tan importante es la autonomía, por la cual se está luchando. Después de 192 años de existencia, el Distrito Federal ha pasado a ser un capítulo más en la historia del país, la Ciudad de México se convierte en la entidad número 32.

La ciudad ha experimentado cambios drásticos en su paisaje natural, físico, administrativo, político y social. Ha sido un espacio de lucha, de reinvención y vanguardia.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó el 29 de enero 2016 la reforma a la Constitución que establece que el Distrito Federal ya no existe más porque pasó a llamarse Ciudad de México y se convirtió en una entidad federativa más del país, el número 32, por lo tanto marcará la transición de la capital hacia un estado autónomo, con un congreso local y constitución política propios.

El Distrito Federal estaba dividido en 16 delegaciones, las cuales con la reforma cambiarán a alcaldías.

Por lo tanto , los principios fundamentales que deben regir la estructura política y social, la función pública y el gobierno de la Ciudad de México son la autodeterminación de la ciudad, el reconocimiento de la diversidad y la pluriculturalidad, el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social de derechos, la construcción de ciudadanía, el diálogo social, la promoción de una cultura de paz y no violencia, el fomento al desarrollo económico sostenible y solidario con visión metropolitana, la distribución equitativa del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la igualdad sustantiva y la no discriminación, la preservación del medio ambiente y el patrimonio cultural, así como la función social de la ciudad.

La presente iniciativa expresa la naturaleza constitucional de la ciudad como una entidad libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior, parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, sede de los Poderes de la Unión y Capital Federal que adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, representativa, laica y popular con una división del poder, pluralismo político y participación social.

Se funda en el reconocimiento de que la soberanía de la Ciudad de México reside esencial y originariamente en el pueblo para la preservación, ampliación, protección y garantía de los derechos y el desarrollo de la sociedad.

A pesar de los grandes cambios históricos ocurridos en el país y en la propia Ciudad, las reformas que requiere la Ciudad de México entraron en una fase de suspensión que no corresponde con la realidad que vivimos. Muchas propuestas se han realizado en estos años que es preciso retomar y discutir con el ánimo de dotar a la Ciudad de su propia Constitución Política y ponerla de frente a la vanguardia del acelerado proceso de urbanización que se presenta a nivel global

La capital de la república requiere que le sea reconocida por su importancia, además de su condición de capitalidad y que se le dé una naturaleza jurídica como entidad federativa con la plena autonomía constitucional que le es inherente, su régimen metropolitano ya que es la Ciudad Capital es el centro de desarrollo y crecimiento del país y un claro referente para el resto de los países latinoamericanos.

Por eso se propone reformar estos artículos a las diversas disposiciones, porque no pueden quedarse atrás en la trasformación que se está llevando a cabo.

Así como se pretende reformar el nombre del Distrito Federal por la Ciudad de México, también se pretende que se reforme, la forma de abordar el salario mínimo vigente por Unidad de Medida de Actualización.

El 10 de enero del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cambio que se realizara a la Unidad de Medida y Actualización por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México.

El cálculo y determinación del valor actualizado de la UMA se realizó conforme al método previsto en el artículo 4, fracciones I, II y III, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización y con base en ello, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía pública y da a conocer que los valores de la Unidad de Medida y Actualización son: el diario de 75.49 pesos mexicanos, el mensual de 2 mil 294.90 pesos mexicanos y el anual de 27 mil 538.80 pesos mexicanos, los cuales estarán vigentes a partir del 1 de febrero de 2017, de conformidad con el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Por lo tanto ya no se puede referir como salario mínimo vigente, ya que el marco legal con el que contamos debe de estar a la vanguardia y contar con todos los cambios que se lleven a cabo.

Lo anterior, se propone en la reforma al Código Civil Federal.

La iniciativa surge a partir de los sucesos mencionados anteriormente y continuación se presentara un cuadro comparativo que contiene el cómo está establecido en ley y cuáles son los cambios que se proponen:

En este contexto y con la finalidad de desarrollar el marco adecuado para que las diversas disposiciones que se mencionan anteriormente queden sujetas a las nuevas reformas realizadas, deben de actualizarse en consideración con el régimen que existe hoy en día.

Por lo tanto es fundamental que las reformas propuestas se lleven a cabo en tiempo y forma.

Fundamento Legal

Es por lo anteriormente motivado y fundado; y con base en lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Denominación

Proyecto de decreto por el que reforma diversas disposiciones en materia de Ciudad de México.

Texto normativo propuesto

Artículo Primero. Se reforma los artículos 13 fracción IV, 16, 33 párrafo segundo, 35, 38 párrafo segundo, 41, 51, 58 párrafo segundo, 148, 151, 283 párrafo segundo, 311, 413, 416 párrafo primero, 545, 631 párrafo primero, 730, 735 fracción I, 786, 1148, 1167 fracción V y VI, 1313 párrafo primero, 1328, 1549 bis párrafo primero fracciones I y VI, 1594, 2317, 2320, 2321 párrafo segundo, 2448 G párrafos primero y tercero, 2555 fracción II, 2556, 2773, 2917 párrafo segundo, 2999, 3052 fracción III párrafo segundo, todos del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 13. La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas:

I-III...

IV. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en este Código cuando el acto haya de tener efectos en la Ciudad de México o en la República tratándose de materia federal; y

V...

Artículo 16. Los habitantes de la Ciudad de Méxicotienen obligación de ejercer sus actividades y de usar y disponer de sus bienes en forma que no perjudique a la colectividad, bajo las sanciones establecidas en este Código y en las leyes relativas.

Artículo 33. ...

Las que tengan su administración fuera de la Ciudad de Méxicopero que ejecuten actos jurídicos dentro de su circunscripción, se considerarán domiciliadas en este lugar, en cuanto a todo lo que a esos actos se refiera.

...

Artículo 35. En la Ciudad de México, estará a cargo de los Jueces del Registro Civil autorizar los actos del estado civil y extender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en los perímetros de las Delegaciones de la Ciudad de México, así como inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela o que se ha perdido o limitado la capacidad legal para administrar bienes.

Artículo 38. ...

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, cuidará de que se cumpla esta disposición y a este efecto, el Juez del Registro Civil o el encargado del Archivo Judicial, le darán aviso de la pérdida.

Artículo 41. Las formas del Registro Civil serán expedidas por el jefe de gobierno de la Ciudad de México o por quien él designe. Se renovarán cada año y los Jueces del Registro Civil remitirán en el transcurso del primer mes del año, un ejemplar de las Formas del Registro Civil del año inmediato anterior al Archivo de la Oficina Central del Registro Civil, otro al Archivo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el otro, con los documentos que le correspondan quedará en el archivo de la oficina en que hayan actuado.

Artículo 51. Para establecer el estado civil adquirido por los mexicanos fuera de la República, serán bastantes las constancias que los interesados presenten de los actos relativos, sujetándose a lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, y siempre que se registren en la Oficina que corresponda de la Ciudad de México o de los estados

Artículo 58. ...

Si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión, el Juez del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, la Ciudad de México.

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Artículo 148 .Para Contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. El jefe de gobierno de la Ciudad de México o los delegados según el caso, pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas.

Artículo 151. Los interesados pueden ocurrir al jefe de gobierno de la Ciudad de México o a los Delegados, según el caso, cuando los ascendientes o tutores nieguen su consentimiento o revoquen el que hubieren concedido. Las mencionadas Autoridades, después de levantar una información sobre el particular, suplirán o no el consentimiento.

Artículo 283. ...

La protección para los menores incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser suspendidas o modificadas en los términos previstos por el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.

Artículo 311. Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual de la Unidad de Medida de Actualizaciónen la Ciudad de México, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente.

Artículo 413. La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores, a las modalidades que le impriman las resoluciones que se dicten, de acuerdo con la Ley sobre Previsión Social de la Delincuencia Infantil en la Ciudad de México.

Artículo 416. En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los menores. En caso de desacuerdo, el juez de lo familiar resolverá lo conducente oyendo al Ministerio Público, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.

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Artículo 545. Los incapacitados indigentes que no puedan ser alimentados y educados por los medios previstos en los dos artículos anteriores, lo serán a costa de las rentas públicas de la Ciudad de México; pero si se llega a tener conocimiento de que existen parientes del incapacitado que estén legalmente obligados a proporcionarle alimentos, el Ministerio Público deducirá la acción correspondiente para que se reembolse al Gobierno de los gastos que hubiere hecho en cumplimiento de lo dispuesto por este artículo.

Artículo 631 . En cada Delegación habrá un Consejo Local de Tutelas compuesto de un Presidente y de dos vocales, que durarán un año en el ejercicio de su cargo, serán nombrados por el jefe de gobierno de la Ciudad de México o por quien él autorice al efecto o por los Delegados, según el caso, en el mes de enero de cada año, procurando que los nombramientos recaigan en personas que sean de notorias buenas costumbres y que tengan interés en proteger a la infancia desvalida.

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Artículo 730. El valor máximo de los bienes afectados al patrimonio de familia, conforme al artículo 723, será la cantidad que resulte de multiplicar por 3650 el importe de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México, en la época en que se constituya el patrimonio.

Artículo 735. Con el objeto de favorecer la formación del patrimonio de la familia, se venderán a las personas que tengan capacidad legal para constituirlo y que quieran hacerlo, las propiedades raíces que a continuación se expresan:

I. Los terrenos pertenecientes al Gobierno Federal o al Gobierno de la Ciudad de México que no estén destinados a un servicio público ni sean de uso común;

II- III ...

Artículo 786. El que tuviere noticia de la existencia de bienes vacantes en la Ciudad de México y quisiere adquirir la parte que la ley da al descubridor, hará la denuncia de ellos ante el Ministerio Público del lugar de la ubicación de los bienes.

Artículo 1148. La Unión o la Ciudad de México, los ayuntamientos y las otras personas morales de carácter público, se considerarán como particulares para la prescripción de sus bienes, derechos y acciones que sean susceptibles de propiedad privada.

Artículo 1167. La prescripción no puede comenzar ni correr:

I – IV ...

V. Contra los ausentes de la Ciudad de México que se encuentren en servicio público;

VI. Contra los militares en servicio activo en tiempo de guerra, tanto fuera como dentro de la Ciudad de México

Artículo 1313. Todos los habitantes de la Ciudad de México de cualquier edad que sean, tienen capacidad para heredar, y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto; pero con relación a ciertas personas y a determinados bienes, pueden perderla por alguna de las causas siguientes:

I – VI ...

Artículo 1328. Por falta de reciprocidad internacional, son incapaces de heredar por testamento o por intestado, a los habitantes de la Ciudad de México, los extranjeros que, según las leyes de su país, no puedan testar o dejar por intestado sus bienes a favor de los mexicanos.

Artículo 1549 Bis. Testamento público simplificado es aquél que se otorga ante notario respecto de un inmueble destinado o que vaya a destinarse a vivienda por el adquirente en la misma escritura que consigne su adquisición o en la que se consigne la regularización de un inmueble que lleven a cabo las autoridades de la Ciudad de México o cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, o en acto posterior, de conformidad con lo siguiente:

I. Que el precio del inmueble o su valor de avalúo no exceda del equivalente a 25 veces de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México elevado al año, al momento de la adquisición. En los casos de regularización de inmuebles que lleven a cabo las dependencias y entidades a que se refiere el párrafo anterior, no importará su monto;

II – V ...

VI. Fallecido el autor de la sucesión, la titulación notarial de la adquisición por los legatarios, se hará en los términos del artículo 876-Bis del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.

Artículo 1593. Los testamentos hechos en país extranjero, producirán efecto en la Ciudad de Méxicocuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en que se otorgaron.

Artículo 1594. Los Secretarios de legación, los Cónsules y los Vicecónsules mexicanos podrán hacer las veces de Notarios o de Receptores de los testamentos de los nacionales en el extranjero en los casos en que las disposiciones testamentarias deban tener su ejecución en la Ciudad de México.

Artículo 2317. Las enajenaciones de bienes inmuebles cuyo valor de avalúo no exceda al equivalente a trescientas sesenta y cinco veces de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México en el momento de la operación y la constitución o transmisión de derechos reales estimados hasta la misma cantidad o que garanticen un crédito no mayor de dicha suma, podrán otorgarse en documento privado firmado por los contratantes ante dos testigos cuyas firmas se ratifiquen ante notario, juez competente o Registro Público de la Propiedad.

Los contratos por los que el Gobierno de en la Ciudad de Méxicoenajene terrenos o casas para la constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos, hasta por el valor máximo a que se refiere el artículo 730, podrán otorgarse en documento privado, sin los requisitos de testigos o de ratificación de firmas.

En los programas de regularización de la tenencia de la tierra que realice el gobierno en la Ciudad de Méxicosobre inmuebles de propiedad particular, cuyo valor no rebase el que señala el artículo 730 de este Código, los contratos que se celebren entre las partes, podrán otorgarse en las mismas condiciones a que se refiere el párrafo anterior.

Los contratos a que se refiere el párrafo segundo, así como los que se otorguen con motivo de los programas de regularización de la tenencia de la tierra que realice el Gobierno de la Ciudad de México sobre inmuebles de propiedad particular, podrán también otorgarse en el protocolo abierto especial a cargo de los notarios de la Ciudad de México, quienes en esos casos reducirán en un cincuenta por ciento las cuotas que correspondan conforme al arancel respectivo.

Artículo 2320. Si el valor de avalúo del inmueble excede de trescientos sesenta y cinco veces de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México en el momento de la operación, su venta se hará en escritura pública, salvo lo dispuesto por el artículo 2317.

Artículo 2321. Tratándose de bienes ya inscritos en el Registro y cuyo valor no exceda de trescientas sesenta y cinco veces de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México en el momento de la operación, cuando la venta sea al contado podrá formalizarse, haciéndola constar por escrito en el certificado de inscripción de propiedad que el registrador tiene obligación de expedir al vendedor a cuyo favor estén inscritos los bienes.

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Artículo 2448-G. El arrendador deberá registrar el contrato de arrendamiento ante la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad de México. Una vez cumplido este requisito, entregará al arrendatario una copia registrada del contrato.

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Igualmente el arrendatario tendrá derecho para registrar su copia de contrato de arrendamiento ante la autoridad competente del gobierno de la Ciudad de México.

Artículo 2555. El mandato debe otorgarse en escritura pública o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario, ante los jueces o autoridades administrativas correspondientes:

I ...

II. Cuando el interés del negocio para el que se confiere sea superior al equivalente a mil veces de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México al momento de otorgarse; o

III ...

Artículo 2556. El mandato podrá otorgarse en escrito privado firmado ante dos testigos, sin que sea necesaria la previa ratificación de las firmas, cuando el interés del negocio para el que se confiere no exceda de mil veces de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México al momento de otorgarse.

Sólo puede ser verbal el mandato cuando el interés del negocio no exceda de cincuenta veces de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México al momento de otorgarse.

Artículo 2773. El contrato celebrado entre los compradores de billetes y las loterías autorizadas en país extranjero, no será válido en la Ciudad de México a menos que la venta de esos billetes haya sido permitida por la autoridad correspondiente.

Artículo 2917....

Los contratos en los que se consigne garantía hipotecaria otorgada con motivo de la enajenación de terrenos o casas por el Gobierno de la Ciudad de México para la constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos, cuando el valor del inmueble hipotecado no exceda del valor máximo establecido en el artículo 730, se observarán las formalidades establecidas en el párrafo segundo del artículo 2317.

Artículo 2999 . Las oficinas del Registro Público se establecerán en la Ciudad de México y estarán ubicadas en el lugar que determine el jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Artículo 3052. Quien se encuentre en el caso del inciso d), de la fracción II del artículo 3046, podrá ocurrir directamente ante el Registro Público de la Propiedad para acreditar que ha operado la prescripción conforme al siguiente procedimiento:

I – II...

III...

El Director del Registro Público de la Propiedad, además, mandará publicar edictos para notificar a las personas que pudieren considerarse perjudicadas, a costa del interesado por una sola vez en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, y en un periódico de los de mayor circulación, si se tratare de bienes inmuebles urbanos. Si los predios fueren rústicos, se publicarán además por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación:

IV – VI...

Artículo Segundo.Se reforman los artículos 1070 párrafo segundo y 1414 Bis 18 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1070. Cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del Estado o de la Ciudad de México en que el comerciante deba ser demandado.

...

...

...

...

...

...

Artículo 1414 bis 18. En caso de incumplimiento de la parte actora a lo señalado en la fracción III, inciso c), del artículo anterior, el juez lo apercibirá con las medidas de apremio establecidas en el artículo 1414 Bis 9, y le ordenará pagar una pena equivalente a cien y hasta tres mil veces, de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México en las fechas de incumplimiento, por día transcurrido, mientras subsista el incumplimiento.

Artículo Tercero.Se reforma el artículo 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 130. Los documentos públicos expedidos por autoridades de la Federación, de los Estados, en la Ciudad de México y Territorios o de los Municipios, harán fe en el juicio, sin necesidad de legalización.

Artículo Cuarto.Se reforma el artículo 132 fracción III del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 132. Se aplicará la pena de dos a veinte años de prisión y multa de cinco mil a cincuenta mil pesos a los que, no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de armas traten de:

I – II ...

III. Separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios de la Federación mencionados en el artículo 2o. de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, de la Ciudad de México y de los Altos Funcionarios de los Estados.

Artículo Quinto.Se reforman el artículo 145 fracción III párrafo segundo de la Ley Aduanera para quedar como sigue:

Artículo 145...

...

La autoridad aduanera al señalar el destino a las mercancías de comercio exterior no transferibles, observará lo siguiente:

I – III...

El Servicio de Administración Tributaria podrá asignar las mercancías a que se refiere este artículo para su uso, o bien para otras dependencias del Gobierno Federal, entidades paraestatales, entidades federativas, en la Ciudad de México y municipios, así como a los poderes Legislativo y Judicial. En este caso no se requerirá la opinión previa del Consejo. El Servicio de Administración Tributaria deberá enviar mensualmente un reporte de las asignaciones al Consejo y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y en periodo de receso a la Comisión Permanente. También podrá donarlas a las personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, previa opinión del Consejo establecido en este artículo.

...

Artículo Sexto.Se reforman los artículos 62 párrafo segundo, 72 párrafo segundo y 137 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 62. ...

Cuando la asignación se hubiere hecho a un grupo de ejidatarios, se presumirá, salvo prueba en contrario, que gozan de dichos derechos en partes iguales, y serán ejercidos conforme a lo convenido entre ellos o, en su defecto, a lo que disponga el reglamento interno o la resolución de la asamblea y, supletoriamente, conforme a las reglas de copropiedad que dispone el Código Civil para la Ciudad de México en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

Artículo 72. ...

La puesta en marcha y los costos de operación de la unidad serán cubiertos por sus integrantes, quienes podrán recurrir a los programas de financiamiento y asesoría de la Federación, estados, Ciudad de México y municipios.

Artículo 137. La Procuraduría tendrá su domicilio en la Ciudad de México, y establecerá delegaciones en todas las entidades federativas, así como oficinas en todos aquellos lugares que estime necesario.

Artículo Séptimo.Se reforman los artículos 26 Ter y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 26 Ter . En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de días de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente:

I – IV ...

...

...

...

Artículo 59. Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México elevado al mes, en la fecha de la infracción.

Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México elevado al mes, en la fecha de la infracción.

Artículo Octavo.Se reforman los artículos 112 fracción I, fracción VI párrafo tercero, 150 párrafo segundo, 151, 152, 153, 154 párrafo primero, 155, 156 párrafo primero, 157 párrafo primero, 158 159 párrafo primero, 161 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicables, dándose aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

II – V...

VI ...

...

Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, garantizar el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México que corresponda, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras.

Artículo 150. Se impondrá multa de cien a quinientos días de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México al mexicano que contraiga matrimonio con extranjero sólo con el objeto de que éste último pueda radicar en el país, acogiéndose a los beneficios que esta Ley establece para estos casos.

...

Artículo 151. Se impondrá multa de mil a diez mil días de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México a las empresas de transportes marítimos, cuando permitan que los pasajeros o tripulantes bajen a tierra antes de que el Instituto otorgue el permiso correspondiente.

Artículo 152. El desembarco de personas de transportes procedentes del extranjero, efectuado en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas, se castigará con multa de mil a diez mil días de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México, que se impondrá a las personas físicas o morales con actividades comerciales dedicadas al transporte internacional de personas, sin perjuicio de las sanciones previstas en otras leyes.

Artículo 153. Las empresas dedicadas al transporte internacional terrestre, marítimo o aéreo que trasladen al país extranjeros sin documentación migratoria vigente, serán sancionadas con multa de mil a diez mil días de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México, sin perjuicio de que el extranjero de que se trate sea rechazado y de que la empresa lo regrese, por su cuenta, al lugar de procedencia.

Artículo 154. Serán responsables solidarios, la empresa propietaria, los representantes, sus consignatarios, así como los capitanes o quienes se encuentren al mando de transportes marítimos, que desobedezcan la orden de conducir pasajeros extranjeros que hayan sido rechazados o deportados por la autoridad competente de territorio nacional, y serán sancionados con multa de mil a diez mil días de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México.

...

Artículo 155 . Se impondrá multa de mil a diez mil días de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México. a la empresa propietaria, sus representantes o sus consignatarios cuando la embarcación salga de puertos nacionales en tráfico de altura antes de que se realice la inspección de salida por el Instituto y de haber recibido de éstas, la autorización para efectuar el viaje.

Artículo 156. La persona que visite un transporte marítimo extranjero, sin permiso de las autoridades migratorias, será castigada con multa de diez hasta cien días de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México o arresto hasta por treinta y seis horas.

...

Artículo 157. Se impondrá multa de mil a diez mil días de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México, a la empresa de transporte internacional aéreo o marítimo que incumpla con la obligación de transmitir electrónicamente la información señalada en el artículo 46 de esta ley.

...

Artículo 158. Se impondrá multa de veinte hasta cien días de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México, a los residentes temporales y permanentes que se abstengan de informar al Instituto de su cambio de estado civil, domicilio, nacionalidad o lugar de trabajo, o lo hagan de forma extemporánea.

Artículo 159. Se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa de cinco mil a quince mil días de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México, a quien:

I –III...

...

...

Artículo 161 . Al servidor público que auxilie, encubra o induzca a cualquier persona a violar las disposiciones contenidas en la presente Ley, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro en dinero o en especie, se le impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y multa de quinientos hasta un mil días de la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México.

Artículo Noveno.Se reforman los artículos 28, 64, fracción I, 104, 106, fracciones I y III, 227, fracción I, 254, 277 F, fracción IV, párrafo cuarto, 308, fracción I a III, 312 párrafo primero, 40 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces la Unidad de Medida de Actualización que rija en la Ciudad de México, y como límite inferior el de la Unidad de Medida de Actualización del área geográfica respectiva.

Artículo 64...

...

a – b...

Las pensiones y prestaciones a que se refiere la presente Ley serán:

I. El pago de una cantidad igual a sesenta días de la Unidad de Medida de Actualización l que rija en la Ciudad de México en la fecha de fallecimiento del asegurado.

...

II – VI ...

...

...

Artículo 104. Cuando fallezca un pensionado o un asegurado que tenga reconocidas cuando menos doce cotizaciones semanales en los nueve meses anteriores al fallecimiento, el Instituto pagará a la persona preferentemente familiar del asegurado o del pensionado, que presente copia del acta de defunción y la cuenta original de los gastos de funeral, una ayuda por este concepto, consistente en dos meses de la Unidad de Medida de Actualización que rija en la Ciudad de México en la fecha del fallecimiento.

Artículo 106. Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, se financiarán en la forma siguiente:

I. Por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria patronal equivalente al trece punto nueve por ciento de la Unidad de Medida de Actualización para la Ciudad de México;

II. Para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor a tres veces el de la Unidad de Medida de Actualización diario para la Ciudad de México; se cubrirá además de la cuota establecida en la fracción anterior, una cuota adicional patronal equivalente al seis por ciento y otra adicional obrera del dos por ciento, de la cantidad que resulte de la diferencia entre el salario base de cotización y tres veces el de la Unidad de Medida de Actualización, y

III. El Gobierno Federal cubrirá mensualmente una cuota diaria por cada asegurado, equivalente a trece punto nueve por ciento de la Unidad de Medida de Actualización para la Ciudad de México, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, la cantidad inicial que resulte se actualizará trimestralmente de acuerdo a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Artículo 227. Las cuotas obrero patronales correspondientes a los sujetos de este capítulo se cubrirán con base en:

I. La Unidad de Medida de Actualización de la Ciudad de México vigente en el momento de la incorporación, o de la renovación anual, para los sujetos a que se refieren las fracciones I, III y IV del artículo 13 de esta ley, y

II...

...

...

Artículo 254. El Instituto Mexicano del Seguro Social, sus dependencias y servicios, no serán sujetos de contribuciones federales, estatales y municipales. La Federación, los Estados, el Gobierno de la Ciudad de México y los Municipios, no podrán gravar con impuestos su capital, ingresos, rentas, contratos, actos jurídicos, títulos, documentos, operaciones o libros de contabilidad, aun en el caso de que las contribuciones, conforme a una Ley general o especial fueran a cargo del Instituto como organismo público o como patrón. En estos supuestos se consideran comprendidos los impuestos indirectos y el franqueo postal. El Instituto y demás entidades que formen parte o dependan de él, estarán sujetos únicamente al pago de los derechos de carácter municipal que causen sus inmuebles en razón de pavimentos, atarjeas y limpia, así como por el agua potable de que dispongan, en las mismas condiciones en que deben pagar los demás causantes. Igualmente estarán sujetos a los derechos de carácter federal correspondientes a la prestación de servicios públicos.

Artículo 277 F...

I – IV...

...

...

En el caso de aquellos contratos cuya prestación genere una obligación de pago para el Instituto igual o mayor a 190,150 veces la Unidad de Medida de Actualización para la Ciudad de México en alguno de sus años de vigencia, éstos deberán ser suscritos, de forma indelegable, por el Director General del Instituto.

...

Artículo 308. El delito de defraudación a los regímenes del seguro social, se sancionará con las siguientes penas:

I. Con prisión de tres meses a dos años cuando el monto de lo defraudado no exceda de trece mil veces la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México;

II. Con prisión de dos a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de trece mil la Unidad de Medida de Actualización en el Distrito Federal, pero no de diecinueve mil veces la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México, o

III. Con prisión de cinco a nueve años, cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de diecinueve mil veces la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México.

...

Artículo 312. Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, al depositario o interventor designado por el Instituto que disponga para sí o para otro, del bien depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieren constituido, si el valor de lo dispuesto no excede de novecientos la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México; cuando exceda, la sanción será de cuatro a nueve años de prisión.

...

Artículo Décimo.Se reforman los artículos 7 fracción VIII, 36 párrafo segundo, 51 párrafo I, 55 fracciones I y II, 8o., fracciones IV, V y VII, 88 párrafo segundo, 91, párrafo segundo, 92, párrafos primero y segundo y 93 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Artículo 7o. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

I – VII...

VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o de la Ciudad de México y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y la Ciudad de México

...

...

Artículo 36....

Las autoridades estarán obligadas a expedir dichas copias certificadas, sin demora, y si no lo hicieren la sección, o las Cámaras a instancia del interesado, señalará a la autoridad omisa un plazo razonable para que las expida, bajo apercibimiento de imponerle una multa de diez a cien veces la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México sanción que se hará efectiva si la autoridad no las expidiere. Si resultase falso que el interesado hubiera solicitado las constancias, la multa se hará efectiva en su contra.

...

Artículo 51. Las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, así como la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México establecerán los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 47, así como para aplicar las sanciones establecidas en el presente capítulo, conforme a la legislación respectiva y por lo que hace a su competencia.

...

Artículo 55....

...

I. La sanción económica impuesta se dividirá entre la cantidad líquida que corresponda y la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México al día de su imposición, y

II. El cociente se multiplicará por la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México al día del pago de la sanción.

Para los efectos de esta Ley se entenderá por la Unidad de Medida de Actualización, el equivalente a treinta veces la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México.

Artículo 80. Tienen la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 79, bajo protesta de decir verdad, en los términos que esta Ley señala:

I - III ...

IV. En el órgano ejecutivo local del gobierno de la Ciudad de México: todos los funcionarios, desde el nivel a que se refiere la fracción II hasta el jefe de gobierno de la Ciudad de México, incluyendo Delegados Políticos, Subdelegados y Jefes de Departamento de las Delegaciones;

V. En la Procuraduría General de la República y en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México: Todos los funcionarios, desde el nivel mencionado en la fracción II hasta los de Procurador General de la República y Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, incluyendo a Agentes del Ministerio Público y policías judiciales;

VI...

VII. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, Magistrados y Secretarios o sus equivalentes;

VIII – IX ...

...

...

Artículo 88....

Para los efectos del párrafo anterior, no se considerarán los que reciba el servidor público en una o más ocasiones, de una misma persona física o moral de las mencionadas en el párrafo precedente, durante un año, cuando el valor acumulado durante ese año no sea superior a diez veces la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de Méxicoen el momento de su recepción.

...

...

Artículo 91. Al frente de la Contraloría General de la Administración Pública de la Ciudad de Méxicohabrá un Contralor General, quien será nombrado y removido libremente por el jefe de gobierno.

...

Artículo 92. El contralor general designará y removerá libremente a los titulares de los órganos de control interno de las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la administración pública de la Ciudad de México

Los órganos de control interno tendrán las mismas facultades que esta ley les confiere a las contralorías internas de las dependencias y entidades de la administración pública federal, las que serán ejercidas en las dependencias, entidades y órganos desconcentrados de la administración pública de la Ciudad de México.

Artículo 93. El servidor público afectado por los actos o resoluciones de la Contraloría General de la Administración Pública de la Ciudad de México o de los órganos de control interno, podrá, a su elección, interponer el recurso de revocación, previsto en esta Ley, o impugnar dichos actos o resoluciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México., el que se sujetará a lo dispuesto por los artículos 73 y 74 de esta ley.

Transitorio

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 28 de febrero de 2017.— Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputada Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tienen a bien someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor del siguiente

a) Planteamiento del problema

La comparecencia de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del análisis del informe inicial de nuestro país sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, llevada a cabo, en el marco de las sesiones 145 y 146 del comité, los días 16 y 17 de septiembre de 2014 fue objeto de observaciones en materia educativa.

Estas observaciones mostraron su preocupación, fundamentalmente, por tres cuestiones:

1) La persistencia del modelo de educación especial;

2) La falta de escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad; y

3) La ausencia de accesibilidad en los centros educativos y de materiales educativos.

La recomendación relativa a la educación especial, la debemos de entender como Educación especial. Servicio educativo destinado para los alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas especiales, con mayor prioridad a los que tienen discapacidad o aquellos con aptitudes sobresalientes. Atiende a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social. No podríamos entender eliminar esta forma de educación.

Además de ello, las estimaciones de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), indican que 3.8 millones de personas con discapacidad presentan rezago educativo.

La presente iniciativa pretende establecer disposiciones jurídicas que armonicen la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con la Ley General de Educación, adicionando la educación inclusiva mediante ajustes razonables necesarios en el Sistema Educativo Nacional.

b) Argumento que lo sustenta

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO– define la educación inclusiva como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niños y las niñas.

Se basa en el principio de que cada niño y niña tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que están diseñados, y los programas educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades. Se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y extraescolares.

Lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a algunos estudiantes en la corriente educativa principal, es un método en el que se reflexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que respondan a la diversidad de los estudiantes.

De conformidad con el Censo 2010, sólo 45 de cada 100 personas con discapacidad de 3 a 29 años asisten a la escuela; es decir menos de la mitad de quienes tendrían que asistir a la escuela lo hacen.

Esta misma fuente censal, indica que las personas con discapacidad en edad escolar (3 a 29 años), que tienen mayor asistencia escolar, son las que presentan dificultad para ver 53.2 por ciento, poner atención o aprender 51.8 por ciento, escuchar 47.1 por ciento, hablar o comunicarse 44.8 por ciento; y con menor asistencia, las que tienen limitaciones para caminar o moverse 39.4 por ciento, atender el cuidado personal 29.4 por ciento y mentales 28.9 por ciento.

Al analizar la información por grupos de edad, se observa que la asistencia en los primeros ciclos para la población con discapacidad es baja, ya que sólo 48.2 por ciento de los niños de 3 a 5 años van a la escuela (cuando idealmente se debería ir al preescolar), de los 6 a los 11 años (etapa de asistencia a la primaria) se incrementa de manera importante (casi al doble) hasta alcanzar un porcentaje de 81.4 por ciento y, finalmente, después de los 12 y hasta los 29 años disminuye de forma constante (cuando se debería asistir a la secundaria, media superior y superior). Es decir, después de los 12 años, a medida que se incrementa la edad disminuye paulatinamente la permanencia en la escuela.

Resulta evidente la vulnerabilidad de las personas con discapacidad en el ejercicio de su derecho a la educación cuando tres de cada 10 personas con discapacidad no saben leer ni escribir, a diferencia de las personas que no tiene esta condición, que es una de cada diez.

Fuentes censales de 2010 indican que las niñas y niños con dificultad mental, para atender el cuidado personal, hablar o comunicarse y poner atención o aprender, representan entre 46.1 por ciento y 60.5 por ciento de población que no sabe leer y escribir. El grupo que tiene dificultad para escuchar 29.7 por ciento, caminar o moverse 29.1 por ciento y ver 12.6 por ciento, respectivamente

Entre los 6 y los 14 años de edad, el porcentaje de varones con discapacidad que no saben leer y escribir (35.7 por ciento) supera al de las mujeres con la misma condición (31.9 por ciento); situación que también se presenta entre la población sin discapacidad y que está vinculada al mayor nivel de asistencia escolar de las niñas en las edades tempranas.

Esta medición censal señala que entre la población con discapacidad, 27.9 por ciento no tiene estudios, 45.4 por ciento terminó al menos un año de primaria; 13.3 por ciento uno de secundaria; 7.3 por ciento uno de media superior y 5.2 por ciento uno de superior; 86.6 por ciento de la población con discapacidad tiene como máximo estudios de educación básica

Al analizar la información por grupo de edad, se observa el peso de los adultos mayores en el nivel educativo general de la población con discapacidad, ya que tienen el porcentaje más alto de personas sin instrucción (36.4 por ciento) e incluso su promedio de escolaridad apenas alcanza 3.3 años. Por su parte, los jóvenes de igual condición, también tienen un porcentaje alto de personas sin instrucción (21.2 por ciento), sin embargo, presentan la mayor proporción de población con algún grado en la secundaria y en la media superior, lo cual expresa que si bien enfrentan restricciones para acceder a la educación básica, posteriormente su situación educativa mejora. Su promedio de escolaridad es el más alto: 6.7 años.

Por su parte, las áreas rurales tienen un perfil educativo más bajo que las zonas urbanas. De cada 100 personas con discapacidad en localidades rurales, 40 no tienen estudios; 48 terminaron al menos un año de primaria y 12 de secundaria o más. En las urbanas, 23 no tienen estudios; 45 cuentan con algún grado de primaria y 31 uno de secundaria o más. El promedio de años aprobados de escolaridad en las zonas rurales (2.8 años) está muy por debajo del de las zonas urbanas (5.8 años); comportamiento similar ocurre en la población sin discapacidad.

Las personas con dificultad mental, para hablar o comunicarse y poner atención o aprender son las que presentan los perfiles educativos más bajos, ya que concentran las proporciones más altas de población sin estudios (entre 45 y 50 por ciento) y las más bajas en todos los niveles educativos, especialmente en medio superior y superior.

En resumen, el conjunto de la población con discapacidad presenta un perfil educativo bajo. El porcentaje de asistencia de los que están en edad escolar (3 a 29 años) es más bajo que el de su contraparte sin discapacidad; comparado con lo observado en el último grupo poblacional, las proporciones de niños de 6 a 14 años que no saben leer y escribir y de personas de 15 años y más analfabetas son dos y hasta cinco veces más altos, y el promedio de años aprobados (4.7 años) representa la mitad, debido a que la mayor parte sólo tiene educación básica (principalmente primaria).

En materia jurídica, la educación inclusiva es una obligación del Estado mexicano comprometida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:

En sus considerandos expresa:

“v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”

La convención concibe a la accesibilidad como un principio, y la eliminación de obstáculos y barreras de acceso en los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; en los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.

En consecuencia, México se encuentra comprometido a:

“[...] reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación.

Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los estados parte asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.

2. Al hacer efectivo este derecho, los estados parte asegurarán que:

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educaciónpor motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

3. Los estados parte brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los estados parte adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas;

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.

4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los estados parte adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.

5. Los estados parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los estados parte asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.”

El cumplimiento de estas obligaciones fueron analizadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en el Informe inicial sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el marco de las sesiones 145 y 146 del comité, los días 16 y 17 de septiembre de 2014. En materia educativa, las observaciones y preocupaciones que se le efectuaron a México, fueron las siguientes:

- El comité llama al estado parte a reconocer en su legislación y políticas un sistema de educación inclusiva en todos los niveles de la educación y el desarrollo de ajustes razonables con recursos presupuestarios suficientes y formación adecuada de los docentes regulares.

- A adoptar medidas para asegurar la escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad, prestando atención a los niños y niñas con discapacidad intelectual y psicológica, sordociegos e indígenas.

- Implementar con urgencia medidas de accesibilidad de los centros educativos y de todos los materiales didácticos y asegurar su uso desde el inicio del curso académico, incluyendo el braille y lengua de señas.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación(Conapred), los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, advierten que 7 personas de cada 10 creen que los derechos de las personas con discapacidad no se respetan o sólo se respetan en parte. De la población en México, 23.5 por ciento no estaría dispuesto, o sólo lo estaría en parte, a que en su casa vivieran personas con discapacidad.

Las autoridades educativas, afirma el Conapred, tienen la obligación de proteger a todas las personas con discapacidad frente a las acciones de terceros o privados en materia educativa. La responsabilidad que el Estado tiene sobre la administración del sistema educativo, lo sitúa en el compromiso de asegurar y prevenir que los actores públicos y privados no incurran en acciones que incumplan y transgredan los derechos de las niñas y los niños con discapacidad.

Por lo anterior, el Conapred en la publicación: En el Día de la niñez, por una educación inclusiva: respeto a la personas con discapacidad y población indígena, recomienda a la Secretaría de Educación Pública, en lo referente a la educación inclusiva:

a. La adecuación o creación de una instancia (dirección general), a nivel federal, dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica, que sea responsable de coordinar y dar seguimiento a las acciones que requieran aquellos grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y que han sido excluidos del sistema educativo.

b. Distribuir presupuestos adicionales o específicos para el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Interacción Educativa.

c. Ejecución y evaluación de la política educativa para que la igualdad y no discriminación representen un derecho en sí mismo. Y, de este modo, fortalecer una sociedad coherente con el respeto a los derechos humanos de todas las personas.

Con respecto del presupuesto para la inclusión educativa, el Estado mexicano destinó en el año de pasado 291.6 millones de pesos al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, y en 2015 se destinaron 567 millones de pesos en subsidios para este programa.

Resulta preocupante el reconocimiento oficial de la escaza actividad administrativa y de servicios educativos en materia de educación inclusiva.

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación señala que: Por otra parte, aun cuando el sistema educativo ha incorporado entre sus preocupaciones la inclusión de todas las niñas, niños y adolescentes, todavía le resta un largo trecho que recorrer para garantizar condiciones de acceso, permanencia, participación y logro de los aprendizajes de los alumnos con necesidades educativas especiales. Se requiere de un impulso adicional para la construcción de nuevas formas y espacios de atención educativa para la inclusión de las personas con discapacidady con aptitudes sobresalientes en todos los niveles educativos.

También este programa establece que “ las escuelas e instituciones educativas deben atender las particularidades de los grupos de la población que más lo requieren. En especial, deben desplegarse estrategias que contemplen la diversidad cultural y lingüística, los requerimientos de la población con discapacidad y, en general, las barreras que impiden el acceso y la permanencia en la educación de las mujeres y de grupos vulnerables”.

Para enfrentar lo anterior, el Programa Sectorial propone la realización de las siguientes acciones:

3.5 Impulsar nuevas formas y espacios de atención educativa para la inclusión de personas con discapacidad y aptitudes sobresalientes en todos los niveles educativos

Líneas de acción:

3.5.1. Actualizar el marco regulatorio con un enfoque para la inclusión en todos los niveles educativos.

3.5.2. Alentar y promover modelos y prácticas escolares que permitan la inclusión en todos los niveles educativos.

3.5.3. Desarrollar estrategias metodológicas y materiales educativos apropiados para la atención de los diversos tipos de discapacidad o de problemas para el aprendizaje.

3.5.4. Desarrollar capacidades en docentes, directivos y supervisores para favorecer la inclusión educativa en la escuela regular.

3.5.5. Otorgar al personal directivo y docente apoyos técnicos y pedagógicos para facilitar la inclusión plena de los alumnos con discapacidad.

3.5.6. Adecuar y equipar planteles educativos para eliminar o reducir las barreras físicas que impiden el acceso y la participación de estudiantes con discapacidad.

3.5.7. Promover acciones para detectar y atender adecuadamente a alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes.

3.5.8. Otorgar apoyos a personas con discapacidad que los habiliten para continuar sus estudios durante todo el trayecto educativo.

3.5.9. Impulsar acciones para que la convivencia de los estudiantes con discapacidad y sus compañeros sea apreciada como fuente de riqueza educativa y social.

Estrategia 3. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres

Líneas de acción

13. Promover la educación básica y media superior de las mujeres con discapacidad, con VIH-Sida y adultas mayores.

Estrategia 5.1. Fomentar la educación artística y cultural y crear mayores oportunidades de acceso a la cultura, especialmente para el sector educativo

Líneas de acción

5.1.7. Eliminar barreras que impiden el acceso de población con discapacidad a las actividades artísticas y culturales.

5.2. Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos

Líneas de acción

5.2.3. Prever que las acciones de infraestructura cultural atiendan los requerimientos de las personas con discapacidad.

La presente iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación tiene por objeto ser la plataforma jurídica para propiciar el cumplimento de las todas las líneas de acción del Programa Sectorial de Educación 2013 2018 enfocadas a la educación inclusiva en el Sistema Nacional Educativo.

Esta iniciativa complementa la reforma que el pasado 17 de marzo de 2016 con 403 votos en pro aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva aprobó esta Cámara; sucesivamente, la Cámara de Senadores el martes 19 de abril de 2016 se manifestó a en pro con 95 votos. El proyecto de decreto fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación; que ocurrió el miércoles 1 de junio de 2016.

Con la finalidad de facilitar su proceso de dictamen, se pone a su consideración el siguiente cuadro comparativo:

c) Fundamento legal

Es por lo anteriormente motivado y fundado y con base en lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

d) Denominación del proyecto de decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

e) Texto normativo propuesto

Artículo Único. Se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales suscritos por México aplicables, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

Artículo 6o. ...

...

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna o por motivo de su discapacidad, religión, estado de salud, etnia de origen u otro que vulnere el interés superior del menor.

Artículo 8o. ...

I. a III. ...

IV. Será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia, equidad, inclusión y no discriminación.

Artículo 11. ...

...

I. a V. ...

a. a b. ...

c. Educación Inclusiva. Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, proporcionándoles programas educativos apropiados, estimulantes y adecuados a las necesidades específicas de cada tipo de discapacidad.

d. Educación especial. Servicio educativo destinado para los alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas especiales, con mayor prioridad a los que tienen discapacidad o aquéllos con aptitudes sobresalientes. Atiende a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social.

e. Ajustes razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;

f.Las demás atribuciones que establezcan la Constitución, su propia ley, la Ley General del Servicio Profesional Docente y demás disposiciones aplicables;

VI. ...

Artículo 13. ...

I. Prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, inclusiva, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros,

II. a IX. ...

Artículo 14. ...

I. a V. ...

VI. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística; accesibles en infraestructura y materiales, procurando contar con servicios a población abierta para la enseñanza del sistema braille y el lenguaje de señas.

VII. Promover permanentemente la investigación que sirva como base a la inclusión e innovación educativa;

VIII. a XII. ...

XII Bis. Diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación que consideren necesarios para garantizar la calidad e inclusión educativa en el ámbito de su competencia, atendiendo los lineamientos que en ejercicio de sus atribuciones emita el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;

XII Ter. a XIII. ...

...

Artículo 15. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y locales, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad, siempre y cuando obedezcan a los principios de inclusión y no discriminación.También podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones V a VIII del artículo 14.

...

...

...

Artículo 20. ...

I. La formación, con nivel de licenciatura, de maestros de educación inicial, básica –incluyendo la de aquéllos para la atención de la educación inclusiva;indígena– especial y de educación física;

II. a IV. ...

...

Artículo 50. La evaluación de los educandos comprenderá la medición en lo individual de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, del logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. La evaluación, deberá contener ajustes razonables considerando las necesidades físicas de los alumnos y sus discapacidades.

...

Artículo 57. ...

I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo primero párrafo tercero, en la presente ley y demás disposiciones aplicables;

II. a V. ...

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las disposiciones contenidas en los artículos 12, 14, 33 y 41, del presente decreto, la Secretaría contará con un plazo de dos años a partir de su entrada en vigor, a fin de disponer de lo necesario para garantizar el cumplimiento del contenido.

Notas:

1 http://conadis.gob.mx/doc/banners/OBSERVACIONES_FINALES_SOBRE_EL_INFORME_INICIA L_DE_MEXICO.pdf

2 http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/p oblacion/2010/discapacidad/702825051785.pdf

3 http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

4 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Dossier_Ed_Inclusiva_25_abril_2013_I NACCSS.pdf

5 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343100 &fecha=30/04/2014

6 http://www.diputados.gob.mx/PEF2015/docs/11/r11_ppcer.pdf

7 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326569 &fecha=13/12/2013

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.— Diputados: Claudia Edith Anaya Mota, Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD, LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL Y LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, de Desarrollo Rural Sustentable, Federal de Sanidad Vegetal, y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Verónica Delgadillo García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6,numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan distintas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de protección ambiental, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Primero.La presente iniciativa con proyecto de decreto, que propone reformar y adicionar distintas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente tiene como finalidad contribuir a la protección del medio ambiente, y por ende, mejorar la calidad de vida de las personas así como de otras especies que nos permiten gozar de una gran biodiversidad vegetal.

Por dichas especies serán consideradas las abejas, tanto las utilizadas en el sector de la apicultura como las silvestres, ya que existe evidencia científica donde se demuestra que su labor como agentes polinizadores permite mantener un desarrollo entre diferentes especies vegetales.

Por lo tanto, cabe señalar que esta iniciativa no solamente busca proteger al sector de la apicultura, sino que pretende fortalecer de manera indirecta a los diferentes sectores agropecuarios encargados de la producción de alimentos vegetales en nuestro país.

La problemática que se desea atender en la presente propuesta, puede identificarse a través de tres factores principalmente, en primer lugar la mortalidad de las abejas, ya que durante los últimos años se ha venido registrando una caída dramática en el número de abejas destinadas a la apicultura y que han puesto al sector apicultor en una situación complicada.

En segundo término las afectaciones directas a otros sectores agropecuarios, por el simple hecho de existir una relación entre la labor de las abejas, principalmente la llevada a cabo por las especies silvestres, con el desarrollo de otras especies vegetales.

Y tercero, las implicaciones negativas que han venido documentándose en contra de la salud de las personas y hacia la sustentabilidad del medio ambiente, ya que todo parece indicar que el uso de ciertos plaguicidas dañinos está ocasionado un daño directo a las abejas, a las personas por los alimentos que consumimos y a la capacidad de regeneración del medio ambiente.

Por lo que se considera pertinente iniciar una serie de acciones que permitan mejorar las condiciones de vida de las abejas y por ende del sector apicultor, mejorar la calidad de los alimentos destinados al consumo humano, y que tales acciones beneficien también a nuestro medio ambiente.

Para llevar a cabo lo anterior se proponen diferentes modificaciones como: establecer como alimento estratégico la miel de abeja; establecer la generación de normas mexicanas que exijan un mejor control en el uso de plaguicidas; otorgar mayores facultades a la Federación para la prohibición de cualquier plaguicida que ponga en peligro el desarrollo de los alimentos básicos y estratégicos, la salud humana o la de otras especies; y por último crear un registro nacional de plaguicidas.

Cabe mencionar que los criterios que deberán ser tomados en cuenta en las normas oficiales mexicanas por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal, deberán estar apegados a lo que se encuentra establecido por los convenios y tratados internacionales en lo que el Estado Mexicano es parte, particularmente lo señalado por el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y por el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional.

Segundo. Considerando lo anterior es esencial exponer que la presente iniciativa, tiene como fundamento los principios establecidos por en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente lo enunciado en su párrafo primero y tercero:

“ Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, [...].

...

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

En lo establecido por el párrafo tercero, cuarto y quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales reconocen el derecho a una alimentación de calidad, a la protección de la salud y, a un medio ambiente sano:

“Artículo 4o. ...

...

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. [...]

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. [...]”

Tercero. En México, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, se tiene registrada una producción aproximada de “57,000 toneladas de miel por año” colocando a nuestro país dentro de los primeros lugares como productor a nivel mundial.

“Mientras que la mitad de la producción se consume a nivel nacional, el consumo anual per cápita es de alrededor de 300 gramos y el país continua siendo el tercer mayor exportador del mundo. Actualmente hay alrededor de 40,000 apicultores en todo el país, con más de 30% de la producción concentrada en Yucatán, Campeche y Quintana Roo”

Para poder dimensionar la importancia de las abejas y del propio proceso de polinización, la misma Conabio señala que dentro de las especies de plantas cultivadas dentro del territorio mexicano, un 80% de estas especies vegetales dependen de un polinizador para su producción.

Lamentablemente durante los últimos años se ha presenciado una afectación directa en contra de las abejas, donde diferentes factores han estado contribuyendo, como el mismo cambio climático, la presencia de parásitos, nuevos agentes patógenos y al parecer una exposición constante a nuevos y más agresivos plaguicidas.

“La población de abejas sufrió severas pérdidas en los últimos años; desde hace 15 años, la cantidad de colonias disminuye en todo el planeta, en un fenómeno bautizado como “síndrome del colapso de las colonias”. La tasa de mortalidad de las abejas es de alrededor de 30% cada año desde 2007.”

“Las poblaciones de abejas y otros polinizadores han disminuido en todo el mundo en los últimos años. Una variedad de factores han sido implicados como causas potenciales, incluyendo los plaguicidas agrícolas. Insecticidas neonicotinoides, que son ampliamente utilizados y altamente tóxicos para las abejas, han sido encontrados en análisis previos de miel y polen de abeja”

“Nuestros resultados demuestran que las abejas se exponen a estos compuestos y otros plaguicidas agrícolas de varias maneras durante todo el período de alimentación. Durante primavera, se encontraron niveles extremadamente altos de clotianidina y tiametoxam, material utilizado durante la plantación de semillas de maíz tratada.”

Una de las investigaciones realizada por el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, llevó a cabo el Informe Final del proyecto “Evaluación de los impactos del cambio climático en polinizadores y sus consecuencias potenciales en el sector agrícola en México” del cual se confirman distintas conclusiones con el objetivo de la presente iniciativa.

Una de ellas es la gran relevancia que tienen los polinizadores en la conservación de los cultivos en México, donde las abejas juegan todavía un papel importante en la polinización de diferentes especies vegetales. Y la otra es respecto a los factores que están dañando su desarrollo, siendo además del cambio climático, el uso de cierto tipo de plaguicidas.

“Una de las principales amenazas a los polinizadores y plantas nativas de las que se alimentan son el uso de insecticidas y herbicidas, respectivamente; principalmente aquellos de amplio espectro con fórmulas sistémicas o microencapsulados que pueden contaminar el néctar y polen. Por tanto, se debe fomentar un buen manejo de la tierra, evitando el uso de plaguicidas y herbicidas; así como fomentar un eficiente manejo de nutrimentos y agua, incorporación de residuos de cosechas y disminuir la labranza intensiva, lo cual incrementa la producción y ayuda a alcanzar una agricultura sustentable.”

Cuarto. Indudablemente existe una gran preocupación por atender la problemática que se ha estado presentado en el sector de la apicultura, ya que no solamente afecta directamente a la vida de las abejas y a la producción de miel y sus derivados, sino que trasciende al desarrollo silvestre y a la producción de otros alimentos vegetales.

Como ejemplo de dicha preocupación, el día 20 de abril de 2016 la Cámara de Diputados aprobó, a propuesta de la diputada Flor Estela Rentería Medina y suscrito por diferentes miembros del Grupo Parlamentario del PRI, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a las instancias de los gobiernos locales, a realizar “programas de concientización sobre la importancia de las abejas en la agricultura, el proceso de la polinización y las sustancias y condiciones que les son adversas a este tan importante insecto, y garantizar así la subsistencia de esta vital especie.”

Con el citado punto de acuerdo se puede llegar a confirmar que existe un consenso tangible dentro de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, que permitiría legislar a favor de las abejas, del sector apicultor, del medio ambiente y a favor de nuestra propia salud.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan distintas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Primero. Se adiciona un último párrafo al artículo 280 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 280. [...]

Los límites permisibles que establezca la Secretaría de Salud, a través de sus normas oficiales mexicanas que regulen el uso de plaguicidas, estarán sujetas a los criterios de toxicidad aguda y sus efectos en la salud a largo plazo con la finalidad de salvaguardar la salud humana.

Artículo Segundo. Se modifican las fracciones X y XI para adicionar una XII al artículo 179; se adiciona al artículo 180; y se modifican las fracciones VII y VIII para adicionar una IX al artículo 183, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 179. [...]

I. a IX. [...]

X. carne de bovinos, porcinos, aves;

XI. pescado ; y

XII. miel de abeja.

Artículo 180. El Gobierno Federal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de esta Ley, deberá conducir su política agropecuaria a fin de que los programas y acciones para el fomento productivo y el desarrollo rural sustentable, así como los acuerdos y tratados internacionales propicien la inocuidad, seguridad y soberanía alimentaria, mediante la producción responsabley abasto de los productos señalados en el artículo anterior.

Artículo 183.[...]

I. a VI. [...]

VII. La instrumentación de programas y acciones de protección del medio ambiente para la evaluación de los costos ambientales derivados de las actividades productivas del sector;

VIII. La aplicación de medidas de certidumbre económica, financiera y comercial que garanticen el cumplimiento de los programas productivos agroalimentarios referidos en el artículo 180 ; y

IX. La implementación de acciones que prohíban el uso de plaguicidas o productos químicos industriales en actividades agropecuarias que comprometan la producción de alimentos básicos y estratégicos.

Artículo Tercero. Se adiciona a la fracción XXIII del artículo 7o. de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, para quedar como sigue:

Artículo 7o.[...]

I. a XXII.[...]

XXIII. Dictaminar la efectividad biológica de los plaguicidas e insumos de nutrición vegetal y regular su uso fitosanitario autorizado . La efectividad y uso de plaguicidas estará sujeta a no perjudicar el desarrollo vegetal, particularmente en la producción de alimentos básicos y estratégicos.

XXIV. a XLI.[...]

Artículo Cuarto.Se adiciona a la fracción IV del artículo 134; y se reforma y adiciona al artículo 143, ambos de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 134. Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán los siguientes criterios:

I. a III. [...]

IV. La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, debe ser compatible con el equilibrio de los ecosistemas y considerar sus efectos sobre la salud humana y la de otros seres vivos a fin de prevenir los daños que pudieran ocasionar, y

[...]

Artículo 143. Los plaguicidas, fertilizantes y demás materiales peligrosos, quedarán sujetos a las normas oficiales mexicanas que expidan en el ámbito de sus respectivas competencias, la Secretaría y las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Salud y de Economía , mismas que se apegarán a los criterios establecidos en la materia por los convenios y tratados internacionales donde el Estado Mexicano sea parte. El Reglamento de esta Ley establecerá la regulación, que dentro del mismo marco de coordinación deba observarse en actividades relacionadas con dichos materiales, incluyendo la disposición final de sus residuos, empaques y envases vacíos, medidas para evitar efectos adversos en los ecosistemas y los procedimientos para el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes.

Queda prohibido el uso de plaguicidas que produzcan efectos graves por su nivel de toxicidad para la salud o el medio ambiente tras la exposición simple o múltiple en sus condiciones de uso.

Corresponde a la Secretaría otorgar la autorización para el uso de plaguicidas, así como de los productos químicos industriales que son utilizados para su elaboración, siempre y cuando no comprometan la salud humana y el bienestar del medio ambiente.

La Secretaría en coordinación con las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Salud llevarán a cabo el Registro Nacional de Plaguicidas, donde se establecerán los tipos de plaguicidas utilizados en el país, su nivel te toxicidad, su uso y el área geográfica de aplicación.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades competentes que expidan las Normas oficiales correspondientes al presente Decreto, así como las acciones que realice el Gobierno Federal, estarán destinadas al fomento y protección productiva de los alimentos básicos y estratégicos para el país. Siendo fundamental la implementación de una nueva regulación que proteja y garantice el desarrollo de la apicultura en México.

Tercero.Se deroga toda aquella disposición que contravenga el presente Decreto.

Notas:

1 Biodiversidad Mexicana, “Apicultura Sostenible” Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, www.biodiversidad.gob.mx

2 Ibídem.

3 Coordinación General de Ganadería, Programa Nacional Para el Control de la Abeja Africana, Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) www.sagarpa. gog.mx

4 Ibídem.

5 Traducción propia del trabajo realizado por los investigadores Krupke, C.H., Hunt, G.J., Eitzer, B.D., Andino, G, & Given, K. publicada en el año 2012 investigación denominada como: Multiple routes of pesticide exposure for honey bees living near agricultural fields.

6 Ibídem.

7 El Informe Final del proyecto “Evaluación de los impactos del cambio climático en polinizadores y sus consecuencias potenciales en el sector agrícola en México” por parte del Centro de Investigaciones en Ecosistemas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, forma parte de las publicaciones que se encuentran en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en su página www.inecc.gob.mx

8 Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a ejecutar programas de toma de conciencia sobre la importancia de las abejas en la agricultura y garantizar la subsistencia de éstas, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, Gaceta Parlamentaria, Número 4506-VIII, martes 12 de abril de 2016, www.diputados.gob.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.— Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

PROPOSICIONES

PERMITIR LA IMPORTACIÓN TEMPORAL DE VEHÍCULOS QUE TENGAN UN PESO VEHICULAR DE HASTA 5 TONELADAS, CUANDO ÉSTOS SEAN DESTINADOS ÚNICAMENTE PARA EL USO PARTICULAR DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reformar el último párrafo del artículo 158 del Reglamento de la Ley Aduanera para permitir la importación temporal de unidades con peso vehicular de hasta 5 toneladas destinadas sólo al uso particular de transporte de pasajeros, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscribimos, diputados Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Francisco Saracho Navarro, Fernando Uriarte Zazueta, Ana Georgina Zapata Lucero, Adriana Terrazas Porras y Brenda Borunda Espinoza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. La Real Academia Española define a la migración como el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la define como el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica así como su desarrollo personal y familiar.

II. En el caso particular de México, sus condiciones socioeconómicas y ubicación geográfica respecto de los Estados Unidos de América lo convierten en un punto de origen, transito, destino y retorno de flujos migratorios, el fenómeno ha ido cambiando a lo largo de los años, al pasar de una migración de carácter temporal a una con un mayor periodo de permanencia, lo anterior derivado posiblemente del incremento en los costos inherentes a la misma, situación que ha generado una comunidad que va en constante aumento y la cual en el año 2010 se estimaba en alrededor de 11.9 millones de personas nacidas en México viviendo en Estados Unidos, número que aumenta notablemente si se toma en cuenta la población de primera y segunda generación de origen mexicano en el mismo territorio.

III. Es oportuno mencionar que al ser la migración un fenómeno en constante movimiento y evolución, también existe otro fenómeno relacionado con ésta y es el retorno de dichos migrantes con motivo de realizar visitas a sus familiares que se encuentran en México, siendo los momentos de mayor afluencia de connacionales al país los que comprenden los periodos de Semana Santa, verano e invierno, situación que ha generado incluso programas como el denominado Paisano, del Instituto Nacional de Migración, el cual busca garantizar que el ingreso, tránsito y salida de nuestros connacionales por territorio mexicano, sea con absoluta garantía de sus derechos, la seguridad de sus bienes y el pleno conocimiento de sus obligaciones.

IV. En el mismo sentido y previendo dicha situación, diversos ordenamientos legales contemplan supuestos relacionados a los derechos y obligaciones para los mexicanos con residencia en el extranjero o que acrediten estar laborando en el extranjero y también para los extranjeros que en su calidad de visitantes se internen en el país, siendo este el caso de la Ley Aduanera, la cual, entre otros ordenamientos es la que regula la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías incluidos los vehículos, los cuales se encuentran clasificados en distintos tipos de acuerdo a lo establecido en el artículo 137 Bis 2, fracciones V, VI y VII conforme a lo siguiente:

“...V. Automóvil: El vehículo destinado al transporte hasta de diez personas, incluyéndose a las vagonetas y a las camionetas denominadas Van, que tengan instalado convertidor catalítico de fábrica.

VI. Vehículo comercial: Al vehículo con o sin chasis para el transporte de mercancías o de más de diez personas, con peso bruto vehicular de más de 2 mil 727, pero no mayor de 7 mil 272 kilogramos.

VII. Camión mediano: Al vehículo con o sin chasis para el transporte de mercancías o de más de diez personas, con peso bruto vehicular de más de 2 mil 272 kilogramos, pero no mayor de 8 mil 864 kilogramos”

V. El artículo 106 de dicha ley, contempla un régimen de importación temporal el cual tiene por objetivo permitir la entrada al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica, situación que para efectos de la presente propuesta, en la fracción II, inciso e) y en la fracción IV, inciso a) se establecen los plazos y condiciones para el ingreso temporal de vehículos propiedad de los sujetos antes mencionados al territorio nacional y de igual forma señalan que éstos deberán cumplir con los requisitos que señale el reglamento.

VI. En ese orden de ideas, el Reglamento a la Ley Aduanera en su título cuarto, capítulo IV referente a los regímenes aduaneros de importación y exportación temporales, establece los requisitos a cumplir para ingresar distintos tipos de mercancías al territorio nacional, siendo de interés para la presente iniciativa los relativos a la importación temporal de vehículos, siendo importante mencionar que dentro de las disposiciones contendidas dentro del mencionado capítulo IV, no se encuentran reglamentados los requisitos a los que hace mención el artículo 106, fracción II, inciso e) de la Ley Aduanera en relación con nuestros connacionales, a contrario sensu, el artículo 158 del reglamento, sí establece los requisitos para la importación temporal de los vehículos propiedad de extranjeros que se internen al país, con la condición de estancia de visitantes y residentes temporales, encontrándose señalado en el último párrafo del mismo la prohibición para realizar la importación temporal de aquellos que tengan una capacidad mayor de tres y media toneladas de peso.

VII. Dicho lo anterior, es importante señalar que es común que los connacionales con residencia en el extranjero o que laboran fuera del país adquieran para su uso personal vehículos tales como la Ram 2500 o la Ford F-250 Super Duty entre otros, mismos que por sus características superan la capacidad máxima mencionada en el considerando anterior, que si bien es cierto, el reglamento señala que la aplicación de la misma es para los vehículos propiedad de extranjeros, en la práctica también les es impuesta a los connacionales que visitan el país, que muchas veces al desconocer la normativa aplicable, son sujetos de abusos por parte de las autoridades aduanales, situación que genera condiciones que pudieran dar lugar a la realización de actos de corrupción.

VIII. Considerando que al establecer la mencionada restricción, el espíritu del titular del Ejecutivo federal, era evitar la entrada al país de vehículos con fines comerciales, la presente propuesta busca que dicha disposición no afecte a los connacionales y extranjeros que visitan el país y cuyos vehículos de uso personal encuadran en el supuesto de la restricción, por lo que se plantea realizar una ampliación al peso de los vehículos permitidos para importarse de manera temporal al territorio nacional, siempre y cuando éstos sean destinados única y exclusivamente para uso particular.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en el ejercicio de la facultad reglamentaria que le confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforme el último párrafo del artículo 158 del Reglamento a la Ley Aduanera a efecto de permitir la importación temporal de vehículos que tengan un peso vehicular de hasta 5 toneladas, siempre y cuando estos sean destinados únicamente para el uso particular de transporte de pasajeros.

Nota:

1 Índices de intensidad migratoria, México – Estados Unidos http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/intensidad_migratoria/pdf/Migracion _Mex_EU.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.— Diputados: Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Nancy Sánchez Arredondo, Francisco Saracho Navarro, Fernando Uriarte Zazueta, Ana Georgina Zapata Lucero, Adriana Terrazas Porras, Brenda Borunda Espinoza (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión Especial de la Industria Automotriz, para opinión.

INFORMEN SOBRE LOS CRITERIOS CONSIDERADOS PARA AUTORIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ESPECTÁCULOS MASIVO EN LA COLONIA DEL CARMEN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la jefatura delegacional de Coyoacán, la Seduvi y el Invea a informar a la opinión pública sobre los criterios considerados para autorizar la construcción de un centro de espectáculos masivos en la colonia Del Carmen, a cargo del diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Barrera Marmolejo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero fracción II y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Coyoacán es una de las zonas en las que más se puede apreciar el legado colonial ya que aún sigue conservando su carácter tradicional mexicano, lo que aunado a sus bellas plazas, calles, numerosos centros culturales, casonas, el Jardín Hidalgo y el zócalo de Coyoacán, han atraído a un gran número de turistas, lo que le ha dado a esta zona un gran reconocimiento a nivel mundial por estas muestra del esplendor barroco de México.

2. En este contexto, la existencia de un Coyoacán tradicional, estriba en el reconocimiento del decreto presidencial de 1990, al declarar a su Centro Histórico como Zona Monumental Protegida: dicho espacio se encuentra comprendido dentro de un polígono irregular que engloba a una gran parte de las bellezas monumentales de la Ciudad de Mexico.

3. En el centro de Coyoacán sus plazas y jardines se convierten en escenario de exposiciones de arte, música, mimos y coloridas artesanías. De igual forma, se pueden apreciar algunos atractivos para visitar como son: El Museo Nacional de las Intervenciones (ex Convento de Churubusco), el Museo de Frida Kahlo, la Casa Museo de León Trotsky, el Museo Nacional de las Culturas Populares, la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, las propias plazas de Coyoacán como lo son Hidalgo y Jardín Centenario.

4. Por otra parte, es preciso señalar que en la actualidad el incremento poblacional y un desarrollo comercial desmedido, han dado origen a deterioros en el desarrollo social de la Ciudad de México, ocasionando violaciones al marco jurídico de la circunscripción, referentes al uso de suelo.

5. Al respecto, es preciso señalar que el uso de suelo es reconocido como un elemento imprescindible que sustenta la formación social, política y económica de la sociedad, ya que se le asignó a la tierra una alta importancia para el desarrollo de la vida humana, en la inteligencia de que es el soporte fundamental para su permanencia y desarrollo, siendo éste el objetivo más importante en la política de asentamientos humanos, con base en las recomendaciones de las Naciones Unidas en su Conferencia Hábitat.

6. En este tenor, para reglamentar el uso de suelo es necesario considerar los instrumentos técnicos y jurídicos en materia de planeación urbana. Al respecto Richard Rogers, plantea que tanto la arquitectura como la planificación urbana pueden evolucionar para aportar herramientas imprescindibles, creando ciudades que produzcan entornos sostenibles y civilizadores, mostrando que el desarrollo de la ciudad no implica perder la armonía entre la humanidad y su medio.

7.No obste el numeral anterior, la delegación de Coyoacán ha presentado un crecimiento desmesurado en el rubro que compete a las diversas violaciones al uso de suelo, lo que ha menoscabado el Centro Histórico de Coyoacán por la apertura de diversos establecimientos mercantiles irregulares, donde se venden bebidas alcohólicas sin autorización, se construyen unidades habitacionales en predios de tipo unifamiliar, así como la invasión de la vía pública por bares y restaurantes ya establecidos, afectando a los habitantes del primer cuadro de Coyoacán, y a la zona entera considerada monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con un sin número de violaciones al uso de suelo.

8.Uno de los casos más graves lo tenemos en el predio ubicado en la calle de Viena 159, en la colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, predio que hasta hace unos años se encontraba abandonado. Dicho inmueble en el pasado funcionaba como cine, permaneciendo cerrado y sin ninguna actividad mercantil por cerca de diez años, hasta que en el año 2012 iniciaron trabajos de construcción a gran escala para edificar un centro de espectáculos que se presume tendrá la capacidad de albergar a más de mil 500 personas, en una zona eminentemente habitacional.

9.En este orden de ideas, en el mismo año 2012, previo a la inauguración del nuevo giro mercantil, vecinos de la colonia Del Carmen conocieron el proyecto a invitación de los desarrolladores, fue cuando tomaron conocimiento que el nuevo giro mercantil denominado Cinema Coyoacán, iba a contar con un salón de usos múltiples para peleas de box, lucha libre y conciertos, asimismo, les informaron que brindarían el servicio de restaurante bar, funciones cine y un auditorio con venta de alcohol; hasta ese momento los vecinos se percataron que el predio de Viena 159, había sufrido cambios estructurales para construir un centro de espectáculos sin contar el uso de suelo correspondiente.

10.Derivado de las irregularidades en Viena 159, desde el mes de junio de 2012, vecinos de Coyoacán se han dispuesto a denunciar las irregularidades ante los tribunales competentes en la materia, no obstante, aún no se imparte justicia a los coyoacanenses, se está a la espera de la resolución de un juicio de amparo interpuesto por los mismos vecinos afectados.

11.Cabe señalar que el funcionamiento de un centro de espectáculos en el predio ubicado en Viena 159, provocará graves afectaciones en diversas zonas de la delegación, principalmente en las zonas culturales del Centro Histórico de Coyoacán, debido a la invasión del espacio público, generación de basura, ruido e inseguridad. Aunado a lo anterior, provocará el bloqueo en las entradas de casas y edificios ya que el centro de espectáculos no cuenta con los cajones de estacionamientos necesarios para dar servicio a las más de mil 500 personas que planean recibir en el giro mercantil denominado Cinema Coyoacán.

12.Ahora bien, la gravedad de la problemática que subsiste en Viena 159 por el afán de establecer un centro de espectáculos, radica en que los vecinos no fueron consultados en ningún momento, motivo por el cual, desconocen si el giro mercantil denominado Cinema Coyoacán, cuenta con las medidas de seguridad y protección civil que se requieren para dar servicio a más de mil 500 personas; de igual forma, ignoran si existe un estudio previo de impacto urbano o urbano-ambiental de la zona, dejando en estado de indefensión a los venos afectados.

13.Cabe señalar que de continuar con las violaciones de uso de suelo que se han estado presentando en Coyoacán, se pone en riesgo el caudal patrimonial y cultural que tienen los pueblos, barrios y colonias de la propia delegación y sus alrededores, dejando en letra muerta los planes, acuerdos y programas que fungen como rectores el proceso del impacto urbano que una obra de esta magnitud genera.

Al tenor de lo antes expuesto, sometemos al pleno de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. Que el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal, entre otros, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Segundo. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12, fracciones I, V y VI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la organización política y administrativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, debe atender a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que deben observarse en el desempeño de los empleos, cargos o comisiones del servicio público, así como la planeación y ordenamiento de desarrollo territorial, económico y social de la ciudad, que considere la óptica integral de la capital, con las peculiaridades de las demarcaciones territoriales, así como la simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad en los procedimientos y actos administrativos en general.

Tercero.Que el artículo 73, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal señala que, será causa de responsabilidad de los servidores públicos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que participen en la coordinación metropolitana, contraer compromisos fuera del ámbito de sus atribuciones o de las disponibilidades presupuestales aprobadas.

Cuarto.Que el artículo 117, fracción V, del ordenamiento legal antes citado establece que los jefes delegacionales tendrán bajo su responsabilidad el otorgamiento de permisos, licencias, concesiones, entre otros, que a su vez tendrán que ser expedidos conforme a la reglamentación oficial aplicable en la materia que le corresponda.

Quinto.Que en este tenor, tanto las delegaciones como sus respectivas autoridades responsables, deberán proporcionar las bases para el desarrollo y bienestar social en la demarcación de su competencia, de conformidad con el artículo 118 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Sexto. Que el artículo 39, fracciones II, III, IV, VII, VIII, XII y LXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, establece las facultades de los titulares de los órganos político-administrativos para: expedir licencias para ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación o demolición de edificaciones o instalaciones, con apego a la normatividad; otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de condominios; velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, circulares y decretos, así como ordenar y conocer y gestionar las manifestaciones de impacto ambiental que en relación a construcciones y establecimientos soliciten los particulares, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

De igual forma, el Reglamento para Construcciones del Distrito Federal establece las facultades de las jefaturas delegacionales en la Ciudad de México para otorgar el uso de suelo, siendo uno de los requisitos fundamentales la certificación de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, el dictamen favorable del estudio de impacto urbano o impacto ambiental para aquellos inmuebles de uso no habitacional.

Séptimo. Que en cumplimiento al artículo 2 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, todas las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deben encontrarse en un marco normativo de planeación en el desarrollo urbano, del funcionamiento ordenado y la regularización de los servicios públicos encaminados al bienestar social y a la convivencia pacífica entre los ciudadanos que habitan en cada circunscripción.

Octavo. Que el artículo 8, fracción IV, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, señala como autoridad en materia de desarrollo urbano a los jefes delegacionales y, a su vez, el artículo 12, fracciones I, III, IV, y X del mismo ordenamiento jurídico, señala como una de las atribuciones de los servidores públicos en comento, la participación en la elaboración de los proyectos y programas delegacionales, así como de los programas parciales. De igual forma, este dispositivo legal señala que dentro de las atribuciones de los jefes delegacionales, se encuentra la de vigilar el cumplimiento de los programas dentro del ámbito de su delegación, expedir las licencias y permisos correspondientes en el ámbito de esta ley, así como las sanciones a quienes incumplan con la reglamentación jurídica.

Noveno.Que el artículo 95 del ordenamiento jurídico citado en el considerando anterior, prevé sanciones aplicables por acciones u omisiones que generen violaciones o infracciones a la ley, a sus reglamentos, normas técnicas y programas, la expedición de licencias, permisos y autorizaciones que no cumplan con las medidas básicas requeridas por ley.

Décimo.Que la Ley de Desarrollo Urbano en su artículo 7, fracción XVIII, dispone que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda será la encargada de conocer de la solicitud y demás documentos para realizar los posibles cambios de uso de suelo urbano en predios particulares, para destinarlos al comercio u otros servicios, sin embargo, la misma Secretaría señala cinco programas parciales de desarrollo urbano para la delegación Coyoacán en las colonias del Centro Histórico, Del Carmen, Jardines del Pedregal de San Ángel Ampliación Oriente, Fraccionamiento Pedregal de San Francisco y Fraccionamiento Romero de Terreros, regulando 11 por ciento del territorio delegacional.

Aunado a lo anterior, la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal señala claramente que para quienes realicen solicitud para construcciones de alto impacto, éstos tendrán que presentar un dictamen de impacto urbano, donde se consideren estrategias para sufragar las necesidades derivadas de los servicios que de ellos emane, evitando no afectar a la población aledaña al lugar.

Por otro lado, el programa parcial correspondiente a la colonia Del Carmen, establece como objetivo principal el “mejoramiento de las condiciones de vida de la población de esta zona y de las circunvecinas, distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso de desarrollo urbano, evitando que se edifiquen y amplíen construcciones sin garantía de seguridad para sus usuarios y el cumplimiento de normas específicas que aseguren una adecuada distribución de usos de suelo, preservando el valor histórico como patrimonio nacional”.

Siendo la colonia Del Carmen, parte incluyente y fundamental en el Programa Parcial de Coyoacán, por el tipo de uso de suelo autorizado como habitacional unifamiliar, queda claro que el equipamiento de esta colonia no contempla establecimientos comerciales de alto impacto por las afectaciones que implicarían a los servicios de abastecimiento de agua, seguridad vial, seguridad para los vecinos aledaños a la construcción, por mencionar algunas.

Asimismo, el artículo 45 de la Ley de Desarrollo Urbano para Distrito Federal señala una delimitante a la figura de derechos adquiridos, al disponer que opera la prescripción de dicha figura al término de un año en que se deje de ejercer el uso de que se trate.

En esta inteligencia, el predio ubicado en la calle de Viena 159 en la colonia Del Carmen, no cumple con los requisitos mínimos necesarios para poder llevar a cabo la construcción de un centro de espectáculos masivos, mucho menos, cuenta con las condiciones requeridas en la ley para su funcionamiento, ya que el uso de suelo que le corresponde es habitacional, al haber operado la prescripción del giro comercial por no utilizar de manera continua y legítima una actividad comercial por casi 10 años.

Undécimo. Que el cúmulo de irregularidades en el predio ubicado en la calle de Viena 159 en la colonia Del Carmen, ha sido tan escandaloso que el mismo titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutierrez, se deslindó de la construcción irregular de dicho inmueble al señalar que la secretaría a su cargo, no había emitido ningún tipo de autorización para la construcción de centro de espectáculos, declaración que fue publicada por el periódico La Jornada el 26 de diciembre de 2016.

En la misma declaración señalada en el párrafo anterior, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe Gutiérrez Gutiérrez, señaló que conforme a lo establecido en el programa parcial de desarrollo urbano de la colonia Del Carmen, el tipo de uso de suelo es habitacional, por lo cual no podría establecer un centro de espectáculos de tal magnitud, no obstante lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no ha realizado acción alguna para frenar el atropello que están cometiendo en contra de los vecinos coyoacanenses, trasgrediendo lo estipulado en el artículo 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y violentando a todas luces la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en lo que mandata los artículos 2, 7, fracciones I y VI; 12 y 95, así como el acuerdo del programa parcial correspondiente a la colonia Del Carmen en la delegación Coyoacán.

En consecuencia de lo anteriormente fundado y motivado, el pasado 20 de febrero del año en curso, el suscrito y vecinos de la colonia Del Carmen, presentamos ante el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, solicitud de verificación administrativa y, en su caso, la clausura del predio ubicado en la calle de Viena 159, en la colonia Del Carmen, derivado del abuso de la autoridad delegacional al permitir la construcción irregular de un centro de espectáculos masivos en una colonia con uso de suelo eminentemente habitacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al jefe delegacional de Coyoacán, José Valentino Maldonado Salgado, para que en el ejercicio pleno de sus atribuciones y en cumplimiento al marco jurídico de desarrollo urbano, dé a conocer a la opinión pública los criterios técnicos y jurídicos con los cuales autorizó los permisos de construcción del centro de espectáculos masivos, denominado Cinema Coyoacán, situado en la calle de Viena 159, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán.

Segundo. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Vivienda, para que en uso de sus facultades de supervisión y control en materia de desarrollo urbano emita a la opinión pública.

A) Un informe detallado de cada una de las acciones y consideraciones técnicas y jurídicas emitidas para otorgar el uso de suelo del predio ubicado en Viena 159, en la colonia del Carmen, en la delegación Coyoacán.

B) Una opinión técnica respecto a la construcción y virtual funcionamiento de un centro de espectáculos masivos denominado Cinema Coyoacán, ubicado en la calle Viena 159, en la colonia Del Carmen, delegación Coyoacán.

C) Orden de verificación al predio ubicado en ubicado en la calle Viena 159, en la colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, con el fin de calificar si cuenta con los requisitos legales que exige la ley para llevar a cabo la construcción y virtualmente el funcionamiento de un centro de espectáculos masivos, derivado del uso de suelo que le corresponde al bien inmueble.

Tercero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, para que a la brevedad posible emita una resolución fundada y motivada en la que califique el acta de visita llevada a cabo en el predio ubicado en Viena 159, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, el 7 de diciembre de 2016 y, en su caso, fije las responsabilidades que correspondan.

Notas:

1 Organización de Naciones Unidas, Principios Generales, puntos 1 y 10, Vancouver, 1976, pp. 36-37

2 Rogers, Richard y Gumuchdjian, Philip, Ciudades para un pequeño planeta, Gustavo Gili, 2001, Barcelona, España.

3 Con fundamento en el artículo primero transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal sigue vigente hasta el 17 de septiembre del año 2018.

4 Gobierno de la Ciudad de México. (n.d.). REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN TIPO B O C, PRÓRROGA DEL REGISTRO Y AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA. 27/02/17, de GDF Sitio web: http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/registro_de_manifestacion_de_con struccion_tipo_b_o

5 Programa parcial de desarrollo urbano Colonia del Carmen. Recuperado de: http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo15/fraccio nxi/PPDU/PPDU_CY/CY_DelCarmen_DOF.pdf

6 Programa parcial de desarrollo urbano Colonia del Carmen. Recuperado de: http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo15/fraccio nxi/PPDU/PPDU_CY/CY_DelCarmen_DOF.pdf

7 Alejandro Cruz Flores. (2016). Se deslinda la Seduvi de obra en Coyoacán. 27/02/17, de La Jornada Sitio web: http://www.jornada.unam. mx/2016/12/26/capital/032n4cap.

8 Con fundamento en el artículo PRIMERO TRANSITORIO de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal sigue vigente hasta el 17 de septiembre del año 2018 al señalar.

9 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal

Artículo 7 Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley Orgánica, las siguientes: ...

fracción VI.-. Supervisar los actos administrativos de las Delegaciones, para vigilar el cumplimiento de los Programas y de las determinaciones que corresponde emitir al Jefe de Gobierno en esa

10 La propuesta del término corresponde a lo establecido en el art 41 del reglamento de verificación administrativa:

“Artículo 41. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión de la visita de verificación, los visitados podrán formular por escrito, ante la autoridad competente, observaciones respecto de los hechos contenidos en el acta de visita de verificación y ofrecer pruebas en relación con éstos”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.— Diputado Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Ciudad de México, para dictamen.

IMPLEMENTEN DIVERSAS ACCIONES PARA LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS, ASÍ COMO MEDIDAS QUE FORTALEZCAN LA ECONOMÍA DEL PAÍS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal, diversas secretarías de Estado y organismos descentralizados de la APF a implantar acciones respecto a los migrantes y sus familias, así como medidas que fortalezcan la economía del país, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, María Concepción Valdés Ramírez, Diputada Federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en la Fracción I, del numeral 1, del artículo 6., y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo de la Unión, así como a diversas secretarías de Estado y organismos descentralizados de la administración pública federal, para que se implementen diversas acciones para los migrantes y sus familias, así como medidas que fortalezcan la economía del país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como es sabido, la relación geopolítica entre Estados Unidos de América y México, se trata de un caso único como peculiar. Países que además de compartir una frontera de 3 mil 185 kilómetros, comparten con sus claroscuros el fenómeno de la añeja tradición migratoria.

Vecinos cercanos respecto a su relación histórica, política, económica y cultural, así como de un grueso poblacional de un poco más de 11 millones de mexicanos por nacimiento radicados en el país del Tío Sam, pero a su vez, vecinos distantes –en palabras de Alan Riding– respecto a sus profundas como abismales diferencias.

La historia de nuestros connacionales radicados allende la frontera norte, es la historia de la búsqueda incesante del american way of life, esto, ante la falta de oportunidades y condiciones dignas que su país jamás les pudo ofrecer, pero asimismo, es la historia de pervivencia ante diversas adversidades traducidas en medidas, políticas como leyes xenofóbicas y persecutoras, por el solo hecho de ser distinto.

Actualmente y ante un escenario de incertidumbre para millones de migrantes –no solamente mexicanos– las medidas que ha implantado Donald Trump representan una real amenaza para la dignidad de éstos y sus familias, como una vulneración a las libertades fundamentales de cualquier persona.

Trump en su tercer día de mandato como presidente, firmó su segunda orden ejecutiva, esta, relativa a la construcción del ya famoso muro entre México y su país. Lo cual, dejó ver de manera explícita la línea de sus promesas de campaña respecto a la relación con nuestro país, como de su postura ante la migración.

En este contexto, Trump ha comenzado con deportaciones que comienzan a tornarse en masivas para el caso de nuestros connacionales, como tomado medidas de no ingreso al “país de las libertades” a refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Donde su acción ejecutiva última de no ingreso, ha sufrido un duro revés judicial en los últimos días.

No obstante, Trump y su visión cegada sigue avanzando en una lucha a contracorriente respecto a la oposición demócrata en las diversas tribunas representativas, de la rebelión urbana, como de muchos más sectores que se han sumado en un ambiente de animadversión contra el presidente estadounidense, entre ellos, los mismos republicanos, curiosamente.

Sin embargo, el panorama debe analizarse también del otro lado de la frontera, es decir, de la nuestra. En este sentido, las implicaciones para nuestro país son varias como complejas, primeramente ante la llegada de cientos y ya miles de deportados, quienes llegan a un país donde la pobreza y la falta de oportunidades sigue siendo una constante; pero que asimismo, el tema de la relación entre Estados Unidos y México va más allá, esto, en el casi inminente periclitar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo cual, se traduce en una amenaza para la frágil economía dependiente de nuestro país.

En este contexto, el accionar del gobierno de la república ha sido ineficaz como timorato ante el más actual mexicanofobo como lo es Donald Trump, esto, desde una postura dubitativa y temerosa del presidente Enrique Peña Nieto respecto a los embates del norte, como de un actuar intrigoso del canciller Videgaray Caso, lo cual, se traduce en un fracaso de la política exterior de nuestro país.

Históricamente, la relación de los gobiernos mexicanos hacia la creciente comunidad de connacionales, es perfectamente definida por una frase de Manuel García y Griego, historiador de la Universidad de Nuevo México, quien menciona que se tiene “una política de no política migratoria”, lo cual, quiere decir, que el tratamiento oficial de los gobiernos mexicanos hacia sus connacionales ha sido limitado, por no decir que nulo, tanto respecto a su reconocimiento como aportaciones hacia México de esta importante comunidad binacional, como en lo tocante a la defensa de sus derechos fundamentales; en otras palabras, son los olvidados, al otro lado de la frontera.

No obstante, los olvidados comienzan a ser parte de una realidad inminente para nuestro país, desde aquellos que al momento están siendo perseguidos, separados de sus familias y deportados, como aquellos quien en su intento de cruzar la frontera México-estadounidense serán capturados a través del novedoso plan de reclutamiento de más de 15 mil agentes fronterizos, entre otras acciones; por lo que este retorno masivo como forzado se verá acrecentado en el en los siguientes meses. Lo anterior, sin dimensionar a los miles de migrantes de otros países que ya se encuentran varados en la frontera norte de nuestro país, quienes utilizan a México como puente o paso natural hacia el país del norte.

Ante este panorama, son diversas voces que se han alzado ante las distintas aristas de las consecuencias de la política de Trump hacia México, desde la postura del gobierno federal que ha sido poco clara e ineficaz, hasta quienes desde las más altas tribunas representativas de este país han emitido tanto opiniones propositivas, como otras demagógicas.

Las acciones que se han emprendido han sido desde el recibimiento del presidente de la república a los primeros repatriados, como la visita de miembros del Senado de la República a los consulados y comunidades de mexicanos en Estados Unidos a través de la denominada Operación Monarca, como la presentación de una iniciativa preferente por parte del titular del Poder Ejecutivo federal en materia de revalidación de estudios de los migrantes repatriados, y algunas otras acciones llevadas a cabo a nivel de las entidades federativas, entre otras.

Ante este complejo panorama, son muchas las problemáticas que como país debemos afrontar, como consecuencia de las implicaciones políticas, sociales, y sobre todo económicas, respecto a las acciones del país del norte; sin embargo, el quid de la cuestión es qué hacer.

México atraviesa en su aspecto interno como externo muchas y diversas crisis, y que en este contexto aciago, una más como lo es la situación de nuestros connacionales allende la frontera y las consecuencias del inminente rompimiento del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, vendrá a ahondar aún más la situación para nuestra nación.

El abordaje de la problemática en comento, es un asunto que tanto preocupa cómo debe ocupar, esto, de que el tratamiento de la situación debe abordarse desde dos enfoques: el primero, respecto a la revisión de las políticas públicas en los tres niveles de gobierno respecto al tema migratorio y de política exterior, lo cual, implica su valoración, el fortalecimiento y o en su caso la nueva creación de las mismas desde una visión transversal; y segundo, en lo tocante a la agenda legislativa permanente que al seno de esta Cámara de Diputados como del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión debe impulsar en defensa de nuestros connacionales y las diversas medidas tomadas por el presidente estadounidense contra nuestro país.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en la fracción I, del numeral 1, del artículo 6., y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente el titular del Poder Ejecutivo, para que a través de la organización de la administración pública federal, se revisen y fortalezcan todos aquellos programas federales en materia de atención a nuestros connacionales, particularmente, en lo tocante a la defensa de sus derechos, en materia de desarrollo social, y desarrollo económico.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo a revisar y fortalecer las acciones emprendidas por parte del personal del servicio diplomático en Estados Unidos de América para efectos para la atención y defensa de nuestros connacionales en el exterior, particularmente, en lo tocante a la expedición de los documentos registrales de nacimiento, como aquellos de carácter extemporáneo para nuestros connacionales, se expidan a la brevedad en los diversos consulados, en virtud, de que serán requeridos para las acciones legales que puedan emprenderse como ejercerse en defensa de los derechos humanos de nuestros migrantes y sus familias; así como asesorar e impulsar los mecanismos de defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales ante las instancias internacionales correspondientes.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo a revisar y fortalecer a través de las vías institucionales el Programa 3 x 1 para Migrantes, en razón de fortalecer un rubro importante en el marco programático del gobierno federal.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo a que se revisen como adecuen los programas en materia económica para la inclusión de los migrantes en retorno, como asimismo, que ante el posible rompimiento de relaciones comerciales con Estados Unidos de América se exploren otros mercados para la inversión y atracción de inversiones a nuestro país.

Quinto. Se exhorta respetuosamente al titular se la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo para que a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros se impulsen las medidas necesarias para el acceso a créditos de la banca social a los migrantes y sus familias.

Sexto. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo para que a través del Instituto Nacional de Migración se dé un trato digno y de protección a los derechos humanos a los migrantes provenientes de otros países que actualmente se encuentran varados en la frontera norte de nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.— Diputada María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Asuntos Migratorios, para opinión.

HOMOLOGACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LAS INSTITUCIONES DE SALUD

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a coordinar acciones para permitir la homologación de servicios entre las instituciones pertenecientes al sistema nacional de salud, e integrarse a un modelo de compras consolidadas, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El ejercicio responsable de los recursos públicos requiere de un diseño institucional que permita la participación de gobierno y ciudadanos en un esquema de contrapesos cuya finalidad sea evitar el desvío de fondos para actividades que no hayan sido aprobadas previamente en las reglas de operación o marcos normativos en donde se definan los objetivos para los cuales serán destinadas las partidas presupuestales.

Las prácticas de abuso del erario en dependencias gubernamentales han generado pérdidas millonarias para el Estado, impactando directamente en la inversión para la operación de programas y proyectos dirigidos para atender las obligaciones que el gobierno tiene con la sociedad.

En el lapso de 2007 a 2016, la Auditoría Superior de la Federación interpuso 273 denuncias contra 26 gobiernos estatales debido a la detección de anomalías en el ejercicio de recursos, afectando de manera particularmente grave, a sectores como salud, educación, infraestructura y seguridad pública, que en términos monetarios significaron un monto de 203 mil 850 millones 596 mil 759.19 pesos, mientras que en las 32 entidades se detectaron prácticas de corrupción recurrentes, entre las que se cuentan:

Despedir trabajadores, pero mantenerles el pago como si estuvieran activos; reportar la compra falsa de chalecos para policías, solicitar millones de pesos a la Federación para construir un puente que ya existía, comprar medicinas a sobreprecios, pagar aviadores, erogar por servicios de lavandería que no fueron realizados, pagar licencias sindicales que por ley no tienen derecho a ingresos, etcétera.

Entre las prácticas señaladas se encuentra una especialmente dañina para la sociedad: la compra de medicinas a sobreprecio, dado que se utilizan recursos públicos para pagar facturas a precios inflados y se retrasa el proceso de entrega en las instituciones de salud, pues a mayor costo, es menor el volumen que se adquiere, lo cual puede constituir un elemento que provoca el desabasto de medicamentos.

El uso indebido de recursos públicos en la compra de medicamentos genera condiciones negativas para el correcto funcionamiento de las políticas públicas diseñadas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4o. constitucional, el cual establece la obligación del Estado en materia de salubridad en los siguientes términos:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. [...]

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución [...]

En el mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró una guía que contiene los elementos a considerar por las instituciones de salud para proveer de las condiciones mínimas de protección del derecho a la salud, de manera que en base a dicho documento se puedan diseñar políticas públicas adecuadas para el cuidado y fortalecimiento de la salud bajo una perspectiva de universalidad.

Así, la OMS establece los siguientes puntos nodales:

• Se afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”... Este derecho exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El goce del derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos tales como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la información y la participación.

• El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.

• La cobertura sanitaria universal es un medio adecuado para promover el derecho a la salud.

La corrupción se erige como uno de los problemas de mayor preocupación para la administración pública federal, como se puede observar en el diagnóstico plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, respecto al tema de Rendición de cuentas y combate a la corrupción, donde se señala que:

...La diversidad de criterios utilizados y la fragmentación institucional no logran generar resultados comparables sobre la gestión pública, ni producir efectos eficientes en el combate a la corrupción, ni en el control eficaz de las políticas públicas.

La transparencia y el acceso a la información deben constituirse como herramientas que permitan mejorar la rendición de cuentas públicas, pero también combatir y prevenir eficazmente la corrupción, fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes.

Así, la corrupción no es un fenómeno aislado sino la consecuencia de distintas formas de transgresión al Estado de Derecho, por lo que no puede combatirse de manera eficaz persiguiendo solamente a los individuos que han cometido faltas, sino construyendo garantías y creando políticas integrales que permitan disminuir e sas conductas.

En este sentido, se han impulsado diversas medidas para combatir la corrupción, siendo de particular interés para nuestro grupo parlamentario la que concierne al mecanismo de compras consolidadas para el sector salud, dado que coincidimos en que esta estrategia para adquirir productos o servicios permite comparar precios y calidad de manera rápida y contundente, generando mayor claridad en el uso de recursos públicos, si tomamos en cuenta le definición de la Auditoría Superior de la Federación en cuanto a compras consolidadas:

...una estrategia de contratación mediante la cual los requerimientos de varias unidades administrativas de una dependencia o entidad o de varias dependencias o entidades que pueden realizar contrataciones al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se integran en un solo procedimiento de contratación, con la finalidad de presentar su demanda de manera agregada y así obtener mejores condiciones en cuanto a precio.

Este mecanismo ya ha probado sus virtudes, las cuales podemos enumerar en los siguientes puntos:

• En 2016 se estimó un monto de 48 mil millones de pesos en la compra consolidada de medicamentos, incrementándose en 9 por ciento la adquisición de dichos insumos en las entidades federativas, dado el ahorro que significa y el avance significativo en el combate al rezago del abasto de medicamentos en las farmacias del Sistema Nacional de Salud.

• El IMSS ha implementado esta estrategia para adquirir medicamentos, encabezando las negociaciones para compras consolidadas en 2016, considerando las ventajas para obtener medicamentos y material de curación de mejor calidad y a menor precio (SSA, 2015), lo cual es un beneficio para la atención de salud de los mexicanos.

• El interés generado por el ahorro que se generó entre 2014 y 2015 aplicando la estrategia de compras consolidadas en el sector salud generó que un mayor número de entidades adoptaran dicho mecanismo para adquirir insumos del área de salud, llegando a un total de 21 estados de la República participantes en compras consolidadas de medicamentos en 2016, junto con la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales y Hospitales Federales de Referencia y Regionales de Alta Especialidad (Hospitales Federales y Servicios de Atención Psiquiátrica), de la Secretaría de Salud, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y los Servicios de Salud de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En este contexto, se tiene un acumulado de 14 mil 214 millones de pesos en ahorros en la compra consolidada en materia de salud en el periodo 2013-2017, de los cuales se ahorraron 3,352 millones de pesos en la compra consolidada en lo que va de 2017, con la participación de 40 entidades públicas para adquirir 1,371 claves, entre medicamentos, patentes y material de curación, de acuerdo a declaraciones del director general del IMSS, Mikel Arriola.

Si bien el fortalecimiento de las finanzas públicas es un elemento nodal para mejorar las condiciones de los servicios de salud públicos, es necesario atender el tema de la complejidad institucional en la que operan diversas instituciones de salud, integradas en el Sistema Nacional de Salud (SNS), y que por el origen público para su financiamiento incluye a las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, ISSFAM, Pemex) y a las instituciones públicas de salud para la población no derechohabiente (servicios de la Secretaría de Salud, los Servicios Estatales de Salud (SESA), el DIF, el componente de salud del programa Oportunidades, el programa IMSS Oportunidades y el seguro popular).

Las instituciones mencionadas que obtienen recursos gubernamentales para la atención de la población no comparten un esquema de funcionamiento único que les permita ofrecer servicios interinstitucionales, lo cual impide concretar un Sistema Nacional de Salud Universal, bajo los términos expresados por la Secretaría de Salud:

[...] establecer las políticas de Estado para que la población ejerza su derecho a la protección a la salud, por medio de un Sistema Nacional de Salud Universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, con particular enfoque a los grupos de la población que viven en condición de vulnerabilidad, a través del fortalecimiento de la rectoría de la autoridad sanitaria y la intersectorialidad; de la consolidación de la protección y promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como la prestación de servicios plurales y articulados basados en la atención primaria; la generación y gestión de recursos adecuados; la evaluación y la investigación científica, fomentando la participación de la sociedad con corresponsabilidad.

En este sentido, el presente punto de acuerdo pretende mantener el impulso de las medidas tendientes a mejorar los servicios de salud a nivel nacional, utilizando los recursos con los que ya cuenta el Sistema Nacional de Salud (SNS), pero sin dejar la tendencia de armonizar tanto los procedimientos técnicos como administrativos del conjunto de instituciones de salud en México, de manera que se asegure el derecho a la salud de todos los mexicanos y las mexicanas, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad,mismo que en sus líneas de acción refiere a la acción de Instrumentar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de los servicios de salud.

Cabe mencionar que el gobierno federal ha dado seguimiento a la homologación de servicios de salud, mediante el Acuerdo Nacional hacia la universalización de los servicios de salud dado a conocer el 7 de abril de 2016, el cual tiene el objetivo de alcanzar la cobertura efectiva del derecho a la protección de la salud, integrando esfuerzos de la Federación y de las entidades federativas, en dirección a una transición desde un sistema de salud fragmentado en múltiples subsistemas, integradas verticalmente y que ofrecen derechos diferentes a diversos grupos de población, provocando inequidad en el acceso a los servicios de salud públicos.

El acuerdo en comento señala las acciones que deben llevarse a cabo para solucionar aspectos que obstaculizan que toda la población tenga atención de calidad cuando acude a cualquiera las instituciones de salud pública, y que a continuación se transcriben:

• Disminuir la fragmentación jurídica institucional para eliminar las barreras en la prestación del servicio;

• Alentar la construcción de un modelo de atención homogéneo con una integrada y coordinada entra la Secretaría de Salud, las instituciones de seguridad social y los prestadores de servicios de salud en las entidades federativas;

• Impulsar la operación, uso y actualización continua del Padrón General de Salud para identificar a personas y relacionar su condición de aseguramiento en tiempo real, para permitirles acceder a los servicios a los que tienen derecho en cualquier institución de salud;

• Propugnar por el diseño y aplicación homogeneizados de guías de práctica clínica, protocolos de atención, costos, expediente clínico electrónico y demás herramientas que ayuden a alcanzar la universalización de los servicios de salud;

• Redefinir las directrices de coordinación del sistema de salud para atender de manera efectiva y equitativa a la población, considerando la celebración de instrumentos jurídicos entre las diversas instituciones del sector público en donde se establezcan los compromisos, términos y condiciones así como las formas de pago, con las que se garantizará la atención médica, sin tomar en consideración su afiliación o derechohabiencia.

Bajo los términos del acuerdo, las autoridades de las instituciones de salud pública tomaron conciencia de los obstáculos que deben superar para alcanzar los objetivos del PND en la Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad,y que entre sus líneas de acción se cuenta la de Instrumentar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de los servicios de salud.

En este contexto, el Partido Verde considera necesario que se amplíe la estrategia de compras consolidadas y la homologación de servicios en las instituciones de salud públicas, a fin de enfrentar el reto que significa atender la demanda social en este rubro, toda vez que se considera que:

Los datos demográficos y epidemiológicos indican que las presiones sobre el Sistema Nacional de Salud serán cada vez mayores, poniendo en riesgo la sustentabilidad financiera de las instituciones públicas. La fecundidad, las tasas de mortalidad y la migración suponen una demanda más elevada de servicios, especialmente asociada al mayor número de adultos mayores (la población de 65 años y más crecerá de 6.2 por ciento del total en 2010 a 10.5 por ciento en 2030). Este hecho impacta no sólo en el Sistema de Salud, sino que impone desafíos a la organización familiar, así como cargas adicionales de trabajo para los cuidados, especialmente para las mujeres, quienes realizan mayoritariamente este trabajo.

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal a que coordine las acciones necesarias para permitir el intercambio y homologación de servicios entre las instituciones de salud pública pertenecientes al Sistema Nacional de Salud.

Segundo.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las instituciones de salud de las entidades federativas para que se integren al modelo de compras consolidadas, a fin de transparentar el ejercicio del presupuesto público y generar la reducción en tiempo y dinero en el proceso de compra de insumos para el sector salud.

Notas:

1 Robles de la Rosa, Leticia y Tania Rosas. Quebranto en estados asciende a 245 mil mdp.Diario Excélsior, 9 de enero de 2017. Obtenido de: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/09/1138668#imagen-3

2 Organización Mundial de la Salud. Salud y derechos humanos. Noviembre de 2015. Obtenido de: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/

3 Gobierno de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Obtenido de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo= 5299465&fecha=20/05/2013

4 Auditoría Superior de la Federación. Contrataciones públicas que garanticen las mejores condiciones para el Estado. 6 de Junio de 2016. Obtenido de http://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/contrataciones-consolidadas

5 Secretaría de Salud. Secretaría de Salud, Blog. 14 de Septiembre de 2015. Obtenido de: https://www.gob.mx/salud/articulos/compra-consolidada-de-medicamentos? idiom=es

6 Secretaría de Salud. Secretaría de Salud, Prensa. 12 de Septiembre de 2015. Obtenido de: http://www.gob.mx/salud/prensa/en-2016-la-compra-consolidada-de-medicamentos-se ra-de-48-mil-millones-de-pesos

7 Martínez, María del Pilar. Sector salud ahorró $3,352 millones en compra consolidada. Diario El Economista. 11 de enero de 2017, México. Obtenido de: http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/ 01/11/sector-salud-ahorro-3352-millones-compra-consolidada

8 Secretaría de Salud. ¿Qué hacemos? 2016. Obtenido de http://www.gob.mx/salud/que-hacemos

9 Op. Cit. Gobierno de la República.

10 Acuerdo nacional hacia la universalización de los servicios de salud. 7 de Abril de 2016. Obtenido de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/76997/ACUERDO_NACIONAL_FIRMADO_7 _ABRIL_2016.pdf

11 Op. Cit. Gobierno de la República.

12 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 2 de marzo de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

COMBATAN LOS ALTOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA ZONA DE MIRAVALLE, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de Jalisco, por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y de Guadalajara a implantar medidas urgentes contra los altos niveles de contaminación ambiental en Miravalle, en ese municipio, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada María Antonia Cárdenas Mariscal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Primera.La contaminación del aire se ha convertido en una de las principales preocupaciones a nivel global afectando a más de 100 millones de personas que viven expuestas a elevados niveles de contaminación del aire, superiores a los aceptables establecidos por la Organización Mundial de la Salud, OMS (100 microgramos por metro cúbico-mg-m3).

En 2013, la Organización Británica Clear Air Institute realizó un estudio a través del cual se analizaron los niveles de contaminación ambiental de 21 ciudades con más de un millón de habitantes en Latinoamérica, analizando Ciudades como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México; de ello se obtuvo información sobre cuatro compuestos que predominan en el aire y que contaminan gravemente la atmosfera, identificadas como partículas PM2,5, PM10, ozono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno.

La composición de estas partículas en suspensión conocidas por sus siglas en ingles PM (particulated matter) puede contener una mezcla muy variada de elementos altamente contaminantes, que, según su concentración pueden generar importantes problemas de salud al ser respiradas.

Las partículas más perjudiciales para la salud son las de 10 micrones de diámetro (PM10), o menos (PM2,5,) que son capaces de penetrar en el organismo y alojarse en el interior de los pulmones, por ello, la exposición continua a estas partículas incrementa el riesgo de desarrollar cardiopatías, provocar afecciones cardiovasculares como el infarto, neumopatías, cáncer de pulmón, así como otras enfermedades de importancia.

De igual forma, científicos del mismo Instituto afirman que existe una relación directa entre el aumento de las partículas contaminantes de las ciudades con el engrosamiento de la pared interna de las arterias lo cual causa daños en el sistema circulatorio y es también un factor desencadenante de la enfermedad conocida como arteriosclerosis.

Segunda. Un factor importante es que la contaminación atmosférica es llevada por el viento y la lluvia hacia otras zonas, repercutiendo en la salud de las y los habitantes no solo de una población, sino de varias, al tiempo en que sus efectos nocivos recaen sobre cosechas, bosques, ecosistemas acuáticos y terrestres, ocasionando, entre otras cosas, calentamiento global, lluvias acidas y escasez de agua potable.

Aunque la contaminación atmosférica afecta a toda la población, las comunidades más vulnerables frente a esta situación son los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas y los enfermos de vías respiratorias.

Las malas condiciones ambientales son responsables de 12,6 millones de muertes al año en el planeta, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentado el 15 de marzo de 2016, esto supone que alrededor del 23 por ciento de los fallecimientos en el mundo se producen por “vivir o trabajar en ambientes poco saludables”, según datos de la misma organización. Los factores de riesgo ambientales como la contaminación del aire, el agua y el suelo, la exposición a los productos químicos, el cambio climático y la radiación ultravioleta contribuyen a más de 100 enfermedades o traumatismo, indica esta organización internacional en su estudio La prevención de enfermedades a través de entornos saludables.

Tercera. El aire que respiramos está compuesto en un 78 por ciento de nitrógeno, 21 por ciento de oxígeno, un 0,093 por ciento de argón y una porción de vapor de aire, composición que se ha visto severamente alterada por la acción directa del hombre y sus actividades generadoras de altos niveles de contaminación, entre las que destacan las citadas en el cuadro siguiente:

Fuente: OMS, 2014.

La contaminación del aire proviene de una mezcla de miles de fuentes de emisión que van desde chimeneas industriales y vehículos automotores hasta el uso de productos de limpieza domésticos comunes y pinturas. En general estas fuentes de emisión se agrupan en cuatro categorías:

• Fuentes puntuales o fijas

• Fuentes de área

• Fuentes móviles (de vehículos automotores)

• Fuentes naturales

Las fuentes puntuales o fijas son definidas en el artículo 6 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, como toda instalación establecida en un solo lugar, que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera.

Por su lado, las fuentes de área representan aquellas que son demasiado numerosas y dispersas estas representan un porcentaje significativo de las emisiones de contaminantes como: el uso de solventes, fertilizantes, residuos tóxicos, desechos y contaminantes resultado de actividades industriales y comerciales ligeras.

Las fuentes móviles de emisión están constituidas por los vehículos automotores que incluyen automóviles, camiones y autobuses diseñados para circular en la vía pública. En la mayoría de las áreas urbanas, los vehículos automotores son los principales generadores de las emisiones de contaminantes tóxicos del aire y contaminantes que reducen la visibilidad. Debido a la magnitud de sus emisiones y a las consideraciones especiales requeridas para estimar su volumen, los vehículos automotores se manejan separadamente de otras fuentes de área. Las emisiones de vehículos automotores están integradas por diversos contaminantes que son generados por diferentes procesos. Los más comúnmente considerados son las emisiones del escape, que resultan del uso del combustible y que son emitidos a través del escape del vehículo, y una variedad de procesos evaporativos, y fuentes naturales como el polvo, humo, pulverización de agua marina, gases sulfurosos, polen e incendios forestales. Todos los elementos antes mencionados contribuyen en gran porcentaje a contaminar la calidad del aire que respiramos.

Cuarta.Actualmente nuestro país enfrenta una compleja problemática en el tema de contaminación del aire con complejas repercusiones a la salud de la población, sobre todo de quienes habitan zonas urbanas y sus alrededores.

De acuerdo con el estudio de Clear Air Institute, se prevé que en poco tiempo la contaminación del aire será una de las principales causas ambientales de mortalidad prematura.

Sumado a ello, otro estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, arrojó que el número de muertes por contaminación del aire en México asciende a 5 mil 65 personas por año.

La contaminación del aire en nuestro país ha ido en aumento debido, principalmente a la falta de actualización y ejecución de estándares de control apropiados para regular las actividades causantes de la emisión de estas partículas con la intención de evitar posibles riesgos en la salud.

Por otro lado, las normas oficiales mexicanas respecto a los límites de partículas contaminantes en el ambiente son bastante permisivas en comparación a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS.

Hay evidencias en todo el mundo que asocian a las partículas menores a 10 micrómetros con mortalidad prematura y tienen un efecto indirecto sobre el aparato respiratorio, pues a su superficie se adhieren agentes microbiológicos como virus, bacterias, hongos, pólenes que son transportados al pulmón.

Actualmente, la norma de calidad del aire para PM10 en México es de 150 microgramos por metro cúbico de aire en un promedio de 24 horas de muestreo, que equivalen a 100 puntos IMECA, Índice Metropolitano de Calidad del Aire.

Quinta.Jalisco es una de las entidades en nuestro país que se encuentran por encima de la norma y de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS en materia de contaminación atmosférica, generando muertes atribuibles a este fenómeno principalmente en menores de edad y personas mayores de 65 años.

Estudios recientes realizados por Investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología, IAM, en Guadalajara, Jalisco en colaboración con otras dependencias internas y externas de la Universidad de Guadalajara, UDG, han advertido sobre los riesgos de contraer enfermedades respiratorias por causa de la contaminación del aire, relacionándola con la agudización de enfermedades respiratorias que padecen actualmente los habitantes de esta zona metropolitana.

La investigación consistió en analizar el número de consultas atendidas de casos por enfermedades respiratorias de 2000 a 2010, en el sector de salud pública, en las que se atendió a menores de cinco años con algún tipo de padecimiento respiratorio vinculándolos con las cifras de contaminación reportadas en las estaciones de monitoreo atmosférico ubicadas en la zona metropolitana, arrojando como resultado que el número de citas por infección respiratoria aguda partiendo del año 2000 a 2005 “llegó a una media de 270 mil, pero hasta 2010 se mantuvo una tendencia aproximada de 300 mil consultas”.

Los estudios se realizaron con informes oficiales de la Secretaría de Salud, con cifras de los institutos Mexicano del Seguro Social, IMSS, así como del de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE y el Sistema del Sector Salud de Jalisco.

De lo anterior se deduce que, si las cifras de contaminación ahora son más altas que en aquel tiempo, entre otras causas por el aumento del parque vehicular cercano a 1 millón 800 mil unidades, entonces la cantidad de casos de agudización de enfermedades respiratorias, principalmente infecciosas, han ido también en aumento.

Tomando en cuenta las concentraciones de partículas PM10 que se presentan cotidianamente en la zona metropolitana de Guadalajara, se puede concluir que una significativa porción de la población de la ciudad está expuesta a concentraciones superiores a los 150 microgramos por metro cúbico, principalmente en localidades ubicadas al sur y oriente de la ciudad, como Miravalle y Loma Dorada, donde se excede la norma de calidad todos los meses del año.Existen Guadalajara tres tipos de industrias percibidas y confirmadas como altamente contaminantes como: las de fundición de hierro y acero, las cementeras y las ladrilleras. La principal aportación de contaminación al aire por la industria es de bióxido de carbono y óxidos de nitrógeno. Sin embargo, la aportación de contaminantes a la atmósfera, incluyendo las partículas suspendidas totales, el monóxido de carbono, los compuestos orgánicos volátiles y el bióxido de azufre, en total es de más de un millón de toneladas al año.

Sexta.De forma particular dentro de esta entidad ubicamos uno de los casos más alarmantes y persistentes en cuanto a contaminación del aire se refiere, ubicado en la zona de Miravalle.

Miravalle es una localidad de 358 hectáreas ubicada al sur de la zona metropolitana de Guadalajara y pertenece a los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque. Se considera una zona crítica a la contaminación del aire, pues por su ubicación geográfica en los declives del volcán del Cerro del Cuatro dificulta la dispersión de contaminantes como las partículas de fracción respirable, ya que la elevación del cerro hace que los vientos choquen y disminuya drásticamente su velocidad provocando que la concentración de los contaminantes aumente. Igualmente, la escasez de áreas verdes (menos de un metro cuadrado por habitante) provoca que la humedad ambiental sea limitada y los contaminantes queden suspendidos por mucho más tiempo.

Uno de los contaminantes clásicos y básicos detectados en las estaciones de monitoreo en esta región son el material en forma de partículas suspendidas que pueden ser inhaladas y pasar a los pulmones, conocidas como partículas menores a 10 micrómetros o PM10, que pueden originarse por la erosión eólica de las arcillas del suelo, como desechos en los procesos de molienda, en la combustión o inclusive la condensación de gases por reacciones fotoquímicas en la atmósfera. Su peligrosidad depende de su origen y composición: las originadas por fenómenos naturales son regularmente menos peligrosas que las derivadas de actividades humanas.

Cada año, Miravalle es el epicentro donde se registran las mayores cantidades de PM10 presentes en la zona metropolitana de Guadalajara.

En las últimas dos décadas esta zona se ha visto severa y gravemente afectada por la contaminación atmosférica causada principalmente por las industrias establecidas en la zona, entre las cuales se encuentran una cementera, una aceitera, y una de alimentos para animales.

Estos factores han ocasionado importantes daños a la salud de los habitantes de esta zona y sus alrededores ocasionando que estos mismos se quejen ante las autoridades competentes en su Municipio, para que tomen cartas en el asunto y así poder mejorar esta situación, sin obtener ningún tipo de solución o respuesta a esta petición.

A pesar de estas quejas los habitantes de la zona de Miravalle, aun en estas fechas son una de las zonas con más problemas de contaminación atmosférica dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.

Los Planes de Contingencia Atmosférica son instrumentos que permiten coordinar acciones para la reducción de emisiones contaminantes y la protección a la salud de la población, en sitios donde se presente un episodio de mala calidad del aire.

Aunque se cuenta con estas alertas de contingencia, no resultan ser del todo eficientes, pues la forma en que cada persona lo asume depende de si se enteró por algún medio de estas medidas, ya que las autoridades no se han preocupado por buscar métodos visibles y de fácil acceso que le permitan a la población enterarse de los altos índices de contaminación diariamente con el propósito de tomar las precauciones necesarias ante esta problemática.

En virtud de lo anterior y de la importancia de brindar la debida atención a este problema de altos niveles de contaminación atmosférica que enfrenta la población de Miravalle, someto a consideración de esta asamblea del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Uniónexhorta al gobernador del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Jalisco, así como al presidente municipal de Guadalajara para que, en el ámbito de sus atribuciones implementen medidas urgentes que combatan los altos niveles de contaminación ambiental en la zona de Miravalle ubicada en el municipio de Guadalajara, a fin de evitar mayores daños a la salud de las y los habitantes de la zona.

Notas:

1 Clear Air Institute (CAI), La calidad del aire en América Latina: Una visión Panorámica, Washington D.C., E.U.A.

2 World Health Organization, Preventing Disease Through Healthy Environments, A global assessment of the burden of disease from environmental risks, Geneva, Switzerland.

3 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. Artículo 6, fracción IV.

4 Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), Guadalajara. Jalisco.

5 Ciencia, Revista de la Academia Mexicana de Ciencias, mayo 2005.

6 La Gaceta UDG ,16 de abril de 2007, página 18.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.— Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

INTENSIFICAR LAS INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES EN EL TAJÍN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH y la SEP a intensificar las investigaciones y exploraciones en El Tajín, suscrita por los diputados Mirza Flores Gómez y Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputada Mirza Flores Gómez y diputado Jorge Álvarez Maynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La cultura Totonaca, cuyos orígenes datan del año 400 d.C. y que se calcula concluyó en el año 1519 d.C., es considerada una de las culturas madre de Mesoamérica, cuya riqueza se ve reflejada en su legado cultural, artístico y, por supuesto, su impresionante arquitectura.

El Tajín es la ciudad prehispánica mesoamericana más importante de la costa norte de Veracruz y fue capital de la cultura Totonaca. Su influencia abarca las cuencas de los ríos Cazones y Tecolutla desde la Sierra Norte de Puebla. Desde el punto de vista urbanístico en El Tajín se privilegiaron los grandes espacios abiertos delimitados por templos y desniveles. Además de las decoraciones con nichos, relieves y pintura mural. Una de las construcciones más sobresalientes es la Pirámide de los Nichos, llamada así por los 365 tableros que conforman sus fachadas, lo cual es interpretado por los estudiosos como un calendario y reflejo de la cosmovisión mesoamericana.

También, es la ciudad con el mayor número de juegos de pelota: 17, lo que ha sido interpretado como una necesidad ante la diversidad cultural que, de acuerdo con la época, pudo habitar la ciudad.

El Tajín, de acuerdo con especialistas, fue contemporáneo de otras grandes metrópolis de Mesoamérica, como Teotihuacán (en el centro de México), Monte Albán (en Oaxaca) y Palenque o Yaxchilán (en el Mundo Maya). Su nombre significa en lengua totonaca: “lugar del trueno”, asociada a la exuberante vegetación e intensas lluvias que hay en el lugar. Otra acepción se refiere a una de sus deidades.

La zona arqueológica El Tajín fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1992.

A sólo 10 kilómetros se ubica la ciudad de Papantla, de calles irregulares y pintorescas casas con techos de teja. En esta población aún se respiran sus raíces prehispánicas, manifestadas en la tradicional y afamada danza de Los Voladores. Aromatizada por la vainilla que da su tierra y por sus artesanías de palma y coloridas vestimentas.

Durante varios años, organizaciones civiles y de expertos han solicitado que se emprendan acciones para el mejoramiento, modernización y enriquecimiento de la zona arqueológica, sin embargo, poco interés han tenido entre las autoridades culturales tanto de los gobiernos federales como estatales.

Un aspecto poco atendido es el beneficio social que dejan las zonas arqueológicas a las comunidades que los rodean, incluso su impacto positivo abarca hasta el nivel estatal. Sin embargo, los gobiernos de Veracruz no han sabido aprovechar la riqueza cultural, el potencial turístico y la derrama económica que la zona arqueológica de El Tajín deja a las comunidades vecinas.

En la XL Legislatura, el entonces diputado José Manuel del Río Virgen presentó una iniciativa, aprobada por unanimidad, para que el 5 por ciento de los ingresos de El Tajín por concepto de visitas turísticas, fuera destinado al desarrollo social de la comunidad que la rodea, la cual es principalmente indígena. El objetivo fue regresarle, como un acto de justicia social, un poco del beneficio que propician estas áreas culturales y cuyas ganancias se adjudicaban las autoridades federales, sin regresar alguna ventaja a la comunidad.

Esta iniciativa fue un gran avance, pero hacen falta más esfuerzos. Para que las zonas arqueológicas dejen más beneficios a las comunidades requieren tener una constante expansión, tanto en su oferta cultural, áreas a explorar, zonas recuperadas y servicios turísticos, lo cual no ocurre en El Tajín.

Un ejemplo de ello es la cantidad de visitantes que acuden a El Tajín, cuyo número resulta mucho menor en comparación a otros sitios arqueológicos catalogados por el INAH con la denominación AAA, la misma que tiene El Tajín.

Visitantes por año

Teotihuacán (estado de México): 3, 852,129 personas

Chichén Itzá (Yucatán): 2,107,410

Tulum (Quintana Roo): 1,773,929

Templo Mayor (Cuidad de México): 653,513

El Tajín: 414,601

Esta falta de afluencia de visitantes refleja el descuido de parte de las autoridades por acrecentar las investigaciones y la exploración en el polígono de la zona de arqueológica, donde, según excavaciones anteriores, hay muchos vestigios de la grandeza de la ciudad, pero que no han sido descubiertos.

En marzo de 2013, el INAH confirmó que en el polígono se encuentran tres canchas de juego de pelota, un par de edificaciones a gran altura conocidas como balcones y un área habitacional de más de 1,000 años de antigüedad. Los especialistas realizaron el descubrimiento mediante el uso de sensores remotos y de teledetección, y dijeron en aquella ocasión que su existencia será corroborada con excavaciones arqueológicas, las cuales nunca se han hecho.

Es por ello que este exhorto tiene el propósito de incrementar el área de la zona arqueológica, porque además de recuperar la riqueza histórica de la cultura totonaca, expandir la oferta cultural del sitio y crecer como polo turístico, su expansión permitirá que las comunidades aledañas tengan un beneficio social inmediato, que la ciudad de Papantla pueda acrecentar sus ingresos económicos, que el estado de Veracruz se coloque a la vanguardia en investigación arqueológica y que México luzca otra joya más de su cultura prehispánica.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la Secretaría de Educación Pública a que lleven a cabo las acciones necesarias para intensificar las investigaciones y exploraciones en El Tajín con la finalidad de duplicar el área de la zona arqueológica para el desarrollo del pueblo totonaca.

Notas:

1 Zona Arqueológica de Tajín http://inah.gob.mx/es/zonas/153-zona-arqueologica-el-tajin-y-museo-de-sitio

2 Informe Unesco, 1992. http://whc.unesco.org/es/list/631

3 Estadísticas de visitantes de Tajín http://www.estadisticas.inah. gob.mx/

4 Arqueólogos descubren nuevos vestigios en el Tajín con el uso de sensores http://expansion.mx/entretenimiento/2013/03/22/arqueologos-descubren-nuevos-ves tigios-en-el-tajin-con-el-uso-de- sensores

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.— Diputados: Mirza Flores Gómez y Jorge Álvarez Maynez (rúbricas)»

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

REGULAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE SE OFREZCAN Y OTORGUEN, BAJO PRINCIPIOS DE CLARIDAD Y TRANSPARENCIA, CRÉDITOS DE NÓMINA Y SERVICIOS RELACIONADOS A TRAVÉS DE CAJEROS AUTOMÁTICOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banxico, la CNBV y la Condusef a emitir disposiciones para regular los términos y las condiciones en que se ofrezcan y proporcionen con principios de claridad y transparencia créditos de nómina y servicios afines mediante cajeros automáticos, suscrita por los diputados Ana Georgina Zapata Lucero, Susana Corella Platt y Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Ana Georgina Zapata Lucero, Susana Corella Platt y Jericó Abramo Masso, diputados federales a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que exhorta al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emitir, conjuntamente o de manera individual en el ámbito de sus respectivas competencias, disposiciones de carácter general para regular los términos y condiciones en que se ofrezcan y otorguen, bajo principios de claridad y transparencia, créditos de nómina y servicios relacionados a través de cajeros automáticos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Proteger los derechos e intereses de los usuarios o consumidores de servicios financieros, favorecer la prestación de dichos servicios y sus productos bajo principios de claridad y transparencia, así como propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos son, junto con una buena educación financiera, condiciones imprescindibles para alcanzar una plena inclusión financiera en el país, que se distinga por consolidar un sólido sistema financiero e incrementar el bienestar y calidad de vida de las personas a través de una mejoría de sus finanzas.

Uno de los esfuerzos realizados para lograr una mejor inclusión financiera en México, ha sido definir e implementar diversas acciones y medidas para bancarizar a los beneficiarios de programas sociales y a aquellos trabajadores que reciben el pago de su nómina, que dicho sea de paso se ha dado de la mano del uso creciente de nuevas tecnologías que las instituciones financieras han impulsado en los años recientes para fortalecer su infraestructura mediante el aumento de puntos de acceso para prestar mejor, con más eficacia y eficiencia, sus productos y servicios.

Ante un mundo cada vez más tecnificado y digital, el sector financiero no podía ser ajeno al proceso evolutivo de las tecnologías de la información y de la comunicación, más bien al contrario, la necesidad de agilizar las operaciones financieras y la necesidad de llegar a más usuarios no importando el lugar en dónde se encuentren, ha sido uno de los motores de esta revolución. Operaciones bursátiles son realizadas a distancia, transacciones bancarias son efectuadas sin necesidad de apersonarse en una sucursal. Hoy en día se puede realizar el pago de servicios desde el hogar o la oficina, los teléfonos celulares han evolucionado hasta convertirse en verdaderos puntos de venta. Las posibilidades de que ahora disponemos para hacer intercambios comerciales están a la vista de todos y de su democratización dependerá el crecimiento de las economías y la prosperidad de las personas.

Hoy que la tecnología se encuentra también al servicio de la banca, México cuenta con un sistema financiero mucho más robusto. A junio de 2016, la infraestructura financiera del país se conformaba por 16 mil 395 sucursales, 27 mil 422 corresponsales, 44 mil 429 cajeros automáticos y 751 mil 669 terminales puntos de venta (TPV), lo que permite que exista al menos una sucursal en la mitad de los municipios del país, un cajero y un corresponsal bancario en 56 por ciento y 57 por ciento de los municipios, respectivamente, y al menos una TPV en el 66 por ciento de los municipios, lo que representa que en un 62 por ciento de los municipios se tenga un cajero automático, que da la posibilidad de acceder al sistema financiero al 96 por ciento de la población adulta.

La banca tradicional en México en los últimos años ha acelerado su proceso de transformación digital, y el uso de nuevas tecnologías ha abierto diferentes canales -fijos, móviles y en la nube- para que las instituciones financieras continúen prestando sus productos y servicios a los 33.6 millones de personas que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 (ENIF 2015), reportan tener una cuenta en una institución financiera formal, el 44 por ciento de la población adulta.

Si bien México registra 4.9 cajeros automáticos por cada 10 mil adultos, uno de los más bajos del mundo y de Latinoamérica inclusive, son precisamente los cajeros automáticos uno de los canales o puntos de contacto electrónicos que las instituciones financieras utilizan cada vez más no solo para realizar operaciones financieras como retiro de efectivo, pagos de bienes y servicios y consultas de saldo, sino además para ofrecer una amplia gama de productos y servicios financieros, tanto así que su uso y operación llevan cuando menos seis años de seguir una tendencia en aumento.

Uno de los productos que las instituciones ofrecen a través de los cajeros automáticos, amparadas en lo previsto por el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, es el crédito de nómina, el que es ofrecido a trabajadores en activo o jubilados cuyo salario o pensión es abonado a una cuenta de nómina, y que las instituciones financieras otorgan sin garantía ante la certeza de que el trabajador va a tener el dinero suficiente para pagar el crédito, ya que los trabajadores reciben su salario para ser abonado o dispersado a su cuenta, y cuyo pago mensual la misma institución financiera carga de manera periódica y automática.

El crédito de nómina sin duda es actualmente un producto versátil, muy socorrido por los trabajadores y su importancia en el sistema financiero del país crece constantemente, siendo que actualmente 14 bancos y 214 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple lo ofrecen a sus clientes. Su cartera total, a junio de 2016, estuvo conformada por 5.6 millones de créditos, por un saldo de 215.4 mil millones de pesos, el 25.3 por ciento de la cartera total del crédito al consumo.

No obstante su crecimiento a tasa anual, que fue del 16.4 por ciento entre junio de 2014 y junio de 2016, el crédito de nómina presenta una morosidad menor que la del crédito al consumo en general, del 3.1 por ciento frente al 4.1 por ciento, incluso inferior que la del crédito a la vivienda, que es del 3.2 por ciento, debido, como lo hemos explicado, a lo cautivo que representa su cobro.

La tasa de interés promedio ponderado por saldo del crédito de nómina fue del 25.5 por ciento, aunque ha venido bajando, al grado tal que en los últimos dos años se encontró en su nivel más bajo, siendo que el interés de los créditos otorgados en junio de 2016 se ubicaron a una tasa del 24.9 por ciento.

El monto promedio de los créditos de nómina otorgados en el último año fue de 64.3 mil pesos, cuyo monto aumentó en promedio en 10 mil pesos respecto a 2015, lo que significa un crecimiento del 15.5 por ciento en términos reales, destacando que el 93.9 por ciento de los créditos se otorgó a plazos mayores de dos años.

Los créditos de nómina si bien pueden sacar de apuros a cualquier trabajador, constituyen realmente una navaja de doble filo que puede llevarlos a endeudarse considerablemente, máxime cuando es a través de cajeros automáticos que pueden ofrecerse y otorgarse, y si tomamos en cuenta que las pantallas de los propios cajeros automáticos no brindan información a los usuarios sobre las tasas de interés que se cobrarían, comisiones, plazos, montos de pago, posibilidades de prepago, penalizaciones, contratación de seguros asociados al crédito y otros servicios adicionales, además que también se deja de advertir al trabajador, lo que nos parece lo más lamentable, sobre la forma en que las instituciones de crédito tomarán recursos de su cuenta de nómina para hacer frente a pagos vigentes y vencidos.

En ese contexto, si las instituciones financieras pueden ofrecer y otorgar productos y servicios financieros a través de cajeros automáticos, ¿por qué no pueden por la misma vía informar clara y transparentemente sobre su Costo Anual Total (CAT), de manera desglosada?

Es ante la necesidad de que el ofrecimiento y otorgamiento de créditos de nómina a través de cajeros automáticos sea de forma clara y transparente en que se inscribe el presente Punto de Acuerdo, con el objetivo fundamental de lograr que todo trabajador de México pueda tener elementos para hacer un buen uso del producto financiero, y que desde luego redundará en que conozcan las características, términos, condiciones y riesgos de los créditos de nómina.

Los cajeros automáticos sin duda constituyen un beneficio para sus usuarios, al reducir el tiempo de espera en sucursales, además que brindan acceso a muchos de los servicios financieros las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, y si la tendencia y política financiera es que los usuarios de dichos servicios utilicen cada vez más herramientas electrónicas para realizar sus operaciones bancarias, brindar información suficiente, clara y transparente debe ir aparejada con el creciente uso de nuevas tecnologías en el sistema financiero.

Para las entidades financieras las cuentas de nómina y sus acreditados representan un gran nicho para ofertar sus productos y servicios, como verbigracia lo es el crédito de nómina, cuando que dicho tipo de cuenta es el producto más utilizado por la población adulta. Baste señalar que de acuerdo a la ENIF 2015, casi 21 millones de personas poseen una cuenta de nómina, el 62.6 por ciento de los ahorradores formales del país, y de ellos casi 18 millones 800 mil personas tienen una tarjeta de débito, de quienes un 84 por ciento utiliza los cajeros automáticos y tan solo un 16 por ciento no lo hace.

Luego entonces, si en una amplia mayoría los sueldos y salarios en el sector formal se pagan a través de transferencias electrónicas a las cuentas bancarias de los empleados y, en particular, en sus cuentas de nómina, prevenir que la inmediatez en las operaciones bancarias no se vuelva en contra de los usuarios y cuidar que la rapidez para tomar decisiones no opere justamente en contra de aquellos a quienes busca beneficiar, debe ser requisito para un sano ejercicio y buenas prácticas financieras.

La solución a la problemática planteada a través de la presente propuesta podría ser sencilla, pues la información necesaria para que las personas sujetas de un crédito de nómina sepan bien a bien las obligaciones que están adquiriendo se podría plasmar en la pantalla del propio cajero automático u otorgarse de manera impresa, tal y como ocurre con los recibos o comprobantes que para registrar una operación el cajero expide.

Esto no debería de ninguna manera ser complicado, incluso ya se ha hecho para fortalecer los derechos de los usuarios de servicios financieros. Con la Reforma Financiera de 2010, se aprobaron diversas disposiciones para regular y transparentar el cobro de comisiones en cajeros automáticos, con lo que se fortalecieron los derechos de los usuarios de los servicios financieros y se aumentó su protección por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Para el caso que nos ocupa, se estableció la obligación de las entidades financieras que operen cajeros automáticos de informar en las pantallas el monto de las comisiones que cobran por su uso, así como obtener el previo consentimiento de los clientes para el cobro de tales comisiones,con lo que se logró una mayor transparencia y se eliminaron prácticas que impedían la competencia entre las entidades financieras en relación con el cobro de comisiones.

Lo que estamos proponiendo va en el sentido inmediato anterior, de ahí que se considere que esta Soberanía deba exhortar al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Condusef a emitir, conjuntamente o de manera individual en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, disposiciones de carácter general para regular los términos y condiciones en que se ofrezcan y otorguen, bajo principios de claridad y transparencia, créditos de nómina y servicios relacionados a través de cajeros automáticos.

Creemos de vital importancia continuar fortaleciendo políticas públicas que incluyan a más usuarios al sistema financiero, pero también se debe fortalecer aún más la cultura financiera del país, que les permita a los usuarios tomar mejores decisiones sobre el manejo de sus recursos monetarios y de los diferentes productos y servicios ofrecidos por las instituciones financieras, de ahí que también proponemos que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que en el marco del Consejo Nacional de Inclusión Financiera y del Comité de Educación Financiera, se diseñen y realicen campañas de orientación, difusión y educación financiera en los centros de trabajo del país, respecto a las características, términos, condiciones y riesgos de los créditos de nómina, que permitan a los trabajadores de los sectores público y privado formar hábitos y comportamientos sobre su buen uso.

Como la situación que hemos expuesto consideramos deviene en un déficit en el cumplimiento de lo previsto en el capítulo III bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, el cual establece las obligaciones de transparencia en relación con los créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a una tarjeta, estamos proponiendo también se exhorte a la Condusef a reforzar los mecanismos de protección y defensa a los usuarios de créditos de nómina, y para que supervise que los créditos de nómina que se ofrecen y otorgan a través de cajeros automáticos cumplan con las disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

La información que se otorgue a los usuarios de servicios de crédito debe procurar que estos evalúen si realmente lo necesitan, que definan con claridad para qué lo van a utilizar y evitar contratarlo para cubrir gastos estacionales. Importante también, resulta conveniente estudiar si realmente convencen las condiciones del banco donde depositan la nómina y en caso de ser gravosas, mudarse a otra institución haciendo uso del derecho de portabilidad de nómina.

Por la celeridad con que puede el trabajador decidir sobre su aceptación a una oferta de esta naturaleza, se le deja de informar con suficiencia sobre los alcances de una decisión tan delicada para las finanzas personales, de ahí la necesidad de proteger los intereses del público para que la flexibilización de las operaciones financieras se convierta en una obligación para informar con transparencia y claridad sobre el costo total del crédito de nómina que se ha visto obligado a tomar. Si cada vez más el uso de cajeros automáticos así lo permitiera, la inclusión financiera será una realidad en el país en el mediano plazo.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emitir, conjuntamente o de manera individual en el ámbito de sus respectivas competencias, disposiciones de carácter general para regular los términos y condiciones en que se ofrezcan y otorguen, bajo principios de claridad y transparencia, créditos de nómina y servicios relacionados a través de cajeros automáticos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que en el marco del Consejo Nacional de Inclusión Financiera y del Comité de Educación Financiera, se diseñen y realicen campañas de orientación, difusión y educación financiera en los centros de trabajo del país, respecto a las características, términos, condiciones y riesgos de los créditos de nómina, que permitan a los trabajadores de los sectores público y privado formar hábitos y comportamientos sobre su buen uso.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar los mecanismos de protección y defensa a los usuarios de créditos de nómina, así como para que supervise que los créditos de nómina que se ofrecen y otorgan a través de cajeros automáticos cumplan con las disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Notas:

1 Consejo Nacional de Inclusión Financiera. Política Nacional de Inclusión Financiera. Junio de 2016. P. 5. Recuperada de http://www. gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110408/PNIF_ver_1jul2016CONAIF_vfinal.pdf

2La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera es la principal fuente de datos con representatividad nacional sobre el acceso y uso de servicios financieros desde la perspectiva de la población, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, levanta para obtener información sobre la penetración de los servicios y productos financieros en la población, la satisfacción de los usuarios de ciertos productos y canales, y sobre su frecuencia de uso, entre otros.

3 Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015. Recuperada de: http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi por cientoC3 por cientoB3n/Documents/Encuesta por ciento20Nacional por ciento20de por ciento20IF/ENIF por ciento202015.pdf

4 Consejo Nacional de Inclusión Financiera. Política Nacional de Inclusión Financiera. Junio de 2016. P. 17. Recuperada de http://www. gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110408/PNIF_ver_1jul2016CONAIF_vfinal.pdf

5 El artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, en su párrafo primero, dispone que las instituciones de crédito podrán pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos.

6 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Supervisión de crédito al consumo. Junio de 2016. Visto en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118517/supervision-credito-al-co nsumo.pdf

7 Banco de México. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 2016. Pp. 5, 8. Recuperado de http://www.banxico.org. mx/sistema-financiero/publicaciones/indicadores-basicos-de-credito-de-nomina/ por ciento7B3916F2DA-612D-080E-32CB-4ED1DA 81932A por ciento7D.pdf

8 Ibídem. P. 5.

9 Ibídem. P. 6.

10 Ibídem. P. 10.

11Ibídem. P. 11.

12 El CAT, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3, fracción VI, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, es el costo anual total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos, préstamos o financiamientos que otorgan las entidades financieras.

13 Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015. P. 39. Recuperada de: http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi por cientoC3 por cientoB3n/Documents/Encuesta por ciento20Nacional por ciento20de por ciento20IF/ENIF por ciento202015.pdf

14Artículo 5 de la Ley para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.— Diputados: Ana Georgina Zapata Lucero, Susana Corella Platt, Jericó Abramo Masso (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

CONTRATACIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NACIONALES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la contratación de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales en la ejecución de las obras de construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD, e integrantes de la comisión especial de seguimiento a esa edificación

Los suscritos, Rafael Hernández Soriano, María Guadalupe Alcántara Rojas, María de la Paz Quiñones Cornejo, Salvador Zamora Zamora, Jesús Emiliano Álvarez López, Hugo Éric Flores Cervantes, diputados federales de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. El panorama político y económico que enfrenta nuestro país se caracteriza por su alta incertidumbre y el surgimiento de un nuevo paradigma.

Las diversas medidas que desde su campaña, pero ya como Presidente de los Estados Unidos ha llevado a cabo Donald Trump, abarcan un amplio espectro que representarán una reconfiguración sustancial de las relaciones comerciales y diplomáticas con EUA. En lo que respecta a la política comercial, resulta evidente que se está produciendo un cambio proteccionista, pero no está claro qué forma adoptará.

En este contexto, el promedio de los pronósticos para el crecimiento del PIB nacional para 2017 disminuyó de 2.3 a 1.5 por ciento, ante la incertidumbre por la relación bilateral con Estados Unidos.

Las principales razones son: (1) la ya inminente renegociación del TLCAN, cuyo primer impacto esperado será la menor demanda de nuestros productos por parte de Estados Unidos; (2) la cancelación del Tratado de Asociación Transpacífico; (3) un menor gasto gubernamental;(4) una política monetaria más apretada que significa tasas de interés más altas que eventualmente se reflejarán en créditos más costosos y, por ende, en una contracción de la actividad económica; (5) un mayor aumento en los precios al consumidor que se traduce en una inflación estimada para este año de entre 4 por ciento y 5 por ciento; y, (6) menores flujos de inversión hacia nuestro país, pues la falta de confianza empresarial ante este escenario de incertidumbre, retrasará los proyectos de inversión en el país.

Si bien la debilidad del peso mexicano debiera dar apoyo a la demanda externa, un mercado bursátil en declive, las tasas de interés más altas y un sesgo hacia políticas económicas y fiscales más estrictas por parte de Estados Unidos, ejercerán presión adicional sobre la economía.

Segunda.Este escenario adverso plantea importantes retos en diferentes ámbitos y escalas. El primero, fomentar una política integral de desarrollo de la economía interna, en la cual, el fomento de la inversión nacional, de la creación de infraestructura de diversos tipos, del empleo y la capacitación son elementos fundamentales. En esta tarea no sólo resulta toral la acción del gobierno, sino la decidida participación del sector privado. Sin un sector privado solidario y comprometido con las adversidades que enfrenta la economía y el desarrollo nacional, cualquier medida gubernamental se verá rebasada o, simplemente, no alcanzará el potencial para el cual fuera diseñada.

El segundo –y derivado del primero–, apoyar y modernizar los sectores nacionales que integran nuestra economía y que resultan eslabones fundamentales para su crecimiento. De acuerdo con ProMéxico, “las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) constituyen “la columna vertebral de la economía nacional por los acuerdos comerciales que ha tenido México en los últimos años y por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional”. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen, aproximadamente, 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8 por ciento son Pymes que generan el 52 por ciento del producto interno bruto (PIB) y el 72 por ciento del empleo en el país.

No obstante, en el sector de la construcción, a pesar de que las Pymes son importantes en número, de acuerdo con la “Encuesta de Percepción sobre la Eficiencia del Sistema de Contrataciones Públicas en México 2012”, sigue existiendo una gran brecha, pues, de las empresas que no han participado en procesos de contratación de obra pública, el 49 por ciento corresponde a microempresas y el 22 por ciento a Pymes. Esta situación se debe a que, difícilmente, cuentan con la liquidez monetaria que se requiere para ganar las licitaciones relacionadas con las grandes obras de infraestructura, situación que se agudiza en tiempos económicos complejos, pues son catalogadas como empresas de alto riesgo para obtener créditos.

Tercera.El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) es el proyecto de infraestructura más importante no sólo de la actual administración, sino de las últimas décadas y el 5º más importante, a nivel mundial.

Para su construcción, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció una estrategia de licitaciones por empaquetamiento, la cual consta de 21 paquetes que abarcan, fundamentalmente: (i) obras preliminares, (ii) obras de infraestructura principal y (iii) obras de puesta en operación; y que permitiría “recibir propuestas de contratistas con experiencia probada, que combinen la más avanzada tecnología, así como la mayor calidad y velocidad de ejecución posible”.

A dos años del inicio de la implementación de dicha estrategia, ésta ha resultado un gran acierto, toda vez que se estima que al día de hoy han participado cerca de 600 Pymes y/o personas físicas con actividad empresarial en los procesos de licitación del NAICM y, de ellas alrededor de 150 han ganado o han formado parte del consorcio que ha resultado ganador del proceso.

De acuerdo con cifras de la entidad encargada de la construcción del NAICM, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, del total de las licitaciones y adjudicaciones ya falladas y asignadas se estima que han resultado beneficiadas alrededor de 2,000 Pymes y/o personas físicas con actividad empresarial, a través de subcontratos y/o proveedurías.

Cuarta.Frente al contexto internacional descrito, en el que las Pymes resultan afectadas negativamente, toda vez que las grandes obras de infraestructura requieren que cuenten con la liquidez monetaria que les brinde la capacidad de financiar los grandes proyectos para ganar las licitaciones que, de manera aislada les es prácticamente imposible, en tanto son catalogadas como empresas de alto riesgo para obtener créditos, resulta imperativo contar con una estrategia de corto y mediano plazo que asegure su participación en el referido sector de la construcción.

En virtud de la referida relevancia económica del proyecto de construcción del NAICM, un eje fundamental de dicha estrategia será, indudablemente, su participación en él, en condiciones de certeza y beneficios claros.

El proyecto del NAICM presenta importantes áreas de oportunidad para las Pymes, no sólo a través de su participación con empresas de mayor tamaño en las licitaciones; sino, también, mediante su contribución en la ejecución de las obras. Esto es, los grandes consorcios, una vez ganada la licitación requieren de insumos y de mano de obra que están siendo destinadas a empresas extranjeras y que bien pueden ser proporcionadas por las Pymes nacionales.

Quinta.Las evidentes reconfiguraciones sociopolíticas y económicas que plantea el nuevo gobierno norteamericano y su efecto sobre el desempeño económico de nuestro país, exigen acciones rotundas, por parte tanto del ámbito gubernamental como empresarial, que permitan fortalecer la economía nacional y los sectores que la conforman. Una clara ruta es el robustecimiento de la red nacional de Pymes, una de las más sólidas en el mundo.

Por ello, asegurar su participación en proyectos de infraestructura de corto, mediano y largo plazo de gran impacto –como lo es la construcción del NAICM– resulta una estrategia eficaz en esa ruta. Las Pymes requieren, hoy más que nunca, constituirse en una ventaja real para reforzar el mercado interno y en un motor de atracción de nuevas inversiones provenientes de otras latitudes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal, a través del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a establecer en sus Bases de Licitación la subcontratación, cuando ésta se requiera, de al menos un 50 por ciento de micro, pequeñas y medianas empresas para la ejecución de las obras y provisión de servicios, por parte de las empresas o consorcios ganadores, a fin de fortalecer su desarrollo, modernización e impacto en el desempeño de la economía nacional.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal, a través del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a establecer en sus Bases de Licitación, una mayor ponderación en la evaluación técnica de las propuestas que se comprometan a subcontratar Pymes para la ejecución de los trabajos, a fin de promover su participación en el proyecto; así como a fortalecer los mecanismos de supervisión para asegurar el cumplimiento de las propuestas de las empresas o consorcios ganadores en materia de contratación de Pymes.

Tercero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal, a través del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a establecer en sus programas de contratación a las Pymes, para lo cual el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, constituirá un Comité con las Cámaras y Asociaciones vinculadas con la cadena de la industria de la construcción, con el objeto de definir las obras y servicios relacionadas con el proyecto susceptibles de ser incluidas en tales programas de contratación.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las empresas y consorcios que han resultado ganadores de las licitaciones del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a contratar a micro, pequeñas y medianas empresas nacionales para la ejecución de las obras y la provisión de servicios, a efecto de fomentar su participación en el ámbito de la construcción y, con ello, fortalecer la participación y la consolidación del sector empresarial nacional y, mediante ello, un crecimiento económico sustentado en la preeminencia del sector interno.

Notas:

1 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inquieta-dolar-y-comercio-en-primeros-1 00-dias-de-trump.html

2 Hasta ahora, el gasto público se ha contraído 3.2% a tasa trimestral anualizada en el primer trimestre del año. http://www.forbes.com.mx/ economia-mexicana-se-desacelerara-2017-bofa/#gs.yNQjKbY

3 http://www.forbes.com.mx/economia-mexicana-se-desacelerara-2017-bofa/#gs.yNQjKb Y

4 http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-fundamental- para-el-crecimiento-en-mexico.html

5 Ídem.

6 http://www.forbes.com.mx/el-desafio-pyme-en-la-construccion/#gs. IpD76q0

7 Ibídem.

8 Información proporcionada por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

9 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.— Diputados: Rafael Hernández Soriano, Salvador Zamora Zamora, Jesús Emiliano Álvarez López, Hugo Eric Flores Cervantes, María Guadalupe Alcántara Rojas, María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Competitividad, para dictamen.

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, A MUNICIPIOS A PARTIR DE CINCO MIL HABITANTES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a considerar beneficiarios del Programa de Rehabilitación y Rescate de Espacios Públicos a municipios con 5 mil habitantes o más, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Enrique Zamora Morlet y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La pérdida de espacios públicos es la consecuencia directa de un crecimiento demográfico acelerado, como el que experimentamos a todo lo largo y ancho del territorio nacional.

Los espacios públicos son ideales para la recreación de la sociedad y fungen como escenarios para expresarse de forma artística, cultural o deportiva.

El interés por los espacios públicos de esta índole ha disminuido y se ha centralizado debido a que no todos tienen un fácil acceso a los mismos. Los motivos pueden ser variados: la delincuencia, el descuido o abandono, o bien, el desinterés por parte de los ciudadanos y de las autoridades, así como dificultades de movilidad o restricciones económicas.

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), puso en marcha el Programa de Infraestructura, que dentro de sus vertientes ejerce el Programa de Rehabilitación y Rescate de Espacios Públicos.

El programa tiene como finalidad la mejora de la disponibilidad y calidad de la infraestructura básica y complementaria, así como del equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas, suburbanas y en proceso de urbanización, que permita aumentar el grado de cohesión social, así como reducir la incidencia de marginación y atender las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza.

Asimismo, busca construir, ampliar, habilitar o rehabilitar espacios públicos de uso comunitario para el desarrollo de actividades recreativas, culturales, turísticas, y deportivas que favorezcan procesos de activación, convivencia comunitaria, así como de movilidad sustentable con sentido de accesibilidad universal.

En cuanto a los beneficios que se obtienen, derivado de contar con espacios públicos en la comunidad, encontramos como temas primordiales, el esparcimiento y la recreación.

Con base en diversos estudios psicológicos, el esparcimiento y la recreación son vitales en la vida de cualquier ser humano. Uno de sus beneficios es en la salud, ya que se activa el sistema nervioso, respiratorio, sanguíneo, linfático, digestivo, etcétera. Además, permiten el acceso a la diversión y el entretenimiento, lo cual repercute directamente en el desarrollo intelectual de las personas.

La recreación se asocia también con el factor intelectual y educativo. Investigaciones han demostrado que los niños aprenden mucho más cuando cuentan con un entorno divertido y satisfactorio que les permita desarrollar su creatividad o sus intereses artísticos, y al mismo tiempo, a través del mismo, obtienen valores tanto personales, como sociales.

Sin embargo, las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura para el año fiscal de 2017, establecen como requisito para acceder a éste que los municipios beneficiarios cuenten con una población de al menos 15 mil habitantes.

No obstante, existen municipios a lo largo de la República que cuentan con una población menor a la referida pero que igualmente necesitan acceder a los beneficios del programa. Un ejemplo lo suponen Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo y Unión Juárez en el estado de Chiapas, o Temozón y Yaxcabá en Yucatán.

Seguramente, un estudio a fondo de los municipios con espacios candidatos a ser rehabilitados por la Sedatu, arrojaría que existe un número significativo de municipios pequeños que requieren la atención inmediata del programa para el rescate de sus espacios comunes de recreación.

Al limitar el apoyo gubernamental para la rehabilitación de estos espacios se deja de lado un sector de la población que se encuentra dentro de los índices de rezago social más altos del estado al que pertenecen. De igual forma, obliga a la población que habita a largas distancias del centro de recreación más cercano a abandonar las actividades de esparcimiento que, como ya se mencionó anteriormente, son tan importantes para el desarrollo personal.

Finalmente, es claro que una modificación al requisito de población mínima para ser candidato a la atención del programa, beneficiaría a más municipios a lo largo y ancho del territorio nacional y otorgaría una mejor calidad de vida a los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que contemple como beneficiarios, dentro de las reglas de operación que norman el Programa de Rehabilitación y Rescate de Espacios Públicos, a los municipios a partir de 5 mil habitantes, con la finalidad de que el mismo tenga un mayor alcance e impacto en el desarrollo social de la población.

Notas:

1 http://www.gob.mx/sedatu/documentos/programa-de-infraestructura-25495

2 http://www.ucaldas.edu.co/portal/importancia-de-la-recreacion-en-nuestra-vidas/

3 http://www.udgvirtual.udg.mx/paakat/index.php/paakat/article/view/222/329

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.— Diputados: Enrique Zamora Morlet, Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

CUMPLIMENTAR LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN EN CONTRA DE LOS CIUDADANOS ROBERTO GONZÁLEZ FLORES Y JOSÉ LUIS GONZÁLEZ RIVERA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Puebla a cumplimentar las órdenes de aprehensión contra los ciudadanos Roberto González Flores y José Luis González Rivera, por el delito de violación cometido en agravio de Paula Angelina Sánchez Silva desde 2009, acreditado en la averiguación previa número AP-916/2012/AESEX, en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Rodrigo Abdalá Dartigües, Blandina Ramos Ramírez, Miguel Alva y Alva, Araceli Damián González, Irma Rebeca López López, Sandra Luz Falcón Venegas, Concepción Villa González, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Alfredo Basurto Román, Jesús Emiliano Álvarez López, Juan Romero Tenorio, María Antonia Cárdenas Mariscal y Blanca Margarita Cuata Domínguez, en nuestra calidad de diputadas y diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera.El 17 de junio de 2011, hace casi seis años, Paula Angelina Sánchez Silva, quien en ese entonces tenía 15 años de edad fue víctima de violación tumultuaria por una banda que asaltó su casa ubicada en La Calera, Puebla, y hasta la fecha, la Fiscalía General del estado no ha detenido a uno solo de sus atacantes a pesar de tener plenamente identificados a Roberto González Flores, presunto líder de la agrupación delictiva y José Luis González Rivera integrante de la misma.

Paula fue abusada sexualmente por siete hombres en el baño de su casa. La joven se encontraba junto con la empleada de limpieza y su hija, mientras sus padres, María Cristina Silva y Francisco Sánchez trabajaban en un sanatorio, propiedad de la familia.

Los sujetos golpearon a Paula y encerraron a la empleada doméstica y a su hija. El ataque fue directo contra la adolescente a quien le preguntaron por el parentesco familiar con su abuelo Ángel Sánchez Ortiz y su padre Francisco Sánchez.

Paula logró zafarse las ataduras que le habían amarrado en sus pies y sus manos. Estaba desnuda y sangrando. Los asaltantes se marcharon creyéndola muerta. Consiguió cruzar hasta la casa de sus vecinos para pedir auxilio y llamar a sus padres. María Cristina y Francisco la encontraron ensangrentada, golpeada, su ropa deshecha.

Por estos hechos se abrió una averiguación previa con número AP-916/2012/AESEXen la Agencia Especializada en Delitos Sexuales. La investigación ante la Agencia Especializada en Delitos Sexuales todavía fue peor. Las agentes Rosa Aurora Espejel y la sicóloga Jésica Rabanal maltrataron aún más a Paula y a su madre, ya que simplemente no creían en la versión de la joven.

“Mejor ni hubiéramos ido. Las agentes le dijeron de todo, le preguntaron si era virgen, si tenía novio. Una de ellas le dijo: ‘¿Estás diciendo la verdad? Porque hay muchachitas muy mañosas que inventan que les pasó todo esto’. A Paulita le hicieron más daño en la Fiscalía”, explicó María Cristina, madre de Paula en entrevista.

Su madre asegura que en el Ministerio Público les dijeron que debían estar agradecidos porque a Paula la habían violado con las manos y no con los genitales de los agresores. Las burócratas que les atendieron preguntaban si la niña era virgen, si tenía novio. Madre e hija fueron maltratadas por la psicóloga y la doctora médico forense, quienes reportaron únicamente que Paula acababa de perder su virginidad pues tenía un desgarro reciente en su himen, pero negaron que hubiera sufrido alguna agresión.

Una semana después, durante una diligencia, Paula reconoció a Roberto González, como uno de los agresores, y descubrieron que tenía contacto con la familia de Paula ya que había sido paciente en su nosocomio.

Paula fue llevada a una cámara de Gesell en donde lo señaló: “Llevaba la misma gorra azul que el día del ataque. Mi hija temblaba cuando pudo verlo a lo lejos. Lo reconoció pero aun así lo soltaron en muy poco tiempo. No sabemos por qué jamás hicieron nada en su contra. No sabemos por qué las autoridades los han protegido, pero hasta la fecha van por la calle como si nada. Ya no sabemos qué hacer”, señaló la madre de la víctima.

No obstante lo anterior, Roberto González estuvo preso solo 24 horas.

“A la familia le dijeron que en el expediente se habían perdido los datos de la diligencia de reconocimiento y los retratos hablados. El argumento de las autoridades fue que lo liberaban porque no coincidía el perfil psicológico del agresor con las acusaciones que formuló la chica”.

La familia se amparó en contra de la liberación del agresor y cuando ganaron, años después, la orden de aprehensión que dictó el Juez 9º de lo Penal estuvo a cargo del jefe de la Policía Ministerial poblana, Juan Luis Galán, mismo que anteriormente les había anunciado la liberación del agresor cuando Paula Angelina Sánchez Silva ya lo había reconocido, cuestión que ha traído como consecuencia que los agresores continúen en libertad y no se haya alcanzado justicia para Paula.

Segundo. Según datos oficiales en Puebla, de enero de 2010 a junio de 2015 se registraron 12 mil 910 violaciones sexuales de las cuales 8 por ciento ocurrió a mujeres de entre 16 y 30 años de edad, no obstante, en 9 de cada 10 casos la investigación no prosperó, según el Primer Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Los delitos que se denuncian con más frecuencia ante la Fiscalía General de Justicia de la entidad son atentado al pudor, con 4 mil 46 casos; violación, con 3 mil 368; estupro, con mil 295; trata de personas, con mil 142, y acoso sexual, con 614.

En cuanto a los casos que llegan al tribunal, sólo 13 por ciento de las denuncias por violencia sexual en el estado prospera, esto significa que nueve de cada diez no está ni cerca de acceder a la justicia y aun cuando las investigaciones lleguen a los tribunales, eso no significa que exista una sanción, pues falta que se dicte sentencia y ésta puede ser condenatoria o absolutoria. Hay tres delitos sexuales en los que ningún caso llegó al Tribunal: según datos del CEAV de los 505 casos de violación equiparada –que se refiere a violación de personas que por enfermedades o alguna otra causa no puedan defenderse, así como a menores de 12 años y cuando se introduce algún objeto vía anal o vaginal con violencia- ninguno se judicializó, lo mismo ocurrió con las 70 investigaciones por violación tumultuaria y las 20 por provocación de un delito o apología de este o de algún vicio.

El mismo estudio refiere que de cada 100 agresiones sexuales perpetradas en México, sólo seis son denunciadas y tres de ellas llegan a ser consignadas.

De acuerdo con él, las fallas en el sistema van desde una pobre detección de los casos hasta deficiencias en los registros y la definición de la gravedad de los diversos delitos sexuales. Tampoco existe un proceso respecto a la información y datos que deben presentar las víctimas, ni un registro de los servicios que se ofrecerán al presentar una denuncia, por lo que se dificulta el análisis y diagnóstico de cada caso. Además el estudio relata la mala atención y la falta de seguimiento que padecen las afectadas, lo que lleva a que muchas de ellas desistan antes de terminar la denuncia.

“La información sobre las averiguaciones previas por delitos de violencia sexual fue brindada solamente por 15 organismos de procuración de justicia estatales y por la Procuraduría General de la República, específicamente de la FEVIMTRA. En el quinquenio en estudio (2010-2015) se integraron en total 83,463 averiguaciones previas por delitos de violencia sexual en estos 16 organismos de procuración de justicia. La baja cantidad de averiguaciones previas en delitos sexuales es un hallazgo de suma relevancia: se están integrando menos de 20,000 averiguaciones previas por delitos sexuales por año, en promedio. Ello claramente indica que la impunidad en estos delitos es de grandes dimensiones. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 realiza una estimación de la cifra negrade los delitos ocurridos en México. Según esta estimación, 93.8 por ciento de los delitos ocurridos en el país no se denuncian, pero la estimación varía según el tipo de delito: desde 28.3 por ciento para robo total de vehículo hasta 98.5 por ciento para extorsión. Para “otros delitos” la estimación de la cifra negra es de 94.1 por ciento y ahí se incluye a los delitos sexuales. De acuerdo a lo anterior,la cifra negra de delitos sexuales en el quinquenio en estudio se puede estimar en 1,414,627 en la mitad de entidades federativas.Si esta cifra se multiplica por dos, se puede señalar que el total de delitos sexuales cometidos en el país durante el período 2010-2015 fue 2,996,180 (dos millones novecientos noventa y seis mil ciento ochenta), esto es, casi 600,000 (seiscientos mil) delitos sexuales anualmente”.

El hecho de que pocos casos de violencia sexual lleguen a los tribunales se debe a varios factores: que no hay mecanismos de protección para que las víctimas sigan su denuncia, las pruebas forenses son limitadas y falta personal, no se siguen los protocolos de investigación y se busca la conciliación con los victimarios, existe revictimización y la dilación en los procesos, lo que cansa a las víctimas, e incluso está el encubrimiento o la abierta colusión con los perpetradores de delito.

Tercero. Es el caso que la Fiscalía General del estado de Puebla no ha cumplimentado las órdenes de aprehensión giradas por el Juez 9º de lo Penal del Fuero Común en el estado Puebla, expedidas el día 7 de agosto de 2013, a pesar de tener un mandato Constitucional y Legal para realizar la función de procuración de justicia.

La Ley General de Víctimas indica, entre otras cosas, que:

“Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.

Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación”.

“Artículo 11. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo 10 de la presente Ley, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en las leyes locales y federales aplicables y en los Tratados Internacionales.

Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:

I. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos;

II.A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refiere el artículo 64 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo;

III. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas;

IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal ;

V. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño;

VI.A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales;

VII. A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia;

VIII.A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos;

IX.A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que intervengan;

X.A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño;

XI.A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas;

XII.A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, y

XIII.En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas.

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda.

Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Por su parte, la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Puebla señala en su artículo 95 que:

“Artículo 95. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

Incumbe al Ministerio Público la persecución de los delitos del orden común cometidos en el territorio del Estado, la representación de los intereses de la sociedad, la promoción de una pronta, completa y debida impartición de justicia que abarque la reparación del daño causado, la protección de los derechos de las víctimas y el respeto a los derechos humanos de todas las personas; velar por la exacta observancia de las leyes de interés público; intervenir en los juicios que afecten a personas a quienes la Ley otorgue especial protección y ejercer las demás atribuciones previstas en otros ordenamientos aplicables. Los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial en los casos previstos en la Ley.

Las policías actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos. El Ministerio Público podrá aplicar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que establezca la ley”.

Y el artículo 101 del mismo ordenamiento señala:

“Artículo 101. El Fiscal General del Estado y los demás funcionarios de la Fiscalía General serán responsables de toda falta, omisión o violación a la Ley en que incurran con motivo de sus funciones.

La Ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”.

Además de que el Código Penal del Estado de Puebla contempla en su capítulo Undécimo los Delitos Sexuales y en su sección tercera, artículos 267 al 272, establece el delito de violación y las diversas modalidades para su comisión y penas que le son impuestas a quien lo cometa.

Para el caso concreto, permitir que continúen sin castigo los autores del brutal ataque contra Paula Sánchez envía un mensaje muy claro de impunidad en los casos de violencia sexual, aun cuando en la Fiscalía ya hay protocolos de actuación con perspectiva de género, éstos no se aplican del todo, lo que daña seriamente la confianza en las instituciones y deja a los gobernados en un franco estado de indefensión.

Por las razones arriba expuestas, ponemos a consideración de esta Soberanía, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de manera respetuosa exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla a cumplimentar las órdenes de aprensión en contra de los ciudadanos Roberto González Flores y José Luis González Rivera, giradas por el juez noveno de lo Penal del Fuero Común en el Estado de Puebla por el delito de violación tumultuaria cometido en agravio de Paula Angelina Sánchez Silva, acreditadas en la averiguación previa AP-916/2012/AESEX.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de manera respetuosa exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla a continuar con las investigaciones hasta dar con todos los responsables y consignar a todos los perpetradores de la de violación tumultuaria cometida en agravio de Paula Angelina Sánchez Silva en el año de 2011.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de manera respetuosa exhorta al Gobierno del Estado de Puebla a garantizar la integridad física de Paula Angelina Sánchez Silva víctima de violación tumultuaria en el año 2011, así como de la seguridad física de su familia.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de manera respetuosa exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla a que a través de la Visitaduría General investigue la actuación de las agentes Rosa Aurora Espejel, Juan Luis Galán y la sicóloga Jésica Rabanal, así como de todos servidores públicos involucrados, que participaron o estuvieron a cargo de la investigación relacionada con el delito de violación tumultuaria cometida en agravio de Paula Angelina Sánchez Silva, y que de manera deliberada o por negligencia permitieron la huida de los ciudadanos Roberto González Flores y José Luis González Rivera y en su caso se inicien el proceso administrativo sancionador y las denuncias penales que corresponda.

Notas:

1 Sin embargo. Paula, una joven violada por 7 hombres en Puebla, lleva casi seis años sin recibir justicia, denuncia su familia. Reportaje Edmundo Velázquez. http://www.sinembargo.mx/27-02-2017/3161396

2 Sin embargo. El caso Impune de Paula Sánchez. Mayo 25, 2016 reportaje de Peniley Ramírez Fernández. https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s &source=web&cd=1&cad=rja&uact=8 &ved=0ahUKEwjxmZn16rDSAhUEz2MKHZDxCZsQFgghMAA &url=http%3A%2F%2Fwww.sinembargo.mx%2Fopinion%2F25-05-2016%2F48935 &usg=AFQjCNEvfN4ONAwUU-Lip78w6SWIch1bEg

3 Sin embargo. Paula, una joven violada por 7 hombres en Puebla, lleva casi seis años sin recibir justicia, denuncia su familia. Reportaje Edmundo Velázquez. http://www.sinembargo.mx/27-02-2017/3161396

4 Sin embargo. El caso Impune de Paula Sánchez. Mayo 25, 2016 reportaje de Peniley Ramírez Fernández. https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s &source=web&cd=1&cad=rja&uact=8 &ved=0ahUKEwjxmZn16rDSAhUEz2MKHZDxCZsQFgghMAA &url=http%3A%2F%2Fwww.sinembargo.mx%2Fopinion%2F25-05-2016%2F48935 &usg=AFQjCNEvfN4ONAwUU-Lip78w6SWIch1bEg

5 Primer Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 10 de marzo de 2016. http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118490/Resumen_Ejecutivo_diagno_s tico_violencia_Sexual_CEAV.pdf

6 Ibídem. Resumen Ejecutivo páginas 10 y 11. http://www.gob. mx/cms/uploads/attachment/file/118490/Resumen_Ejecutivo_diagno_stico_violencia_ Sexual_CEAV.pdf

7 Párrafo reformado DOF 03-05-2013

8 Fracción reformada DOF 03-01-2017

9 Párrafo adicionado DOF 03-01-2017

10 Este artículo fue reformado por decreto publicado en el P.O.E el 16/jun/201 http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option= com_docman&task=doc_download&gid=3572&Itemid=111

11 Los párrafos primero y segundo de este artículo, fueron reformados por Decreto publicado en el P.O.E el 04/ene/2016. http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman &task=doc_download&gid=3572&Itemid=111

12 Este artículo fue reformado por decreto publicado en el P.O.E el 04/ene/2016. http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option= com_docman&task=doc_download&gid=3572&Itemid=111

Palacio Legislativo de San Lázaro a 2 de marzo de 2017.— Diputados: Rodrigo Abdla Dartigues, Blandina Ramos Ramírez, Miguel Alva y Alva, Araceli Damián González, Irma Rebeca López López, Sandra Luz Falcón Venegas, Concepción Villa González, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Alfredo Basurto Román, Jesús Emiliano Álvarez López, Juan Romero Tenorio, María Antonia Cárdenas Mariscal, Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbricas)»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

FORTALECER LOS PROGRAMAS PARA COMBATIR LOS EFECTOS DEL SEDENTARISMO EN INSTITUCIONES PÚBLICAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, la Conade, el IMSS y el ISSSTE a fortalecer los programas para combatir los efectos del sedentarismo en instituciones públicas, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada federal Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El crecimiento poblacional en los últimos años, lleva aparejado el que mayores cantidades de personas lleven una vida sedentaria, lo cual se refleja en sus actividades laborales, así como las de esparcimiento, esto propiciado por el auge de los llamados videojuegos, Internet y el empleo de las redes sociales entre otros, que además de abstraer al individuo de su entorno evita la actividad física propiciando una cultura del sedentarismo en los diferentes estratos y niveles de nuestra sociedad.

Consecuentemente a la nula realización de actividades físicas o la práctica de algún deporte, se suma al alto consumo de alimentos con un alto índice de carbohidratos lo que ocasiona alteraciones en el organismo que propicia sobrepeso y obesidad, enfermedades vasculares y coronarias, hipertensión arterial, dolores articulares y musculares e incluso depresión, es decir se lleva un tipo de vida poco saludable.

La Organización Mundial de la Salud, considera “Al menos un 60 por ciento de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud.”

Indudablemente la activación física y la práctica de algún deporte son la respuesta a esta problemática que deriva en una sociedad en donde los problemas de salud vinculados al sedentarismo van en aumento; en este sentido es importante reconocer que en el ámbito gubernamental se cuentan con actividades de índole deportivo a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, de la Comisión Nacional del Deporte y de la Propia Secretaria de Salud, en todos estos casos, cada dependencia u organismo gubernamental opera sus programas de manera individualizada, sin que a la fecha se puedan apreciar de manera palpable logros satisfactorios en el combate a las enfermedades ocasionadas por el sedentarismo, basta ver el índice en el aumento del índice de obesidad en la población infantil para que se perciba la necesidad de contar con la debida coordinación para que estas entidades se vinculen y se puedan potenciar los escasos logros hasta ahora obtenidos mediante la implementación de una estrategia integral.

El presente exhorto se circunscribe al ámbito de las dependencias y organismos públicos, tales como escuelas, hospitales, clínicas y oficinas en general, dada la mayor facilidad que puede darse para la implementación de los programas gubernamentales existentes, así como de la propia necesidad de generar espacios que contribuyan a fomentar la salud física e incluso mental de los empleados de este sector; existiendo además consideraciones en razón de que al crearse hábitos saludables pueden contribuir a un mayor rendimiento laboral.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Comisión nacional del Deporte, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado a coordinar esfuerzos encaminados a fortalecer los programas a su cargo para combatir los efectos del sedentarismo en instituciones públicas.

Notas

1 Consecuencias del Sedentarismo, en http://www.natursan.net/consecuencias-efectos-del-sedentarismo/ consultado el 23/02/17.

2 Inactividad física un problema para la salud. En http://www. who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/es/ consultado el 23/02/17.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo del 2017.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

REVISAR Y RESPETAR LAS ASIGNACIONES EN EL PEF PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, AL PROGRAMA 3X1 OPERADO POR LA SEDESOL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a revisar y respetar las asignaciones en el PEF de 2017 al Programa 3x1, operado por la Sedesol, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Cámara Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Relevancia adquiere el fortalecimiento de las instituciones de la República, así como de los programas que atienden el desarrollo integral de las comunidades de donde salieron millones de paisanos que viven y trabajan más allá de nuestras fronteras.

El reciente cambio en la administración del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos de América nos obliga a tomar medidas que respalden a nuestros connacionales en ese país vecino, que les defienda ante las anunciadas deportaciones masivas.

Los tratos inapropiados, para la relación bilateral de países vecinos con mucho en común, es urgente que no se reflejen en un deterioro del tejido social y familiar tanto en los Estados Unidos de América como en nuestro país.

Para ello, el Programa 3x1 para Migrantes tiene por objeto contribuir al fortalecimiento de la participación social para impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión en proyectos de infraestructura social, servicios comunitarios, educativos y/o proyectos productivos financiados por los tres órdenes de gobierno y organizaciones de mexicanos en el extranjero.

El programa nace del interés de los mexicanos radicados en el exterior por realizar acciones y obras sus lugares de origen, financiando con los tres órdenes de gobierno para impulsar el desarrollo comunitario a través de la inclusión productiva y la inversión en proyectos de infraestructura social, de servicios comunitarios, educativos y proyectos productivos.

Por lo que se refiere al presupuesto del programa, de 2003 a 2010, éste creció cinco veces

3x1 opera en las entidades seleccionadas por los clubes u organizaciones de migrantes. Y prevé apoyos a proyectos de infraestructura social, de servicios comunitarios, educativos y proyectos productivos

Los cofinanciamientos tienen diversos montos de apoyo y mezcla de recursos.

• Para infraestructura social y los de servicios comunitarios, el monto máximo federal es de un millón de pesos por proyecto. 25 por ciento gobierno federal, otro 25 por ciento a las organizaciones de migrantes y 50 por ciento a gobiernos de las entidades federativas y municipios.

• Para los proyectos educativos. Se cuenta con dos variables: para equipamiento escolar, el monto es de 250 mil pesos por proyecto y se admite la participación estatal y municipal. Para mejoramiento de infraestructura escolar 400 mil pesos por proyecto, y se admite la participación estatal y municipal.

• En el caso de los proyectos productivos.

a) Comunitarios, hasta por 500 mil pesos por proyecto. De acuerdo con la siguiente mezcla: 25 por ciento gobierno federal; otro 25 por ciento a las organizaciones de migrantes y el resto 50 por ciento a gobiernos de las entidades federativas y municipios.

b) Familiares, el monto máximo de apoyo federal será de 300 mil pesos por proyecto. De acuerdo con la siguiente mezcla: 50 por ciento corresponderá al gobierno federal y 50 por ciento a las organizaciones, también serán posibles las aportaciones adicionales de los otros dos órdenes de gobierno.

c) Individuales, el monto máximo de apoyo federal será de 250 mil pesos por proyecto, en función con la siguiente mezcla: 50 por ciento gobierno federal y 50 por ciento al integrante del club u organización de migrantes.

d) Servicios de capacitación empresarial para proyectos productivos, el monto máximo de apoyo federal un millón de pesos, estos servicios serán autorizados y financiados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

México es uno de los países con mayor flujo de emigrantes en el mundo, identificándose a los Estados Unidos de América como el principal país de destino. En el concierto mundial, de acuerdo con el Anuario de migración y remesas, México 2016, ocupa el cuarto lugar de países receptores de remesas, con 25 mil 689 millones de dólares en 2015.

Por lo que se refiere a Latinoamérica, México capta 37.6 por ciento de las remesas, Guatemala, 9.4 por ciento; República Dominicana, 7.3; El Salvador 6.4 y Colombia 6.6 son los primeros países receptores.

Anuario de migración y remesas, México 2015,observa que en 2007, registraron su máximo histórico con 26 mil 59 millones de dólares, a partir de 2008 se da una disminución de ingresos por remesas. La caída más importante se registró en 2009, con 15.3 por ciento. Para 2014 se estima una recuperación de las mismas con 23 mil 647 millones de dólares (mdd). En 2015 ascendió a 24 mil 771 mdd.

El periodo de crecimiento de las remesas se dio de 2002, de 9 mil 814 millones de dólares a 2003 a 15 mil 139 millones. En veinte años, de 1980 al 2000, aumentaron diez veces el monto de las remesas, de 699 millones a 6 mil 573 respectivamente. Y de 2000 a 2010 el crecimiento fue de tres veces, pasando de 6 mil 573 millones a 21 mil 304.

En 2015 las remesas que ingresaron a México son equivalentes a 2.3 por ciento del producto interno bruto (PIB), mostrando una dependencia no observada desde 2008. Asimismo, Michoacán (9.9 por ciento), Guerrero (7.8 por ciento) y Oaxaca (7.4 por ciento) son las entidades con mayor dependencia de las remesas al mostrar los mayores porcentajes con respecto al PIB estatal.

Por lo que se refiere a las entidades federativas, en 2014, Michoacán, Guanajuato y Jalisco son de los estados con mayor dependencia de las remesas a nivel nacional, siendo de 10.1 por ciento, 9.1 por ciento y 8.9 por ciento de su PIB estatal en 2013.

Datos de la Evaluación Complementaria de Resultados del Programa 3x1 para Migrantes 2013-2014 elaborado por la Consultora Ahumada Lobo y Asociados, Estudios Económicos y Política Pública, llega a la conclusión que los resultados del programa 3x1 son visibles y comprobables y sus beneficiarios están razonablemente satisfechos.

De la inspección de las obras se comprobó la existencia de la totalidad de los proyectos de infraestructura. En general, éstos satisfacen a sus beneficiarios en términos de la atención de sus necesidades y de la valoración de su calidad. Una gran mayoría de ellos sobrevive después de ser financiados por el programa. Por último, la mayoría de las autoridades municipales reconocen y aprecian el efecto benéfico y único que tiene la multiplicación de recursos por la aportación cuatripartita que caracteriza al 3x1.

Por otra parte, el Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, en el apartado de evaluación externa, concluyó “El programa 3x1 ha logrado consolidarse en el tiempo. Cumple con los objetivos de mantener una conexión entre la comunidad de migrantes mexicanos en el extranjero –organizados en clubes de migrantes– y las comunidades de origen e incentivar el uso de las remesas sociales orientadas a promover el desarrollo comunitario”. “...También cubre el objetivo de efectivamente apoyar el desarrollo de proyectos de infraestructura social, educativos, comunitarios y productivos en ciertas comunidades. Sigue manteniéndose principalmente como un programa enfocado a infraestructura social.”

Desde el inicio del sexenio a la fecha, señala el informe de la Sedesol 2016, se han realizado 6 mil 289 proyectos para beneficio de 3 mil 62 localidades seleccionadas por los clubes de migrantes. Por vertiente de acción, 4 mil 569 se destinaron a infraestructura social, 780 a aspectos productivos, 828 fueron para servicios comunitarios y 112 se vinculan a temas educativos, en este tiempo se ha contado con la participación de más de mil clubes de migrantes.

De acuerdo con el cuarto Informe de Gobierno de la Secretaría de Desarrollo Social el programa 3x1, entre septiembre de 2015 y junio de 2016, ha realizado 190 proyectos, entre los cuales se incluyen acciones de pavimentación y urbanización; sistemas para la provisión de agua potable, alcantarillado y/o electrificación, la construcción de espacios para la salud, educación y el deporte. A esa fecha se habían realizado 58 proyectos educativos, 115 proyectos de orientación productiva.

Entre septiembre de 2015 y junio de 2016, el programa ha contado con la participación de 445 clubes de migrantes.

Mantener la alta importancia de las remesas para el desarrollo económico y social de los lugares de origen de los migrantes, es una estrategia para enfrentar la política migratoria del presidente Trump a la que no se le puede disminuir el presupuesto que se le asignó para el presente ejercicio fiscal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a revisar y respetar las asignaciones aprobadas por esta soberanía en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 al Programa 3x1 operado por la Secretaría de Desarrollo Social.

Notas:

1 http://www.proyagro.mx/2016/12/reglas-de-operacion-3x1-para-migrantes.html

2 http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDES OL/S061_3X1MIGRANTES/S061_3X1MIGRANTES_IE.pdf

3 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/136723/Cuarto_Informe_de_Labores_ de_la_Secretar_a_de_Desarrollo_Social_web_2015_-_2016.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.— Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

FELICITACIÓN AL GOBIERNO Y AL PARLAMENTO DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA, POR EL 41 ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE SU INDEPENDENCIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía felicita al gobierno y el Parlamento de la República Árabe Saharaui Democrática por el 41 aniversario de la proclamación de su independencia, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, Movimiento Ciudadano, PRI, Morena y PRD

Los suscritos, Karla Karina Osuna Carranco, Verónica Delgadillo García, Fabiola Guerrero Aguilar, Virgilio Dante Caballero Pedraza y José de JesúsZambrano Grijalva, integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, Movimiento Ciudadano, PRI, Morena y PRD, respectivamente, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vigente de conformidad con el artículo noveno transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I, III, V y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, atento a las siguientes

Consideraciones

La República Árabe Saharaui Democrática es un territorio que está situado en el noroeste de África, tiene una superficie que abarca 280 mil kilómetros cuadrados; compartiendo fronteras con Marruecos, Argelia y Mauritania. Fue colonia española, siendo el único país árabe de habla hispana. Sin embargo más de la mitad del territorio de la República Árabe Saharaui Democrática está ocupado actualmente por Marruecos.

Los saharauis tienen su origen en las primeras tribus que se establecieron en el desierto del Sahara –los zenetas–, posteriormente la llegada del Islam entre los siglos VII y IX marcó una restructuración en la esfera social; aun cuando había una dispersión de las tribus en el Sahara, lograron una serie de cábilas.

La posición geográfica de la República Saharaui es privilegiada, y debido a los extensos recursos naturales que posee, principalmente, pesqueros y mineros, su soberanía ha sido atacada constantemente. A principios del siglo XIX, las tribus dominantes establecieron vínculos de comercio con las demás naciones, e incluso con España, con quien las relaciones se limitaron en su mayoría a cuestiones sobre pesca; de hecho, el interés español en el territorio estaba principalmente determinado por su deseo de proteger el archipiélago canario.

El año de 1885 daba pauta a un siglo de dominación en el continente africano, al establecerse en la Conferencia de Berlín, la repartición de África entre las potencias europeas. Por ello, la administración del Sahara Occidental quedaría bajo la tutela de España, lo cual representaría para el pueblo saharaui un cambio en estructura y modo de vida; ya que la mayoría de la población se establece formando pueblos y ciudades, quedando algunas tribus.

Aun cuando España se adjudicó el Sahara Occidental desde la Conferencia de Berlín, formalmente no se convirtió en una colonia hasta 1934, y tuvo como principal objetivo la explotación de los recursos pesqueros, fosfatos y mantener el control sobre las costas saharauis; aunado a esto las tribus saharauis firman un sometimiento amistoso en virtud del cual se comienza a conocer como “Sahara Español”.

Al pasar los años en el Sahara se presentó el rechazo a la administración española, la cual atravesaba por una Guerra Civil en los años treinta; sin embargo, las ambiciones de ese gobierno aumentaron, buscando una expansión en los territorios del Sahara Español.

El fin de la Guerra Civil Española, significó un cambio en la colonia española; la intervención de Francisco Franco se vio reflejada en los territorios y el deseo de adquirir nuevas dimensiones. A mitad del siglo XX se aplica un nuevo decreto por el cual se concreta el paso de las colonias del Sahara Español –Ifni y Fernando Poo (actualmente la Isla de Bioko, perteneciente a Guinea Ecuatorial)– hacia un nuevo régimen de administración como provincias, en grado espacial, del propio Estado español.

El decreto consolidaba la presencia española en África; además en 1960, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1514, en la que se proclama el derecho a la libre determinación e independencia de los países y pueblos coloniales. Tres años después, en 1963, la Asamblea General incluye al Sahara Occidental entre los territorios no autónomos pendientes de descolonizar. Y en 1965, por primera vez, la Asamblea General aprueba una resolución en la que insta a España a iniciar el proceso descolonizador en el Sahara Español, y además la obliga a presentar informes periódicos sobre la cuestión.

El gobierno español no responde a los requerimientos de la Asamblea e funda un ente denominado “la Yemaá”, y lo instaura como representante del pueblo saharaui y argumenta que el Sahara Occidental no es una colonia, sino una provincia, cabe mencionar que la población saharaui se había mantenido al margen de los continuos cambios administrativos.

El Sahara Español ya considerado como una provincia española, continuaba con un sistema de gobierno implantado, a pesar del llamado de Naciones Unidas al proceso de descolonización. A principios del decenio de 1970 se empieza a organizar la Organización Avanzada para la Liberación del Sahara, movimiento que se considera la primera manifestación de liberación por parte del pueblo saharaui.

Los problemas de corte social que se presentaron en el Sahara Español –la guerra Ifni-Sahara en 1957 y la manifestación de Jat arramla en 1970– provocarían el nacimiento del Frente para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, mejor conocido como Frente Polisario, cuyo propósito era la independencia del Sahara Occidental.

Para 1975, la presión internacional se intensificó a favor de la autodeterminación de los pueblos africanos y Naciones Unidas le exigió a España cumplir la resolución de descolonización, asimismo el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya emitió una opinión consultiva sobre las pretensiones expansionistas de Marruecos sobre el Sahara Occidental, aclarando desde aquel año que nunca había habido algún nexo histórico entre los pobladores del territorio saharaui y la población marroquí, por lo que entonces, el Sahara no le había pertenecido a Marruecos.

Sin embargo, la respuesta será la celebración de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, con los cuales se hace entrega oficial de los territorios del antiguo Sahara Español a la hegemonía mauritana y marroquí. Dichos acuerdos establecieron un periodo de transición, que se prolongará mientras las tropas de los dos países penetran en la todavía colonia, hasta la retirada total del personal civil y militar español el 26 de febrero de 1976.

Esos acuerdos nunca fueron presentados a ningún congreso, ni fueron publicados en ningún boletín oficial de Estado.

El Frente Polisario es el representante de la sociedad saharaui, a iniciativa del líder saharaui El Uali Mustafa Sabed (falleció en combate en 1976, cuando el Polisario atacó la capital mauritana, Nuakchott). Además, representa para el pueblo saharaui la cristalización de un “nacionalismo maduro”, y la ONU lo ha aceptado como el único y máximo representante del pueblo saharaui, para ser quien los represente en las negociaciones que hagan falta hasta lograr finalizar su proceso de descolonización, y obtener así su tan anhelada independencia.

El Frente Polisario proclamó a la República Árabe Saharaui Democrática el 27 de febrero de 1976; tras la salida de España y la invasión de Mauritania y Marruecos al territorio del Sahara Occidental, el Frente Polisario se ve obligado a proteger a los miles de personas que huyen de los nuevos ejércitos ocupantes, y empieza a organizar los campos de refugiados en Tinduf, Argelia. Por esto es que, en 2017, se cumplen 41 años de que fue declara esta Independencia de España, la potencia colonial que dominó a dicho territorio.

Posteriormente, Mauritania firmó la paz con el Frente Polisario en agosto de 1979, y Marruecos ocupó automáticamente el territorio dejado por los mauritanos. El Frente Polisario dirigió la guerra contra Marruecos hasta el alto el fuego de 1991 y, a partir de entonces, se han dado las negociaciones para la puesta en práctica de los planes de paz de Naciones Unidas y la descolonización total del territorio.

En el segundo lustro de la década de 1970, diferentes países de América Latina empezaron a reconocer a la naciente República Árabe Saharaui Democrática.

El primer país en reconocer al Estado Saharaui fue Panamá, en febrero de 1978. Después siguieron Jamaica, Barbados y Granada, en el Caribe que, en su totalidad, excepto Bahamas, lo haría a finales de los años ochenta. En 1981 lo hizo Cuba, seguida por Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, El Salvador y Honduras. En todo el desarrollo histórico, siempre han estado pendientes en realizar dicho reconocimiento Brasil, Argentina y Chile. Paraguay y Uruguay son dos casos que abordaré un poco más adelante.

México dio su reconocimiento a la joven nación en 1979.

A principios del decenio de 1990, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el informe del secretario general S/21360, que contenía el texto completo de las propuestas de arreglo y el esquema del plan del secretario general para su aplicación. El 29 de abril de 1991, el Consejo de Seguridad decidió crear, en su resolución 690, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (Minurso).

En 1992, el referéndum previsto no se llevó a cabo, como se había precisado en el Plan de Arreglo, por lo que el proceso de autodeterminación quedó bloqueado, por los problemas en la elaboración del censo de la votación, el cual siempre ha sido impugnado de manera arbitraria por Marruecos.

En 1999, con la muerte del rey Hassan II, se complicaría la resolución del conflicto, aunque también se presentó la oportunidad de un nuevo diálogo entre ambas partes; el inicio del nuevo milenio daba pauta a un nuevo arreglo instado por Naciones Unidas, el Acuerdo Marco cuyas directrices consideraban el Sahara Occidental como una autonomía bajo la soberanía de Marruecos, este acuerdo nunca se llevó a cabo, y solo se logró una prórroga técnica de la Minurso.

La prórroga de la Minurso ha sido una constante dentro del Consejo de Seguridad; su mandato en ese entonces fue

• Supervisar el cese del fuego;

• Verificar la reducción de tropas de Marruecos en la zona en disputa;

• Supervisar la restricción de las tropas de Marruecos y el Frente POLISARIO a los lugares señalado;

• Tomar medidas con las partes para asegurar la liberación de todos los prisioneros políticos o detenidos del Sahara Occidental;

• Supervisar el intercambio de prisioneros de guerra (Comité Internacional de la Cruz Roja);

• Hacer efectivo el programa de repatriación (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados);

• Identificar y registrar a las personas con derecho a voto (realización del censo); y

• Organizar y asegurar la realización de un referéndum libre y justo, y dar a conocer los resultados.

En 2010 se suscitó una serie de cambios en el norte de África. Sin embargo, el foco de atención en el conflicto saharaui-marroquí continuó con una línea muy similar a la planteada hace más de 20 años, para Naciones Unidas ha sido fácil prolongar la Minurso y no dar una resolución que lleve a un referéndum que otorgue a la República Árabe Saharaui Democrática autonomía y soberanía plenas.

Los territorios del Sahara Occidental ocupado por Marruecos presentan problemas de índole humanitaria, entre los que destacan éstos:

1. Genocidio, asesinatos colectivos, fosas comunes, lanzamientos al vacío;

2. Desapariciones forzadas;

3. Detención arbitraria: presos políticos;

4. Torturas: sexuales, inmersiones, asfixias, ingestiones, cortes, pinchazos, estiramientos;

5. Violación de derechos políticos y civiles;

6. Violación de derechos culturales;

7. Violación de los derechos laborales;

8. Aumento de desplazados;

9. Control militar y de telecomunicaciones; y

10. Saqueo de la riqueza natural, pesquera, minera, etcétera.

Durante los dos años en que México formó parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la delegación mexicana ante dicha organización ejerció un papel activo en la defensa de los derechos humanos del pueblo saharaui. Así, el país se unió a la condena que expresó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respecto al desmantelamiento violento del campamento de protesta ocurrido en noviembre de 2010, por las fuerzas militares de Marruecos en el territorio del Sahara Occidental.

En 2011, la resolución 1979 del Consejo de Seguridad de la ONU prolongó un año más el mandato de la Minurso pero acotó que el organismo no se encargará de supervisar el respeto de los derechos humanos en la zona.

A 41 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática no se ha logrado un acuerdo conjunto que logre su independencia, la repatriación de los saharauis refugiados en Tinduf, el reconocimiento como Estado independiente, el castigo a la violación de derechos humanos de la población saharaui por parte de Marruecos, y la recuperación de los territorios ocupados por dicho reino.

En la actualidad, la República Árabe Saharaui Democrática ha sido reconocida por un promedio de 80 países, lo cual señala la constante lucha del pueblo saharaui, con el objetivo de obtener reconocimiento por parte de la comunidad internacional e integrarse a ella. Asimismo, es miembro de pleno derecho y país fundador de la Unión Africana.

Conforme a la resolución 1514, de diciembre de 1960, la cual reconoce el derecho de todos los pueblos a la libertad y ejercicio pleno de su soberanía, México ha apoyado la descolonización del Sahara Occidental, en virtud de que a partir de que se reformó la Constitución se incluyó en sus principios de política exterior contenidos en el artículo 89, el principio de autodeterminación de los pueblos es el primero que nos rige y México ha sido siempre congruente en el tema.

El 8 de septiembre de 1979, en el marco de la reunión de jefes de Estado de la sexta Conferencia Cumbre de Países no Alineados, el secretario de Relaciones Exteriores anunció que el gobierno de México había reconocido como nuevo Estado de la comunidad internacional a la República Árabe Saharaui Democrática.

Por ello, el 24 de octubre del mismo año se establecieron relaciones diplomáticas entre México y la RASD. En 1988 el gobierno saharaui estableció una representación diplomática en nuestro país, que se mantiene a nivel de encargado de negocios hasta la fecha. Hasta 1989, el embajador de México en Argelia no estuvo acreditado de manera concurrente ante la RASD.

El Consejo de Seguridad es, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, un órgano cuya responsabilidad primordial es el mantenimiento de la paz y la seguridad, estando los Estados miembros obligados a aceptar y cumplir las decisiones del consejo.

Cuando una controversia conduce a las hostilidades, la preocupación principal del consejo es ponerles fin a éstas lo antes posible; para prevenir la ampliación de las hostilidades, el consejo puede establecer directrices de cesación del fuego. En apoyo del proceso de paz, el consejo puede desplegar observadores militares o una fuerza de mantenimiento de la paz en una zona de conflicto.

A partir de su fundación, el tema de los derechos humanos se convirtió en una de las prioridades de la ONU; de hecho en la carta que le da vida, se reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre, el valor y la dignidad de la persona, la igualdad de hombres y mujeres sin distinción del tamaño de su Nación, así como, el desarrollo y el estímulo del respeto de los derechos y las libertades fundamentales de los individuos, sin distinción de sexo, raza, idioma o religión.

Con el paso de los años y ante el estallido de conflictos internacionales e internos, se ha exhibido la necesidad de crear mecanismos para la protección y promoción de los derechos humanos. Uno de estos medios ha sido la instauración de misiones de paz amparadas en el mandato de los miembros de la ONU.

El continente africano es al que más misiones de paz se han enviado. Actualmente están en curso siete de ellas, por medio de las cuales, luego de un conflicto interno o internacional, se intenta impulsar las elecciones democráticas que den pie a un nuevo capítulo en la vida de los Estados en conflicto, ayudar a la consolidación de los procesos de paz, reactivar las actividades normales de la población civil, vigilar el respeto a los acuerdos de paz, conseguir el desarme, facilitar la asistencia humanitaria y promover los derechos humanos en las zonas en conflicto.

Ejemplos de ello han sido la Misión de Naciones Unidas en Liberia, que creó el Consejo de Seguridad con la resolución 1509 del 19 de septiembre de 2003, y en cuyo mandato se consideraba, entre otros objetivos, facilitar la asistencia humanitaria y promover los derechos humanos; o la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, creada por el Consejo de Seguridad el 30 de noviembre de 1999 con la resolución 1291, con un mandato ampliado desde el 24 de febrero de 2000.

La Minurso que, como se dijo, fue establecida por mandato del Consejo de Seguridad el 29 de abril de 1991, originalmente fue creada para vigilar el respeto al cese al fuego entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario, además de dirigir las gestiones pertinentes a fin de realizar el referéndum, mediante el cual los saharauis tengan la oportunidad de elegir sobre el futuro del estatus del territorio, buscar su independencia o integrarse al territorio marroquí.

El mandato de la Minurso será objeto de análisis y posible renovación durante abril próximo, y es de gran importancia que el mismo se lleve a cabo en virtud de que es la única instancia de Naciones Unidas que puede estar en el territorio ocupado, y que en el fondo tiene una injerencia trascendente en la posible resolución del conflicto.

Desde hace algunos años, ha habido un sin número de demandas internacionales, para este mandato se amplíe a la protección de los derechos humanos de la población saharaui que vive en el territorio ocupado por Marruecos.

La Minurso no incluye, como las otras misiones de Naciones Unidas, un apartado referente a la promoción y protección de los derechos humanos del pueblo saharaui, de tal forma que en abril próximo, dentro de la agenda del Consejo de Seguridad, se debe propugnar una ampliación de facultades para asegurar que el respeto de los derechos humanos en el Sahara Occidental sea una realidad tangible.

Lo anterior es de suma importancia que se logre en virtud de que como se sabe, la violación de los derechos humanos hacia la población civil saharaui es un actuar cotidiano y las violaciones se llevan a cabo de manera permanente.

En ese contexto de diversos acontecimientos, debemos tener en cuenta que el año pasado, Marruecos decidió de manera unilateral, pero además ilegal, volver a acoger a partir de 2016, en la ciudad saharaui de Dajla, el Foro Suizo Crans Montana.

Crans Montana Forum es una organización con base en Mónaco que congrega a líderes mundiales para discutir sobre la actualidad política internacional, donde habitualmente se organiza un foro temático sobre “la cooperación sur y la dimensión africana”.

En las ocasiones en que se ha realizado este foro se ha llevado a cabo en Dajla, ciudad del Sahara Occidental ocupado por Marruecos. En dicho foro se cuenta con el patrocinio del rey de Marruecos, Mohamed VI; sin embargo, por ser un territorio aún en proceso de descolonización, esa decisión es –por decir lo menos– ilegal, ya que está presentando al mundo a Dajla como una ciudad que forma parte del Reino de Marruecos, lo cual no es así. Dajla es una ciudad saharaui, que antes de la invasión marroquí era llamada por España como Villa Cisneros, y ahí levantó España en 1885 su primer fuerte en el entonces Sahara Español, y en esa plaza se arrió en 1976 la última bandera española en la colonia, antes que España abandonara el territorio.

La Unión Africana emitió en 2015 una dura declaración, donde condenaba los planes de la organización Suiza Crans Montana para llevar a cabo dicho foro en Dajla, a sabiendas que se lleva a cabo en el Sahara Occidental, territorio que está ocupado de manera ilegal por Marruecos, ya que esto constituye una grave violación del derecho internacional.

Por lo anterior, la Unión Africana instó desde ese año a la organización internacional Suiza Crans Montana y a todos los demás organizadores a cancelar la reunión planeada en la ciudad ocupada de Dajla (Sahara Occidental), pues es una grave violación de la ley internacional.

Además, en su última cumbre celebrada en Addis Ababa el 30 y 31 de enero de 2017, la Conferencia de la Unión Africana reiteró la declaración adoptada en su vigésima cuarta reunión sobre la convocatoria por parte del Foro Crans Montana de una reunión en la ciudad ocupada de Dajla, en el Sahara Occidental. Teniendo en cuenta la intención de esta entidad de convocar un evento similar en el territorio en 2017, la conferencia pidió al Foro Crans Montana que renunciara a esta actividad, e instó nuevamente a todos los Estados miembros, las organizaciones de la sociedad civil africana y a otros actores pertinentes a boicotear dicho evento.

Por esa razón, en la actualidad, al ser Marruecos ya parte de la Unión Africana desde enero de 2017, consideramos que debe acatar las preocupaciones que han sido planteadas en el seno de dicha organización, motivo por el cual, en este año tampoco debe realizarse dicho foro en la ciudad de Dajla (antes Villa Cisneros).

De acuerdo con la Asamblea General de la ONU, se ha descrito claramente la presencia de Marruecos en el Sahara Occidental como un acto de ocupación por la fuerza (resoluciones 34/37, del 21 de noviembre de 1979; y 35/19, del 11 de noviembre de 1980).

El 21 de diciembre de 2016, el Tribunal General de la Unión Europea dictó una sentencia histórica en la que reconoció “el estatuto separado y distinto reconocido al territorio del Sahara Occidental en virtud del principio de autodeterminación” y que, por consiguiente, el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos no es aplicable al Sahara Occidental.

También dictaminó que la explotación económica del territorio puede llevarse a cabo sólo con el consentimiento del pueblo del Sahara Occidental.

Recuérdese también que, en su primera sentencia del 10 de diciembre de 2015, el Tribunal de la Unión Europea señaló que la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental no está reconocida por la Unión Europea y sus Estados miembros ni por Naciones Unidas, dejando constancia al mismo tiempo de la ausencia de un mandato internacional susceptible de justificar la presencia marroquí en ese territorio.

Por lo anterior, y sabedoras de la cautela con que México ha abordado la cuestión del Sahara Occidental, ya que esto le ha permitido mantener en buen nivel los vínculos tanto con Argelia como con Marruecos, y con la RASD; sin embargo, también tenemos que manifestarnos para que actos ilegales no se lleven a cabo con normalidad, como si no se estuviese trasgrediendo ningún ordenamiento internacional.

Por todo lo anterior, y teniendo como base nuestros principios de política exterior, y el derecho internacional vigente, consideramos conveniente proponer la adopción de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión extiende una felicitación al gobierno y el Parlamento de la República Árabe Saharaui Democrática por el 41 aniversario de la proclamación de este país como una nación independiente.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión insta de manera respetuosa a la organización internacional Suiza Crans Montana y a todos los demás organizadores a cancelar la reunión planeada en la ciudad ocupada de Dajla (Sahara Occidental), en virtud de que esto es una grave violación del derecho internacional vigente.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión refrenda su firme compromiso con el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, por lo que exhorta al secretario de Relaciones Exteriores a que en el ámbito de sus atribuciones realice las acciones pertinentes a fin de que México promueva ante Naciones Unidas el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un atento exhorto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que prorrogue el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental, y amplíe las atribuciones de dicha misión a la protección de los derechos humanos en el Sahara Occidental.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 2 de marzo de 2017.— Diputados: María García Pérez, Verónica Delgadillo García, Fabiola Guerrero Aguilar, Virgilio Dante Caballero Pedraza, José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

RESPETAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a respetar el presupuesto asignado a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 2, 76, fracción IV, 79, fracción II del numeral 1, y fracciones I y III del numeral 2, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), creada en 2001, ha contribuido desde hace 15 años a aliviar la demanda de educación superior de la Ciudad de México y de la zona metropolitana. Se ha caracterizado por ubicar planteles en zonas sin oferta de educación superior por lo que se ha convertido en una opción para muchos jóvenes y adultos que buscan una alternativa para continuar sus estudios.

A través de sus tres colegios, Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Humanidades, Ciencia y Tecnología ofrece 20 programas de licenciatura, siete maestrías y un doctorado en Ciencias Genómicas de reciente creación.

Desde 2014, y con el propósito de complementar los recursos que recibe de la Asamblea Legislativa, la UACM recibe fondos federales provenientes del programa U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación.

El presupuesto recibido se ha reflejado en un aumento de la eficiencia terminal según se desprende de cifras relacionadas con el número de estudiantes que concluyen sus estudios en dicha institución ya que desde 2014 ha duplicado el registro de alumnos que logran concluir su programa de estudios (2 mil 408 en 2014; 4 mil 720 en 2015 y 6 mil 117 en 2016) y ha presentado un aumento en las estadísticas de alumnos titulados (714 en 2014, mil 54 en 2015 y mil 332 en 2016).

Sin embargo, a pesar de que la institución ha cumplido con sus objetivos institucionales y ha incrementado su eficiencia terminal, la UACM ha venido padeciendo un rezago financiero que la coloca frente a escenario que precariza el cumplimiento de sus tareas educativas, que afecta a sus estudiantes y a los aspirantes y que incide de manera directa en los índices de cobertura de educación superior que ofrece la Ciudad de México a sus habitantes.

En la asignación presupuestal dictaminada por la Asamblea Legislativa en enero de 2017, la UACM tuvo un recorte de 63 millones de pesos respecto al recurso recibido en 2016, toda vez que el año anterior la institución contó con un presupuesto de mil 209 millones, mientras que en 2017 le fueron asignados mil 146 millones de pesos. Esta asignación fue violatoria del acuerdo firmado con la Ciudad de México así como del artículo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que señala que “el monto del financiamiento nunca será inferior al presupuesto del año previo”.

A dicho ajuste se ha sumado la notificación enviada el 7 de febrero del año en curso por la Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección General de Educación Superior, dependencias que han comunicado un recorte por 110 millones de pesos de los 150 que le fueron asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, aprobados por la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado y registrados en el Anexo 17 “Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes”.

De concretarse este recorte, la institución contará con un presupuesto de mil 186 millones de pesos, que afectará el sostenimiento administrativo y académico de sus planteles y retrasará el proyecto de una nueva sede en San Bernabé Ocotepec, Magdalena Contreras, a través de la cual se ampliaría la cobertura ofrecida por la institución.

Resulta incongruente que en un contexto en el que se busca abatir los rezagos educativos del país y en el que muy probablemente se reciban a miles de migrantes repatriados que demandaran educación ocurran en la realidad retrocesos en el gasto educativo.

De acuerdo con el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, el país debe tener en la educación superior “una de las principales riquezas para el desarrollo social, político y económico”, por lo que se dicta como meta ampliar su cobertura y mejorar su calidad, a tal meta se destinarían, se dice en el programa, fondos para “apoyar el desarrollo institucional, fortalecer el trabajo académico y favorecer el crecimiento de la oferta en áreas prioritarias para el desarrollo regional y nacional”. Sin embargo, el panorama de la educación pública a nivel superior en el país presenta cifras de rezago toda vez que prácticamente 9 de cada 10 estudiantes no encuentran cabida en la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional y Universidad Autónoma Metropolitana en cada concurso de ingreso a la licenciatura. En ese panorama resulta crucial para la ciudad de México la existencia de instituciones públicas como la UACM que amplían la oferta académica y ofrecen un modelo educativo centrado en el perfil del estudiante trabajador.

Por lo antes mencionado, sometemos a la consideración del pleno el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Educación Pública para que respete el presupuesto asignado a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.— Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica)»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL LOBO GRIS MEXICANO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y el gobierno de la Ciudad de México a efectuar las funciones de protección y conservación del lobo gris mexicano, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Ma. Victoria Mercado Sánchez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de este Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79 fracción II, numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Exposición de Motivos

“La extinción es la desaparición de una especie de manera natural o debido a la actividad humana; una especie se considera extinta en el momento en el que muere el último individuo de la misma.”

El lobo gris mexicano también conocido como Canis Lupus baileyi, es una subespecie del lobo, es considerado una de las especies más pequeñas, su altura y tamaño son similares a las de un perro y es considerada una especie carnívora.

A partir de 1976 se declaró como una especie amenazada y periódicamente su situación ha ido empeorando, en la actualidad está clasificado como una especie en peligro de extinción, no quedando ninguna especie en libertad.

“Sin embargo, gracias a los esfuerzos que se están realizando para recuperar la especie en el año 2015 en la denominada Blue Range Wolf Recovery (BRWRA), había un total de 97 lobos, según los últimos datos del Servicio de Pesca y Vida Salvaje de Estado Unidos, hay más de 300 ejemplares albergados en centros de conservación y zoológicos de Estados Unidos y México según el programa de acción para la conservación de la especie”.

Nos damos cuenta que hace tiempo el lobo gris se distribuía dentro de su hábitat, como Chihuahua y centro de México, hasta el oeste de Texas, sur de Nuevo México y Arizona central, ocupando diferentes hábitat como el desierto, lugares semiáridos y bosques templados, sin embargo ahora el lobo gris mexicano, se encuentra en zoológicos donde les dan los cuidados necesarios para que la extinción no continúe.

En nuestro país existen reservas ecológicas que velan por la conservación y protección de diversas especies en peligro de extinción, pero no son suficientes ya que día con día son más las especies que se suman a esta gran lista de especies en peligro de extinción.

Es por ello que esta especie necesita protección y cuidado especiales para que se proteja y se detenga la destrucción de su hábitat natural, por ello es de suma importancia promover soluciones para que esta especie no se extinga de manera total en nuestro país.

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno de la Ciudad de México efectuar las funciones de protección y conservación del lobo gris mexicano, especie que se encuentra en peligro de extinción.

Notas:

1 http://www.animalesextincion.es/articulo.php?id_noticia=116

2 Animales en Peligro de Extinción. http://www.animalesextincion.es/ articulo.php?id_noticia=116

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.— Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

INCORPOREN EN SUS RESPECTIVOS PLANES, PROGRAMAS ACADÉMICOS Y OFERTAS EDUCATIVAS, MATERIAS RELACIONADAS A LA INGENIERÍA DE LA CULTURA ENERGÉTICA, DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones de nivel superior, públicas y privadas, de la región sur-sureste a incorporar en sus planes, programas académicos y ofertas educativas materias relacionadas con la ingeniería de la cultura energética, del ambiente y desarrollo sostenible, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta con absoluto respeto a las universidades e institutos tecnológicos, públicos y privados, a través de sus respetables rectores y directores, para incorporar en sus respectivas ofertas educativas, programas de estudio relativos a ingenierías relativas al desarrollo sustentable del medio ambiente, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El artículo 3, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la educación superior que imparte el Estado, ya sea por cuenta propia o a través de entidades particulares, tiene entre otras finalidades, promover el desarrollo de la nación, apoyar la investigación científica y tecnológica y alentar, fortalecer y difundir nuestra cultura.

Del mismo modo, el modelo educativo regulado en el artículo 3o. constitucional, está encaminado a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la solidaridad, independencia y justicia, todo ello encaminado a desarrollar y armonizar el desarrollo democrático en nuestro país.

En este sentido y para lograr dichos fines entre otras medidas, otorga autonomía institucional a universidades, tecnológicos y demás instituciones de educación superior, con la intención de que de manera libre, responsable y atendiendo a los principios fundamentales del sistema educativo, determinen sus planes y programas académicos, respetando siempre los derechos humanos reconocidos por la Carta Magna. Lo anterior en términos del propio artículo 3o., Base VII, de la Constitución Política Federal.

La tarea principal del sistema educativo en nuestro México, al ser considerado democrático, sin duda alguna consiste en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

En este orden de ideas, en nuestro país encontramos en diferentes lugares, zonas, regiones, comunidades, en las que el rezago económico, social, cultural, educativo y de varias otras naturalezas es evidente.

Una de esas regiones es la denominada sur-sureste de México, integrada por Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, Puebla, Veracruz y Campeche, integrados a esta región, tenemos entidades federativas como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, en las que de igual manera son palpables de manera exponencial las carencias que he mencionado.

Estas condiciones de rezago social nos obligan, como depositarios de la representación popular, a proponer y decidir respecto a estrategias que tiene como objetivo aportar más allá de los esquemas tradicionales en la búsqueda de una mejor calidad de vida para todas las personas en general y para los habitantes de la Región Sur Sureste que he mencionado en lo específico.

Un principio fundamental en la búsqueda de estos objetivos, es aquel que establece que no es posible aplicar esquemas y estrategias iguales a zonas con condiciones de rezago diferentes. Por ello resulta indispensable pensar, repensar y proponer estrategias que nos permiten actuar y materializar resultados más allá de los que se obtienen con los programas públicos estandarizados para el combate de las condiciones de rezago en las zonas más proclives en nuestro país como son los estados vulnerables de la región sur sureste.

Para ello, resulta fundamental aprovechar las condiciones propias del área geográfica, en relación directa con las áreas de oportunidad generadas a raíz de la implementación de la reforma energética en nuestro país.

En este orden de ideas, las estrategias que se buscan implementar están encaminadas a dos vertientes en específico.

La primera vertiente guarda relación directa con el sector privado y la generación de inversiones orientadas a detonar e implementar proyectos para la generación de energías no contaminantes y amigables con el medio ambiente –denominadas energías verdes– aprovechando las condiciones eólicas, solares, geotérmicas, hidroeléctricas, etcétera.

La segunda vertiente, está vinculada con el capital humano, el intelecto personal y profesional que debe estar debidamente capacitado en estas áreas de oportunidad y que constituyen el punto de partida para aprovechar las condiciones y recursos de la región de la frontera sur-sureste.

Este segundo elemento, el humano, sin duda, debe ser conocedor de los elementos de la región.

Cabe resaltar que, con la inauguración, apertura e inicio del funcionamiento de la Central Eólica Sureste I, Fase II, ubicada en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, cuya inversión asciende a aproximadamente 157 millones de dólares de la iniciativa privada, se dio un gran paso tanto desde el punto tecnológico, como de las políticas públicas que se implantan en beneficio de la naturaleza y el medio ambiente en esa zona, consistente en la expansión del uso y generación de energías alternas; y así como lo estableció el señor presidente Enrique Peña Nieto, en su discurso inaugural, ahora, esa región geográfica del territorio mexicano cuenta ya con un “gran laboratorio”, mismo que da cabida y atención para conjugar las ideas sobre proyectos, los conocimientos para su implantación y para especializar a los nuevos profesionales de la rama de la ingeniería.

A todos estos factores de índole positiva, es menester adicionarles un ingrediente que, permita acelerar estas situaciones de progreso y bienestar en beneficio de las entidades que integran la región sur sureste de nuestro país.

Luego entonces, es pertinente para desarrollar y fortalecer una cultura en materia de investigación que genere conocimientos especializados, novedosos, innovadores, productivos, con resultados favorables y evidentes a mediano plazo, solicitar muy respetuosamente el apoyo de todos y cada una de las Instituciones de nivel Superior, públicas y privadas, Universidades, Tecnológicos, Escuelas, y demás Instituciones Educativas, para que en el ejercicio de su autonomía y a través de sus distinguidos y honorables rectores y directores, y para que por su conducto, se analice, propongan e incluya en sus planes y programas académicos, ofertas educativas relacionadas con la cultura energética, medio ambiente y desarrollo sostenible que permitan privilegiar el interés público, el beneficio general y el aprovechamiento de los recursos productivos propios de la región, vigilando en todo momento el cuidado de la naturaleza.

Sin temor a equivocaciones, el realizar este tipo de acciones, permitirán generar nuevos conocimientos, contar con profesionistas capacitados y especialistas en el tema, para prevenir y graduar los efectos del cambio climático.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta respetable soberanía, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta con absoluto respeto a las instituciones de nivel superior, públicas y privadas, que se ubican dentro de la región sur sureste, para que en el ejercicio de su autonomía a través de sus respetables rectores y o directores, incorporen en sus respectivos planes, programas académicos y ofertas educativas, materias relacionadas a la ingeniería de la cultura energética, del medio ambiente y desarrollo sostenible.

Recinto Legislativo de San Lázaro, México, Ciudad de México, a 2 de marzo de 2017.— Diputada Edith Yolanda López Velasco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

APLIQUEN DE MANERA PERMANENTE LA TARIFA DE VERANO EN EL ESTADO DE CAMPECHE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE y la CRE a aplicar de manera permanente la tarifa de verano en Campeche, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión por el estado de Campeche, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía para que apliquen de manera permanente la tarifa de verano al estado de Campeche, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con diferentes definiciones, el calentamiento global es el incremento continuo de la temperatura promedio mundial, específicamente la temperatura de la atmósfera y de los mares.

Dicho fenómeno genera cambios en los patrones de clima, de ahí que también se utilice el término “cambio climático” para identificarlo.

Si bien, a lo largo del tiempo ha sido normal la existencia de ciclos naturales en los niveles de temperatura del mundo, hoy nos encontramos experimentado un ciclo exagerado de calentamiento con un horizonte peligroso, principalmente por la producción de los gases invernadero, la deforestación y la urbanización.

De acuerdo con el Grupo Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la temperatura promedio del planeta incrementó alrededor de 0.75º Celsius en el siglo XX y estima se incremente de 2 a 4º Celsius más en este siglo.

Se trata del incremento más grande y rápido que haya sucedido al menos en los últimos 10,000 años. Situación por demás peligrosa para las especies que habitamos el planeta y que tiene ya consecuencias visibles y perceptibles como un mayor ritmo de deshielo de los polos, o la cada vez más frecuente aparición de patrones extremosos de clima, que amenazan con mayor frecuencia amplias regiones del mundo.

En efecto, los patrones de clima cambian, haciendo más intensos y menos predecibles las diferentes estaciones o temporadas con sus consecuentes efectos ambientales, económicos, sociales y hasta políticos.

La intención de la proposición que hoy presento, quiere concentrarse en las consecuencias del fenómeno en nuestro país, especialmente en la Península de Yucatán donde se encuentra asentada la entidad federativa que representó, Campeche.

Sabemos que existe una discusión internacional sobre la falta de sustentabilidad que provoca el consumo de combustibles fósiles; sobre la importancia de las energías limpias y sobre la voluntad de los Estados Nacionales por acabar con el problema. No ahondaremos en esto.

Nos enfocaremos en un concepto que cada vez cobra más fuerza ante la amenaza que representa el cambio climático, y es el de la resiliencia.

Qué no es otra cosa que la capacidad que tenemos para adaptarnos y superar circunstancias traumáticas.

Necesitamos generar adecuaciones a nuestro marco jurídico que impulsen la resiliencia de nuestra población ante el cambio climático. Donde los esfuerzos minúsculos hasta las grandes reformas que los países deben tomar para fortalecerse ante el fenómeno y dar paso a la sustentabilidad y el sano desenvolvimiento de sus poblaciones, se conviertan en la herramienta ordinaria.

Con acciones públicas que orienten el comportamiento de las sociedades, pasaremos de una discusión estancada sobre quién tiene la culpa del cambio climático; a una donde corrijamos las consecuencias del mismo por un lado, y evitemos las prácticas que científicamente se deducen como las responsables del fenómeno por otro.

El presente día, queremos exhortar a que la administración pública federal reconozca el gradual incremento de las temperaturas en el país, utilizando de ejemplo lo que ocurre en la Península de Yucatán, especialmente en el Estado de Campeche, y que favorezca la resiliencia de la población ajustando de manera urgente el cobro de las tarifas eléctricas que se encuentran intrínsecamente ligadas a los niveles de temperatura que se registran en las diferentes localidades.

Acción pública focalizada que volvería a incentivar el adecuado desenvolvimiento poblacional, mermado por el calor en principio y por la incomprensión pública para sobrellevarlo.

Necesitamos que se facilite la vida de la población que experimenta de manera más aguda el fenómeno del calentamiento global, no podemos dejarlos a su suerte, necesitamos mejorar sus herramientas en su esforzada lucha por desarrollarse.

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.”

Asimismo, el quinto párrafo del mismo artículo define que tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, la nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, es decir, bajo el mandato de que corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

Continuando con el artículo 25, se establece también que la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

La generación de energía eléctrica se remonta en México a fines del siglo XIX, a través de instalación de plantas generadoras que se fueron extendiendo en el país, para la producción de diferentes sectores industriales y marginalmente para la iluminación residencial y pública.

Siendo durante el régimen de Porfirio Díaz que se otorgó al sector eléctrico el carácter de servicio público, colocándose las primeras 40 lámparas en la Plaza de la Constitución del centro de la Ciudad de México, 100 más en la Alameda Central e iniciando la iluminación de la entonces calle de Reforma y de algunas otras.

No obstante, para 1910 de la entonces capacidad de 50 mega watts (MW) con que nuestro país contaba, el 80 por ciento lo generaban únicamente tres compañías privadas internacionales: The Mexican Light and Power Company,de origen canadiense, ubicada en el centro; el consorcio The American and Foreign Power Company,con tres sistemas interconectados en el norte de México; y la Compañía Eléctrica de Chapala, en el occidente.

En 1937 teníamos 18.3 millones de habitantes, de los cuales únicamente el 38 por ciento contaban con electricidad, proporcionada de manera ineficiente y limitada por las tres empresas privadas comentadas. Donde a las fallas de luz constantes y a las tarifas elevadas, sumémosle que la cobertura no contemplaba desde el punto de vista privado, la urgencia de considerar el servicio para poblaciones rurales, siendo los mercados urbanos más redituables los prioritarios y por tanto en ese sentido se enfocaba el crecimiento de la capacidad instalada de generación eléctrica que ya era en el país de 629 MW.

Para rebatir esa situación que sin duda no permitía el desarrollo del país, el gobierno federal creó el 14 de agosto de 1937, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tendría por objeto “...organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.”

La CFE entonces inicia un plan de cobertura universal comenzando a construir plantas generadoras y ampliar las redes de transmisión y distribución, posibilitando de inicio el bombeo de agua de riego y la molienda, así como un mayor alumbrado público y electrificación de comunidades.

En 1938 la CFE tenía apenas una capacidad de 64 kW, misma que, en ocho años, se incremento exponencialmente hasta alcanzar 45,594 kW. Entonces, las compañías privadas dejaron de invertir y la propia CFE se vio obligada a generar energía para que éstas la distribuyeran en sus redes, mediante la reventa.

Hacia 1960 la CFE aportaba ya el 54 por ciento de los 2,308 MW de capacidad instalada en el país, mientras que la empresa Mexican Light el 25 por ciento, la American and Foreign el 12 por ciento, y el resto de las compañías 9 por ciento.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de generación y electrificación, para esas fechas apenas 44 por ciento de la población contaba con electricidad. Es así, que el entonces presidente Adolfo López Mateos decide nacionalizar la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960.

Con el pasar de los años, previos procesos de integración del Sistema Eléctrico Nacional, adquisición de activos, elevada inversión y unificación de procesos de generación, permitieron que para inicios del año 2000 se tuviera ya una capacidad instalada de generación de 35,385 MW, cobertura del servicio eléctrico del 94.70 por ciento a nivel nacional, una red de transmisión y distribución de 614,653 kilómetros, lo que equivale a más de 15 vueltas completas a la Tierra y más de 18.6 millones de usuarios, incorporando casi un millón cada año.

A decir de la propia CFE, encargada de brindar el servicio eléctrico en todo el país: “El servicio al cliente es prioridad para la empresa, por lo que se utiliza la tecnología para ser más eficiente, y se continúa la expansión del servicio, aprovechando las mejores tecnologías para brindar el servicio aún en zonas remotas y comunidades dispersas.”

Hemos querido realizar este breviario histórico para apreciar que efectivamente, desde hace décadas hasta nuestros días, la prioridad del servicio público de energía eléctrica es la cobertura.

No obstante, creemos que es tiempo en que debemos priorizar precios justos de la electricidad para la población y que se atiendan también las circunstancias especiales que ha generado el cambio climático en algunas regiones del país, como en la Península de Yucatán.

Si bien, nos apremia el tener herramientas modernas de medición de la temperatura, entre la actualización de modelos caducos, hasta la dotación de nueva infraestructura tecnológica para la realización de las propias mediciones; lo anterior, para obtener parámetros adecuados que permitan a la autoridad determinar la estimación justa de las tarifas eléctricas que se aplican a la población campechana, esta temática ya la abordamos en previo punto de acuerdo y hoy nos queremos concentrar en las altas temperaturas producto del calentamiento global, que se han registrado con todo y nuestras limitantes en materia de una correcta medición y que no encuentran eco en la determinación de las tarifas eléctricas.

En México se considera la aplicación de dos tipos de tarifas, la de invierno y la de verano.

La tarifa de verano, conocida formalmente como la tarifa doméstica de CFE, Cuota de Verano, no es otra cosa que el incremento del subsidio federal o apoyo gubernamental (término que aparece en el recibo de luz) de un 10 a un 30 por ciento, para que los usuarios puedan incrementar el uso de energía eléctrica sin que esto signifique un uso ineficiente de la misma.

Es decir, es una facilidad para cubrir el consumo atípico generado por utilizar electrodomésticos principalmente, para mitigar el calor por ejemplo. Obviamente, la medida se acompaña con recomendaciones públicas por un consumo responsable para que en todo sentido acabe siendo benéfica.

De conformidad con el Acuerdo 015/2014 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, se puede observar que se define el verano como el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán fijados por el suministrador definido en la Ley de la Industria Eléctrica (la Comisión Federal de Electricidad CFE) de acuerdo con las citadas observaciones termométricas que expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dicho periodo ha sido definido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de cada año y es el parámetro que define cuando se debe aplicar el subsidio comentado a través de la tarifa de verano, en apoyo de las diferentes localidades y regiones del país, ante la temporada de calor que incrementa el consumo de electricidad por parte de la población y por tanto, repercutiría en el monto de ingreso de las familias que se debe dedicar al pago de la luz.

Los otros seis meses entonces, se aplicaría la llamada tarifa de invierno que no es otra cosa que el precio de la electricidad que se debe pagar, sin considerar ya el subsidio de apoyo.

Ahora bien, el esquema parece adecuado. No obstante el llamado que hoy realizamos es para que se reconozca que existen zonas en el país, como la Península de Yucatán y en particular en el territorio del estado de Campeche, donde ya no existe en términos reales el invierno, donde el verano y las altas temperaturas son permanentes y con el cambio climático, crecientes.

¿Por qué entonces aplicarles a ellos el esquema de tarifa de invierno y de verano?

Han existido voces recurrentes en el propio Poder Legislativo Federal a través de los años, para que en Campeche se amplíe el período de aplicación de la tarifa de verano.

Pero dicha propuesta, creemos ha sido rebasada ya ante las condiciones climáticas de nuestra Entidad que se reflejan en las cada vez más altas temperaturas durante todo el año en la Península de Yucatán.

Nuestra propuesta, es que la tarifa de verano en Campeche sea permanente, sea única, ante la especial vulnerabilidad que registra nuestra entidad por el calentamiento global.

Veamos, de acuerdo con el Reporte del Clima en México para el año 2015 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temperatura máxima promedio registrada en Campeche durante todo el año que se informa fue de 33.3°Celsius. La más alta de todo el país.

Durante los seis meses que comprende la tarifa de verano la temperatura promedio en la entidad fue de 35.1°Celsius; y durante el período de la tarifa de invierno, 31.4°Celsius.

Así de contundente. Es más, visto desde cualquier enfoque como el de temperatura media o temperatura mínima promedio, Campeche sigue teniendo los registros más altos de todo el país.

De manera más reciente, se presentan escenarios preocupantes de una temperatura todavía mayor, acompañada ahora con la posibilidad de menores lluvias para el 2017 en la Península de Yucatán; a decir de la Conagua se prevé la posibilidad de qué durante el primer trimestre de 2017 se registre más calor que el promedio de los últimos 30 años, y un 31 por ciento de menos lluvias.

Lo que la población del estado de Campeche demanda, es un trato social y económicamente justo en el marco de las normas vigentes y de acuerdo con los cambios que ha generado el cambio climático en las temperaturas.

La aplicación permanente de la tarifa de verano para Campeche es un primer paso urgente, en ánimo de que la población recupere y desarrolle nuevamente todo su potencial productivo, sin la limitante o la preocupación del monto por pagar de su recibo de luz.

La situación apremia, las altas temperaturas son permanentes y los campechanos no podemos limitar nuestro crecimiento, rumbo al desarrollo económico por apreciaciones públicas sobre el cobro de tarifas eléctricas, es nuestro derecho constitucional y el estado se encuentra obligado a procurarlo.

La competitividad, la reactivación y la conversión económica que Campeche necesita se ve limitada por estos nuevos patrones climáticos, que no son compensados por las políticas públicas que se aplican.

Además, se ha demostrado que la situación de altas temperaturas no mejorará en el corto plazo y quizás ni en él mediano, al contrario. ¿Qué estamos esperando entonces, para hacerle justicia y procurar a la población más afectada por el calor en nuestro país?

Con base en lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta soberana asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que instruya mediante decreto a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía para que apliquen durante todo el año 2017 y posteriores, la llamada tarifa doméstica de CFE, cuota de verano para el estado de Campeche y para otras entidades con características similares, relacionadas con el registro permanente de altas y crecientes temperaturas durante todos los meses del año; fenómeno que se ha agudizado como uno de los efectos producidos por el calentamiento global en nuestro país.

Notas:

1 La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNMUA) al detectar el problema del cambio climático crearon el IPCC en 1988.

2 Diario Oficial de la Federación DOF, 24 de agosto de 1937.

3 www.cfe.gob.mx

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 2 de marzo de 2017.— Diputado Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

DETENER EL PROCESO LEGISLATIVO RELATIVO A LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PUEBLA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y el Congreso de Puebla a detener el proceso legislativo sobre la privatización del servicio de agua potable, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La privatización del servicio de agua potable en Puebla, en una primera etapa en 2013, fue resultado de una maquinación política y económica para beneficiar a una empresa, que sin participar en el proceso de licitación “Concesiones Integrales” obtuvo, mediante cesión de derechos la prestación de este servicio, que, dicho sea de paso, es una obligación del estado garantizar este derecho humano a todos. Así fue como en 2013, a través de una operación simulada, el gobierno de Puebla, entregó a una empresa la operación del servicio de agua potable en la ciudad capital y 24 municipios más.

En Puebla, a partir de que el servicio de agua potable se privatizó a través de la empresa Concesiones Integrales, algunos usuarios han documentado que el cobro del servicio se disparó hasta más de 300 por ciento.

Incluso, se puso en marcha un programa de regularización que generó cortes del vital líquido y demandas legales contra supuestos usuarios morosos, con un afán meramente recaudatorio.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el costo del agua no debería superar 3 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.

El Objetivo de Desarrollo del Milenio 7 exhorta a “Reducir a la mitad la proporción de personas que carece de un acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento”.

En México, el Congreso de la Unión adicionó el 8 de febrero de 2012 un sexto párrafo al artículo 4o. para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento, con lo que se obliga al Estado a promulgar una nueva legislación en la materia. Además, el Estado asume la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar su cumplimiento en forma accesible, suficiente, salubre, aceptable y asequible con participación de la ciudadanía.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que el agua es un derecho humano y corresponde al Estado garantizarlo. En Puebla esto no se cumple ni se respeta. En resolución del seis de enero del presente año, el Congreso del Estado aprobó la modificación a la fracción VI del artículo 12 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla, para llevar a cabo el mismo proceso de privatización, pero ahora al resto de los municipios, en clara contraposición a lo establecido por nuestra constitución y tratados internacionales de los que México es parte.

No podemos permitir que se sigan atropellando los derechos humanos de los poblanos, una y otra vez, por el beneficio de unos cuantos.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso de Puebla, así como al titular del Ejecutivo del estado, para que se detenga el proceso legislativo para llevar a cabo la privatización del servicio de agua potable, en virtud de que se vulneran diversas disposiciones en materia de derechos humanos del ámbito local, federal e internacional, lo cual puede generar un conflicto social en toda la entidad.

Nota:

1 Maestra Malinali Domínguez Mares, licenciado Jorge Alberto Arriaga Medina. Junio, 2015. Derecho Humano al Agua. Impluvium. Número 4, página 2.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.— Diputado Alejandro Armenta Mier (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.