Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXIII Legislatura
Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Directora del
Diario de los Debates
Eugenia García Gómez
Año III
México, DF, martes 24 de octubre de 2017
Sesión No. 18

SUMARIO


COMUNICACIONES OFICIALES

Del diputado Jesús Sesma Suárez, del PVEM, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y adiciona el artículo 82 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presentada por la diputada Lorena Corona Valdés y suscrita por integrantes de su Grupo Parlamentario

De la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del PAN, por medio de la cual solicita el retiro de la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que informe a la opinión pública el destino otorgado a los recursos asignados al programa de Fomento a la Agricultura: Componente Proagro Productivo, a cargo del diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos, de su Grupo Parlamentario

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios

De la Secretaría de Gobernación, por la que remite información relativa a las “Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2017”, del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al tercer trimestre de 2017. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento

De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite el Tercer Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal 2017, de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía. Se remite a las Comisiones de Economía, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para su conocimiento

De la Secretaría de Gobernación, por la cual envía dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a toda autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que en apego a las leyes aplicables en la materia, se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emitan los mismos. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a certificarse en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en igualdad laboral y no discriminación, en virtud de que dicha Norma contribuirá al logro de la igualdad sustantiva y a la eliminación de cualquier tipo de discriminación en los centros de trabajo de nuestro país. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento

De la Secretaría de Salud, con la que remite el Tercer Informe Trimestral de 2017 de diversos programas sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las Reglas de Operación. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento

De la Cámara de Senadores, por medio de la cual remite 29 proposiciones con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Cámara de Diputados que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se consideren y destinen recursos a diferentes partidas, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen

MINUTA

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen

INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Del Congreso del Estado de Nuevo León, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 19, 21 y 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen

LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

Del Congreso del Estado de Nuevo León, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

Del Congreso del Estado de Nuevo León, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

INICIATIVAS DE SENADORES

LEY FEDERAL DE DERECHOS

De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Manuel Cárdenas Fonseca. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

Desde la curul, se refieren a diversos temas parlamentarios:

– La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del PAN

– El diputado Francisco Javier Pinto Torres, de NA

En su momento la Presidencia hace las aclaraciones correspondientes

AGENDA POLÍTICA

Comentarios relativos a la Fiscalía General de la República, a cargo de los Grupos Parlamentarios. Para referirse al tema intervienen:

– La diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del PES

– La diputada Angélica Reyes Ávila, de NA

– La diputada María Candelaria Ochoa Avalos, de MC

– El diputado Arturo Álvarez Angli, del PVEM

– La diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena

– El diputado Arturo Santana Alfaro, del PRD

– El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del PAN

– El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del PRI

Desde la curul, se refieren a diversos temas parlamentarios:

– La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, de NA

– La diputada Hortensia Aragón Castillo, del PRD

– El diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del PVEM

La Presidencia, en su momento, hace aclaraciones y gira las instrucciones correspondientes

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

A discusión el dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social

Para fundamentar este dictamen y el siguiente, hace uso de la palabra:

– El diputado Pablo Elizondo García, del PRI

Para referirse al dictamen, participan:

– El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, de Morena, proponente

– El diputado Jorge López Martín, del PAN

– La diputada Erika Irazema Briones Pérez, del PRD, quien se refiere al siguiente dictamen

– La diputada Marbella Toledo Ibarra, de MC

– La diputada Araceli Damián González, de Morena

No habiendo más oradores inscritos, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

A discusión el dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 19, fracción VII, y 36, fracciones V y VI, de la Ley General de Desarrollo Social

Para referirse al dictamen, participa:

– La diputada Carmen Victoria Campa Almaral, de NA, proponente

No habiendo más oradores inscritos, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 19, fracción VII, y 36, fracciones V y VI, de la Ley General de Desarrollo Social. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales

LEY DE MIGRACIÓN

A discusión el dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración

Desde la curul, para ilustrar a la asamblea respecto al contenido del dictamen, hace uso de la palabra:

– El diputado Gonzalo Guízar Valladares, del PES

No habiendo oradores inscritos, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales

ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Se recibió de la Junta de Coordinación Política el acuerdo por el que la Cámara de Diputados se pronuncia por eliminar el bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por los Estados Unidos de América en contra de la República de Cuba. Se aprueba, comuníquese

La Presidencia agradece la ayuda prestada a México por la República de Cuba como consecuencia de los sismos de septiembre pasado

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

El diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE FEBRERO DE 2014

El diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política- electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, COMO “DÍA NACIONAL DEL NOPAL”

El diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 18 de septiembre de cada año, como “Día Nacional del Nopal”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

El diputado Jorge Cesáreo Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del PVEM, en nombre propio y de integrantes de su Grupo Parlamentario, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 15, 27, 33 y 34 de la Ley General de Cambio Climático. Se turna a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

La diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de NA, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen

LEY DEL SEGURO SOCIAL

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del PES, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen, con opinión de las Comisiones de Igualdad de Género, de Derechos de la Niñez, y de Trabajo y Previsión Social

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Grupo Parlamentario del PRI, en nombre propio y de integrantes de la Comisión Especial para Impulsar a Estudiantes de Altas Capacidades Intelectuales, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

La diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 51 y 52 de la Ley General de Protección Civil. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación para el desarrollo sostenible. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada Verónica Delgadillo García, en nombre propio y del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, ambos del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, la parte que le corresponde, y a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la porción respectiva, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada Verónica Delgadillo García, en nombre propio y del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, ambos del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

La diputada Verónica Delgadillo García, en nombre propio y del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, ambos del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales la parte que le corresponde, y a la Comisión de Gobernación la porción respectiva

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA SOLIDARIDAD”

La diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso, del Grupo Parlamentario del PVEM, en nombre propio y de integrantes de su Grupo Parlamentario, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 19 de septiembre de cada año como el “Día Nacional de la Solidaridad”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen

LEY DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO Y RURAL

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR Y CÓDIGO PENAL FEDERAL

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de NA, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía, y de Justicia, para dictamen

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos, en nombre propio y del diputado Alejandro González Murillo, ambos del Grupo Parlamentario del PES, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen

LEY AGRARIA

El diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Sergio López Sánchez, en nombre propio y de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, ambos del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta indígena. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

EXPIDE LA LEY GENERAL DE CONSULTA INDÍGENA

El diputado Sergio López Sánchez, en nombre propio y de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, ambos del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Consulta Indígena. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Asuntos Indígenas, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, Y LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a Comisiones Unidas de Gobernación y de Desarrollo Social, para dictamen

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El diputado Cándido Ochoa Rojas, en nombre propio y de integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El diputado Cándido Ochoa Rojas, en nombre propio y de integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 3o. y 133 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de NA, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen

COMUNICACIONES OFICIALES

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, oficio por el que comunica cambios de integrantes en comisiones. De enterado, comuníquense

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La Presidencia turna las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna a las comisiones que correspondan, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, cuyo turno se publica en la Gaceta Parlamentaria

EFEMÉRIDE

Efeméride con motivo del 23 de octubre, Día del Médico, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

VOTACIONES

De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los dictámenes:

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social (en lo general y en lo particular)

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6; 19, fracción VII; y 36, fracciones V y VI, de la Ley General de Desarrollo Social (en lo general y en lo particular)

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración (en lo general y en lo particular)

APÉNDICE

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 24 de octubre de 2017, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados



Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón

ASISTENCIA

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 263 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón(a las 12:16): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 24 de octubre de 2017

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones oficiales

Retiro de iniciativa y proposición

De la Secretaría de Gobernación

Remite información relativa a las “Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2017”, del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al tercer trimestre de 2017.

Remite el Tercer Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal 2017, de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía.

Remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Salud

Remite el Tercer Informe Trimestral de 2017 de diversos programas sobre el Presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las Reglas de Operación.

De la Cámara de Senadores

Remite veintinueve proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicitan a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se consideren y destinen recursos a diferentes partidas, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.

Minuta

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo.

Iniciativas de las legislaturas de los estados

Del Congreso del Estado de Nuevo León

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 19, 21 y 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Iniciativas de senadores

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, presentada por el Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 94 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el Sen. Manuel Cárdenas Fonseca.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la junta de coordinación política

Agenda política

Relativa a la Fiscalía General de la República, a nombre de los grupos parlamentarios.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6; 19, fracción VII y 36, fracciones V y VI de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración.

Iniciativas

Que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Que adiciona el artículo 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Tomás Octaviano Félíx, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 50 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 17 Bis y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 36 y 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión Especial de la Industria Automotriz.

Que reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 7 Bis y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de derechos digitales, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 15 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 103, 105 y 109 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 3o., 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 67 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 85 y 101 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 44 de la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 212 y 213 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta indígena, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Consulta Indígena, suscrita por los diputados Araceli Madrigal Sánchez y Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a la Ley de Asistencia Social y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 390 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 19, 22 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 37 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 18 Bis 9 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y un artículo 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por las diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 65, 66 y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo de la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 51 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 74 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 22 y 44 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 95 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 32 y 41 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por los diputados María Bárbara Botello Santibáñez y Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 27 y 79 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 10o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 469, 692 y 923 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Marco Antonio Aguilar Yunes y José Luis Sáenz Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado Oscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 39 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 6o. a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 65, 66 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 137 Bis 2 y 137 Bis 3 de la Ley Aduanera, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. y adiciona un artículo 116 Bis a la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Protección Civil, suscrita por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, suscrita por los diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley Federal para Prevenir, Atender y Reparar el Desplazamiento Forzado Interno, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 58 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García y Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 310 Bis a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 57-Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 191 y 192 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 1o. y 14 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 8o. de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Protección Civil, suscrita por los diputados Héctor Javier Álvarez Ortiz y Maricela Serrano Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que deroga los párrafos 8o. y 9o. del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un articulo 149 Quater al Código Penal Federal, a cargo del diputado German Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7o. de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 55 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 17, 19 y 27 de la Ley de Nacionalidad, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Federal del Derecho de Autor y de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo de la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre la Celebración de Tratados y de la Ley de Inversión Extranjera, a cargo de la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. y adiciona un artículo 15 Bis de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley Nacional de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley sobre la Celebración de Tratados y Vinculación Internacional, a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 120 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pensiones para expresidentes, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú.

Que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 7o. de la Ley Minera, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Abdíes Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú.

Que reforma los artículos 17 y 20 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Lilian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 16 Bis y 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 2o., 3o. y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 2o.-E y 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Abdíes Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Janette Ovando Reazola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De Decreto por el que se declara el 18 de septiembre de cada año, como “Día Nacional del Nopal”, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 376 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 143 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Federal del Trabajo, en materia de derechos laborales de las y los periodistas, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Carmen Salinas Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal, a cargo de María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Leticia Amparano Gámez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 104 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 86 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 42 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Acción Nacional, de Morena, del Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, de Movimiento Ciudadano, de Encuentro Social y diputado Independiente.

Que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 468 Bis a la Ley General de Salud y reforma el artículo 250 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 18 y 21 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un articulo 87-Bis 3 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 43 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 167 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, suscrita por diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 65 Bis y 419 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 25 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que expide la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de México, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial para el Patrimonio Cultural de México.

Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma la denominación del capítulo V del Título Décimo Tercero y adiciona un artículo 248 Ter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 456 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 150 y 151 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Claudia Sofia Corichi, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 2, 13 y 29 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que deroga el artículo 261 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Ordóñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 24, 25, 132 y 994 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de paridad de género, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Fabiola Guerrero Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación para el desarrollo sostenible, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 77 y 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Víctor Manuel Sánchez Orozco y Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 12 de la Ley General de Educación y 2o. y 26 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y declara el 19 de septiembre como el “Día Nacional de la Solidaridad Ciudadana y la Protección Civil”, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 11 Bis a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ratificación de nombramientos y de seguridad nacional, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Minerva Hernández Ramos y Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 6o., 6 Bis y 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga diversas disposiciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 43 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona un artículo 130 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Angélica Moya Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza, de Morena, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 60 Bis 3 a la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 134 y 136 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 3o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado German Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 24 de la Ley General de Educación, y 53 y 54 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de Profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General del Banco Nacional de Huellas Genéticas, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 45 y 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 16 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 6o. y 7o. de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a cargo de la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 225 del Código Penal Federal y 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y diputados integrantes de la Comisión Especial para Impulsar a Estudiantes de Altas Capacidades Intelectuales.

Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 61 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados Minerva Hernández Ramos, Guadalupe Acosta Naranjo y Francisco Xavier Nava Palacios, de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 162 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario de Morena.

De Decreto por el que se declara el 19 de septiembre de cada año como el “Día Nacional de la Solidaridad”, suscrita por la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Perros Guía y/o de Asistencia Médica, a cargo diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 22 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 15, 27, 33 y 34 de la Ley General de Cambio Climático, suscrita por el diputado Jorge Cesáreo Márquez Alvarado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona el artículo 229 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 51 y 52 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 26 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5o. y 8o. de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el diputado Cándido Ochoa Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 1o., 1-A, 50-A y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo del diputado Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el diputado Cándido Ochoa Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o., 12, 35 y 56 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De Decreto por el que se crea el Consejo de Fiscalización de los Requerimientos Financieros del Sector Público y la Deuda Pública, a cargo del diputado Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 114 y 115 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 56 y 90 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 2 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 97 y 97 Bis del Código Penal Federal y 7o. de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas y medio ambiente, a cargo del diputado Eukid Castañón Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 366 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 232 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Jorge Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Seguro Social, y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano y Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, suscrita por las diputadas Alicia Guadalupe Gamboa Martínez y Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 5, 27 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De Decreto por el que se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 6o. de la Ley Nacional de Ejecución Penal, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y expide la Ley General de Resultados Garantizados, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 3o. de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 7o. de Ley General de Educación, a cargo de la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de prohibición del matrimonio infantil, suscrita por la diputada Sofía González Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 48 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma la denominación de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revocación de mandato, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 35 y 35 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 7o. de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 55 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 33 y 38 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alberto Silva Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 66, 71 y 116 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley Básica para Administración de Desastres y la Reconstrucción, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a cargo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 5o. y 6o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De Decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “Heroicos rescatistas y voluntarios de los sismos del 19 de septiembre”, a cargo del diputado Juan Antonio Meléndez Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 42 de la Ley General de Educación, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Penal Federal, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 288 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el segundo párrafo del artículo 1679 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 24 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo relativo a la emisión de una imagen simbólica de la Antigua Ciudad Maya y Bosques Protegidos de Calakmul, Campeche, presentándola como “Patrimonio Mixto, Cultural y Natural de la Humanidad”, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo al nombramiento de “Pueblo Mágico” a varias localidades del estado de Jalisco, toda vez que cumplen con los requisitos establecidos para ser nombrados, a cargo del diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a la inclusión en la NOM-059-Semarnat-2010, de la Apis Mellifera y el género de la Melipona, con el fin de que estos dos insectos sean considerados como especies silvestres amenazadas, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a la documentación que se emite en esta Soberanía de parte de los legisladores así como del personal administrativo, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias a intensificar las campañas que promuevan los derechos de la infancia e implementen campañas y programas focalizados contra el maltrato infantil, suscrito por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, a actualizar el portal “Tus Derechos Laborales”, a través de herramientas de cálculo que permitan determinar prestaciones y derechos, a cargo del diputado German Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y al estado de Tamaulipas, a restablecer el estado de derecho que garantice la seguridad de las personas y sus bienes en los municipios de Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Rio Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, a cargo del diputado Abdíes Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de agregar a los municipios de Poza Rica y Tuxpan en la definición de zonas económicas especiales, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo que exhorta a la SEP y al Conacyt, a establecer mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para promover y fomentar conjuntamente la inclusión formal de las mujeres al área de ciencias, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a modificar las Reglas de Operación del Programa Pensión para Adultos Mayores, con el fin de ampliar su cobertura, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a la instrumentación de una política integral y acciones jurídicas para la protección de los productos agrícolas, alimentarios y artesanales nacionales, así como para la defensa de los productores y artesanos mexicanos, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo para exhortar a diversas dependencias para que se atienda adecuadamente a la población afectada por los sismos de septiembre; así como a realizar el censo de viviendas dañadas en el Estado de Chiapas, incluyendo a las afectadas por posibles negligencias de servidores públicos y que deben ser consideradas en los recursos destinados para la reconstrucción, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Inifed, a celebrar un Convenio de Coordinación con el estado de Oaxaca, para potencializar y redireccionar equipamiento e infraestructura física educativa para atender a 158 Planteles del Instituto de Estudios de Bachillerato de dicha entidad, a cargo del diputado Óscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SRE, para que informe a la opinión pública los motivos por los que no ha ratificado la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la SEGOB, a exentar por un periodo de dos años a las entidades federativas que resultaron afectadas por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017, al pago de las coparticipaciones estatales para tener acceso a los recursos del Fonden, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo al Tratado de Marrakech y a tomar medidas que faciliten el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual, o con otras dificultades para acceder a textos impresos a través de la red nacional de bibliotecas públicas, a cargo de la diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias federales y del estado de Guerrero, a fin de atender la denuncia de violación y abuso de poder contra la defensora de derechos humanos Yndira Sandoval Sánchez, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, a efecto de que revise el correcto funcionamiento de sus instrumentos de medición de temperaturas y actualice las mediciones de las mismas, en todo el territorio del estado de Tamaulipas, a cargo de diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a fortalecer las acciones necesarias para destinar recursos para la transversalización de la perspectiva de género, a cargo de la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a la construcción de rutas de evacuación inmediata en los edificios de la sede de esta Cámara de Diputados, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a PEMEX, a concesionar a la SCT, el tramo carretero industrial que une la carretera federal 180 Coatzacoalcos-Villahermosa con el complejo petroquímico Morelos, a cargo de la diputada Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que realice la Declaración de Área Natural Protegida a la Barranca de Rio Verde y Rio Santiago, en el estado de Jalisco, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al estado de Chihuahua a solicitar a la Sagarpa, a emitir a la brevedad una declaratoria de desastre natural en el sector agropecuario, a consecuencia de la sequía en los Municipios de Ocampo, Uruachi y Moris, de dicha entidad, a cargo de diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a la definición y registro de la amiloidosis hereditaria como enfermedad rara, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas instancias gubernamentales a atender el caso de violaciones a derechos humanos de la C. Yndira Sandoval, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo al retén instalado en la carretera Agua Dulce -Coatzacoalcos Veracruz, como parte del operativo de combate a la delincuencia, a cargo de la diputada Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo al incremento de casos de violencia contra las mujeres, y a la estrategia de difusión de la cultura de la no violencia y de promoción de los derechos humanos de las mujeres, suscrito por las diputadas María Candelaria Ochoa Avalos, Claudia Sofía Corichi García, Mirza Flores Gómez y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales de los estados y a la Asamblea Legislativa de la CDMX, para que en sus leyes de movilidad o equivalentes, aprueben las modificaciones pertinentes con el objetivo de que el transporte público sea eficiente y amigable para el acceso de personas con discapacidad, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a la creación de una Comisión Especial con el objetivo de investigar a las dependencias señaladas por desvío de recursos públicos en el reportaje “La Estafa Maestra” publicado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el portal Animal Político, a cargo del a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a revocar la destitución del Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la implementación de diversas acciones en municipios del estado de Morelos derivadas de la emergencia ocasionada por el sismo del 19 de septiembre de 2017, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Efeméride

Con motivo del 23 de octubre, “Día del Médico”, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, correspondiente al Primer Periodo De Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia de la diputadaMartha Hilda González Calderón

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos ochenta y ocho diputadas y diputados, a las doce horas con ocho minutos del jueves diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Comunicaciones Oficiales:

a) De los diputados Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; y Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social, por las que solicitan el retiro de sus iniciativas, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a hacer lo conducente para que los productores agropecuarios de bajos ingresos, afectados en sus actividades agroproductivas por el sismo del jueves siete de septiembre de dos mil diecisiete, y por el Huracán Katia, reciban apoyos consistentes en recursos económicos a cuenta del componente Atención a Siniestros Agropecuarios. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

c) Del Gobierno del estado de Michoacán, por la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, así como al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que en el marco de sus atribuciones y a través de las instancias correspondientes, implementen o en su caso fortalezcan campañas de reciclaje de árboles de navidad a fin de ser depositados en los centros de acopio apropiados. Se remite al promovente.

d) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la que informa que durante el mes de septiembre de dos mil diecisiete, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras dio destino a bienes aptos para su uso o consumo. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

e) De los diputados Jorge Tello López, y René Cervera García, por la que comunican que dejan de pertenecer a los grupos parlamentarios de Morena, y de Movimiento Ciudadano, respectivamente. De enterado. Comuníquense.

f) De los Coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, y de Morena, por la que comunican la incorporación de los diputados Jorge Tello López, y René Cervera García, a dichos grupos parlamentarios, respectivamente. De enterado, comuníquense. Actualícense los registros parlamentarios.

La Presidenta informa a la Asamblea la presencia en el Salón de Sesiones del embajador Carlos Liao, de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en México, así como también del Director de la División Económica de la Oficina Económica y Cultural de Taipei, el señor Ricardo Hsu, y la señorita Violeta Hsu, Directora de Coordinación de la Oficina Económica y Cultural.

Desde su curul realiza comentarios en relación a diversos temas el diputado Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social. La Presidenta instruye se registre su intervención en el Diario de los Debates.

El siguiente punto del Orden del Día, es la efeméride con motivo del "Día de la lucha contra el cáncer de mama", y se concede el uso de la palabra para referirse al tema a las diputadas: Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social; Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza; María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano; Sharon Cuenca Ayala, del Partido Verde Ecologista de México; Irma Rebeca López López, de Morena; Araceli Madrigal Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

María Olimpia Zapata Padilla, del Partido Acción Nacional y Araceli Guerrero Esquivel, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente dirige unas palabras, y a solicitud de las diputadas invita a la Asamblea ponerse de pie, y se guarda un minuto de silencio en memoria de todas las mujeres que han perdido la vida enfrentando y luchando contra cáncer, así como de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, que falleció el pasados siete de julio, del presenta año.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibió el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad. En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen, en votación económica se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, en nombre de la Comisión. Se concede el uso de la palabra para presentar moción suspensiva al diputado Juan Romero Tenorio, de Morena, misma que en votación económica no se toma en consideración y se desecha. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y a los diputados: Justo Federico Escobedo Miramontes, del Partido Encuentro Social;

Presidencia de la diputadaMaría Ávila Serna

Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza; Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano; Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México; Vidal Llerenas Morales, de Morena;

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

A las trece horas con cincuenta y tres minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cincuenta y tres diputadas y diputados.

José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática; Armando Alejandro Rivera Castillejos, del Partido Acción Nacional; y Yericó Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen las diputadas y los diputados: en contra Ariadna Montiel Reyes, de Morena; en pro Javier Herrera Borunda, del Partido Verde Ecologista de México; en contra Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano; en pro Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática; en contra Alejandro Armenta Mier, de Morena; en pro Miguel Ángel González Salum, del Partido Revolucionario Institucional; en contra Fidel Calderón Torreblanca, de Morena; en pro Santiago Taboada Cortina, del Partido Acción Nacional; y en pro María Esther Scherman Leaño, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes artículos: primero, segundo tercero, sexto, octavo, décimo, once, doce, trece, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno; y sexto, octavo, décimo, décimo segundo, y décimo octavo transitorios, del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. En votación nominal por trescientos noventa y nueve votos a favor; cuarenta y cuatro en contra; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados.

El Presidente informa a la Asamblea, que para llegar a un consenso entre los grupos parlamentarios, y proceder a la discusión en lo particular de las reservas, declara un receso a las quince horas con doce minutos.

A las quince horas, con treinta y tres minutos se reanuda la sesión.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para referirse a los artículos reservados de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho, a las diputadas y a los diputados:

• Ariadna Montiel Reyes, de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos: primero; veinticuatro, párrafo primero, fracción cuarta; y supresión de los artículos veintiséis, veintisiete; veintiocho; décimo primero, y décimo octavo transitorios, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Tomás Octaviano Félix, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación a los artículos: primero, numeral seis; segundo, párrafo décimo primero; doce, adición de un párrafo; y artículo treinta y uno, adición de un inciso, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que el diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, retira y/o declina su intervención para presentar propuesta de modificación a los artículos primero numeral diez, y segundo con la adición de un párrafo.

• Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo primero, párrafo tercero, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Lucía Virginia Meza Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo primero, párrafo quinto, y la adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que los diputados Waldo Fernández González y Norberto Martínez Soto, ambos del Partido de la Revolución Democrática, retiran y/o declinan su intervención para presentar propuestas de modificación al artículo dieciséis con la adición de una fracción, y la adición de un nuevo transitorio, respectivamente.

• Adán Pérez Utrera, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo primero, párrafo décimo tercero, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Juan Romero Tenorio, de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos: primero, párrafo décimo tercero; veintiséis, fracción primera, inciso b); y veintiocho, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• José Everardo López Córdova, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo primero, párrafo décimo quinto, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo; y la adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, párrafo primero, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Vidal Llerenas Morales, para presentar propuestas de modificación a los artículos: segundo, adición de un párrafo; y diecinueve, adición de un párrafo, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Ana Leticia Carrera Hernández, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo tercero, párrafo primero, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

• Jesús Salvador Valencia Guzmán, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo tercero, párrafo primero, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Rogerio Castro Vázquez, de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos: sexto; y once, párrafo primero, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

La diputada María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, retira su propuesta de modificación a los artículos octavo; dieciséis apartado A, fracción novena y décima, párrafo segundo.

• Ángel Antonio Hernández de la Piedra, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo, adición de un párrafo, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos: doce, párrafo primero, fracción quinta; y dieciséis, apartado A, fracción décima, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Delfina Gómez Álvarez, de Morena, para presentar propuesta de modificación artículo trece, párrafo décimo tercero, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Miguel Alva y Alva, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo dieciséis, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática; para presentar propuestas de modificación a los artículos dieciséis, adición de una fracción; y veinticinco, fracción primera, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

• Julio Saldaña Morán del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo dieciséis, apartado A, fracción séptima, párrafo primero, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

La diputada Araceli Saucedo Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, retira su propuesta de modificación al artículo dieciséis, apartado A, fracción novena.

• Juan Pablo Piña Kurczyn, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo dieciséis apartado A, fracción décima, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los artículos: dieciséis, adición de una fracción; veintitrés, párrafo primero, fracción primera, inciso b); y adición de un artículo transitorio, que en diversas votaciones económicas no se admiten a discusión la reservas de los artículos, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Román Francisco Cortés Lugo, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo dieciséis, adición de una fracción, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que el diputado Moisés Guerra Mota, de Movimiento Ciudadano, retira y/o declina su intervención para presentar propuesta de modificación al artículo dieciséis, adición de una fracción, e instruye se registren sus intervenciones en el Diario de los Debates.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo dieciocho, párrafo primero, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea las estadísticas de la discusión del dictamen abordado.

Continúan las intervenciones de las diputadas y los diputados:

• Alejandro Armenta Mier, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo diecinueve párrafo primero, fracción cuarta, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

Desde su curul la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano, realiza diversos comentarios. El Presidente hace aclaraciones.

• Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo veintitrés, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Natalia Karina Barón Ortiz, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo veintitrés, adición de un párrafo, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social, para presentar propuesta de modificación al artículo veintiséis, adición de una fracción, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Concepción Villa González, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo veintisiete, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo veintiocho, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los artículos veintiocho, adición de un párrafo; y adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Roberto Guzmán Jacobo, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo veintinueve, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

Presidencia de la diputadaMartha Hilda González Calderón

La Presidenta informa a la Asamblea que la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, retira y/o declina su intervención para presentar propuestas de modificación a los artículos treinta; y octavo transitorio, del proyecto de decreto.

Continúan las intervenciones de las diputadas y los diputados:

• María Chávez García, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo treinta y uno, apartado A, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, para presentar propuestas de adición de los artículos: séptimo bis; séptimo ter; y séptimo quater, que en votación económica no se admiten a discusión, y se desechan.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

• María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

Presidencia de la diputadaMartha Hilda González Calderón

La Presidenta informa a la Asamblea el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, del Partido de la Revolución Democrática, así como el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, retiran y/o declinan su intervención para presentar sus propuestas de modificación a los artículos décimo segundo y décimo octavo transitorios, respectivamente. .

Continúan las intervenciones de las diputadas y los diputados:

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los artículos: décimo, y décimo segundo, transitorios; y adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Ernestina Godoy Ramos, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo octavo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Patricia Elena Aceves Pastrana, de Morena, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, y se desecha.

• Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, y se desecha.

• Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, y se desecha.

• Alfredo Basurto Román, de Morena, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, y se desecha.

• Adriana Elizarraraz Sandoval, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, y se desecha.

• Araceli Damián González, de Morena para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, y se desecha.

• Alejandra Gutiérrez Campos, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, y se desecha.

• Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas de adición de artículos transitorio, que en votación económica no se admiten a discusión, y se desechan.

• Sergio López Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, y se desecha.

• Wenceslao Martínez Santos, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, y se desecha.

• Jorge Ramos Hernández, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, y se desecha.

• María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, y se desecha.

• María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, y se desecha.

• Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, y se desecha.

Sin más oradores registrados, en votación nominal por doscientos veintiocho votos a favor; y ciento noventa y dos en contra, se aprueban en lo particular los artículos: primero, segundo, tercero, sexto, octavo, décimo, once, doce, trece, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno; y sexto, octavo, décimo, décimo segundo, y décimo octavo transitorios, en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El Partido Acción Nacional, refiere que el voto de su Grupo Parlamentario ha sido en contra de los artículos que esta fracción reservó.

Se da cuenta con oficios de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus competencias, vigilen la aplicación de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en favor de la prevención y tratamiento del cáncer de mama En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Desde su curul la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Partido Acción Nacional, realiza comentarios.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veinticinco de la Ley General de Partidos Políticos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• José del Pilar Córdova Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo mil novecientos dieciséis del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Montserrat Alicia Arcos Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Brenda Velázquez Valdez, del Partido Acción Nacional:

– Que reforma el artículo ciento dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma los artículos once de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y veintiuno del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que adiciona el artículo cuarenta de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que expide la Ley de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar las Agresiones Contra Periodistas. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y la Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, para opinión.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Partido Acción Nacional, que reforma y deroga diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, en materia de protección ambiental. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Diputados del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo sexto de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Diputados del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que a través de la Procuraduría General de Justicia, dé celeridad a las investigaciones por los presuntos actos de abuso sexual de niñas y niños dentro del kínder Circulo Infantil Personalizado SC, ubicado en la delegación de Cuajimalpa de Morelos. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

• Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a retomar los compromisos y reuniones de las mesas de atención interinstitucional de la fibrosis quística; así como exhortar al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, para que publique la Guía de Práctica Clínica de Tratamiento de la Fibrosis Quística. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a investigar el uso de un helicóptero oficial con fines particulares por parte del ciudadano Emilio Gamboa Patrón. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Roberto Guzmán Jacobo, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a implementar un plan estratégico de recuperación económica para el estado de Guerrero a través de la promoción turística. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Samuel Rodríguez Torres e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, relativo a los programas emergentes implementados en la Ciudad de México para atender a los damnificados del sismo del diecinueve de septiembre y las presuntas responsabilidades administrativas y penales por el mal uso de los mismos. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

• Verónica Delgadillo García, Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a garantizar protección a las abejas de plaguicidas nocivos y las políticas e instrumentos en materia de protección y conservación de polinizadores. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaría de Economía, a emitir e impulsar un Programa de regularización de vehículos extranjeros internados ilegalmente en el país. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen, y a la Comisión Especial de la Industria Automotriz, para opinión.

• Diputados de la Comisión Especial de Minería, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en la publicación de las Reglas de Operación del Fondo Minero se beneficie a los estados y municipios que se dedican a esa actividad. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• Jorge López Martín, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a la Procuraduría General de la República, informar a la opinión pública, sobre el desahogo de la indagatoria del caso LOZOYA-ODEBRECHT. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Daniel Ordoñez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la conmemoración de un Día sobre la reconstrucción mamaria, el tercer miércoles de octubre de cada año. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Mariana Trejo Flores, de Morena, por el que se exhorta al Gobierno de Zacatecas, a emitir la alerta de violencia de género, retomar el proyecto del banco estatal de datos de violencia contra las mujeres y establecer protocolos para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres en la entidad. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial de Alerta de Género, para opinión.

• Javier Octavio Herrera Borunda e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que revise el proyecto minero denominado la Paila, que busca desarrollarse en los municipios de Alto Lucero y Actopan en el estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a promover la reducción o eliminación de contenido promocional o adicionado en comprobantes fiscales simplificados y para que haga público el impacto financiero, ambiental y de salubridad que conlleva. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social, relativo a la creación de un Fondo económico para estimular a los estados con mejor desempeño en el rubro de desarrollo social y combate a la inseguridad. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ana Georgina Zapata Lucero, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al estado de Chihuahua, a fin de implementar de manera urgente un plan estratégico de seguridad pública, para solventar la creciente tasa de homicidios y delitos de alto impacto en la entidad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Araceli Damián González y Alicia Barrientos Pantoja, de Morena, relativo a la posible declaratoria de alerta de género en la Ciudad de México, así como a coordinar y ejecutar las medidas provisionales que pudiere implementar la Secretaría de Gobernación, derivadas de dicha declaratoria. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial de Alerta de Género, para opinión.

• Macedonio Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano, relativo a hacer pública las acciones que han tomado respecto el manejo de recursos federales realizados por la Secretaría de Salud, del estado de Jalisco, con relación al fondo de aportaciones a los servicios de salud y seguro popular. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• José Luis Orozco Sánchez Aldana y Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, a efecto de que se abstenga de vender dos predios de propiedad municipal en El Dean. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Ángel Antonio Hernández de La Piedra, de Morena, por el que se exhorta al gobierno municipal de Urique, Chihuahua, para que en marco de sus atribuciones provea del servicio de agua potable a la comunidad indígena de Mogótavo. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Xitlalic Ceja García, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y al gobierno del estado de Puebla para que, a través de la Secretaría de la Contraloría, fortalezcan sus acciones y políticas públicas para identificar, sancionar y prevenir irregularidades por parte de servidores públicos estatales en la entrega de víveres y apoyos para la reconstrucción de viviendas a consecuencia del sismo del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Ángel Antonio Hernández de La Piedra, de Morena, por el que se exhorta al gobierno municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para que a través del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, provea del servicio de agua potable a la comunidad indígena de San Felipe Ecatepec. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Edith Yolanda López Velasco, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de disminuir el número de reductores de velocidad conocidos como "topes" que hay en las ciudades de las entidades federativas. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Ángel Antonio Hernández de La Piedra, de Morena, relativo a las diligencias necesarias para dar con los responsables del asesinato del foto periodista Edgar Daniel Esqueda Castro. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, para opinión.

• Edgardo Melhem Salinas, y María Esther Camargo Félix, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al estado de Tamaulipas y al Ejecutivo federal, para que realicen de manera coordinada, acciones que atiendan la situación de inseguridad y violencia que prevalece en los municipios de Reynosa, Rio Bravo, Matamoros y Valle Hermoso. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

El Presidente levanta la sesión a las diecinueve horas con cincuenta minutos y cita para la siguiente Sesión Ordinaria el día martes veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, a las once horas.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.

El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:En votación económica se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobada el acta.



COMUNICACIONES OFICIALES

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, sea retirada la iniciativa que a continuación se enlista presentada el 14 de junio 2017, turnada a la Comisión de Justicia.

• Que adiciona un párrafo al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y adiciona el artículo 82 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Presentada por la diputada Lorena Corona Valdés y suscrita por integrantes del GPPVEM.

Sin otro particular, le reitero mi más alta y distinguida consideración

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), coordinador del GPPVEM.»

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La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto, me permito solicitar a usted, de conformidad con lo establecido por el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tenga a bien girar sus apreciables instrucciones, a efecto de retirar la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que informe a la opinión pública el destino otorgado a los recursos asignados al programa de Fomento a la Agricultura: Componente Proagro Productivo, a cargo del diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos, del Grupo Parlamentario del Partido del Partido Acción Nacional, la cual fue registrada en el orden del día de la sesión del pasado martes 10 de octubre de 2017 con el número 2. Le anterior, a solicitud del proponente.

Sin otro particular, agradezco de antemano sus atenciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2017.— Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), vicecoordinadora de Proceso Legislativo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

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La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 511.1.4/2023, signado por el licenciado José Ramón Cárdeno Ortiz, director general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se remite información relativa a las “contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2017”, del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al tercer trimestre de 2017.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, les acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en forma impresa y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la segundad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Asunto

Se envía el reporte sobre la contratación de honorarios llevara a cabo por el Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales con datos al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017.

Fundamento

Artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativo a la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, así como la obligación de los ejecutores de gasto de reportar en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública las contrataciones realizadas.

Oficio 312.A.-0003816 de fecha 12 de octubre de 2017 de la Dirección General de Programación v Presupuesto “B” de la SHCP.

Información

En atención al oficie 312.A.-00C3816 de fecha 12 de octubre del ejercicio fiscal 2017, me permito solicitar a usted su apoyo para cumplir con dicha obligación.

Para lo anterior, le envío en impresión y disco compacto, el formato “Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2017” del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales con datos al tercer trimestre de 2017.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

Licenciado José Ramón Cárdeno Ortiz (rúbrica), director general de Programación y Presupuesto.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que por oficio número 113.2017.DGVP.365 el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, envía el tercer informe trimestral para el ejercicio fiscal 2017 de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U”, a cargo de esa dependencia y su sector coordinado. (1)

(1) El documento será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “A”.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, les acompaño para les fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en formato impreso y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Lic. Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendada; 177, fracciones III, VI y VII, 181 y 285 de su Reglamento, 3, fracción XXI, y 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, por este conducto me permito remitir de manera impresa y electrónica, el tercer informe trimestral 2017 de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U”, operados por esta secretaría y el sector coordinado, los cuáles se enuncian a continuación:

Con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la creación II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, me permito solicitarle que por su amable conducto se remita la información en comento al honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2017.— Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a las Comisiones de Economía, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para su conocimiento.

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La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L 63-II-3-1769, signado per el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número JOS/0114/2017, suscrito por el maestro Mauricio Dávila Morlotte, jefe de la Oficina del Secretario de Educación Pública, así como de su anexo, mediante les cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a toda autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que en apego a las leyes aplicables en la materia, se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emitan los mismos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia a su oficio número SELAP/300/327/17, mediante el cual hace del conocimiento del maestro Aurelio Ñuño Mayer, secretario de Educación Pública, el acuerdo parlamentario aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que a la letra dice:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta a toda autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que en apego a las leyes aplicables en la materia, se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emitan los mismos.”

Sobre el particular, me permito remitir copia del oficio número OM/543/2017 firmado por la doctora Irma Gómez Cavazos, oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, con los comentarios correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2017.— Maestro Mauricio Dávila Morlotte (rúbrica), jefe de la oficina del Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Doctora Lorena Buzón Pérez, coordinadora de enlace con el honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Hago referencia al oficio número UR 120 JOS/CECU/ 0520/17 Ref. 0029-P mediante el cual esa Coordinador, de enlace con el honorable Congreso de la Unión a petición de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación solicita opinión por parte de esta Oficialía Mayor sobre el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 9 de marzo de 2017, el cual señala;

“Único. La Cámara de Diputados exhorta a toda autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que en apego a las leyes aplicables en la materia, se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emitan los mismos.”

Al respecto, conforme a lo estableado en los artículos 7 y 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública informó a usted que la Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros tiene la facultad para establecer las medidas para al uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio de gasto público. por tanto, puede considerarse viable que Talleres Gráficos de México lleve a cabo las impresiones mencionadas siempre y cuando ofrezcan las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en apego a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de os Estados Unidos Mexicanos; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; su Reglamento; la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal correspondiente, y demás normatividad aplicable.

Sin otro particular, le envíe un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de mayo de 2017.— Irma Adriana Gómez Cavazos (rúbrica), Oficial Mayor.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública.— Presente.

Por este medio me permite hacer de su conocimiento que per oficie número D.G-P.L 63-II-3-1769 el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunica a esta Secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 9 del actual, mismo que a continuación transcribe:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta a toda autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que en apego a las leyes aplicables en la materia, se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emitan los mismos.”

Asimismo, le acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido y del dictamen del citado acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterada la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

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La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L 63-II-5-1010 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número JOS/0111/2017, suscrito por el maestro Mauricio Dávila Morlotte, jefe de la Oficina del Secretario de Educación Pública, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a certificarse en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en igualdad laboral y no discriminación, en virtud de que dicha Norma contribuirá al logro de la igualdad sustantiva y a la eliminación de cualquier tipo de discriminación en los centros de trabajo de nuestro país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la segundad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia a su oficio número SELAP/300/1164/16, mediante el cual hace del conocimiento del Mtro. Aurelio Ñuño Mayer. Secretario de Educación Pública, el acuerdo parlamentario aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que a la letra dice:

“Único. Se exhorta a las y les titulares de las secretarías de Estado del gobierno federal, a las y los titulares de los órganos desconcentrados, a la y los gobernadores, y a las y los presidentes municipales a certificarse en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en igualdad laboral y no discriminación, en virtud de que dicha Norma contribuirá al logro de la igualdad sustantiva y a la eliminación de cualquier tipo de discriminación en los centros de trabajo de nuestro país.”

Sobre el particular, me permito remitir copia del oficio número OM/1074/2016 signado por la doctora Irma Gómez Cavazos, oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, con los comentarios correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2017.— Maestro Mauricio Dávila Morlotte (rúbrica), jefe de la oficina del Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Doctora Lorena Buzón Pérez, coordinadora de Enlace con el honorable Congreso de la Unión.

Hago referencia al oficio número UR120/JOS/CECU/0386/16 Ref. 0045-P, mediante el cual la Coordinación de Enlace con el honorable Congreso de la Unión, a petición de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, solicita a está Oficialía Mayor información sobre los elementos que considere necesarios para responder a dicha secretaría, con, respecto al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en la sesión celebrada el 29 de abril de ese mismo año, el cual señala lo siguiente:

“Único. Se exhorta a las y les titulares de las secretarías de Estado del gobierno federal, a las y los titulares de los órganos desconcentrados, a la y los gobernadores, y a las y los presidentes municipales a certificarse en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en igualdad laboral y no discriminación, en virtud de que dicha Norma contribuirá al logro de la igualdad sustantiva y a la eliminación de cualquier tipo de discriminación en los centros de trabajo de nuestro país.”

Al respecto, conforme a lo estableado en el artículo 7 del Reglamento interior de la Secretaria de Educación Púbica informe a usted, que el pasado 1 de diciembre de 2016 se obtuvo la certificación nivel plata en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en igualdad laboral y no discriminación.

Sin otro particular, le envíe un cordial saludo

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2015.— Irma Adriana Gómez Cavazos (rúbrica), oficial mayor.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

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La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con base a lo dispuesto en los artículos 30 (anexo 25) del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 y 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece que las dependencias deberán enviar trimestralmente a la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación.

Al respecto, por instrucciones del doctor José Narro Robles, secretario de Salud, y en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, que establece que corresponde a esta unidad coordinadora: “... coordinar los mecanismos de vinculación con el Poder Legislativo...” me permito enviar copia de la tarjeta 277/2017, suscrita por la licenciada Marcela Velasco González, subsecretaría de Administración y Finanzas, así como el anexo que la acompaña, mediante la cual da respuesta a dicha solicitud.

He de agradecer su valiosa intervención, a fin de remitir un ejemplar a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciada Marcela Velasco González, Subsecretaría de Administración y Finanzas.

En atención a lo dispuesto en los artículos 30 (anexo 25), del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y 181 del Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que las dependencias a través de la coordinadora de sector, deberán enviar trimestralmente a la honorable Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, turnando copia a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y por concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeñe previstos en las reglas de operación.

Al respecto, con fundamento en el artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y el artículo 7 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; le envío en forma impresa y en CD, los informes sobre el estado del ejercicio y el cumplimiento de las metas y objetivo correspondientes al tercer trimestre del año 2017 de los siguientes programas sujetos a reglas de operación: Programa de Atención a Personas con Discapacidad, Programa Desarrollo Comunitario “Comunidad Diferente”, Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, Programa de Seguro Médico Siglo XXI, Calidad en la Atención Médica, Programa de Estancias infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica y Prospera Programa de Inclusión Social.

Es importante mencionar que la fecha límite para entregar dicha información a la honorable Cámara de Diputados es el 20 de octubre de 2017, y conforme al artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, el conducto para su entrega ante esa instancia legislativa es la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social. No omito señalar que la mencionada Unidad Coordinadora debe enviar una copia del oficio de remisión a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (actuario César Javier Campa Campos, director general de Programación y Presupuesto “A” de la SHCP) y de la Función Pública (licenciado Carlos Arturo Luján Olivas, titular de la Unidad de Evaluación de Gestión y Desempeño Gubernamental de la SFP.)

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Maestro José Genaro Montiel Rangel (rúbrica), director general de Programación, Organización y Presupuesto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.

En atención a lo dispuesto en los artículos 30 (anexo 25) del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 y 181 del Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece que las Dependencias deberán enviar trimestralmente a la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación.

Al respecto envío a usted de forma impresa y en CD, mediante atenta nota DGPOP-55-2017 de fecha 19 de octubre del presente año, suscrito por el director general de Programación, Organización y Presupuesto, dichos informes correspondientes al tercer trimestre del año 2017 de diversos programas, cabe señalar que la fecha límite para la entrega de dicha información es el 20 de octubre del presente año. (2)

(2) El documento será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “A”.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

Atentamente

Licenciada Maricela Velasco González (rúbrica), Subsecretaría de Administración y Finanzas.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

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El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, la constitución de un fondo especial de reconstrucción para Oaxaca y otras entidades por las afectaciones generadas por los sismos de septiembre de 2017.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 ‘del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores el segundo de ellos.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

México vive momentos de emergencia social a consecuencia de los fenómenos naturales del mes de septiembre de 2017, donde el impacto de huracanes y la fuerza de importantes sismos han puesto a prueba las capacidades de los actores sociales y las instituciones gubernamentales para atender a los damnificados. Es fundamental garantizar los recursos presupuestales y su transparencia que maximice la inmediata reconstrucción de viviendas, a fin de evitar una emergencia social en diversas entidades de la República. En el caso particular de Oaxaca es necesario acelerar la reconstrucción para atender a miles de familias en condición de pobreza, sin caer nuevamente en los errores del pasado, donde la corrupción y la falta de planeación traicionaron la confianza de los ciudadanos y del sector empresarial.

De los 5 mil 71 sismos que han ocurrido en el mes de septiembre, 17 han sido con intensidades macrosísmicas que van de moderada a fuerte, como el ocurrido el pasado 19 de septiembre, de magnitud 7.1 con epicentro en Axochiapan, Morelos. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), en el mapa de intensidades del 7 al 24 de septiembre se contabilizaron 17 sismos con magnitudes mayores a 4, de los cuales tres sucedieron en Guerrero, cinco en Chiapas, siete en Oaxaca, uno en Morelos. El pasado 7 de septiembre, precisa el SSN, se reportaron dos; el primero de magnitud 4.2 en Coyuca de Benítez, Guerrero y el segundo de 8, en Tonalá, Chiapas. El pasado 19 de septiembre se registró uno de magnitud 8.1 y posteriormente se han registrado amplias réplicas en diversas entidades.

Las consecuencias inmediatas marcadas ampliamente por la tragedia de pérdidas humanas, viene acompañada por la desesperación de miles de familias que han perdido sus hogares. La fuerza de la naturaleza no distinguió, pero nuevamente la población de menores ingresos enfrenta el mayor grado de vulnerabilidad ante la desgracia.

Las cifras del “Censo de viviendas y acciones para la reconstrucción: transparencia y rendición de cuentas” realizado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), indican que 180 mil 731 viviendas que presentaron algún tipo de daño a consecuencia de estos sismos; 127 mil 479 con daño parcial, 50 mil 610 con daño total y 2 mil 642, deberán ser reubicadas. A más de un mes de los sismos del 7 de septiembre, Oaxaca y Chiapas registraron el mayor número de viviendas dañadas con 63 mil 336 y 59 mil 397 respectivamente. En menor medida Guerrero con 2 mil 976.

Particularmente, la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza es el municipio con mayores viviendas afectadas (14 mil 918) y el municipio de Santo Domingo Tehuantepec con 4 mil 324 viviendas, en el caso particular de Juchitán es necesario reconstruir totalmente la ciudad y atender prioritariamente a la población infantil.

El 18 de octubre de 2017, derivado del diagnóstico definitivo de los daños, se determinaron las obras y acciones necesarias. El costo de reconstrucción ascendería a unos 48 mil millones de pesos, de acuerdo con las estimaciones del presidente Enrique Peña Nieto.

En el marco de la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, como legislador he presentado diversas proposiciones para atender la emergencia social, pero también para la constitución de un fondo especial de reconstrucción para el estado de Oaxaca por las afectaciones generadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017.

Oaxaca, al igual que otras entidades, enfrenta el reto de la reconstrucción de miles de viviendas y la reconstitución de infraestructura pública (hospitales, escuelas, carreteras, otros), donde sendos recursos de los contribuyentes y de donaciones de ciudadanos y sector privado están preparándose para ser destinados a obra pública.

Sin embargo, de las últimas experiencias de fondos destinados para la reconstrucción se encuentran al final marcados por observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por la discrecionalidad y desvío de dichos recursos. De acuerdo al estudio de Óscar Arredondo, “El desastre natural del Fonden”, los malos manejos de los recursos del Fonden se pusieron claramente en evidencia en 2005, cuando las irregularidades llegaron a tal grado que la Secretaría de la Función Pública destituyó, multó e inhabilitó a quien fuera la Coordinadora General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Carmen Segura Rangel, junto con un par de subalternos de la Dirección General del Fonden. Y todo parece indicar que de no aplicarse los controles necesarios, se seguirán presentando las prácticas que suponen abusos en el destino de los recursos.

El catálogo de irregularidades queda perfectamente ilustrado en el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el que auditaron los recursos autorizados para la atención de desastres naturales en el estado de Chiapas, en 2010 y 2011, y que ascendieron a casi tres mil quinientos millones de pesos. El informe habla por sí solo: desde el principio las solicitudes de recursos y los diagnósticos de daños se presentaron con desfases de hasta 27 días, cuando el plazo es dos días hábiles. La modificación al calendario ocasionó que las aportaciones al estado de Chiapas se realizaran hasta 139 días hábiles después del plazo establecido, lo que afectó el inicio de obras y acciones.

Este sexenio, la construcción de obra pública está asociada a recurrentes escándalos como el llamado Paso Express de Cuernavaca, la línea 12 de la Ciudad de México, el Tren Interurbano México-Toluca, sin olvidar el proceso de investigación que se sigue a Petróleos Mexicanos por el caso de soborno de Odebrecht, la lista sigue por las autopistas del Sol en Guerrero, la torre pediátrica de Veracruz, hospitales en Nuevo León, Durango, Oaxaca, entre otros. Algo sucede con nuestra norma y la relación entre la administración pública y el ciclo electoral, que ha terminado por generar obras de baja calidad, baja rentabilidad económica y social, y precios más elevados de lo previsto y con retrasos, lo que se tipifica como actos evidentemente en contra del interés público y los principios establecidos en el artículo 134 constitucional.

De forma paralela a la discusión que actualmente existe de la minuta de reforma de la Ley de Obras Públicas que remitió el presidente de la República al Congreso de la Unión y de la Ley de Contratación de Obra Pública, ambas que radican de una u otra manera en las Comisiones de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, Comisión de Participación Ciudadana y Anticorrupción y Estudios Legislativos, Segunda, el Congreso debe establecer diversos mecanismos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para garantizar a los contribuyentes un tratamiento especial y diferenciado a cada peso destinado para la reconstrucción de viviendas de las familias damnificadas por los sismos de septiembre.

Es vital que las obras se adjudiquen con los respectivos estudios de ingeniería, con un verdadero sentido de planificación, a fin de evitar los errores y observaciones cometidos en anteriores procesos de reconstrucción –hoy tenemos un nuevo Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción– y en nombre de los empresarios y de la población damnificada es vital que los recursos destinados incentiven a las pequeñas y medianas empresas, el empleo local y la cadena de valor estatal y nacionales. Es imposible cambiar el pasado, pero tenemos una gran oportunidad de recuperar la confianza de la ciudadanía y sentar las bases de un nuevo desarrollo para el sur-sureste frente al futuro.

La reactivación de la economía en las entidades afectadas es un rubro de vital importancia y urgencia, particularmente en las regiones y comunidades donde los sismos destruyeron instrumentos, herramientas e infraestructura de trabajo de miles de personas, privándoles así de su fuente de empleo y manutención de sus familias. Este es un problema frente al que se requieren acciones inmediatas, a fin de no dejar a dichas familias en el desamparo e incertidumbre. La reactivación de la actividad económica es un aspecto fundamental en la atención a las personas afectadas por los sismos; por ello, es indispensable que la Cámara de Diputados destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos necesarios para impulsar la reactivación de la actividad económica en las entidades afectadas.

Por lo anterior, en mi calidad de representante de Oaxaca, propongo a la Cámara de Diputados se incluyan las siguientes disposiciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con el objeto de imponer al Ejecutivo federal y a la Auditoría Superior de la Federación al establecimiento de las siguientes obligaciones en el proceso de licitación y ejecución de los recursos del fondo de reconstrucción:

• Establecer entre 3 por ciento y 5 por ciento del presupuesto para realizar estudios de ingeniería.

• Establecer a los testigos sociales, la obligación de presencia desde al inicio de la licitación hasta el término del proyecto y que se informe periódicamente al Sistema Nacional Anticorrupción directamente cualquier anomalía.

• Impulsar a las pequeñas y medianas empresas en las entidades afectadas por los sismos del mes de septiembre, a fin de incentivar la recuperación de la economía local y el empleo, siempre y cuando acredite experiencia, cumplimiento de sus obligaciones (fiscales/IMSS) y o pertenezcan a asociaciones o colegios que acrediten que no sean empresas “fantasmas” o de reciente creación.

• De conformidad con las disposiciones de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Auditoria Superior de la Federación debe supervisar en tiempo real la ejecución de los recursos destinados para la reconstrucción.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República solicita a la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, la constitución de un fondo especial de reconstrucción para el estado de Oaxaca y las demás entidades por las afectaciones generadas por los sismos del mes de septiembre de 2017, y adicionar dentro de los Transitorios la obligación de establecer entre 3 por ciento y 5 por ciento de los recursos de cada proyecto para realizar estudios de ingeniería; la obligación a los Testigos Sociales de presencia desde el inicio de la licitación hasta el término del proyecto y que se informe periódicamente al Sistema Nacional Anticorrupción directamente cualquier anomalía, y de manera particular los mecanismos para impulsar a las Pyme y Mipyme en las entidades afectadas por los sismos del mes de septiembre, a fin de incentivar la recuperación de la economía local y el empleo, siempre y cuando acredite experiencia, cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pago de cuotas al IMSS, así como la acreditación de experiencia en materia de ejecución de obra pública.

Segundo. El Senado de la República solicita a la Auditoría Superior Federación establecer dentro de su programa anual la auditoria en tiempo real de los recursos federales destinados para la reconstrucción para el estado de Oaxaca y otras entidades, por las afectaciones generadas por los sismos del mes de septiembre.

Notas

1 Sedatu (13-OCT-2017) Censo de viviendas y acciones para la reconstrucción: transparencia y rendición de cuentas. Disponible en:

https://www.gob.mx/sedatu/articulos/sabes-cuantas-viviendas- se-vieron-afectadas-tras-los-sismos-de-septiembre?idiom=es

2 Forbes (17-OCT-2017) Reconstrucción por sismos ascendería a 2 mil 500 millones de dólares: Peña Nieto. Disponible en:

https://www.forbes.com.mx/reconstruccion-por-sismos-ascenderia- a-2500-mdd-pena-nieto/

3 Sitio en internet:

http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2013/10/03/ el-desastre-natural-del-fonden/ Citado con la previa autorización del autor.

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionaría Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 se considere la asignación de recursos para el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable en el ramo 15, P-007, “De impulso a la movilidad urbana”, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de la Cámara de Senadores proposición con punto de acuerdo por el cual se exhortarespetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 se considere la asignación de recursos para el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable en el ramo 15, P-007, “De impulso a la movilidad urbana”, como parte de las necesidades presupuestarias de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para atender los rezagos en materia de movilidad urbana en las ciudades del país, mediante la planeación, el diseño, la implantación y la evaluación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Mucho se ha dicho sobre la necesidad de la movilidad de las personas, al grado de concluirse como un derecho fundamental para la satisfacción de otras necesidades básicas y, por tanto, un deber del Estado el garantizarla.

Un tema verdaderamente urgente, si consideramos que de acuerdo con la inercia de crecimiento urbano de las últimas décadas, se prevé que para 2030 habrá más de 90 millones de habitantes sólo en las ciudades de las zonas metropolitanas del país y que en ellas circularán 70 millones de vehículos automotores (el doble que en la actualidad).

Una de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte público y masivo que promueva el uso de transporte no motorizado, a fin de transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos.

En la estructura programática por emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos se ha incluido el programa P-007, “De impulso a la movilidad urbana”.

No obstante, no se le han asignado recursos a pesar de ser indispensable para atender la grave problemática de movilidad urbana en las ciudades del país, ante la falta constante de implantación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada.

El programa tiene como objetivo ser un instrumento competitivo para brindar asistencia técnica y financiera a los gobiernos estatales y los municipales para la correcta planeación, diseño, implantación y evaluación de proyectos de transporte y movilidad sustentable.

Asimismo, financiaría proyectos piloto innovadores de movilidad urbana sustentable que impulsen gobiernos estatales, con alto potencial económico en ciudades del país.

Uno de los fondos federales mediante los cuales se distribuyen recursos a los estados y los municipios para el desarrollo de las zonas metropolitanas es precisamente el metropolitano. Los proyectos que considera son desde servicios públicos y de vivienda hasta los de movilidad urbana. Sin embargo, lo más que se ha logrado es que para el ejercicio fiscal que trascurre un mínimo de 15 por ciento se destine a movilidad urbana sustentable: peatonal, ciclista y transporte público.

Sin embargo, aún no se consideran suficientes y se hace necesario poner en marcha el referido programa de impulso a la movilidad urbana a través de la asignación de recursos que permitan atender los rezagos en materia de movilidad urbana en las ciudades del país, mediante la planeación, el diseño, la implantación y la evaluación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada.

Conociendo las facultades constitucionales que en materia presupuestaria tienen diversos actores en su formación y ante el acierto de la Sedatu de crear el citado programa P-007, “De impulso a la movilidad urbana”, a fin de cumplir sus objetivos que derivan del Plan Nacional de Desarrollo, se considera indispensable sumar esfuerzos para gestionar como prioritario desde el inicio de este proceso constitucional, la asignación de recursos presupuestarios al Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable en el ramo 15, como parte de las necesidades presupuestarias de la Sedatu.

Para ello es idóneo que con motivo y a colación de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 se estará en breve discutiendo y aprobando en la colegisladora, que se consideren recursos en los términos descritos, sin menoscabo de otras asignaciones en la materia, como el mismo Fondo Metropolitano, o de los relativos a mitigación y adaptación al cambio climático que también prevé recursos destinados al transporte.

En resumen, la propuesta que me permito traer a consideración de esta asamblea consistiría en exhortar respetuosamente a la colegisladora a considerar la asignación de recursos en los términos planteados.

Con la aclaración de que no se deje de considerar la prioridad que constituye la inversión para los trabajos de reconstrucción nacional con motivo de los daños causados por los lamentables sismos ocurridos en septiembre pasado en el país.

En mérito de lo anterior me permito poner a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 se considere una asignación de recursos al Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable, en el ramo 15, P-007, “De impulso a la movilidad urbana”, como parte de las necesidades presupuestarias de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para atender los rezagos en materia de movilidad urbana en las ciudades del país, mediante la planeación, el diseño, la implantación y la evaluación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada.

Dado en el salón de sesiones, a 19 de octubre de 2017.— Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 asigne recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 700 millones de pesos para consolidar el proyecto Ciudad Creativa Digital en Jalisco.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de la Cámara de Senadores proposición con punto de acuerdo por el cual se exhortarespetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 700 millones de pesos para consolidar el proyecto Ciudad Creativa Digital, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ciudad Creativa Digital ha sido conceptualizada como “la renovación del entorno urbano para consolidar un espacio ideal para las personas, un escenario moderno e interconectado donde el talento y la creatividad generan conocimiento, impulsan el uso de nuevas tecnologías y mejoran la calidad de vida en la zona metropolitana de Guadalajara”, según su página de internet.

Estará en el corazón de la capital de Jalisco, y concentrará industrias creativas, como firmas productoras de cine, televisión, videojuegos, animación digital, medios interactivos y aplicaciones móviles, posicionando con ello al estado como un centro productivo relevante para un sector que hoy es vanguardia en la economía global.

Se trata de un gran proyecto a cargo del gobierno de Jalisco y la Secretaría de Economía federal, considerado un proyecto estratégico a escala nacional que consolidará a la capital de Jalisco como un modelo comercial, económico y cultural.

Este proyecto incluye la modernización de los servicios, la restauración de diversos inmuebles del centro de Guadalajara y la construcción de algunos edificios que albergaran empresas relacionadas con el desarrollo de alta tecnología, entre otros.

Sin duda, representa un proceso histórico para el futuro local y nacional, pero lamentablemente no ha avanzado con la rapidez deseada. Hay buenos avances en las inmediaciones del Parque Morelos, con servicios y remodelaciones, además de la primera torre terminal en la que emprendedores estarán operando. De hecho, se inauguró ya el centro de innovación de Bosch en Jalisco.

Sobre el desarrollo de tecnología de las empresas, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco destacó que se trabaja en la adopción de herramientas y sistemas en su interior, como parte del impulso de la industria 4.0 en sus procesos de operación.

Lo que sigue, con base en los recursos esperados de la federación, es lograr las siguientes dos torres para consolidar el proyecto, que ascienden a la cantidad de 700 millones de pesos.

Tales recursos habrán de dar un nuevo impulso en materia de innovación tecnológica y desarrollo para los mexicanos.

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es el momento propicio para que en ese ejercicio el gobierno federal continúe apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar este importante proyecto.

Cabe decir, sin dejar de lado la prioridad que constituyen los recursos necesarios para la reconstrucción de nuestro país y la reposición de los hogares de los afectados con motivo de los lamentables sismos del pasado mes de septiembre en el centro y sur del territorio nacional.

La propuesta que me permito traer a consideración de esta asamblea consistiría en exhortar respetuosamente a la colegisladora a considerar la asignación de recursos para Ciudad Creativa Digital, por consolidarse en el corazón de Guadalajara, Jalisco.

En mérito de lo anterior me permito poner a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 700 millones de pesos necesarios para consolidar el proyecto Ciudad Creativa Digital, en el corazón de Guadalajara, Jalisco, sin dejar de lado la prioridad de los recursos necesarios para reconstruir el nuestro país y reponer los hogares de los afectados con motivo de los lamentables sismos de septiembre último en el centro y sur del territorio nacional.

Dado en el salón de sesiones, a 19 de octubre de 2017.— Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Armando Ríos Piter, Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Martha Elena García Gómez, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Daniel Ávila Ruiz, José de Jesús Santana García, Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, realice un recorte de al menos 50 por ciento al presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral y al Congreso de la Unión.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos, Francisco Búrquez Valenzuela, Armando Ríos Piter, Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Martha Elena García Gómez, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Daniel Ávila Ruiz, José de Jesús Santana García, Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel senadores integrantes de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o., numeral I, fracción II, 276 del reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdopor el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 realice un recorte de al menos el 50 por ciento al presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Congreso de la Unión. Lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En 2015, durante la discusión del paquete económico, solicite mediante un punto de acuerdo reducir en al menos el 50 por ciento al presupuesto de los partidos políticos, del INE y del Congreso de la Unión.

Además, presenté conjuntamente con veinticinco senadores de diversos grupos parlamentarios una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General de Partidos Políticos, solicitando eliminar cuando menos el 50 por ciento de los recursos que reciben los partidos políticos; muchos coincidimos en la necesidad de recortar el gasto político que ha crecido de forma desmedida en los últimos años.

La ciudadanía tomó la iniciativa a través de la plataforma ciudadana para el cambio social y político “Change.org”, acompañada por 170 mil firmas de ciudadanos que apoyan la iniciativa de recorte al gasto político.

Así y dados los señalamientos de corrupción de este gobierno, en febrero de 2017 presenté una reforma constitucional para eliminar el cien por ciento de los subsidios destinados a los partidos políticos, dicha iniciativa y demás documentos legislativos presentados se encuentran sin el dictamen correspondiente.

Hoy nuevamente estamos frente a la posibilidad de enmendar los excesos de la clase política; los ciudadanos organizadamente ante la tragedia nacional se han hecho escuchar y no han dejado pasar la oportunidad de presionar a la clase política por el enorme recurso que reciben año con año los partidos políticos.

Es de todos conocidos que ante esa presión los partidos políticos han ofrecido eliminar al 100 por ciento el subsidio que reciben para destinarlo a la reconstrucción por los recientes sucesos.

Los ciudadanos, tienen en todo momento el legítimo derecho de ser representados dignamente sin que ello les genere una carga económica en perjuicio de su bolsillo, ante ello resulta necesario señalar lo siguiente:

Los actores electorales han tomado con gran simpatía el financiamiento público, el cual año con año sigue incrementándose con cargo directo a los bolsillos de la ciudadanía.

Es así que cada año, aun en los que no se tiene programado proceso electoral alguno y ante los escenarios negativos en los que se desenvuelve la economía nacional derivada de la reforma fiscal de 2013, se sigan proponiendo y aprobando presupuestos desmedidamente excesivos para el Instituto Nacional Electoral.

Lo anterior, toma sustento del análisis del presupuesto aprobado en 2012 contra lo propuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, se toman dichos años, dado que reflejan procesos de elección presidencial.

Es así que en 2012 se aprobó un presupuesto de 14 mil 953.9 millones de pesos en contraste con 2018 se propone un gasto total de 25 mil 015.3 millones de pesos. Es decir, se observa un crecimiento de 67 por ciento en el gasto total para el Instituto Nacional Electoral.

Así, de acuerdo al proyecto de Presupuesto de Egreso de la Federación (PPEF) de 2018 el Instituto Nacional Electoral recibirá un total de 25 mil 15.3 millones de pesos de los cuales 24 mil 672.1 millones de pesos obedecen a gasto corriente, divididos en 10 mil 753.8 1 millones de pesos para servicios personales, 6 mil 638.3 1 millones de pesos para gastos de operación y 7 mil 579.9 1 millones de pesos para otros gastos corrientes; y 343.2 millones de pesos para gasto de inversión.

Lo señalado, evidencia al INE y a los partidos políticos que han aumentado considerablemente su gasto. La dinámica propia de la burocracia es crecer y multiplicarse. Hay derroche, ineficiencia y gastos absurdos. Lo electoral nunca tuvo tantos recursos y estuvo tan mal.

En este sentido, los legisladores no podemos tolerar los aumentos propuestos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018, ni para el INE y mucho menos para el Congreso de la Unión, debemos predicar con el ejemplo.

Para este año en el PPEF se propone un gasto total de 15 mil 374.6 millones de pesos para el Poder Legislativo, mil millones más de lo aprobado para 2017.

De aprobarse en sus términos, la Cámara de Senadores recibirá un presupuesto de 4 mil 905 millones de pesos y la Cámara de los Diputados 8 mil 239 millones de pesos.

Con excepción de la Auditoría Superior de la Federación, el gasto de todos los órganos autónomos registra aumentos alejados a la realidad económica y de emergencia nacional que vive el país, olvidando los recortes anunciados en este año luego de la caída de los ingresos petroleros.

Este presupuesto que se pretende destinar al poder legislativo no cumple con lo señalado en la estrategia programática que indica en el caso de la Cámara de Diputados es “con el fin de obtener un mejor aprovechamiento de los recursos presupuestados y preocupados por ejercer un presupuesto austero, transparente y adecuado a las necesidades de operación..” para el caso de la Cámara de Senadores, señala que sus líneas de acción para el ejercicio presupuestal serán, entre otras “atender las medidas y lineamientos de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto”.

Lo anterior carece de sustento si consideramos los señalamientos que diversos medios de comunicación han documentado, en donde incluso sustentan con facturas que respaldan lo siguiente:

Dispendio en el Senado

• 668 mil por 128 banderas de raso de seda, con el nombre de cada legislador bordado en hilo dorado alrededor del escudo nacional.

- 5 mil 200 pesos por bandera.

- Violentando la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno que prohíbe hacer cualquier inscripción en la Bandera.

• 406 mil por 5 escribanías de plata: tintero, pluma y abrecartas.

• 81 mil 200 por escribanía.

- Según una respuesta a solicitud de transparencia: las escribanías no se han entregado y están en resguardo de la Secretaría General de Servicios Administrativos.

• 854 mil por 143 portafolios y 135 carpetas.

- Entre 4 mil y 5 mil pesos por portafolio.

• Más de 2 millones de pesos en una delegación de 10 senadores durante 5 días en Fiji.

- Más de 40 mil pesos por senador por día.

- Algunos vuelos costaron 186 mil pesos.

- Un secretario técnico de comisión gastó de manera diaria 24 mil pesos en alimentación y hospedaje en el Intercontinental Fiji Golf Resort & Spa.

Más de 50 millones de pesos anuales para seguridad y vigilancia.

Más de 45 millones de pesos anuales para contrato de vales y despensas y tarjetas telefónicas.

Más de 13 millones de pesos en “obsequios protocolarios”.

Más de 2 millones de pesos en el contrato de café de calidad regular.

- Cada taza cuesta 87 pesos.

• 50 mil pesos por sesión en el servicio de comedor en el pleno del Senado.

- 390 por senador suponiendo que todos comieran.

Dispendio en diputados

• Más de 229 millones de pesos para vales de despensa alimentación y gasolina.

• 176 millones de pesos anuales para cubrir vales de despensa.

• 51 millones de pesos de vales de alimentación.

Más de 7 millones de pesos por vales de gasolina.

Más de $ 30 millones en boletos de avión y viáticos en un año.

• 91 millones de pesos en sistema de vigilancia.

• 5 millones de pesos en adquisición de motocicletas.

• Más de 1 millón de pesos en café y galletas.

• Más de 161 millones de pesos en seguro de gastos médicos mayores (este seguro también protege a familiares).

• Más de 8 millones de pesos para cambiar la alfombra del salón de plenos.

Lo anterior ilustra el dispendio que estos órganos realizan con cargo directo al bolsillo de los ciudadanos.

La ciudadanía no merece estos gastos desmedidos mientras ven caer su poder adquisitivo, mucho menos cuando no se están dando los resultados que reclaman los ciudadanos.

Los diputados y senadores estamos llamados a emprender acciones encaminadas a un ejercicio de responsabilidad y congruencia respecto a la situación económica, de corrupción y emergencia nacional que se vive en el país, no podemos ser ajenos a la exigencia ciudadana, quienes reciben salarios bajos y que en comparación con los que reciben los legisladores resultan ofensivos.

Así las cosas, por ello el presente exhorto se sustenta principalmente en la demanda que la ciudadanía pide a todos y cada uno de nosotros, sus representantes, el gobierno sigue sin cumplir su palabra, sigue sin verdaderamente ajustarse el cinturón el gobierno tiene que gastar menos y mejor, por ello el presupuesto propuesto para 2018 para el INE y el Congreso de la Unión debe ajustarse a medidas de austeridad.

Ante este panorama, debemos recortar con un gran sentido de responsabilidad el gasto, particularmente en los rubros señalados en el cuerpo de este documento.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 realice un recorte de al menos el 50 por ciento al presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral y al Congreso de la Unión.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de octubre de 2017.— Senadores: Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Martha Elena García Gómez, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Daniel Ávila Ruiz, José de Jesús Santana García, Armando Ríos Piter, Francisco Salvador López Brito, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert y Ernesto Ruffo Appel (rúbricas).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el proceso de discusión y aprobación del presupuesto, y ante la grave situación socioeconómica por la que atraviesa Guerrero, asigne un incremento presupuestal extraordinario, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, al Fondo de Aportaciones de la Infraestructura Social Municipal, destinados al estado.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2017.— Diputada Graciela Ortiz González (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito, Esteban Albarrán Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las aportaciones federales para entidades federativas y municipios se definen en el ramo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, son recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de dichas entidades, cuyo gasto está condicionado a la consecución y el cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal dispone.

La aplicación del ramo 33 establece que esas aportaciones federales se destinan para la aplicación de las actividades relacionadas con áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la educación básica y normal, salud, combate a la pobreza, asistencia social, infraestructura educativa, seguridad pública, educación tecnológica y de adultos.

Entre los fondos aplicables en el ramo 3, destaca el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social calcular la distribución de estos fondos, para lo cual toma en cuenta el número de habitantes de la entidad y la población en rezago social o pobreza extrema. Asimismo, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación en los primeros 15 días de cada enero los montos asignados del Fondo de Infraestructura Social Municipal que correspondan a cada entidad federativa, las variables y las fuentes oficiales de información a escala municipal que se utilizaron en la aplicación de las fórmulas de distribución.

Los componentes para determinar el rezago social y la pobreza extrema se miden por hogar con los siguientes conceptos:

a) Ingreso per cápita del hogar;

b) Nivel educativo promedio por hogar;

c) Disponibilidad de espacio de la vivienda;

d) Disponibilidad de drenaje; y

e) Disponibilidad de electricidad y combustible para cocinar.

Las entidades distribuirán entre los municipios y las demarcaciones territoriales los recursos del fondo, con base en la fórmula señalada en el artículo 34 de la citada ley, enfatizando el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia municipios y demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema.

De acuerdo con el artículo 32 de dicha ley, el FAIS se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, a 2.5 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de la ley, según estimación que de ella se realice en el propio Presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.

De la recaudación federal participable, 0.303 por ciento corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social Estatal y 2.197 al Fondo para Infraestructura Social Municipal.

Este fondo se enterará mensualmente en los primeros 10 meses del año por partes iguales a los estados por conducto de la federación y a los municipios a través de los estados, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluidas las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de la ley.

La Ley de Coordinación Fiscal dispone que las aportaciones de dichos fondos serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y los municipios que los reciban, conforme a sus leyes. Por tanto, en los Presupuestos de Egresos de los municipios se determinarán anualmente las erogaciones que con cargo a estos fondos podrán realizar en las haciendas públicas municipales, debiendo observar en su ejecución, la legislación que regula el gasto público municipal en el pago de servicios, ejecución de la obra pública, adquisiciones, arrendamientos, planeación y participación ciudadana.

La fiscalización de las Cuentas Públicas de las entidades federativas y de los municipios será efectuada por el Congreso local que corresponda, por conducto de sus órganos superiores de fiscalización o contadurías mayores de hacienda, según sea el caso, que fiscalizarán conforme a sus leyes.

Guerrero es uno de los estados que requieren mayores apoyos de dicho fondo. Se caracteriza por el estancamiento económico, los altos índices de pobreza y los graves hechos de violencia, entre otros.

De acuerdo con las cifras del Coneval, Guerrero se encuentra como el tercer estado con mayor tasa de pobreza, con 64.2 por ciento de su población en esa condición. En números, 2 millones 314 mil 700 habitantes son pobres, además de que 825 mil 200 subsisten en pobreza extrema.

Con los datos más actuales, los de 2014, la tasa de pobres en Guerrero se redujo de 65.2 a 64.4 por ciento en 2016. Aunque es un avance, los números dicen que 2 de cada 3 de sus habitantes continúan sin todos los satisfactores sociales básicos. El estado se mantiene como uno de los tres con mayor pobreza y pobreza extrema del país. En la mayoría de los municipios hay carencia e insuficiencia de servicios de salud y educación, y las viviendas se encuentran deterioradas.

Igual que todos los estados de la federación, Guerrero es beneficiado por las aportaciones federales, para el caso que nos ocupa, el FAIS. Éste es definido anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y calculado de acuerdo con lo establecido en la formula correspondiente.

En el Presupuesto federal de 2017 se asignaron al FAIS 67 mil 420.2 millones de pesos, sólo un incremento de 6.2 por ciento en comparación con el año anterior. De éste correspondieron a Guerrero 5 mil 196.1 millones (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Gasto federalizado identificado en el PEF de 2017), cantidad insuficiente para cubrir las necesidades de los 81 municipios del estado.

Recordemos que Guerrero, como algunos otros estados, ha sufrido diversos acontecimientos catastróficos, como los huracanes, las lluvias y los recientes terremotos que han empeorado las condiciones de sus habitantes. De ahí, la finalidad del presente punto de acuerdo.

Sabemos que los montos asignados se definen de acuerdo con lo establecido en la ley. No obstante, y ante la magnitud de los daños ocasionados a miles de familias guerrerenses, respetuosamente solicitamos a la colegisladora que considere un incremento extraordinario al presupuesto de FAIS destinado a los municipios de Guerrero.

Ése es el objetivo fundamental de la propuesta, cuya finalidad es contribuir a disminuir el analfabetismo, mejorar la alimentación, garantizar el derecho a la salud, dotar de energía eléctrica, instalar el sistema de agua entubada, apoyar los sistemas productivos, migración, ambiente, artesanías y ejes carreteros, entre muchos más.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto, para que en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto, y ante la grave situación socioeconómica por la que atraviesa Guerrero, asigne un incremento presupuestal extraordinario, en el PEF de 2018, al Fondo de Aportaciones de la Infraestructura Social Municipal, destinados al estado.

Dado en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a 19 de octubre de 2017.— Senador Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Turismo y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar un incremento del presupuesto en los recursos del sector turismo en la región conocida como “Mundo Maya”.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2017.— Diputada Graciela Ortiz González (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito, senador Daniel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Turismo y, de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el marco del análisis, discusión y aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal de 2018, consideren un incremento en los recursos del sector turismo; particularmente para la región conocida como Mundo Maya, integrada por Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Turismo internacional

De acuerdo a datos emitidos por la Secretaría de Turismo (Sectur) del gobierno federal, en octubre del año en curso, se reportó que en 2016 México recibió a 35 millones 100 mil turistas extranjeros, que en comparación con otros años aumentó en 9.3 por ciento más que en 2015 y en 50 por ciento más que en 2012.

Otro dato importante que reporta la Sectur es que en los primeros siete meses de 2017, México recibió a 22 millones 900 mil turistas extranjeros, 12.1 por ciento más que en el mismo periodo de 2016.

Al respecto, nuestro país percibió por concepto de turismo en 2016 alrededor de 19 mil 600 millones de dólares por divisas turísticas, 10.8 por ciento más que en el mismo periodo de 2015 y 54 por ciento más que en 2012. Menciona la Sectur que esta cifra ha mejorado, porque de acuerdo a sus reportes, en los primeros siete meses de 2017, México recibió 13 mil 116 millones de dólares por divisas turísticas, 9.7 por ciento más que en el mismo periodo de 2016. Por lo que nuestro país, a nivel internacional, se ha posicionado en octavo lugar de los países más visitados en el mundo y el decimocuarto lugar con mayor recepción de divisas turísticas en 2016.

Turismo nacional

Se estima que en 2016 hubo 226 millones de turistas nacionales, de los cuales 90 millones se hospedaron en hotel y 136 millones se hospedaron en ofertas extra hoteleras (segundas viviendas, tiempos compartidos, casas de conocidos, etcétera).

En 2016 se registraron poco más de 221 mil cuartos ocupados (promedio diario), en los principales destinos turísticos de México, 4 por ciento más que en 2015 y un porcentaje de ocupación del 60.4 por ciento. De enero a agosto de 2017 se registraron 240 mil cuartos ocupados diariamente, 7.3 por ciento más que en el mismo periodo de 2016 y un porcentaje de ocupación de 62.9 por ciento.

Cabe mencionar que la oferta de alojamiento de México es de 769 mil cuartos en 2016, por lo que se ha incrementado en más de 20 mil habitaciones en promedio durante los últimos 5 años, ya que en 2012 la disponibilidad de cuartos era de 661 mil cuartos, lo que denota un amplio crecimiento e interés de la población para recibir visitantes nacionales tanto como extranjeros e incrementar sus ingresos económicos.

En general, en 2016 el turismo creció 3.5 por ciento, mientras que durante el primer trimestre de 2017 creció en un 3.3 por ciento en comparación con el mismo trimestre de 2016, es decir, hubo un decremento del 0.2 por ciento, situación que pudo deberse a la reducción del presupuesto invertido por el estado mexicano en materia de turismo en 2017.

Por lo que se nota, los beneficios que se han producido en este sector parecen positivos, ya que la Sectur reporta 10 millones de personas que tienen empleo gracias al turismo de forma directa o indirecta. Además, señala que se han creado 989 mil nuevos empleos directos en México en la última década, un crecimiento medio anual de empleo turístico de 2.9 por ciento, el doble del crecimiento en la generación de empleos de las manufactureras, el sector primario y el comercio. Al cierre de 2016 el empleo en el sector turístico registró un crecimiento anual de 3.9 por ciento y de 3.6 por ciento durante el segundo trimestre de 2017. Como notamos al inicio de este último año, hubo un decremento del empleo de 0.3 por ciento.

Es importante destacar que el sector turismo, en la actualidad, representa 8.7 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, por lo que se ubica como uno de los sectores con mayor participación económica en México en comparación con otros sectores como la minería, petróleo, la construcción o los servicios financieros. Estos resultados positivos tienen una relación directa con el aumento del presupuesto federal para mejorar las condiciones de este sector, lo que se ve reflejado en un mayor crecimiento económico.

Sin embargo, independientemente de los logros alcanzados por México en materia turística, nuestro país puede incrementar su oferta turística, ya que es el país latinoamericano más septentrional; colinda con el Golfo de México y el mar Caribe al este y con el Océano Pacífico al oeste; el territorio insular está formado por 371 islas, arrecifes y cayos; La superficie del mar territorial mexicano adyacente al continente es de 209 mil kilómetros cuadrados, la zona económica exclusiva tiene un área de 3 millones 149 mil 920 kilómetros cuadrados; el clima en el territorio mexicano contiene prácticamente todos los grupos y subgrupos climáticos posibles, existiendo variaciones de climas secos a húmedos en una distancia de pocos kilómetros.

Además, el país cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral; 187 zonas arqueológicas abiertas al público; 34 lugares que fueron nombrados patrimonio de la humanidad por la UNESCO, lo que nos convierte en el país de América con más sitios patrimonio y el séptimo lugar en el mundo; también tenemos 8 bienes de patrimonio inmaterial de la humanidad; somos el cuarto lugar en el mundo con un mayor número de especies endémicas, porque más de 10 por ciento de las especies conocidas en el mundo habitan en México; tenemos 181 áreas naturales protegidas; 76 aeropuertos, de los cuales 63 son internacionales.

Por ello, es importante fomentar todas estas oportunidades turísticas en México, a fin de impulsar el crecimiento y desarrollo económico a través de las oportunidades de empleo que sin lugar a dudas mejoraría la calidad de vida, evitando la migración a otras ciudades o países y aprovechando la experiencia, potencial y fuerza de trabajo nacional.

Sin embargo, aunque México ha crecido en el sector turístico, aún falta mucho por consolidarlo, por lo que se deben redoblar esfuerzos para asegurar el aumento de la derrama económica, producto de este sector, en toda la sociedad, y para ello se requiere mayor inversión a fin de impulsar la dinámica de los servicios turísticos en todo el país, lo que podría generar, como ya se mencionó, más empleos y reducir la migración a otros estados y al extranjero. Cabe mencionar que es importante seguir invirtiendo en este sector y para ello se debe evitar reducir el presupuesto federal a la Secretaría de Turismo, como sucedió el año pasado, ya que se redujo de 5 mil 900 millones de pesos en 2016 a 3 mil 900 millones de pesos en 2017, es decir, se le redujo 24 por ciento.

Además, se debe recalcar que aunque se hayan incrementado las divisas en el sector turismo, tampoco significa un incremento de la derrama económica en las comunidades locales y distintas regiones del país, como es el caso de la región conocida como Mundo Maya, la cual se integra por los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, comprendiendo un área de 241 mil 784 kilómetros cuadrados. Cabe mencionar, que desde hace años el gobierno federal se comprometió a impulsar el desarrollo y consolidar el turismo de esta región.

En 2016 las ciudades capitales de la región Mundo Maya recibieron 823 mil 983 visitantes con pernocta, de los cuales 348 mil 924 personas se hospedaron en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Según datos de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) de Yucatán, esta entidad federativa se ubica como el puntero de la región en los últimos años, recibiendo a un gran número de visitantes tanto nacionales como extranjeros.

Esto ubica a la ciudad de Mérida en el primer lugar en afluencia de visitantes con pernocta al recibir a 42.34 por ciento de los visitantes registrados en las ciudades capitales de la región Mundo Maya en 2017, así como el primer lugar en afluencia de visitantes con pernocta al recibir a 42.88 por ciento de los visitantes registrados en las ciudades capitales de la región Mundo Maya de 2016.

De igual manera de enero a diciembre de 2016 Mérida alcanzó un porcentaje de ocupación del 62.07 por ciento, por lo que la Sefotur ha expresado que su objetivo en los próximos años es que el número de visitantes con pernocta en Yucatán supere 75 por ciento, ya que queda una gran cantidad de habitaciones vacías. Además debemos agregar, que Yucatán, al igual que toda la región del Mundo Maya, puede ofrecer a los visitantes nacionales y extranjeras más alternativas turísticas, entre las que destacan las zonas naturales como los cenotes y “playas vírgenes”, diversidad de fauna y flora; asimismo se pueden ofrecer opciones de eventos culturales propios de la región, no solo en sus ciudades principales o capitales. Además, la región cuenta con zonas arqueológicas, actividades de buceo, mercados artesanales, vida nocturna, diversidad gastronómica, entre otras muchas opciones.

En el caso específico de Yucatán, según datos de la Sefotur, la derrama económica que dejan los visitantes con pernocta de 2014 a 2016 es de un promedio de 7 mil 634 millones 675 mil pesos anuales, lo cuales si bien contribuyen a mejorar las condiciones económicas de la población, como ya se mencionó, el beneficio no ha llegado a todos los yucatecos, por lo que muchos deciden buscar oportunidades laborales en otros estados o países.

Según datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de octubre de 2017, Yucatán tiene 2 millones 169 mil 504 habitantes, de los cuales 45.86 por ciento vive en pobreza y 10.69 por ciento en pobreza extrema, lo que quiere decir que 56.55 por ciento del total de la población yucateca no tiene alternativas de mejorar su calidad de vida. Cabe mencionar que aproximadamente 1 millón 640 mil yucatecos tienen la edad para trabajar, sin embargo la población económicamente activa es de cerca de 1 millón 49 mil 200, de los cuales más de 61 mil yucatecos están desocupados o sin pago por sus actividades. Sin embargo estos datos, al parecer contrastan con los datos emitidos por el Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la cual señala que en Yucatán se han registrado en su sistema alrededor de 89 mil 545 personas en 2017con la finalidad de obtener un empleo, de los cuales sólo 20 por ciento lo han obtenido y la mayoría son empleos temporales.

Por tal razón, es importante asignar mayor presupuesto en materia turística a Yucatán y en general a toda la zona conocida como Mundo Maya, a fin de que estos estados impulsen un mayor impacto en el turismo, y aumenten sus fuentes de empleo, crecimiento y desarrollo económico y reduzcan los índices de pobreza.

Además la asignación de mayor presupuesto a esta zona, permitirá contar con los recursos necesarios para generar otras estrategias e implementar acciones orientadas al desarrollo de nuevos servicios turísticos, ampliar la oferta existente, y consolidar a este sector en un marco de desarrollo sostenible, con la participación de los sectores público, privado y social que incorpora a las comunidades locales.

Además, al incrementar el presupuesto en la zona Mundo Maya, se tendría mayor capacidad de promocionar el turismo regional, fortaleciendo vínculos con otros países centroamericanos.

En virtud de lo anterior, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El honorable Senado de la República exhorta respetuosamente a las Comisiones de Turismo y, de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2018, consideren un incremento en los recursos del sector turismo; particularmente para la región conocida como Mundo Maya, integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Nota

1 Datos Inegi, 1997, en Conabio. La diversidad biológica de México: estudio de país, 1998. México, Conabio, 1998.

Senado de la República, a 16 de octubre de 2017.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para año 2018, se destinen recursos suficientes para la creación de un bosque urbano entre los municipios de Frontera y Monclova, ambos en el estado de Coahuila de Zaragoza.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 57, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 275, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados el primer resolutivo; y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores el segundo de ellos.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2017.— Diputada Graciela Ortiz González (rúbrica), vicepresidenta.»

«La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora por el estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2018, se destinen recursos suficientes para la creación de un bosque urbano entre los municipios de Frontera y Monclova, ambos en el estado de Coahuila de Zaragoza. Adicionalmente, el Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno de Coahuila de Zaragoza para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, evalúe la pertinencia de fortalecer la red de bosques urbanos en la entidad, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las áreas verdes urbanas son superficies recreativas o bien extensiones no urbanizadas con vegetación primaria o secundaria. Estas áreas desempeñan un conjunto de funciones esenciales en el bienestar y en la calidad de vida de los centros urbanos. Dichas funciones se pueden concebir desde un punto de vista social, ya que generan impactos y beneficios directos en la comunidad, y desde un punto de vista ambiental, pues influyen directamente para mejorar la calidad del ambiente urbano.

Entre los ejemplos más notables de los beneficios de las áreas verdes urbanas se encuentran:

1) Los árboles que configuran las áreas verdes urbanas son esenciales para el combate al cambio climático. Participan en el intercambio gaseoso al capturar el CO2 y otras sustancias, y liberar oxígeno. Un solo árbol puede absorber CO2 a una tasa de 21.744 Kg por año, mientras que 0.4 ha de árboles pueden absorber suficiente CO2 como para igualar la producción de un auto que circula 41,842 km en un año. De esta manera, plantar árboles sigue siendo uno de los medios más económicos y eficaces de disminuir exceso de CO2 de la atmósfera.

2) Los árboles en zonas urbanas pueden ayudar a remediar el problema de la contaminación del aire. Los árboles actúan como filtros naturales de contaminación al absorber diversas sustancias contaminantes a través de las estomas en la superficie foliar. Un estudio realizado por la Universidad de Southampton, indican que los arboles existentes en la zona metropolitana de Londres pueden eliminar 850 a 2,000 toneladas de partículas contaminantes de PM10.

3) En un estado como Coahuila, en el que la precipitación anual acumulada está por debajo de la media nacional, los árboles en áreas verdes urbanas juegan un papel clave. Dichas áreas pueden ayudar a retener la humedad en el suelo al detener los escurrimientos rápidos de agua, filtrando el agua contaminado a través de sus raíces, manteniendo los caudales naturales de agua limpia y favoreciendo la infiltración a los acuíferos.

4) Los árboles protegen a las personas de la radiación ultravioleta del sol. Cuando los árboles son plantados en parques de juego o andadores pueden ayudar a disminuir la exposición al sol y los peligros de los rayos ultravioleta, disminuyendo efectos a la salud relacionados con ambos.

5) Los árboles tienen un efecto relajante en los humanos. Estudios demuestran que las zonas urbanas donde hay más árboles tienen menos incidencia de crímenes que zonas con menos árboles.

En Coahuila, según la estadística proporcionada por el gobierno del Estado, cada habitante dispone de un promedio de 2,5 m2 de áreas verdes, muy por debajo del mínimo de 9 m2 por habitante recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el estado hay ejemplos de esfuerzos para aumentar la cobertura de las áreas verdes, como es el caso del Gran Bosque Urbano Ejército Mexicano, ubicado en la ciudad de Saltillo, una de ciudades con mayor cantidad de metros cuadrados de área verde por habitante del país, 6,2 m2. A pesar de estos ejemplos, es necesario emprender esfuerzos para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, dando acceso a los coahuilenses a más áreas verdes, elevando así sustancialmente su calidad de vida.

La riqueza florística del estado de Coahuila sobresale por su gran número de endemismos de plantas vasculares. Se estima que dentro de los límites del estado se distribuyen 190 especies endémicas, repartidas en 13 diferentes tipos de vegetación. Uno de los ejemplos más característicos es el matorral rosetófilo y micrófilo, con casi 140 taxa endémicos, está integrado principalmente por Agave lechuguilla y Dasylirion cedrosanum (comúnmente llamado sotol), además de una amplia diversidad de cactáceas. Este último grupo contiene 48 taxa de distribución restringida en el estado, además de que es uno de los más amenazados, con 29 especies inscritas en la NOM-059-ECOL-2001.

Debido a la enorme diversidad de nuestro estado, es necesario que el gobierno estatal trabaje en la creación de una red de bosques urbanos, comenzando por las principales ciudades del estado: Saltillo, Monclova, Piedras Negras, Torreón, Sabinas y Acuña. Se propone que estos nuevos espacios consideren los altos números de endemismos que Coahuila posee, de manera que se configuren con especies vegetales propias de cada una de las regiones del estado. Así, estos nuevos espacios además de proveer algunos de los servicios ambientes, servirán como sitios de conservación de la valiosa biodiversidad coahuilense.

Con esto en mente, exhorté el 4 de noviembre de 2015 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2016, destinara los recursos suficientes para la creación de un bosque urbano entre los municipios de Frontera y Monclova, ambos en el estado de Coahuila de Zaragoza. Dicha proposición se turnó a la cámara de diputados donde fue negado el propuesto necesario para la construcción del bosque urbano.

Posteriormente, el 3 de agosto del 2016 exhorté a través de la Comisión Permanente al gobierno de Coahuila de Zaragoza para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, evaluara la pertinencia de fortalecer la red de bosques urbanos en la entidad. Dicha proposición se aprobó por el Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.A poco más de un año de aprobarse esta proposición con punto de acuerdo, aún no se recibe respuesta de parte del gobierno del Estado sobre el estatus de guarda dicha propuesta, ni se cuenta con información de acciones del gobierno en el tema.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición:

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2018, se destinen recursos suficientes para la creación de un bosque urbano entre los municipios de Frontera y Monclova, ambos en el estado de Coahuila de Zaragoza.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno de Coahuila de Zaragoza para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, evalúe la pertinencia de fortalecer la red de bosques urbanos en la entidad.

Notas

1 Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) Coahuila. 2015. Red de Parques y Bosques Urbanos.

http://www.sema.gob.mx/SRN-CON-REDPARQUES-INDEX.html

2 Meza y Moncada 2010: Las áreas verdes de la Ciudad de México. Un reto actual. Scripta nova revista electrónica de geografía y ciencias sociales

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-331/sn-331-56.htm

3 Arbor Environmental Alliance. 2008. Carbon and tree facts. Consultado en línea:

http://www.arborenvironmentalalliance.com/carbon-tree-facts.asp

4 Tallis, M. et al. 2011. Estimating the removal of atmospheric particulate pollution by the urban tree canopy of London, under current and future environments. Landscape and Urban Planning. Pp. 129-138(2):103

5 Conagua. 2012. Atlas Digital del Agua México 2012. Distribución de la precipitación pluvial anual 1971-2000.

http://www.conagua.gob.mx/atlas/ciclo14.html

6 American Forest. 2016. Tree Benefits. Consultado en línea:

https://www.americanforests.org/bigtrees/tree-protection-toolkit/ tree-benefits/

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza y Secretaria de Medio Ambiente. 2012. Programa Estatal de Medio Ambiente 2011-2017.

http://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/Publicaciones/MEDIO%20AMBIENTE.pdf

10 Recuperación de espacios públicos.2015. SEDATU. Consultado en línea el 8-08-2016:

http://www.gob.mx/sedatu/articulos/recuperacion-de-espacios-publicos

11 Villarreal-Quintanilla, José Á.; Encina-Domínguez, Juan A. 2005. Plantas vasculares endémicas de Coahuila y algunas áreas adyacentes, México Acta Botánica Mexicana. Pp. 1-46 (70). Instituto de Ecología, A.C. Pátzcuaro, México.

12 Garza, S. 4 de noviembre de 2015. De la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar fondos para la creación de un bosque urbano entre los municipios de Frontera y Monclova, en el estado de Coahuila. Recuperado de

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2 &id=58883

13 Senado.31 de agosto 2016. Ficha Técnica. Recuperado de

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=9&id=7652

Dado en el salón de sesiones, a 17 de octubre de 2017.— Senadora Silvia Garza Galván (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar los recursos económicos del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2017.— Diputada Graciela Ortiz González (rúbrica), vicepresidenta.»

«Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente a los legisladores integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en función de sus facultades, incrementen los recursos económicos del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

Exposición de Motivos

1. El 23 de diciembre del 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, el Acuerdo establece lo siguiente:

Se orienta a que la gestión del riesgo, particularmente la reducción de riesgos y la prevención de desastres, se inserte en una política de desarrollo sustentable a través de la promoción de un mayor financiamiento entre los sectores público y privado; y a fortalecer prácticas de cooperación entre la Federación, estados y sociedad civil, que permitan atender con mayor oportunidad a la población afectada por fenómenos naturales.

En los últimos años, las instituciones públicas y su plataforma jurídica, en conjunción con los sectores privado y social, se han orientado hacia un estadio en el que prevalezca la anticipación sistemática y científica sobre la ocurrencia de desastres asociados a los fenómenos naturales, buscando con ello la adaptación a sus efectos y la disminución de sus consecuencias negativas o indeseables.

(Fopreden, 2010)

2. Con la publicación de las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, se inicia una nueva etapa en la búsqueda de la anticipación y prevención de los desastres, la intención de contar con un Fondo que permita enfrentar los riesgos y desastres desde una perspectiva de prevención ese es el objetivo del Fondo:

La experiencia acumulada, nacional e internacional, en materia de fenómenos y desastres y las nuevas tecnologías han postulado un enfoque basado en un conocimiento más profundo del riesgo y en el convencimiento de que, en sus diferentes fases y momentos, se encuentran amplias áreas de oportunidad de gestión a favor de la población expuesta y vulnerable.

Ese enfoque en su integralidad, propugna medidas y procedimientos para la identificación, análisis, evaluación y reducción de los riesgos, desde sus procesos de gestación hasta su maduración, reconociendo para ello diversas fases y momentos: previsión, identificación de riesgos, prevención, mitigación, preparación, atención de emergencias, reconstrucción y recuperación.

Que la noción que existe alrededor de la figura del riesgo, reconoce su origen multifactorial y, por su misma naturaleza, su proceso permanente de construcción social.

(Fopreden, 2010)

3. Con este cambio comienza un nuevo enfoque de la prevención de riesgos y desastres, un enfoque, al cual se le conocerá como “Gestión Integral del Riesgo”el cual propugna lo siguiente:

Medidas y procedimientos para la identificación, análisis, evaluación y reducción de los riesgos, desde sus procesos de gestación hasta su maduración, reconociendo para ello diversas fases y momentos: previsión, identificación de riesgos, prevención, mitigación, preparación, atención de emergencias, reconstrucción y recuperación.

La noción que existe alrededor de la figura del riesgo, reconoce su origen multifactorial y, por su misma naturaleza, su proceso permanente de construcción social.

(Fopreden, 2010)

4. Dentro de las funciones más importantes del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, ese encuentra la actividad preventiva, que busca orientar la reducción de los riesgos y los impactos de fenómenos naturales aplicando los recursos económicos en tareas de prevención:

Los recursos de origen federal del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales son subsidios federales, por lo que su aplicación y control, incluyendo los rendimientos financieros, están sujetos a las disposiciones establecidas en las presentes Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, así como en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y demás aplicables.

Corresponderá a la Dirección General del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales elaborar y mantener actualizados los formatos con base en los cuales se presentará la documentación e información requerida en las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.

(Fopreden, 2010)

5. La creación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, tiene el objetivo de la prevención tendiente a reducir los desastres, con ello buscar mitigar el impacto negativo en la población a consecuencia de algún fenómeno natural:

El Fondo para la Prevención de Desastres Naturales tiene como objetivo la promoción y fomento a la actividad preventiva tendiente a reducir los riesgos, y disminuir o evitar los efectos del impacto destructivo originado por fenómenos naturales, bajo los principios señalados en el artículo anterior, así como promover el desarrollo de estudios orientados a la Gestión Integral del Riesgo para fomentar y apoyar la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en favor de la prevención de desastres y mitigación de riesgos derivados de fenómenos naturales perturbadores y la adaptación a sus efectos.(Fopreden, 2010)

6. La integración del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, es la siguiente:

I. El Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, que funcionará como fuente de financiamiento para transferir los recursos al Fideicomiso Preventivo a que se refiere el artículo 32 de la Ley General de Protección Civil a fin de que todos los proyectos preventivos se aprueben con cargo al patrimonio de este último, y

II. El Fideicomiso Preventivo a que se refiere el artículo 32 de la Ley General de Protección Civil.

(Fopreden, 2010)

7. El Fondo es un avance enorme en la búsqueda de la prevención de los desastres, su creación y función viene a contribuir al reconocimiento de la construcción social del riesgo, por ello es que permanente busca el conocimiento y análisis de las causas de fondo que lo conforman, ya que es el punto de partida para la toma de decisiones y la propuesta de acciones encaminadas a su reducción, previsión y control permanente de los riegos y los desastres, así lo establece el artículo 7 del acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales:

El Fopreden se sustenta en la Gestión Integral del Riesgo, la cual reconoce al riesgo como un proceso social en permanente construcción por lo que el conocimiento y análisis de las causas de fondo que lo conforman, es el punto de partida para la toma de decisiones y la propuesta de acciones encaminadas a su reducción, previsión y control permanente, integradas al desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles.

El Fopreden tiene como base los siguientes ejes de acción:

I. Conocimiento del origen y Construcción Social del Riesgo;

II. Identificación de Peligros, Vulnerabilidades, Riesgos y sus escenarios;

III. Análisis y evaluación de los posibles efectos;

IV. Acciones y mecanismos para la prevención y reducción de riesgos y mitigación de impactos;

V. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos, y

VI. Fortalecimiento de la capacidad de Resiliencia del gobierno y de la sociedad civil.(Fopreden, 2010)

8. La importancia del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales es mayúscula si se considera al Fondo como la piedra angular de la prevención del riesgo y los desastres por ello tiene la finalidad de:

I. Financiar Proyectos Preventivos y Proyectos Preventivos Estratégicos enfocados a la reducción de los riesgos y que contribuyan a evitar o disminuir los daños originados por la presencia de Fenómenos Naturales Perturbadores;

II. Promover y replicar Proyectos Preventivos modelo, y

III. Constituir mediante subcuentas específicas en el Fideicomiso Preventivo, fondos y reservas financieras con el propósito de asegurar la oportuna asignación y aplicación de recursos dirigidos a Proyectos Preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de Fenómenos Naturales Perturbadores.(Fopreden, 2010)

9. A pesar de la importancia del Fondo de Prevención de Desastres Naturales, los recursos económicos con los que opera son limitados, tan sólo para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se redujo sustancialmente el presupuesto destinado al Fondo en relación a los últimos 3 años de lo que venía recibiendo, del Ejercicio Fiscal del 2014 al 2016 tenía incrementos mínimos pero iban en aumento. Estos recursos que le permiten operar y realizar las tareas para las cuales fue creado son indispensables, la reducción del recurso económico dificulta continuar con sus actividades y por ende reducir la exposición a riesgo de las poblaciones y regiones más vulnerables. Estos son los recursos que se le han destinado al Fopreden, los últimos 4 años:

Considerandos

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. El Fondo de Prevención de Desastres Naturales, es esencial para reducir la exposición a riesgos ocasionados por fenómenos naturales, cabe mencionar que estos fenómenos se presentan con un mayor grado de destrucción y año con año van en aumento. Tan sólo el año pasado en el ImpactoSocioeconómico de los Desastres en México, durante 2016 la Secretaría de Gobernación (Segob), reveló que la pérdida económica derivada de los desastres ocurridos en México en lo que va del milenio (2000-2016), ascendió a 489 mil 406 millones de pesos; de esta cantidad, el97.35% corresponde a desastres propiciados por hecatombes.

(Desastres, 2017)

Lo anterior es preocupante considerando que los riesgos y los desastres deben ser atendidos bajo la lógica de la prevención, generando programas encaminados a anticiparse a los riesgos y a las consecuencias que podrían generar.

III. Si bien es cierto, es imposible saber cómo y cuándo se van a presentar los fenómenos naturales, cuáles serán sus consecuencias y cuál será el costo de los mismos, lo que sí se puede realizar es una anticipación y prevención de riesgos, buscando siempre reducir la vulnerabilidad de la población, generando proyectos como los que busca el Fopreden. Es de vital importancia destinar recursos económicos a la prevención no sólo a la atención de los desastres que es un tema en el cual se ha trabajado con el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) el cual recibe fondos muy por encima de la prevención de desastres. Sólo por hacer un cálculo, mucho más acertado y que generé una percepción clara para los legisladores muestro como se destinan los Fondos tanto para el FONDEN como para el Fopreden:

IV. Como se puede observar los montos destinados para cada Fondo son muy diferentes, es evidente que no se podrán equiparar en algún momento pues la naturaleza de cada uno es distinta, sin embargo, se puede hacer un esfuerzo por encaminar las tareas de prevención que contribuyan a generar el gasto privilegiando la prevención. La idea parece complicada en función de que es necesario trabajar para las próximas generaciones en la prevención de los desastres, situación que por lo general no se privilegia en el Presupuesto de Egresos de la Federación por lo regular se da prioridad al gasto en proyectos y programas que se activen al ocurrir alguna contingencia, lo que a mí consideración es correcto, pero también se debe prestar atención a la anticipación y prevención de los desastres, no se puede pensar en tratar de reducir el impacto negativo que generan los fenómenos naturales que se convierten en desastres sin pensar en prevenirlos, es un enfoque en el que se tiene que trabajar con una visión a largo plazo, construyendo programas que no sean negociables en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pues cada año se tiene que trabajar con recursos por lo general menores y el Fondo de Prevención de Desastres Naturales debe ser una prioridad en la forma en la cual se enfrentan los fenómenos naturales, por ello es que este Fondo debe verse fortalecido con mayores recursos económicos para su funcionamiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los legisladores integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en función de sus facultades incrementen los recursos económicos del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

Notas

1. Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. Diario Oficial de la Federación, recuperado de:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5172175&fecha=23/12/2010 revisión hecha el 16 de octubre de 2017.

2. Televisa News ¿Cuánto le han costado a México los desastres naturales? Recuperado de:

http://noticieros.televisa.com/historia/nacional/2017-09-23/ cuanto-le-han-costado-mexico-desastres-naturales/ revisión hecha el 16 de octubre de 2017.

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2017.— Senador Raúl Gracia Guzmán (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, incremente en un 7 por ciento lo estimado del presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) .de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia se turnara a la Cámara de Diputados el primer resolutivo; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores el segundo de ellos.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2017.— Diputada Graciela Ortiz González (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, senador de la República en la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95, 108, 109, 175 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, para que dentro del análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se incremente en un 7 por ciento, a lo ya estimado del presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), con la finalidad de beneficiar e incentivar al sector Agropecuario Nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El proceso de aprobación del paquete económico para el ejercicio fiscal 2018 contemplado en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), inició con la elaboración y envío al Congreso de la Unión de los Pre criterios de Política Económica para dicho ejercicio.

Motivo por el cual el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) organismo creado en la LIX legislatura con fecha del 29 de abril de 2004; quien elaboró en abril del presente año, el documento Proyecciones de cierre para 2017, Perspectivas para 2018 y Programas Prioritarios del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable para 2018 (Pre criterios Generales de Política Económica 2018].

Este estudio nos muestra las perspectivas que se tienen para el 2018, sin embargo esto también nos muestra la insuficiencia que se tiene en las presentes proyecciones que estima el gobierno federal, llamando atención, que ante la posible ruptura del TLCAN, nuestro gobierno, no prevea un impulso al sector agropecuario.

En México es necesario reconocer que, como país, tenemos un gran potencial productivo hablando del sector agropecuario, sin embargo, las necesidades de desarrollo a corto, mediano y largo plazo han sido insuficientes con la política agropecuaria.

Actualmente la producción nacional está siendo desplazada por la importación de alimentos, que con apoyo, pueden ser generados en el país y mantener la soberanía alimentaria.

Ya que con el propósito fundamental de mejorar el nivel de vida de los campesinos y aliviar las condiciones de pobreza prevalecientes en el campo mexicano, la política agropecuaria se dirigió en estos últimos años a promover el logro de niveles adecuados de rentabilidad.

Sin embargo, esto se ha quedado en los promocionales del Gobierno Federal, puesto que en realidad hoy por hoy, el campo mexicano vive una severa crisis económica, lo que es de llamar la atención, es que se trata de un problema histórico estructural, ya que ante la inminente inclusión de México a la globalización, nos encontramos ante la penuria que viven día con día los campesinos, pueblos indígenas, pequeños propietarios, familias, etcétera.

Sin duda, para entender por qué el campo mexicano se encuentra en este escenario actual de precariedad hay que remitirse al cambio de modelo de desarrollo económico por el que optaron los gobiernos mexicanos de fin del siglo XX.

En un afán de modernizar al país y de seguir los lineamientos de la política económica planteados por los gobiernos republicanos estadunidenses de Ronald Reagan y George Bush para México, los gobiernos mexicanos del priísmo tecnócrata, regímenes desde Miguel de la Madrid hasta el actual Gobierno Federal, sin un análisis a fondo del campo mexicano y desdeñando las voces disidentes de los actores directamente involucrados como lo son los agricultores, organizaciones campesinas, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, pensaron que la liberalización de la economía en el sector rural y el ingreso de los productores agrícolas mexicanos al mercado internacional de América del Norte conducirían a la modernización, capitalización y productividad del campo.

Pero a través de los años se ha demostrado lo contrario, y hoy, más de 30 años después, sólo se cosecha lo contrario. “Los datos duros oficiales” y “las estadísticas e informes económicos” de las instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros sólo muestran el recuento de crisis estructurales que se sembraron y cultivaron por lustros.

Con el argumento de que el campo estaba generando sólo un pequeño aporte económico al producto interno bruto (PIB) a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, los regímenes de De la Madrid y Salinas le dieron la espaldaal campo quitando abruptamente gran parte de los subsidios oficiales a la producción agrícola y los apoyos para la infraestructura productiva, sin siquiera saber con certeza si funcionaría el nuevo modelo de desarrollo económico para el sector rural.

La importación de alimentos derriba artificialmente los precios del sector agropecuario, mantiene los salarios deprimidos y lleva a la alza los productos de la canasta alimentaria.

Resaltando que estas medidas no sólo supusieron el desmantelamiento y/o la desaparición de las agencias y programas estatales de apoyo y subvención para los campesinos y otros productores agropecuarios, como la Compañía Nacional de Subsistencias Populares o el Banco Nacional de Crédito Rural, entre otros.

Suceso que también implicó la reforma al Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, de tacto, dio por terminado el reparto agrario y abrió la puerta y fomentó la privatización de las tierras ejidales y comunales.

En este cálculo hubo una omisión muy grave y por demás cuestionable: el valor del campo no sólo residía en términos del dinero que como sector productivo aportaba al PIB, sino su principal relevancia estaba en la generación de la mayoría de los productos comestibles y los alimentos básicos que necesitaba el país, además de las fuentes de empleo que generaba en los ámbitos rurales.

Por lo tanto el campo mexicano requiere romper la enorme loza que significan los intereses creados en él y es necesario proponer un nuevo rumbo al sector agrario mexicano que lo saque del enorme estancamiento en que se encuentra.

Para mantener la soberanía del campo nacional y reducir las importaciones, se requiere dar los recursos necesarios al sector agropecuario. Siendo necesario, impulsar al sector agropecuario de acuerdo a los requerimientos de los productores nacionales y de la competencia internacional.

Debido al largo proceso de la debacle de la agricultura mercantil y a las crisis en los mercados agrícolas nacionales e internacionales, el campo hoy no ofrece oportunidades reales ni justas de empleo para los campesinos, sus familias y sus hijos.

De acuerdo con los precios actuales del maíz y el frijol, los campesinos están expuestos a una existencia de precariedad y zozobra. El caso de los jornaleros agrícolas migrantes no es mejor: con salarios de hambre y condiciones de trabajo inseguras y de explotación, apenas consiguen lo necesario para subsistir.

En este contexto, los jóvenes del campo difícilmente tienen en el sector rural una oportunidad efectiva, justa y digna de desarrollo económico y de condiciones de vida que garanticen un futuro medianamente decente y promisorio.

Como consecuencia de la disminución en los mercados internacionales de los precios de los cultivos y de la estructuralmente desigual competencia con los productores agrícolas “de los países desarrollados del Norte” (Estados Unidos y Canadá) a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el campo en México y sus agricultores han experimentado un deterioro de los niveles de productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias destinadas al intercambio mercantil.

Los datos y las estadísticas oficiales son contundentes al respecto y muestran una pérdida sostenida y creciente del sector rural como espacio laboral de mediados de la década de 1990 a la actualidad.

Los campesinos, como el campo donde viven, están en la encrucijada de la precariedad, la pobreza y la migración. Sin embargo, ellos, a través de sus diversos medios y redes, tratan de manera cotidiana de dar repuesta y hacer frente a las adversidades que tienen, ya sea mediante la migración a Estados Unidos, las grandes metrópolis mexicanas y los principales centros turísticos nacionales, o generando otras alternativas productivas y también a través de la organización colectiva y la formación de movimientos y organizaciones sociales para defender sus derechos y tierras. Hoy como ayer los campesinos son una voz tenaz que le recuerda al Estado los pactos incumplidos.

En este contexto, la debacle de las economías agrícolas relacionada directamente al TLCAN y los cambios de las políticas oficiales hacia el sector rural ha sido un motor muy importante para el incremento significativo del fenómeno social de la migración de mexicanos a Estados Unidos

De acuerdo con los Diputados integrantes del Comité del CEDRSSA, que preside José Hugo Cabrera Ruiz (PRI), se reunieron con investigadores de dicho centro, a fin de analizar proyecciones de programas destinados al agro en 2018.

Al presentar el documento “Proyecciones de cierre para 2017, perspectivas para 2018 y programas prioritarios del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC)”,Gildardo López Tijerina, jefe de la Unidad Especializada de Análisis Financiero del CEDRSSA, indicó que las cifras deberán servir como referencia para el análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

“Nos parece que el presupuesto es poco e insuficiente, por lo que será necesario analizar cada uno de los programas destinados al campo y observar cómo se desempeñaron sus indicadores pero, sobre todo, si generaron buenos resultados”, apuntó.

Y es que de acuerdo con el estudio citado anteriormente; para 2018 se estima un crecimiento de la economía mundial de 3.6 por ciento, en tanto que la estadounidense crecería un 2.4 por ciento e igual incremento registrara su producción industrial; la Zona Euro crecería en un 1.6 por ciento y Japón en un 0.5 por ciento. Las economías emergentes crecerían en un 4.8 por ciento y dentro de éstas China con un 6.0 por ciento.

Los analistas económicos esperan que para 2018 se diluya la incertidumbre sobre el futuro económico y se conozca la política fiscal que instrumentará el Gobierno Estadounidense.

Con base en esa expectativa se considera que las exportaciones de México crezcan en un 4.1 por ciento al tiempo que el mercado interno registre mayor dinamismo al crecer en un 2.9 por ciento y la inversión en 2.1 por ciento.

En consecuencia el crecimiento económico para 2018 se estima en un 2.5 por ciento, incremento sujeto a la posible presencia de algunos riesgos como serian mayor dinamismo de la producción industrial estadounidense; recuperación de la industria de la construcción y en la vivienda y un repunte de la inversión y el consumo privados.

El documento de pre-criterios de política económica, contiene en sus anexos la relación de programas presupuestarios que son considerados prioritarios para el ejercicio fiscal 2018.

Esta relación se compone de 113 programas presupuestarios en 22 Ramos Administrativos, que totalizan 792,838.6 millones de pesos para 2017 y 816,531.5 millones de pesos para 2018, monto mayor por 23,692.9 millones de pesos al ejercicio fiscal en curso; Se observa que el incremento presupuestal es la misma para todos los programas presupuestarios: 3.0 por ciento nominal y -1.1 por ciento real.

De los programas prioritarios 40 de ellos que representan el 29 por ciento del total asignado, corresponden a programas que convergen en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) que se encuentran en 11 Ramos y que de un presupuesto aprobado en 2017 por 229,118.5 millones de pesos, en 2018 se asignarían 235,992.3 millones de pesos, es decir 6,873.8 adicionales al aprobado en 2017.

De la relación de programas prioritarios que intervienen en el PEC, se observa que se mantienen los programas de la SAGARPA variando su proyección presupuestaria de 55,274.7 mdp a 56,933.0 mdp, es decir 1,658.3 mdp de incremento. Se mantiene como prioritario la Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a cargo de la SCT con 120.2 mdp adicionales.

En Salud, se privilegia el Sistema Nacional de Protección en Salud que incluye la vertiente Salud del Prospera Inclusión Social, así como las acciones en materia de vivienda rural a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con un aumento de 1,891.5 mdp para 2018.

En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se priorizan los programas de operación y mantenimiento de infraestructura hídrica en el medio rural, así como los de infraestructura hidroagrícola recibiendo 120.8 mdp de aumento.

De igual manera, se incrementan los programas del PEC que opera la Secretaría de Desarrollo Social así como los que están a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con 2,330.0 y 168.1 mdp , respectivamente.

Lo anterior resulta preocupante puesto que el sector agrícola en las últimas administraciones ha sido uno de los sectores más olvidados por parte del Gobierno Federal, lo que es preocupante desde siempre, pero sobre todo hoy que estamos en una encrucijada nacional frente a la inercia en la política exterior mexicana.

Misma que hoy por hoy, es una preocupación constante frente a la inestabilidad propiciada recientemente a la elección presidencial de los Estados Unidos, sin duda es controversial la forma en la cual actuará nuestra nación frente a dichos actos.

Y es que desde que se instauró el modelo neoliberal, México le apostó a su inserción en la economía global, como la principal estrategia que permitiría lograr un desarrollo económico y social suficiente y sostenido.

Siendo Estados Unidos el principal socio comercial de México. Situación que se plante desde 1994, con la entrada en vigor del TLCAN, intensificando relaciones comerciales con Canadá y Estados Unidos, en mucho mayor medida con este último. Como resultado, su inserción al mercado global se concentró fundamentalmente en Estados Unidos, de tal manera que, del total de exportaciones, más del 80 por ciento se destinan a ese país y un 2.5 por ciento adicional a Canadá.

Y ante la posible salida del país vecino del norte es preocupante que nuestro gobierno no tenga contemplado crear un impulso superior al sector Agro mexicano, si bien estamos conscientes de la necesidad de crear relaciones comerciales con otros países, hoy más que nunca debemos plantear un crecimiento en los sectores primarios para poder ser competente frente a nuevos y posibles socios comerciales, para ilustrar el impacto del TLCAN y su importancia comercial.

El sector agropecuario quedo establecido en el TLCAN, en el Capítulo VII: Sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias.

El artículo 703, Acceso a mercados dice: 1. Las Partes trabajarán para mejorar el acceso a sus respectivos mercados mediante la reducción o eliminación de barreras a la importación en el comercio de productos agropecuarios entre ellas.

En el caso concreto del azúcar, se ha buscado restringir los cupos de acceso al mercado estadounidense, lo que contraviene el tratado. Recientemente se suscribió un acuerdo para regularizar los cupos, en el cual ambas partes cedieron parte de sus demandas.

Sin olvidar que los Estados Unidos de América son el principal destino de las exportaciones agroalimentarias mexicanas (78.51 por ciento). Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México presenta un déficit comercial acumulado, exclusivamente de la balanza agropecuaria, de cerca de 296, 000 millones de dólares.

Uno de los factores que ha hecho que hoy tengamos una balanza positiva es la exportación de cerveza, la cual según datos de la Secretaría de Economía, en 2016 alcanzó un valor de 2,810 millones de dólares, lo que explica “la mejoría” en la balanza agropecuaria; de eso, a suponer que todo el sector agrícola está mejorando hay una distancia. Demostrándonos la importancia de fortalecer el sector Agroindustrial.

Y es que, entre 2010 y 2016, la industria cervecera en México tuvo un crecimiento de 30 por ciento, basado en la inversión extranjera.

Alrededor del 82 por ciento de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos y la industria cervecera es trasnacional, las empresas exportadoras son solo parcialmente de propiedad nacional.

De estas exportaciones, el 99 por ciento lo concentran dos empresas únicamente; Grupo Modelo y Cuauhtémoc-Moctezuma, las cuales a su vez pertenecen a las trasnacionales Anheuser-Busch InBev y Heineken Internacional, respectivamente.

En el caso de los productos básicos, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, considera como productos básicos y estratégicos a: Maíz, caña de azúcar, frijol, trigo, arroz, sorgo, café, huevo, leche, carne de bovinos, porcinos, aves y pescado.

De estos trece productos, en siete somos deficitarios, y necesitamos importarlos, siendo Estados Unidos es nuestro principal proveedor, (Importamos: trigo, 986 ;maíz (amarillo), 2,690; Arroz, 322; frijol, 186; carnes diversas, 3,000 ;lácteos 617 –todo en millones de dólares–, con un déficit acumulado de poco más 4,200 millones de dólares, solo en esos productos.)

Esto nos refleja la necesidad de incentivar al sector agrario mexicano, si bien los últimos desastres naturales nos pronuncian a reajustar el presupuesto de egreso de la federación del año 2018, es bien cierto que ante la inercia que existe en las mesas de renegociación del TLCAN, y debes contar con .un plan alterno de nación que nos pueda llevar a ser más competitivos y poder así incursionar en más y nuevos mercados, internacionalmente hablando.

Hoy en día estamos ante una oportunidad por volver al país a un plano de mayor liderazgo y crecimiento hacia el exterior, viendo este contexto como la oportunidad propicia para que México recobre su papel como referente de América Latina hacia el mundo.

Lo anterior sustentado con un déficit en la Cuenta Corriente de la balanza de pagos por un 2.5 por ciento del PIB que significa 29,346.0 mil millones de dólares a cubrir mayoritariamente con inversión extranjera directa.

Objeto del presente punto de acuerdo:

Se realiza un exhorto respetuosamente a la Cámara de Diputados, para que dentro del análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se incremente en un 7 por ciento, a lo ya estimado del presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), con la finalidad de beneficiar e incentivar al sector agropecuario nacional; considerando establecer · mayores recursos al sector agrícola mexicano ante la posible ruptura del TLCAN y los perjuicios que puedan resultar, buscando resarcir esta situación en pro de la economía nacional.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, para que dentro del análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se incremente en un 7 por ciento, a lo ya, estimado del presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), con la finalidad de beneficiar e incentivar al sector Agropecuario Nacional.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, para que dentro del análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se incremente en un 7 por ciento, a lo ya estimado del presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), con la finalidad de beneficiar e incentivar al sector agropecuario nacional.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a reajustar el Presupuesto de Egresos de la Federación, considerando establecer mayores recursos al sector agrícola nacional.

Notas

1 Proyecciones de cierre para 2017, Perspectivas para 2018 y Programas Prioritarios del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable para 2018 (Pre criterios Generales de Política Económica 2018)consultado en

http://www.cedrssa.gob.mx/includes/asp/download.asp? iddocumento=3311& idurl=5197

2 José Luis Calva, México más allá del neolíberalismo,México, Plaza y Janes, 2000

3 Alicia Puyana y José Romero, El sector agropecuario mexicano bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La pobreza y la desigualdad se intensifican, crece la migración,Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Argentina, 2005

4 José Luis Calva, “Ajuste estructural y TLCAN: efectos en la agricultura mexicana y reflexiones sobre el ALCA”, El Cotidiano,volumen 19, número, 124, páginas 14-22,2004

5 Andrés Rosenweig, El debate sobre el sector agropecuario en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,Comisión Económica para América Latina y el Caribe, México, 2005.

6 Saúl Basurto y Roberto Escalante, “Impacto de lo crisis en el sector agropecuario en México”, Economía,Universidad Nacional Autónoma de México, volumen 9, número 25, páginas 51-73, 2010.

7Guillermo Castillo Ramírez. Investigador asociado e del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México; miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 1).

8 Antonio Yánez, Grandes problemas de México, economía rural. Las políticas públicas dirigidas al sector rural.Colegio de México, México, 2010; Castillo, obra citada

9 Cálculos propios con base en datos de INEGI. Balanza Comercial de Mercancía por países

Salón de sesiones, a los 17 días del mes de octubre de 2017.— Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a reasignar los recursos considerados al IPAB dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, canalizándolos a la reconstrucción de los daños ocasionados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017; y exhorta al titular del Ejecutivo federal a decretar la suspensión definitiva de cualquier pago al IPAB y declarar el desconocimiento de cualquier deuda del IPAB, cuyo origen tenga que ver con forma alguna de rescate bancario en función a las voluminosas ganancias que la banca múltiple ha obtenido en México.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia se turnara a la Cámara de Diputados el primer resolutivo; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores el segundo de ellos.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2017.— Diputada Graciela Ortiz González (rúbrica), vicepresidenta.»

«El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

Antecedentes

En el año de 1999 fue aprobada la creación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el cual sustituyó al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Este hecho fue un acto de traición al pueblo de México, quien además de ser robado todos los días por el Sistema Bancario, todavía tiene que cargar con los rescates financieros de dichas instituciones particulares, actos que sólo han servido para enriquecer aún más a los dueños de las Bancos y a los funcionarios encargados de operar el endoso de la deuda al pueblo de México.

Al momento de la conversión del Fobaproa en IPAB, el monto de la deuda que se heredaba al pueblo de México con el cuento del “Rescate Bancario” era de 562 mil 642 millones de pesos a precios corrientes de ese año. Pues 19 años después, para ser exactos con fecha 31 de agosto del presente año, se deben todavía al IPAB por el “llamado rescate bancario” un total de 866 mil 523 millones de pesos, durante todos estos años, las distintas administraciones federales no han dejado de etiquetar recursos mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación al IPAB con el propósito de liquidar esta deuda, el monto total de los recursos canalizados durante estos 19 años asciende a 507 mil 639 millones de pesos (lo que equivale al 90 por ciento de la deuda original). Increíble que a pesar del recurso pagado, resulta que hoy en día se debe el monto original de la deuda más un 54 por ciento de incremento (303 mil 881 millones de pesos adicionales) para llegar a la ya mencionada cifra de 866 mil 523 millones de pesos de deuda actual.

Por si lo anterior no fuera suficientemente indignante, tenemos el hecho de que durante estos últimos 19 años, las ganancias acumuladas de las instituciones de Banca Múltiple en México, ascienden a 1 billón 144 mil 167 millones de pesos, esto es más de dos veces el monto de la deuda original del IPAB; a lo largo de estos años, el gobierno de México ha permitido que los Bancos cobren altísimas tasas de interés y una enorme cantidad de cuotas y comisiones hasta por el más insignificante de los servicios o trámites bancarios; 1 billón 144 mil 167 millones de pesos que ha salido enteramente de los exprimidos bolsillos de los ciudadanos, así como de la micro, pequeña y mediana empresa del país.

Resumiendo las cosas, tenemos que: hace 19 años debíamos 562 mil millones de pesos a los bancos vía el IPAB, hoy debemos 866 mil millones, tiempo en el cual hemos pagado 507 mil millones de pesos encontrando que la deuda no disminuye sino aumenta, tiempo también en el cual los Bancos han obtenido ganancias por arriba de 1 billón 144 mil millones de pesos. Todo lo anterior lo podemos apreciar en la tabla siguiente:

El promedio de crecimiento de la deuda del IPAB ha sido de 17 mil 399 millones de pesos por año, se excluye de este cálculo el ejercicio fiscal en curso 2017. En términos relativos, el incremento es de un 2.6 por ciento anual. Es importante entender que los recursos destinados vía el Presupuesto de Egresos de la Federación no han sido suficientes para abatir la deuda, ni lo serán en futuro alguno dado el esquema perverso bajo el cual fue diseñado el IPAB, lo cual sólo garantiza una deuda para la eternidad cuyos únicos beneficiarios son los Bancos, todo a costa del bienestar y progreso de la población de México. Estas cifras pueden corroborarse en el cuadro y gráfica siguiente:

El incremento promedio de las ganancias de los Bancos durante el periodo 1999-2016, ha sido de 5 mil 692 millones de pesos anual, sin embargo, destacan sobremanera las ganancias se han tenido en el periodo de la actual administración federal de Enrique Peña Nieto, donde las ganancias promedian los 102 mil millones de pesos anuales, contra los ya de por sí insultantes 71 mil millones de pesos promedio de ganancias que se tenían durante la administración de Felipe Calderón. El promedio anual de ganancias de los Bancos durante la administración de Vicente Fox fue de 32 mil 180 millones de pesos.

Desde que el IPAB se creó no ha existido una sola administración federal, que haga algo por detener la enorme sangría al pueblo de México que los Bancos han hecho de manera sistemática y abusiva cada año mediante el enorme costo de sus servicios. Como nunca antes las instituciones bancarias tienen motivos para estar felices, en ninguna otra parte del mundo se les permite que abusen de sus clientes como aquí en México. La tabla y grafica siguiente clarifican los postulados aquí expresados:

Como mencionamos líneas arriba, el monto total de los recursos canalizados al IPAB mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación durante estos 19 años, asciende a 507 mil 639 millones de pesos. Tan solo Vicente Fox canalizó un total de 223 mil 837 millones de pesos, el 44 por ciento de todo lo canalizado; Felipe Calderón asignó un total de 125 mil 894 millones de pesos, el 25 por ciento del total; Ernesto Zedillo en sólo dos años le metió al IPAB un total de 89 mil 450 millones de pesos, el 18 por ciento del total; y Enrique Peña Nieto lleva hasta el momento una asignación de 68 mil 458 millones de pesos, el 13 por ciento del recurso total. Tal y como puede apreciarse en la gráfica siguiente:

Para el ejercicio fiscal de 2018, el Proyecto de Presupuesto de Egresos está considerando una asignación de 14 mil 912 millones de pesos al IPAB, y ninguna medida de ajuste que contemple la eliminación de este “rescate”. Los tiempos actuales nos demandan acabar con la corrupción que representa la sola existencia del IPAB, no se puede seguir destinando dinero para el rescate financiero de instituciones que lo que menos necesitan es ser rescatadas, antes bien, necesitan ser acotadas para que sus ganancias tomen el carácter de legítimas al ser moralmente válidas. La reconstrucción no puede esperar y los recursos del IPAB están ahí, sólo es cuestión de voluntad política y de tener un legítimo interés de defender los intereses del pueblo de México. Es tiempo de ver de qué estamos hechos; o somos cómplices de una oligarquía insaciable de dinero o estamos del lado del pueblo en la hora que más nos necesita.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados, para que en el proceso de aprobación del paquete fiscal 2018, se reasignen los recursos considerados al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB,) canalizándolos a la reconstrucción de los daños ocasionados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017;

Segundo.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, decrete la suspensión definitiva de cualquier pago al IPAB y declare el desconocimiento de cualquier deuda del IPAB, cuyo origen tenga que ver con forma alguna de rescate Bancario en función a las voluminosas ganancias que la Banca Múltiple ha obtenido en México.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a Ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el suscrito, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se garantice una partida especial para la realización de proyectos ejecutivos a los municipios marginados, que les permita gestionar recursos para resolver sus necesidades más apremiantes.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Octavio Pedroza Gaitán LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8o., numeral 1, fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 se garantice una partida especial para la realización de proyectos ejecutivos a los municipios marginados que les permita gestionar recursos para resolver sus necesidades más apremiantes.

Consideraciones

El estado es el encargado de buscar el bienestar social de sus habitantes, y solucionar los problemas que atentan contra los intereses o bienes fundamentales de los mismos, así como cualquier otra situación que perjudique en su desarrollo. La pobreza, la desigualdad, y la debilidad institucional son algunos de los problemas que impactan directamente en el desarrollo de México, lo anterior exige a los gobiernos de cualquier orden estudiar las capacidades con las que cuentan para insertarse en una dinámica que les permita estar al nivel de los problemas públicos que deben solucionar con eficacia y eficiencia. Se necesitan modelos innovadores que incentiven a los servidores públicos a desarrollar nuevas capacidades que se traduzcan en fortaleza institucional.

El orden administrativo y legislativo mexicano comparte de forma descentralizada y equitativa responsabilidades y competencias para dar solución a las demandas públicas de los ciudadanos, es en el ámbito local, donde estas demandas ciudadanas se vuelven más constantes y agraviantes, de ahí la importancia de que los municipios cuenten con los instrumentos y recursos necesarios para hacer frente no solo a lo que por obligación les compete, como es el caso de prestar los servicios públicos. En este sentido, es vital dotarlos también de herramientas que les permita resolver sus necesidades más apremiantes, así como promover el desarrollo de su región y el bienestar de su población lo cual al final es la razón de su gestión.

En este contexto, los municipios acceden a recursos públicos por dos vías; la recaudación de sus impuestos los cuales son limitados, las trasferencias federales así como las partidas que gestionan a nivel federal y estatal. Uno de los requisitos que tienen los municipios para acceder a dichos recursos es elaborar un proyecto ejecutivo, y regularmente los municipios marginados no tienen la capacidad institucional para hacerlo.

En México hay una desigualdad entre municipios pobres y ricos, en donde la disparidad entre uno y otro se hace cada vez más notable. En total el país tiene 2454 municipios siendo Oaxaca (570 municipios) y Puebla (217 municipios) los estados con mayor número de municipios y Baja California (5 municipios), Baja California Sur (5 municipios), Quintana Roo (9 municipios) los estados con menor número de municipios. Del total anterior, 1003 municipios tienen 75 por ciento o más de su población en pobreza, 190 de los municipios de México concentran la mitad de las personas en situación de pobreza, esto se vuelve todavía más alarmante cuando analizamos la brecha de desigualdad entre los municipios “ricos” y “pobres”.

Para ilustrar lo anterior basta con consultar los indicadores de pobreza, rezago social desarrollo e ingreso per cápita municipal, como se muestra a continuación. Los municipios con población menos pobre, o más ricos son Benito Juárez (8.7 por ciento de pobreza) San Nicolás de los Garza (12.8 por ciento de pobreza) Guadalupe (13.2 por ciento de pobreza), San Pedro Garza García (15.2 por ciento de pobreza), mientras que los más pobres son San Juan Tepeuxila (97.4 por ciento de pobreza), Aldama (97.3 por ciento de pobreza) San Juan Cancuc (97.3 por ciento de pobreza).

La desigualdad entre los municipios también es evidente al analizar el índice de rezago social y marginación, los municipios más ricos según los resultados de la encuesta Intercensal, realizado por el Coneval en el periodo 2000- 2010,tienen grados muy bajos de rezago social, Benito Juárez (1.4267), San Nicolás de los Garza (1.5833), Guadalupe (1.5466), San Pedro Garza García (1.6509), por el lado contrario los municipios más pobres presentan grados muy altos lo más lamentable es que del 2000 al 20101 los grados de marginación y rezago social van en aumento en más del 45 por ciento del total de los municipios con estos grados “muy altos” y “altos”.

En cuanto a la producción de la riqueza la realidad es como sigue, aproximadamente el 1 por ciento de los municipios más ricos del país (4 municipios) generan entre el 25 y 30 por ciento del PIB nacional, mientras que, en el otro extremo, el 40.87 por ciento de los municipios más pobres (1003 municipios) contribuyen, apenas con el 5 por ciento de la riqueza producida del país, lo cual es verdaderamente alarmante, estimación realizada con datos del Inegi.

Al incorporar las variables anteriores, la concentración del ingreso resulta que la situación descrita arriba, es cada vez más grave en los municipios marginados, de ahí la necesidad de iniciativas que desactiven ese círculo negativo que solo recrea el circulo de la pobreza.

En este sentido se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a que en el presupuesto 2018 se asigne una partida presupuestal que se otorgue para el diseño de proyectos ejecutivos a los municipios marginados para que puedan acceder a los recursos, gestionarlos, ejecutarlos y que poco a poco aporten a disminuir la desigualdad, la precariedad y no se produzcan nuevos factores problemáticos que las fuerzas sigan manteniendo en vida al círculo de la pobreza entre los entes locales.

La importancia de que los municipios puedan elaborar un proyecto ejecutivo radica en que al no cumplir con este requisito esencial los municipios pierden capacidad de gestión en recursos a los que pudieran acceder, de ahí la necesidad de crear una partida especial que dote a los municipios marginados de los recursos necesarios para que puedan diseñar sus proyectos ejecutivos conforme a los lineamientos que solicitan los diversos fondos tanto públicos como privados.

Como ya se mencionó en los municipios marginados la debilidad institucional es una realidad, traducida en administraciones públicas que dejan de cumplir con sus funciones situación que impacta directamente en el ciudadano. Una de las alternativas para solucionar este problema es la implementación del Servicio Profesional de Carrera el cual es casi inexistente en los municipios marginados del país.

Casos como Naucalpan, Tlalnepantla y Morelia cuentan con áreas especializadas para el diseño y la implementación del sistema de servicio civil de carrera, así como la Dirección General de Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado de Jalisco que cuenta con una ley que obliga a los municipios a establecer sistemas municipales de carrera administrativa, estas son algunas de las excepciones en donde está comenzando a operar un sistema profesional. Según datos de la Segob (2015). En la encuesta nacional sobre desarrollo institucional solo el 23 por ciento de los municipios capacita a sus trabajadores. Al no existir Servicio Profesional de Carrera, hay altas posibilidades de que los funcionarios públicos no tengan la capacidad de realizar proyectos ejecutivos, simplemente por no tener preparación en los temas. A esto hay que sumarle la constante rotación de los cuadros técnicos que se dan al interior de los entes locales.

La capacidad institucional es uno de los factores que se han utilizado para explicar el desarrollo de los municipios, entre más capacidad institucional exista, los procesos tienen mayor posibilidad de éxito. En los municipios marginados, es donde precisamente la debilidad de la capacidad financiera se hace presente repercutiendo directamente en la calidad de vida de sus ciudadanos.

La buena gestión así como la disponibilidad de recursos financieros y su correcto manejo son dos de las variables que determinan la capacidad institucional y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

En síntesis, esta exhortativa a la honorable Cámara de Diputados pretende que los municipios marginados tengan las mismas oportunidades que los ricos y con esto disminuir el círculo vicioso de la pobreza en los municipios mexicanos. Invertir en fondos que aseguren el bienestar social y el progreso económico equitativo y justo en el ‘ámbito municipal, es atacar el problema de la pobreza desde su raíz.

Por lo tanto pongo a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 garantice una partida especial para la realización de proyectos ejecutivos a los municipios marginados que les permitan gestionar recursos para resolver sus necesidades más apremiantes.

Notas

1 El Coneval da a conocer los resultados de la medición de la pobreza a nivel municipio 2010, siendo ésta la más reciente al año 2017. Por primera vez se presentó la medición de pobreza para los 2,456 municipios del país con base en las dimensiones económicas y sociales que señala la Ley General de Desarrollo Social (LGDS): ingreso, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.

2 Estimaciones del Coneval con base en el MCS-ENIGH 2010 Y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010.

3 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, véase:

http://www.inegi.org.mxlinegi/SPC/doc/INTERNET/1-GEOGRAFIADEMEXICO/ MANUAL_DISTRIB_POB_MEX_VS_ENERO_29_201 O.pdf

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de octubre de 2017.— Senador Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a establecer un grupo técnico que reoriente hasta 1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 a fin de contar con recursos reconstruir viviendas y restaurar inmuebles, ante los desastres provocados por los recientes terremotos.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Quien suscribe, Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II. y 276 del Reglamento del Senado de la República y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados que establezca un grupo técnico que reoriente hasta 1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación a fin de contar con recursos para reconstruir, se garanticen los recursos del Fonden en 2018, se elaboren las reglas de operación de dichos recursos por los recientes terremotos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La experiencia de los sismos cambia no sólo nuestra percepción del mundo, sino la de nosotros mismos. Del terremoto de 1985 encontramos cambios sustanciales en la emergencia de una sociedad civil organizada tomó las calles, se hizo cargo de las labores de rescate y dio muestras de una organización social ejemplar, que permitió a nuestra ciudad levantarse y reconstituirse en una nueva esfera democrática, en la que la izquierda del país, el Partido de la Revolución Democrática fue tomando un rol cada vez más central, hasta que se formó como un nuevo perfil de gobierno. Esto le que permitió en 1997 ganar el gobierno de la ciudad y refrendarlo consecutivamente, como decía Carlos Monsiváis, le dio una credibilidad inesperada, cito:

Pero el avance civil ha continuado, y entre sus logros cuenta la democratización como estado de ánimo y cambio de mentalidades. Mi optimismo –así llamo a mi escepticismo ante las razones oficiales para no conceder democracia a los menores de edad– no viene tanto de los adelantos de los partidos y corporaciones como de la revalorización generalizada de la democracia (Carlos Monsiváis, Entrada libre, crónicas de la sociedad que se organiza, México, Era, 1987, página 13.).

Los recientes sismos que han afectado a la Ciudad de México, el estado de México, de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos y Tlaxcala no podían ser la excepción y han cambiado la percepción de la política, la organización social y de la vida democrática. Las instituciones políticas quedaron a la expectativa de la vanguardia social, con lo que se ha dado prioridad al rescate y la salvaguarda de vidas humanas, así como de la seguridad y evaluación de los inmuebles habitables y los que lamentablemente han de ser demolidos.

En las evaluaciones sobre los edificios y las viviendas pérdidas o en condición inestable, así como de los inmuebles con valor patrimonial e interés cultural, se habla de la necesidad de disponer inicialmente de unos 39 mil millones de pesos. Se dice que sólo para la restauración de los inmuebles del patrimonio cultural histórico y artístico se necesitan entre 8 y 12 mil millones de pesos. El Congreso no puede ser omiso ante las necesidades de quienes han perdido a familiares, amigos o su patrimonio o están en condición de damnificados, quedándose en la calle. Tenemos que plantear soluciones. Para lo que voy a señalar algunos elementos que sustentan mi propuesta.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 se tiene previsto un monto por 5 billones 236 mil 365 millones 600 mil pesos, monto por el cual se requiere la autorización del Congreso. De acuerdo con sus facultades constitucionales, la Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo con el artículo 64, numeral IV, que a la letra dice:

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para los proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las derogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

Además de las facultades correctivas del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se consideran las facultades constitucionales ante una urgencia como la que todavía enfrentamos sus estragos, y que adicionalmente, para la Ciudad de México, en el artículo 122, Apartado B, la Constitución faculta a la Cámara de Diputados para

Artículo 122.

B. La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio.

Es importante que las instituciones políticas y sociales del país trabajen dentro del marco constitucional, con arreglo a sus facultades para enfrentar el estado de emergencia en que nos han sumido los sismos recientes. En estos momentos, la sociedad más requiere los instrumentos de la política para procurar bienestar y seguridad.

Con este afán propongo que se forme un grupo de trabajo en la Cámara de Diputados para explorar la factibilidad de reorientar hasta 1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, a fin de contar con recursos para reconstruir los inmuebles, las viviendas y los recintos patrimoniales afectados o destruidos por los recientes terremotos.

Asimismo, proponemos solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que audite de manera especial cada peso erogado de estos recursos, así como la calidad de las obras de reconstrucción, a fin de evitar que haya empresas favoritas beneficiarias de estos recursos, evitar el conflicto de intereses de funcionarios, e incluso el desvío de estos recursos a instituciones o empresas que les utilicen con fines ajenos a los de la reconstrucción en estas entidades federativas. Asimismo, a que se establezcan las reglas de operación de dichos recursos y su programación multianual, para evitar que queden proyectos de reconstrucción inconclusos.

En mérito de lo expuesto se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a formar un grupo técnico que analice la factibilidad de reorientar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 hasta 1 por ciento, a fin de garantizar los recursos necesarios para reconstruir viviendas y restaurar inmuebles, entre ellos los del patrimonio cultural de valor arqueológico, artístico e histórico, ante los desastres provocados por los recientes terremotos en Oaxaca, Puebla, México, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México.

Segundo. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados exhorta a la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados para que con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Cuenta Pública establezca en su programa anual de auditoría la supervisión de los recursos que se destinen para recuperar, construir y restaurar vivienda, inmuebles y monumentos del patrimonio cultural arqueológico, artístico e histórico.

Salón de sesiones del Senado de la República. Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a realizar las acciones necesarias a fin de promover el desarrollo científico y tecnológico del país.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores los resolutivos primero y segundo; por ser asunto de su competencia, a la Cámara de Diputados el tercero de ellos.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Francisco Salvador López Brito, senador de la República, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a los titulares del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de Cámara de Diputados, a realizar las acciones necesarias a fin de promover el desarrollo científico y tecnológico del país; así como también a impulsar una cultura relacionada con el registro de patentes en pro de la ciencia mexicana, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Cuando se analiza el desarrollo científico y tecnológico de México, podemos observar que aún tenemos mucho trabajo pendiente, pues en el año de 1980 se tenían 168 patentes registradas por mexicanos y en el 2005 se registraron 274 patentes, siendo éste el año con mayor número registros nacionales, cifra que sigue siendo poco relevante considerada con otros países. Al día de hoy en toda nuestra historia México ha generado alrededor de 280 mil patentes.

Con estos números vemos cómo la tecnología registrada por mexicanos pasó de una proporción del 8 por ciento en 1980, respecto del total, a 3 por ciento, en los últimos 25 años, es decir que la participación en la tecnología registrada por mexicanos se redujo en más de 50 por ciento dentro del contexto global.

Aunque en los últimos años el registro de patentes por parte de mexicanos ha aumentado considerablemente, son los extranjeros los que realizan más de 90 por ciento de las solicitudes, esto ocasionado por la falta de una cultura legal y tecnológica en nuestro país, así como también de la falta de apoyo económico y académico en pro al desarrollo científico.

Los primeros decretos sobre patentes en México se remontan a la cortes españolas de principios del siglo XIX, aunque en la historia de la humanidad va habían aparecido desde el siglo XV en Venecia, como uno de los centros de mayor flujo comercial de la época. El renacimiento favorecía la inventiva V paralelamente era necesario asegurar el marco legal del desarrollo y beneficio de las innovaciones.

Una patente puede definirse como un documento emitido a solicitud por una entidad gubernamental que describe una invención y crea un privilegio legal en un estado determinado y por un periodo establecido Las patentes son importantes debido a que con este tipo de “monopolios temporales” el gobierno de nuestro país promueve la creación de invenciones de aplicación industrial, fomenta el desarrollo V explotación de la industria y el comercio así como la transferencia de tecnología.

Las principales ventajas del registro de patentes son:

- Primero: La seguridad que la protección de la patente le ofrece al inventor, motiva su creatividad, toda vez que tiene la garantía que su actividad inventiva estará protegida durante 20 años y será el único en explotarla .

- Segundo: Si la patente tiene buen éxito comercial o industrial, el inventor se beneficia con la o las licencias de explotación que decida otorgar a terceras personas, ya que sin la patente otorgada su actividad creativa sería poco remunerada y se expondría al plagio de sus ideas inventivas.

- Tercero: Debido a que la actividad inventiva no es algo que tenga como fin guardarse o que el inventor la utilice para sí evitando su explotación industrial, el inventor siempre quiere dar a conocer, publicitar y explicar los beneficios que la invención conlleva, por lo que está expuesto a que sus ideas sean plagiadas, con la consecuencia gravísima de que si la invención no está patentada y el plagiario obtiene primero la patente el inventor se verá en acciones de tipo legal para adquirir o recuperar sus derechos, con los consabidos costos y tiempos perdidos.

El encargado de realizar este trámite en nuestro país es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo descentralizado con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país. Las patentes tienen una duración de 20 años, condicionados al pago de derechos anuales. De esta manera, el inventor lo que quiere es la ventaja económica y competitiva respecto a los demás y para eso hay que patentar, para poder explotar la invención de forma exclusiva y tener una ventaja sobre los competidores sobre un cierto periodo.

La mayoría de las patentes que se otorgan en México son para extranjeros, sólo entre tres y siete patentes de cada 100 otorgadas en nuestro país son para mexicanos. La falta de cultura tecnológica en nuestro país es uno de los motivos de por qué no se tiende a solicitar este proceso en el país. La gente no sabe qué es una patente ni para que le sirve, razón por lo cual las ideas no se patentan, sino que se trata de todo un proceso intelectual de inventiva que trasciende la ocurrencia.

Por las características de su mercado, en EU se pude patentar todo, como por ejemplo campañas de publicidad o especies vegetales modificadas. En México aún existen ciertos limitantes que obstaculizan registrar ciertos, conceptos, por mencionar un ejemplo; la mayoría del software no es patentable.

Otro de los factores de esta baja cifra de patentes solicitadas por mexicanos también está en la falta de cultura legal de la población y de la capacidad económica para respaldar la creación. Muchos logran registrar la patente y jamás la explotan, la cuelgan en una pared de su casa y de allí no pasa. No hay estadísticas precisas, pero se considera que entre 60 y 70 por ciento de las patentes no son explotadas. Otro problema es que la gente suele patentar lo que le gusta, pero no lo que necesita la sociedad, de ahí la poca viabilidad de su éxito.

En países como Japón la función y utilidad de las patentes son explicadas desde la edad preescolar, razón por la cual tienen un gran número de patentes; pues la cultura es permeable desde etapas tempranas de la vida. En México, con la aplicación de la nueva Reforma Educativa que entrará en vigor en los próximos meses, tenemos una gran oportunidad para incorporar estos conocimientos desde etapas tempranas y generar mayores inventos en el mediano y largo plazo.

En el país, 25 por ciento de las solicitudes de patentes hechas por mexicanos, según el registro de enero a diciembre de 2014, proviene de las universidades, como la UNAM, la Universidad de Puebla y el TEC de Monterrey a la cabeza. Mientras que las empresas concentran 27 por ciento, los inventores independientes 36 por ciento, y los institutos de investigación científica y tecnológica del sector público, como el Instituto Mexicano del Petróleo y el Cinvestav, representan 12 por ciento.

Es muy bajo el número de solicitudes que se niegan y existe un porcentaje elevado que está en trámite. Las que se solicitan en un año, no son concedidas el mismo año, realmente el proceso tarda un promedio de tres o tres años y medio en otorgarse, factor que en ocasiones desincentiva el espíritu del inventor, pues en otros países el proceso cuenta con menores tiempos de espera.

Tan sólo por mencionar un ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) las áreas que más patentes generan son biotecnología, ingeniería y medicina, pero aunque no en todas las instituciones de esta universidad hay un departamento específico para apoyar la gestión, existe la Coordinación de Innovación y Desarrollo para apoyar esta labor.

Para que una solicitud sea patentada, debe cumplir con tres requisitos:

- Tiene que ser nueva (que en ningún lugar del mundo haya sido puesto en práctica o divulgada),

- Tener inventiva y

- Aplicación industrial.

De acuerdo a diversos investigadores, el contar con un número tan bajo de patentes significa que no se están resolviendo problemáticas de índole nacional y que nuestros científicos no están interesados en el registro de patentes.

En México hay una sólida comunidad de científicos y amplios programas de posgrado, así como un quehacer con características propias consolidado en los pasados 50 años. Sin embargo, en el campo de investigación, desarrollo e innovación tecnológica está entre los países más atrasados del mundo.

En los países avanzados existe una estrecha vinculación entre la formación de jóvenes que quieren hacer ciencia y los que se van hacia la innovación tecnológica con características propias y comprometida con el país; en ese sentido, por ejemplo, hace dos años las universidades chinas pidieron el registro de 35 mil patentes; las estadunidenses, de 5 mil, y las mexicanas apenas 70, de las cuales sólo fueron otorgadas 35.

Por tal motivo, existe una gran área de oportunidad en la estrategia de desarrollo científico en nuestro país y la manera en la cual se ha hecho el desarrollo e innovación tecnológica para beneficio de los mexicanos. Esa discordancia o contrasentido es otra de las razones de México importe 95 por ciento de la tecnología que utiliza en sus equipos, en su infraestructura empresarial y en el desarrollo del campo y la pesca, entre otros sectores.

La economía en México está fundamentada en la exportación de productos que no son nuestros; es decir, en economía expertos en maquila; exportamos productos que nosotros no innovamos, que son para beneficio de la economía de otras culturas.

Es necesario que diversas instituciones unan sus capacidades para impulsar un programa nacional de generación simultánea y paralela de innovaciones tecnológicas, patentes y secretos industriales desarrollados de forma mancomunada y sinérgicamente entre las universidades, empresas y gobiernos.

Por otra parte y analizando el contenido tecnológico de las patentes mexicanas podemos prever que la tendencia al futuro que presentan los registros mexicanos es la de seguir disminuyendo, no porque no se haga tecnología en el país, sino porque el resto de los países han adecuado su estructura de investigación y desarrollo tecnológico hacia las nuevas tecnologías y se encuentran investigado nuevas formas de aplicar industrialmente sus propios desarrollos tecnológicos, además de que han ajustado sus legislaciones y administración a las nuevas formas de aplicación industrial y el comercio para permitir nuevos registros de las nuevas aplicaciones industriales, teniendo así una protección adecuada a las nuevas invenciones nacionales que les permiten solucionar problemas técnicos específicos.

Por lo cual, dado que las condiciones nacionales no son las mejores, muchos investigadores mexicanos tuvieron que irse al extranjero con sus inventos porque aquí no podían registrarlos, dando como resultado que el número de registros de patentes de mexicanos fuera mayor en el extranjero queen México. Lo anterior, sin considerar la falta de confianza en la protección que puedan tener en el registro que les es otorgado.

En México existen 624 posibilidades de aplicación industrial que tienen de las patentes conforme a su catálogo, y tenemos más de 130 de área técnicas sin un solo registro de patentes por parte de mexicanos (sin considerar aquéllas en las que sólo hay un solo registro), siendo éstas áreas técnicas en las que seguramente o no hay investigación y desarrollo o no existen grupos técnicos que trabajen en soluciones técnicas nuevas en esas áreas industriales o comerciales o por su interés económico se prefiere la adquisición de la tecnología proveniente del extranjero.

Lo que plantean estos resultados es la necesidad de realizar un análisis urgente y a detalle por parte de los sectores involucrados en el desarrollo tecnológico, industrial y educativo en el país, para revisar sus planes y programas de investigación o estudio con el objeto de enfocarlos a las áreas de tecnología no desarrolladas en México o al establecimiento de líneas de investigación con prioridad en el país.

Los derechos de patentes son estrictamente nacionales, la protección ofrecida a su invención por una patente en México se extiende solo a las fronteras nacionales. La obtención de una “patente internacional” se obtiene por medio del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT por sus siglas en inglés) y la Oficina Europea de Patentes.

La ausencia de acciones para potenciar la capacidad inventiva explica el fracaso de México en su desarrollo tecnológico y de innovación, cuyos resultados no logran remontar el cero: 0.8 por ciento de la propiedad intelectual en el mundo; 0.05 es el nivel de coeficiente de inventiva del país; 0.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) se invierte en ciencia y tecnología.

En el escenario internacional, el número de patentes mexicanas apenas representa 0.5 por ciento del total en el mundo, precisa la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El país sólo contribuye con 0.82 por ciento de los artículos científicos que se producen a escala mundial (Instituto para la Información Científica, 2010) y, en materia de innovación, ocupa el lugar 78 de 132 economías (índice de competitividad global 2010-2011).

Sin embargo, pese a todas estas condiciones no favorecedoras, actualmente contarnos con una oportunidad muy buena con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) lo cual implicará la modernización V la industrialización del país, V por lo tanto la generación de innovación científica V tecnológica, razón por la cual, debemos estar preparados.

Otro punto importante por el cual no ha detonado el sector tal como se debería es la falta de financiamiento para estas tareas que impiden el despunte de nuestra nación. En los pasados 15 años, la inversión federal en ciencia y tecnológica ha sido menor a 0.4 por ciento del PIB.

Presupuesto del Conacyt (SHCP)

2017: 26 mil 963 millones 512 mil 279 pesos (Disminuyó 20 por ciento el presupuesto con relación con el año anterior).

2016: 34 mil 10 millones 260 mil 421 pesos

2015: 33 mil 706 millones 667 mil 621 pesos

Es por todo lo anterior y con base en un sinnúmero de evidencias, que debemos considerar la importancia que tiene la ciencia y tecnología en el desarrollo de un país, esto en cualquiera de las áreas que se trabaje, también reconocer que debemos esforzarnos en realizar sinergias con los sectores involucrados para detonar el potencial que México tiene y motivar a los inventores para que su conocimiento se quede en el país.

Por lo anterior, pongo a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual a crear campañas de promoción de registro de patentes, así como agilizar los procesos correspondientes con su registro a fin de evitar que los científicos mexicanos opten por registrar sus inventos en otros países.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a impulsar dentro de sus áreas de colaboración la cultura del registro de patentes y la innovación científica.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar el prepuesto que se otorgará en 2018 al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a fin de crear las condiciones necesarias para el desarrollo científico y tecnológico del país.

Notas

1 Rodrigo Cárdenas y Espinosa, de la Unidad de Patentes y Transferencia Tecnológica del Instituto de Ingeniería e la UNAM.

2 http://archivo.eluniversal.com.mx/ciencia/2015/patentes-mexico- extranjeros—l00266.htm I

3 Sergio Estrada Orihuela, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).

4 http://www.marcas.com.mx/boletin.asp ?Ionidboletin= 76

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador Francisco Salvador López Brito (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, considere un incremento en los recursos asignados para la prevención y atención contra las adicciones.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Víctor Hermosillo y Celada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8o., numeral I, fracción II, 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdopor el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 considere un incremento en los recursos asignados para la prevención y atención contra las adicciones.

Lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017, 8.6 por ciento de la población de entre 12 a 65 años ha consumido marihuana alguna vez en la vida, 2.1 por ciento en el último año y 1.2 por ciento en el último mes. Asimismo, menciona que de 2011 a 2016 existe un incremento en el consumo de la marihuana de 2.6 por ciento, mostrando un incremento tanto en hombres como en mujeres.

El uso de la marihuana a nivel nacional se ha incrementado y se ubica como la sustancia con mayor preferencia, por lo que se prevé que en caso de permitir su uso para fines recreativos puede existir una correlación en el incremento de los usuarios de dicha sustancia.

Lo anterior toma relevancia toda vez que el 8 de noviembre de 2016 los estadounidenses aprobaron la legalización de la marihuana para su uso recreativo en California, Massachusetts y Nevada, con esto ahora se permitirá a las personas mayores de 21 años portar para su consumo hasta 30 gramos y cultivar plantas en sus hogares.

La prohibición o legalización de cualquier producto en Estados Unidos y México afecta invariablemente a ambos, y esto no es excepción para el uso de la marihuana. Sin embargo, los costos no se han repartido de la misma manera y el más afectado en América por esta regulación ha sido nuestro país.

La despenalización de la marihuana representará un reto por la contradicción política, económica, social, cultural, y de seguridad que será para ambas naciones la prohibición del lado del productor y la legalización del consumidor.

Tan sólo en dos años las peticiones de autorización de uso lúdico de la marihuana ante la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) han aumentado 22.7 por ciento. La Ciudad de México encabeza las peticiones, seguido de Baja California estado que comparte frontera con el de California en donde el consumo de la marihuana será legal a partir del primero de enero de 2018.

Los estados de la República Mexicana que comparten frontera con la Unión Americana sobre todo con aquellos estados en donde la marihuana es legal, serán los más afectados, debido a que consumidores podrían cruzar la frontera para poder consumir marihuana de manera legal, por lo que resulta prioritario fortalecer las medidas de prevención contra las adicciones.

En materia de prevención en contra de las adicciones el artículo 192 de la Ley General de Salud establece lo siguiente:

Artículo 192. La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia, y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas.

Este programa establecerá los procedimientos y criterios para la prevención, tratamiento y control de las adicciones y será de observancia obligatoria para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional y en los establecimientos de los sectores público, privado y social que realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones y la farmacodependencia.

Las campañas de información y sensibilización que reciba la población deberán estar basadas en estudios científicos y alertar de manera adecuada sobre los efectos y daños físicos y psicológicos del consumo de estupefacientes y psicotrópicos.

De conformidad con los términos establecidos por el programa nacional para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia, los gobiernos de las entidades federativas serán responsables de:

I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos; y

II. Proporcionar información y brindar la atención médica y los tratamientos que se requieran a las personas que consuman estupefacientes y psicotrópicos.

Sin embargo, dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2018 el programa de prevención y atención contra las adicciones presenta una disminución de 5 por ciento en contraste a dos años anteriores, al pasar de mil 405 millones 26 mil 988 pesos en 2016 a mil 334 millones 957 mil 486 pesos en 2018.

Ha quedado demostrado que la mejor opción para hacer frente al consumo de drogas es la prevención. Ante las consecuencias que podría traer consigo la legalización de la marihuana para su uso recreativo en estados de la Unión Americana que comparten frontera con México es necesario realizar un incremento en el presupuesto asignado para prevenir y atender las adicciones.

Por lo expuesto, someto a la consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 considere un incremento en los recursos asignados para la prevención y atención contra las adicciones.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de octubre de 2017.— Senador Víctor Hermosillo y Celada (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Acatic, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 57, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 275, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La mejora a la infraestructura y equipamiento deportivo es fundamental, la aplicación de programas que propicien un mayor aprovechamiento de las instalaciones orientadas a la práctica del deporte popular, estudiantil y de alto rendimiento; así como los diferentes proyectos municipales de construcción, rehabilitación y conservación de espacios deportivos, son indispensables para mejorar la práctica deportiva en los estados.

De acuerdo con estadísticas de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en los últimos cinco años se han realizado (863) acciones de infraestructura deportiva en todo el país: (369) obras nuevas, (380) rehabilitaciones, (99) ampliaciones y (15) en equipamiento.

En Jalisco, se requiere fortalecer los proyectos en materia de infraestructura deportiva estatal y municipal, de acuerdo con el reporte titulado: “Los estados más deportivos de la República Mexicana”,en este estudio participaron 5.3 deportistas profesionales por cada 100 mil habitantes que participan de manera oficial en una variedad de 15 disciplinas. Su elevado número de medallas de oro ganadas en eventos deportivos le ganó el calificativo de “el estado más deportista del país”

Por tal motivo, deben fortalecerse en esta materia cada uno de los municipios que integran el estado, es decir, con infraestructura de calidad que brinde seguridad y confianza para practicar todas las disciplinas del deporte.

Cabe señalar que el municipio de Acatic carece de espacios deportivos, por ello, la construcción de la infraestructura deportiva en este municipio beneficiara de forma directa a sus comunidades, ya que, tendrían espacios de calidad para realizar actividades físicas, o la práctica de algún deporte.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Acatic, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los diecinueve días del mes de octubre de 2017.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Acatic, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 57, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 275, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La cultura en Jalisco es vasta, diversa y amplia. Jalisco es cuna de emblemas nacionales que dan identidad al país y que son referentes internacionales, así como de riquezas locales vinculadas a las tradiciones, gastronomía, arquitectura y paisajes, al igual que de talentos artísticos en todas las disciplinas. Las obras de los escritores, artistas e intelectuales de Jalisco cultura contemporánea de México.

El desarrollo de la infraestructura cultural, es una de las condiciones necesarias para contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, históricamente se ha caracterizado por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

Esta riqueza y diversidad debe ser valorada, aprovechada y atendida en su justa dimensión porque, además de su incalculable valor estético y artístico, “lo cultural” es un elemento clave de los procesos de desarrollo económico, social y político del estado.

Por tal motivo, las tareas históricas del sector, se han acrecentado para asumir como propios, entre otros objetivos, la recuperación de espacios públicos, la disminución de índices de violencia, la mejora del tejido social y el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias para superar condiciones de pobreza y marginación. Por otro lado, los avances de la sociedad en términos de participación ciudadana y cultura democrática.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras, será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Acatic, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018.

Nota

1 CECA (2013). Recomendaciones para el Plan Estatal de Cultura 2013-2018, p. 3. Guadalajara, Jalisco: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los diecinueve días del mes de octubre de 2017.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de Chimaltitán, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 57, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 275, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de infraestructura del municipio de Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La infraestructura es una herramienta y, a la vez, un motor del desarrollo económico y social. Por ello, la construcción de infraestructura y obra pública en el estado debe tener como requisito fundamental aprovechar la competitividad y ventajas comparativas del estado, así como buscar un bienestar social que permita subsanar sus desventajas y alcanzar mejores niveles.

En las sociedades a través de la historia, con diferentes porcentajes y matices, han tenido que coexistir realidades tanto relacionadas entre sí como opuestas, en un mismo entorno y territorio. Por un lado, se tiene a una parte de la sociedad que se desenvuelve en el ámbito de las tecnologías avanzadas y el conocimiento, de la globalización, enfrentando los mercados de manera competitiva, con acceso a equipamientos e infraestructura de nivel mundial y que, por ello, demanda un soporte de calidad y características en concordancia con esta situación; mientras por otro lado, se encuentra un conglomerado social que lucha por sobrevivir y progresar en medio de la escasez, las limitaciones y la pobreza.

Por ello, debe ser un compromiso apoyar el fortalecimiento de infraestructura básica, para brindar mayor accesibilidad y herramientas a las áreas y regiones más desfavorecidas, a fin de proporcionarles una base para crecer y desarrollarse en aras de reducir las desigualdades.

El municipio de Chimaltitán necesita fortalecer su conectividad y cercanía a las localidades aledañas, con esta acción se beneficiarán de manera directa a los habitantes de las comunidades que integran este municipio, ya que contarán con calles que faciliten el tránsito de personas y vehículos y además se crearán fuentes de empleo temporales, con lo cual se mejorará la calidad de vida de los habitantes de las localidades beneficiadas.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de infraestructura del municipio de Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los diecinueve días del mes de octubre de 2017.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Chimaltitán, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 57, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 275, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La cultura en Jalisco es vasta, diversa y amplia. Jalisco es cuna de emblemas nacionales que dan identidad al país y que son referentes internacionales, así como de riquezas locales vinculadas a las tradiciones, gastronomía, arquitectura y paisajes, al igual que de talentos artísticos en todas las disciplinas. Las obras de los escritores, artistas e intelectuales de Jalisco cultura contemporánea de México.

El desarrollo de la infraestructura cultural, es una de las condiciones necesarias para contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, históricamente se ha caracterizado por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

Esta riqueza y diversidad debe ser valorada, aprovechada y atendida en su justa dimensión porque, además de su incalculable valor estético y artístico, “lo cultural” es un elemento clave de los procesos de desarrollo económico, social y político del estado.

Por tal motivo, las tareas históricas del sector, se han acrecentado para asumir como propios, entre otros objetivos, la recuperación de espacios públicos, la disminución de índices de violencia, la mejora del tejido social y el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias para superar condiciones de pobreza y marginación. Por otro lado, los avances de la sociedad en términos de participación ciudadana y cultura democrática.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras, será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018.

Nota

1 CECA (2013). Recomendaciones para el Plan Estatal de Cultura 2013-2018, p. 3. Guadalajara, Jalisco: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los diecinueve días del mes de octubre de 2017.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Chimaltitán, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 57, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 275, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La mejora a la infraestructura y equipamiento deportivo es fundamental, la aplicación de programas que propicien un mayor aprovechamiento de las instalaciones orientadas a la práctica del deporte popular, estudiantil y de alto rendimiento; así como los diferentes proyectos municipales de construcción, rehabilitación y conservación de espacios deportivos, son indispensables para mejorar la práctica deportiva en los estados.

De acuerdo con estadísticas de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en los últimos cinco años se han realizado (863) acciones de infraestructura deportiva en todo el país: (369) obras nuevas, (380) rehabilitaciones, (99) ampliaciones y (15) en equipamiento.

En Jalisco, se requiere fortalecer los proyectos en materia de infraestructura deportiva estatal y municipal, de acuerdo con el reporte titulado: “Los estados más deportivos de la República Mexicana”,en este estudio participaron 5.3 deportistas profesionales por cada 100 mil habitantes que participan de manera oficial en una variedad de 15 disciplinas. Su elevado número de medallas de oro ganadas en eventos deportivos le ganó el calificativo de “el estado más deportista del país”

Por tal motivo, deben fortalecerse en esta materia cada uno de los municipios que integran el estado, es decir, con infraestructura de calidad que brinde seguridad y confianza para practicar todas las disciplinas del deporte.

Cabe señalar que el municipio de Chimaltitán carece de espacios deportivos, por ello, la construcción de la infraestructura deportiva en este municipio beneficiara de forma directa a sus comunidades, ya que, tendrían espacios de calidad para realizar actividades físicas, o la práctica de algún deporte.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Chimaltitán, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los diecinueve días del mes de octubre de 2017.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de Acatic, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 57, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 275, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de infraestructura del municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La infraestructura es una herramienta y, a la vez, un motor del desarrollo económico y social. Por ello, la construcción de infraestructura y obra pública en el estado debe tener como requisito fundamental aprovechar la competitividad y ventajas comparativas del estado, así como buscar un bienestar social que permita subsanar sus desventajas y alcanzar mejores niveles.

En las sociedades a través de la historia, con diferentes porcentajes y matices, han tenido que coexistir realidades tanto relacionadas entre sí como opuestas, en un mismo entorno y territorio. Por un lado, se tiene a una parte de la sociedad que se desenvuelve en el ámbito de las tecnologías avanzadas y el conocimiento, de la globalización, enfrentando los mercados de manera competitiva, con acceso a equipamientos e infraestructura de nivel mundial y que, por ello, demanda un soporte de calidad y características en concordancia con esta situación; mientras por otro lado, se encuentra un conglomerado social que lucha por sobrevivir y progresar en medio de la escasez, las limitaciones y la pobreza.

Por ello, debe ser un compromiso apoyar el fortalecimiento de infraestructura básica, para brindar mayor accesibilidad y herramientas a las áreas y regiones más desfavorecidas, a fin de proporcionarles una base para crecer y desarrollarse en aras de reducir las desigualdades.

El municipio de Acatic necesita fortalecer su conectividad y cercanía a las localidades aledañas, con esta acción se beneficiarán de manera directa a los habitantes de las comunidades que integran este municipio, ya que contarán con calles que faciliten el tránsito de personas y vehículos y además se crearán fuentes de empleo temporales, con lo cual se mejorará la calidad de vida de los habitantes de las localidades beneficiadas.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de infraestructura del municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los diecinueve días del mes de octubre de 2017.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Ayutla, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 57, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 275, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Ayutla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La mejora a la infraestructura y equipamiento deportivo es fundamental, la aplicación de programas que propicien un mayor aprovechamiento de las instalaciones orientadas a la práctica del deporte popular, estudiantil y de alto rendimiento; así como los diferentes proyectos municipales de construcción, rehabilitación y conservación de espacios deportivos, son indispensables para mejorar la práctica deportiva en los estados.

De acuerdo con estadísticas de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en los últimos cinco años se han realizado (863) acciones de infraestructura deportiva en todo el país: (369) obras nuevas, (380) rehabilitaciones, (99) ampliaciones y (15) en equipamiento.

En Jalisco, se requiere fortalecer los proyectos en materia de infraestructura deportiva estatal y municipal, de acuerdo con el reporte titulado: “Los estados más deportivos de la República Mexicana”,en este estudio participaron 5.3 deportistas profesionales por cada 100 mil habitantes que participan de manera oficial en una variedad de 15 disciplinas. Su elevado número de medallas de oro ganadas en eventos deportivos le ganó el calificativo de “el estado más deportista del país”

Por tal motivo, deben fortalecerse en esta materia cada uno de los municipios que integran el estado, es decir, con infraestructura de calidad que brinde seguridad y confianza para practicar todas las disciplinas del deporte.

Cabe señalar que el municipio de Ayutla carece de espacios deportivos, por ello, la construcción de la infraestructura deportiva en este municipio beneficiara de forma directa a sus comunidades, ya que, tendrían espacios de calidad para realizar actividades físicas, o la práctica de algún deporte.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Ayutla, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los diecinueve días del mes de octubre de 2017.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Ayutla, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 57, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 275, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Ayutla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La cultura en Jalisco es vasta, diversa y amplia. Jalisco es cuna de emblemas nacionales que dan identidad al país y que son referentes internacionales, así como de riquezas locales vinculadas a las tradiciones, gastronomía, arquitectura y paisajes, al igual que de talentos artísticos en todas las disciplinas. Las obras de los escritores, artistas e intelectuales de Jalisco cultura contemporánea de México.

El desarrollo de la infraestructura cultural, es una de las condiciones necesarias para contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, históricamente se ha caracterizado por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

Esta riqueza y diversidad debe ser valorada, aprovechada y atendida en su justa dimensión porque, además de su incalculable valor estético y artístico, “lo cultural” es un elemento clave de los procesos de desarrollo económico, social y político del estado.

Por tal motivo, las tareas históricas del sector, se han acrecentado para asumir como propios, entre otros objetivos, la recuperación de espacios públicos, la disminución de índices de violencia, la mejora del tejido social y el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias para superar condiciones de pobreza y marginación. Por otro lado, los avances de la sociedad en términos de participación ciudadana y cultura democrática.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras, será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Ayutla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018.

Nota

1 CECA (2013). Recomendaciones para el Plan Estatal de Cultura 2013-2018, p. 3. Guadalajara, Jalisco: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los diecinueve días del mes de octubre de 2017.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de Ayutla, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 57, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 275, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de infraestructura del municipio de Ayutla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La infraestructura es una herramienta y, a la vez, un motor del desarrollo económico y social. Por ello, la construcción de infraestructura y obra pública en el estado debe tener como requisito fundamental aprovechar la competitividad y ventajas comparativas del estado, así como buscar un bienestar social que permita subsanar sus desventajas y alcanzar mejores niveles.

En las sociedades a través de la historia, con diferentes porcentajes y matices, han tenido que coexistir realidades tanto relacionadas entre sí como opuestas, en un mismo entorno y territorio. Por un lado, se tiene a una parte de la sociedad que se desenvuelve en el ámbito de las tecnologías avanzadas y el conocimiento, de la globalización, enfrentando los mercados de manera competitiva, con acceso a equipamientos e infraestructura de nivel mundial y que, por ello, demanda un soporte de calidad y características en concordancia con esta situación; mientras por otro lado, se encuentra un conglomerado social que lucha por sobrevivir y progresar en medio de la escasez, las limitaciones y la pobreza.

Por ello, debe ser un compromiso apoyar el fortalecimiento de infraestructura básica, para brindar mayor accesibilidad y herramientas a las áreas y regiones más desfavorecidas, a fin de proporcionarles una base para crecer y desarrollarse en aras de reducir las desigualdades.

El municipio de Ayutla necesita fortalecer su conectividad y cercanía a las localidades aledañas, con esta acción se beneficiarán de manera directa a los habitantes de las comunidades que integran este municipio, ya que contarán con calles que faciliten el tránsito de personas y vehículos y además se crearán fuentes de empleo temporales, con lo cual se mejorará la calidad de vida de los habitantes de las localidades beneficiadas.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de infraestructura del municipio de Ayutla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los diecinueve días del mes de octubre de 2017.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Atemajac de Brizuela, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 57, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 275, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La mejora a la infraestructura y equipamiento deportivo es fundamental, la aplicación de programas que propicien un mayor aprovechamiento de las instalaciones orientadas a la práctica del deporte popular, estudiantil y de alto rendimiento; así como los diferentes proyectos municipales de construcción, rehabilitación y conservación de espacios deportivos, son indispensables para mejorar la práctica deportiva en los estados.

De acuerdo con estadísticas de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en los últimos cinco años se han realizado (863) acciones de infraestructura deportiva en todo el país: (369) obras nuevas, (380) rehabilitaciones, (99) ampliaciones y (15) en equipamiento.

En Jalisco, se requiere fortalecer los proyectos en materia de infraestructura deportiva estatal y municipal, de acuerdo con el reporte titulado: “Los estados más deportivos de la República Mexicana”,en este estudio participaron 5.3 deportistas profesionales por cada 100 mil habitantes que participan de manera oficial en una variedad de 15 disciplinas. Su elevado número de medallas de oro ganadas en eventos deportivos le ganó el calificativo de “el estado más deportista del país”

Por tal motivo, deben fortalecerse en esta materia cada uno de los municipios que integran el estado, es decir, con infraestructura de calidad que brinde seguridad y confianza para practicar todas las disciplinas del deporte.

Cabe señalar que el municipio de Atemajac de Brizuela carece de espacios deportivos, por ello, la construcción de la infraestructura deportiva en este municipio beneficiara de forma directa a sus comunidades, ya que, tendrían espacios de calidad para realizar actividades físicas, o la práctica de algún deporte.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los diecinueve días del mes de octubre de 2017.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Atemajac de Brizuela, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 57, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 275, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La cultura en Jalisco es vasta, diversa y amplia. Jalisco es cuna de emblemas nacionales que dan identidad al país y que son referentes internacionales, así como de riquezas locales vinculadas a las tradiciones, gastronomía, arquitectura y paisajes, al igual que de talentos artísticos en todas las disciplinas. Las obras de los escritores, artistas e intelectuales de Jalisco cultura contemporánea de México.

El desarrollo de la infraestructura cultural, es una de las condiciones necesarias para contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, históricamente se ha caracterizado por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

Esta riqueza y diversidad debe ser valorada, aprovechada y atendida en su justa dimensión porque, además de su incalculable valor estético y artístico, “lo cultural” es un elemento clave de los procesos de desarrollo económico, social y político del estado.

Por tal motivo, las tareas históricas del sector, se han acrecentado para asumir como propios, entre otros objetivos, la recuperación de espacios públicos, la disminución de índices de violencia, la mejora del tejido social y el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias para superar condiciones de pobreza y marginación. Por otro lado, los avances de la sociedad en términos de participación ciudadana y cultura democrática.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras, será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018.

Nota

1 CECA (2013). Recomendaciones para el Plan Estatal de Cultura 2013-2018, p. 3. Guadalajara, Jalisco: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los diecinueve días del mes de octubre de 2017.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de Atemajac de Brizuela, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 57, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 275, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de infraestructura del municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La infraestructura es una herramienta y, a la vez, un motor del desarrollo económico y social. Por ello, la construcción de infraestructura y obra pública en el estado debe tener como requisito fundamental aprovechar la competitividad y ventajas comparativas del estado, así como buscar un bienestar social que permita subsanar sus desventajas y alcanzar mejores niveles.

En las sociedades a través de la historia, con diferentes porcentajes y matices, han tenido que coexistir realidades tanto relacionadas entre sí como opuestas, en un mismo entorno y territorio. Por un lado, se tiene a una parte de la sociedad que se desenvuelve en el ámbito de las tecnologías avanzadas y el conocimiento, de la globalización, enfrentando los mercados de manera competitiva, con acceso a equipamientos e infraestructura de nivel mundial y que, por ello, demanda un soporte de calidad y características en concordancia con esta situación; mientras por otro lado, se encuentra un conglomerado social que lucha por sobrevivir y progresar en medio de la escasez, las limitaciones y la pobreza.

Por ello, debe ser un compromiso apoyar el fortalecimiento de infraestructura básica, para brindar mayor accesibilidad y herramientas a las áreas y regiones más desfavorecidas, a fin de proporcionarles una base para crecer y desarrollarse en aras de reducir las desigualdades.

El municipio de Atemajac de Brizuela necesita fortalecer su conectividad y cercanía a las localidades aledañas, con esta acción se beneficiarán de manera directa a los habitantes de las comunidades que integran este municipio, ya que contarán con calles que faciliten el tránsito de personas y vehículos y además se crearán fuentes de empleo temporales, con lo cual se mejorará la calidad de vida de los habitantes de las localidades beneficiadas.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de infraestructura del municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los diecinueve días del mes de octubre de 2017.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Amatitan, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 57, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 275, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Amatitan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La mejora a la infraestructura y equipamiento deportivo es fundamental, la aplicación de programas que propicien un mayor aprovechamiento de las instalaciones orientadas a la práctica del deporte popular, estudiantil y de alto rendimiento; así como los diferentes proyectos municipales de construcción, rehabilitación y conservación de espacios deportivos, son indispensables para mejorar la práctica deportiva en los estados.

De acuerdo con estadísticas de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en los últimos cinco años se han realizado (863) acciones de infraestructura deportiva en todo el país: (369) obras nuevas, (380) rehabilitaciones, (99) ampliaciones y (15) en equipamiento.

En Jalisco, se requiere fortalecer los proyectos en materia de infraestructura deportiva estatal y municipal, de acuerdo con el reporte titulado: “Los estados más deportivos de la República Mexicana”,en este estudio participaron 5.3 deportistas profesionales por cada 100 mil habitantes que participan de manera oficial en una variedad de 15 disciplinas. Su elevado número de medallas de oro ganadas en eventos deportivos le ganó el calificativo de “el estado más deportista del país”

Por tal motivo, deben fortalecerse en esta materia cada uno de los municipios que integran el estado, es decir, con infraestructura de calidad que brinde seguridad y confianza para practicar todas las disciplinas del deporte.

Cabe señalar que el municipio de Amatitan carece de espacios deportivos, por ello, la construcción de la infraestructura deportiva en este municipio beneficiara de forma directa a sus comunidades, ya que, tendrían espacios de calidad para realizar actividades físicas, o la práctica de algún deporte.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Amatitan, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los diecinueve días del mes de octubre de 2017.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de Amatitan, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 57, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 275, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de infraestructura del municipio de Amatitan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La infraestructura es una herramienta y, a la vez, un motor del desarrollo económico y social. Por ello, la construcción de infraestructura y obra pública en el estado debe tener como requisito fundamental aprovechar la competitividad y ventajas comparativas del estado, así como buscar un bienestar social que permita subsanar sus desventajas y alcanzar mejores niveles.

En las sociedades a través de la historia, con diferentes porcentajes y matices, han tenido que coexistir realidades tanto relacionadas entre sí como opuestas, en un mismo entorno y territorio. Por un lado, se tiene a una parte de la sociedad que se desenvuelve en el ámbito de las tecnologías avanzadas y el conocimiento, de la globalización, enfrentando los mercados de manera competitiva, con acceso a equipamientos e infraestructura de nivel mundial y que, por ello, demanda un soporte de calidad y características en concordancia con esta situación; mientras por otro lado, se encuentra un conglomerado social que lucha por sobrevivir y progresar en medio de la escasez, las limitaciones y la pobreza.

Por ello, debe ser un compromiso apoyar el fortalecimiento de infraestructura básica, para brindar mayor accesibilidad y herramientas a las áreas y regiones más desfavorecidas, a fin de proporcionarles una base para crecer y desarrollarse en aras de reducir las desigualdades.

El municipio de Amatitan necesita fortalecer su conectividad y cercanía a las localidades aledañas, con esta acción se beneficiarán de manera directa a los habitantes de las comunidades que integran este municipio, ya que contarán con calles que faciliten el tránsito de personas y vehículos y además se crearán fuentes de empleo temporales, con lo cual se mejorará la calidad de vida de los habitantes de las localidades beneficiadas.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de infraestructura del municipio de Amatitan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los diecinueve días del mes de octubre de 2017.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Amatitan, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 57, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 275, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Amatitan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La cultura en Jalisco es vasta, diversa y amplia. Jalisco es cuna de emblemas nacionales que dan identidad al país y que son referentes internacionales, así como de riquezas locales vinculadas a las tradiciones, gastronomía, arquitectura y paisajes, al igual que de talentos artísticos en todas las disciplinas. Las obras de los escritores, artistas e intelectuales de Jalisco cultura contemporánea de México.

El desarrollo de la infraestructura cultural, es una de las condiciones necesarias para contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, históricamente se ha caracterizado por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

Esta riqueza y diversidad debe ser valorada, aprovechada y atendida en su justa dimensión porque, además de su incalculable valor estético y artístico, “lo cultural” es un elemento clave de los procesos de desarrollo económico, social y político del estado.

Por tal motivo, las tareas históricas del sector, se han acrecentado para asumir como propios, entre otros objetivos, la recuperación de espacios públicos, la disminución de índices de violencia, la mejora del tejido social y el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias para superar condiciones de pobreza y marginación. Por otro lado, los avances de la sociedad en términos de participación ciudadana y cultura democrática.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras, será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Amatitan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018.

Nota

1 CECA (2013). Recomendaciones para el Plan Estatal de Cultura 2013-2018, p. 3. Guadalajara, Jalisco: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los diecinueve días del mes de octubre de 2017.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

MINUTA



LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 265 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

ÚNICO. Se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 265. Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, pilotaje o practicaje, amarre, acarreo, almacenaje y transbordo de carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques o en tierra, en los puertos, vías navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en lanchas para prácticos, y a los trabajos complementarios o conexos.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senador Juan G. Flores Ramírez (rúbrica), secretario.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES



LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Del Congreso del Estado de Nuevo León.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LXXIV Legislatura al honorable Congreso del estado de Nuevo León, pone a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, reforma la fracción XIII del artículo 5, las fracciones XXXIII y XXXIV del artículo 19, la fracción V del artículo 21, las fracciones VII y VIII del artículo 41; y se adiciona la fracción XXXV al artículo 19 y la fracción IX al artículo 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Se acompaña al presente copia del dictamen emitido por la Comisión de Legislación, aprobado en la sesión del día de hoy, así como del acuerdo número 822 que contiene la iniciativa citada en el párrafo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes, con la atenta súplica de que nos den a conocer el trámite legislativo que se le haya dado al presente.

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, nos permitimos enviarle por este conducto un cordial saludo.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, a 3 de octubre de 2017.— Diputada Laura Paula López Sánchez (rúbrica), primera secretaria; diputada Eva Patricia Salazar Marroquín (rúbrica), segunda secretaria.»

«Congreso del Estado de Nuevo León.

El honorable Congreso del estado Libre y Soberano de Nuevo León, LXXIV Legislatura, en uso de las facultades que le concede el artículo 63, de la Constitución Política local, expide el siguiente

AcuerdoNúmero 822

Artículo Primero. La Septuagésima Cuarta Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al honorable Congreso de la Unión, el análisis y en su caso aprobación del siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma la fracción XIII del artículo 5; las fracciones XXXIII y XXXIV del artículo 19; la fracción V del artículo 21, las fracciones VII y VIII del artículo 41; y se adiciona la fracción XXXV al artículo 19 y la fracción IX al artículo 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sique:

Artículo 5. Para efecto de la aplicación de la presente Ley, se considerarán como definiciones básicas las siguientes:

1. a XII. ...

XIII. Evento deportivo con fines de espectáculo: Cualquier evento deportivo en el que se condicione el acceso de los aficionados o espectadores al pago de una tarifa para presenciarlo, la condición de la tarifa al acceso de los aficionados será a partir de los dos años de edad, si es menor a esta edad no tendrá derecho a asiento y sólo podrá acceder cuando vaya en compañía de una persona mayor de edad.

Artículo 19. La junta directiva tendrá las siguientes facultades:

I. a XXXII. ...

XXXIII. Ratificar los nombramientos de apoderados que recaigan en personas ajenas a la Conade;

XXXIV. Ejercer las facultades que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento asigna a los órganos de gobierno de las entidades; y

XXXV. Vigilar que la Conade haga cumplir con lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 21. El Director General tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

I. a IV. ...

V. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la Conade se realicen de manera articulada, congruente y eficaz, así como vigilar el cumplimiento de la presente ley y demás disposiciones aplicables;

VI. a XLI. ...

Artículo 41. Las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, se coordinarán entre sí o con instituciones del sector social y privado para:

I. a VI. ...

VII. Establecer procedimientos de promoción en materia de cultura física y deporte;

VIII. Promover los mecanismos y acciones encaminados a prevenir la violencia en eventos deportivos y garantizar el desarrollo pacífico en los recintos donde se celebren eventos deportivos masivos y con fines de espectáculo y en sus inmediaciones, así como la seguridad y patrimonio de las personas, en coordinación con las autoridades de Seguridad Pública, Privada y de Protección Civil correspondientes; y

IX. Cumplir lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y las autoridades municipales, deberán adecuar sus disposiciones legales a lo previsto en esta reforma, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Segundo. Remítase al Congreso de la Unión el presente acuerdo, así como el expediente que dio origen para sus efectos constitucionales.

Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital a los 3 días del mes de octubre de 2017.— Diputada Karina Marlen Barrón Perales (rúbrica), Presidenta; diputada Laura Paula López Sánchez (rúbrica), primera secretaria; diputada Eva Patricia Salazar Marroquín (rúbrica), segunda secretaria.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.



LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Del Congreso del Estado de Nuevo León.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 71, fracción III y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LXXIV Legislatura al honorable Congreso de Nuevo León, pone a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, iniciativa de reforma el artículo 26 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Se acompaña al presente copia del dictamen emitido por la comisión de legislación, aprobado en la sesión del día de hoy, así como del acuerdo número 821 que contiene la iniciativa citada en el párrafo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes, con la atenta súplica de que nos den a conocer el trámite legislativo que se le haya dado al presente.

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, otro particular, nos permitimos enviarle por este conducto, un cordial saludo.

Atentamente

Diputada Laura Paula López Sánchez (rúbrica), primera secretaria; diputada Eva Patricia Salazar Marroquín (rúbrica), segunda secretaria.»

«Congreso del Estado de Nuevo León.

Licenciado Manuel Florentino González Flores, secretario general de Gobierno.— Presente.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, nos permitimos en forma atenta y respetuosa solicitar la publicación en el órgano informativo oficial del estado, el acuerdo número 821 expedido por el honorable Congreso del estado en esta fecha, cuyo documento se acompaña.

Sin otro particular, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, a 2 de octubre de 2017.— El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, diputada Laura Paula López Sánchez (rúbrica), primera secretaria; diputada Eva Patricia Salazar Marroquín (rúbrica), segunda secretaria.»

«Congreso del Estado de Nuevo León.

El honorable Congreso del estado Libre y Soberano de Nuevo León, LXXIV Legislatura, en uso de las facultades que le concede el artículo 63, de la Constitución Política local, expide el siguiente:

Acuerdo Número 821

Artículo Primero. La Septuagésima Cuarta Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; así como los artículos 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al honorable Congreso de la Unión, el análisis y en su caso aprobación del siguiente proyecto de:

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 26 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 26. Los programas y acciones para la prevención de los delitos electorales se realizarán en términos del convenio de colaboración que suscriban la Procuraduría General de la República, Las entidades federativas, los municipios y el Instituto Nacional Electoral. La difusión de estos programas y acciones se realizarán como parte de las campañas de educación cívica que efectúe el Instituto Nacional Electoral en coordinación con la Procuraduría General de la República las entidades federativas, los municipios.

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Remítase al Congreso de la Unión el presente acuerdo, así como el expediente que dio origen para sus efectos constitucionales.

Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital, a los 2 días del mes de octubre de 2017.— Diputada Karina Marlen Barrón Perales (rúbrica), Presidenta; diputada Laura Paula López Sánchez (rúbrica), primera secretaria; diputada Eva Patricia Salazar Marroquín (rúbrica), segunda secretaria.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.



LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Del Congreso del Estado de Nuevo León.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LXXIV Legislatura al honorable Congreso del Estado de Nuevo León, pone a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, reforma por modificación el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Se acompaña al presente copia del dictamen emitido por la Comisión de Legislación, aprobado en la Sesión del día de hoy, así como del acuerdo número 823 que contiene la iniciativa citada en el párrafo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes, con la atenta súplica de que nos den a conocer el trámite legislativo que se le haya dado al presente.

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, nos permitimos enviarle por este conducto un cordial saludo.

Monterrey, Nuevo León, a 4 de octubre de 2017.— Diputada Laura Paula López Sánchez.»

«Congreso del Estado de Nuevo León.

El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en uso de las facultades que le concede el artículo 63 de la Constitución Política local expide el siguiente

Acuerdo número 823

Artículo Primero. La Septuagésima Cuarta Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al honorable Congreso de la Unión, el análisis y, en su caso, aprobación del siguiente proyecto de:

Decreto

Artículo Único. Se reforma por modificación el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

El Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a la fórmula siguiente:

Pit = FGP15,t(0.4 C1i,t+0.3C2i,t+O.3C3l,t)

C1i,t= RISR+RIVA+RIEPS

Donde:

es el porcentaje de recaudación proveniente del impuesto sobre la renta en el estado respecto de la totalidad de lo recaudado a nivel federal.

es el porcentaje de recaudación proveniente del impuesto al valor agregado en el estado respecto de la totalidad de lo recaudado a nivel federal.

es el porcentaje de recaudación proveniente del impuesto especial sobre producción y servicios en el estado, respecto de la totalidad de lo recaudado a nivel federal.

es el promedio de los porcentajes de recaudación proveniente del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios, respecto de la totalidad de lo recaudado a nivel federal.

, C2i,t y C3i,t son los coeficientes de distribución del Fondo General de Participaciones de la entidad ien el año ten que se efectúa el cálculo,

Considerando los coeficientes C1, C2 y C3 como incentivos recaudatorios.

es la participación del fondo a que se refiere este artículo, de la entidad ien el año t.

Pi,15 es la participación del fondo a que se refiere este artículo que la entidad irecibió en el año 2015.

es la información oficial del producto interno bruto del último año que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la entidad i.

es la información oficial del producto interno bruto del año anterior al definido en la variable anterior que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la entidad i.

es la información relativa a la recaudación de impuestos y derechos locales de la entidad i en el año tcontenida en la última cuenta pública oficial y reportados en los formatos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para tal efecto, se considerarán impuestos y derechos locales todos aquéllos que se recauden a nivel estatal, así como el impuesto predial y los derechos por suministro de agua que registren un flujo de efectivo.

Las cifras reportadas en la cuenta pública oficial de los citados ingresos, que estén relacionadas con el otorgamiento de beneficios, programas, subvenciones, o subsidios, aun cuando tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente, y que estén dirigidos a determinado sector de la población o de la economía, no se considerarán ingresos para efectos de la determinación de coeficientes de participaciones.

En lo que corresponde a los derechos, se considerarán aquellas contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la entidad, así como por los servicios que presten las entidades en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados. No obstante, se considerarán los derechos a cargo de los organismos públicos descentralizados que presten servicios exclusivos de las entidades.

La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales podrá aprobar otros impuestos y derechos respecto de los cuales exista información certera y verificable, atendiendo a criterios de equidad entre las entidades federativas.

es un promedio móvil de tres años de las tasas de crecimiento en la recaudación de los impuestos y derechos locales de la entidad i, referidos en la variable anterior.

Ni es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la entidad i.

es la suma sobre todas las entidades de la variable que le sigue.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación .

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo contemplado en el presente Decreto.

Artículo Segundo. Remítase al Congreso de la Unión el presente Acuerdo, así como el expediente que dio origen para sus efectos constitucionales.

Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital, a los cuatro días del mes de octubre de dos mil diecisiete.— Diputada Karina Marlen Barrón Perales (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

INICIATIVAS DE SENADORES



LEY FEDERAL DE DERECHOS

El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2017.— Senadora Graciela Ortiz González (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito, Esteban Albarrán Mendoza, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, propongo ante esta Cámara de Senadores iniciativa que reforma y adiciona el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La Industria Minera es uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana, posicionando a México como uno de los principales productores de minerales metálicos.

De acuerdo con diversos datos de la Cámara Minera de México, en 2016, el sector minero-metalúrgico de México representó 9.0 por ciento del producto interno bruto (PIB) industrial y 2.9 del PIB nacional de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). (3.9 por ciento del PIB nacional considerando la minería ampliada). Con un crecimiento en la producción de 1.7 por ciento, la balanza comercial minero-metalúrgica resultó positiva, al ascender a 7 mil 728 millones de dólares, 19.6 por ciento más que en 2015.

Por su parte, el valor de la producción minero-metalúrgica es de 12 mil 543 millones de dólares en 2016. En pesos alcanzó 234 mil 282 millones de pesos, 9.6 por ciento más que el año previo, de acuerdo con el Inegi.

Valor de la producción Minero-Metalúrgica 2005-2016(Miles de millones de pesos)

De igual manera, la Industria Minera aumentó la generación de divisas respecto de 2015 tras alcanzar 15 mil 681 millones de dólares y ubicarse por debajo del sector automotriz, el electrónico, las remesas, el turismo, el petróleo y sólo por encima de la actividad agroindustrial.

Divisas generadas principales sectores 2015--2016(Millones de dólares)

Por otra parte, la velocidad de la tecnología, ha provocado que este sector transforme sus conceptos relacionados con la producción y lo han llevado a buscar una mayor rentabilidad sostenida en el factor humano.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, al cierre de 2016, se registró un crecimiento de 2.8 por ciento equivalente a 9 mil 790 empleos nuevos (el doble de las plazas generadas en 2015), para alcanzar 354 mil 702 empleos directos en total. Las remuneraciones que perciben los trabajadores de la industria minerometalúrgica fue 36 por ciento mayor al promedio nocional.

De acuerdo con datos citados, la Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía, a diciembre de 2016 están registradas 275 empresas identificadas con capital extranjero que operan en México, entre las que destacan Canadá, Estados Unidos y China, las cuales manejan un portafolio de 947 proyectos. En 25 estados de la República Mexicana hay registro de proyectos mineros, concentrándose el mayor número de proyectos en Sonora con 224, Chihuahua con 127 y Durango con 106.

De los proyectos operados por empresas con capital extranjero en nuestro país, 67.1 por ciento (635) están en etapa de exploración; 10.4 por ciento en producción; los proyectos en etapa de desarrollo representan 4.6 por ciento, mientras que 169 proyectos están en stand by, para su posterior reactivación en un tiempo financieramente razonable.

Del total de proyectos 63 por ciento corresponden a metales preciosos; 14.7 por ciento a minerales polimetálicos, 12.8 por ciento a minerales de cobre y 5.6 por ciento a mineral de hierro.

En 2016 se anunciaron 55 nuevos proyectos con un valor de 130 mil 400 millones de dólares, frente a 44 en 2015 por valor de 103 mil 200 millones de dólares.

En México, las negociaciones entre mineras de tamaño similar aumentaron a medida que las empresas se centraron en mayor rentabilidad del capital, mayor énfasis en los estimados de inversión y flexibilidad a través de las carteras de activos. El valor de las fusiones y adquisiciones superó los 200 millones de dólares en 2016.

La industria minera ha continuado en expansión; tal y como se observa en algunas fusiones y adquisiciones empresariales, principalmente en proyectos por oro y plata.

Principales acuerdos, fusiones y adquisiciones en 2016

La actividad minería en México es, junto con la agricultura, la industria con mayor relación con comunidades y municipios. Tiene presencia en 24 de las 32 entidades del país y en 107 municipios con actividad minera.

Como se desprende de los anteriores datos, la industria minera en el país ha tenido un importante desarrollo; sin embargo, también ha traído consigo algunos conflictos con las comunidades donde realizan sus operaciones. Éstas se han generado por cuestiones de tenencia de la tierra, o por daños ambientales. La mayor parte de los conflictos se derivan del modelo de explotación intensiva que llevan a cabo; del uso de tecnologías que producen notorios daños ambientales.

Esto último, ocasionado principalmente por residuos sólidos o líquidos, generalmente peligrosos para el ambiente y/o la salud humana que quedan como remanentes de la actividad minera.

Ante este constante problema, y en el marco de la discusión del presupuesto de 2018, y a propuesta del Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión, aprobó diversas disposiciones en materia de derechos sobre la minería, destacando la adición al artículo 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos, con la finalidad de apoyar a las comunidades mineras.

Con relación al destino de los recursos que se recauden de estos nuevos derechos mineros, se incorporó a dicha ley la creación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el cual es empleado en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, destinados a lo siguiente:

1. Construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares.

2. Pavimentación de caminos locales e instalación de alumbrado público, así como el mantenimiento de ambos.

3. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire.

4. Obras que preserven las áreas naturales. Como por ejemplo: reforestación, así como rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua.

5. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes.

Sobre la distribución de los recursos de dicho fondo, éstos serán entregados en 62.5 por ciento a los municipios en los que tuvo lugar la actividad minera y 37.5 por ciento restante será entregado a los estados correspondientes. Como se puede observar, estas disposiciones para el sector minero, tienen la finalidad de preservar los recursos naturales, beneficiar a las comunidades mineras, y que el Estado mexicano capte un mayor porcentaje del capital que genera la minería.

La magnitud de las actividades mineras en México, y de sus potenciales impactos naturales y sociales, ha sido un tema fundamental para el desarrollo de las comunidades. De ahí la importancia de la aplicación oportuna y eficiente de los recursos de dicho fondo.

Los beneficios económicos que generan incremento de la riqueza de las empresas mineras, privilegiadas con la explotación de los recursos minerales, especialmente de oro, plata, cobre, etcétera, también deben beneficiar no solamente a los que aportan con su fuerza de trabajo, sino también a las comunidades que se encuentran en su área de influencia, procurando un equilibrio entre el desarrollo económico empresarial y el desarrollo socioeconómico de la población, mejorando el nivel de vida; y evitando además descontento social y consecuentemente conflictos socio ambientales.

Consideramos que es de justicia, que los beneficios del desarrollo deben redistribuirse equitativamente entre toda la población, incluidas aquellas personas que de manera indirecta sufren los impactos sociales, económicos y ambientales por la actividad minera.

Debido a lo anterior, es que el objeto de la presente iniciativa sea la de incrementar el porcentaje del fondo destinado a las comunidades mineras. Es decir que dicho porcentaje se incremente a 80 por ciento a los municipios y demarcaciones donde se explota y obtienen las sustancias minerales, y el restante 20 por ciento a las entidades respectivas.

Lo anterior, con la finalidad de obtener un beneficio a las comunidades, sobre la rentabilidad de la industria por la venta de productos que fueron extraídos, a fin de contribuir a resarcir al entorno ambiental y ecológico de las entidades y mejorar las condiciones de las comunidades en las cuales tuvo lugar la explotación minera.

Consideramos que el modelo de desarrollo de las empresas mineras en México no debe fundamentarse y proyectarse solamente en técnicas puramente productivas y mercantiles, considerando sólo su aporte al producto interno bruto, sino también debe fundamentarse en la formulación y aplicación de políticas empresariales con responsabilidad social que se orienten a impulsar el desarrollo socio económico de la población sin dejar de lado tampoco el cuidado del medio ambiente; tratando además de mantener los usos y las costumbres, la cultura, las tradiciones, y el fomento de la mejora de la calidad de vida de la gente en su área de influencia. Poner como valores centrales, la protección de la salud y el medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos

Único. Se reforma y adiciona el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

Artículo 275. Los estados y el Distrito Federal participarán en los ingresos de los derechos sobre minería a que se refieren los artículos 263 y 267 de esta ley, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la recaudación federal participable, la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta ley, y se destinará en 80 por ciento al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el cual se distribuirá, en 80 por ciento a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales y 20 por ciento restante a la entidad federativa correspondiente, a fin de que se apliquen en términos de lo dispuesto por el artículo 271 de esta ley.

La distribución de estos recursos entre los municipios y demarcaciones del Distrito Federal, y entre las entidades federativas correspondientes, se determinará con base en el porcentaje del valor de la actividad extractiva del municipio o demarcación del Distrito Federal correspondiente, respecto del valor total de la actividad extractiva en el territorio nacional, de acuerdo al registro estadístico de producción minera que para tales efectos elabore la Secretaría de Economía en el año que corresponda.

(...)

(...)

(...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Camimex. Informe Anual 2017, en

https://camimex.org.mx/files/9S15/00S8/4028/02-lnfo17.pdf

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de octubre de 2017.— Senador Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Manuel Cárdenas Fonseca presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 94 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2017.— Senadora Graciela Ortiz González (rúbrica), vcepresidenta.»

«El suscrito, Manuel Cárdenas Fonseca, senador de la República de esta LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, fracción I; 164, párrafo 2; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de servicio de transporte de personas a través de plataformas tecnológicas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En los últimos años se ha presentado en nuestro país un desarrollo considerable del servicio de transporte de personas a través de plataformas tecnológicas, como una consecuencia de los adelantos tecnológicos y de comunicaciones que se han dado en todo el mundo.

La anterior forma de desarrollo del transporte de personas mediante el uso de plataformas tecnológicas ha generado, si bien es cierto, una alternativa adicional de traslado de personas ya sea de forma individual o colectiva, aprovechando una comunicación digital entre los usuarios de servicios y los operadores de los vehículos con mejores condiciones de tiempos y comodidades, en relación con los servicios que proporciona el servicio público de personas en nuestro país, también lo es que, a últimas fechas, se ha generado un descontento por parte de los operarios de los vehículos, en virtud de que las condiciones bajo las cuales firman con los propietarios de las plataformas tecnológicas, las cuales los convierten literalmente en empleados de ellos, al tener que conducirse bajo subordinación en la forma de realización de los servicios de transportación, tiempos y tarifas a las cuales deben sujetarse.

Las empresas dueñas de las plataformas argumentan que ellas únicamente realizan una liga entre las empresas o las personas que realizan el transporte y los usuarios que deseen transportarse de un punto a otro, mediante una aplicación que puede utilizarse en teléfonos inteligentes.

No obstante lo anterior, los propietarios de los vehículos, adicionalmente a estar sujetos, como se expresó con antelación, a un esquema de subordinación con los dueños de las plataforma, los mismos se encuentran una notoria problemática al ser quienes tienen que proporcionar los vehículos con ciertas especificaciones en cuanto a condiciones y mantenimiento; proporcionar servicios adicionales dentro de los vehículos; absorber el incremento de combustibles, servicios del vehículo, pago de seguro, depreciación del vehículo, asistencia social en caso de accidente o enfermedad; e inflación en general.

Ante tal situación, se estima que si bien el servicio de transporte de personas a través de plataformas tecnológicas, constituye una alternativa que coadyuva a la forma de transportación en nuestro país, también lo es que las condiciones en las cuales se desarrolla la misma, presenta una forma de evasión de diversas obligaciones que, en condiciones similares, estarían obligadas aquellas empresas que tuvieran personas a su cargo para la realización propia de las actividades de su objeto social, tal como lo son la retención y entero de las contribuciones por los ingresos propios obtenidos y de sus empleados, así como las obligaciones de seguridad social y seguro de vida que deben tener en relación con las personas que se encuentran a su cargo.

En otras palabras, derivado de la autodeterminación de tarifas y condiciones en la prestación del servicio por parte de las empresas propietarias de las plataformas tecnológicas, en contraprestación con los gastos y responsabilidades que quedan a cargo de los propietarios de los vehículos, lo que los sitúa en condiciones de subordinación total, se considera necesario incorporar dentro del marco jurídico un esquema que permita crear condiciones de equidad y seguridad entre dichos sujetos, con el cual se procure un desarrollo económico no sólo sea de uno de ellos en detrimento del otro.

En este entendido, se propone a esa soberanía adicionar una fracción al artículo 94 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de considerar para efectos fiscales, como ingresos asimilables a salarios, los que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales, derivados de un servicio de transporte de personas a través de plataformas tecnológicas.

Lo anterior traerá como consecuencia, por una parte, que las empresas dueñas de las plataformas tecnológicas adquieran la responsabilidad para con los dueños de los vehículos en su seguridad social y, por la otra parte, que se identifique con precisión el número de personas que realizan la actividad y con ello no se convierta en un esquema de evasión de las contribuciones por parte de las empresas dueñas de las plataformas tecnológicas.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno, la presente Iniciativa con proyecto de decreto para quedar como sigue:

Artículo Único. Se adicionauna fracción VIII al artículo 94 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 94. ....

I. a VII. ...

VIII. Los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales, derivados de un servicio de transporte prestado a través de plataformas tecnológicas.

....

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a los 17 días del mes de octubre de 2017.— Senador Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Me ha pedido el uso de la palabra la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Sonido en su curul por favor. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre(desde la curul): Gracias, presidenta. Solamente para que reflexionemos juntos que hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático. Hemos puesto en sus curules una hoja en donde viene una liga, para que cada uno responsablemente pueda calcular lo que le costamos de presión a este planeta. Gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Sus comentarios quedan registrados en el Diario de los Debates.

En siguiente punto del orden del día es la agenda política relativa a la Fiscalía General de la República. Se han inscrito las y los siguientes diputados, quienes tendrán el uso de la palabra hasta... Diputado, antes de iniciar nuestra agenda política, sonido en la curul del diputado Pinto.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres(desde la curul): Gracias. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días compañeras y compañeros diputados. Únicamente solicitar a esta Presidencia, y al pleno, que nos mantengamos atentos a la investigación y al resultado del juicio que actualmente se está realizando en la licitación del Servicio Integral de Diálisis Peritoneal Automatizada, realizada en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Puebla.

Recordemos que la empresa Baxter de México fue acusada de pagar sobornos a funcionarios para verse favorecida en alguna licitación. Y resaltar también, que el día de ayer se dio a conocer en diversos medios de comunicación la presión que ejerció la misma compañía farmacéutica al entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez, quien fue coaccionado para favorecer la contratación de los servicios de esta empresa para realizar los tratamientos de diálisis a los pacientes del Instituto Guatemalteco.

En este mundo global y debido a que tenemos que estar atentos a cómo se vienen realizando. Debemos estar atentos, insisto, en la Secretaría de la Función Pública ya ordenó la reposición del procedimiento licitatorio en Puebla, aún así se encuentra en procedimiento judicial abierto y nosotros no podemos permitir, compañeras y compañeros, que se sigan presentando este tipo de actos de corrupción que afectan a los derechohabientes y encarecen la presentación de servicios de salud de nuestro país. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Sus comentarios quedan registrados en el Diario de Debates. Muchas gracias.



AGENDA POLÍTICA

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Retomo, compañeras y compañeros la agenda política relativa a la Fiscalía General de la República. Se han inscrito las y los siguientes diputados quienes tendrán el uso de la palabra hasta por cinco minutos: diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputada Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional; diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada Cynthia Gissel García Soberanes.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Gracias, presidenta. Con su venia. Honorable asamblea, quienes formamos parte del Estado mexicano, con nuestras diversas responsabilidades y facultades reglamentadas, cuando rendimos protesta lo hicimos bajo la premisa de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente nuestros encargos con la mira puesta el bien y la prosperidad de la Unión.

En las últimas semanas la Procuraduría General de la República, fiscalía en ciernes, ha sido epicentro de chantajes políticos con un claro propósito electoral. Incluso, desafortunadamente esta soberanía fue secuestrada por dinámicas que no le son propias, tratando de provocar una crisis constitucional que, aunque no declarada ni reconocida, paralizó nuestra instalación y trabajos, insisto, por asuntos propios de la colegisladora.

Hoy nuevamente, bajo un criterio eminentemente electoral, vuelven a orientarse las agendas de diversos partidos y actores políticos que deseosos de protagonismo han vuelto a poner en el centro del debate a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, dos instituciones del Estado mexicano a las que sería mejor fortalecer y defender, habida cuenta de los grandes desafíos que habrán de enfrentar en el futuro inmediato.

Lamentablemente dentro y fuera de esta Cámara de Diputados han dejado ver de qué están hechos quienes se frotan las manos con la inestabilidad política que la atención de la Procuraduría y la Fiscalía se ha generado. Son los mismos actores que suscriben y enarbolan la estrategia del desconocimiento de las instituciones y el desprecio por la legalidad, caminos ambos que no conducen a nada y que lesionan severamente al tejido social.

Compañeros y compañeras diputadas, es imperativo que dejemos que el Senado de la República resuelva lo que le corresponde y no abonemos al encono y a la discordia política que por este ni por ningún otro tema no sea incumbencia de esta soberanía. En todo caso, es pertinente hacer un llamado al respeto por las instituciones del orden jurídico nacional de los que sí somos responsables y tenemos competencia.

En un Estado, en que la división de poderes y el orden constitucional deben orientar nuestro criterio, no debe haber lugar para erigirnos en jueces, en verdugos ni en fiscales. El debido proceso y la presunción de la inocencia merecen tanto respeto, como la secrecía de las investigaciones o el reconocimiento de las facultades de suplencia. Actuemos con responsabilidad republicana y miremos más allá de la coyuntura electoral.

Que la corresponsabilidad entre Poderes opere para bien y para la justicia, como vivencia, así como la buena ley y óptima gestión pública. Que sea una realidad de la que seamos artífices por la nación, que así nos demanda. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario Encuentro Social. A continuación, se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Angélica Reyes Ávila:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, les saludo con mucho cariño y con respeto.

En Nueva Alianza nos comprometimos a coadyuvar en la consolidación de las instituciones públicas de nuestro país, por ello nos manifestamos a favor de la creación de una Fiscalía General de la República, que sirva eficazmente a la ciudadanía.

Estamos del lado de la sociedad, sin duda alguna. Sabemos que una de las mayores exigencias de la población es terminar con la corrupción y la impunidad. Hemos hecho patente nuestra voluntad de contribuir a la creación de una fiscalía que goce de verdadera autonomía.

En este tenor, el pasado 20 de octubre, la Procuraduría General de la República dio a conocer que el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, Alberto Elías Beltrán, actuando en suplencia del procurador general de la República, removió de su cargo al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Como hemos reiterado en diversas ocasiones, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está resuelto a respetar las instituciones de nuestro país y hacer valer el Estado de derecho. El caso que nos ocupa no es la excepción.

Como lo hicimos al aprobar el sistema nacional anticorrupción, subrayamos la necesidad de actuar con estricto apego a la ley y con toda la transparencia que el caso amerita, a fin de evitar suspicacias.

No podemos caer en descalificaciones ni en argumentaciones políticas ante una situación estrictamente jurídica.

El manejo político de este tema solo abona a la división y al encono. Existen los mecanismos para atender la situación que se ha presentado y el Senado de la República está facultado para escuchar a ambas partes.

Seremos mucho muy respetuosos de dicho proceso, sirva este caso para ejemplificar la necesidad que impera en nuestro país, de contar con perfiles idóneos al frente de todas nuestras instituciones.

En Nueva Alianza siempre nos pronunciaremos por la legalidad, la transparencia y el respeto irrestricto del Estado de derecho. Es momento de fortalecer nuestras instituciones. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Reyes Ávila. A continuación se concede el uso de la palabra a la diputada Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, nuestro país requiere de instituciones fuertes, autónomas, eficientes, honestas y que tengan legitimidad en su actuar, pues eso no es la PGR, eso debería ser, porque es la instancia que representa al Poder Ejecutivo para garantizar el Estado de derecho, pero no.

Hoy la PGR vive uno de los peores momentos, está inmersa en una crisis de credibilidad brutal. El despido del fiscal Santiago Nieto, persona honorable, quien acusó que Emilio Lozoya lo estaba presionando por investigar los casos de recursos a la campaña del PRI, es sin duda la gota que derrama el vaso, porque además de que quien no tiene atribuciones para ello lo corre, muestra la manera cruda de injerencia del poder político en las investigaciones de los delitos.

Hoy el Senado está discutiendo un punto fundamental en este caso. A unos meses de que la PGR se convierta en una fiscalía autónoma, la crisis de credibilidad que enfrenta pareciera solamente un maquillaje gatopardista. Se requiere no solo el cambio de nombre ni de un titular que se le denomine fiscal, el reto es la transformación institucional, profunda, de un modelo que elimine la ineficiencia, la corrupción y la impunidad.

Requerimos y exigimos una institución que verdaderamente procure justicia, prácticamente nadie confía en la PGR porque no busca justicia sino encubrir a los amigos de la corrupción.

Hoy el gobierno federal del PRI debería estar preparándose para dejar una institución que enfrente los retos de la justicia, credibilidad y confianza.

Desafortunadamente, este sexenio arrastra una dependencia caracterizada por su incapacidad, ineficiencia y uso político contra cualquiera que se atreva a cuestionar las acciones del gobierno.

A tres años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa la investigación sigue empantanada. El paradero de los estudiantes sigue siendo un misterio. La participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno ha pasado prácticamente de noche la investigación. La verdad histórica para ocultar la verdad ha generado que los propios familiares tengan una búsqueda sin descanso de sus familiares, porque la institución y sus titulares se cansan.

La PGR es utilizada como el bastión contra cualquier diferencia. La compra y utilización del software Pegasus con el que se espió a políticos, activistas sociales y periodistas como Carmen Aristegui muestra que cualquier persona considerada una amenaza puede ser objeto para intervenirle su vida privada y construir elementos que lo conviertan en un ser vulnerable e indefenso.

El caso Odebrecht es la muestra que la PGR antes que buscar esclarecer y fincar cargos a quienes aceptaron sobornos de la empresa, es un escudo protector a la impunidad y al delito.

Cada vez más la investigación sobre los funcionarios involucrados, parece que quedará en una nota informativa, ya que el fiscal Santiago Nieto, que pretendió buscar la verdad, hoy se encuentra destituido por un funcionario que ni siquiera tiene atribuciones para hacerlo. Los corruptos tienen el poder político para decidir si se les investiga o no.

Este Congreso impidió el pase automático del fiscal carnal, su imposición hubiera significado un pacto de impunidad para investigaciones futuras de los actos de corrupción del grupo que hoy gobierna. También, no sabemos nada de las investigaciones sobre la Estafa Maestra.

Hoy le decimos a toda la ciudadanía que votaremos y velaremos por que la PGR y la futura fiscalía sean instituciones a su servicio. Solo avalaremos una fiscalía encabezada por una persona probadamente honesta, reconocida por una consulta popular y blindada de los intereses del grupo, de partido, cualquiera que este sea. Gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Ochoa Avalos. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Arturo Álvarez Angli:Gracias, diputada presidenta. En los últimos años en nuestro país se han realizado una serie de reformas institucionales con la finalidad de contar con instituciones sólidas independientes, entre ellas por supuesto destaca la creación de la Fiscalía General de la República como un órgano constitucional autónomo.

Ese es el tema que nos trae hoy aquí, pero la realidad, el interés que nos sube a esta tribuna es el discutir la pertinencia o no de la remoción del fiscal especial para los delitos electorales, porque se inserta en esta lógica de la creación de la nueva Fiscalía General de la República. La necesidad obviamente de tener, de contar con órganos jurisdiccionales autónomos, independientes y objetivos para todos los mexicanos.

México, con un gran esfuerzo, ha venido avanzando en un modelo de justicia penal que se sustente en la presunción de inocencia. Transitar de un sistema lleno de abusos y excesos de autoridad a un sistema que poco a poco se sujete al marco legal de manera estricta y sin excepciones.

Todo esto que menciono, todos los objetivos que se trazaron para la creación de la Fiscalía General de la República, y en este caso para la creación de la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales, han sido sistemática y reiteradamente violados por Santiago Nieto.

Ha sido divulgada información en medios de comunicación de manera personal, por él mismo, cuando está obligado a guardar la secrecía de todos y cada uno de los casos que se encuentran bajo su investigación y su resguardo.

Mintió desde el proceso de su designación no informándole al Senado de la República, órgano encargado de su nombramiento, que era un empleado de Miguel Barbosa, entonces senador del PRD y hoy distinguido miembro de Morena.

De eso sí no dijo nada, el senador Barbosa. De eso no dicen nada los perredistas cuando reclamaban en esta tribuna que no hubiera un fiscal carnal. No, ellos no querían un fiscal de delitos electorales carnal, querían un fiscal empleado, que trabajaba para ellos y que obviamente iba a cuidar los intereses de ellos.

Hemos avanzado en esta tribuna. Hemos avanzado en este Congreso. Hemos ido todos los partidos políticos en contra de que ciertamente existan fiscales a modo de cualquiera de los gobernantes. Aquí lo vinieron a decir los panistas y hoy yo no sé qué pueden decir en Querétaro, en Chihuahua o en Veracruz con fiscales puestos a modo.

Lo que en realidad quieren decir cuando toman esa tribuna es que no quieren un fiscal a modo de alguna otra autoridad, pero sí lo quieren a favor de ellos. Hay que quitarnos las máscaras. Hay que ir en contra de las fiscalías, de los responsables de las fiscalías a modo de quien sea. Vamos por órganos jurisdiccionales fuertes, pero no podemos dejar pasar todas las violaciones a los derechos humanos, a los derechos del indiciado cometidas por Santiago Nieto.

Reiteradamente dio a conocer de los datos que se encontraban bajo su jurisdicción, reiteradamente ha mentido tanto en el proceso de su designación, como lo que hoy menciona en el —supuestamente— motivo que llevó a su destitución. Presume de ser un hombre de leyes y eso es una doble agravante, porque si se considera un hombre de leyes debemos entender entonces que todas las violaciones que hizo al debido proceso fueron de manera deliberada y bajo consigna de alguien.

Santiago Nieto no puede seguir, no puede regresar a la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales. México no merece ni un fiscal ni anticorrupción, ni un fiscal general de la República, pero tampoco un fiscal especial para delitos electorales que sea empleado de un grupo de diputados, de un grupo de senadores o de un partido político. No podemos seguir permitiendo que simplemente se señale al gobierno federal, pero se trate de impulsar a aquellos amigos.

Diputado Zambrano, usted que ha sido muy enérgico en criticar este tipo de prácticas, no podemos permitir que sí apoyen ahora a Santiago Nieto, bajo una lógica muy simple de decir: el enemigo de mi enemigo, es mi amigo. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Arturo Álvarez Angli. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, diputada presidenta, buenas tardes. Hoy en la agenda política estamos discutiendo la destitución o la separación del cargo del fiscal de la Fepade, pero no es ese hecho, es el contexto en lo que se da la separación del fiscal; y el contexto se da en la corrupción que aflora en todo el mundo y en especial de cerca de 25 países de América Latina y de África, de Odebrecht.

Odebrecht es una empresa que era su modus vivendide sobornar, de entrar por medio de corrupción a todos los países al más alto nivel, y eso hizo aquí en México. La primera aparición fue en el 2009 cuando este señor en Cancún se reúne junto con el expresidente Lula y Felipe Calderón para arreglar un contrato que le iba a entregar Pemex Gas, a 20 años, del gas etano a precio preferencial.

A los dos meses, en febrero de 2010, firman ese contrato y se le entrega bajo una supuesta subasta pública donde en esa subasta Pemex Petroquímica, que tiene tres complejos: Cangrejera, Pajaritos y Morelos que necesitan el gas etano, no entraron a la subasta.

A los dos meses, en abril de 2010, ahora nos enteramos que Peña Nieto —siendo gobernador del Estado de México— viajó a Brasil y se reunió con este sujeto.

Hoy sabemos que nosotros pusimos denuncias en el 2010, los técnicos y profesionistas de Pemex, y no pasaba nada. ¿Y cómo iba a pasar si estaban Calderón y Peña Nieto del brazo de este señor?

Hoy sabemos que desde el 2011 Marcelo Odebrecht hace contacto con Emilio Lozoya, quien era el jefe de Relaciones Internacionales de Peña Nieto, y que empieza a fluir dinero, y una cantidad de dinero justo antes de la campaña presidencial en 10.5 millones de pesos; y sabemos cuentas y sabemos números y sabemos fechas, pero también hoy sabemos que Braskem, la filial de Odebrecht, la que hizo el complejo enfrente de los complejos de Pemex que hoy están semiparalizados, casi chatarrizados, y entregó 1.5 millones de dólares para la campaña de Peña Nieto. Eso lo sabemos porque allá en Brasil ya se declaró cuenta, número de cuenta, fecha y monto. Todo eso se da en un contexto porque la Fepade tiene que intervenir. Cuando interviene dice tengo que seguir la ruta de este dinero para ver si hubo o no hubo dinero en la campaña presidencial del 2012.

Y pues sí, en ese contexto empieza a recibir amenaza desde el príncipe Lozoya, porque se cree un príncipe, desde el propio presidente de la República, el procurador Cervantes que va a Brasil en febrero, ve toda la información, regresa a México y ¿qué dice? Se reserva por cinco años la información sin darnos una explicación, cubriendo, cubriendo actos de corrupción.

Por menos de esto, en Brasil destituyeron a la presidenta, en Perú, el expresidente está en la cárcel, en Guatemala, Argentina, Venezuela, Ecuador, en todos los países hay castigo, y aquí, aquí no pasa nada, y no pasa nada porque protegemos desde arriba a la corrupción.

Entonces la salida del fiscal, que la da el procurador interino, que llega, en ipso facto, te vas porque lograste investigar donde no debías. ¿En qué abona eso al pueblo de México? En nada, al contrario, nos daña.

Necesitamos que regrese el fiscal porque estaba haciendo bien su trabajo, porque traía una investigación y porque el caso es gravísimo, es un escándalo internacional. Estamos ante los ojos del mundo y nada más aquí nos tienen entretenidos con series y con cuentos cuando en todo el mundo tenemos el foco de la corrupción.

Hoy espero que el Senado restituya al fiscal, y también espero que el presidente, como jefe del Ejecutivo, tenga una actitud responsable. Nosotros aquí desde la Cámara, desde el Congreso...

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya.

La diputada Norma Rocío Nahle García: ...de la Unión tenemos que hacer esto. Esto, incluso ir más allá. Es una división de poderes, para eso somos, para eso estamos. No estamos nada más para arropar y pasar todo, también estamos para hacer un balance adecuado de poder.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, diputada.

La diputada Norma Rocío Nahle García: Yo espero que tengamos —todos— la voluntad política, lejos de etiquetas partidistas, tener la voluntad política, porque hoy más que nunca México lo requiere. Es cuanto, muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Norma Rocío Nahle García. Se concede el uso de la palabra al diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Arturo Santana Alfaro:Muchas gracias, diputada presidenta, con su permiso. Tenemos años aquí en el Congreso de la Unión pugnando por la creación de instituciones y de órganos autónomos que generen y que le regresen la credibilidad al pueblo de México.

Cuando empezábamos a respirar un poco de oxígeno en materia de credibilidad en las instituciones, se da un movimiento en la Procuraduría General de la República la semana pasada, en el cual primeramente renuncia el procurador general de la República, aparentemente por motivos personales, diciendo, aduciendo que, incluso, casos como el de Odebrecht, estaban solucionados. Eso, evidentemente generó sospechas, generó el cuestionamiento de toda la sociedad y, por supuesto también, de la clase política.

Posteriormente se nombra a un encargado de despacho, al subprocurador Alberto Elías Beltrán, que por cierto no cumple los requisitos para ocupar ese encargo, y no los cumple toda vez que, al investigar sus antecedentes profesionales, resulta que su cédula profesional —es cierto, egresado de la Escuela Libre de Derecho—, está registrada en el año 2011.

Para ser procurador general de la República se requiere por lo menos tener 10 años en el ejercicio con su título profesional de licenciado en Derecho, lo cual no se actualiza en el caso del subprocurador Alberto Elías Beltrán.

Eso mismo, para ser procurador sustituto, la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 18, establece que quien lo supla deberá de reunir también los requisitos que para el mismo caso le piden al procurador general de la República, lo que —repito— no sucede.

Esto qué nos lleva a concluir, compañeros y compañeras legisladoras. Que cualquier actuación que derive cualquier firma, cualquier acuerdo, cualquier circular, que emita el hoy encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, es nulo de pleno derecho. Es nulo de pleno derecho y por ende la destitución del fiscal encargado para la atención de delitos electorales debe ser decretada nula de pleno derecho.

Por ello, hoy, desde la Cámara de Diputados, hacemos un llamado respetuoso, pero firme, al Senado de la República para que tome en consideración en sus argumentaciones esta situación.

No es la protección de un personaje en particular, también hay que decirlo, es la protección de una institución de buena fe del Estado mexicano, es la protección y el fortalecimiento de la Procuraduría General de la República, que en pocos meses se va a convertir —y tiene que convertirse— en la Fiscalía General de la República.

Compañeras y compañeros, ya basta de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sea violada frecuentemente y de manera sistemática por el presidente en turno, ya basta de que Peña Nieto esté trasgrediendo la ley de esta manera.

Hace rato escuchaba aquí al diputado del Verde Ecologista decir y nombrar los antecedentes del fiscal destituido, Santiago Nieto, pero se le olvidó también decir y nombrar en este pleno los antecedentes de Alberto Díaz Beltrán, quien fue director general de Inteligencia Financiera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando Luis Videgaray era secretario de Hacienda y Crédito Público.

También, y hay que decirlo, le vuelve a meter Luis Videgaray una bola baja al presidente de la República al imponerle a un encargado de despacho que es espurio, que es ilegítimo.

Compañeras y compañeros legisladores, es cierto, como decían quienes me han antecedido en el uso de la voz, que no tenemos la competencia directa, pero sí podemos alzar la voz como representantes del pueblo y hacer un llamado a la colegisladora para efectos de que se restituya de manera inmediata al fiscal en materia de delitos electorales y que se nombre también al fiscal en materia de lucha contra la corrupción aquí en nuestro país. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Arturo Santana Alfaro. A continuación, se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Pablo Piña, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn:Con su venia, señora presidenta. Señoras y señores diputados, bajo la lógica electoral de 2018, se ha asestado un nuevo golpe a las instituciones. La destitución del fiscal especializado para la atención de delitos electorales, Santiago Nieto, por parte del encargado de despacho de la PGR —repito, el encargado de despacho de la PGR— Alberto Elías Beltrán quien, por cierto, no cumple los requisitos constitucionales para ocupar ese cargo, es el fiel reflejo del rostro antidemocrático del PRI en el gobierno. Es evidente que prefieren un fiscal a modo, que un fiscal incómodo.

Señoras y señores, está muy claro, la orden para destituir al fiscal electoral viene desde Los Pinos y es así porque les urge dar carpetazo a las investigaciones que la Fiscalía para Delitos Electorales está realizando sobre los vínculos de Emilio Lozoya, con Odebrecht y el dinero que de manera ilegal se inyectó a la campaña de Enrique Peña Nieto en el año 2012, en la que se habla de no menos de un millón y medio de dólares.

Están preocupados y no es para menos, porque los países en donde Odebrecht sobornó y corrompió a los gobiernos, todos han sido investigados y todos han sido destituidos.

Recordamos también que cuando se hizo público que la PGR investigaba a Emilio Lozoya, el ex director de Pemex fue recibido con trato especial para conocer el contenido de la carpeta de investigación y poder armar su defensa y exculparse.

Ante estas consideraciones excesivas y desmesuradas a un funcionario público acusado de corrupción, nos preguntamos, ¿qué tanto le debe el presidente de la República a Lozoya, o qué tanto sabe de estos fondos ilegales que financiaron la campaña del PRI para que le den esos tratos preferenciales? ¿Nos sorprende? No. Estamos ante un gobierno que pasará a la historia por encabezar el gobierno más corrupto del que tengamos memoria en México.

Hoy la institución encargada de procurar justicia a nuestro país, está en manos de la arbitrariedad y bajo las presiones que se ejercen desde Los Pinos. Nos hemos topado con secretarios y procuradores a modo, para encubrir a quienes lejos de servir al país, se han servido con la cuchara grande a costillas de todos los mexicanos. Esto, más el escándalo de las tarjetas de Monex y otros más, están poniendo al descubierto las trampas a las que tiene que recurrir el PRI para poder ganar elecciones.

Compañeras y compañeros, eso es lo que el fiscal electoral ha estado investigando, fiscal que fue removido de su cargo por una simple razón, les estorbaba, un cese fulminante, por eso la insistencia de nombrar fiscales autónomos, no es por ocurrencia, sino por necesidad.

La necesidad de que en una democracia existan contrapesos al ejercicio del poder. La necesidad de que en democracia tengamos instituciones sólidas, con la capacidad de hacer frente a los problemas. La necesidad de contar con gobernantes que entiendan que la cultura de la transa debe desterrada en nuestro país.

Lo de Santiago Nieto no es un hecho aislado. Miren ustedes, actualmente no tenemos procurador general de la República, no tenemos fiscal general, no tenemos fiscal anticorrupción y ahora tampoco tenemos fiscal electoral, todo gracias al PRI y su necedad de controlar absolutamente todo para manipular e intervenir en las elecciones del 2018.

En Acción Nacional estaremos atentos a lo que el Senado resuelva sobre la remoción del fiscal, estaremos atentos para conocer la verdad de lo ocurrido. El encargado de despacho debe de transparentar y demostrar que fundó y motivó esa resolución. Y así como dijimos, no al fiscal carnal, también decimos no a un fiscal carnal electoral. Es cuanto.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra al diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola:Amigos y amigas, aquí en esta tribuna se ha buscado confundir con las palabras, distorsionando la realidad y confundiendo en el verdadero sentir y concepto de la justicia.

Habrá que decírselos a quienes nos antecedieron: para tener frente primero hay que tener cara.

Tenemos particularmente cinco meses que la Comisión de Puntos Constitucionales no dictamina un solo asunto, y en donde el Grupo Parlamentario del PRI ha cumplido presentando iniciativas que precisamente impiden el pase automático de un fiscal.

De la mano con las reformas e iniciativas que en esta administración del presidente Enrique Peña Nieto se han presentado y que han marcado para la historia una profunda transformación del sistema jurídico y de justicia en nuestro país. Así lo ha dicho el propio presidente Peña, fiscalías sin influencia política. Así ha acreditado el PRI presentar sus proyectos y sus iniciativas.

En el caso de la decisión de la Procuraduría General de la República, jurídicamente tal decisión es impecable, se encuentra fundada en la normatividad de la Ley Orgánica, en el Reglamento y en su Código de Ética. Las palabras podrán tener libertad pero no tienen impunidad.

Aquí, el fiscal depuesto, Santiago Nieto, flagrantemente con sus acciones ha venido a violentar el debido proceso, los derechos humanos y así también, el funcionamiento que requiere una fiscalía de tal envergadura, como lo es la Fepade.

Ha dicho el partido de Morena que el fiscal especial venía dando resultados y trabajando muy bien. Revisen, compañeros y compañeras de Morena, la misma página de López Obrador cuando dice en febrero 27 de 2017 que la Fepade es una tapadera y tiene jugarretas.

Me parece que también con el Frente recordamos aquellos vínculos en el estado de Morelia, cuando se anuló la elección por una supuesta violación a la Ley Electoral en donde los calzoncillos de un boxeador llevaban la sigla política del Partido Revolucionario Institucional, dejando claro que la anulación en el estado de Morelia vino a beneficiar al Partido Acción Nacional. Ahí están los hechos y ahí están los antecedentes.

Me parece que el Frente, me parece que Morena sufren de una especie de delirium tremens, de nerviosismo patológico. En este caso el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría dice con claridad, de manera nítida, que el subprocurador suplirá las ausencias del procurador y que ejercerá todas las atribuciones que la Constitución y las leyes le otorgan, a excepción de la fracción I del artículo 6o. de la misma Ley Orgánica, que es solamente la comparecencia al pleno de la Cámara de Diputados.

Así pues, el procurador y la Procuraduría, en su caso, han ejercido fundados en la ley una facultad, una atribución que está claramente expresa y que ahora corresponde al Senado de la República, con las atribuciones que ahí se derivan, el poder desarrollar lo que ahí proceda.

Finalmente, diríamos que existe una especie de bipolaridad también en el Frente Amplio. Hace apenas un par de días su representante, Diego Fernández de Cevallos, decía que la destitución de Santiago Nieto jurídicamente era impecable y que había sobrepasado los límites de la ley. Por eso, volvemos a la bipolaridad.

Y si estamos con la inquietud de poder revisar los recursos de los partidos políticos, aquí en la mesa está el reto. Vayamos a la creación de una Comisión Especial para la transparencia y rendición de cuentas de los recursos de los partidos políticos...

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, diputado.

El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola:... en este caso, hay quienes pretenden, hay quienes quieren sacarle los ojos a la justicia y distorsionar a la misma y no darle la luz, la ética, los principios y la ley para que sean la brújula de nuestro sistema jurídico en nuestro país. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Con la intervención del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, concluimos estos posicionamientos relativos a la Fiscalía General de la República.

El diputado Jorge López Martín (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul del diputado Jorge López. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Jorge López Martín (desde la curul): Para rectificación de hechos, presidenta. En respeto a las y los legisladores...

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A ver, no se le concede uso de la palabra, diputado. No se admite en este posicionamiento ni en este tema rectificación de hechos. Gracias, diputado.

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz.

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (desde la curul): Gracias, presidenta. Le agradezco, antes de seguir con el siguiente punto. Es un tema acerca de las escuelas que se encuentran dañadas por los sismos.

Los recientes terremotos que ocurrieron en nuestro país han puesto a prueba no solo a los ciudadanos que demostraron su valentía y capacidad de organización, sino también a las instituciones y al gobierno en todos los niveles.

En este caso, me refiero a lo sucedido en los recientes sismos del mes de septiembre, los cuales perjudicaron a una gran parte de la comunidad educativa del país. Sabemos que el secretario de Educación Pública informó que a más tardar el 6 de noviembre se va a normalizar el regreso a las aulas de las y los alumnos afectados, pero para Nueva Alianza es necesario subrayar la necesidad de agilizar estas acciones, toda vez que está vulnerando el derecho a la educación de miles de menores...

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, diputada.

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (desde la curul): ...y que esta situación les aflige emocionalmente. Reconocemos que hay esfuerzos por parte del gobierno federal...

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor.

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (desde la curul): ... para reestablecer esta normalidad. Para nosotros es importante garantizar los derechos de nuestra niñez. Gracias, diputada.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muy bien. El siguiente punto del orden del día es la discusión...

La diputada Hortensia Aragón Castillo(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul de la diputada Hortensia Aragón. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde la curul): Gracias, presidenta. Una vez que se ha abierto una especie de agenda política, debo aprovechar la oportunidad para solicitar a las autoridades del estado de Guerrero, concretamente del municipio de Tlapa, que se aboquen de inmediato al caso de Yndira Sandoval y a los medios de comunicación que contribuyan sobre todo a no criminalizar a las víctimas de la violencia.

Yndira Sandoval efectivamente es una luchadora de los derechos humanos y como tal merece llevar un caso apegado a derecho. Desde esta tribuna solicitamos esto a las autoridades pertinentes, y por supuesto hacemos un exhorto para que la seguridad de esta compañera sea un tema prioritario del gobierno federal. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputada, se registra su intervención en el Diario de Debates, y le solicito a la comisión correspondiente pueda también atender el asunto que usted plantea.

Me ha pedido el uso de la palabra el diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del Partido Verde Ecologista. Sonido en su curul, por favor.

El diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar(desde la curul): Señora presidenta, solo para hacer una extensa y cordial invitación a mis compañeros diputadas y diputados federales de este honorable recinto legislativo para que puedan participar en el festival del chocolate y el cacao, degustando de una sabrosa taza de chocolate y pan, sabiendo que es un cultivo representativo, un fruto mexicano que nos da identidad y es orgullo.

Estarán productores de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y de toda la franja del Caribe, de los estados que comprenden el Caribe. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. También reiteramos esa invitación que usted hace. Sonido en la curul del diputado Acosta Naranjo; en la curul donde está porque no es la propia.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo(desde la curul): Presidenta, para hacer dos mociones aclaratorias. Presidenta, usted ha dado la palabra para que hablen hasta del chocolate, así que le pido por favor...

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: ¿Sobre qué tema es, disculpe, diputado?

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Sobre las alusiones que hizo el diputado representante del PRI.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: ¿Alusiones a qué, a quién, perdón?

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): A la Comisión de Puntos Constitucionales.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A ver, diputado, si usted conoce —como estoy segura— el Reglamento de esta Cámara, las alusiones personales no proceden ni a personas morales ni a comisiones, así que discúlpeme, pero no puedo aceptar su moción.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Presidenta, conozco perfectamente el Reglamento y el Reglamento me da derecho a la rectificación de hechos.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: No procede, diputado.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Claro que sí. Acuerdo no mata a Reglamento.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Perdóneme, diputado, darle a usted uso de la palabra significaría romper la equidad de un debate pactado. No puedo hacerlo. Le agradezco mucho su intervención.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Puede dar la palabra para que inviten a tomar chocolate, para eso sí puede dar la palabra, pero para los temas de la nación, para eso...

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputado, su grupo parlamentario estuvo representado en su momento. Si usted quiere, por favor, hacer uso de la palabra sobre el tema, le suplico que sea un acuerdo entre los distintos coordinadores en un debate pactado.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Presidenta, usted le ha dado la palabra a todos.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Usted la ha tenido también, diputado, no me puede decir que no.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Por eso, entonces. Solamente déjeme aclararle, primero, que Morelia no es estado, es la capital de Michoacán.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muy bien, gracias, diputado, nos queda claro que el tema del fiscal especial ha sido cerrado y por eso procedimos a otro tema. Discúlpeme, por favor. Vamos a continuar con un orden del día que ustedes mismos aprobaron, diputadas y diputados. Continuamos, por favor.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO



LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen, de dos dictámenes, compañeras y compañeros, de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 3o., de la Ley General de Desarrollo Social; el segundo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 6, la fracción VII del artículo 19, y las fracciones V y VI del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Hará uso de la palabra el diputado Pablo Elizondo García, quien fundamentará en una sola intervención estos dos dictámenes. El primero y que ha sido referido al artículo 3o., fracción XI. También se ha registrado el diputado Jesús Valencia Guzmán, diputado proponente. Adelante, diputado Elizondo.

El diputado Pablo Elizondo García:Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia y con el permiso de mi coordinador, el doctor César Camacho. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy vengo a fundamentar dos dictámenes con proyecto de decreto por los que se reforman y adicionan diferentes disposiciones a la Ley General de Desarrollo Social, en dos materias de gran importancia: el de incluir como principio de la política de desarrollo social, el interés superior de la niñez y el de precisar como derecho para el desarrollo social la vivienda digna y decorosa.

Respecto al primer dictamen, como todos sabemos, la reforma constitucional en materia de derechos humanos —publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del año 2011— ha sido, sin duda alguna, una de las más importantes de la última década.

Es de destacarse que en esta reforma se estableció la obligación del Estado mexicano de cumplir con el principio del interés superior de la niñez en todas sus decisiones y actuaciones, principio que deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de desarrollo social dirigidas a la niñez.

Bajo este concepto es importante hacer mención que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014, reconoció por primera vez a los integrantes de este grupo etario como titulares de derechos y mandató garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos.

De ahí la presente reforma, debemos tener presente que el principio de interés superior de la niñez —como ya lo señalé— obliga al Estado a realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan desarrollarse plenamente, y uno de estos esfuerzos es, precisamente, la armonización legislativa.

Así la Política Nacional de Desarrollo Social prevista en la Ley General de Desarrollo Social debe armonizarse a otras normas que contienen derechos humanos específicos como los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es decir, a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que esta establece los principios rectores y criterios que orientan la política nacional en la materia, las políticas, programas, acciones y, sobre todo, servicios públicos.

Mandató a que la ley y la política de desarrollo social no pueden seguir siendo ajenos. De ahí la importancia de incorporar a la ley el interés superior de la niñez como un principio de la política social a efecto de armonizar el marco jurídico nacional atendiendo a los compromisos suscritos por México.

Esta reforma permitirá se adopten medidas de protección especial en favor de las y los menores de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas, ya sea de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.

Ahora bien, respecto del segundo dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, fracción VII del artículo 19 y la fracción V y VI del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, que armoniza la Ley General de Desarrollo Social con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Vivienda que, a efecto de utilizar la misma terminología, lo cual dotará de congruencia y certeza jurídica a los gobernadores.

El artículo 4o. constitucional a la letra dice: Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establece los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Con el presente dictamen se busca garantizar el derecho a las familias mexicanas de acceder y gozar de una vivienda digna y decorosa, particularmente a las que pertenecen a los grupos sociales más vulnerables de la población.

La propuesta a votación amplía el término de vivienda por vivienda digna y decorosa, con lo que establece como prioritarios y de interés público los instrumentos de apoyos que permitan a toda familia disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

Asimismo, se da cumplimiento a los compromisos internacionales singados por nuestro país al adecuar la legislación interna con miras a hacer efectivo cada uno de los derechos fundamentales. Una vivienda digna y decorosa es la que cumple con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos, construcción, salubridad; cuenta con espacios habitables y auxiliares, servicios básicos; brinda seguridad jurídica en cuanto a su propiedad y legítima posesión; y contempla criterios para la prevención de desastres naturales y la protección física de sus ocupantes.

En la Comisión de Desarrollo Social buscamos que nuestro sistema jurídico sea eficiente para cumplir irrestrictamente con la satisfacción de las necesidades de la población y poder garantizar el cumplimiento y goce de cada uno de los derechos, en este caso en materia de vivienda y respecto de los menores de edad.

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, así como compañeros priistas y, sobre todo, de nuestro coordinador, el doctor César Camacho, invitamos al pleno de esta Cámara a apoyar ambos dictámenes con su voto a favor.

Señoras y señores legisladores, la aprobación de esta reforma significa colocar en el centro de la política social desde ahora a las nuevas generaciones y permitir a toda persona y familia una vivienda digna y decorosa. Es votar a favor de la calidad de la vida de los menores de todas las familias mexicanas, a favor del desarrollo, a favor de un marco legal armónico y congruente con los derechos humanos. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Le agradezco la atención al tiempo que se le había asignado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena y proponente que da origen a estos dictámenes.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán:Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, permítanme dar lectura, antes de iniciar mi intervención de los dictámenes.

Derechos de las diputadas y diputados. Artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Asistir con voz y voto a las sesiones del pleno. Participar en los debates, votaciones y cualquier otro proceso parlamentario para el que se encuentre facultado.

Usted, presidenta, en dos ocasiones ha violado este derecho de las y los diputados, incluso apagándoles el micrófono, porque ojalá pronto se corrija.

Con su venia, presidenta. Quiero iniciar mi participación haciendo un reconocimiento a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social por su compromiso con la niñez y adolescencia en nuestro país, el cual se vio manifiesto en la aprobación de la presente iniciativa.

Desde nuestra visión, para aspirar a un México con una niñez sana y feliz, a una adolescencia plena y una juventud participativa y consciente de su realidad, tenemos que realizar acciones legislativas que posibiliten el acceso a mejores condiciones de vida y desarrollo de los infantes.

En México, la protección de los derechos humanos de la niñez y adolescencia es fundamental y prioritaria, lo cual quedó manifestado con la reforma constitucional en materia de derechos humanos el 10 de junio de 2011, mediante la cual se dio un paso trascendental en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la que se reconoce la obligatoriedad del respeto de los derechos humanos establecidos en nuestra carta magna y demás ordenamientos jurídicos nacionales, así como los tratados internacionales de los que México forma parte.

Por ello, al hablar de protección especial de la niñez y adolescencia y del principio del interés superior, nos remite a toda una agenda programática en pro de los derechos de la infancia y adolescencia en México, los cuales se ven materializados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que impacta de manera directa a los poco más de 43 millones de niñas y niños, así como adolescentes menores de 19 años, que representan el 36 por ciento de la población total de nuestro país y que entre sus principales logros reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y garantiza su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción, poniendo fin al régimen tutelar.

Incorpora un catálogo de derechos humanos en la materia y dispone la creación, la regulación, integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de ese sector que hayan sido vulnerados.

Dicho lo anterior, considero que incluir el principio de interés superior de la niñez en la Ley General de Desarrollo Social como uno de los ejes rectores, a los cuales se deben sujetar las políticas de desarrollo social en conjunto con los principios de libertad, justicia distributiva, solidaridad, integralidad, participación social, entre otros, vendrá a fortalecer las acciones que el Estado genera en esa materia.

Desde esta perspectiva, el objetivo del concepto de interés superior del niño y de la niñez, es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la convención y el desarrollo holístico del niño.

Y es la observación general número 14, en donde se definen los requisitos que se deben considerar, los procesos de elaboración de leyes, políticas, planes y programas, así como presupuestos relativos a niñas, niños y adolescentes.

Compañeras y compañeros, hoy más que nunca reviste una mayor importancia este precepto, pues las consecuencias de los lamentables acontecimientos naturales suscitados en el mes de septiembre, hace necesario que, a partir de este momento, toda política pública que se pretende implementar para las tareas de reconstrucción y apoyo a las comunidades afectadas, estén pensadas fundamentalmente sí en las necesidades de la población en general, pero tomando particular énfasis en la población de niñas, niños y adolescentes.

Basta mencionar un dato, de acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, al menos 12 millones de niñas y niños en las entidades que se vieron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, sufren el estrés postraumático, falta de vivienda, falta de alimentación y, además, más de 5 mil inmuebles, según datos de la Secretaría de Educación Pública, 5 mil inmuebles escolares tienen algún daño estructural, por lo cual está en perjuicio directo de este sector.

De ahí la relevancia de esta reforma, pues sienta las bases para que las políticas públicas que se generan para la atención de la población afectada sean articuladas y con visión transversal, incluyendo por ello el principio del interés superior de la niñez, a efecto de garantizar la restitución de los derechos de esta población en las zonas que resultaron con mayores afectaciones.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Por ello, Morena votará a favor de este dictamen, pues reconoce el interés superior de la niñez como eje rector que sostiene y debe dirigir la tarea legislativa, la interpretación judicial, la actuación de las autoridades administrativas y las políticas públicas en materia de desarrollo...

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Pero sobre todo abona al marco jurídico de atención integral de la niñez. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Se ha registrado el diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, referente a los dictámenes a discusión.

El diputado Jorge López Martín:Con el permiso de la Presidencia. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos a favor del presente dictamen. Y estamos a favor porque sabemos que el derecho a la vivienda es un derecho humano que es fundamental para vivir de manera digna.

En Acción Nacional la dignidad de la persona humana está por delante de cualquier otro elemento y la vocación responsable como legisladores nos tiene precisamente apoyando el sentido de este dictamen.

El Poder Judicial de la Federación ha establecido que la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación además es obligatoria siempre que se ajuste a las reformas constitucionales.

Es decir, que sea acorde con la protección de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna, así como en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte.

Pero también como derecho humano está el derecho a expresarse y hoy como legislador quiero aprovechar este espacio para expresar nuestro repudio a la censura de la que hemos sido objeto diversos legisladores en la sesión del día de hoy.

Y hemos sido objeto de censura los legisladores por parte de la Presidencia en turno. Ha habido un uso a todas luces parcial de la misma.

Hace un momento y desde mi curul solicité la palabra para rectificar hechos y mi voz fue acallada. Mi única intención era la de aclarar que no existe ningún estado llamado Morelia y que resulta lamentable que los diputados del partido en el gobierno emulen la abismal ignorancia que ha manifestado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Permítame, diputado.

El diputado Jorge López Martín: Quedó claro que el discurso...

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputado, ¿me permite, por favor?

El diputado Jorge López Martín: ...del diputado Braulio Cuéllar también se lo hicieron en Los Pinos.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Le pido un momento, diputado.

El diputado Jorge López Martín: Recordemos el estado de Monterrey. Recordemos que el presidente de la República supuso que Boca del Río era la capital de Veracruz...

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Le pido que se suscriba al tema.

El diputado Jorge López Martín: ...y otras tantas joyas que nos ha regalado el presidente Peña Nieto. Cierto, diputado Braulio, para tener frente...

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Le pido que se circunscriba al tema, diputado, por favor.

El diputado Jorge López Martín: ...hay que tener cara, pero para subir a tribuna hay que tener un mínimo de conocimientos y de cultura. Y hoy ha quedado demostrado que los diputados del PRI...

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Permítame, diputado.

El diputado Jorge López Martín: ...carecen de cultura, carecen de instrucción y carecen de toda preparación. Ni siquiera conocen la geografía del territorio nacional, no son aptos para representar el pueblo de México. Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El trabajo legislativo por excelencia es el que se desarrolla en las comisiones. Les pido con todo respeto a las diputadas y a los diputados que se circunscriban a la materia de los dictámenes, que es producto de los intereses y del trabajo de ustedes mismos. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Erika Irazema Briones Pérez:Con su permiso, diputada presidenta. Estos comentarios son respecto al proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6o. y 19 de la Ley de Desarrollo Social.

El derecho a una vivienda digna y decorosa está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El artículo 11 de este pacto establece que el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para sus familias, incluyendo alimentación, vestido, vivienda adecuada y una mejora continua de las condiciones de existencia. Así, los gobiernos locales del pacto deben desarrollar políticas que garanticen este derecho priorizando la atención a los grupos más vulnerables.

El derecho a la vivienda en México se encuentra consagrado en el artículo 4o., párrafo sexto constitucional, que señala como una garantía individual el derecho a toda familia del disfrute de vivienda digna y decorosa. En esencia la iniciativa propone alinear la Ley General de Desarrollo Social en materia de vivienda conforme a lo establecido en el texto constitucional.

Se está muy lejos de alcanzar la satisfacción de esa necesidad para todos los mexicanos por igual, existen grupos de la población particularmente desatendidos. La necesidad de reemplazo de vivienda está concentrada en la población no afiliada a la seguridad social, que representa el 73 por ciento de la necesidad nacional y solamente el 30 por ciento del financiamiento total destinado a vivienda.

Existen en México 2.8 millones de viviendas que necesitan ser reemplazadas y 11.8 millones que requieren algún tipo de mejora o ampliación. Para atender el crecimiento de la población, se estima que en los próximos 20 años se demandaran 10.8 millones de soluciones de vivienda debido a la creación de nuevos hogares.

No obstante, coincidimos en la necesidad de modificar los artículos de la ley en comento debido a que con ello se armoniza la Ley de Desarrollo Social con lo establecido en la Constitución. Este es el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Erika Irazema Briones. Me ha pedido también hacer uso de la palabra, la diputada Marbella Toledo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Marbella Toledo Ibarra:Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeros diputados. Todos los niños y las niñas tienen el mismo derecho a desarrollar su potencial. Todos, en todas las situaciones, en todo el tiempo, en todas las partes.

La pobreza en México afecta más a niños, niñas y a adolescentes, que a los adultos, indica un análisis de la Unicef México y el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval.

A pesar de lo relevante que resulta esta medición, no se ha conseguido la construcción de un diagnóstico que dé cuenta del conjunto de los derechos que la Constitución y la ley general en la materia les reconocen.

Por ejemplo, a pesar de la relevancia de la medición del Coneval, este no da cuenta del grado de incumplimiento del derecho a vivir protegidos contra toda forma de violencia, abuso o maltrato, como tampoco lo hace respecto al derecho al juego, a la participación a un medio ambiente sano.

Aplicar en sentido estricto el principio del interés superior de la niñez implica trazar como mandato ético metas e indicadores precisos. Que ninguna niña o niño se quede atrás en el acceso al desarrollo y al más amplio marco de oportunidades para una vida mejor.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado más ampliamente ratificado en la historia desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas la aprobó de manera unánime en noviembre de 1989 y México la ratifica en 1990.

Mediante la ratificación, los países se comprometen a cumplir una amplia gana de disposiciones que abarcan derechos y libertades civiles, el entorno familiar, la salud básica y el bienestar, la educación, la recreación, las actividades culturales y las medidas especiales necesarias para su sano desarrollo.

Gracias a la convención, los derechos de la infancia se encuentran en el primer plano de la batalla internacional en pro de los derechos humanos y la sociedad debe asegurar su cumplimiento como una obligación jurídica, un imperativo moral y una prioridad en materia de desarrollo.

El interés superior del niño debe de ser una consideración primordial en todas las medidas y decisiones. Invertir en la infancia es la mejor apuesta posible para construir un país con un desarrollo económico incluyente y una democracia vibrante y consolidada.

Con la inclusión de la fracción XI en el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social se pretende lograr que haya un avance real en los índices de disminución de la pobreza en el país, ya que un punto central para lograr este objetivo es invertir oportuna, eficaz y sostenidamente en los niños, las niñas y sus familias para disminuir e incluso prevenir otros problemas sociales y económicos que pueden darse.

Hoy estamos ante el reto de construir las bases para un México apropiado para la niñez, ya que defender y promover la vida que se está formando es imprescindible para la nación. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. A favor del dictamen se ha registrado la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Araceli Damián González:Gracias, diputada presidenta. La Ley General de Desarrollo Social que fue aprobada en 2003 y promulgada en 2004, ha sido uno de los pocos instrumentos legislativos votados por unanimidad, a favor, en este recinto legislativo.

Tener una ley que pueda conjugar todos los deseos y las aspiraciones de los partidos políticos que somos tan distintos, como los que estamos aquí representados, llevó a que la Ley General de Desarrollo Social tuviera una serie de problemas, contradicciones, huecos, que han sido aprovechados por parte de la derecha, por parte del PRI, para manipular, para manejar los programas sociales a su antojo.

Se está incluyendo el derecho de la niñez aquí, cuando el programa Prospera ¿verdad? ese que ha estado 20 años funcionando sin ningún resultado, en donde la pobreza no ha bajado nada desde los años 90 ni con el PAN ni con el PRI, y que todo se lo han llevado, les dan migajas a la gente. Reciben 180 pesos por persona, el Prospera, y precisamente son los niños, los niños menores de ocho años, los que están absolutamente desprotegidos.

Los programas sociales en este país no se hicieron para defender la niñez y que superen y que no vivan la pobreza. Además, se equivocaron con ese programa de Prospera, de la intención de romper la transmisión intergeneracional de esta, lo único que han hecho es reproducir la pobreza. Les importó un comino la pobreza de los adultos y creyeron que con darles mala educación y mala salud, y dinero para que se compren palomitas y papitas, con eso iban a salir de la pobreza.

Por eso es que Morena considera que el derecho de la niñez debe estar incluido en la Ley General de Salud —digo— de Desarrollo Social, pero en términos reales, con acciones que vamos a llevar a cabo a partir de 2018, cuando Morena tenga la presidencia, y vamos a ver toda la corrupción que ustedes, ustedes los del PAN, los del PRI, los del PRD, los del Verde y los del PES son parte de los mismo, de la corrupción y ahí está, de muestra está el fiscal, Nieto, ¿verdad? Que se apellida también como el Peña Nieto, pero ahí está.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor.

La diputada Araceli Damián González: El Fiscal que ustedes no quieren que investigue lo de Odebrecht, pero nosotros en el 2018, vamos a llevar a la cárcel a todos los que están metidos en la corrupción, y que no permiten que sean efectivos los programas sociales.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidente, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para conocimiento de los señores diputados y señoras diputadas, les comento que el siguiente dictamen de la Comisión de Desarrollo Social solo tendrá un orador registrado, el tercer dictamen no tiene oradores registrados.

Todo esto se los comentamos para suplicar su presencia en el pleno, porque las próximas van a ser votaciones sucesivas. Entonces, el reloj del tiempo para votar incluso lo vamos a dar por menor tiempo. La idea, señores diputados y diputadas, es que permanezcamos en el salón de pleno hasta que concluyan las votaciones.

El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Continúa abierto el sistema, diputadas, no se apresuren. Se consulta si existe alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto. Continúa abierto el sistema, diputada.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor secretario, instruya por favor el cierre del sistema de votación.

El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 413 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Luego entonces, el dictamen queda aprobado en lo general y en lo particular, por 413 votos, el proyecto de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 19, fracción VII, y 36, fracciones V y VI, de la Ley General de Desarrollo Social.

El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 19, fracción VII, y 36, fracciones V y VI, de la Ley General de Desarrollo Social.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para justificar el dictamen tiene la palabra la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, ella pertenece al grupo de Nueva Alianza.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en primer término, quiero agradecer a las y los diputados de la Comisión de Desarrollo Social, que han analizado la iniciativa que presenté en el pasado mes de abril y que hoy se presenta como dictamen.

La finalidad de mi propuesta, como recordarán ustedes, es incorporar en el texto de la Ley de Desarrollo Social el concepto de vivienda digna y decorosa. Con la aprobación de este dictamen, se armonizan los instrumentos jurídicos que rigen el derecho de la vivienda.

Lo anterior, toda vez que la Ley de Vivienda vigente establece que la vivienda digna y decorosa, es aquella que cumple con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuenta con espacios habitables y auxiliares, así como los servicios básicos y brinda a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y en un aspecto fundamental, que lamentablemente no se ha cumplido hasta la fecha, que contempla criterios, sobre todo, para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

Todos estos atributos han sido omitidos en la Ley General de Desarrollo Social, por lo que esta reforma pone fin a dicha discordancia. Cabe señalar que el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales refiere que el derecho de una vivienda adecuada establece un mínimo de requisitos. Esto significa que el concepto de vivienda adecuada no se refiere únicamente a la estructura sino también a la seguridad de la tenencia, la disponibilidad de servicios que sea accesible, que sea habitable. La accesibilidad para considerar las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados y con una ubicación para tener acceso a oportunidades de empleo, de servicios de salud, escuelas, guarderías, etcétera.

Con la reforma que hoy estamos aprobando pretendemos armonizar la Ley de Desarrollo Social para garantizar que se haga efectivo el derecho a las familias mexicanas de acceder y gozar de una vivienda digna y decorosa, particularmente para aquellos que pertenecen a los grupos sociales más vulnerables de la población.

En Nueva Alianza somos congruentes con nuestra agenda legislativa al priorizar la vigencia del Estado de derecho, de ahí que sea evidente la necesidad de contar con un marco jurídico adecuado. El costo de no hacerlo pone en riesgo el patrimonio de las familias mexicanas.

Hoy, el Poder Legislativo hace frente a los retos y por ello agradezco a nombre de mi grupo parlamentario, una vez más para que hayan acompañado esta propuesta. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señores diputados. No habiendo más oradores inscritos ni manos solicitando el uso de la palabra, el asunto se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Y por lo tanto, le solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del dictamen.

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ciérrese el sistema de votación.

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 413 votos. Es cuanto.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, el dictamen queda aprobado en lo general y en lo particular por 413 votos, el proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 19, fracción VII; 36, fracciones V y VI de la Ley General de Desarrollo Social. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



LEY DE MIGRACIÓN

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración.

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por favor, le pido nada más al diputado Guízar, de la Comisión de Asuntos Migratorios, si es tan amable solamente de ilustrar a la asamblea el sentido del proyecto. Desde su lugar. Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Guízar.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares(desde la curul): Sí, con todo gusto, diputado presidente, si usted lo instruye. Es una iniciativa que reforma, efectivamente, diversos artículos de la Ley de Migración, referente a la armonización del contexto constitucional de la reforma. En lugar de salarios mínimos, UMA, unidad de medida.

Creo que ahí está la gran síntesis, en eso consiste. Solamente es armonizar el marco jurídico en materia de Ley de Migración, para sustituir el concepto salario mínimo a UMA. Es cuanto.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Enterada la asamblea. No habiendo oradores inscritos ni en lo general ni en lo particular, el tema se considera suficientemente discutido.

Le pido a la Secretaría que ordene se abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos.

El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Se consulta si existe alguna diputada o diputado por emitir su voto. Continúa abierto el sistema. Continúa abierto el sistema, diputada.

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 413 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado en lo general y en lo particular por 413 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

VOLUMEN II



ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados se pronuncia por eliminar el bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por Estados Unidos de América en contra de la República de Cuba.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia por eliminar el bloqueo comercial, económico y financiero de los Estados Unidos de América en contra de la República de Cuba y se solicita respetuosamente al gobierno mexicano, lleve esta postura a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Segundo. La Cámara de Diputados, realiza una respetuosa petición al Congreso de los Estados Unidos de América para que ponga fin al bloqueo comercial, económico y financiero de los Estados Unidos de América en contra de la República de Cuba, con base en los principios de la política exterior de México que se sustenta en la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza de las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, además de la lucha por la paz y la seguridad internacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señoras y señores diputados, año con año esta Cámara se ha pronunciado a favor del cese del bloqueo económico impuesto a la hermana República de Cuba. Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado el pronunciamiento que hace el Congreso mexicano para el cese del bloqueo comercial, económico y financiero en contra de la República de Cuba. La diputada Maricela Contreras me pide la palabra desde su lugar. Ella preside el Grupo de Amistad México-Cuba. Adelante, diputada. Sonido en la curul donde se halla la diputada Maricela Contreras.

La diputada Maricela Contreras Julián(desde la curul): Gracias, presidente. Quiero agradecer a la Junta de Coordinación Política el haber hecho suyo el punto de acuerdo que trabajamos entre las fracciones parlamentarias que integramos este grupo de amistad.

También decir que se le ha entregado al embajador Pedro Mosquera un reconocimiento en agradecimiento a la labor que hacen los médicos cubanos en Ixtepec, Oaxaca, por toda su solidaridad y compromiso con nuestro país, y por esta amistad parlamentaria que tenemos. Es cuanto, presidente diputado.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Me está solicitando la palabra la diputada Claudia Corichi. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Claudia Sofía Corichi García(desde la curul): Gracias, presidente. Con el objeto de felicitar esta determinación de nuestros compañeros de la Junta de Coordinación y hacer una felicitación también a la República de Cuba que ha sido fundamental en el respaldo a México en muchos momentos importantes su solidaridad, la atención médica que han prestado a muchos mexicanos.

Sin duda este exhorto que se basa en la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias, en lo que México puede recuperar su prestigio internacional, y felicito que esta Cámara esté en esa ruta también.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Se registran sus expresiones y quedarán en el Diario de los Debates. Igualmente las de la presidenta del Grupo de Amistad México-Cuba.

Me permito informar a esta asamblea que, honrando esta relación y esta hermandad, como buenos hermanos, esta condición de hermandad y solidaridad que se refleja mucho más ante la adversidad y la emergencia, mucho más que ante los tiempos de calma, a nombre del pueblo mexicano agradecemos la ayuda humanitaria que nos ha hecho llegar la hermana República de Cuba, en particular agradecemos la presencia del Continente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastre y Graves Epidemias, cuya experiencia salva vidas actualmente en el estado de Oaxaca.

Estamos agradecidos por los más de tres mil pacientes que llevan atendidos cada semana en esta unidad médica. Agradecemos la certeza de contar con el apoyo de un pueblo hermano, aliado siempre de México en cualquier emergencia. Que esta recepción y el aplauso que le vamos a dedicar, sea una expresión precisamente de nuestra gratitud. Está con nosotros don Pedro Núñez Mosqueda, embajador de la República de Cuba, a quien le agradecemos a nombre, por su nombre, a todo el pueblo cubano. Muchas gracias, señor embajador.

Tiene el uso de la palabra el diputado Hernán de Jesús Orantes López...

El diputado José Luis Toledo Medina(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Toledo ¿con qué objeto?

El diputado José Luis Toledo Medina (desde la curul): El mismo objeto, presidente, agradecerte la palabra y decirle al embajador de Cuba que los hermanos que tienen, quintanarroenses, nos solidarizamos con este pueblo hermano, sabemos la importancia que significa Cuba para México, pero en especial que los cubanos están en el corazón de los quintanarroenses. Muchas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quedan registradas sus expresiones, señor diputado, en el Diario de los Debates, y las haremos llegar igualmente copia escrita al embajador de Cuba.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por diez minutos tiene la palabra el diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI. Presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Hernán de Jesús Orantes López: Con su permiso, presidente. Honorable asamblea, es una evidente realidad que cuanto más se avanza en la consolidación de nuestro sistema democrático, más se acrecienta el divorcio entre la sociedad y la política.

México ha conseguido grandes avances en materia de equidad entre los géneros. Cada día tenemos mejores leyes y contamos con instituciones más acordes a la realidad. Sin embargo, en medio del proceso de transición aún en estos tiempos sufrimos prácticas políticas primitivas. Perviven instituciones modernas con comportamientos propios del siglo XIX.

También encontramos apertura democrática conviviendo con actitudes dictatoriales, y lo más incongruente, hay quienes viven de la política ofertando el regreso al pasado.

Lo anterior desemboca en algo más grave, no hay credibilidad ni confianza en nuestro entramado institucional, y esa falta de confianza y credibilidad tiene un efecto regresivo, complica la interacción social de manera armónica. Las nuevas tecnologías de la comunicación han abierto a la mayoría de los ciudadanos la posibilidad de hacerse escuchar en distintos ámbitos, la vida política no ha sido la excepción. Hoy, esos medios se utilizan como instrumentos para emitir juicios sumarios, descalificar y acrecentar la crisis de violencia que vivimos.

Como consecuencia, los representantes populares somos blanco preferido del debate público. Por ello es imperante emprender medidas para acercar cada día más a los diputados federales con la sociedad mexicana a la que representan.

Una demanda cada día más exigida por la sociedad es tener representantes que provengan de la misma realidad que sus electores, que vivan o hayan vivido de manera permanente el día a día de un ciudadano común, que no sean personas que en tiempos electorales lleguen a ungirse como líderes de una demarcación, que simulen que siempre han estado atentos y sensibles a las demandas de una sociedad que no conocen, porque se hacen presentes justamente, el tiempo necesario para ser elegibles.

Se necesita hacer vida en un lugar para realmente ser parte de esa comunidad. Es necesario sentirla, sufrirla, vivirla y compartir sus logros y rezagos para representarla dignamente.

Por esas razones, desde el punto de vista sociológico, no resulta sustentable el plazo de seis meses de residencia para poder aspirar a ser diputado federal, tal como lo establece actualmente nuestra Constitución, sencillamente porque no es tiempo suficiente para arraigarse en un determinado núcleo social.

No es razonable que un candidato a un puesto de elección popular vaya a desempeñar un cargo como representante de un territorio y una sociedad de la cual no ha formado parte ni siquiera la mitad del tiempo que durará su encargo.

Por todo ello propongo que quien aspire a acceder a un puesto que represente a la población deberá tener cuando menos una residencia en el territorio que pretende representar de dos años ininterrumpidos previos a la fecha de la elección.

La sociedad merece tener representantes conocidos, que se sepa quiénes son, de dónde vienen, dónde estudiaron y fundamentalmente saber que ese representante es parte de ellos y corren con su misma suerte.

Es necesario que para contender por una diputación de mayoría relativa tengan residiendo en el lugar por donde serán electos el tiempo suficiente para conocer y lograr identidad con sus representados, así como sentir apego por el territorio o distrito que pretenden representar.

Por lo antes expuesto, solicito el apoyo de esta soberanía para el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer como requisito para poder ser diputado federal una residencia mínima de dos años. Con esta reforma lograremos mayor compromiso, identidad y sentido de pertenencia con nuestros representados.

Compañeras y compañeros legisladores, mi propuesta tiene como fin recuperar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en sus diputados federales. Espero su apoyo. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción 1; 77 y 78 del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción III del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Es una realidad que la sociedad de nuestro país ha evolucionado con respecto a la vida política y sus actores. Ante ello, es nuestro deber como representantes de los mexicanos atender sus demandas e inquietudes que cada vez son más, y también son necesarias para mejorar el desempeño de sus representantes ante el Congreso de la Unión y los servidores públicos de la Federación.

Una demanda cada día más exigida por la sociedad es tener representantes sociales que provengan de la misma realidad de sus electores, que vivan o hayan vivido de manera permanente el día a día de un ciudadano común, que no sean personas que, de repente y en tiempos electorales, lleguen a ungirse como líderes, que simulen que siempre han estado atentos y sensibles a las demandas de la sociedad cuando en la realidad sólo se hacen presentes el tiempo previo justo que actualmente obliga nuestra Constitución, únicamente, para poder ser elegibles.

Porque no basta nacer en un lugar para tener pertenencia; se necesita hacer vida ahí para realmente ser parte de esa sociedad, y sentirla para representarla dignamente.

Es por lo anterior que no es lógico, ni justo, que un candidato a un puesto de elección popular o plurinominal, en caso de ganar, vaya a desempeñar un cargo como representante de un territorio, de una sociedad de la que no ha formado parte durante ni siquiera la mitad del tiempo que durará en su representación; por lo tanto, quien aspire a acceder a un puesto que represente a la sociedad, debería tener cuando menos una residencia en el territorio que pretende representar de dos años ininterrumpidos previos a las elecciones.

No debe haber tiempo, ni lugar, para los oportunistas; la sociedad merece tener un representante que conozca, que sepa quién es, donde vive, donde estudió y fundamentalmente saber que ese representante es parte de ellos, de su sociedad, de su pasado, presente y futuro.

Es necesario que para contender por una diputación de mayoría relativa, que según la doctrina son los representantes de la ciudadanía en el Congreso de la Unión, tengan residiendo en el lugar por donde serán electos, el tiempo suficiente para conocer y lograr identidad con sus representados, así como sentir apego por el territorio del distrito que pretenden representar.

Por lo antes expuesto, se presenta ante esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma la fracción III del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos.

II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;

III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de ésta con residencia efectiva, en ambos casos, de cuando menos dos años anteriores a la fecha de ella.

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular.

IV. No estar en servicio activo en el Ejército federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella.

V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección.

No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni consejero presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni secretario ejecutivo, director ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.

Los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno de Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.

Los secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los magistrados y jueces federales y locales, así como los presidentes municipales y alcaldes en el caso de Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección;

VI. No ser ministro de algún culto religioso, y

VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 10 días del mes de octubre de 2017.— Diputados y diputadas: Hernán de Jesús Orantes López,Adolfo Mota Hernández, Alfredo Bejos Nicolás, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Evelyng Soraya Flores Carranza, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Flor Ángel Jiménez Jiménez, María Gloria Hernández Madrid, María Soledad Sandoval Martínez, Nora Liliana Oropeza Olguín, Pablo Bedolla López, Pedro Garza Treviño, Pedro Luis Noble Monterrubio, Ricardo David García Portilla, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Rosalina Mazari Espín, Timoteo Villa Ramírez (rúbricas).»

Presidencia del diputado Arturo Santana Alfaro

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Hernán de Jesús Orantes López. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez:Con el permiso de la Presidencia.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputado.

El diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez: Muchas gracias. Compañeras y compañeros diputados, la extorsión telefónica es una modalidad de delito que comenzó en México debido al uso indiscriminado del teléfono celular.

De acuerdo con la información proporcionada por la PGR, las extorsiones telefónicas son un fenómeno que comenzó a presentarse desde el 2004 a consecuencia del combate frontal al secuestro efectuado desde el 2001 a través de la Conferencia Nacional de la Procuraduría de Justicia.

Una vez que los secuestradores ingresaron presos a varios penales, buscaron un mecanismo que les permitiera subsistir a ellos y también a sus familias, provocando a la par del deceso de secuestros a nivel nacional, el incremento en la incidencia de los intentos de extorsión con fines de secuestro y otros daños, a través de llamadas vía celular.

En reacción a este fenómeno delictivo, el 9 de febrero de 2009 se dio a conocer al Diario Oficial de la Federación el decreto que reformaba y adicionaba diversas disposiciones sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones, respecto al registro nacional de usuarios de telefonía móvil, conocido como Renaut, lo que se pretendía y así se hizo era registrar a los usuarios de la telefonía móvil a través de la línea telefónica y su CURP.

El registro tenía como fecha límite el 10 de abril de 2010. Transcurrido el plazo legal, sería dada de baja esta línea, sin responsabilidad alguna para la compañía proveedora de servicios.

Sin embargo, tras ese importante esfuerzo para registrar la identidad de los usuarios de telefonía celular, el 29 de abril de 2011, el Senado derogó el registro nacional de usuarios de telefonía móvil debido a dobles registros, a usuarios que se registraban con nombres falsos y con lo que resultó ser una medida muy ineficiente.

En su lugar se reformaron los Códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal, la Ley Federal de Telecomunicaciones y la que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Los principales puntos de estas reformas fueron:

1. Permitir a la PGR o servidores públicos solicitar, por oficio o medios electrónicos a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica de llamadas vía celular en tiempo real; y

2. Los centros penitenciarios tendrían la obligación de contar con equipos para bloquear las señales de telefonía móvil, radiocomunicación, o transmisión de datos e imagen dentro de un perímetro, garantizando la continuidad y seguridad de los servicios del exterior.

Estas medidas también han sido insuficientes, las extorsiones siguen al alza y una buena parte de las llamadas siguen proviniendo de los penales.

Atendiendo a esta problemática es que el día de hoy presento a ustedes esta propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objeto de solicitar la credencial para votar u otra identificación oficial y un comprobante de domicilio, para llevar a cabo la primera activación de la línea del servicio de telefonía.

Los concesionarios, en coordinación con las autoridades, validarán la información para poder identificar la personalidad del suscriptor.

Compañeras y compañeros, con esta iniciativa se pretende establecer un mecanismo de colaboración entre las instancias de seguridad y los concesionarios, a fin de disuadir el delito de la extorsión telefónica.

Los mexicanos ya estamos hartos de que haya quienes vulneran nuestra paz y tranquilidad de nosotros y nuestras familias, con este tipo de acciones criminales.

Muchísimas gracias. Esperamos el voto a favor, de los miembros de la comisión. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Ariel Enrique Corona Rodríguez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., fracción I, del numeral 1, numeral 1 del artículo 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II inciso a) del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo anterior al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La extorsión telefónica es una modalidad de delito iniciada en México debido al uso indiscriminado del teléfono celular. En un principio, afectaba más a personas con familiares en el extranjero o ausentes que consistía en engañar al familiar, por lo que el extorsionador se identificaba como policía, médico, agente aduanal o agente en el buró de crédito y pedía el pago de la deuda que se tenía con alguna institución.

De acuerdo a la información proporcionada por la Procuraduría General de la República (PGR), las extorsiones telefónicas son un fenómeno que comenzó a presentarse en 2004 como consecuencia del combate frontal al secuestro efectuado desde 2001 a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Ello se debe a que “una vez que los secuestradores ingresaron a los penales buscaron un mecanismo que les permitiera subsistir a ellos y a sus familiares, provocando a la par del descenso del secuestro a nivel nacional (entre 2005 y 2006) el incremento en la incidencia de los intentos de extorsión con fines de secuestro y otros daños.

El 9 de febrero de 2009 se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reformaba y adicionaba diversas disposiciones sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones respecto al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) el cual consistía en registrar a los usuarios de telefonía móvil a través de la línea telefónica y su Clave Única de Registro de Población (CURP). El registro tenía como fecha límite el 10 de abril de 2010, transcurrido el plazo legal, la línea sería suspendida sin responsabilidad alguna para el proveedor de servicios.

El 29 de abril de 2011 el Senado aprobó la derogación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil debido a dobles registros o usuarios que se registraban con nombres falsos; el 19 de abril de 2013 la Secretaría de Gobernación informó que concluyó totalmente la destrucción de las cintas de respaldo que contenían la Clave Única de Registro de Población (CURP) asociada a 98.4 millones de líneas móviles que fueron dadas de alta en el registro.

En su lugar se reformaron los Códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal, a las Ley Federal de Telecomunicaciones y la que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados los principales puntos fueron:

a) Permitir a la PGR o servidores públicos, solicitar por oficio o medios electrónicos a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica en tiempo real.

b) Los centros penitenciarios tendrán la obligación de contar con equipos que bloqueen o anulen las señales en telefonía móvil, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, dentro del perímetro garantizado la continuidad y seguridad de los servicios del exterior

No obstante las medidas anteriores, el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, al 10 de enero de 2015 había reportado lo siguiente:

a) De 2001 a 2015 los extorsionadores han obtenido más de mil 350 millones de pesos a nivel nacional y se emplean entre 80 minutos a 7 horas para obtener el pago de la víctima.

b) En trece años han intentado más de 28 mil 600 extorsiones.

c) Se han empleado más de 2 millones 715 mil celulares (52 por ciento originarios de la Ciudad de México)

d) Los más afectados son: Ciudad de México, estado de México, Michoacán, Jalisco, Tabasco, Puebla, Nuevo León, Guerrero, Chiapas y Tamaulipas.

De acuerdo al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México en 2015 las extorsiones telefónicas en el país ascendieron a 283 mil 245 reportes, de los cuales 2 mil 22 fueron consumados, también se incrementaron en 41.7 por ciento en relación con 2014 que fueron de 199 mil 808 reportes; 58.27 por ciento de los extorsionadores marcan a teléfonos fijos y 41.72 por ciento a teléfonos móviles.

Ahora bien, la extorisón telefónica es un delito más extenso que en el de hurto o el robo, porque no sólo involucra la ventaja patrimonial sino que, además, ésta debe derivarse de la lesión a la libertad del sujeto pasivo. La extorsión es un delito que ataca a varios bienes jurídicos como propiedad, integridad física y libertad, el uso de la violencia o intimidación son los medios típicos por los cuales se puede realizar la conducta, y es lesiva en carácter patrimonial, pudiendo afectar ser tanto de bienes muebles como inmuebles y derechos de las víctimas.

La extorsión puede ligarse con otros delitos como el fraude, las amenzas o las lesiones entendiendo como éstas no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa.

En los últimos años la extorsión telefónica es uno de los delitos de alto impacto que más ha crecido, actualmente consiste en una llamada telefónica a través de diferentes modalidades, generalmente se recibe una llamada que informa que somos acreedores a un premio y se condiciona su entrega a cambio de alguna cantidad de dinero o tarjetas prepagadas de algún servicio. En la amenaza telefónica, se recibe una llamada de alguien que intenta atemorizarnos para que paguemos cierta cantidad de dinero; en este caso, el delincuente amenaza y exige que se pague una cantidad de dinero a cambio de no atentar contra nuestros familiares o nuestra persona.

En Ciudad de México, los equipos de bloqueo de señales de teléfonos celulares en los centros penitenciarios son inútiles, porque tan sólo en siete penales los reclusos realizaron 5.5 millones de llamadas en un año, “con propósitos delictivos” e identidad internacional, así lo revela el análisis del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones en Telecomunicaciones, sobre los sistemas de seguridad aplicados en los penales. De la misma forma el análisis menciona que “hay una cantidad apreciable de equipos sospechosos en el conjunto de los penales de la muestra, y que incluso donde hay pocos equipos puede ocurrir una cantidad de llamadas con propósitos delictivos a lo largo del día, afectando a los usuarios y la calidad del servicio por las interferencias que generan los bloqueadores de señal instalados”

En este sentido, vale la pena recordar que en la Ley Federal de Telecomunicciones vigente hasta 2013, se establecía la coordinación de acciones con la autoridad correspondiente, para combatir los delitos de extorsión, amenazas, el secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, así como las medidas necesarias para llevar un registro pormenorizado y preciso sobre los usuarios de teléfonos móviles, así como los nuevos cuentahabientes de este servicio, con la debida protección de datos.

También se establecía que en los casos de contratación de telefonía móvil, los concesionarios deberán solicitar la credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral y/o Cédula Única del Registro Nacional de Población (CURP) y/o Pasaporte, y acompañarlo con constancia de domicilio oficial con recibo de agua, luz y/o teléfono, además de la impresión de la huella dactilar directamente en tinta y/o electrónicamente.

Derivado de lo anterior, y del peligro que siguen representando el delito de extorsión y la extorsión telefónica y su relación con otros delitos, es necesario establecer medidas de corresponsabilidad entre los concesionarios y las autoridades. Si bien es cierto que la Ley Federal de Telecomunicaciones establece en su artículo 190 diferentes mecanismos de coordinación dentro de los que se encuentran la localización geográfica y en tiempo real de los equipos de comunicación, y la conservación o almacenamiento de los datos electrónicos, debe considerarse en un primer paso que para erradicar el delito de la extorsión es contar con mecanismos de prevención como lo es el registro de los datos de quienes contratan chips o tarjetas SIM para utilizarlos con propósitos delictivos.

En este sentido, la siguiente propuesta tiene como objetivo que para la primera activación del servicio de telefonía los concesionarios, en coordinación con las autoridades, validen la información requerida que permita identificar la personalidad del suscriptor, para tal efecto se solicitará la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral u otra identifiación oficial, y acompañarlo con constancia de domicilio oficial, sin la validación de los datos anteriores no podrá realizarse la activación de los chips contratados. Con esta iniciativa se pretende establecer un mecanismo de colaboración entre las instancias de seguridad y los concesionarios a fin de disuadir del delito de la extorsión telefónica.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reformala fracción II inciso a) del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 190. ...

I. ...

II. ...

a)Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor ; para lo cual los concesionarios deberán solicitar la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral u otra identifiación oficial, y acompañarlo con constancia de domicilio oficial. Una vez validada la información por las autoridades correspondientes se podrá realizar la primera activación del servicio.

b) a h)...

III. a XII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades y los concesionarios contarán con un plazo de 180 días naturales a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación para establecer mecanismos de intercambio de información con la finalidad de validar la veracidad de los documentos que acrediten las personalidad de los usuarios del servicio de telefónico, con estricto apego a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares.

Notas

1 Marco Lara Klahr considera que la extorsión es un delito invisible que no tiene que cometerse en la calle, además, menciona que la extorsión no se da en estado puro, pues por lo general se asocia a otras conductas delictivas (despojos, fraudes, secuestros u homicidios)

2 Observatorio Nacional Ciudadano, Análisis dela extorsión en México 1997-2013

3 El Universal, El polémico caso Renaut, 15 de junio de 2012

4 El Economista, Concluyó destrucción de datos del Renaut, 12 de mayo 2013

5 Senado de la República, Boletín-1004 publicado el 07/08/2011

6 Es una ONG mexicana fundada en 1991 que tiene como objetivo fundamental la defensa de los derechos, su Presidente del Consejo es el Lic. Fernando Ruiz Canales

7 Los 5 números telefónicos que más se han utilizado para extorsionar provienen de la Zona Metropolitana CDMX con un total de 970 intentos

8 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/24/1183752

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2017.— Diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez,Angélica Moya Marín, Gretel Culin Jaime, Héctor Barrera Marmolejo, Herminio Corral Estrada, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Javier Antonio Neblina Vega, Jesús Antonio López Rodríguez, José Everardo López Córdova, Kathia María Bolio Pinelo, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis Agustín Rodríguez Torres, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, Miguel Ángel Huepa Pérez, Pedro Garza Treviño, Rocío Matesanz Santamaría, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, XimenaTamariz García (rúbricas).»

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE FEBRERO DE 2014

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, hasta por diez minutos, el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero de 2014.

El diputado Omar Ortega Álvarez:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy me presento ante ustedes para presentar una iniciativa de ley que reforma los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de coaliciones de gobierno.

Es indudable que el sistema mexicano hoy en día está fragmentando en diferentes partidos políticos y preferencias electorales. Hoy en día ningún partido político puede jactarse de que tiene mayoría, ya sea en la Cámara de Senadores, ya sea en la Cámara de Diputados, así como en la representación en los diferentes estados de la República y sus correspondientes municipios.

En el año 2014 hubo una reforma constitucional que daba pie a la figura de gobiernos de coalición, donde hasta el día de hoy se encuentra pendiente para aprobarse las leyes reglamentarias que le van a dar sustento a este gobierno de coalición. Pero este gobierno de coalición, dicho sea de paso, es una figura para legitimar el sistema presidencialista del país, dado de que es una opción que tiene el Ejecutivo de formar gobiernos de coalición cuando las condiciones no le permiten tener una mayoría absoluta que le dé gobernabilidad y legitimidad a su gobierno, y ello obliga de que el Ejecutivo busque, de cierta manera, encontrar, en las diferentes fuerzas políticas, los intereses que le conviene a su mandato y no así al interés en políticas públicas que le convienen a todo el Estado mexicano.

En otras palabras, hablamos, como bien sabemos, de una democracia representativa y debemos aspirar a alcanzar una democracia participativa, donde todas las voces sean escuchadas, donde todas las visiones sean contempladas en políticas públicas que beneficien a todos los gobernados y a todos los que de cierta manera votaron por una opción política.

Hoy tenemos que el presidente de la República y los congresos, los que ganan, ganan con una participación ínfima, que a veces no llega ni al 28 ni al 30 por ciento de participación general.

En ocasiones, a veces gobiernan con un voto de seis gobiernan un estado. O con dos votos de siete gobiernan la República.

Por ello, hoy presentamos, primero, una reforma de gobierno de coalición para modificar la Constitución, donde ya no sea una opción sino una obligación del Ejecutivo formar gobiernos de coalición.

Cuando en el Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores no se alcance la mayoría absoluta por parte del partido que gobierna, entonces tiene la obligación de formar gobiernos de coalición con los partidos políticos que les den la mayoría absoluta.

¿Con ello qué es lo que vas a garantizar? Que todas las visiones de los diferentes partidos políticos sean de izquierda, sean de derecha o sean de centro se vean reflejadas en el gabinete del Ejecutivo y en las decisiones políticas del Ejecutivo.

Con ello vamos a lograr que haya una democracia real participativa, donde la voluntad de todos los mexicanos que se representan en el voto pueda generar políticas públicas tendientes a buscar un Estado de bienestar y no solo legitimar las decisiones del Ejecutivo.

Hoy tenemos esa propuesta para reglamentarla, creo que estamos en tiempo de hacer una modificación constitucional y garantizar de manera clara y contundente que se puede gobernar con gobiernos que representen una democracia participativa, donde todas las voces de todos los partidos políticos estén representadas en las políticas públicas, donde se dé realmente un Estado de bienestar y demos los primeros pasos fundamentales para cambiar este régimen de gobierno.

Queremos un gobierno semiparlamentario o un gobierno parlamentario. Hoy contamos con un sistema presidencialista que poco o nada garantiza las decisiones de la mayoría. Por ello, hoy un paso fundamental es aprobar esta propuesta constitucional que tiene como finalidad generar un Estado de bienestar y la participación de todas las fuerzas que son las que representan a todos los gobernados.

Por ello, hoy solicito que esta propuesta que presento se pueda aprobar y así demos un paso importante para cambiar el régimen de gobierno que tenemos en este nuestro querido México. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El sistema político ha evolucionado a través de las sucesivas reformas electorales que han permitido consolidar la transición a la democracia, a partir del reconocimiento de nuestra pluralidad y diversidad política, sin embargo, es hasta que se aprobó la reforma constitucional en materia de régimen político del 10 de febrero de 2014, que se abre la posibilidad de formar los gobiernos de coalición.

Esa reforma dota al país de un marco jurídico adecuado para hacer frente a la tendencia que se sigue manifestando elección tras elección, en donde no se producen mayorías claras, lo cual genera escenarios muy complicados para la construcción de gobiernos de mayoría que ayuden a legitimar a las instituciones del poder público.

Con esta reforma, la formación de los gobiernos de coalición se reconoce como un derecho y una facultad constitucional por la cual el titular del Ejecutivo federal debe generar los consensos necesarios junto con otras fuerzas políticas a fin de formar un gobierno de mayoría, como desenlace posterior al resultado electoral, en donde su fuerza política no haya alcanzado por sí sola una mayoría política.

Argumentos

Para el Partido de la Revolución Democrática, es una aspiración histórica el cambio de sistema político y así se expresa en nuestro programa vigente, en donde proponemos dotar de elementos parlamentarios al sistema presidencial que nos rige. Identificamos como una de las fuentes principales de los atropellos autoritarios vividos por la sociedad en las últimas décadas del siglo XX, un presidencialismo exacerbado que diluyó en los hechos la división de poderes republicanos, los contrapesos institucionales, la pluralidad política y en síntesis, el Estado de derecho mismo.

La transición democrática de principios de este siglo no atinó a realizar una gran reforma del Estado mexicano, en la cual éste se adecuara a la realidad política, social y económica de un país cada vez más complejo, diverso y plural, con un entramado institucional que estuviera a la altura de estos retos.

El PRD ha planteado la necesidad de diferenciar al jefe del Estado del jefe del gobierno, es decir, se ha pronunciado por un Ejecutivo bicéfalo, con un presidente y un primer ministro o un jefe de gabinete, con la exigencia de que los nombramientos de quienes integren el gobierno tengan que ser ratificados por las Cámaras del Congreso y que el Congreso mismo tenga capacidad para señalar y cesar de sus funciones a los funcionarios que tengan desempeños deficientes a través de la moción de censura.

Hemos propuesto equilibrar la representación política en cuanto a paridad de género y en cuanto a la fórmula de mayoría y la fórmula de representación proporcional al 50 por ciento. Hemos logrado avanzar en las fórmulas de paridad, y estamos ya cerca de lograr que la mitad sean hombres y la otra mitad mujeres, en las candidaturas por ambos principios.

También hemos propuesto reformas integrales al sistema de representación política, para adoptar un sistema de representación proporcional puro, como mecanismo para eliminar la sobre representación y sub representación política de cualquier partido político.

Nuestro partido siempre ha propuesto superar la ineficacia en la que se ha convertido el ejercicio de gobierno mediante un marco de alta competitividad política y una vigorosa pluralidad, justamente, a través de la construcción de gobiernos de coalición. Aunque hemos logrado tener avances parciales, aún nos falta seguir construyendo un auténtico régimen plural, eficaz y democrático.

Nuestro grupo parlamentario insistirá en construir un sistema presidencial con instrumentos parlamentarios, tomando en cuenta la experiencia de los sistemas políticos internacionales vigentes, mismos que en el marco del derecho comparado, establecen que cuando un partido que obtiene el triunfo no logra la mayoría por sí mismo, ni el suficiente consenso u apoyo para formar un gobierno estable, se requiere de instrumentos específicos para la construcción de acuerdos políticos y la elaboración de políticas de Estado que dicten las pautas para el desarrollo a corto y largo plazo del país, que son tareas inequívocas del presidente de la República en su condición de jefe de Estado.

Por otra parte, requerimos un eje articulador del Poder Ejecutivo con el Congreso, que sea responsable de impulsar una agenda legislativa y de gobierno de consenso y que en todo tiempo se mantenga una relación permanente y fluida.

Lo deseable es que la relación entre las fuerzas que forman la coalición de gobierno actúe en estrecha colaboración, y mantenga una relación de complementariedad y de absoluta transparencia.

Reconociendo que la reforma constitucional lograda en 2014 representa sin duda un gran avance en cuanto a las fórmulas para lograr que nuestro sistema político evolucione en un entorno caracterizado por una ya larguísima transición hacia la democracia, la propuesta que pongo a su consideración con esta Iniciativa es hacer una simple enmienda al texto constitucional; simple, pero a la vez compleja.

Con esta propuesta se define con claridad que si el presidente de la República tiene mayoría absoluta en las Cámaras del Congreso de la Unión, entonces podrá gobernar en un esquema presidencial tradicional. Pero si el presidente y su partido no tienen mayoría absoluta en las Cámaras del Congreso de la Unión, tendrá que, obligadamente, construir un gobierno de coalición.

Esta iniciativa, más que reducir las atribuciones del Poder Ejecutivo, trata de diseñar un esquema en donde el Ejecutivo participe de una gobernabilidad democrática diferente, sustentada en el respaldo de las Cámaras del Congreso, y que éstas a su vez actúen como un contrapeso y un órgano de control que obligue al Ejecutivo a observar estrictamente sus facultades, así como rendir cuentas y a compartir una serie de atribuciones con el Poder Legislativo, por el bien de la república.

También, con esta reforma, se lograría el efecto de concentrar en una coalición la responsabilidad del gobierno, y en la oposición, la crítica de las políticas públicas, la construcción de las alternativas políticas, y la emergencia, eventualmente, de un nuevo gobierno, con una nueva mayoría, determinado tanto en las urnas, y en los acuerdos para conformar, de ser el caso, un gobierno o una coalición de gobierno alternativa.

Después de observar la naturaleza y el comportamiento del sistema de partidos en México en las últimas dos décadas, y de estudiar el desempeño de los gobiernos de coalición en otros países del mundo con regímenes que han instaurado modalidades parlamentarias en sistemas presidenciales, constatamos de manera reiterada que la mejor fórmula para la aprobación y ratificación del gabinete presidencial, es a través de una mayoría plural construida en las Cámaras del Congreso a partir, precisamente, del acuerdo que sustenta la coalición de gobierno.

Esto se debe a que este instrumento promueve un esquema de coaliciones y alianzas duraderas por un lado, pero también posibilita la formación de mayorías con variantes más flexibles; por ejemplo, cuando dos combinaciones de distintos partidos políticos relevantes le puedan dar mayor margen de maniobra al jefe de Estado en caso de enfrentar una crisis de gobierno, que lo llevara incluso a disolver eventualmente su coalición gobernante, en caso de una ruptura entre los socios que conforman la misma y aún tendría la posibilidad de buscar una nueva mayoría gobernante a través de una coalición distinta.

Consideramos que un gobierno que no tiene el respaldo parlamentario suficiente para desarrollar su programa, se asemeja más a un esquema autocrático, que pretende mandar sin el respaldo suficiente de la sociedad, y teniendo una representación política mayoritaria en su contra.

En nuestra visión, esta facultad del Ejecutivo federal debe transferirse a los titulares de los ejecutivos locales, para que también tuvieran instrumentos en sus marcos jurídicos para gobernar en coalición con un mayor respaldo en la representación política del congreso local. Esta ampliación de facultades requeriría una reforma del artículo 116 constitucional, que propusimos en su momento y que se puso a consideración de esta asamblea, siendo aprobada y posteriormente enviada al Senado de la República, donde está pendiente de ser dictaminada y, por tanto, esperamos que pueda ser aprobada en el corto plazo.

Enseguida ilustramos en un cuadro comparativo el texto vigente y la propuesta de modificación al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Fundamento legal

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, Omar Ortega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de coaliciones de gobierno

Primero. Se reforman la fracción III del artículo 74, la fracción II del artículo 76 y el párrafo tercero de la fracción II y la fracción XVII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados

I.y II.(...)

III.Ratificar el nombramiento que el presidente de la República haga del secretario del ramo en materia de hacienda, salvo cuando se trate deun gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de esta Constitución; así como de los demás empleados superiores de hacienda;

IV. a IX.(...)

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado

I.(...)

II.Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los secretarios de Estado, en caso de que éste conformeun gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de defensa nacional y marina; del secretario responsable del control interno del Ejecutivo federal; del secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

III. a XIV.(...)

Artículo 89.Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

I.(...)

II....

...

En los supuestos de la ratificación de los secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se conforme un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el presidente de la República;

III. a XVI.(...)

XVII. Conformar un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, en caso de que el partido que lo haya postulado no cuente con una mayoría absoluta en las Cámaras del Congreso.

...

XVIII. a XX. ...

Segundo.Se reforma el artículo décimo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, para quedar como sigue:

Transitorio Décimo Segundo.Las reformas del párrafo tercero del artículo 69 entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2018.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.— Diputados y diputada: Omar Ortega Álvarez,Cecilia Guadalupe Soto González, David Jiménez Rumbo, Tomás Octaviano Félix, Waldo Fernández González (rúbricas).»

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Omar Ortega. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El diputado David Jiménez Rumbo (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Sí, ¿con qué objeto, diputado?

El diputado David Jiménez Rumbo (desde la curul): Para adherirme a la propuesta del diputado Ortega.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Está a su disposición, diputados, en la Secretaría para sus adhesiones.



DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, COMO “DÍA NACIONAL DEL NOPAL”

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario del Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 18 de septiembre de cada año como Día Nacional del Nopal.

El diputado Miguel Alva y Alva:Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros diputados y compañeras diputadas. Someto a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que declare el 18 de septiembre de cada año como Día Nacional del Nopal.

El nopal y su fruto, la tuna, tiene evidencias como uso humano desde hace aproximadamente 7 mil 500 años en la zona de Tehuacán, Puebla. En la misma zona en donde se encontraron las primeras evidencias del maíz, ahí también se inició el consumo del nopal.

Cuando hablamos del nopal pensamos en una identidad nacional en que está impregnada su imagen en nuestra bandera, en que los revolucionarios en nuestro movimiento social a inicios del año pasado se mantuvieron consumiendo el nopal, de todo eso. Pero no solo eso es el nopal. El nopal, como producto nacional, se encuentra en un grave problema, no se le ha reconocido, no se le ha dado la atención necesaria, porque el nopal podría ser un detonante para el campo mexicano, especialmente para las zonas áridas y semiáridas de nuestro país.

El establecimiento del Día del Nopal creará un antecedente para fomentar y potencializar el desarrollo del mismo para que así se establezcan políticas públicas para cultivo de nopal como. Fomentar el cultivo para ser competitivo. Apoyar la tecnificación del cultivo del nopal. Promover la formación de asociaciones de productores. Subsidiar los fertilizantes y abonos, asistencia técnica especializada. Implementar cursos de capacitación a productores, que exista investigación y desarrollo por parte de las universidades públicas. Apoyo para la mejora de infraestructura de riego.

Se debe apoyar para desarrollar una intensa campaña de promoción y publicidad para sensibilizar a la población de los beneficios del nopal en el mercado nacional e internacional, porque puede ser y debe ser una importante fuente de ingresos para las comunidades rurales y así se fomenta al mismo tiempo el arraigo de los campesinos en sus comunidades.

El nopal ya industrializado tiene un gran abanico de aplicaciones. Por ejemplo, ya se fabrican shampoo, cremas, jabones, plásticos; para la construcción, pinturas y barnices; para la alimentación con la harina de nopal se fabrican hot cakes, pan, galletas, fideos, jugos, refresco, cerveza. También del hecho del proceso de transformación se pueden producir fertilizantes. De la tuna, se fabrica miel de tuna, queso de tuna, mermeladas, dulces, jaleas. De la grana cochinilla, se produce el carmín por una amplia demanda en el mundo. Para la cosmetología, la farmacéutica y alimentaria y textil.

También una de las más importantes aplicaciones y en la que México es pionero, pero que de igual manera está estancada, es la producción de energía, biocombustible y eléctrica. A partir de este cultivo tenemos el ejemplo de una planta piloto en Zitácuaro, Michoacán, en donde se está a punto de iniciar la producción industrial de gas y en donde también ya se aplicó este combustible.

Acá en Cámara, en un foro pasado, pudimos conocer el primer vehículo en el mundo movido por combustible de nopal. Todo este tipo de aplicaciones se podrán atender si pensamos en el nopal.

También esto lo aprovecho para exhortar al gobierno federal, a la Secretaría de Agricultura, porque hay un riesgo. China está gestionando el registro del nopal como propio. Eso sería triste, que tuviéramos que pedir permiso a China para producir algo a partir del nopal, cuando ese país legal e ilegalmente se ha llevado especies de nopal y se han explotado.

En China el 97 por ciento del nopal que produce se industrializa, solo el 3 por ciento es de consumo directo. Contrario de lo de acá, el 97 por ciento se consume directamente y solo se industrializa el 3 por ciento. Aparte, el investigador, el científico que está desarrollando la industrialización del nopal en China, es mexicano que no pudo desarrollarlo acá en México.

Es el exhorto. En esto debemos pensar cuando se habla de nopal, y no solamente en una rica sopa de nopal o una jugosa y dulce tuna. Eso es todo, muchas gracias.

«Iniciativa de decreto, por el que se declara el 18 de septiembre Día Nacional del Nopal, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Miguel Alva y Alva, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 18 de septiembre de cada año, como “Día Nacional del Nopal”, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país afortunado, lleno de recursos naturales, con una privilegiada localización geográfica; con una biodiversidad envidiable, sin embargo, no ha aprovechado de forma integral sus ecosistemas; sus cultivos, entre ellos, uno de los más emblemáticos para el país, el nopal. Cultivo presente en la bandera nacional, identidad del pueblo mexicano, orgullo nacional.

El nopal ( Opuntia spp.), es una cactácea que se encuentra presente en zonas áridas y semiáridas, con gran diversidad de especies y amplia distribución geográfica en México. Según cifras del Instituto Nacional de Ecología (INE), existen 125 géneros y 2 mil especies, sin embargo el ser humano utiliza aproximadamente 12 especies. Por su composición, el cultivo resiste altas temperaturas y prolongados tiempos de sequía. Una especie de bajos requerimientos hídricos y alta capacidad de captura de CO2 (dióxido de carbono).

El nopal es considerado un cultivo con resurgimiento por los recientes e innovadores descubrimientos; primero, sus propiedades nutricionales han transformado y desarrollado nuevas tecnologías e investigaciones con fines medicinales; segundo el excelente rendimiento de la transformación de biomasa para la producción de bioenergía, para contribuir a la diversificación de mercados con energías limpias. Asimismo reducir la contaminación del país, contribuyendo a los acciones para frenar el calentamiento global.

Hoy en día se produce en promedio 800 mil toneladas de nopal-verdura en más de 200 mil hectáreas, México es el país que presenta mayor desarrollo de la pequeña y mediana empresa de productos derivados del nopal, Es el primer productor y exportador de nopal en el mundo, sin embargo no existe una competitividad real, por la carencia de industrialización del producto. La demanda mundial recae sobre la deshidratación del producto.

Por otra parte la tuna se destaca por sus bajos rendimientos; 6.22 t/ha. Italia produce 14.9 t/ha, debido a su alto nivel de tecnología en riego. En México se localiza 80 por ciento de las hectáreas destinadas al fruto, Italia, Sudáfrica y Chile poseen aproximadamente 5 por ciento, 3 por ciento y 1 por ciento respectivamente. En cuestiones de comercio exterior, Italia es el principal exportar de tuna, con 15 mil toneladas, por su parte México exporta solamente 2 mil toneladas.

La construcción de infraestructura, apoyos encaminados a la tecnificación e industrialización, además del acondicionamiento de mercados para el apoyo a la venta al exterior; potencializaría el uso agroindustrial del cultivo, beneficiado principalmente a las zonas de alta y muy alta marginación.

Principales utilizaciones agroindustriales del nopal

Sector agrícola

El sector agrícola se encuentra en un escenario bastante desalentador, las zonas de pequeños productores han sufrido enorme descuido por parte del gobierno, a pesar de la importancia que representa dicho sector para la seguridad alimentaria. La utilización agroindustrial del nopal, es una acción viable para el rescate de espacios vulnerables, más de 50 por ciento del territorio es árido o semiárido, condiciones perfectas para potencializar el crecimiento del cultivo para diversos industrias.

En México se utilizan principalmente tres sistemas de producción:

Nopaleras silvestres

Aproximadamente ocupan 3 millones de hectáreas, divididas principalmente en 5 especies, se ubica en los estados de: Sonora, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. La producción se utiliza para fuente de forraje para ganado, tuna y nopalitos.

Cabe destacar que no existen datos concretos sobre la utilización y consumo del cultivo.

Huertos familiares

Ubicados en el medio rural, principalmente en Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Aguascalientes. Se desconoce el área destinada y la producción del cultivo, debido a que se utiliza para autoconsumo y venta en mercados locales o regionales.

Plantaciones comerciales

Ocupan alrededor de 210 mil hectáreas; 60 mil de tuna; 13 mil nopalitos; 150 mil forraje y 100 para grana cochinilla.

Los estados con mayor producción son Morelos, Cuidad de México y México. Cabe mencionar que Milpa Alta es el municipio más destacado en producción e investigación del cultivo.

Dentro de las plantaciones comerciales existen 2 sistemas; el tradicional y el de micro túneles o intensivo. El sistema tradicional tiene una aportación de 15 a 20 mil plantas por cultivo, la primera cosecha se registra después de 2 – 3 meses y el rendimiento es de 40 a 80 toneladas por hectárea. El sistema intensivo aporta de 120 a 160 mil plantas por hectárea registrándose de 179 a 263 ton/ha con el uso de variedades.

El nopal tiene amplias posibilidades de comercialización como alimento humano, forraje para animales, productos para la salud, energía en aplicaciones agroindustriales, México necesita explorar toda posibilidad de aprovechamiento integral del nopal, al ser el país de origen, esencialmente el área de oportunidad que implica el cultivo; como recurso natural, fuentes de ingresos, empleo, energía y nutrientes. Internacionalmente el nopal es utilizado para forraje animal y en consumo humano es la fruta (tuna). Los avances tecnológicos y nutracéuticos han sido pocos debido a la ignorancia y nulo interés sobre el cactáceo.

Agroindustria de alimento nutracéutico y farmacéutico

En la época prehispánica, las culturas que coexistían, utilizaban el cultivo con fines alimentarios y medicinales. Su uso ha sido continuo, en la época colonial y contemporánea sin embargo carece de investigación sobre su uso integral, desaprovechando sus bondades nutracéuticas.

La diabetes representa en México, un grave problema de salud, por esa razón es necesario propiciar el desarrollo de tratamientos alternativos y naturales que coadyuven a la disminución de glucosa en la sangre. El nopal, en los últimos años se ha investigado su efecto hipoglucemiante, su alto contenido de fibra soluble y pectinas que generan un entorno favorable para la absorción de glucosa a nivel intestinal.

En otro tema intrínsecamente relacionado, es el combate a la obesidad. La reciente comercialización de fibra deshidratada como auxiliar digestivo ha contribuido como tratamiento alterno y complementario contra la obesidad, además de reducir problemas gastrointestinales; bajando los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, es decir el nivel de absorción de grasas en el intestino es menor.

En Japón, uno de los principales ingredientes que favorecen la salud, es la fibra dietética, en estudios ha demostrado su eficacia para combatir enfermedades cardiovasculares, hipertensión y reducir el riego de cáncer de colon. Un estudio reciente en ratones con tumores cancerígenos, demostró los efectos positivos del cultivo, al detener el crecimiento y propagación de mismo, sin embargo no tuvo efectos curativos.

México era de los pocos países consumidores de nopalitos y derivados, el consumo mundial era dedicado al fruto, sin embargo por los recientes estudios, países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Italia y Turquía han empezado a consumirlo debido a todas las propiedades nutracéuticas del cultivo. Al ser fresco, su vida de anaquel es muy limitada, por lo que es de suma importancia la industrialización del nopal, para lograr su competitividad en el mercado internacional, principalmente la fibra deshidratada, tendencia mundial.

Por otro lado, el fruto, la tuna, es utilizada como antioxidante. Estudios recientes reportan contenido de fenólicos, vitamina C y E, plifenoles y calcio, la tuna roja adicionalmente se ha demostrado la presencia de taurina. Es utilizada en tratamientos complementarios para la gastritis, arterosclerosis y diabetes. El xoconostle, fruto con alto contendió de proteínas, azucares solubles y fibra. Es utilizado de manera alternativa para combatir la diabetes y el sobrepeso, principalmente por la disminución del colesterol. Adicionalmente es utilizado en elaboración de cremas humectantes, por el alto contenido de pectinas.

Ambos frutos, son considerados exóticos en el extranjero, por ello su demanda crece exponencialmente, aunado a su alto valor nutrimental y el combate contra enfermedades crónicas, como la diabetes. Italia es el principal exportador de tuna, a pesar de que México es líder en producción a nivel mundial, debido a la falta de tecnología y apoyo gubernamental para la competitividad del mismo.

Actualmente por las bondades nutricionales del cultivo del nopal y sus derivados, la industria se ha dedicado al procesamiento de alimentos y bebidas a base de nopal. Entre los que destacan; harina de nopal: para la elaboración de galletas, hot cakes, fideos, frituras entre otras; los jugos por su alto contenido en fibras dietéticas y bajo contenido calórico.

Países asiáticos, principalmente China y Japón, se han destacado por las investigaciones del cultivo, esencialmente la fibra dietética. La industrialización del producto se ha especializado en harina de nopal, la deshidratación de la planta para facilitar la comercialización y el consumo humano. Hoy en día México produce aproximadamente 97% de nopal fresco, contrario a China, el 97% es industrializado.

Sector energético

La demanda de energía va en incremento, principalmente por las economías emergentes, cuyo desarrollo socioeconómico depende de ello. Adicionalmente el aumento de la población mundial que alcanzará los 9.100 millones en el año 2050. Sin embargo la tendencia se ha transformado en desarrollo sustentable. El mercado energético sostenible está ocupando un lugar importante dentro de la producción de energía, un cambio en el sistema, en el paradigma del consumo de la misma.

El desarrollo de nuevas tecnologías para la producción de biocombustibles es una de las prioridades del siglo XXI, ante la escasez y alza de los precios de los combustibles fósiles y como respuesta a la problemática generada por el cambio climático.

China y Estados Unidos, lideran la producción de energías renovables, diversos países europeos han adoptado la nueva alternativa como un estilo de crecimiento sustentable dentro de sus agendas. Por otra parte, Brasil lidera en América Latina, en 2012, la ex presidenta Dilma Rousseff en su discurso de apertura de la cumbre Río + 20, menciono que su país utiliza aproximadamente 45 por ciento de la energía de fuentes renovables; las hidroeléctricas, el etanol para los automóviles y el uso del carbón vegetal en la siderurgia.

México ha ido construyendo un lugar secundario en el continente americano con la generación de energía hidroleléctrica, geotérmica, eólica y solar fotovoltaica, sin embargo ha desperdiciado su gran potencial de producir bioenergéticos; convertirse en líder regional con la producción de energía a través de productos orgánicos. México es pionero en generar bioenergía a partir del nopal, primer país con una planta de biogás.

Actualmente la nación atraviesa por una crisis energética y ambiental, el uso estimado de energía fósil es de 10 a 15 años, dependiendo los nuevos descubrimientos y el avance de la reforma energética en cuestión de exploración y explotación del petróleo.

En el marco de la Ley General de Cambio Climático y la Conferencia sobre el Cambio Climático en París (COP 21); México se comprometió a bajar 25 por ciento los niveles de las emisiones directas de bióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorocarbonados, adicionalmente generar energía sostenible (43 de cada 100 fuentes).

Los resultados han sido lentos y poco significantes, motivo por el cual, debe apostar por la generación de energía mediante recursos naturales; renovables, infinitos y limpios. Potencializar el uso del nopal con fines energéticos, es una opción viable; debido a los bajos costos de producción y mantenimiento (poco uso de agua), adicionalmente el factor de sustentabilidad; la recuperación de suelos erosionados y absorción del dióxido de carbono.

Un caso ejemplar lo constituye la planta de biogás de nopal en Zitácuaro, Michoacán, cuyo proyecto fue iniciado en 2007. Rogelio Sosa, dueño de la procesadora de tortilla, nopal y sus derivados, y M.C Miguel Aké Madera, realizaron un proyecto piloto, una planta que alimenta con gas y electricidad necesaria para el funcionamiento a través del nopal.

Al ser su producción de bajo costo y satisfacer la demanda, adquiere un beneficio en materia ambiental, económica y social. En 2009, con tan sólo 2 hectáreas de nopal y la construcción de un biodigestor se inició el proyecto, hoy en día se alimenta a toda la empresa en cuestión energética. De manera paralela se trabajó en el proyecto de adaptar el biocombustibles a los automóviles utilizados por la empresa.

Adicionalmente, el residuo líquido, rico en nitrógeno, es usado para elevar la productividad, hasta 800 t/ha anuales, motivo por el cual se inició la construcción de una planta de biofertilizantes.

La planta tiene la capacidad de producir entre 600 a 800 metros cúbicos de gas diario, actualmente mantiene una producción mínima de 10 por ciento, para abastecer a la empresa. La prospectiva es alimentar energéticamente al estado de Michoacán, en el presente produce el biogás necesario para abastecer la mitad del transporte o electricidad de la ciudad de Morelia, sin contaminar. Por otro parte la generación de empleos, es primordial en el proyecto por cada hectárea se emplea a 4 personas.

Un punto esencial de la producción de nopal, es el ámbito ambiental. El cultivo absorbe una cantidad elevada de dióxido de carbono por las noches, para su metabolismo; permitiendo la facilidad de producción en ambientes áridos y con escases de agua, incluso de mitigar el efecto invernadero.

Dicha tecnología no ha sido explorada en su totalidad por ningún país, se encuentra en fase de experimentación. Chile y China son los más destacados en investigación y programas piloto. México es el primer país en la construcción de una planta piloto que ha aprovechado las bondades del cactáceo, para la producción y abastecimiento de bioenergía a la empresa.

México es pionero en el cambio de paradigma sobre la utilización de productos orgánicos cactáceos para generar electricidad y combustible. La construcción de un nuevo sistema energético, de bajo costo y altamente sustentable, que no solo beneficiaría a las zonas marginadas, a toda la nación.

Actualmente nos enfrentamos al reto de abastecer a toda la población con energía. La nación puede construir el nuevo modelo energético sustentable, beneficiando tres aspectos esenciales; ambientales, económicos y sociales. Además de retomar en su agenda, un sector tan vulnerable: la agricultura.

La bioenergía ofrece áreas de oportunidad para reconstruir el sistema agrícola y la economía rural. Fundamentalmente la seguridad energética, facilitar el acceso a servicios de suministro energético a millones de personas que se encuentra en situaciones vulnerables, la creación de sistemas comunitarios, de plantas que abastecen comunidades aledañas, permite la diversificación del mercado; la independencia energética. Además de la creación de empleos y la inclusión de los pequeños productores al mercado global.

Por los motivos antes expuestos es crucial impulsar acciones concretas para fortalecer cultivos originarios, el establecimiento del día nacional del nopal, creara un antecedente, un parteaguas para fomentar y potencializar el desarrollo. El nopal se puede convertir en un motor de crecimiento regional en zonas vulnerables en México. Por lo que es tarea del poder legislativo proteger los derechos de los productores y la tierra.

Por lo fundado y expuesto, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se declara el 18 de septiembre como “Día Nacional del Nopal”

Artículo Único. El honorable Congreso de la Unión declara el 18 de septiembre de cada año, como “Día Nacional del Nopal.”

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 10 de octubre de 2017.— Diputados y diputadas: Miguel Alva y Alva,Ana Guadalupe Perea Santos, Blandina Ramos Ramírez, Ernestina Godoy Ramos, Gonzalo Guízar Valladares, Irma Rebeca López López, Jorge Tello López, José Alfredo Ferreiro Velazco, Justo Federico Escobedo Miramontes, Lilia Arminda García Escobar, María Chávez García, María Mercedes Aguilar López, Miguel Ángel Huepa Pérez, Norma Edith Martínez Guzmán, Patricia Elena Aceves Pastrana, Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbricas).»

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Miguel Alva y Alva. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.

Sonido a la curul del diputado Guízar Valladares. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Gonzalo Guízar Valladares (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Solo si nos obsequia el diputado ponente suscribir la iniciativa tan trascendente, sobre todo además de lo que expresó, en el tema climático.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: ¿Diputado Alva y Alva?

El diputado Miguel Alva y Alva (desde la curul). Con gusto, presidente.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, tiene su anuencia, y los que se quieran agregar está a su disposición en la Secretaría.



LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 15, 27, 33 y 34 de la Ley General de Cambio Climático, suscrita por él y por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.

El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado:Gracias, presidente, con su venia. La acción global al cambio climático es ineludible e impostergable. De acuerdo con la comunidad científica internacional, es necesario que todos los países reduzcan de manera conjunta y decidida, las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para evitar que los efectos se agraven.

Los efectos del cambio climático en México no solamente afectan a las poblaciones de los estados más vulnerables, sino a la economía global de nuestro país.

El Banco Mundial dice que México es uno de los países más vulnerables por el fenómeno climático, 15 por ciento de su territorio, 68 por ciento de su población y 71 por ciento de su economía están expuestos a las consecuencias adversas relacionadas con el clima.

Este fenómeno nos impone la necesidad de planear a largo plazo y actuar de inmediato para adaptarnos a los impactos parcialmente adversos, así como a reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, tomando acciones inmediatas y certeras, ya que el costo de postergarlo sería mucho mayor que hacer algo ahora.

Para el país el costo de no hacer nada en contra del cambio climático equivale a tres veces lo que costaría mitigarlo. Dice el informe la economía del cambio climático elaborado por Luis Galindo, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México.

México tiene que gastar de 0.7 a 2.21 por ciento de su producto interno bruto anual, es decir, hasta 224 mil millones de pesos al año en reducir 50 por ciento de sus emisiones para no perder el 6.2 del producto interno bruto por los impactos medioambientales, lo que representa un costo de 630 mil millones de pesos al año.

A pesar de que México cuenta con una Estrategia Nacional de Cambio Climático, instrumento de planeación que define la visión de largo plazo y que además rige y orienta la política nacional con una ruta a seguir que establece prioridades nacionales de atención y define criterios para identificar las prioridades regionales, las acciones de este plan no son obligatorias, lo que permite a los gobiernos estatales y municipales, hacer caso omiso de la estrategia, de su contenido y de los muchos beneficios que tiene para nuestro país.

Es por lo anterior que propongo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas fracciones a los artículos 15, 27, 33 y 34, de la Ley General del Cambio Climático, con la finalidad de crear, promover y preservar azoteas verdes como acción de mitigación contra el cambio climático, sustentabilidad alimentaria y recuperación de recursos hídricos en ciudades, destinando en cada entidad federativa un área correspondiente para la aplicación de esta política de manera obligatoria. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 15, 27, 33 y 34 de la Ley General de Cambio Climático, suscrita por el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas fracciones de los artículos 15, 27, 33 y 34 de la Ley General de Cambio Climático, al tenor del siguiente:

Exposición de Motivos

Los efectos del cambio climático en México no sólo afectan a las poblaciones de los estados más vulnerables, sino a la economía global del país.

El Banco Mundial dice que México es uno de los países más vulnerables por el fenómeno climático: 15 por ciento de su territorio, 68 por ciento de su población y 71 por ciento de su economía están expuestos a las consecuencias adversas relacionadas con las variaciones del clima.

Entre los estados más vulnerables están Baja California y su zona costera, Nuevo León, Veracruz, Jalisco y la Ciudad de México, ello según los gobiernos de los estados, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Para el país el costo de no hacer nada en contra del cambio climático equivale a tres veces lo que costaría mitigarlo, dice el informe “La economía del cambio climático”, elaborado por Luis Galindo, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

México tiene que gastar entre 0.7 y 2.21 por ciento de su Producto Interno Bruto anual (es decir, hasta 224,000 millones de pesos al año) en reducir 50 por ciento sus emisiones para no perder 6.2 por ciento del PIB por los impactos medioambientales, lo cual representa un costo de 630,000 millones de pesos por año.

La acción global frente al cambio climático es ineludible e impostergable. De acuerdo con la comunidad científica internacional, es necesario que todos los países reduzcan, de manera conjunta y decidida las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para evitar que los efectos se agraven. Para México este desafío conlleva problemas sociales, económicos y ambientales que ya afectan a su población, infraestructura, sistemas productivos y ecosistemas.

Este fenómeno nos impone la necesidad de planear a largo plazo y actuar de inmediato para adaptarnos ante los impactos potencialmente adversos, así como reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, tomando acciones inmediatas y certeras, ya que el costo de postergarlo sería mucho mayor que hacer algo ahora.

México cuenta con una Estrategia Nacional de Cambio Climático, instrumento de planeación que define la visión de largo plazo y que además rige y orienta la política nacional con una ruta a seguir que establece prioridades nacionales de atención y define criterios para identificar las prioridades regionales.

Sin embargo, las acciones de este plan no son obligatorias, lo que permite a los gobiernos estatales y municipales hacer caso omiso de la estrategia, de su contenido y de los muchos beneficios que tiene para nuestro país.

La población desconoce la estrategia, sus beneficios y líneas de acción, destacando que la mitigación es lo más importante para un desarrollo sustentable urbano, la manera más rápida y efectiva de hacerlo es a través de la estrategia de azoteas verdes que se sugiere en la estrategia.

Algunos de los beneficios de esta estrategia son:

• El espacio verde recuperado ayuda a purificar el aire y reducir los gases contaminantes en el entorno.

• Reduce el nivel de ruido.

• Regula el clima local, pues ayuda a regular la temperatura interior de las casas, manteniéndolas frescas en verano y bloqueando el frío en invierno.

• Al tener una mayor superficie con follaje, se contribuye a la retención de polvo contaminante en el aire.

• Es un espacio para cultivar alimentos.

• Aprovecha el agua de lluvia y la luz solar.

• Reduce las aguas de lluvias, anegaciones y contaminación del agua.

• Reducen los niveles de gases con efecto invernadero

• Evitar los impactos provenientes por el calor o el frío excesivos

• Se convierte en un refugio para la vida humana, flora y fauna.

• Las plantas también son aislantes acústicos bajan el gasto en impermeabilización además de que añaden atractivo visual.

• Permite el cultivo de hortalizas y flores, convirtiéndose en un espacio productivo.

• Se convierte en un ecosistema para aves e insectos polinizadores.

• Ofrece una actividad para relajarnos y salir de la tensión al cuidar las plantas y tener contacto con lo verde.

• Es una oportunidad de reconectarnos con la naturaleza y el trabajo con la tierra.

• Creación de ecosistemas de especial interés.

• Se reduce el consumo y costos de energía eléctrica por refrigeración (reducción del uso de aire acondicionado).

• Los techos verdes tienen una vida más larga que los tradicionales.

• Los beneficios económicos de una azotea verde se muestran en el incremento de entre un 15 y un 20 por ciento en el valor del inmueble. Garantiza una vida más larga a la estructura del edificio; reduce los costos de energía; capta agua pluvial que puede ser reutilizada para riego; garantiza la impermeabilización hasta por 30 años y aumenta la tasa de retención de los inquilinos gracias al aumento en confort.

• Producen oxígeno.

• Filtran contaminantes y CO2 del aire.

• Capturan partículas suspendidas, una de las principales causas de enfermedades respiratorias en las grandes ciudades.

• Mejoran la climatización del edificio en el interior y exterior. Además Contrarresta el efecto “Isla calor” que ha provocado el aumento de temperatura en las grandes ciudades.

• Aprovechan el agua de lluvia y la luz solar, contribuyendo a restaurar el ciclo natural del agua.

• Reducen el riesgo de inundaciones, a la vez que filtran contaminantes y metales pesados del agua de lluvia.

• Actúan como barrera acústica, el suelo bloquea los sonidos de baja frecuencia y las plantas los de alta frecuencia.

• Protegen la biodiversidad de las zonas urbanas

Fundamento legal

Agenda 2030 de la ONU

El aplicar de manera obligatoria esta medida garantiza también que México cumpla con los objetivos 3, 11, 13 y 15 de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:

Objetivo 3. Bienestar y salud

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad. Se han obtenido grandes progresos en relación con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna. Se han logrado grandes avances en cuanto al aumento del acceso al agua limpia y el saneamiento, la reducción de la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y la propagación del VIH/sida. Sin embargo, se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de enfermedades y hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud.

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas progresar social y económicamente. Ahora bien, son muchos los problemas que existen para mantener ciudades de manera que se sigan creando empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos. Los problemas comunes de las ciudades son la congestión, la falta de fondos para prestar servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura. Los problemas que enfrentan las ciudades se pueden vencer de manera que les permita seguir prosperando y creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación y la pobreza. El futuro que queremos incluye a ciudades de oportunidades, con acceso a servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos.

Objetivo 13. Acción por el clima

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene un impacto negativo en la economía nacional y en la vida de las personas, de las comunidades y de los países. En un futuro las consecuencias serán todavía peores. Las personas viven en su propia piel las consecuencias del cambio climático, que incluyen cambios en los patrones climáticos, el aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos más extremos. Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las actividades humanas hacen que esta amenaza aumente. De hecho, las emisiones nunca habían sido tan altas. Si no actuamos, la temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo y en algunas zonas del planeta podría ser todavía peor. Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados. Tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. El cambio de actitudes se acelera a medida que más personas están recurriendo a la energía renovable y a otras soluciones para reducir las emisiones. Pero el cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras nacionales. Las emisiones en un punto del planeta afectan a otros lugares lejanos. Es un problema que requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa de la cooperación internacional para que los países en desarrollo avancen hacia una economía baja en carbono. Los países están trabajando para adoptar un acuerdo global en París este mes de diciembre con el objetivo de luchar contra el cambio climático.

Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres

Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.

El 30 por ciento de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y la degradación persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación de 3.600 millones de hectáreas. La deforestación y la desertificación —provocadas por las actividades humanas y el cambio climático— suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado a las vidas y los medios de vida de millones de personas en la lucha contra la pobreza. Se están poniendo en marcha medidas destinadas a la gestión forestal y la lucha contra la desertificación.

Ley General de Cambio Climático

Título PrimeroDisposiciones Generales Capítulo Único

Artículo 1o.La presente ley es de orden público, interés general y observancia en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y establece disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Artículo 2o.Esta ley tiene por objeto:

I.Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;

II.Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático considerando en su caso, lo previsto por el artículo 2o. de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la misma;

III.Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático;

IV.Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno;

V.Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático;

VI.Establecer las bases para la concertación con la sociedad, y

VII.Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.

Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40

7. Desarrollo bajo en emisiones

7.1 Política de mitigación del cambio climático P ara lograr un desarrollo económico sustentable y sostenido que se caracterice por una baja emisión de carbono, la Ley General de Cambio Climático indica que los esfuerzos de mitigación deben iniciar con acciones de mayor potencial de reducción de emisiones al menor costo y que logren, al mismo tiempo, beneficios ambientales, sociales y económicos. Existen oportunidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que son costo efectivas y que tienen grandes cobeneficios ambientales, como es el caso de las mejoras en eficiencia energética. Igualmente, el control de los Contaminantes Climáticos de Vida Corta27 presenta oportunidades económicas atractivas para reducir compuestos con características tóxicas, que influyen de manera significativa en el incremento global de la temperatura del planeta Tierra. Las acciones orientadas a la prevención y el control de las emisiones de CCVC contribuyen simultáneamente a la mitigación del cambio climático en el corto plazo y a la mejora inmediata de la calidad del aire, generando efectos positivos en la salud pública y la conservación de los ecosistemas que componen el territorio nacional.

M3. Transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad, gestión integral de residuos y edificaciones de baja huella de carbono.

En el marco de este eje, una ciudad sustentable parte de un modelo de desarrollo urbano capaz de regular el territorio, orientando su uso hacia sistemas eficientes de movilidad, edificaciones de baja huella de carbono y una gestión integral del agua y de los residuos. El enfoque de aplicación de política es primordialmente de ámbito local.

Edificaciones

M3.2 Promover el fortalecimiento, adopción y aplicación de reglamentos, estándares y leyes para impulsar tecnologías de ahorro y aprovechamiento de agua, energía, gas, aislamiento térmico, utilización de energía renovable y prácticas de captura de carbono (por ejemplo, azoteas verdes, jardines verticales y huertos urbanos) en edificaciones nuevas y existentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas fracciones de los artículos 15, 27, 33 y 34 de la Ley General de Cambio Climático

Único.Se reforman y adicionan diversas fracciones de los artículos 15, 27, 33 y 34 de la ley general de cambio climático

Ley General de Cambio Climático

Artículo 15.El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático tiene por objeto:

I. a VII. (...)

VIII. Ejecutar las recomendaciones sobre las políticas y acciones de mitigación o adaptación al cambio climático, así como sobre las evaluaciones que en la materia realizan las dependencias de la administración pública federal centralizada y paraestatal, de las entidades federativas y de los municipios para garantizar su aplicación.

Artículo 27.La política nacional de adaptación frente al cambio climático se sustentará en instrumentos de diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación, tendrá como objetivos:

I. a VI. (...)

VII. Crear, promover y preservar azoteas verdes como acción de mitigación contra el cambio climático, sustentabilidad alimentaria y recuperación de recursos hídricos en ciudades.

Artículo 33.Los objetivos de las políticas públicas para la mitigación son:

I.(...)

II.Reducir las emisiones nacionales, a través de políticas y programas, que fomenten la transición a una economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones en carbono, incluyendo instrumentos de mercado, incentivos y otras alternativas que mejoren la relación costo- eficiencia de las medidas específicas de mitigación, disminuyendo sus costos económicos y promoviendo la competitividad, la transferencia de tecnología y el fomento del desarrollo tecnológico; generando en cada entidad federativa un área correspondiente para la aplicación de estas políticas de manera obligatoria;

Artículo 34.Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando las disposiciones siguientes:

I. a VI. (...)

VII. Reducción de emisiones en ciudades de efecto invernadero a través de las siguientes acciones sustentables obligatorias:

a) Desarrollar programas para la creación de azoteas verdes y techos fríos.

b) Desarrollar mecanismos y programas que permitan la implementación de las azoteas y techos fríos de manera paulatina en todo el país.

c) Incentivar, promover y desarrollar incentivos fiscales para promover el desarrollo de las azoteas verdes y techos fríos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de octubre de 2017.— Diputados y diputadas: Cesáreo Jorge Márquez Alvarado,Adolfo Mota Hernández, Alfredo Bejos Nicolás, Evelyng Soraya Flores Carranza, Jesús Sesma Suárez, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, María Gloria Hernández Madrid, Pedro Luis Noble Monterrubio, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Timoteo Villa Ramírez (rúbricas).»

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias diputado Márquez Alvarado. Túrnese a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.



LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

La diputada Claudia Sofía Corichi García:Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, el 14 de junio de 2016 se aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal, y esta representa, sin duda, una más avanzada y estructurada que su antecesora que tenía tantos años sin ser reformada.

Este instrumento constituye el piso mínimo de consenso internacional y el máximo para la organización de un sistema penitenciario que retome las necesidades específicas también, de las mujeres privadas de la libertad y las atienda con un enfoque de derechos.

Reconoce que las mujeres tienen necesidades, las mujeres en prisión, y problemáticas específicas. Por ello, los centros de reclusión deben contar con todas las medidas necesarias para atenderlas y para resolverlas.

Sin embargo, un tema que hoy en lo particular me ocupa y me preocupa, es el de la perspectiva de género y también la visión de sus hijos, ya que me parece que estamos dejando pasar una triste realidad de largo.

Según cifras de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, en los 37 centros penitenciarios, objeto de la encuesta, solamente el 5 por ciento son mujeres, cerca de 10 mil 600.

Las mujeres en prisión en general, y las mujeres encarceladas por delitos de drogas en lo particular, que han incrementado en los últimos años, suelen compartir las siguientes características, son pobres, procedentes de hogares y comunidades marginadas, con bajos niveles educativos, sin antecedentes penales también, la mayoría de ellas.

También la mayoría ha trabajado en diversas y numerosas actividades informales como la limpieza de casas, lavado y planchado de ropa, elaboración de alimentos, etcétera. El aumento de mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud nos indica que cada vez más mujeres se apoyan en esta dinámica para subsistir o para llevar un recurso a su hogar.

Las mujeres suelen ser reclutadas por la pareja o por el grupo familiar y ven en los delitos de drogas una manera de percibir que, por la cantidad y la rapidez de las mismas, les permiten cumplir su rol o les permiten seguir cumpliendo su rol de cuidadoras en un ambiente doméstico.

Por supuesto esto no significa que se les excuse, pero sí que se entienda la problemática. Las mujeres al entrar en prisión prácticamente son abandonadas. En primer lugar por su pareja, que no las vuelve a visitar y que solamente las utilizó como un vehículo para las drogas, pero también incluso de sus familias.

Las mujeres tienen una dinámica diferente a los hombres en la cárcel: a los hombres, sus parejas, sus familias los siguen visitando, a las mujeres prácticamente no. Por tanto, las mujeres, sus hijos e hijas sufren de manera desproporcionada los impactos del encarcelamiento, del señalamiento público. Sin duda tiene que ver con la vulnerabilidad de la cual proceden y cómo se recrudece en el espacio penitenciario.

En estos 37 centros penitenciarios que se estudiaron viven cerca de 506 niños con sus madres, sus hijos tienen enormes carencias: entre otros, carecen de ropa, de materiales escolares. Para una niña o un niño la separación de su madre o padre por la reclusión de estos en la cárcel puede tener un impacto desolador, pero particularmente el de una madre, ya que la madre es la única persona adulta de la que dependen y en términos emocionales lo principal para ellos.

Cada vez hay más estudios que hablan de esta problemática, incluso a nivel internacional. Algunos se preguntan qué es mejor para los niños o las niñas. Creo que muchos de los que estamos aquí, como padres, como madres, podemos decir que lo más importante es proteger el entorno y los derechos humanos de los niños, pero que sin duda un niño cerca de su madre es fundamental.

Por eso es que hoy vengo a esta tribuna a presentar esta iniciativa, para que hagamos una corrección a la plana y establezcamos desde la Ley Nacional de Ejecución Penal que las madres que ya están embarazadas al momento de ingresar o que tienen a sus hijos e hijas dentro de la cárcel puedan permanecer con ellos hasta los seis años.

Y a lo que nos tenemos que enfocar es a mejorar las condiciones que se les dan a estos pequeños y a estas madres en reclusión. Eso es lo que tendríamos que mejorar y no intentar separar a pequeños de tres años, a veces de menos, de sus madres.

Como antecedente tomo la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año pasado, donde concluye que las autoridades deben implementar una separación gradual, sensible y progresiva, así como garantizar que el menor mantenga un contacto cercano y frecuente con su madre, a partir de la evaluación de las necesidades y los intereses de los niños y niñas, esto cuando se evitó que un niño que querían que saliera inmediatamente por la nueva ley, se evitó que fuera así y se permitió por la Suprema Corte de Justicia que se mantuviera con su madre.

Sé que hay otras propuestas y otras opiniones. Así es que es momento de entrar en el debate, de que digamos lo que pensamos en este tema y también darle a nuestros niños, sobre todo a estos que se encuentran en una condición de profunda y absoluta vulnerabilidad, una mejor atención.

Hago un llamado también para que desde los espacios penitenciarios se les dé una atención prioritaria, de calidad y con perspectiva de derechos humanos, pero para que repensemos esto: separar a un niño de su madre en un periodo de tiempo tan pequeño, es decir cuando tienen menos de seis años, puede ser todavía peor y más porque estas mujeres que están ahí son abandonadas por sus familias y sus parejas. Muchos de estos niños terminarán en la calle, terminarán prostituyéndose, terminarán abusados.

Tenemos que pensar qué es lo mejor y empezar pronto el debate. Es cuanto, presidente, he aquí la iniciativa.

«Iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 176, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal:

Antecedentes

I. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 (Enpol) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), recientemente dada a conocer, tuvo como propósito, entre otros, generar información sobre la experiencia del internamiento de la población privada legalmente de la libertad como consecuencia de la comisión o supuesta comisión de un delito.

Según cifras de la Enpol, en los 37 centros penitenciarios objeto de la Encuesta (de un total de 272 a nivel nacional) viven 506 niños con sus madres. De acuerdo a la opinión de las madres, sus hijos tienen importantes carencias de bienes y servicios: el 97.5% de la madres dijo que el centro penitenciario no le proporciona calzado a sus hijos, el 95.0% señaló que sus hijos carecen de ropa, y el 91.9% de ellas dijo que sus hijos carecen de materiales escolares

II. El uso de la cárcel como respuesta frente a las drogas ha afectado desproporcionadamente a las mujeres.

III. En México, el número de mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud va en aumento. Esto indica dos cosas: que cada vez más mujeres se apoyan en las dinámicas del narcotráfico como opción laboral para subsistir, pero también que la política actual de drogas está centrándose en la caza de estos delitos para detener a las personas más vulnerables de la cadena.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las mujeres que ingresaron en 2014 por delitos de narcomenudeo fueron 940; en 2015, fueron 1,617 mujeres; y en 2016 se registraron los ingresos de 1,911 mujeres.

IV. Además de la falta de perspectiva de género, existen pocos datos sobre las características de la población penitenciaria de mujeres.

V. El impacto del actual marco de las políticas de drogas en la región se refleja claramente en estos datos, específicamente el uso de la prisión preventiva y de penas desproporcionales que no toman en cuenta las condiciones de involucramiento y los modos de participaciónde las mujeres en estos delitos, convirtiéndose de esta manera, en una reacción penal no sólo desprovista de perspectiva de género, sino desmedida y con efectos trascendentes sobre todo su entorno familiar y comunitario.

Las mujeres sufren de manera desproporcionada los impactos del encarcelamiento por las situaciones de vulnerabilidad de las cuales proceden y porque dichas condiciones se recrudecen en el espacio penitenciario. Diversos estudios confirman que las mujeres sufren las consecuencias de la persistencia de relaciones de género asimétricas que operan en detrimento de sus vidas y las de sus familias, y que estas condiciones se agravan porque viven en la región con los más altos índices de desigualdad en el mundo.

Ante esta realidad, el tráfico de drogas les ofrece opciones de empleo ilegal que les permiten, además, seguir cumpliendo con funciones sociales tradicionalmente adscritas a las mujeres, especialmente aquéllas relacionadas con los cuidados de niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermas, entre otras personas dependientes. Las redes de tráfico de drogas reclutan a las mujeres más vulnerables para desempeñarse en los roles más bajos y peligrosos. Asimismo, su involucramiento está relacionado con la reproducción de relaciones y roles de género tradicionales: suelen ser reclutadas por la pareja o por el grupo familiar y ven en los delitos de drogas una manera de percibir ganancias que les permiten cumplir con su rol de cuidadoras en el ambiente doméstico.

VI. El Estado mexicano se ha comprometido a revertir lo anterior, al firmar y ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos; integrando un amplio marco de protección, dentro del cual destacan obligaciones específicas como las contenidas en la CEDAW: modificar o derogar las normas, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer, en especial las disposiciones penales; e implementar las medidas necesarias para abandonar los prejuicios y prácticas consuetudinarias basadas en la idea de inferioridad o superioridad de los sexos. Asimismo, la Convención Belem Do Pará, establece que los Estados deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres con independencia del ámbito en que ocurra y de quién la perpetre.

VII. A nivel nacional, los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución, obligan a las autoridades de procuración e impartición de justicia a desarrollar y contar con lineamientos para analizar cómo el orden social de género reparte la valoración, el poder, los recursos y las oportunidades de forma diferenciada; considerando la situación de desventaja histórica de las mujeres en la determinación de su responsabilidad penal, incluida la atribución de autoría y participación en la comisión de delitos. Por último, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) elucida qué se entiende por perspectiva de género y cuáles son los tipos de violencia contra las mujeres, así como las herramientas para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla.

Consideraciones

Primera.Las mujeres privadas de su libertad por diferentes delitos ascienden en México a más de 12 mil personas, siendo los delitos relacionados con drogas el delito más común con un porcentaje del 12 por ciento en 2013; este porcentaje en América Latina alcanza al 70 por ciento de mujeres.

Segunda. Actualmente, en México no existen las condiciones para que las mujeres privadas de la libertad puedan ser alojadas en centros de reclusión cercanos a su domicilio y, al mismo tiempo, acondicionados de manera adecuada para ellas y las hijas e hijos que viven con ellas. El principal argumento para justificar y mantener esta situación es que las mujeres en prisión representan un porcentaje significativamente menor en comparación con los hombres privados de la libertad. De conformidad con el “Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional” de la Comisión Nacional de Seguridad” (CNS, julio 2016), las mujeres representan 5 por ciento del total de la población penitenciaria y la mayoría se encuentra detenida en calidad de procesada o sentenciada por delitos del fuerocomún.

Tercera.De acuerdo con el Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicanade 2015, los centros que albergan a mujeres se caracterizan por situaciones que vulneran los derechos humanos de las mujeres y de las hijas e hijos que viven con ellas, incluyendo maltrato, deficiencias en las condiciones materiales, condiciones de desigualdad de las áreas femeniles respecto de las instalaciones destinadas a los hombres, deficiencias en la alimentación, sobrepoblación y hacinamiento, autogobierno, cobros y privilegios, violencia sexual, inadecuada separación, irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, diversidad de criterios sobre la permanencia de los menores de edad que viven con sus madres y falta de apoyo para que accedan a los servicios de guardería y educación básica, entre otros.

Cuarta. Resolución “Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas

En marzo de 2016 se realizó en Viena la 59 sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND) del Consejo Económicos y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se analizaron borradores de resoluciones sobre distintos temas, promovidas por países específicos, una de ellas es la Resolución “Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas”.9 Ésta fue redactada y propuesta originalmente por México, y fue presentada en la CND con el apoyo de Costa Rica y Brasil. En la Resolución, las mujeres en conflicto con las leyes de drogas son descritas como pobres, con poca educación, principales o únicas responsables de sus hijos e hijas u otras personas dependientes, que son utilizadas por el crimen organizado.

La Resolución aboga a favor de medidas alternativas en el caso de mujeres embarazadas y madres, acusadas de delitos menores y no violentos, así como la implementación de las distintas normas de las Naciones Unidas en materia de población en reclusión, especialmente las Reglas de Bangkok, enfocadas en mujeres y niñas privadas de la libertad:

[La comisión de Estupefacientes] Alienta a los Estados Miembros a que tomen en consideración las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres detenidas, procesadas o juzgadas, o a las que se hayan impuesto condenas por delitos relacionados con las drogas , cuando formulen medidas que tengan en cuenta el género como parte integrante de sus políticas de prevención del delito y justicia penal, incluidas medidas apropiadas para llevar ante la justicia a los autores de abusos contra las mujeres detenidas o encarceladas por delitos relacionados con las drogas, utilicen, según proceda, a las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio) y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela);

5. Insta a los Estados Miembros a que ejecuten programas de base amplia para impedir la utilización de mujeres y niñas como correos en el tráfico de drogas, y solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que preste asistencia a los Estados para que formulen dichos programas a fin de luchar contra la utilización y participación de las mujeres en el comercio ilícito de drogas y adoptar medidas penales adecuadas contra los grupos delictivos organizados que utilicen a mujeres y niñas como correos;

6. Pone de relieve que, sin perjuicio del principio de igualdad de todos ante la ley, al dictar sentencia o decidir medidas previas al juicio respecto de una mujer embarazada o que sea la principal o única responsable de cuidar de un niño o niña, se debería dar preferencia a las medidas no privativas de la libertad, de ser posible y apropiado, y considerar la posibilidad de imponer penas que supongan privación de la libertad cuando se trate de delitos graves o violentos, y, en este sentido, invita a los Estados Miembros a que se basen en la publicación de la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito titulada Guidelines for Identification and Management of Substance Use and Substance Use Disorders in Pregnancy, cuando proceda, y de conformidad con la legislación nacional.

México tiene un compromiso formal y moral para traducir en realidad los acuerdos plasmados en el texto de la Resolución y transversalizar la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas. La iniciativa expuesta a continuación representa un esfuerzo para concretar los compromisos que México ha asumido ante las Naciones Unidas y, por lo tanto, ante la comunidad internacional; plantea reformas que, de aprobarse, pueden garantizar la protección y defensa de los derechos de las mujeres, contribuyendo de esta manera a reducir la violencia de género institucional; fomenta el desarrollo de un sistema penal basado en la proporcionalidad, individualización y no trascendencia de la pena y contribuye a construir una sociedad justa, en la cual el delito es sancionado pero no en detrimento de los derechos humanos de las personas.

Quinta. Que la LNEP contiene disposiciones específicas para las mujeres privadas de la libertad, sus hijas e hijos, que se alinean a los estándares internacionales establecidos en las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes,conocidas como Reglas de Bangkok. No obstante, existen algunas inconsistencias entre artículos de la LNEP (por ejemplo, entre disposiciones del artículo 10 y del artículo 36) que se procuran atender en esta iniciativa, para una protección más amplia de los derechos de los grupos señalados, en atención a la reforma penal de 2008 – en especial, la judicialización del sistema penitenciario – y la reforma en materia de derechos humanos de 2011. “Como lo explica la magistrada Hernández Chong Cuy, con la reforma al artículo 21 constitucional en el seno de la reforma penal de 2008, se subraya que la etapa de ejecución penal forma parte del proceso penal; asuntos como los traslados o el otorgamiento de reductivos de la pena ya no son prerrogativas de las autoridades administrativas sino de los organismos judiciales. De esta manera, se transita de una concepción organizacional del sistema penitenciario, es decir, de gestión de personas, a un sistema de pleno reconocimiento de la titularidad de derechos de las personas privadas de la libertad. Dicha transición debe abarcar necesariamente a las personas menores de dieciocho años, de personas con discapacidad o enfermedad grave y personas adultas mayores a cargo de las personas privadas de la libertad; por lo tanto, decisiones acerca de su ingreso, o permanencia en el centro, entre otras, no pueden quedar bajo el poder decisional de la autoridad penitenciaria”.

Sexta. Que debe oponerse cualquier discriminación de las hijas e hijos de las internas en razón de su nacimiento o edad. La actual LNEP somete derechos de las hijas e hijos de las personas privadas de la libertad a límites etarios o a si nacieron antes o después de la reclusión de la madre, poniendo en riesgo, mediante disposiciones discriminatorias, a aquéllos que no cumplen con requisitos legales arbitrarios, mismos que se intentan reparar con las reformas propuestas.

Séptima. Que el principio de mantenimiento del menor en su familia biológica está contenido en la Declaración de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1959, en cuanto dispone que para su pleno desarrollo, el menor necesita del amor y comprensión de una familia, por lo que debe crecer bajo los cuidados y afecto de sus padres en un ambiente de seguridad moral y material.

Octava. Que este principio se recoge en la Declaración de las Naciones Unidas de 3 diciembre de 1986, al señalar que: “siempre que sea posible, el niño deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material”, y fue codificado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el día 10 de agosto de 1990, por cuanto establece que: “el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”.

Novena. Que de conformidad con el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño, el Estado tiene la obligación de velar porque el menor no sea separado de sus progenitores salvo cuando ello resulte necesario en el interés superior del niño. Asimismo, aun cuando sea preciso separar al menor de sus progenitores, el Estado debe garantizar que el niño pueda mantener contacto directo con ambos padres de manera regular, a menos que tal circunstancia resulte contraria a sus intereses.

Por lo anteriormente expuesto es que, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de:

Decreto

Por el que se modifican las fracciones VI, el segundo párrafo de la fracción IX y la fracción X, del artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal

Primero.Se modifican las fracciones VI, el segundo párrafo de la fracción IX y la fracción X del artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar como sigue:

Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario

Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho a:

I. a V. ...

VI. Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de seis años a fin de que pueda permanecer con la madre en el Centro Penitenciario, de conformidad a las disposiciones aplicables;

VII. ...

VIII. ...

IX. Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su cuidado.

Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la hija o el hijo menor de seis años, durante su estancia en el Centro Penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable en la familia de origen, la Autoridad Penitenciaria establecerá los criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño.

Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades federativas;

Segundo. Se modifican las fracciones I y III del artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar como sigue:

Artículo 36. Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos.

Las mujeres privadas de la libertad embarazadas deberán contar con atención médica obstétrico-ginecológica y pediátrica, durante el embarazo, el parto y el puerperio, el cual deberá realizarse en hospitales o lugares específicos establecidos en el Centro Penitenciario cuando cuenten con las instalaciones y el personal de salud especializado. En caso de no contar con las instalaciones o con personal médico y que la condición de salud de la mujer o del producto de la concepción requieran de atención, ésta se garantizará en instituciones públicas del Sector Salud.

En los casos de nacimiento de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad dentro de los Centros Penitenciarios, queda prohibida toda alusión a esa circunstancia en el acta del registro civil correspondiente.

Las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad, que nacieron durante el internamiento de estas, podrán permanecer con su madre dentro del Centro Penitenciario durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que la niña o el niño hayan cumplido tres años de edad, garantizando en cada caso el interés superior de la niñez.

Las mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, además de los derechos humanos reconocidos tendrán derecho a lo siguiente:

I. Convivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que cumpla los seis años de edad.

II. ...

III. A que su hija o hijo reciba educación inicial y tenga acceso a participar en actividades recreativas y lúdicas hasta los seis años de edad.

IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Se puede consultar en:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enpol/enpol2017_07.pdf

2 CNDH, Informe Especial sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana. Nov. 2016

3 Resolución 70/1 de la Asamblea General. Se puede consultar en:

http://equis.org.mx/wp-content/uploads/2016/04/Resolucion_-Genero_CND.pdf

4 Sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo 644/2016, otorgado a una reclusa contra el artículo 32 del Reglamento de los Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de octubre de 2017.— Diputadas y diputados: Claudia Sofía Corichi García,David Jiménez Rumbo, Francisco Xavier Nava Palacios, Herminio Corral Estrada, Hortensia Aragón Castillo, Jesús Antonio López Rodríguez, Jorge Tello López, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Lilia Arminda García Escobar, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, María Mercedes Aguilar López, Norma Edith Martínez Guzmán, Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbricas).»

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Claudia Corichi García. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: ¿Con qué objeto, diputada Hortensia Aragón?

La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde la curul): Presidente, con el objeto de sumarme a la iniciativa que la diputada Corichi ha presentado. Tiene totalmente razón, en la ley que se aprobó con anterioridad se disminuye la edad y, con ello, se disminuye por supuesto el interés superior que debe prevalecer, que es el de los niños y niñas.

Me parece que es de gran relevancia lo que ha planteado y sumarnos a su iniciativa, como otros diputados de aquí de la fracción parlamentaria del PRD lo han expresado. Será por supuesto una razón más para que en esta legislatura se corrijan muchas de las inconsistencias que se han venido presentando en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Claro que sí. Tiene la anuencia de la diputada Claudia Corichi y está a su disposición en la Secretaría de la Mesa Directiva para todos los diputados y diputadas que deseen adherirse a la iniciativa de la diputada Corichi.



LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

La diputada Karina Sánchez Ruiz:Con el permiso de la Presidencia.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputada.

La diputada Karina Sánchez Ruiz: Un saludo fraterno a todos los que nos siguen a través del Canal del Congreso y las redes sociales, buenas tardes. Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, cuya finalidad es incorporar en el texto de la ley disposiciones que garanticen la rendición de cuentas de la política social del país.

Dentro de los principales objetivos de la Ley de Desarrollo Social se encuentra definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la política nacional de desarrollo social, y establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la misma.

A pesar de esta disposición, el gasto y las políticas de desarrollo asignan los recursos públicos sin considerar los resultados que se pretenden alcanzar, ya que la programación de recursos se hace con base en el presupuesto del año anterior, se haya o no se haya cumplido con las expectativas planteadas.

Ejemplo de lo anterior, es que en febrero pasado la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de la auditoría realizada a la cuenta pública 2015, donde se hizo una crítica al programa Cruzada Nacional contra el Hambre.

Uno de los comentarios que hace la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de Desarrollo Social consiste en que no fueron atendidas las recomendaciones realizadas con respecto a las reglas de operación de 2016 sobre los programas que participan en la cruzada nacional en cita.

Es de señalar que la Ley General de Desarrollo Social creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como instancia con atribuciones para medir la pobreza y evaluar la política social, de desarrollo social.

En su artículo 82, la ley señala que el Consejo estará integrado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social o la persona que este llegue a designar. También por seis investigadores académicos y por un secretario ejecutivo que designará el presidente de la República.

En Nueva Alianza consideramos que es preciso modificar este modelo, ya que incurre en evidente conflicto de interés al ser la Secretaría juez y parte o, en este caso, evaluado y evaluador, situación que resta transparencia a la información que derive de las evaluaciones que se realicen.

Para que las políticas de desarrollo social funcionen y disminuyan efectivamente la enorme brecha de desigualdad que afecta a millones de personas, es imprescindible que se evalúen de manera constante los programas que se llevan a cabo desde el gobierno federal.

Los recursos del país son limitados y los retos y la incertidumbre internacional que enfrentamos nos impone un compromiso cada día mayor para que estos recursos sean ejercidos de forma responsable, transparente y rindiendo cuentas.

Por estos motivos, en Nueva Alianza proponemos que sea incorporada en el texto de la ley la obligación de considerar los resultados y las recomendaciones que emite la Auditoría Superior de la Federación en las evaluaciones multidisciplinarias que realiza el Coneval.

Es preciso que la ley que conduce los esfuerzos del Estado para terminar con la pobreza esté dotada de todos los mecanismos necesarios para que los recursos sean ejercidos de la mejor manera posible, y basándose, sobre todo, en resultados.

Las y los diputados turquesa estamos convencidos que la simple dádiva no generará un cambio, ninguna mejora sustantiva en niveles de vida de la población. Es preciso crear, sobre todo, oportunidades verdaderas de desarrollo para millones de mexicanas y mexicanos.

La política social debe estar estrictamente evaluada para ver su funcionalidad, porque de ella depende el futuro y aún, más que nada, el presente de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Karina Sánchez Ruiz, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, al tenor de la siguiente

Planteamiento del problema

En México, ante la necesidad de incrementar el nivel de desarrollo en materia social, se ha incrementado el interés por buscar nuevos programas o estrategias que nos permitan cumplir con los objetivos de las políticas sociales. No obstante tales esfuerzos, en el ejercicio de recursos de los recursos públicos del Estado se aprecian diversas oportunidades de mejora al observarse que, entre otras situaciones, la asignación del gasto para los programas instrumentados no brinda certeza sobre su efectividad, las evaluaciones de impacto no son una práctica común y cuando éstas evaluaciones se realizan, tienden a enfocarse en el número de personas beneficiadas, el monto de los recursos asignados o la cobertura, en lugar de analizar los resultados obtenidos.

Lo anterior representa un lacerante desperdicio de recursos, mismo que, en un entorno de escasez, como el que se presenta en nuestro país, resulta inaceptable.

En este sentido, uno de los obstáculos que se tienen que subsanar para obtener resultados más eficaces en materia de desarrollo social tiene que ver con el aspecto inercial y con el enfoque actualmente utilizado para programar y etiquetar el presupuesto público en diversos programas. Es decir, regularmente, el gasto y las políticas de desarrollo asignan los recursos públicos en función de una determinada cantidad, sin considerar los resultados que, preferentemente, se deberían pretender alcanzar; a lo anterior debe añadírsele que la mayoría de la programación de recursos se hacen con base en el presupuesto del programa del año anterior, mediando algunos ajustes de acuerdo a la inflación.

Como muestra de lo anterior, en febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer los resultados de la auditoría realizada a la Cuenta Pública de 2015, donde se señaló una crítica a uno de los programas sociales más representativos de la actual administración, el denominado Cruzada contra el Hambre, señalando que “persisten deficiencias de diseño, por lo cual no ha logrado abatir la pobreza alimentaria y ni siquiera ha podido acreditar avances en este tema.” Además de que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) “no acreditó en qué medida se atendieron las carencias que presentó cada persona, a fin de erradicar la pobreza extrema alimentaria.” 1 Entre las anomalías detectadas se encuentra que no se atendieron las recomendaciones realizadas por los consejeros con respecto a las Reglas de Operación de 2016, en lo que respecta a los programas que participan en la mencionada cruzada.

En Nueva Alianza consideramos que el bajo cumplimiento de los objetivos de la política social y, en específico, una de las razones por las cuales no se atienden las recomendaciones realizadas por la instancia del Estado mexicano responsable de señalar los yerros de la política social, en nuestro caso, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), es porque a pesar de que se integra por investigadores que provienen de instituciones con prestigio nacional, se encuentra presidido por el titular de la Sedesol; es decir, quien dirige al equipo de consejeros que evalúa la ejecución de la política social y, en consecuencia, las acciones y estrategias de diversas dependencias del Ejecutivo federal, es el titular de una de esas mismas dependencia, lo cual, evidentemente cuestiona el rigor con que se realizan las evaluaciones.

Partiendo del hecho de que evaluar implica la aplicación de un modelo o metodología capaz de producir información válida y confiable, la cual permita el establecimiento de juicios sobre el qué y el cómo de los logros de una determinada actuación, 2 cobra especial relevancia que los ejercicios de evaluación sean más estrictos, objetivos e imparciales y, así, contribuyan a perseguir los objetivos de la política social.

De ahí que, como grupo parlamentario, en Nueva Alianza consideremos necesario que los resultados de la ASF sean retomados en los ejercicios de evaluación de la política social, a fin de enriquecer y precisar los conocimientos con respecto a los logros de los programas sociales, lo cual permitirá realizar la reorientación necesaria, así como atender la transparencia en el uso y destino de los recursos utilizados para su cumplimiento.

Argumentación

El modelo de política social que han aplicado los gobiernos ha cambiado de acuerdo a la visión de desarrollo de cada país y en función del contexto internacional, mostrando características asistencialistas, o posicionándose en un papel secundario; incluso, en épocas de crisis económicas, los programas de carácter social han sido los primeros en sufrir recortes presupuestales, tal como pasó en Asia y en América Latina, a diferencia de algunos países europeos, donde se asignaron sustanciales presupuestos a las políticas públicas en materia social, lo cual les permitió alcanzar niveles de prosperidad poco frecuentes en el mundo 3.

Hoy en día existe un consenso generalizado con el hecho de que una de las funciones básicas y necesarias del Estado sea el establecimiento de una política social acorde y paralela a los beneficios del crecimiento económico, puesto que éstos últimos no pueden alcanzar automáticamente a todos los ciudadanos. Su justificación no es sólo de carácter humanitario, sino por la necesidad de promover el siempre anhelado crecimiento económico, así como para mantener la estabilidad política y, al mismo tiempo, mantener el apoyo de los ciudadanos y disminuir las desigualdades sociales.

En el año 2004, la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), aprobada por todos los partidos políticos representados en esa legislatura, crea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como instancia con atribuciones para medir la pobreza y evaluar la política de desarrollo social, siendo importante destacar que la conducción de dichas políticas fue asignada como una tarea de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dependencia federal que quedó a cargo de la nueva instancia evaluadora.

La creación del Coneval es un reflejo de dos tipos de estímulos, los externos y los internos; como estímulo externo podemos señalar la influencia del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, la cual se manifiesta a través de su enfoque multidimensional para evaluar la pobreza. Ello, además de ser las instancias que, de acuerdo a Salomón Nahmad, exconsejero de Coneval en el periodo 2010-2014, empujaron a diversos países para que realizaran evaluaciones de sus programas sociales. 4

En cuanto a los estímulos internos, el Consejo nace como una “preocupación” del entonces partido opositor PRI, y del PRD, para vigilar el gasto público de los programas sociales llevados a cabo por la Sedesol durante la administración de Vicente Fox Quezada, para lo cual, estos partidos propusieron la creación de un organismo encargado de evaluar la política social del gobierno federal de entonces.

A partir de noviembre de 2005, el doctor Gonzalo Hernández Licona fue nombrado secretario Ejecutivo del Coneval y ha sido ratificado por los todos secretarios de Desarrollo Social que ha tenido nuestro país a partir de esa fecha, lo cual puede considerarse un reconocimiento a su desempeño al frente del citado consejo. No obstante, no puede depositarse la dirección de una de las instituciones que evalúa una de los aspectos más importante de nuestra democracia, como es el combate a la pobreza, sólo en el prestigio, por muy demostrada honorabilidad que se posea.

Actualmente la LGDS establece la creación de un Consejo de Evaluación integrado por seis investigadores, cuyas características impiden cuestionar su prestigio; sin embargo, considera que la máxima autoridad responsable de dicho organismo estará encabezado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social o quien éste designe.

Como se ha mencionado líneas arriba, el doctor Hernández Licona ha sido el único titular, lo cual, de suyo, no representa un problema, su innegable prestigio ha incentivado que sea ratificado en repetidas ocasiones. Sin embargo, nos obliga a reflexionar sobre lo que podría ocurrir en caso de que sea relevado, aspecto que normativamente deriva en la factibilidad de que la titularidad recaiga en el mismo titular de la Sedesol, o en alguien a quien él designe. Lo anterior estaría actualizando el supuesto de incurrir en un conflicto de interés al ser juez y parte; es decir, evaluado y evaluador podrían ser la misma persona o al menos perseguir los mismos intereses, lo cual resta transparencia a la información que derive de las evaluaciones que se realicen bajo su conducción.

En otro tenor, continuando con la importancia de fortalecer la evaluación de la política social, consideramos que si el objetivo de las políticas sociales radica en mejorar el nivel de vida de la población, al compensar la desigualdad social a través de mecanismos de redistribución de recursos, entonces debemos plantear el criterio de equidad como su principal guía.

Así, resulta sencillo entender el motivo por el cual se ha incrementado el interés por calificar las estrategias y acciones que en esta materia realizan los gobiernos, lo cual ha propiciado la necesidad de evaluar de manera constante los programas que se encauzan desde el nivel federal y que permean en todos los niveles de gobierno. La intención de evaluar es, o al menos debería ser, conocer la eficiencia y eficacia de la acción de gobierno, seleccionar los más eficientes, rediseñar en caso de ser necesario y cancelar los que sean ineficaces.

De ahí la imperiosa necesidad de que las evaluaciones multidisciplinarias que realiza el Coneval consideren los resultados y recomendaciones que emite la Auditoría Superior de la Federación, como resultado de sus auditorías a la Cuenta Pública de ejercicios anteriores, las cuales contienen observaciones pertinentes a fin de reorientar la implementación de programas en curso y mejorar el diseño para aquellos que aún se están elaborando. Con ello, tenemos la confianza de que se incentiva y fortalece la evaluación orientada a resultados.

Se puede inferir que los programas de desarrollo social en México se han enfocado más a la ejecución de medidas de corte populista, a la ayuda temporal a los más necesitados, que en programas que busquen promover un verdadero desarrollo en los sectores de la sociedad menos favorecidos. Es decir, al continuar evaluando con base en el presupuesto otorgado y número de beneficiados, sólo se seguirán brindando paliativos y, de continuar con esta política, ningún presupuesto ni programa social alcanzará para abatir la pobreza y fomentar el desarrollo del país.

En Nueva Alianza creemos que es necesario imprimirle mayor importancia a los resultados de las auditorías realizadas por el manejo de los recursos otorgados a los programas sociales, ya que los usos indebidos del presupuesto representan fallas en la correcta implementación del programa y, por ende, el incumplimiento de los resultados establecidos; más allá de esto, en un flagrante despilfarro de recursos públicos.

Fundamento legal

Por las consideraciones anteriormente expuestas, en mi calidad de diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social

Artículo Primero.Se reforman el artículo 21; la fracción III del artículo 23; el artículo 72; el artículo 80 y el artículo 82; todos de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 21.La distribución de los fondos de aportaciones federales y de los ramos generales relativos a los programas sociales de educación, salud, alimentación, infraestructura social y generación de empleos productivos y mejoramiento del ingreso se hará con criterios de equidad , transparencia y rendición de cuentas, conforme a la normatividad aplicable.

Artículo 23....

I.y II. ...

III.Se basará en indicadores y lineamientos generales de eficacia, de cantidad , calidad y transparencia en la prestación de los servicios sociales, y

IV....

Artículo 72.La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, en las que deberá considerar las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, a partir de las auditorías realizadas en materia de desarrollo social,y tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

Artículo 80.De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Socialpodrá deberá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público.

Artículo 82.El Consejo estará integrado de la siguiente forma:

I. Se deroga.

II. Siete investigadores académicos, que sean o hayan sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con amplia experiencia en la materia y que colaboren en instituciones de educación superior y de investigación inscritas en el Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de entre quienes el Ejecutivo federal elegirá al titular del organismo y

III. Un secretario ejecutivo designado por consenso entre los siete integrantes del Consejo.

Artículo Segundo.Se adiciona una fracción XI al artículo 3 y una fracción VI al artículo 71; todos de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 3.La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios:

I.a X....

XI. Rendición de cuentas: Conjunto de normas y procedimientos que tienen como propósito fortalecer la legalidad y las responsabilidades públicas y sancionar a los actores que las asumen.

71.Son funciones de la Contraloría Social:

I.a V. ...

VI. Recomendar modificaciones en el diseño de programas o estrategias, en caso de que la Auditoría Superior de la Federación haya detectado deficiencias en su planeación, ejecución y/o evaluación.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social contará con 180 días naturales para actualizar las disposiciones reglamentarias que deriven del presente decreto.

Notas

1 Disponible en:

http://www.animalpolitico.com/2017/02/desvios-millonarios-programas-cuenta/, consultado el 4 de mayo de 2017.

2 Disponible en:

http://www.eumed.net/rev/cccss/20/vcgp.html , consultado el 8 de mayo de 2017.

3 Ortiz Isabel, Políticas Públicas, Guías de Orientación de Políticas Públicas de la Organización de las Naciones Unidas, 200, Disponible en:

https://esa.un.org/techcoop/documents/socialpolicy_spanish.pdf

4 “El Coneval. La institucionalización del concepto oficial de la pobreza en México” Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias sociales, núm. 16, 2013, pp. 177-190 Asociación Castellano Manchega de Sociología Toledo, España, Disponible en

www.redalyc.org/pdf/3221/322128810012.pdf, consultado el 4 de mayo de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2017.— Diputada Karina Sánchez Ruiz(rúbrica).»

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Karina Sánchez Ruiz. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.



LEY DEL SEGURO SOCIAL

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola:Buenas tardes. Muchas gracias, diputado presidente.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputada.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. A quienes nos siguen por diferentes medios de comunicación y redes sociales, un saludo afectuoso.

Acudo ante esta tribuna a presentar una iniciativa que es preocupación de la suscrita y que tiene por objeto primordial el hacer efectivo en la práctica el reconocimiento del derecho a la igualdad y equidad entre hombres y mujeres.

La iniciativa pretende reformar los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, eliminando dos requisitos fundamentales de ella, que se encuentran ya superados por nuestra realidad social.

Actualmente, ambos artículos contemplan como requisito que los padres trabajadores asegurados puedan ofrecer a sus hijos la prestación de guardería y deben ser viudos o divorciados, y de ser divorciados tener la guardia y custodia del menor. Condiciones que para el caso de la mujer trabajadora no exige la ley y ante ello desde luego que transgrede el principio de la igualdad.

Es cierto que esta distinción fue adoptada como una política social dirigida a un grupo históricamente discriminado, como lo son las mujeres, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y salvaguardar sus derechos laborales. Sin embargo, el resultado tiene un efecto colateral negativo que afecta los derechos no solo del menor sino de la esposa del trabajador que requiere el servicio de guardería.

En consecuencia, la aplicación del texto vigente tiene resultados negativos en los derechos de la esposa del trabajador asegurado, así como del menor. Por cuanto a los derechos de la esposa del trabajador el texto actual le impone irracionalmente la obligación del cuidado de los hijos y del hogar, ama de casa de tiempo completo, impidiendo a estas mujeres gozar del derecho de elegir libremente la actividad que mejor le convenga, como pudiera ser la cátedra, la política, las artes o algún desempeño en el sector privado, etcétera.

En consecuencia, del impedimento legal que tiene el trabajador para hacer efectivo el derecho de guardería para sus hijos, se les niega a los menores también el derecho de acceder a un espacio de formación integral.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo de revisión 59/2016, determinó que el texto vigente de los artículos 201 y 205 de la Ley General del Seguro Social transgrede el derecho de igualdad.

Ante esta resolución, es necesario eliminar de la ley una práctica que no favorece la disminución de la brecha de desigualdad entre el hombre y la mujer. Por el contrario, enquista en el ideario popular la idea de que la mujer debe quedarse en su casa al cuidado del hogar y de los hijos.

Como puede advertirse, esta iniciativa de reforma no solo impacta en los derechos laborales del trabajador, sino también lo hace y con resultados negativos en los derechos de igualdad de género y derechos de los menores.

Por ello, solicito muy atentamente a la Presidencia de la Mesa Directiva turnar la presente iniciativa a las Comisiones de Seguridad Social, de Igualdad de Género, de Trabajo y Previsión Social, así como a la de los Derechos de la Niñez, para que se enriquezca el enfoque del dictamen que en su momento genere esta iniciativa y no solo desde un enfoque económico que pudiera afectar las finanzas públicas. Por su adhesión a esta iniciativa, muchas gracias.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Diputada, una pregunta. ¿A qué comisiones está solicitando turno?

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: A la Comisión de Seguridad Social, de Igualdad de Género, de Trabajo y Previsión Social y así como a los Derechos de la Niñez, para que no pase lo mismo.

«Iniciativa que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, Refugio Trinidad Garzón Canchola, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país, la constitucionalidad es una responsabilidad compartida de quienes conforman e integran los distintos Poderes de la Unión, y una obligación en el ámbito de sus competencias y atribuciones.

En ese orden de ideas, el Estado tiene la irrestricta responsabilidad de actuar frente al gobernado, al amparo de las garantías reconocidas por nuestro derecho positivo vigente, en un marco de respeto, proporcionalidad, igualdad y justicia, tal y como lo establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Bajo ésta premisa, es indiscutible que la igualdad de género se encuentra directamente ligada al respeto a la dignidad humana,en consecuencia, el uso, disfrute y aprovechamiento de los derechos y su ejercicio en cualquier ámbito, debe tornarse efectivo.

Sin bien es cierto que históricamente, ha existido en nuestra sociedad una desigualdad marcada entre hombres y mujeres, también lo es que el avance en cuanto al empoderamiento de la mujer en todos los aspectos, no debe adolecer de la misma característica que durante épocas enteras ha lacerado la dignidad de aquellas como personas y que es la discriminación; por el contrario, encontrar el equilibrio de las potencialidades de cada uno de los sexos, resulta una tarea y una práctica interesante para los gobiernos, que pugnan por la desaparición de inequidades, con la visión de lograr un desarrollo completo y armonizado del ser humano en sociedad, sea hombre o mujer.

Con la presente iniciativa, se pretende contribuir al respeto absoluto del derecho de igualdad entre hombres y mujeres y a la desaparición de una norma discriminatoria en perjuicio del sexo masculino,pero que tal como expondré más adelante, causa un efecto colateral que violenta derechos humanos de la mujer y del menor, tal es el caso de los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, y que actualmente rezan:

Artículo 201.

El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor.

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.

Artículo 205.

Las madres aseguradas , los viudos, divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.

El servicio de guarderías se proporcionará en el turno matutino y vespertino, pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna

Énfasis añadido.

De la transcripción de dichos preceptos legales se colige que el derecho a guarderíapara los hijos de los trabajadores, se encuentra supeditado a una condición de estado civil, situación contraria al espíritu de la prestación laboral, establecida en la fracción XXIX, del apartado A, del artículo 123 de la Constitución, misma que para efectos de una mejor ilustración transcribo en sus términos:

Artículo 123.

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

I. A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

I.I. a XXVIII...

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

Como se advierte de la lectura del segundo párrafo del artículo 123 constitucional, el Congreso de la Unión tiene la facultad expresa de expedir leyes en materia de trabajo, bajo el requisito sine qua non, de que éstas leyes no contravengan las bases establecidas en cada una de las fracciones del apartado “A” de dicho artículo, y en el caso que nos ocupa, el derecho a las guarderías se adquiere con el simple vínculo laboral, siendo independiente de factores de carácter económico, cultural, médico o de género, puesto que resulta una garantía de carácter obligatorio para el Estado sin distingo de raza, sexo o condición social.

Sin embargo, la Ley del Seguro Social contraviene a la fracción XXIX del Apartado “A” del artículo 123 Constitucional, al exigir en sus artículos 201 y 205, requisitos adicionales, tales como el ser viudo o divorciado y que judicialmente tenga confiada la custodia de su o sus hijos;vulnerando no solo el derecho social de los trabajadores a usar y disfrutar con sus menores hijos de una guardería, sino también el derecho humano del menor, que al estar rodeado de tales circunstancias, el Estado le priva del derecho a una espacio de formación integral.

De ahí que, para la suscrita, la permanencia de dicho precepto en sus términos, resulta discriminatorio, siendo que por una parte, coloca al trabajador varón en la imposibilidad de gozar de su derecho a la guardería, y por la otra, trasgrede la libertad de quien en ese momento es su cónyuge o concubina, a elegir libremente la profesión, industria, comercio, o trabajo, en virtud de que el texto vigente de dichos artículos la abandona únicamente a actividades domésticas, limitando con ello, el derecho humano contemplado en el artículo 5 constitucional de elegir la actividad que mejor convenga a sus intereses, en consecuencia, hago énfasis, que el simple texto de los artículos a reformar, constituye un agravante más para alcanzar el modelo de equidad que las mujeres necesitamos.

En torno a la presente iniciativa, es de destacar la intención fallida de legisladores de diferentes corrientes políticas de reformar los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, sin embargo, es necesario insistir en el tema máxime que el planteamiento atiende a uno de los más controvertidos precedentes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia del derecho de los padres trabajadores a la prestación de guardería para sus hijos, sentado mediante el criterio consultable en el amparo en revisión 59/2016,y resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Resolución que se traduce en la tesis registrada bajo el rubro guarderías del IMSS. Al preverse requisitos diferenciados a la mujer y varón asegurados para acceder a este servicio, se transgrede el derecho a la igualdad;misma que robustece mi dicho y que deja en evidencia la contradicción de los artículos 201 y 205 de la Ley de Seguridad Social ,con el espíritu de los artículos constitucionales 4 y 123 apartado A, fracción XXIX, Mismo transcribo en sus términos:

Época: Décima Época

Registro: 2013233

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I

Materia(s): Constitucional

Tesis: 2a. CXXXIII/2016 (10a.)

Página: 909

Guarderías del IMSS. Al preverse requisitos diferenciados a la mujer y varón asegurados para acceder a este servicio, se transgrede el derecho a la igualdad.

Conforme a los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, 2o. y 3o. del Reglamento para la Prestación del Servicio relativo, así como la Regla 8.1.3. de la Norma que Establece las Disposiciones para la Operación del Servicio citado, emitida el 22 de octubre de 2012, el IMSS presta el servicio de guardería tanto a la mujer como al varón asegurados cuyos derechos se encuentren vigentes en esa institución, pero a este último sólo se le otorga dicha prestación en determinados casos, ya que para obtenerla debe acreditar que es viudo, divorciado o que por resolución judicial ejerce la custodia o la patria potestad de sus menores hijos. Ahora bien, de una interpretación sistemática de los artículos 4o. y 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el derecho de igualdad entre el varón y la mujer busca que ambos sean tratados equitativamente frente a la ley, lo cual implica que los trabajadores asegurados (padre y madre) gocen de los mismos derechos que les brinda la seguridad social, entre otros, el servicio de guardería. De ahí que analizado el caso con perspectiva de género se advierte que no existe justificación objetiva para un trato diferenciado entre ambos sexos, pues si el varón laboralmente activo sólo obtiene el servicio de una guardería para sus menores hijos en casos excepcionales, eso significa que la ley cuestionada presupone que en el hogar del trabajador asegurado exclusivamente la madre de sus hijos tiene el deber de dedicarse de tiempo completo a su cuidado, práctica que no favorece la corresponsabilidad de los padres en la atención a sus descendientes, ni fomenta la posibilidad de que la mujer comparta su tiempo con otras actividades productivas.

Amparo en revisión 59/2016. 29 de junio de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; Eduardo Medina Mora I. reservó criterio en relación con el efecto del amparo y Javier Laynez Potisek manifestó que haría voto concurrente. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco.

Esta tesis se publicó el viernes 2 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

En consecuencia y bajo la ponderación del interés superior de la niñez, es inexorable que la trasgresión al principio de Igualdad que priva en el texto vigente de los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, debe eliminarse, y por lo tanto se propone la eliminación de los requisitos que actualmente exige la Ley a los trabajadores, máxime que tal distinción, si bien es cierto tiene su origen en una discriminación positiva en favor de la protección de la mujer trabajadora frente al trabajador; sin embargo, tal como queda demostrado, el efecto que causa es violatorio no solo del derecho a la igualdad entre hombre y mujer, sino también el derecho al libre ejercicio de la profesión de la cónyuge o concubina del peticionario del derecho y al derecho fundamental y humano del menor.

El efecto colateral del texto normativo, condena a las esposas o concubinas del trabajador a realizar únicamente actividades del hogar, con lo que el Estado Mexicano, mediante instrumentos jurídicos como éste, enquista en el ideario social, la absurda idea que la mujer nació para cuidar a los hijos y al hogar, institucionaliza la violación al derecho de la mujer del trabajador, de elegir libremente la actividad que mejor convenga a sus intereses.

Ante esto y en el marco de competencia del Congreso de la Unión, los legisladores debemos asumir el compromiso de enmendar el marco jurídico nacional, cuando se advierta en ellos, vicios de inconstitucionalidad, tal como ocurre en el caso concreto.

La eliminación de los requisitos extraordinarios a los trabajadores para hacer válido el derecho a disfrutar de la prestación de guardería, permitirá a las esposas o concubinas de estos, incorporarse a otras áreas de oportunidad, considerando que muchas madres de familia no pueden terminar sus estudios por la limitante que causa en ellas las tareas domésticas, o en su caso incorporarse a la vida laboral, con lo que podría aumentar el ingreso familiar o inclusive a actividades de la vida pública.

Ahora bien, la eliminación de tales requisitos no causa efectos negativos presupuestariamente, en razón a que, conforme a los artículos 211 a 213 de la propia Ley del seguro social, la parte patronal paga la aportación por concepto del seguro que cubre la prestación de guardería sin distinción entre mujeres y hombres, ni entre hombres que se ubiquen en distintos supuestos (divorcio, viudez, etc.); Es decir, el régimen grabable de la Ley trata a trabajadores y trabajadoras por igual.

Lo que, desde luego, causa un agravio más al trabajador, porque la Ley del Seguro Social grava lo mismo a la mujer y al hombre, pero restringe el derecho de este último, bajo el argumento falaz, que esta medida protege los derechos de la mujer, situación que en nada contribuye al Estado democrático, el cual busca un pleno respeto a los derechos establecidos en la Constitución y en su caso en los tratados internacionales de los cuales es parte.

Es necesario advertir que, no reformar el texto de los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, implica para los trabajadores hacer valer sus derechos ante los Tribunales previamente establecidos, mediante los mecanismos jurídicos como es el caso del juicio de amparo, lo que en consecuencia, genera un detrimento económico y emocional en el trabajador que buscará acceder a lo justo por una pifia en la Ley.

Ahora bien, el segundo párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional, establece que cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión, como es el caso del expediente Amparo en revisión 59/2016, se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo informará a la autoridad emisora correspondiente, lo que significaría evidenciar la pasividad legislativa del Congreso ante casos recurrentes en donde queda demostrada la inconstitucionalidad de la norma.

Asimismo el tercer párrafo de la fracción II del propio artículo 107, prevé la Declaratoria de Inconstitucionalidad, que, en el extremo del desacato del Poder Legislativo, podría ejercer el Poder Judicial.

Instrumentos adoptados en la Constitución General, que permitirían en un determinado momento salva guardar la constitucionalidad de las normas generales secundarias, extremo que, a consideración de la suscrita, quedarían salvados si en el Congreso en un acto de auto crítica, es capaz de atender a las interpretaciones del Poder Judicial, máximo órgano en materia de constitucionalidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social,al tenor siguiente:

La Sexagésima Tercera Legislatura del honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión:

Decreta

Único: Se reforma n los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 201:El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, del aseguradomediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

...

...

Artículo 205

Los asegurados,tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.

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Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.— Diputadas y diputados: Refugio Trinidad Garzón Canchola,Alfredo Bejos Nicolás, Ana Guadalupe Perea Santos, Herminio Corral Estrada, José Alfredo Ferreiro Velazco, Justo Federico Escobedo Miramontes, Lilia Arminda García Escobar, María Gloria Hernández Madrid, María Mercedes Aguilar López, Norma Edith Martínez Guzmán (rúbricas).»

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Muy bien. Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen y para opinión a la Comisión de Igualdad de Género, de Derechos de la Niñez y Trabajo y Previsión Social.

Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Juana Aurora Cavazos...

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: ¿Con qué objeto? Sonido en la curul de la diputada Norma Edith, por favor. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Luego de escuchar atentamente esta excelente iniciativa de la diputada Cuquis, le solicito la oportunidad de adherirme, ya que responde perfectamente a un reclamo que la ciudadanía nos ha hecho en el término de la justicia social. Muchas gracias.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Diputada Garzón Canchola, ¿tiene usted inconveniente en la adhesión?

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (desde la curul): Adelante, con gusto.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante. Queda a su disposición aquí en la secretaría de la Mesa Directiva.



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada y por integrantes de la Comisión Especial para Impulsar a Estudiantes de Altas Capacidades Intelectuales.

La diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos: Con el permiso, del presidente y saludando a la Mesa Directiva.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputada.

La diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos: Compañeras y compañeros legisladores, la verdad que me embarga una emoción estar aquí después de casi dos años de trabajo, en una iniciativa que no es solamente de su servidora, es de la Comisión Especial, de todos los miembros de la Comisión Especial, para impulsar a los estudiantes de altas capacidades intelectuales en nuestro país.

También para.... —Gracias, compañeros legisladores—. También decirles que en este recinto se encuentran madres de familia y alumnos, estudiantes que nos han venido acompañando a lo largo de estos dos años. Es de justicia social poner a consideración de la Comisión de Educación, y quiero resaltar también el beneplácito de su presidenta, la diputada Hortensia, quien también sabe de este tema y ha participado.

Nosotros en esta comisión hicimos tres grandes foros en la República mexicana. El primer foro fue en Nuevo León, donde hay un proyecto local para atender la necesidad de estos jóvenes y de estos niños; el segundo foro fue en Aguascalientes y el tercero en Mérida; con la participación —en los tres— de los gobernadores de los estados, de académicos, de investigadores, de madres de familia, de estudiantes, de legisladores, de autoridades de todos los órdenes y niveles.

Yo quiero contextualizarlos porque ustedes dirán: bueno, ¿qué es un estudiante de alta capacidad intelectual? Es aquel estudiante que posee un IQ igual o superior a 130 puntos, y que por su condición nata tiene severas dificultades.

Cualquier persona puede decir que el estudiante es por naturaleza privilegiado. Pero en estos foros reiteradamente sus padres y los propios estudiantes nos dicen el viacrucis que tienen que seguir en el trayecto de su formación, porque muchos de ellos son incomprendidos, etiquetados, relegados. No son atendidos eficientemente en las aulas porque el programa no se ajusta a sus necesidades.

Pero hay un factor común en ellos: la tristeza. La tristeza que los embarga porque son objeto a veces de burla, de aislamiento y muchas veces, la mayoría, de estar severamente medicados y eso es tremendamente injusto con esta población.

¿Qué sucede con estos estudiantes? Hay del 3 al 5 por ciento de los 35 millones de estudiantes en nuestro país que están en esta condición, y de ese universo más de un millón de estudiantes en esas circunstancias abortan el sistema educativo porque tienen que peregrinar de una escuela en otra y en otra y en otra porque no los comprenden, porque no hay un espacio para ellos, porque lo que ellos están viendo ya es repetido.

Tenemos que hacer una política pública integral que permita su desarrollo y su crecimiento, porque si no, hay un estudio que ha hecho la revista Forbes que nos dice que mil de estos estudiantes bien atendidos, bien canalizados, con una muy buena política pública, en su edad adulta producirían para México lo de un millón de mexicanos.

Cuánto capital humano estamos desperdiciando, pero sobre todo ¿cuánto capital humano de niños y jóvenes están tremendamente infelices?

Hay esfuerzos importantes en Nuevo León, hay esfuerzos importantes en Aguascalientes, en Campeche, en Jalisco, y son proyectos aislados, diversos. Tenemos que generar una política pública que permita primero que sean atendidos, incluidos con su condición natural, pero sobre todo que desarrollemos una política pública que le permita a México no abortar del sistema educativo a estos estudiantes que están esperando que nosotros pongamos atención.

Yo quiero solamente, para finalizar, agradecer a mi coordinador, al doctor César Camacho, cuando le dije de mi intención de crear esta comisión especial, de haberme dado la presidencia de la misma. Pero quiero agradecer infinitamente a todos y cada uno de los legisladores de esta comisión, porque brazo con brazo hemos venido escuchando y atendiendo a organizaciones civiles y a padres de familia para generar esta propuesta y esta iniciativa que va a pasar a la Comisión de Educación.

Compañeros legisladores, yo creo que allá afuera están esperando que nosotros visibilicemos un tema, que ese tema sea atendido, y sobre todo que le demos certeza jurídica para que posterior a ello, se pueda diseñar una política pública integral donde esté presente la detección, la evaluación y el seguimiento de ello. A todos ustedes, muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Grupo Parlamentario del PRI, e integrantes de la Comisión Especial para impulsar a estudiantes de altas capacidades intelectuales

La suscrita, diputada federal Juana Aurora Cavazos Cavazos, presidenta de la Comisión Especial para impulsar a estudiantes de altas capacidades intelectuales de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre propio y de los diputados federales integrantes de la comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de altas capacidades intelectuales.

Exposición de Motivos

“Miles de genios viven y mueren sin ser descubiertos - por sí mismos o por otros “

–Mark Twain

El derecho a la educación, en México, se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en la Ley General de Educación. Al respecto, el artículo 3o. de la Carta Magna consagra que “toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. Con base en dicha normativa, ambos cuerpos legales reconocen el derecho de toda persona de recibir una educación de calidad que le permita transmitir, adquirir y acrecentar su cultura; fomentando el desarrollo individual y la evolución de la sociedad.

Al respecto, la reciente modificación al artículo 3o. de la Constitución, en concordancia con la denominada reforma educativa, garantizan que toda persona pueda tener el derecho a la educación de calidad y para ello el Estado deberá asegurar “El acceso universal de todos los niños y jóvenes a escuelas bien equipadas en términos de sus condiciones materiales y recursos humanos; asimismo, debe garantizar que los alumnos permanezcan en las aulas, transiten oportunamente entre grados y niveles educativos, y adquieran una formación integral y aprendizajes significativos”.

Problemática

La Ley General de Educación en su artículo 41 establece que la “educación especial” es una modalidad de la educación, cuyo enfoque es la “inclusión”, permitiendo reconocer la diversidad de contextos y sujetos inmersos en el ámbito escolar, dicha educación está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Sin embargo, para su ejercicio pleno resulta ineludible reconocer la diversidad existente entre los educandos, como aquellos que poseen altas capacidades intelectuales, los cuales precisan ser atendidos mediante acciones que propicien la igualdad, inclusión y efectiva atención de las características que los mantienen en rezago o desventaja para asegurar su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Actualmente el diagnóstico de las altas capacidades intelectuales no se debe de entender solamente como una valoración de factores psicológicos y pedagógicos, sino que aunado a estos, se deben de tomar en consideración otras formas metodológicas y con ello otras disciplinas científicas que juntas contribuyan a una mejor comprensión del tema.

Se entiende cómo un estudiante de altas capacidades intelectuales (sobredotados) según definición de la Organización Mundial de la Salud, a los que poseen un coeficiente Intelectual igual o mayor a 130 puntos.

Así, contar con estudios multidisciplinares nos permitirá realizar análisis teóricos descriptivos de este tema, para así, desarrollar estrategias comprobadas de manera empírica que nos den un panorama real y específico.

De esta forma, análisis multifactoriales y estructurales conllevan la participación de múltiples actores, desde los padres de familias, hasta profesores y estructuras formales gubernamentales.

El diagnóstico clínico de altas capacidades intelectuales sólo es el comienzo, para ello existen una serie de metodologías cualitativas y cuantitativas estructuradas en “pruebas estandarizadas o normalizadas” como la Escala de inteligencia de Wechsler para niños, hasta batería de aptitudes diferenciales y generales, el diagnóstico CREA o de Inteligencia Creativa o exámenes de Inteligencia de no verbal, entre muchos; así estas pruebas se deben de complementar con análisis y diagnósticos de factores biológicos y factores sociales que nos expliquen en su conjunto tanto el contexto social como el psicológico y biológico de la persona.

Un renovado concepto de inteligencia y de las altas capacidades intelectuales nos permitirá hacer evidente que existen personas que piensan de una forma diferente a la mayor parte de la población, que su cerebro procesa la información y aprende distinto, que existen diversas variables que pueden alterar el alto logro que pueden conseguir los alumnos con altas capacidades intelectuales, lo que debe de exigirnos generar acciones específicas para atenderlas.

Así, no sólo este diagnóstico debe basarse en pruebas de medición de coeficiente intelectual, que sólo miden técnicamente una “inteligencia académica”, sino complementarse con análisis de búsqueda de potencialidades de la persona, que puedan reflejarse a través de todo tipo de disciplinas académicas y también pertenecientes a la cultura y al arte.

De modo que las altas habilidades o capacidades intelectuales debemos de entenderlas también desde el punto de vista emocional; así resulta preciso contar con medios y recursos de aprendizaje adecuados que detecten estas habilidades y a su vez las fomenten.

La educación formal toma relevancia como instrumento de desarrollo integral del individuo, teniendo como fin fundamental que éste se ejerza en todas las áreas.

Es por ello que diversos legisladores de los grupos parlamentarios representados en esta soberanía nos dimos a la tarea de promover la creación de la Comisión Especial para impulsar a estudiantes de altas capacidades intelectuales, misma que se fue aprobada por la Junta de Coordinación política el 29 de abril de 2016, y se instaló de manera formal el 14 de diciembre de 2016.

En las reuniones ordinarias de la comisión especial se estableció un programa de trabajo, en el cual, de acuerdo a lo que expresaron los legisladores integrantes, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en el tema, se acordó realizar una iniciativa en esta materia, la cual le dará certeza jurídica a los estudiantes de altas capacidades intelectuales. Pero previo a ello, para poder recabar información y detectar la problemática que se vive a lo largo de nuestro país, se acordó llevar a cabo tres grandes foros regionales, uno al norte (en la ciudad de Monterrey, Nuevo León), el segundo al centro (En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes) y el último al sur (en la ciudad de Mérida Yucatán).

Estos foros regionales, los cuales se realizaron; con la representación y participación por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal, gobernadores, secretarías o institutos de educación de los estados, sindicatos de maestros, organizaciones civiles, académicos, padres de familia y estudiantes de altas capacidades intelectuales, instituciones públicas y privadas, empresarios y todos los actores involucrados en ello, lo cual nos permitió tener y conocer muchos esfuerzos locales, derivados de políticas públicas estatales, del trabajo en conjunto entre organizaciones civiles, gobierno y empresarios, y en otros casos, sólo por medio de esfuerzos de trabajo derivado de algunos profesores que apoyan a los estudiantes de altas capacidades intelectuales en conjunto con padres de familia.

Durante el desarrollo de los foros regionales anteriormente mencionados hemos escuchado a los entes antes mencionados, sobre la problemática existente en su entorno social y educativo, asimismo, hemos sido parte de los testimonios de las madres y padres de familia quienes lo viven, si bien nosotros creeríamos que es un privilegio tener un hijo con altas capacidades intelectuales, con sus testimonios reiterados, nos da cuenta fiel de la gran problemática y el reto que existe para poder entenderlos, encausarlos, lograr que sean comprendidas sus características particulares tanto intelectuales como emocionales, tanto en el seno familiar, educativo e incluso en el entorno social, dónde existe un total desconocimiento de su condición y por lo tanto son incomprendidos, etiquetados, discriminados, acosados, violentados y en la mayoría de los casos, medicados inapropiadamente.

Celebramos que en algunas entidades federativas, se cuenta con mecanismos que alientan nuestro esfuerzo en la Cámara de Diputados, y que con buenas prácticas, tales como estrategias de atención y capacitación en áreas multidisciplinarias, se han generado casos de éxito. Es claro que el interés es amplio, y como ha quedado demostrado en estados como Nuevo León, Sinaloa, Aguascalientes, Yucatán, Campeche y Jalisco, quienes han asentado en lo local políticas públicas y programas de acompañamiento a estudiantes con altas capacidades intelectuales, sin embargo, derivado de las aportaciones de los especialistas, académicos, organizaciones y padres de familia, y los propios estudiantes de altas capacidades intelectuales, nos clarifican la necesidad, avance, consistencia y características de trascendencia de estos programas, por lo cual se debe de incidir de manera inmediata en el ámbito federal. A fin de que existan políticas públicas integrales y homogeneizadas, en los diferentes niveles educativos, en todo el territorio nacional y no solamente en algunas entidades federativas y se proyecte anualmente un presupuesto específico para este apartado.

Otro de los temas que más nos motivan para consolidar y cubrir las necesidades de los estudiantes de altas capacidades intelectuales, son los testimonios de ellos mismos, quienes de manera sentida en la mayoría de las casos, comparten que han sido incomprendidos por sus compañeros y profesores; derivado de un total desconocimiento en cuanto a las altas capacidades intelectualesse refiere, dada la invisibilidad en que se ha tenido a este sector poblacional, y el entorno escolar tradicional, lo cual incluso ha llegado al punto de sufrir acoso escolar, familiar y social.

Estos estudiantes, niños muchos de ellos, señalan que vivir bajo esta condición en ambientes escolares no aptos para ellos provoca profunda tristeza, motivándolos a constantes cambios de escuelas y de acuerdo a estudios internacionales casi un 80 por ciento de ellos aborta el sistema educativo. Lo cual conlleva a que este talento mexicano se vea perdido y no incida en el desarrollo y crecimiento nacional.

Por otro lado, de manera errónea a estos estudiantes de altas capacidades intelectuales son mal diagnosticados con hiperactividad, déficit de atención, autismo y otros más, llegando al extremo de prescribir medicamentos, los cuales inhiben su capacidad intelectual y obstaculizan que sean identificados y tratados adecuadamente.

• El 96 por ciento de los niños mexicanos con un coeficiente intelectual de al menos 130, perderán sus habilidades y capacidades antes de llegar a la edad adulta. Esto es debido a la gran cantidad de barreras sociales que tienen que afrontar tales como la intimidación, un mal diagnóstico, el aislamiento y la depresión , que detiene su apetito por aprender.

• El 80 por ciento de estos niños reportan haber sido intimidados y acosados en la escuela.

• El 93 por ciento de estos niños se les diagnostica erróneamente con TDAH obligándolos a medicarse.

Los esfuerzos locales a resaltar, sin demeritar a ninguno, han sido a través de la apertura de escuelas especializadas para estudiantes de altas capacidades intelectuales, instituciones en las cuales, los educandos se sienten comprendidos y felices, puesto que conviven con compañeros con sus mismas condiciones, afinidades y necesidades de aprendizaje, del mismo modo conviven con profesores, que en algunos casos también son de altas capacidades intelectuales, mismos que los comprenden, adecuan el modelo de aprendizaje de acuerdo a sus necesidades, y adicional al plan de estudios que marca la autoridad federal dentro del modelo educativo, cuentan con clases extracurriculares, laboratorios y talleres, que fortalecen y dan profundidad a su aprendizaje.

Dicho de manera simple a través de diversas expresiones externadas en los foros regionales, estos estudiantes encuentran un equilibrio entre lo intelectual con lo emocional, lo que los lleva a sentir la felicidad que anhelaban, en una escuela dónde no se sienten señalados, excluidos, ignorados e incomprendidos, sino incluidos, motivados e identificados, dónde les permiten llevar a cabo su aprendizaje al ritmo que requieren.

Escuchamos los riesgos a los que nos enfrentamos en caso de no atender a este sector de la población, ya sea económicos hasta las consecuencias sociales, por lo que en respuesta a estas intervenciones se vuelve indispensable escuchar en primer medida las voces desesperadas de nuestras niñas, niños y jóvenes de altas capacidades intelectuales, pues a través de estas trasladaremos el contexto de la problemática en soluciones desde la legislación federal y estatales, implementación de protocolos de intervención para la detección temprana y atención de los estudiantes con esta condición; capacitación constante del profesorado en atención del alumnado en condición sobresaliente; generación de los conductos presupuestales que brinden el respaldo económico para el desarrollo de los centros de atención y su vinculación a través de convenios de colaboración entre universidades y organismos públicos y privados.

Consideraciones

Actualmente las acciones de la educación especial están orientadas a garantizar una educación de calidad de acuerdo a lo establecido en la CPEUM, así como a contribuir a que las escuelas identifiquen y eliminen las barreras de aprendizaje para la mejora de condiciones y acceso a la educación a estudiantes con necesidades especiales.

Con base en dichos reconocimientos y necesidades, el gobierno federal ha impulsado programas y destinado recursos públicos para la atención de proyectos para la inclusión educativa, particularmente la Secretaría de Educación Pública mediante el “Programa para la inclusión y la equidad educativa”, el cual busca fortalecer a las escuelas y a los servicios de educación especial que atienden a estos alumnos para dar respuesta a sus necesidades específicas, así como minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación; Sin embargo es necesario señalar que la mayor parte de los recursos destinados por la federación para atender a los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, están destinadas a atender a aquellos que muestran algún grado de discapacidad y en una proporción muy mínima se destina a los que muestran aptitudes sobresalientes, dejando fuera a los estudiantes de altas capacidades intelectuales; generando así una situación eminentemente inequitativa.

En razón de ello y sobre todo en el marco de la actual presentación de la estrategia de equidad e inclusión del nuevo modelo educativo, el cual derivó de la gran reforma educativa, en la cual busca garantizar la educación de calidad para todos, y contempla la generación de condiciones equitativas para todos los estudiantes del país, este es el momento óptimo para incidir de manera específica en impulsar la satisfacción de las necesidades de los estudiantes de altas capacidades intelectuales, haciendo de la educación un instrumento de equidad e inclusión, a fin de que las niñas, niños y adolescentes se realicen completamente y sean felices, haciendo hincapié en que según la OMS, el 3 por ciento de la Población tiene característica de altas capacidades intelectuales (Sobredotación y talento).

Es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, la cultura y el conocimiento, a través de una amplia perspectiva de inclusión que erradique toda forma de discriminación por condición física, capacidad intelectual, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual.

De acuerdo la UNESCO (2005), la educación inclusiva es un proceso orientado a responder a la diversidad del alumnado, incrementando su participación en la cultura, el currículo y las comunidades de las escuelas, reduciendo la exclusión en y desde la educación. Está relacionada con la presencia, la participación y los logros de aprendizaje de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados y abortados del sistema educativo.

La innovación tecnológica y la generación de conocimiento científico son los principales motores del crecimiento económico en el mundo contemporáneo. Estos motores descansan, para su construcción y desarrollo, en la calidad general del capital humano de un país y, muy particularmente, en su capacidad para formar innovadores, científicos y tecnólogos del más alto nivel.

El desarrollo de estos, depende crucialmente, de la capacidad del sistema educativo de un país para atender las necesidades de una manera equitativa e incluyente, es por ello que el impulso a los estudiantes de altas capacidades intelectuales es fundamental, puesto que la mayoría de las veces, los perfiles o preferencias de dichos estudiantes van encaminadas a estas áreas académicas y laborales.

La escuela inclusiva, es mucho más que un mero cambio terminológico de la educación especial, puesto que aborda la educación de todo el alumnado, independientemente de sus características y necesidades.

Hablar de capacidades intelectuales supone hablar de inteligencia. Los modelos y conceptos de inteligencia han evolucionado, y a lo largo de los siglos XX y XXI, se ha pasado de la inteligencia psicométrica a la inteligencia como un concepto dinámico, cambiante y desarrollable a lo largo de la vida. En su desarrollo intervienen las potencialidades que heredamos, el ambiente en que nos desarrollamos y aspectos cualitativos personales, como la motivación, la perseverancia y el esfuerzo.

Actualmente existen numerosas y variadas definiciones sobre la terminología del tema que nos ocupa. En esta iniciativa se ha optado por utilizar el término altas capacidades intelectuales, porque recoge de forma general al alumnado con estas características, tal como se explica en la siguiente cita:

“El concepto de altas capacidades intelectuales, parece que ha sido bien acogido por ser un término más general que el de superdotación y reclama la atención también sobre los talentosos, los niños/as precoces, y por qué no, sobre todo aquel alumnado que está demostrando diariamente que puede manifestar conductas propias del alumnado bien dotado. También porque el punto fundamental, al hablar de altas capacidades intelectuales es su carácter de potencialidad, frente a la exigencia de rendimiento recogido por otros/as conceptos y por la legislación educativa anterior.

Si bien se propone utilizar en esta iniciativa el término de altas capacidades intelectuales por englobar la variabilidad individual de este colectivo, se hace necesaria la clarificación terminológica, ya que con frecuencia se usan de manera indiscriminada y de forma sinónima términos específicos como superdotación, talento, precocidad, prodigio, genio, bien dotado, etc.

Ésta propuesta resulta la más inclusiva, pues con ella se trata de enriquecer al alumnado con altas capacidades intelectuales, no sólo a nivel intelectual, sino en todos los aspectos de su desarrollo social y emocional a través de la interacción con los compañeros y profesorado.

Como legisladores tenemos un gran compromiso con el desarrollo educativo, con el fortalecimiento al orden jurídico a fin de que esto se refleje en beneficio para los ciudadanos y en este caso en particular, para que se refleje en una política pública integral para la atención de estudiantes de altas capacidades intelectuales, ya que ellos son la punta de lanza de una nueva generación educativa, una generación de mexicanos con mucho potencial, mismo que se puede convertir en desarrollo y crecimiento para nuestro país, esto dado a que hay muchos estudios que señalan que existe correlación entre el apoyo e impulso del capital intelectual de un país y su riqueza económica.

Por lo anteriormente mencionado proponemos la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de altas capacidades intelectuales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente

Decreto

Único. Se reforma el artículo 33, inciso II Bis, inciso IV Bis, inciso XVI, el artículo 41, primero, tercero, cuarto párrafos y sexto párrafo y se adiciona el artículo 33 inciso XVIII y Artículo 44 Quinto párrafo.

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

...

II Bis. Desarrollarán, bajo el principio de inclusión, programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad, con aptitudes sobresalientes y estudiantes de altas capacidades intelectuales, en términos de lo dispuesto en el artículo 41;

...

IV Bis. Fortalecerán la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad, así como a estudiantes con altas capacidades intelectuales

...

XVI. Establecerán, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo completo, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural, así como para la atención de estudiantes de altas capacidades intelectuales y

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XVIII. Desarrollarán un programa integral educativo para estudiantes de altas capacidades intelectuales; así mismo apoyarán, desarrollarán programas, cursos y actividades que potencialicen las habilidades de los mismos;

Artículo 41. La educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes y altas capacidades intelectuales. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios.

Para la identificación y atención educativa de los alumnos con aptitudes sobresalientes, así como con alumnos de altas capacidades intelectuales, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos.

Las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a alumnos con aptitudes sobresalientes, así como de los alumnos de altas capacidades intelectuales.

Cuando las instituciones de educación básica, media superior y superior detecten casos de estudiantes con altas capacidades intelectuales, deberán informar a la autoridad educativa responsable, a fin de que la educación de estos estudiantes sea impartida de acuerdo con los lineamientos establecidos por la autoridad educativa federal para su atención.

La educación especial incluye la orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica, media superior regulares y especiales, que integren a los alumnos con necesidades especiales de educación.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor a doce meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Educación Pública emitirá los lineamientos específicos para la atención de las y los estudiantes con altas capacidades intelectuales.

Tercero.La Secretaría de Educación Pública en el ámbito de sus atribuciones y conforme a su disponibilidad presupuestal, asignará los recursos para la implementación y atención del presente decreto .

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2017.— Diputadas y diputados: Juana Aurora Cavazos Cavazos, Adolfo Mota Hernández, Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Álvaro Ibarra Hinojosa, César Octavio Camacho Quiroz, Edgar Romo García, Flor Estela Rentería Medina, Francisco Javier Pinto Torres, Francisco Xavier Nava Palacios, Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán, Hortensia Aragón Castillo, Jesús Enrique Jackson Ramírez, Jorge Álvarez Maynez, Juan Manuel Cavazos Balderas, Laura Mitzi Barrientos Cano, Luis Manuel Hernández León, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Carmen Pinete Vargas, María del Rosario Rebollo Mendoza, María Gloria Hernández Madrid, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, María Luisa Beltrán Reyes, Martha Hilda González Calderón, Matías Nazario Morales, Pablo Elizondo García, Rafael Hernández Soriano, Ramón Villagómez Guerrero, Rocío Matesanz Santamaría, Samuel Alexis Chacón Morales, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Timoteo Villa Ramírez, Virgilio Daniel Méndez Bazán (rúbricas).»

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

El diputado Alfredo Bejos Nicolás (desde la curul). Presidente.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Sí ¿con qué objeto, diputado Alfredo Bejos? Sonido en la curul del diputado Alfredo Bejos.

El diputado Alfredo Bejos Nicolás (desde la curul): Sí, presidente, para pedirle a mi compañera diputada poderme adherir a esta gran iniciativa que tiene muchos años que muchas, muchas familias, alumnos, han estado pugnando porque se lleve a cabo, porque se realice, y hoy es una realidad. Espero que pueda contar con este apoyo, este impulso, en beneficio de todas las familias y los alumnos que están allá afuera esperando nuestro trabajo y nuestro voto a favor.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Muchas gracias. Diputada Cavazos, ¿tiene inconveniente de la solicitud?

La diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos (desde la curul): Ningún inconveniente, presidente.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputado Alfredo Bejos. Queda a su disposición en la Secretaría de la Mesa Directiva. La diputada Mirna Saldívar. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (desde la curul): Presidente, para solicitarle a la diputada Aurora Cavazos, que nos permita adherirnos a esta importante iniciativa que dará mucho beneficio a los niños talentosos, a los niños capaces y, sobre todo, que podamos atenderlos en nuestro país para que se queden en nuestro país y estén aquí sirviendo a nuestra patria. Gracias.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Está a su disposición, diputada, en la Secretaría de esta Mesa Directiva.

El diputado Rafael Hernández Soriano(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Diputado Rafael Hernández Soriano, ¿con qué objeto?

El diputado Rafael Hernández Soriano (desde la curul): Gracias, presidente. Con dos objetos: uno, desde luego dar la bienvenida a las niñas y niños con altas capacidades que nos acompañan en este pleno. A ellos va dedicada la iniciativa que presenta la diputada Aurora Cavazos, y remarcar que la exclusión en nuestro país y la discriminación se da en los extremos por pobreza, a veces por bajas capacidades, pero también por altas. Y esta iniciativa tiene la virtud de cerrar ese círculo. Me parece loable y, desde luego, felicitar a la diputada Aurora Cavazos por su persistencia y el logro de poder presentarla en el pleno con un alto consenso. Gracias, presidente.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Está a su disposición en la Secretaría, diputado Rafael Hernández.

Esta Presidencia da la bienvenida a la señora Verónica Martínez, de la organización de padres de familia Por una Inteligencia más Feliz, de la Ciudad de México. Al señor Guillermo Rivera, líder del Proyecto de Altas Capacidades Intelectuales, de Jalisco, y a los estudiantes y madres de familia de altas capacidades intelectuales.

Túrnese, pues, a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su dictamen.



LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 51 y 52 de la Ley General de Protección Civil.

La diputada Gretel Culin Jaime:Con su permiso, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputada.

La diputada Gretel Culin Jaime: El día de hoy me congratulo como legisladora, de someter a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se pretende reformar los artículos 51 y 52 de la Ley General de Protección Civil, con el objeto de que cada entidad federativa incluyan en el Presupuesto de Egresos de cada año del Ejercicio Fiscal, una partida presupuestal destinada a cubrir las necesidades de operación de los grupos voluntarios de protección civil.

Como sabemos, la protección civil tiene como objetivo apoyar a la población para hacer frente a los desastres naturales y esta es llevada a cabo por un organismo con apoyo gubernamental y por un conjunto de personas representativas de la comunidad que desarrollan y ejecutan actividades de protección civil en un determinado lugar o región, orientado sus acciones a proteger la integridad física de la población y su patrimonio.

En las últimas décadas, en nuestro país, los desastres han hecho consciencia tanto a los ciudadanos de a pie como a las autoridades de la importancia de contar con disposiciones legales para entender las contingencias y generar una cultura de prevención.

La última muestra de ello lo acabamos de padecer el pasado 19 de septiembre, siendo estos grupos vulnerables en unión con instituciones públicas y, sobre todo, la sociedad organizada que se pudo dar una primera atención y respuesta a lo acontecido con este sismo de consecuencias lamentables.

Sin embargo, aun cuando es innegable la necesidad de contar con grupos voluntarios especializados de protección civil, brigadistas, cuerpos de bomberos y asociaciones, que puedan actuar efectivamente ante las emergencias que se susciten, ya que sea por algún fenómeno o desastre natural, accidentes o cualquier otra causa, es fundamental que la labor que desempeñan estos cuerpos de auxilio sea eficiente, eficaz, pronta y coordinada, además de que lleven a cabo actividades de prevención a corto, mediano y largo plazo.

Algunas entidades federativas no otorgan el apoyo necesario a estos cuerpos voluntarios, aun cuando por mandato constitucional corresponde al Estado otorgar la protección civil, por lo cual resulta necesario que estos cuerpos de auxilio cuenten con la capacitación, herramientas y equipo necesario para realizar sus funciones.

Como ya se mencionó en muchas otras ocasiones, y aun cuando la protección civil es una obligación del Estado y un derecho de todos los ciudadanos, los cuerpos de auxilio, en específico los voluntarios, no reciben percepción alguna ni se les entrega un presupuesto que puedan destinar para adquirir el equipo indispensable para realizar su labor. Y esto es debido a la falta de interés de algunos gobiernos estatales de no apoyar económicamente a los grupos voluntarios de protección civil.

Luego entonces, queremos que estos organismos actúen de manera adecuada durante un evento. Y esperamos una respuesta efectiva y contundente ante un desastre natural o un accidente. Pero, por otro lado, no los dotamos de los medios para realizar su labor.

La Ley General de Protección Civil contempla, en su capítulo décimo, a los grupos voluntarios como organización de ciudadanos para desarrollar actividades especializadas en materia de protección civil, tales como: las tareas de rescate, de auxilio, combate a incendios, administración de albergues y centros de acopio, servicios médicos de urgencia, entre otros.

Sin embargo, dicha legislación no contempló un mecanismo de financiamiento gubernamental para estas agrupaciones cuando así lo requieren, resultando necesario que exista en la legislación general la obligación para las entidades federativas de contar con financiamiento público, a fin de que puedan realizar la encomienda que realizan, máxime que para obtener la calidad de grupos voluntarios de protección civil debieron pasar por un proceso de registro, siendo necesarios dichos grupos y que reciban un recurso de los estados. Esto previa justificación de sus necesidades.

Por lo anterior, es que resulta necesario que en los presupuestos de egresos estatales se incluya una partida que específicamente sea destinado a estos grupos voluntarios de protección civil, a fin de que estos cuenten con los recursos necesarios para que sean dotados del material, equipo, herramienta y capacitación que se requiere para el trabajo que desempeñen, que es de reconocerse, logrando así una respuesta ante cualquier eventualidad.

Con atención a esto, la presente iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto primordial realizar una revisión y adhesión en materia legislativa, con la finalidad de considerar que las entidades federativas y la Ciudad de México otorguen recursos de forma obligatoria a los grupos voluntarios de protección civil y que estos recursos los consideren en sus presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 51 y 52 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita Gretel Culin Jaime, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, 127 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 171, 175, 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 2, 78, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a le Ley General de Protección Civil, a fin de que cada entidad federativa y la Ciudad de México incluyan en su presupuesto de egresos de cada año de ejercicio fiscal una partida presupuestal a grupos voluntarios de protección civil, para lo cual se fija la problemática sobre la cual versa la iniciativa que nos ocupa;

Planteamiento del problema

Hoy nuestro país enfrenta grandes e importantes desafíos en materia de protección civil. Nuestra situación geográfica nos coloca en el centro de fenómenos naturales potencialmente riesgosos, para los cuales debemos permanentemente estar preparados, protegernos y estar en constante vigilancia en las zonas de mayor vulnerabilidad, ye vitar así en mayor medida riesgos importantes para la población.

Es innegable la necesidad de contar con grupos voluntarios de protección civil, brigadistas, asociaciones, organizaciones civiles, cuerpos de bomberos, etcétera, lo cual se robustece con su función en las diferentes emergencias que se suscitan, ya sea por fenómenos naturales o por accidentes, siendo fundamental la labor que realicen estos grupos, por lo cual resulta necesario que los mismos cuenten con el equipo necesario para realizar sus funciones, además de contar con la capacitación y actualización necesaria.

Sin embargo, en muchas de las ocasiones, y aun cuando la protección civil es una obligación del Estado y un derecho de los ciudadanos, estos grupos de ciudadanos voluntarios -que no reciben percepción alguna- no cuentan con el equipo necesario para sus funciones mismas que las realicen incluso arriesgando su vida; y esto sucede ante la falta de interés de algunos gobiernos estatales de no apoyar económicamente a estos grupos voluntarios, siendo necesario que se incluya en los presupuestos de egresos estatales, una partida del mismo para que los citados grupos puedan contar con el material y equipo necesario para llevar a cabos sus actividades; así mismo de contar con las actualizaciones necesarias.

Exposición de Motivos

La protección civil nace el 12 de agosto de 1949 en el Protocolo 2 adicional al Tratado de Ginebra “Protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales”, siendo una de las disposiciones otorgadas para facilitar el trabajo de la Cruz Roja, el cual nos indica: a) Se entiende por protección civil al cumplimiento de algunas o todas las tareas humanitarias destinadas a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades y catástrofes, ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia.

Estas tareas son las siguientes:

• Servicio de alarma

• Evacuación

• Habilitación y organización de refugios

• Aplicación de medidas de oscurecimiento

• Salvamento

• Servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios y asistencia religiosa

• Lucha contra incendios

• Detección y señalamiento de zonas peligrosas

• Descontaminación y medidas similares de protección

• Provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia

• Ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en zonas damnificadas

• Medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables

• Servicios funerarios de urgencia

• Asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia

• Actividades complementarias necesarias para el desempeño de una cualquiera de las tareas mencionadas, planificación y la organización

• Descontaminación y medidas similares de protección

• Provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia

• Ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en zonas damnificadas

• Medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables

• Servicios funerarios de urgencia

• Asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia

• Actividades complementarias necesarias para el desempeño de una cualquiera de las tareas mencionadas, planificación y la organización.

En las últimas décadas en nuestro país, los desastres han hecho conciencia, tanto a los ciudadanos de a pie como en las autoridades, de la importancia de contar con disposiciones legales para atender las contingencias y generar una cultura de prevención.

Como resultado de los sismos de septiembre de 1985, la Presidencia de la República decidió crear la Comisión Nacional de Reconstrucción 09/oct/85; para el año 1986, se pública decreto por medio del cual se establecen las bases del Sistema Nacional de Protección Civil, cuyo objetivo consiste en Proteger a la persona y a la Sociedad ante un desastre provocado por agentes naturales o humanos; asimismo el 20 de septiembre de 1988, por decreto presidencial se creó el Consejo Nacional de Prevención de desastres el (Cenapred); con el objetivo de estudiar, desarrollar, coordinar tecnologías para la prevención y mitigación de desastres.

Los primeros esfuerzos por establecer leyes en materia de protección civil corrieron a cargo de las entidades federativas de la república, pues al ser una materia no concedida expresamente a la federación, se entendía reservada a los estados miembros, así durante los inicios de la década de los noventa se expidieron las primeras leyes de la materia, trascurriendo casi dos lustros para que todas las entidades tuvieran una Ley de Protección Civil, siendo cinco congresos locales estatales pioneros en la creación de leyes de protección civil: Colima, Guerrero, Quintana Roo, Querétaro y Puebla.

En el ámbito federal también se realizaron acciones legislativas tendientes a constituir una marco legal que permitiera a la federación tener a su cargo la coordinación de la protección civil; para ello se reformó la Constitución y posteriormente se expidió una Ley General de Protección Civil, la cual, es el referente de las acciones en la materia, teniendo la obligación las entidades federativas de armonizar sus legislaciones locales con esta normatividad.

La Ley General de Protección Civil, en su capítulo X, contempla a los grupos voluntarios, como organización de ciudadanos para desarrollar actividades especializadas en material de protección civil, tales como tareas de rescate y auxilio, combate a incendios, administración de albergues y centros de acopio, servicios médicos de urgencia, entre otros, quienes deberán tramitar su registro ante la Secretaría; los estatales, municipales y delegacionales según lo establezca la legislación local respectiva.

Sin embargo, dicha legislación no contempló un mecanismo de financiamiento gubernamental para estas agrupaciones cuando así lo requieran, resultando necesario que existan en la legislación general la obligación para las entidades federativas de contemplar financiamiento público, a fin de que puedan realizar la encomienda que realizan, máxime que para que tengan la calidad de grupos voluntarios de protección civil debieron pasar por un proceso de registro, en virtud de lo cual es necesario que aquellos grupos voluntarios por la labor que realizan reciban recurso de los estados, esto previa justificación de sus necesidades.

En atención a lo anterior, la presente iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto primordial realizar una revisión y adición de la labor legislativa con la finalidad de considerar que las entidades federativas y la Ciudad de México, otorguen recursos de forma obligatoria a los grupos voluntarios de protección civil, y que estos recursos los consideren en sus presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal.

A fin de dar mayor claridad a la propuesta, se incorpora el siguiente cuadro comparativo que incluye el contenido actual y la propuesta de reforma a la Ley General de Protección Civil.

Por lo antes expuesto es que la suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto

Artículo Único. Se adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 51, se reforman las fracciones II y III, y se adiciona una fracción IV al artículo 52 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 51. ...

...

Las entidades federativas y la Ciudad de México deberán considerar en sus presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal una partida para que los grupos voluntarios a que se refiere el párrafo anterior, que hubieran obtenido su registro, puedan adquirir equipo para su función, se actualicen en la misma y en general para que ejecuten su programa de actividades.

Para poder tener derecho al presupuesto mencionado con antelación se deberá presentar dentro de los primeros treinta días de cada año un programa de trabajo y un informe administrativo de las actividades a realizar durante el año inmediato anterior.

Artículo 52. ...

I. ...

II. En su caso, recibir información y capacitación;

III. Coordinarse con las autoridades de protección civil que correspondan; y

IV. Recibir presupuesto de los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en un término de 90 días, deberán armonizar sus leyes locales; asimismo, y con base a la normatividad de cada entidad federativa y de la Ciudad de México, deberán contemplar una temporalidad para la entrega recepción de los programas anuales de actividades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Diputadas y diputados: Gretel Culin Jaime,Angélica Moya Marín, Eloisa Chavarrías Barajas, Héctor Barrera Marmolejo, Herminio Corral Estrada, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Javier Antonio Neblina Vega, Jesús Antonio López Rodríguez, José Everardo López Córdova, Juan Corral Mier, Kathia María Bolio Pinelo, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Lilia Arminda García Escobar, Luis Agustín Rodríguez Torres, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, María Mercedes Aguilar López, Miguel Ángel Huepa Pérez, Rocío Matesanz Santamaría, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Gretel Culin Jaime. Túrnese a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

El diputado Héctor Barrera Marmolejo (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Sonido en la curul del diputado Héctor Barrera. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Héctor Barrera Marmolejo (desde la curul): Para felicitar a la diputada Gretel Culin, por esta presentación de esta iniciativa, sobre todo por el tema que nos aqueja de los hechos lamentables del 19 y 7 de septiembre, en donde cada día nos hace ver la naturaleza que debemos estar prevenidos, y qué mejor porque las acciones de gobierno tienen que resolverse con presupuesto y con recursos, de que estos grupos de voluntarios y, en específico la protección civil, cuente con el recurso necesario para que puedan ejercer las acciones tendientes a prevenir cualquier eventualidad o contingencia. Para adherirme a la iniciativa, diputado presidente. Gracias.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Diputada Gretel. Da su anuencia la diputada Gretel, está a su disposición en la Secretaría de esta Presidencia y se reitera el turno a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación para el desarrollo sostenible.

El diputado Rafael Hernández Soriano:Con la venia de la Presidencia.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputado.

El diputado Rafael Hernández Soriano: Señalar que no podía ser mejor ocasión que el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático que este pleno y la Mesa nos permitan presentar esta reforma en materia de desarrollo sostenible.

Nuestra iniciativa propone reformar el artículo 3o. constitucional y guarda relación con el incremento de las desigualdades en el mundo, con el crecimiento exponencial del número de personas en pobreza, principalmente por la disociación que existe entre los países desarrollados y los que estamos en subdesarrollo, como el nuestro.

Nos proponemos generar y proporcionar a los ciudadanos niveles de bienestar adecuados que permitan un desarrollo integral y un medio ambiente sano. Esta iniciativa propone integrar principios y valores necesarios para un desarrollo sostenible en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en la formación de competencias.

Resulta indispensable, de frente a los cada vez mayores estragos causados por los efectos del cambio climático, asumir una actitud proactiva que genere a nivel social que la educación no solo retome su papel como factor de movilidad de conocimiento, sino también como factor de movilidad social y que genere los mecanismos resilientes que coadyuve a la construcción de un nuevo paradigma a nivel mundial.

Es por ello, que la preocupación sobre los modelos de desarrollo económico, pasados y presentes, en los cuales la mitad más pobre de la población está sufriendo impactos negativos, como la escases de recursos naturales y alimentos, la contaminación del suelo, el aire, el agua, así como la presencia cada vez más continúa de desastres naturales, como terremotos, huracanes, incendios acentuándose y agravándose su situación, generando crisis humanitarias cada vez de mayor envergadura y mayor parte del globo terráqueo.

No queda duda para nosotros, que los paradigmas actuales de consumo y producción, impulsados por el desarrollo capitalista en los siglos XIX y XX y el neoliberalismo en el siglo XXI, han puesto en riesgo todas las formas de vida existentes en la tierra.

El capitalismo voraz que pervivió gracias a la explotación indiscriminada de los recursos naturales ha dejado una huella indeleble en el mundo y hoy ya estamos sufriendo las consecuencias de ello. Esta alteración y desequilibrio en un gran porcentaje la están pagando los grupos más vulnerables de los países en desarrollo como México.

Resulta preocupante que la Organización Mundial de la Salud estime que cada año tres millones de niñas y niños menores de cinco años mueran a raíz de enfermedades relacionadas con el medio ambiente.

Adicionalmente, debemos señalar que el 60 por ciento de quienes habitamos este mundo no tienen acceso al uso de combustibles modernos para cocinar, a un saneamiento adecuado o al agua potable.

Además, como consecuencia de los factores ambientales adversos del cambio climático, la degradación de la tierra y el progresivo agotamiento de los recursos hídricos, se generará un aumento en los precios mundiales de alimentos, de 30 al 50 por ciento en los próximos 30 años.

Esto va a hacer, desde luego, más complicada la vida de los que menos tienen, es decir, los más pobres.

El cambio climático indudablemente es un asunto de ricos y pobres. De esta manera, ante un escenario en el que aún no se propone la transformación del enfoque de desarrollo tradicional, centrado en el crecimiento de la producción, el consumo y la explotación de recursos naturales al de uno de desarrollo sostenible que propicie el bienestar social con el medio ambiente, y desde luego, armonía con la bonanza económica, ¿por qué no?

Se torna entonces una obligación de los gobiernos actuales tomar medidas necesarias para alcanzar y, diría yo, para inventar el futuro que queremos.

La iniciativa que hoy presento ante ustedes prevé justamente la transformación del sistema educativo mexicano, no solo como instrumento de mejoramiento de la calidad de vida de quienes habitamos este país, sino como parte de la ruta hacia un México sostenible hacia el 2030 y más adelante.

Es el momento de que el enfoque de los modelos educativos transforme nuestras concepciones, hábitos, incluso perspectivas, es decir, nuestras vidas, para que nos oriente a transitar hacia una sociedad sostenible que considere, entre otros aspectos, la igualdad de género, la promoción de la cultura de la paz y no violencia y las particularidades locales en las que se reconozcan los impactos y consecuencias de los patrones de consumo, ya que los modelos de educación actuales están diseñados para una sociedad anclada en el pasado.

Es decir, concebimos a la educación para el desarrollo sostenible como un proceso continuo que producirá una cultura dirigida a la transformación de la convivencia del ser humano con su medio ambiente, a través de la formación de profesionales y ciudadanos comprometidos con el desarrollo de principios para un desarrollo humano ambiental y socialmente sostenible, tales como la justicia, la solidaridad, la equidad o el respeto a las diversidades biológicas y culturales.

En este sentido y considerando los compromisos internacionales que México ha asumido desde los Objetivos del Desarrollo del Milenio, del 2000, y actualmente en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, esta iniciativa representa una oportunidad para nuestro país de reconstruirse y reinventar nuestro futuro.

Claramente el desafío de nuestros días no está en educar para conservar sino en educar para transformar, favoreciendo en el proceso las habilidades y competencias de todas las personas.

Propongo construir nuevamente a México en una relación dialéctica que transforme la realidad y genere la perfecta convivencia entre la economía y el medio ambiente, entre los seres humanos y sus derechos, entre la calidad de vida y su huella ambiental.

Lo que propongo con esta iniciativa no es solo el cambio programático de los contenidos educativos para las escuelas en México. Lo que se propone es que las niñas y niños que hoy están acudiendo a la escuela y que serán seguramente funcionarios, legisladores, profesionistas traigan mucho bien a nuestro país. Que cuando tomen una decisión, lo hagan producto de esta educación en el marco del desarrollo sostenible, pensando en que no se afecte solamente la economía negativamente o positivamente, sino que se busque que haya un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ecológico.

Que si a ellos les toca construir un aeropuerto lo hagan consultando a la gente y no como se hace ahorita, en una oficina de gobierno. Que si a ellos les toca construir un aeropuerto lo hagan considerando que hay 10 millones de metros cúbicos de lodo y que están tirando en las zonas de alrededor donde se está construyendo esta obra y que va a afectar, y ya afecta ecológicamente a quienes habitan las comunidades. Y que va a afectar desde luego a las próximas generaciones.

Que si a ellos les toca, a las niñas y a los niños del futuro, decidir una obra de este tamaño lo hagan consultando a la gente, lo hagan midiendo los impactos que va a tener en las generaciones futuras, que no comprometan el futuro de las y los mexicanos como lo están haciendo los funcionarios irresponsables actualmente encargadas de esta obra.

Lo que propongo pues es, compañeras y compañeros diputados, que coloquemos la primera piedra del México del futuro, igualitario, resiliente y profundamente humano. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación para el desarrollo sostenible, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del Problema.

A nivel mundial, la preocupación sobre los modelos de desarrollo económico pasados y presentes, donde más de la mitad de la población está sufriendo el impacto negativo de la escasez de agua y alimentos, de la contaminación del suelo, el aire y el agua, y de los desastres naturales, se ha ido acentuando. Los paradigmas actuales de consumo y producción han puesto en riesgo, no solamente la vida del ser humano, sino todas las formas de vida existentes en la Tierra, por ello, en diversas ocasiones personalidades como Moacir Gadotti, han hecho hincapié en que las alertas se han dado durante varias décadas por científicos y filósofos desde los años ‘60. Necesitamos de un nuevo paradigma que tenga como fundamento la Tierra.

Esta alteración y desequilibrio, en un gran porcentaje los están pagando los grupos más vulnerables de los países en desarrollo como México, es decir, las niñas, niños y adolescentes del presente y del futuro. Ejemplo de ello, y de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que cada año tres millones de niñas y niños menores de cinco años mueren a raíz de enfermedades relacionadas con el medio ambiente, lo que equivale a un tercio de las muertes de este sector de la población.

Por otro lado, las y los jóvenes los están pagando por partida doble, ya que están lidiando actualmente con las consecuencias de la degradación del medio ambiente y en un futuro no muy lejano, lo tendrán que hacer en su vida adulta.

Ahora bien, actualmente en el mundo habitan más de 7 mil millones de personas y para el 2050 incrementará a 9 mil 800 millones de personas. De las cuales, hoy en día al menos 6 de cada 10 tienen alguna privación ambiental, como el uso de combustibles modernos para cocinar, saneamiento adecuado o simplemente acceso a agua potable.

En estos mismos datos, se estima que para el 2025, los factores ambientales adversos como el cambio climático, degradación de la tierra, y el progresivo agotamiento de los recursos hídricos, propiciarán el aumento de los precios mundiales de los alimentos de un 30 a un 50 por ciento en términos reales, agravando las consecuencias para los hogares en situación de pobreza y de pobreza extrema.

Por lo anterior, ante un escenario en el que aún no se propone la transformación del enfoque de desarrollo tradicional, centrado en el crecimiento de la producción y el consumo, al de uno de desarrollo sostenible, es decir, que propicie el bienestar social con el medio ambiente y con la bonanza económica; se torna una prioridad para todos pero principalmente una obligación de los gobernantes de hoy, garantizar a través de la legislación y de las políticas públicas, condiciones de vida digna para toda la población presente y futura, con el objetivo de salvaguardar nuestra propia existencia.

Por ello, a través de la presente iniciativa se prevé la pertinencia de fortalecer el sistema educativo mexicano, como ruta hacia un México sostenible al 2030 y más, a través de la reforma al artículo 3ro Constitucional para que en la educación que imparta el estado, sean integrados principios, valores y actitudes necesarias para un desarrollo sostenible en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la formación de competencias para una vida sostenible como finalidad última.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

Surgimiento del Desarrollo Sostenible

En la década de los setenta la preocupación por la degradación global del medio ambiente dejó de ser un tema de preocupación de unos cuantos y pasó a ser parte de la agenda política internacional. Efectivamente, en 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) acordó la Declaración de Estocolmo, la cual contiene principios para guiar las políticas ambientales de los países miembros de la ONU, con el fin de preservar y mejorar el Medio Ambiente.

Sin embargo, la problemática de la sostenibilidad como tal fue definida, por primera vez, hasta 1987 en el informe “Nuestro futuro común”, también conocido como “Informe Brundtland” o “Reporte Brundtland”, por el apellido de la Dra. Gro Harlem Brundtland, quien encabezó los estudios e investigaciones realizados por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente, comisión especial creada por la ONU en 1983 para que informara sobre el medio ambiente y la problemática mundial. De esta manera, dicho documento fue presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de llamar la atención de la comunidad política internacional en cuanto a la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo que la sociedad había tomado, ya que éste generaba la destrucción del medio ambiente y agravaba los índices de pobreza.

Entonces, no fue sino hasta la década de los ochentas, que surgió un modelo que no sólo se preocupaba por el medio ambiente, sino también por la cultura, el bienestar social y el progreso económico. Así, este nuevo modelo planteaba suprimir la confrontación entre crecimiento económico y protección del Medio Ambiente, mediante la propuesta de un modelo de desarrollo alternativo que no solamente proponía conjugar economía y protección, conservación y preservación del medio ambiente; sino que además sugería que este crecimiento económico beneficiara a todos de manera equitativa para poder acabar con la pobreza. Este nuevo modelo de desarrollo, llamado Desarrollo Sostenible, se definió en el Informe Bruntland como el tipo de desarrollo que satisface de manera durable las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias.

Este informe, creado en 1987 fue el punto de partida para una nueva percepción del desarrollo global, ya que postulaba que el crecimiento económico y el medio ambiente no debían de concebirse, ni realizarse mediante políticas de cuerdas separadas; sino mediante políticas integrales que conjugaran la dimensión económica, cultural, ambiental y social de nuestro sistema de organización. De esta manera, el concepto de desarrollo sostenible tomó tal relevancia que fue plasmado como eje rector de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, adoptada por los gobiernos participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992 de la que México, es parte.

En ese contexto, nuestro país como Estado miembro de la ONU, ha ido incluyendo en su agenda política nacional, los principios contenidos en la Declaración de Estocolmo, en la Declaración de Río; así como aquellos contenidos en otros instrumentos internacionales relacionados con el desarrollo sostenible, vinculantes como no vinculantes, tales como la Agenda 21, y ha tratado de implementar este nuevo modelo de desarrollo en su territorio.

Evolución del Desarrollo Sostenible en México

Como resultado de la primera Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, nuestro país inició una política ambiental dentro de la estructura legal y gubernamental, a través de la reforma al texto constitucional del artículo 73o., en donde se incluyó la facultad del Congreso para legislar en materia de prevención y control de la contaminación ambiental.

Pero no fue hasta 1982, como resultado de la crisis ambiental que se vivía, que se expidió la Ley Federal de Protección Ambiental, y asimismo se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue). Para 1987 se reformó nuevamente la Constitución para que incluyera la preservación y restauración del equilibrio ecológico como una de las obligaciones del Estado, así como la protección al ambiente como una de las facultades del Congreso de la Unión, lo cual en 1988 derivó en la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Mientras que en 1992, después de la Cumbre de Río, se creó la Secretaría de Recursos Hidraúlicos y Pesca y, posteriormente, en el año 2000, la actual Semarnat.

En ese mismo año (2000) pero en el ámbito internacional, durante la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los líderes del mundo, incluido México, convinieron en establecer objetivos y metas, con plazos definidos para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación ambiental y la discriminación contra la mujer. Dando paso a los

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que tuvieron como base la alianza mundial para responsabilizar a los países en desarrollo de poner orden en sus propios asuntos, así como a los países desarrollados de apoyar esos esfuerzos.

Fue de esta manera en la que México comenzó a crear un conjunto de herramientas jurídicas que tuvieron como fin propiciar avances en torno a la gestión ambiental, sin embargo, los esfuerzos por implementar un modelo sostenible adecuado a su contexto nacional y como resultado de los acuerdos internacionales antes mencionados, se vieron mermados por el incremento a los índices de corrupción e intereses económicos que generaron la creación de grandes urbes sin planificación, complejos turísticos y un sin número de situaciones que con el paso de los años se tradujeron en la implementación de una política estrictamenteambiental.

En ese contexto, con el paso de los años, la crisis medioambiental obligó a los expertos en asuntos públicos a adoptar un nuevo paradigma para la administración pública, es decir, uno en

el que se considerara priorizar la preservación del equilibrio ecológico, por ello y a casi 50 años de que la Carta Magna tuviera toques verdes, fue hasta el 2012 mediante la reforma al artículo 4o. Constitucional, párrafo quinto, que se estableció el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Posterior a este hecho y en virtud de que se cumplió con el plazo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en septiembre de 2015 durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, los Estados miembros de las Naciones Unidas, aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como un plan de acción a favor de las personas, el acceso a la justicia, la prosperidad, así como para hacer frente al cambio climático; el cual, a través de 17 objetivos y 169 metas que abarcan las esferas económicas, social y ambiental, fijan un compromiso para cada nación en la búsqueda del desarrollo sostenible y así garantizar la subsistencia del planeta.

En virtud de lo anterior, y de que sin duda alguna este último marco de desarrollo representa una oportunidad para el Sistema de las Naciones Unidas, a nivel mundial y sobre todo para México, nuestro país participó activamente en la definición de la agenda, fue uno de los más activos en los foros de consulta y liderando el proceso de negociación.

Presentó propuestas puntuales para incorporar principios como la igualdad, inclusión social y económica, impulsó la universalidad, los derechos humanos y la sostenibilidad. Sin embargo, ésta última aún es escasa y sin una ruta clara y coordinada de acción, pues su omisión se ve reflejada en los resultados deficitarios en cuanto a la protección, conservación y preservación de sus recursos naturales; una economía estancada y sin solidez; así como grandes desigualdades sociales. Por lo que desde la academia, el sector privado, la sociedad civil y gobierno, se está buscando cumplir con la responsabilidad de México a nivel global dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Educación para el desarrollo sostenible

En ese tenor, dentro de los ODS, uno de los más representativos es el Objetivo 4 que hace referencia a Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, dentro del cual, la meta 4.7 hace mención específica respecto a:

Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de la cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible..

Al respecto y considerando que la escuela es la institución, regida por el estado para ayudar a formar al individuo ya sea para consolidar su carácter como miembro de la sociedad así como para que adquiera las competencias que le permitirán desarrollar adecuadamente su trabajo, es que debe ser considerada punto focal en la construcción de nuevas identidades sociales y formación de la ciudadanía.

Por ello, el rol de las escuelas en México, debe ser el de catalizador de sociabilización, así como la base de recordatorio de valores sociales, pues es a través de ésta en la que se proveerá de un sentido a los sujetos y brindará herramientas para reconstruir el sentido para ellos mismos, ocasionando que se apropien de ese pensamiento.

De ahí la importancia del enfoque de los modelos educativos, pues de acuerdo a un estudio denominado Educación, Cambio Cultural y Sostenibilidad, el enfoque de los modelos actuales ha abonado a la crisis sociocultural que ha potenciado la crisis global en la que hoy nos encontramos. Por lo que se requieren acciones educativas que transformen nuestras concepciones, hábitos e incluso perspectivas para que nos orienten hacia una sociedad sostenible (Mattar, 2012), en virtud de que los modelos de educación actuales están diseñados para dejar a la sociedad tal cual está.

Claramente el desafío de nuestros días no está en educar para conservar, sino educar para cambiar a la sociedad, favoreciendo en el proceso las habilidades y competencias de las personas. Por ello, influir desde tempranas generaciones hasta la juventud, para incentivar el consumo y la producción sostenible, en donde la competitividad sea un aliado de la economía mundial y no la lucha de supervivencia entre estados y nación, o en donde la estabilización demográfica sea fundamental como parte de una economía que se ajusta a las exigencias de la ecología y del bienestar e igualdad social global, es trascendental. Es a partir de ahí de donde nace la necesidad de educar a las futuras generaciones para el Desarrollo Sostenible.

En ese sentido Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, ha afirmado que la educación salva vidas y transforma la vida; es el fundamento de la sostenibilidad [...] Por ello, debe haber una colaboración entre todos los sectores del desarrollo para que la educación sea un derecho universal y de calidad.

Y es que hablar de una educación para el Desarrollo Sostenible, por mencionar, es considerar cuestiones como:

• Basarse en las necesidades, percepciones y condiciones locales pero reconociendo que el satisfacer las necesidades locales a menudo tienen impactos y consecuencias internacionales;

• Considerar la educación formal, no formal e informal;

• Aceptar la naturaleza en constante evolución del concepto de sosteniblidad;

• Abordar el contenido teniendo en cuenta el contexto, los asuntos internacionales y las prioridades locales;

• Desarrollar la capacidad civil para tomar decisiones como comunidad, la tolerancia social, la gestión de los recursos ambientales, una fuerza laboral adaptable y una buena calidad de vida;

• Y finalmente, ser interdisciplinaria. Es decir, ninguna disciplina puede apropiarse de la educación para el Desarrollo Sostenible para sí misma; todas las disciplinas pueden contribuir a ésta.

Es decir, debe considerar la preparación de docentes, materiales, programas y contenidos basados en competencias básicas y valores para el desarrollo sostenible; el conocimiento declarativo (el saber ser) y las destrezas y habilidades (saber hacer) conjugado a su vez con las competencias para la vida real y la vida sostenible.

Para ello, se debe tener presente que el Desarrollo Sostenible como característica de la educación, es un paradigma que envuelve muchas de las formas de educación ya existentes más las que se puedan crear. Promueve esfuerzos para repensar programas y sistemas educativos (tanto métodos como contenidos) que actualmente sirven de apoyo para las sociedades insostenibles y de la misma manera, involucra a todos los componentes que se encuentran dentro de una sociedad como lo es: la legislación, política, finanzas, planes de estudio, etcétera.

Por lo anterior, puede considerarse a la educación para el Desarrollo Sostenible como un proceso continuo que producirá un cultura dirigida a la formación de profesionales comprometidos con la contribución de estrategias para mejorar las relaciones entre sociedad y el Medio Ambiente y a su vez, mantener la continuidad entre ambas, teniendo siempre presente los principios explícitos en los modelos éticos coherentes con un desarrollo humano ambiental y socialmente sostenible, tales como justicia, solidaridad, equidad, o el respeto a las diversidades tanto biológicas como culturales y que complementará de manera acertada el actual modelo educativo en el país.

Finalmente, para que se pueda diseñar e implementar una estrategia nacional de desarrollo sostenible que sea integral y transversal, aplicable tanto horizontal como verticalmente, es necesario contar antes con los mecanismos legales que permitan establecerla y garantizar su aplicación. Por lo anterior, se requiere que el Congreso de la Unión elabore un marco jurídico que no segregue lo ambiental de lo económico, lo cultural, ni de lo social. Es decir, debe regresar el camino en desarmonía hasta ahora efectuado y empezar a elaborar reformas o incluso expedir nuevas normas que permitan al país contar con un sistema legal que siente las bases de un modelo de Desarrollo Sostenible.

Fundamento legal

El suscrito, diputado Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se reforman el segundo párrafo, el inciso b) y d) de la fracción II, así como la fracción V del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenibley la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.

...

I. ...

II. ...

...

a)...

b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensio?n de nuestros problemas, al manejo y aprovechamiento sosteniblede nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;

c)...

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos; asegurándose que cuenten con los conocimientos, competencias, principios y valores necesarios para abordar los problemas sociales, medioambientales y económicos del futuro;

III a IV...

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, el desarrollo sostenible y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI a IX ...

...

...

...

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, contará con 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las reformas a la legislación correspondiente.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán considerar el fondo anual necesario dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal subsecuente al de la entrada en vigor de este Decreto, a fin de hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente Decreto. A su vez, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará los ajustes necesarios para su cumplimiento, en el ejercicio fiscal vigente.

Notas

1 Gadotti, Moacir. Pedagogía de la Tierra y la Cultura de la Sustentabilidad. [Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 24 de julio de 2017

http://www.uyitskaan.org/wp-content/uploads/2015/06/Pedagog%C3%ADa- de-la-Tierra-y-Cultura-de-la-Sustentabilidad.pdf)

2 OMS (2016). Contaminación del aire de interiores y salud.[Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 24 de julio de 2017

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/es/)

3 FAO (2010). 2050: Un tercio más de bocas que alimentar. [Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 27 de julio de 2017

http://www.fao.org/news/story/es/item/35675/icode/)

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(2017). [Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 22 de julio de 2017).

5 ONU (2017) Objetivos para el Desarrollo Sostenible. [Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 25 de junio de 2017

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/)

6 Telar Social. El comienzo del Desarrollo Sostenible/Sustentable como intervención global.

7 Telar Social. Educación, Cambio Cultural y Sostenibilidad.

8 Telar Social, íbid. p.

9 UNESCO. (2014).El desarrollo sostenible comienza por la educación. [Electrónico].(Recopilado de World Wide Web el 24 de julio de 2017

http://www.unesco.org/new/es/media-services/singleview/news/ unesco_sustainable_development_begins_with_education/)

10 Tilbury, Daniela. (2006).Educación para el Desarrollo Sostenible, ¿nada nuevo bajo el sol?: consideraciones sobre cultura y sostenibilidad. [Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 25 de julio de 2017

http://rieoei.org/rie40a04.htm).

12 UNESCO. Resumen Analítico de la Revisión de casos de Estudio sobre el análisis de experiencias internacionales en políticas de Educación para el Desarrollo Sostenible. [Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 26 de julio de 2017

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/San-Jose/pdf/ ToR_Resumen_Ejecutivo_EDS_v2.pdf)

13 Fernández, March. (2006). Metodologías activas para la formación de competencias. Revista Educatio Siglo XXI, 24.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2017.— Diputado Rafael Hernández Soriano(rúbrica).»

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Rafael Hernández Soriano. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene el uso de la palabra, por diez minutos, para presentar tres iniciativas, la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Una es con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Delgadillo y Clemente Castañeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Además, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre propio y del diputado Clemente Castañeda, también del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La tercera iniciativa que presenta es con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, también a nombre propio y del diputado Clemente Castañeda. Adelante, diputada.

La diputada Verónica Delgadillo García:Con su venia, presidente. Compañeros, compañeras. Señoras y señores. Para nadie es un secreto que el sistema político de este país desde hace tiempo dejó de servirle a los mexicanos, que dejó de identificarse con ellos.

Hoy presenciamos una batalla muy importante entre aquellos que queremos cambiar el sistema y aquellos que se aferran a un régimen que se ha aprovechado de la gente y que ha dado claras muestras de ser un régimen corrupto, de un régimen que no rinde cuentas, de un régimen que trabaja dándole la espalda a la ciudadanía, y que además la excluye en la toma de decisiones. Para ejemplificar esto basta con que mencionemos tres casos.

Primero. Por ejemplo, han pasado ya ocho años en el que el presidente de la República no ha venido a la máxima tribuna del país a rendir cuentas.

Segundo. Es indignante que en un país democrático no contemos con una herramienta eficiente de participación ciudadana que les permite a los mexicanos expresar su opinión en reformas muy importantes como serían las constitucionales.

Tercero. Porque nuestros instrumentos que hoy se encuentran consagrados en la Constitución para darle participación a la ciudadanía son prácticamente de adorno. Son instrumentos cuyos umbrales los hacen totalmente inaccesibles para la gente.

Ante este escenario, en donde no hay condiciones reales para la participación ciudadana más allá del ejercicio de participación a través del voto, en donde no tenemos herramientas que le den voz a la ciudadanía, nos tenemos que preguntar en esta Cámara de Diputados qué papel queremos jugar.

Tenemos que preguntarnos si queremos o no hacer algo para transformar este régimen y este sistema que no se identifica con los ciudadanos y que no les comparte el ejercicio del poder público.

En Movimiento Ciudadano tenemos claro que solo podremos transformar este régimen a través de reformas serias y profundas que estén basadas en la participación ciudadana y que estén de la mano con la rendición de cuentas.

Por ese motivo, mi compañero Clemente Castañeda y yo, hemos decidido presentar un paquete de iniciativas que hemos denominado Más Democracia, que, entre otras herramientas, presenta elementos para que podamos reducir los umbrales que existen hoy, por ejemplo, para que los mexicanos soliciten una consulta ciudadana o para que puedan presentar en este Congreso iniciativas ciudadanas, porque prácticamente hoy resulta imposible que puedan acceder a estas herramientas.

Queremos que esos umbrales los hagan accesibles para que empiecen a participar de manera activa en este tipo de ejercicios.

También proponemos que exista la figura de referéndum constitucional, porque no podemos permitir que la clase política siga tomando de manera exclusiva todas las decisiones de nuestro país y que no estemos considerando a los ciudadanos en la construcción de la transformación de México.

Basta que los mexicanos sean los que sufran y paguen las consecuencias de las malas decisiones de la clase política. Hoy queremos que el referéndum constitucional sea una herramienta que juegue a favor de la ciudadanía.

Entre otra herramienta que estamos proponiendo, es para que el presidente de la República retome su responsabilidad de rendir cuentas en la máxima tribuna del país, porque necesitamos que venga y les explique a los mexicanos por qué lleva al país a donde lo lleva el día de hoy, porque el día de hoy menos del 10 por ciento de los mexicanos aprueban este gobierno. Sería importante que él les explicara a los mexicanos por qué se han tomado decisiones, por qué se han cometido tantos errores, por qué en México impera la impunidad y la corrupción.

Señoras y señores, cuando los diputados llegamos a este Congreso, llegamos a esta Legislatura, nos propusimos darle un nuevo significado a la política y un nuevo significado a la vida pública, buscando oxigenarla, y hoy estamos convencidos de que la única forma que podemos y que debemos hacer para transformar este régimen, es dándole espacio a las herramientas de participación ciudadana.

Hoy los diputados tenemos la obligación de compartir el ejercicio del poder público con los mexicanos. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Verónica Delgadillo García y Clemente Castañeda Hoeflich diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de rendición de cuentas y democracia directa bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

I. El informe que presente el titular del Poder Ejecutivo año con año ante la Congreso de la Unión se ha vuelto en un simple trámite administrativo, donde únicamente se hace la entrega formal por escrito del documento que describe el estado general que guarda la administración pública federal.

Posteriormente se hace un análisis de dicho informe, donde existe la posibilidad de citar a comparecer a los secretarios de Estado y a directores de entidades paraestatales para que de forma complementaria informen la situación que guarda el país en materia de política interior, política económica, política social y política exterior.

Este modelo de rendición de cuentas no responde a la necesidad de transparentar el gasto de los recursos públicos, y mucho menos de poder cuestionar aquellas acciones del Poder Ejecutivo donde el gasto ejercido no cumplió con su finalidad, o peor aún fue utilizado para otros fines.

Es por ello que la presente iniciativa busca, en primer término, que el Presidente de la República regrese al Pleno del Congreso de la Unión a presentar su informe anual de actividades, entablando un dialogo de respeto y responsabilidad entre ambos Poderes. Y posteriormente para que el mismo Presidente de la República comparezca ante el Pleno de las Cámaras a un ejercicio de debate y rendición de cuentas.

En dicho ejercicio se propone que exista un intercambio de ideas y posicionamientos, tanto del propio Presidente de la República como de cada uno de los grupos parlamentarios, por lo que se vuelve fundamental que exista por lo menos, un mensaje de apertura por parte del Presidente, la respuesta del Ejecutivo ante cada uno de los posicionamientos que dé cada grupo parlamentario, una contra respuesta de los grupos parlamentario y por último un mensaje breve de cierre por parte del Presidente de la República.

Cabe mencionar que en el ejercicio que se está proponiendo debe imperar el respeto, para que pueda ser posible un dialogo e intercambio de ideas se requiere de un compromiso político y de estricto apego a la ley para evitar interrupciones que entorpezcan una eficiente rendición de cuentas.

Se deben de evitar los errores cometidos históricamente en cuanto a la presentación general que guarda la administración pública federal, ni se puede volver a los excesos del llamado “día del presidente”, ni tampoco a las acciones que impidan el desarrollo de este ejercicio democrático.

II. En segundo término, la presente iniciativa busca incentivar la participación ciudadana bajo el mecanismo de democracia directa que contempla la constitución, la iniciativa ciudadana.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los ciudadanos el derecho de iniciar leyes o decretos bajo ciertos requisitos. El principal requisito y a la vez obstáculo, es el porcentaje mínimo de respaldo ciudadano que debe acompañar para la iniciativa ciudadana.

Para la iniciativa ciudadana la fracción IV del artículo 71 constitucional señala:

“Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. a III. [...]

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.”

Según las cifras del Instituto Nacional Electoral, con corte al 16 de junio de 2017, se cuenta con una lista nominal de 41 millones 316 mil 706 hombres y 44 millones 637 mil 006 mujeres, dando un total de 85 millones 953 mil 712 de ciudadanos que solicitaron su inscripción al Padrón y cuentan con su credencial para votar con fotografía vigente.

Con esta lista nominal para el derecho a iniciar leyes o decreto, los ciudadanos que decidan ejercer dicho derecho deberán por lo menos recabar 111 mil 740 firmas.

Bajo este requisito, se vuelve cada vez más difícil la participación de los ciudadanos en los asuntos relevantes de nuestra nación, los ciudadanos deben de contar con mecanismos de fácil acceso para expresar su inconformidad o conformidad a través de mecanismos vinculantes.

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de rendición de cuentas y democracia directa

Artículo Primero. Se reforma y adiciona: el primer y segundo párrafo del artículo 69; la fracción IV del artículo 71; y una fracción XX recorriendo las demás en orden consecutivo del artículo 89; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 69. En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República asistirá y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y solicitará al Presidente de la República comparecer ante el Pleno a un ejercicio de debate y rendición de cuentas, ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

[...]

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. a III. [...]

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto cero seis por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

[...]

[...]

[...]

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. a XIX. [...]

XX. Comparecer ante el pleno de las Cámaras para informar el estado general que guarda la administración pública del país.

XXI. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Artículo Segundo. Se reforma y adiciona el numeral dos, tres y cuatro del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 7o.

[...]

2. Ante el Presidente de la República y una vez concluida su intervención, hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados de cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de cinco minutos.

3. El Presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y generales, con las formalidades que correspondan al acto. Esta sesión no tendrá más objeto que celebrar la apertura del periodo de sesiones y que el Presidente de la República presente su informe; en tal virtud, durante ella no procederán interrupciones por parte de los legisladores.

4. Posteriormente las Cámaras una vez analizado el informe presentado por el titular del Poder Ejecutivo, solicitarán al presidente de la República comparecer ante el pleno correspondiente a un ejercicio de debate y rendición de cuentas. En dicho ejercicio deberá incluirse por lo menos una intervención de apertura del Presidente de la República, una intervención de respuesta por cada uno de los cuestionamientos que realicen cada grupo parlamentario, una intervención de contra respuesta de los grupos parlamentarios, y una intervención de cierre del Presidente de la República. El análisis se desarrollará clasificándose por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior.

[...]

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deroga toda disposición que contravenga el presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.— Diputada Verónica Delgadillo García(rúbrica).»

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, la parte que le corresponde, y a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la porción respectiva, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada Verónica Delgadillo García:

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa que reforma los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer el referéndum constitucional, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

I.El poder legislativo, como uno de los tres poderes definidos por las repúblicas modernas, no debe ser exclusivamente representativo y pretender en tal sentido el monopolio de las facultades legislativas en detrimento de la democracia participativa, sino que idealmente las sociedades deberían gozar de instituciones tales que permitieran que los poderes legislativos establecidos depositen en las mayorías la facultad de juzgar la conveniencia de los instrumentos jurídicos y sus reformas. En ese sentido, la figura del referéndum es una reivindicación de las facultades legislativas de la ciudadanía, ya que se instrumenta concibiendo al cuerpo electoral como una asamblea colegisladora, con facultades referenciadas sobre el marco jurídico del Estado Mexicano.

Las ciudadanías contemporáneas han mostrado en las últimas décadas una creciente voluntad por participar en la toma de aquellas decisiones legislativas de mayor incidencia en la vida pública, y de ahí la reciente implantación de instrumentos referendarios en las constituciones europeas y latinoamericanas, como una medida óptima para construir una auténtica democracia participativa.

El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, y al cual el Estado Mexicano se adhirió y posteriormente ratificó, establece que todos los ciudadanos gozarán del siguiente derecho y oportunidad:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.

Ahora bien, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, estableció como uno de sus ejes primordiales que los tratados internacionales signados por el Estado mexicano deben ser incorporados a la legislación interna con un carácter constitucional, y que ha pasado a conceptualizarse como control de convencionalidad. En tal sentido, lo señalado anteriormente por el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos debe encontrar idealmente una certeza constitucional que determine la implementación de instrumentos de participación ciudadana para los tres niveles de gobierno en toda la República.

De entre los instrumentos de participación de ciudadana, no puede ser excluido el relativo a la implementación del referéndum, tanto constitucional como legislativo, pues la instrumentación de una auténtica participación ciudadana pasa por otorgar a la ciudadanía la facultad para someter a su escrutinio el marco jurídico que le rige, de ahí que Burgoa Orihuela señale al referéndum como uno de las herramientas cruciales de la democracia participativa:

El más importante consistiría en implantar el referéndum popular, en el sentido de que las reformas o adiciones constitucionales que impliquen actos supresivos, restrictivos o sustitutivos de cualesquiera de los principios esenciales que se han esbozado, deban someterse a plebiscito, que sería la forma como el pueblo externara su voluntad, aprobándolas o rechazándolas.

II.Por otro lado, en un ámbito de derecho comparado en el caso de Suiza, por ser el país modelo, en lo referente a la democracia participativa, cabe mencionar que el referéndum constitucional se encuentra regulado en su legislación en dos supuestos: el primero llamado facultativo, en cuanto se crea una ley, y el segundo de carácter obligatorio cuando se pretende modificar la constitución. Las herramientas de participación ciudadana en Suiza son una evidencia del respeto a los derechos políticos de la ciudadanía, implementando la expresión de la voluntad popular.

La incorporación del referéndum en la Constitución cristalizaría la voluntad mayoritaria de la nueva sociedad mexicana, que aspira a la construcción de una auténtica democracia participativa, y en que su voz sea tomada en cuenta para la aprobación de las leyes que le gobiernan. La sociedad del México actual, que en pleno siglo XXI forma parte integral de la llamada sociedad del conocimiento, no sólo demanda la inclusión de su voz en la toma de decisiones trascendentales para el marco jurídico de la República, sino que incluso ha expresado claramente su voluntad de tener una voz integral en la integración de las agendas legislativas, tanto federal como local, a través de la plataforma Haz tu Ley, misma que es impulsada por Movimiento Ciudadano.

Mediante la presente iniciativa, proponemos que los ciudadanos formen parte del Constituyente permanente de México, ocupando un lugar central en la toma de decisiones y siendo determinantes en la construcción de las instituciones, dado que la confección y el diseño de una constitución implica un momento de profunda reflexión nacional, y en dicho proceso los ciudadanos deben ocupar un espacio.

En tal sentido, el referéndum constitucional constituye para el Grupo Parlamentario de Movimiento un paso más en la determinación por abrir los espacios de decisión legislativa a la ciudadanía, de una forma cabal y transparente. Pues consideramos que no puede arribarse a la construcción de un verdadero sentimiento de comunidad, que devuelva el sentido de copertenencia a los ciudadanos, sin que las clases políticas y la ciudadanía construyan de la mano el sistema normativo que no da sentido como nación.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer el referéndum constitucional.

Artículo Único.Se adiciona una fracción IX al artículo 35, se modifica la fracción III del artículo 36, la fracción XXIX-Q del artículo 73 y el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35.[...]

I. a VIII [...]

IX. Votar en los procesos de referéndum constitucional.

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

I. y II. [...]

III. Votar en las elecciones, en las consultas populares y en los procesos de referéndum constitucional, en los términos que señale la ley;

IV. y V. [...]

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-P. [...]

XXIX-Q. Para legislar sobre la iniciativa ciudadana ,consultas populares y el referéndum constitucional.

XXIX-R. a XXX. [...]

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas mediante referéndum constitucional.

El Instituto Nacional Electoral organizará los procesos de referéndum constitucional y realizará el cómputo de la votación. Para que sea válido el resultado deberá participar cuando menos un tercio de la lista nominal de electores. Los procesos de referéndum constitucional se realizarán preferentemente el mismo día que las jornadas electorales federales, pudiéndose realizar de manera extraordinaria cuando así lo determine el Congreso de la Unión, conforme a los lineamientos establecidos en la legislación en materia de referéndum constitucional.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Una vez publicado el presente decreto, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días para aprobar la legislación secundaria en materia de referéndum constitucional.

Notas

1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Asamblea General de la ONU, 16 de diciembre de 1966,

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

2 Derecho constitucional mexicano, Ignacio Burgoa Orihuela, Editorial Oxford 2008 tercera edición.

3 Democracia Directa: Referéndum, Centro de Documentación y Análisis de la Cámara de Diputados, 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2017.— Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich(rúbrica).»

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y, LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

La diputada Verónica Delgadillo García:

«Iniciativa que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Los primeros antecedentes en nuestro país con relación a las consultas ciudadanas en las decisiones del gobierno se remontan al plebiscito realizado en marzo de 1824, que dio como resultado la incorporación de Chiapas a la Federación, y la Convocatoria del 14 de agosto de 1867, en la cual Benito Juárez propuso que el Poder Legislativo se depositara en dos Cámaras, que el Ejecutivo contara con la facultad de veto suspensivo a las resoluciones del Legislativo, además de establecer mecanismos de sustitución provisional del presidente de la República, entre otras. La última propuesta fue rechazada por el electorado.

En materia de participación ciudadana podemos destacar 1969, cuando se reformó la Constitución para reducir la edad mínima de los 21 a los 18 años de edad para poder sufragar y obtener la ciudadanía.

La Ley Federal de Consulta Popular fue aprobada el 14 de marzo de 2014, sin embargo, ha enfrentado una serie de obstáculos para lograr su implementación y para posicionarse como un instrumento de participación ciudadana efectiva.

Cabe mencionar que se han realizado varias solicitudes de consulta popular desde la creación de la Ley Federal de Consulta Popular. En octubre de 2014 se solicitó una consulta popular para que los ciudadanos se manifestara en relación a la reforma energética, sin embargo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la consulta, por considerar que recaían en la limitante del artículo 35, fracción III, de la Constitución respecto a los ingresos y egresos de la Federación.

Por otro lado, fue solicitada una consulta para reducir un cincuenta por ciento el número de diputados plurinominales de los 200 que existen actualmente, así como las 32 senadurías plurinominales, sin embargo, también fue declarada de inconstitucional por ser limitante y recaer en los supuestos de materia electoral.

En este sentido, cabe señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley Federal de Consulta Popular limita los temas sobre los cuales podrán solicitarte consultas populares, siendo éstos los derechos humanos, los principios consagrados en el artículo 40 constitucional, en materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, así como la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

II. El artículo 41 constitucional establece que la nuestra es una nación regida por la democracia, entendida ésta como una forma de organización social que deposita la titularidad del poder al conjunto de la sociedad, sin embargo, para que la nación pueda ejercer verdaderamente este poder que se le ha otorgado por medio de representantes, es necesario que los ciudadanos tomen parte de las máximas decisiones públicas, que son de interés para toda la población, ya que la participación ciudadana permite que las opiniones de cada uno de los integrantes de la sociedad sean escuchadas.

Lo anterior significa que imponer limitantes legales que vulneren los derechos políticos de participación constituye un agravio para la ciudadanía, cuando éstas se ven reflejadas en cualquiera de los mecanismos del ejercicio democrático, sea éste directo, representativo o deliberativo.

En Movimiento Ciudadano consideramos que resulta fundamental que la participación ciudadana se consolide como un elemento esencial de nuestra democracia, eliminando las excepciones que en tal sentido impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley Federal de Consulta Popular, sólo así estaremos en condiciones de romper la inercia que actualmente condena la democracia participativa a un mero asunto ornamental en el discurso de los partidos de siempre.

Por ello, con la presente iniciativa proponemos:

• Se elimina la restricción de aplicar consultas populares a los temas de materia electoral y de materia de ingresos y gastos, dado que estos temas no deben estar vedados de la participación ciudadana.

• Se reduce el porcentaje de ciudadanos necesarios para solicitar una consulta popular de 2 a 1 por ciento de la lista nominal, flexibilizando con ello el acceso a esta figura de participación.

• Se elimina la restricción para la solicitud de consultas populares en las Cámaras que establece que deberán presentarse hasta el inicio del segundo año de ejercicio.

• Se añade la figura de observadores ciudadanos para las jornadas de consulta popular, buscando dotar de mayor certidumbre y participación a estos procesos.

• Se realizan las adecuaciones jurídicas necesarias, que sean consecuencia de los ajustes a nuestro marco normativo.

Para Movimiento Ciudadana la participación ciudadana es un eje primordial en la construcción de una vida pública democrática e incluyente. Es por ello que esta iniciativa pretende elevar a nuestro máximo ordenamiento jurídico, la figura de la consulta popular como un ejercicio sin restricciones y sin ambages.

Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, para dar mayor certeza a la consulta popular

Artículo Primero. Se reforman los apartados 1o. inciso c), 2o. y 3o. de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35. ...

I. a VII. ...

VIII. ...

1o. ...

a)...

b)...

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al uno por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

...

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, un tercio de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

4o. a 7o. ...

Artículo Segundo. Se modifica el artículo 3, el segundo párrafo del artículo 4, la fracción II y III del artículo 9, la fracción III del artículo 12, el artículo 13, el artículo 16, la fracción I del artículo 28, la fracción V del artículo 33, la fracción VI del artículo 34, el artículo 35, el artículo 47, el artículo 53, el primer párrafo del artículo 57, el artículo 63, se deroga la fracción IV y V del artículo 11 y se adiciona la Sección Séptima al capítulo III en los artículos 64 y 65 recorriéndose en su orden los posteriores, de la Ley Federal de Consulta Popular, para quedar como sigue:

Artículo 3. La aplicación de las normas de esta ley corresponde al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos ámbitos de competencia.

En el caso del Instituto Nacional Electoral, la organización y desarrollo de la consulta popular será responsabilidad de sus direcciones ejecutivas y unidades técnicas en el ámbito central; en lo concerniente a los organismos públicos locales, serán competentes los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan.

Artículo 4. ...

Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en la consulta popular exclusivamente cuando la consulta coincida con la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, aplicando en lo conducente lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 9. Para efectos de esta ley se entenderá:

I. ...

II. Instituto: Instituto Nacional Electoral;

III. Ley: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

IV. a V. ...

Artículo 11. No podrán ser objeto de consulta popular:

I. a III. ...

IV. Derogado.

V. Derogado.

VI. a VIII. ...

Artículo 12. Podrán solicitar una consulta popular:

I. ...

II. ...

III. Los ciudadanos en un número equivalente, al menos, a uno por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

...

...

Artículo 13. La petición de consulta popular podrá presentarse ante las Cámaras del Congreso según corresponda, en términos de esta ley, a partir del inicio de ejercicio de cada legislatura y hasta el quince de septiembre del año previo al en que se realice la jornada electoral federal.

Artículo 16. ...

...

En el caso de las peticiones de ciudadanos, la convocatoria se expedirá respecto de aquellas que hayan reunido el apoyo ciudadano en un número equivalente, al menos, a uno por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, de acuerdo al Informe emitido por el Instituto y previa declaración de constitucionalidad y calificación de la trascendencia nacional a cargo de la Suprema Corte.

Artículo 28. ...

I. Recibida la petición por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara que corresponda, la publicará en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta de la misma y solicitará al instituto que en un plazo de treinta días naturales, verifique que ha sido suscrita, en un número equivalente, al menos, a uno por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores;

II. a VII. ...

Artículo 33. ...

...

...

I. a IV. ...

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal por alguno de los supuestos previstos en la ley.

Artículo 34. ...

I. a V. ...

VI. Los ciudadanos que hayan sido dados de baja de la lista nominal por alguno de los supuestos previstos en la ley.

Artículo 35. El instituto es responsable del ejercicio de la función estatal de la organización y desarrollo de las consultas populares y de llevar a cabo la promoción del voto, en términos del presente ordenamiento y la ley.

Artículo 47. La jornada de consulta popular se sujetará al procedimiento dispuesto por el Título Tercero en la ley en cuanto a la celebración de la jornada electoral, con las particularidades que prevé la presente sección.

Artículo 53. Una vez concluido el escrutinio y cómputo de las elecciones constitucionales en los términos del título tercero en la ley, se procederá a realizar el escrutinio y cómputo de la consulta popular en cada casilla, conforme a las siguientes reglas:

Artículo 57. El instituto incorporará al sistema de informática para recabar los resultados preliminares, los relativos a la consulta popular en términos de lo dispuesto en la ley.

I. a VI. ...

Artículo 63. Transcurridos los plazos de impugnación y, en su caso, habiendo causado ejecutoria las resoluciones del Tribunal Electoral, el Consejo General del Instituto realizará la declaración de validez del proceso de consulta popular, aplicando en lo conducente lo que establezca la ley, levantando acta de resultados finales del cómputo nacional, y la remitirá a la Suprema Corte, a fin de que se proceda conforme a los términos establecidos en esta ley.

Sección SéptimaDe los Observadores Ciudadanos

Artículo 64. Para la jornada de consulta popular podrán registrarse observadores ciudadanos con la finalidad de transparentar el proceso y vigilar el correcto desarrollo del mismo.

Artículo 65. Una vez publicada la Convocatoria, el Instituto emitirá los lineamientos para el registro de observadores ciudadanos, en apego a lo establecido en la Ley para las jornadas electorales. Los observadores ciudadanos tendrán derecho a conocer toda la información concerniente a la consulta popular de que se trate, así como a observar y vigilar el desarrollo de la misma el día de la jornada.

Artículo 66. ...

...

Artículo 67. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Una vez publicado el Decreto en el Diario Oficial de la Federación el Instituto Nacional Electoral deberá realizar los cambios necesarios en sus reglamentos respectivos para los procesos de consulta popular en un plazo no mayor a 180 días.

Notas

1 “Centros de estudios de la Cámara de Diputados, Cesop.”, 2012, p.2,

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/ Comisiones/2_pciudadana.htm

2 “Centros de estudios de la Cámara de Diputados, Cesop.” 2012, p.2,

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/ 2_pciudadana.htm

3 Zuckermann, Leo, “¿Quién mató a las consultas populares?” Excélsior, 4 de noviembre de 2014,

http://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/2014/11/04/990464

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2017.— Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich(rúbrica).»

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales la parte que le corresponde, y a la Comisión de Gobernación la porción respectiva.



DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA SOLIDARIDAD”

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 19 de septiembre de cada año, como el Día Nacional de la Solidaridad, suscrita por la diputada Arzaluz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante.

La diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, a partir del sismo suscitado en la Ciudad de México el 19 de septiembre del 85, se da el surgimiento de la idea de la sociedad civil en la esfera pública mexicana, pues esta tuvo un enfoque distinto, toda vez que la sociedad civil sustituyó al pueblo como la colectividad nacional.

Las semanas que surgieron al sismo del 85 fue la proliferación de textos en diversos medios, pues los acontecimientos fueron tan intensamente reportados en la prensa que prácticamente desparecieron otros temas y noticias de sus páginas, y pese a que prevalecía un panorama devastador, lo que realmente importó fue la solidaridad de los mexicanos, caracterizada por el bien común.

En este orden de ideas es destacar que la respuesta de la gente a los sismos que se presentaron en el mes de septiembre de este año, fue la misma que en el sismo del 85. Con ello se hace patente nuevamente que la tragedia nos mueve a todos, de alguna manera nos iguala, y nos acerca a través del desastre y nos muestra la vecindad en esta Ciudad; constituye el mejor recurso para que logremos dejar atrás el desamparo. En este sentido es importante enfatizar que todos somos actores cuando se habla de solidaridad.

Lo anterior se refiere a una colectividad más amplia, caracterizada por virtudes morales como el heroísmo.

Hablar de solidaridad es evocar un sentimiento de unidad, basado en metas o intereses comunes. Asimismo, se refiere a los lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí. Por lo que con la presente propuesta se pretende implementar el 19 de septiembre de cada año, como el Día Nacional de la Solidaridad, en reconocimiento a la capacidad de una respuesta y en entrega de los mexicanos antes las circunstancias adversas.

Dejemos de ser 120 millones de mexicanos y seamos solo uno. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa de decreto, por el que se declara el 19 de septiembre Día Nacional de la Solidaridad, suscrita por la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso, diputados federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 19 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Solidaridad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A partir del sismo suscitado en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, se da el surgimiento de la idea de sociedad civil en la esfera pública mexicana, pues esta tuvo un enfoque distinto, toda vez que la sociedad civil sustituyó al pueblo como la colectividad nacional legítima en el contexto de la transición a la democracia.

En ese tiempo no solo se habló de una devastación material y muerte, toda vez que en los subsecuentes días que siguieron a la catástrofe, un número importante de la población capitalina respondió con un despliegue masivo de ayuda y se sumó voluntariamente a los trabajos de rescate y de apoyo a las víctimas: desde brigadas que removían escombros, proporcionaban asistencia médica o dirigían el tránsito vehicular, hasta grupos de acopio de víveres, ropa y medicinas para los damnificados. Estas movilizaciones, representadas en la prensa como espontáneas e independientes de los aparatos gubernamentales, entraron en la narrativa histórica de la Ciudad de México como “el despertar de la sociedad civil” y, por ello, como un evento crucial, incluso como un parteaguas en el proceso de democratización no sólo de la ciudad, sino de todo el país.

En este sentido, cabe mencionar un texto publicado en el año 1995 por Carlos Monsiváis, donde mencionaba “Pese a la mitología urbana, lo ocurrido a partir del 19 de septiembre supera, todavía hoy, a la descripción legendaria. Larespuesta solidaria es también emergencia política, desobediencia racional, fe en las resonancias del impulso comunitario, y no exagero si califico a la gran vivencia de “sensación utópica”, en el mejor sentido del término. A su modo, cientos de miles descubren que sí hay lugar, el sitio donde los ciudadanos cuentan, la sociedad funciona sin paternalismo. [...] A la utopía la determina la redefinición en la práctica de un término hasta entonces no muy tomado en cuenta, la sociedad civil, que se va entendiendo como las acciones y las interpretaciones fuera de control del aparato gubernamental”.

Es menester mencionar que en las semanas que siguieron al sismo hubo una proliferación de textos en diversos medios, pues los acontecimientos fueron tan intensamente reportados en la prensa que prácticamente desaparecieron otros temas y noticias de sus páginas. Durante los primeros días, lo que predominaba eran reportajes, crónicas, editoriales y artículos de opinión, además de un panorama de devastación, así como expresiones de duelo, pero lo que realmente permeo era la celebración de la solidaridad de los mexicanos, siendo la principal característica que esta solidaridad anteponía.

La tragedia, al conmover igual a todos, de alguna manera nos iguala, nos vuelve parejos. Y esa forzada, aunque pasajera democratización, que hace a un lado diferencias por asuntos particulares y sobrepone lo que de común tenemos todos, que es nuestra cercanía a través del desastre y nuestra vecindad en esta ciudad, constituye el mejor recurso para que logremos dejar atrás la tragedia.

¿Pero quién es el actor que se solidariza? en este sentido todos somos actores cuando se habla de solidaridad, lo anterior evoca una colectividad más amplia y difusa, caracterizada por virtudes morales como el heroísmo. Esta colectividad se circunscribe a los habitantes de la Ciudad de México, “los capitalinos”; sin embargo, en la mayoría se hace referencia a una colectividad más amplia e imprecisa, una masa amorfa que responde de manera espontánea y unificada ante la catástrofe. Aunque aparecen menciones a los “mexicanos” y a los “ciudadanos”, son sobre todo “el pueblo” y en menor medida la “sociedad civil” los que aparecen como protagonistas de la solidaridad.

Presencia de la sociedad civil

Cabe mencionar y destacar que en el sismo, tanto del 19 de septiembre de 1985 como el de 2017, la sociedad civil demostró una vez más su capacidad de respuesta y entrega ante las circunstancias adversas para socorrer infatigablemente ahí en donde es preciso y necesario. El espíritu de los millares de mexicanos que integran las brigadas de voluntarios para el rescate impulsa a otros compatriotas a seguir su ejemplo, sin dejar de reconocer el apoyo extranjero, con lo anterior se hace patente el compromiso que tiene la sociedad con la humanidad misma.

El concepto de solidaridad, se refiere al sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes, es un término que refiere a la aplicación de lo que se considera bueno. Así mismo, se refiere a los lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí.

La definición tiene componentes muy atractivos e inspiradores, particularmente lo de “sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes”, ya que representa un valor fundamental en cualquier grupo social y que, cuando se presenta con determinación y constancia, lleva a esos grupos a niveles superiores de desarrollo y transcendencia.

Características de la solidaridad:

Acogedora

• Abre espacios a personas sin excluir a nadie.

• Estudia el tipo de atención que se requiere.

• Manifiesta alegría, disponibilidad en escuchar y celebrar hechos de vida.

Creativa

• Genera respuestas nuevas e ingeniosas.

• Introduce dinámicas y juegos educativos en las reuniones y encuentros.

Organizadora

• Ordena y planifica su acción solidaria.

• Involucra y orienta a las personas que se quiere apoyar, no crea paternalismo.

• No trabaja sola, lo hace con otros y otras.

Formadora

• Forma y capacita para el trabajo de promoción humana y de defensa de los Derechos Humanos

• No se detiene, siempre avanza, acude y trabaja en la periferia, con los pobres, marginados y excluidos.

• Conocedora de la realidad social, política y económica.

• Testigo activo de la fe, protagonista de su historia.

Espontánea

• Frente a situaciones del momento y que requieren rápida atención la gente, organizada o no organizada realizan colectas juntan cosas, ropas, alimentos, monedas, entre otras, y acuden prontamente a satisfacer la necesidad. Es algo que surge desde la espontaneidad, desde adentro, quizás para mitigar un poco el dolor de los afectados movido por un sentimiento de pena ante la gravedad o el impacto del hecho.

Organizada

• Grupos constituidos que dan respuestas organizadamente a problemas o necesidades permanentes

Amplia

• Esta solidaridad tiene que ver con situaciones que afectan a la estructura misma de la sociedad. Frente a situaciones de discriminación, exclusión y marginación social, es capaz de organizarse para apoyar movimientos y acciones más allá de su comunidad, que vayan en la línea de favorecer la justicia y el bien común.

Visto lo anterior, la reacción social que han tenido los mexicanos siempre ha sido inmediata, decidida y contundente, mucho más ágil y expedita que la de las propias autoridades. El ícono de la solidaridad entre mexicanos se dio durante el temblor de 1985 y el que se presentó el 19 de septiembre de 2017, donde las imágenes de una sociedad organizada y fuerte ayudando a rescatar gente atrapada entre los escombros son realmente conmovedoras e inspiradoras, pero sobre todo dignas de reconocimiento.

Es por ello que el objetivo de la presente iniciativa es el reconocimiento a la muestra de Solidaridad de los mexicanos (voluntarios, bomberos, autoridades federales, sociedad civil en general).

Reconocimiento internacional a la solidaridad del pueblo mexicano

Es importante destacar el reconocimiento que hizo la prensa británica a la solidaridad mostrada por el pueblo mexicano al establecer que “Momentos como estos ofrecen visos de esperanza de encontrar gente viva entre los escombros” destaca el diario The Telegraph, mientras que en las imágenes se puede distinguir a cientos de voluntarios formando cadenas humanas, expresión de la solidaridad mexicana.

En este sentido, no podemos dejar de mencionar el apoyo de países de América Latina, Europa y Asia, quienes con su presencia han ayudado al pueblo mexicano.

Los mexicanos hemos dado lecciones de solidaridad, humanismo y organización social en los momentos de devastación, es por ello que se hace necesario hacer un reconocimiento a la hermandad presentada por los mexicanos en los momentos en los que nuestro país nos ha necesitado.

Por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de ésta soberanía, el presente proyecto de

Decreto por el que se declara el 19 de septiembre de cada año como “Día Nacional de la Solidaridad”

Único. El honorable Congreso de la Unión declara el 19 de septiembre de cada año como “Día Nacional de la Solidaridad”.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Revista mexicana de sociología. De pueblo a sociedad civil: el discurso político después del sismo de 1985. Alejandra Leal Martínez (referencia septiembre 2014). Consulta en la web:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S0188-25032014000300004

2 Solidaridad un valor mexicano ante los desastres (referencia 23 de octubre de 2015) Disponible en la Web: https://sentimientosdeminacion.mx/2015/10/23/solidaridad-un-valor- mexicano-ante-desastres/

3 Prensa Británica destaca solidaridad de los mexicanos tras sismo (referencia 20 de septiembre de 2017). Disponible en la Web:

https://www.informador.mx/internacional/Prensa-britanica-destaca- solidaridad-de-mexicanos-tras-sismo-20170920-0134.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de octubre del año 2017.— Diputados: Alma Lucía Arzaluz Alonso,Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.



LEY DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO Y RURAL

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por cinco minutos, a diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz:Gracias.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputada Karina Barón.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz: Gracias, presidente. Honorable asamblea, necesitamos más cultura y más unidad para enfrentar los desastres naturales. Este ha sido una de las enseñanzas que terremotos e inundaciones nos han dejado en los últimos meses.

Si bien teníamos claro que siempre es mejor prepararse y prevenir para que los daños no nos cuesten vidas humanas y destrucción, tenemos que aceptar con profunda humildad que en muchos sectores, regiones y ciudades el país no ha hecho lo suficiente para vivir con la tranquilidad del deber cumplido.

Esta circunstancia es grave en sectores más desprotegidos, como el campo mexicano. Ese lugar que tanto reconocemos como nuestro, pero que a muchos les pasa de largo por completo. Ese campo mexicano que nos alimenta y que tanto se olvida.

A consecuencia de los siniestros ocurridos en las últimas semanas, de acuerdo con información de la Sagarpa, solo en septiembre diversos estados presentaron avisos de siniestro por poco más de 138 mil hectáreas de cultivo. Entre estos estados se suman más de 13, están: Baja California Sur, Oaxaca y Veracruz. Esos mismos han presentado avisos de siniestro por muerte de 871 unidades de animal y 255 avisos por afectaciones en infraestructura.

El campo está en condiciones de verdadera emergencia. Con estas cifras y siniestros requiere de una cirugía mayor, que además contemple determinaciones y políticas efectivas de diversas índoles.

En esa lógica, porque nuestra vocación ha sido siempre aportar soluciones a los problemas del campo, es que presento como parte de mi grupo parlamentario una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural.

Esto para impulsar esquemas de aseguramiento ante contingencias climatológicas y de prevención para afrontar desastres naturales en las coberturas de los fondos de seguros agropecuarios. Esto hará posible que productores se enfrenten bajo mejores condiciones económicas, contingencias climatológicas y siniestros, por desastres naturales.

Necesitamos fortalecer los esquemas de seguros comerciales y catastróficos para el campo, que hoy son insuficientes y poco efectivos para cubrir los riesgos asociados a la producción agropecuaria en México.

Nos preocupan, en particular, los pequeños productores y comunidades pobres, que ante desastres y contingencias naturales no tienen medios de defensa y de recuperar efectivos.

Está en manos de esta soberanía esta iniciativa, que someto a su consideración para establecer estos esquemas de aseguramiento y ayuda. Con más cultura, cultura de prevención y cultura del seguro, nuestra gente vivirá con tranquilidad y tendrá mejores herramientas para reconstruir su vida.

El campo de nuestro país resguarda la esperanza. En el campo está la gente noble, gente de trabajo que ha de restaurar tarde o temprano los valores nacionales. Por el campo, propuestas. Por el campo, soluciones. Es cuanto, señora presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 77, numerales 1 y 2, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A) Planteamiento del problema

Los recientes desastres naturales, particularmente en regiones y Estados pobres de México, han dejado millonarias pérdidas que han perjudicado, particularmente, a los productores del campo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en septiembre de 2017 los estados de Colima, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Yucatán han presentado avisos de siniestro para poco más de 138 mil hectáreas de cultivos como maíz, frijol, cebada, chile, haba, chayote, plátano, algodón, manzano, nogal y café. La dependencia precisó que los estados de Baja California Sur, Oaxaca y Veracruz han presentado avisos de siniestro por muerte de 871 unidades animal y 255 avisos por afectaciones en infraestructura, mismas que se encuentran en proceso de inspección por parte del fondo de aseguramiento pecuario de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas.

Asimismo, en los estados de Colima, Michoacán, Sinaloa, Veracruz y Puebla los aseguradores están atendiendo avisos de siniestro en tres mil 617 hectáreas de cultivos como maíz, arroz, soya, plátano y papaya, de las cuales se han realizado trabajos de inspección en campo en 267 hectáreas que presentan alguna afectación, por lo que las empresas aseguradoras procederán a pagar una indemnización por 10.8 millones de pesos.

B) Argumentos

Los desastres naturales han ido en aumento consecuencia del cambio climático además de las características geológicas propias del territorio mexicano: sequías, granizadas, heladas y nevadas; lluvias torrenciales e inundaciones, tornados, huracanes además de fenómenos geológicos: sismos, erupciones volcánicas, maremotos, deslizamientos y movimiento de ladera.

Las consecuencias derivadas de los desastres naturales impactan a productores del campo de bajos ingresos productores que no cuenten con algún tipo de aseguramiento público o privado. Los especialistas indican que para alcanzar una economía agraria moderna es necesario estar en capacidad de identificar esos desafíos y tener respuestas adecuadas a ellos, una de las mejores respuestas es la adopción o contratación de seguros agropecuarios.

Expertos del Banco Mundial sostienen que “el seguro agropecuario ayuda a los productores a mitigar los efectos financieros de eventos naturales adversos y a mejorar la eficiencia en la asignación de sus recursos. Es más, entre los pasos que recomiendan para mejorar la intervención pública en el caso de los desastres naturales que afectan al sector agropecuario y las áreas rurales están los siguientes:

a. Dividir el riesgo de que ocurra un desastre en varios estratos, según la frecuencia y la exposición.

b. Identificar los mecanismos actuales y mecanismos alternativos para transferir el riesgo financiero agregado por estrato...

c. Para cualquier desastre natural, y especialmente para las áreas rurales, elaborar por adelantado y tan explícitamente como sea posible, reglas que contemplen el cuándo, el dónde, para quién y el qué, con respecto a la ayuda va a brindar el gobierno y los donantes internacionales que apoyen este tipo de causas.

d. Actualizar el marco normativo de la industria de seguros, para que los nuevos instrumentos se regulen de manera tal que se proteja a los productores agropecuarios que tomen este tipo de seguros pero que también se garantice la sostenibilidad de la industria.

En este sentido, la gestión de riesgos echa mano de instrumentos y estrategias para hacer frente a los riegos derivados del cambio climático y fenómenos geológicos. Para los expertos, la mejor alternativa de gestión es la adopción y contratación de seguros agropecuarios cuyo objeto sea otorgar garantías para la protección contra siniestro o pérdidas a cambio de pagos; otra alternativa para afrontar riesgos son las uniones de agricultores en mutualidades.

La mecánica es proteger el patrimonio de los agricultores a través de indemnizaciones, disminuyendo la incertidumbre frente a eventos infortunados que impacten sus previsiones. “La técnica aseguradora, basada en conceptos estadísticos y actuariales, según la modalidad del seguro. Mediante estos procedimientos se determinan las primas, los recargos y las reservas que debe aplicar una empresa aseguradora para poder responder a los compromisos asumidos”.

En México, el objetivo 4.10 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala que se deberá construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. Asimismo, igualmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro de la Meta 4. “México Próspero”, establece también el Objetivo 4.10. “Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, el cual está soportado por 5 Estrategias:

1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico;

2. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país;

3. Incentivar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario;

4. Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgo; y

5. Modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un sector agroalimentario productivo y competitivo.

Esas líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señalan la necesidad del diseño de mecanismos de aseguramiento frente a riesgos derivados de los desastres naturales en las etapas de la cadena productiva de los agricultores hasta la comercialización, la gestión eficiente de riesgos permitirá la efectiva competitividad de los productores.

Los artículos 127 y 128 y el capítulo XII de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable señalan que para facilitar el acceso de los productores al servicio de aseguramiento se apoyará y fomentará a los Fondos de Aseguramiento. Los programas sectoriales agropecuarios establecen la creación de incentivos necesarios para los Fondos de Aseguramiento y la formación de nuevos Fondos y la consolidación de los existentes. Los programas han venido fortaleciendo los Fondos de Aseguramiento y la promoción de su reconocimiento como instrumentos de aseguramiento.

El artículo 1o de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, publicada el 13 de mayo de 2005 en el Diario Oficial de la Federación, señala que el objeto de esta ley es “crear y regular la organización, funcionamiento y operación del Sistema de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural que se constituirá por los Fondos de Aseguramiento y por sus Organismos Integradores, que se registren ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”

De acuerdo a lo establecido en el mencionado ordenamiento, el Programa de Aseguramiento Agropecuario contribuye el desarrollo y administración de riesgos del sector agropecuario a través de esquemas de reducción de costos que pagan los productores y los gobiernos de las entidades federativas por primas o cuotas a través de aseguramientos de riesgos operativos y catastróficos. La ley determina que los Fondos de Aseguramiento son sociedades constituidas de productores agrícolas y ganaderos o de personas en el medio rural para ofrecer protección mutualista y solidaria a sus socios a través de operaciones de seguros y coaseguros.

En este esquema se hallan los Fondos de aseguramiento y las empresas privadas. Los primeros tienen los siguientes propósitos:

1. Fomentar, promover y facilitar el servicio de aseguramiento,

2. Regular las actividades y operaciones que podrán realizar,

3. Establecer el servicio de asesoría técnica y seguimiento de operaciones que deberán recibir, con el propósito de lograr su sano y equilibrado desarrollo

De acuerdo con el artículo 92 de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, una de las principales institución de reaseguro en México es “Agroasemex misma que otorga un respaldo a los agentes económicos que operan en el mercado del seguro agropecuario y se desempeña como agencia de desarrollo que impulsa la participación de los agentes privados y sociales para promover el crecimiento en su cobertura y penetración, a través del diseño y operación de instrumentos de mitigación y transferencia de riesgos.

Agroasemex proporciona respaldo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a Gobiernos Estatales mediante productos (seguros catastróficos) orientados a cubrir las desviaciones financieras a las que están expuestos, como consecuencia de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, mediante el artículo 129, que dio origen en el 2003 al Fondo de Apoyo para Atender a Productores Rurales Afectados por Contingencias Climatológicas, hoy Componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero).

Los productos son masivos, presentan sumas aseguradas iguales para todas las unidades protegidas alineadas a los apoyos del Programa del Seguro para Contingencia Climáticas con bajos costos de operación, cubiertos exclusivamente con recursos fiscales, basados en información de estaciones climatológicas, observaciones satelitales o inspecciones físicas dependiendo del producto”.

C) Justificación del proyecto de reformas y adiciones a la Ley de Aseguramiento Agrario y Rural

No resulta ocioso decir que, a medida que se acentúe el cambio climático, se desatarán con mayor fuerza las consecuencias de los daños particularmente en el sector agrario donde los pequeños productores serán los más perjudicados con pérdidas millonarias y de difícil reparación y reposición.

Estos fenómenos despiertan nuevamente el interés por la contratación de seguros agrarios que tengan primas justas para los pequeños productores y comunidades pobres. De acuerdo con los especialistas, “los agricultores eligen de un modo más o menos explícito las estrategias que van a seguir con respecto a la gestión de riegos, desde medidas en el campo (buenas prácticas agrícolas, incorporación de tecnologías reductoras de riesgos, etc.), el “autoseguro” (que puede tomar la forma de un ahorro de parte del agricultor en una buena zafra para compensar eventuales pérdidas en zafras siguientes), hasta transferir los riesgos que escapan a su control a empresas que se especializan en asumirlos: las compañías de seguros”.

Sin embargo, es necesario extender el conocimiento necesario para que los pequeños productores realicen la contratación de seguros en base a esquemas sanos de autofinanciamiento, primas cómodas y subsidios gubernamentales que les permitan contratar los esquemas de aseguramiento que sean posibles manejar.

En las evaluaciones del Programa de Aseguramientos Agropecuarios, “se observa una tendencia hacia la disminución de operaciones de aseguramiento y financiamiento agropecuario, riesgo de rechazo en los trámites de solicitud de crédito y la pérdida de capacidad productiva ante la ocurrencia de siniestros, lo que en su conjunto dificulta a los productores el poder reincorporarse a su actividad económica después de que se vea afectada por eventos externos adversos. El problema identificado implica que los estados, productores y organizaciones agropecuarias no cuentan con esquemas de seguros comerciales y catastróficos efectivos, enfrentan elevados costos de primas y padecen deficiencias en la operación y enfrentan un ambiente en el que es muy baja la promoción de la cultura del seguro”.

Si bien existen diferentes programas para incentivar al aseguramiento de áreas agrícolas a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, resulta oportuna la integración en las coberturas de los fondos de aseguramiento establecidos en la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural de esquemas para enfrentar contingencias climatológicas y para la prevención de desastres naturales para proteger los bienes conexos a la actividad agropecuaria y rural así como la ampliación de fondo de retención común de riesgos de fondos de aseguramiento ante contingencias climatológicas y de prevención ante desastres naturales.

Lo anterior, vendrá a resolver y fortalecer los esquemasde seguros comerciales y catastróficos insuficientes y poco efectivos para cubrir los riesgos asociados a la producción agropecuaria en México propiciando la cultura del aseguramiento a través de instrumentos financieros cuyas primas sean accesibles en México procurando un mercado atractivo con recursos para financiarlo y para beneficio d los pequeños productores y comunidades pobres.

Lo anterior se propone en las siguientes reformas y adiciones a la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario Rural de la siguiente forma:

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural

Único. Se reforman los artículos 3o, fracciones II y III; 47, fracción I, incisos d) y e) y se adicionan los artículos 3o. con una fracción IV; 47 con un inciso f) a la fracción I y 75, fracción segunda, con un segundo párrafo, de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. ...

II. En operaciones de vida, a coberturas con sumas aseguradas limitadas para atender esquemas de saldo deudor y de vida para familias campesinas,

III. En las operaciones de accidentes y enfermedades de sus socios, el ramo de accidentes personales , y

IV. En las operaciones de prevención ante contingencias climatológicas y desastres naturales para aseguramiento de bienes conexos a la actividad agropecuaria y rural.

Artículo 47....

I. ...

a) a c) ...

d) Contratar esquemas de reaseguro y/o coaseguro que se adapten a sus características, y operar sus coberturas conforme a tales contratos, en términos de lo dispuesto por esta Ley,

e) Impulsar mecanismos voluntarios de solución de controversias entre los Fondos de Aseguramiento y sus socios , e

f) Impulsar esquemas de aseguramiento ante contingencias climatológicas y de prevención ante desastres naturales.

II. a X ...

Artículo 75. ...

I. ...

II. ...

Este sistema de retención común también tendrá como objetivo fomentar fondos de aseguramiento ante contingencias climatológicas y de prevención ante desastres naturales.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Notas

i Activa Sagarpa seguros por afectaciones de fenómenos meteorológicos en sectores agropecuario y pesquero, 11 de septiembre, 2017 en:

http://arribaelcampo.com.mx/activa-sagarpa-seguros-por-afectaciones- de-fenomenos-meteorologicos-en-sectores-agropecuario-y-pesquero/

ii David C. Hatch et. al. “Los seguros agropecuarios en las Américas: un instrumento para la gestión del riesgo”, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), San José, Costa Rica 2012, p. 4.

iii Ibídem, p. 7.

iv Armando Ramírez Román et. al “Seguros Agrícolas en México”, Revista Global de Negocios, Vol 1, No. 1, 2013, p. 99 en:

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ibf/rgnego/rgn-v1n1-2013/ RGN-V1N1-2013-8.pdf

v David C. Hatch et. al, Op. Cit. p. 89.

vi Evaluación de diseño del programa de aseguramiento agropecuario 2016, ITAM, EN:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/120121/ mocyr_informefinal_s265_06.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 19 de octubre 2017.— Diputada Natalia Karina Barón Ortiz(rúbrica).»

Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.



LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, Y CÓDIGO PENAL FEDERAL

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derecho de Autor y del Código Penal Federal. Adelante, diputada.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el propósito de una educación de calidad es formar mujeres y hombres responsables, participativos, críticos, autónomos, creativos, éticos y comprometidos con los valores para conformar una sociedad de derechos, un país de derechos. La educación es un derecho.

La educación implica favorecer el desarrollo y apropiación del conocimiento que los preparen para la vida. En Nueva Alianza entendemos que vivimos en un mundo donde el avance de las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado nuestra forma de vida y estamos convencidos de que su vinculación en los procesos educativos es determinante para una educación de calidad.

No obstante, enfrentamos un fenómeno que pone en riesgo la educación de calidad y, con ello, la ética y los valores.

Toda vez que en los últimos cuatro años han proliferado diversos portales de internet, que más allá de ser un apoyo o brindar ayuda en la realización de tareas escolares, a cambio de una cuota, literalmente realizan los trabajos, resúmenes o investigaciones académicas encargadas a los estudiantes, con ello se fomenta el plagio, el engaño y la corrupción y al mismo tiempo se obstaculiza el aprendizaje de calidad, el aprendizaje significativo que construyen los alumnos, quitándoles la oportunidad de aprender a aprender, a formarse en el conocimiento, la capacidad de hacerlo por sí mismos y de ser críticos ante las circunstancias.

El tema no es menor, estamos hablando de más de 6 mil sitios de este tipo disponibles solo en México, a lo que esto representa el 90 por ciento de los estudiantes de la capital del país, jóvenes entre 12 y 17 años acuden como apoyo para sus tareas.

Más aún, en el mes pasado de mayo, la Secretaría de Educación Pública federal interpuso una demanda de hechos ante la Unidad Especializada contra los Derechos de Autor en la PGR, solicitando la implementación de medidas cautelares sobre el servicio que prestan ese tipo de portales y las páginas que operan, amparadas en los vacíos legales que existen gracias a marco jurídicos que no las regulan.

En Nueva Alianza pensamos que desde nuestro ámbito de acción y de responsabilidad debemos coadyuvar a enfrentar los riesgos de la falta que esa regulación genera. Por tanto, consideramos conveniente subsanarlo mediante la reforma al artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, con el objeto de ampliar la protección de derechos a aquellas obras totales o parciales, que sean publicadas a través de medios electrónicos, como son los sitios de Internet.

De igual manera, en aras de inhibir dichas prácticas planteemos modificaciones a diversos artículos del Código Penal Federal, a efecto de establecer sanciones a quienes plagien la materia en total o parcial a través de medios electrónicos, incluidos los sitios de Internet, con ello estaremos garantizando una educación de calidad y sobre todo abandonando promover el respeto hacia la calidad educativa de los estudiantes.

Tenemos que darle certeza, es un propósito que Nueva Alianza, queremos promover y pedimos, a su juicio y a su criterio, respalden que los jóvenes y niños de este país tengan una educación de calidad. Es cuanto. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, María Eugenia Ocampo Bedolla, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor y la fracción III del artículo 424; la fracción I del artículo 424 Bis y el artículo 424 Ter; todos, del Código Penal Federal, con base en el siguiente

Planteamiento del problema

Según informes de la Unidad Especializada Contra Derechos de Autor de la Procuraduría General de la República (PGR), en los últimos cuatro años han proliferado diversos portales de internet, mismos que iniciaron ofreciendo ayuda para la realización de tareas escolares de distintos niveles y, actualmente, literalmente realizan los trabajos, resúmenes o investigaciones académicas encargadas a los estudiantes. Esto, a cambio de cantidades que van desde los $300.00 hasta miles de pesos.

La proliferación de este tipo de situaciones ha hecho que en mayo pasado, la Secretaría de Educación Pública federal interpusiese una denuncia de hechos ante la Unidad Especializada Contra Derechos de Autor de la PGR; lo anterior, a fin de tratar de frenar la actividad de estos sitios, solicitando, a su vez, la implementación de medidas cautelares sobre el servicio que prestan estas páginas de Internet que actualmente son más de 600 mil sitios disponibles sólo en México.

Nueva Alianza no es omisa a la atención que esta problemática representa; no estamos en contra de la prestación de servicios de investigación y análisis; sin embargo, sí reconocemos que es aquí donde nos enfrentamos un conflicto moral y de ética, aspectos que, como Legisladores no podemos subsanar, pero sí atender, a través de esta iniciativa, la cual da cause a un vacío legal claramente identificado, tanto en la Ley de Derechos de Autor como en el Código Penal Federal.

Exposición de Motivos

Los docentes de educación Básica constantemente enfrentan un creciente número de jóvenes que se dedican a copiar y/o entregar trabajos académicos sin el necesario rigor metodológico, sin citas o, dicho claramente, trabajos escolares plagiados; el avance de las tecnologías de la información y la accesibilidad creciente de medios de difusión como el Internet y todas las aplicaciones asociadas a éste, han hecho que los estudiantes tengan a la mano una creciente infinidad de páginas y servicios en línea en las que a través de algunos simples clicks, pueden recibir o descargar un documento, el cual pueden y llegan a presentar como propio en sus escuelas, en algunas ocasiones gratuitamente y, en algunas otras, por medio de un intercambio monetario.

El anonimato y el intangible mundo del Internet aportan a estas páginas un ambiente idóneo, ya que en muchos de los casos no existe una dirección física que las identifique como empresas u organizaciones legalmente constituidas, así como de sus servidores, ni algún directorio de sus responsables, situación que hace difícil su regulación.

Además de ser un problema que daña las obras intelectuales de los autores, puesto que no les da el correspondiente crédito o, eventualmente, el pago de regalías por el uso, consumo o exposición de sus obras. El más grave problema consiste en que la proliferación de estos sitios de Internet incide principalmente en el desarrollo y aprovechamiento escolar de los educandos, quienes, por ahorrarse tiempo y esfuerzo, con estos hechos recurren al ejercicio de prácticas deshonestas y corruptas, las cuales no van en concordancia con lo esperado y estipulado para el logro de la calidad educativa, quitándoles a los estudiantes la oportunidad de aprender a aprender, la capacidad de hacerlo por sí mismos y de ser críticos ante las circunstancias.

El tolerar y permitir estas prácticas en los educandos, así como la actividad de estas páginas y sus servicios, daña el desarrollo educativo de niños y jóvenes, ya que les impide desarrollar sus capacidades analíticas y de disertación argumentativa. Desafortunadamente, el crecimiento del acceso a Internet, también ha incrementado el uso de este tipo de prácticas y de las páginas de donde se extrae la información, que van desde proporcionar una simple definición, hasta tener disponibles, para su utilización individual, documentos completos que los alumnos de todos los niveles educativos pueden usar como propios. Las cifras son preocupantes, tomando en cuenta que sólo en la Ciudad de México el 96.7% de los niños entre 12 y 17 años tiene acceso a Internet y, de los cuales, el 90% de ellos lo usa como apoyo para sus tareas.

Es preciso mencionar que se han identificado muchas páginas que comienzan como servicios gratuitos y terminan cobrando miles de pesos por sus documentos, entre los que se encuentran elrincondelvago.com y tareasenlinea.mx, ésta última, de entrada, promete calificaciones de excelencia por un semestre completo, llegando a cobrar por materia alrededor de $4,000.00 pesos; por el ensayo de un libro, con una extensión de 5 cuartillas, se solicita el pago de $375 pesos; por un mapa mental de 2 cuartillas, $285 pesos. Asimismo, en las formas de pago, aceptan cualquier tarjeta de débito y crédito, también aceptando pagos a través de tiendas de conveniencia.

De igual manera, dicha página tiene un desarrollo digital amplio y cuenta con asesoría las 24 horas del día, así como con el servicio de cotización en línea o por redes sociales para que los alumnos puedan valorizar las tareas que requieran; incluso, esta página tiene la garantía antiplagio (URKUND), la cual, podría pensarse que hace a un lado la problemática de la copia, pero no la del conflicto de solicitar el pago por un intercambio intelectual que mina la responsabilidad del estudiante en formación.

Este tipo de portales, páginas web o empresas operan amparadas en vacíos legales, gracias a marcos jurídicos que no las regulan, en un universo en donde lo que no está prohibido, está permitido, lo cual les facilita operar libremente, minando la capacidad analítica y de investigación de nuestros educandos.

Otro ejemplo de este tipo de prácticas que vulneran el derecho a la educación de calidad, son las páginas que poseen como sistema, el tener en línea, disponible, a una persona que realiza las tareas en lugar del solicitante, teniendo, en este caso y como por ejemplo, la página denominada, en donde solo basta cumplir con mínimos requerimientos de registro para inmediatamente ingresar en ese portal la solicitud de la tarea en comento, incluso un trabajo o proyecto profesional; a continuación, y dependiendo de lo complejo o elaborado de la solicitud, el sistema arroja un número de opciones de personas altamente rankeadas que puedan realizar la tarea, teniendo el solicitante la potestad de elegir la que mejor le convenga en precio y tiempo a convenir.

Como se observa, estos ejemplos sirven para ilustrar que estas páginas, y las empresas que puedan llegar a soportarlas, si bien aclaman que los trabajos realizados son escaneados en un software anti plagio e, inclusive, llegan a tener una sección de descargo de responsabilidades, ante el sentido de los servicios ofrecidos, terminan minando la capacidad de los alumnos de realizar los trabajos escolares por su propio esfuerzo y mérito académico.

Por tanto, como una medida inicial para inhibir este tipo de prácticas, teniendo como su principal objetivo promover el respeto hacia la formación y la calidad educativa de los estudiantes del país, en esta Iniciativa se propone fortalecer la protección de los derechos de autor ante el uso no autorizado de sus obras, sea este de manera total y/o parcial, particularmente cuando éste se realice por los medios electrónicos como el Internet; de igual manera, se busca dar certidumbre jurídica a los autores de todas las obras intelectuales que se usan para la realización de trabajos escolares, haciendo del conocimiento público que tanto el plagio como el hecho de que otra persona realice una actividad en su nombre, es una concepción no aceptada, ni en nuestra sociedad, ni en nuestras leyes.

Fundamento legal

Por las consideraciones anteriormente expuestas y en mi calidad de Diputada Federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor y diversos artículos del Código Penal Federal

Artículo Primero.Se reforma el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 13.Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:

I.a XIV....

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza y serán igualmente protegidas aquellas obras, parciales o totales, que sean publicadas por medios editoriales convencionales, así como como a través de medios electrónicos, tales como sitios de Internet.

Artículo Segundo.Se reforma la fracción III del artículo 424; la fracción I del artículo 424 bis y el artículo 424 ter; todos, del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 424. Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa:

I. y II. ...

III.A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente obras parciales o totales, protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor.

Artículo 424 Bis. Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días multa:

I.A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias parciales o totales de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada Ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.

Igual pena se impondrá a quienes, a sabiendas, aporten o provean de cualquier forma ya sea física, o como aquellas realizadas a través de medios electrónicos, tales como sitios de internet, materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de obras parciales o totales, fonogramas, videogramas o libros, a que se refiere el párrafo anterior, o

II....

Artículo 424 Ter. Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de cinco mil a treinta mil días multa, a quien venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos y de manera electrónica, en forma dolosa, con fines de especulación comercial, copias de obras parciales o totales, fonogramas, videogramas o libros, a que se refiere la fracción I del artículo anterior.

Si la venta se realiza en establecimientos comerciales y de manera electrónica a través de sitios de internet, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en el artículo 424 Bis de este Código.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i https://www.tareasenlinea.mx/precios-y-ejemplos. Consultado el 1 de septiembre de 2017, a las 18:49 horas.

ii http://www.urkund.com/es/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 10 días del mes de octubre de 2017.— Diputada María Eugenia Ocampo Bedolla(rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputada María Eugenia Ocampo Bedolla. Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía y de Justicia, para dictamen.



LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, a nombre del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Adelante, diputada.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Gracias, presidenta. Honorable asamblea, el quinto informe de México ante el Convenio sobre la diversidad biológica del 2014 destacaba que México es una de las diez naciones con mayor variedad lingüística en el mundo. Que los territorios indígenas abarcan el 14.3 por ciento del territorio nacional y que aproximadamente el 21.5 de la población se consideraba indígena.

Para 2010, aproximadamente el 30 por ciento de la población mexicana, mayor de tres años en Chiapas, Oaxaca y Yucatán era hablante de alguna lengua indígena. La iniciativa que presento en nombre de mi coordinador, el diputado Alejandro González Murillo tiene por objeto fomentar el desarrollo sustentable para el uso racional de los recursos naturales de las regiones indígenas, sin arriesgar el patrimonio y la biodiversidad de las generaciones futuras.

El texto de la propuesta implica establecer entre los principios que rigen las acciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la preservación de la biodiversidad y el reconocimiento de las comunidades indígenas como guardianas del patrimonio biocultural.

Por biodiversidad se entiende la variedad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos. Toda vez que México, reiteramos, es uno de los países más ricos del mundo que supera el 10 por ciento en diversidad biológica.

Por ello, urge armonizar nuestra legislación doméstica con los compromisos suscritos vía los tratados internacionales de que México es parte, en aras de unificar criterios para implementar las medidas de protección equilibrada de los recursos naturales y de las comunidades, sin perder de vista la injerencia de la biotecnología en la ciencia y la agricultura.

La iniciativa abraza el pronunciamiento de los pueblos indígenas de México en el marco de la décimo tercera reunión de la Conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de diciembre de 2016 en que fuimos país anfitrión y en que se propuso establecer en la ley el uso racional de los recursos naturales como elementos de patrimonio, sí, pero también como elemento imprescindible para la preservación de la biodiversidad.

De este modo, queda claro que el sector indígena de nuestro país ha puesto de manifiesto la importancia de ponderar el tema en comento por encima del carácter utilitario de la apropiación de los recursos naturales susceptibles de ser un objeto patrimonial.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica que entró en vigor el 19 de diciembre de 1993 es considerado como el principal instrumento para el desarrollo sostenible.

Convencidos de que la biodiversidad debe ser utilizada para beneficio de la humanidad, de manera tal que no conlleve a su destrucción, presentamos esta iniciativa cuya eventual aprobación, aunada a políticas públicas eficaces e importantes inversiones, traerá consigo notorios beneficios ambientales, económicos y sociales. Un México en que los compromisos ambientales integren a las comunidades indígenas es posible. Por eso, hagámoslo nosotros. Por su atención, muchas gracias, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES

Alejandro González Murillo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene por objeto fomentar el desarrollo sustentable para el uso racional de los recursos naturales de las regiones indígenas, sin arriesgar el patrimonio y la biodiversidad de las generaciones futuras.

Para ello se propone establecer entre los principios que rigen las acciones de dicha comisión la preservación de la biodiversidad y el reconocimiento de las comunidades indígenas como guardianes del patrimonio biocultural.

A partir de finales del siglo XX ha cobrado gran relevancia la política ambiental. La protección del ambiente enfrenta el reto de mejorar la calidad de vida de las generaciones futuras, de una manera holística, al articular el crecimiento económico, social y ambiental, de manera sostenible.

Amén de lo anterior, la responsabilidad de implementar las políticas tendientes a la preservación, aprovechamiento y uso sustentable de la biodiversidad, mediante medidas de prevención y protección; va más allá del ámbito meramente nacional, toda vez que México, en ese rubro, es uno de los países más ricos del mundo, que supera 10 por ciento en diversidad biológica, ya que cuenta con una vasta variedad de ecosistemas.

Dada la gravedad de los diversos daños ecológicos que nos ha tocado presenciar, el devenir histórico ha hecho propicia la conciencia de que tales ecosistemas están concatenados.

Es menester armonizar nuestra Constitución y leyes secundarias, especialmente la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), como ley reglamentaria para la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Asimismo, se vuelve indispensable la armonización legislativa doméstica con los compromisos firmados a través de los tratados internacionales suscritos por México, con la finalidad de unificar los criterios nacionales en aras de regular la interacción humana y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Todo ello, habida cuenta de que, en una visión integral, la materia ambiental no se acota por delimitaciones geográficas nacionales, sino que debe tender a la unificación de criterios supranacionales para implementar las medidas de protección equilibrada de los recursos naturales y de las comunidades; es decir, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.

No podemos hablar de un desarrollo sustentable si no tiene por objeto el equilibrio entre la conservación de los sistemas y la calidad de vida de las quienes los habitan.

Resulta indispensable implantar conceptos muy claros para la correcta aplicación de la política ambiental en atención a los criterios internacionales, porque la protección y el respeto por la diversidad biológica que comprende ecosistemas, especies y recursos genéticos, es de interés común de toda la humanidad. No podemos perder de vista la injerencia de la biotecnología en la ciencia, la agricultura, la política... Todo está relacionado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema de la unión, documento fundacional del Estado y de ella se deriva todo el entramado jurídico de la nación. Entre muchos otros aspectos, el artículo 2o. establece:

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

B. La federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional...

El artículo 4o. reconoce el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque.

En el artículo 25 confiere al Estado la rectoría del desarrollo nacional a fin de garantizar que éste sea integral y sustentable; en su artículo 26, nuestra Carta Magna establece los lineamientos para la planeación democrática y en el tercer párrafo del artículo 27 se prevé la obligación del Estado de regular el aprovechamiento de los recursos naturales para cuidar su conservación y evitar su destrucción.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente reconoce la obligación de proteger el equilibrio ecológico, el derecho de las comunidades indígenas a los recursos naturales y el combate a la pobreza, como un requisito económico para el desarrollo sustentable, en las fracciones XII y XIV del artículo 15.

Mientras, la fracción IV del artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas establece que sus acciones deben tender a fomentar el desarrollo sustentable para el uso racional de los recursos naturales de las regiones indígenas sin arriesgar el patrimonio de las generaciones futuras.

En atención del pronunciamiento de los pueblos indígenas de México en el marco de la decimotercera Reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en la que México fue anfitrión en diciembre de 2016, se propone establecer en la ley el uso racional de recursos naturales, no solo como elementos del patrimonio, sino como elemento imprescindible para la preservación de la biodiversidad, es decir, el sector indígena de nuestro país, ha puesto de manifiesto la importancia de ponderar el respeto a la biodiversidad, sobre el carácter utilitario de la apropiación de los recursos naturales, susceptibles de ser un objeto patrimonial.

Por biodiversidad o diversidad biológica se entiende “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas, de acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica, que entró en vigor el 19 de diciembre de 1993, en su carácter de tratado internacional y consecuentemente vinculante para sus Estados parte (196, faltan por ratificar Estados Unidos y El Vaticano) tiene los siguientes objetivos: 1) el respeto y la conservación de la biodiversidad; 2) el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 3) la participación justa y equitativa de los beneficios que resulten.

El convenio es considerado el principal instrumento para el desarrollo sostenible. En el artículo 8o., fracción j, establece que cada parte, en la medida de lo posible

Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas y comunidades locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas , y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.

La Conferencia de las Partes, órgano rector del CDB integrado por los Estados parte, se reúne cada dos años para adoptar los planes de trabajo necesarios, con base en avances y prioridades, herramienta con la que ayudan a los gobiernos a implantar el convenio.

En el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social estamos convencidos de que la biodiversidad debe ser utilizada en beneficio de la humanidad, de manera tal que no conlleve a su destrucción. Para ello, se estiman indispensables políticas públicas eficaces y cuantiosas inversiones, pero los beneficios ambientales económicos y sociales serán notorios.

En el quinto informe de México ante el CDB (Conabio 2014) destaca que México es una de las 10 naciones con mayor diversidad lingüística, que los territorios indígenas abarcan 14.3 por ciento del territorio nacional y que cerca de 21.5 de la población se consideraba indígena; para 2010, aproximadamente 30 por ciento de la población mexicana mayor de 3 años en estados como Chiapas, Oaxaca y Yucatán era hablante de alguna lengua indígena.

Para mayor claridad se expone el siguiente cuadro comparativo:

Iniciativa de reforma del artículo 3o. la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Conscientes de que los tiempos actuales exigen la implantación de los acuerdos internacionales en la legislación nacional, en aras de conservar la biodiversidad de cuya protección todos somos responsables desde nuestras respectivas trincheras, presentamos esta iniciativa seguros que la aprobación de esta propuesta dotará de mayor certidumbre, lo que redundará en mejor observancia de la ley.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Único. Se reforma la fracción IV al artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 3o. La comisión regirá sus acciones por los siguientes principios:

I. a III. ...

(...)

IV. Fomentar el desarrollo sustentable para el uso racional de los recursos naturales de las regiones indígenas sin arriesgar la biodiversidad y el patrimonio de las generaciones futuras;

V. a VI. (...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf Convenio sobre la Diversidad Biológica. Naciones Unidas, 1992, página 3.

2 http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml Naciones Unidas

3 https://www.cbd.int/doc/world/mx/mx-nbsap-v2-es.pdf Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México. Gobierno de la República, páginas 67-68.

Salón de sesiones, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017.— Diputado Alejandro González Murillo(rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Lupita Perea Santos. Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen. Quiero aclarar de la iniciativa de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, aclarar los turnos: a las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía, y de Justicia, para dictamen.



LEY AGRARIA

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Iniciamos con esta iniciativa nuestra tercera ronda. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley Agraria. Adelante, diputado.

El diputado Óscar García Barrón:Con el permiso de la Presidencia. Amigas diputadas, compañeros diputados, en México la propiedad social está constituida por los ejidos y por las comunidades, 32 mil 500 núcleos ejidales y comunales que significan el 31 por ciento del territorio nacional y que equivale a 103 millones de hectáreas.

En ese espacio se encuentran los campesinos del país de México. En ese espacio los campesinos generan los alimentos de las familias mexicanas. Pero también, en ese espacio se cometen los más viles y criminales atropellos.

A través de las décadas, a través de los años, esta propiedad social se ve atropellada cuando en ocasiones como lo estipula el artículo 93 de la Ley Agraria, cuando por causa de utilidad pública existe la necesidad de la expropiación, el marco jurídico que le da el derecho a recibir una indemnización, lo dejan siempre a un lado las promoventes, llámese empresas o llámense instituciones, y eso no es justo.

La parcela y el uso común de los campesinos es el patrimonio de miles y miles de familias mexicanas. En ese espacio de ejidos y comunidades son más de cinco millones de derechohabientes que tienen su parcela y su ejido.

Por eso es necesario, es necesario y urgente darle certeza jurídica conforme a la ley a esta propiedad. Por eso el día de hoy presento ante esta soberanía ese proyecto de ley que reforma el artículo 95 de la Ley Agraria y quedaría de la manera siguiente:

Actualmente dice a la letra:

Artículo 95. Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que respecto de las mismas se tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras de uso común, lo autoricen.

Esto último abusa y atropella, porque las empresas y las promoventes abusan de la ignorancia o del desconocimiento de la ley. Por eso la reforma a la letra quedaría de la manera siguiente:

Artículo 95. Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que respecto de las mismas se transmita expediente de expropiación. La ocupación previa solo podrá llevarse a cabo a través del convenio en el que se plasmarán los acuerdos y compromisos establecidos con el núcleo si se tratara de tierras de uso común, o con el ejidatario si son tierras parceladas por parte de la promovente.

Dicho convenio de ocupación previa será requisito obligatorio y deberá celebrarse previo a la tramitación del procedimiento expropiatorio de bienes ejidales y comunales, y así, con esta reforma, se le daría la certeza legal y jurídica al patrimonio de los campesinos.

Espero, compañeras diputadas y diputados, por lo que esto significa, su apoyo a favor de esta iniciativa. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 95 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Óscar García Barrón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Ley Agraria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde tiempos de la conquista y colonización española, de los pueblos y tierras que habitaban el territorio de lo que hoy es nuestro país, los pueblos originarios sufrieron abusos, engaños, trampas legales, y despojos, que los privaron de la justa y legal propiedad y tenencia de la tierra.

La tierra es, para el ser humano, un elemento natural considerado casi sagrado, pues ella es el asiento de las familias, la porción de superficie que nos ve nacer, la tierra de nuestros padres y antepasados, así como de donde brotan los frutos y alimentos que sacian nuestra hambre.

Por ese motivo, la seguridad jurídica, la certeza, la razonabilidad, la limitación en la superficie, entre otros, han sido los elementos constitutivos del derecho de propiedad.

Desde la lucha de independencia nacional, enarbolada por el Cura de Dolores, don Miguel Hidalgo, al frente de miles de indígenas y mestizos, se propugnó por la justicia social, especialmente, para los campesinos y agricultores.

Tuvo que pasar, sin embargo, medio siglo de inestabilidad política, hasta que los patriotas liberales lograron llevar a cabo el plan de reformas vislumbradas por el genio de don Valentín Gómez Farías, desde el año de 1833, destruyendo así el añejo poder de la casta conservadora, apoyada por el ejército y el clero, que sustentaba el añejo sistema de explotación colonialista semifeudal.

Fue el genio sin igual del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, y de su dorada pléyade de contemporáneos liberales y reformistas, quien logró construir el verdadero Estado Mexicano, con las características de ser liberal, republicano, sustentado en el respeto por los valores cívicos y en el cumplimiento de la ley.

No obstante lo anterior, la dictadura feroz y antinacional del General Porfirio Díaz, poco a poco volvió a despojar a los campesinos de sus tierras para dárselas a los latifundistas nacionales y extranjeros, en un largo proceso de desnacionalización de las tierras de México.

Fue hasta la gloriosa gesta revolucionaria de 1910, que volvieron a enarbolarse los principios perennes de justicia para el campesino y para el obrero, con los postulados de los Flores Magón, Madero, Zapata, Villa, Carranza, y muy especialmente durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando se llevó a cabo la gloriosa reforma agraria.

Con la evolución de los tiempos, el cambio geopolítico después de la caída del bloque socialista, México entró de lleno a la modernización de sus leyes e instituciones, creando así en 1992 la Ley Agraria y los Tribunales Agrarios.

A lo largo de estos 25 años de aplicación de este nuevo modelo legal y de justicia, la Ley Agraria ha tenido sólo 11 reformas, para actualizarla según los cambios en la convivencia social.

Entrando de lleno a la materia de la presente iniciativa, como representante popular integrante del sector agrario, sabemos y conocemos de la compleja problemática que enfrentan diversos ejidos y comunidades, en el sentido de que la ocupación previa de tierras, bajo el pretexto de que se está tramitando la respectiva expropiación, lleva años e incluso décadas, cuando debiera ser una ocupación por lapso muy breve, situación que deja a los sujetos agrarios en completo estado de inseguridad jurídica, ya que materialmente no puede seguir ocupando ni trabajando sus tierras, pero al mismo tiempo, éstas no han sido expropiadas, es decir, están viviendo en una especie de “limbo” o “zona gris” que de manera injusta aprovechan las grandes compañías y corporaciones, muy especialmente las de la industria energética, minera y extractiva, así como diversas obras públicas de infraestructura.

Cabe señalar que la ocupación temporal es una figura que también se encuentra considerada por los artículos 19, 21, 26, así como 44 de la Ley Minera, siendo de relevancia, que este último precepto legal señala con claridad las causales para la declaración de insubsistencia de las resoluciones de ocupación temporal; así mismo, también se encuentra considerada bajo el nombre de “ocupación superficial” por los artículos 96, 101 y 103 de la Ley de Hidrocarburos. De igual modo, por los artículos 71, 74 y 76 de la Ley de la Industria Eléctrica.

El procedimiento de expropiación que establece la Ley Agraria en su artículo 93, debe tramitarse ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y habrá de hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar mediante indemnización.

En los casos en que la administración pública federal sea promovente, lo efectuara por conducto de la dependencia o entidad paraestatal que corresponda, según las funciones señaladas por la ley.

Por lo que hace al tema de la ocupación previa debe decirse en primera instancia que el artículo 94 último párrafo de la Ley agraria, dispone lo siguiente: “Los predios objeto de la expropiación sólo podrán ser ocupados mediante el pago o depósito del importe de la indemnización, que se hará de preferencia en el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o, en su defecto, mediante garantía suficiente”.

De lo transcrito, pudiera concluirse que la ocupación de los bienes expropiados procede después de haberse realizado el pago de la indemnización correspondiente, sin embargo la propia ley en su artículo 95 dispone en principio la prohibición de autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las mismas se tramita expediente de expropiación, sin embargo la permite cuando los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación.

Cuestión que es reafirmada por el Reglamento de la Ley Agraria al disponer en su artículo 66 que la ocupación previa de terrenos ejidales o comunales sólo podrá ser autorizada por la Asamblea, salvo que se trate de tierras formalmente parceladas, en cuyo caso se requerirá autorización escrita de los ejidatarios titulares de los derechos parcelarios correspondientes.

Así mismo dispone el citado ordenamiento que cuando se trate de la ocupación previa deberá suscribirse el convenio correspondiente, el que contendrá cuando menos lo siguiente: I. La superficie a ocupar y su ubicación geográfica; II. La contraprestación que se cubrirá por la ocupación, las modalidades de pago y la garantía de su cumplimiento, y III. Las causas por las que puede rendirse el convenio, las bases para la devolución de la contraprestación y, en su caso, el pago de los daños derivados de la ocupación.

En la celebración del referido convenio debe intervenir la Procuraduría Agraria, quien solicita la inscripción del mismo al Registro Nacional Agrario.

No deberá pasarse por alto que cuando el procedimiento expropiatorio se cancele, se dará por terminado el convenio de ocupación previa, estando obligadas ambas partes al cumplimiento de las contraprestaciones convenidas para tal efecto, debiendo la promovente desocupar la superficie de que se trate, en el plazo que se haya determinado en el propio convenio o, en su defecto, en un plazo de treinta días, a partir del día siguiente en que se acuerde la cancelación.

Como dato importante debe decirse que tal figura ha tenido con el paso del tiempo grandes cambios, pues antes de la Ley Federal de Reforma Agraria del 16 de marzo de 1971, se permitía la ocupación previa de los bienes expropiados, y es precisamente con dicha ley en la que en su artículo 127 se prohibía que se ocuparán los bienes expropiados antes del pago de indemnización correspondiente y recalcar que solo fue derogada.

Actualmente, tal y como se dijo anteriormente, la Ley Agraria en principio prohíbe que se ocupen previamente a la indemnización los bienes expropiados, existiendo la posibilidad de realizarse siempre que se cumplan con los requisitos antes señalados y que consideramos insuficientes.

Resulta de gran interés mencionar que respecto del tema, la Dra. Bertha Beatriz Martínez Garza, al analizar lo que se expresó en el diario de debates de la reforma de 1971, resalta la idea de mantener siempre la prohibición de ocupar previamente al pago de la indemnización las tierras que se pretenden expropiar, resaltando para ello la gran dependencia económica del ejidatario y su familia a las tierras que cultiva y que le propician los bienes necesarios para subsistir, así he apuntado lo siguiente:

“...no puede tampoco desconocerse que el ejido en su conjunto y en lo particular la familia campesina sufre con la expropiación un perjuicio en sus derechos es necesario que el Estado, que el gobierno, que el Ejecutivo le otorgue a los campesinos las condiciones necesarias para que puedan no quedar volando sin patrimonio, sin la posibilidad real de sujetarse con mayor seguridad patrimonial en un medio en el cual ya están incorporados”.

En efecto, de la anterior cita se desprende sin lugar a dudas la gran dependencia de los ejidatarios a las tierras expropiadas, pues éstas son las que permiten obtener los recursos necesarios para subsistir, resultando por ello necesario que se actualice la legislación agraria y se prohíba de nuevo la ocupación previa de los bienes a expropiar, o en su caso se establezca un mecanismo idóneo que asegure, en caso de llevarse a cabo una expropiación y se requiera la ocupación previa debido a la urgencia del caso, que los perjudicados con la misma puedan seguir obteniendo los recursos necesarios para subsistir, pues de lo contrario se les dejaría en un estado de indefensión al no tener certeza de cuando se les pagará la indemnización que serviría para seguir sufragando los gastos que le permitan seguir subsistiendo.

Lo antes dicho cobra mayor importancia si se toma en cuenta que hoy en día existen manifestaciones de ejidatarios y comuneros, que lo que exigen es el pago de las expropiaciones realizadas por el Estado para realizar una obra pública (por ejemplo, caso de la carretera federal y de cuota de Cuernavaca), el cual después de empezar los trabajos e incluso de culminar la obra pública, no ha realizado el pago de la indemnización correspondiente, cuestión que resulta aún más importante pues se trata de una persona que siempre cuenta con los recursos necesarios para indemnizar a los particulares ya que año con año designa cierta cantidad de dinero para el pago de sus deudas, lo que podría indicar la existencia de actos de corrupción entre servidores del Estado y los encargados de permitir la ocupación previa de los bienes expropiados.

A lo anterior, considero no se contrapone que en términos del reglamento de la Ley Agraria antes citado, se establezca que en caso de la ocupación previa se llevará a cabo un convenio en el que se pactarán la contraprestación por la ocupación y su forma de pago y, en su caso el pago de daños y perjuicios, pues no debe perderse de vista que la gran mayoría de los ejidatarios son personas que necesitan de sus tierras para subsistir y que en caso de incumplimiento de dicho convenio, quedarían igual de indefensos al tener, en el mejor de los casos que reclamar el cumplimiento de los mismos ante la autoridad competente, trámites que evidentemente son largos y que no aseguran respuesta favorable para el perjudicado.

Por lo expuesto, es por lo que se hace evidente la necesidad de actualizar la legislación agraria con objeto de que el convenio de ocupación sea obligatorio y no opcional como hasta ahora, además de dicho convenio deberá celebrarse antes de que se tramite el procedimiento expropiatorio.

Para una mejor y más fácil comprensión de la presente iniciativa, me permito incluir el siguiente cuadro comparativo:

Considero que con la obligatoriedad y anticipación del convenio de ocupación, es como el Estado podría velar por los intereses de los sujetos pasivos de una expropiación, pues de lo contrario seguirán ocurriendo los abusos que hoy en día, después de una gran lucha de los ejidatarios y comuneros por sus derechos, siguen existiendo y que el Estado pasa por alto, dejando así indefensas a tales personas que como bien es sabido se encuentran dentro de los grupos más vulnerables del país.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 95 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 95. Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se tramita expediente de expropiación. La ocupación previa sólo podrá llevarse a cabo a través de Convenio en el que se plasmaran los acuerdos y compromisos establecidos con el núcleo si se trata de tierras de uso común o con el ejidatario si son tierras parceladas por parte de la promovente. Dicho Convenio de ocupación previa será requisito obligatorio y deberá celebrarse previo a la tramitación del procedimiento expropiatorio de bienes ejidales y comunales.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Chávez Padrón, Martha. El derecho agrario en México. Editorial Porrúa. 10ª edición, México 1991. Página 341

2 Martínez Garza, Bertha Beatriz. Evolución legislativa de la Ley federal de Reforma Agraria. Editorial Porrúa. México.

Palacio Legislativo, a 14 de septiembre de 2017.— Diputado Óscar García Barrón(rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Óscar García Barrón. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria para dictamen.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada de Campeche, Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Adelante, diputada.

La diputada Rocío Matesanz Santamaría:Gracias, diputada presidenta Martha Hilda, mucho gusto. Compañeras y compañeros diputados, buenas tardes. La iniciativa que estamos presentando el día de hoy es una reforma al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y estamos seguras que beneficiará a un grupo muy vulnerable que queda después de lo que es la disolución de la sociedad conyugal.

El divorcio o la disolución de la sociedad conyugal es una realidad presente en nuestra sociedad. Es un proceso difícil de asimilar por los costos emocionales y económicos que tal proceso implica.

Con respecto a la vertiente económica, cabe resaltar que la sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante la vigencia del mismo y puede comprender no solo los bienes de que sean dueños los esposos al formarla, sino también los bienes futuros que, salvo pacto en contrario conste en las capitulaciones matrimoniales, corresponden estos bienes futuros por partes iguales a ambos cónyuges.

En el momento en que se liquida la sociedad conyugal en virtud del divorcio, no existe un ingreso que incremente el patrimonio del obligado fiscal, pues no existe ninguna ganancia económica, porque dicha ganancia o un incremento, ya debió darse previamente porque solo así puede formar parte este bien dentro del haber social.

En este orden de ideas al obligar al divorciado, al liquidar el impuesto sobre la renta por la liquidación del haber social en virtud de un divorcio, es más que evidente que se le obliga a cubrir un pago que carece completamente de objeto. Es así que carece completamente de objeto porque lo que grava en impuesto sobre la renta, tratándose de personas físicas, está constituido exclusivamente por los ingresos que incrementan el patrimonio del contribuyente.

Es importante señalar que con el derecho que les asiste a los cónyuges divorciados, sobre los bienes a partes iguales conforme a la ley, tal reparto de bienes debe de estar exento del pago del impuesto sobre la renta.

Dado lo anterior, la presente iniciativa busca reformar el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con el objeto de exentar el pago de este impuesto en la liquidación del haber social, derivado, ese haber, de la disolución del vínculo matrimonial.

El objeto del impuesto sobre la renta, como todos sabemos, tratándose de personas físicas, está constituido por los ingresos que incrementen el patrimonio del contribuyente y que sean percibidos ya sea en efectivo, en bienes, en crédito y en servicios, y en los casos que señale la ley que lo regula o de cualquier otro tipo, independientemente de la fuente de donde procedan estos ingresos, así resulta claro que la fuente de la obligación tributaria es el ingreso que incrementa el patrimonio del obligado fiscal, en otras palabras, cuando existe una disolución del vínculo matrimonial y se procede a la repartición de los bienes que formaban parte del haber social, de ninguna manera están incrementando el patrimonio de alguno de los cónyuges.

Con esta iniciativa estaremos fomentando la justicia social a favor de los contribuyentes. Y quiero decirles que en particular de las mujeres que además de la tristeza que conlleva la disolución conyugal, se hacen acreedores de una disminución en sus ingresos al pagar este impuesto que es completamente injusto e inequitativo. Es cuanto, presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Rocío Matesanz Santamaría, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía iniciativa que reforma la fracción XXII del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con objeto de exentar del pago de éste en el caso de obtención de ingresos derivados de la liquidación de la sociedad conyugal, en los casos de disolución del vínculo matrimonial, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

I. Planteamiento del problema

La presente propuesta de iniciativa pretende reformar la fracción XXII del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la finalidad de exentar del pago de éste la obtención de los ingresos percibidos por los ahora ex cónyuges en la disolución del vínculo matrimonial previa liquidación que establezca la ley de los bienes que formen haber social, en virtud, de que por la literalidad de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se desprende dicha posibilidad.

En lo conducente, la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 93, que prevé la exención de esa gabela tributaria, si bien en la fracción XXIII, inciso a), establece: “No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos... XXIII. Los donativos en los siguientes casos: a) Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto...” De ahí se sigue que en caso de donación entre cónyuges no genera el pago de impuesto, “nada dice respecto de la posibilidad de que dicho impago resulte factible en los casos de adjudicación de los bienes que conforman la sociedad conyugal, vía juicio de divorcio necesario o voluntario o cualquier otra vía que establezca la ley aplicable, lo cual constituye una irregularidad de grado mayúsculo”.

II. Argumentación de la propuesta

La presente propuesta busca reformar la fracción XXII del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que tiene por objeto exentar el pago del impuesto en la liquidación del haber social derivado de la disolución del vínculo matrimonial; ya sea tratándose del régimen de liquidación de la sociedad conyugal, o en cualquier otro dónde se haya aportado por parte de los cónyuges para la obtención de los bienes que formen el haber social durante la duración del matrimonio.

El principio de legalidad tributaria que deriva del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se refiere a la exigencia de que toda contribución sea creada por el Poder Legislativo y que sus elementos esenciales, como son el sujeto, el objeto, la base, la tasa y la época de pago, estén consignados en la ley, de modo que el sujeto obligado sepa con certeza la forma en que debe cumplir con su obligación de contribuir a los gastos públicos y no quede margen a la arbitrariedad de las autoridades exactoras.

De los elementos que constituyen el impuesto sobre la renta, el objeto de la gabela, se encuentra previsto en los artículos 1o. y 106, que establecen:

Artículo 1o. Las personas físicas y las morales, están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente.

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste.

Artículo 106. Están obligadas al pago del impuesto establecido en este título, las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios en los casos que señale esta ley, o de cualquier otro tipo. También están obligadas al pago del impuesto, las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes, en el país, a través de un establecimiento permanente, por los ingresos atribuibles a éste...

De conformidad con lo expuesto, el objeto del impuesto sobre la renta, tratándose de personas físicas, está constituido por los ingresos que incrementen el patrimonio del contribuyente y que sean percibidos en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios, en los casos que señale la ley que lo regula, o de cualquier otro tipo, independientemente de la fuente de donde procedan.

Así, resulta claro que la fuente de la obligación tributaria es el ingreso que incrementa el patrimonio del obligado fiscal, es decir, el constituyente gravó las ganancias económicas, mismas que presumiblemente tendrán el carácter de ingreso, a menos que sean excluidas de tal efecto por disposición legal o por mandato constitucional.

Los reseñados dispositivos de la Ley del Impuesto sobre la Renta establecen como hecho generador de dicho impuesto todos los conceptos que modifiquen positivamente el patrimonio.

Ahora bien, la legislación civil federal, capítulo IV, denominado “Del contrato de matrimonio con relación a los bienes”, en lo conducente establece:

Artículo 178. El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes.

Y en el capítulo siguiente, “De la sociedad conyugal”, dice:

Artículo 184. La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él. Puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los esposos al formarla, sino también los bienes futuros que adquieran los consortes.

Artículo 185. Las capitulaciones matrimoniales en que se constituya la sociedad conyugal, constarán en escritura pública cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para que la traslación sea válida.

Artículo 186. En este caso, la alteración que se haga de las capitulaciones deberá también otorgarse en escritura pública, haciendo la respectiva anotación en el protocolo en que se otorgaron las primitivas capitulaciones, y en la inscripción del Registro Público de la Propiedad. Sin llenar estos requisitos, las alteraciones no producirán efectos contra tercero.

Artículo 187. La sociedad conyugal puede terminar antes de que se disuelva el matrimonio si así lo convienen los esposos; pero si éstos son menores de edad, deben intervenir en la disolución de la sociedad prestando su consentimiento, las personas a que se refiere el artículo 181.

La misma regla se observará cuando la sociedad conyugal se modifique durante la menor edad de los consortes.

De lo anterior se extrae que la sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante el y puede comprender no solo los bienes de que sean dueños los esposos al formarla sino también los bienes futuros y que, salvo pacto en contrario, que conste en las capitulaciones matrimoniales, los bienes y utilidades corresponden por partes iguales a ambos cónyuges.

Así, es innegable que los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal ingresan al patrimonio de los contribuyentes en tres posibles momentos:

a) Al celebrarse el matrimonio, por haberse constituido la sociedad conyugal en capitulaciones matrimoniales;

b) Durante la vida marital cuando dicha figura emerge con posterioridad al matrimonio; o

c) Cuando el bien se adquiere.

Por ende, es evidente que en el momento en que se liquida la sociedad en virtud del divorcio no existe un ingreso que incremente el patrimonio del obligado fiscal, pues no existe ninguna ganancia económica, porque dicha ganancia o incremento ya debió darse previamente, porque solo así puede formar el bien parte del haber social.

Al obligar al divorciado a liquidar el impuesto sobre la renta por la liquidación del haber social en virtud de un divorcio es más que evidente que se le obliga a cubrir una gabela que carece de objeto, ya que se insiste que lo que graba el impuesto sobre la renta, tratándose de personas físicas, está constituido por los ingresos que incrementen el patrimonio del contribuyente, es decir las ganancias económicas, o conceptos que modifiquen positivamente el patrimonio; luego, si en el caso, los bienes que conformen objeto de liquidación al término del matrimonio se reparten, modifican el patrimonio para ambas partes, ya que pueden sufrir incremento o decremento del patrimonio, lo que en principio generaría el impuesto.

Ahora bien, considerando lo anterior, y dado que generalmente, al término de los juicios de divorcio, las partes tienen el derecho mediante la excitativa jurisdiccional solicitar la liquidación del haber social que hubo durante el matrimonio el Juez de la causa ordena, si es el caso, su trámite correspondiente a efecto de que las partes deduzcan sus derechos y dictará en último término una resolución ordenando la entrega de los bienes que la hayan integrado conforme lo que proceda en cada caso.

Dado que la sociedad generalmente es liquidada con posterioridad al dictado de la sentencia que decreta el divorcio, y en diversa vía se resuelve lo relativo a la partición de los bienes y adjudicación de los mismos, los divorciantes ya no tienen la calidad de cónyuges, por lo que tomando en cuenta la aplicabilidad literal de la ley tributaria aludida, la adjudicación de los bienes genera la obligación de pagar el impuesto.

Con el derecho que asiste a los cónyuges divorciantes sobre los bienes que forman el haber social, que de acuerdo con el ordenamiento civil, corresponde por partes iguales a ambos cónyuges, tratándose del régimen de sociedad conyugal y en las proporciones que conforme a la ley y a la interpretación jurídica corresponda al régimen de separación de bienes, el ingreso obtenido con dicha adjudicación, puede resultar objeto de gravamen acorde con la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que resulta importante que se considere la exención del pago del impuesto en este caso en particular.

III. Contenido del proyecto de decreto

Por todo lo expuesto y fundado, sometemos a consideración del este pleno la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción XXII del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Único. Se reforma la fracción XXII del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 93. ...

I. a XXI. ...

XXII. Los que se reciban por herencia o legado ; así como los recibidos por los cónyuges a consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial que los unía, determinados éstos en la liquidación del haber social.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto Legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 17 de octubre de 2017.— Diputadas y diputados: Rocío Matesanz Santamaría,Carlos Alberto Palomeque Archila, Eloisa Chavarrías Barajas, Gretel Culin Jaime, Jesús Antonio López Rodríguez, Juan Corral Mier, Kathia María Bolio Pinelo, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis Agustín Rodríguez Torres, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Matesanz. Túrnese a Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El diputado va a presentar dos iniciativas. La primera, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta indígena, y la segunda, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Consulta Indígena, que es suscrita por el presentante y la diputada Araceli Madrigal Sánchez. Adelante, por favor.

El diputado Sergio López Sánchez:Muchas gracias, diputada presidenta. Los pueblos y comunidades indígenas han tenido que enfrentar la hegemonía política y económica de quienes detentan el poder del Estado, quien sin control alguno invaden sus territorios para apoderarse de ellos y de sus recursos naturales, violentando de manera grave su derecho constitucional a la autodeterminación a mantener la integridad de sus territorios, acceder de manera preferente al uso y disfrute de los recursos naturales existentes en ellos y a preservar su identidad cultural.

De manera alarmante en los últimos años, hemos visto un sinnúmero de ejemplos de despojo de sus territorios y extracción de recursos naturales, la construcción de presas hidroeléctricas, la extracción minera, la instalación de parques eólicos y el cambio de régimen social a propiedad privada, a efecto de que se construyan más y más unidades habitacionales o proyectos turísticos, sin dejar de mencionar que esto se agravará aún más con la puesta en marcha de la técnica conocida como fractura hidráulica para la extracción de gas natural.

Ante la grave situación que en todos los aspectos enfrentan los pueblos y comunidades indígenas, es imperante hacer efectivos los derechos individuales y colectivos consagrados en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, a manera de abonar en tan apremiante tarea, esta iniciativa va encaminada a garantizar, a través de la consulta de los pueblos y comunidades indígenas, el reconocimiento y protección de su patrimonio y riqueza cultural, con el objetivo de asegurar el ejercicio de sus derechos.

El proyecto de ley establece que la consulta deberá realizarse bajo los principios de buena fe, libre e informada, y deberá realizarse de manera previa a cualquier acto de autoridad, sea esta de carácter local, estatal o nacional, ejecutiva o legislativa, que afecte la vida, territorio, costumbres o forma de vida de los pueblos y comunidades indígenas.

Cabe señalar que este asunto sigue siendo un gran pendiente para nuestro país y todavía se le debe esta reforma los pueblos y comunidades indígenas. La inexistencia de una ley general relacionada con la consulta indígena, que haga efectivo este derecho, hace imposible el que las autoridades cumplan con lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT y estándares relacionados con la materia.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la falta de una ley que regule adecuadamente el proceso de consulta impide conocer de manera clara y precisa el contenido y alcance de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales; entorpece la eficacia del procedimiento de consulta previa, libre e informada; y afecta en los planes de participación de los beneficios.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en México del año 2015, advirtió que las graves violaciones a los derechos humanos en contra de los pueblos y comunidades indígenas en México se dan en dos áreas principales: violencia en el contexto de megaproyectos en tierras y territorios ancestrales autorizados sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado; o en el marco de reivindicación de sus tierras, y faltas al debido proceso penal. En varias ocasiones se han denunciado el otorgamiento de concesiones por parte del Estado a empresas privadas en violación del derecho a la consulta previa. Como consecuencia de la lucha de sus tierras, también se ha recibido información sobre la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas.

En este sentido, la articulación de un ordenamiento adecuado permitiría establecer procedimientos de consulta que cuenten con los estándares de protección más altos y vinculen a las autoridades para garantizar este derecho; y, en consecuencia, se puedan garantizar y proteger otros derechos íntimamente contactados, como el de propiedad colectiva, identidad cultural, autonomía, medio ambiente sano, etcétera.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la consulta previa, libre e informada, además de ser un principio general del derecho internacional, es un derecho humano colectivo de pueblos y comunidades indígenas.

Por lo anterior, en conjunto con mi compañera diputada, Araceli Madrigal Sánchez, y quienes deseen suscribirla, presentamos a esta soberanía la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley General de Consulta Indígena, cuyo objetivo principal es el de garantizar el acceso, ejercicio y respeto de los derechos de las comunidades indígenas durante el desarrollo de proyectos e implementación de medidas administrativas o legislativas que les afecten, armonizando nuestro orden jurídico con los estándares internacionales existentes sobre la materia.

La aprobación de este importante instrumento legal saldaría la deuda histórica que gobiernos y sociedad tenemos con los pueblos y comunidades indígenas en materia de consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe, y permitiría empoderar a los descendientes de nuestros pueblos originarios para que sean sujetos de derechos y puedan ejercerlos plenamente. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta indígena, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados de manera previa, libre, informada y vinculante no ha sido hasta la fecha incorporado de manera clara en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a pesar de que sigue siendo un mandato pendiente de los tratados internacionales vigentes y de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una de las mayores violaciones a los derechos humanos en contra de los pueblos y comunidades indígenas en México se da por la violencia generada en el contexto de megaproyectos en tierras y territorios ancestrales autorizados sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado.

La inexistencia de un marco jurídico adecuado relacionado con la consulta indígena que haga efectivo este derecho, hace imposible que las autoridades cumplan con lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT y estándares relacionados con la materia. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la falta legislativa que regule adecuadamente el proceso de consulta, impide conocer de manera clara y precisa el contenido y alcance de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, entorpece la eficacia del procedimiento de consulta y afecta en los planes de participación de los beneficios.

La presente iniciativa tiene por objeto garantizar a los pueblos y comunidades indígenas su derecho a ser informados y consultados para la obtención de su consentimiento previo, libre e informado en la toma de decisiones sobre los asuntos que afecten o puedan afectarles directamente, así como garantizar su derecho a participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y recursos dirigidos a su desarrollo integral.

Argumentos

México tiene una composición pluricultural, tal como lo expresa la Constitución Política de los Estados Unidos en su artículo 2, que cita: “...La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas...”.

Actualmente la población indígena en el país asciende a 25 millones de personas distribuidas en 56 pueblos y comunidades que de manera cotidiana hablan cerca de 64 lenguas con sus respectivas variantes.

Según los cálculos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social unos 6 millones de indígenas viven en las principales ciudades del país. Cabe mencionar que el 80 por ciento de las comunidades indígenas se encuentra en situación de pobreza. El 38 por ciento de la población hablante indígena vive en extrema pobreza.

Las comunidades, de manera cotidiana, enfrentan múltiples dificultades, alguna de ellas producto del rezago histórico acumulado, otras originadas por la complejidad de las circunstancias actuales. La pobreza es una problemática persistente que encierra situaciones de exclusión y desigualdad. Una de las consecuencias más contundentes de la pobreza es el rezago educativo. Se calcula que entre los años de 2005 al 2010 el analfabetismo pasó de 27 por ciento al 32 por ciento, cinco veces más que el porcentaje de analfabetismo entre la población no indígena.

Esto significa que, a nivel nacional, dos de cada tres niños, de seis a 14 años de edad que no están en la escuela son indígenas. De manera que el 28 por ciento de la población hablante de lengua indígena de 15 años o más no ha concluido la educación primaria. Es decir, mientras el promedio de los mexicanos mayores de 15 años logra estudiar hasta tercero de secundaria, los indígenas no terminan ni el quinto grado de primaria, lo cual representa la mitad de la media nacional que es de nueva años.

Sólo 8.7 por ciento de los jóvenes indígenas de 20 a 24 años asiste a la escuela, ya sea primaria, secundaria, bachillerato o nivel profesional. Esto significa que el resto de los indígenas de ese rango de edad (91.3 por ciento) que están en edad de cursar una carrera, se encuentran fuera de las aulas debido a la pobreza y a la marginación.

Actualmente los pueblos originarios enfrentan una de las encrucijadas más complejas: el despojo de sus territorios y recursos naturales por parte de las empresas trasnacionales mineras que invaden con impunidad lugares sagrados, se instalan en sus territorios presas hidroeléctricas y parques eólicos como si fueran proyectos sustentables y comunitarios, cuando representan imposiciones de políticas y programas de desarrollo diseñados desde una lógica ajena a la de los pueblos originarios.

El derecho a la consulta de los pueblos indígenas se concibe a partir del reconocimiento de otros derechos, como lo son su libre autodeterminación, no discriminación, acceso a la justicia y la preservación de su cultura e identidad. El que los órganos de gobierno decidan sobre políticas que afecten directamente a los pueblos indígenas, sin haberlos consultado y considerado en sus propuestas, atenta directamente contra su libertad para decidir sus formas internas de organización política, social, cultural y económica, por lo que debemos vigilar que los diferentes niveles de gobierno, cumplan con su obligación de establecer las políticas públicas idóneas que garanticen el desarrollo integral de las comunidades, así como la vigencia de sus derechos, partiendo de la aplicación del derecho a la consulta.

En el acta constitucional de la República Mexicana de 1824, aparece por primera vez el término tribus de indios. Dicha legislación se concentró en hablar de asuntos comerciales, anulando la defensa de la identidad colectiva de las comunidades. Bajo este marco jurídico nace el estatus de tutela de los pueblos indígenas, el cual mantiene la necesidad de “educarlos o incorporarlos a la civilización”. (López Bárcenas, 2002).

Las luchas independentistas del siglo XIX tampoco trajeron consigo un cambio radical en el estatus jurídico de los llamados pueblos indios. Al contrario, durante este periodo se construye la idea del nacionalismo basado en el mestizaje, de manera que se funda el precepto de la homogeneidad: “un solo poder, una sola sociedad compuesta de individuos sometidos a un solo régimen jurídico y por lo mismo con iguales derechos para todos”, anulando así la diversidad de los pueblos indígenas y legitimando la palabra “indio” como una atribución categórica de subordinación e inferioridad hacia los pueblos: la categoría de indio denota la condición de colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial (Bonfil Batalla, 1995).

Los Estados nacionales modernos a pesar de los avances democráticos, han perpetuado el tratamiento colonial hacia los pueblos originarios, confiriéndoles condiciones de discriminación, incapacidad y dependencia en los asuntos de la vida en medio de un proyecto unificador (un Estado, una nación, un pueblo). Condiciones que algunos estudiosos y especialistas han llamado “colonialismo interno” (González Casanova, 1965; Stavenhagen, 1996).

El reclamo indígena por la libre determinación y la autonomía tiene sus orígenes en la modernidad del siglo XX. Es en la década de los setenta cuando ese reclamo de reivindicación obtiene mayor fuerza.

El 11 de julio de 1990, el Estado mexicano ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual sostiene que las comunidades indígenas tienen derecho a ser consultadas, de manera previa la realización de acciones que puedan afectar directamente sus derechos comunitarios, y se concentra en la implementación de políticas y programas de desarrollo propuestos por los Estados, ya que éstos se realizan sin que medio la implementación del derecho a la consulta previa, libre, informada y vinculatoria. El proceso de consulta debe generar un espacio amplio para la estructura organizativa de las comunidades, en el que se articule el intercambio de generaciones.

En el año de 1994, justo cuando el gobierno firma el tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el sur del país el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) puso en la agenda pública y política del país las condiciones de extrema pobreza, de dominación y discriminación de los pueblos indígenas. Dicha situación provocó un impacto mediático, colocando a los pueblos originarios y sus demandas en el terreno político mundial, vinculándolos con otros movimientos sociales indígenas de América Latina encaminados al reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas.

Esta agenda motivó la inclusión a nivel constitucional de una gran diversidad de derechos colectivos de los pueblos indígenas. El término “pueblos indígenas como sujetos de derecho” comenzó a emplearse a partir de los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena firmados el 16 de febrero de 1996, entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal. El reconocimiento de las comunidades indígenas como “entidades de derecho público”, les otorga el derecho de contar con personalidad jurídica, así como el reconocimiento pleno de sus sistemas normativos internos, generando así su participación activa en las decisiones de gobierno.

En los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena, firmados por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 16 de febrero de 1996, conocidos como los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, en el apartado segundo del documento número 1 titulado Pronunciamiento conjunto que el Gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) enviarán a las instancias de debate, se señala específicamente “el reconocimiento en la legislación nacional de las comunidades como entidades de derecho público”.

En el punto cuatro de dicho documento, titulado Propuestas conjuntas que el gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional, se establece como acuerdo, lo siguiente: “Se propone al Congreso de la Unión reconocer en la legislación nacional, a las comunidades como entidades de derecho público [...].”

En atención a estos acuerdos, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) elaboró una propuesta de reforma constitucional que, como punto toral reconocía a las comunidades indígenas como “entidades de derecho público”. Esta iniciativa, dentro de las discusiones en el Congreso de la Unión, fue aprobada con modificaciones que contravinieron el espíritu de los acuerdos firmados, ya que otorgó a las comunidades a la categoría de entidades de interés público, en lugar de reconocerlas como entidades de derecho público.

Con esta reforma, el artículo 2 de nuestra Carta Magna enuncia en un primer apartado el reconocimiento de la libre determinación para los pueblos indígenas, con una serie de derechos importantes, sin embargo presenta una serie de dificultades y ambigüedades para su aplicación. La más notoria de éstas es la de remitir a las legislaturas estatales el reconocimiento a las comunidades, convirtiendo el asunto indígena en materia local.

A pesar de este reconocimiento constitucional federal de los pueblos y comunidades indígenas, el derecho a la consulta previa, libre e informada no ha sido reconocido plenamente en la Constitución, de manera que se genera un vacío legislativo entre los tratados internacionales en materia de derecho indígena y la legislación secundaria.

De acuerdo con lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una obligación del Estado consiste en:

“Realizar la consulta a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

También se establece la obligación de “establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de los pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.

Dichas consultas tendrían que elaborarse de “buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” y obliga a los gobiernos a adoptar las medidas acordes a las costumbres y tradiciones de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la consulta previa, libre e informada, es un derecho que ha sido adoptado en forma gradual, y su implementación, ha sido incompleta en las entidades federativas, como lo establece en su recomendación número 27/2016.

A pesar de que con la reforma constitucional del 2001 se incorporó la obligación de las autoridades de consultar a los pueblos y comunidades indígenas en materia de educación, la CNDH identifica que la falta de un ordenamiento claro que establezca procedimientos, principios y autoridades competentes, no se tiene posibilidades reales de hacer efectivo el derecho de consulta, abriéndose una distancia entre el discurso y la práctica jurídica.

Cabe mencionar que, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia (SCJN. Décima época. Tesis: P./J. 20/2014 Registro 2006224 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Pleno, Registro 2006224) las autoridades responsables tienen el deber de cumplir con lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT y los estándares relacionados con la materia, de conformidad con el artículo 133 de la propia Constitución federal, en virtud de la incorporación de los tratados internacionales como parámetros de control de regularidad constitucional y los principios de pro persona e interpretación conforme.

De la misma manera, con resolución de un amparo revisado en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estableció que el principio de transversalidad, establece que los derechos consagrados en los tratados deben obrar en favor de los pueblos y comunidades indígenas “en todos los ámbitos del sistema jurídico, para crear un enfoque que al analizar el sistema de normas en su totalidad, cumpla con su objetivo, que no es otro que el ejercicio real de sus derechos y la expresión de su identidad individual y colectiva, para superar la desigualdad de oportunidades que tradicionalmente les ha afectado...” (Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 631/2012, resuelto el 8 de mayo de 2013).

El Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas menciona que:

“La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, así como la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Rosendo Radilla Pacheco, ha determinado la obligación de las autoridades de realizar un control de constitucionalidad y de convencionalidad ex officio, entendidos como la facultad/obligación de considerar las normas de derechos humanos reconocidos tanto por la Constitución, como por los instrumentos internacionales ratificados por México”.

En síntesis, las autoridades deben adecuar su praxis a los instrumentos internacionales atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Mientras que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y las instituciones que de ellas emanan, no coincidan con lo estipulado en los acuerdos internacionales, el verdadero reconocimiento de los derechos indígenas continuará siendo una obligación pendiente para los gobiernos.

En este sentido, en el año 2003, el relator especial para Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, indicó que en la reforma constitucional de 2001 no fueron respetados los principios establecidos en el Convenio 169 de la OIT.

Debido a esto, entre otras recomendaciones realizadas por parte del relator especial en el “Informe sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas”, se planteó:

[...]

64. [...] reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena con el objeto de establecer claramente todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación internacional vigente y con apego a los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés.

[...]

70. El Convenio 169 deberá ser aplicado en toda legislación e instancia que tenga relación con los derechos de los pueblos indígenas.

Como hemos visto, es obligación del Estado mexicano velar por el cumplimiento de los tratados que firma, como se mandata en el artículo 133 que establece que “esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados”.

Es así que, al incorporar en la Carta Magna el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados de manera previa, libre e informada, sería un avance en los pendientes no sólo para armonizar nuestro marco jurídico con los tratados internacionales, sino también en cuestión de cumplir un gran pendiente con los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país establecidos en los Acuerdos de San Andrés.

Fundamento legal

Por lo expuesto, el suscrito Sergio López Sánchez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el primer párrafo; la fracción I y se añade la fracción II recorriéndose el orden de las subsecuentes, todas ellas del mismo apartado B, artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2. (...)

(...)

A. (...)

(...)

B. La Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades; las cuales deberán ser, diseñadas, operadas y evaluadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades correspondientes determinarán las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

II. Garantizar a los pueblos y comunidades indígenas a ejercer su derecho de ser consultados de manera previa, libre, informada y de buena fe, cada vez que se prevean medidas legislativas, administrativas, propuestas de planes y programas, modelos de políticas públicas y reformas institucionales que les afecten directamente, tomando en cuenta la forma en que tradicionalmente toman sus decisiones, así como adecuarse a las circunstancias de estos, con la finalidad de alcanzar acuerdos o el consentimiento informado.

III. a X (...)

Transitorios

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. El titular del Poder Ejecutivo federal dispondrá que el texto íntegro del presente decreto se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas del país y ordenará su difusión en sus comunidades.

Notas

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación General Núm. 27/2016.

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/ generales/RecGral_027.pdf

2 Comisión Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Resultados de pobreza en México 2014 a nivel nacional y por entidades federativas.

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación.

https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/protocolo-de-actuaci%C3%B3n-para- quienes-imparten-justicia-en-casos-que-involucren-personas-comunidades-y

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2017.— Diputado Sergio López Sánchez(rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputado Sergio López Sánchez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



EXPIDE LA LEY GENERAL DE CONSULTA INDÍGENA

El diputado Sergio López Sánchez:

«Iniciativa que expide la Ley General de Consulta Indígena, suscrita por los diputados Araceli Madrigal Sánchez y Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Araceli Madrigal Sánchez y Sergio López Sánchez, diputada y diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Consulta Indígena, bajo las siguientes consideraciones.

Planteamiento del problema

La consulta previa, libre e informada, es un derecho de los pueblos y comunidades indígenas que, no obstante su reconocimiento en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, ha sido adoptado en forma gradual y su implementación ha sido incompleta en las entidades federativas.

La inexistencia de una ley general relacionada con la consulta indígena que haga efectivo este derecho hace imposible el que las autoridades cumplan con lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT y estándares relacionados con la materia. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la falta de una ley que regule adecuadamente el proceso de consulta “... impide conocer de manera clara y precisa el contenido y alcance de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, entorpece la eficacia del procedimiento de consulta previa, libre e informada, y afecta en los planes de participación de los beneficios”. (Recomendación General Núm. 27/2016, CNDH).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en México del año 2015, advirtió que: “Las graves violaciones a los derechos humanos en contra de los pueblos y comunidades indígenas en México se dan en dos áreas principales: violencia en el contexto de megaproyectos en tierras y territorios ancestrales autorizados sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado; o en el marco de reivindicación de sus tierras, y faltas al debido proceso penal. En varias ocasiones se han denunciado el otorgamiento de concesiones por parte del Estado a empresas privadas en violación del derecho a la consulta previa. Como consecuencia de la lucha por sus tierras, también se ha recibido información sobre la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas”.

En este sentido, la articulación de un ordenamiento adecuado permitiría establecer procedimientos de consulta que cuenten con los estándares de protección más altos y vinculen a las autoridades para garantizar este derecho y en consecuencia se puedan garantizar y proteger otros derechos íntimamente conectados, como el de propiedad colectiva, identidad cultural, autonomía, medio ambiente sano, etcétera.

Por lo anterior, el suscrito presenta a esta soberanía la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley General de Consulta Indígena, cuyo objetivo principal es el de garantizar el acceso, ejercicio y respeto de los derechos de las comunidades indígenas durante el desarrollo de proyectos e implementación de medidas administrativas o legislativas que les afecten, armonizando nuestro orden jurídico con los estándares internacionales existentes sobre la materia.

Argumentos

Situación de los pueblos y comunidades indígenas

México tiene una composición pluricultural, tal como lo expresa la Constitución Política de los Estados Unidos en su artículo 2, que cita: “...La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas...”.

Con datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en México habitan 68 pueblos indígenas, hablantes de 68 lenguas indígenas y 364 variantes etnolingüísticas. De acuerdo con la Encuesta Intercensal de 2015 del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), actualmente la población que se auto adscribe como indígena representa el 21.5 por ciento de la población total del país.

Sin embargo, esta población mexicana se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, quienes aún sufren violaciones a los derechos humanos. Incluso se encuentran en una situación de discriminación estructural, así como en desventaja sociopolítica y económica respecto del resto de la población, tal como lo expresó el ex relator de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, en su informe sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, publicado el 23 de diciembre de 2013.

Según los cálculos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el 80 por ciento de las comunidades indígenas se encuentra en situación de pobreza, y hasta un 38 por ciento de la población hablante indígena vive en extrema pobreza.

Las comunidades de manera cotidiana enfrentan múltiples dificultades, alguna de ellas producto del rezago histórico acumulado, otras originadas por la complejidad de las circunstancias actuales. La pobreza es una problemática persistente que encierra situaciones de exclusión y desigualdad. Una de las consecuencias más contundentes de la pobreza es el rezago educativo. Se calcula que entre los años de 2005 al 2010 el analfabetismo pasó de 27 por ciento al 32 por ciento, cinco veces más que el porcentaje de analfabetismo entre la población no indígena.

Esto significa que a nivel nacional dos de cada tres niños de seis a 14 años de edad que no están en la escuela son indígenas. De manera que el 28 por ciento de la población hablante de lengua indígena de 15 años o más no ha concluido la educación primaria. Es decir, mientras el promedio de los mexicanos mayores de 15 años logra estudiar hasta tercero de secundaria, los indígenas no terminan ni el quinto grado de primaria, lo cual representa la mitad de la media nacional que es de nueva años.

Sólo 8.7 por ciento de los jóvenes indígenas de 20 a 24 años asiste a la escuela, ya sea primaria, secundaria, bachillerato o nivel profesional. Esto significa que el resto de los indígenas de ese rango de edad (91.3 por ciento) que están en edad de cursar una carrera, se encuentran fuera de las aulas debido a la pobreza y a la marginación.

El origen central de la pobreza que experimentan las comunidades indígenas es el desgaste y el desplazamiento de la economía de autoconsumo basada en la producción agrícola.

La ruptura del ciclo productivo agrícola ha impactado en la autosuficiencia alimentaria fomentando el deterioro ambiental (erosión de suelos, agotamiento de manantiales, tala inmoderada) debido a la presencia de monocultivos y al uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas.

Ello ha alterado la relación entre las comunidades indígenas y los recursos naturales. El vínculo que tienen con el medio ambiente forma parte de su cosmovisión (manera de ver y explicar el mundo), contiene un conjunto de saberes, de prácticas y legados que derivan en estructuras organizativas.

Para la mayoría de las comunidades y pueblos originarios, el territorio es un elemento central de la cosmovisión. El territorio, contiene un sistema simbólico de saberes, prácticas y conocimientos a partir de los cuales los pueblos y comunidades explican y resignifican su paso por el tiempo. La relación que tienen los indígenas con la tierra y sus territorios parte de la percepción de que los recursos naturales son la esencia de la vida y no un conjunto de bienes materiales que pueden ser vendidos o explotados de manera arbitraria.

Actualmente los pueblos originarios enfrentan una de las encrucijadas más complejas: el despojo de sus territorios y recursos naturales por parte de las empresas trasnacionales mineras que invaden con impunidad lugares sagrados, se instalan en sus territorios presas hidroeléctricas y parques eólicos como si fueran proyectos sustentables y comunitarios, cuando representan imposiciones de políticas y programas de desarrollo diseñados desde una lógica ajena a la de los pueblos originarios.

La discriminación es otro de los grandes problemas que enfrentan los indígenas, y ésta se materializa en la exclusión al acceso al sistema de justicia. Esto muy a pesar de que en el artículo 2º de nuestra Carta Magna dispone que las comunidades indígenas tienen derecho a contar con un intérprete en su lengua materna durante un proceso jurídico, y de que la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca también se establezca esta obligación por parte del Estado.

Actualmente, en México, según la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), existen más de 8 mil presos indígenas en las cárceles de nuestro país, que han sido procesados sin la presencia de un intérprete y traductor. El 96 por ciento son hombres, en la mayoría de los casos por delitos del fuero común.

Aunado a ello, encontramos que en el país hay tan sólo 583 intérpretes y traductores indígenas certificados por el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

Derechos de pueblos y comunidades indígenas en el orden jurídico

De manera histórica los indígenas eran sujetos de derecho en la misma medida que cualquier otro ciudadano o ciudadana mexicana, de acuerdo a la visión clásica de los derechos y las garantías individuales. Sin embargo, en años recientes y con el desarrollo del pluralismo jurídico y el multiculturalismo, se articuló una visión que clarifica la dimensión e importancia de la protección de los derechos de naturaleza colectiva, los cuales son la base y sustento de los derechos humanos de pueblos indígenas en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano forma parte, toda vez que el ejercicio efectivo de ciertos derechos individuales, está supeditado al respeto y garantía de los derechos colectivos.

Algunos de estos derechos son: los derechos culturales y territoriales, derecho a no ser discriminado con motivo del origen o identidad indígena, derecho a la libre determinación, a la propiedad intelectual, a conservar y reforzar sus propias instituciones, derecho a la consulta previa, libre e informada, y a decidir las prioridades para el desarrollo, por mencionar algunos.

En la década de 1950, la OIT, junto con la participación de otras agencias del sistema de la ONU, comenzó a trabajar en el Convenio de los Pueblos Indígenas y Tribales (núm. 107). Este Convenio fue adoptado en 1957 como el primer tratado internacional sobre este tema y, finalmente, fue ratificado por 27 países, principalmente en América, pero también del sur de Asia, África y Europa.

Posteriormente, con la organización y concientización de los pueblos indígenas y tribales a nivel nacional e internacional durante las décadas de 1960 y 1970, se plantearon inquietudes referentes al enfoque del Convenio 107, en el sentido de ser integracionista y se efectuaron convocatorias para revisarlo y actualizarlo. Una Comisión de Expertos convocada en 1986 por el Consejo de Administración de la OIT concluyó que “el enfoque integracionista del Convenio había quedado obsoleto y que su aplicación era perjudicial en el mundo moderno”. Con este antecedente, en junio de 1989 se adoptó el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes (Convenio 169).

De manera similar, el 29 de junio de 2006 fue aprobada la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, la cual establece que “los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses. (Declaración de las Naciones Unidas, 2007).

En el año de 1994, justo cuando el gobierno firma el tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el sur del país el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), puso en la agenda pública y política del país las condiciones de extrema pobreza, de dominación y discriminación de los pueblos indígenas. Dicha situación provocó un impacto mediático, colocando a los pueblos originarios y sus demandas en el terreno político mundial, vinculándolos con otros movimientos sociales indígenas de América Latina encaminados al reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas y su reconocimiento jurídico que garantizara su desarrollo.

Como respuesta a dicho movimiento, el Estado mexicano recibió un pliego de demandas presentadas por el EZLN que fueron aceptadas por el gobierno mediante acuerdos de paz firmados en San Cristóbal de las Casas, en febrero y marzo de 1994.

El año siguiente se expidió la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas con el objetivo de “establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas”.

Como seguimiento de dicha ley se firmaron los “Acuerdos de San Andrés Larráinzar” en los que el Estado mexicano hizo públicos los siguientes compromisos: 1) Reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución de la república; 2) Ampliar la participación y representación política de los pueblos indígenas; 3) Garantizar el acceso pleno a la justicia; 4) Promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas; 5) Asegurar educación y capacitación; 6) Garantizar la satisfacción de necesidades básicas; 7) Impulsar la producción y el empleo; 8) Proteger a los indígenas migrantes. Dichos compromisos se regían por los principios de: pluralismo, sustentabilidad, integridad, participación y libre determinación.

Posteriormente se implementa una importante reforma en la Constitución, concretada en 2001, la cual establece que “...la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.

Asimismo, se reconocieron una serie de derechos, a saber: a) decidir sus formas internas de convivencia y organización, aplicando sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos b) elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a sus autoridades y representantes, c) el derecho para acceder a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra, d) a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos aquellos elementos que constituyan su identidad indígena, e) conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, y f) elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos; mientras que en el segundo, la obligación del gobierno federal, los gobiernos de los estados y de los municipios de crear las instituciones de atención específica para atender a la población indígena, las cuales deben de ser operadas junto con representantes de los pueblos y comunidades interesadas y con ello lograr el desarrollo de los mismos.

Derecho a la consulta previa, libre e informada

De acuerdo con lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una obligación del Estado consiste en:

“Realizar la consulta a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

También se establece la obligación de “establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de los pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.

Dichas consultas tendrían que elaborarse de “buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” y obliga a los gobiernos a adoptar las medidas acordes a las costumbres y tradiciones de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la consulta previa, libre e informada, es un derecho que ha sido adoptado en forma gradual, y su implementación, ha sido incompleta en las entidades federativas, como lo establece en su recomendación número 27/2016.

A pesar de que con la reforma constitucional del 2001 se incorporó la obligación de las autoridades de consultar a los pueblos y comunidades indígenas en materia de educación, la CNDH identifica que la falta de un ordenamiento claro que establezca procedimientos, principios y autoridades competentes, no se tiene posibilidades reales de hacer efectivo el derecho de consulta, abriéndose una distancia entre el discurso y la práctica jurídica.

Cabe mencionar que, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia (SCJN. Décima época. Tesis: P./J. 20/2014 Registro 2006224 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Pleno, Registro 2006224) las autoridades responsables tienen el deber de cumplir con lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT y los estándares relacionados con la materia, de conformidad con el artículo 133 de la propia Constitución Federal, en virtud de la incorporación de los tratados internacionales como parámetros de control de regularidad constitucional y los principios de pro persona e interpretación conforme.

De la misma manera, con resolución de un amparo revisado en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estableció que el principio de transversalidad, establece que los derechos consagrados en los tratados deben obrar en favor de los pueblos y comunidades indígenas “en todos los ámbitos del sistema jurídico, para crear un enfoque que al analizar el sistema de normas en su totalidad, cumpla con su objetivo, que no es otro que el ejercicio real de sus derechos y la expresión de su identidad individual y colectiva, para superar la desigualdad de oportunidades que tradicionalmente les ha afectado...” (Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 631/2012, resuelto el 8 de mayo de 2013).

El Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas menciona que:

“La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, así como la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Rosendo Radilla Pacheco, ha determinado la obligación de las autoridades de realizar un control de constitucionalidad y de convencionalidad ex officio, entendidos como la facultad/obligación de considerar las normas de derechos humanos reconocidos tanto por la Constitución, como por los instrumentos internacionales ratificados por México”.

En síntesis, las autoridades deben adecuar su praxis a los instrumentos internacionales atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Mientras la Constitución Estatal, las leyes y las instituciones que de ellas emanan, no coincidan con lo estipulado en estos acuerdos, el verdadero reconocimiento de los derechos indígenas continuará siendo una obligación pendiente para los gobiernos.

Concepto de consulta indígena

De acuerdo con lo establecido por el ex relator especial de los Pueblos Indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, el enfoque de derechos humanos en el marco del desarrollo de los pueblos indígenas, implica el respeto de ciertos principios, como lo son: su reconocimiento como sujetos de derecho y no como objetos de políticas públicas; participación y empoderamiento; autonomía, control territorial, no discriminación y la aplicación del consentimiento previo, libre e informado. (Stavenhagen, Rodolfo. Pág 157).

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la consulta previa, libre e informada además de ser un principio general del derecho internacional, es un derecho humano colectivo de pueblos y comunidades indígenas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta: “constituye una prerrogativa necesaria para salvaguardar la libre determinación de los pueblos, así como los demás derechos culturales y patrimoniales –ancestrales- que la Constitución y los tratados internacionales les reconocen.

Por lo anterior, cobra vital relevancia que los grupos interesados tengan acceso a un recurso mediante el cual se garantice el respeto de sus derechos frente a las acciones estatales que pueden llegar a conculcárselos, con la finalidad de combatir la discriminación, revertir los patrones históricos de exclusión, preservar su identidad cultural y lograr un verdadero desarrollo sustentable.

El ex relator especial de los Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, en su informe sobre industrias extractivas, destacó que las consultas no son “un simple sí a una decisión predeterminada, o como un medio de validar un acuerdo desfavorable para los pueblos indígenas afectados” y que “deben ser mecanismos mediante los cuales los pueblos indígenas puedan llegar a acuerdos favorables a sus propias prioridades y estrategias de desarrollo, proporcionarles beneficios tangibles y, por otra parte, promover el disfrute de sus derechos humanos”.

Mecanismos de consulta indígena en legislación vigente

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos observa que en el derecho interno se contempla el derecho a la consulta en los siguientes ordenamientos y protocolos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 2, Apartado A, fracción II; y Apartado B, fracción IX.

Ley de Planeación: Artículo 1, fracción IV.

• Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente: Artículo 158, fracción I.

• Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados: Artículo 108, párrafo tercero.

• Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados: Artículo 54.

• Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas: Artículo 3, fracción VI.

• Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Artículo 7, inciso a).

• Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI):Artículo 10, fracción XI y artículo 19, fracción VII.

• Reglamento Interno del Consejo Consultivo de la CDI: Artículo 2, fracciones XVI y XVII y artículo 6, fracción I.

• Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado por el Consejo Consultivo de la CDI.

• Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• Protocolo para la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas en materia de Distritación Electoral, del Instituto Nacional Electoral.

De la misma forma, la CNDH observa que el tema de la consulta indígena ha sido abordado en las políticas públicas de diversos sectores de la administración pública. Ejemplo de ello se observa en el Plan Nacional de Desarrollo, mediante el cual el gobierno federal, para constituir una sociedad equitativa e incluyente, contempló, entre otras, las siguientes líneas de acción: la creación de mecanismos de diálogo y políticas que fomenten el acercamiento con los pueblos indígenas en la elaboración de acciones que mejoren su desarrollo y la armonización del marco legal con los tratados nacionales e internacionales en materia indígena.

En México, 25 entidades federativas reconocen el derecho a la consulta, ya sea en las constituciones locales o en leyes específicas en materia de derechos indígenas como es el caso de: Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Por otro lado, siete entidades federativas no contemplan el reconocimiento de este derecho: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas.

Cabe destacar que solo San Luis Potosí y Durango tienen leyes sobre consulta y reconocen a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho. No obstante lo anterior, la CNDH considera deseable, que ambas entidades federativas, analicen y progresivamente integren los parámetros desarrollados en la citada recomendación número 27.

Importancia de una ley de consulta

No obstante de que existan mecanismos de participación ciudadana vinculados con pueblos y comunidades indígenas, hace falta un ordenamiento que establezca criterios, procedimientos y autoridades competentes de manera clara y precisa.

De la misma forma, la CNDH identifica que se han desarrollado algunas consultas en materia indígena, pero sin haber considerado los principios de que se desarrollen de manera previa, libre, informada, de buena fe, acorde a las costumbres de los pueblos, entre otros, lo que ha derivado en que el derecho se ha transgredido principalmente por la falta de voluntad política por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero principalmente por la ausencia de un marco legislativo adecuado.

También se identifica la prevalencia de intereses económicos, ya que en ocasiones se da prioridad a la utilización del territorio indígena para fines turísticos, la construcción de megaproyectos como el caso de la minería o la explotación de recursos naturales; esto debido a que gran parte de las comunidades se encuentran asentadas en sitios de vasta riqueza natural.

De esta manera, la CNDH enumera los argumentos del por qué es necesario tener una ley de consulta indígena:

La falta de un ordenamiento específico que regule adecuadamente el proceso de consulta tiene diversas consecuencias, principalmente, impide conocer de manera clara y precisa el contenido y alcance de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, entorpece la eficacia del procedimiento de consulta previa, libre e informada, y afecta en los planes de participación de los beneficios.

Asimismo, la articulación de una ley de consulta permitiría establecer procedimientos de consulta que tengan los estándares de protección más altos y vinculen a las autoridades para garantizar este derecho y en consecuencia proteger otros derechos íntimamente conectados como el de propiedad colectiva, identidad cultural, medio ambiente sano, etcétera.

Para garantizar el acceso, ejercicio y respeto de los derechos de las comunidades indígenas durante el desarrollo de proyectos e implementación de medidas administrativas o legislativas que los afecten, el Estado debe como mínimo, armonizar el orden jurídico con los estándares internacionales existentes sobre la materia. Asimismo, es necesario el diseño y adopción de políticas públicas y de un marco jurídico complementario, que aseguren la viabilidad del derecho a la consulta previa.

En opinión del ex relator James Anaya: “la falta de un entendimiento común entre los interesados, incluidos los Estados, las empresas y los pueblos indígenas mismos, unida a la existencia de numerosas zonas grises tanto conceptuales como jurídicas han demostrado ser una fuente de conflictos sociales”.

El Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, de la Secretaría de Gobernación (Segob), Jaime Martínez Veloz, en el marco de la instalación del Grupo de Trabajo para la armonización legislativa en materia de derechos indígenas, reconoció que la “ausencia de reglas ha generado aproximadamente 270 situaciones conflictivas en el país que requieren la atención del gobierno”.

No obstante, esta Comisión Nacional reconoce, que además de operativizar el ejercicio del derecho, se requiere de un enfoque multidimensional, de voluntad política y de la activa participación de los propios pueblos indígenas con base en el respeto a la diferencia y con sensibilidad intercultural. Igualmente, resulta de vital importancia que las autoridades competentes, atiendan las resoluciones jurisdiccionales dictadas en beneficio de los derechos de los pueblos indígenas.

La consulta indígena se interrelaciona con otros derechos humanos, que pueden llegar a ser vulnerados con acciones u omisiones del Estado, como lo son el de libre autodeterminación, el derecho al desarrollo sustentable, el derecho a la propiedad, el derecho a la biodiversidad cultural y el derecho a la identidad cultural.

El que los órganos de gobierno decidan sobre políticas que afecten directamente a los pueblos indígenas, sin haberlos consultado y considerado en sus propuestas, atenta directamente contra su libertad para decidir sus formas internas de organización política, social, cultural y económica, por lo que debemos vigilar que los diferentes niveles de gobierno, cumplan con su obligación de establecer las políticas públicas idóneas que garanticen el desarrollo integral de las comunidades, así como la vigencia de sus derechos, partiendo de la aplicación del derecho a la consulta.

Las consultas deben tener un orden, no solamente se trata de informar a las comunidades sobre lo que se piensa hacer. Las consultas deben realizarse generando consensos entre gobierno y comunidades, a través de las instituciones y los órganos representativos mediante procedimientos adecuados.

Posible impacto presupuestario

De conformidad con el artículo 18, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto, esta iniciativa presenta las siguientes consideraciones sobre un posible impacto en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Esta ley mandata a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos (CDI) Indígenas como principal autoridad competente en materia de consulta indígena. Al respecto, cabe mencionar la existencia de un Sistema de Consulta Indígena dentro de la propia CDI, que a pesar de los recortes con respecto al ejercicio anterior, cuenta con presupuesto autorizado.

Hasta la fecha, el Sistema de Consulta Indígena ha realizado al menos 13 consultas a pueblos y comunidades indígenas, sobre:

a) “Lugares sagrados del pueblo wixárika” (2006);

b) “Identificación de comunidades afrodescendientes” (2011);

c) “Prioridades para la identificación de comunidades indígenas y afrodescendientes” (2012);

d) “Sobre población indígena migrante”;

e) “Sobre alcoholismo y pueblos indígenas” (2006):

f) “Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas en conformidad con estándares del Convenio 169 de la OIT” (2005);

g) “Nacional sobre la situación que guardan los derechos de las mujeres indígenas” (2011).

h) “A los pueblos indígenas de la zona costera del golfo de California, referente al ordenamiento ecológico marino” (2006);

i) “La Conservación de los sitios sagrados y centros ceremoniales del pueblo yoreme de Sinaloa” (2008);

j) “Mecanismos para la protección de los conocimientos tradicionales”;

k) La reforma a la Ley General de Educación” (2012);

l) “Sus formas y aspiraciones de desarrollo” (2004);

m) “El anteproyecto de Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas” (2008).

Cabe mencionar que las consultas se han realizado de acuerdo a la posible afectación a pueblos y comunidades indígenas, sobre medidas administrativas o legales a implementar, y no en cada municipio afectado, lo cual elevaría el costo de dicha consulta.

La realización de la consulta indígena ya se encuentra en ordenamientos jurídicos previos, tal como lo mandata la Ley que crea la CDI, la cual queda facultada por su artículo 2, fracción primera, de la siguiente manera:

“Ser instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que las dependencias y entidades de la administración pública federal desarrollen en la materia”.

De la misma forma, la misma ley establece como en su fracción novena del mismo artículo 2 la facultad de la CDI para:

“Diseñar y operar, en el marco del Consejo Consultivo de la Comisión, un sistema de consulta y participación indígenas, estableciendo los procedimientos técnicos y metodológicos para promover la participación de las autoridades, representantes y comunidades de los pueblos indígenas en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo”, finalmente, la fracción trece de este artículo, “establecer las bases para integrar y operar un sistema de información y consulta indígena, que permita la más amplia participación de los pueblos, comunidades, autoridades e instituciones representativas de éstos, en la definición, formulación, ejecución y evaluación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales”.

Bajo esta misma lógica, se otorgó competencia a la Coordinación General de Planeación y Evaluación para “apoyar en la coordinación y concertación de acciones encaminadas a la consulta a pueblos y comunidades indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

También cabe señalar que en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio presupuestal de 2017 se otorgó a la Coordinación General de Planeación y Evaluación de la CDI un monto de más de mil millones de pesos, mientras que en años anteriores se le asignaron más de 900 mil millones en 2016 (sic), y 1 millón 386 en 2015 (sic), sólo por señalar recientes asignaciones presupuestales.

Debido a lo anterior consideramos importante que una posible opinión de impacto presupuestario del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas ordenado por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, debiera considerar el presupuesto asignado a la CDI, toda vez que está facultada para ello y cuenta con recursos asignados previamente por esta soberanía.

Al tener a la CDI facultada en materia indígena, exime de crear áreas especiales en las diferentes dependencias de la administración pública federal y los demás órdenes de gobierno, sin eximir colaboración con las instancias encargadas, lo cual también ofrece posibilidades presupuestales reales del ejercicio de la ley que se propone.

Sin embargo, también habría que anotar que el protocolo de actuación de la CDI para la realización de consultas no cumple con las características recomendadas por la CNDH de conformidad con los acuerdos internacionales antes descritos: que sea previa, libre, informada y por medio de las instituciones propias de los pueblos, lo cual también justifica la necesidad de legislar en la materia de consulta indígena.

Fundamento legal de la iniciativa

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, los que suscriben la presente iniciativa con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a la consideración de esta Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se expide la Ley General de Consulta Indígena

Artículo Único. Se expide la Ley General de Consulta Indígena.

Ley General de Consulta Indígena

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1. Es derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados de forma previa, libre e informada sobre las medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente.

Artículo 2. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho de consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales que sobre la materia México ha suscrito.

Artículo 3. Ninguna medida legislativa o administrativa que represente una afectación directa o indirecta a las tierras, bienes y territorios o recursos naturales existentes en ellos, pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas podrá desarrollarse sin que medie el consentimiento de los sujetos de la consulta.

Las medidas legislativas o administrativas que se ejecuten sin que previamente se haya consultado a los pueblos y comunidades indígenas, deberán ser suspendidas de inmediato y los responsables de las mismas deberán ser sujetos a los procedimientos y sanciones establecidos en la presente ley o de manera supletoria, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 4. Son objetivos de esta Ley:

I. Determinar la naturaleza y elementos para que una consulta indígena pueda decretarse válida;

II. Señalar las obligaciones de los gobiernos federal, de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios y delegaciones políticas en la materia;

III. Establecer los sujetos responsables de garantizar el derecho a la consulta indígena.

IV. Generar condiciones objetivas que doten de certidumbre y garanticen igualdad de condiciones para la participación de los pueblos y comunidades indígenas en el proceso de consulta, así como transparentar cada una de sus etapas y resoluciones.

V. Fijar las consecuencias jurídicas y sanciones de no respetar el derecho a la consulta, de no desarrollarlo como esta ley lo prevé o de no acatar los resultados de la consulta.

Artículo 5. El ejercicio del derecho de consulta a que se refiere esta ley se sujetará a las siguientes definiciones y principios:

I. Acuerdos. Decisiones concertadas entre el Estado y los sujetos de consulta a través del cual se otorga el consentimiento de éstos últimos, una vez agotadas todas las etapas de la misma.

II. Libre. La participación de los pueblos y comunidades indígenas en el proceso de consulta debe ser realizada sin coacción o condicionamiento alguno para que puedan otorgar su consentimiento libremente.

III. Adecuada. De conformidad con el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, el proceso de consulta deberá realizarse mediante las instituciones, autoridades, formas de organización y tiempos de los mismos.

IV. Consulta. Proceso de diálogo entre las instituciones representativas de los pueblos y las comunidades indígenas y las instituciones gubernamentales, con objeto de llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento de los primeros sobre medidas administrativas o legislativas que los segundos pretenden realizar y pueden causar afectaciones directas a su identidad cultural, su territorio, su patrimonio y su futuro;

V. Consentimiento previo, libre e informado. La aceptación o rechazo, previo el conocimiento pleno de los beneficios y contras, de las medidas administrativas o legislativas desarrollados, otorgados o concesionado por cualquier ente, entidad, autoridad u órgano de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federal y locales;

VI. Buena fe. Establecimiento de un diálogo genuino sin la intención de engañar a los pueblos;

VII. Diversidad cultural. Reconocer que los pueblos y comunidades indígenas son portadores de culturas diferentes, con diversas cosmovisiones que coexisten en la sociedad nacional;

VIII. Igualdad. Condición para que la consulta incluya, bajo las mismas condiciones, a los sujetos de consulta de acuerdo con la materia de la consulta;

IX. Información oportuna. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a recibir por parte de las autoridades y sujetos responsables involucrados toda la información que sea necesaria para que puedan manifestar su consentimiento, debidamente informados, sobre la medida legislativa o administrativa a ser consultada. Las entidades obligadas a realizarlas, tienen la obligación de brindar esta información de manera oportuna desde el inicio del proceso de consulta y antes de la aprobación de cualquier medida legislativa o administrativa.

X. Interculturalidad. Reconocimiento y respeto a las diferencias culturales, en un ambiente de inclusión;

XI. Instituciones representativas de los pueblos y las comunidades indígenas. Las que tradicionalmente las representan y ellos eligen de acuerdo con sus sistemas normativos internos;

XII. Participación. Derecho de los pueblos y de las comunidades indígenas de intervenir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social;

XIII. Plazo razonable. Periodos de tiempo que permitan a las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas y comunidades indígenas conocer, reflexionar y realizar propuestas concretas sobre la medida legislativa o administrativa objeto de consulta, de conformidad con sus formas de organización.

XIV. Sujetos responsables. Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo o Legislativo federal y locales, encargados de autorizar medidas administrativas o legislativas que puedan afectar a comunidades o pueblos indígenas.

XV. Transparencia. Las autoridades garantizarán que la información respecto a la materia de la consulta, los actos preparatorios, el desarrollo y los resultados de la consulta sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz.

XVI. Afectación directa. Posibles cambios, positivos o negativos, que una medida administrativa o legislativa puede producir directamente sobre la vida y cultura de los pueblos y comunidades indígenas, afectando su existencia física, así como su identidad cultural, su territorio, su patrimonio y su futuro;

Artículo 6. La consulta deberá atender las circunstancias particulares de las comunidades y pueblos indígenas, respetando sus instituciones, sus sistemas normativos y su lengua, sin dejar de observar el marco normativo vigente.

Capítulo IITitulares del derecho de Consulta

Artículo 7. Los titulares del derecho a la consulta son los pueblos y comunidades indígenas cuyos derechos colectivos pueden verse afectados de forma directa por una medida legislativa o administrativa.

Artículo 8. Tienen derecho a solicitar la consulta y a ser consultados:

I. Los pueblos indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas;

II. Las comunidades indígenas, directamente o a través de autoridades o instituciones representativas acreditadas según la legislación de la entidad respectiva o, si se careciera de procedimiento para obtener la acreditación, a través de acta de asamblea o documento similar expedido por el pleno de la asamblea u órgano de gobierno tradicional; y

III. Las comunidades de migrantes, a través de sus instituciones representativas acreditadas según la legislación de la entidad respectiva.

Artículo 9. Las autoridades o integrantes de instituciones representativas de los pueblos o comunidades indígenas que soliciten la consulta o participen en ella, deberán acreditar su personalidad y mandato, ante la autoridad responsable de llevar a cabo la consulta.

Artículo 10. Las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas pueden solicitar la aplicación del proceso de consulta respecto de determinada medida que consideren que les afecta directamente. En dicho caso, deben realizar la solicitud correspondiente a la institución responsable de la medida legislativa o administrativa correspondiente.

Las autoridades indígenas o sus instituciones representativas deberán solicitar la consulta o participar en ella de manera directa, pudiendo acompañarse de traductores, asesores o personas de su confianza cuando así lo consideren pertinente.

Capítulo IIIOrganismos responsables de la Consulta

Artículo 11. Los sujetos obligados a consultar a los pueblos y comunidades indígenas son:

Cámara de Diputados y Senadores, ya sea de forma separada o conjunta.

Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal o Municipal.

Artículo 12. Son responsables de la realización de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas todas las instituciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de cualquier nivel de gobierno, que prevean realizar algún acto susceptible de afectar a los pueblos y comunidades directamente.

Artículo 13. Cada dependencia o entidad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federal, de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios y delegaciones políticas del Distrito Federal deberá crear en su estructura un área que se encargue del seguimiento de la aplicación de la consulta indígena.

Cuando así lo requieran las comunidades y pueblos indígenas, las consultas podrán ser acompañadas y supervisadas por organismos del Estado especializados en materia de derechos humanos y pueblos indígenas, así como Organizaciones de la Sociedad Civil.

Capítulo IVDe la materia de la Consulta

Artículo 14. Se considerará que existe afectación a los pueblos y comunidades indígenas:

I. Cuando el acto o actos que se pretenden emitir violen o menoscaben de alguna forma los derechos de los pueblos y comunidades indígenas consagrados en la legislación nacional y estatal, así como en los instrumentos internacionales de los que México es parte;

II. Cuando la medidas legislativas o administrativas afecten su libre desarrollo; y

III. Cuando las acciones de los poderes públicos afecten directa o indirectamente sus tierras, bienes y territorios o los recursos naturales existentes en ellos, aun y cuando se trate de actividades preponderantes para el Estado mexicano.

Artículo 15. Las consultas a los pueblos y comunidades indígenas tendrán como finalidad alcanzar acuerdos para lograr el consentimiento previo, libre e informado de los consultados respecto de:

I. Iniciativas de ley o reformas de éstas que puedan afectar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas;

II. Reformas de las instituciones encargadas de la atención a los pueblos y comunidades indígenas;

III. Planeación y ejecución de actividades de exploración y extracción, en cualquiera de sus modalidades, de petróleo o demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

IV. Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de desarrollo dirigidos a pueblos y comunidades indígenas; y

V. La ejecución de obra pública que afecte sus tierras y territorios, o los recursos naturales existentes en ellos.

Artículo 16. Tratándose de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o a la legislación secundaria que así lo amerite, participarán en la consulta todos los pueblos indígenas del país. En este caso, la consulta se realizará previa convocatoria que emita el Congreso de la Unión.

Artículo 17. Cuando se consulte sobre otros tipos de actos legislativos deberán participar los pueblos y comunidades indígenas que habiten en el lugar donde, de aprobarse, dicha legislación tendría validez.

Artículo 18. Previo a la elaboración de los planes nacional, estatal o municipal de desarrollo, así como de los propiamente dirigidos al desarrollo indígena, las instituciones responsables deberán consultar a los pueblos indígenas para incorporar sus propuestas y recomendaciones.

Artículo 19. Los sujetos responsables deberán presentar sus propuestas a los sujetos de consulta, al menos 60 días previos a esta, para que los pueblos y comunidades indígenas puedan conocerlas.

Artículo 20. La consulta a los pueblos y comunidades indígenas será requisito previo, para los tres ámbitos de gobierno, para el otorgamiento a particulares de concesiones, permisos u otros actos que se pretendan sobre los recursos naturales que se encuentren en los territorios indígenas; con objeto de determinar las posibles afectaciones que pudieran sufrir por la realización de los actos previstos y las formas de evitarlos o atenuarlos y en su caso, los beneficios que ellos tendrán por dicha explotación.

Artículo 21. El cumplimiento de los requisitos para llevar a cabo expropiaciones es uno de los elementos que se debe aplicar siempre que la autoridad correspondiente decida evaluar la realización de planes o proyectos de desarrollo o inversión o el otorgamiento de concesiones para la exploración o explotación de recursos naturales en territorios indígenas.

Artículo 22. No podrán ser materia de consulta los siguientes asuntos:

I. El respeto a los principios generales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el respeto a los derechos humanos y particularmente a la dignidad, integridad y derechos político electorales de las mujeres.

II. Los programas de combate a epidemias;

III. Los programas de auxilio en desastres;

IV. El nombramiento de mandos medios y superiores de los organismos especializados en la atención de pueblos indígenas. Sin embargo, para el nombramiento de las o los delegados de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se tomarán en cuenta las propuestas y opiniones de las autoridades representativas de los pueblos indígenas correspondientes, así como la del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;

V. La Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la miscelánea fiscal del ejercicio de cada año, ya sea federal, estatal o municipal;

VI. Las facultades exclusivas de los Poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y

VII. Las demás que se deriven de la presente ley.

Capítulo VDe los actos previos de la Consulta

Artículo 23. La consulta será impulsada por la institución responsable que pretenda realizar actos susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas, o en su defecto, a petición de éstos cuando exista presunción de la realización de tales actos.

Artículo 24. En cualquier caso, la solicitud se presentará ante instituciones tradicionales de las comunidades y pueblos indígenas, detallando la forma en que afectaría los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 25. Si el acto que se considera afecta los derechos indígenas ya se estuviera realizando al momento de la solicitud, la institución responsable deberá suspender dicho acto, hasta en tanto se realiza la consulta y se conozcan los resultados.

Capítulo VIDel proceso de Consulta

Artículo 26. Abierto el proceso de consulta, el sujeto responsable elaborará, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el programa de consulta, que deberá contener, al menos, las siguientes etapas:

I. Integración de información y definición de acuerdos básicos;

II. Planeación de la consulta;

III. Jornadas de información a los pueblos y comunidades indígenas, en las cuales se tendrán que exponer opiniones en pro y en contra de los actos materia de la consulta.

IV. Realización de la consulta;

V. Sistematización de los resultados;

VI. Entrega de los resultados a las partes; y

VII. Seguimiento y evaluación de los resultados.

El contenido del programa de consulta deberá consensuarse con las partes involucradas.

Artículo 27. La integración de información, definición y acuerdos incluirá, al menos:

I. Institución, pueblo o comunidad indígena que solicita la consulta o que se verá afectada;

II. Acto susceptible de afectar directamente a los pueblos o a las comunidades indígenas; y

III. Objetivos de la consulta.

Artículo 28. La planeación de la consulta deberá incluir, al menos;

I. Las bases de participación, tanto de la institución responsable como de los pueblos y las comunidades indígenas interesados;

II. Los instrumentos técnicos de consulta;

III. Calendario para desarrollar las jornadas de información a los pueblos y comunidades indígenas, en las cuales se tendrán que exponer opiniones en pro y en contra de los actos materia de la consulta.

IV. Sedes y fechas de celebración de la consulta;

V. Formas de comunicación, incluidos los intérpretes y traductores; y

VI. Los demás elementos que se consideren necesarios.

Artículo 29. Las técnicas y metodologías de las consultas se ajustarán al objeto de ellas, al acto que genera la consulta, a las necesidades de coberturas territoriales y a los actores que deban ser consultados; tendrán que ser culturalmente adecuadas, en relación con el acto consultable y sus impactos en los derechos y la vida de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 30. Los pueblos y comunidades indígenas, o sus instituciones representativas en su caso, deben contar con al menos 60 días previos a la consulta, para su análisis, la información que el sujeto responsable les proporcione y la que ellos puedan allegarse, a efecto de dar una respuesta adecuada a la institución responsable. Además de la información que el organismo técnico les proporcione al abrir la consulta, deberá realizar los estudios técnicos necesarios si así se acuerda durante la consulta.

Artículo 31. El sujeto responsable convendrá con las partes el tiempo de duración de cada una de las etapas, según la naturaleza de ellas y la formas de organización de las comunidades y pueblos, lo mismo que el de la consulta en general, el cual de manera conjunta no deberá exceder de 6 meses a partir de la recepción de la solicitud de consulta.

Todos los actos de la consulta deberán constar en actas y deberán ser publicados y difundidos en español y todas las lenguas que hablen los pueblos y comunidades indígenas sujetos de consulta.

Artículo 32. La consulta podrá suspenderse:

I. Porque la institución responsable y los pueblos o comunidades indígenas interesados lleguen a algún acuerdo; y

II. Porque la institución responsable suspenda el acto susceptible de afectar directamente a los pueblos y a las comunidades indígenas o sus derechos.

Capítulo VIIDe los resultados de la Consulta

Artículo 33. Los resultados de la consulta son vinculantes, por lo que la institución responsable deberá implementar medidas atinentes a efecto de acatar el mandato de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 34. El acto consultado podrá realizarse tal como se propone si los pueblos indígenas y sus comunidades dan su consentimiento pleno.

Se entiende que hay consentimiento pleno cuando los consultados por mayoría absoluta y dentro del alcance de sus facultades lo aceptan.

Artículo 35. Cuando los pueblos o comunidades indígenas consultados aceptan la realización del acto, a condición de que previamente se realicen otros que mitiguen sus efectos nocivos, la institución responsable deberá, en el marco de sus facultades y los derechos de los pueblos indígenas reconocidos, tomar las medidas para que estos se realicen.

Artículo 36. Cuando los pueblos o comunidades indígenas acepten la realización del acto, a condición de que previamente se establezcan los beneficios que obtendrán por ello, la institución responsable deberá acordar la manera en que esto se llevará a cabo.

Artículo 37. En todos los casos, la institución responsable antes de realizar el acto deberá agotar todos los mecanismos de conciliación a su alcance para llegar a un acuerdo con los pueblos o comunidades indígenas.

Artículo 38. El organismo técnico vigilará que cuando la realización del acto quede condicionada o sujeta a alguna modalidad, éstas se realicen respetando los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas.

Capítulo VIIIDe los efectos de los resultados

Artículo 39. Los resultados de la consulta tendrán el carácter de cosa juzgada.

Artículo 40. Cuando un pueblo o una comunidad indígena consideren que la consulta no se realizó como lo prevé esta ley o los resultados de la misma no sean acatados por la institución responsable, podrán recurrir en vía de amparo a los tribunales federales para que resuelvan en definitiva.

Capítulo IXDe las sanciones

Artículo 41. Se considerara como violación a la presente Ley, todo acto que impida, dificulte, violente o retrase sin causa justificada la Consulta por parte de instituciones públicas, servidores públicos o terceras personas, así como todo aquello que se contraponga a generar certidumbre, transparencia, igualdad y legalidad en todas las etapas de la consulta.

Artículo 42. Sera motivo de cesación de actividades administrativas, cuando se ejecuten sin previa consulta a los pueblos o comunidades indígenas actos que causen una afectación directa a los derechos, intereses y bienes tangibles o intangibles de los sujetos de derecho a la consulta previa, libre e informada establecidos en la presente Ley.

De acuerdo con el párrafo anterior los afectados podrán solicitar la inmediata suspensión de los actos, hasta que se realice la Consulta. Para la procedencia de lo anteriormente mencionado bastara con la presentación de solicitud por escrito ante la autoridad o institución responsable de la presunta afectación.

Artículo 43. Todo acto de omisión a lo establecido por la presente ley se regirá por lo establecido en el Código Penal Federal vigente y las sanciones acreditadas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado respectivamente.

Artículo 44. Se establecerán por parte del Estado y autoridades correspondientes, los mecanismos necesarios a efectuar la reparación de todo daño a que fuese sujeto los quejosos cuando la implementación o ejecución de una medida legislativa o administrativa, derive una afectación directa a los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, procediendo a la reaparición a través de la restitución, indemnización, rehabilitación o recuperación de las condiciones y espacios para la reproducción de los procesos culturales y productivos de las regiones, según corresponda.

Artículos Transitorios

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal adecuarán, en un plazo de ciento veinte días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, las leyes correspondientes, de conformidad con lo establecido en la presente ley.

Cuarto. El titular del Poder Ejecutivo federal dispondrá que el texto íntegro del presente decreto se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas del país y ordenará su difusión en sus comunidades.

Quinto. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.

Referencias

1 http://oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf

2 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

3 Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en el contexto de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Americanos. Sámano R., Miguel Ángel y otros.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2017.— Diputados: Sergio López Sánchez,Araceli Madrigal Sánchez (rúbricas).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Asuntos Indígenas, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.



LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, Y LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Desarrollo Social. Adelante, diputada.

La diputada Araceli Damián González:Gracias, diputada presidenta. La iniciativa que propongo persigue una reforma integral de la legislación electoral, destinada a prohibir que funcionarios públicos y algunos políticos participen en la entrega de beneficios asociados a programas sociales durante los seis meses anteriores al inicio de la veda electoral.

Lo anterior busca, teniendo en cuenta la experiencia de irregularidades que hubo en el Estado de México en las pasadas elecciones, hacer que los procesos electorales sean transparentes y se erradiquen las legítimas prácticas de intervencionismo gubernamental en las elecciones y evitar la instrumentación electoral de los programas sociales.

La iniciativa que impulso reforma en total tres leyes con el mismo objetivo: la Ley General de Procedimientos Electorales, la de Materia de Delitos Electorales, y la General de Desarrollo Social.

La correcta operación de los programas sociales en ningún caso requiere de la intervención de funcionarios públicos, tampoco de políticos, senadores, diputados, secretarios o subsecretarios. Al contrario, la participación de estos agentes políticos en actos masivos y otros eventos pone en riesgo la democracia en México al prestarse a la manipulación de los programas sociales.

La iniciativa propone prohibir y sancionar la entrega de beneficios vinculados a programas sociales por parte del mencionado grupo de servidores públicos durante esos seis meses anteriores.

Hay un consenso social y político que necesita ser respaldado por los partidos políticos, para que no haya un uso fraudulento e ilegal de los programas sociales a través de la manipulación, coacción o la influencia de funcionarios públicos.

Ahí tenemos el ejemplo del Estado de México que se celebró este año. Las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Ni un Fraude Más, recibió 284 reclamaciones ciudadanas por irregularidades electorales, de las cuales se presentaron 10 denuncias ante la Fepade y 8 en quejas e impugnaciones ante instancias administrativas del INE, por ejemplo.

Tenemos también lo que sucedió el 18 de marzo de 2017, a menos de tres meses de los comicios en el Estado de México, el ex gobernador Eruviel Ávila regaló cinco mil computadoras a cambio de que los beneficiarios entregaran copias de sus credenciales de elector.

Durante la campaña electoral a la gubernatura del estado se filtraron documentos y evidencias que mostraban la intervención directa de altos funcionarios, ahí estaba Narro, estaba Mikel Arriola, Meade, que estaban repartiendo, en diversos territorios, programas sociales, en fin, tenían encargo directo de territorios específicos.

Esta iniciativa quiere prohibir y quiere que se sancione la práctica irregular que hacen constantemente estos funcionarios. La imparcialidad de los servidores públicos es un principio que está enraizado en la tradición jurídica de México, cuyo ordenamiento se expresa en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución, el cual dispone con toda claridad que los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia de los partidos políticos.

Sin embargo, no existe forma alguna de que esto se logre. Los funcionarios públicos siempre están ahí tratando de coaccionar y comprar el voto.

Morena propone esta reforma para que esto ya no sea posible. Ningún funcionario de nivel medio superior debe de participar en la entrega de programas sociales en ningún momento. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 11 de la Ley General en materia de Delitos Electorales; y adiciona el 28 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Araceli Damián González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 449 de la Ley General de Procedimientos Electorales; y el artículo 11 de la Ley en Materia de Delitos electorales; y se adiciona el artículo 28 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El propósito de la presente iniciativa es reformar la legislación electoral para prohibir, de forma expresa, que funcionarios y personas con cargos políticos de alto nivel participen en la entrega de beneficios vinculados a programas sociales. En concreto, se propone que gobernadores, secretarios, subsecretarios, senadores y diputados, de cualquier ámbito, no puedan tomar parte en las citadas actividades al menos durante los seis meses anteriores al inicio de la veda electoral. Resulta evidente que, desde el punto de vista de la correcta operación y aplicación de programas sociales, no es necesaria ni pertinente la participación directa de funcionarios públicos con marcado perfil político en la entrega de beneficios; antes al contrario, la intervención de estos últimos, particularmente en actos y eventos masivos, involucra serios riesgos de que los procesos electorales sean afectados por el ejercicio de prácticas de promoción ilegítima personal o partidaria.

La finalidad de la reforma es garantizar la neutralidad política de los servidores públicos y evitar que los programas sociales sean utilizados para fines ajenos a los de su naturaleza. Como resulta notorio, las diferentes disposiciones electorales configuran sanciones a la utilización de programas sociales con el objetivo de inducir o coaccionar el voto. Empero, las leyes vigentes omiten regular expresamente la participación de funcionarios en las actividades relacionadas con la operación de programas sociales en contextos electorales o pre-electorales.

Considerando esta cuestión, la iniciativa que se impulsa persigue precisamente prohibir y sancionar, de modo concreto y específico, la intervención de funcionarios de determinada jerarquía en la ejecución de actividades relacionadas con el desarrollo de programas sociales cuando ello, en el marco de un entorno pre-electoral, pueda afectar, de algún modo, al libre desenvolvimiento de unas elecciones.

Irregularidades en procesos electorales en México

En México existe un profundo y plural consenso social y político alrededor de la necesidad de avanzar en la transparencia de los procesos electorales. En cada elección, las denuncias de irregularidades acreditadas se multiplican; muchas de ellas involucran el ejercicio ilegal o fraudulento de recursos federales movilizados por funcionarios públicos para manipular, coaccionar o influenciar la voluntad popular y alterar el curso democrático de los comicios. En ese sentido, se impone la articulación de reformas legislativas que, en diferente grado, contribuyan a reforzar y a consolidar la neutralidad de los funcionarios públicos en el desarrollo de las elecciones.

Las irregularidades electorales relacionadas con los programas sociales han sido ampliamente acreditadas y difundidas. En la pasada elección a la gubernatura del Estado de México, el Congreso de dicha entidad federativa aprobó continuar con la operación de 67 programas sociales durante la campaña, decisión que exclusivamente fue aprobada por la mayoría parlamentaria y sus partidos aliados. Al margen de otras consideraciones, resulta claro que, cuando se aplican y operan programas sociales en contextos electorales, es necesario redoblar la regulación y vigilancia sobre la ejecución de dichos esquemas. La presente iniciativa busca mejorar y concretar la legislación sobre el empleo de programas sociales en coyunturas electorales o pre-electorales.

En relación a los recientes comicios en el Estado de México, la organización de la Sociedad Civil #Niunfraudemás recibió 284 reclamaciones ciudadanas de presuntas irregularidades electorales, las cuales se han traducido en 10 denuncias ante la FEPADE y en ocho quejas e impugnaciones ante instancias administrativas electorales como el INE. Entre las categorías más comunes a las que pertenecen las irregularidades se encuentra, precisamente, “el uso de programas sociales con fines electorales”, así como la “intervención de autoridades estatales y federales en el proceso electoral”. Por tanto, la concurrencia de irregularidades relacionadas tanto con la operación de programas sociales como con la participación de funcionarios públicos en los comicios son problemas que tienen amplia relevancia y actualidad, sobre los cuales es necesario legislar.

Entre las irregularidades acreditadas y denunciadas por la organización #Niunfraudemás en la pasada elección de la gubernatura del Estado de México, destaca el condicionamiento del otorgamiento de programas sociales presentes o futuros al voto por un determinado partido o la constante presencia pública de funcionarios que difunden la labor gubernamental, así como probables interferencias de autoridades federales o incluso de otras entidades federativas.

De hecho, en la información recabada por la citada organización, consta que el condicionamiento a la inscripción de programas sociales y la intervención de funcionarios en la entrega de beneficios son, respectivamente, la tercera y la séptima categoría de irregularidades más comunes cometidas durante el pasado proceso electoral en el Estado de México, acumulando la primera 27 denuncias y la segunda 16. Lo anterior muestra que la cuestión sobre la que pretende incidir la presente iniciativa resulta de la máxima trascendencia, ya que precisamente busca mitigar el riesgo asociado al uso partidista de programas y de funcionarios públicos para la promoción de la imagen de dicho personal o del partido político a través de la entrega de programas; una práctica que, como se destaca, ha sido generalizada en recientes elecciones a escala subnacional.

Algunas de las irregularidades identificadas en la pasada elección a gobernador en el Estado de México incluyen la imposición, a miles de ciudadanos, de asistir a mítines proselitistas antes de ser beneficiados con las prestaciones del programa Prospera. En esa elección, especialistas y académicos denunciaron que, por diversas razones, la amplia mayoría de los programas sociales desplegados en el Estado de México son susceptibles de ser utilizados para fines electorales. Precisamente la iniciativa que se propone pretende fortalecer la legislación electoral al respecto, prohibiendo que funcionarios de alto nivel participen en la entrega de beneficios u operación de los mismos, neutralizando una de las irregularidades acreditadas más comunes.

El abierto e ilegítimo intervencionismo de altos funcionarios políticos en procesos electorales se ha convertido en uno de los principales riesgos que enfrenta la democracia mexicana. Por ejemplo, el 18 de marzo del 2017, a menos de tres meses de los comicios en el Estado de México, el actual gobernador, Eruviel Ávila, regaló 5 mil computadoras a cambio de que los beneficiarios entregaran copia de su credencial de elector. Menos de dos semanas después, en el Hospital General de Naucalpan, el gobernador hizo promoción abierta de los vales de medicina pagados por el gobierno del estado.

El 11 de abril, en plena veda electoral, el secretario de Salud, José Narro, realizó una visita de trabajo al Hospital General de Chalco, en compañía del gobernador, Eruviel Ávila. Previo a ello y antes de que se inaugurara la veda, otros altos funcionarios, entre los que destacan el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade; la titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, realizaron visitas oficiales al Estado de México en actividades claramente proselitistas y de intervención abierta en un contexto pre-electoral de máxima trascendencia para nuestro país. El propio presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, a menos de dos meses de las elecciones, participó, junto con el gobernador, en la inauguración de una planta refresquera en el Municipio de Tecámac.

Además de lo anterior, durante la campaña para la elección de la gubernatura del estado de México, se filtraron documentos que evidenciaban la intervención directa de un conjunto de altos funcionarios federales en los comicios, a través de la repartición entre ellos de diversos territorios y actividades proselitistas prohibidas. Entre otros, se señaló a Mikel Arriola, Director del IMSS; a José Reyes Baeza, director del ISSSTE; a Aurelio Nuño Meyer; Secretario de Educación; y a Nuria Mayorga, directora de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas; quienes tenían asignadas múltiples actividades con clara interferencia en la campaña electoral.

Las irregularidades vinculadas con la participación ilegítima de funcionarios y la utilización electoral de programas sociales, lejos de limitarse a hechos aislados y restringidos al Estado de México, constituyen prácticas recurrentes y sistemáticas en cada proceso electoral. Esta situación impulsa la necesidad de articular reformas legislativas concretas que coadyuven a mejorar la transparencia de los procesos electorales en México y a conjurar los riesgos de fraude, de forma que se logre avanzar en la postergada consolidación democrática del país.

Blindaje electoral de programas sociales

Conscientes de la generalización y masividad de las irregularidades electorales vinculadas a la operación de programas sociales, la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Nacional Electoral, han venido configurando normas y orientaciones destinadas a reforzar la transparencia de los procesos electorales. Entre otras medidas, el INE ha aprobado acuerdos para que, durante las campañas, no puedan ser entregados beneficios de programas sociales que no cuenten con reglas de operación. El mencionado acuerdo del INE establece que “debe evitarse la inclusión de elementos que conlleven velada, implícitamente o explícitamente la promoción de un gobierno o de sus logros en la entrega de bienes y recursos de los programas sociales”.

En el marco de los procesos electorales regionales celebrados en 2017 en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, el INE solicitó a las respectivas instituciones federativas “implementar las medidas necesarias para que la ejecución de los programas sujetos a su responsabilidad se ajusten al objeto y reglas de operación establecidas”, evitando su instrumentalización para propósitos electorales. Desde un plano más general, señala el INE que:

“Se considera que la vigencia plena del principio de imparcialidad cobra particular relevancia en el desarrollo de los procesos electorales a celebrarse en los Estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz, puesto que su violación puede causar una afectación irreparable a los bienes jurídicos que las autoridades electorales deben tutelar, en particular el principio de equidad que debe imperar en la competencia electoral y el ejercicio efectivo del derecho al voto libre”

El citado acuerdo del INE prevé expresamente “la prohibición de que los servidores públicos participen en el reparto de los bienes, servicios y recursos asociados a programas sociales, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier candidatura, coalición o partido político.” Además de lo anterior, aunque se dispone que los programas sociales no deben ser suspendidos durante las campañas, el INE establece que los beneficios de “los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral”

En la misma línea, la propia Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) elaboró y difundió un documento titulado “Programa de Blindaje Electoral 2017”, en el cual establece las bases y orientaciones generales de operación de los programas sociales durante las coyunturas electorales del 2017. El mencionado documento de la Sedesol, siguiendo lo establecido por el INE, señala que

“Dentro del periodo que abarquen las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral, deben suspenderse todas las reuniones masivas con beneficiarios de programas sociales, incluso las que impliquen una entrega de apoyos previamente establecida, misma que deberá recalendarizarse; lo anterior, a efecto de evitar tergiversaciones o actos de carácter proselitista o con fines político-electorales”.

En la misma línea que los acuerdos y protocolos aprobados por las citadas instituciones, la iniciativa que se promueve busca reducir el margen de arbitrariedad que permite que los procesos de entrega de beneficios sociales sean utilizados como vehículo de la compraventa de voluntades, al prohibir de forma expresa que servidores públicos de elevado perfil político participen en dichos eventos durante los seis meses anteriores al inicio de la veda electoral.

En adición, el documento elaborado por la Sedesol recoge que uno de los comportamientos expresamente prohibidos para los funcionarios públicos es “la realización de entregas de apoyos que no se encuentren contemplados en las Reglas de Operación durante el periodo del inicio de campañas al día de la jornada electoral”. La participación de servidores públicos de alta jerarquía en este tipo de actividades, por su propia naturaleza, involucra la ejecución de actividades no contempladas expresamente en las normas de operación de las citadas políticas públicas.

Normativa electoral y propuesta de reforma

La imparcialidad de los servidores públicos es un principio ampliamente enraizado en la tradición jurídica mexicana, cuyo ordenamiento se expresa en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución, el cual dispone con claridad que “los servidores públicos (...), tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.” En la misma línea, el artículo 41 de la Constitución establece que, durante el tiempo que duren las campañas electorales, deberá suspenderse toda propaganda gubernamental. La reforma que se propone persigue reforzar la imparcialidad de servidores y funcionarios públicos, precisamente la de aquellos que, por su elevada jerarquía y perfil político, deben predicar con el ejemplo y abstenerse, de forma categórica, de realizar prácticas injerencistas e intervencionistas en las elecciones.

En el mismo sentido, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el artículo 7, establece que todos los funcionarios públicos tienen la obligación de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, en el marco de sus actividades profesionales; y que deben, en todo caso, utilizar los recursos asignados y “las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos.” En ese aspecto, realizando una interpretación lógica del espíritu de la norma, es perfectamente viable identificar que la participación de gobernadores, secretarios, subsecretarios, diputados y senadores en la entrega de beneficios sociales es innecesaria y transgrede las facultades y tareas asignadas a sus respectivas y elevadas responsabilidades.

Como se ha referido, la actual legislación electoral prevé diversas disposiciones que establecen sanciones y prohibiciones tanto a la utilización electoral de programas sociales, como a diversos formatos de intervención ilegitima por parte de funcionarios en los comicios. Sin embargo, no existe medida alguna que establezca la prohibición de que funcionarios públicos de elevada categoría participen en la entrega u operación de programas sociales, a través de eventos proselitistas que utilizan las políticas públicas para manipular la voluntad popular.

Por su parte, la Ley General de Desarrollo Social prevé en su artículo 28 que:

“la publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

Las normas electorales tienen un nivel mayor de concreción que lo configurado en la Ley General de Desarrollo Social, cuya disposición al respecto se encuentra redactada en términos muy generales. Así, el artículo 449 de la Ley General de Procedimientos Electorales configura un catálogo detallado de infracciones de los servidores públicos de cualquier órgano de gobierno. La citada norma establece que:

“Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

(...)

La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.

En el mismo sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe, con carácter general, “la realización de cualquier acto que genere coacción o presión a los electores”. Sin embargo, como se menciona, la norma prevé una prohibición general de instrumentalización de los programas sociales con fines electorales, pero no regula de modo expreso la participación de funcionarios de alto nivel en la entrega de beneficios o en la operación de este tipo de esquemas. La presente iniciativa precisamente pretende reforzar la normativa actual en la materia, evitando que funcionarios con responsabilidades políticas y públicas participen en la aplicación de dichos programas sociales.

Por tanto, ambas legislaciones electorales configuran, de forma literal, el mismo régimen de prohibición general de utilización de programas sociales para fines ajenos a los de su naturaleza. Desde un punto de vista jurídico, cualquier reforma que intervenga sobre las cuestiones citadas- como es la que nos ocupa- deberá articular una reforma integral y coherente de todas las leyes que configuran el conjunto del régimen jurídico electoral en México, con la finalidad de preservar la organicidad y sistematicidad del esquema normativo- electoral de nuestro país.

En el mismo sentido, la Ley General en Materia de Delitos electorales, en su artículo 7.VII, establece que se sancionará, con penas de cincuenta a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien

amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición.”

En este caso, posiblemente teniendo en cuenta que la citada norma configura delitos electorales cuya tipicidad debe ser descrita de la forma más concreta posible, únicamente se sanciona la amenaza de suspensión de programas sociales; no obstante, resulta manifiesto que existen, en la práctica, una variedad más extensa de comportamientos reprobables vinculados con la operación de programas sociales en contextos electorales o pre-electorales.

Asimismo, en su artículo 11, la citada norma en materia de delitos electorales dispone que:

“Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

(...)

Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición. Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo

Nuevamente en la norma citada se sanciona a los funcionarios públicos que condicionen la prestación de programas sociales con penas agravadas, lo que indica la particular gravedad que el legislador otorgó en su momento a la instrumentalización de este tipo de sensibles políticas públicas destinadas a erradicar la pobreza.

Además de lo anterior, existen sentencias judiciales que han afirmado la necesidad de restringir determinados esquemas y formatos de entrega de beneficios de programas sociales, cuando aquellos puedan ser funcionales para impactar o condicionar en el libre desarrollo de un proceso electoral. Así, el Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala, en su Tesis LXXXVIII/2016 señala que

“De la interpretación teleológica, sistemática y funcional de los artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo, octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que, en principio, no existe el deber específico de suspender la entrega de los beneficios de los programas sociales durante las campañas electorales, debido a su finalidad; sin embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados, de tal manera, que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los referidos principios.”

Realizando una interpretación teleológica y ajustada a derecho de la citada resolución judicial, se infiere con claridad que la legislación aplicable a los programas sociales debe garantizar la neutralidad y la independencia partidaria de los procesos de entrega de recursos o beneficios asociados a dichos esquemas. En ese sentido, el principio de imparcialidad es abiertamente contradictorio con la participación de gobernadores, secretarios, subsecretarios, diputados o senadores en la entrega de programas sociales; en tanto que la intervención de este tipo de servidores, de elevado perfil político, en ningún caso puede relacionarse con una necesidad operativa inherente a la aplicación del programa; antes al contrario, esta situación engendra serios riesgos de instrumentalización partidaria de las citadas políticas públicas. Es la misma línea jurisprudencial que ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien ha establecido que, desde el inicio de las campañas electorales y hasta el día de la votación, deberán suspenderse todos los eventos masivos que involucren a beneficiarios de programas sociales, incluso con motivo de la entrega de recursos, apoyos y beneficios.

Por tanto, la reforma legislativa que se propone precisamente pretende reforzar el blindaje de los programas sociales, para garantizar que éstos no sean utilizados con propósitos electorales. Como se ha referido, el proceso de consolidación democrática en México enfrenta serios desafíos que deben ser encarados por la totalidad de las instituciones políticas responsables. El ejercicio sistemático de fraudes e ilegalidades electorales atenta contra los más elementales principios democráticos y contribuye a consolidar la generalizada desafección reinante en nuestro país, debilitando la institucionalidad política de la nación en quebranto del conjunto de la sociedad mexicana.

El poder legislativo no puede permanecer pasivo mientras se replican y extienden las denuncias de intervencionismo fraudulento en los sucesivos procesos electorales. La sencilla reforma que se propone tiene capacidad- siempre que se armonice con una voluntad política resuelta y con la adopción de otras políticas integrales- de coadyuvar a fortalecer la transparencia y la calidad de los procesos electorales, reduciendo el margen de arbitrariedad disponible gracias a la interdicción de la participación de servidores públicos de alto nivel político en tareas sociales que inherentemente les son ajenas.

Las propuestas de modificación legislativas serían las siguientes:

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 449.1., apartado e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el artículo 11, apartado II de la Ley en Materia de Delitos electorales; y se adiciona el artículo 28 bis a la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo Primero.Se reforma el artículo 449.1., apartado e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 449. 1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

...

e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato ,con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato ; así como la participación directa de gobernadores, secretarios, subsecretarios, senadores y diputados de cualquier ámbito, durante el periodo de seis meses anteriores al inicio de la veda electoral, en la entrega de beneficios vinculados a programas sociales.

Artículo segundo.Se reforma el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

...

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición. Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo.

Con la misma pena se sancionará a los gobernadores, secretarios, subsecretarios, senadores y diputados de cualquier ámbito, que, durante el periodo de seis meses anteriores al inicio de la veda electoral, participen de forma directa en la entrega de beneficios vinculados a programas sociales.

Artículo tercero.Se adiciona el artículo 28 bis a la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 28 Bis. Los gobernadores, secretarios, subsecretarios, senadores y diputados de cualquier ámbito, durante el periodo de seis meses anteriores al inicio de la veda electoral, no podrán participar de forma directa en la entrega de beneficios vinculados a programas sociales.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Dávila I. (2017) “Decide Congreso del Edomex mantener en operación 67 programas sociales durante campañas”, Plana Mayor, 30 de Marzo del 2017

http://planamayor.com.mx/decide-congreso-del-edomex-mantener-en- operacion-67-programas-sociales-durante-campanas/

2 Boletín de Prensa, Ni un Fraude más 31 de Mayo del 2017

http://www.niunfraudemas.org/documentos/BoletinPrensa_31Mayo.pdf

3 Ibíd.

4 Ni un fraude más (2017) “Segundo informe observatorio electoral”, 31 de Mayo del 2017, disponible

http://www.niunfraudemas.org/documentos/Segundoinforme.pdf

5 Olvera D. (2017) “Programas sociales en el Edomex están en la opacidad: Alianza ciudadana; alerta uso electoral”, Sin embargo, 17 de Mayo del 2017,

http://www.sinembargo.mx/17-05-2017/3218649

6 Ni un fraude más (2017) “Segundo informe observatorio electoral”, 31 de Mayo del 2017, disponible

http://www.niunfraudemas.org/documentos/Segundoinforme.pdf

7 Olvera D. (2017) “Programas sociales en el Edomex están en la opacidad: Alianza ciudadana; alerta uso electoral”, Sin embargo, 17 de Mayo del 2017,

http://www.sinembargo.mx/17-05-2017/3218649

8 Román J.A. (2017) “Muestra AMLO presunta evidencia de intromisión federal en Edomex”, La Jornada, 22 de Mayo del 2017,

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/05/22/muestra-amlo- presunta-evidencia-de-intromision-federal-en-edomex

9 Murayama C. (2017) El INE y los programas sociales, disponible

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/Perfiles/Consejeros/ CiroMurayama/rsc/docs/REFORMA-El_INE_y_los_programas_sociales.pdf

10 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se adicionan diversas disposiciones al Acuerdo INE/CG04/2017 por el que se determinó ejercer la facultad de atracción para establecer mecanismos para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado, así como el uso indebido de programas sociales y la violación a los principios de equidad e imparcialidad, durante los procesos electorales locales 2016-2017 en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, disponible en

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5479872 &fecha=14/04/2017

11 Ibíd.

12 Artículo 134, párrafo séptimo constitucional, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf

13 Artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

14 Artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf

15 Artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/ley-general- de-instituciones-y-procedimientos-electorales

16 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/ley-general- de-instituciones-y-procedimientos-electorales

17 Artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos electorales,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_270614.pdf

18 Artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos electorales,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_270614. pdf

19 Tesis LXXXVIII/2016, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pendiente de publicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.— Diputadas y diputados: Araceli Damián González,Blandina Ramos Ramírez, Delfina Gómez Álvarez, Erik Juárez Blanquet (rúbricas).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Desarrollo Social para dictamen.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: ¿Con qué objeto, diputada Delfina Gómez?

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Gracias. Solo para solicitar a la compañera Araceli me permita adherirme a su iniciativa, ya que se me hace muy importante y eso permitiría, precisamente, garantizar lo que tanto se dice de un ejercicio democrático. Gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputada se le pregunta. Y por supuesto, si no tiene inconveniente la diputada presentante, la Secretaría tendrá a su disposición la iniciativa que se ha presentado.



CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Cándido Ochoa Rojas. El diputado va a presentar dos iniciativas en una sola intervención. La primera de ellas es iniciativa que reforma el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el diputado presentante y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La segunda, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también suscrita por el diputado presentante y otros diputados del mismo grupo parlamentario. Adelante.

El diputado Cándido Ochoa Rojas:Gracias. Con el permiso de los presentes. Como todos sabemos, en junio del año pasado, en el 2016 entró en todo México en vigor el nuevo esquema de enjuiciamiento penal, el que trajo consigo los juicios orales.

Esto ha demando un cambio de cultura y un aprendizaje en los implementadores del nuevo esquema de enjuiciamiento penal.

Por lo tanto, a nosotros nos toca estar al pendiente de lo que vaya haciendo falta. Es así como he detectado que en la práctica se estaban presentando problemas, tanto en la etapa de investigación como en la etapa de ya enjuiciamiento ante la autoridad judicial. Esto nos trae por consecuencia un ajuste a dos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que como todos también sabemos es el que aplica en todos los estados. Hoy ya no hay un código para cada estado, un código procesal.

En consecuencia, propongo que se hagan modificaciones a estos dos artículos, que son el 216 y el 314. El primero se refiere a la etapa de investigación, como lo he señalado, en el proceso penal acusatorio, en el que se consagra el derecho de petición, el que se puede ejercer por las partes, ya sea el inculpado, el defensor o incluso la víctima.

Este derecho de petición ahí está consagrado, pero sucede que no obstante en la actual redacción del artículo 216, no se establece que esa solicitud a la que tienen derecho las partes pueda hacerse por una parte de manera escrita. O sea, impone y se lleva a cabo en la práctica a que se haga en forma verbal y de ello no queda constancia.

Y por la otra, tampoco establece la obligación para que el Ministerio Público conteste esa petición que se haga por parte del interesado, en términos de las reglas que ya existen para las notificaciones del propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Omisiones que, como lo he dicho, carecen o son presa de este artículo que considero que deben ser enmendadas solo agregándose que tienen derecho a que sus peticiones se hagan por escrito, por una parte. Y que, por la otra, el Ministerio Público les conteste en breve término.

Este derecho está incluso consagrado en el artículo 8o. de la Constitución federal, que se denomina derecho de petición, tanto a solicitar algo por escrito y que esto les sea contestado en breve término por escrito para que haya constancia. Considero que de esta manera se va a respetar el derecho a la adecuada defensa en la fase de investigación.

Por otra parte y en lo que se refiere a la diversa iniciativa que implica el 314, este trae consigo la defensa adecuada del proceso penal acusatorio también, en el que es de resaltar que esta debe comprender la efectiva aplicación de los principios de audiencia y contradicción, a efecto de proporcionar al inculpado todos los elementos necesarios para que esté en condiciones de defender en forma adecuada y oportuna sus derechos ante cualquier acto de autoridad y, en consecuencia, desarrollar una defensa efectiva en la secuela del proceso penal.

Consecuentemente, esa defensa adecuada implica el deber de la autoridad de velar que sea real, en efectos concretos, con posibilidad para ofrecer pruebas que soporten la pretensión a favor del imputado, o bien, de diferir de cuestiones jurídicas relacionadas a las medidas cautelares, aportando los medios de convicción que estime pertinente.

Es por ello que la facultad del juzgador y el derecho del imputado para que ofrezca y, en consecuencia, se resuelva sobre la admisión de pruebas respecto del debate, sobre las medidas cautelares que sobre su persona se decreten, debe estar consagrado para todos los delitos.

Hoy, en el artículo 314 se establece que este derecho solo lo tiene el inculpado en tratándose de prisión preventiva oficiosa.

En consecuencia, planteo que se modifique este numeral y se establezca que en cualquier caso el juez de control podrá admitir los medios de prueba que ofrezca el imputado o su defensor, respecto del debate sobre medidas cautelares, cuando el inicio de la audiencia o su continuación justifiquen que ello es pertinente, de esta manera tendremos una igualdad en todos los casos y por todos los delitos. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el diputado Cándido Ochoa Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Cándido Ochoa Rojas y diputados federales, integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales,al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como es ya sabido, en junio del año pasado entró en todo México la vigencia y aplicación del nuevo sistema de justicia penal, que implica los juicios orales.

Ese nuevo esquema ha traído exigencias para sus implementadores que implican el hecho de que se hayan tenido que especializar.

Por su parte, la ciudadanía lo ha venido experimentando con cautela e incluso escepticismo, entre otras razones, porque es un esquema nuevo de enjuiciamiento penal y ante lo desconocido es natural que se sienta no solo desconfianza, sino temor.

Además, por ello mismo, por ser una innovación, naturalmente que se irán presentando situaciones no contempladas en un inicio, y que son propias de los nuevos esquemas legales, que por ello, demandan su atención mediante complementación o precisión en la ley.

De ello se trata precisamente la especie planteada, de hacer perfectible lo que la ley actual contempla, lo que es, por supuesto, en beneficio de la ciudadanía.

En ese tenor, la presente iniciativa se ocupará del denominado derecho de petición, que en la etapa de investigación puede ejercer tanto la víctima u ofendido, como el imputado o su defensor ante el Ministerio Público, respecto de todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; tema que si bien es abordado en el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se establece que esa solicitud deba, por una parte, hacerse por escrito y, por la otra, tampoco impone la obligación a la autoridad investigadora de notificar el acuerdo que recaiga a esa petición, en términos de los lineamientos que para las notificaciones ya existen en la ley adjetiva relacionada, omisiones de las que padece el numeral en comento y sobre las cuales versa la presente iniciativa.

Y es que si bien en la época actual el espíritu del ámbito penal nos lleva a procesos eminentemente orales, lo cierto es que, por una parte, no nos podemos abstraer de la realidad que actualmente impera, que implica que la petición se haga verbal, sin que quede constancia alguna de la misma, ya que con ello se coartan los derechos de las partes involucradas en la investigación de delitos, porque no tienen forma de acreditar una solicitud hecha verbalmente y, por la otra, tampoco podemos pasar por alto que la diversa omisión, de que la que también carece el numeral relacionado, de no notificar a los interesados el acuerdo que recaiga a su petición; esas circunstancias implican, sin lugar a dudas, una conculcación del derecho fundamental consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Federal.

Ciertamente, en los términos en los cuales se encuentra el artículo 216, no autoriza a los interesados ahí referidos a promover por escrito aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, lo que implica el que deban hacerlo verbalmente, circunstancia anterior que los deja en una situación de incertidumbre y en la nada jurídica, porque si se plantea verbalmente al ministerio público una petición, no quedará constancia de ello y sucederá lo que ya está pasando en todo el territorio mexicano, que se ignoran esas solicitudes verbales, generando una afectación a los peticionarios.

Por lo tanto, esta iniciativa va encaminada a solucionar una de las diversas problemáticas que en el ámbito penal se están viviendo en la actualidad, para autorizar, tanto por una parte a que esas solicitudes se puedan hacer por escrito y, por la otra, por las mismas razones y circunstancias, imponer a quien van dirigidas, la obligación de notificar al promovente lo que tenga a bien resolver sobre la petición planteada, en términos y conforme a las reglas que para las notificaciones ya existen en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Así, para efectos de una mejor comprensión, a continuación se presenta un cuadro comparativo, que contiene el texto actual del artículo cuya adición se propone y por supuesto, frente a la modificación sugerida:

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Único. Se reforma el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 216. Proposición de actos de investigación

Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar por escrito al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público y notificarse personalmente de inmediato a las partes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.— Diputados: Cándido Ochoa Rojas,Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.



CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El diputado Cándido Ochoa Rojas:

«Iniciativa que reforma el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el diputado Cándido Ochoa Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Cándido Ochoa Rojas y diputados federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La defensa adecuada comprende la efectiva aplicación de los principios de audiencia y contradicción en el procedimiento penal, lo cual quiere decir que se le proporcionen al inculpado todos los elementos necesarios para que esté en condiciones de defender en forma adecuada y oportuna sus derechos ante cualquier acto de autoridad y, en consecuencia, desarrollar una defensa efectiva en la secuela del proceso, lo cual implica que al momento de la primera declaración o su detención, tanto el defensor como el imputado, ejerzan plena y oportunamente ante la Fiscalía y Tribunales judiciales no solamente el derecho a que les sean facilitados todos los datos que soliciten para su defensa y que consten en el proceso, sino que además se les reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezcan, procurando su cabal y oportuno desahogo. Los derechos mencionados no deben encontrarse limitados o restringidos a aquellos ilícitos que impliquen prisión preventiva oficiosa u otra personal, como sucede con la redacción actual del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Así, la defensa adecuada implica el deber de la autoridad de velar por una defensa material, con efectos concretos, con posibilidad para ofrecer pruebas que soporten su pretensión a favor del imputado, o bien, de diferir de cuestiones jurídicas relacionadas a las medidas cautelares,aportando los medios de convicción que estime pertinente en todos los delitos. Lo anterior, en virtud de que, como lo hemos señalado, forma parte del derecho de defensa adecuada la posibilidad de que el imputado y su defensa ofrezcan medios de prueba sobre puntos controvertibles, y esos puntos existen en todos los delitos, no sólo en los que ameritan prisión preventiva oficiosa u otra personal, como deficientemente se establece actualmente en el artículo en comento.

Luego entonces, se busca que el juez de control cuente con una hipótesis normativa expresa, que le permita pronunciarse sobre la admisión o no de medios de prueba que ofrezca el imputado, respecto de las medidas cautelares que se decreten en su contra, incluyendo la prisión preventiva, aunque no se trate de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, cuando al inicio de la audiencia o su continuación, se justifique que ello resulta pertinente.

Como se ha señalado, el último párrafo del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como exclusividad el que se trate de prisión preventiva oficiosa u otra personal, para admitirse medios de convicción, lo que se considera una laguna legal y una distinción en la ley que no debe existir si se quiere que ésta sea realmente abstracta, general e impersonal.

De esta forma, se propone que la nueva hipótesis normativa contenga la facultad del juzgador y el derecho del imputado para que ofrezca y, en consecuencia, se resuelva sobre la admisión de medios de prueba respecto del debate sobre medidas cautelares que sobre su persona se pretenda decretar o se emitan, incluyendo la prisión preventiva, sea cual fuere el delito, esto es, aunque no se trate de ilícitos que ameriten la aplicación de ese supuesto, o sea prisión preventiva oficiosa, ya que la restricción de su derecho se puede dar aun fuera de ese supuesto, es decir, aunque no se trate de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Así, en respeto a su derecho de adecuada defensa, al inicio de la audiencia, el inculpado debe tener libre su derecho para debatir sobre ese tema, o bien, en la continuación de la misma, con la única limitación de que justifique que ello resulta pertinente, lo que obviamente será así desde el momento en que se trata de un tema vinculado a la restricción o afectación de su persona, con cualquier medida cautelar que se solicite sea decretada por el juzgador a instancia o petición del agente del Ministerio Público.

En resumen, para una mejor comprensión, segmentaré la redacción actual del último párrafo del artículo cuya modificación planteo, refiriéndome a cada parte, señalando el motivo por el cual la considero inadecuada, lo que hago de la siguiente manera:

Redacción actual último párrafo. Artículo 314... Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente.

1. Exclusivamenteen el caso de delitosque ameritenla imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Lo anterior es incorrecto, ya que la libertad de un inculpado se restringe, no solo porque se trate de delitos que ameriten pena de prisión oficiosa, sino que como es sabido por todos los juristas, también es factible que se le afecte, esto es que se decrete como medida cautelar la prisión preventiva por el Juez, a petición del Agente del Ministerio Público, por cualquiera de las razonares que la propia ley establece, y ello por supuesto que puede darse, aunque no se trate de los ilícitos que la generan oficiosamente; circunstancia que hace incorrecta la hipótesis normativa que se analiza, porque restringe el derecho a la adecuada defensa del inculpado.

2. U otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código.

En materia penal, todas las sanciones son personales sobre el inculpado, ya sea que incidan sobre su libertad, o bien, sobre su patrimonio; esto es, ninguna trasciende a un tercero porque está prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal, que prohíbe las penas trascendentes. Luego entonces, resulta ocioso e incluso se presta a confusiones la redacción actual que dice u otra personal; no hay razón lógica para que exista la misma y, en cambio, sí les genera muchos problemas a los impartidores de justicia, esto es a los jueces, en mérito de lo cual mucho ayudaremos si se suprime, que es lo que se pretende con esta iniciativa.

Así, para efectos de una mejor comprensión, a continuación se presenta un cuadro comparativo, que contiene el texto actual del artículo que se propone reformar:

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Único. Se reforma el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación.

El imputado o su defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control.

En cualquier caso, el juez de control podrá admitir medios de prueba que ofrezca el imputado o su defensor, respecto del debate sobre medidas cautelares, cuando al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de octubre de 2017.— Diputados: Cándido Ochoa Rojas, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.



LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 3o. y 133 de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada María Victoria Mercado Sánchez:Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Saludo a todos los presidentes municipales que vienen a hacer sus gestiones aquí para el PEF, y en especial a todos los de Jalisco, y al presidente municipal también de Cerro Azul, Veracruz, bienvenido, presidente.

“Los juicios nos impiden ver lo bueno que hay detrás de las apariencias”. Wayne W. Dyer.

El día de hoy, ante este gran recinto legislativo, les quiero hablar sobre un gran problema desde hace muchos años en nuestro país y que seguirá persistiendo hasta que empecemos a cambiar nuestra forma de pensar.

Compañeros legisladores, hablo sobre la discriminación hacia todas aquellas personas que tienen antecedentes penales, y que muy a mi pesar se les sigue considerando como delincuentes.

De acuerdo con un estudio que se realizó en el 2013 por la Secretaría de Gobernación sobre el sistema penitenciario nacional, hubo un registro de 248 mil 920 personas estando recluidas en los centros penitenciarios del país del fuero federal y del fuero común.

Desde el 2016 México ocupa el séptimo lugar de población penitenciaria a nivel mundial con una población de 236 mil 886 personas recluidas, según una investigación realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, encontrándose en primer lugar de la lista los Estados Unidos con 2 millones 145 mil reclusos.

La realidad social demuestra que varios presos que fueron libreados por cumplir su sentencia por ser inocentes o porque hubo vicios durante el proceso penal y quedaron libres, vuelven a reincidir por falta de oportunidades ya que son etiquetados y discriminados por tener antecedentes penales.

Este es un grave error, compañeros legisladores. ¿De qué sirve que le nuevo sistema penal ya esté vigente en todo el país si seguimos creyendo que cualquier inculpado es forzosamente culpable de haber cometido un delito y así se ha sentenciado y consiguientemente reo en algún centro penitenciario?

Nuestro sistema penal busca promover el uso de mecanismos alternativos de solución de controversia. Que se respete el principio de inocencia, que exista un debido proceso. En pocas palabras que los procesos penales sean eficaces y justos, y como consecuencia disminuya el número de nuevos presos o reincidentes a las cárceles.

Nuestra norma suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 18 que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medio para lograr la reinserción del sentenciado a una sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

Entonces, si nuestro sistema penitenciario busca la reinserción social, ¿por qué en varios empleos se exige la constancia de no antecedentes penales? Considero esta práctica como discriminatoria y violatoria de los derechos humanos.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23, menciona: Toda persona tiene derecho al trabajo. Este tratado internacional del que México es parte, menciona además que todo tipo de discriminación está prohibida por lo que negarle al ser humano un trabajo por tener antecedentes penales, se le considera discriminación y por ende es negarle un sustento económico para él y su familia, lo que puede ocasionar que vuelva a reincidir y la reinserción social sea inexistente.

Por ello me presento ante ustedes con mi propuesta de iniciativa que plantea reformar el párrafo segundo del artículo 2o. de la Ley Federal del Trabajo, para que quede como sigue: Se entiende por trabajo digno o decente aquel en que se respete plenamente la dignidad humana del trabajador, no exista discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, antecedentes penales, posición de salud, religión, posición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, etcétera.

La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunció que si una persona comete un ilícito, no podía quedar marcado con el estigma de ser infractor el resto de su vida, porque ello obstaculizaría su reinserción social. La reincidencia es la antítesis de la reinserción social efectiva. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 2o., 3o. y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

Nuestro país ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en población penitenciaria según el International Centre for Prision Studies-King’s College (Centro Internacional de Estudios de Prisión). Entre los que se encuentran países como Estados Unidos, China, Rusia, Brasil, India, Irán, Tailandia, Sudáfrica y Ucrania”.

De acuerdo con un estudio que se realizó en el dos mil diecisiete por la Secretaría de Gobernación, sobre el Sistema Penitenciario Nacional, hubo un registro que doscientos treinta y seis mil ochocientas ochenta y seis personas estaban recluidas en los centros penitenciarios del país del fuero federal y el fuero común.

De cada 100 mil habitantes, 206 son reos en algún centro penitenciario del país. Es sumamente alarmante que México se encuentre entre los primero países con más prisioneros en el mundo. Factores que pueden residir el problema es la educación, la violencia, el crimen organizado, el desempleo y un sin número razones justificables o no.

Los centros penitenciarios existen para privar de la libertad y aislar de la sociedad a aquellas personas físicas que han cometido algún o algunos delitos en particular, pero el objetivo de estos centros no es solamente aislarlos y aplicarles el orden coercitivo, pero siempre teniendo como fin la reinserción social; si bien el derecho penal es considerada la ultima ratio, es decir, la última instancia que se debe de utilizar ya que las anteriores no funcionaron.

La reinserción social es el principal objetivo de nuestro sistema penal mexicano, pero desafortunadamente todo esto queda en la teoría y en las leyes, ya que cuando un reo cumple su condena en cualquier centro penitenciario, se le etiqueta por el resto de su vida, con la “carta o constancia de no antecedentes penales”, al no poder adquirirla per se.

También existe el factor que muchos sufren o han sufrido, que aun siendo inocentes han terminado en la cárcel por vicios o lagunas por culpa del sistema penal. Esto ha imposibilitado a cualquier persona que si bien ha pagado su codena y quiera reinsertarse en sociedad, es fundamental que consiga un empleo. Pero la misma sociedad e instituciones son las que te discriminan por haber estado preso, lo que impide que el mismo sujeto pueda conseguir trabajo y en la posibilidad de volver a delinquir y ser reincidente en algún centro penitenciario.

“De cada diez internos de los reclusorios de la Ciudad de México que son liberados, cuatro reinciden en la comisión de un delito, de acuerdo con estadísticas de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario local y por estudios de la Asociación Civil Modernizando el Sistema Penitenciario. Garza de los Santos directora de Modernizando el Sistema Penitenciario del DF menciona que no hay un tema de reinserción social, que cada cuatro de 10 personas que son liberadas, reinciden, por lo que tenemos que hacer es una política penitenciaria que realmente reinserte a las personas, debemos de partir de educación y de trabajo”.

En la capital del país existe un grave problema acerca de la reinserción social, las cifras que mencionan con anterioridad demuestran que realmente no existe tal, por varios motivos como: falta de oportunidades de empleo, desconocen realizar un oficio o la misma instancia dentro del centro penitenciario pudo afectarlo psicoemocional y socialmente para volver a reingresar.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 7:

“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.

Y el artículo 23:

“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

(...)

(...)

(...)

El tratado internacional en el que México es parte, menciona que se prohíbe todo tipo de discriminación a lo que se establece en la misma. Entonces al negarle a un ser humano un trabajo, por tener antecedentes penales, se le está discriminando y mismo se contradice con la norma jurídica.

Además nuestra norma suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 18 párrafo segundo:

Artículo 18. (...)

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.

Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció con una tesis asilada respecto sobre la reforma del 2011 a la Constitución en materia de derechos humanos:

Reinserción social. Alcances de este principio establecido en el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .

De la evolución histórica del artículo constitucional citado, se advierte que los cambios en su redacción reflejan los diversos propósitos que han perseguido la pena y el sistema penitenciario en su conjunto; en principio, se consideró que el autor del delito era una persona degenerada, de ahí que la Constitución General tuviera como finalidad su regeneración; en un segundo momento, se le percibió como un sujeto mental o psicológicamente desviado que requería de una readaptación, en ambos casos debía ser objeto de tratamiento; mientras que las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y el 10 de junio de 2011, respectivamente, básicamente resultaron en: i) La sustitución del término “readaptación” por “reinserción”; ii) El abandono del término “delincuente”; iii) La inclusión del fomento al respeto por los derechos humanos, como medio para lograr la reinserción; iv) La inclusión de un objetivo adicional a “lograr la reinserción”, a saber: “procurar que la persona no vuelva a delinquir”; y, v) La adición del concepto “beneficios” como parte de la lógica del sistema penitenciario. De este modo, la intención del Constituyente consistió en cambiar el concepto penitenciario de readaptación social por uno más moderno y eficiente, denominándolo “reinserción” o “reintegración” a la sociedad apoyado, entre otros elementos, en el respeto a los derechos humanos y el trabajo. Por tanto, a raíz de la citada reforma de 2008, la reinserción social, como fin de la pena, no acepta la idea de que al culpable se le caracterice por ser degenerado, desadaptado o enfermo, y que hasta que sane podrá obtener no sólo la compurgación de la pena, sino inclusive alguno de los beneficios preliberacionales que prevé la norma. En consecuencia, el ejercicio de la facultad legislativa en materia de derecho penitenciario no puede ser arbitraria, pues la discrecionalidad que impera en la materia y que ha sido reconocida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente en materia de beneficios preliberacionales, debe aspirar a conseguir un objetivo constitucional, consistente en la reinserción social del individuo, antes que en su regeneración o readaptación”.

La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, debe entenderse y aplicarse con el principio de progresividad y no discriminar en ningún momento por antecedentes penales, ya que se violaría el principio y el principio teológico de la reforma.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, establece en su artículo 1 párrafo segundo, fracción III, primer párrafo:

“Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo”.

Esta ley considera como una forma de discriminación la carta de antecedentes penales. Por lo que al momento de solicitar un empleo en ningún momento se tiene que pedir si cuenta alguien o no con antecedentes penales ya que predispone a la institución, empresa o patrón el no contratar a cualquiera con esta característica.

La situación de todas aquellas personas que buscar reivindicarse por errores que cometieron en el pasado, en busca de cualquier empleo para satisfacer sus necesidades son discriminados e imposibilitados, para lograr un modo honesto de vivir, por lo que en su mayoría vuelven a reincidir o peor aún; siguen cometiendo delitos hasta que sean detenidos por la autoridad correspondiente. Por ello propongo reformar la Ley Federal del Trabajo para que esté prohibido por cualquier patrón discriminar por antecedentes penales.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del plano el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reformar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo

Único. Se reforman los artículos 2o., párrafo segundo, el artículo 3o., párrafo segundo, y el artículo 133, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 2o.(...)

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, antecedentes penales, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

(...)

(...)

(...)

Artículo 3o. (...)

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, antecedentes penales, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:

I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, antecedentes penales, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio;

II. a XV. (...)

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Institute for Criminar Policy Research, Wordl Prision Brief, Univesity of London, 2016.

http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-total? field_region_taxonomy_tid=All&=Apply

2 Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad, Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, México, 2017.

3 Gerardo Jiménez, Más de 14 mil presos están por reingreso en reclusorios de la Ciudad de México, Excélsior, 02/02/2016.

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/02/02/1072503

4 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2017.

5 Ídem.

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017.

7 Tesis Aislada 1a. CCXXI/2016, Reinserción social. Alcances de este principio establecido en el artículo 18, párrafo segundo, de la constitución política de los estados unidos mexicanos, Seminario Judicial de la Federación, 2016.

8 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diez días del mes de octubre de 2017.— Diputada María Victoria Mercado Sánchez(rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, a nombre del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que uno de los pilares para la transformación e impulso de las sociedades es la educación con calidad, porque solo a través del conocimiento las personas pueden alcanzar mayores y mejores condiciones de vida. Con esta convicción hago uso de la tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

El objetivo, subsanar algunas omisiones que presenta la ley y con ello dar cobertura jurídica a los actores que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje.

En primer lugar, se busca fortalecer el papel que asumen los consejos de participación social en la ley, a fin de incorporar como una de sus atribuciones el recibir y dar seguimiento a quejas que en materia de bullying o acoso sexual se pongan ante su conocimiento. Además de ampliar los derechos de las personas que ejercer la patria potestad o tutela de los menores de edad, en su calidad de estudiantes.

Con lo anterior se pretende que la sociedad pueda opinar sobre los servicios educativos e incidir en la calidad de los mismos, pues debemos entender la importancia de la participación de todos para lograr un ambiente escolar seguro.

De igual manera planteamos incorporar acciones en materia de enseñanza abierta, transparencia y rendición de cuentas. Lo que se propone es que todos los planteles educativos del país se acondicionen espacios o módulos que tengan por objeto atender la demanda que conlleva al sistema de enseñanza abierta, que hoy más que nunca se requiere fortalecer ante el retorno de los denominados dreamers.

Además, proponemos establecer en la ley el principio de máxima publicidad, y así transitar hacia esferas de mayor transparencia y rendición de cuentas. Aunado a lo anterior se busca incorporar una definición de evaluación que permita examinar los niveles educativos para lograr la excelencia académica mediante la calificación en el desempeño.

Finalmente, ante el riesgo que representa la ocurrencia de fenómenos naturales, consideramos importante implementar acciones preventivas en materia de protección civil, mediante la instrumentación de cursos de protección civil, primeros auxilios, seguridad y relaciones humanas, con la finalidad de que ante cualquier eventualidad la comunidad escolar se encuentre capacitada para enfrentar emergencias.

Con estas adecuaciones a la ley estaremos dando un paso significativo para salvaguardar la integridad de los educandos y fortaleciendo también la educación de calidad, lo que nos permitirá acceder a una sociedad más justa y equitativa. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto señora presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Carlos Gutiérrez García, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, con base en el siguiente

Planteamiento del problema

El problema del bullying o acoso escolar, por su magnitud y recurrencia, ha cobrado significativa relevancia, convirtiéndose actualmente en un factor que inhibe la posibilidad de acceso a una mayor calidad educativa a través de la manifestación de diversas formas de violencia en las aulas que van desde agresión física, psicológica o emocional, hasta el maltrato sexual y la violencia cibernética que, de forma reiterada, puede llegar a excluir socialmente a los afectados. La escuela es formación, instrucción, moldea la personalidad, siembra conocimiento, aficiona a la cultura; la violencia en cambio pervierte esos objetivos.

Por ello, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza creemos que se tienen que generar los mecanismos que acometan frontalmente este flagelo y, en tal caso, no ser omisos ante los indiscutibles argumentos como los vertidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, en 2011, documentó que el 30 por ciento de los estudiantes de primaria declaró haber sufrido algún tipo de violencia escolar; y en 2013, ese porcentaje se colocó en un 40 por ciento.

Según los informes emitidos por el organismo garante de los derechos humanos, se sabe que el acoso escolar ha llegado a un nivel tal, que incluso los estudiantes de primaria y secundaria han conformado grupos y pandillas para agredir físicamente a sus compañeros, lo que permite apreciar que el fenómeno crecerá vertiginosamente cada día de no atenderse a fondo.

Otras cifras más recientes arrojan que 1 de cada 6 suicidios en México es provocado por acoso escolar, acumulando estos casos de violencia un total de 18 millones, 781 mil víctimas. De forma similar, los estudios realizados por dos de las más importantes casas de estudio del sector público, como es la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, manejan que el 60 por ciento de los más de 26 millones de estudiantes de educación básica han sufrido algún tipo de acoso escolar.

Para abordar este asunto, acordes a nuestros fundamentos y agenda legislativa, nos sometemos al marco de los derechos humanos, sabedores que estos derechos fundamentales son un concepto histórico del mundo moderno, los cuales surgen progresivamente a partir del mismo tránsito hacia dicha modernidad, y son identificables como aquellos derechos que permiten el desarrollo de las personas para acceder a una vida digna y decorosa.

Luego entonces, los derechos fundamentales suponen las respuestas del Estado a las necesidades básicas de los individuos y de las comunidades, y son, en la cultura jurídica y política moderna, un instrumento de organización social que favorece el desarrollo moral de las personas.

Bajo esta óptica, en la presente iniciativa abordamos algunas omisiones legislativas en materia de educación y plantearemos su atención, con el propósito de dar cobertura jurídica a los actores que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje, los cuales son afectados por la mencionada omisión.

Como es el del dominio público, el derecho a la educación forma parte del elenco de los derechos humanos universales, consagrado en el artículo 3o. de la Carta Magna, precepto en que detalla que toda persona tiene derecho a recibir educación, factor que tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a su vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.

Al mismo tiempo, el mandamiento precitado impone la obligación al Estado de garantizar que la educación sea de calidad, disponiendo que ésta será obligatoria, de tal modo que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos, garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Es decir, establece una serie de disposiciones que, en conjunto, velarán para que los resultados en materia educativa sean palpables y cuantificables; que se alcancen como producto la excelencia académica y el progreso científico, con el afán único de erradicar la ignorancia y sus efectos, como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, entre otras. En resumen, de lo que se trata es de lograr un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos y sostenemos que uno de los pilares para la transformación e impulso a las sociedades es la educación con calidad, porque sólo a través del conocimiento las personas pueden alcanzar mayores y mejores condiciones de vida.

En tal sentido, defendemos la tesis que para lograr los señalamientos expuestos, es necesario enriquecer nuestro sistema educativo por medio de la concurrencia y de las acciones, tanto en el plano individual como en el colectivo, y de manera integral. En ese contexto, se deben considerar todos los ángulos sociales y económicos en donde se conceda mayor participación a los distintos sectores sociales, además de aquellos que forman parte de las comunidades educativas: directores, personal administrativo y docente, educandos y, sobre todo, los padres de familia.

Al respecto, cabe señalar que la Ley General de Educación contempla la figura de los Consejos de Participación Social, que tienen por objeto, fortalecer y elevar la calidad de la educación pública; sin embargo, hasta ahora, no han logrado convertirse en un factor decisivo por medio del cual la sociedad mexicana pueda consolidar sus aspiraciones, válidamente orientadas a la mejora de los servicios educativos.

Por ello, en Nueva Alianza estamos conscientes de la necesidad de efectuar los ajustes precisos a la legislación vigente, a fin de reforzar o establecer aquellos aspectos incluyentes en donde concurra la sociedad, sabedores de que para ello se tiene que fortalecer el papel que asumen los Consejos de Participación Social en la ley, a fin de incorporar, como una de sus atribuciones, el recibir y dar seguimiento a las quejas que en materia de bullying o acoso sexual se pongan ante su conocimiento.

Lo anterior, dados diversos estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que señalan que nuestro país ocupa a nivel internacional el nada honroso primer lugar con mayores casos de violencia en los centros educativos, especialmente a nivel secundaria; aunque el nivel de media superior no está exento, pues 7 de cada 10 educandos lo sufren.

Además de la materia de acoso escolar, se propone incorporar los supuestos jurídicos en materia de enseñanza abierta, transparencia y rendición de cuentas, toda vez que la legislación vigente es omisa o ambigua en estos renglones.

Argumentación

Con la presente iniciativa pretendemos incorporar aquellos mecanismos jurídicos que permitan sumar y ejercer diversas atribuciones y evaluar el funcionamiento de los Consejos de Participación Social contemplados en la Ley General de Educación y, en su caso, plantear su rediseño institucional para que funcionen de manera efectiva y logren convertirse en las vías por las cuales la sociedad pueda opinar sobre los servicios educativos e incidir en la elevación de la calidad de los mismos. Asimismo, la intervención legislativa que nos ocupa, también se orienta a que se pueda presentar ante ellos, las quejas sobre los casos que en materia de acoso escolar se presenten en cada plantel educativo, a fin de que se les dé el seguimiento adecuado y abatir de manera efectiva el fenómeno que se ha ido incrementando de manera dramática en los niveles de educación básica, principalmente en primaria y secundaria, así como en media superior.

Como Grupo Parlamentario de Nueva Alianza ha propuesto que, de manera incluyente, la sociedad acceda a los mecanismos o instrumentos jurídicos para participar dentro del ámbito escolar en aquello que en principio es de su interés y, con ello, coadyuve al mejor desempeño de las autoridades educativas, dentro de las cuales se contempla al personal docente y directivo; por ello, planteamos la adición de un párrafo a la fracción XII del artículo 65 de la Ley General de Educación, así como ampliar el abanico de derechos de las personas que ejercen la patria potestad o tutela de los menores de edad en su calidad de estudiantes.

Es preciso recordar que, históricamente, el sector educativo ha sido señalado y clasificado como uno donde la opacidad es su principal característica; atentos a lo anterior y, en aras de combatir estas creencias, en muchos casos infundadas, en Nueva Alianza creemos que se tiene que revertir esta tendencia por medio de la impresión en la ley del principio de máxima publicidad y, así, transitar hacia esferas de mayor transparencia y rendición de cuentas, observando el mandato superior de que todo aquel que ejerza recursos públicos.

En el mismo sentido, a través de la presente expresión legislativa se promueve una adición a la fracción I del artículo 28 de ley, con el objetivo de incorporar una definición respecto a qué se debe de entender literalmente por evaluación.

La contribución legal que se propone no debe parecer pírrica o menor, y no lo es porque precisamente se añade lo que vamos a entender como tal, es decir, la medición sistemática de la operación o impacto en los niveles educativos, la cual debe considerar y contemplar el cumplimiento de los estándares e indicadores nacionales e internacionales, orientados a contribuir a su mejoramiento, con el propósito de cuantificar y cualificar los resultados sobre su desempeño.

Como se puede apreciar con meridiana claridad, lo que se persigue es examinar los niveles educativos para lograr la excelencia académica mediante la calificación en el desempeño, para con ello poder cuantificar los resultados y que la autoridad implemente las mejoras, en caso de números negativos, o los mayores incentivos, en el supuesto de cifras dignas de reconocerse.

Asimismo, consideramos que el sistema educativo tiene que transitar de los escenarios de violencia escolar a otros más promisorios; transformar los planes de reacción hacia un contexto donde la comunidad escolar adquiera conciencia de que estamos ubicados en zonas sísmicas o de riesgo, a fin de implementar acciones preventivas ante la ocurrencia de distintos escenarios que, aunque de distinta naturaleza, provocan problemas similares. Por ello planteamos, con el proyecto de ley, que se promueva la instrumentación de cursos en materia de protección civil, primeros auxilios, seguridad y relaciones humanas. El objetivo central es que la comunidad, en un momento dado y ante cualquier eventualidad que se presente, esté capacitada para enfrentar emergencias de distinta índole.

Finalmente, consideramos que la educación es un factor que permite combatir problemas como la pobreza, la exclusión, la intolerancia y la discriminación; al mismo tiempo, auspicia el arribar a escenarios de vida en mejores condiciones. Ante ello, el Estado debe dar cobertura plena a las personas que no tuvieron, en su momento, la oportunidad de estudiar en la modalidad escolarizada o completar sus estudios y, por tal motivo, vemos como una fortaleza del Sistema Educativo Nacional el que se haya implantado el Sistema de Enseñanza Abierta, estrategia de gobierno que abre la posibilidad de culminar sus estudios básicos a aquellas personas que por cualquier circunstancia no se vieron en la posibilidad de acudir a la escuela de manera asistencial.

No obstante, las políticas anunciadas por el gobierno del vecino país del norte nos impele, como legisladores, a fortalecer esa estrategia educativa ante la eventual posibilidad de no poder atender la demanda de los estudiantes mexicanos que pudieran ser deportados en forma masiva por el gobierno estadounidense; ante ello, la modalidad abierta y a distancia representan una alternativa viable para brindar cobertura educativa a un amplio sector que demandará integrarse con las herramientas que brinda la educación a un mercado laboral constreñido.

No olvidemos que los titulares de las principales y más grandes casas de estudios públicas de nivel superior (UNAM, IPN), han declarado públicamente que, ante los posibles escenarios que se han planteado, no se tendría la capacidad para enfrentar la demanda en el sistema presencial; por ello, en Nueva Alianza, conscientes de la dimensión de tal problemática, proponemos como respuesta que en todos los planteles educativos del país se acondicionen espacios o módulos que tengan por objetivo atender la nueva exigencia social mediante el sistema de enseñanza abierta.

Atentos a todo lo antes expuesto, comprometidos con los grandes proyectos que requiere y demanda la sociedad, promovemos productos legislativos que respondan a las exigencias y necesidades de la ciudadanía.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación

Artículo Primero. Se reforman el segundo y tercer párrafo del artículo 42 y el artículo 43; todos, de la Ley General de Educación, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 42. ...

Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación, sobre protección civil, primeros auxilios, seguridad, relaciones humanas, derechos de los educandos y la obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación.

En caso de que las y los educadores, así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de las y los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente. Cualquier omisión al respecto, hará incurrir al omiso en las responsabilidades que deriven y se le aplicarán las sanciones previstas por las leyes administrativas, civiles o penales aplicables.

Artículo 43. La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria, secundaria o media superior. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria, secundaria o media superior, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo segundo a la fracción I del artículo 28 bis; un párrafo quinto al artículo 44; un párrafo segundo a la fracción XII del artículo 65; en el artículo 69, un inciso o), con cuatro numerales, recorriéndose en su orden el actual inciso o) que deviene a ser el inciso p); y, en el artículo 70, un inciso n), con cuatro numerales, recorriéndose en su orden el actual inciso n), que deviene a ser el inciso o); todos, de la Ley General de Educación, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 28 Bis. ...

...

I. Usar los resultados de la evaluación como retroalimentación para la mejora continua en cada ciclo escolar;

Se entenderá por evaluación la medición sistemática del impacto en los niveles educativos, la cual contemple el cumplimiento de estándares e indicadores nacionales e internacionales orientados a contribuir a su mejoramiento, con el propósito de cuantificar y cualificar los resultados sobre su desempeño.

II. y III. ...

Artículo 44. ...

...

...

...

Para el fomento, difusión, propagación e implementación de esta categoría educativa, las autoridades escolares podrán destinar cubículos especiales dentro de las instalaciones de los planteles a efecto de disponer de los espacios necesarios para ser utilizados por los educandos de este tipo de enseñanza.

Artículo 65. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. a XI. ...

XII. ...

Para los efectos previstos por las fracciones VI, VII, IX y XI del presente artículo, quedará a elección de la parte interesada, acudir directamente con el titular del plantel educativo de que se trate, o en su caso, agotar al procedimiento previsto por los artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 69. ...

...

Este consejo:

a) a n)...

o) Aunado a las funciones consignadas en los incisos citados, el Consejo podrá:

1. Recibir y dar seguimiento a quejas o denuncias en materia de violencia escolar, falta de seguridad en las instalaciones escolares y todos aquellos problemas que impliquen un riesgo a la integridad, salud y seguridad de la población estudiantil, personal docente y demás de trabajadores que desempeñen labores en los planteles educativos;

2. Evaluar y promover sanciones ante la autoridad correspondiente para los servidores públicos o docentes que no cumplan con las disposiciones que establece el artículo 75 y demás disposiciones de esta ley;

3. Supervisar, analizar, evaluar y determinar las acciones a ejercitar en los casos previstos por los artículos 12, 13 y 14 de esta ley, y

4. Promover medidas y dar seguimiento a los eventos de violencia que se presenten entre los educandos de los planteles educativos, así como plantear a la autoridad escolar correspondiente medidas preventivas tendientes a abatir esos comportamientos.

p) En general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela.

...

Artículo 70. ...

...

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local:

a) a m)...

n) Aunado a las funciones consignadas en los incisos citados el consejo podrá:

1. Recibir y dar seguimiento a quejas o denuncias en materia de violencia escolar, falta de seguridad en las instalaciones escolares y todos aquellos problemas que impliquen un riesgo a la integridad, salud y seguridad de la población estudiantil, personal docente y demás trabajadores que desempeñen labores en los planteles educativos;

2. Evaluar y promover sanciones ante la autoridad correspondiente para los servidores públicos o docentes que no cumplan con las disposiciones que establece el artículo 75 y demás disposiciones de esta ley;

3. Supervisar, analizar, evaluar y determinar las acciones a ejercitar en los casos previstos por los artículos 12, 13 y 14 de esta ley, y

4. Promover medidas y dar seguimiento a los eventos de violencia que se presenten entre los educandos de los planteles educativos, así como plantear a la autoridad escolar correspondiente medidas preventivas tendientes a abatir esos comportamientos.

o) En general, podrá realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio.

...

...

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La secretaría tendrá 180 día naturales a partir de la entrada en vigor de este decreto para realizar y difundir las disposiciones reglamentarias que de este se deriven.

Notas

Rocío Alonso Rubio, durante la conferencia Violencia Escolar-Bullying, en el marco del primer Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Michoacán.

www.excelsior.com.mx/nacional/2015/09/10/1045113. Fecha de consulta 17 de marzo de 2017.

2 Protección Civil: es dotar a la sociedad en general de todos los elementos que le permitan hacer frente con eficiencia y eficacia a los fenómenos naturales, antes, durante y después de su ocurrencia; queriendo decir con esto que el objetivo que se persigue es: tratar de prevenir los desastres, poder disminuir sus efectos destructivos y procurar una pronta vuelta a la normalidad.

3 Los primeros auxilios. Son la ayuda básica y necesaria que se le otorga a una persona que ha sufrido algún tipo de accidente o enfermedad hasta la llegada de un médico o profesional paramédico que se encargue de la situación, esto con el fin de preservar la vida del paciente.

4 Se considera que las relaciones humanas son esenciales para que las personas puedan desarrollar su potencia individual, ya que estos vínculos son los que permiten la constitución de diversas sociedades que tienen distintos órdenes desde pequeñas aldeas has las ciudades más grandes.

5 Consultado en www.cuaed.unam.mx/boletin/boletinesanteriores/boletinsuayed52/publica.php. Fecha de consulta 17 de marzo de 2017.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 10 de octubre de 2017.— Diputado Carlos Gutiérrez García(rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias diputado Alfredo Valles Mendoza. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen. Con esta iniciativa del diputado Valles, concluimos la tercera parte de las iniciativas.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Adelante, con la Secretaría.



COMUNICACIONES OFICIALES

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, la modificación en la integración en la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado Sergio López Sánchez cause alta como integrante en la Comisión Bicamaral de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

Sin otro particular, le reitero a usted, mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 20 de octubre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de los organismos internacionales que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Lorena del Carmen Alfaro García cause baja como integrante del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.

• Que la diputada María Verónica Agundis Estrada cause alta como integrante en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño.

• Que la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam cause baja como integrante del Parlaméricas.

• Que la diputada Lorena del Carmen Alfaro García cause alta como integrante en el Parlaméricas.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 20 de octubre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De enterado, comuníquese.



INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden de día, serán turnadas a las comisiones que correspondan. (*)

(*) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.



CLAUSURA Y CITA

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón (a las 16:39 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 26 de octubre del año 2017, a las 11 horas.



EFEMÉRIDE

«Efeméride con motivo del 23 de octubre, Día del Médico, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Hoy hace 80 años que oficialmente se celebra el Día del Médico, es a partir de 1937 que cada 23 de octubre se celebra el Día del Médico en México, esta fecha se debe a que hace coincidir con la del 23 de octubre de 1833 cuando se creó el Establecimiento de Ciencias Médicas, que es lo que antecedió a la actual Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fue por decreto del entonces presidente Valentín Gómez Farías que se clausurara la Universidad Nacional Pontificia junto con la Escuela de Cirugía para dar paso a lo que fue el Establecimiento de Ciencias Médicas, donde se fusionaron las carreras de Medicina y Cirugía.

Ser Médico es una de las profesiones más sacrificadas, pero también una de las más humanizadas, ya que en ella prevalece la vocación de servicio son personas que diariamente salvan vidas, y nos ofrecen una esperanza para tener una mejor calidad de vida. Estos profesionales de la salud día a día nos dan muestra de su esfuerzo, nobleza, así como su dedicación laboral aliviando el dolor de aquellas personas que necesitan de sus servicios.

Cabe resaltar que cada Médico, ya sea desde un consultorio, un hospital o en la ciencia, la investigación o la docencia, es un ejemplo para las siguientes generaciones que quieren estudiar esta hermosa pero muy difícil profesión.

Todo ser humano hemos tenido la necesidad de acudir al Médico, sobre todo cuando se es niño en plena etapa de crecimiento. Para la gran mayoría de las personas acudir al Médico es sinónimo de sufrimiento, sin embargo, no es así, incluso se recomienda acudir 2 veces al año con el Médico para checar nuestro estado de salud. Recordemos que el Médico es la persona que tiene los conocimientos para resolver cualquier eventualidad en nuestra salud.

Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), nos dicen que en el 2014 la población de Médicos que existe en México es alrededor de 343 mil personas, de las cuales el 43 por ciento de estos profesionales de la medicina se concentran en los estados de México, Jalisco, Veracruz y la CDMX, lo que contrasta con los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Quintana Roo y Zacatecas.

Una frase de René Gerónimo Favaloro dice:

En cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales, entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado de la humanidad.

Notas

1 Instituto Nacional de Salud Pública, 23 de octubre, Día del Médico, https://www.insp.mx/avisos/3430-dia-medico2014.html

2 http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/339-23-de-octubre- dia-del-medico-en-mexico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»

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RESUMEN DE LOS TRABAJOS

• Tiempo de duración de la sesión: 4 horas 23 minutos

• Quórum a la apertura de la sesión: 263 diputadas y diputados

• Comunicaciones oficiales: 9

• Minuta: 1

• Iniciativas de los congresos estatales: 3

• Iniciativas de senadores: 2

• Agenda política: 1

• Dictámenes a discusión de ley o decreto: 3

• Acuerdo de órganos de gobiernos de gobierno: 1

• Iniciativas de las diputadas y los diputados: 27

• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 38

5 PRI

5 PAN

5 PRD

5 Morena

4 PVEM

5 MC

5 NA

4 PES

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

Alva y Alva, Miguel (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 18 de septiembre de cada año, como “Día Nacional del Nopal”: 204
Álvarez Angli, Arturo (PVEM)
Para referirse al tema de agenda política: comentarios relativos a la Fiscalía General de la República: 118
Arzaluz Alonso, Alma Lucía (PVEM)
Para presentar, en nombre propio y de integrantes de su Grupo Parlamentario, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 19 de septiembre de cada año como el “Día Nacional de la Solidaridad”: 261
Barón Ortiz, Natalia Karina (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural: 265
Briones Pérez, Erika Irazema (PRD)
Para referirse al dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Desarrollo Social por el que se reforman los artículos 6, 19, fracción VII, y 36, fracciones V y VI, de la Ley General de Desarrollo Social: 147
Campa Almaral, María Victoria (NA)
Para referirse al dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Desarrollo Social por el que se reforman los artículos 6, 19, fracción VII, y 36, fracciones V y VI, de la Ley General de Desarrollo Social: 168
Cavazos Cavazos, Juana Aurora (PRI)
Para presentar, en nombre propio y de integrantes de la Comisión Especial para Impulsar a Estudiantes de Altas Capacidades Intelectuales, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación: 231
Corichi García, Claudia Sofía (MC)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal: 215
Corona Rodríguez, Ariel Enrique (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: 193
Culin Jaime, Gretel (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 51 y 52 de la Ley General de Protección Civil: 240
Damián González, Araceli (Morena)
Para referirse al dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Desarrollo Social, por el que se adiciona la fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social: 149
Damián González, Araceli (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Desarrollo Social: 307
Delgadillo García, Verónica (MC)
Para presentar, en nombre propio y del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, ambos del Grupo Parlamentario de MC, tres iniciativas con proyecto de decreto: la primera, que reforma y adiciona los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la segunda, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y la tercera, que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular: 252, 255, 257
Elizondo García, Pablo (PRI)
Para fundamentar dos dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Desarrollo Social, el primero, por el que se adiciona la fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social; y el segundo, por el que se reforman los artículos 6, 19, fracción VII, y 36, fracciones V y VI, de la Ley General de Desarrollo Social: 144
García Barrón, Óscar (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley Agraria: 279
García Soberanes, Cynthia Gissel (PES)
Para referirse al tema de agenda política: comentarios relativos a la Fiscalía General de la República: 116
Garzón Canchola, Refugio Trinidad (PES)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social: 226
Guerra Urbiola, Braulio Mario (PRI)
Para referirse al tema de agenda política: comentarios relativos a la Fiscalía General de la República: 122
Guízar Valladares, Gonzalo (PES)
Para ilustrar a la asamblea respecto al contenido del dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración, desde la curul: 188
Hernández Soriano, Rafael (PRD)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación para el desarrollo sostenible: 244
López Marín, Jorge (PAN)
Para referirse al dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Desarrollo Social, por el que se adiciona la fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social: 147
López Sánchez, Sergio (PRD)
Para presentar, en nombre propio y de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, dos iniciativas con proyecto de decreto: la primera, que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta indígena; y la segunda, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Consulta Indígena: 286, 292
Márquez Alvarado, Jorge Cesáreo (PVEM)
Para presentar, en nombre propio y de integrantes de su Grupo Parlamentario, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 15, 27, 33 y 34 de la Ley General de Cambio Climático: 209
Matesanz Santamaría, Rocío (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta: 283
Mercado Sánchez, María Victoria (MC)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 3o. y 133 de la Ley Federal del Trabajo: 320
Nahle García, Norma Rocío (Morena)
Para referirse al tema de agenda política: comentarios relativos a la Fiscalía General de la República: 119
Ocampo Bedolla, María Eugenia (NA)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal: 278
Ochoa Avalos, María Candelaria (MC)
Para referirse al tema de agenda política: comentarios relativos a la Fiscalía General de la República: 117
Ochoa Rojas, Cándido (PVEM)
Para presentar, en nombre propio y de integrantes de su Grupo Parlamentario, dos iniciativas con proyecto de decreto: la primera, que reforma el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y la segunda, que reforma el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales: 315, 318
Orantes López, Hernán de Jesús (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 190
Ortega Álvarez, Omar (PRD)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014: 197
Perea Santos, Ana Guadalupe (PES)
Para presentar, en nombre propio y del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas: 275
Piña Kurczyn, Juan Pablo (PAN)
Para referirse al tema de agenda política: comentarios relativos a la Fiscalía General de la República: 121
Reyes Ávila, Angélica (NA)
Para referirse al tema de agenda política: comentarios relativos a la Fiscalía General de la República: 116
Sánchez Ruiz, Karina (NA)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social: 221
Santana Alfaro, Arturo (PRD)
Para referirse al tema de agenda política: comentarios relativos a la Fiscalía General de la República: 120
Toledo Ibarra, Marbella (MC)
Para referirse al dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Desarrollo Social, por el que se adiciona la fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social: 148
Valencia Guzmán, Jesús Salvador (Morena)
Para referirse al dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Desarrollo Social, por el que se adiciona la fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social: 145
Valles Mendoza, Luis Alfredo (NA)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación: 324

VOTACIONES

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social (en lo general y en lo particular)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala Carmona, YahleelFavor

2 Abdala Saad, Antonio TarekFavor

3 Abramo Masso, YericoFavor

4 Aguilar Robles, DavidFavor

5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor

6 Aguirre Chávez, Marco PoloFavor

7 Aguirre Romero, AndrésFavor

8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor

9 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor

10 Álvarez Ortiz, Héctor JavierFavor

11 Amaro Cancino, AntonioFavor

12 Anaya Mota, Claudia EdithFavor

13 Anaya Orozco, AlfredoFavor

14 Antelo Esper, BernardinoFavor

15 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor

16 Arellano Núñez, EfraínFavor

17 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor

18 Balcázar Narro, Rafael ArturoFavor

19 Barragán Amador, CarlosAusente

20 Barranco Sánchez, Marco AntonioFavor

21 Barrientos Cano, Laura MitziAusente

22 Bañales Arámbula, RamónFavor

23 Bedolla López, PabloFavor

24 Bejos Nicolás, AlfredoFavor

25 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor

26 Benítez Tiburcio, MarianaFavor

27 Bernal Casique, IvethFavor

28 Boone Godoy, Ana MaríaFavor

29 Borunda Espinoza, BrendaAusente

30 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor

31 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor

32 Cabrera Ruiz, José HugoFavor

33 Camacho Quiroz, César OctavioFavor

34 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor

35 Canales Najjar, Tristán ManuelAusente

36 Cardoso Estévez, José LuisFavor

37 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroAusente

38 Castillo Martínez, EdgarAusente

39 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor

40 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor

41 Ceja García, XitlalicFavor

42 Cervera Hernández, FelipeAusente

43 Chacón Morales, Samuel AlexisAusente

44 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor

45 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoFavor

46 Coheto Martínez, Vitalico CándidoFavor

47 Córdova Hernández, José del PilarFavor

48 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaFavor

49 Corella Platt, SusanaFavor

50 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor

51 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor

52 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor

53 Cruz Campos, VictorinoFavor

54 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor

55 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor

56 Díaz Montoya, RocíoAusente

57 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor

58 Elizondo García, PabloFavor

59 Escobar Manjarrez, GermánFavor

60 Escobedo Villegas, FranciscoFavor

61 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor

62 Estefan Chidiac, Charbel JorgeFavor

63 Etcheverry Aranda, AzulAusente

64 Fernández Márquez, JulietaFavor

65 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor

66 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor

67 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor

68 Gamboa Miner, PabloAusente

69 Gárate Valenzuela, Paola IvethFavor

70 García Ayala, Marco AntonioAusente

71 García Barrón, ÓscarFavor

72 García Carreón, TelésforoFavor

73 García Navarro, OtnielFavor

74 García Portilla, Ricardo DavidFavor

75 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelAusente

76 González Calderón, Martha HildaFavor

77 González Rojas, AarónFavor

78 González Salum, Miguel ÁngelFavor

79 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor

80 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor

81 Guerrero Coronado, DeliaAusente

82 Guerrero Esquivel, AraceliFavor

83 Guevara Cobos, Luis AlejandroFavor

84 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor

85 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor

86 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor

87 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor

88 Hernández Madrid, María GloriaFavor

89 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelFavor

90 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroAusente

91 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor

92 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor

93 Iriarte Mercado, CarlosFavor

94 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor

95 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueFavor

96 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelFavor

97 Juraidini Villaseñor, AlejandroAusente

98 Kuri Grajales, FidelAusente

99 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor

100 Le Baron González, AlexFavor

101 Leyva García, Leydi FabiolaFavor

102 López Gutiérrez, David EpifanioFavor

103 López Velasco, Edith YolandaAusente

104 Luna Canales, ArmandoFavor

105 Luna Munguía, Alma LiliaFavor

106 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor

107 Majul González, SalomónAusente

108 Maya Pineda, María IsabelFavor

109 Mazari Espín, RosalinaFavor

110 Medrano Quezada, BenjamínFavor

111 Meléndez Ortega, Juan AntonioFavor

112 Melhem Salinas, EdgardoFavor

113 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor

114 Méndez Hernández, SandraFavor

115 Mercado Ruiz, DavidFavor

116 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor

117 Moguel Manzur, Zacil LeonorAusente

118 Mólgora Glover, ArletAusente

119 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor

120 Monroy del Mazo, CarolinaFavor

121 Montes Salas, Dulce MaríaFavor

122 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor

123 Mota Hernández, AdolfoFavor

124 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor

125 Muñoz Parra, María VerónicaFavor

126 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor

127 Navarrete Pérez, FernandoFavor

128 Nazar Morales, JuliánFavor

129 Nazario Morales, MatíasFavor

130 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor

131 Orantes López, Hernán de JesúsFavor

132 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor

133 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor

134 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor

135 Osorno Belmont, SusanaFavor

136 Oyervides Valdez, María GuadalupeFavor

137 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor

138 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor

139 Pinete Vargas, María del CarmenFavor

140 Plascencia Pacheco, Laura NereidaAusente

141 Plata Inzunza, EvelioFavor

142 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsAusente

143 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor

144 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor

145 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor

146 Ramírez Marín, Jorge CarlosFavor

147 Ramírez Nieto, RicardoFavor

148 Ramírez Ocampo, Gianni RaúlFavor

149 Ramírez Ponce, Miguel AngelFavor

150 Real Salinas, Dora ElenaFavor

151 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor

152 Rentería Medina, Flor EstelaFavor

153 Rivera Carbajal, SilviaFavor

154 Rivera Sosa, José LorenzoFavor

155 Rocha Aguilar, YulmaFavor

156 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor

157 Rojas Orozco, EnriqueFavor

158 Rojas San Román, Francisco LauroFavor

159 Romero Vega, EsdrasFavor

160 Romo García, EdgarFavor

161 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor

162 Rosas Cuautle, FabiolaFavor

163 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor

164 Sáenz Soto, José LuisFavor

165 Salazar Espinosa, HeidiFavor

166 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor

167 Salinas Lozano, CarmenAusente

168 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor

169 Sánchez Coronel, CristinaFavor

170 Sánchez Isidoro, DavidFavor

171 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor

172 Sandoval Martínez, María SoledadFavor

173 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor

174 Sarabia Camacho, CarlosFavor

175 Saracho Navarro, FranciscoFavor

176 Scherman Leaño, María Esther de JesúsFavor

177 Serrano Hernández, MaricelaAusente

178 Silva Ramos, AlbertoFavor

179 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor

180 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor

181 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor

182 Taja Ramírez, RicardoFavor

183 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor

184 Tannos Cruz, YarithFavor

185 Terrazas Porras, AdrianaAusente

186 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíAusente

187 Toledo Medina, José LuisFavor

188 Torres Huitrón, José AlfredoFavor

189 Trujillo Zentella, GeorginaAusente

190 Uriarte Zazueta, FernandoFavor

191 Valencia García, ÓscarFavor

192 Vallejo Barragán, ManuelFavor

193 Vargas Rodríguez, Federico EugenioFavor

194 Vidal Aguilar, LiborioAusente

195 Viggiano Austria, Alma CarolinaFavor

196 Villa Ramírez, TimoteoFavor

197 Villa Trujillo, EdithFavor

198 Villagómez Guerrero, RamónFavor

199 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor

200 Vélez Núñez, BeatrizFavor

201 Yerena Zambrano, RafaelFavor

202 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor

203 Zepahua García, LillianFavor

204 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor

Favor: 175

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 29

Total: 204

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

1 Aguilar López, María MercedesFavor

2 Agundis Estrada, María VerónicaFavor

3 Alejo Domínguez, HugoFavor

4 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor

5 Alfaro García, Lorena del CarmenFavor

6 Amparano Gámez, LeticiaFavor

7 Antero Valle, Luis FernandoFavor

8 Arámbula Meléndez, MarianaFavor

9 Barraza López, José TeodoroFavor

10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor

11 Bello Otero, CarlosFavor

12 Bermúdez Méndez, José ErandiFavor

13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor

14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierFavor

15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaFavor

16 Cambranis Torres, EnriqueFavor

17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor

18 Castañón Herrera, EukidAusente

19 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor

20 Chavarrías Barajas, EloisaFavor

21 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor

22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor

23 Corral Estrada, HerminioFavor

24 Corral Mier, JuanFavor

25 Cortés Berumen, José HernánFavor

26 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor

27 Cortés Mendoza, Marko AntonioFavor

28 Cruz Blackledge, Gina AndreaFavor

29 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor

30 Culin Jaime, GretelFavor

31 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoFavor

32 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor

33 Döring Casar, FedericoFavor

34 Elizarraraz Sandoval, AdrianaAusente

35 Flores Sosa, CésarFavor

36 Gama Basarte, Marco AntonioFavor

37 García Escobar, Lilia ArmindaFavor

38 García García, PatriciaFavor

39 García López, José MáximoFavor

40 García Pérez, MaríaFavor

41 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroAusente

42 Garza Treviño, PedroFavor

43 Gómez Olivier, Sergio EmilioAusente

44 González Ceceña, ExaltaciónFavor

45 González Navarro, José AdriánFavor

46 González Suástegui, GuadalupeAusente

47 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor

48 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséFavor

49 Hernández Ramos, MinervaFavor

50 Herrera Deras, Alfredo MiguelFavor

51 Huepa Pérez, Miguel ÁngelFavor

52 Huerta Villegas, GenovevaFavor

53 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoAusente

54 Iñiguez Mejía, Elías OctavioFavor

55 Jiménez Márquez, Martha CristinaFavor

56 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor

57 López Córdova, José EverardoFavor

58 López Martín, JorgeFavor

59 López Rodríguez, Jesús AntonioFavor

60 Mandujano Tinajero, RenéFavor

61 Márquez Zapata, Nelly del CarmenAusente

62 Marrón Agustín, Luis GilbertoFavor

63 Martínez Montemayor, BaltazarFavor

64 Martínez Santos, WenceslaoFavor

65 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor

66 Matesanz Santamaría, RocíoFavor

67 Mesta Soule, Luis FernandoFavor

68 Moya Marín, AngélicaFavor

69 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor

70 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor

71 Nava Mouett, JacquelineAusente

72 Neblina Vega, Javier AntonioFavor

73 Osuna Carranco, Karla KarinaAusente

74 Ovando Reazola, JanetteAusente

75 Padilla Avila, KarinaAusente

76 Paes Martínez, JiselaFavor

77 Palomeque Archila, Carlos AlbertoFavor

78 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor

79 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor

80 Ramírez Núñez, UlisesFavor

81 Ramírez Ramos, GabrielaFavor

82 Ramos Hernández, JorgeAusente

83 Rendón García, César AugustoAusente

84 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíFavor

85 Rivera Castillejos, Armando AlejandroFavor

86 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesFavor

87 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierAusente

88 Rodríguez Rubio, María del RosarioFavor

89 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor

90 Ruiz García, Juan CarlosAusente

91 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor

92 Salas Valencia, José AntonioFavor

93 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor

94 Sánchez Carrillo, PatriciaFavor

95 Sánchez Juárez, ClaudiaFavor

96 Sánchez Meza, María LuisaFavor

97 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor

98 Sheffield Padilla, Francisco RicardoFavor

99 Taboada Cortina, SantiagoAusente

100 Talavera Hernández, María EloísaFavor

101 Tamariz García, XimenaFavor

102 Torreblanca Engell, SantiagoFavor

103 Triana Tena, JorgeFavor

104 Valenzuela Armas, RafaelFavor

105 Valles Olvera, Elva LidiaAusente

106 Vargas Bárcena, MarisolAusente

107 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor

108 Velázquez Valdez, BrendaFavor

109 Zapata Padilla, Mariía OlimpiaFavor

Favor: 91

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 18

Total: 109

PARTIDO DE LA REVOLUCÓN DEMOCRÁTICA

1 Acosta Naranjo, GuadalupeFavor

2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor

3 Amador Rodríguez, LeonardoFavor

4 Aragón Castillo, HortensiaFavor

5 Arguijo Herrera, Tania VictoriaAusente

6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelFavor

7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor

8 Beltrán Reyes, María LuisaFavor

9 Bocanegra Ruiz, ElioAusente

10 Briones Pérez, Erika IrazemaFavor

11 Castelán Mondragón, María ElidaAusente

12 Catalán Padilla, OlgaAusente

13 Cervera García, RenéFavor

14 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor

15 Estefan Garfias, José AntonioFavor

16 Fernández González, WaldoFavor

17 Ferrer Abalos, ÓscarFavor

18 Flores Sonduk, LluviaFavor

19 García Bravo, María Cristina TeresaAusente

20 García Calderón, David GersonFavor

21 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor

22 Hernández Alcalá, José GuadalupeFavor

23 Hernández Soriano, RafaelFavor

24 Hurtado Arana, KarenFavor

25 Jiménez Rumbo, DavidAusente

26 Juárez Blanquet, ErikFavor

27 López Sánchez, SergioFavor

28 Madrigal Sánchez, AraceliFavor

29 Maldonado Venegas, LuisFavor

30 Martínez Neri, FranciscoFavor

31 Martínez Soto, Norberto AntonioFavor

32 Meza Guzmán, Lucia VirginiaFavor

33 Nava Palacios, Francisco XavierAusente

34 Octaviano Félix, TomásFavor

35 Ordoñez Hernández, DanielFavor

36 Ortega Álvarez, OmarFavor

37 Parra Álvarez, EvelynFavor

38 Peralta Grappin, HéctorAusente

39 Pool Pech, Isaura IvanovaFavor

40 Pérez Alvarado, CandelarioFavor

41 Ramírez Peralta, Karen OrneyFavor

42 Reyes Álvarez, FelipeAusente

43 Rubio Quiroz, Juan FernandoFavor

44 Saldaña Morán, JulioFavor

45 Santana Alfaro, ArturoFavor

46 Santiago López, JoséFavor

47 Saucedo Reyes, AraceliFavor

48 Soto Espino, ArmandoAusente

49 Soto González, Cecilia GuadalupeFavor

50 Valera Fuentes, Diego ValenteAusente

51 Valdes Ramírez, María ConcepciónAusente

52 Wences Real, VictorianoFavor

53 Zambrano Grijalva, José de JesúsFavor

Favor: 41

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 12

Total: 53

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL

1 Abdala Dartigues, RodrigoAusente

2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor

3 Alva y Alva, MiguelFavor

4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor

5 Armenta Mier, AlejandroFavor

6 Barón Ortiz, Natalia KarinaFavor

7 Barrientos Pantoja, AliciaFavor

8 Basurto Román, AlfredoFavor

9 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor

10 Calderón Torreblanca, FidelFavor

11 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroFavor

12 Cárdenas Mariscal, María AntoniaFavor

13 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor

14 Castro Vázquez, RogerioFavor

15 Chávez García, MaríaFavor

16 Contreras Julián, MaricelaFavor

17 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaAusente

18 Damián González, AraceliFavor

19 Esquivel Valdés, Laura BeatrizFavor

20 Falcón Venegas, Sandra LuzAusente

21 Fuentes Alonso, ModestaAusente

22 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaFavor

23 García Chávez, Héctor JavierAusente

24 García Jiménez, CuitláhuacFavor

25 Godoy Ramos, ErnestinaFavor

26 Guzmán Jacobo, RobertoFavor

27 Gómez Álvarez, DelfinaFavor

28 Hernández Colín, Norma XochitlAusente

29 Hernández Correa, GuadalupeFavor

30 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioFavor

31 Hernández Mirón, CarlosAusente

32 Juárez Rodríguez, Mario ArielFavor

33 Llerenas Morales, VidalFavor

34 Lomelí Bolaños, CarlosFavor

35 López López, Irma RebecaFavor

36 Martínez Urincho, AlbertoFavor

37 Molina Arias, Renato JosafatFavor

38 Montiel Reyes, AriadnaAusente

39 Nahle García, Norma RocíoFavor

40 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroAusente

41 Ramos Ramírez, BlandinaFavor

42 Romero Tenorio, JuanFavor

43 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelAusente

44 Serrano Lora, JesúsAusente

45 Tello López, JorgeFavor

46 Trejo Flores, MarianaFavor

47 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorFavor

48 Villa González, ConcepciónFavor

Favor: 37

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 11

Total: 48

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

1 Álvarez Angli, ArturoFavor

2 Álvarez López, JorgeFavor

3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor

4 Arévalo González, José AntonioFavor

5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaFavor

6 Ávila Serna, MaríaFavor

7 Bernardino Vargas, Omar NoéAusente

8 Canales Suárez, PalomaFavor

9 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor

10 Celis Aguirre, Juan ManuelAusente

11 Corona Valdés, LorenaFavor

12 Couttolenc Buentello, José AlbertoFavor

13 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaFavor

14 De los Santos Torres, DanielaFavor

15 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésFavor

16 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor

17 Galindo Rosas, José de JesúsFavor

18 García Treviño, DanielaFavor

19 González Evia, EdnaFavor

20 González Torres, SofíaAusente

21 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor

22 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor

23 Herrera Borunda, Javier OctavioAusente

24 Limón García, LiaFavor

25 López Roblero, UberlyFavor

26 López Ruiz, NancyAusente

27 Machuca Sánchez, MarioFavor

28 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor

29 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor

30 Ochoa Rojas, CándidoFavor

31 Rodríguez Torres, SamuelAusente

32 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor

33 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor

34 Sarur Torre, AdrianaFavor

35 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor

36 Sesma Suárez, JesúsAusente

37 Spinoso Carrera, EdgarAusente

38 Torres Rivas, Francisco AlbertoAusente

39 Villanueva Huerta, ClaudiaFavor

40 Zamora Morlet, EnriqueAusente

Favor: 30

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 10

Total: 40

MOVIMIENTO CIUDADANO

1 Álvarez Maynez, JorgeFavor

2 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor

3 Castañeda Hoeflich, José ClementeFavor

4 Corichi García, Claudia SofíaFavor

5 Delgadillo García, VerónicaFavor

6 Flores Gómez, MirzaFavor

7 Guerra Mota, MoisésFavor

8 Hauffen Torres, Angie DennisseFavor

9 Martínez García, JonadabAusente

10 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor

11 Munguía González, Luis ErnestoFavor

12 Ochoa Avalos, María CandelariaFavor

13 Orantes López, María ElenaFavor

14 Pérez Utrera, AdánFavor

15 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor

16 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor

17 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor

18 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor

19 Toledo Ibarra, MarbellaFavor

20 Zamora Zamora, SalvadorFavor

Favor: 19

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 1

Total: 20

PARTIDO NUEVA ALIANZA

1 Campa Amaral, Carmen VictoriaFavor

2 García Yáñez, ÁngelAusente

3 Gutiérrez García, CarlosFavor

4 Hernández León, Luis ManuelFavor

5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor

6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor

7 Pinto Torres, Francisco JavierFavor

8 Reyes Ávila, AngélicaFavor

9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor

10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor

11 Torres Sandoval, MelissaFavor

12 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor

Favor: 11

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 1

Total: 12

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

1 Escobedo Miramontes, Justo FedericoFavor

2 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor

3 García Soberanes, Cynthia GisselFavor

4 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor

5 González Murillo, AlejandroFavor

6 Guízar Valladares, GonzaloFavor

7 Martínez Guzmán, Norma EdithAusente

8 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor

9 Pineda Morín, AbdiesFavor

Favor: 8

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 1

Total: 9

DIPUTADOS SIN PARTIDO

1 Espino Barrientos, Manuel de JesúsFavor

2 Torres Cantú, DanielAusente

Favor: 1

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 1

Total: 2

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6; 19, fracción VII; y 36, fracciones V y VI, de la Ley General de Desarrollo Social (en lo general y en lo particular)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala Carmona, YahleelFavor

2 Abdala Saad, Antonio TarekFavor

3 Abramo Masso, YericoFavor

4 Aguilar Robles, DavidFavor

5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor

6 Aguirre Chávez, Marco PoloFavor

7 Aguirre Romero, AndrésFavor

8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor

9 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor

10 Álvarez Ortiz, Héctor JavierFavor

11 Amaro Cancino, AntonioFavor

12 Anaya Mota, Claudia EdithFavor

13 Anaya Orozco, AlfredoFavor

14 Antelo Esper, BernardinoFavor

15 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor

16 Arellano Núñez, EfraínFavor

17 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor

18 Balcázar Narro, Rafael ArturoFavor

19 Barragán Amador, CarlosAusente

20 Barranco Sánchez, Marco AntonioFavor

21 Barrientos Cano, Laura MitziAusente

22 Bañales Arámbula, RamónFavor

23 Bedolla López, PabloFavor

24 Bejos Nicolás, AlfredoFavor

25 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor

26 Benítez Tiburcio, MarianaFavor

27 Bernal Casique, IvethFavor

28 Boone Godoy, Ana MaríaFavor

29 Borunda Espinoza, BrendaAusente

30 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor

31 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor

32 Cabrera Ruiz, José HugoFavor

33 Camacho Quiroz, César OctavioFavor

34 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor

35 Canales Najjar, Tristán ManuelAusente

36 Cardoso Estévez, José LuisFavor

37 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroAusente

38 Castillo Martínez, EdgarAusente

39 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor

40 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor

41 Ceja García, XitlalicFavor

42 Cervera Hernández, FelipeAusente

43 Chacón Morales, Samuel AlexisAusente

44 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor

45 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoFavor

46 Coheto Martínez, Vitalico CándidoFavor

47 Córdova Hernández, José del PilarFavor

48 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaFavor

49 Corella Platt, SusanaFavor

50 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor

51 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor

52 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor

53 Cruz Campos, VictorinoFavor

54 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor

55 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor

56 Díaz Montoya, RocíoAusente

57 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor

58 Elizondo García, PabloFavor

59 Escobar Manjarrez, GermánFavor

60 Escobedo Villegas, FranciscoFavor

61 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor

62 Estefan Chidiac, Charbel JorgeFavor

63 Etcheverry Aranda, AzulAusente

64 Fernández Márquez, JulietaFavor

65 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor

66 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor

67 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor

68 Gamboa Miner, PabloAusente

69 Gárate Valenzuela, Paola IvethFavor

70 García Ayala, Marco AntonioAusente

71 García Barrón, ÓscarFavor

72 García Carreón, TelésforoAusente

73 García Navarro, OtnielFavor

74 García Portilla, Ricardo DavidFavor

75 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelAusente

76 González Calderón, Martha HildaFavor

77 González Rojas, AarónFavor

78 González Salum, Miguel ÁngelFavor

79 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor

80 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor

81 Guerrero Coronado, DeliaAusente

82 Guerrero Esquivel, AraceliFavor

83 Guevara Cobos, Luis AlejandroFavor

84 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor

85 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor

86 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor

87 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor

88 Hernández Madrid, María GloriaFavor

89 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelFavor

90 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroAusente

91 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor

92 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor

93 Iriarte Mercado, CarlosFavor

94 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor

95 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueFavor

96 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelFavor

97 Juraidini Villaseñor, AlejandroAusente

98 Kuri Grajales, FidelAusente

99 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor

100 Le Baron González, AlexFavor

101 Leyva García, Leydi FabiolaFavor

102 López Gutiérrez, David EpifanioFavor

103 López Velasco, Edith YolandaAusente

104 Luna Canales, ArmandoFavor

105 Luna Munguía, Alma LiliaFavor

106 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor

107 Majul González, SalomónFavor

108 Maya Pineda, María IsabelFavor

109 Mazari Espín, RosalinaFavor

110 Medrano Quezada, BenjamínFavor

111 Meléndez Ortega, Juan AntonioFavor

112 Melhem Salinas, EdgardoFavor

113 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor

114 Méndez Hernández, SandraFavor

115 Mercado Ruiz, DavidFavor

116 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor

117 Moguel Manzur, Zacil LeonorAusente

118 Mólgora Glover, ArletFavor

119 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor

120 Monroy del Mazo, CarolinaFavor

121 Montes Salas, Dulce MaríaFavor

122 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor

123 Mota Hernández, AdolfoFavor

124 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor

125 Muñoz Parra, María VerónicaFavor

126 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor

127 Navarrete Pérez, FernandoFavor

128 Nazar Morales, JuliánFavor

129 Nazario Morales, MatíasFavor

130 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor

131 Orantes López, Hernán de JesúsFavor

132 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor

133 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor

134 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor

135 Osorno Belmont, SusanaFavor

136 Oyervides Valdez, María GuadalupeFavor

137 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor

138 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor

139 Pinete Vargas, María del CarmenFavor

140 Plascencia Pacheco, Laura NereidaAusente

141 Plata Inzunza, EvelioFavor

142 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsAusente

143 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor

144 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor

145 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor

146 Ramírez Marín, Jorge CarlosFavor

147 Ramírez Nieto, RicardoFavor

148 Ramírez Ocampo, Gianni RaúlFavor

149 Ramírez Ponce, Miguel AngelFavor

150 Real Salinas, Dora ElenaFavor

151 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor

152 Rentería Medina, Flor EstelaFavor

153 Rivera Carbajal, SilviaFavor

154 Rivera Sosa, José LorenzoFavor

155 Rocha Aguilar, YulmaFavor

156 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor

157 Rojas Orozco, EnriqueFavor

158 Rojas San Román, Francisco LauroFavor

159 Romero Vega, EsdrasFavor

160 Romo García, EdgarFavor

161 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor

162 Rosas Cuautle, FabiolaFavor

163 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor

164 Sáenz Soto, José LuisFavor

165 Salazar Espinosa, HeidiFavor

166 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor

167 Salinas Lozano, CarmenAusente

168 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor

169 Sánchez Coronel, CristinaFavor

170 Sánchez Isidoro, DavidFavor

171 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor

172 Sandoval Martínez, María SoledadFavor

173 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor

174 Sarabia Camacho, CarlosFavor

175 Saracho Navarro, FranciscoFavor

176 Scherman Leaño, María Esther de JesúsFavor

177 Serrano Hernández, MaricelaAusente

178 Silva Ramos, AlbertoFavor

179 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor

180 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor

181 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor

182 Taja Ramírez, RicardoFavor

183 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor

184 Tannos Cruz, YarithFavor

185 Terrazas Porras, AdrianaAusente

186 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíAusente

187 Toledo Medina, José LuisFavor

188 Torres Huitrón, José AlfredoFavor

189 Trujillo Zentella, GeorginaAusente

190 Uriarte Zazueta, FernandoFavor

191 Valencia García, ÓscarFavor

192 Vallejo Barragán, ManuelFavor

193 Vargas Rodríguez, Federico EugenioFavor

194 Vidal Aguilar, LiborioAusente

195 Viggiano Austria, Alma CarolinaFavor

196 Villa Ramírez, TimoteoFavor

197 Villa Trujillo, EdithFavor

198 Villagómez Guerrero, RamónFavor

199 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor

200 Vélez Núñez, BeatrizFavor

201 Yerena Zambrano, RafaelFavor

202 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor

203 Zepahua García, LillianFavor

204 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor

Favor: 176

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 28

Total: 204

PARTIDOACCIÓN NACIONAL

1 Aguilar López, María MercedesFavor

2 Agundis Estrada, María VerónicaFavor

3 Alejo Domínguez, HugoFavor

4 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor

5 Alfaro García, Lorena del CarmenAusente

6 Amparano Gámez, LeticiaFavor

7 Antero Valle, Luis FernandoFavor

8 Arámbula Meléndez, MarianaFavor

9 Barraza López, José TeodoroFavor

10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor

11 Bello Otero, CarlosFavor

12 Bermúdez Méndez, José ErandiFavor

13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor

14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierFavor

15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaFavor

16 Cambranis Torres, EnriqueFavor

17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor

18 Castañón Herrera, EukidAusente

19 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor

20 Chavarrías Barajas, EloisaFavor

21 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor

22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor

23 Corral Estrada, HerminioFavor

24 Corral Mier, JuanFavor

25 Cortés Berumen, José HernánFavor

26 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor

27 Cortés Mendoza, Marko AntonioFavor

28 Cruz Blackledge, Gina AndreaFavor

29 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor

30 Culin Jaime, GretelFavor

31 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoFavor

32 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor

33 Döring Casar, FedericoFavor

34 Elizarraraz Sandoval, AdrianaAusente

35 Flores Sosa, CésarFavor

36 Gama Basarte, Marco AntonioFavor

37 García Escobar, Lilia ArmindaFavor

38 García García, PatriciaFavor

39 García López, José MáximoFavor

40 García Pérez, MaríaFavor

41 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroAusente

42 Garza Treviño, PedroFavor

43 Gómez Olivier, Sergio EmilioAusente

44 González Ceceña, ExaltaciónFavor

45 González Navarro, José AdriánFavor

46 González Suástegui, GuadalupeAusente

47 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor

48 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséFavor

49 Hernández Ramos, MinervaFavor

50 Herrera Deras, Alfredo MiguelFavor

51 Huepa Pérez, Miguel ÁngelFavor

52 Huerta Villegas, GenovevaFavor

53 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoAusente

54 Iñiguez Mejía, Elías OctavioFavor

55 Jiménez Márquez, Martha CristinaAusente

56 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor

57 López Córdova, José EverardoFavor

58 López Martín, JorgeFavor

59 López Rodríguez, Jesús AntonioFavor

60 Mandujano Tinajero, RenéFavor

61 Márquez Zapata, Nelly del CarmenAusente

62 Marrón Agustín, Luis GilbertoFavor

63 Martínez Montemayor, BaltazarFavor

64 Martínez Santos, WenceslaoFavor

65 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor

66 Matesanz Santamaría, RocíoFavor

67 Mesta Soule, Luis FernandoFavor

68 Moya Marín, AngélicaFavor

69 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor

70 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor

71 Nava Mouett, JacquelineAusente

72 Neblina Vega, Javier AntonioFavor

73 Osuna Carranco, Karla KarinaAusente

74 Ovando Reazola, JanetteAusente

75 Padilla Avila, KarinaAusente

76 Paes Martínez, JiselaFavor

77 Palomeque Archila, Carlos AlbertoFavor

78 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaAusente

79 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor

80 Ramírez Núñez, UlisesFavor

81 Ramírez Ramos, GabrielaFavor

82 Ramos Hernández, JorgeAusente

83 Rendón García, César AugustoAusente

84 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíFavor

85 Rivera Castillejos, Armando AlejandroFavor

86 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesFavor

87 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierFavor

88 Rodríguez Rubio, María del RosarioFavor

89 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor

90 Ruiz García, Juan CarlosAusente

91 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor

92 Salas Valencia, José AntonioFavor

93 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor

94 Sánchez Carrillo, PatriciaFavor

95 Sánchez Juárez, ClaudiaFavor

96 Sánchez Meza, María LuisaFavor

97 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor

98 Sheffield Padilla, Francisco RicardoAusente

99 Taboada Cortina, SantiagoFavor

100 Talavera Hernández, María EloísaFavor

101 Tamariz García, XimenaFavor

102 Torreblanca Engell, SantiagoFavor

103 Triana Tena, JorgeFavor

104 Valenzuela Armas, RafaelFavor

105 Valles Olvera, Elva LidiaAusente

106 Vargas Bárcena, MarisolAusente

107 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor

108 Velázquez Valdez, BrendaFavor

109 Zapata Padilla, Mariía OlimpiaFavor

Favor: 89

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 20

Total: 109

PARTIDO DE LA REVOLUCÓN DEMOCRÁTICA

1 Acosta Naranjo, GuadalupeFavor

2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor

3 Amador Rodríguez, LeonardoFavor

4 Aragón Castillo, HortensiaFavor

5 Arguijo Herrera, Tania VictoriaAusente

6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelFavor

7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor

8 Beltrán Reyes, María LuisaFavor

9 Bocanegra Ruiz, ElioAusente

10 Briones Pérez, Erika IrazemaFavor

11 Castelán Mondragón, María ElidaAusente

12 Catalán Padilla, OlgaAusente

13 Cervera García, RenéFavor

14 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor

15 Estefan Garfias, José AntonioFavor

16 Fernández González, WaldoFavor

17 Ferrer Abalos, ÓscarFavor

18 Flores Sonduk, LluviaFavor

19 García Bravo, María Cristina TeresaAusente

20 García Calderón, David GersonFavor

21 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor

22 Hernández Alcalá, José GuadalupeFavor

23 Hernández Soriano, RafaelFavor

24 Hurtado Arana, KarenFavor

25 Jiménez Rumbo, DavidAusente

26 Juárez Blanquet, ErikFavor

27 López Sánchez, SergioFavor

28 Madrigal Sánchez, AraceliFavor

29 Maldonado Venegas, LuisFavor

30 Martínez Neri, FranciscoFavor

31 Martínez Soto, Norberto AntonioFavor

32 Meza Guzmán, Lucia VirginiaFavor

33 Nava Palacios, Francisco XavierAusente

34 Octaviano Félix, TomásFavor

35 Ordoñez Hernández, DanielFavor

36 Ortega Álvarez, OmarFavor

37 Parra Álvarez, EvelynFavor

38 Peralta Grappin, HéctorAusente

39 Pool Pech, Isaura IvanovaFavor

40 Pérez Alvarado, CandelarioFavor

41 Ramírez Peralta, Karen OrneyFavor

42 Reyes Álvarez, FelipeAusente

43 Rubio Quiroz, Juan FernandoFavor

44 Saldaña Morán, JulioFavor

45 Santana Alfaro, ArturoFavor

46 Santiago López, JoséFavor

47 Saucedo Reyes, AraceliFavor

48 Soto Espino, ArmandoAusente

49 Soto González, Cecilia GuadalupeFavor

50 Valera Fuentes, Diego ValenteAusente

51 Valdes Ramírez, María ConcepciónAusente

52 Wences Real, VictorianoFavor

53 Zambrano Grijalva, José de JesúsFavor

Favor: 41

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 12

Total: 53

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL

1 Abdala Dartigues, RodrigoAusente

2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor

3 Alva y Alva, MiguelFavor

4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor

5 Armenta Mier, AlejandroFavor

6 Barón Ortiz, Natalia KarinaFavor

7 Barrientos Pantoja, AliciaFavor

8 Basurto Román, AlfredoFavor

9 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor

10 Calderón Torreblanca, FidelFavor

11 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroFavor

12 Cárdenas Mariscal, María AntoniaFavor

13 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor

14 Castro Vázquez, RogerioFavor

15 Chávez García, MaríaFavor

16 Contreras Julián, MaricelaFavor

17 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaAusente

18 Damián González, AraceliFavor

19 Esquivel Valdés, Laura BeatrizFavor

20 Falcón Venegas, Sandra LuzAusente

21 Fuentes Alonso, ModestaFavor

22 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaFavor

23 García Chávez, Héctor JavierAusente

24 García Jiménez, CuitláhuacFavor

25 Godoy Ramos, ErnestinaFavor

26 Guzmán Jacobo, RobertoFavor

27 Gómez Álvarez, DelfinaFavor

28 Hernández Colín, Norma XochitlAusente

29 Hernández Correa, GuadalupeFavor

30 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioFavor

31 Hernández Mirón, CarlosAusente

32 Juárez Rodríguez, Mario ArielFavor

33 Llerenas Morales, VidalFavor

34 Lomelí Bolaños, CarlosFavor

35 López López, Irma RebecaFavor

36 Martínez Urincho, AlbertoFavor

37 Molina Arias, Renato JosafatFavor

38 Montiel Reyes, AriadnaAusente

39 Nahle García, Norma RocíoFavor

40 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroAusente

41 Ramos Ramírez, BlandinaFavor

42 Romero Tenorio, JuanAusente

43 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelAusente

44 Serrano Lora, JesúsAusente

45 Tello López, JorgeFavor

46 Trejo Flores, MarianaFavor

47 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorFavor

48 Villa González, ConcepciónFavor

Favor: 37

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 11

Total: 48

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

1 Álvarez Angli, ArturoFavor

2 Álvarez López, JorgeFavor

3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor

4 Arévalo González, José AntonioFavor

5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaFavor

6 Ávila Serna, MaríaFavor

7 Bernardino Vargas, Omar NoéAusente

8 Canales Suárez, PalomaFavor

9 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor

10 Celis Aguirre, Juan ManuelAusente

11 Corona Valdés, LorenaFavor

12 Couttolenc Buentello, José AlbertoFavor

13 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaAusente

14 De los Santos Torres, DanielaFavor

15 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésFavor

16 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor

17 Galindo Rosas, José de JesúsFavor

18 García Treviño, DanielaFavor

19 González Evia, EdnaFavor

20 González Torres, SofíaAusente

21 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor

22 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor

23 Herrera Borunda, Javier OctavioFavor

24 Limón García, LiaFavor

25 López Roblero, UberlyFavor

26 López Ruiz, NancyAusente

27 Machuca Sánchez, MarioFavor

28 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor

29 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor

30 Ochoa Rojas, CándidoFavor

31 Rodríguez Torres, SamuelFavor

32 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor

33 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor

34 Sarur Torre, AdrianaFavor

35 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor

36 Sesma Suárez, JesúsFavor

37 Spinoso Carrera, EdgarAusente

38 Torres Rivas, Francisco AlbertoAusente

39 Villanueva Huerta, ClaudiaFavor

40 Zamora Morlet, EnriqueAusente

Favor: 32

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 8

Total: 40

MOVIMIENTO CIUDADANO

1 Álvarez Maynez, JorgeFavor

2 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor

3 Castañeda Hoeflich, José ClementeFavor

4 Corichi García, Claudia SofíaAusente

5 Delgadillo García, VerónicaFavor

6 Flores Gómez, MirzaFavor

7 Guerra Mota, MoisésFavor

8 Hauffen Torres, Angie DennisseFavor

9 Martínez García, JonadabAusente

10 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor

11 Munguía González, Luis ErnestoFavor

12 Ochoa Avalos, María CandelariaFavor

13 Orantes López, María ElenaFavor

14 Pérez Utrera, AdánFavor

15 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor

16 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor

17 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor

18 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor

19 Toledo Ibarra, MarbellaFavor

20 Zamora Zamora, SalvadorFavor

Favor: 18

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 2

Total: 20

PARTIDO NUEVA ALIANZA

1 Campa Amaral, Carmen VictoriaFavor

2 García Yáñez, ÁngelAusente

3 Gutiérrez García, CarlosFavor

4 Hernández León, Luis ManuelFavor

5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor

6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor

7 Pinto Torres, Francisco JavierFavor

8 Reyes Ávila, AngélicaFavor

9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor

10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor

11 Torres Sandoval, MelissaFavor

12 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor

Favor: 11

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 1

Total: 12

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

1 Escobedo Miramontes, Justo FedericoFavor

2 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor

3 García Soberanes, Cynthia GisselFavor

4 Garzón Canchola, Refugio TrinidadAusente

5 González Murillo, AlejandroFavor

6 Guízar Valladares, GonzaloFavor

7 Martínez Guzmán, Norma EdithFavor

8 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor

9 Pineda Morín, AbdiesFavor

Favor: 8

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 1

Total: 9

DIPUTADOS SIN PARTIDO

1 Espino Barrientos, Manuel de JesúsFavor

2 Torres Cantú, DanielAusente

Favor: 1

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 1

Total: 2

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración (en lo general y en lo particular)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala Carmona, YahleelFavor

2 Abdala Saad, Antonio TarekFavor

3 Abramo Masso, YericoFavor

4 Aguilar Robles, DavidFavor

5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor

6 Aguirre Chávez, Marco PoloFavor

7 Aguirre Romero, AndrésFavor

8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor

9 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor

10 Álvarez Ortiz, Héctor JavierFavor

11 Amaro Cancino, AntonioFavor

12 Anaya Mota, Claudia EdithFavor

13 Anaya Orozco, AlfredoFavor

14 Antelo Esper, BernardinoFavor

15 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor

16 Arellano Núñez, EfraínFavor

17 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor

18 Balcázar Narro, Rafael ArturoFavor

19 Barragán Amador, CarlosAusente

20 Barranco Sánchez, Marco AntonioFavor

21 Barrientos Cano, Laura MitziAusente

22 Bañales Arámbula, RamónFavor

23 Bedolla López, PabloFavor

24 Bejos Nicolás, AlfredoFavor

25 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor

26 Benítez Tiburcio, MarianaFavor

27 Bernal Casique, IvethFavor

28 Boone Godoy, Ana MaríaFavor

29 Borunda Espinoza, BrendaAusente

30 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor

31 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor

32 Cabrera Ruiz, José HugoFavor

33 Camacho Quiroz, César OctavioFavor

34 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor

35 Canales Najjar, Tristán ManuelAusente

36 Cardoso Estévez, José LuisFavor

37 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroAusente

38 Castillo Martínez, EdgarAusente

39 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor

40 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor

41 Ceja García, XitlalicFavor

42 Cervera Hernández, FelipeAusente

43 Chacón Morales, Samuel AlexisAusente

44 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor

45 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoAusente

46 Coheto Martínez, Vitalico CándidoFavor

47 Córdova Hernández, José del PilarFavor

48 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaFavor

49 Corella Platt, SusanaFavor

50 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor

51 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor

52 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor

53 Cruz Campos, VictorinoFavor

54 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor

55 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor

56 Díaz Montoya, RocíoAusente

57 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor

58 Elizondo García, PabloFavor

59 Escobar Manjarrez, GermánFavor

60 Escobedo Villegas, FranciscoFavor

61 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor

62 Estefan Chidiac, Charbel JorgeFavor

63 Etcheverry Aranda, AzulAusente

64 Fernández Márquez, JulietaFavor

65 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor

66 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor

67 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor

68 Gamboa Miner, PabloAusente

69 Gárate Valenzuela, Paola IvethFavor

70 García Ayala, Marco AntonioAusente

71 García Barrón, ÓscarFavor

72 García Carreón, TelésforoAusente

73 García Navarro, OtnielFavor

74 García Portilla, Ricardo DavidFavor

75 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelAusente

76 González Calderón, Martha HildaFavor

77 González Rojas, AarónFavor

78 González Salum, Miguel ÁngelFavor

79 Guerra Urbiola, Braulio MarioAusente

80 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor

81 Guerrero Coronado, DeliaAusente

82 Guerrero Esquivel, AraceliFavor

83 Guevara Cobos, Luis AlejandroFavor

84 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor

85 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor

86 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaAusente

87 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor

88 Hernández Madrid, María GloriaFavor

89 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelFavor

90 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroAusente

91 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor

92 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor

93 Iriarte Mercado, CarlosFavor

94 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor

95 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueFavor

96 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelFavor

97 Juraidini Villaseñor, AlejandroAusente

98 Kuri Grajales, FidelAusente

99 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor

100 Le Baron González, AlexFavor

101 Leyva García, Leydi FabiolaFavor

102 López Gutiérrez, David EpifanioFavor

103 López Velasco, Edith YolandaAusente

104 Luna Canales, ArmandoFavor

105 Luna Munguía, Alma LiliaFavor

106 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor

107 Majul González, SalomónFavor

108 Maya Pineda, María IsabelFavor

109 Mazari Espín, RosalinaFavor

110 Medrano Quezada, BenjamínFavor

111 Meléndez Ortega, Juan AntonioFavor

112 Melhem Salinas, EdgardoFavor

113 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor

114 Méndez Hernández, SandraFavor

115 Mercado Ruiz, DavidFavor

116 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor

117 Moguel Manzur, Zacil LeonorAusente

118 Mólgora Glover, ArletFavor

119 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor

120 Monroy del Mazo, CarolinaFavor

121 Montes Salas, Dulce MaríaFavor

122 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor

123 Mota Hernández, AdolfoFavor

124 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor

125 Muñoz Parra, María VerónicaFavor

126 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor

127 Navarrete Pérez, FernandoFavor

128 Nazar Morales, JuliánFavor

129 Nazario Morales, MatíasFavor

130 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor

131 Orantes López, Hernán de JesúsFavor

132 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor

133 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor

134 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor

135 Osorno Belmont, SusanaFavor

136 Oyervides Valdez, María GuadalupeFavor

137 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor

138 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor

139 Pinete Vargas, María del CarmenFavor

140 Plascencia Pacheco, Laura NereidaAusente

141 Plata Inzunza, EvelioFavor

142 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsAusente

143 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor

144 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor

145 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor

146 Ramírez Marín, Jorge CarlosFavor

147 Ramírez Nieto, RicardoFavor

148 Ramírez Ocampo, Gianni RaúlFavor

149 Ramírez Ponce, Miguel AngelFavor

150 Real Salinas, Dora ElenaFavor

151 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor

152 Rentería Medina, Flor EstelaFavor

153 Rivera Carbajal, SilviaFavor

154 Rivera Sosa, José LorenzoFavor

155 Rocha Aguilar, YulmaFavor

156 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor

157 Rojas Orozco, EnriqueFavor

158 Rojas San Román, Francisco LauroFavor

159 Romero Vega, EsdrasFavor

160 Romo García, EdgarFavor

161 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor

162 Rosas Cuautle, FabiolaFavor

163 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor

164 Sáenz Soto, José LuisFavor

165 Salazar Espinosa, HeidiFavor

166 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor

167 Salinas Lozano, CarmenAusente

168 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor

169 Sánchez Coronel, CristinaFavor

170 Sánchez Isidoro, DavidFavor

171 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor

172 Sandoval Martínez, María SoledadFavor

173 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor

174 Sarabia Camacho, CarlosFavor

175 Saracho Navarro, FranciscoFavor

176 Scherman Leaño, María Esther de JesúsFavor

177 Serrano Hernández, MaricelaAusente

178 Silva Ramos, AlbertoFavor

179 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor

180 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor

181 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor

182 Taja Ramírez, RicardoFavor

183 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor

184 Tannos Cruz, YarithFavor

185 Terrazas Porras, AdrianaAusente

186 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíAusente

187 Toledo Medina, José LuisFavor

188 Torres Huitrón, José AlfredoFavor

189 Trujillo Zentella, GeorginaAusente

190 Uriarte Zazueta, FernandoFavor

191 Valencia García, ÓscarFavor

192 Vallejo Barragán, ManuelFavor

193 Vargas Rodríguez, Federico EugenioFavor

194 Vidal Aguilar, LiborioAusente

195 Viggiano Austria, Alma CarolinaFavor

196 Villa Ramírez, TimoteoFavor

197 Villa Trujillo, EdithFavor

198 Villagómez Guerrero, RamónFavor

199 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor

200 Vélez Núñez, BeatrizFavor

201 Yerena Zambrano, RafaelFavor

202 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor

203 Zepahua García, LillianFavor

204 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor

Favor: 173

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 31

Total: 204

PARTIDOACCIÓN NACIONAL

1 Aguilar López, María MercedesFavor

2 Agundis Estrada, María VerónicaFavor

3 Alejo Domínguez, HugoFavor

4 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor

5 Alfaro García, Lorena del CarmenFavor

6 Amparano Gámez, LeticiaFavor

7 Antero Valle, Luis FernandoFavor

8 Arámbula Meléndez, MarianaFavor

9 Barraza López, José TeodoroFavor

10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor

11 Bello Otero, CarlosFavor

12 Bermúdez Méndez, José ErandiFavor

13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor

14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierFavor

15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaFavor

16 Cambranis Torres, EnriqueFavor

17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor

18 Castañón Herrera, EukidAusente

19 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor

20 Chavarrías Barajas, EloisaFavor

21 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor

22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor

23 Corral Estrada, HerminioFavor

24 Corral Mier, JuanFavor

25 Cortés Berumen, José HernánFavor

26 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor

27 Cortés Mendoza, Marko AntonioFavor

28 Cruz Blackledge, Gina AndreaFavor

29 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor

30 Culin Jaime, GretelFavor

31 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoFavor

32 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor

33 Döring Casar, FedericoFavor

34 Elizarraraz Sandoval, AdrianaAusente

35 Flores Sosa, CésarFavor

36 Gama Basarte, Marco AntonioFavor

37 García Escobar, Lilia ArmindaFavor

38 García García, PatriciaFavor

39 García López, José MáximoFavor

40 García Pérez, MaríaFavor

41 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroAusente

42 Garza Treviño, PedroFavor

43 Gómez Olivier, Sergio EmilioAusente

44 González Ceceña, ExaltaciónFavor

45 González Navarro, José AdriánFavor

46 González Suástegui, GuadalupeFavor

47 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor

48 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséFavor

49 Hernández Ramos, MinervaFavor

50 Herrera Deras, Alfredo MiguelFavor

51 Huepa Pérez, Miguel ÁngelFavor

52 Huerta Villegas, GenovevaFavor

53 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoAusente

54 Iñiguez Mejía, Elías OctavioFavor

55 Jiménez Márquez, Martha CristinaFavor

56 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor

57 López Córdova, José EverardoFavor

58 López Martín, JorgeFavor

59 López Rodríguez, Jesús AntonioFavor

60 Mandujano Tinajero, RenéFavor

61 Márquez Zapata, Nelly del CarmenAusente

62 Marrón Agustín, Luis GilbertoFavor

63 Martínez Montemayor, BaltazarFavor

64 Martínez Santos, WenceslaoFavor

65 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor

66 Matesanz Santamaría, RocíoFavor

67 Mesta Soule, Luis FernandoFavor

68 Moya Marín, AngélicaFavor

69 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor

70 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor

71 Nava Mouett, JacquelineAusente

72 Neblina Vega, Javier AntonioFavor

73 Osuna Carranco, Karla KarinaAusente

74 Ovando Reazola, JanetteAusente

75 Padilla Avila, KarinaAusente

76 Paes Martínez, JiselaAusente

77 Palomeque Archila, Carlos AlbertoFavor

78 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor

79 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor

80 Ramírez Núñez, UlisesFavor

81 Ramírez Ramos, GabrielaFavor

82 Ramos Hernández, JorgeAusente

83 Rendón García, César AugustoAusente

84 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíFavor

85 Rivera Castillejos, Armando AlejandroFavor

86 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesFavor

87 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierFavor

88 Rodríguez Rubio, María del RosarioFavor

89 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor

90 Ruiz García, Juan CarlosAusente

91 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor

92 Salas Valencia, José AntonioFavor

93 Salim Alle, Miguel ÁngelAusente

94 Sánchez Carrillo, PatriciaFavor

95 Sánchez Juárez, ClaudiaFavor

96 Sánchez Meza, María LuisaFavor

97 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor

98 Sheffield Padilla, Francisco RicardoFavor

99 Taboada Cortina, SantiagoFavor

100 Talavera Hernández, María EloísaFavor

101 Tamariz García, XimenaFavor

102 Torreblanca Engell, SantiagoFavor

103 Triana Tena, JorgeFavor

104 Valenzuela Armas, RafaelFavor

105 Valles Olvera, Elva LidiaAusente

106 Vargas Bárcena, MarisolFavor

107 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeAusente

108 Velázquez Valdez, BrendaFavor

109 Zapata Padilla, Mariía OlimpiaFavor

Favor: 92

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 17

Total: 109

PARTIDO DE LA REVOLUCÓN DEMOCRÁTICA

1 Acosta Naranjo, GuadalupeFavor

2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor

3 Amador Rodríguez, LeonardoFavor

4 Aragón Castillo, HortensiaFavor

5 Arguijo Herrera, Tania VictoriaAusente

6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelFavor

7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor

8 Beltrán Reyes, María LuisaFavor

9 Bocanegra Ruiz, ElioAusente

10 Briones Pérez, Erika IrazemaFavor

11 Castelán Mondragón, María ElidaAusente

12 Catalán Padilla, OlgaAusente

13 Cervera García, RenéFavor

14 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor

15 Estefan Garfias, José AntonioFavor

16 Fernández González, WaldoFavor

17 Ferrer Abalos, ÓscarAusente

18 Flores Sonduk, LluviaFavor

19 García Bravo, María Cristina TeresaAusente

20 García Calderón, David GersonFavor

21 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor

22 Hernández Alcalá, José GuadalupeFavor

23 Hernández Soriano, RafaelFavor

24 Hurtado Arana, KarenFavor

25 Jiménez Rumbo, DavidAusente

26 Juárez Blanquet, ErikFavor

27 López Sánchez, SergioFavor

28 Madrigal Sánchez, AraceliFavor

29 Maldonado Venegas, LuisFavor

30 Martínez Neri, FranciscoFavor

31 Martínez Soto, Norberto AntonioFavor

32 Meza Guzmán, Lucia VirginiaFavor

33 Nava Palacios, Francisco XavierAusente

34 Octaviano Félix, TomásFavor

35 Ordoñez Hernández, DanielFavor

36 Ortega Álvarez, OmarFavor

37 Parra Álvarez, EvelynFavor

38 Peralta Grappin, HéctorAusente

39 Pool Pech, Isaura IvanovaFavor

40 Pérez Alvarado, CandelarioFavor

41 Ramírez Peralta, Karen OrneyFavor

42 Reyes Álvarez, FelipeAusente

43 Rubio Quiroz, Juan FernandoFavor

44 Saldaña Morán, JulioFavor

45 Santana Alfaro, ArturoFavor

46 Santiago López, JoséFavor

47 Saucedo Reyes, AraceliFavor

48 Soto Espino, ArmandoAusente

49 Soto González, Cecilia GuadalupeAusente

50 Valera Fuentes, Diego ValenteFavor

51 Valdes Ramírez, María ConcepciónAusente

52 Wences Real, VictorianoFavor

53 Zambrano Grijalva, José de JesúsFavor

Favor: 40

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 13

Total: 53

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL

1 Abdala Dartigues, RodrigoAusente

2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor

3 Alva y Alva, MiguelFavor

4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor

5 Armenta Mier, AlejandroFavor

6 Barón Ortiz, Natalia KarinaFavor

7 Barrientos Pantoja, AliciaFavor

8 Basurto Román, AlfredoFavor

9 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor

10 Calderón Torreblanca, FidelFavor

11 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroFavor

12 Cárdenas Mariscal, María AntoniaFavor

13 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor

14 Castro Vázquez, RogerioFavor

15 Chávez García, MaríaFavor

16 Contreras Julián, MaricelaFavor

17 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaAusente

18 Damián González, AraceliFavor

19 Esquivel Valdés, Laura BeatrizFavor

20 Falcón Venegas, Sandra LuzAusente

21 Fuentes Alonso, ModestaFavor

22 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaFavor

23 García Chávez, Héctor JavierAusente

24 García Jiménez, CuitláhuacFavor

25 Godoy Ramos, ErnestinaFavor

26 Guzmán Jacobo, RobertoFavor

27 Gómez Álvarez, DelfinaFavor

28 Hernández Colín, Norma XochitlAusente

29 Hernández Correa, GuadalupeFavor

30 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioAusente

31 Hernández Mirón, CarlosAusente

32 Juárez Rodríguez, Mario ArielFavor

33 Llerenas Morales, VidalFavor

34 Lomelí Bolaños, CarlosFavor

35 López López, Irma RebecaAusente

36 Martínez Urincho, AlbertoFavor

37 Molina Arias, Renato JosafatFavor

38 Montiel Reyes, AriadnaAusente

39 Nahle García, Norma RocíoFavor

40 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroAusente

41 Ramos Ramírez, BlandinaFavor

42 Romero Tenorio, JuanAusente

43 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelAusente

44 Serrano Lora, JesúsAusente

45 Tello López, JorgeFavor

46 Trejo Flores, MarianaFavor

47 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorFavor

48 Villa González, ConcepciónFavor

Favor: 35

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 13

Total: 48

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

1 Álvarez Angli, ArturoFavor

2 Álvarez López, JorgeFavor

3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor

4 Arévalo González, José AntonioFavor

5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaFavor

6 Ávila Serna, MaríaFavor

7 Bernardino Vargas, Omar NoéAusente

8 Canales Suárez, PalomaFavor

9 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor

10 Celis Aguirre, Juan ManuelAusente

11 Corona Valdés, LorenaFavor

12 Couttolenc Buentello, José AlbertoAusente

13 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaFavor

14 De los Santos Torres, DanielaFavor

15 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésFavor

16 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor

17 Galindo Rosas, José de JesúsFavor

18 García Treviño, DanielaFavor

19 González Evia, EdnaFavor

20 González Torres, SofíaAusente

21 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor

22 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor

23 Herrera Borunda, Javier OctavioFavor

24 Limón García, LiaFavor

25 López Roblero, UberlyFavor

26 López Ruiz, NancyAusente

27 Machuca Sánchez, MarioFavor

28 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor

29 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor

30 Ochoa Rojas, CándidoFavor

31 Rodríguez Torres, SamuelFavor

32 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor

33 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor

34 Sarur Torre, AdrianaFavor

35 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor

36 Sesma Suárez, JesúsFavor

37 Spinoso Carrera, EdgarAusente

38 Torres Rivas, Francisco AlbertoAusente

39 Villanueva Huerta, ClaudiaFavor

40 Zamora Morlet, EnriqueAusente

Favor: 32

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 8

Total: 40

MOVIMIENTO CIUDADANO

1 Álvarez Maynez, JorgeFavor

2 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor

3 Castañeda Hoeflich, José ClementeFavor

4 Corichi García, Claudia SofíaFavor

5 Delgadillo García, VerónicaFavor

6 Flores Gómez, MirzaFavor

7 Guerra Mota, MoisésFavor

8 Hauffen Torres, Angie DennisseFavor

9 Martínez García, JonadabFavor

10 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor

11 Munguía González, Luis ErnestoFavor

12 Ochoa Avalos, María CandelariaFavor

13 Orantes López, María ElenaFavor

14 Pérez Utrera, AdánFavor

15 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor

16 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor

17 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor

18 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor

19 Toledo Ibarra, MarbellaFavor

20 Zamora Zamora, SalvadorFavor

Favor: 20

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 0

Total: 20

PARTIDO NUEVA ALIANZA

1 Campa Amaral, Carmen VictoriaFavor

2 García Yáñez, ÁngelAusente

3 Gutiérrez García, CarlosFavor

4 Hernández León, Luis ManuelFavor

5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor

6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor

7 Pinto Torres, Francisco JavierFavor

8 Reyes Ávila, AngélicaFavor

9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor

10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor

11 Torres Sandoval, MelissaFavor

12 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor

Favor: 11

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 1

Total: 12

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

1 Escobedo Miramontes, Justo FedericoFavor

2 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor

3 García Soberanes, Cynthia GisselFavor

4 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor

5 González Murillo, AlejandroFavor

6 Guízar Valladares, GonzaloFavor

7 Martínez Guzmán, Norma EdithFavor

8 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor

9 Pineda Morín, AbdiesFavor

Favor: 9

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 0

Total: 9

DIPUTADOS SIN PARTIDO

1 Espino Barrientos, Manuel de JesúsFavor

2 Torres Cantú, DanielAusente

Favor: 1

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 1

Total: 2