«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6, numeral 1, fracción I; 77; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea la presente: iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Problema

Entre el 2008 y el 2015 se presentaron casi una decena de iniciativas en torno a la regulación del uso de drogas y el manejo de adicciones, hasta que el 4 de noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió permitir el uso de la marihuana con fines terapéuticos y medicinales, así como recreativos a cuatro personas (237/2014). A partir de esta sentencia quedó claro que correspondería al Congreso realizar los ajustes pertinentes en el marco jurídico para corresponder con los preceptos esenciales ponderados por la máxima Corte. Fue así como, en respuesta a ese espíritu y a sus premisas, se presentaron cinco iniciativas en el Congreso de la Unión, una de las cuales fue impulsada por el propio presidente de la República Enrique Peña Nieto.

El problema consiste en que, si bien el 13 de diciembre de 2016 el Senado aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, a fin de permitir en el país el uso medicinal y científico de la marihuana, el hecho es que esos cambios en el marco legal, aunque valiosos, no son suficientes para dar respuesta a los graves problemas relacionados con el uso, disfrute y control de las drogas, largamente acumulados y acendrados incluso a nivel cultural en las estructuras de la sociedad mexicana

De manera que el propósito del presidente de transitar hacia el establecimiento de un nuevo paradigma con una visión de respeto a los derechos humanos, sin claudicar al combate al crimen organizado, ha quedado en vilo. Esto significa que todavía nos hace falta pasar de un enfoque judicial de las adicciones y del consumo de drogas o substancias psicotrópicas hacia otro de auténtica salud pública.

Pero una empresa de esta naturaleza requiere de todo nuestro esfuerzo, como legisladores y como sociedad, vale decir, involucrando responsablemente en una Cruzada Nacional contra las Adicciones a todas nuestras instituciones políticas, jurídicas, educativas y de salud, en el diseño de una Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones.

Argumentación

El tema de las drogas se encuentra ineluctablemente ligado tanto al de sus adicciones, como al de su trasiego y venta (narcotráfico). Puede decirse que, desde hace poco más de medio siglo, ocupa la atención de los gobiernos de todo el mundo. No sólo por los cuantiosos recursos ligados al tráfico de drogas y a las miles de víctimas que arroja su combate, sino por sus efectos sobre la salud de consumidores y no consumidores, pues no cabe duda de que afecta a la sociedad entera.

Evidentemente no es nuestro propósito hacer la apología de la lucha contra el narcotráfico en México y menos en el mundo, pero sí queremos partir de esos dos temas sobre su combate y las nocivas repercusiones a la salud, para plantear -desde ahora- que el gran tema ha sido desde principios del siglo XX la instauración del modelo prohibicionista en la política de drogas y la consiguiente criminalización no sólo del traficante sino del usuario común. De suerte que el problema de la salud ha sido, más bien, una preocupación característica de las últimas décadas del siglo XX y de nuestros días, cuando el paradigma de los derechos humanos ha encontrado mayor aceptación mundial.

Se trata, pues, de un grave problema que se metió en nuestras vidas, que camina en las calles, que no hace excepción de nadie ni de nada y que, más lacerante aún, ha tocado a nuestras familias, a nuestros hijos.

Por ello, hemos dividido nuestra exposición en tres partes: 1. El impacto económico-social; 2. Impacto del consumo en la salud y la adicción; y 3. El marco legislativo

1. Impacto económico

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas 2016 publicado en el marco de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas, se estima que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas de entre 15 y 64 años en todo el mundo, consumieron por lo menos una droga en 2014. De esas personas, más de 20 millones padecen trastornos relacionados con su consumo, de las cuales 12 millones son consumidores de drogas por inyección; de esta cantidad, el 14 por ciento vive con el VIH, por lo que se considera que el impacto del consumo de drogas en lo que respecta a sus consecuencias para la salud sigue siendo devastador. De hecho, según este Informe, el número de muertes relacionadas con las drogas en 2014 se calculó en aproximadamente 207 mil 400 personas de entre 15 y 64 años.

Esto ayuda a dimensionar que se trata de un problema de salud pública en escala global, en estrecha relación con el funcionamiento de un sistema económico al servicio del narcotráfico, como lo demuestran las cifras de su impacto económico.

Así, mientras en 1990 la ONU calculaba que el tráfico global de drogas alcanzaba los 500 mil millones de dólares, en el 2013 llegó a la suma de 683 mil millones de dólares, es decir aproximadamente el 1.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial, de los cuales el 70 por ciento es lavado en el sistema financiero y en los paraísos fiscales.

Por su parte, el estudio El problema de las drogas en las Américas, patrocinado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), reveló que alrededor de dos terceras partes de los ingresos totales se concretan al final de la cadena, con ventas al menudeo. De modo que, según estimaciones de la ONU, tan sólo las ventas minoristas de drogas pueden llegar hasta unos 320 mil millones de dólares (0.9 por ciento del PIB global).

Un problema que nos aqueja directamente, es que en los países sudamericanos los ingresos anuales provenientes de las drogas ascienden a 150 mil millones de dólares, de los cuales la región de América del Norte genera la mayor parte del total en el hemisferio. En ese contexto, México ha dejado de ser un país de tráfico de drogas (hacia uno de los mayores mercados de consumo de droga, como Estados Unidos), convirtiéndose en un país de consumo, especialmente de marihuana. Esta droga, por ejemplo, representa 70 por ciento del mercado ilegal de drogas en el mundo.

Según Rodrigo Alpízar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), los cárteles mexicanos obtienen hasta 216 millones de dólares por cada tonelada de droga enviada a los mercados asiáticos, llegando a alcanzar 3 mil 400 por ciento al exportar cocaína.

De acuerdo con otras fuentes, el negocio del narco representa un valor de 40 mil millones de dólares por año para las organizaciones criminales mexicanas y sus afiliadas, que dominan el abastecimiento y distribución de la mayoría de las drogas ilícitas en Estados Unidos, de acuerdo con cifras de la página especializada en la valuación de mercados ilícitos havocscope.com.

Pasando ahora al tema del impacto social, hay que decir que, prácticamente desde principios del siglo XX, con la Convención Internacional del Opio de 1912 que establece el primer tratado de fiscalización internacional, se instituye gradual pero inexorablemente (en la mayoría de los países) una política prohibicionista que, a la postre, implicó la criminalización del consumidor y la judicialización de los procesos de tratamiento de los mismos.

La política prohibicionista se funda en la premisa de que “... ciertas drogas tienen invariablemente un impacto negativo en la vida de las personas [por lo que], los Estados deben trabajar para reducir el daño que causan a la sociedad y, de hecho, los obliga a ello, e incluso mediante el derecho penal”.

Ello no obstante, de manera muy marginal, se fue abriendo paso un paradigma menos agresivo que busca, desde el Estado, preservar la salud física y mental de las personas (lo que veremos más adelante). Lo que, sin embargo, obligó a la mayoría de los Estados a decantarse por el prohibicionismo fue, en primer lugar, la relación entre su combate y el incremento de la violencia directa y, en segundo, su relación en la incidencia de delitos y de accidentes relacionados con el uso de drogas.

En el marco de la guerra contra las drogas en nuestro país, especialmente después de 2009, las instituciones de impartición de justicia se enfocaron, precisamente, en la persecución de delitos contra la salud, pero no desde un enfoque de sanidad. Como resultado de esto, durante 2010 se detuvo a 72 mil 460 personas por delitos contra la salud, según información de la Procuraduría General de la República (PGR).

En términos judiciales, la detención por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, fue de 40 mil 763 en 2010, resaltando el hecho de que en la mayoría de casos las personas no estaban acusadas de otros delitos. En el mismo año, los delitos de posesión y consumo representaron 71 por ciento de las averiguaciones previas iniciadas en materia de salud por la procuraduría. A decir de Catalina Pérez Correa, 140 mil 860 personas fueron detenidas por la PGR entre 2009 y 2013 en todo el país, por consumo de sustancias ilícitas. Y en el mismo periodo fueron iniciadas 52 mil 74 averiguaciones previas por consumo a nivel federal.

Aunque no se cuenta con suficiente información, sabemos que esa política de castigar los delitos contra la salud de manera homogénea, lo mismo contra pequeños consumidores y narcomenudistas que traficantes con historia criminal, deja entrever que se requiere de una reforma que permita distinguir y discriminar los delitos, incluso antes y durante los procesos judiciales.

En este sentido, los Resultados de la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 2012, reveló que los delitos contra la salud representan todavía el principal delito de los sentenciados en los centros penitenciarios federales, con 60.2 por ciento, del cual, 57.6 por ciento eran hombres y 80 por ciento eran mujeres, respectivamente. El 88 por ciento de estas mujeres fueron sentenciadas por delitos relacionados directamente con las drogas. No obstante, llama la atención que el 98.9 por ciento de ellas no cuenta con antecedentes penales, y en 91.6 por ciento de los casos no portaban armas.

Principales delitos de los internos en el fuero federal (distribución por género).

Sobre ello, Miguel Carbonell ha señalado con atingencia el círculo delictivo en la relación entre ese tipo de población y la vulnerabilidad social o pobreza, pues “en muchas ocasiones, las y los niños deben abandonar sus estudios para empezar a trabajar”, pues según la encuesta, el 18.4 por ciento de los internos que vendieron drogas cuando eran menores de edad, lo hicieron por la necesidad de llevar dinero a sus casas. El especialista añade que:

Estos contextos de pobreza, violencia y falta de educación son muy similares entre las y los internos. El 53.7 por ciento de los hombres internos y 60 por ciento de las mujeres no completaron la secundaria, y 56.6 por ciento de los hombres y 45.3 por ciento de las mujeres dijeron que la razón por la que no continuaron estudiando es porque tenían necesidad de trabajar.

Por otro lado, siguiendo con esa Encuesta, de las personas sentenciadas por delitos contra la salud, 40.7 por ciento afirmaron que fue por transportar drogas, 38.5 por ciento por posesión (traer consigo), 15.4 por ciento por vender al menudeo, 8.9 por ciento por traficar, 4.9 por ciento por vender al mayoreo, 3.2 por ciento por ‘“fomento al narcotráfico”´, 3 por ciento por suministro, 1.8 por ciento por consumo y 1.8 por ciento por plantar o cultivar drogas.

En el caso de los hombres, 40 por ciento de los sentenciados por delitos contra la salud dijo estarlo por posesión, frente al 30.3 por ciento de las mujeres. En el caso de suministro, fueron 13.2 por ciento las mujeres sentenciadas, por sólo 1.2 por ciento de los hombres.

Al preguntar sobre la sustancia por la que fueron sentenciados, 58.7 por ciento de las personas reportaron que se trataba de mariguana, 27.3 por ciento dijo cocaína, 11.1 por ciento metanfetaminas, 8.3 por ciento heroína, 3.4 por ciento piedra o crack y 2 por ciento de pastas o “chochos” (medicamentos controlados). Incluso, el 2 por ciento reportó que les habían “sembrado” la droga.

En este punto se observan algunas diferencias importantes al considerar el sexo, pues los hombres sentenciados por delitos contra la salud reportaron: la mariguana en 61.7 por ciento de los casos, la cocaína en 26.8 por ciento, las metanfetaminas en 10 por ciento, la heroína en 7.2 por ciento, la piedra y el crack en 3.3 por ciento y la amapola en 2.2 por ciento de casos; mientras que las mujeres reportaron la mariguana en 42.1 por ciento de los casos, la cocaína en 30.3 por ciento, metanfetaminas en 17.1 por ciento, la heroína en 14.5 por ciento, las pastas (medicamentos controlados) en 6.6 por ciento, los psicotrópicos 17 en 5.3 ´por ciento y, la piedra o cracken 3.9 por ciento.

Desde nuestro punto de vista, el siguiente dato revela el extremo de aquel círculo delictivo de la pobreza ligada al delito y a su sanción, pues el valor en pesos de la droga por la que fueron sentenciados los encuestados muestra lo que muchas personas están dispuestas a arriesgase por unos cuantos pesos, sin importar el elevado riesgo. Así, 20.2 por ciento de ellos reportó que tenía un valor entre 0 y 5 mil pesos; 9.7 por ciento entre 5 mil 1 pesos y 20 mil; 6.3 por ciento entre 20 mil 1 pesos y 50 mil; 5.1 por ciento entre 50 mil 1 pesos y 100 mil y 27.6 por ciento que tenía un valor en pesos superior a los 100 mil 1 pesos.

Esta Encuesta resalta el alto porcentaje de personas que reportaron haber sido sentenciados por transporte y posesión de narcóticos (siendo la primera y segunda mención más frecuente). De modo que, del total de las personas encuestadas, el 23.1 por ciento resultaron sentenciadas por posesión, el 24.5 por ciento por transporte, mientras un 9.3 por ciento por venta al menudeo de narcóticos. En suma, esa información ilustra cómo el 57 por ciento de la población total encuestada está sentenciada por esos tres delitos, frente a un 33.5 por ciento de la población total sentenciada por posesión, venta al menudeo o consumo.

Al respecto, la encuesta advierte que “... el alto porcentaje de personas sentenciadas por posesión, venta al menudeo y consumo resulta preocupante pues sugiere una política de drogas enfocada en detener a traficantes de pequeña escala y/o a consumidores.” Además, se agrega que el alto porcentaje de personas sancionadas por esas modalidades delictivas implica una enorme carga al sistema penitenciario, y evidencia un dispendio de recursos que no son utilizados para perseguir y sancionar conductas delictivas de mayor importancia y gravedad social, lo que confirma el enfoque criminalizador y, de cierto modo, la insuficiencia y limitación de las políticas públicas encaminadas a prevenir y tratar el problema de las adicciones a tiempo, como se intentará mostrar en la segunda parte de esta exposición.

2. Impacto del consumo en la salud y la adicción

La información científica muestra que las medidas de prevención, intervención temprana, atención, tratamiento, rehabilitación e integración social, así como el conjunto de medidas continuas de atención para las personas que consumen drogas, reducen su consumo y, consecuentemente, su repercusión en la salud pública. También sabemos que este tipo de medidas inhiben otros comportamientos de riesgo, como la agresión y la ausencia escolar. Sus beneficios favorecen tanto a los propios consumidores de drogas como a la sociedad en general y han resultado eficaces para prevenir, por ejemplo, el VIH y la hepatitis viral.

Como se asegura en el Informe Mundial de Drogas 2016, las intervenciones para reducir la demanda de drogas son eficaces cuando se motivan en medidas de eficacia demostrada, como las orientadas a minimizar las consecuencias adversas del uso indebido de drogas en los ámbitos, precisamente, social y de salud pública. Entre esas medidas se encuentran los programas adecuados de distribución de agujas y jeringuillas, la terapia de sustitución de opiáceos, la terapia antirretroviral y otras intervenciones pertinentes destinadas a prevenir la transmisión del VIH, la hepatitis viral y otras enfermedades de transmisión sanguínea relacionadas con el consumo de drogas. En cambio, asegura el Informe, “el internamiento obligatorio en centros de tratamiento del abuso de drogas con frecuencia dificulta la ya problemática vida de las personas que consumen drogas y las que sufren drogodependencia (sic.), en particular las más jóvenes y vulnerables”.

En términos del impacto del consumo en la salud pública, diferentes estudios alertan sobre cuestiones que resultan preocupantes, como es el hecho de que cada vez más se adelanta la edad para probar la droga y cada vez son más las mujeres que recurren al uso de alguna sustancia.

Por ejemplo, según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, elaborada por la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), de la Secretaria de Salud, a nivel Primaria se ha tenido la oportunidad de contar por primera vez con información nacional, lo que nos muestra cómo se presenta la problemática del consumo de drogas en los alumnos de 5o y 6o año.

En este sentido, los datos muestran un escenario ligeramente diferente a lo que se observa en secundaria y bachillerato. La prevalencia de consumo de drogas alguna vez es baja (3.3 por ciento), y la mayoría -3 de cada 4 niños que las han probado- son experimentadores. En este grupo de edad se observa que hay tres consumidores hombres por cada consumidora mujer; además, la mariguana se presenta como la droga de mayor consumo, ligeramente por arriba de los inhalables tanto en hombres (3.4 por ciento y 2.7 por ciento respectivamente) como en mujeres (1.1 por ciento y 0.9 por ciento respectivamente). Se observó, incluso, que la prevalencia del consumo de las sustancias es similar en niños que asisten a escuelas de comunidades rurales (3.5 por ciento) y urbanas (3.2 por ciento).

Por otra parte, la radiografía del país cambia en relación a lo que se mostró para secundaria y bachillerato. En este nivel educativo, Quintana Roo, Michoacán, Campeche y San Luís Potosí son los estados donde, en una u otra sustancia, se encuentran los porcentajes por arriba de la prevalencia nacional.

En secundaria y bachillerato, por otro lado, ha aumentado el consumo de drogas en general -y especialmente de la marihuana- en algunos estados del país, quizá en parte por el bajo costo de la marihuana.

El 17.2 por ciento de los estudiantes de secundaria y bachillerato han consumido alguna vez alguna droga; de los cuales, cerca de dos terceras partes refirió el consumo de mariguana. Así, de cada 10 usuarios, 7 son usuarios experimentales; es decir, consumieron sustancias entre una y cinco veces. Aunque el consumo sigue siendo más frecuente en los hombres, la distancia se ha reducido con respecto a las mujeres; por cada 6 consumidoras, hay 7 hombres que reportan consumo.

El mayor índice de consumo se observa en los estudiantes de mayor edad. Por ejemplo, entre los que tienen 18 años y más, el 36.2 por ciento ha consumido drogas, y 2 de cada 5 usuarios de este grupo de edad, las usa regularmente.

Asimismo, el estudio precisa que el consumo en el último año alcanza a 13.2 por ciento de los hombres y a 11.2 por ciento de las mujeres; específicamente, 9 por ciento en hombres y 8.7 por ciento en mujeres que cursan secundaria y 20.2 por ciento y 15.2 por ciento, respectivamente, de los que cursan bachillerato.

En el caso de secundaria y bachillerato, el estado de México, el Distrito Federal, Quintana Roo, Jalisco y Chihuahua presentan la problemática más alta de consumo de sustancias. Los estudiantes de secundaria en Acapulco, Cancún y Playa del Carmen superan el valor nacional de consumo de crack, pero los estudiantes de Guadalajara presentan el mayor consumo de cualquier droga y del consumo de mariguana e inhalables, según el estudio.

En Bachillerato, Cancún y Playa del Carmen están también por encima de la media en el consumo de cualquier droga y de mariguana; Cuautla está por arriba en el consumo de mariguana y particularmente, la ciudad que requiere mayor atención por parte de las autoridades de salud y educativas, es Ecatepec, en particular en los estudiantes del bachillerato, que están arriba en el consumo de todas las sustancias.

Lo que nos interesa de esta información es mostrar la urgencia de diseñar mejores y más articulados programas de atención contra las adicciones, pues es evidente que el problema afecta gravemente a los jóvenes y sobre todo a los más necesitados, en todas las entidades, pero con mayor apremio en el norte del país.

De hecho, en las conclusiones de la citada Encuesta se postula que esta problemática conlleva la necesidad de tener y mejorar las prácticas de supervisión parental y de entrenar a los estudiantes en habilidades como la resistencia ante la presión de sus compañeros adolescentes. Aunque huelga decir que la personalización y familiarización del problema no es solución si no intervine el Estado.

Acorde con las recomendaciones que ha dado la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONODC), es importante la prevención temprana basada en evidencia, merced a programas preventivos enfocados al desarrollo de habilidades sociales y de prácticas efectivas de parentalidad o en el contexto escolar, para disminuir la problemática asociada al consumo de drogas y, en general, a la salud mental de los individuos. La escuela en su nivel básico y en bachillerato, como se aprecia, ha venido fungiendo como un transmisor de prácticas y conductas que inciden en el consumo de drogas y eso no puede seguir así.

Desde luego, México cuenta con servicios de atención para atender esta problemática en los jóvenes, como las Unidades Médicas de Alta Especialidad, Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA), o los Centros de Integración Juvenil (CIJ), entre otros, pero a juzgar por las estadísticas, aún estamos lejos de un auténtico sistema de salud contra la adicción. No hay duda de que es necesario diseminar estos centros en la población y ampliarse para dar cobertura adecuada a la demanda real, contar con servicios especializados y separados para hombres y mujeres, con el fin de atender sus requerimientos específicos. En ese marco y de acuerdo con la Encuesta, se requiere:

... una política clara de prevención del consumo de drogas, con intervenciones basadas en evidencia y de bajo costo, que den mejores herramientas tanto a los niños, como a sus padres y maestros; para mejorar la convivencia, el entorno social y educativo, y tener mejores respuestas ante el problema del consumo de drogas y la salud mental en general ... Esto debe trasladarse y permear en los estados y los municipios para tener mejores prácticas preventivas que conlleven a mejores opciones de desarrollo para la niñez, adolescentes y jóvenes de nuestro país.

Existe, además, la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), alineada el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que en el marco de las estrategias para dar respuesta al problema de las adicciones en los jóvenes, ha desarrollado un paquete integral de estrategias psicoeducativas, específicamente orientado a prevenir el consumo de tabaco, alcohol y drogas entre niños, niñas y adolescentes. Este paquete consiste en una serie de Guías Preventivas que se dieron a conocer en marzo de 2017, y que buscan “incidir y entrenar a niños y adolescentes en el desarrollo de hábitos saludables y en el enfrentamiento de las presiones asociadas al consumo de sustancias”.

La dinámica de implementación de estas guías busca involucrar el trabajo con niños, adolescentes, padres y maestros, buscando un impacto desde una perspectiva integral: familia-escuela-sociedad. La idea es que el profesional de la salud tenga posibilidad de realizar adaptaciones.

Las Guías Preventivas se integran por seis cuadernillos de trabajo, cartas descriptivas y procedimientos, cuyas actividades y estrategias están orientadas a desarrollar competencias y habilidades específicas en cada grupo de edad:

1. “Creando mi Mundo de Protección”, dirigida a niños y niñas de 6 a 9 años de edad.

2. “Yo elijo mi vida sin drogas”, dirigida a niños y niñas de 10 a 12 años de edad.

3. “La neta de las drogas y algo más...”, dirigida a adolescentes de 12 a 17 años de edad.

4. “La neta del tabaco y algo más...”, dirigida a adolescentes de 12 a 17 años de edad.

5. “La neta del alcohol y algo más...”, dirigida a adolescentes de 12 a 17 años de edad.

6. “Hablemos sobre el alcohol, tabaco y otras drogas...”, dirigida a padres de familia y maestros.

Pero más allá del diagnóstico general del consumo de drogas en la escuela, a nivel nacional, de acuerdo con la reciente Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2016, el consumo de drogas ilegales en México aumentó 47 por ciento, mientras que el uso de drogas entre adolescentes se duplicó, desde la aplicación de la Encodat 2011, mostrando que 7.4 millones las han consumido alguna vez en la vida.

Según los datos preliminares revelados a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, por Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Conadic, a escala nacional 8.4 millones de personas de 12 a 65 años han consumido alguna vez drogas ilegales, de las cuales 6.5 millones son hombres, lo que representa un incremento de 25 por ciento respecto de 2011; mientras que el consumo en mujeres aumentó 105 por ciento (cuatro veces más que los hombres), siendo 1.9 millones mujeres que alguna vez han usado algún sicotrópico.

Preocupa saber que, entre los hombres adolescentes, el aumento fue de 78 por ciento, en tanto que las mujeres reportaron un alza de 222 por ciento para cualquier tipo de droga (aunque la marihuana sigue siendo la más consumida).

Otro dato interesante es que a pesar del incremento en el consumo ocasional o incluso en el último año, como se preguntó en la encuesta, la cantidad de adictos todavía es pequeña: 0.6 por ciento de los individuos de 12 a 65 años, lo que equivale a 546 mil. A decir del titular de Conadic:

Esto nos habla de un aumento en la experimentación con las drogas ilegales, que no necesariamente implica un consumo continuo ni naturalmente una adicción. Sin embargo, si no se detecta de forma oportuna o los primeros consumos hay mayor probabilidad de desarrollar un trastorno serio en el uso de estas sustancias.

Agregó, además, que el origen del consumo de drogas se encuentra en las condiciones de marginación, falta de oportunidades de educación, trabajo, culturales y deportivas en que se encuentran muchos sectores de la sociedad. También ha influido la existencia de asentamientos humanos irregulares.

En el mismo evento, Antonio Luigi Mazzitelli, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas comentó el Informe Mundial de Drogas 2017, según el cual a escala global 255 millones de personas han consumido sustancias ilícitas alguna vez en la vida, lo que representa un aumento de 5 millones respecto del año pasado. La mariguana continúa siendo la sustancia predominante en cuanto a la cantidad de usuarios, y le siguen las drogas sintéticas (anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis) y los opiáceos. Añadiendo que al año se registran 190 mil muertes a causa de sobredosis en la mayoría de los casos.

Hay que decir que, respecto a las tendencias regionales en Norte, Centro y Sur del país, desde la pasada Encodat 2011, se mostró que la región Norte -sobre todo las zonas fronterizas-, tiene las prevalencias más altas; le siguen el Centro y el Sur, esta última con las cifras más bajas de consumo.

3. Marco legislativo

Como anticipamos, la Convención Internacional del Opio de 1912 marca el precedente de las políticas prohibicionistas y criminalizadoras en el manejo y control de drogas y adicciones, que hasta 1953 adoptó la comunidad internacional para imponer un régimen mundial de control de drogas. En 1936 se celebra el Convenio para la Supresión del Tráfico Ilícito de Drogas Nocivas en el que se instituye la obligación de los países de tipificar las conductas relacionadas con el uso de drogas. Por recomendación de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, se elabora un documento que, dará lugar a la Convención Única sobre Estupefacientes, a partir del cual surgen dos tratados más: el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Digamos que esos 3 instrumentos constituyen la esencia de la política de drogas en el mundo y, desde luego, en México.

Por otro lado, el que la principal potencia económica en el mundo sea, a su vez, el mercado más grande de consumidores de muchas sustancias ilegales y que nuestro territorio nacional funcione lo mismo para producir que para traficar drogas desde Centro y Sudamérica, ha influido para que nuestras instituciones de justicia adopten el mismo enfoque internacional en política de drogas y adicciones.

Dicho enfoque, sin embargo, cobró inusitada fuerza cuando el entonces presidente Calderón presentó el Plan Nacional de Desarrollo estableciendo como eje, en el punto de Estado de Derecho y Seguridad, “... recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado”.

En esa lógica, se modificó significativamente el marco legal en la materia, ya que se aprobó la llamada Ley de Narcomenudeo en 2009. En realidad, se trataba de un conjunto de reformas, adiciones y derogaciones a tres ordenamientos legales: la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales, en materia de delitos contra la salud y de políticas de salud hacia las adicciones. Un problema en la reforma, empero, es que si bien el propósito de la Ley de Narcomenudeo era incorporar a las entidades federativas en la ejecución de la política de drogas federal, no las hacía parte de su diseño.

Desde luego, la Ley General de Salud estableció nuevas obligaciones en materia de salubridad para las entidades federativas, como la prevención y tratamiento de adicciones. Instituyó el capítulo VII denominado “Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo”. También se modificaron las conductas típicas para distintas actividades relacionadas con drogas (delitos contra la salud), para lo cual se creó la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato, que establece las cantidades máximas permitidas de cada sustancia para ser considerada sólo como consumo individual.

Por supuesto fue un pequeño avance que se reconociera implícitamente el consumo como una actividad no delictiva. El problema que queremos hacer notar es que se criminalizaron otras actividades que evidentemente son necesarias para su consumo, como la posesión, suministro y, por supuesto, la producción, el transporte y el tráfico de las sustancias. Esto ayuda a explicar por qué existen muchos consumidores o portadores en pequeña escala en las cárceles del país, a lado de criminales de diversa índole.

De ese modo, el nuevo régimen impuso tres categorías de delitos contra la salud: 1. la posesión para el consumo personal (actividades con cantidades de la sustancia inferiores a las que establece la Tabla de orientación) o consumidores no problemáticos y farmacodependientes; que aunque se trata de un delito, en este caso el Ministerio Público no ejercerá acción penal. 2. el narcomenudeo (actividades con cantidades mayores a las que establece la Tabla pero menores a multiplicar dichos montos por mil), que corresponde perseguir a las autoridades locales, salvo ciertos supuestos como delincuencia organizada. 3. los demás delitos contra la salud, como el tráfico o comercio a gran escala (se reformó el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales).

En términos generales, la mayoría de esos parámetros legales continúan existiendo y, sobre todo, determinando incluso la política de salud, por lo que urge, como postuló el presidente, un cambio de visión hacia un enfoque de derechos humanos a nivel nacional, para readecuar las leyes e instituciones; pero también para general un nuevo marco de convivencia entre los estados, municipios y la Federación en la atención, tratamiento y control de las adicciones.

Ciertamente, ya se han dado algunos esfuerzos. Por ejemplo, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación en conjunto con la Comisión Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud, y la Organización de los Estados Americanos (OEA) programaron instituir y expandir las cortes de drogas en México, que son un tipo de mecanismo de derivación para usuarios de drogas en conflicto con la ley y que nacen en la década de los 80 en Estados Unidos, con la finalidad de “despresurizar el sistema carcelario, evitar la reincidencia y reducir la criminalidad”.

De modo que el gobierno federal se propuso establecer el programa, entre 2014 y 2018, de tal manera que en éste último año todos los estados contasen con el programa de Tribunal para el Tratamiento de Adicciones (TTA), como se les denominó en México.

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 estableció la necesidad de impulsar la suspensión condicional del proceso como un medio para descongestionar el sistema de justicia penal:

... para la presente administración es prioritario impulsar la reforma al Nuevo Sistema de Justicia, que se caracteriza por la oralidad, transparencia, mediación, conciliación, reparación del daño y por garantizar los derechos humanos tanto de la víctima como del imputado.

Como nos recuerda la especialista Tania T. Ramírez, para el funcionamiento de los tribunales, el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) los contempla bajo la forma de suspensión condicional del proceso (art. 195). Así, el proceso es suspendido mientras la persona es remitida al programa para ver si es aceptada, y se le da el “beneficio” de someterse “voluntariamente” a un tratamiento bajo supervisión judicial y atender su “adicción”. Pero si falla en el tratamiento, la sanción puede ser la expulsión del programa, con el consecuente cumplimiento de la pena “original”.

El problema es que, según ha documentado esa especialista, todavía hay que revisar el funcionamiento de los Tribunales, pues podrían generarse otros problemas:

1) continúan siendo una respuesta judicial a un problema de salud; 2) presuponen un nexo necesario entre la comisión del delito y la supuesta adicción, lo cual refuerza la criminalización del consumo; 3) se acepta tácitamente que esas personas no deberían estar en la cárcel, pero si no logran cumplir el tratamiento, esa es la sanción; 4) la persona que es expulsada del tratamiento queda en una peor situación (vive una “doble sanción”) y suma un doble costo económico para el sistema (el del tratamiento incompleto y el del proceso penal que debe completar), y 5) los tratamientos tienen como eje la abstinencia, ignorando que existen otras opciones, como los tratamientos sustitutivos o el manejo del consumo para que no sea problemático.

Por último, existen dos casos que explican parte de los cambios más recientes en la legislación, el primero es el caso de la niña Grace que padece convulsiones epilépticas, por lo que necesitaba la importación de una medicina con cannabidiol (sustancia derivada del cannabis) para su tratamiento, la cual está prohibida por la Ley General de Salud. Finalmente, en agosto de 2015 el juez tercero de Distrito en Materia Administrativa, concedió un histórico amparo para que las autoridades permitan que los padres de Graciela Elizalde importen una sustancia, lo que a la fecha le ha reducido sensiblemente las convulsiones.

El segundo caso es el dictamen de noviembre de 2015 de la SCJN, que permite el uso de la marihuana con fines terapéuticos y medicinales a cuatro personas, al considerar que la actual legislación afecta al derecho de libre desarrollo personal.

Todo ello motivó una amplia consulta y la realización de Foros por parte de las dos cámaras del Congreso y que, a la postre, se tradujeron en cinco iniciativas, incluyendo una del presidente de la República. De manera que el 13 de diciembre de 2016 el Senado aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, permitiendo en el país el uso medicinal y científico de la marihuana.

La iniciativa que a continuación se presenta retoma en su esencia las tesis más relevantes del debate y de las diferentes propuestas de los partidos; de modo particular, la del presidente de la República. Para nosotros es evidente que urge impulsar una Cruzada Nacional contra las Adicciones, que no excluya a nadie ni ceje en el esfuerzo por librar a nuestras niñas y niños, jóvenes, mujeres y hombres del cáncer de las drogas y sus adicciones.

Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa propone reformar el artículo 73 de nuestra Constitución, con el objetivo de facultar al Congreso Federal para poder expedir la Ley General del Sistema Nacional Contra las Adicciones, que siente las bases constitucionales y legales para la implementación de una política integral de largo plazo contra las adicciones. El objetivo que se plantea es definir las competencias, atribuciones, así como establecer la concurrencia, entre los tres órdenes de gobierno para atender este problema desde un enfoque de salud pública y con apego a los derechos humanos de los usuarios.

Desde nuestro punto de vista, una parte importante del debate nacional en torno a las drogas ha sido acaparado por el tema de despenalizar su consumo, pero ello no agota ni soluciona el grave problema de salud que en el fondo presupone su uso o abuso.

También sabemos que los cambios en el marco legal, aunque valiosos, no son suficientes para dar respuesta a los graves problemas relacionados con el uso, disfrute y control de las drogas.

Hoy en día, existen esfuerzos aislados que han dado lugar a resultados diversos en la lucha contra las adicciones. Con la Ley General se busca homologar las políticas, mecanismos de prevención y los tratamientos para transitar hacia un sistema homogéneo que contribuya a revertir la proliferación de las adicciones en nuestro país. Es por eso que necesitamos ampliar las facultades de nuestro Congreso Federal para garantizar un mejor marco integral que permita combatir eficazmente a las adicciones.

Hay que recordar que actualmente nuestra Constitución faculta al Congreso para legislar en materia de salubridad, por lo que no se estaría vulnerando en modo alguno el pacto federal, pero es menester instituir definitivamente su facultad para proclamar una Ley General que funde un auténtico sistema nacional contra las adicciones. Creemos que un compromiso así nos permitirá emprender una gran Cruzada Nacional contra las Adicciones, con resultados en el corto y mediano plazo. Ya no estamos para continuar postergando los cambios que necesita México y nuestra gente y tampoco para dejarle a las generaciones venideras la responsabilidad de adecuar nuestras leyes con la promesa de mejorar algún día.

Proyecto de decreto

Único.Por el que se reforma la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a la XVI (...)

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración, salubridad general de la República, así como para expedir la Ley General del Sistema Nacional Contra las Adicciones.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá de expedir la Ley General del Sistema Nacional Contra las Adicciones dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 En http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/encuesta_internos_cefereso_2012 .pdf

i “Iniciativas sobre Marihuana”, Audiencias Públicas para las Alternativas de Regulación de la Marihuana, en

http://www.senado.gob.mx/marihuana/img/cabecera.png

ii Facultando a la Secretaría de Salud a diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que figura el tetrahidrocannabinol (THC), sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos (“Senado aprueba uso de la marihuana medicinal”, El Economista, 13 de diciembre de 2016, en

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/12/13/senado-aprueba-uso- marihuana-medicinal).

iii Resumen Ejecutivo, Informe Mundial sobre las Drogas 2016, UNODC Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, en

https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_spanish.pdf

iv “Tráfico de drogas, su impacto en la economía mundial”, Mundo Ejecutivo, en 1 de julio de 2014,

http://mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios/2014/07/01/ trafico-drogas-su-impacto-economia-mundial

v En http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=3209

vi “Las cifras económicas del narco”, El Economista, 14 de julio de 2015, en

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/07/14/las-cifras- economicas-narco

vii “La cocaína deja ganancias de 3 mil 400% a los cárteles”, Oaxaca adiario, 14 de mayo de 2015, en

http://www.adiariooax.com/la-cocaina-deja-ganancias-de-3400-a-los-carteles/

viii “La economía detrás del narcotráfico”, El Economista, 8 de enero de 2013, en

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/01/08/ economia-detras-narcotrafico

ix Jorge Hernández Tinajero, “Instancias y mecanismos internacionales para el control de drogas: consecuencias imprevistas”, en Qué hacer con las drogas, Rodolfo Vázquez (comp.), Fontamara, México, 2010, p. 118.

x “Guía sobre políticas de drogas”, Consorcio Internacional sobre política de drogas, 2012, pp. 12 y 122, en

http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/planesNacionales/ docs/Guia_politicas_drogas_SPA.pdf

xi Catalina Pérez Correa (coord.), Justicia desmedida. Proporcionalidad y delitos de drogas en América Latina, Fontamara, México, 2012, pp. 168-169.

xii Ibid, p. 184.

xiii Miguel Carbonell, “Primera Encuesta a Población en Reclusión del Sistema Penitenciario Federal”, 9 de marzo del 2013, en

http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Primera_Encuesta_a_Poblaci_n_en_ Reclusi_n.shtml

xiv “Resultados de la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social”, CIDE, 2012, en

http://big.assets.huffingtonpost.com/CIDE_Prison_Poll_2012.pdf

xv Resumen Ejecutivo, Informe Mundial sobre las Drogas 2016, cit.

xvi “La neta de las drogas y algo más...”, Guía preventiva para adolescentes, en

http://www.conadic.salud.gob.mx/Guia_Preventivas/La_neta_de_las_drogas.pdf

xvii “Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Drogas”, Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), 2015, en

http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/investigacion/ENCODE_DROGAS_2014.pdf Véase también, Informe sobre Uso de Drogas en las Américas 2015, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.2015, en

http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=3209

xviii Su misión es “promover y proteger la salud de los mexicanos, mediante la definición y conducción de la política nacional, en materias de investigación, prevención, tratamiento, formación y desarrollo de recursos humanos para el control de las adicciones, con el propósito de mejorar la calidad de vida individual, familiar y social”,

http://www.conadic.salud.gob.mx/interior/mision.html

xix “Conadic presenta guías preventivas para niños, niñas, adolescentes, padres y maestros”, México, DF, a 23 de marzo de 2017, en

http://www.conadic.salud.gob.mx/Guia_Preventivas/guia.html (última consulta, 28 DE MARZO DE 2017).

xx “En los últimos 7 años, consumo de drogas en México aumentó 47%”, Televisa.NEWS, 27 de junio de 2017, en http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-06-26/ en-ultimos-7-anos-aumento-47-consumo-drogas-mexico/

xxi “El consumo de drogas entre mujeres adolescentes aumentó 222 por ciento”, La Jornada, 27 de junio de 2017, en

http://www.jornada.unam.mx/2017/06/27/politica/007n1pol

xxii Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, “Estado de Derecho y Seguridad”, en

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=crimen-organizado

xxiii Alejandro Madrazo Lajous, El impacto de la política de drogas 2006-2012 en la legislación federal, CIDE, México, 2014, p. 35, en

http://ppd.cide.edu/documents/302668/0/Libro%207.pdf

xxiv Tania Tlacaelelt Ramírez Hernández, “Cortes de drogas en México: persiguiendo a los consumidores”, Nexos, 25 de junio de 2015, en

http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=4743

xxv “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,” en

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465 &fecha=20/05/2013

xxvi Véase, Tania Tlacaelelt Ramírez Hernández, La expansión de los tribunales de drogas en México, CIDE, Cuadernos de Trabajo del Monitor del Programa de Política de Drogas, 2016, pp. 24-26. Como agrega la especialista, “Todo ello ocurre previo a una sentencia, así que al acceder a entrar al programa, la persona estaría de alguna manera aceptando su culpabilidad, con las implicaciones que ello tiene para el principio de presunción de inocencia”.

xxvii Tania T. Ramírez Hernández, “Expansión de las Cortes de Drogas en México”, en http://www.animalpolitico.com/blogueros-el-dispensario-dialogo-sobre- drogas/2014/07/02/expansion-de-las-cortes-de-drogas-en-mexico/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de septiembre de 2017.— Diputadas y diputados: Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Abel Murrieta Gutiérrez, Adriana Terrazas Porras, Alberto Silva Ramos, Alfredo Anaya Orozco, Ana Georgina Zapata Lucero, Antonio Amaro Cancino, Carlos Federico Quinto Guillén, César Alejandro Domínguez Domínguez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, David Mercado Ruiz, Edgardo Melhem Salinas, Enrique Rojas Orozco, Fernando Navarrete Pérez, Fernando Uriarte Zazueta, Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Gloria Himelda Félix Niebla, Héctor Ulises Cristópulos Ríos, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Jesús Antonio López Rodríguez, José Antonio Salas Valencia, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Marco Antonio Aguilar Yunes, María Angélica Mondragón Orozco, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rocío Rebollo Mendoza, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Martha Sofía Tamayo Morales, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Miguel Ángel Sulub Caamal, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Nora Liliana Oropeza Olguín, Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, Pablo Bedolla López, Pedro Luis Coronado Ayarzagoytia, Pedro Luis Noble Monterrubio, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Salomón Fernando Rosales Reyes, Timoteo Villa Ramírez, Víctor Manuel Silva Tejeda, Yulma Rocha Aguilar (rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones y reforma el artículo 479 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 77; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones y se reforma el artículo 479 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Problema

Entre 2008 y 2015 se presentaron casi una decena de iniciativas en torno a la regulación del uso de drogas y el manejo de adicciones, hasta que el 4 de noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió permitir el uso de la marihuana con fines terapéuticos y medicinales, así como recreativos a 4 personas (237/2014). A partir de esta sentencia quedó claro que correspondería al Congreso realizar los ajustes pertinentes en el marco jurídico para corresponder con los preceptos esenciales ponderados por la máxima corte. Fue así como, en respuesta a ese espíritu y a sus premisas, se presentaron 5 iniciativas en el Congreso de la Unión, una de las cuales fue impulsada por el propio presidente de la República Enrique Peña Nieto, y en la cual se buscaba elevar a estándares internacionales la dosis permitida en el consumo personal. Bajo esta lógica, sería posible revisar muchos casos de personas sentenciadas por haber sido aprehendidas portando pequeñas dosis, pero por encima de lo que permite la Ley General de Salud, lo cual estaba en sintonía con el criterio de la Suprema Corte al permitir el uso medicinal y lúdico de marihuana.

El problema consiste en que, si bien el 13 de diciembre de 2016 el Senado aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, a fin de permitir en el país el uso medicinal y científico de la marihuana, el hecho es que esos cambios en el marco legal, aunque valiosos, no son suficientes para dar respuesta a los graves problemas largamente acumulados y acendrados incluso a nivel cultural en las estructuras de la sociedad mexicana, y que se relacionan con el uso, disfrute y control de las drogas. Peor aún, falta mucho para desarraigar la visión punitiva en el tratamiento a los pequeños consumidores, especialmente. Bastaría observar, por ejemplo, el título Décimo Primero, Programa Contra las Adicciones, de la Ley General de Salud, para confirmar que no existe propiamente ninguna planeación para el manejo de las adicciones relacionadas con los narcóticos, sino con el alcoholismo y el tabaquismo que, por cierto, representan un impacto social directo más negativo en muertes y daños a terceros, que las drogas. La diferencia es que en este caso su tratamiento es más judicial que de salubridad.

De manera que el propósito del presidente de transitar hacia el establecimiento de un nuevo paradigma con una visión de respeto a los derechos humanos, sin claudicar al combate al crimen organizado, ha quedado en vilo porque mientras sean criminalizados los pequeños consumidores por exceder los 5 gramos que señala la LGS todo esfuerzo legislativo será incompleto. Esto significa que todavía nos hace falta pasar de un enfoque judicial de las adicciones y consumo de drogas o substancias psicotrópicas hacia otro de auténtica salud pública.

Pero una empresa de esta naturaleza requiere de todo nuestro esfuerzo, como legisladores y como sociedad, vale decir, involucrando responsablemente en una cruzada nacional contra las adicciones a todas nuestras instituciones políticas, jurídicas, educativas y de salud, en el diseño de una Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones.

Argumentación

El tema de las drogas se encuentra ineluctablemente ligado tanto al de sus adicciones, como al de su trasiego y venta (narcotráfico). Puede decirse que, desde hace poco más de medio siglo, ocupa la atención de los gobiernos de todo el mundo. No sólo por los cuantiosos recursos ligados al tráfico de drogas y a las miles de víctimas que arroja su combate, sino por sus efectos sobre la salud de consumidores y no consumidores, pues no cabe duda de que afecta a la sociedad entera.

Evidentemente no es nuestro propósito hacer la apología de la lucha contra el narcotráfico en México y menos en el mundo, pero sí queremos partir de esos dos temas sobre su combate y las nocivas repercusiones a la salud, para plantear –desde ahora– que el gran tema ha sido desde principios del siglo XX la instauración del modelo prohibicionista en la política de drogas y la consiguiente criminalización no sólo del traficante sino del usuario común. De suerte que el problema de la salud ha sido, más bien, una preocupación característica de las últimas décadas del siglo XX y de nuestros días, cuando el paradigma de los derechos humanos ha encontrado mayor aceptación mundial.

Se trata, pues, de un grave problema que se metió en nuestras vidas, que camina en las calles, que no hace excepción de nadie ni de nada y que, más lacerante aún, ha tocado a nuestras familias, a nuestros hijos.

Por ello, hemos dividido nuestra exposición en 3 partes: 1. El impacto económico-social; 2. Impacto del consumo en la salud y la adicción; y 3. El marco legislativo.

1. Impacto económico

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas 2016 publicado en el marco de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas, se estima que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas de entre 15 y 64 años en todo el mundo, consumieron por lo menos una droga en 2014. De esas personas, más de 20 millones padecen trastornos relacionados con su consumo, de las cuales 12 millones son consumidores de drogas por inyección; de esta cantidad, 14 por ciento vive con el VIH por lo que se considera que el impacto del consumo de drogas en lo que respecta a sus consecuencias para la salud sigue siendo devastador. De hecho, según este Informe, el número de muertes relacionadas con las drogas en 2014 se calculó en aproximadamente 207 mil 400 personas de entre 15 y 64 años.

Esto ayuda a dimensionar que se trata de un problema de salud pública en escala global, en estrecha relación con el funcionamiento de un sistema económico al servicio del narcotráfico, como lo demuestran las cifras de su impacto económico.

Así, mientras en 1990 la ONU calculaba que el tráfico global de drogas alcanzaba los 500 mil millones de dólares, en 2013 llegó a la suma de 683 mil millones de dólares, es decir aproximadamente 1.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial, de los cuales 70 por ciento es lavado en el sistema financiero y en los paraísos fiscales.

Por su parte, el estudio “El problema de las drogas en las Américas”, patrocinado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), reveló que alrededor de dos terceras partes de los ingresos totales se concretan al final de la cadena, con ventas al menudeo. De modo que, según estimaciones de la ONU, tan sólo las ventas minoristas de drogas pueden llegar hasta unos 320 mil millones de dólares (0.9 por ciento del PIB global).

Un problema que nos aqueja directamente, es que en los países sudamericanos los ingresos anuales provenientes de las drogas ascienden a 150 mil millones de dólares, de los cuales la región de América del Norte genera la mayor parte del total en el hemisferio. En ese contexto, México ha dejado de ser un país de tráfico de drogas (hacia uno de los mayores mercados de consumo de droga, como Estados Unidos), convirtiéndose en un país de consumo, especialmente de marihuana. Esta droga, por ejemplo, representa 70 por ciento del mercado ilegal de drogas en el mundo.

Según Rodrigo Alpízar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), los cárteles mexicanos obtienen hasta 216 millones de dólares por cada tonelada de droga enviada a los mercados asiáticos, llegando a alcanzar 3 mil 400 por ciento al exportar cocaína.

De acuerdo con otras fuentes, el negocio del narco representa un valor de 40,000 millones de dólares por año para las organizaciones criminales mexicanas y sus afiliadas, que dominan el abastecimiento y distribución de la mayoría de las drogas ilícitas en Estados Unidos, de acuerdo con cifras de la página especializada en la valuación de mercados ilícitos havocscope.com.

Pasando ahora al tema del impacto social, hay que decir que, prácticamente desde principios del siglo XX, con la Convención Internacional del Opio de 1912 que establece el primer tratado de fiscalización internacional, se instituye gradual pero inexorablemente (en la mayoría de los países) una política prohibicionista que, a la postre, implicó la criminalización del consumidor y la judicialización de los procesos de tratamiento de éstos.

La política prohibicionista se funda en la premisa de que “...ciertas drogas tienen invariablemente un impacto negativo en la vida de las personas (por lo que), los Estados deben trabajar para reducir el daño que causan a la sociedad y, de hecho, los obliga a ello, e incluso mediante el derecho penal”.

Ello no obstante, de manera muy marginal, se fue abriendo paso un paradigma menos agresivo que busca, desde el Estado, preservar la salud física y mental de las personas (lo que veremos más adelante). Lo que, sin embargo, obligó a la mayoría de los Estados a decantarse por el prohibicionismo fue, en primer lugar, la relación entre su combate y el incremento de la violencia directa y, en segundo, su relación en la incidencia de delitos y de accidentes relacionados con el uso de drogas.

En el marco de la guerra contra las drogas en nuestro país, especialmente después de 2009, las instituciones de impartición de justicia se enfocaron, precisamente, en la persecución de delitos contra la salud, pero no desde un enfoque de sanidad. Como resultado de esto, durante 2010 se detuvo a 72,460 personas por delitos contra la salud, según información de la Procuraduría General de la República (PGR).

En términos judiciales, la detención por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, fue de 40763 en 2010, resaltando el hecho de que en la mayoría de casos las personas no estaban acusadas de otros delitos. En el mismo año, los delitos de posesión y consumo representaron 71 por ciento de las averiguaciones previas iniciadas en materia de salud por la procuraduría. A decir de Catalina Pérez Correa, 140 mil 860 personas fueron detenidas por la Procuraduría General de la República entre 2009 y 2013 en todo el país, por consumo de sustancias ilícitas. Y en el mismo periodo fueron iniciadas 52 mil 74 averiguaciones previas por consumo a nivel federal.

Aunque no se cuenta con suficiente información, sabemos que esa política de castigar los delitos contra la salud de manera homogénea, lo mismo contra pequeños consumidores y narcomenudistas que traficantes con historia criminal, deja entrever que se requiere de una reforma que permita distinguir y discriminar los delitos, incluso antes y durante los procesos judiciales.

En este sentido, los resultados de la primera encuesta realizada a población interna en Centros Federales de Readaptación Social del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 2012,reveló que los delitos contra la salud representan todavía el principal delito de los sentenciados en los centros penitenciarios federales, con 60.2 por ciento, del cual, 57.6 por ciento eran hombres y 80 por ciento eran mujeres, respectivamente. El 88 por ciento de estas mujeres fueron sentenciadas por delitos relacionados directamente con las drogas. No obstante, llama la atención que 98.9 por ciento de ellas no cuenta con antecedentes penales, y en 91.6 por ciento de los casos no portaban armas.

Principales delitos de los internos en el fuero federal (distribución por género).

Sobre ello, Miguel Carbonell ha señalado con atingencia el círculo delictivo en la relación entre ese tipo de población y la vulnerabilidad social o pobreza, pues “en muchas ocasiones, las y los niños deben abandonar sus estudios para empezar a trabajar”, pues según la encuesta, 18.4 por ciento de los internos que vendieron drogas cuando eran menores de edad, lo hicieron por la necesidad de llevar dinero a sus casas. El especialista añade que:

Estos contextos de pobreza, violencia y falta de educación son muy similares entre las y los internos. El 53.7 por ciento de los hombres internos y 60 por ciento de las mujeres no completaron la secundaria, y 56.6 por ciento de los hombres y 45.3 por ciento de las mujeres dijeron que la razón por la que no continuaron estudiando es porque tenían necesidad de trabajar.

Por otro lado, siguiendo con esa Encuesta, de las personas sentenciadas por delitos contra la salud, 40.7 por ciento afirmaron que fue por transportar drogas, 38.5 por ciento por posesión (traer consigo), 15.4 por ciento por vender al menudeo, 8.9 por ciento por traficar, 4.9 por ciento por vender al mayoreo, 3.2 por ciento por ‘“fomento al narcotráfico”´, 3.0 por ciento por suministro, 1.8 por ciento por consumo y 1.8 por ciento por plantar o cultivar drogas.

En el caso de los hombres, 40 por ciento de los sentenciados por delitos contra la salud dijo estarlo por posesión, frente a 30.3 por ciento de las mujeres. En el caso de suministro, fueron 13.2 por ciento las mujeres sentenciadas, por sólo 1.2 por ciento de los hombres.

Al preguntar sobre la sustancia por la que fueron sentenciados, 58.7 por ciento de las personas reportaron que se trataba de marihuana, 27.3 por ciento dijo cocaína, 11.1 por ciento metanfetaminas, 8.3 por ciento heroína, 3.4 por ciento piedra o crack y 2 por ciento de pastas o “chochos” (medicamentos controlados). Incluso, 2 por ciento reportó que les habían “sembrado” la droga.

En este punto se observan algunas diferencias importantes al considerar el sexo, pues los hombres sentenciados por delitos contra la salud reportaron: la marihuana en 61.7 por ciento de los casos, la cocaína en 26.8 por ciento, las metanfetaminas en 10 por ciento, la heroína en 7.2 por ciento, la piedra y el crack en 3.3 por ciento y la amapola en 2.2 por ciento de casos; mientras que las mujeres reportaron la marihuana en 42.1 por ciento de los casos, la cocaína en 30.3 por ciento, metanfetaminas en 17.1 por ciento, la heroína en 14.5 por ciento, las pastas (medicamentos controlados) en 6.6 por ciento, los psicotrópicos 17 en 5.3 por ciento y, la piedra o crack en 3.9 por ciento.

Desde nuestro punto de vista, el siguiente dato revela el extremo de aquel círculo delictivo de la pobreza ligada al delito y a su sanción, pues el valor en pesos de la droga por la que fueron sentenciados los encuestados muestra lo que muchas personas están dispuestas a arriesgase por unos cuantos pesos, sin importar el elevado riesgo. Así, 20.2 por ciento de ellos reportó que tenía un valor entre 0 y 5 mil; 9.7 por ciento entre 5 mil 1 y 20 mil pesos; 6.3 por ciento entre 20 mil 1 y 50 mil pesos; 5.1 por ciento entre 50 mil 1 y 100 mil pesos y 27.6 por ciento que tenía un valor en pesos superior a los 100 mil 1 pesos.

Esta encuesta resalta el alto porcentaje de personas que reportaron haber sido sentenciados por transporte y posesión de narcóticos (siendo la primera y segunda mención más frecuente). De modo que, del total de las personas encuestadas, 23.1 por ciento resultaron sentenciadas por posesión, el 24.5 por ciento por transporte, mientras 9.3 por ciento por venta al menudeo de narcóticos. En suma, esa información ilustra cómo 57 por ciento de la población total encuestada está sentenciada por esos tres delitos, frente a 33.5 por ciento de la población total sentenciada por posesión, venta al menudeo o consumo.

Al respecto, la encuesta advierte que “...el alto porcentaje de personas sentenciadas por posesión, venta al menudeo y consumo resulta preocupante pues sugiere una política de drogas enfocada en detener a traficantes de pequeña escala y o a consumidores.” Además, se agrega que el alto porcentaje de personas sancionadas por esas modalidades delictivas implica una enorme carga al sistema penitenciario, y evidencia un dispendio de recursos que no son utilizados para perseguir y sancionar conductas delictivas de mayor importancia y gravedad social, lo que confirma el enfoque criminalizador y, de cierto modo, la insuficiencia y limitación de las políticas públicas encaminadas a prevenir y tratar el problema de las adicciones a tiempo, como se intentará mostrar en la segunda parte de esta exposición.

2. Impacto del consumo en la salud y la adicción

La información científica muestra que las medidas de prevención, intervención temprana, atención, tratamiento, rehabilitación e integración social, así como el conjunto de medidas continuas de atención para las personas que consumen drogas, reducen su consumo y, consecuentemente, su repercusión en la salud pública. También sabemos que este tipo de medidas inhiben otros comportamientos de riesgo, como la agresión y la ausencia escolar. Sus beneficios favorecen tanto a los propios consumidores de drogas como a la sociedad en general y han resultado eficaces para prevenir, por ejemplo, el VIH y la hepatitis viral.

Como se asegura en el Informe Mundial de Drogas 2016, las intervenciones para reducir la demanda de drogas son eficaces cuando se motivan en medidas de eficacia demostrada, como las orientadas a minimizar las consecuencias adversas del uso indebido de drogas en los ámbitos, precisamente, social y de salud pública. Entre esas medidas se encuentran los programas adecuados de distribución de agujas y jeringuillas, la terapia de sustitución de opiáceos, la terapia antirretroviral y otras intervenciones pertinentes destinadas a prevenir la transmisión del VIH, la hepatitis viral y otras enfermedades de transmisión sanguínea relacionadas con el consumo de drogas. En cambio, asegura el Informe, “el internamiento obligatorio en centros de tratamiento del abuso de drogas con frecuencia dificulta la ya problemática vida de las personas que consumen drogas y las que sufren drogodependencia (sic), en particular las más jóvenes y vulnerables”.

En términos del impacto del consumo en la salud pública, diferentes estudios alertan sobre cuestiones que resultan preocupantes, como es el hecho de que cada vez más se adelanta la edad para probar la droga y cada vez son más las mujeres que recurren al uso de alguna sustancia.

Por ejemplo, según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, elaborada por la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), de la Secretaria de Salud, a nivel Primaria se ha tenido la oportunidad de contar por primera vez con información nacional, lo que nos muestra cómo se presenta la problemática del consumo de drogas en los alumnos de quinto y sexto año.

En este sentido, los datos muestran un escenario ligeramente diferente a lo que se observa en secundaria y bachillerato. La prevalencia de consumo de drogas alguna vez es baja (3.3 por ciento), y la mayoría –3 de cada 4 niños que las han probado– son experimentadores. En este grupo de edad se observa que hay tres consumidores hombres por cada consumidora mujer; además, la marihuana se presenta como la droga de mayor consumo, ligeramente por arriba de los inhalables tanto en hombres (3.4 por ciento y 2.7 por ciento respectivamente) como en mujeres (1.1 por ciento y 0.9 por ciento respectivamente). Se observó, incluso, que la prevalencia del consumo de las sustancias es similar en niños que asisten a escuelas de comunidades rurales (3.5 por ciento) y urbanas (3.2 por ciento).

Por otra parte, la radiografía del país cambia en relación a lo que se mostró para secundaria y bachillerato. En este nivel educativo, Quintana Roo, Michoacán, Campeche y San Luís Potosí son los estados donde, en una u otra sustancia, se encuentran los porcentajes por arriba de la prevalencia nacional.

En secundaria y bachillerato, por otro lado, ha aumentado el consumo de drogas en general –y especialmente de la marihuana– en algunos estados del país, quizá en parte por el bajo costo de la marihuana.

El 17.2 por ciento de los estudiantes de secundaria y bachillerato han consumido alguna vez alguna droga; de los cuales, cerca de dos terceras partes refirió el consumo de marihuana. Así, de cada 10 usuarios, 7 son usuarios experimentales; es decir, consumieron sustancias entre una y cinco veces. Aunque el consumo sigue siendo más frecuente en los hombres, la distancia se ha reducido con respecto a las mujeres; por cada 6 consumidoras, hay 7 hombres que reportan consumo.

El mayor índice de consumo se observa en los estudiantes de mayor edad. Por ejemplo, entre los que tienen 18 años y más, 36.2 por ciento ha consumido drogas, y 2 de cada 5 usuarios de este grupo de edad, las usa regularmente.

Asimismo, el estudio precisa que el consumo en el último año alcanza a 13.2 por ciento de los hombres y a 11.2 por ciento de las mujeres; específicamente, 9.0 por ciento en hombres y 8.7 por ciento en mujeres que cursan secundaria y 20.2 por ciento y 15.2 por ciento, respectivamente, de los que cursan bachillerato.

En el caso de secundaria y bachillerato, el estado de México, el Distrito Federal, Quintana Roo, Jalisco y Chihuahua presentan la problemática más alta de consumo de sustancias. Los estudiantes de secundaria en Acapulco y de Cancún y Playa del Carmen superan el valor nacional de consumo de crack, pero los estudiantes de Guadalajara presentan el mayor consumo de cualquier droga y del consumo de marihuana e inhalables, según el estudio.

En bachillerato, Cancún y Playa del Carmen están también por encima de la media en el consumo de cualquier droga y de marihuana, Cuautla está por arriba en el consumo de marihuana y particularmente, la ciudad que requiere mayor atención por parte de las autoridades de salud y educativas, es Ecatepec, en particular en los estudiantes del bachillerato, que están arriba en el consumo de todas las sustancias.

Lo que interesa de esta información es mostrar la urgencia de diseñar mejores y más articulados programas de atención contra las adicciones, pues es evidente que el problema afecta gravemente a los jóvenes y sobre todo a los más necesitados, en todas las entidades, pero con mayor apremio en el norte del país.

De hecho, en las conclusiones de la citada Encuesta se postula que esta problemática conlleva la necesidad de tener y mejorar las prácticas de supervisión parental y de entrenar a los estudiantes en habilidades como la resistencia ante la presión de sus compañeros adolescentes. Aunque huelga decir que la personalización y familiarización del problema no es solución si no intervine el Estado.

Acorde con las recomendaciones que ha dado la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, es importante la prevención temprana basada en evidencia, merced a programas preventivos enfocados al desarrollo de habilidades sociales y de prácticas efectivas de parentalidad o en el contexto escolar, para disminuir la problemática asociada al consumo de drogas y, en general, a la salud mental de los individuos. La escuela en su nivel básico y en bachillerato, como se aprecia, ha venido fungiendo como un transmisor de prácticas y conductas que inciden en el consumo de drogas y eso no puede seguir así.

Desde luego, México cuenta con servicios de atención para atender esta problemática en los jóvenes, como las Unidades Médicas de Alta Especialidad, Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA), o los Centros de Integración Juvenil (CIJ), entre otros, pero a juzgar por las estadísticas, aún estamos lejos de un auténtico sistema de salud contra la adicción. No hay duda de que es necesario diseminar estos centros en la población y ampliarse para dar cobertura adecuada a la demanda real, contar con servicios especializados y separados para hombres y mujeres, con el fin de atender sus requerimientos específicos. En ese marco y de acuerdo con la Encuesta, se requiere:

...una política clara de prevención del consumo de drogas, con intervenciones basadas en evidencia y de bajo costo, que den mejores herramientas tanto a los niños, como a sus padres y maestros; para mejorar la convivencia, el entorno social y educativo, y tener mejores respuestas ante el problema del consumo de drogas y la salud mental en general ... Esto debe trasladarse y permear en los estados y los municipios para tener mejores prácticas preventivas que conlleven a mejores opciones de desarrollo para la niñez, adolescentes y jóvenes de nuestro país.

Existe, además, la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), alineada el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que en el marco de las estrategias para dar respuesta al problema de las adicciones en los jóvenes, ha desarrollado un paquete integral de estrategias psicoeducativas, específicamente orientado a prevenir el consumo de tabaco, alcohol y drogas entre niños, niñas y adolescentes. Este paquete consiste en una serie de Guías Preventivas que se dieron a conocer en marzo de 2017, y que buscan “incidir y entrenar a niños y adolescentes en el desarrollo de hábitos saludables y en el enfrentamiento de las presiones asociadas al consumo de sustancias”.

La dinámica de implementación de estas guías busca involucrar el trabajo con niños, adolescentes, padres y maestros, buscando un impacto desde una perspectiva integral: familia-escuela-sociedad. La idea es que el profesional de la salud tenga posibilidad de realizar adaptaciones.

Las guías preventivas se integran por seis cuadernillos de trabajo, cartas descriptivas y procedimientos, cuyas actividades y estrategias están orientadas a desarrollar competencias y habilidades específicas en cada grupo de edad:

1. “Creando mi mundo de protección”, dirigida a niños y niñas de 6 a 9 años de edad.

2. “Yo elijo mi vida sin drogas”, dirigida a niños y niñas de 10 a 12 años de edad.

3. “La neta de las drogas y algo más...”, dirigida a adolescentes de 12 a 17 años de edad.

4. “La neta del tabaco y algo más...”, dirigida a adolescentes de 12 a 17 años de edad.

5. “La neta del alcohol y algo más...”, dirigida a adolescentes de 12 a 17 años de edad.

6. “Hablemos sobre el alcohol, tabaco y otras drogas...”, dirigida a padres de familia y maestros.

Pero más allá del diagnóstico general del consumo de drogas en la escuela, a nivel nacional, de acuerdo con la reciente Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2016, el consumo de drogas ilegales en México aumentó 47 por ciento, mientras que el uso de drogas entre adolescentes se duplicó, desde la aplicación de la Encodat 2011, mostrando que 7.4 millones las han consumido alguna vez en la vida.

Según los datos preliminares revelados a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, por Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Conadic, a escala nacional 8.4 millones de personas de 12 a 65 años han consumido alguna vez drogas ilegales, de las cuales 6.5 millones son hombres, lo que representa un incremento de 25 por ciento respecto de 2011; mientras que el consumo en mujeres aumentó 105 por ciento (cuatro veces más que los hombres), siendo 1.9 millones mujeres que alguna vez han usado algún sicotrópico.

Preocupa saber que, entre los hombres adolescentes el aumento fue de 78 por ciento, en tanto que las mujeres reportaron un alza de 222 por ciento para cualquier tipo de droga (aunque la marihuana sigue siendo la más consumida).

Otro dato interesante es que a pesar del incremento en el consumo ocasional o incluso en el último año, como se preguntó en la encuesta, la cantidad de adictos todavía es pequeña: 0.6 por ciento de los individuos de 12 a 65 años, lo que equivale a 546 mil. A decir del titular de Conadic:

Esto nos habla de un aumento en la experimentación con las drogas ilegales, que no necesariamente implica un consumo continuo ni naturalmente una adicción. Sin embargo, si no se detecta de forma oportuna o los primeros consumos hay mayor probabilidad de desarrollar un trastorno serio en el uso de estas sustancias.

Agregó, además, que el origen del consumo de drogas se encuentra en las condiciones de marginación, falta de oportunidades de educación, trabajo, culturales y deportivas en que se encuentran muchos sectores de la sociedad. También ha influido la existencia de asentamientos humanos irregulares.

En el mismo evento, Antonio Luigi Mazzitelli, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas comentó el Informe Mundial de Drogas 2017, según el cual a escala global 255 millones de personas han consumido sustancias ilícitas alguna vez en la vida, lo que representa un aumento de 5 millones respecto del año pasado. La marihuana continúa siendo la sustancia predominante en cuanto a la cantidad de usuarios, y le siguen las drogas sintéticas (anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis) y los opiáceos. Añadiendo que al año se registran 190 mil muertes a causa de sobredosis en la mayoría de los casos.

Hay que decir que, respecto a las tendencias regionales en Norte, Centro y Sur del país, desde la pasada Encodat 2011, se mostró que la región norte –sobre todo las zonas fronterizas–, tiene las prevalencias más altas; le siguen el centro y el Sur, esta última con las cifras más bajas de consumo.

3. Marco legislativo

Como anticipamos, la Convención Internacional del Opio de 1912 marca el precedente de las políticas prohibicionistas y criminalizadoras en el manejo y control de drogas y adicciones, que hasta 1953 adoptó la comunidad internacional para imponer un régimen mundial de control de drogas. En 1936 se celebra el Convenio para la Supresión del Tráfico Ilícito de Drogas Nocivas en el que se instituye la obligación de los países de tipificar las conductas relacionadas con el uso de drogas. Por recomendación de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, se elabora un documento que, dará lugar a la Convención Única sobre Estupefacientes, a partir del cual surgen 2 tratados más: el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Digamos que esos 3 instrumentos constituyen la esencia de la política de drogas en el mundo y, desde luego, en México.

Por otro lado, el que la principal potencia económica en el mundo sea, a su vez, el mercado más grande de consumidores de muchas sustancias ilegales y que nuestro territorio nacional funcione lo mismo para producir que para traficar drogas desde Centro y Sudamérica, ha influido para que nuestras instituciones de justicia adopten el mismo enfoque internacional en política de drogas y adicciones.

Dicho enfoque, sin embargo, cobró inusitada fuerza cuando el entonces presidente Calderón presentó el Plan Nacional de Desarrollo estableciendo como eje, en el punto de estado de derecho y seguridad, “... recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado”.

En esa lógica, se modificó significativamente el marco legal en la materia, ya que se aprobó la llamada Ley de Narcomenudeo en 2009. En realidad, se trataba de un conjunto de reformas, adiciones y derogaciones a tres ordenamientos legales: la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales, en materia de delitos contra la salud y de políticas de salud hacia las adicciones. Un problema en la reforma, empero, es que si bien el propósito de la Ley de Narcomenudeo era incorporar a las entidades federativas en la ejecución de la política de drogas federal, no las hacía parte de su diseño.

Desde luego, la Ley General de Salud estableció nuevas obligaciones en materia de salubridad para las entidades federativas, como la prevención y tratamiento de adicciones. Instituyó el capítulo VII denominado “Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo”. También se modificaron las conductas típicas para distintas actividades relacionadas con drogas (delitos contra la salud), para lo cual se creó la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato, que establece las cantidades máximas permitidas de cada sustancia para ser considerada sólo como consumo individual.

Por supuesto fue un pequeño avance que se reconociera implícitamente el consumo como una actividad no delictiva. El problema que queremos hacer notar es que se criminalizaron otras actividades que evidentemente son necesarias para su consumo, como la posesión, suministro y, por supuesto, la producción, el transporte y el tráfico de las sustancias. Esto ayuda a explicar por qué existen muchos consumidores o portadores en pequeña escala en las cárceles del país, a lado de criminales de diversa índole.

De ese modo, el nuevo régimen impuso tres categorías de delitos contra la salud: 1. La posesión para el consumo personal (actividades con cantidades de la sustancia inferiores a las que establece la Tabla de orientación) o consumidores no problemáticos y farmacodependientes; que aunque se trata de un delito, en este caso el Ministerio Público no ejercerá acción penal. 2. El narcomenudeo (actividades con cantidades mayores a las que establece la Tabla pero menores a multiplicar dichos montos por mil), que corresponde perseguir a las autoridades locales, salvo ciertos supuestos como delincuencia organizada. 3. Los demás delitos contra la salud, como el tráfico o comercio a gran escala (se reformó el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales).

En términos generales, la mayoría de esos parámetros legales continúan existiendo y, sobre todo, determinando incluso la política de salud, por lo que urge, como postuló el presidente, un cambio de visión hacia un enfoque de derechos humanos a nivel nacional, para readecuar las leyes e instituciones; pero también para general un nuevo marco de convivencia entre los estados, municipios y la Federación en la atención, tratamiento y control de las adicciones.

Ciertamente, ya se han dado algunos esfuerzos. Por ejemplo, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación en conjunto con la Comisión Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud, y la Organización de los Estados Americanos (OEA) programaron instituir y expandir las cortes de drogas en México, que son un tipo de mecanismo de derivación para usuarios de drogas en conflicto con la ley y que nacen en la década de los 80 en Estados Unidos, con la finalidad de “despresurizar el sistema carcelario, evitar la reincidencia y reducir la criminalidad”.

De modo que el Gobierno Federal se propuso establecer el programa, entre 2014 y 2018, de tal manera que en éste último año todos los estados contasen con el programa de Tribunal para el Tratamiento de Adicciones (TTA), como se les denominó en México.

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 estableció la necesidad de impulsar la suspensión condicional del proceso como un medio para descongestionar el sistema de justicia penal:

...para la presente administración es prioritario impulsar la reforma al Nuevo Sistema de Justicia, que se caracteriza por la oralidad, transparencia, mediación, conciliación, reparación del daño y por garantizar los derechos humanos tanto de la víctima como del imputado.

Como nos recuerda la especialista Tania T. Ramírez, para el funcionamiento de los tribunales, el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) los contempla bajo la forma de suspensión condicional del proceso (artículo 195). Así, el proceso es suspendido mientras la persona es remitida al programa para ver si es aceptada, y se le da el “beneficio” de someterse “voluntariamente” a un tratamiento bajo supervisión judicial y atender su “adicción”. Pero si falla en el tratamiento, la sanción puede ser la expulsión del programa, con el consecuente cumplimiento de la pena “original”.

El problema es que, según ha documentado esa especialista, todavía hay que revisar el funcionamiento de los Tribunales, pues podrían generarse otros problemas:

1) continúan siendo una respuesta judicial a un problema de salud; 2) presuponen un nexo necesario entre la comisión del delito y la supuesta adicción, lo cual refuerza la criminalización del consumo; 3) se acepta tácitamente que esas personas no deberían estar en la cárcel, pero si no logran cumplir el tratamiento, esa es la sanción; 4) la persona que es expulsada del tratamiento queda en una peor situación (vive una “doble sanción”) y suma un doble costo económico para el sistema (el del tratamiento incompleto y el del proceso penal que debe completar), y 5) los tratamientos tienen como eje la abstinencia, ignorando que existen otras opciones, como los tratamientos sustitutivos o el manejo del consumo para que no sea problemático.

Por último, existen 2 casos que explican parte de los cambios más recientes en la legislación, el primero es el caso de la niña Grace que padece de convulsiones epilépticas, por lo que necesitaba la importación de una medicina con cannabidiol (sustancia derivada del cannabis) para su tratamiento, la cual está prohibida por la Ley General de Salud. Finalmente, en agosto de 2015 el juez tercero de Distrito en Materia Administrativa, concedió un histórico amparo para que las autoridades permitan que los padres de Graciela Elizalde importen una sustancia, lo que a la fecha le ha reducido sensiblemente las convulsiones.

El segundo caso es el dictamen de noviembre de 2015 de la SCJN, que permite el uso de la marihuana con fines terapéuticos y medicinales a 4 personas, al considerar que la actual legislación afecta al derecho de libre desarrollo personal.

Todo ello motivó una amplia consulta y la realización de amplios Foros por parte de las dos cámaras del Congreso y que, a la postre, se tradujeron en 5 iniciativas, incluyendo una del presidente de la República. De manera que el 13 de diciembre de 2016 el Senado aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, permitiendo en el país el uso medicinal y científico de la marihuana.

La iniciativa que a continuación se presenta retoma en su esencia las tesis más relevantes del debate y de las diferentes propuestas de los partidos; de modo particular, la del presidente de la República. Para nosotros es evidente que urge impulsar una cruzada nacional contra las adicciones, que no excluya a nadie ni ceje en el esfuerzo por librar a nuestras niñas y niños, jóvenes, mujeres y hombres del cáncer de las drogas y sus adicciones. Hoy más que nunca debemos cuidar nuestras casas, a nuestras familias e instituciones para extirpar este terrible cáncer.

Contenido de la iniciativa

Con el compromiso firme de sumar todas nuestras fuerzas en una cruzada nacional contra las adicciones, la presente iniciativa propone instituir la Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones (LGSNCA), con la finalidad de sentar las bases para la implementación de una política integral de mediano y largo plazo contra las adicciones. El objetivo que se plantea es definir las competencias, atribuciones, así como establecer la concurrencia, entre los tres órdenes de gobierno y de las instituciones más importantes en materia de combate a las adicciones, para atender este problema desde un enfoque de salud pública y con apego a los derechos humanos de los usuarios.

Desde nuestro punto de vista, una parte importante del debate nacional en torno a las drogas ha sido acaparado por el tema de despenalizar su consumo, pero ello no agota ni soluciona el grave problema de salud que en el fondo presupone su uso o abuso. También sabemos que los cambios en el marco legal, aunque valiosos, no son suficientes para dar respuesta a los graves problemas relacionados con el uso, disfrute y control de las drogas.

Hoy en día, existen esfuerzos aislados que han dado lugar a resultados diversos en la lucha contra las adicciones y en su tratamiento. Con la Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones se busca homologar las políticas, mecanismos de prevención y los tratamientos para transitar hacia un sistema homogéneo que contribuya a revertir la proliferación de las adicciones en nuestro país.

Con esta ley no se busca sustituir ni la función ni la información diferenciada generada por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (Sisvea) o por las Encuestas nacionales de Adicción de la Secretaria de Salud, sino contribuir, además, en la formación de un gran banco de información especializada en los temas de la detección, prevención, tratamiento, rehabilitación, control y reinserción social en el tema de drogas, así como la elaboración de un censo nacional de adicción o prevalencia de consumo de drogas (particularmente en centros hospitalarios y de reclusión). Con esto se pretende contar con toda la información disponible en la materia a nivel nacional, buscando su máxima transparencia, objetividad, periodicidad, actualización y vigencia, para lograr una mejor eficacia en el diseño de programas e instrumentos de política pública en el tratamiento de las adicciones.

Por otro lado, se plantea regular el funcionamiento de las clínicas contra las adicciones y los tratamientos que ahí se ofrecen, de manera que en todas las entidades federativas se sigan los mismos protocolos de atención a las personas que padecen este problema de salud.

Además, retomamos la Iniciativa presidencial de subir de 5 a 28 gramos la cantidad de marihuana para consumo personal. Esto, porque consideramos que no existe verdadero esfuerzo sino hasta que logremos evitar la detención y encarcelamiento de ciudadanos, mujeres, hombres o niños, por el hecho de consumir un porcentaje apenas superior a los 5 gramos y porque está visto que la mayoría de esas detenciones se realizan contra población pobre o vulnerable, mientras que un porcentaje hasta ahora prácticamente incuantificable (por falta de información) evita la reclusión por pagar fianza. Se ha medido con una doble moral y un doble rasero el castigo a los consumidores, pues mientras muchas personas se pertrechan dentro de instituciones o espacios que impiden la detección o acción de las autoridades, muchos otros son detenidos por hacerlo en calles.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se expide la Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones.

Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones

Título PrimeroDisposiciones Generales Capítulo IObjeto de la ley

Artículo 1o. La presente ley es de orden público, de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para reducir la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicotrópicas, y sentar las bases para una atención y tratamiento integral de las adicciones, la rehabilitación y reinserción social de las personas que padezcan de estas enfermedades y el fortalecimiento del entorno familiar.

Artículo 2o. Son objetivos de esta ley:

I. Establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades competentes de las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para prevenir y tratar a las adicciones y reducir el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicotrópicas.

II. Instaurar las bases para el diseño de políticas públicas integrales en materia de prevención y tratamiento de las adicciones;

III. Establecer la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención y tratamiento de las adicciones.

IV. Regular la organización, funcionamiento y atribuciones del Comité Rector del Sistema Nacional.

V. Homologar los protocolos de atención y tratamiento de las adicciones, así como para la rehabilitación y reinserción social de las personas que las padecen y de sus familias.

VI. Impulsar la participación de la familia y de la sociedad en su conjunto en la lucha contra las adicciones en el país.

VII. Definir los instrumentos de medición del fenómeno de las adicciones;

VIII. Promover los principios de la justicia alternativa para el tratamiento de las adicciones.

IX. Definir la integración, estructura y atribuciones de los Tribunales para el Tratamiento de las Adicciones.

X. Promover la investigación científica para prevenir y tratar a las adicciones, así como para disminuir el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicotrópicas.

Artículo 3o. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. Alcoholismo. Tipo de adicción que refiere un consumo crónico y continuado de alcohol.

II. Adicciones o prevalencia. Enfermedad física y psicoemocional causada por la dependencia hacia un fármaco, alcohol, tabaco, sustancias psicotrópicas u otras drogas, que se caracteriza por la modificación del comportamiento y otras reacciones que implican afectaciones a la salud.

III. Candidato. Persona imputada por la probable comisión de un delito, que cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la presente ley. Candidato.

IV. Censo Nacional. Censo Nacional de las Personas con Problemas de Adicciones.

V. Centro de tratamiento y servicios. Institución pública o privada debidamente acreditada por las autoridades competentes y que brinda al participante los servicios de evaluación, diagnóstico y tratamiento integral.

VI. Desintoxicación. Fase del tratamiento a través de la intervención médica encaminada a la disminución y eventual eliminación de los síntomas secundarios provocada por el consumo de sustancias psicoactivas.

VII. Diagnóstico confirmatorio. Dictamen sustentado por los estudios médico, psicológico y social del uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, realizados al candidato por el Centro de Tratamiento;

VIII. Drogas. Sustancia química que modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los organismos.

IX. Droga ilegal. Sustancia psicoactiva cuya producción, venta o consumo están prohibidos por la legislación sanitaria y penal.

X. Encuesta Nacional. Encuesta Nacional de Adicciones.

XI. Examen toxicológico. Es la toma de una muestra de sangre, orina, pelo, sudor o saliva, para conocer la presencia de alguna droga en el cuerpo.

XII. Diagnóstico inicial. Dictamen emitido por la Unidad de Apoyo Especializada del Tribunal de Tratamiento para las adicciones, sustentado por los estudios médico, psicológico y social realizados al candidato.

XIII. Juez de Control. Es el juez responsable del procedimiento de tratamiento de adicciones.

XIV. Prevención. Conjunto de acciones dirigidas a identificar, evitar, reducir, regular o eliminar el consumo no terapéutico de sustancias psicoactivas, como riesgo sanitario, así como sus consecuencias físicas, psíquicas, económicas, familiares y sociales.

XV. Política Nacional. Política Nacional Contra las Adicciones.

XVI. Procedimiento de tratamiento de adicciones. Conjunto de etapas procesales reguladas por la presente ley.

XVII. Participante. Persona imputada que es admitida al procedimiento para el tratamiento de adicciones.

XVIII. Plan de Tratamiento. Conjunto de estrategias diseñadas por el Centro de Tratamiento de acuerdo con los diagnósticos y necesidades particulares de cada participante para un periodo determinado, con el propósito de rehabilitación del participante.

XIX. Programa. El mecanismo de resolución de conflictos en materia penal que tiene como fin la rehabilitación del individuo sujeto a proceso.

XX. Rehabilitación. Proceso orientado a que las personas adictas recuperen un óptimo de salud, funcionamiento psicológico y funcionalidad social.

XXI. Reinserción social. Reincorporación de las personas a la vida familiar, social, educativa y/o laboral.

XXII. Sistema Nacional. Sistema Nacional Contra las Adicciones.

XXIII. Sustancias psicoactivas o psicotrópicas. Sustancia que, cuando se ingiere, afecta a los procesos mentales.

XXIV. Suspensión Condicional del Proceso. Forma de solución alternativa del procedimiento penal, que se instrumenta a partir del sometimiento al tratamiento de adicciones que prevé la Ley;

XXV. Tabaquismo. Estado del fumador que tiene una profunda dependencia de la nicotina y, por consiguiente, manifiesta síntomas de abstinencia intensos.

XXVI. Tratamiento. Conjunto de acciones que tienen por objeto conseguir la abstinencia o, en su caso, la reducción del consumo de las sustancias psicoactivas; reducir los riesgos y daños que implican el uso o abuso de dichas sustancias; abatir los padecimientos asociados al consumo e incrementar el grado de bienestar físico, mental y social, tanto del que usa, abusa o depende de sustancias psicoactivas, como de su familia.

XXVII. Tribunales. Tribunales para el Tratamiento de las Adicciones.

Artículo 4o. Las adicciones son consideradas un problema de salud pública, originadas por factores multicausales, por lo que recibirán una atención integral del Estado mexicano, a través de la coordinación y articulación de esfuerzos de las autoridades de los tres niveles de gobierno, con la participación de los sectores privado y social, en los términos definidos por la presente Ley.

A falta de disposición expresa en esta Ley se observará lo establecido en la Ley General de Salud, Ley General para el Control del Tabaco y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 5o. Las personas con problemas de adicciones tienen el derecho de acceder a tratamientos para su rehabilitación y reinserción social, y sus familias el derecho a recibir una atención especial para coadyuvar en dichos fines.

Las autoridades realizarán los estudios socioeconómicos correspondientes para garantizar que las personas en condiciones de pobreza tengan una atención gratuita y de calidad.

Artículo 6o. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y los Congresos de las entidades federativa establecerán, en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la presente ley.

Capítulo IIPrincipios del Sistema Nacional contra las Adicciones

Artículo 7o. El Sistema Nacional contra las Adicciones y las políticas y programas que surjan del mismo se regirán por los principios rectores de: prevención, integralidad, protección de la salud, justicia alternativa, no criminalización de los consumidores, así como por el respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano.

Título SegundoDel Sistema Nacional contra las Adicciones Capítulo IDe su objeto

Artículo 8o. El Sistema Nacional Contra las Adicciones es una instancia de coordinación que tiene por objeto formular principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la articulación de esfuerzos de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas con problemas de adicciones, así como de atención de sus familias.

Artículo 9o. El Sistema Nacional se integra por:

I. El Comité Rector.

II. El Consejo de Salubridad General.

III. Los Sistemas Locales Contra las Adicciones, a través de los titulares de la Secretarías de Salud locales.

Capítulo IIDel Comité Rector

Artículo 10. Son integrantes del Comité Rector:

I. El titular de la Secretaría de Salud.

II. El titular de la Secretaría de Educación Pública.

III. El titular de la Comisión Nacional Contra las Adicciones.

IV. El titular del Instituto Mexicano de la Juventud.

V. El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

VI. El titular de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

VII. El titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

VIII. Un representante del Poder Judicial de la Federación designado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El secretario de Salud fungirá como el presidente del Comité Rector y el Comisionado Nacional Contra las Adicciones se desempeñará como secretario técnico. En el caso de las secretarías de Estado, los titulares podrán designar a un representante de un nivel no menor al de un subsecretario.

Artículo 11. Son atribuciones del Comité Rector:

I. La elaboración de su programa de trabajo anual;

II. La formulación de las bases y principios que propicien la efectiva coordinación de sus integrantes;

III. Establecer mecanismos de colaboración y vinculación con los Consejos Estatales Contra las Adicciones;

IV. Elaborar programas especializados para la prevención y atención de adicciones, incluyendo el tabaquismo y el alcoholismo;

V. Diseñar, aprobar y difundir la Política Nacional Contra las Adicciones;

VI. Evaluar y dar seguimiento a la Política Nacional referida en la fracción anterior, a través de la metodología, indicadores e instrumentos que considere pertinentes;

VII. Establecer metas anuales para disminuir la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicotrópicas;

VIII. Diseñar campañas informativas y de concientización sobre los efectos de las adicciones para la salud y el desarrollo integral de las personas;

IX. Definir los protocolos, procedimientos y criterios para la atención integral de las adicciones, para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud y para los centros de atención de los sectores público, social y privado que realicen actividades preventivas, de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, reducción del daño, investigación, capacitación y enseñanza o de control de las adicciones;

X. Emitir los lineamientos para la certificación de los establecimientos de los sectores público, social y privado que realicen actividades preventivas, de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, reducción del daño, investigación, capacitación y enseñanza o de control de las adicciones;

XI. Presentar un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia;

XII. Emitir recomendaciones a las instancias de procuración de justicia y los órganos jurisdiccionales;

XIII. Establecer mecanismos de coordinación con los Sistemas Locales Contra las Adicciones;

XIV. Diseñar y aprobar los instrumentos de medición del fenómeno de las adicciones a los que se refiere el artículo quinto de esta ley;

XV. Tener acceso a toda la información relacionada con la Encuesta Nacional y los instrumentos de medición del fenómeno de las adicciones;

XVI. Establecer mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información sobre las adicciones que recaben las autoridades federales, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México;

XVII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Nacional;

XVIII. Promover la participación social en la lucha contra las adicciones;

XIX. Impulsar la investigación científica para la prevención y el tratamiento de las adicciones;

XX. Diseñar mecanismos de colaboración con las instituciones de asistencia social y el sector privado;

XXI. Fungir como órgano de consulta de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la firma de instrumentos internacionales relacionados con el combate a las adicciones; y

XXII. Las demás señaladas por esta ley.

Artículo 12. El Comité Rector celebrará sesiones ordinarias cada seis meses. El Secretario Técnico podrá convocar a sesión extraordinaria a petición del Presidente del Comité Rector, con el aval por escrito de la mayoría de sus integrantes.

Para el desahogo de sus reuniones, el Comité Coordinador podrá invitar a los representantes de los Sistemas locales, los titulares de los Consejos Estatales Contra las Adicciones y a organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 13. El Sistema Nacional sesionará por lo menos una vez al año, previa convocatoria del Comité Rector. En estas reuniones, los integrantes del Sistema Nacional elaborarán un diagnóstico general sobre la evolución de las adicciones y el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional.

Las decisiones del Comité Rector se aprobarán por la mayoría de sus integrantes. En caso de empate, el presidente contará con voto de calidad.

Título TerceroDe la Política Nacional contra las Adicciones Capítulo IDe la política nacional

Artículo 14. La Política Nacional Contra la Adicciones se conforma por el conjunto de acciones, programas y políticas públicas orientadas a mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios para prevenir y atender integralmente los problemas de salud ocasionados por el uso, abuso y dependencia del tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas, con especial atención en niñas, niños y jóvenes, incorporando un enfoque intercultural, de género y de pleno respeto a los derechos humanos.

La política nacional será revisada, mejorada y aprobada cada tres años por el Comité Rector, a propuesta de la Secretaría de Salud, y deberá ser observada por todas las autoridades de los órdenes de gobierno.

Capítulo IIDe sus objetivos

Artículo 15. Son objetivos de la Política Nacional:

I. Promover acciones transversales para prevenir y controlar las adicciones, incluyendo la reducción en el consumo de tabaco y alcohol en la población;

II. Fortalecer la coordinación institucional para llevar a cabo acciones de prevención en los ámbitos escolares, laborales, culturales, y deportivos;

III. Ampliar la cobertura de servicios de tratamiento para la atención integral de personas con problemas de adicciones;

IV. Incorporar contenidos educativos desde el nivel básico en materia de prevención y concientización sobre las adicciones;

V. Asegurar la adopción de las mejores prácticas para el tratamiento de las adicciones en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud;

VI. Desarrollar acciones para la reinserción social de las personas con problemas de adicciones;

VII. Involucrar a las familias en las acciones institucionales para prevenir y tratar a las adicciones;

VIII. Fomentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil que realizan tratamiento y reinserción social en adicciones;

IX. Promover el deporte y la actividad física;

X. Alentar las actividades artísticas y culturales;

XI. Desarrollar permanentemente campañas de concientización sobre las adicciones en todo el territorio nacional, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes;

XII. Promover esquemas de justicia alternativa para el tratamiento de las personas con problemas de adicciones garantizando la no criminalización;

XIII. Contribuir al desarrollo institucional de los Tribunales para el Tratamiento de las Adicciones;

XIV. Desarrollar recursos humanos para la atención de las adicciones, por medio de la capacitación y profesionalización del personal de la salud, docentes, trabajadores sociales e impartidores de justicia;

XV. Impulsar el desarrollo de investigación científica y la adopción de nuevas tecnologías aplicables a la prevención y tratamiento de las adicciones;

XVI. Fortalecer la vigilancia epidemiológica para identificar el consumo de sustancias psicoactivas;

XVII. Monitorear el consumo de sustancias psicoactivas en las escuelas del país;

XVIII. Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos de la Ley General para el Control del Tabaco;

XIX. Implementar estrategias especializadas para reducir el consumo de alcohol y tratar el alcoholismo; y

XX. Promover la participación de nuestro país en los foros y esfuerzos internacionales en materia de adicciones.

Título CuartoDe los Sistemas Locales Capítulo ÚnicoDe su conformación y atribuciones

Artículo 16. Las entidades federativas establecerán Sistemas Locales Contra las Adicciones, atendiendo lo siguiente:

I. Contarán con un Comité Rector con una integración y atribuciones homólogas a las del Sistema Nacional;

II. Diseñarán y aprobarán la Política Local Contra las Adicciones sujetándose a las acciones, programas y objetivos planteados en la Política Nacional;

III. Podrán emitir recomendaciones no vinculantes a las instancias de procuración de justicia y los organismos jurisdiccionales; y

IV. Los Comités Rectores Locales deberán rendir un informe anual de actividades en el que darán a conocer las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el marco de las políticas nacional y locales. Para este efecto elaborarán metodologías consistentes con las del Sistema Nacional;

Título QuintoDe la Encuesta Nacional de Adicciones, el Censo Nacional de las Personas con Problemas de Adicciones y otros instrumentos de medición Capítulo IDe la Encuesta Nacional de Adicciones

Artículo 17. La Encuesta Nacional de Adicciones es un instrumento de medición del fenómeno de las adicciones en todo el territorio nacional. Se realizará cada tres años con base en la metodología aprobada por el Comité Rector, debiendo garantizar la protección de datos personales de los entrevistados.

La Encuesta Nacional podrá aplicarse en escuelas públicas y privadas con el objeto de conocer la evolución del consumo de sustancias psicoactivas en niñas, niños y adolescentes. Para tal efecto, se promoverá la participación de los padres de familia en el levantamiento de estas encuestas. La Secretarías de Educación federal y locales, las universidades públicas y todas las instituciones educativas privadas, deberán brindar todas las facilidades para el levantamiento de la encuesta en la población estudiantil del país.

Artículo 18. Los resultados de la Encuesta Nacional se difundirán en un plazo no mayor a 120 días posteriores a su levantamiento y serán utilizados por las instituciones que integran el Sistema Nacional para la realización de ajustes a la Política Nacional y las acciones en materia de prevención y tratamiento de las adicciones, así como para verificar el cumplimiento de las metas fijadas por el Comité Rector para la reducción de la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicotrópicas.

En caso de que los resultados de la Encuesta Nacional no sean publicados en el plazo referido en el párrafo anterior, el secretario de Salud deberá informar al Comité Rector de las causas por las cuales se retrasó su publicación.

Capítulo IIDel Censo Nacional de Personas con Problemas de Adicciones

Artículo 19. El Censo Nacional de Personas con Problemas de Adicciones es un instrumento estadístico que integra los datos de las personas con problemas de adicción en el país. Se levantará en todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud y en todos los establecimientos de los sectores público, social y privado que realicen actividades preventivas, de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, reducción del daño, investigación, capacitación y enseñanza o de control de las adicciones.

La información del Censo Nacional será utilizada única y exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley y la protección de la salud de la población. Los datos personales de las personas censadas estarán protegidos por la legislación correspondiente. Por ningún motivo, esta información podrá ser utilizada en la investigación de delitos.

Capítulo IIIDe otros instrumentos de medición

Artículo 20. El Comité Rector podrá aprobar otros instrumentos de medición que tengan por objeto recabar información sobre la evolución de las adicciones en el país, evaluar el impacto de la Política Nacional y el cumplimiento de las metas establecidas para la disminución de la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicotrópicas.

Artículo 21. Las entidades federativas, a través de las instituciones que integran los Sistemas Locales, podrán implementar otros instrumentos de medición consistentes con empleados a nivel nacional, procurando que aporten información focalizada, complementaria, útil y relevante sobre el fenómeno de las adicciones en las entidades federativas y los municipios, así como los efectos de la política nacional y local contra las adicciones.

Título SextoDe la Atención Integral para las Adicciones Capítulo IDe la atención y tratamiento

Artículo 22. Los servicios de atención y tratamiento de las adicciones deberán de prestarse bajo los principios de integralidad e interdisciplinaridad, y deberán involucrar a las familias de las personas que enfrenten estos problemas, con base en los protocolos aprobados por el Comité Rector del Sistema Nacional.

Los servicios de atención integral para las adicciones comprenderán acciones de prevención, urgencias, tratamiento, rehabilitación, reinserción social, reducción de riesgo y capacitación.

Tanto las disposiciones del presente Título como las aprobadas por el Comité Rector serán de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud y en los establecimientos de los sectores público, social y privado que realicen actividades preventivas, de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, reducción del daño, investigación, capacitación y enseñanza o de control de las adicciones.

Artículo 23. Todos los establecimientos que presten este tipo de servicios especializados deberán contar con una certificación expedida por las autoridades sanitarias correspondientes, de acuerdo con los lineamientos, normas y demás disposiciones aprobadas por el Comité Rector, así como por la normatividad oficial correspondiente.

Capítulo IIDe los Establecimientos que brinden atención y tratamiento a las adicciones

Artículo 24. Los establecimientos de atención a las adicciones deberán contar con el personal calificado para brindar una atención integral a las personas con problemas de adicciones y sus familias. Asimismo, deberán contar con la infraestructura y el equipo necesario para la realización de sus actividades.

La alimentación suministrada a los usuarios debe ser nutritiva, suficiente y de calidad, servida en utensilios higiénicos, de acuerdo con el estado de salud del usuario.

El personal que labora en los establecimientos especializados en adicciones, tiene la obligación de vigilar, proteger y dar seguridad a los usuarios, mientras éstos permanezcan en dichos establecimientos.

Artículo 25. Quedarán estrictamente prohibidos los tratamientos que involucren cualquier forma de maltrato físico o psicológico, vejaciones, incomunicación, encerramiento, discriminación, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en general, toda acción que vulnere los derechos humanos de las personas. En ninguno de los tratamientos se permitirán grabaciones de audio, video o fotografías.

Capítulo IIIDel ingreso y egreso

Artículo 26. El ingreso a los centros que brinden atención y tratamiento de las adicciones será voluntario y solo podrá ser obligatorio si así lo solicita una autoridad legal, siempre y cuando el usuario lo amerite de acuerdo con el examen médico que le sea practicado. Todo internamiento involuntario deberá ser notificado por el responsable del establecimiento al Ministerio Público de la adscripción, en un plazo no mayor de 24 horas posteriores a la admisión.

La información proporcionada por el usuario y/o familiares del mismo, así como la consignada por escrito en los expedientes médicos, deberá manejarse bajo las normas de confidencialidad y el secreto profesional.

Artículo 27. El egreso de los establecimientos se dará en los siguientes casos:

I. Haber cumplido los objetivos del internamiento;

II. Traslado a otra institución;

III. A solicitud del familiar autorizado, representante legal o tutor y con el consentimiento del usuario;

IV. Abandono del servicio de hospitalización sin autorización médica;

V. Disposición de la autoridad legal competente, y

VI. Defunción.

En los servicios de urgencias, por ningún motivo podrá negarse la atención a personas con problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas

De la supervisión de los establecimientos

Artículo 28. El personal de los establecimientos estará obligado a brindar todas las facilidades para la realización de inspecciones por parte de las autoridades competentes.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán notificar al Sistema Nacional y a los Sistemas Locales respecto de los establecimientos sancionados por la comisión de irregularidades en la prestación del servicio.

Título SéptimoDe la Justicia Alternativa para el Tratamiento de las Adicciones Capítulo IDe la Justicia Alternativa

Artículo 29. Los esquemas de justicia alternativa tienen la finalidad de evitar la criminalización de las personas con problemas de adicciones y facilitar su rehabilitación y reinserción social. Las entidades federativas deberán adoptar gradualmente estos esquemas, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Capítulo IIDe los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones

Artículo 30. Los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones son una vía alternativa para personas con problemas de adicción que se encuentran en conflictos con la ley, por lo que son vinculadas a proceso judicial por un juez de control.

Artículo 31. Este ordenamiento tiene como objetivo propiciar la rehabilitación e inserción social de la persona imputada por la probable comisión de un delito relacionado con la adicción de alguna sustancia psicoactiva, y que cumpla con los requisitos de elegibilidad establecidos en la presente ley.

Artículo 32. Los principios a los que deberán estar ceñidos los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones son:

I. Considerar a las adicciones como un problema de salud pública, cuya solución depende de un tratamiento institucional y social integral, que persiga su rehabilitación y la reinserción en su familia y en la sociedad;

II. Reconocer los derechos humanos del candidato o participante de los tratamientos, así como el respeto y la dignidad de su persona durante todo el proceso;

III. Reconocer la presunción de inocencia del candidato o participante;

IV. Garantizar la protección de los derechos procesales de los participantes; y

V. Serán consecuentes con los principios de máxima publicidad y transparencia, respetando en todo momento los derechos de los imputados.

Capítulo IIIRequisitos de elegibilidad

Artículo 33. Las condiciones de elegibilidad de un candidato serán:

I. Que el candidato haya sido vinculado a proceso por un juez de control, hasta antes de acordarse la apertura del juicio;

II. Que no exista oposición fundada de la víctima del delito por el que fue imputado o del Ministerio Público;

III. Que el candidato sea consumidor de sustancias psicoactivas, de acuerdo con el expediente y con los resultados de una evaluación de laboratorio;

IV. Que la vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años, o sea considerado delito grave;

V. Tendrá derecho a la suspensión del proceso siempre que no haya incumplido previamente con la suspensión condicional de otro proceso, excepto en el caso de que hayan transcurrido 5 años desde la primera resolución de suspensión;

VI. Que garantice la reparación del daño, con forme al plan de reparación acordado entre el Ministerio Público, la víctima y el imputado, con aprobación del Juez de Control;

VII. Que el candidato exprese de forma voluntaria su consentimiento, para lo cual tiene derecho a ser informado previamente, respecto de las características y responsabilidades que asumirá en caso de acceder al procedimiento.

Capítulo IVDel Juez de Control en las entidades federativas

Artículo 34. Son atribuciones de los Jueces de Control:

I. Mirar por los intereses de los imputados y de las víctimas, buscando siempre la perspectiva de los derechos humanos, la restauración de los daños a las víctimas y la rehabilitación y reinserción social de los imputados;

II. Resolver las solicitudes de admisión al procedimiento para la suspensión del proceso y atender o, en su caso, participar en las convocatorias de las Comisiones para la Atención de las Adicciones de las entidades;

III. Solicitar al Centro de Tratamiento la elaboración del diagnóstico confirmatorio;

IV. Presidir las audiencias de introducción a los programas de tratamiento o procedimiento;

V. Resolver las solicitudes de modificación y terminación del plan de tratamiento o reparación;

VI. Solicitar al Centro de Tratamiento los informes de evaluación cuando así lo determine y en el ánimo de contribuir en el proceso y en la restauración de los daños;

VII. Evaluar y resolver las solicitudes de expulsión o cancelación voluntaria del participante del procedimiento;

VIII. Convocar, de acuerdo con el plan de tratamiento o reparación, a los operadores a reuniones de trabajo para la discusión, seguimiento y evaluación de cada caso;

IX. Convocar a las Comisiones para la Atención de las Adicciones de las entidades cuando así lo requiera;

X. Interactuar con el Ministerio Público y la defensa del participante sobre el tratamiento y otros aspectos que incidan en su rehabilitación; y

XI. Declarar formalmente la finalización del proceso, una vez que los centros de atención de adicciones y el Ministerio Público coincidan en que el participante ha concluido con éxito el programa.

Capítulo VDel participante

Artículo 35. Una vez que es acreditada la elegibilidad y que así lo determina el juez, el candidato se considerará participante del procedimiento, según los tiempos establecidos por el juez, no pudiendo ser inferiores a seis meses ni superiores a tres años.

Artículo 36. Para garantizar la continuidad de la suspensión condicional del proceso, el participante deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

I. Residir en lugar determinado o, en caso de cambiar de domicilio, notificarlo previamente al Juez;

II. No ejercer represalia alguna sobre la víctima, testigos o sus familiares;

III. No presentar ningún tipo de conducta que atente contra las personas o los bienes de las instituciones involucradas en su tratamiento;

IV. No reincidir en conductas delictivas;

V. Participar en el plan de tratamiento especializado acorde con su caso, respetando las normas, tratamientos y requerimientos de las instituciones que conforman el TTA;

VI. Someterse a la vigilancia de la autoridad judicial en los términos y en las condiciones que el juez haya establecido en el momento de suspender el proceso; y

VII. No consumir sustancias psicoactivas, a menos que el propio programa de tratamiento lo recomiende para su rehabilitación gradual;

Capítulo VICondiciones de Instauración y Operación de los Tribunales para el Tratamiento de las Adicciones, TTA

Artículo 37. Para que los Estados puedan adoptar el modelo de TTA y garanticen mejores condiciones de atención y tratamiento, deberán considerar:

I. Que sea dirigido fundamentalmente a primodelincuentes;

II. Que hayan cometido delitos no graves;

III. Que exista vínculo entre el consumo problemático de drogas y la comisión de la conducta típica;

IV. Que el procedimiento sea bajo la modalidad de juicio oral;

V. Que sea bajo el consentimiento voluntario de la persona sujeta a proceso; y

VI. Que exista un plan de reparación del daño, en el que obren de consuno todas las partes.

Capítulo VIIDel tratamiento

Artículo 38. El Plan de Tratamiento iniciará a partir del momento en el que el participante haya ingresado al programa, pero corre desde que el juez suspende el proceso. Éste deberá ser congruente con las características psicosociales y económicas del candidato, el grado de adicción y la salud del mismo.

Artículo 39. El tratamiento tendrá un carácter integral e integrador, de modo que en su diseño participarán actores de los ámbitos:

I. Judicial: con la participación del juez de control durante las distintas etapas del procedimiento y de un agente del Ministerio público;

II. Social: con participación activa de la familia y de la comunidad; y

III. Clínico: con intervención de médicos especialistas por parte de las clínicas y centros de atención de adicciones, que elaborarán un plan de tratamiento clínico en cuatro fases:

a) Primera. Evaluaciones e intervenciones multidisciplinarias coordinadas y periódicas;

b) Segunda. Determinación del estado clínico del participante;

c) Tercera. Presentación de un equipo interdisciplinario coordinado por el Consejo Estatal contra las Adicciones y las Secretarías de Salud de las entidades federales; y

d) Cuarta. El tratamiento integral se fundará en los enfoques de rehabilitación y reinserción social.

Artículo 40. El tratamiento clínico se sustentará en los lineamientos, modalidades y métodos emitidos por organismos internacionales de la materia, por la Ley General de Salud y por las Normas Oficiales de carácter federal en materia de Adicciones.

Artículo 41. En su tratamiento deberán considerarse de modo exhaustivo y no electivo las siguientes modalidades:

I. Tratamiento farmacológico;

II. Tratamiento psicoterapéutico;

III. Psicoterapia de grupo;

IV. Psicoterapia familiar o sesiones con grupos de familias.

V. Exámenes de laboratorio periódicos, a efecto de detectar la existencia de sustancias tóxicas, cuando así lo considere necesario el equipo del Centro de Tratamiento y Servicios;

VI. Actividades psicoeducativas, culturales y deportivas;

VII. Terapia ocupacional o capacitación para el trabajo;

VIII. Además de todas aquellas actividades y dinámicas que el Centro de Tratamiento determine y fundamente para el participante, todo lo cual informará oportunamente a esté o a su defensa, al agente del Ministerio Público y al juez de control; y

IX. De acuerdo con las diferentes necesidades de cada persona, su situación particular y la sustancia que consume, el tratamiento podrá consistir en:

a) Modalidad residencial. Cuando es por estancia o internamiento en los centros o instituciones que establezca el Programa.

b) Modalidad ambulatoria. Cuando el Programa establece la pertinencia de visitas de terapia y diagnóstico periódicamente, en cualquiera de los centros o instituciones, públicos o privados, que para tal efecto haya determinado.

Artículo 42. Los Centros de Tratamiento que hayan sido certificados para tal efecto por las autoridades del poder Judicial y de las Secretarias de Salud, en los órdenes Federal y estatal, tendrán las siguientes funciones:

I. Elaborar el diagnóstico y perfil de elegibilidad a petición del juez de proceso para decidir sobre la suspensión del proceso;

II. Desarrollar el Plan de Tratamiento clínico;

III. Presentar a petición del Juez de Control, o motu prorio, los informes de evaluación de cada participante de manera periódica durante el desarrollo del plan de tratamiento;

IV. Informar oportunamente al Juez de Control cuando sea imposible ofrecer el tratamiento apropiado, especificando las razones y circunstancias, y acompañando dicho informe con los respectivos diagnósticos clínicos.

Artículo 43. El tratamiento tendrá una duración obligatoria que no podrá ser inferior a seis meses, ni mayor a tres años.

Artículo 44. Las constancias que integren el Plan de Tratamiento sólo podrán ser utilizadas para los fines del proceso por el que se suspendió el proceso.

Capítulo VIIIDe la integración de los Tribunales para el Tratamiento de las Adicciones

Artículo 45. Las instituciones que participan coordinadamente en el Tribunal para el Tratamiento de Adicciones son:

I. El Tribunal Superior de Justicia;

II. La Procuraduría General de Justicia;

III. La Secretaría de Seguridad Pública;

IV. La Secretaría de Salud; y

V. Las demás instituciones federales o locales que en términos de esta ley se señalen.

Artículo 46. La Comisión para la Atención de las Adicciones es el órgano técnico-operativo de los tribunales, integrado por las instituciones arriba mencionadas, y sus funciones serán:

I. Diseñar, instrumentar y evaluar de forma integral el procedimiento, desde su inicio hasta su término;

II. Proporcionar los servicios administrativos y operativos que se requieran para la realización de las audiencias, juntas o reuniones entre las partes, para el diagnóstico de avance del participante y la efectividad del programa;

III. Elaborar y organizar en archivo las actas de las sesiones o audiencias; e

IV. Informar de los avances o por menores del proceso, a petición expresa del juez de control.

Artículo 47. El Programa de Tratamiento para las Adicciones estará integrado por jueces, por el personal técnico administrativo para asistir en las audiencias y por una representación del Centro de Tratamiento.

Artículo 48. El agente del Ministerio Público adscrito a la supervisión del programa, tendrá las facultades de:

I. Verificar si el candidato cumple el perfil de elegibilidad para ser aceptado en el proceso o programa de tratamiento;

II. Revisar en todo momento los informes de evaluación de los participantes en cada etapa del proceso;

III. Enterará al juez de control de su aprobación u oposición a la solicitud de admisión del candidato en el procedimiento;

IV. Informará oportunamente a la víctima respecto de la suspensión condicional del proceso a la que queda condicionado el candidato, así como de cualquier cambio generado como resultado de los avances o limitaciones del proceso;

V. Verificar puntualmente el cumplimiento del plan de reparación del daño y la aceptación de la víctima;

VI. Participar en las reuniones relativas a las sanciones e incentivos que se otorgarán en su caso a los participantes;

VII. Solicitar ante el juez de control la expulsión del participante en los casos de incumplimiento del proceso;

Capítulo IXDel proceso judicial alternativo

Artículo 49. A partir de la suspensión del proceso, en el lapso de tres días se fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial la cual se llevará a cabo dentro de los 10 días posteriores.

Artículo 50. En la primera audiencia el Juez de Control:

I. Proporcionará los antecedentes del caso, así como el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y de admisión;

II. Escuchará al participante sobre la voluntad libre e informada de someterse a las condiciones que determine en el procedimiento;

III. Informará al participante de los derechos, obligaciones, incentivos y sanciones del procedimiento;

IV. Solicitará al representante del Centro de Tratamiento la explicación del Plan de Tratamiento Clínico;

V. Escuchará en su caso a cualquier otro especialista que considere relevante para adoptar una decisión;

VI. Escuchará los informes y fundamentos del agente del Ministerio Público, del defensor y, en su caso, de la víctima.

VII. Ratificará la periodicidad de las audiencias de seguimiento.

Artículo 51. Cumplido el tratamiento de adicciones dentro del plazo establecido sin que haya sido revocada la suspensión provisional del proceso, se desistirá de la acción penal, para lo cual el juez de control debería de decretar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento.

Artículo 52. Serán causa de expulsión del participante en el procedimiento:

I. Examen toxicológico positivo con aparición de consumo de otras sustancias psicoactivas;

II. Faltar a las sesiones del Centro de Tratamiento sin justificación;

III. Abandonar definitivamente el Plan de Tratamiento;

IV. No asistir a las audiencias judiciales;

V. Poseer armas o sustancias psicoactivas en su persona;

VI. Haber cometido algún delito o haber sido arrestado administrativamente por motivo de consumo de sustancias psicoactivas;

VII. No comunicar cambios de domicilio; y

VIII. Falsear pruebas del examen toxicológico.

Artículo 53. En los casos de admisión, revocación de la suspensión del proceso o egreso del participante, procederá el recurso de apelación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por parte del Ministerio Público, del participante o de su defensor. Cuando se trata de la víctima, solo procederá la reparación del daño.

Segundo. Decreto por el que se reforma el artículo 479 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 479. Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente:

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan a las disposiciones del presente decreto.

Tercero. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.

Notas

1 “Iniciativas sobre marihuana”, audiencias públicas para las alternativas de regulación de la marihuana, en

ttp://www.senado.gob.mx/mariguana/img/cabecera.png

2 Facultando a la Secretaría de Salud a diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que figura el tetrahidrocannabinol (THC), sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos (“Senado aprueba uso de la marihuana medicinal”, El Economista, 13 de diciembre de 2016, en http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/12/13/senado-aprueba-uso- mariguana-medicinal).

3 Resumen ejecutivo, Informe Mundial sobre las Drogas 2016, UNODC Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, en

https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_spanish.pdf

4 “Tráfico de drogas, su impacto en la economía mundial”, Mundo Ejecutivo, en 1 de julio de 2014,

http://mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios/2014/07/01/ trafico-drogas-su-impacto-economia-mundial

5 En http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=3209

6 “Las cifras económicas del narco”, El Economista, 14 de julio de 2015, en

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/07/14/las-cifras- economicas-narco

7 “La cocaína deja ganancias de 3 mil 400 por ciento a los cárteles”, Oaxaca a Diario, 14 de mayo de 2015, en

http://www.adiariooax.com/la-cocaina-deja-ganancias-de- 3400-a-los-carteles/

8 “La economía detrás del narcotráfico”, El Economista, 8 de enero de 2013, en

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/01/08/ economia-detras-narcotrafico

9 Jorge Hernández Tinajero, “Instancias y mecanismos internacionales para el control de drogas: consecuencias imprevistas”, en Qué hacer con las drogas, Rodolfo Vázquez (comp.), Fontamara, México, 2010, p. 118.

10 “Guía sobre políticas de drogas”, Consorcio Internacional sobre política de drogas, 2012, pp. 12 y 122, en

http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/planesNacionales/ docs/Guia_politicas_drogas_SPA.pdf

11 Catalina Pérez Correa (coord.), Justicia desmedida. Proporcionalidad y delitos de drogas en América Latina, Fontamara, México, 2012, pp. 168-169.

12Ibídem, página 184.

13 Miguel Carbonell, “Primera Encuesta a Población en Reclusión del Sistema Penitenciario Federal”, 9 de marzo del 2013, en

http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Primera_Encuesta_a_Poblaci_n_ en_Reclusi_n.shtml

14 En http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/encuesta_ internos_cefereso_2012.pdf

15 “Resultados de la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social”, CIDE, 2012, en

http://big.assets.huffingtonpost.com/CIDE_Prison_Poll_2012.pdf

16 Resumen ejecutivo, Informe Mundial sobre las Drogas 2016, cit.

17 “La neta de las drogas y algo más...”, Guía Preventiva para Adolescentes, en

http://www.conadic.salud.gob.mx/Guia_Preventivas/La_neta_de_las_drogas.pdf

18 “Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Drogas”, Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), 2015, en

http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/investigacion/ENCODE_DROGAS_2014.pdf . Véase también, Informe sobre Uso de Drogas en las Américas 2015, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.2015, en http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=3209

19 Su misión es “promover y proteger la salud de los mexicanos, mediante la definición y conducción de la política nacional, en materias de investigación, prevención, tratamiento, formación y desarrollo de recursos humanos para el control de las adicciones, con el propósito de mejorar la calidad de vida individual, familiar y social”,

http://www.conadic.salud.gob.mx/interior/mision.html

20 “Conadic presenta guías preventivas para niños, niñas, adolescentes, padres y maestros”, México, DF, a 23 de marzo de 2017, en

http://www.conadic.salud.gob.mx/Guia_Preventivas/guia.html (última consulta, 28 de marzo de 2017).

21 “En los últimos 7 años, consumo de drogas en México aumentó 47 por ciento”, Televisa.NEWS, 27 de junio de 2017, en

http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-06-26/ en-ultimos-7-anos-aumento-47-consumo-drogas-mexico/

22 “El consumo de drogas entre mujeres adolescentes aumentó 222 por ciento”, La Jornada, 27 de junio de 2017, en

http://www.jornada.unam.mx/2017/06/27/politica/007n1pol

23 Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, “Estado de Derecho y Seguridad”, en

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=crimen-organizado

24 Alejandro Madrazo Lajous, El impacto de la política de drogas 2006-2012 en la legislación federal,CIDE, México, 2014, página 35, en

http://ppd.cide.edu/documents/302668/0/Libro%207.pdf

25 Tania Tlacaelelt Ramírez Hernández, “Cortes de drogas en México: persiguiendo a los consumidores”, Nexos, 25 de junio de 2015, en

http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=4743

26 “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,” en

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465 &fecha=20/05/2013

27 Véase, Tania Tlacaelelt Ramírez Hernández, La expansión de los tribunales de drogas en México, CIDE, Cuadernos de Trabajo del Monitor del Programa de Política de Drogas, 2016, pp. 24-26. Como agrega la especialista, “Todo ello ocurre previo a una sentencia, así que al acceder a entrar al programa, la persona estaría de alguna manera aceptando su culpabilidad, con las implicaciones que ello tiene para el principio de presunción de inocencia”.

28 Tanía Tlacaelelt Ramírez Hernández, “Expansión de las Cortes de Drogas en México”, en

http://www.animalpolitico.com/blogueros-el-dispensario-dialogo-sobre- drogas/2014/07/02/expansion-de-las-cortes-de-drogas-en-mexico/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de septiembre de 2017.— Diputadas y diputados: Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo,Adriana Terrazas Porras, Ana Georgina Zapata Lucero, Carlos Federico Quinto Guillén, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, David Mercado Ruiz, Edgardo Melhem Salinas, Enrique Rojas Orozco, Fernando Uriarte Zazueta, José Antonio Salas Valencia, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, Marco Antonio Aguilar Yunes, María Angélica Mondragón Orozco, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rocío Rebollo Mendoza, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, Pablo Bedolla López, Pedro Luis Noble Monterrubio, Timoteo Villa Ramírez, Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General en materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Karina Padilla Ávila, diputada federal, integrante de la LXIII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General en materia de Delitos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De las recientes reformas que el Estado mexicano ha aprobado en los últimos años en los acervos legislativos, mismas que han sido punta de lanza innovadora, pero también de un constante perfeccionamiento, así como de cumplir con el reto para una aplicación de manera efectiva, aunado de atender a las diversas mareas de necesidades, que muchas de ellas devienen de arraigos históricos, de crisis en incumplimientos aún visibles y palpables, como por mencionar aquellos movimientos feministas de los años treinta, que cuya principal ideología albergaba era que todas “las mujeres mexicanas, tengan voz en su país”, para que no sean violentadas, no sean ignoradas y mejor sean valoradas.

En este sentido, las grandes transformaciones sociales en los últimos tiempos han generado cambios radicales en el papel que hoy las mujeres desempeñan en la sociedad, por lo que es de reconocer que el trabajo realizado para que las mujeres no sean violentadas en sus derechos humanos en nuestro país, ha tenido avances legislativos y políticos significativos, recordando sus puntos clave como es la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en vigor desde el 1o. de febrero de 2007, la creación e impulso del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como la implementación del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el que involucra a todas las dependencias del sector público, en los tres niveles de gobierno, al igual que una importante participación de instituciones no gubernamentales; sin dejar de mencionar el cumplimiento a los diversos compromisos internacionales en los que el Ejecutivo ha tenido a bien ratificar en diversos tratados internacionales, que de manera obligatoria hace que los Estados parte, generen los medios regulatorios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, pero también los obliga a garantizar los derechos a las mujeres para un acceso igualitario en aquellas funciones públicas, así como la libre y equitativa participación en los asuntos públicos en los que incluyen una efectiva toma decisiones.

Ante ello, desafortunadamente las estadísticas nos incitan en continuar redoblando reforzando y reiteramos la necesidad de seguir perfeccionando los marcos legislativos en la materia y difundiendo con mayor ímpetu los políticas públicas de prevención, pero sobre todo visualizar ampliamente todos escenarios de violencia que afectan a las mujeres, pues de acuerdo con la información aportada por la Organización de las Naciones Unidas reconocida por sus siglas ONU, estima que en México 1 de 3 mujeres han sufrido cualquier tipo de violencia en algún momento de su vida; asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2011, señaló que 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras persona.

Esto, sólo nos arroja una conclusión: “La violencia es un problema muy complejo con diversas aristas y diferentes escenarios que vulneran a las mujeres, por ello se debe regular cualquier tipo violencia, atajar desde la prevención, impulsar políticas públicas para prevenir este delito, atender a las víctimas, procurar justicia y garantizar que realmente se aplique la ley”.

Es inconcebible la violencia en todas sus formas y manifestaciones; en los últimos años la visibilidad de las mujeres en la vida pública ha provocado un efecto negativo, que ha generado incurrir a un catálogo de acciones que rediseñen la introducción de la perspectiva de género en el quehacer público como una obligación constitucional y convencional. Ello implica cómo debe ser tratada y cómo deben de defenderse los derechos individuales de las mujeres al participar en la vida democrática de su país, tomando en consideración la situación de desigualdad histórica existente y los problemas que viven las mujeres al querer incorporarse a tareas de gran calado como son las que tiene que ver con ejercicio del poder en todos los niveles.

No basta dejar de recordar lo que se mencionó hace de más de 20 años, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, que a letra se transcribe: “ La participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones, no sólo es una exigencia básica de justicia o de democracia, sino se puede considerar una condición necesaria para que se tenga en cuenta los intereses de la mujer (....) sin la participación activa de la mujer y la incorporación desde su punto de vista, a todos los niveles, no se podrá conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz”

Por otro lado, debemos destacar que uno de los primeros avances en la materia para garantizar la accesibilidad de las mujeres en el plano público, se encuentra en el artículo 1° Constitucional que obliga a todas la autoridades de acuerdo a su competencia a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el que uno de estos es justamente el derecho a la igualdad, lo anterior, se ha convertido en un principio rector e imperante para cualquier ley, con este principio se pretende erradicar la discriminación de género y como prueba de ello con los avances en el año 2014 vertidos en la Reforma Político-Electoral, mismos que pretender garantizar una igualdad de género en la vida democrática de este país y que son necesario señalar:

A) En el artículo 2o. constitucional, se garantiza que las mujeres y hombres indígenas puedan ejercer sus derechos de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder a cargos públicos y de elección popular al que hayan sido electos; asimismo, se señala que en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos-electorales de las y los ciudadanos en las elecciones de sus autoridades municipales.

B) En el artículo 35 constitucional, se reconoce el derecho de igualdad para que cualquier ciudadano pueda votar en elecciones populares haciendo efectivo el ejercicio político-electoral en los que se suman los principios pro persona el de no discriminación.

C) En la fracción I del artículo 41 constitucional, señala que los partidos políticos deben de promover en la vida democrática la participación de las y los ciudadanos; de igual forma, de manera imperante los obliga a generar igualdad de oportunidades y paridad de acceso a cargos de elección popular en el interior de sus partidos políticos.

Sumado a la anterior, es de destacar que el tema de “paridad” se ha vuelto controversial, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha jugado un papel fundamental para discernir algunos puntos, referentes al tema de “Cuotas de género para los Congresos Estatales y el Federal”, en las acciones de Inconstitucionalidad como la 2/2002; en febrero de ese mismo año, fue discutida “la fórmula de género 70/30” de la legislación electoral Coahuilense, a través de la cual se estableció que el registro de candidatos de los partidos políticos no debían de un 70% de un mismo género. Criterio que quedó como un primer precedente para incluir el tema en la materia electoral.

De igual forma, la acción de inconstitucionalidad 7/2009 y sus acumuladas, previstas en el Código Electoral del Estado de Veracruz, destacando que la Ministra Olga Sánchez Cordero, expuso un razonamiento en el que señala que no sólo es necesario establecer una “fórmula de cuota de género de 70/30”, sino garantizar una “equidad real” más paritaria de “50/50”, pues con esta fórmula se materializa que cualquier nivel normativo, sea igualitario tanto para la mujer y el hombre; asimismo, cuenten con las mismas oportunidades para acceder a cargos de elección popular, lo cual se funda en una obligación constitucional estipulada en el artículo 4° Constitucional que garantiza la igualdad entre mujeres y hombres.

Asimismo, esta argumentación de la exministra Olga Sánchez Cordero, fue incluida para la Reforma Política-Electoral 2014, en la que se modifica al artículo 41 Constitucional, para dar pie y garantizar la paridad de género como una obligación de los partidos políticos en la postulación de candidatos a legisladores locales y federales.

Sin embargo, con esta reforma, también se presentó la acción de inconstitucionalidad 35/2014, en el que se analizó si este principio de género también era aplicable a los partidos políticos, en la postulación de candidatos que se presentan en las planillas para la integración de ayuntamientos; en este sentido, el máximo tribunal resolvió que un ayuntamiento es órgano representativo de elección popular, al igual que las legislaturas estatales, ya que desarrollan funciones derivadas del artículo 115 constitucional. Por lo que tal argumentación, sirvió para resolver la inconstitucionalidad 36/2015 en la que se impugnó la legislación electoral del Estado de Zacatecas confirmando que el principio de paridad era aplicable para la formulación de la plantilla, pero no para la postulación de los cargos en lo individual, aun cuando ello fuera lo deseable. En este sentido, la “Paridad de género en el ámbito electoral constituye no solamente una condición deseable, sino un principio universal y obligatorio desde los ámbitos constitucionales y convencionales para el acceso a las mujeres en condiciones de plena igualdad a los cargos de gobierno.

Continuando con estos incisos finalmente es necesario referir el siguiente:

A) Párrafo 1 del artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), en la que garantiza el derecho de las y los ciudadanos, así como una obligación de los partidos políticos para generar igualdad de oportunidades y paridad en el acceso a cargos de elección popular.

Con lo antes referido podemos vislumbrar que esta reformar político-electoral 2014, generó y obligó a asentar -principios marco- para la celebración de elecciones libres, autenticas, realizadas por sufragio universal e igualitario y por voto secreto que garantice una libertad de expresión de la voluntad ciudadana, así como tener acceso, en condiciones de igualdad, con base en los derechos humanos, y cuando estos no sean cumplidos en su función del ejercicio electoral deben ser sancionados.

Por ello, la presente iniciativa pretende reformar diversos artículos de la Ley General en materia de Delitos Electorales, pues es de señalar que en las pasadas elecciones de los comicios 2015 y 2016 para la elección de gobernadores en diversos estados de la República, se denunciaron ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, diversas amenazas a candidatas electas para abandonar los cargos de elección popular y cederlos al género masculino; asimismo, se llegaron a denunciar un número considerable actos de violencia, amenazas, y hostigamiento contra mujeres candidatas, familiares, e incluso mujeres en el ejercicio de su cargo; en ese sentido, desde el año 2000 a 2016 las denuncias por discriminación y acoso político contra mujeres crecieron 271 por ciento, al pasar de 38 denuncias a 103, registradas principalmente en las entidades federativas de Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

De lo anterior, es preciso señalar que los delitos que más se denunciaron consistieron en : a) Obstaculizar el desarrollo de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; introducir o sustraer de las urnas boletas electorales, o bien, introducir boletas falsas; solicitar declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto (artículo que se interpreta para encuadrar y atender aquellos casos de violencia política de género, dada la falta de tipificación de esta conducta como delito ; b) Apoderarse, destruir, alterar, poseer, usar, adquirir, vender o suministrar de manera ilegal, materiales o documentos públicos electorales; y c) Realizar algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado.

En este sentido, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), nos hace visibilizar esta problemática y como legisladores nos hace reconocer la necesidad de legislar entorno al este tipo de violencia, sin más preámbulo me permito señalar algunos casos relevantes como son los siguientes casos:

• Reforma Chiapas. Violencia contra candidata (intimidación afuera de su casa, violación a asistente, y amenazas y lesiones).

• Villaflores, Chiapas (capacitadora asistente electoral agredida por personas armadas que buscaban quitarle los paquetes electorales).

• Agresión Vocal Ejecutiva. La vocal ejecutiva de la Junta Distrital 07 fue agredida por un grupo partidista, fue golpeada y humillada.

• Auditoria Senior INE. Servidora pública del INE acude a una visita de verificación para tomar fotografías. Es agredida verbalmente y le impiden la realización de su trabajo, quitándole teléfono celular, el cual fue destruido.

• Caso Tabasco. El 13 de marzo de 2016, en la jornada electoral extraordinaria de municipio Centro, Estado de Tabasco, diversas capacitadoras electorales al dirigirse al Consejo Municipal a entregar los paquetes electorales, fueron perseguidas por vehículos en algunas ocasiones les cerraron el paso.

• Caso Oaxaca. Subsecretaría del Comité Nacional de PRD, asistió a un evento de campaña política del PRD organizada en Juchitán, Oaxaca, en donde fue víctima de diversos tocamientos lascivos por el hermano de un candidato.

• Caso Yolanda Rodríguez. Denunció la difusión en la red un video, denominado “Aispuro no le cumple ni a su amante”, el cual hace referencia a una supuesta conversación entre ella y a José Rosas Aispuro, candidato a gobernador en el Estado de Durango por el Partido Acción Nacional, generando con su difusión polémica y mensajes de denostación y denigración hacia su persona afectando su derecho a la privacidad y sus derechos políticos así como una campaña negra hacia el candidato referido, causando intimidación en el electorado respecto del candidato mencionado y en las aspiraciones inmediatas de la denunciante a cargos públicos.

• Caso Hidalgo Tulancingo de Bravo: Candidata a la presidencia municipal de Tulancingo de Bravo, en campaña política fue obligada a realizar video en el cual declina a favor del candidato del Partido Acción Nacional.

• Chenalhó, Chiapas: La presidenta municipal del municipio de Chenalhó, estado de Chiapas, fue obligada a dimitir de su cargo el pasado miércoles veinticinco de mayo del dos mil dieciséis, tras el secuestro de dos legisladores del estado de Chiapas y diversas presiones sociales.

Actualmente, no se tiene tipificado el concepto de violencia política de género, hecho que ha generado que aquellas acciones y omisiones que se comenten contra mujeres, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político –electorales, en primer lugar no sean suficientemente claras de identificar, y lo más grave, tengan un gran problema para poder ser sancionadas, con lo que se genera que se sigan limitando a las mujeres en sus derechos político electorales, el acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Es una realidad que en esta materia, apenas y contamos con un protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, el cual ha sido un gran aliado ante la carencia de legislación expresa que propicie la atención, prevención y erradicación de esta modalidad de violencia no aceptada o medianamente reconocida social y políticamente en nuestro sistema.

Y no obsta con mencionar que el artículo 7 de la Artículo Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer los Estados Parte, como lo es en este caso el Estado mexicano deberá tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

Es por ello que resulta fundamental el poder regular el tipo de conductas u omisiones que actores políticos, administrativos, e incluso jurídicos realizan afectando principalmente los derechos civiles de las mujeres.

Atento a lo anterior, es fundamental atender, investigar y perseguir los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia, es decir, en delitos electorales que atenta con las mujeres. En ese sentido la presente iniciativa de ley tiene como objetivo reforma la Ley General en Materia de Delitos, para ello en primera instancia se adiciona un inciso XV, en el que define que se entenderá por Violencia Política contra las mujeres.

También se considera preponderante adicionar un capitulo III en el que de manera especial tipifique el delitos de violencia política contra las mujeres con la finalidad de darle el tratamiento y la especial atención a este tema.

De igual manera es necesario adicionar diversos supuestos que pudieran en incidir en generar violencia política contra las mujeres y en que la pena para quien la cometa se le impondrá de cien a cuatrocientos días de multa y prisión de tres a siete años de prisión y está aumentará hasta el doble cuando las conductas sean cometidas por el funcionario partidista o al candidato, en contra de mujeres, por el hecho de ser mujeres o en caso de que dichas conductas tengan un impacto diferenciado en las mujeres o les afecte desproporcionadamente.

Finalmente se adicionará un artículo 21 en el que defina quienes son los sujetos de responsabilidad electoral por casos de violencia política contra las mujeres.

Este tema nos invita a diversas reflexiones, la primera no puede llamarse democracia a una sociedad en la que las mujeres estén excluidas de la vida pública y del proceso de adopción de decisiones, vaya una democracia debe entenderse cuando mujeres y hombres compartan la adopción de decisiones políticas y en el ambos intereses cuenten en por igual, por lo anteriormente expuesto me permito ante esta soberanía, presentar el siguiente:

Proyecto de Decreto

Único:Se adiciona un inciso XV al artículo 3 y se adiciona un Capítulo III Denominado “Violencia Política contra las Mujeres, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XIV. ...

XV. Violencia política contra las mujeres: Aquellos actos u omisiones de quien limita condiciona excluye impida o anule el ejercicio de los derechos políticos-electorales de las mujeres que por razón de su género son discriminadas para desempeñar algún cargo político o de elección popular, así como de aquellas que participen como funcionarias electorales para obligarla a que realice contra su voluntad una acción o que incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de su competencia.

Capítulo IIIDel Delito de Violencia Política contra las Mujeres

Artículo 20 Bis. Se impondrá de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, a quien:

I. Retenga, niegue o no distribuya paritariamente los recursos que correspondan a alguna precandidata o candidata, según sea el caso, para la realización de la precampaña o campaña, según corresponda, por razón de género;

II. Retenga, niegue o no distribuya paritariamente el estipendio correspondiente a alguna servidora pública electoral de conformidad con el tabulador autorizado por el órgano competente, por razón de género.

III. Asigne y distribuya candidaturas o cargos públicos a persona del sexo femenino a sabiendas de que con posterioridad será sustituida por una persona del sexo masculino;

IV. Intimide, amenace o realice agresiones físicas, sexuales o psicológicas contra una o varias mujeres, con el objeto de limitar el ejercicio de sus derechos.

V. Ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por una candidata, aduciendo razones de género;

VI. Realice o distribuya propaganda electoral en la que se realicen alusiones negativas por razón de género en contra de candidata o candidatas;

VII. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales afectando directamente a una candidata; o

VIII. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de una precandidata o candidata, por razón de género.

La pena se aumentará hasta el doble cuando las conductas sean cometidas por el funcionario partidista o candidato, o en caso de que cualquiera de dichas conductas tenga un impacto diferenciado en la contienda electoral de que se trate, en perjuicio de dos o más candidatas.

Artículo 20 Ter. Serán sujetos de responsabilidad electoral por casos de violencia política contra las mujeres:

I. Los dirigentes e integrantes de los partidos políticos;

II. Los dirigentes e integrantes de las agrupaciones políticas;

III. Los aspirantes, precandidatos, candidatos y Candidatos Independientes a cargos de elección popular;

IV. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral;

V. Los observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales;

VI. Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público;

VII. Los notarios públicos;

VIII. Los extranjeros;

IX. Lo ciudadanos que pretendan formar un partico político;

X. Los representantes e integrantes de organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos;

XI. Los ministros de culto, representantes o miembros de asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, o

XII. Los demás sujetos obligados en los términos de la presente Ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.— Diputadas y diputados: Karina Padilla Ávila,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Emma Margarita Alemán Olvera, Exaltación González Ceceña, Herminio Corral Estrada, Jesús Antonio López Rodríguez, José Antonio Salas Valencia, Kathia María Bolio Pinelo, Lilia Arminda García Escobar, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Olimpia Zapata Padilla, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo vigésimo tercero transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2017 al tenor siguiente:

Antecedentes

El artículo 4o., quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa: La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Conforme al artículo 25 constitucional, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que, mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. En consecuencia, el Estado planeará, conducirá, coordinará, y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga dicha Constitución.

Por su parte, el artículo 27, establece que, corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.

En ese sentido es dable señalar que entre los diversos servicios que el Estado debe proporcionar a los ciudadanos que conforman su población; se encuentra, el que puedan disfrutar de energía eléctrica, que dada la utilidad que proporciona en todos los ámbitos, debe ser considerado como un artículo de primera necesidad, o un bien de consumo necesario. Sin embargo, para disfrutar de dicho servicio, lo que debe pagarse, sigue siendo de costos elevados, ello, no obstante, que por zonas o regiones económicas existen tarifas variadas.

Ante una situación en la década de 1930 del siglo XX, en la que tres empresas privadas de capital extranjero llevaban las tareas de generar, distribuir y comercializar la energía eléctrica en el país, cubriendo sólo a 37 por ciento de la población, el gobierno mexicano crea la Comisión Federal de Electricidad el 14 de agosto de 1937, con objeto de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, con vista en el beneficio del bien público.

Fue el primer paso hacia la integración del Sistema Eléctrico Nacional, posteriormente poco más de dos décadas después de su creación, con una cobertura nacional de apenas 44 por ciento de la población, el presidente Adolfo López Mateos decidió nacionalizar la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960. Se adquirieron las instalaciones y bienes de compañías privadas, y fue el Estado el responsable de todos los aspectos de la industria eléctrica.

Tras la nacionalización de la industria eléctrica, dos empresas paraestatales se encargaron de la función sustantiva de generar y cubrir con este servicio todos los núcleos poblacionales del país. Con la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009, la CFE es la encargada de brindar el servicio eléctrico en todo el país.

Finalmente, con la reforma energética de 2013, la CFE se transforma en empresa productiva del Estado, encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país, en un marco de competencia y de apertura de mercados.

La nueva empresa productiva del Estado ha establecido como Misión:

Prestar el servicio público de energía eléctrica con criterios de suficiencia, competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los clientes, con el desarrollo del país y con la preservación del medio ambiente.

Formulando su Visión al 2030:

Ser una empresa de energía, de las mejores en el sector eléctrico a nivel mundial, con presencia internacional, fortaleza financiera e ingresos adicionales por servicios relacionados con su capital intelectual e infraestructura física y comercial. Una empresa reconocida por su atención al cliente, competitividad, transparencia, calidad en el servicio, capacidad de su personal, vanguardia tecnológica y aplicación de criterios de desarrollo sustentable.

La CFE es la empresa más grande del sector eléctrico de Latinoamérica, a su vez tiene una cartera de más de 27 millones de clientes e incorporando anualmente un millón más.

Entre sus clientes, usuarios domésticos, comerciales, industriales y gobiernos, tiene una cartera vencida que suma de 41, 880 millones de pesos, dicha cartera está integrada en un 55 por ciento por adeudos de clientes de servicio doméstico, 10 por ciento del sector comercial, 7 por ciento del sector agrícola, 7 por ciento del sector servicios y el restante de gobiernos y organismos públicos.

Exposición de Motivos

Un caso especial es el de Tabasco, cabe señalar que el 80 por ciento de sus ciudadanos no pagan la luz, derivado de las tarifas eléctricas tan altas, por ello, la resistencia civil se ha convertido en una situación de supervivencia, y las condiciones no son para menos, el calor extremo trópico húmedo obliga a la población a utilizar permanentemente aparatos de aire acondicionado, ventiladores y refrigeradores, los cuales elevan el consumo de energía, pero que es sinónimo de altos costos para el bolsillo de los tabasqueños.

Tabasco está clasificado como un estado de bajas temperaturas como si tuviera temperaturas de 26 grados centígrados (según datos de la Comisión Nacional del Agua, Conagua), cuando la realidad es que el promedio es por encima de los 33° centígrados.

Acorde a la Universidad Juárez, que ha realizado estudios de medición de temperatura con mediciones de última generación, distribuidos por toda la entidad, lo que da un resultado real de las temperaturas que se registran; los últimos 12 años en el mundo se han encontrado los 10 años con mayor temperatura promedio de los últimos dos siglos. En Tabasco los estudios preliminares muestran un incremento de dos a tres grados centígrados. Actualmente Tabasco tiene un promedio de máximas mensuales de 34.6 que en temporada de estiaje cuando el termómetro alcanza los 42 grados centígrados para ubicarse en los 45 a 46 grados. Hay un aumento de temperatura constante por lo que ante este error de clasificación por la Comisión Nacional del Agua y como consecuencia para la Comisión Federal de Electricidad no clasifica correctamente a Tabasco.

Las elevadas tarifas eléctricas no permiten el desarrollo industrial del estado, poniéndolo en una desventaja competitiva con el resto del país y del mundo, aunado a que esto se ha convertido en un conflicto para los sectores productivos y la población en general, quienes desde hace varios años solicitan una solución definitiva al alto cobro de la luz.

Aunque en el estado el factor humedad registra altas temperaturas que requieren el uso de aires acondicionados y sistemas de enfriamiento que son una necesidad y no un lujo, en los tabuladores de tarifas eléctricas no se refleja como determinante de un precio justo y preferencial, como sí se presenta en otras entidades con condiciones climáticas incluso menos extremas.

Como por ejemplo en mayo pasado, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich firmó un primer convenio con CFE donde se benefició a 279 mil familias de 37 municipios que pasaron a la tarifa 1F mediante un subsidio de 218 millones de pesos.

Con este nuevo convenio se suman otros 33 municipios que estaban en la tarifa 1A, 1B, 1C y 1D mediante un subsidio de 95 millones de pesos, en beneficio de 149 mil familias, con lo cual todos los sonorenses reciben el mismo trato tarifario por parte de CFE.

Entre las zonas que cuentan con tarifas preferenciales sobresalen: la región de Baja California, la noreste, la norte y la noroeste; en las cuales resulta mucho más caro trasladar la electricidad, debido a que se encuentran muy alejadas de las principales hidroeléctricas que la generan en el país.

Esto último representa una razón más para aplicar un precio favorecedor para el consumidor en Tabasco, ya que numerosas presas hidroeléctricas, como Peñitas, Malpaso, Chicoasén y La Angostura, se encuentran a unos cuantos kilómetros de la entidad, situación que parece increíble ya que Tabasco recibe serias inundaciones por la gran cantidad de agua que baja de la cuenca del Grijalva, en el norte de Chiapas donde se encuentran dichas presas tan importantes y que generan la mayor parte de la electricidad que se emplea en México.

La energía eléctrica tiene que generarse tanto como se demanda en el momento, por lo tanto, fijar una tarifa puede ser complicado, incluyendo todos los factores necesarios para suministrarla y definir su costo, como los combustibles fósiles, la tecnología utilizada, el personal capacitado, la ubicación de la región, la temperatura, la época del año, entre otros. Cabe mencionar que México es uno de los países con mayor precio en energía eléctrica.

La Comisión Federal de Electricidad opera su abastecimiento en un esquema desconcentrado, en el que participan, aproximadamente, 361 centros compradores en todo el país, mismos que dependen jerárquicamente de las diferentes direcciones de la entidad. Hay tres principales variables que debemos tomar en cuenta: la tarifa, si es temporada de verano o fuera de verano y el consumo de kilovatios por hora (kWh).

Existen muchos tipos de tarifa como las domesticas de alto consumo o las que aplican a negocios y empresas. Las tarifas de CFE están basadas en la temperatura ambiente de la localidad: entre más calor, más benévola. Existen 7 diferentes tarifas las cuales son las siguientes.

• 1A: Temperatura media mensual en verano de 25 grados centígrados como mínimo.

• 1B: Temperatura media mensual en verano de 28 grados centígrados como mínimo.

• 1C: Temperatura media mensual en verano de 30 grados centígrados como mínimo.

• 1D: Temperatura media mensual en verano de 31 grados centígrados como mínimo.

• 1E: Temperatura media mensual en verano de 32 grados centígrados como mínimo.

• 1F: Temperatura media mensual en verano de 33 grados centígrados como mínimo.

Durante los meses calurosos la temperatura ambiental aumenta y provoca que muchos aparatos tengan que trabajar mucho más como el refrigerador o el aire acondicionado; el precio por kWh disminuye algunos centavos durante los seis meses de más calor en el año, por lo que ésta es la segunda variable que se debe tomar en cuenta para calcular el pago por la electricidad.

Dar solución a este conflicto pasa necesariamente por la reasignación de tarifas eléctricas justas y por la renegociación de la deuda. La federación debe proponer esquemas de tarifas acordes a la realidad climática, geográfica y económica del estado de Tabasco que enfrenta altas temperaturas por encima de los 35 grados centígrados, por lo que para el mejor desarrollo de la industria y el bolsillo de los tabasqueños se necesita ajustar a la tarifa 1F.

Los altos costos de la luz llevaron a miles de usuarios a ponerse en huelga de pagos. Este conflicto entre la población y la CFE lo tomo y abandero como movimiento de “resistencia civil” el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde organiza a grupos para impedir que personal de la CFE corte la luz y les apoya en reconectar el servicio.

A 20 años de iniciado este movimiento del no pago a la CFE ante los cobros excesivos en el consumo de energía eléctrica, no se ha logrado resolver la añeja demanda. A 2015, los adeudos acumulados sumaron un monto total de 9 mil 306 millones de pesos, correspondientes a 577 mil 107 usuarios.

Tabasco es la entidad que mayores adeudos tiene con la empresa productiva del Estado; la falta de pago incluye entidades gubernamentales, y usuarios finales. El total es de 10 mil 646 millones de pesos, 24.6 por ciento del total nacional.

Cabe resaltar que no se ha resuelto la problemática de adeudos de luz en el estado, sobre todo en el uso de tipo doméstica y comercial, ya que la resistencia civil continúa.

Por una parte, el abuso y cobro excesivo de la CFE es una realidad, lo que generó una resistencia civil plenamente justificada, por otro lado, es innegable que se tiene que hacer el pago de dicho servicio con tarifas justas que beneficien a la población tabasqueña, ante esta situación, el PRD plantea como única alternativa de solución el “borrón y cuenta nueva” y “tarifas justas”.

Es menester señalar que con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía presento la “Memoria de Cálculo” utilizada para determinar el cuadro tarifario y método de actualización de tarifas que aplicará la Comisión Federal de Electricidad por el servicio público de Distribución de energía eléctrica durante el periodo tarifario inicial que comprende del 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018.

Para obtener el ingreso requerido (IR) total, los costos se clasifican en dos grupos: (1) los costos de explotación incurridos por la CFE en 2014 proyectados a 2016 y asignados a las 16 divisiones de Distribución, (2) los costos de capital atribuibles al servicio de Distribución en cada una de las divisiones.

El diseño tarifario para 2016, se realizó considerando cinco grupos tarifarios definidos en función del consumo del usuario y el nivel de tensión, donde la retribución del IR se efectuó con la metodología de asignación por picos no coincidentes. Las tarifas publicadas en el Acuerdo A/074/2015 permiten recuperar el Ingreso Requerido sin considerar pérdidas de energía, quedando de la siguiente manera:

Se autoriza el siguiente IR a CFE por la prestación del servicio público de distribución eléctrica para el primer año del periodo tarifario inicial:

Se determinan las tarifas siguientes para el primer año del periodo tarifario inicial:

Adicionalmente, se calculan factores de pérdidas mediante los cuales el distribuidor obtendrá el ingreso por el porcentaje de pérdidas reconocidas. Finalmente, a partir de 2017 se considera un sendero de eficiencia en costos de explotación y en pérdidas no técnicas para cada división de distribución que impactan en el cuadro tarifario para dichos años.

Tomando en consideración que el modelo de asignación de costos tiene como objetivo el reparto equitativo del costo entre los diferentes tipos usuarios de la energía eléctrica y establecer una ruta de eficiencia en la prestación del servicio de distribución., las tarifas de

Distribución se ajustarán anualmente a partir de 2017 de acuerdo a la siguiente fórmula de indexación:

TDt i = TDt-1 i * (1 + Inflación-FEC -FEE)

Donde:

TDt i es la tarifa de Distribución del usuario de la categoría i en el período t.

TDt-1 i es la tarifa de Distribución del usuario de la categoría i en el período t-1.

Inflación es la es la variación entre el período t-1 y t del Índice Nacional de Precios al Productor indicado en el numeral a. siguiente.

FEC es el factor de eficiencia en costos indicado en el numeral b. siguiente. FEE es el Factor de Economías de Escala.

Derivado de lo anterior, como se puede observar, la metodología utilizada y formulas en ningún momento contemplan las necesidades de la población, ubicación geográfica y primordialmente a su estatus socioeconómico con lo que realmente se puedan fijar las cuotas (tarifas realistas-pagables).

Los que suscribimos, sostenemos que el estado de Tabasco es una entidad que ha ayudado por muchos años de manera muy significativa el desarrollo nacional mediante la aportación de sus recursos naturales (petróleo, gas, etc), desarrollo que no se ve reflejado en sus habitantes al ubicarse dentro de las 10 entidades con mayor tasa de pobreza.

Por tal motivo se establece que la Ley de Ingresos es el vehículo para conducir esta demanda a una condonación total del adeudo por consumo de energía eléctrica, ya que la Ley de ingresos de la Federación establece en su capítulo IV; “De la Información, la Transparencia, la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria, la Fiscalización y el Endeudamiento”, en su artículo 28 lo siguiente:

Con el propósito de coadyuvar a conocer los efectos de la política fiscal en el ingreso de los distintos grupos de la población, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar un estudio de ingreso-gasto con base en la información estadística disponible que muestre por decil de ingreso de las familias su contribución en los distintos impuestos y derechos que aporte, así como los bienes y servicios públicos que reciben con recursos federales, estatales y municipales.

Aunado a ello, en el mismo proyecto se señala que:

Artículo 29. Los estímulos fiscales y las facilidades administrativas que prevea la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 se otorgarán con base en criterios de eficiencia económica, no discriminación, temporalidad definida y progresividad. Para el otorgamiento de los estímulos fiscales deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos pudiesen alcanzarse de mejor manera con la política de gasto. Los costos para las finanzas públicas de las facilidades administrativas y los estímulos fiscales se especificarán en el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Artículo 30. ...

El Presupuesto de Gastos Fiscales comprenderá los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal.

La Comisión Federal de Electricidad es parte de la administración pública paraestatal, al ser parte de ella, los ingresos que recibe este organismo son considerados para elaborar el proyecto de Ley de Ingresos, con lo cual se puede definir que desde hace 20 años la paraestatal no recibe recursos por parte del estado de Tabasco por concepto de pago de energía eléctrica.

En ese sentido, esos ingresos no han estado contemplados para la elaboración del mencionado Proyecto de Ley de ingresos y aunque hay una disposición legal para poder hacer una condonación, al día de hoy no se ha podido terminar con esa problemática.

Por tal motivo, y como mandato constitucional, corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, que dada la utilidad que proporciona en todos los ámbitos, debe ser considerado como un artículo de primera necesidad, o un bien de consumo necesario, por lo cual es imperante que se haga una condonación total del adeudo histórico (borrón y cuenta nueva) y se comience con una nueva relación entre el estado y la paraestatal, que en procesos posteriores beneficiara al ejecutivo en la elaboración del proyecto.

Por lo anteriormente expuesto, quienes suscriben diputados federales de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto

Decreto

Artículo Único. Se adiciona un vigésimo tercero transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 para quedar como sigue:

Transitorios de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2017

Primero. a Vigésimo Segundo. ...

Vigésimo Tercero. El honorable Congreso de la Unión, como parte del programa de reactivación económica para el estado de Tabasco derivado de la caída de los precios del petróleo y en ayuda a su economía familiar, aprueba la condonación total del adeudo histórico por concepto de energía eléctrica de la entidad y reclasificar la tarifa a 1F.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.inecc.gob.mx/descargas/cop16/cop16_taller_sureste_ pon04_lgama.pdf

2 http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_ 019_2015.pdf

3 http://www.cre.gob.mx/documento/5846.pdf

4 http://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/AcuerdosCRE/Acuerdo %20CRE%20A%20074%202015%20Tarifas%20Distribuci%C3%B3n%202016%20a%202018%20 Aprobadas.pdf

Datos referenciales:

http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_019_2015.pdf

http://www.cre.gob.mx/documento/5846.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec_110814.pdf

http://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/AcuerdosCRE/ Acuerdo%20CRE%20A%20074%202015%20Tarifas%20Distribuci%C3%B3n%20 2016%20a%202018%20Aprobadas.pdf

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/ docs/paquete_economico/ilif/ilif_2018.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf

http://www.inecc.gob.mx/descargas/cop16/cop16_taller_sureste_ pon04_lgama.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.— Diputados: Candelario Pérez Alvarado,Héctor Peralta Grappin, Elio Bocanegra Ruiz, Óscar Ferrer Abalos, Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Carlos Lomelí Bolaños, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía, a fin asegurar la participación de representantes de los grupos vulnerables en el Consejo Consultivo de la Economía Social, así como asegurar que el recurso con que se opere tenga carácter de presupuesto irreductible, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes de la economía social

El de economía social es ciertamente el concepto con mayor antigüedad. Su primera aparición en estudios económicos se remonta al siglo XIX. Y autores de renombre como John Stuart Mill y Leon Walras nombraron así las innovadoras organizaciones.

La economía social tiene su origen en el asociacionismo frente a la degradación de las condiciones de vida, la que provocó que diferentes personas con intereses en común se organizaran y desarrollaran las primeras cooperativas y sociedades mutualistas de la era moderna.

La economía social solidaria tomó especial fuerza para México a partir de la quinta Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, celebrada en Lima, Perú, el 16 de mayo de 2008, donde se acordó promover el desarrollo de los activos productivos y la mejora de la productividad, la competitividad y en el intercambio de conocimientos, particularmente en zonas rurales y urbanas afectadas por la pobreza y en sectores sumamente intensivos en mano de obra.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establecía la urgente necesidad de potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos y en continuidad el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como una de las metas nacionales construir un México próspero, que promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica, mediante la generación de igualdad de oportunidades.

A partir de estas consideraciones establecidas en los planes nacionales de desarrollo, la política de fomento económico se reenfoco en los sectores estratégicos con alta capacidad para generar empleo, competir exitosamente en el exterior, democratizar la productividad entre sectores económicos y regiones geográficas, y agregar alto valor a través de su integración con cadenas productivas locales.

Estas buenas intenciones no se materializaron hasta la emisión de la Ley de la Economía Social Solidaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2012 mediante decreto. Éste crea el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía y al cual corresponde asumir las funciones de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, de conformidad con el transitorio tercero de dicha ley.

El instituto tiene como objeto instrumentar, como parte de la Política Nacional de Desarrollo Social, las políticas públicas de fomento y desarrollo del sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar el sector como uno de los pilares de desarrollo económico y social del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector.

En el marco de las acciones de planeación, el artículo 14 de la Ley de la Economía Social y Solidaria establece que el instituto tendrá como funciones instaurar la política nacional de fomento y desarrollo del sector social de la economía; propiciar condiciones favorables para el crecimiento y la consolidación del sector, mediante el establecimiento del Programa de Fomento a la Economía Social; y participar en la elaboración, consecución y verificación del Plan Nacional de Desarrollo, en términos de lo dispuesto en la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades económicas que desarrollen los organismos del sector.

El artículo 46 de la citada ley señala que la Secretaría de Economía creará el Programa de Fomento a la Economía Social, así como los programas regionales y especiales, cuyo objeto será atender iniciativas productivas del sector mediante el apoyo de proyectos productivos, la constitución, el desarrollo, la consolidación y la expansión de organismos del sector y la participación en esquemas de financiamiento social.

La economía social es un sistema de iniciativas colectivas que privilegian la generación de bienestar colectivo constituido por organismos sociales con personalidad jurídica y organización interna que les permite autonomía del resto de los actores económicos y la toma de decisiones que les permite el control y organización de sus actividades, a través de sus órganos democráticos internos de control.

El sector social de la economía opera por organismos de propiedad social, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, en donde se privilegian el trabajo y el ser humano, conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer las necesidades de integrantes y comunidades.

La ley considera lo siguiente en el artículo 4o.:

El sector social de la economía estará integrado por las siguientes formas de organización social:

I. Ejidos;

II. Comunidades;

III. Organizaciones de trabajadores;

IV. Sociedades cooperativas;

V. Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores;

VI. En general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Como se observa en el artículo anterior, su forma de integración y de trabajo ha sido relativamente empírica. Sin embargo, considera desde origen ciertos principios y valores, donde existe una distribución equitativa de los recursos y utilidades generadas por la organización.

En junio de 2015, la SHCP presentó el documento Estructura programática por emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2016, donde se plantea sectorizar el Inaes en el ramo 20, “Desarrollo social”, por lo cual a partir de 2016 las acciones Inaes contribuyen al objetivo 6, “Mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos”, contenido en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018.

En 2016, el Programa de Fomento a la Economía Social presentó los siguientes logros mediante la operación de estos tipos de apoyo:

I. Apoyos a proyectos productivos

• Apoyos para impulsos productivos.

• Apoyos económicos otorgados para proyectos productivos que promuevan la reinversión de los ingresos generados por el proyecto.

• Apoyos en efectivo para proyectos productivos.

• Apoyos en efectivo para la ejecución de un proyecto productivo nuevo; para el desarrollo y consolidación de un proyecto en operación, o para la vinculación en redes o cadenas de valor.

II. Apoyos para el desarrollo de capacidades

• Apoyos para desarrollo de iniciativas productivas.

Son apoyos en especie otorgados a las personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar conformados en grupos sociales a través de una institución de educación media superior o superior que funja como socio estratégico para la formulación de proyectos productivos, asistencia técnica y acompañamiento a los beneficiarios de la modalidad apoyos para impulso productivo.

• Apoyos para el desarrollo organizativo y empresarial.

Apoyos que el Inaes otorga en efectivo o en especie para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades organizativas y empresariales.

• Apoyos para el desarrollo comercial.

Apoyos en efectivo o especie para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades comerciales y la promoción de sus productos y servicios.

• Aportaciones en efectivo a para la realización de procesos de incubación de proyectos productivos.

Apoyos para la promoción y fomento de la economía social.

III. Apoyos en efectivo o en especie para banca social a fin de fomentar y apoyar la creación, transformación,

• Fortalecimiento, consolidación e integración de los organismos del sector social de la economía (OSSE) de ahorro y crédito, en las siguientes modalidades:

• Apoyos para el fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades de la banca social.

• Proyectos estratégicos financieros de la banca social.

• Instrumentos para la administración de riesgos de la banca social.

• Actividades de capacitación para la banca social.

Como resultado, en 2016 se otorgaron 4 mil 730 apoyos a 6 mil 461 OSSE, en beneficio de 34 mil 699 empresarios sociales.

El programa apoyó la ejecución de 5 mil 328 proyectos productivos con mil 951.5 millones de pesos, en beneficio de 28 mil 591 empresarios sociales.

Se otorgaron 2 mil 940 apoyos a organismos del sector social de la economía integrados exclusiva o mayoritariamente por mujeres (55.2 por ciento), en beneficio de 14 mil 754 empresarios sociales, los que 82 por ciento correspondió a mujeres. La inversión canalizada a estos apoyos ascendió a mil 4.9 millones de pesos.

Para fomentar la inclusión productiva de jóvenes se otorgaron apoyos por 81.6 millones de pesos a 224 organismos del sector social de la economía integrados exclusivamente por jóvenes para la ejecución de proyectos productivos, beneficiando a mil 17 jóvenes empresarios sociales.

El 44.7 por ciento de los recursos orientados a proyectos productivos (872.2 millones de pesos) fue canalizado a los 10 estados más pobres del país, en apoyo de 2 mil 377 organismos del sector social de la economía integrados por 13 mil 738 empresarios sociales.

Para apoyar el desarrollo de capacidades de los OSSE se otorgaron 1,960 apoyos a mil 408 organismos del sector social de la economía para el desarrollo de capacidades, en beneficio de 8 mil 558 empresarios sociales (5 mil 103 mujeres). De los apoyos otorgados 873 fueron para desarrollo organizativo y empresarial, mil 76 se canalizaron al desarrollo comercial de los beneficiarios y 11 fueron destinados aportaciones en efectivo a Inprofes para la realización de procesos de incubación de proyectos productivos.

Con esos apoyos, el Inaes cumple el objetivo de contribuir a mejorar el ingreso de personas en situación de pobreza mediante el fortalecimiento de capacidades y medios de los organismos del sector social de la economía que adopten cualquiera de las formas previstas en el catálogo de OSSE, así como personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar integradas en grupos sociales, que cuenten con iniciativas productivas.

Por lo que se aprecia en el informe anteriormente descrito, se han comprobado las bondades que representa la labor del el Instituto Nacional de la Economía Social. Sin embargo, se requiere dar mayor certeza a los proyectos productivos para darles continuidad, por lo que es indispensable sumar al Consejo Consultivo de la Economía Social a los diversos representantes de la sociedad, que velen por los intereses de sus organismos, por lo que se requiere la integración de las siguientes instancias:

• La representación de las mujeres, ya que se debe incluir perspectivas de género que garanticen la igualdad de género.

• Los jóvenes, ya que son un segmento esencial, son el presente y futuro de México y quienes tendrán que dar continuidad a todos los esfuerzos.

• Personas de la tercera edad, una parte de la población con grandes necesidades, con gran experiencia, conocimientos y muchos de ellos con la gran necesidad de sentirse útiles.

• Personas con capacidades diferentes.

• El Instituto Nacional del Emprendedor, el cual puede dar seguimiento a los proyectos a fin de dar continuidad para potencializar el desarrollo económico de proyectos productivos.

Es muy importante dar continuidad, y aumentar el apoyo económico, que el recurso sea constante para que realmente pueda redituar frutos, ya que el recurso que actualmente se otorga es solo para iniciar sus proyectos, recurso que pudiera verse desperdiciado, por el hecho de que muchos de los nuevos proyectos pudieran si no se tiene acompañamiento, al año no pudieran sostenerse y quebrar, implicando tener que cerrar, y el dinero que se invirtió se pierde en su totalidad, sin tener ninguna utilidad y generando frustración al nuevo emprendedor, al no concretar sus metas, y fracasar así como el temor a iniciar una nueva posibilidad de emprender un proyecto más.

Por ello es necesario dar continuidad en apoyos económicos que garanticen que el proyecto inicie, se mantenga y pueda redituar frutos de tal manera que posteriormente solo continúe y se concrete la meta que repercuta en el desarrollo económico de la sociedad, y la generación de empleos.

Dada la generosidad de este tipo de programas en los que se otorgan diferentes tipos de apoyos, tanto económicos y en especie, se requiere también incluir una serie de candados a fin de que el recurso destinado a este tipo de acciones se mantenga al menos en el paso del tiempo, ya que esto genera una reactivación económica en los sectores más desprotegidos, y de igual manera tenemos que eliminar las tentaciones de funcionarios o ex funcionarios, del instituto sean los que gestionen para ellos diferentes tipos de apoyos.

Por lo anterior se considera indispensable reformar la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía, a fin de adicionar lo conducente para asegurar que el recurso asignado se considere irreductible año con año, además de que sean integrados un representante de los siguientes organismos al Consejo Consultivo de la Economía Social:

• Instituto Mexicano de la Juventud.

• Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

• Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad.

• Instituto Nacional de las Mujeres.

• Instituto Nacional del Emprendedor.

De igual manera, se propone poner candados a fin de que ningún ex servidor público obtenga ventajas adicionales por información o por las funciones desempeñadas en el instituto.

Por lo expuesto someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía

Único. Se reforma el artículo 15, fracción I; y se adicionan las fracciones IV al artículo 25 y III al 47 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 15. [...]

I. Los recursos que se le asignen a través de la Secretaría en el Presupuesto de Egresos de la Federación y atendiendo a las prioridades que se señalen en el Plan Nacional de Desarrollo, y dicho presupuesto no podrá ser inferior al monto real del año anterior y deberá incrementarse según se determine en el Presupuesto de Egresos, el cual será considerado irreductible a fin de asegurar el desarrollo económico social y solidario.

II. [...]

Artículo 25. [...]

I. a III. [...]

IV. Se considerarán consejeros invitados, además de los de la fracción tercera, los representantes de los siguientes organismos nacionales:

• Instituto Mexicano de la Juventud.

• Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

• Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad.

• Instituto Nacional de las Mujeres.

Instituto Nacional del Emprendedor.

[...]

[...]

[...]

Artículo 47. [...]

I. y II. [...]

III. Exista entre sus administradores o representantes ex servidores públicos en los términos del artículo 9, fracciones a) y b), de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Economía social y solidaria. Una visión europea, Altamira, Argentina, páginas 35-50.

2 (2017) europarl.europa.eu Consultado el 14 de agosto de 2017, en

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/cumbres_ue_alc/ lima_declaration_2008_es.pdf

3 Diario Oficial de la Federación (2017). Consultado el 14 de agosto de 2017,

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5287618& Fecha: 23 de mayo de 2012

4 (2017) diputados.gob.mx Consultado el 14 de agosto de 2017, en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LESS_301215.pdf

5 (2017) diputados.gob.mx Consultado el 14 de agosto de 2017, en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LESS_301215.pdf

6 Programa de Fomento a la Economía Social 2015-2018, Logros 2016

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.— Diputados y diputadas: Carlos Lomelí Bolaños,Ariadna Montiel Reyes, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Blandina Ramos Ramírez, Concepción Villa González, Ernestina Godoy Ramos, Guadalupe Hernández Correa, Irma Rebeca López López, Marco Antonio Aguilar Yunes, María Antonia Cárdenas Mariscal, María Chávez García, Natalia Karina Barón Ortiz (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Carlos Lomelí Bolaños, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona dos fracciones al artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial, a fin de fortalecer los esquemas de difusión para la gestión de la propiedad industrial mediante la vinculación con el sector educativo y el sector empresarial, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes Históricos de la Propiedad Industrial en México

La Propiedad Industrial en México se origina con publicación de la Primera Ley que regula las disposiciones de patentes y marcas, posteriormente en 1987 se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas y en 1991 se publica la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, estableciendo la creación del instituto Mexicano de la Propiedad Industrial teniendo como atribuciones el apoyo técnico a la Secretaría de Economía en la administración del sistema de propiedad industrial.

El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Continuando con el objeto de brindar apoyo técnico y profesional a la Secretaría de Economía.

A partir del decreto publicado el 2 de Agosto de 1994, se modificaron diversas disposiciones en su operación, por lo que se le confieren en la Ley de la Propiedad Industrial las siguientes atribuciones:

• Otorgar protección a través de patentes,

• Registros de modelos de utilidad y diseños industriales;

• Registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales;

• Autorizar el uso de denominaciones de origen.

• Proteger los secretos industriales.

• Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan competencia desleal.

• Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial.

• Difusión de conocimientos tecnológicos en los sectores productivos.

• Fomento a la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas.

• Divulgación de acervos documentales de información tecnológica contenidos en medios electrónicos, microfilmes y papel.

• Administración y control de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero.

• Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países.

Adicionalmente la Ley Federal de Derechos de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, se contempla un Capítulo denominado “de las infracciones administrativas en materia de comercio” señalándose que la autoridad administrativa en la materia será el IMPI.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece acciones específicas para en alineación y vinculo las actividades del IMPI, destacando lo siguiente:

1) Modernizar, formal e instrumentalmente, los esquemas de gestión de la propiedad industrial, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la protección del Estado a las invenciones y a los signos distintivos.

2) Realizar un eficaz combate a las prácticas comerciales desleales o ilegales.

El Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 de la Secretaría de Economía. Define una serie de acciones necesariamente a emplear por el IMPI en cumplimiento de sus facultades y obligaciones:

• Facilitar y promover la protección de la propiedad industrial.

• Defender la propiedad intelectual.

• Incrementar el desarrollo y registro de propiedad industrial procedente de emprendedores y Mipyme.

El registro de marcas y patentes es una actividad a la cual se debe de dar un impulso desde las instituciones educativas donde la capacidad creativa e inventiva se desarrolla y si se logra conjuntar esfuerzos, estos rendirán frutos en la promoción de la inversión privada, la creación de empleos, el desarrollo económico, y en general, la competitividad del país.

La situación mejor identificada de falta de apoyo a la capacidad creativa e inventiva, la encontramos en Guillermo González Camarena, quien obtuvo en Estados Unidos de América la patente para un adaptador con el cual logro que las imágenes monocromáticas pasaran a ser de color; invento que repercutió mundialmente pues gracias a él podemos ver la televisión a color.

En este sentido es de gran importancia apoyar y fortalecer las acciones en materia de protección, incentivación y desarrollo de las actividades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El IMPI debe por obligación acudir a todas las universidades públicas y privadas para difundir los lineamientos, proyectos, convocatorias para el registro de patentes. Con la finalidad de impulsar el desarrollo tecnológico.

El IMPI debe generar y articular estrecha vinculación para que el contacto no se quede en solo información, si no impulsor y que se dé el acompañamiento en lo sucesivo, así como promover en los investigadores y el personal docente el registro de patentes en la realización de proyectos propios y de los alumnos, así como en las incubadoras de empresas de las instituciones educativas.

Según una publicación de la revista Forbes referente a las patentes registradas por las diferentes universidades se observa que predominan las invenciones en artículos de uso y consumo, en las áreas de actividades rurales, alimentación, objetos personales o domésticos, como vestimenta y calzado, productos farmacéuticos, salvamento y diversiones.

Destacando las siguientes universidades en todo el País:

1. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 238

2. Universidad Nacional Autónoma de México 233

3. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 98

4. Instituto Politécnico Nacional 90

5. Universidad Autónoma de Nuevo León 72

6. Universidad Autónoma Metropolitana 51

7. Universidad de Guanajuato 49

8. Dirección General de Educación Superior Tecnológica de la SEP 30 *

9. Universidad Autónoma de Sinaloa 20

10. Universidad Autónoma del Estado de México 17

* Agrupa instituciones tecnológicas de nivel superior incorporadas a la SEP

Para lograr un desarrollo económico acorde a las necesidades del País, debe existir una estrecha articulación de los sectores gubernamentales académico y empresarial y difundir la información correspondiente a la propiedad intelectual sensibilizando a que se realicen los trámites pertinentes que garanticen seguridad jurídica.

La materialización de proyectos debe impactar en el desarrollo del país al patentar las invenciones por todos los investigadores, así como Impulsar un mayor número de participación en actividades inventivas en los procesos de evaluación de los investigadores quienes son considerados

Todo esto para potencializar el desarrollo económico de nuestro país.

Por lo anterior, se considera indispensable reformar la “ Ley de la Propiedad Industrial” a fin de adicionar lo conducente para asegurar la difusión de los beneficios del registro de marca y patentes ante la comunidad estudiantil.

Por lo expuesto, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona al artículo sexto la fracción XXIII y fracción XXIV de la “Ley de la Propiedad Industrial”.

Artículo Único. Se Adicionan al Artículo 6 las fracciones XXIII y XXIV, de la “Ley de la propiedad Industrial”. Para quedar de la Siguiente manera:

Artículo 6. . [...]

I. [...]...

...

...

XXII... [...]

XXIII. Difundir, fortalecer, estrechar y actualizar los lazos de vinculación entre las instituciones de educación media superior y superior. Para el asesoramiento y acompañamiento en materia de propiedad industrial; así como promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología.

XXIV. La publicación de material impreso o digital en los diferentes planteles de educación básica los cuales incentiven la actividad inventiva de productos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 DOF (2017). dof.gob.mx. Retrieved 14 August 2017, from

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4723246 &fecha=02/08/1994

2 DOF (2017). dof.gob.mx. Retrieved 14 August 2017, from

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4907028 &fecha=24/12/1996

3 (2017). economia.gob.mx 14 August 2017,

http://www.economia.gob.mx/files/prodeinn/Programa_de_Desarrollo_ Innovador2013-2018.pdf

4 Staff, F. (2014). Las universidades mexicanas con más patentes • Forbes Mexico. Forbes Mexico. Retrieved 14 August 2017, from

https://www.forbes.com.mx/las-universidades-mexicanas-con-mas-patentes/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.— Diputados y diputadas: Carlos Lomelí Bolaños,Ariadna Montiel Reyes, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Concepción Villa González, Cuitláhuac García Jiménez, Ernestina Godoy Ramos, Irma Rebeca López López, Jesús Emiliano Álvarez López, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María Antonia Cárdenas Mariscal, María Chávez García, Pedro Luis Noble Monterrubio, Renato Josafat Medina Arias (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto, por el que se declara el 3 de octubre como Día Nacional del Protector de Animales, suscrita por el diputado Jorge Cesáreo Márquez Alvarado e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Jorge Cesáreo Márquez Alvarado y diputados federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 3 de octubre de cada año como Día Nacional Del Protector De Animales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México existen al menos 250 asociaciones protectoras de animales legítimamente constituidas y miles de grupos organizados de ciudadanos pro animales conocidos como protectores independientes. La protección y trato digno a toda forma de vida en los últimos doce años ha tenido un gran auge entre diversos sectores de la sociedad. La historia animalista en México comenzó de la mano de Ita Osorno, fundadora del Refugio Franciscano, a finales de la década de los años setenta del siglo pasado. Posteriormente, en los años ochenta, se logró la expedición de la primera Ley de Protección Animal.

El movimiento animalista es una corriente a nivel mundial que ha cobrado mucha fuerza y en algunos países se ha convertido ya en una poderosa influencia que inspira las agendas de partidos no sólo ecologistas, sino de diversas tendencias políticas.

En México las victorias animalistas también se han hecho presentes en 23 estados que ya han creado su propia Ley de Protección Animal, al tiempo que se han logrado reformar diversos ordenamientos a nivel federal para prohibir el uso de animales silvestres en circos y regular la crianza, venta y sacrificio humanitario de las diversas especies animales.

En la Ciudad de México se creó la brigada de protección animal como medida de prevención del delito, de esta manera se logró no sólo proteger a los animales del maltrato, sino disminuir los niveles de violencia y delincuencia, comúnmente asociados a quienes maltratan a los animales.

Pero el movimiento animalista en México va mucho más allá de las leyes que protegen el bienestar animal, pues sus miembros trabajan todos los días para sacar animales de las calles, contribuyendo con ello a la salud pública al disminuir la cantidad de heces fecales y orina que, en caso contrario, terminaría contaminando el entorno.

A lo largo de más de una década de lucha, se ha concientizado a gran parte de la población mexicana sobre el maltrato animal y su relación directa con la violencia, así se ha logrado disminuir la violencia familiar y, en escuelas donde se permite llevar el mensaje de bienestar y respeto a toda forma de vida, se han establecido programas gubernamentales basados en las actividades y acciones que muchas asociaciones y protectores de animales han hecho durante años sin fines de lucro.

El movimiento animalista se ha convertido en la causa de muchos jóvenes gracias a que una de sus principales características es la incansable búsqueda de crear consciencia sobre el impacto del hombre en la Tierra y sobre las diversas especies que coexisten con nosotros en ella.

Las redes sociales han generado una popularidad antes inalcanzable para los fundadores de la causa animalista, uniendo a millones de usuarios que difunden y comparten contenidos al respecto, condenando cada vez de manera más firme los actos de maltrato. Gracias a esta presión social los casos se han viralizado y los gobiernos toman cartas en el asunto haciendo cumplir las diferentes leyes aplicables en la materia como nunca antes se había hecho.

Sin duda, este movimiento seguirá creciendo y generando consciencia en el grueso de la población, sobre todo en las nuevas generaciones.

Actualmente no existe un día para reconocer el trabajo de miles de mexicanos que luchan por los derechos de los animales y para mejorar las condiciones de vida de la población en general a través del bienestar animal. En este contexto, proponemos declarar el 3 de octubre de cada año como Día Nacional del Protector de Animales. La fecha propuesta se ha elegido por ser el día en el cual se dio el fallecimiento de San Francisco de Asís, considerado por la religión católica el santo patrono de los animales.

En virtud de lo antes expuesto, como agradecimiento a todas esas personas que luchan todos los días por proteger al reino animal y lo hacen con recursos propios, sin esperar nada a cambio más allá de la satisfacción de salvar una vida, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto para declarar el 3 de octubre de cada año como el Día Nacional del Protector de Animales

Único. El Congreso de la Unión declara el 3 de octubre de cada año como el Día Nacional del Protector de Animales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de septiembre de 2017.— Diputados: Jorge Márquez Alvarado,Ana Guadalupe Perea Santos, Jesús Sesma Suárez, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Pablo Bedolla López, Timoteo Villa Ramírez (rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley General de Seguridad Vial, suscrita por el diputado Jonadab Martínez García e integrantes de la Comisión Especial de Movilidad y de diversos grupos parlamentarios

Quienes suscriben, diputado Jonadab Martínez García, diputados integrantes de la Comisión Especial de Movilidad, así como diputados integrantes de diferentes Grupos Parlamentarios en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del Pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley General de Seguridad Vial, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

No vive el que no vive seguro

Francisco de Quevedo (escritor español)

La presente iniciativa se somete a su consideración de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el marco normativo que rige a esta Cámara de Diputados. Sin embargo, es importante mencionar que a lo largo de la redacción de este texto participaron de manera activa, integrantes de la Comisión Especial de Movilidad, conformada por todos los grupos parlamentarios; motivo por el cual, se constituye como un documento que busca conciliar distintas visiones y opiniones en materia de seguridad vial.

Justificación

En nuestro país existe de manera objetiva el riesgo permanente de perder la vida o ser víctima de lesiones por un accidente de tránsito, por tal motivo el Estado a través de los sectores involucrados, debe garantizar el derecho a la vida y a la salud de todos los mexicanos con la implementación de políticas públicas y las reformas legales para lograr la satisfacción de una necesidad pública; por lo que el Poder Legislativo tiene la obligación de fortalecer nuestro marco normativo para prevenir muertes y lesiones ocasionadas por esta causa.

Actualmente no contamos con una legislación vigente que resuelva la grave problemática que representan los accidentes de tránsito y por lo tanto carecemos de procedimientos estandarizados a nivel federal, estatal y municipal, que garanticen el tránsito seguro de las personas por la vía pública.

Lo anterior, se manifiesta en las cifras alarmantes que se han alcanzado en México por la falta de un ordenamiento general de seguridad vial:

• En el año 2012, se registraron 17 mil 102 muertes a consecuencia de lesiones ocasionadas por accidentes viales; esta cifra es 2.93% mayor que en 2011 y desgraciadamente su tendencia es a la alza.

• Esta situación impacta particularmente a los infantes de nuestro país, en el mismo año , los accidentes de tránsito fueron la primera causa de muerte en niños entre 5 y 9 años de edad, con 352 casos y una tasa de 3.1. Esta tasa es mayor que las muertes por leucemia (2.6), malformaciones congénitas del corazón (0.9) e infecciones respiratorias agudas bajas (0.8)”

• Considerando los grupos de edad, en los niños (0 a 9 años) 6.19% de las lesiones accidentales corresponden a lesiones ocasionadas por accidentes viales, en adolescentes (10 a 19 años) 13.71% y en adultos (más de 20 años) 22.27%. Estos porcentajes representan 60 mil 389 lesiones por accidentes viales en niños, 257 mil 967 en adolescentes y 906 mil 166 en adultos.

• En los adolescentes (10 a 19 años de edad) son la segunda causa de muerte, con 2 mil 662 fallecimientos en 2012 y una tasa de 9.0. Esta tasa es menor que los homicidios (11.9), pero es mayor que los suicidios (4.6) y leucemia (2.7).

• La tasa de mortalidad en adultos mayores de 70 años es la más alta (34.9).

• Las lesiones por accidentes viales toman relevancia entre los adultos jóvenes, ya que son la segunda causa de muerte en el grupo de edad comprendido entre los 20 y 29 años, con una tasa de 20.6, solo por debajo de los homicidios (38.6), pero por encima de enfermedades como VIH y el sida (4.7) y padecimientos renales (4.2).”

• De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2014 se registraron más de 134 mil lesionados por accidentes de tránsito.

• Se estima que en México diariamente ingresan a unidades médicas 1700 personas con lesiones graves ocasionadas por accidentes de tránsito y de estas más de 100 enfrentaran discapacidad por esta causa.

• Los traumatismos derivados por accidentes de tránsito son la primera causa de discapacidad motriz entre jóvenes de 17 a 24 años.

• Aproximadamente el 50% de accidentes ocurre por consumo de alcohol, 30% por exceso de velocidad y 20% por ciento por el uso de distractores, como teléfonos celulares.”

• Una de las consecuencias de los accidentes de tránsito que debe de llamar nuestra atención por sus efectos nocivos en la vida de las personas es la discapacidad derivada de ellos. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, en México actualmente existen 1 millón 462 mil 900 personas con alguna discapacidad a consecuencia de un accidente en general, sumándose a este sector anualmente 40 mil personas.

• Datos censales revelan que 14% de la población con alguna discapacidad recibe ingresos por su trabajo, sólo 7% de las personas en dicha condición reciben más de 5 salarios mínimos mensualmente y, aproximadamente, 44% ganan al mes menos de $3,448.

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, establece que las personas con discapacidad se desempeñan mayormente en actividades elementales y de apoyo y muy pocos de ellos como profesionistas.

• Los accidentes de tránsito le cuestan al país alrededor del 1.7% del PIB, equivalente a $150 mil MDP, por pérdida de productividad, daños materiales así como atención médica y hospitalaria. El Estado Mexicano al implementar un cuerpo normativo que emita las herramientas necesarias para tener una política enfocada a la prevención y la disminución de muertes, discapacidades y lesiones, podría redistribuir esta cantidad a otras necesidades nacionales.

Al tener conocimiento de las cifras que se acaban de citar, pareciera que los accidentes de tránsito, la pérdida de la vida o adquirir un tipo de discapacidad, es lo cotidiano, algo que debemos asumir por el simple hecho de nuestra convivencia, pero esto no es así.

Diversos países han adoptado lo que se conoce como “Visión Cero”, la cual consiste en asumir que todo accidente de tránsito es prevenible, teniendo como principios que nadie debe morir ni sufrir lesiones en las vías públicas; que las calles y los vehículos deben adaptarse en mayor medida a las condiciones del ser humano; que el resguardo de la integridad física de las personas que transitan en las vías públicas es responsabilidad de todos; y que es aceptable que ocurran accidentes pero no que resulten en lesiones serias.

Es devastador el impacto que ocurre en las familias cuando un miembro muere o resulta severamente lesionado a causa de un accidente de tránsito, cuando un alto porcentaje de las muertes, lesiones y discapacidades por esta causa son prevenibles.

La seguridad vial es multisectorial, por lo que su legislación involucra a diversos sectores como son educación, salud, transporte y seguridad pública, entre otros, requiriendo de acciones concretas y articuladas, así como datos precisos y confiables que se conviertan en políticas públicas que puedan ser instrumentadas en el sector público, privado y sociedad civil organizada.

La existencia de un marco jurídico sistémico y su correcta aplicación, es decir involucrando a los tres órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia, así como a todos los sectores con injerencia en el tema, es una condición indispensable para tener sistemas viales seguros.

Antecedentes

La Primera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial, celebrada en Moscú en noviembre de 2009, a la que acudieron especialistas, organizaciones no gubernamentales, sector privado y responsables de los gobiernos en las materias de transporte, salud, educación, seguridad y cuestiones conexas de aplicación de las normas de tránsito; culminó en una declaración en la cual se invitaba a la Asamblea General de las Naciones Unidas a exhortar a sus miembros a proclamar un Decenio de Acción para la Seguridad Vial.

Derivado de lo anterior el Secretario General de las Naciones Unidas, en su informe de 2009 presentado a la Asamblea General, alentaba a los Estados miembros a que apoyaran los esfuerzos para establecer dicho Decenio, que brindaría una oportunidad para realizar actividades coordinadas y a largo plazo en apoyo de la seguridad vial a nivel local, nacional y regional.

En marzo de 2010, la resolución A/64/255 de la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el período 2011–2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, con el objetivo de estabilizar y posteriormente reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo, fortaleciendo las actividades en los planos nacional, regional y mundial en materia de seguridad vial; particularmente en los ámbitos de gestión de la seguridad vial, infraestructura vial, seguridad de los vehículos, el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito, educación para la seguridad vial y la atención después de los accidentes.

A fin de contar con un marco de acción, se elabora un Plan Mundial para el citado Decenio, como documento orientativo que facilite la consecución de sus objetivos.

El Plan Mundial pide a los Estados miembros que lleven a cabo actividades en materia de seguridad vial, basándose en los cinco pilares siguientes: gestión de la seguridad vial, la infraestructura vial, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito y la atención después de los accidentes, mismos que son desarrollados en la redacción de la ley que se somete a consideración. Si bien dicho Plan apoya el seguimiento periódico de los progresos hacia la consecución de las metas mundiales relacionadas con el Decenio, señala que las metas nacionales relativas a cada esfera de actividades deberían ser fijadas por cada Estado miembro.

La implementación del Decenio respondió a los efectos negativos que provocan los accidentes de tránsito en el orden mundial y que son:

• 1,3 millones de personas mueren cada año.

• Se estiman más de 3000 defunciones diarias y más de la mitad de estas no viajaban en automóvil.

• Entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales pero que constituyen una causa importante de discapacidad.

• Entre las tres causas principales de defunciones de personas de 5 a 44 años figuran los traumatismos.

Estos datos son el reflejo del aumento indiscriminado de vehículos automotores, sumado a ello la falta de estrategias eficaces sobre seguridad vial y la planificación ordenada del uso de la vía pública. Derivado de lo anterior se estima que las colisiones de vehículos de motor tienen una repercusión económica del 1% al 3% en el Producto Nacional Bruto (PNB) respectivo de cada país, lo que asciende a un total de más de $500 000 millones. La reducción del número de heridos y muertos por accidentes de tránsito permitiría redistribuir los ingresos de un Estado para actividades productivas que generen un desarrollo nacional.

Se han elaborado varios documentos que describen la magnitud de la situación de los traumatismos causados por los accidentes de tránsito, sus efectos sociales, sanitarios y económicos, los factores de riesgo específicos y las intervenciones eficaces. Esos documentos han servido para impulsar la adopción de varias resoluciones en las que se exhorta a la comunidad internacional a que incluya la seguridad vial como una cuestión política mundial, formulando recomendaciones específicas para tomar medidas.

Sin embargo, en el Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2013: Resumen de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se muestra que solo 28 países, que cubren 7% de la población mundial, tienen leyes integrales de seguridad vial en los cinco principales factores de riesgo: alcohol y conducción, exceso de velocidad, no usar cascos de motocicleta, no usar cinturones de seguridad ni sistemas de retención infantil.

En el marco del lanzamiento del Decenio de Acción por la Seguridad Vial, en nuestro país, los secretarios de Salud y de Comunicaciones y Transportes firmaron, el 12 de mayo de 2011, en presencia de representantes de instituciones públicas, privadas y sociales; la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, alineada a los 5 Pilares de Acción del Plan Mundial por la Seguridad Vial de la Organización de las Naciones Unidas.

Aunado a ello, en el mes de abril de 2011, por gestiones de la Secretaría de Salud, el Senado de la República aprobó un Punto de Acuerdo promulgando la década 2011-2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial en México.

Asimismo, en julio de 2011, la Conferencia Nacional de Gobernadores, por unanimidad en la sesión XLI de dicha Conferencia, aprobó su adhesión a la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020.

No debe pasar desapercibido el loable esfuerzo que ha realizado el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), para disminuir la grave problemática en materia de seguridad vial, que afecta a México.

El 20 de marzo de 1987, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se crea el Conapra, con el objetivo de constituir un órgano que proponga y desarrolle las acciones en materia de prevención de accidentes.

Asimismo, se inicia la instalación y funcionamiento de los Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes. Derivado de su gestión en materia de accidentes de tránsito, se crea el Programa de Acción Específico- Seguridad Vial, con la finalidad de establecer intervenciones integrales y multisectoriales para abatir las lesiones ocasionadas por accidentes viales.

También debe mencionarse el reconocimiento a que en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, se incluya en su objetivo 1 del Apartado 1.1.4, de la Seguridad, “desarrollar una infraestructura de transporte y logística mundial que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social; y en su objetivo 3, “generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida”

Sin embargo, estas acciones y objetivos se enfrentan día a día a la falta de legislación que coordine a los diferentes sectores involucrados en la seguridad vial y a los tres órdenes de gobierno con sus respectivas competencias para disminuir al máximo las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes de tránsito.

Antecedentes Legislativos

Legislar sobre seguridad vial, implica abordar distintos aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas, como son la salud, productividad laboral, derecho a un ambiente sano, seguridad pública, diseño de calles y la movilidad.

Si bien el tema tiene en la agenda pública la mayor relevancia, no había existido en el Congreso de la Unión la voluntad contundente de legislar para la protección de la vida y la integridad física de las personas en un hecho tan cotidiano, como lo es desplazarse.

Ejemplo de ello es que durante la LXII y la LXIII Legislaturas Federales, se han presentado un total de 9 iniciativas en la materia de seguridad vial, de las cuales 5 están pendientes de dictaminar, 1 fue dictaminada en sentido negativo, 1 fue retirada y 2 fueron desechadas; todas turnadas a distintas comisiones, sobre legislaciones diferentes, sin que exista en nuestro congreso un órgano de apoyo parlamentario ordinario especializado en el tema.

Es decir, en 5 años, ninguna iniciativa en materia de seguridad vial ha sido aprobada.

Cuadro. Antecedentes legislativos en materia de Seguridad Vial

No obstante, en esta LXIII Legislatura se han realizado, en el ámbito de sus facultades, acciones encaminadas a legislar en materia de Seguridad Vial y su correlativo derecho a la movilidad, así como realizar acciones presupuestarias y de gestión, a través de la recién creada Comisión Especial de Movilidad cuyo reto debe ser transitar a ser una Comisión Ordinaria.

Por lo que hoy estamos ante la oportunidad perfecta de dotar a todos de un marco jurídico indispensable, que coadyuve a resolver aspectos fundamentales en la vida y calidad de vida de todas las personas. Todos nos hemos visto involucrados de una u otra forma en algún tipo de accidente de tránsito y sus consecuencias.

Antecedentes de la Iniciativa

Para la redacción del texto que se presenta, los integrantes de la Comisión Especial de Movilidad de la Cámara de Diputados, atendiendo a la problemática que plantea la materia de la presente iniciativa, llevaron a cabo diversas reuniones con los actores de distintos sectores especializados en el tema, siendo estas:

– Reunión de trabajo con el Grupo de Coordinación para la Seguridad Vial, en Carreteras y Vialidades Urbanas, quienes representan al Poder Ejecutivo Federal, el 8 de marzo de 2017.

– Reunión de trabajo con representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y sector privado, respecto del marco normativo en materia de seguridad vial, el 28 de marzo de 2017. A dicha reunión asistieron representantes de: la Organización de Motociclistas de la Ciudad de México y Área Metropolitana, Unión de Propietarios de Autobuses de Turismo, Pasaje y Carga AC, Italika Motocicletas, Reacciona por la Vida/ asociación de víctimas de percances viales, Céntrico, Bosch, Bicitekas, AC (coalición visión cero de la Ciudad de México), ITDP México, Harley-Davidson-México, Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, Autotraffic, Centro de Prevención de Accidentes en México, Canacintra, Grupo Salinas, WRI/Word Resources Institute , México.

– Intercambio de opiniones con especialistas en seguridad vial y movilidad (sector gobierno y sociedad civil en el ámbito internacional) el 19 de abril de 2017, en el marco del Foro Mundial de la Bicicleta.

Por último, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Organizaciones de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial, el 9 de agosto de 2017, al cual se invitó a la Presidencia de la Comisión Especial de Movilidad de la Cámara de Diputados y en donde se manifestó que los objetivos de dicha Alianza, coinciden en lo posible en la Iniciativa con proyecto de Decreto que se presenta.

El resultado de dichas reuniones es precisamente el documento que presentamos para su conocimiento, en el entendido que es un trabajo en el que participaron todos los interesados en el tema, ya que se recibieron comentarios y observaciones al cuerpo del texto, a fin de lograr un cuerpo normativo serio, sólido, consensado y posible de realizar.

Mención especial, merecen las organizaciones y especialistas, que durante años se han dedicado al estudio y seguimiento de la situación de la seguridad vial en nuestro país, haciendo propuestas y dando soluciones, con la finalidad de que no haya ni una muerte más por accidentes de tránsito, siendo estas: ITDP México, Bicitekas, El Poder del Consumidor, Word Resources Institute, México (WRI), Reacciona Por la Vida, Víctimas de Violencia Vial, Céntrico y Entorno Industrial. Que no quede duda que este trabajo intenta plasmar aquello por lo que durante años han luchado.

Justificación Constitucional

Con la finalidad de contar con el marco jurídico idóneo, es necesario realizar el análisis de constitucionalidad ante una Ley General de Seguridad Vial que cumpla con el objetivo de proteger la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos por las vías públicas del país, a través de un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo a través de la generación de sistemas viales seguros.

Una “Ley general” es una ley que distribuye competencias concurrentes entre Federación, Estados y Municipios. Para emitir una “Ley general” se requiere de una facultad expresa reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como ocurre en las materias de educación, salud, asentamientos humanos, protección ambiental, etc.

Sirve de fundamento a lo anterior las siguientes:

Novena Época. Número de Registro: 187982

Instancia: Pleno. Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XV, Enero de 2002. Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 142/2001

Página: 1042

Facultades concurrentes en el sistema jurídico mexicano. Sus características generales.

Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”, también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado “facultades concurrentes”, entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.

Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, con el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno.

Novena Época. Número de Registro: 176885

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXII, Octubre de 2005. Materia(s): Administrativa

Tesis: I.8o.A.67 A

Página: 2453

Protección a la salud de los no fumadores en el Distrito Federal. La expedición de la ley relativa no invade facultades del Congreso de la Unión.

En términos del párrafo tercero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la propia Carta Magna. Ahora bien, la adición del citado párrafo tercero mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 3 de febrero de 1983, provocó que la materia de salubridad general de la República no estuviera centralizada, sino que la responsabilidad fuera compartida con las autoridades locales, pues así se desprende de la exposición de motivos presentada al Congreso de la Unión por el Ejecutivo Federal en la correspondiente iniciativa de reforma constitucional. En este sentido el Constituyente adoptó el criterio utilizado en otros ámbitos en que la Federación, las entidades federativas y los Municipios pueden actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichas entidades a través de una ley, dando lugar a lo que algunos han denominado como leyes-generales o leyes-marco, como aquellas que expide el Congreso para cumplir con dos propósitos simultáneos: a) Distribuir competencias entre la Federación y los Estados otorgando las bases para el desarrollo de las leyes locales correlativas; y b) Establecer el régimen federal para regular la acción de los poderes centrales en la materia de que se trate. Así, en la materia de salud, y concretamente respecto al tema del tabaquismo, el legislador federal estableció la competencia federal y local, en los artículos 1o., 3o., 188, 189 y 190 de la Ley General de Salud, pues de dichos numerales se advierte que dicha ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Que es materia de salubridad general, entre otras, el programa contra el tabaquismo, por lo que la Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el tabaquismo. Que para poner en práctica las acciones contra el tabaquismo, se tendrán en cuenta entre otros aspectos las acciones para controlarlas y que, en el marco del sistema nacional de salud, la Secretaría de Salud coordinará las acciones que se desarrollen contra el tabaquismo, promoverá y organizará servicios de orientación y atención a fumadores que deseen abandonar el hábito y desarrollará acciones permanentes para disuadir y evitar el consumo de tabaco por parte de niños y adolescentes. La coordinación en la adopción de medidas en los ámbitos federal y local se llevará a cabo a través de los acuerdos de coordinación que celebre la Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades federativas. Por ende, si dentro del marco de concurrencia entre los distintos niveles de gobierno previsto por el propio artículo 4o. de la Constitución, así como en los referidos numerales de la Ley General de Salud, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal conforme a las atribuciones que le confiere el apartado C, base primera, fracción V, inciso i) del artículo 122 de la Carta Magna, para: “i) Normar ... la salud y asistencia social; y la prevención social”, es claro que no se invaden facultades del Congreso de la Unión al legislar sobre el tema, máxime si se toma en consideración el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J. 142/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, correspondiente al mes de enero de dos mil dos, Novena Época, página mil cuarenta y dos, de rubro: “Facultades concurrentes en el sistema jurídico mexicano. Sus características generales”, en la cual determinó que si bien el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”, el órgano reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado “facultades concurrentes”, entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, y dentro de ellas, la de salubridad.

Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 306/2004. Gastronómica El Primer Piso, SA de CV, 21 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria: Rebeca Nieto Chacón.

Amparo en revisión 257/2004. Restaurante El Desván, SA de CV, 28 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria: Rebeca Nieto Chacón.

Amparo en revisión 376/2004. Restaurantes Ricler, SA de CV, 25 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Víctor Aguirre Montoya.

Amparo en revisión 408/2004. Restaurante La Perla del Este, SA de CV, 25 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Víctor Aguirre Montoya.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 2407, tesis I.7o.A.320 A, de rubro: “Salud local. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal al aprobar la ley de protección a la salud de los no fumadores, no invade facultades del Congreso de la Unión.”

Décima Época Núm. de Registro: 160856

Instancia: Pleno. Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1. Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 38/2011 (9a.)

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Facultades concurrentes en materia de asentamientos humanos y de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Los programas de desarrollo urbano municipal deben ser congruentes con los de ordenamiento ecológico federales y locales.

Tanto la materia de asentamientos humanos como la de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico son constitucionalmente concurrentes y sus disposiciones se desarrollan a través de leyes generales, esto es, los tres niveles de gobierno intervienen en ellas. Así, la Ley General de Asentamientos Humanos tiene por objeto fijar las normas conforme a las cuales los Estados y los Municipios participan en el ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos; además, establece las normas bajo las que dichos órdenes de gobierno concurrirán, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y en el desarrollo sustentable de los centros de población. Por su parte, el objeto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como la protección del medio ambiente en el territorio del país. En este sentido, cuando los planes de desarrollo urbano municipal incidan sobre áreas comprendidas en los programas de ordenamiento ecológico federales o locales, si bien es cierto que los Municipios cuentan con facultades para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, interviniendo incluso en actos de planeación, ordenación, regulación, control, vigilancia y fomento del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población en la entidad, también lo es que los Programas de Desarrollo Urbano Municipal deben ser congruentes con los de Ordenamiento Ecológico Federales y Locales, pues no debe perderse de vista que los Municipios no cuentan con una facultad exclusiva y definitiva en las materias de asentamientos urbanos y de protección al ambiente, ya que ambas son de naturaleza constitucional concurrente, por lo que este tipo de facultades municipales deben entenderse sujetas a los lineamientos y a las formalidades que se señalan en las leyes federales y estatales, y nunca como un ámbito exclusivo y aislado del Municipio sin posibilidad de hacerlo congruente con la planeación realizada en los otros dos niveles de gobierno.

Controversia constitucional 31/2010. Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo. 5 de abril de 2011. Mayoría de ocho votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 38/2011, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de septiembre de dos mil once.

Para atender la grave problemática de la inseguridad vial, se requiere la actuación de los tres niveles de gobierno, ante la necesidad de implementar programas integrales y multisectoriales para regular la prevención, ejecución y posterior atención de los accidentes de tránsito.

La materia de la Ley que hoy se presenta, genera un impacto en los tres niveles de gobierno (Federación, Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México); Impacta ante la posible transgresión de derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna, como son la vida, integridad física y el patrimonio de las personas, impacta en los sectores de Educación, Salud, Seguridad Pública, Comunicaciones y Transportes y Ordenación de los Asentamientos Humanos.

Es por lo tanto necesario contar con un cuerpo normativo especializado que concentre y distribuya las facultades y atribuciones que deberán tener las autoridades involucradas y que establezca las bases que, en la materia, deberán seguir las legislaciones estatales ante una política nacional de seguridad vial.

Por lo anterior, la Ley General que se somete a su consideración, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación (Art, 3), salud (Art.4), seguridad pública (Art. 21), comunicaciones y transportes (Art. 73 fracción XVII) y ordenación de los asentamientos humanos (Art. 27), exclusivamente en lo relativo a la seguridad vial.

Con la finalidad de tener claro el argumento de que la seguridad vial es una materia multisectorial, que requiere un cuerpo normativo que distribuya competencias, establezca principios y sobre todo, tener un sustento legal para que los tres órdenes de gobierno puedan actuar ante la problemática, de la forma en que es determinado por el Congreso de la Unión, debemos de hacer mención de los artículos Constitucionales que dan sustento a la Ley General que hoy se propone, la explicación legal de porqué se involucra a diversos sectores constitucionalmente concurrentes, así como las disposiciones legales que rigen el actuar de las distintas autoridades.

A) Sector educación

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 3, fracción VIII, lo siguiente:

El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.

2. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en el artículo 38, fracción V, lo siguiente:

Artículo 38. A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

...

V. Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación preescolar, primaria, secundaria, técnica y normal, establecidas en la Constitución y prescribir las normas a que debe ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al sistema educativo nacional;

3. Por su parte, la Ley General de Educación establece:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas;

...

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

...

XV. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos.

...

B) Sector salud pública

1. La Constitución Política Federal establece en el párrafo cuarto del artículo 4 lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Por su parte, el artículo 73, fracción XVI, dispone:

Art. 73. El Congreso tiene facultad:

XVI. Para dictar leyessobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.

2. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece:

Artículo 39. A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen.

...

VI. Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer a la adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud.

Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en dicho Sistema Nacional de Salud y determinará las políticas y acciones de inducción y concertación correspondientes.

VII. Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social y regulación sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de Salud;

VIII. Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en las materias de Salubridad General, incluyendo las de Asistencia Social, por parte de los Sectores Público, Social y Privado, y verificar su cumplimiento;

...

XX. Prestar los servicios de su competencia, directamente o en coordinación con los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal;

XXI. Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejercer la acción extraordinaria en materia de Salubridad General;

XXIII. Establecer y ejecutar con la participación que corresponda a otras dependencias asistenciales, públicas y privadas, planes y programas para la asistencia, prevención, atención y tratamiento a los discapacitados;

3. Ley General de Salud, establece que es materia de salubridad general la prevención de accidentes:

Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes;

...

XVII. La prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas con discapacidad;

...

XIX. El programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, así como la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol;

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

...

II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes;

Artículo 59. Las dependencias y entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, promoverán y apoyarán la constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones que tengan por objeto participar organizadamente en los programas de promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva, así como en los de prevención de enfermedades y accidentes, y de prevención de la discapacidad y de rehabilitación de personas con discapacidad, así como en los cuidados paliativos.

Artículo 133. En materia de prevención y control de enfermedades y accidentes, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes laborales y de seguridad social en materia de riesgos de trabajo, corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Dictar las normas oficiales mexicanas para la prevención y el control de enfermedades y accidentes;

...

III. Realizar los programas y actividades que estime necesario para la prevención y control de enfermedades y accidentes, y

IV. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y privado, así como de los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y de la población en general, para el óptimo desarrollo de los programas y actividades a que se refieren las fracciones II y III.

C) Sector seguridad pública

1.El artículo 21 de nuestra Carta Magna establece que:

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público.

La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

...

...

...

...

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública...

...

2.LaLey Orgánica de la Administración Pública Federal establece:

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Coordinar, por acuerdo del Presidente de la República, a los Secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública Federal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del Titular del Ejecutivo Federal. Para tal efecto, convocará por acuerdo del Presidente de la República a las reuniones de gabinete; acordará con los titulares de las Secretarías de Estado, órganos desconcentrados y entidades paraestatales las acciones necesarias para dicho cumplimiento, y requerirá a los mismos los informes correspondientes;

...

VIII. Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra Secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal. Asimismo, conducir, en el ámbito de su competencia, las relaciones políticas del Poder Ejecutivo con los partidos y agrupaciones políticas nacionales, con las organizaciones sociales, con las asociaciones religiosas y demás instituciones sociales;

...

XII. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; [comparecer cada seis meses ante las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del Senado para presentar la política criminal y darle seguimiento cuando ésta se apruebe o se modifique]; coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;

XIII. Presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del Presidente de la República;

...

XV. Organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía Federal, garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario, con el objeto de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas y prevenir la comisión de delitos del orden federal;

XVIII. Auxiliar a las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, que soliciten apoyo en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la protección de la integridad física de las personas y la preservación de sus bienes; reforzar, cuando así lo soliciten, la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por aquellas que impliquen violencia o riesgo inminente; promover la celebración de convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con las estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia; así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los tratados internacionales, conforme a la legislación;

3.La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece:

Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

Artículo 3. La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.

4. La Ley de la Policía Federal establece:

Artículo 2. La Policía Federal es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, y sus objetivos serán los siguientes:

I. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;

II. Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos;

III. Prevenir la comisión de los delitos, y

IV. Investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

I. Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las leyes federales;

II. Intervenir en materia de seguridad pública, en coadyuvancia con las autoridades competentes, en la observancia y cumplimiento de las leyes;

III. Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos, en:

a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, los puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares.

...

V. Efectuar tareas de verificación en el ámbito de su competencia, para la prevención de infracciones administrativas;

XXXIII. Vigilar e inspeccionar, para fines de seguridad pública, la zona terrestre de las vías generales de comunicación y los medios de transporte que operen en ellas;

...

XXXV. Levantar las infracciones e imponer las sanciones por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito en los caminos y puentes federales, así como a la operación de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación;

5.Ley del Registro Público Vehicular

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Público Vehicular. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional.

El Registro Público Vehicular es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos.

La aplicación de esta Ley y la coordinación que de ella se derive se hará con respeto absoluto de las atribuciones constitucionales que tengan las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas.

Artículo 3. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo, el cual tendrá las facultades siguientes:

I. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;

II. Operar, regular y mantener el Registro, así como procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno;

V. Vigilar y verificar el cumplimiento de esta Ley y, en el ámbito de su competencia, imponer las sanciones que la misma establece;

Artículo 6. El Registro Público Vehicular tiene por objeto la identificación y control vehicular; en la que consten las inscripciones o altas, bajas, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio nacional, así como brindar servicios de información al público.

La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, utilizarán el Registro con el fin de compartir e intercambiar la información disponible sobre el origen, destino, actos y hechos jurídicos y, en general, cualquier operación relacionada con los vehículos mencionados.

La inscripción de vehículos, la presentación de avisos y las consultas en el Registro serán gratuitos.

Los trámites que se realicen ante las Entidades Federativas se sujetarán a lo que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.

D) Sector comunicaciones y transportes

1.La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 73, fracción XVII, lo siguiente:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

2.La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece:

Artículo 36. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

IX.Otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotransportes en las carreteras federales y vigilar técnicamente su funcionamiento y operación, así como el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas;

...

XII. Fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, así como otorgar concesiones y permisos y fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares y conexos relacionados con los transportes o las comunicaciones; y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la Administración Pública Federal de comunicaciones y transportes;

XIII. Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación de servicios de comunicaciones y transportes;

...

XXI.Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las estaciones y centrales de autotransporte federal;

XXII.Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares;

...

XXIV.Otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar;

...

3.La Ley de Vías Generales de Comunicación establece:

Artículo 3o. Las vías generales de comunicación y los modos de transporte que operan en ellas quedan sujetos exclusivamente a los Poderes Federales. El Ejecutivo ejercitará sus facultades por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los siguientes casos y sin perjuicio de las facultades expresas que otros ordenamientos legales concedan a otras Dependencias del Ejecutivo Federal:

I. Construcción, mejoramiento, conservación y explotación de vías generales de comunicación;

II. Vigilancia, verificación e inspección de sus aspectos técnicos y normativos;

...

Artículo 117. Compete al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la inspección permanente, tanto técnica como administrativa, sobre las vías generales de comunicación y medios de transporte, la que llevará a cabo por sí o bien por conducto del organismo descentralizado correspondiente.

Artículo 126. El personal que intervenga directamente en la operación de los medios de transporte establecidos en las vías generales de comunicación, deberá obtener y revalidar en su caso, la licencia respectiva que expida la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Para el efecto del párrafo anterior, la persona interesada debe sustentar los exámenes de aptitud, así como sujetarse a los reconocimientos médicos, que para cada ramo de servicios señale esta Ley, sus reglamentos y disposiciones legales aplicables.

Los concesionarios o permisionarios de servicios de transportes federales, están obligados a vigilar que el personal a su servicio cumpla con lo previsto en el párrafo anterior, siendo solidariamente responsables por la violación a este precepto, con quienes tengan a su cargo la responsabilidad directa de la conducción de vehículos, incluyendo al personal auxiliar de los operadores.

La infracción al presente artículo, será sancionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los términos de esta Ley, sus reglamentos y las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 127. Los concesionarios o permisionarios de servicios públicos de transporte de pasajeros en vías generales de comunicación, o de la explotación de las mismas, están obligados a proteger a los viajeros y sus pertenencias de los riesgos que puedan sufrir con motivo de la prestación del servicio y a los usuarios de la vía por el uso de las mismas. La protección que al efecto se establezca, deberá ser suficiente para cubrir cualquier responsabilidad objetiva del concesionario o permisionario y amparará los daños y perjuicios causados al viajero en su persona o en su equipaje o demás objetos de su propiedad o posesión, que se registren desde que aborden hasta que desciendan del vehículo, o al usuario de la vía durante el trayecto de la misma.

La protección de referencia podrán efectuarla los concesionarios o permisionarios por medio de un contrato de seguro o mediante la constitución de un fondo de garantía sujeto al cumplimiento de los requisitos, modalidades y disposiciones que en cada caso dicte la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien vigilará que se cubran los riesgos relativos.

Las empresas y personas físicas autorizadas por los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal para operar el transporte público de pasajeros sólo podrán prestar el servicio y transitar en las vías de jurisdicción federal en los términos de esta Ley, si previamente han garantizado su responsabilidad por los riesgos que puedan sufrir los viajeros que transporten.

El monto de la prima del seguro o la cantidad que deba destinarse a la constitución del fondo de garantía según el caso, quedarán comprendidos dentro del importe de las tarifas.

La indemnización por la pérdida de la vida del usuario o del viajero será por una cantidad mínima equivalente a 1500 veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica del Distrito Federal, en la fecha en que se cubra, misma que se pagará a sus beneficiarios en el orden que establece el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes fijará dentro de los primeros 15 días del mes de enero, la cantidad por la que debe protegerse al usuario de la vía o al viajero, así como el monto de la indemnización que deba percibirse de acuerdo con las incapacidades y lesiones que se causaren y los daños que redunden en sus pertenencias, el que se fijará con base en lo establecido por la Ley Federal del Trabajo para riesgos profesionales.

La indemnización por concepto de lesiones a que tienen derecho los usuarios o viajeros, deberá cubrir totalmente los pagos que se originen, por la asistencia médica, la hospitalización y los aparatos de prótesis y ortopedia, pero no podrá exceder del monto que corresponda a la indemnización por muerte.

Mientras dure la inhabilitación, antes de que sea declarada la incapacidad, el usuario o viajero tendrá derecho al pago del salario mínimo vigente en el área geográfica donde la víctima del accidente preste sus servicios, o en caso de cesantía donde ésta resida, que se cubrirá íntegro el primer día hábil de cada semana.

Al declararse la incapacidad permanente, si resulta total, se concederá al accidentado como pago por rehabilitación, la indemnización que corresponda a muerte.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dispondrá administrativamente lo conducente para fijar el monto de las indemnizaciones, produzcan o no incapacidad parcial.

Los aparatos de prótesis que requiera el usuario o viajero para su rehabilitación, serán cubiertos por la aseguradora o por el concesionario o permisionario, en el plazo que fije la autoridad médica competente. El pago por cualquier indemnización se hará en un plazo no mayor de treinta días.

Los viajeros que hagan uso de pases para transportarse gratuitamente o los que estén exentos del pago del transporte, pagarán en efectivo la cantidad correspondiente para que puedan disfrutar de los beneficios del seguro o del fondo de garantía. La falta de pago de esta cantidad, se considerará imputable al transportista.

Cuando se trate de viajes internacionales, se aplicará la protección únicamente por lo que corresponda al recorrido en territorio nacional, pero si se viaja por transporte de matrícula nacional el viajero estará amparado hasta el lugar de su destino.

Los concesionarios o permisionarios que incumplan la obligación de proteger a los viajeros, independientemente de las sanciones a que se hicieren acreedores por esta omisión deberán pagar las indemnizaciones correspondientes en los términos establecidos en este precepto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigilará que los responsables garanticen con bienes de su propiedad el cumplimiento de estas disposiciones.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes resolverá administrativamente todas las controversias que se originen en relación con el seguro del viajero o con el fondo de garantía, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros y a otras autoridades.

4. Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece:

Artículo 1o. La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las fracciones I y V del Artículo siguiente, los cuales constituyen vías generales de comunicación; así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías.

Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Caminos o carreteras:

a) Los que entronquen con algún camino de país extranjero.

b) Los que comuniquen a dos o más estados de la Federación; y

c) Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios.

V. Puentes:

a) Nacionales: Los construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión o permiso federales por particulares, estados o municipios en los caminos federales, o vías generales de comunicación; o para salvar obstáculos topográficos sin conectar con caminos de un país vecino, y

b) Internacionales: Los construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios sobre las corrientes o vías generales de comunicación que formen parte de las líneas divisorias internacionales.

XIII. Tránsito: La circulación que se realice en las vías generales de comunicación;

XVI. Vías generales de comunicación: Los caminos y puentes tal como se definen en el presente artículo.

F) Sector de desarrollo agrario, territorial y urbano

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

...

Artículo 73. ...

XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución

2.Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece:

Artículo 41. A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen:

a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población;

...

c) El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios;

...

X. Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, y coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipales para la realización de acciones en esta materia, con la participación de los sectores social y privado;

...

XVII. Facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la planeación urbana y metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así lo convengan;

...

XIX. Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como autorizar las acciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la fracción que antecede, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XX. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado;

3. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán:

I. Procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima interconexión entre vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando la movilidad peatonal y no motorizada;

II. Fomentar la distribución equitativa del Espacio Público de vialidades que permita la máxima armonía entre los diferentes tipos de usuarios;

III. Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer una mayor flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar la imposición de cajones de estacionamiento;

IV. Promover la innovación tecnológica de punta, para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, así como a la reducción de las externalidades negativas en la materia;

V. Incrementar la oferta de opciones de servicios y modos de transporte integrados, a los diferentes grupos de usuarios, que proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad universal, que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil particular, aquellas innovaciones tecnológicas que permitan el uso compartido del automóvil, el uso de la motocicleta y desarrollar nuevas alternativas al transporte público;

VI. Implementar políticas y acciones de movilidad residencial que faciliten la venta, renta, o intercambio de inmuebles, para una mejor interrelación entre el lugar de vivienda, el empleo y demás satisfactores urbanos, tendientes a disminuir la distancia y frecuencia de los traslados y hacerlos más eficientes;

VII. Establecer políticas, planes y programas para la prevención de accidentes y el Mejoramiento de la infraestructura vial y de Movilidad;

VIII. Promover el acceso de mujeres y niñas a espacios públicos y transporte de calidad, seguro y eficiente, incluyendo acciones para eliminar la violencia basada en género y el acoso sexual;

IX. Aumentar el número de opciones de servicios y modos de transporte, por medio del fomento de mecanismos para el financiamiento de la operación del trasporte público;

X. Establecer políticas, planes y programas para la prevención de accidentes automovilísticos, que desincentiven el uso de los teléfonos celulares al conducir, o manejar bajo el influjo del alcohol o cualquier droga, psicotrópico o estupefaciente, y

XI. Promover políticas que integren al transporte de carga y fomenten la movilidad institucional, entendida esta última, como aquella realizada por el sector público y privado o instituciones académicas orientadas a racionalizar el uso del automóvil entre quienes acuden a sus instalaciones, incluyendo sistemas de auto compartido, transporte público privado, fomento al uso de la bicicleta, redistribución de acuerdo a su residencia y todo tipo de innovación en el sector privado encaminada a dichos fines.

G) Disposiciones constitucionales relativas a las facultades estatales y municipales.

A continuación, se indican los artículos constitucionales que son fundamento en la distinción de facultades entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios:

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

...

III.Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

...

h)Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e

...

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

...

V.Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:

...

h)Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e

...

Por su parte el artículo 122 dispone:

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión.

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.

La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se tomarán las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán comprender:

a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación para la operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance metropolitano;

b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de recursos a los proyectos metropolitanos; y

c) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y de prestación de servicios públicos.

D. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados aplicarán a la Ciudad de México.

Por todo lo anteriormente expuesto, se sostiene que la Seguridad Vial es una función a cargo de la Federación, las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, que deriva de Derechos Fundamentales establecidos textualmente en la Constitución y a los que se ha hecho alusión en los párrafos precedentes.

Así entonces, se considera que los derechos reconocidos constitucionalmente, son solo un modelo mínimo que debe ser ampliado, mediante la interpretación constitucional por este Poder de Estado, a través del principio pro-homine y la fuerza expansiva de los derechos, por lo anterior, legislar en materia de seguridad vial por parte de esta soberanía, goza del sustento jurídico necesario, otorgado por nuestra Carta Magna.

Contenido de la Iniciativa

Las acciones específicas que rigen el contenido de la Ley tienen su fundamento en el Plan Mundial para el Decenio de la Acción para la Seguridad Vial que deriva de la resolución A/64/255 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que proclamó el período 2011–2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial.

Legislar sólo tiene un propósito, servir a la nación con eficiencia, eficacia y madurez parlamentaria, y el fin último de toda política pública es elevar la calidad de vida de todos los miembros de la sociedad, por lo que cuando una norma no da lugar a ello pierde todo sentido.

Certeza jurídica, es este el objetivo último de toda ley, y es precisamente esto, lo que se busca con esta Iniciativa con proyecto de decreto.

La Ley General de Seguridad Vial busca regular las deficiencias existentes en la materia, a causa de lagunas legales que al día de hoy han causado desgraciadamente la pérdida de vidas humanas, situación que no puede seguir omitiéndose.

Si bien es cierto que la elaboración de la Ley General de Seguridad Vial fue un trabajo largo, arduo y complejo, esto no podía ser de otra manera, debido a lo delicado de la materia a legislar, ya que implica necesariamente la coordinación de los tres órdenes de gobierno.

Consideramos que esta Ley General es una normatividad clara, concreta y eficaz; producto de un trabajo profesional, que logra por su certeza jurídica, evitar la ambigüedad y tergiversación de la misma.

Tengan la seguridad que esta Ley evita la violencia gratuita por el uso del espacio vial, así como el daño a la vida, en la integridad física de las personas y de sus bienes.

La Ley General de Seguridad Vial involucra y hace coparticipe a lo largo de la misma, en sus 7 títulos, 5 capítulos, 3 secciones, 80 artículos y 9 artículos transitorios; a los tres niveles de gobierno y a la sociedad en su conjunto, ello debido a que el fin que se persigue es común a todos y si bien los derechos y responsabilidades deben ser compartidas, estas difieren en peso, dependiendo de a quien se alude en la norma.

Dotar al país de un nuevo marco jurídico en esta materia, otorgará beneficios para todos los usuarios de las vías públicas, pero principalmente todas las medidas que deriven de la presente Ley, tendrán como objetivo prioritario la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos por las vías públicas del país, por medio de un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo a través de la generación de sistemas viales seguros.

Lo anterior debido a que en la construcción de esta ley en el Titulo Primero, Capitulo Primero, denominado “Disposiciones Generales”; se establece que la Ley tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, para prevenir y reducir al máximo las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes de tránsito en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, así como para la ordenación y regulación del sistema de seguridad vial en el territorio nacional.

Lo anterior, tomando en cuenta las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación (Art, 3), salud (Art.4), seguridad pública (Art. 21), comunicaciones y transportes (Art. 73 fracción XVII) y ordenación de los asentamientos humanos (Art. 27) exclusivamente en lo relativo a la seguridad vial.

Se establecen principios base para la seguridad vial, en donde destaca que todo accidente de tránsito es prevenible.

Algo fundamental es el establecimiento de una jerarquía de usuarios para la prioridad en el uso de la vía pública, que deberá ser respetada en las políticas, planes y programas en materia de seguridad vial que se establezcan en el país, y que obedece al nivel de vulnerabilidad de los usuarios de la vía, siendo esta: personas con movilidad limitada y peatones; usuarios de transporte no motorizado; usuarios del servicio de trasporte público de pasajeros; motociclistas; prestadores del servicio de trasporte público de pasajeros; prestadores del servicio de transporte de carga y usuarios de transporte particular automotor.

Dentro de esta idea, se busca que el uso de la bicicleta sea un modo de transporte prioritario, lo anterior debido a que el uso de la bicicleta como modo de transporte urbano representa una solución a los problemas generados en gran medida por las externalidades negativas del uso excesivo del automóvil particular, así como de la prioridad que se le ha dado al invertir principalmente en infraestructura para éste. Ejemplos de estos problemas son el congestionamiento vial, la contaminación y la inseguridad vial, mismos que impactan el funcionamiento de toda la ciudad, así como la salud, economía y calidad de vida de los ciudadanos. Por estas razones, es recomendable que las ciudades mexicanas busquen estrategias para incentivar el uso de la bicicleta como modo de transporte. Los peatones y ciclistas encabezan la jerarquía de la movilidad, que ordena los modos de transporte de acuerdo a su vulnerabilidad y las externalidades positivas y negativas que crean. Entre las externalidades negativas se incluyen los riesgos que determinado modo representa para los demás usuarios de la vía.

En otro orden de ideas se crea un glosario de términos, que aclaran conceptos utilizados a lo largo de la Ley, a fin de evitar la confusión o tergiversación de la norma.

En el Título Segundo, denominado “Gestión de La Seguridad Vial”, Capítulo I, denominado “Del Sistema Nacional de Seguridad Vial”; se busca alentar la creación de alianzas multisectoriales y la designación de organismos coordinadores que tengan capacidad para elaborar estrategias, planes y metas nacionales en materia de seguridad vial y para dirigir su ejecución, basándose en la recopilación de datos y la investigación probatoria para evaluar el diseño de contramedidas y vigilar la aplicación y eficacia.

Por tal motivo, se crea el Sistema Nacional de Seguridad Vial, el cual tiene por objeto la implementación coordinada de principios, elementos, acciones, planes, criterios, instrumentos, políticas, servicios y normas; que se establecen con el objetivo de garantizar el desplazamiento seguro de los individuos en las vías públicas, y que priorizaran en su contenido la consecución de las siguientes acciones específicas: Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la seguridad vial; Modernización de la infraestructura vial y de transporte, haciéndola más segura; Uso de vehículos más seguros; Incidir en el comportamiento de los usuarios de las vialidades a efecto de disminuir los factores de riesgo; y mejorar los servicios de atención médica pre-hospitalaria e intra-hospitalaria por accidentes de tránsito.

Se establece quienes serán los integrantes del Sistema, los cuales serán: La Secretaria de Gobernación, quien lo presidirá; la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; la Secretaria de Economía; la Secretaria de Comunicaciones y Transportes ;la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Secretaria de Turismo; la Policía Federal; la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema; los Gobiernos de las Entidades Federativas; un representante de cada una de las Asociaciones Nacionales de autoridades municipales legalmente reconocidas, y los titulares de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Es menester realizar una observación y que se refiere a porqué consideramos que la Secretaría de Gobernación debe presidir la Agencia de Seguridad Vial

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos...” ( Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)

Debe quedar claro entonces que la coordinación a la cual hace mención el artículo 21 de la Carta Magna, no significa el desaparecer la división de poderes y la autonomía de las entidades federativas; sino asegurar canales permanentes de comunicación y articulación institucional, que permitan una operación eficaz; ya que la seguridad pública es una materia que requiere de la participación ordenada de los tres niveles de gobierno.

El término seguridad proviene del latín sucurus, y quiere decir “libre de riesgo”.

Entonces, la principal responsabilidad de un gobierno es generar las condiciones que permitan a los gobernados realizar todas sus actividades, incluidos todos sus traslados, independientemente del modo de transporte que utilicen; de manera segura; en el entendido que su vida y sus posesiones están a salvo; hecho que se logra a través de la seguridad pública.

Así entonces, el fin primero y último de la seguridad en una sociedad, independientemente de su tipo (pública, jurídica, laboral, social o vial) es mantener el orden en las relaciones interpersonales entre sus miembros, a través de acciones preventivas dentro de los marcos operativos que les correspondan.

En el marco de la seguridad vial, podemos entender a un accidente de tránsito como un acto que causa daño, derivado del tránsito de los distintos usuarios de la vía.

Si bien, la intencionalidad no es inherente al accidente de tránsito, tampoco es un hecho fortuito, por lo que es el daño causado a la persona o a sus bienes lo que le da la connotación de accidente.

En un accidente de tránsito, alguien sufre un daño, y alguien ha causado tal perjuicio.

La seguridad vial, es también una condición donde todos los usuarios de las vialidades tienen una participación, una responsabilidad.

La integración, organización y funcionamiento de la seguridad vial se complementa con la seguridad pública, lo anterior debido a que minimizar los efectos negativos ocasionados por los accidentes de tránsito en las vías públicas, requieren de información precisa y oportuna sobre afectaciones viales, así como alternativas que permitan el libre tránsito, es decir, la movilidad de un punto de origen a un destino, y son precisamente los cuerpos de seguridad pública quienes tienen el primer contacto con los accidentes de tránsito.

La generación y difusión de información vial de manera proactiva, en tiempo real, de manera directa y durante las 24 horas de los 365 días del año sobre las afectaciones y alternativas de tránsito vehicular, así como información preliminar sobre muertes y lesiones derivadas de un accidente de tránsito provienen precisamente de los cuerpos policiacos.

Recabar toda la información de cada uno de los accidentes de tránsito, que señalen la condición de la zona del siniestro, permite conocer los puntos de afectación y con ello proporcionar las alternativas viales precisas, así como alternativas y rutas que sirvan de apoyo para evitar los puntos de conflicto a fin de generar traslados rápidos y seguros para los usuarios de las vías públicas.

Por medio de la seguridad vial se busca proporcionar orden en el uso de las vías públicas, lo que implica llevar a cabo acciones tendientes a conservar la tranquilidad y el bienestar colectivo de las personas y de sus comunidades, tanto en su integridad física como en sus bienes, lo que se logra por medio de acciones entre otras, de seguridad pública.

Por lo tanto consideramos que la Secretaría de Gobernación debe presidir el Sistema Nacional de Seguridad Vial, ya que además de lo estipulado en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el diseño constitucional y legal, y al ser la Seguridad Vial una materia multisectorial, el artículo 27, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad coordinar a los Secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública Federal.

Ninguna otra dependencia tiene esta facultad, en cuanto a las atribuciones que otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a las distintas dependencias.

Por lo que, con base en lo anteriormente expuesto, consideramos que de conformidad a lo establecido en la Carta Magna y legislación secundaria, es la Secretaria de Gobernación la dependencia quien debe presidir el Sistema Nacional de Seguridad Vial.

La amplitud del tema y las causas del mismo conllevan a entenderlo como una materia multisectorial, que debe ser atendida desde diferentes frentes es por tal motivo que se integra de manera funcional y estratégica a los tres órdenes de gobierno, atendiendo a la competencia de cada uno de ellos en la aplicación de la presente Ley.

Sin embargo, garantizar la seguridad de todas las vialidades del país, no es una tarea sencilla, es una encomienda compleja por lo que la coordinación entre las distintas dependencias de gobierno, a través de un sistemaes fundamental, entiendo a este último como el conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo, a fin de hacerlo eficaz.

En el Capítulo II denominado “De la distribución de competencias en materia de Seguridad Vial” se establece que la Federación (a través de las Secretarias de Gobernación, Salud, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Comunicaciones y Transportes, de Economía, Educación, Hacienda y Crédito Público, y Procuraduría General de la República) las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, coadyuvarán para el cumplimiento de las acciones de esta Ley de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables.

Es decir, que sin invadir las esferas de competencia establecidas en nuestra Carta Magna, esta Ley General en materia de seguridad vial busca dotar al país de un marco jurídico que distribuya con apego a la ley atribuciones entre los tres órdenes de gobierno, determinando la forma y los términos de la participación cada uno de ellos, al tratarse de un tema multidisciplinario.

En el Capítulo III, denominado “De la Agencia Nacional de Seguridad Vial” se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como un organismo sectorizado a la Secretaria de Gobernación, y entre cuyas atribuciones están: Formular el Plan Nacional de Seguridad Vial, participar en el desarrollo y mejoramiento del Registro Público Vehicular; Emitir los lineamientos que deberán atender las autoridades competentes, para la práctica del examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias que corresponda, para conducir un vehículo motorizado, dependiendo del tipo de licencia; Desarrollar la implementación y el funcionamiento de un Registro Único Nacional de Licencias de Conducir; Emitir los lineamientos que deberán atender las autoridades competentes para la expedición de las licencias de conducir; Emitir los lineamientos correspondientes que permitan la uniformidad en relación a la formación y evaluación, protocolos de pruebas teórico prácticas, reglamentación para la certificación de escuelas de manejo, así como de sus instructores y evaluadores; Practicar y promover auditorías de seguridad vial y estudios de mejoramiento de sitios con elevada incidencia de accidentes de tránsito; y Recomendar los ajustes presupuestales y programáticos pertinentes para las vías públicas, que permitan reducir o mitigar los accidentes de tránsito;

Se mandata que la Agencia contará con un Observatorio de Seguridad Vial, como una unidad administrativa dependiente de esta, que se constituye para realizar el análisis, recolección y sistematización de datos relevantes para la seguridad vial y la gestión del tránsito de todos los usuarios de la vía pública

En el Capítulo IV, denominado “Financiamiento de la Seguridad Vial” se establece que serán instrumentos de financiamiento público de la seguridad vial el Fondo Nacional de Seguridad Vial (el cual se constituirá) y todos los demás instrumentos federales, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que promuevan la seguridad vial.

En el Capítulo V, denominado “Planeación de la Seguridad Vial” se establece que la Federación, Entidades Federativas, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, establecerán los instrumentos y mecanismos necesarios para el diagnóstico, información, seguimiento, evaluación y auditoría de las políticas, planes y programas de seguridad vial, a fin prevenir y reducir al máximo las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes de tránsito.

En el Título Tercero denominado “Infraestructura Vial” se busca aumentar la seguridad y la calidad de las vías públicas en beneficio de todos los usuarios de las vías, especialmente los más vulnerables; lo anterior mediante la aplicación de evaluaciones de la infraestructura vial y el mejoramiento de planificación, diseño, construcción y el funcionamiento de las vías, teniendo en cuenta la seguridad vial.

Asimismo, que en materia de prevención de accidentes de tránsito, los distintos órdenes de gobierno, en el marco de sus atribuciones, deberán establecer políticas, planes y programas que, reconociendo la posibilidad del error humano, se encaminen a evitar muertes, lesiones y discapacidades, a través del mejoramiento de la infraestructura vial.

También se establece que el Gobierno Federal, emitirá las disposiciones administrativas necesarias sobre diseño vial seguro y dispositivos de control del tránsito, con el objeto de establecer estándares nacionales que puedan retomar las Entidades Federativas e incorporarlas en sus políticas de seguridad vial.

Se establece que en el diseño de infraestructura vial segura deberán la Federación, las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México considerar criterios como: Planeación bajo el enfoque de calles completas, accesibilidad universal, intersecciones seguras, pacificación del tránsito y bajas velocidades.

Se estipula que los tres órdenes de gobierno tienen que llevar a cabo auditorías de seguridad vial, en las etapas de planeación, proyecto, construcción y operación de las vías públicas, conforme a las disposiciones administrativas que al efecto se admitan, con el fin de determinar segmentos de la vía pública que presenten riesgos para la seguridad.

Se establece que todos los proyectos de infraestructura vial y la que este en operación, deberán observar las mejores prácticas y emplear los mejores materiales de acuerdo a la más actualizada evidencia científica; así como incorporar en lo posible, los avances e innovaciones tecnológicas existentes y futuras en materia de seguridad vial.

Por último, se decreta que las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno llevarán a cabo las adecuaciones necesarias en las disposiciones legales de su competencia, a fin de aplicar las medidas correspondientes para restringir la circulación de vehículos de carga, durante los días festivos, fines de semana o periodos vacacionales en las vías públicas.

En el Título Cuarto, denominado “Uso de vehículos más seguros” se busca alentar el despliegue de mejores tecnologías de seguridad en los vehículos, combinando la armonización de las normas internacionales pertinentes y los sistemas de información a los consumidores.

En este título se establece, que los vehículos que se comercialicen por primera vez dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, ya sean fabricados en el país o importados, deben cumplir con las regulaciones de seguridad que para tal efecto sean emitidas por la autoridad competente.

Se señala, que las personas físicas o morales, fabricantes o importadores que comercialicen tipos de vehículos nuevos, deberán consultar y cumplir las normas nacionales, normas o regulaciones internacionales vigentes o las que las sustituyan o actualicen, conforme a los dispositivos y pruebas de seguridad que establezca la autoridad competente; así como incorporar en dichos vehículos, los dispositivos de seguridad esenciales de conformidad con loestablecido en las normas oficiales mexicanas aplicables y las especificaciones, que serán establecidos por la autoridad correspondiente, y realizar a través de evaluaciones de desempeño, las pruebas necesarias para demostrar el cumplimiento de las especificaciones aplicables.

En relación al Título Quinto “Usuarios de la Vía” lo que se busca es elaborar las disposiciones administrativas necesarias para lograr la homologación de las normas que rigen el comportamiento de los usuarios de las vías públicas, con la finalidad de aumentar las tasas de utilización del cinturón de seguridad y del casco en motociclistas; reducir la conducción bajo los efectos del alcohol; establecer límites de velocidad y otros factores de riesgo.

En este Título se establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se coordinaran entre sí a efecto de que todo conductor sea titular de un número único de licencia a nivel nacional, empleando para ello las mejores prácticas y tecnologías para la administración de la información y comunicación, que permitan conocer el historial de los usuarios en todo momento y lugar.

Para obtener la licencia de conducir se deberá aprobar el examen de valoración psicofísica integral y del examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias.

Se establece que La Federación, las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; atenderán los lineamientos emitidos por la Agencia que permitan la uniformidad en relación a los tipos de licencias y los requisitos emitidos por la autoridad competente para la obtención o renovación de las mismas; se apegarán a los lineamentos para la formación y evaluación, protocolos de pruebas teórico prácticas, reglamentación para la certificación de escuelas de manejo, así como de sus instructores y evaluadores; y atenderán los lineamientos que emita la Secretaría de Salud para la autorización y acreditación del personal médico, paramédico e institución que practique los exámenes mencionados en párrafo precedente.

Se estipula que las autoridades en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo los operativos de alcoholimetría, aplicando los límites de alcohol en sangre y aire aspirado, establecidos en los lineamientos que emita la Secretaria de Salud.

Se establece que todo vehículo motorizado que circule en el territorio nacional deberá estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros para responder del pago de la indemnización por los daños ocasionados en cualquier accidente de tránsito en donde resulte involucrado un tercero, y cuya contratación; será responsabilidad del propietario del vehículo.

Se establece que las Entidades Federativas deberán incluir en sus reglamentos de tránsito disposiciones generales mínimas, las cuales son: Que los conductores deben contar con licencia vigente, o, en su caso permiso; la preferencia del paso de peatones en el cruce de vías públicas; velocidades máximas de acuerdo a los criterios establecidos por la Agencia; utilización del cinturón de seguridad de forma obligatoria para todos los pasajeros de vehículos motorizados; el uso de tecnologías como medio auxiliar para la captación de infracciones; cualquier persona menor de doce años o que por su constitución física lo requiera, deberá viajar en los asientos traseros con un sistema de retención infantil o en un asiento de seguridad que cumpla con los requisitos establecidos en la Norma Oficial Mexicana aplicable por la autoridad competente; todos los vehículos motorizados deberán contar con estándares de seguridad vial internacionales; el casco debe ser obligatorio para conductor y pasajeros de motocicletas; la prohibición de distractores al conducir; y la prohibición de conducir vehículos por la vía pública con los niveles de alcohol en la sangre que determine la autoridad competente.

En el Título Sexto “Atención Médica Prehospitalaria” se busca aumentar la capacidad de respuesta a las emergencias ocasionadas por los accidentes de tránsito y mejorar la capacidad de los sistemas de salud y de otra índole para brindar a las víctimas tratamiento de emergencia apropiado.

Las lesiones provocadas por los accidentes de tránsito deben tener una adecuada atención de primer momento, la cual es conocida como atención pre hospitalaria.

La falta de instrumentos y organización provocan limitaciones para desarrollar dicho cuidado, lo cual provoca una deficiente coordinación de la prestación del servicio de ambulancias, falta de vinculación entre unidades móviles de atención pre hospitalaria y unidades de atención médica, falta de un programa de regulación para la acreditación, certificación y profesionalización del personal de ambulancias, carencia de una preparación adecuada de todo el personal de asistencia e improvisación y habilitación de recursos humanos, materiales.

En este Título se establece que es responsabilidad de las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, implementar un sistema de atención médica pre-hospitalaria, el equipamiento y protocolos de acción, así como el perfil del personal que opere y responda ante una emergencia, de acuerdo con la norma oficial mexicana aplicable; así como también coordinarse a efecto de homologar las sanciones aplicables al personal responsable de atención medica prehospitalaria, que de manera injustificada tarde más del tiempo establecido en los protocolos aplicables para arribar al sitio del siniestro después de haber recibido el aviso del centro que administre el número telefónico único de emergencias.

Por último en el Título Séptimo, denominado “Infracciones y Sanciones” se establece que la vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones prevista en la Ley, recae en las dependencias y entidades de la administración pública encargadas de la seguridad vial de los tres órdenes de gobierno en el ámbito de su respectiva competencia, y que son responsables, a través de las unidades administrativas o áreas con facultad para realizar las funciones de inspección, verificación y control de tránsito y vialidad, de imponer las sanciones administrativas conforme a la normatividad federal o local vigente, según corresponda.

Por lo anteriormente razonado y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados permito someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se expide la Ley General de Seguridad Vial

Artículo Único.Se expide la Ley General de Seguridad Vial, para quedar como sigue:

Título PrimeroDisposiciones Generales

Artículo 1. Esta Ley es de orden público, e interés y observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, para prevenir y reducir al máximo las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes de tránsito en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, así como para la ordenación y regulación del sistema de seguridad vial en el territorio nacional.

Artículo 2. La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación, salud, seguridad pública, comunicaciones y transportes y ordenación de los asentamientos humanos exclusivamente en lo relativo a la seguridad vial.

Artículo 3. Todas las medidas que deriven de la presente Ley, tendrán como objetivo prioritario la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos por las vías públicas del país, por medio de un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo a través de la generación de sistemas viales seguros.

Artículo 4. La seguridad vial deberá tener como base los siguientes principios:

I. Todo accidente de tránsito es prevenible;

II. El resguardo de la integridad física del usuario es responsabilidad compartida entre los proveedores de las vías, de conformidad con las leyes aplicables; los operadores de los distintos modos de transporte y el propio usuario;

III. La seguridad vial debe ser continua, entendido esto como el desarrollo que responde a las necesidades de las generaciones presentes y futuras, a través de instrumentos e instituciones;

IV. La generación de sistemas viales seguros requiere acciones de concertación entre los sectores público, privado y social; a través de mecanismos transparentes de participación;

V. El diseño vial de espacios seguros, implica mejorar intersecciones, así como calles completas y pacificación del tránsito, bajo criterios de accesibilidad universal; y

VI. Las políticas públicas en materia de seguridad vial priorizarán a los usuarios más vulnerables de la vía, a través de la intermodalidad y el uso cordial y responsable de las calles.

Artículo 5. La prioridad en el uso de la vía pública, tanto en las políticas públicas, planes y programas en materia de seguridad vial, estará determinada por el nivel de vulnerabilidad de los usuarios de la vía y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía:

I. Personas con movilidad limitada y peatones;

II. Usuarios de transporte no motorizado;

III. Usuarios del servicio de trasporte público de pasajeros;

IV. Motociclistas;

V. Prestadores del servicio de trasporte público de pasajeros;

VI. Prestadores del servicio de transporte de carga, y

VII. Usuarios de transporte particular automotor.

Las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, promoverán en sus estrategias, planes y programas de seguridad vial, el uso de la bicicleta como modo de transporte prioritario.

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

Accidente de tránsito:Evento que es producido por el tránsito vehicular, en el que interviene por lo menos un vehículo; causando la muerte, lesiones, alguna discapacidad y/o daños materiales; que puede prevenirse y sus efectos adversos atenuarse.

Auditoría de seguridad vial:Procedimiento sistemático útil para la prevención de accidentes de tránsito y la reducción de la gravedad de los mismos, mediante el cual se comprueban las condiciones de seguridad en el proyecto de una nueva vía pública o de una vía pública existente o de cualquier proyecto u obra que pueda afectar tanto a la vía misma como a los usuarios, con el propósito de garantizar que las vías públicas, desde su primera fase de planeación, se diseñen con los criterios óptimos de seguridad para todos sus usuarios, verificando que se mantienen dichos juicios durante las fases de proyecto, construcción, conservación y puesta en servicio de la vía, y que debe realizar un auditor o grupo de auditores independientes calificados.

Agencia:La Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Atención médica pre-hospitalaria:es la otorgada al paciente cuya condición clínica se considera que pone en peligro la vida, un órgano o su función, con el fin de lograr la limitación del daño y su estabilización orgánico-funcional; comprende desde los primeros auxilios que se le brindan hasta la llegada y entrega a un establecimiento para la atención médica con servicio de urgencias.

Especificaciones técnicas:parámetros a los que se encuentra sujeto el diseño, funcionalidad y uso tanto de las vías públicas como de los modos de transporte, con el objeto de garantizar la seguridad e integridad del usuario y la disminución del riesgo.

Examen de valoración psicofísica integral: es el conjunto de estudios clínicos y de gabinete, que se practican a los aspirantes para obtener o renovar una licencia de conducir, con la finalidad de dictaminar si está en aptitud, desde el punto de vista médico y psicológico, de realizar las funciones inherentes a los privilegios que su licencia le otorga.

Factor de riesgo: Todo hecho o acción que dificulte la prevención de un accidente de tránsito.

Fondo: Fondo Nacional de Seguridad Vial.

Infraestructura: Conjunto de elementos con que cuentan las vías públicas, que tienen una finalidad de beneficio general, y que permiten su mejor funcionamiento e imagen urbana.

Observatorio: al Observatorio de Seguridad Vial.

Requisito médico: es el documento que define las condiciones psicofísicas indispensables y las posibles alteraciones orgánico funcionales que deberán tomarse en cuenta en la práctica del examen de valoración psicofísica integral para determinar si una persona es apta o no apta para ejercer los privilegios y responsabilidades que su licencia de conducir le confiere.

Seguridad vial: Condiciones cuyo objetivo es prevenir y evitar los accidentes de tránsito a través de generar las políticas públicas que protejan la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos por las vías públicas e infraestructura.

Sistema:al Sistema Nacional de Seguridad Vial.

Sistema vial:Conjunto de elementos y recursos relacionados, cuya estructura e interacción permiten el desplazamiento de personas y bienes.

Unidad de verificación:Persona física o moral que realiza actos de verificación.

Usuario: Todas las personas que realizan desplazamientos haciendo uso del sistema vial.

Vía Pública:Carretera de cualquier tipo, con o sin accesos controlados, o calle de cualquier tipo, cuya función es facilitar el desplazamiento de todos los usuarios.

Título SegundoGestión de la Seguridad Vial Capítulo IDel Sistema Nacional de Seguridad Vial

Artículo 7.La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Vial, el cual tiene por objeto la implementación coordinada de principios, elementos, acciones, planes, programas, criterios, instrumentos, políticas públicas, servicios y normas; que se establecen con el objetivo de garantizar el desplazamiento seguro de los individuos en las vías públicas.

Los integrantes que conforman el Sistema estarán obligados en el ámbito de su competencia, a la generación de datos de calidad que avalen la asignación de los recursos presupuestales necesarios, para generar política pública enfocada al cumplimiento de su objetivo.

Artículo 8. Las funciones de planeación, programación, gestión, control, evaluación e investigación del Sistema se ceñirán a las directrices del Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Seguridad Vial, priorizando la consecución de las siguientes acciones específicas:

I. Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la seguridad vial;

II. Modernización de la infraestructura vial y de transporte, haciéndola más segura y accesible;

III. Uso de vehículos más seguros;

IV. Incidir en el comportamiento de los usuarios de las vías públicas a efecto de disminuir los factores de riesgo; y

V. Mejorar los servicios de atención médica pre-hospitalaria e intra-hospitalaria por accidentes de tránsito.

Artículo 9. El Sistema está integrado por los titulares de:

I. La Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá;

II. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. La Secretaría de Economía;

IV. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

V. La Secretaría de Educación Pública;

VI. La Secretaría de Salud;

VII. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

VIII. La Secretaría de Turismo;

IX. La Procuraduría General de la República;

X. La Policía Federal;

XI. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del sistema;

XII. Los Gobiernos de las Entidades Federativas;

XIII. Un representante de cada una de las Asociaciones Nacionales de autoridades municipales legalmente reconocidas; y

XIV. Los titulares de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.

La representatividad de cada dependencia recaerá directamente sobre su titular, quien podrá designar un suplente que deberá tener nivel inmediato inferior, manteniendo voz y voto. En las reuniones el suplente contará con las mismas facultades que los propietarios.

Se podrá invitar a representantes de los sectores público, social y privado, con voz pero sin voto, cuando se aborden temas relacionados con el ámbito de su competencia.

Artículo 10. La Secretaría Ejecutiva del Sistema elaborará el proyecto de reglamento para el funcionamiento del mismo y lo presentará a sus integrantes para su consideración y aprobación en su caso.

Capitulo IIDe la Distribución de Competencias en Materia de Seguridad Vial

Artículo 11. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, coadyuvarán para el cumplimiento de las acciones de esta Ley de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables.

Sección PrimeraDe la Federación

Artículo 12. Corresponde a la Federación:

I. Celebrar convenios de cooperación y coordinación en la materia;

II. Promover la firma de tratados internacionales de carácter bilateral y multilateral en materia de seguridad vial, y asesorar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la implementación de los mismos;

III. Promover en la población el conocimiento sobre los factores de riesgo y la prevención en materia de seguridad vial, a través de diversas actividades de difusión;

IV. Proponer que las acciones y obras relacionadas con la seguridad vial que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal ejecuten en coordinación con los gobiernos de las Entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como con los sectores social y privado, cumplan con el objetivo establecido en la presente Ley;

V. Elaborar y ejecutar planes y programas de seguridad vial en coordinación con las autoridades competentes;

VI. Promover la adhesión de acuerdos con organismos internacionales dedicados al desarrollo de regulaciones sobre seguridad para vehículos;

VII. Mantener actualizada la información contenida en sus padrones vehiculares con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones relativas al registro público vehicular con el objetivo de coadyuvar al cumplimiento de los principios de la presente Ley;

VIII. Proporcionar la información en la materia por parte de las autoridades competentes a la Agencia; y

IX. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 13. Corresponde a la Federación, a través de la Secretaría de Gobernación, las siguientes atribuciones:

I. Establecer y supervisar todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema;

II. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la atención de la seguridad vial, así como su seguimiento respectivo;

III. La realización de los operativos de alcoholimetría; con base en los límites establecidos por la Secretaria de Salud, y en el marco de su competencia;

IV. Celebrar convenios de cooperación y coordinación en la materia; y

V. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 14. Corresponde a la Federación, a través de la Secretaría de Salud, las siguientes atribuciones:

I. Proporcionar al Sistema, los datos que posea el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y que coadyuven en la consecución de los principios previstos en la presente Ley.

II. Elaboración e implementación de guías de práctica clínica y protocolos de manejo que permitan mejorar la calidad de la atención médica prehospitalaria e intrahospitalaria por accidentes de tránsito.

III. Elaboración e implementación de programas de capacitación para el personal de salud responsable de la atención médica prehospitalaria e intrahospitalaria por accidentes de tránsito.

IV. Proponer esquemas que permitan facilitar el financiamiento de la atención, rehabilitación e integración de las víctimas derivadas de accidentes de tránsito;

V. Realizar campañas de prevención de la salud, dirigida a los usuarios de la vía publica en materia de accidente de tránsito, que incluya la concientización de las señalizaciones viales;

VI. Establecer los límites de alcohol en sangre y aire aspirado, que deberán ser los referentes en los operativos de alcoholimetría implementados por las diversas autoridades a que se refiere la presente Ley, con la finalidad de que sean homologados en todo el territorio nacional;

VII. Dictar las normas oficiales de su competencia en materia de seguridad vial.

VIII. Emitir los lineamientos que establezcan los criterios para realizar el examen de valoración psicofísica integral para la obtención o revalidación de licencias de conducir; y otras medidas de prevención contra los riesgos que ocasionan los accidentes de tránsito, con la finalidad de que sean homologados en todo el territorio nacional.

IX. Emitir los lineamientos para la autorización y acreditación del personal médico, paramédico e institución que practique el examen de valoración psicofísica integral.

X. Celebrar convenios de cooperación y coordinación en la materia, y

XI. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 15. Corresponde a la Federación, a través de laSecretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, las siguientes atribuciones:

I. Priorizar en el diseño de la vía pública a la diversidad de usuarios, por lo que este debe de respetar la jerarquía establecida en el artículo 5 de la presente Ley;

II. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento que fomenten la seguridad vial, de conformidad con lo establecido en el Título Tercero de la presente Ley;

III. Brindar asesoría técnica y financiera a las Entidades Federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la implementación de obras de infraestructura y equipamiento que cumplan con los requisitos establecidos en el Título Tercero de la presente Ley.

IV. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 16. Corresponde a la federación, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las siguientes atribuciones:

I. Realizar los manuales de señalización vial y dispositivos de seguridad, de conformidad con los estándares internacionales y que serán aplicables a todo el territorio nacional;

II. Vigilar que la seguridad vial sea un aspecto prioritario en la construcción, mejoramiento y conservación de las vías generales de comunicación;

III. Emitir las Normas Oficiales Mexicanas de su competencia, que contengan los criterios, principios y especificaciones necesarias para dar cumplimiento al objeto de la presente Ley. Específicamente las relativas a las condiciones de seguridad que deben tener los vehículos nuevos, como pueden ser los dispositivos de seguridad esenciales, de los sistemas de antibloqueo de frenado y recordatorio de uso del cinturón de seguridad; y de las pruebas de impacto frontal y lateral; o en su caso las condiciones físico – mecánicas para permitir el tránsito de los vehículos usados; así como las especificaciones técnicas que deben cumplir los sistemas de retención infantil.

IV. Verificar a través suyo o de unidades de verificación acreditadas y aprobadas, el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas mencionadas en los párrafos anteriores;

V. Evaluar el complimiento de los modelos de vehículos aprobados e imponer las sanciones correspondientes ante incumplimientos encontrados;

VI. Realizar auditorías al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas a través de unidades de verificación acreditadas y aprobadas y/o a través de un sistema de información de captación de quejas de propietarios o usuarios de vehículos;

VII. Emitir llamados a servicio para remediar las fallas en sistemas o dispositivos de seguridad en los vehículos que contravengan lo establecido en normas oficiales mexicanas;

VIII. Participar en los Foros Mundiales para la armonización de las regulaciones de los vehículos;

IX. Establecer la regulación y vigilancia de los periodos de conducción y de descanso de los conductores del transporte público de carga y pasajeros en el ámbito de su competencia;

X. Coordinarse con la Agencia, a fin de determinar el contenido del examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades que corresponda a las categorías de las licencias que esta emita;

XI. Coordinarse con la Agencia, a fin de apegarse a los lineamentos que esta última expida, para la formación y evaluación, protocolos de pruebas teórico prácticas y reglamentación para la certificación de escuelas de manejo; así como de sus instructores y evaluadores, para la realización y acreditación del examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias correspondientes a las categorías de licencias que esta emita;

XII. Verificar el estado de salud de los conductores en operación del transporte público de carga y pasajeros; y

XIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 17. Corresponde a la Federación, a través de la Secretaría de Economía, las siguientes atribuciones:

I. Coordinar que en el Programa Nacional de Normalización y en su Suplemento se incluyan los proyectos de normas oficiales mexicanas y de normas mexicanas que respaldan el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

II. Emitir a través suyo o a través de los Organismos Nacionales de Normalización las normas mexicanas que respaldan a las normas oficiales mexicanas mencionadas en el párrafo anterior.

III. Participar en organismos internacionales de normalización a través suyo o de los organismos nacionales de normalización especializados en el tema de que se trate.

Artículo 18. Corresponde a la Federación, a través de la Secretaría de Educación Pública la incorporación contenidos relacionados con la seguridad vial en los planes de estudio de los niveles de educación inicial, básica y media superior.

Artículo 19.Corresponde a la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las siguientes atribuciones:

I. Planear y analizar el gasto de las políticas públicas coordinadas, para cumplir con el objetivo de la presente Ley;

II. Racionalizar y controlar el uso excesivo del automóvil particular, a través de mecanismos fiscales, regulatorios y tarifarios;

III. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para la seguridad vial;

IV. Asesorar y apoyar a los gobiernos estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la planeación de instrumentos de inversión para la seguridad vial;

V. Otorgar apoyos económicos para realizar proyectos de infraestructura de seguridad vial, que sean consistentes con los distintos planes y programas en la materia, en cofinanciamiento con las autoridades locales y propiciando la participación de la inversión privada; y

VI. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 20.Corresponde a la Federación, a través de la Procuraduría General de la República, las siguientes atribuciones:

I. Proporcionar a las víctimas de accidentes de tránsito, orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, de conformidad con los principios establecidos en esta Ley y en atención a lo establecido en el artículo 5 del presente ordenamiento;

II. Dictar las medidas necesarias para que las víctimas de accidentes de tránsito, reciban atención médica de emergencia;

III. Generar y proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadística, las referencias necesarias sobre condiciones, víctimas atendidas, o cualquier otra circunstancia que derive de un accidente de tránsito y que permita la generación de datos de calidad;

IV. Promover entre la población los principios a que hace referencia el presente ordenamiento, así como sobre la jerarquía a que se hace referencia en el artículo 5 de la presente Ley, con la finalidad de prevenir accidentes de tránsito que puedan tener como consecuencia la muerte, lesiones y

V. discapacidades de las personas;

VI. Capacitar a su personal respecto del objetivo y los principios a que hace referencia el presente ordenamiento, así como sobre la jerarquía a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley;

VII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y

VIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Sección SegundaDe las Entidades Federativas

Artículo 21.Corresponde a las Entidades Federativas:

I. Coordinarse con otras entidades federativas para alcanzar los objetivos y prioridades previstos en los planes o programas en materia de seguridad vial, y los demás que de estos deriven;

II. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema;

III. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional para erradicar las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes de tránsito;

IV. Promover en coordinación con las autoridades municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, cursos de capacitación para las personas que atiendan a víctimas de accidentes de tránsito;

V. Brindar asesoría técnica y financiera a las autoridades municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que lo soliciten, en la elaboración e implementación de programas de seguridad vial;

VI. Promover el fortalecimiento institucional de las autoridades locales en la planeación de la seguridad vial;

VII. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la prevención y atención de accidentes de tránsito, así como su seguimiento respectivo;

VIII. Establecer los criterios y procedimientos para diseñar e implementar programas de seguridad vial, con un enfoque de prevención;

IX. Establecer en la legislación local las disposiciones necesarias para la construcción y adecuación de la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos para garantizar sistemas viales seguros;

X. Proporcionar la información relativa a la materia por parte de las autoridades competentes a la Agencia;

XI. Coordinarse con la Federación, a fin de homologar los criterios en cuanto a los límites de alcohol en sangre y aire aspirado permitidos;

XII. Realizar operativos de alcoholimetría en el ámbito de su competencia;

XIII. Garantizar que las vías públicas de su jurisdicción proporcionen un nivel de servicio adecuado para todas las personas, sin importar el modo de transporte que utilicen.

XIV. Promover el fortalecimiento institucional en materia de planeación, regulación y administración de sistemas seguros de transporte público, urbano, metropolitano y suburbano;

XV. Atender y participar, en su caso y de conformidad con las leyes aplicables, en la elaboración de criterios y demás disposiciones administrativas que emita la Federación en la materia de seguridad vial, con la finalidad de homologar normas que aseguren el desplazamiento seguro de las personas en todo el territorio nacional;

XVI. Mantener actualizada la información contenida en sus padrones vehiculares con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones relativas al registro público vehicular con el objetivo de coadyuvar al cumplimiento de los principios de la presente Ley; y

XVII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Sección TerceraDe los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad De México

Artículo 22.Corresponde a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

I. Instrumentar y articular en concordancia con la política nacional y estatal, las políticas públicas de su competencia orientadas a erradicar las muertes, lesiones y discapacidades por accidentes de tránsito.

II. Coadyuvar con la Federación y las Entidades Federativas en la implementación del Sistema;

III. Promover en coordinación con las Entidades Federativas y con otros municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, cursos de capacitación a las personas que atiendan a víctimas de accidentes de tránsito;

IV. Coordinarse con la Entidad Federativa, a fin de homologar los criterios en cuanto a los límites de alcohol en sangre y aire aspirado permitidos;

V. Realizar los operativos de alcoholimetría en el ámbito de su respectiva competencia;

VI. Atender y participar, en su caso y de conformidad con las leyes aplicables, en la elaboración de criterios y demás disposiciones administrativas que emita la Federación en la materia de seguridad vial, con la finalidad de homologar normas que aseguren el desplazamiento seguro de las personas en todo el territorio nacional;

VII. Cumplir con los Programas de Seguridad Vial, emitidos por las Entidades Federativas y adecuarlos a sus propios Planes de Seguridad Vial;

VIII. Coordinarse con otros municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para alcanzar los objetivos y prioridades previstos en los planes o programas en materia, de seguridad vial, y los demás que de estos deriven;

IX. Evaluar y vigilar el cumplimiento de los planes y programas de su competencia, en materia de seguridad vial, de los centros de población ubicados en su territorio;

X. Proporcionar la información en la materia, por parte de las autoridades competentes a la Agencia; y

XI. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 23. En el caso de las conurbaciones o zonas metropolitanas, las autoridades correspondientes, en el ámbito de su competencia, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada las acciones en materia de seguridad vial, con apego a lo dispuesto en esta Ley.

Capítulo IIIDe la Agencia Nacional De Seguridad Vial

Artículo 24. Se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con autonomía técnica, de decisión y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

El organismo estará sectorizado a la Secretaria de Gobernación y tendrá el carácter de permanente y profesional en su desempeño, y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

La Agencia para el cumplimiento de su objeto contará con la estructura administrativa que le sea autorizada y el presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Agencia formulará el Programa Nacional de Seguridad Vial, con políticas públicas, objetivos, metas, acciones e indicadores concretos, articulados, integrales, medibles y controlables; respetando en todo momento lo establecido en esta Ley; y a su vez considerando todas las medidas posibles que garanticen el desplazamiento seguro de todos los usuarios de la vías públicas, conforme a la jerarquía establecida en el artículo 5 de esta Ley.

Artículo 25. Son atribuciones de la Agencia las siguientes:

I. Ocupar la Secretaría Ejecutiva del Sistema;

II. Coordinar y evaluar la implementación y operación del Sistema;

III. Establecer los instrumentos y mecanismos necesarios para el diagnóstico, información, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, planes y programas de seguridad vial;

IV. Planear y evaluar políticas públicas, planes y programas de seguridad vial;

V. Coordinarse con el Registro Público de Vehículos para el intercambio mutuo de información, a fin de fortalecer la seguridad vial;

VI. Fomentar la realización de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que mejoren la seguridad vial y la administración de sistemas de información y datos para el seguimiento y evaluación del índice de siniestralidad vial;

VII. Impulsar investigaciones a través de las instituciones públicas o privadas especializadas, así como la difusión de sus resultados y aplicaciones;

VIII. Participar en foros internacionales donde se discutan regulaciones en materia de seguridad vial.

IX. Suscribir convenios de colaboración con universidades, organismos e instituciones nacionales e internacionales públicas y privadas, a efecto de realizar programas de investigación académica, desarrollo tecnológico, transferencia de conocimiento, capacitación en materia de seguridad vial y profesionalización de auditores de seguridad vial;

X. Suscribir otros convenios y contratos de su competencia, así como formalizar otros instrumentos jurídicos vinculados con la seguridad vial;

XI. Promover la elaboración de estudios de las causas de accidentes de tránsito;

XII. Analizar y difundir los resultados de los estudios e investigaciones realizadas por las dependencias que tengan atribuciones en la materia;

XIII. Promover y fomentar la integración de grupos de trabajo tendentes a la implementación de acciones en la materia;

XIV. Proponer la adopción de medidas de carácter general para prevenir accidentes de tránsito;

XV. Diseñar estrategias e instrumentos para la aplicación de las ciencias y tecnologías asociadas a la seguridad vial, en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, así como con las universidades, instancias de la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil interesadas;

XVI. Emitir recomendaciones a las autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley, mediante las disposiciones jurídicas que se requieran para la aplicación de estándares técnicos y operativos para mejorar la seguridad vial;

XVII. Revisar el marco regulatorio relacionado con sus funciones y, en su caso, realizar las propuestas de modificación que estime pertinentes;

XVIII. Instrumentar, promover y coordinar la realización de campañas de comunicación que permitan sensibilizar e informar a la población sobre cada factor de riesgo, contextualizadas a los diferentes grupos poblacionales y a las prioridades locales, así como controlar que las campañas publicitarias de entes públicos y privados no presenten contenidos que inciten hacia prácticas de riesgo para la seguridad vial;

XIX. Realizar las acciones que permitan reorientar el comportamiento de los usuarios de las vías públicas, incidiendo en los factores de riesgo que propician la ocurrencia de accidentes y lesiones de tránsito;

XX. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que mejoren la seguridad vial, que impacten particularmente en la infraestructura, los vehículos y los usuarios;

XXI. Asesorar y evaluar en materia de seguridad vial la expansión y planificación de infraestructura y sistemas viales.

XXII. Publicar periódicamente la estadística de seguridad vial a nivel nacional;

XXIII. Emitir en coordinación con las autoridades competentes, los lineamientos en materia de capacitación y educación vial a los usuarios de las vías públicas;

XXIV. Emitir en coordinación con las autoridades competentes, los lineamientos para la incorporación de sistemas de seguridad en vehículos nuevos privados, de transporte público de pasajeros y de carga;

XXV. Emitir en coordinación con las autoridades competentes los lineamientos en materia de educación vial en los planes de estudio de educación básica y media superior;

XXVI. Participar en el desarrollo y mejoramiento del Registro Público Vehicular;

XXVII. Coadyuvar con la información que requiera la autoridad competente para la realización de los operativos de alcoholimetría y el examen de valoración psicofísica integral;

XXVIII. Emitir los lineamientos que deberán atender las autoridades competentes, para la práctica del examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias que corresponda, para conducir un vehículo motorizado, dependiendo del tipo de licencia;

XXIX. Desarrollar la implementación y el funcionamiento de un Registro Único Nacional de Licencias de Conducir, que incluya el registro de accidentabilidad, infracciones y sanciones aplicadas así como el resultado del examen de valoración psicofísica integral y del examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias que corresponda.

XXX. Compartir con las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno la información contenida en la base de datos del Registro Único Nacional de Licencias de Conducir y se regirá por lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y por las Leyes de Protección de Datos Personales de cada Entidad Federativa.

XXXI. Emitir los lineamientos que deberán atender las autoridades competentes para la expedición de las licencias de conducir, que deberán contener los requisitos de seguridad, el tipo, así como los datos que como mínimo debe de cumplir dicho documento;

XXXII. Emitir los lineamientos correspondientes que permitan la uniformidad con relación a la formación y evaluación, protocolos de pruebas teórico prácticas, reglamentación para la certificación de escuelas de manejo, así como de sus instructores y evaluadores;

XXXIII. Practicar y promover auditorías de seguridad vial y estudios de mejoramiento de sitios con elevada incidencia de accidentes de tránsito;

XXXIV. Emitir los lineamientos técnicos de auditorías de seguridad vial a efecto de proveer de una metodología para llevar a cabo una auditoría de este tipo a los diferentes proyectos viales que se encuentren en fases de planificación, desarrollo o construcción, así como a las vías que estén en operación.

XXXV. Promover que las autoridades competentes cumplan con los lineamientos para realizar el examen de valoración psicofísica integral para la obtención o revalidación de licencias de conducir;

XXXVI. Planear y analizar el gasto de las políticas públicas coordinadas para la seguridad vial;

XXXVII. Recomendar los ajustes presupuestales y programáticos pertinentes para destinados a la construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de las vías públicas, que permitan prevenir, reducir o mitigar los accidentes de tránsito;

XXXVIII. Impulsar la participación de los sectores público, social y privado en materia de seguridad vial;

XXXIX. Implementar programas de capacitación en materia de seguridad vial a servidores públicos de los tres niveles de gobierno y en su caso a integrantes del sector privado y social;

XL. Formular su anteproyecto de presupuesto y demás programas que le correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables;

XLI. Crear fideicomisos y los instrumentos financieros, fiduciarios y cualquier otro para contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones;

XLII. Coordinar investigaciones relevantes en materia de seguridad vial con la finalidad de hacer públicos los resultados; a fin de hacer recomendaciones a las autoridades competentes para la implementación de nuevas regulaciones de seguridad en vehículos y vías públicas;

XLIII. Fomentar la creación de Agencias de Seguridad Vial en las Entidades Federativas; y

XLIV. Las demás que se deriven de los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables en la materia.

Artículo 26. La Agencia contará con un Observatorio de Seguridad Vial como una unidad administrativa dependiente de esta, que se constituye para realizar el análisis, recolección y sistematización de datos relevantes para la seguridad vial y la gestión del tránsito de todos los usuarios de la vía pública, con el fin de obtener, registrar, procesar y actualizar la información en materia de seguridad vial y efectuar su análisis para determinar, cuantitativa y cualitativamente, de manera precisa y confiable el estado de la seguridad vial en el país, deducir los factores asociados a los accidentes de tránsito y evidenciar de manera continua y oportuna, la definición de indicadores, políticas públicas e intervenciones dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad vial en el territorio nacional. Lo anterior con la finalidad de ser utilizados para la elaboración del Programa Nacional de Seguridad Vial.

Capítulo IVFinanciamiento de la Seguridad Vial

Artículo 27. La inversión pública en materia de seguridad vial por parte de la Federación, las entidades federativas, municipios o demarcaciones territorialesde la Ciudad de México, tomará encuenta las acciones específicas del Sistema, a que se refiere el artículo 8 de la presente Ley.

Artículo 28.Serán instrumentos de financiamiento público de la seguridad vial los siguientes:

I. Fondo Nacional de Seguridad Vial;

II. Todos los demás instrumentos federales, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que promuevan la seguridad vial.

Artículo 29.Se constituirá un Fondo Nacional de Seguridad Vial cuyo objetivo será financiar programas y proyectos de prevención de muertes, lesiones y discapacidades derivados de accidentes de tránsito.

El Fondo estará sujeto a las siguientes bases:

I. Se constituirá como un fideicomiso público;

II. El fideicomitente será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. La Secretaría de Gobernación elaborará las reglas de operación del fideicomiso;

IV. El fideicomiso contará con un Comité Técnico que presidirá la Secretaría de Gobernación, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento que al efecto se expida; y

V. El Fondo Nacional de Seguridad Vial podrá recibir aportaciones del Gobierno Federal y de cualquier tipo de personas de derecho público o privado, así como las contribuciones que determinen las leyes respectivas; y

Artículo 30.Las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, podrán recibir recursos del Fondo para llevar a cabo programas de prevención de accidentes de tránsito. En cualquier caso, deberán cumplir los lineamientos que se emitan para efectos de acceder a los recursos del mismo.

Artículo 31.Para evaluar proyectos de seguridad vial se usará la metodología de Análisis Costo - Beneficio, que implica prevenir al máximo las muertes, lesiones y discapacidades provocadas por accidentes de tránsito.

Artículo 32.La Federación deberá prever que en las reglas de operación o los planes anuales de actividades de fondosfederales, en especial del Fondo Metropolitano y del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal; se establezcan montos mínimos de inversión en seguridad vial.

Capítulo VPlaneación de la Seguridad Vial

Artículo 33.La Federación, entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, establecerán los instrumentos y mecanismos necesarios para el diagnóstico, información, seguimiento, evaluación y auditoría de las políticas públicas y programas de seguridad vial, a fin de reducir al máximo las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes de tránsito.

El Sistema fijará objetivos, estrategias y prioridades, así como criterios basados en información certera y estudios de factibilidad, los cuales deberán permitir la reevaluación y adaptación de los objetivos, estrategias y prioridades planteados.

La Agencia brindará apoyo y capacitación a las autoridades competentes en la elaboración de sus planes. En el ámbito federal, la Agencia será la encargada de elaborar el Programa Nacional de Seguridad Vial, como un instrumento de planeación federal dirigido a las responsabilidades de asistencia técnica y financiera para la gestión de la seguridad vial.

El Programa Nacional de Seguridad Vial será de carácter sectorial y su formulación y aprobación será de acuerdo a lo establecido en la Ley de Planeación.

Artículo 34.Los planes y programas en materia de seguridad vial deben de contener al menos los siguientes elementos:

I. Diagnóstico de la seguridad vial;

II. Análisis de la demanda de seguridad vial;

III. Pronóstico y modelación de escenarios;

IV. Instrumentos regulatorios, económicos e institucionales;

V. Objetivos a corto, mediano y largo plazo;

VI. Estrategias para lograr los objetivos planteados;

VII. Indicadores de evaluación, y

VIII. Mecanismos de participación, transparencia y rendición de cuentas

Título TerceroInfraestructura Vial

Artículo 35.La Federación, las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México fomentarán e impulsarán que las obras de infraestructura sean diseñadas y ejecutadas bajo los principios establecidos en la presente Ley, priorizando obras que atiendan a la jerarquía que establece el artículo 5 del presente ordenamiento.

En materia de prevención de accidentes de tránsito, los distintos órdenes de gobierno, en el marco de sus atribuciones, deberán establecer políticas públicas, planes y programas que, reconociendo la posibilidad del error humano, se encaminen a evitar muertes, lesiones y discapacidades, a través del mejoramiento de la infraestructura vial.

Artículo 36.Además de lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, todos los proyectos de infraestructura vial deberán implementar la generación de espacios de calidad, respetuosos del medio ambiente, accesibles, seguros y con criterios de diseño universal para la circulación de peatones y vehículos no motorizados, debiendo considerar como parámetros para dicha infraestructura el establecimiento de vías peatonales, ciclistas, para otros vehículos no motorizados y el diseño de contenciones más eficaces y eficientes que prevengan o amortigüen en las salidas de camino, curvas e intersecciones los accidentes de tránsito.

Artículo 37.El Gobierno Federal, emitirá las disposiciones administrativas necesarias sobre diseño vial seguro y dispositivos para el control del tránsito, con el objeto de establecer estándares nacionales que puedan retomar las Entidades Federativas e incorporarlas en sus políticas públicas de seguridad vial.

Artículo 38. La planeación de proyectos que garanticen viajes multimodales del transporte público, atenderá condiciones de seguridad, equidad y accesibilidad, promoviendo con ello el uso y mejora del transporte.

Artículo 39. La Federación, las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán considerar los siguientes criterios en el diseño de infraestructura vial segura:

I. Planeación bajo el enfoque de calles completas. La construcción de infraestructura vial deberá tomar en cuenta la multiplicidad de los usuarios de la vía pública, con especial énfasis en la jerarquía consagrada en esta Ley;

II. Accesibilidad universal. La infraestructura vial debe estar prevista para todas las personas, por lo que la continuidad de superficies, tiempos de cruce, secciones, señales, diseños geométricos y todos los elementos de las calles deben estar diseñados para todos, sin discriminación de género, edad, capacidad o condición.

III. Intersecciones seguras. Las intersecciones deben estar diseñadas para garantizar la seguridad de los usuarios, especialmente los peatones; por lo que es necesario reducir velocidades en las mismas, establecer cruces a nivel y diseñar fases cortas de semáforo para los vehículos automotores;

IV. Pacificación del tránsito. Los diseños en infraestructura vial deberán priorizar la reducción de flujos y velocidades vehiculares. Los diseños, sentidos y operación vial deben responder a este criterio general; y

V. Bajas velocidades. Los diseños geométricos, señales y elementos de la vía pública deberán asegurar que los vehículos automotores circulen a la velocidad que permita el diseño.

Artículo 40. Los tres órdenes de gobierno tienen que llevar a cabo auditorías de seguridad vial, en las etapas de planeación, proyecto, construcción y operación de las vías públicas, conforme a los lineamientos y disposiciones administrativas que al efecto se admitan, con el fin de determinar segmentos de la vía pública que presenten riesgos para la seguridad, así como las siguientes acciones:

I. Identificar los factores determinantes que ponen en riesgo la seguridad vial y realizar las acciones necesarias que permitan intervenir en la prevención;

II. Diseñar, desarrollar e incorporar una señalización vial uniforme y estandarizada en todo el país, conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables; y

III. Implementar los mecanismos de contención y los dispositivos de seguridad más eficaces y eficientes que prevengan o amortigüen las salidas de camino y los choques contra obstáculos adyacentes al arroyo vial o contra el mobiliario urbano, conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables.

Los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de notificar a la Agencia los resultados de las auditorías de seguridad vial que realicen.

Artículo 41. Es obligatorio para los tres niveles de gobierno la estandarización unificada de las especificaciones técnicas de seguridad en las zonas de obras viales, conforme a las disposiciones administrativas aplicables, así como para los concesionarios y los particulares administradores de las empresas constructoras que intervengan.

Artículo 42. Todos los proyectos de infraestructura vial y la que este en operación, deberán observar las mejores prácticas y emplear los mejores materiales de acuerdo a la más actualizada evidencia científica; así como incorporar en lo posible, los avances e innovaciones tecnológicas existentes y futuras en materia de seguridad vial.

Artículo 43. Las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno llevarán a cabo las adecuaciones necesarias en las disposiciones legales de su competencia y aplicarán las medidas correspondientes para restringir la circulación de vehículos de carga, durante los días festivos, fines de semana o periodos vacacionales en las vías públicas; así como las restricciones de horarios para su circulación en áreas urbanas, imponiendo las sanciones respectivas en caso de incumplimiento.

Título CuartoUso de Vehículos más Seguros

Artículo 44. Los vehículos que se comercialicen por primera vez dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, ya sean fabricados en el país o importados, deben cumplir con las regulaciones de seguridad que para tal efecto sean emitidas por la autoridad competente.

Las regulaciones de seguridad que deben cumplir los vehículos, deberán homologarse con las que se emitan en los foros mundiales que al efecto se integren.

Los vehículos que se fabrican en México y cuyo destino sea algún país extranjero, han de ser producidos cumpliendo como mínimo las reglas del país al que se exporten.

Un vehículo producido en México y exportado a un país con regulaciones de seguridad diferentes a las existentes en México, sólo podrá ser importado si se adecúa para cumplir con las regulaciones de seguridad que imperen en México al momento de su importación.

Artículo 45. Las personas físicas o morales, fabricantes o importadores que comercialicen tipos de vehículos nuevos, deberán consultar y cumplir las normas nacionales, normas o regulaciones internacionales vigentes o las que las sustituyan o actualicen, conforme a los dispositivos y pruebas de seguridad que establezca la autoridad competente.

Artículo 46. Las personas físicas o morales, fabricantes o importadores que comercialicen tipos de vehículos nuevos, deberán incorporar en dichos vehículos, los dispositivos de seguridad esenciales y las especificaciones , que serán establecidos por la autoridad correspondiente.

Artículo 47. Las personas físicas o morales, fabricantes o importadores que comercialicen tipos de vehículos nuevos, deberán realizar a través de evaluaciones de desempeño, las pruebas necesarias para demostrar el cumplimiento de las especificaciones aplicables.

Artículo 48. Las personas físicas o morales, fabricantes o importadores que comercialicen tipos de vehículos nuevos, deberán incorporar en los mismos, los dispositivos de seguridad esenciales, de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas aplicables.

Artículo 49.La evaluación del cumplimiento de las regulaciones de seguridad de los vehículos que se comercializarán por primera vez en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos se realizará por la autoridad competente o por unidades de verificación acreditadas y aprobadas para tal fin. El fabricante o importador, persona física o moral, presentará la documentación y respaldo de pruebas realizadas por laboratorios acreditados o atestiguadas por personal de la autoridad competente o por personas acreditadas para tal fin ante la autoridad competente o la unidad de verificación para determinar el cumplimiento de la regulación de seguridad de que se trate.

Artículo 50.La autoridad competente emitirá un dictamen de cumplimiento por tipo de vehículo que haya demostrado fehacientemente el cumplir con las regulaciones de seguridad aplicables para ese tipo de vehículos.

Un tipo de vehículo será representado por el modelo de menor especificación que comercializará el fabricante o importador, mismo que deberá cumplir con las regulaciones de seguridad aplicables.

Artículo 51. El dictamen de cumplimiento es la evidencia documental mediante la cual las personas físicas o morales, fabricantes o importadores que comercialicen tipos de vehículos nuevos demuestren a la autoridad competente o a la Unidad de Verificación, que los vehículos cumplen con las especificaciones de seguridad establecidas en las normas oficiales aplicables vigentes a ese tipo de vehículos.

Artículo 52.La cancelación del dictamen de cumplimiento, es el acto por medio del cual las unidades de verificación acreditadas y aprobadas, dejan sin efectos de modo definitivo el dictamen de cumplimiento.

Artículo 53.La suspensión del dictamen de cumplimiento es el acto por medio del cual las unidades de verificación acreditadas y aprobadas, interrumpen de manera temporal el dictamen de cumplimiento.

Artículo 54.El muestreo es elacto mediante el cual se selecciona de manera aleatoria la muestra correspondiente, conforme a la siguiente disposición:

I. La Unidad de Verificación acreditada y aprobada debe llevar a cabo el muestreo en fábrica, almacén, centro de distribución u oficinas de las personas físicas o morales, fabricantes o importadores que comercialicen tipos de vehículos nuevos, con la finalidad de constatar que los dispositivos de seguridad esenciales, sujetos a esta Ley se encuentren instalados en los vehículos y se cuente con la documentación técnica presentada.

Los representantes de la Unidad de Verificación deben llevar a cabo el muestreo bajo el siguiente procedimiento:

I. Presentarse físicamente en las instalaciones de la fábrica, almacén, centro de distribución u oficinas de las personas físicas o morales, fabricantes o importadores que comercialicen tipos de vehículos nuevos, previa notificación e identificarse con el responsable, donde se lleve a cabo la verificación;

II. Aplicar un muestreo aleatorio, seleccionando de un Lote o partida, una unidad de producto o un vehículo, la cual será representativa y confiable para realizar la verificación correspondiente;

III. Identificar del vehículo tomado como muestra, lo siguiente: Marca, modelo, año, tipo, fabricante y cualquier otra información que permita su plena identificación; y

IV. Constatar que los dispositivos de seguridad esenciales se encuentren instalados en el vehículo sujeto a la presente Ley y se cuente con la documentación técnica de dichos dispositivos manifestada por las personas físicas o morales, fabricantes o importadores que comercialicen tipos de vehículos nuevos.

Artículo 55. Las personas físicas o morales, fabricantes o importadores que comercialicen tipos de vehículos nuevos, deberán presentar ante la autoridad competente o ante la unidad de verificación acreditada y aprobada, la documentación técnica de cumplimiento correspondiente con cada uno de los dispositivos o sistemas de seguridad y cuando corresponda a la evaluación de desempeño de las pruebas de desempeño y sus especificaciones; con la finalidad de obtener el dictamen de cumplimiento correspondiente.

Artículo 56. El dictamen de cumplimiento debe obtenerse sobre la versión básica o menos equipada del tipo de vehículo, antes de la comercialización en el territorio nacional de los vehículos nuevos.

Artículo 57. Los requisitos para la obtención del dictamen de cumplimiento, su validez, vigencia, ampliación o actualización; el número de pruebas o certificaciones que puedan realizarse, la elección del tipo de vehículo sobre el cual se realizaran éstas, los requisitos para la aprobación o negación del dictamen, así comolas responsabilidades y desarrollo puntual de cada etapa del procedimiento operativo para tal fin, así como la verificación y vigilancia; serán determinados por la autoridad correspondiente en el reglamento respectivo o por las personas acreditadas y aprobadas por esta última.

Artículo 58. Los vehículos han de ser verificados de sus condiciones físico mecánicas periódicamente, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que para tal efecto emita la autoridad competente, y con la periodicidad que se establezca en los reglamentos de tránsito de cada entidad federativa.

Solo a los vehículos con condiciones físico mecánicas satisfactorias se les permitirá el tránsito, de acuerdo con las reglas que se establezcan en los reglamentos de tránsito de las Entidades Federativas y de los municipios.

Título QuintoUsuarios de la Vía

Artículo 59. Para conducir vehículos motorizados dentro del territorio nacional, será necesario contar con una licencia para conducir, expedida por la autoridad competente y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones legales aplicables.

Las Entidades Federativas deberán tomar en cuenta lo establecido en el presente ordenamiento para otorgar las licencias de conducir correspondientes.

Artículo 60.Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se coordinarán entre sí a efecto de que todo conductor sea titular de un número único de licencia a nivel nacional, empleando para ello las mejores prácticas y tecnologías para la administración de la información y comunicación, que permitan conocer el historial de los usuarios en todo momento y lugar.

Todas las autoridades responsables de emitir licencias de conducir tienen que informar y compartir su base de datos con la Agencia.

Artículo 61.Las licencias de conducir deberán de tener como mínimo los siguientes datos: número único, nombre, fotografía, firma, huella digital, fecha de expedición, vencimiento y antigüedad, tipo o categoría, la autoridad que la emitió y restricciones.

La autoridad emisora deberá mantener un registro accesible a través de tecnologías de la información y comunicación a través de una base de datos, que contenga además de la información anterior, el resultado del examen de valoración psicofísica integral y del examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias.

Artículo 62. Las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, responsables de emitir toda licencia de conducir, deberán hacer las adecuaciones necesarias en su normatividad, a efecto de que en ningún caso la licencia de conducir tenga una vigencia mayor a cinco años.

Los usuarios y portadores de licencias para la conducción de vehículos de transporte de materiales peligrosos, vehículos de emergencia incluyendo aquéllos para actividades de atención médica o policiaca y vehículos de transporte escolar, deberán renovar su licencia con una periodicidad no mayor a dos años y cumplir con los exámenes de valoración psicofísica integral y del examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias que establezcan las autoridades competentes y la Agencia. En el caso de conductores de configuraciones de tractocamiones doblemente articulados la autoridad competente emitirá las disposiciones legales que definan los requisitos para su expedición o renovación, así como la vigencia en congruencia con la normatividad en materia de peso y dimensiones.

Artículo 63. Las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, remitirán a la Agencia el resultado del examen de valoración psicofísica integral y de la práctica del examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias que corresponda a cada licencia; así como los documentos entregados por el solicitante como requisitos para la expedición de éste número, a fin de integrar con esta información las bases de datos del Registro Único Nacional de Licencias de Conducir.

Artículo 64.La Federación, las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; atenderán los lineamientos emitidos por la Agencia que permitan la uniformidad con relación a los tipos de licencias y los requisitos emitidos por la autoridad competente para la obtención o renovación de las mismas.

Artículo 65. La Federación, las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, atenderán los lineamientos que expida la Secretaría de Salud y la Agencia, para practicar el examen de valoración psicofísica integral y el examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias.

Artículo 66.La Federación, las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, harán las adecuaciones necesarias a su normatividad, para que a través de la autoridad competente, todos los aspirantes que realicen el trámite para obtener o renovar una licencia de conducir, acrediten el examen de valoración psicofísica integral y el examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias, antes de la fecha de expedición o renovación de la licencia.

Artículo 67. La Federación, las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se apegarán a los lineamentos para la formación y evaluación, protocolos de pruebas teórico prácticas, reglamentación para la certificación de escuelas de manejo, así como de sus instructores y evaluadores, expedidos por la Agencia, para la acreditación del examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias.

Artículo 68. La Federación, las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, atenderán los lineamientos que emita la Secretaria de Salud para la autorización y acreditación del personal médico, paramédico e institución que practique el examen de valoración psicofísica integral. La Agencia deberá mantener al efecto un registro del personal y de las instituciones autorizadas.

Artículo 69. Cuando un conductor resulte responsable por sentencia ejecutoriada de un accidente de tránsito en el que resulte por lo menos una persona muerta o lesionada grave, o bien por haber cometido alguna infracción a los reglamentos de tránsito en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o enervantes, se le suspenderá la licencia hasta que se cumpla con la sentencia. La autoridad correspondiente deberá remitir a la Agencia los datos para el registro correspondiente en el historial del conductor.

Las autoridades mencionadas en párrafo precedente, tendrán acceso a la base de datos del Registro Único Nacional de Licencias de Conducir.

Artículo 70.Las autoridades en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo los operativos de alcoholimetría, aplicando los límites de alcohol en sangre y aire aspirado, establecidos en los lineamientos que emita la Secretaria de Salud.

En el caso de que algún conductor dé positivo a una prueba de alcoholimetría durante la conducción de un vehículo motorizado, independientemente de las sanciones administrativas correspondientes, le será suspendida por un periodo de un año la licencia de conducir.

La autoridad correspondiente deberá remitir a la Agencia los datos de referencia para incluirlos en el historial del conductor.

Cuando un conductor en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o enervantes provoque un accidente vial, en un vehículo de transporte de materiales peligrosos, transporte escolar, vehículos de emergencia y transporte de pasajeros será acreedor a la cancelación definitiva de su licencia.

Artículo 71.Todo vehículo motorizado que circule en el territorio nacional deberá estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros para responder del pago de la indemnización por los daños ocasionados en cualquier accidente de tránsito en donde resulte involucrado un tercero, y cuya contratación; será responsabilidad del propietario del vehículo.

El seguro al que hace mención este artículo podrá ser contratado con cualquier institución de seguros debidamente autorizada según las leyes aplicables en la materia. Las leyes estatales y normativas estatales o municipales de regulación del tránsito establecerán las particularidades, procedimientos y mecanismos de sanción respecto al seguro obligatorio.

Las instituciones de seguros que operen el seguro obligatorio de responsabilidad civil por daños a terceros destinarán un complemento de las primas para cumplir con los objetivos de esta Ley de conformidad con las leyes que las regulan.

Artículo 72.Las Entidades Federativas deberán incluir en sus reglamentos de tránsito al menos con las siguientes disposiciones generales:

I. Los conductores deben contar con licencia vigente, o, en su caso permiso;

II. La preferencia del paso de peatones en el cruce de vías públicas;

III. Velocidades máximas de acuerdo a los criterios establecidos por la Agencia;

IV. Utilización del cinturón de seguridad de forma obligatoria para todos los pasajeros de vehículos motorizados;

V. El uso de tecnologías como medio auxiliar para la captación de infracciones;

VI. Cualquier persona menor de doce años o que por su constitución física lo requiera, deberá viajar en los asientos traseros con un sistema de retención infantil o en un asiento de seguridad que cumpla con los requisitos establecidos en la Norma Oficial Mexicana aplicable por la autoridad competente;

VII. Todos los vehículos motorizados deberán contar con estándares de seguridad vial internacionales;

VIII. El casco debe ser obligatorio para conductor y pasajeros de motocicletas;

IX. La prohibición de distractores al conducir; y

X. La prohibición de conducir vehículos por la vía pública con los niveles de alcohol en la sangre que determine la autoridad competente y que se establece en la presente Ley.

Las Entidades Federativas, municipios y/o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México implicadas, procurarán que en las conurbaciones o zonas metropolitanas se aplique un solo reglamento de tránsito o bien que exista uniformidad en los aplicables.

Título SextoAtención Médica Prehospitalaria

Artículo 73.Es responsabilidad de las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, implementar un sistema de atención médica pre-hospitalaria.

Artículo 74. Las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno homologarán las características de las unidades de atención médica prehospitalaria, el equipamiento y protocolos de acción, así como el perfil del personal que opere y responda ante una emergencia, de acuerdo con la norma oficial mexicana aplicable.

Artículo 75.Todas las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno establecerán las modificaciones normativas necesarias a efecto de sancionar al personal que opere, conduzca o coadyuve en la atención médica prehospitalaria bajo los efectos de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, incluyendo medicamentos con este efecto o todos aquellos fármacos cuyo uso esté prohibido en términos de la normatividad de salud, o afecten su capacidad para desarrollar su labor o que haya ingerido bebidas alcohólicas. Las sanciones incluirán como mínimo la suspensión de quien conduzca o coadyuve en la atención médica prehospitalaria, en las condiciones mencionadas, así como las sanciones pecuniarias, de responsabilidad civil, administrativas y penales que determinen las disposiciones legales aplicables.

Artículo 76.Todas las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno deberán establecer los protocolos y normatividad requerida a efecto de contar con centros de respuesta de emergencias accesible mediante un número telefónico único a nivel nacional.

Artículo 77.Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen que coordinarse a efecto de homologar las sanciones aplicables al personal responsable de la atención médica prehospitalaria, que de manera injustificada tarde más del tiempo establecido en los protocolos aplicables para arribar al sitio del siniestro después de haber recibido el aviso del centro que administre el número telefónico único de emergencias.

Artículo 78. El personal responsable de la atención médica prehospitalaria tiene que registrar e informar en un plazo no mayor a 7 días naturales al Observatorio de Seguridad Vial, la fecha y hora de recepción de llamada de emergencia, fecha y hora de arribo al sitio del siniestro, cinemática del trauma, número de víctimas involucradas y características de las lesiones de acuerdo a:

I. Condiciones de la vía aérea;

II. Condiciones de la ventilación y respiración;

III. Condiciones de la función cardio-circulatoria;

IV. Condiciones de la función neurológica;

V. Maniobras y/o medicamentos administrados; y

VI. Condición del paciente de acuerdo a los incisos antes descritos, al momento de arribar a la unidad médica receptora.

Artículo 79.Las Unidades Médicas Hospitalarias receptoras registrarán e informarán en un plazo no mayor a 7 días naturales al Observatorio: la fecha, hora y condiciones del alta de acuerdo a:

I. Condiciones de la vía aérea;

II. Condiciones de la ventilación y respiración;

III. Condiciones de la función cardio-circulatoria;

IV. Condiciones de la función neurológica; y

V. Maniobras y/o medicamentos administrados.

En caso de defunción, se informar al Observatorio los diagnósticos generados durante su estancia y las causas del deceso.

Título SéptimoInfracciones y Sanciones

Artículo 80. La vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones prevista en la presente Ley, recae en las dependencias y entidades de la administración pública encargadas de la seguridad vial de los tres órdenes de gobierno en el ámbito de su respectiva competencia.

Asimismo son responsables, a través de las unidades administrativas o áreas con facultad para realizar las funciones de inspección, verificación y control de tránsito y vialidad, de imponer las sanciones administrativas conforme a la normatividad federal o local vigente, según corresponda.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.La Agencia se instalará a los 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

La creación de la estructura administrativa de la Agencia, se creará a costos compensados de la Administración Pública Federal.

Artículo Tercero. El Ejecutivo Federal emitirá el reglamento de esta Ley, dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Cuarto. El Sistema Nacional a que se refiere esta Ley, se integrará dentro de los 12 meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Quinto.La Agencia contará con 365 días naturales posteriores a su instalación para la creación e implementación del Observatorio de Seguridad Vial.

Artículo Sexto. El Ejecutivo Federal, destinará en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda, los recursos financieros para la creación, administración y operación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Artículo Séptimo.La Agencia Nacional de Seguridad Vial tendrá un plazo de 545 días naturales a partir de su creación, para realizar la integración total del Registro Único Nacional de Licencias de Conducir, a través de una base de datos nacional que incluirá el registro de accidentes de tránsito, infracciones, reincidencias y sanciones aplicadas.

Artículo Octavo. Todos aquellos ordenamientos de jerarquía inferior a la presente Ley que se contrapongan a ésta, tendrán que ser adecuados en concordancia con esta Ley en un plazo no mayor de 365 días naturales a partir de su entrada en vigor.

Artículo Noveno.Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen que realizar todas las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de esta Ley en un plazo no mayor de 730 días naturales a partir de su entrada en vigor.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía/Secretaría de Salud (INEGI/SS). Base de datos de mortalidad 1979-2012 (principales causas de muerte con Lista GBD). México: DGIS, 2012. Disponible en línea en:

http://dgis.salud.gob.mx/cubos/.

2 Ávila-Burgos L, Ventura-Alfaro C, Barroso-Quiab A, Aracena-Genao B, Cahuana-Hurtado L, Serván-Mori E, Franco-Marina F, Cervantes-Trejo A, Rivera-Peña G. Las lesiones por causa externa en México. Lecciones aprendidas y desafíos para el Sistema Nacional de Salud. Ciudad de México (MX): Instituto Nacional de Salud Pública; 2010. (Perspectivas en Salud Pública, Sistema de Salud.

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía/Secretaría de Salud (INEGI/SS). Base de datos de mortalidad 1979-2012 (principales causas de muerte con Lista GBD). México: DGIS, 2012. Disponible en línea en:

http://dgis.salud.gob.mx/cubos/

4 Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas. INEGI. Principales indicadores de siniestralidad en carreteras federales. Policía Federal. Varios años. Defunciones generales. INEGI/Salud. Varios años

5 Secretaría de Salud; Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; Los Accidentes de tránsito y la discapacidad. México, 2016;

https://www.gob.mx/conadis/articulos/los-accidentes-de-transito-y- la-discapacidad?idiom=es

6 Declaración de José Ángel Córdova Villalobos, ex Secretario de Salud Pública del sitio

http://expansion.mx/nacional/2011/05/27/los-accidentes-viales-en- mexico-dejan-40000-discapacitados-al-ano

7 OISS, “Medidas para la promoción del empleo de personas con discapacidad en Iberoamérica”, Madrid España obtenido del sitio

http://www.oiss.org/microsite_medidas/files/assets/basic-html/ page418.html

8 Información solicitada al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi);

9 OISS, “Medidas para la promoción del empleo de personas con discapacidad en Iberoamérica”, Madrid España obtenido del sitio

http://www.oiss.org/microsite_medidas/files/assets/basic-html/ page418.html

10 Secretaría de Salud; Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra); Tercer Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial, Enero 2013;

http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Observatorio/ 3erInforme_Ver_ImpresionWeb.pdf

11 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2010; Disponible en línea:

http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/spanish.pdf

12 Organización Mundial de la Salud (OMS). Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013. Disponible en línea en:

http://www.who.int/violence_injury_prevention/ road_ safety_status/2013/report/es/, 2013.

13 Más ciclistas, más seguros. Guía de intervenciones para la prevención de lesiones en ciclistas urbanos. Secretaría de Salud/STConapra/ITDP. México, Distrito Federal. 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2017.— Diputados y diputadas: Jonadab Martínez García,Adán Pérez Utrera, Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Ana Georgina Zapata Lucero, Ángel García Yáñez, Angélica Moya Marín, Angélica Reyes Ávila, Angie Dennisse Hauffen Torres, Antonio Amaro Cancino, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Blandina Ramos Ramírez, Brenda Velázquez Valdez, Carlos Alberto Palomeque Archila, Carmen Victoria Campa Amaral, César Alejandro Domínguez Domínguez, César Octavio Camacho Quiroz, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Claudia Sofía Corichi García, Concepción Villa González, Cuitláhuac García Jiménez, David Gerson García Calderón, Eloísa Chavarrías Barajas, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Zamora Morlet, Erika Irazema Briones Pérez, Evelyng Soraya Flores Carranza, Exaltación González Ceceña, Francisco Martínez Neri, Germán Ernesto Ralis Cumplido, Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Gina Andrea Cruz Blackledge, Guadalupe González Suástegui, Guadalupe Hernández Correa, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, Herminio Corral Estrada, Irma Rebeca López López, Javier Antonio Neblina Vega, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Antonio López Rodríguez, Jesús Emiliano Álvarez López, Jisela Paes Martínez, Jorge Ramos Hernández, Jorge Triana Tena, José Clemente Castañeda Hoeflich, José de Jesús Galindo Rosas, José Everardo López Córdova, José Hernán Cortés Berumen, José Lorenzo Rivera Sosa, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Fernando Rubio Quiroz, Juan Manuel Celis Aguirre, Karen Hurtado Arana, Karina Sánchez Ruiz, Kathia Bolio Pinelo, Leticia Amparano Gámez, Lorena Corona Valdés, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luis Alfredo Valles Mendoza, Luis Ernesto Munguía González, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Manuel de Jesús Espino, Marbella Toledo Ibarra, Marco Antonio Aguilar Yunes, Marco Antonio Gama Basarte, María Antonia Cárdenas Mariscal, María Candelaria Ochoa Ávalos, María Chávez García, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Esther Guadalupe Camargo Félix, María Eugenia Ocampo Bedolla, María García Pérez, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, María Olimpia Zapata Padilla, María Verónica Agundis Estrada, María Victoria Mercado Sánchez, Marko Antonio Cortés Mendoza, Melissa Torres Sandoval, Mirna Isabel Saldívar Paz, Mirza Flores Gómez, Omar Noé Bernardino Vargas, Pablo Bedolla López, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Pedro Luis Noble Monterrubio, Rocío Matesanz Santamaría, Rosa Alba Ramírez Nachis, Santiago Torreblanca Engell, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Tania Victoria Arguijo Herrera, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Víctor Manuel Sánchez Orozco, Virgilio Mendoza Amezcua, Yarith Tannos Cruz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Angélica Reyes Ávila, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el 6, numeral 1, fracción I; 76; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 177, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

“En la actualidad, 13 millones de hectáreas [de bosque] se pierden cada año. Las razones de la deforestación son múltiples y en su mayoría propiciadas por las actividades humanas”, i así se expresó Peter Thomson, presidente del septuagésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la apertura del Foro sobre los Bosques, celebrado del 1 al 5 de mayo de 2017, en la sede de ese organismo internacional en Nueva York.

Existen diversos materiales para la elaboración de papel que van desde hojas de plantas, fibras, materiales textiles, paja, entre otros; pero, sin duda, el más utilizado en la actualidad es la fibra de celulosa que se extrae de la madera. De ello, es de observar que los efectos ambientales más evidentes de la producción de la pulpa de celulosa radican principalmente en el impacto sobre los bosques y en las sustancias que genera el blanqueo del papel para producir el papel que se usa comúnmente.

También es de considerar que se ha avanzado en la incorporación de papel reciclado en la elaboración de algunos productos; sin embargo, al reciclar, no se disminuye el impacto al ambiente, porque el papel generado por este método requiere que el proceso de blanqueo sea una etapa indispensable; además, el procedimiento para hacerlo más ligero aún se encuentra en etapa de investigación y requiere todavía tiempo para ser aplicado en forma competitiva.

La iniciativa que se plantea tiene el objetivo primordial de que este órgano legislativo, acorde a las mejoras medioambientales que promueve y al cumplimiento de estándares internacionales, incida en el cuidado del medio ambiente, además de generar ahorros presupuestales al usar menos papel y sustituirlo por un mayor uso de los medios electrónicos institucionales, en lo que concierne al envío de los dictámenes legislativos que se elaboran en esta Cámara de Diputados a los diputados integrantes de las comisiones ordinarias.

En Nueva Alianza tenemos la firme convicción de que deben aprovecharse con mayor intensidad y eficacia las tecnologías de la información y la comunicación, sirviéndonos de estas herramientas para mejorar e incrementar la eficiencia en la gestión documental.

El razonamiento para fundamentar lo anterior es fácil de demostrar: en términos del artículo 45, numeral 6, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, las 55 comisiones ordinarias deben sesionar cuando menos una vez al mes; asimismo, dichos órganos legislativos tienen, en promedio, 25 integrantes cada uno.

Continuando con lo anterior, aproximadamente se generan cinco dictámenes por sesión ordinaria mensual, con un promedio de 10 páginas cada uno; además, casi siempre estos documentos se imprimen por un solo lado.

Si se realiza un cálculo de las hojas de papel utilizadas mensualmente por concepto de dictámenes, se tiene que, en promedio, entre todas las comisiones ordinarias se utilizan alrededor de 68 mil 750 hojas; es decir, la Cámara de Diputados gasta, únicamente por concepto de dictámenes, más de 825 mil hojas anuales, a lo que se debe sumar el gasto en equipo informático o de reproducción, tóner y energía eléctrica, sin mencionar el costo que esto incurre en el ambiente.

Aproximadamente se generan cinco dictámenes por sesión ordinaria mensual, con un promedio de 10 páginas cada uno, además, casi siempre estos documentos se imprimen por un solo lado. Si se realiza un cálculo de las hojas de papel utilizadas por concepto de dictámenes, se tiene que, en promedio, entre todas las comisiones ordinarias se utilizan alrededor de 68 mil 750 hojas, es decir, la Cámara de Diputados mensualmente gasta únicamente por concepto de dictámenes casi 70 milhojas.

Argumentación

El consumo de papel es un verdadero riesgo medioambiental. ii Una sola hoja de papel puede pensarse insignificante; no obstante, el uso de miles de hojas al día causa un grave daño al ambiente. La tala de árboles significa un deterioro para bosques, influye en la supervivencia de ciertas especies e, incluso, repercute en el clima de nuestro planeta, dado que los árboles son los responsables de transformar el dióxido de carbono en oxígeno, y contribuyen a evitar así el efecto invernadero.

En la actualidad, la mayor parte de la pulpa de celulosa para papel proviene de la madera (89 por ciento), y solo un 11 por ciento de otras fibras. iii En gran parte, esas maderas proceden de coníferas como pino, abeto, picea y alerce, que se denominan “maderas blandas” y también de algunas frondosas como eucalipto, álamo y abedul, que son las llamadas “maderas duras”.

Es preciso señalar que el papel que se produce en México no es suficiente para cubrir los requerimientos de la población. En el libro titulado Panorama de la Industria de Celulosa y Papel en Iberoamérica 2008, editado por la Red Iberoamericana de Docencia e Investigación en Celulosa y Papel y la Universidad de Guadalajara, se expone que la difícil situación de la industria de pulpa y papel a nivel internacional manifestó su presión en México desde 2005, con importaciones al país de papel para escritura e impresión, en algunos casos desleales e inclusive ilegales. iv

A lo anterior debemos añadir que el número de árboles consumidos depende del tipo del papel a fabricar y del proceso de producción utilizado. En este sentido, se estima que se necesitan aproximadamente 24 árboles para producir una tonelada de papel mediante el proceso denominado Karft; v árboles de madera dura que tardan décadas en alcanzar la madurez para poder ser utilizados, de los cuales, aproximadamente el 15 por ciento son plantados para ese propósito en granjas arborícolas, pero el resto proviene de bosques que no se vuelven a regenerar, tan sólo nacen, se talan, mueren y desaparece el bosque o plantación para siempre, lo que deriva en una deforestación acelerada que potencializa el cambio climático y agrava el calentamiento global.

Desde el trabajo cotidiano de esta Cámara de Diputados existen alternativas vanguardistas que se pueden aplicar en el ámbito legislativo para cuidar el planeta. Una de ellas consiste en convertir los medios electrónicos en el medio idóneo para que el presidente de la Junta Directiva de cada una de las 55 comisiones ordinarias cumpla con su obligación de circular las respectivas propuestas de dictamen entre sus integrantes.

El modelo tradicional de gestión de documentos en papel genera inconvenientes como gran número de copias innecesarias, costos elevados, pérdida frecuente de documentos, limitado espacio para su almacenamiento, compra de carpetas y material para archivos; inconvenientes que se pueden abatir con el apoyo y uso de las nuevas tecnologías informáticas.

La ley debe ser un instrumento eficaz para generar alternativas de desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades de la presente generación, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras.

En este sentido, la presente iniciativa propone hacer más eficiente la distribución de los documentos que producen las comisiones legislativas, estableciendo en el Reglamento de la Cámara de Diputados, que es la norma que regula la actividad parlamentaria y el funcionamiento interno de este órgano legislativo, que los dictámenes se deben circular por vía electrónica.

En el Reglamento vigente sólo se establece la obligación, en términos generales, de circular los dictámenes, y sólo algunas comisiones generan acuerdos voluntarios para su distribución electrónica, en los cuales se especifica que la entrega de dichos documentos a los diputados integrantes de la respectiva comisión será por correo electrónico y agregan, como motivación de tales acuerdos, el cuidado del medio ambiente y la disminución del gasto de papel.

El proceso de globalización económico, político, cultural y tecnológico que vive el mundo obliga al Estado mexicano y a este Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a adaptarse y adoptar los avances tecnológicos en el desarrollo de su trabajo cotidiano.

Paro ello es necesario generar un cambio cultural y modificar sustancialmente los modos y maneras de trabajo dentro de este órgano legislativo estableciendo de forma expresa en la norma que nos regula, la obligación de circular los dictámenes por vía electrónica, lo cual significa la implementación de una moderna estrategia de eficiencia en la gestión documental, a través de intensificar y aprovechar la tecnología disponible y, con ello, prevemos que también será posible alcanzar reducciones significativas de recursos económicos, al reducirse sustancialmente el uso de los recursos materiales que se proveen a cada una de las comisiones y a los diputados integrantes de las mismas. vi

Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, modernizar el sistema de gestión electrónica de documentos en las comisiones legislativas no es una finalidad en sí misma, vii pues no es más que utilizar una herramienta informática que ayudará a mejorar notablemente el flujo de información y la gestión de dictámenes que se elaboran en la Cámara de Diputados; más bien, se trata de aprovechar los recursos tecnológicos e informáticos que se tienen disponibles para hacer más eficiente una de las tareas más relevantes que realizan las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, que es el proceso de dictaminación.

Además, con esta iniciativa también se abaten costos tanto económicos como ambientales y, lo más importante, se contribuye activamente en pro del desarrollo sustentable, al generar acciones contundentes que garanticen la salvaguarda de los recursos naturales, como el ahorro de papel, por mencionar el más evidente, estableciendo reglas de operación amigables con el medio ambiente en el trabajo cotidiano de las y los diputados.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 76; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 177, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados

Artículo Único. Se reforma el artículo 177, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 177.

1. ...

2. ...

3. El presidente de la Junta Directiva deberá circular vía electrónica la propuesta de dictamen entre sus integrantes, con cinco días de anticipación a la reunión en que se discuta y se vote. Tratándose de una iniciativa preferente se deberá circular con un mínimo de veinticuatro horas previas a su discusión y votación.

4. ...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37226#.WQo 1HlU1_IU Visto el 3 de mayo de 2017 a las 10:25 horas.

ii http://elblogverde.com/el-proceso-del-papel-o-de-como-un-arbol-se-vuelve-papel/ Visto el 23 de marzo de 2017 a las 10 horas.

iii http://losarbolesinvisibles.com/papel-de-madera/ Visto el 22 de marzo de 2017 a las 18:54

iv http://www.riadicyp.org/images/libros/pdfs/panorama/anexoi_paises_miembros.pdf Visto el 27 de abril de 2017 a las 17:55 horas.

v http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2006/ 4/el-futuro-de-la-producci-n-de.pdf

Visto el 2 de mayo de 2017 a las 18:36 horas.

vi http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8257_papel_ buenaspracticas.pdf Visto el 21 de marzo de 2017 a las 11:32 horas.

vii http://www.cobdc.org/jornades/7JCD/27.pdf Visto el 3 de mayo de 2017 a las 13:12 horas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los cinco días del mes de septiembre de 2017.— Diputadas y diputados: Angélica Reyes Ávila,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Ángel García Yáñez, Jesús Rafael Méndez Salas, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Karina Sánchez Ruiz, Luis Alfredo Valles Mendoza, Marco Antonio Aguilar Yunes, María Antonia Cárdenas Mariscal, María Eugenia Ocampo Bedolla, Mirna Isabel Saldívar Paz, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Salomón Fernando Rosales Reyes (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 52 a 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo

Manuel Jesús Clouthier Carrillo, ciudadano mexicano y diputado federal en esta LXIII Legislatura; con fundamento en los artículos 1o., 35, fracción II, y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en términos de lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción VII y IX; 5o., numeral 1; 6o., numeral 1, fracción I; 71; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de reforma constitucional en materia electoral.

I. Exposición de Motivos

El mayor peligro para una sociedad democrática estriba en la falta de adaptabilidad de su sistema jurídico frente a la realidad que se vive en la sociedad y en la responsabilidad del Estado en satisfacer y garantizar los derechos reconocidos en su Constitución y sus leyes para garantía del cumplimiento de los mismos. En la medida en la que los ciudadanos comienzan a tomar distancia de los asuntos públicos por la insultante corrupción, impunidad y la falta de resultados por parte de sus representantes populares y funcionarios, es cuando comienza a agrietarse la credibilidad en el Estado y la democracia que lo sostiene.

Nadie puede debatir que la lucha político electoral de la contienda presidencial de 1988 resultó en una elección fundante que provocó el nacimiento de una institución ajena al Partido de Estado que organizará la elecciones por medio de ciudadanos previamente capacitados para tal encomienda. Con el nacimiento del Instituto Federal Electoral comenzó una nueva ola democratizadora en el país que fue de la mano del crecimiento electoral de los partidos políticos de oposición tanto a nivel federal como a nivel local. Se colocó a la alternancia y se le apostó como el camino para lograr una transición democrática que impactaría en mayor gobernabilidad del Estado al tiempo que se traduciría en una mayor distribución de la riqueza, mejora en los sistemas de salud y educación, mayor seguridad así como incremento en el salario de los ciudadanos mexicanos. Al habérsele creado tan alta expectativa a raíz del cambio de partido político en la presidencia de la República en el año 2000 fue poco a poco perdiéndose el impulso y la dinámica ciudadana de pasar del ejercicio del derecho al voto a ser observador comprometido con el actuar del gobierno en turno.

Los partidos políticos, entes reconocidos por la Constitución y encargados en el texto de su artículo 41 a ser promotores de la participación política de los ciudadanos mexicanos en los asuntos públicos del país han dejado de realizar dicha encomienda al minar su actuar bajo reglas internas que poco convocan a sumarse a dichos institutos políticos si no es para buscar un lugar dentro de su estructura burocrática o acceder a cargos de representación proporcional, actuar que provoca un mayor hartazgo y decepción de la población que se aleja cada vez más de las urnas y de los asuntos públicos en nuestro país. Lo anterior también se ha visto reflejado en una participación ciudadana en las urnas que ha disminuido elección tras elección.

La posibilidad de modificar dicha dinámica democrática no puede ser bajo las mismas condiciones y términos en los que actualmente se realiza, de ahí la urgente necesidad de reflexionar, debatir y actuar frente a los retos de credibilidad por los que atraviesa la cosa pública en nuestro país y su sistema electoral.

I.II. Reducción del Congreso de la Unión para lograr eficacia en su representación política y en el trabajo legislativo

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41 señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Congreso de la Unión como órgano del Poder Legislativo se encuentra integrado por dos Cámaras: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con un total de 628 integrantes por ambas cámaras.

La presente iniciativa tiene como objetivo mejorar la calidad de la representación y una reducción directa del gasto que generan los diputados y senadores integrantes del Congreso de la Unión. Es una propuesta de iniciativa tendiente a incentivar a través de dicha reducción numérica y presupuestal para provocar una mayor y mejor participación ciudadana mediante la eficacia que deben envolver los trabajos legislativos de los representantes populares en ambas Cámaras.

La reducción de miembros de la Cámara de Diputados y Senadores es uno de los grandes debates que se han dado a lo largo de los años, ya que en la actualidad se puede percibir una problemática de eficacia y estancamiento del trabajo legislativo en ambas Cámaras. Vicente Flores Meléndez en su investigación titulada De la reducción del Congreso de la Unión: una reforma orgánica y constitucional, nos señala que la teoría de la representación formulada por el francés Emmanuel Sieyés es “ la técnica social que permite expresar el sentido común o la voluntad colectiva de un pueblo a los efectos de gobernarlo, afirmó que el individuo es la unidad básica de una comunidad poseedora de voluntad común, cuyo ejercicio es transferido a un grupo de ellos (gobierno/gobernadores) sin transmitir la voluntad en sí, y que los representantes lo son de la nación en su totalidad, y no de cada individuo a causa de las cualidades que le son comunes y no de aquellas que lo diferencian”. Puedo afirmar con base en mi experiencia como representante de la nación tanto en la LXI y en la actual LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, que el verdadero reto es dejar de ser una Cámara que funcione como de grupos parlamentarios para convertirse en una verdadera Cámara de Diputados, donde el diputado así como el senador en su Cámara, tienda a desarrollar su trabajo de representación, su trabajo parlamentario y de contrapeso natural del Poder Ejecutivo sea en plena libertad y en ausencia de cualquier presión de grupo o gobierno en turno, para así cumplir tanto con el principio de división de poderes y con el de representatividad política que obliga nuestra democracia en construcción.

La democracia mexicana tiene en la actualidad el reto de recuperar la confianza de los ciudadanos en los órganos de gobierno que los representan, por lo que es necesario que los diputados y senadores expresen la voluntad de los mexicanos que los eligieron, que velen por los intereses de México y que muestren que su trabajo legislativo es productivo y eficiente para la solución de los verdaderos problemas nacionales.

De acuerdo a los datos obtenidos en el Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria de la Cámara de Diputados (Infopal) y analizando las estadísticas de la LXI, LXII y LXIII de aproximadamente cuatro mil iniciativas turnadas solamente se aprueban un diez por ciento de éstas, lo que comprueba que la falta de productividad y eficiencia, así como la falta de unificación de criterios y acuerdos políticos hacen que la productividad de la Cámara sea escasa.

El diario inglés The Economist en su artículo “ The Siesta Congress” hace una crítica al Congreso de la Unión mexicano ya que nuestros legisladores son los que menos sesionan al año y quienes reciben uno de los sueldos más altos en Latinoamérica. Por otro lado, señalan la falta de productividad que se tiene para aprobar reformas ya que muestran mayor interés en bloquear las iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios contrarios que por llegar a un acuerdo que beneficie al pueblo mexicano.

La gran cantidad de escaños que existen actualmente en la Cámara de Diputados y Senadores contribuye la falta de calidad en la labor legislativa ya que no se dan los consensos necesarios para la toma de decisiones, no existe conciliación entre los grupos parlamentarios por la falta de debate que la gran cantidad de legisladores impide que se lleve a cabo.

En un estudio elaborado por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, titulado Reducción en el número de legisladores federales, se señala un estudio elaborado por la Dirección de Opinión Pública en el cual se entrevistó a ciudadanos mexicanos los cuales manifestaron lo siguiente:

• 59 por ciento de la ciudadanía se inclina por señalar que el número de legisladores debe disminuir. 26 por ciento de los ciudadanos señaló que el número de legisladores debe mantenerse como se encuentra actualmente. Mientras que sólo 6 por ciento consideró que el número de legisladores debe aumentarse.

En dicha encuesta los ciudadanos que se inclinaron por señalar que el número de legisladores debe disminuir mencionaron los siguientes argumentos a favor:

• Opinan que es muy costoso tener un Congreso integrado con el número actual de diputados y senadores.

• Que es difícil que los diputados lleguen a un acuerdo “cuando son muchos.”

• Por otro lado, que al ser muchos diputados y senadores siempre existen “algunos muy malos que echan a perder el trabajo”.

• Por último, los ciudadanos consideran que el trabajo de los legisladores “no sirve a los ciudadanos.”

Cabe mencionar que México es uno de los países con mayor número de legisladores a nivel mundial, incluso supera a países con mayor territorio y número de habitantes, como Estados Unidos de América, que cuenta con 535 congresistas y Rusia, el país más grande del mundo, que tiene 620 legisladores.

Aprovechemos los tiempos actuales como una oportunidad histórica de ponderar la democracia y el sentir de miles de jóvenes mexicanos por encima de la coyuntura electoral.

II. Sistema de listas abiertas. La necesidad de personalizar el voto ciudadano para la elección de candidatos bajo el principio de representación proporcional

Parte medular del equilibrio y el funcionamiento democrático de las instituciones y del estado de derecho en una República en mucho depende en el cómo los votos emitidos por los ciudadanos en las elecciones populares se convierten en escaños de representación popular en el Congreso de la Unión. El poder del voto y la calidad de la representación que genera el mismo debe provocar un involucramiento más serio e informado por parte del ciudadano, al tiempo de que la normativa electoral lo permita eliminando candados como lo constituyen las listas cerradas que registran los partidos elección tras elección en lo que respecta al sistema de representación proporcional.

El sistema de representación proporcional se utiliza en 99 países, entre los que se incluyen Alemania, Argentina, Brasil, Dinamarca, Noruega y Suiza en donde los legisladores se eligen exclusivamente por ese sistema, en 17 países se usa uno mixto, como en México y, en 58 países se aplica exclusivamente el sistema de mayoría relativa o mayoría simple. Giovani Sartori señala que el sistema de representación proporcional busca transformar de manera proporcional los votos en escaños. Dieter Nohlen dice que la representación proporcional trata de reproducir con la mayor fidelidad posible en el parlamento las fuerzas sociales y los grupos existentes en la población.

La crisis política que acarrea dolosamente dicho sistema de elección es tendiente a desgastar sin fundamento un mecanismo democrático de gran utilidad que cuenta con el único propósito de reflejar en la mayor medida la representación de las minorías políticas en el Congreso de la Unión en aras de que el debate público y parlamentario tienda a generar los contrapesos necesarios frente a la tentación de retrocesos en materia de derechos humanos y de otros fundamentales que constituyen la base del sistema político mexicano que pudieran impulsar las mayorías.

Hoy mucha de la lucha que se libra al interior de los partidos políticos nacionales y locales es por acaparar a la brevedad y con la mayor fuerza los órganos partidarios que definen las listas regionales y locales de candidatos por el sistema de representación proporcional. Son recurrentes los militantes y ciudadanos que participan en dichos procesos internos y acuden a solicitar justicia por estimar violación a sus derechos políticos ante los tribunales electorales respectivos. Lo anterior en cuanto a partidos políticos que sí convocan a elecciones internas, otros sólo las simulan a través de “unidad”, otros por “sorteo”, y otros ni eso.

El sistema de representación proporcional en México se adoptó en 1963, después de que durante más de 40 años únicamente existió un sistema de mayoría, con la hegemonía de un solo partido político y, la nula posibilidad de triunfo de la oposición, se tuvo que buscar un mecanismo que permitiera a otros partidos políticos minoritarios tener una cierta representatividad en el Congreso. De esta forma se reformó la Constitución para incluir el principio de representación proporcional como método de elección y permitir una mayor participación de los partidos de oposición. Esto con la idea de que en una verdadera democracia las minorías saben que pueden llegar a ser mayorías.

Coincido con el sustento que planteó el diputado federal Fernando Belaunzarán en la iniciativa que presentó en la pasada LXI Legislatura cuando, en el mismo sentido de la propuesta en concreto, señaló que con una reforma de ese calado “reafirma la importancia que tiene el sistema de representación proporcional, para la representación política en nuestros órganos legislativos federales, ya que su existencia, permite darle expresión plena a la pluralidad y diversidad política de nuestro país, a diferencia del principio de mayoría relativa, que tiende más a la sobrerrepresentación y sub representación de los partidos políticos, y ésta expresión, es uno de los mayores frutos de nuestro esfuerzo a lo largo de los últimos treinta años por una verdadera transición y consolidación democrática”.

El método de representación proporcional en la elección de Senadores de la República se cumple al asignar un escaño a la fórmula de candidatos que haya obtenido la primera minoría en la elección de la entidad federativa de que se trate. Así, el objetivo se cumple al ser los 96 integrantes del Senado de la República producto de un voto realmente directo y que convierte dichos escaños a través de la personalización que el elector realizó en la jornada electoral correspondiente. Esto y la posibilidad de poder volver a contender por un periodo más de acuerdo a la reforma constitucional que permite la reelección, contribuye a que el legislador desde la Cámara alta realice una mejor representación y trabajo parlamentario de acuerdo a las facultades que la Constitución le otorga y las obligaciones que la misma le exige.

En el mismo sentido también presentó iniciativa el diputado federal Hugo Eric Flores Cervantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para reformar los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, afirmando que en caso de establecerse un sistema de listas abiertas “ se beneficiaría considerablemente a nuestro sistema electoral, ya que se crearán incentivos claros y concretos a la participación ciudadana, que vería en los procesos electorales, y en particular, en la elección de sus representantes, una oportunidad real de conformar su verdadera representación política ante las Cámaras del Congreso de la Unión, de esta forma los representantes contarían con un apoyo popular contundente de sus electores, permitiendo construir políticas públicas de una agenda de gobierno, no de los partidos solamente, sino de la ciudadanía en su expresión colectiva”.

Finalmente, la importancia de la propuesta de abrir las listas se mide a través de lo que se quiere conseguir, por ejemplo, como declaraba no hace mucho Felipe González al conmemorar los treinta años de haber llegado al poder: acabar con las peleas dentro de los partidos por “el puesto que se ocupa en la lista”, o sea, obtener sólo algún efecto secundario. Ese efecto secundario que si bien no limita que el debate deba existir dentro y fuera de los partidos políticos en los momentos de definiciones de candidaturas, lo más valioso es que la propuesta y el perfil del candidato prevalezca el día de mañana al participar de cara a la sociedad en una lista abierta en la que los partidos políticos tendrán la gran oportunidad de registrar y postular a los mejores militantes y ciudadanos posibles. Todos ganamos.

III. Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los artículos 78, 97 y 102, numeral 2 del mismo ordenamiento referente a los requisitos y elementos para la presentación de iniciativas de diputadas y diputados:

Se somete a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 52; 53; 54, fracciones I, II, III y IV; y 56, primer y segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

IV. Texto normativo propuesto

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 200diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 100 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales abiertas, votadas en circunscripcionales plurinominales.

Artículo 53. La demarcación territorial de los 200 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

Para la elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales abiertas, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones y el número de fórmulas propuestas por los partidos políticos en las listas regionales abiertas.

Artículo 54. La elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales abiertas, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales abiertas, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos ciento veintedistritos uninominales,

II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales abiertasde las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional abierta que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.

IV. Ningún partido político podrá contar con más de 200 diputados por ambos principios.

V. ...

VI. ...

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores, de los cuales, en cada estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Se deroga el párrafo segundo.

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

V. Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión dentro de los 180 días posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá llevar a cabo las adecuaciones necesarias a la legislación secundaria correspondiente.

Tercero.El Instituto Nacional Electoral dentro de los 365 días posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá expedir la distritación correspondiente a los 200 distritos electorales federales.

Cuarto. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Notas

1 Sieyes, Emmanuel. ¿Qué es el Tercer Estado?, Buenos Aires, Editorial Americales, 1943. En: Flores Meléndez, Vicente. De la reducción del Congreso de la Unión: una reforma orgánica y constitucional, investigación, disponible para consulta en:

http://ojs.dpi.ulsa.mx/index.php/Memorias_del_Concurso/article/viewFile/ 774/1075

2 Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria (INFOPAL), disponible para consulta:

http://www.diputados.gob.mx/sistema_legislativo.html

3 The Siesta Congress. The Economist. 21 de enero de 2012. Disponible para consulta en:

http://www.economist.com/node/21543172

4 Reforma Electoral: Relección y Segunda Vuelta, Cámara de Diputados, LX Legislatura, México, en: Los Mexicanos Dicen..., Dirección de Estudios de Opinión Pública, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Número 4, noviembre de 2006. En: Reducción en el Número de Legisladores Federales, Cámara de Diputados, LX Legislatura, Dirección de Servicios de Investigación y Análisis. Octubre 2016. Pág. 49. Disponible para consulta en:

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-20-07.pdf

5 México tiene más legisladores que EU y Rusia. Red Política. Noticia. 27 de noviembre de 2015. Disponible para consulta en:

http://www.redpolitica.mx/congreso/mexico-tiene-mas-legisladores- que-eu-y-rusia

6 El Sistema de representación proporcional en México, Strategia Electoral, 2004, México, p. 1. Link:

http://strategiaelectoral.mx/2014/08/29/el-sistema-de-representacion- proporcional-en-mexico/

7 Op. Cit. p. 2.

8 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, 03 de febrero de 2015. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada por el diputado federal Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD.

9 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, 02 de marzo de 2017, Iniciativa que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a cargo del diputado federal Hugo Eric Flores Cervantes.

10 Nohlen, Dieter, Gramática de los Sistemas Electorales. Una Introducción a la Ingeniería de la Representación, Editorial Tecnos, Madrid, 2015, p. 158-

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2017.— Diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, Alfredo Miguel Herrera Deras, José Guadalupe Hernández Alcalá, Nancy López Ruiz, Omar Noé Bernardino Vargas, Yaret Adriana Guevarra Jiménez, (rúbricas).»