Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXIII Legislatura
Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado Edgar Romo García
Directora del
Diario de los Debates
Eugenia García Gómez
Año III
México, DF, martes 27 de febrero de 2018
Sesión No. 9

SUMARIO


COMUNICACIONES OFICIALES

-Del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de NA, mediante la cual solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático

-De la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del PVEM, con la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

-Del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM, por la cual solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de cosecha de agua de lluvia, presentada por el diputado Samuel Rodríguez Torres y suscrita por integrantes de su grupo parlamentario

Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el informe sobre el Comportamiento de los Ingresos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, durante el Ejercicio Fiscal 2017. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite once contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente:

-Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a vigilar la aplicación de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en favor de la prevención y tratamiento del cáncer de mama. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento

-A fin de exhortar a la Secretaría de Turismo a estimular la actividad turística en los estados de Chiapas, Oaxaca y Puebla, a efecto de reactivar su economía para ayudar a superar las afectaciones sufridas a causa de los sismos de septiembre de 2017. Se remite a la Comisión de Turismo, para su conocimiento

-Para exhortar a la Procuraduría General de la República a establecer los mecanismos de coordinación necesarios a efecto de que el proceso electoral que se de-sarrolle en las entidades federativas se lleve a cabo en un ambiente de paz y armonía, evitando cualquier tipo de violencia, con la finalidad de garantizar la integridad de todas las personas que se involucren en los procesos electorales de este año. Se remite al promovente

-Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a evaluar la viabilidad de implementar el operativo “30 Delta” con motivo del aumento del turismo en época de avistamiento de ballenas en el estado de Baja California Sur. Se remite al promovente

-Para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar las acciones para estrechar, fortalecer y dar seguimiento cercano a los proyectos de cooperación internacional entre México y la República de Chile, a fin de impulsar el desarrollo económico y la integración comercial en la región. Se remite al promovente

-A fin de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a publicar, en apego de la normatividad aplicable, los sistemas de control e información de los permisionarios del autotransporte federal, así como el listado de permisionarios sancionados por incumplimiento de la normatividad, en materia de arrastre, arrastre y salvamento, y depósito de vehículos. Se remite al promovente

-Por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar la viabilidad de un ajuste que disminuya las tarifas eléctricas en el estado de Baja California. Se remite al promovente

-Para exhortar al Fonart a impulsar las acciones y medidas necesarias a fin de fomentar y dar a conocer los procedimientos y medios de los cuales disponen los artesanos para proteger su obra, así como a establecer una política de inclusión a través de la cual los derechos de los artesanos sean protegidos. Se remite al promovente

-A fin de exhortar a la Secretaría de Cultura a impulsar las acciones y medidas necesarias a fin de fomentar y dar a conocer los procedimientos y medios de los cuales disponen los artesanos para proteger su obra, así como a establecer una política de inclusión a través de la cual los derechos de los artesanos sean protegidos. Se remite al promovente

-Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, en el marco de la firma de la Alianza Global para poner fin a todo tipo de violencia contra ellos. Se remite al promovente

-Para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a concentrar y publicar los padrones de damnificados de los desastres naturales del mes de septiembre de 2017, a fin de brindar la certidumbre jurídica y puedan acceder a los recursos destinados a la reconstrucción de sus viviendas afectadas y evitar incurrir en algún agravio o vulneración de sus derechos. Se remite al promovente

De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por medio de la cual remite diecisiete contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente:

-Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a los gobernadores de los estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Estado de México y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones evalúen la pertinencia de implementar un programa que permita favorecer a la población afectada por los sismos del 7 y 19 de septiembre en materia de energía y agua potable. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento

-Para exhortar a la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, a las autoridades educativas de las entidades federativas y a los directores de las escuelas de Educación Básica, a diseñar estrategias y desarollar programas para el uso responsable de los libros de texto que permitan su reutilización en diversos ciclos escolares, en tanto no se actualice su contenido. Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento

-Por el que se solicita a las autoridades correspondientes del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, a garantizar las condiciones de seguridad y habitabilidad de todas las escuelas de la ciudad, por las posibles afectaciones de los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017. Se remite a la Comisión de Ciudad de México, para su conocimiento

-A fin de exhortar a la Secretaría de Educación Pública, a las secretarías de educación pública locales y a los institutos de la infraestructura física educativa de las entidades federativas afectadas por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, a que hagan pública la información sobre la verificación de los planteles que integran la infraestructura física educativa; y, de la misma forma, le den celeridad a la rehabilitación y reubicación de los alumnos matriculados en las escuelas que resultaron afectadas. Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento

-Para exhortar a la Conagua y las autoridades locales correspondientes a hacer las gestiones conducentes a obtener recursos para reforzar las medidas destinadas a rescatar y preservar las condiciones naturales y ambientales de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta; y realizar acciones de limpieza, desazolve, mantenimiento y consolidación de laderas de los ríos San Buenaventura, San Lucas y Santiago de Xochimilco, e invertir en obras hidráulicas para el almacenamiento superficial y la filtración de los excedentes de agua de lluvia hacia los mantos freáticos que ayuden a prevenir inundaciones en la zona, así como brindar apoyos a los vecinos afectados por las inundaciones en Xochimilco. Se remite a la Comisión de Ciudad de México, para su conocimiento

-A efecto de exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la República, a la Coordinación Nacional de Protección Civil, al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, a los poderes ejecutivos de las entidades federativas y a los municipios, a establecer mecanismos que permitan brindar condiciones de seguridad para el alumnado, docente y personal administrativo de los planteles educativos de todos los niveles escolares. Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento

-Por el que se exhorta a la Segob, la SE, la SCT y la Semarnat, en atención de sus competencias, y las respectivas dependencias locales a instalar más electrolineras en el país; y, en su caso, otorgar incentivos a la iniciativa privada para que establezca el mayor número posible de ellas, a fin de modificar el uso de vehículos propulsados por combustibles fósiles por los de baterías eléctricas recargables. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento

-Para exhortar a la administración local a realizar las gestiones conducentes a decretar como desastre natural las inundaciones en los campos de cultivo de Tláhuac y, en lo posible, tener acceso al Fonden y llevar a cabo las acciones en materia de infraestructura hidráulica e hidroagrícola consistentes en la construcción o el mejoramiento de bordos de protección, obras de encauzamiento, diques, espigones y estructuras para protección contra inundaciones, así como implantar medios de apoyo a los productores de hortalizas de esa delegación afectados por las inundaciones de agosto y septiembre últimos. Se remite a la Comisión de Ciudad de México, para su conocimiento

-A efecto de exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas, a que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades de los planteles educativos, adopten las medidas preventivas que sean necesarias y conminen a las asociaciones de padres de familia y a los consejos de participación social a que realicen un manejo eficaz y transparente de las “cuotas voluntarias” que recauden. Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento

-Por el que se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de cada uno de los 31 estados y de la Ciudad de México, a crear e implementar una estrategia de prevención del suicidio, que provea servicios de urgencias, psicológicos y preventivos, e introducir políticas públicas en escuelas de nivel básico, medio superior y superior, orientadas a niños y jóvenes con diversos problemas sociales. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento

-Para solicitar a los gobiernos de las entidades federativas del país, a que desarrollen e implementen instrumentos de planeación que permitan ordenar las acciones, los procedimientos, las herramientas y los responsables específicos para cada una de las etapas del ciclo de vida de la prevención, facilitando aplicar una gestión integral de residuos generados en un desastre. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento

-Por el que se exhorta al titular del Gobierno de la Ciudad de México para que, en el marco de sus atribuciones, lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios en los albergues de la demarcación bajo condiciones de estancia digna, entre ellas sanitarias, de esparcimiento y seguridad. Se remite al promovente

-Por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a impulsar acciones y políticas públicas que permitan destinar mayores recursos a las escuelas primarias y secundarias rurales en sus municipios, con miras a lograr el acceso universal a la educación primaria y secundaria obligatoria. Se remite al promovente

-Por el que se solicita a las entidades federativas que cuentan con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, incluida la violencia feminicida, para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, difundan la información general y estadística sobre los casos de violencia de género, a fin de promover la transparencia de dicha información. Se remite al promovente

-Por el que se solicita a las instituciones encargadas de propiciar el desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales en las 32 entidades federativas del país, a promover la infraestructura física y aplicar recursos financieros y materiales para hacer efectivo el ejercicio de los derechos culturales de la población. Se remite al promovente

-A efecto de exhortar a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y a sus homólogas de los estados y de la Ciudad de México, a fin de que implementen medidas para fomentar el uso de juguetes tradicionales en espacios recreativos y culturales. Se remite al promovente

-Por el que se exhorta a las autoridades competentes en los estados y municipios con la finalidad de que, en el ámbito de sus competencias y en la medida de sus posibilidades presupuestarias, implementen todas las medidas necesarias para ejecutar acciones con padres y madres de familia, así como docentes, que ayuden a dar un mayor impulso a la campaña de las tres “C”: confié, créales y comuníqueles, a fin de evitar el abuso sexual en las niñas, niños y jóvenes. Se remite al promovente

INICIATIVAS DE SENADORAS Y SENADORES

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY FEDERAL DE DERECHOS

De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 192-D; 224, fracciones I y IV; y 282 fracción VI de la Ley Federal de Derechos, presentada por la senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de los artículos 74 y 180 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por la senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

SOLICITUDES DE LICENCIA

Se recibieron oficios con los que las siguientes legisladoras y legislador solicitan licencia para separarse del cargo de diputados federales: Elvia Graciela Palomares Ramírez, del PRI; Enrique Zamora Morlet, del PVEM; y Gina Andrea Cruz Blackledge, del PAN. Aprobadas, comuníquense y llámese a los suplentes

TOMA DE PROTESTA

La ciudadana Anel Fernández Zempoalteca, rinde protesta de ley y entra en funciones como diputada federal

INTERVENCIONES DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO AL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PGR

-El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del PAN, desde la curul

Desde la curul, hacen comentarios al respecto:

-El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del PRI

-El diputado Jesús Sesma Suárez, del PVEM

-El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del PRD

-El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del PAN

-El diputado Armando Luna Canales, del PRI

-El diputado Jonadab Martínez García, de MC

VIOLENCIA EN GUANAJUATO

-La diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del PRI, desde la curul

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o., 12, 13, y 37 de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 33 y 65 de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 15 y 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen

LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN

La diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 40 y 67 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen

INTERVENCIONES DE LEGISLADORES

RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LA DIPUTADA VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, DE MC

-El diputado Jonadab Martínez García, de MC, desde la curul

-El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del PRD, desde la curul

-El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, de MC, desde la curul

-El diputado Federico Döring Casar, del PAN, desde la curul

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

El diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de NA, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas diposiciones de la Ley General de Proteeción Civil. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del PES, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. y adiciona un artículo 6 Bis de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

El diputado José Enrique Dávila Flores, en nombre propio y de los diputados Armando Luna Canales y Pedro Luis Noble Monterrubio, todos del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen

LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

La diputada Kathia María Bolio Pinelo, en nombre propio y del diputado Federico Döring Casar, ambos del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 153 Bis a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

EXPIDE LA LEY DE FOMENTO PARA LA FRONTERA NORTE

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento para la Frontera Norte. Se turna a la Comisión de Asuntos Frontera Norte, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión

LEY GENERAL DE TURISMO

El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2o. y 36 de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para eliminar las pensiones de los ex presidentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de NA, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTAMEN

LEY GENERAL DE SALUD

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos

DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

A discusión el dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil

Para fundamentar el dictamen, interviene:

-El diputado Héctor Barrera Marmolejo, del PAN

Para fijar la postura de su grupo parlamentario, participan:

-La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del PES

-El diputado Carlos Gutiérrez García, de NA

-La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, de MC

-El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del PVEM

-El diputado Jesús Emiliano Álvarez López, de Morena

-La diputada María Cristina Teresa García Bravo, del PRD

-La diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del PRI

Para proponer modificaciones al dictamen, hace uso de la tribuna:

-El diputado Jorge Tello López, del PRD

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

A discusión el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Para fundamentar el dictamen, participa:

-La diputada Susana Corella Platt, del PRI

Para fijar la postura de su grupo parlamentario, intervienen:

-El diputado Gonzalo Guízar Valladares, del PES

-La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, de NA

-La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, de MC

-La diputada Daniela García Treviño, del PVEM

-La diputada María Chávez García, de Morena

-La diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del PRD

-El diputado Carlos Alberto Palomeque Archila, del PAN

-La diputada Mariana Vanessa Ruíz Ledesma, del PRI

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Se recibió el acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se declara vacante la fórmula de diputados al Congreso de la Unión por el principio de representación proporcional correspondiente a la primera posición de la lista de la Quinta Circunscripción Plurinominal, asignada al Partido Encuentro Social. Aprobado, comuníquese

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, el acuerdo por el que por el que se exhorta a diversas dependencias para que informen las acciones instrumentadas para vigilar y frenar los presuntos abusos en el incremento de precios en los combustibles y gas LP. Aprobado, comuníquese

COMUNICACIONES OFICIALES

Se reciben oficios de la Junta de Coordinación Política en relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones. Aprobados, comuníquense

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La Presidencia turna las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna a las comisiones que correspondan, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, cuyo turno se publica en la Gaceta Parlamentaria

VOTACIONES

De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los dictámenes:

De la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil (en lo general y en lo particular)

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (en lo general y en lo particular)

APÉNDICE

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 27 de febrero de 2018, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados



Presidencia del diputado Edgar Romo García

ASISTENCIA

El presidente diputado Edgar Romo García (a las 12:12 horas): Se abre la sesión. Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 323 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum para sesionar.

ORDEN DEL DÍA

El presidente diputado Edgar Romo García:Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 27 de febrero de 2018

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones

De los diputados Francisco Javier Pinto Torres, Lorena Corona Valdés y Jesús Sesma Suárez

Solicitan el retiro de iniciativas.

De la Secretaría de Gobernación

Remite el Informe sobre el Comportamiento de los Ingresos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, durante el Ejercicio Fiscal 2017.

Remite once contestaciones a puntos de acuerdos aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente.

De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

Remite diecisiete contestaciones a puntos de acuerdos aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente.

Iniciativas de senadores

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 192-D; 224, fracciones I y IV; y 282 fracción VI de la Ley Federal de Derechos, presentada por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de los artículos 74 y 180 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Solicitud de licencia de diputados

Toma de protesta de diputada

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Iniciativas

Que reforma y adiciona el artículo 69-C Bis de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, suscrita por los diputados Miguel Ángel Salim Alle y Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 61, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un tercer párrafo al artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por la diputada Lia Limón García e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona los artículos 33 de la Ley General de Educación y 201 de la Ley del Seguro Social, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 28 y 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, a fin de incluir a los restauradores de películas en el fondo de inversiones y estímulos al cine Fidecine, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 y 32 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, en materia de violencia de género, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 57 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley Federal de Fomento y Desarrollo Artesanal y reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo de la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 139 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que deroga el octavo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 25 y 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 20 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y 161 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 11 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 6o. y adiciona un artículo 6 Bis de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 35, 36 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 15 y 17 de la Ley General para el Control del Tabaco, cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Almacenamiento Rural y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 33 y 65 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para eliminar las pensiones de los ex presidentes, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reproducción asistida, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 12 y 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, a cargo del diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, a cargo del diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. y adiciona un artículo 25 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se adicionan los artículos 175 Bis a la Ley General de Salud y 199 Sextus al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Inversión Extranjera, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Alfredo Basurto Román y Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 25 y adiciona un artículo 53 a la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que expide la Ley de Fomento para la Frontera Norte, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 15 y 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 3o., 178, 180 y 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 7o. y 9o. de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 148 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Juan Corral Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 53 y 54 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 14 y 18 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 9o., 12, 13, y 37 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 157 Bis 4 y 157 Bis 5 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o. y 14 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona un artículo 95 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7o. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 81 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Turismo, a fin de que se defina en la misma el concepto de Turismo de Bajo Impacto, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De Decreto por el que se autoriza la emisión de una Moneda Conmemorativa por el Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar, acaecido el 10 de abril de 1919, a cargo del diputado Angel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 36 de la Ley General de Turismo, suscrita por el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 40 y 67 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza y diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, suscrita por los diputados Jorge Enrique Dávila Flores, Armando Luna Canales y Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 11 y se adiciona un artículo 11 Bis a la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 68 y 70 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 23 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Turismo, a fin de que esta defina claramente los conceptos de Desarrollo Turístico y Desarrollo Turístico Sustentable, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de contaminación lumínica, a cargo de la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 44 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 4o., 7o. y 64 a la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 22 y 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 58 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 30 y 54 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Adriana Elizarraráz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 87 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Erick Alejandro Lagos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 87 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Mata Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 153 BIS a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Kathia María Bolio Pinelo y Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 13 y 182 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 76, 89 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Castro Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Igualdad de Género con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Igualdad de Género con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 9 y se adiciona una fracción XIII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el 15 de noviembre como el “Día Nacional de Orientación sobre el Uso Nocivo del Alcohol”.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 314, fracción V; 348 y 419; y adiciona los artículos 348 Bis, 348 Bis 1 y 348 Bis 2 a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Proposiciones de urgente resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNBV, para que, en coordinación con la Condusef, continúe instrumentando las acciones y medidas necesarias para promover que las instituciones financieras cuenten con mecanismos eficaces que permitan prevenir la realización de cobros indebidos derivados de movimientos operativos automatizados, conocidos como domiciliaciones bancarias, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, a iniciar los procedimientos administrativos y de carácter penal necesarios en contra de los funcionarios responsables de determinar la fórmula y los volúmenes de venta de etano al “Grupo de Inversionistas”, conformado por la empresa Braskem Filial de Odebrecht e Idesa, por el quebranto generando al erario público con el “Proyecto Etileno XXI”, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, en coordinación con la SEP, para que analice y proponga mecanismos de flexibilización laboral que permitan a las madres y padres trabajadores asistir a las actividades escolares convocadas por las autoridades de las escuelas de sus hijos, sin que su salario se vea afectado, suscrito por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a revisar y firmar el Convenio sobre la Inspección del Trabajo, 1947 (num. 81) de la OIT, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a publicar de manera oficial el Plan Salamanca, suscrito por las diputadas María de los Ángeles Rodríguez Aguirre y Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a expedir la Declaratoria como Monumento Histórico del Lote Funerario de los Diputados Constituyentes de 1917, ubicado dentro del Panteón Civil de Dolores, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Dirección General de Pemex, a detener las arbitrariedades y violaciones a los derechos laborales de los trabajadores de confianza adscritos a Pemex Exploración y Producción de la Subdirección de producción de aguas someras en Campeche y se les garantice la conservación de su puesto de trabajo, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales, a investigar y dar seguimiento a los presuntos desvíos de recursos en SEDESOL y Sedatu, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a revisar y firmar el Convenio sobre la Inspección del Trabajo (Agricultura), 1969 (num. 129) de la OIT, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol y a la Sagarpa, a dotar de más recursos presupuestarios a Liconsa para que dicha paraestatal pague a un precio justo la leche que le proveen los pequeños y medianos productores de todo el país, a cargo del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a observar los principios de legalidad y seguridad jurídica durante la construcción del “Tren Toluca-Valle de México”, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para considere realizar una reclasificación de la tarifa eléctrica que se aplica actualmente en el municipio de Tuxpan, Veracruz, a cargo de la diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Capufe, a fin de incluir mecanismos para moderar las tarifas de las autopistas federales en mantenimiento y reparación, a cargo del diputado Mario Alberto Mata Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Tlaxcala, a realizar las adecuaciones al marco legal correspondiente para que regule el funcionamiento y la prestación de los servicios que ofrecen las Empresas de Redes de Transporte en dicha entidad, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General de Bansefi, a presentar inmediatamente su renuncia para garantizar una investigación imparcial con motivo del probable fraude cometido en la entrega de tarjetas con recursos del Fonden a personas damnificadas por los sismos de septiembre de 2017, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración, a brindar mayor atención a los migrantes centroamericanos que transitan por territorio nacional en busca de llegar a los EUA, a cargo del diputado Salvador García González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNBV, para que investigue, y en su caso, sancione y difunda las operaciones de compra venta de inmuebles de los bancos Bankia y Caixabank, por el presunto fraude inmobiliario en Playa del Carmen y la Rivera Maya, en Quintana Roo, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, a investigar el caso de Marco Antonio Sánchez Flores como desaparición forzada, y al jefe de dicha entidad a evitar expresar públicamente cualquier prejuicio personal sobre el caso, con el fin de garantizar la imparcialidad y efectividad de la investigación, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Chiapas, a atender el incremento alarmante de unidades irregulares de transporte público en dicha entidad y emprenda las acciones necesarias para garantizar la más rigurosa inspección y regularización de las unidades de transporte actualmente en servicio en el estado, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a destituir a la Titular de la Sedatu, y se exhorta a la PGR, a realizar una investigación exhaustiva y procesar a los responsables que en el ejercicio de sus atribuciones hayan causado un daño el erario público derivado de la auditoría realizada a la institución señalada, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR y a la Fiscalía del estado de Puebla, a que continúen con la investigación en contra del ex gobernador de la entidad, Rafael Moreno Valle Rosas y del ex tesorero de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara, por la presunta comisión de delitos de lavado de dinero, desvío de recursos públicos, peculado y posesión de recursos de procedencia ilícita, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena.

Efeméride

Con motivo del 24 de febrero, Día de la Bandera, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El presidente diputado Edgar Romo García:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintidós de febrero de dos mil dieciocho, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoEdgar Romo García

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos cincuenta y un diputadas y diputados, a las doce horas con veintidós minutos del jueves veintidós de febrero de dos mil dieciocho, la Presidencia declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Comunicaciones Oficiales:

a) De las diputadas y de los diputados: María Luisa Beltrán Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Partido Acción Nacional; Virgilio Dante Caballero Pedraza, y Norma Xóchitl Hernández Colín, ambos de Morena, por la que solicitan el retiro de iniciativas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

b) Del diputado Jorge López Martín, por la que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del veintiocho de febrero del año en curso. De enterado. Comuníquese.

c) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdos aprobados por Comisión Permanente:

• Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe final de los daños totales, los recursos presupuestados y ejercidos, donaciones, su destino y las acciones de fiscalización del Gobierno Federal para atender a los damnificados por los fenómenos del mes de septiembre de dos mil diecisiete. Se remite al promovente.

• Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito a informar y hacer públicos los convenios de transferencia de recursos a las entidades federativas por concepto de fortalecimiento financiero durante los años dos mil quince-dos mil diecisiete. Se remite al promovente.

d) De la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para erradicar las llamadas falsas a los servicios de emergencia. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

e) De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con la que remite el Informe General derivado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio presupuestal dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos de lo que dispone el artículo setenta y cuatro, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se remite copia del informe al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo treinta y tres de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

f) Del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la que remite Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al cuarto trimestre de dos mil diecisiete. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

g) Del Congreso del estado de Baja California, por la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción vigésima séptima-ter al artículo ciento treinta y dos, y un artículo ciento setenta y dos bis a la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

h) De las diputadas Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, y Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano por la que solicitan licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones como diputadas federales electas a partir de esta fecha por el Tercer Distrito Electoral del estado de Zacatecas, y a partir del primero de marzo del año en curso, por el Octavo Distrito Electoral del estado de Jalisco, respectivamente. En votación económica se aprueban. Comuníquense. Llámense a los suplententes.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del recinto las ciudadanas Georgina Adriana Pulido García, y Elizabeth Hernández Calderón, diputadas electas por la Cuarta Circunscripción Plurinominal, y Tercer Distrito Electoral del estado de Zacatecas, respectivamente, y se designa una comisión de cortesía para acompañarlas al interior del salón de sesiones, rinden protesta de ley, y entran en funciones.

Desde sus respectivas curules realizan diversos comentarios las diputadas y los diputados: Blanca Margarita Cuata Domínguez, Alfredo Basurto Román, ambos de Morena; Francisco Escobedo Villegas, del Partido Revolucionario Institucional; Evelyng Soraya Flores Carranza, del Partido Verde Ecologista de México; Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano; y Sara Paola Galico Félix Díaz, de Morena. La Presidencia hace aclaraciones e instruye se inserten íntegramente sus intervenciones en el Diario de los Debates.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Partido Revolucionario Institucional, que deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Presidencia de la diputadaMartha Sofía Tamayo Morales

• María Mercedes Aguilar López, del Partido Acción Nacional, para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor el nombre de Gilberto Bosques Saldívar. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley Federal del Gobierno de Coalición, Reglamentaria de los artículos setenta y seis, fracción segunda, y ochenta y nueve, fracción décima séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Alfredo Basurto Román, y suscrito por el diputado Juan Romero Tenorio, de Morena, que reforma el artículo diecinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Sharon María Teresa Cuenca Ayala, y suscrita por integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo noventa y dos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona el artículo ciento sesenta y dos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Carlos Gutiérrez García, de Nueva Alianza, que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, que adiciona un artículo treinta bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de interdicción. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Armando Luna Canales, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos ciento ochenta y dos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y cincuenta y uno de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda, para dictamen.

A las trece horas con treinta y un minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos sesenta y ocho diputadas y diputados.

• Ariel Enrique Corona Rodríguez y diversos diputados integrantes del Partido Acción Nacional:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Defensa Nacional, para dictamen.

– Que reforma el artículo diecinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita también por la diputada Alejandra Gutiérrez Campos y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• María Cristina García Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cincuenta y siete de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Sara Paola Galico Félix Díaz, de Morena, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, y suscrita por integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona los artículos séptimo, y ciento treinta y uno de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos tercero, y cuarto de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo treinta y uno de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo ciento veintitrés Constitucional. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen

• María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza, que reforma el artículo veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Hacienda y Crédito Público, por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

b) De Transportes, por el que se adiciona un párrafo al artículo cincuenta y tres de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

c) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

d) De Igualdad de Género:

• Por el que se reforma el artículo once de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

• Por el que se reforma la fracción quinta del artículo noveno, y se adiciona una fracción décima tercera al artículo diecisiete de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

e) De Salud, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de declaratoria publicidad, en votación económica se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato el dictamen de la Comisión de Transportes, por el que se adiciona un párrafo al artículo cincuenta y tres de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Presidencia del diputadoEdgar Romo García

Se concede el uso de la palabra Alfredo Javier Rodríguez Dávila, para fundamentar el dictamen, en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza; Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano; Samuel Rodríguez Torres, del Partido Verde Ecologista de México; Concepción Villa González, de Morena; María Cristina Teresa García Bravo, del Partido de la Revolución Democrática; Víctor Odín Castillo Ávila, del Partido Acción Nacional; y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por trescientos dieciocho votos a favor; tres en contra; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, pasa sus efectos constitucionales.

Se da cuenta con oficios de la Junta de Coordinación Política, relativo a cambio de integrantes y juntas directivas en comisiones ordinarias. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Alejandra Gutiérrez Campos y Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional, que deroga el párrafo cuarto de la fracción cuarta del artículo setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Alejandra Gutiérrez Campos, del Partido Acción Nacional:

– Que reforma el artículo setenta y nueve de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforma el artículo ciento ochenta y seis de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforma que el artículo veintiocho de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Sharon María Teresa Cuenca Ayala e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona los artículos quince, y diecisiete de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Francisco Saracho Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, intensifiquen las políticas públicas que promueven y difunden la donación voluntaria de sangre entre los mexicanos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Juan Carlos Ruiz García, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, y del órgano Consejo Nacional para la Agenda dos mil treinta, a difundir las acciones realizadas en torno al fortalecimiento de las lenguas maternas de los mexicanos. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• David Gerson García Calderón, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México y a su Secretaría de Salud, a destinar los recursos económicos de los programas de atención y protección de la salud, por el grave desabasto de medicamentos que prevalece en sus instituciones. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Jesús Salvador Valencia Guzmán, de Morena, por el que se exhorta al Gobierno y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, a establecer los mecanismos necesarios de transparencia y rendición de cuentas referente al recurso destinado a la reconstrucción de la ciudad y que se respete lo que establezca la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una ciudad más resiliente en cuanto al destino del mismo. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a expedir la Norma Oficial Mexicana que detalle las especificaciones técnicas para la construcción de pasos de fauna en caminos y carreteras federales. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Melissa Torres Sandoval, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a realizar acciones para garantizar a las mujeres embarazadas, el acceso al esquema de vacunación que les corresponde. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Julieta Fernández Márquez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a diversas entidades federativas, a armonizar sus legislaciones en materia de trata de personas con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión Especial Contra la Trata de Personas, para opinión.

• Ulises Ramírez Núñez, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, precisar en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil, que al pasajero que pague por su asiento, no se le podrá negar por ningún motivo el embarque y por otra parte, que los tickets de alimentos que entregan las aerolíneas con motivo de la cancelación del vuelo, puedan ser canjeados tanto en establecimientos del aeropuerto como en el hotel en el que se le hospede al pasajero. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena, por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a incorporar elementos de ayuda humanitaria a su programa de reconstrucción, con la intención de evitar la posibilidad de que las personas damnificadas se conviertan en deudoras a largo plazo. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

• Melissa Torres Sandoval, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a garantizar medidas eficaces en los procedimientos de evaluación de los medicamentos biotecnológicos y biocomparables. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Gobierno de Ciudad de México, para que evalúen la viabilidad de modificar el Reglamento de Tránsito de la entidad, a fin de prohibir los aditamentos de capuchones cubrebirlos de picos en los rines de las llantas de vehículos de transporte público colectivo de pasajeros y vehículos de transporte de carga. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

• Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a realizar una investigación a efecto de deslindar responsabilidades relacionadas con la presunta demolición ilegal de elementos constitutivos de la iglesia de la Purísima Concepción, en la localidad de Santa María Tonantzintla, en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Mirna Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que fortalezca la formación cívica y ética, desde el primer grado de primaria en los planes y programas de estudio en el nuevo modelo educativo. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Marco Antonio Aguilar Yunes, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad para que, a través de la Policía Federal, incremente las acciones de prevención y combate a la delincuencia en las carreteras del país, particularmente el tramo carretero que comprende La Esperanza-Córdoba en el estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Chiapas, para que ordene el pago total e inmediato de los salarios devengados y demás prestaciones laborales adeudadas en favor de docentes idóneos adscritos al Sistema Profesional Docente y garantice la regularidad de los pagos subsecuentes. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Mirna Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza, relativo a fortalecer las políticas públicas destinadas a la suficiencia alimentaria del país. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen; y a la Comisión Especial de Alimentación, para opinión.

• Marco Antonio Aguilar Yunes, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que fortalezca la coordinación Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en la planeación de infraestructura carretera, con el fin de evitar congestionamientos viales en diversos tramos carreteros. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Araceli Damián González, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a realizar una reasignación presupuestaria para garantizar el crecimiento del gasto social en salud. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Marco Antonio Aguilar Yunes, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que a través de la Subsecretaria de Infraestructura, concluya los trabajos en el tramo carretero Córdoba-La Tinaja. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

La Presidencia levanta la sesión a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos, y cita para la siguiente Sesión Ordinaria el día martes veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, a las once horas.»

El presidente diputado Edgar Romo García:Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobada el acta.

Proceda la Secretaría a dar cuenta con las Comunicaciones.



COMUNICACIONES OFICIALES

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El suscrito diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con el carácter de diputado proponente y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito sea retirada del proceso parlamentario la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. Presentada el día 17 de diciembre de 2017. Número (5503).

Para así convenir a nuestros fines y a efecto de que se realicen las acciones conducentes.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2018.— Diputado Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica).»

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito atentamente ordene se retire de los registros parlamentarios la iniciativa siguiente:

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha iniciativa fue presentada el 14 de junio de 2017, con prórroga por 90 días otorgada el 24 de septiembre de 2017 y turnada para dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2018.— Diputada Lorena Corona Valdés (rúbrica).»

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, sea retirada la siguiente iniciativa:

Fecha: 2017-Noviembre-16

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de cosecha de agua de lluvia. Presentada por el diputado Samuel Rodríguez Torres y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM. Turnada a la Comisión de Vivienda.

Para efecto de que, se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2018.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 349-B-141 el licenciado Eduardo Camero Godínez, jefe de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, envía el informe sobre el comportamiento de los ingresos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, durante el ejercicio fiscal 2017.

Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2018—- Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Secretaría de Gobernación.- Presente

Hago referencia al artículo sexto transitorio del decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011, en el que se establece que “para los efectos de conocer el comportamiento de los ingresos de Caminos y Puentes Federales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá enviar a más tardar el último día del mes de febrero de cada año, un informe detallado al honorable Congreso de la Unión para su análisis”.

Sobre el particular, me permito remitir el informe correspondiente de los ingresos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios conexos, durante el ejercicio fiscal 2017, solicitándole que por su amable conducto se remita al honorable Congreso de la Unión (se anexa documento impreso).

Le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2018.— Eduardo Camero Godínez (rúbrica), jefe de Unidad.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-4471 signado por la diputada Martha Hilda González Calderón, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/ 268/ 2018 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a vigilar la aplicación de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en favor de la prevención y tratamiento del cáncer de mama.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/ 300/ 2962/ 17, de fecha 20 de octubre de 2017, suscrito por el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informó que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el jueves 19 de octubre del 2017, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus competencias, vigilen la aplicación de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en favor de la prevención y tratamiento del cáncer de mama.

Al respecto me permito acompañar oficio CNPSS-CAS-118-2018, suscrito por la doctora Annette E. Ochmann Ratsch, directora general adjunta de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2018.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurreta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado Juan Carlos Córdova González, director general adjunto de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

En atención a su oficio UCVPS/ DGAVS/ 18/ 2018, relativo a la solicitud de opinión por parte de esta Comisión Nacional, respecto del punto de acuerdo emitido en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el jueves 19 de octubre de 2017 y que refiere:

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud a que en el ámbito de sus competencias vigilen la aplicación de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos favor de la prevención y tratamiento del cáncer de mama.

Adjunto copia de oficio número CNPSS/DGGSS/O 193/2018, signado por la doctora Diana Celia Carpio Ríos, directora general de Gestión de Servicios de Salid, mediante el cual emite opinión del punto de acuerdo en cuestión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2018.— Doctora Annete Elena Ochmann Ratsh (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Dirección General de Gestión de Servicios de Salud Maestra Annete Elena Ochmann Ratsh, coordinadora de asesores de la CNPSS.— Presente.

Me refiero al oficio UCVPSIDGAVS/ 18/ 2018 del licenciado Juan Carlos Córdova González, director general adjunto de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Ciudadana, el cual hace referencia al diverso SELAP/ 300/ 2962/17 del licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, el cual informó que, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 19 de octubre del 2017, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud, para que, en el ámbito de sus competencias, vigilen la aplicación de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en favor de la prevención y tratamiento del cáncer de mama.

Por lo que esa coordinación a su cargo, requiere de ésta área administrativa los comentarios que en el ámbito de mi competencia se estimen conducentes.

Al respecto, inicialmente me permito mencionarle que el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) es un mecanismo de financiamiento por el cual el Estado garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación alas servicios médicos quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a los beneficiarios al Sistema de Protección Social en Salud, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 bis 5, inciso A), fracción IV, e inciso B) fracciones 1 y III y artículo 77 Bis 15, de la citada la Ley General de Salud, en los que se establecen que corresponde a los Servicios de Salud de cada entidad federativa, proveer los servicios de salud, disponiendo de la capacidad de insumos v del suministro de medicamentos necesarios para su oferta oportuna y de calidad, para lo cual, este órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, transfiere anualmente a los gobiernos de las entidades federativas, los recursos que por concepto de cuota social y aportación solidaria les corresponda, con base en las personas afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud que no gocen de los beneficios, de las instituciones de seguridad social.

Aunado a lo anterior, el artículo 77 Bis 30, parte in fine, de la Ley General de Salud, señala que con la finalidad de racionalizar la inversión en infraestructura de instalaciones médicas de alta especialidad y garantizar la disponibilidad de recursos para la operación sustentable de los servicios, la Secretaría de Salud emitirá un plan maestro al cual se sujetarán los servicios estatales de salud y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud y que no se considerarán elegibles para la participación en los recursos del fondo las instalaciones médicas de alta especialidad que no cuenten con e! certificado que para el efecto expida la Secretaría de Salud, en congruencia con el plan maestro.

Asimismo, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, en su numeral 101, refiere que, para la operación del Sistema, los gastos catastróficos que estén cubiertos por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos quedarán señalados específicamente por la comisión en una lista independiente de la lista de servicios esenciales de salud y con base en los gastos catastróficos definidos por el Consejo de Salubridad General. Dicho listado se presentará como Catálogo de intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y de cada una de ellas deberán señalarse sus efectos derivados, las intervenciones que serán cubiertas, así como los medicamentos y materiales asociados con dichas intervenciones; emitiéndose al efecto los lineamientos operativos para la administración y operación de los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos relacionados con la priorización del financiamiento de los gastos catastróficos señalados en el Catálogo de Intervenciones, incluyendo aquéllos relacionados con el fortalecimiento de la infraestructura médica de alta especialidad.

A su vez, las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, señalan que el Sistema de Protección Social en Salud establece la existencia del fondo cuyos recursos se canalizarán a los Gastos Catastróficos en términos de los artículos 96 y 108 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, los cuales se administrarán y operarán por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Asimismo, dichas Reglas en su sección III, denominada disposiciones generales para el manejo de los recursos de los fondos del Fideicomiso, en su regla 6 establece que la asignación de los recursos del fideicomiso, que se entregarán a las áreas solicitantes y prestadores de servicios, deberá sujetarse a la normatividad federal aplicable, al contrato, a lo establecido en las Reglas, a los Criterios, a los Lineamientos, al Mecanismo Presupuestario y demás normatividad aplicable. Y en su Regla 7, prevé que los recursos autorizados por el Comité Técnico a los Servicios Estatales de Salud, Prestadores de Servicios y Áreas Solicitantes, transferidos a través del receptor del recurso, deberán destinarse exclusivamente a lo analizado y revisado por el Comité Técnico, conforme a la información que le fue presentada para su estudio en la carpeta de la sesión correspondiente. Asimismo, las acciones conducentes, para tener acceso a los recursos autorizados por el Comité Técnico, deberán llevarse a cabo dentro de los plazos pactados en el Convenio de Colaboración respectivo.

Finalmente, le comento que en la sección III de las referidas Reglas de Operación se contienen las Facultades del Comité Técnico, como sigue:

Regla 3. El fideicomiso es un instrumento financiero de naturaleza pública, manejado por encargo fiduciario, sin personalidad jurídica ni personal propio, constituido por mandato de la Ley, cuyo objeto es crear un mecanismo ágil y transparente que permita al gobierno federal:

1. Le: aplicación de recursos del FPGC para cubrir lo siguiente:

a) El apoyo financiero para la atención integral de intervenciones, incluyendo tratamientos, medicamentos e insumas para diagnósticos asociados a los mismos. que se consideren gastos catastróficos por el Consejo de Salubridad General y que el Comité Técnico determine para su apoyo financiero, que sufran principalmente los beneficiarios del Sistema, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 Bis 29 de la Ley en relación con el artículo 77 Bis 17 del mismo ordenamiento, y 95 y 96 del Reglamento, y

b) El apoyo financiero para el desarrollo de infraestructura de unidades hospitalarias que proporcionan servicios médicos de alta especialidad, del ámbito federal o estatal, de acuerdo con el artículo 77 Bis 30 de la ley, así como así, como nuevas tecnologías para su acceso o disponibilidad regional que promuevan la referencia y contrarreferencia, permitan el uso eficiente de la infraestructura instalada y recursos destinados a la salud en el país, a fin de racionalizar la inversión en infraestructura de instalaciones médicas de alta especialidad así como garantizar la disponibilidad de recursos para la operación sustentable de estos servicios, en términos de lo previsto en la Ley General de Salud y su Reglamento en materia de Protección Saciaren Salud.

Regla 19. El Comité Técnico tendrá las siguientes facultades:

III. Autorizar los montos totales, así como las ampliaciones y modificaciones a dichos montos, por el periodo que corresponda, para realizar los apoyos financieros y pagos, con cargo al FPGC, de los supuestos a que se refiere la regla 3 fracción 1 del presente instrumento

V. Conocer de las tarifas contenidas en los tabuladores para el apoyo financiero de las intervenciones a que se refiere la regla 3, fracción l, inciso a), previamente autorizadas por el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud;

VI. Autorizar el Catálogo de Intervenciones a que se refiere el artículo 101 del Reglamento que serán cubiertas por el FPGC y, en su caso, sus modificaciones;

...

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2018.— Doctora Celia Carpio Ríos (rúbrica), directora general de Gestión.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-2-2489 signado por la diputada Martha Hilda González Calderón, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SCR/ 066/ 2018 suscrito por el licenciado Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a estimular y promover la actividad turística en Chiapas, Oaxaca y Puebla, a efecto de reactivar su economía para ayudar a superar las afectaciones sufridas a causa de los sismos de septiembre de 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Turismo.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

Me refiero a su oficio SELAP/ 300/ 3871 / 17, enviado al secretario de Turismo, maestro Enrique de la Madrid Cordero, por medio del cual informa que la Cámara de Diputados del honorable congreso de la unión, emitió el punto de acuerdo, que a continuación se señala:

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur), para que se estimule y promueva la actividad turística en Chiapas, Oaxaca y Puebla, a efecto de que se reactive su economía y pueda ayudar a superar las afectaciones sufridas a causa de los sismos del pasado mes de septiembre de 2017.

Sobre el particular, y toda vez que en el marco de las atribuciones encomendadas a la Subsecretaría de Calidad y Regulación, se ha designado a esta área como Enlace para la debida atención de las solicitudes de carácter legislativo que sean competencia de Sectur, me permito hacer de su conocimiento que el pasado 13 de noviembre de 2017 se envió un comunicado a diversas Dependencias a efecto de que se considerara a Chiapas, Morelos, Oaxaca y Puebla como sedes prioritarias para la organización de reuniones, foros y congresos y se contribuyera a su pronta recuperación económica. A continuación se enlistan las dependencias a las que se envió dicho comunicado:

• Secretaría de Gobernación

• Secretaría de Relaciones Exteriores

• Secretaría de Marina

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público

• Secretaría de Desarrollo Social

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

• Secretaría de Economía

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes

• Secretaría de la Función Pública

• Secretaría de Educación Pública Secretaría de Salud

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social

• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

• Secretaría de Cultura

• Procuraduría General de la Republica

• Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Por otra parte, le comento que en el marco del Programa Presupuestario S-248 “Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 2017 (Prodermagico)”, programa que tiene como objetivo general “contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística en los destinos turísticos y en las regiones turísticas, mediante la ejecución de obras, servicios relacionados y acciones para el desarrollo sustentable del turismo”, a través del Comité Dictaminador del Prodermagico, se realizaron sesiones extraordinarias los días 26 de septiembre y 26 de octubre de 2017, en las que se autorizaron proyectos turísticos para Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla (Se adjunta listado de proyectos aprobados).

Asimismo, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, se implementaron las siguientes acciones:

Se elaboraron los Lineamientos de Recuperación y Diseño Urbano en los Municipios de San Francisco Ixhuatán y San Francisco del Mar, Oaxaca y Atlixco, Pueblo Mágico en Puebla.

Se llevaron a cabo visitas técnicas en las que se realizaron trabajos de levantamiento físico del estado actual de los inmuebles y entrevistas, en compañía de autoridades estatales y municipales, siendo los siguientes, los primeros objetivos:

- Contar con un inventario general de las afectaciones en los espacios públicos, fundamentalmente en aquellos que son parte primordial de la vida cotidiana de la población y de sus visitantes.

- Conocer las principales necesidades en términos de equipamiento e instrumentos normativos del espacio público.

- Proponer acciones de regeneración, rehabilitación y rescate de edificios, espacios públicos y de convivencia, como son mercados, plazas y jardines, auditorios, alcaldías, calles y avenidas, áreas de recreación, así como el costo aproximado.

- Diseño de tres prototipos de vivienda acorde a la arquitectura tradicional, que atienda las condiciones culturales, sociales y climáticas, garantizando una estructura sólida e incorporando tecnología de sustentabilidad.

En el Centro Integralmente Planeado de Bahías de Huatulco, Oaxaca, se llevaron a cabo tres revisiones técnicas y reparaciones menores en inmuebles propiedad del Fondo; se realizaron trabajos de limpieza inmediata en áreas afectadas, para garantizar la seguridad de la población local y de turistas, lo que contribuyó a que durante dicho periodo, no se presentaran cancelaciones de los cruceros o paseos turísticos, ni algún incidente relacionado con las condiciones de las instalaciones o de la infraestructura turística (por ejemplo muelles de cruceros, parques públicos, mercados, entre otros).

En el Itsmo de Tehuantepec, Oaxaca, se participó con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en la elaboración de Lineamientos de Construcción de Vivienda, que sirviera como base y directriz a las personas afectadas para la construcción de sus viviendas; por lo anterior, se estableció un guión de lineamientos de acuerdo con la información proporcionada por la Conavi, desarrollando criterios generales para la formulación de pautas para la reconstrucción de viviendas, en específico en la región serrana del istmo, con base en la tipología de vivienda, criterios de cimentación, arquetipos de sistemas constructivos, tipos de techumbre, proporción y dimensionamiento de vanos, acabados y fachadas (imagen urbana).

De acuerdo con el tipo de vivienda “tipología modular básica-escalable” elaborado por la Conavi, mediante la incorporación de sistemas tradicionales sismo-resistentes y espacios habitables complementarios (prototipo de vivienda modular básica con muro, básica con pórtico y muro, y básica con tejabán).

Por otra parte, a través del Consejo de Promoción Turística de México, se implantó una campaña emergente a raíz de las afectaciones que sufrieron los estados de Chiapas y Oaxaca de los sismos de septiembre de 2017, en la cual se difundió que los atractivos turísticos de estas entidades no habían sufrido percance alguno y que estaban listos para recibir a los turistas.

Asimismo, se está en proceso de planeación de las estrategias de promoción en coordinación con las Secretarías de Turismo de los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, por lo que se revisará con sus representantes las opciones para la inclusión de sus pueblos mágicos en las diversas acciones promociona les que se programen para el presente ejercicio de 2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, 14 de febrero de 2018.— Licenciado Salvador Sánchez Estrada (rúbrica), subsecretario de Calidad y Regulación.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite a la Comisión de Turismo, para su conocimiento.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-1-3257 signado por la senadora Adriana Dávila Fernández, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DV/0020/2018 suscrito por el maestro José Enrique Prieto Vargas, director de Vinculación de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a establecer los mecanismos de coordinación necesarios a efecto de que el proceso electoral que se desarrolle en las entidades federativas se lleve a cabo en un ambiente de paz y armonía, evitando cualquier tipo de violencia, con la finalidad de garantizar la integridad de todas las personas que se involucren en los procesos electorales de este año.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me permito hacer referencia al atento oficio número SELAP/300/416/18, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 24 de enero del año en curso, que en su parte resolutiva señala:

Distinguido maestro Martínez Garza:

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y a los partidos políticos a que establezcan los mecanismos de coordinación necesarios a efecto de que el proceso electoral que se desarrolle en las entidades federativas se lleve a cabo en un ambiente de paz y armonía, evitando cualquier tipo de violencia, con la finalidad de garantizar la integridad de todas las personas que se involucren en los procesos electorales de este año” (sic).

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hago de su conocimiento, que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a través de la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales, comunicó a esta Dirección General, lo siguiente:

“Al respecto, informo de las tareas que esta Fiscalía Especializada se encuentra llevando a cabo con el fin de que el proceso electoral se conduzca en un ambiente de paz y armonía.

La Fepade se encuentra desarrollando un modelo de despliegue ministerial, herramienta que utiliza la Procuraduría General de la República con la intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para acercar la función del Ministerio Público especializado a la ciudadanía. Durante la jornada electoral, ésta podrá recibir una atención expedita en las denuncias que presente, por conductas probablemente constitutivas de delitos electorales.

Para tener la capacidad para atender una de las elecciones más grandes en la historia de la democracia mexicana, se implantará un modelo nacional de formación, actualización, capacitación y profesionalización del personal sustantivo que participe en los procesos de investigación y procuración de los delitos electorales. Este se llevará a cabo en el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial de la PGR del 4 al 9 de marzo de 2018. Lo anterior en el marco del Acuerdo de Colaboración suscrito por las Fiscalías y Procuradurías de las 32 entidades federativas y la Procuraduría General de la República.

Esta fiscalía especializada se encuentra en una permanente labor de colaboración interinstitucional en materia de blindaje electoral a través de la suscripción de programas de trabajo con los gobiernos de los estados, los tribunales electorales estatales y los organismos públicos locales electorales, en materia de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información para prevenir la comisión de los delitos electorales y fomentar la participación ciudadana los cuales tienen como objetivo establecer y coordinar acciones, para desarrollar estrategias de apoyo en materia de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información para prevenir los delitos electorales, fomentar la participación ciudadana y estimular la cultura de la denuncia en materia de delitos electorales.

Otra de las acciones que se han implementado para el desarrollo pacífico de este proceso electoral, es la colaboración institucional con el INE, la Sedesol y la SFP, dependencias protagonistas en el blindaje electoral, a través de la suscripción de un adendum al Convenio General de Colaboración, el cual se suscribió con la Procuraduría General de la República y la Fepade, el 16 de febrero de 2016, dicho adendum tiene por objeto establecer y coordinar acciones entre las instituciones parte, para desarrollar estrategias de apoyo en materia de blindaje electoral durante los procesos electorales federal y locales de 2018.

El pasado 7 de febrero la Fepade convocó a una reunión de fiscalías y procuradurías locales en la que se acordó la colaboración, en materia de intercambio de información, difusión de los materiales de prevención, designación de enlaces operativos para investigaciones, el intercambio de buenas prácticas y criterios judiciales de interés general, todo con el fin de que el proceso electoral en puerta salga avante.

La Fepade cuenta con el Programa Permanente de Blindaje Electoral, el cual tiene por objeto que las y los servidores públicos, funcionarios partidistas, funcionarios electorales, precandidatos, candidatos, ministros de cultos, fedatarios públicos, ex secretarios ejecutivos del INE, ex consejeros electorales y ciudadanía en general, conozcan los delitos electorales, cumplan con los principios constitucionales y normas legales, así como fortalecer las instituciones democráticas, la cultura de la legalidad y la denuncia.

Para el cumplimiento de este objetivo el Programa Permanente de Blindaje Electoral cuenta con diversas herramientas, una es la de difusión, en el cual se engloban los materiales editoriales de difusión, mensajes en radio y televisión y concursos de fotografía y cortometraje, entre otros.

Las otras herramientas con la que la fiscalía cuenta son las capacitaciones. Estas se brindan con el objeto de otorgar información respecto a los delitos electorales, la prevención de los mismos y los canales institucionales para la atención de quejas y denuncias. En la medida de que los servidores públicos, partidistas y ciudadanos se encuentren informados acerca de los actos u omisiones que puedan constituir delitos electorales, o faltas administrativas, y se inhibida este tipo de conductas, dichas capacitaciones tiene enfoques y temas diferentes dependiendo del público al que serán dirigidas.

Esta fiscalía cuenta permanentemente con los sistemas de denuncia ciudadana, que son el sistema Fepadetel, Fepadenet y Fepademóvil. Estos tres sistemas se encuentran habilitados las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, para atender quejas y denuncias de hechos que puedan constituir posibles delitos electorales.

Por otro lado se informa que se continúa realizando trabajos a fin de dar cabal cumplimiento al Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, suscrito el 2016 con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, y esta fiscalía especializada.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales está llevando a cabo estas acciones buscando que el proceso electoral cuente con las condiciones apropiadas para que se desarrolle en un ambiente de paz y civilidad, e impere el Estado de derecho”.

Por lo anterior, remito a usted la información anteriormente detallada, a efecto de que sea el amable conducto para hacerla llegar a la autoridad solicitante.

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2018.— Maestro José Enrique Prieto Vargas (rúbrica), director de Vinculación, PGR.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite al promovente.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-5-3538 signado por la senadora Adriana Dávila Fernández, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/JDR/1.3.-080/2018 suscrito por la maestra Jéssica Duque Raquero, directora general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a evaluar la viabilidad de implementar el operativo “30 Delta” con motivo del aumento del turismo en época de avistamiento de ballenas en el estado de Baja California Sur.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/300/389/18, de 31 de enero de 2018, por el cual comunica a esta Secretaría el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 24 de enero de 2018, y que a la letra dice:

La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretería de Turismo a fortalecer las campañas de difusión de la temporada de avistamiento de ballenas, en la medida de lo posible implementar acciones que fortalezcan la presencia de elementos de la corporación Ángeles Verdes, con motivo del aumento del turismo en esta época en el estado de Baja California Sur. Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a evaluar la viabilidad de implementar el operativo “30 Delta” y verificar el estado de salud de choferes, a fin de evitar cualquier tipo de accidente en carretera, con motivo del aumento del turismo debido a la época de avistamiento de ballenas en el estado de Baja California Sur. Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Policía Federal a continuar el fortalecimiento de la vigilancia en la carretera Transpeninsular, con motivo del aumento del turismo, debido a la etapa de avistamiento de ballenas en el estado de Baja California Sur.

Al respecto, me permito remitir la información que envió la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, mediante oficio 4.4.-178, fechado el 12 de febrero de 2018, que se adjunta al presente para los fines conducentes.

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2018.—Maestra Jessica Duque Roquero (rúbrica), directora general de Vinculación, SCT.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestra Jessica Duque Roquero, directora general de Vinculación.— Presente.

Citando el similar oficio número SELAP/300/389/18, signado por el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, donde comunica el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, realizando un exhorto a las secretarías de Turismo, de Comunicaciones y Transportes, y a Policía Federal, a efecto de implementar operativo “30 Delta”, con motivo del aumento de turismo en época de avistamiento de ballenas.

Por este conducto me permito informarle que esta dirección general está realizando las gestiones necesarias con las instancias correspondientes a efecto de dar cabal cumplimiento al documento en mención, para lo que se estará informando en breve las fechas pactadas, así como los puntos carreteros donde se llevará acabo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2018.— José Valente Aguilar (rúbrica), director general, SCT.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite al promovente.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-5-3532 signado por la senadora Adriana Dávila Fernández, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP 0269/18 suscrito por el licenciado Adrián García Becerril, encargado de la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a continuar las acciones para estrechar, fortalecer y dar seguimiento cercano a los proyectos de cooperación internacional entre México y la República de Chile, a fin de impulsar el desarrollo económico y la integración comercial en la región.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la Subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacer llegar la respuesta relacionada al numeral segundo, relativa al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, durante la sesión ordinaria del 24 de enero del 2018, relacionado a la celebración de las elecciones presidenciales en la República de Chile, por el cual se fortalece el estado de derecho y la pluralidad democrática en la hermana república sudamericana, cuyo resolutivo es el siguiente:

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, continúe con las acciones para estrechar, fortalecer y dar seguimiento cercano a los proyectos de cooperación internacional entre México y la República de Chile, a fin de impulsar el desarrollo económico y la integración comercial en la región.

Por lo antes expuesto, mucho agradeceré sus amables gestiones para hacer llegar la información anexa a esa soberanía.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2018.— Licenciado Adrián García Becerril (rúbrica), encargado de la dirección general de Coordinación Política, SRE.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Respuesta al punto de acuerdo relativo a la celebración de las elecciones presidenciales en la República de Chile

Al respecto, entre las funciones que desarrolla la cancillería se encuentra el fortalecimiento permanente a la relación bilateral con Chile.

Asimismo, se promueven diversos proyectos de cooperación internacional, especialmente los emanados de la VII Reunión del Consejo del Acuerdo de Asociación Estratégica, celebrada el 24 de julio de 2015, en Santiago, y sus tres comisiones: la VII Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, realizada el 9 de noviembre de 2016 en Santiago; la XI Reunión de la Comisión de Libre Comercio, celebrada el 10 de mayo de 2012 en Santiago; y la XI Sesión Ordinaria de la Comisión de Cooperación, efectuada el 10 de octubre de 2017 también en Santiago.

Igualmente, se destaca el fortalecimiento y la profundización de la cooperación en el marco de la Alianza del Pacífico, de la cual ambos países han sido importantes impulsores.

Fin de texto.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite al promovente.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-5-3496 signado por la senadora Adriana Dávila Fernández, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/JDR/1.3.-085/2018 suscrito por la maestra Jéssica Duque Roquero, directora general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a publicar, en apego de la normatividad aplicable, los sistemas de control e información de los permisionarios del autotransporte federal, así como el listado de permisionarios sancionados por incumplimiento de la normatividad, en materia de arrastre, arrastre y salvamento, y depósito de vehículos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero al oficio SELAP/300/167/18, de 18 de enero de 2018, por el cual comunica a esta Secretaría el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 17 de enero de 2018, y que a la letra dice:

La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que publique en apego de la normatividad aplicable los sistemas de control e información de los permisionarios del autotransporte federal, así como el listado de permisionarios sancionados por incumplimiento de la normatividad, en materia de arrastre, arrastre y salvamento, y depósito de vehículos.

Al respecto, me permito remitir la información que envió la Dirección General de Autotransporte Federal, mediante oficio 4.2.2.1.-000453/2018, fechado el 26 de enero de 2018, que se adjunta al presente para los fines conducentes.

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2018.— Maestra Jéssica Duque Roquero (rúbrica), directora general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestra Jéssica Duque Roquero, directora general de Vinculación.— Presente.

Hago referencia al oficio SELAP/300/167/18 de dieciocho de enero e os i dieciocho, suscrito por el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, a través del cual hace del conocimiento que por diverso DGPL 63-II-53496 la senadora Adriana Dávila Fernández, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, informó el acuerdo de diecisiete del citado mes y año, que en su punto único señaló lo siguiente:

La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que publique, en apego de la normatividad aplicable, los sistemas de control e información de los permisionarios del autotransporte federal, así como el listado de permisionario sancionados por incumplimiento de la normatividad, en materia de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos...”

En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 80 constitucional hago de su conocimiento que la Dirección General de Autotransporte Federal, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el fin de atender los abusos por parte de los permisionarios del servicio de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, publicó en el Diario Oficial de la Federación la “ Base tarifaria de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos en el autotransporte federal”, misma que entró en vigor el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, la cual se puede consultar en la siguiente liga:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=S473224 &fecha=28/02l2017

Aunado a lo anterior, la Dirección General de Autotransporte Federal elaboró el proyecto de creación del Reglamento de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos, con el fin de que esta área administrativa cuente con herramientas actualizadas, que permitan aplicar medidas y sanciones conforme a derecho, por lo que a la fecha dicho reglamento se encuentra en revisión, y una vez se tenga la versión definitiva y autorizada se procederá a realizar las gestiones administrativas para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anterior, en los casos de inconformidad en contra de los permisionarios del servicio de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos del autotransporte federal, por cobros excesivos, el usuario puede presentar escrito de inconformidad ante el Centro SCT que corresponda o ante la Dirección General de Autotransporte Federal, que funge como Sector Central del Autotransporte Federal, cubriendo los requisitos a que se refiere el artículo 66-C del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, en correlación con el diverso 14 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a efecto de que esta autoridad administrativa inicie el procedimiento respectivo.

Igualmente la Dirección General de Autotransporte Federal, con el fin de dar celeridad a las quejas que se presentan con motivo de los probables cobros excesivos, por los permisionarios de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos en el autotransporte federal, su atención y seguimiento, se ha implementado como mecanismo que en primera instancia se conozcan los hechos motivo de queja vía telefónica y por correo electrónico institucional, lo anterior a efecto de hacer eficaz las comunicaciones y la atención de las quejas presentadas ante la citada unidad administrativa; para el caso de no existir conciliación entre las partes se da inicio al procedimiento administrativo sancionador respectivo hasta la emisión de la correspondiente resolución administrativa.

Por otro lado, no se omite señalar que la Dirección General de Autotransporte Federal carece de facultades para publicar los procedimientos y resoluciones instrumentados en contra de los permisionarios que prestan el servicio de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, que incluso podrían contener datos personales protegidos por la ley de la materia.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de enero de 2018.— Maestro José Alberto Mosco Aguilar (rúbrica), director jurídico.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite al promovente.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-6-2917 signado por el diputado Rafael Hernández Soriano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número UE-240/19398/2018 suscrito por el maestro Oliver Ulises Flores Parra Bravo, jefe de la Unidad de Electricidad de la Comisión Reguladora de Energía, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa comisión a revisar la viabilidad de un ajuste que disminuya las tarifas eléctricas en el estado de Baja California.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Reguladora de Energía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Asunto: Se revise la viabilidad de un ajuste que disminuya las tarifas eléctricas en el estado de Baja California.

Hago referencia al oficio SELAP/300/307/18 de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos del 25 de enero de 2018, mediante el cual se da a conocer a esta Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) que por oficio número DGPL 63-II-6-2917 del diputado Rafael Hernández Soriano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, comunica a la Secretaría de Gobernación (Segob) el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, mismo que se transcribe a continuación:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisen la viabilidad de un ajuste que disminuya las tarifas eléctricas en el estado de Baja California.”

En relación a su solicitud, se le informa que la Comisión realizó un análisis de los insumos utilizados para determinar las tarifas finales de suministro básico (TFSB) aplicables al mes de diciembre de 2017 y enero de 2018; así como de la normatividad para la aplicación de las mismas, a fin de identificar las causas de los incrementos (no anticipados) en los recibos de facturación expedidos por CFE Suministro Básico. A partir de dicho análisis, se determinó que era preciso llevar a cabo la actualización de la información sobre la demanda de energía eléctrica por categoría tarifaria; así como una evaluación de los criterios de interpretación administrativa en relación con las tarifas del servicio público de distribución y una revisión del esquema de transición establecido en el Acuerdo A/061/2017.

En consecuencia, la Comisión expidió el acuerdo A/001/2018 ,el cual modifica el Acuerdo A/058/2016 y establece que los cargos por distribución se aplicarán al valor mínimo entre la demanda máxima registrada en los últimos doce meses (incluyendo el mes de facturación) y la demanda máxima del mes. Además, la Comisión a través del acuerdo A/002/2018, instruyó una modificación al esquema de transición señalado en el acuerdo A/061/2017, estableciendo que la aplicación de dicho esquema la realizará CFE Suministro Básico sobre la facturación de cada usuario, calculada tanto con el esquema tendencial, como con el que resulte de la metodología indicada en el A/058/2017.

Todos los cambios referidos, se aplicarán de manera retroactiva a1 1o. de diciembre de 2017, por tanto, CFE Suministro Básico considerará como un anticipo a cuenta sobre la facturación de los usuarios finales. En este orden de ideas, la Comisión considera que las acciones realizadas mitigarán las alzas registradas en las tarifas eléctricas del estado de Baja California. No obstante, la Comisión seguirá monitoreando continuamente la evolución de las TFSB, a fin de cumplir con los objetivos plasmados en la Ley de la Industria Eléctrica, y al mismo tiempo minimizar las afectaciones a los usuarios finales.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II; 3, 4, primer párrafo; 5, 22, fracciones I, III, XXIV y XXVII, 41, fracción III, y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 12, fracción IV, 138 y 139 y transitorio vigésimo primero de la Ley de la Industria Eléctrica; 1, 2, 35, fracción I, 38 y 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 47 y transitorio sexto del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica y 1, 2, 7, fracción X, 28, 29, fracciones III, XI y XIII y 36, fracción XX, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2018.— Oliver Ulises Flores Parra Bravo (rúbrica), jefe de la Unidad de Electricidad.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite al promovente.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-6-2915 signado por el diputado Rafael Hernández Soriano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG.510.11/001168/2018 suscrito por el licenciado Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) a impulsar las acciones y medidas necesarias a fin de fomentar y dar a conocer los procedimientos y medios de los cuales disponen los artesanos para proteger su obra, así como a establecer una política de inclusión a través de la cual los derechos de los artesanos sean protegidos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SELAP /300/306/18, por el cual hizo del conocimiento, el punto de acuerdo aprobado el 24 de enero del 2018, por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Cultura, para que, en coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y otras autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones, impulsen las acciones y medidas necesarias a fin de fomentar y dar a conocer los procedimientos y medios de los cuales disponen los artesanos para proteger su obra, así corno a establecer una política de inclusión a través de la cual los derechos de los artesanos sean protegidos.

Al respecto y por instrucciones del licenciado Jaime Aranda Castillo, abogado general y comisionado para la Transparencia, adjunto copia simple del oficio número AJ/009/2018, signado por el licenciado Héctor Martínez Jiménez, apoderado legal del Fonart, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2018.— Antonio Musi Veyna (rúbrica), director general adjunto de Normatividad y Convenios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios.— Presente.

En atención a su oficio número DG.510.11/00851/2018, de fecha 1 de febrero del 2018, mediante el cual solicita se formulen comentarios pertinentes al acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) entre otras autoridades competentes, “para que se impulsen las acciones y medidas necesarias a fin de fomentar y dar a conocer los procedimientos y medios de los cuales disponen los artesanos para proteger su obra, así como establecer una política de inclusión a través de la cual los derechos de los artesanos sean protegidos”

Sobre el particular, participo a usted, que este fideicomiso público se encuentra implementando acciones respecto del tema materia del exhorto, entre ellas, la promoción de un Proyecto de Iniciativa de Ley denominada Ley General para el Fomento y Desarrollo de la Actividad Artesanal y la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Relacionado, en la cual se proponen acciones de difusión entre los artesanos, sobre los procedimientos de registro, así como asesoría en el trámite y beneficios que tiene el registro de propiedad intelectual, respecto de sus obras, aunado a la gestión de declaración y protección de denominaciones de origen. No omito mencionar, que dicho proyecto de iniciativa es de conocimiento del abogado general.

No obstante lo anterior, es menester señalar que este fideicomiso rige su actuar por lo establecido en su Contrato de Creación y Convenios Modificatorios, así como por sus Reglas de Operación y al estar sectorizado a la Sedesol solo apoya a artesanos que se encuentran por debajo de la línea de bienestar, por lo que la petición de establecer una política de inclusión donde se protejan los derechos intelectuales de los artesanos, podría rebasar las facultades con las que cuenta el Fonart, en ese orden de ideas, aquellos artesanos que no fueran susceptibles de apoyo de parte del Fonart, por encontrarse por encima de la línea de bienestar, bien podrían ser apoyados por otras dependencia, como la secretarías de Economía o Cultura, o cualquier otra institución como el Inadem.

Ahora bien y aunado a lo anterior, este fideicomiso solo estaría en aptitud de realizar acciones de fomento, acerca de los procedimientos que están al alcance de los artesanos para proteger sus obras, ya que el apoyarlos con el trámite implicaría un impacto presupuestal considerable y una importante inversión de capital humano, recursos con los que no cuenta el Fonart.

Aun así, este fideicomiso hace manifiesta su disposición para implementar acciones tendientes a la protección intelectual de los artesanos mexicanos, siempre y cuando se genere un plan de trabajo que concerté los ánimos de participación de las diversas dependencias e instituciones que pudieran estar vinculadas con ·el cumplimiento de dichos objetivos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de enero de 2018.— Héctor Martínez Jiménez (rúbrica), apoderado legal del Fonart.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite al promovente.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-6-2915 signado por el diputado Rafael Hernández Soriano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGCPIU/ 0053/ 2018 suscrito por el maestro Jacinto Chacha Antele, director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a impulsar las acciones y medidas necesarias a fin de fomentar y dar a conocer los procedimientos y medios de los cuales disponen los artesanos para proteger su obra, así como a establecer una política de inclusión a través de la cual los derechos de los artesanos sean protegidos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Cultura.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En respuesta a su oficio número SELAP/ 300/ 305/ 18, mediante, el cual realiza un exhorto a la Secretaría de Cultura a fin de fomentar y dar a conocer los procedimientos y medios de los cuales disponen los artesanos para proteger su obra, así como establecer una política de inclusión a través-dé la cual los derechos de los artesanos sean protegidos.

Sobre el particular le informo que existen sólo dos mecanismos de protección de obra artesanal: Ley de Derecho de Autor y Ley de Propiedad Industrial. Sin embargo, dichas leyes están orientadas a la protección de la creatividad individual y no a la protección colectiva de los pueblos originarios, provocando que los diseños artesanales de las comunidades sean blanco fácil de plagio por parte de diseñadores y, empresas trasnacionales que amparados bajo la “creatividad contemporánea” se han apropiado de diseños para utilizarlo como decoración en piezas de manufactura industrial.

Por lo anterior la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, impulso con el Senado de la República, un foro de discusión, orientado a la construcción de una iniciativa de ley para proteger los derechos colectivos de las comunidades artesanales.

Para 2018, se tienen programados dos foros más, orientados a la defensa de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades originarias. El primero de ellos se realizará los días 13 y 14 de marzo, cuyo tema será: Patrimonio Cultural Inmaterial. Derechos colectivos en materia artesanal, medicina tradicional, música y danza, con representaciones de comunidades y grupos originarios.

El segundo foro estará orientado a conocer las experiencias institucionales, organismos no gubernamentales y fundaciones defensoras de los derechos colectivos de las comunidades originarias. La fecha aún está por definir.

Sobre estos últimos realizaremos las invitaciones a organismos relacionados con el tema a que hace referencia el exhorto en cuestión.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2018.— Maestro Jacinto Chacha Antele (rúbrica), director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite al promovente.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-7-3119, signado por el diputado Rafael Hernández Soriano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SEGOB/CNS/025/2018, suscrito por el licenciado Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa comisión a poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, en el marco de la firma de la Alianza Global para poner fin a todo tipo de violencia contra ellos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio número SELAP/300/322/18,de fecha 25 de enero del presente año, mediante el cual informó que en la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión celebrada el día 24 de enero del 2018, se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

“Primero. La Comisión Permanente dirige un atento y respetuoso exhorto a la Comisión Nacional de Seguridad del Gobierno Federal, a fin de que considere urgentes y prioritarias las sesiones ordinarias y los avances de la comisión para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, en el marco de la firma de la Alianza Global para poner fin a todo tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

”Segundo. La Comisión Permanente hace una atenta y respetuosa solicitud a la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, a fin de que informe a esta Soberanía sobre las acciones que se llevan a cabo para erradicar todas las formas de violencia contra la niñez y la adolescencia en México, así como acerca de los resultados alcanzados en la materia, hasta al mes inmediato anterior”.

Sobre el particular me refiero al primer punto del acuerdo en comento, para lo que se considera pertinente hacer de su conocimiento los aspectos que son relevantes sobre la creación de la Comisión para poner Fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (Comprevnna), que como parte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, responde por una parte al fortalecimiento de la normatividad del gobierno mexicano para desarrollar políticas y programas que pongan el interés superior de la Niñez como prioridad y por otra al propósito de conjuntar en un mecanismo colegiado las bases para la atención, seguimiento y cumplimiento de los compromisos adquiridos por México en diversas conferencias y convenciones internacionales para hacer valer el derecho de la niñez a vivir una vida libre de violencia.

En este contexto, se destaca lo establecido el 12 de julio de 2016, por el entonces secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, mediante el cual México firmó su inclusión en la Alianza Global para terminar con la Violencia contra la Niñez, como país pionero junto con Indonesia, Suecia y Tanzania.

Este movimiento auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene como objetivo reunir esfuerzos para poner fin al abuso, explotación, maltrato, el tráfico de personas, así como todas las formas de violencia que afectan a la niñez y adolescencia en todo el mundo, atendiendo el objetivo 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que integran la Agenda Global 2030.

Derivado de lo anterior, en la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) que se llevó a cabo el 18 de agosto del 2016, se aprobó el Acuerdo 06/2016, con el que se reestructura la comisión contra la explotación y el abuso sexual en línea de niñas, niños y adolescentes para constituirse en la Comisión para Poner Fin a Toda Forma de Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes (Comprevnna), de la cual esta Comisión Nacional de Seguridad (CNS) funge como instancia coordinadora y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Se-Sipinna) como Secretaria Técnica de la misma.

El objetivo principal de la Comprevnna que tiene carácter permanente es:

“articular las principales iniciativas y procesos en materia de prevención y respuesta a la violencia contra esta población; así como las medidas para reparar, y atender les obligaciones y compromisos asumidos por el Estado mexicano a nivel nacional e internacional; con la finalidad de que las instituciones que la integra, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinen, articulen, promuevan y apliquen medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia que afectan a Niñas, Niños y Adolescentes”.

Con base a lo anterior, la directriz principal del desarrollo de los trabajos de la Comprevnna es la articulación de sus integrantes, así como los procesos de coordinación que se puedan llevar a los tres niveles de Gobierno, considerando que la Conferencia Nacional de Gobernadores es integrante y por tanto el eje de interrelación para que las entidades federativas sumen y asimilen las acciones que se deriven de este trabajo colegiado. Conforme al Acuerdo 06/2016 le corresponde a la Comisión Nacional de Seguridad invitar a otras instituciones públicas con competencia en la materia, así como a instituciones privadas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil que considere pertinentes para participar en los trabajos correspondientes.

A partir de la creación de la Comprevnna, se inició el proceso de coordinación entre la CNS, Se-Sipinna y UNICEF, esta última en calidad de consultor especializado para convocar a las dependencias y organizaciones de la sociedad civil (OSC) que integran la Comprevnna conforme al Acuerdo 06/2016, con en el propósito de desarrollar un trabajo conjunto para analizar la participación y colaboración de las autoridades mexicanas con la sociedad civil organizada internacional y nacional, base para impulsar los acuerdos de la Alianza Global.

En este contexto el 15 de diciembre de 2016, se llevó a cabo la instalación de la Comprevnna, con la participación de 9 OSC, 36 instancias del gobierno federal, organismos autónomos, representantes del poder legislativo, poder judicial, así como la Conferencia Nacional de Gobernadores, diversas Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y 2 organismos internacionales, donde se aprobaron los siguientes acuerdos:

Primero: Los integrantes de la comisión aprobaron el Programa de Trabajo 2016-2017, con la incorporación de las propuestas realizadas por quienes participaron en la discusión previa a la aprobación de dicho programa.

Segundo: Los integrantes de la comisión aprobaron el mecanismo de participación del sector social y privado.

Tercero: Las instancias de la Comisión acordaron los mecanismos de vinculación y articulación con otras comisiones, consejos o comités del SIPINNA; así como otros sistemas, organismos e instancias, que permitan impulsar la transversalidad e integralidad de la atención de la violencia contra la niñez y adolescencia.

Cuarto: Las instancias de la Comisión acordaron trabajar junto con las organizaciones de la sociedad civil que conforman la misma, a fin de elaborar un mecanismo para incorporar la participación de niñas, niños y adolescentes en las acciones que desarrollen, el cual tomará como base los Lineamientos Generales para la Integración, Organización y Funcionamiento de las Comisiones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Quinto: Se aprobó integrar a las instancias propuestas por la Coordinación, como miembros de la comisión, considerando sus atribuciones, competencia y experiencia en la prevención y atención de la violencia contra la niñez y la adolescencia.

Sexto: Que las instancias notificarán a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión (Se-Sipinna) el nombre del servidor público que fungirá como representante de cada dependencia, la cual deberá tener facultad para tomar decisiones en representación de la instancia que los ha designado, de acuerdo con el artículo vigésimo séptimo de los Lineamientos ya mencionados.

Al concluir el mes de enero de 2017 se cantó con el 100% de las designaciones de enlaces de cada integrante gubernamental y no gubernamental de la Comprevnna. Este logro permitió iniciar el análisis conjunto entre CNS, Se-Sipinna y UNICEF para determinar la integración de cada uno de los grupos de trabajo conforme al marco conceptual de Inspire, cuya formación también se tenía aprobada en el seno de la Comprevnna.

En seguimiento a estos acuerdos aprobados en la instalación, durante la semana del 27 al 31 de marzo de 2017, se llevó a cabo la puesta en marcha y primera sesión de los siete grupos de trabajo, conforme al marco conceptual ya señalado.

Dicha sesión fue presidida por la Comisión Nacional de Seguridad en su carácter de Coordinadora de la Comprevnna y por el Se-Sipinna en su carácter de Secretario Técnico, acompañados de UNICEF y todas las instancias integrantes de la misma Comisión.

Como parte de lo también acordado en el seno de la Comprevnna se mapearon los programas susceptibles de ser elegidos como acciones relevantes para formar parte del Plan de Acción de México, para la Alianza Global, la cual se estructuró y presentó para su aprobación en la primera sesión ordinaria de la Comprevnna el 28 de junio del 2017. Dicho plan está conformado por 27 acciones a cargo de una instancia del Gobierno Federal, conforme a sus distintas atribuciones y de 4 acciones transversales que privilegian la sistematización de los registros sobre la niñez, la generación de una agenda de investigación sobre temas especializados, así como la incorporación de mecanismos de participación de Niñas, Niños y Adolescentes que deberán desarrollarse en cada uno de los grupos de trabajo de la Comprevnna.

De manera simultánea, para iniciar la segunda etapa del compromiso de México como país pionero de la Alianza Global, se inició un proceso de selección de 3 entidades federativas que acuerdo a su problemática de niñez y las diversas incidencias de violencia a este sector se pudiera establecer un

compromiso por parte de los gobiernos de los estados, para realizar su propio Plan de Acción y conformar su Comprevnna para alinearlo al modelo nacional.

Derivado de lo anterior a partir del mes de julio se llevaron a cabo visitas de alto nivel en las que se invitó a los gobernadores de las entidades federativas seleccionadas para sumarse a la Alianza Global, con la previsión de las agendas en el marco del respeto a la autonomía de los estados estipulada en los artículos 40 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una vez aceptada la invitación a sumarse a la Alianza Global por parte de los Gobernadores de Baja California Sur, Guerrero y Tamaulipas, para dar cumplimiento a los objetivos del Plan de Trabajo de la Comprevnna, se organizó conjuntamente el trabajo de coordinación y negociación con las dependencias responsables del Plan, se convocó tripartitamente por parte de la CNS en su calidad de Coordinador, el Se-Sipinna en calidad de Secretario Técnico y UNICEF en calidad de consultor especializado a los integrantes de la Comprevnna al lanzamiento de la Alianza Global el 2 de agosto de 2017.

Este acto fue presidido por el entonces Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, con la presencia de la CNS, el Se-Sipinna y la UNICEF, en el que se expusieron compromisos específicos por parte de representantes de los sectores religioso, académico, social, cultural y empresarial del país.

Una vez llevado a cabo el lanzamiento de la Alianza por una niñez sin Violencia, se impulsó con el apoyo de UNICEF la organización de los actores estratégicos en las tres entidades federativas para llevar a cabo los eventos similares, teniendo como eje articulador a las Secretarías Ejecutivas del SIPINNA estatales, con el fin de reforzar las capacidades institucionales de las instancias encargadas de proteger y hacer respetar los derechos de la niñez. Dichos eventos se verificaron en las siguientes fechas:

• Baja California Sur (21 de agosto)

• Guerrero (4 de septiembre)

• Tamaulipas (16 de octubre)

Las acciones del programa de trabajo de la Comprevnna se vieron interrumpidas por los lamentables sucesos del mes de septiembre de 2017, debido a la puesta en marcha de programas emergentes, que implico la participación de todas las dependencias del gobierno federal, organizaciones de la sociedad civil y desde luego la participación ciudadana.

En el mes de noviembre se reactivaron las convocatorias para organizar la Primera Sesión Plenaria de los 7 Grupos de trabajo, que tuvo como prioridad la presentación de las fichas para la implementación de las líneas de acción, fijar metas, y planear las actividades de la Comprevnna, mediante la exposición de un calendario para el 2018, así como la construcción de una ruta crítica por cada línea de acción, mecanismos de reportes, avances y coordinación con entidades federativas.

Asimismo, se informó la participación de México como país pionero en el World Summit 2018, programado para el mes de febrero en Estocolmo, Suecia.

La Sesión Plenaria se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2017, en la que la CNS como coordinadora, presentó los avances en la elaboración del catálogo de capacitación, presencial y en línea ofertados por instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, especializadas en temas de sensibilización, prevención y atención de la violencia contra la niñez y difusión de sus derechos, invitando a los participantes a sumar su oferta de capacitación, misma que podrá ser requerida para el fortalecimiento de capacidades de los miembros de esta Comisión.

Se coordinaron mesas por grupo de trabajo o eje INSPIRE donde se precisó la metodología de la Ficha de Ruta Crítica para la Implementación de Acciones del Plan, en la cual se establecerán objetivos, líneas base, medidas de implementación, metas, indicadores, mecanismos de participación de NNA, seguimiento de avances, informe y presupuesto asignado.

Las actividades finalizaron con un taller de capacitación sobre procesos de participación de niñas, niños y adolescentes, impartido por personas de Se-Sipinna y la Organización Internacional World Visiono Se concluyó con la aprobación del siguiente Calendario de Actividades de la Comprevnna para el 2018:

El calendario de los Grupos de trabajo tiene como objetivo mantener permanentemente abierto el trabajo de los siete grupos que integran a la Comprevnna, para dar seguimiento a las líneas, metas y resultados.

Por lo que hace a la atención del segundo punto del respetuoso exhorto que realiza la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a la Comprevnna, cabe recordar que como está expuesto en el Plan de Trabajo de esta Comisión el marco conceptual del INSPIRE creado por la OMS, se privilegia la atención psicoemocional de NNA, de sus padres, madres, cuidadores y en general de todas las autoridades de primer contacto que puedan atender a esta población; por lo tanto, el trabajo al interior de dicha Comisión implica la participación proactiva de los sectores de salud, educación, desarrollo económico y social, compromiso que asumieron al aceptar su inclusión en la misma.

Finalmente, para atender el exhorto respetuoso que se hace a la Comisión Nacional de Seguridad, para que considere urgentes y prioritarias las sesiones ordinarias y los avances de la Comprevnna se pondrá a consideración del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en su calidad de Secretaría Técnica, la modificación del calendario 2018, para convocar a los miembros de la Comprevnna, en los meses de mayo y junio, con el propósito de que con la coordinación de la CNS y la participación de la Se-Sipinna, cuenten con la información de avances de las diversas líneas de acción, proporcionada por los diferentes grupos de trabajo que integran la Comprevnna y se pueda presentar un informe referente al 1 ero Semestre del 2018.

Con base a lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano Legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2018.— Licenciado Renato Sales Heredia (rúbrica), comisionado Nacional de Seguridad.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite al promovente.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-7-3126 signado por el diputado Rafael Hernández Soriano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG.510.11/00l123/2018 suscrito por el licenciado Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia la concentración y publicación de los padrones de damnificados de los desastres naturales del mes de septiembre de 2017, a fin de brindar la certidumbre jurídica y puedan acceder a los recursos destinados a la reconstrucción de sus viviendas afectadas y evitar incurrir en algún agravio o vulneración de sus derechos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SELAP /300/329/18, por el cual hizo del conocimiento, el punto de acuerdo aprobado el 24 de enero de 2018, por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras, la concentración y publicación de los padrones de damnificados de los desastres naturales del mes de septiembre de 2017, a fin de brindar certidumbre jurídica y puedan acceder a los recursos destinados a la reconstrucción de sus viviendas afectadas y evitar incurrir en algún agravio o vulneración de sus derechos.

Al respecto y por instrucciones del licenciado Jaime Aranda Castillo, abogado general y comisionado para la Transparencia, adjunto copia simple del oficio número DGGPB/612/0093/2018, signado por el licenciado Luis Iñaki Alberro Encinas, director general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2018.— Antonio Musi Veyna (rúbrica), director general Adjunto de Normatividad y Convenios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios.— Presente.

Me refiero a su oficio número DG.510.11/964/2018, mediante el cual el cual solicita que en el ámbito de atribuciones de esta Dirección General se formulen los comentarios pertinentes al acuerdo aprobado por la Comisión Permanente de honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 24 de enero citado en los oficios anexos y, que se remita la información solicitada a la Sedesol de acuerdo al mismo; la cual corresponde a lo siguiente:

“La Comisión Permanente solicita a las Secretarías de Gobernación; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Desarrollo Social, la concentración y publicación de los padrones de damnificados de los desastres naturales del mes de septiembre de 2017, a fin de brindar la certidumbre jurídica y puedan acceder a los recursos destinados a la reconstrucción de sus viviendas afectadas y evitar incurrir en algún agravio o vulneración de sus derechos”.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que esta dirección no cuenta en sus acervos físicos o electrónicos con la información solicitada mediante el citado punto de acuerdo, Cabe señalar que tal y como se menciona en apartado II del dictamen “Contenido de la proposición” la definición de la clasificación de daños v número de viviendas afectadas está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la cual es la encargada de atender los problemas referentes a vivienda en el ámbito federal y ha sido la dependencia responsable del levantamiento del censo de daños, así como de las preverificaciones y verificaciones. Asimismo, en el apartado II del dictamen se especifica que el plan de contingencia inmediata establecido por el gobierno federal “consistió, entre otras cosas, en levantar un padrón de viviendas, y en su caso, comercios afectados total o parcialmente por los sismos a cargo de la Sedatu.

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2018.— Luis Iñaki Alberto Encinas (rúbricas), director general.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite al promovente.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción 111 artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las Autoridades Municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número GCDMX- SEDEMA- SACMEX-DG- 1002725/2018, de fecha 24 de enero de 2018, signado por el ingeniero Ramón Aguirre Díaz, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar DGPL 63-II-7-2922, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a los gobernadores de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, estado de México y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones evalúen la pertinencia de implementar un programa que permita favorecer a la población afectada por los sismos del 7 y 19 de septiembre en materia de energía y agua potable.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2018.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno.—Presente.

Me refiero a su oficio SG/ CEUPA/19/2018 de fecha 11 de enero de este año, mediante el cual se hace del conocimiento de este desconcentrado, el punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a los gobernadores de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, estado de México y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones evalúen la pertinencia de implantar un programa que permita favorecer a la población afectada por los sismos del 7 y 19 de septiembre en materia de energía y agua potable.

Sobre el particular, le informo que respecto a los temas inherentes a este desconcentrado, el gobierno de la Ciudad de México, con el fin de apoyar a la población afectada por el fenómeno sísmico del 19 de septiembre de 2017, ha establecido las siguientes medidas:

• Con fecha 6 de diciembre de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Resolución de Carácter General mediante la cual se condona totalmente el pago de las contribuciones que se indican, respecto de aquellos inmuebles que resultaron severamente afectados por el fenómeno sísmico del 19 de septiembre de 2017; la cual tenía por objeto condonar 100 por ciento de los derechos por el suministro de agua de los inmuebles colapsados o catalogados como rojo; con condición de inhabitable y con daños estructurales que implican su reestructuración o demolición total; cómo consecuencia de1 fenómeno sísmico ocurrido el 19 de septiembre de 2017, respecto del ejercicio fiscal de 2017 y adeudos anteriores.

• Asimismo, el 23 de enero de 2018, se publicó en la citada Gaceta, la Resolución de Carácter -General mediante la cual se condona totalmente el pago de las contribuciones que se indican, respecto de aquellos inmuebles que resultaron severamente afectados por el fenómeno sísmico del 19 de septiembre de 2017; la cual tiene por objeto condonar 100 por ciento de los derechos por el suministro de agua de los inmuebles colapsados o catalogados como rojo, con condición de inhabitable y/o con daños estructurales que implican su reestructuración o demolición total, como consecuencia del fenómeno sísmico ocurrido el 19 de septiembre de 2017, respecto del presente ejercicio fiscal.

Ahora bien, con el fin de apoyar a las personas físicas que resultaron afectadas con motivo del fenómeno sísmico ocurrido, en el proceso de construcción o reconstrucción de sus viviendas, se eximirá del 100 por ciento de los derechos y aprovechamientos establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de México, relacionados con los servicios de construcción y operación hidráulica, de conformidad con lo establecido en la Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan facilidades administrativas y se exime totalmente el pago de los derechos y aprovechamientos que se indican, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 23 de enero de 2018.

Finalmente, le comento que se está realizando el análisis de las colonias en las distintas delegaciones de la Ciudad de México, que se vieron afectadas o carecieron del suministro de agua a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, con el fin de proponer a la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, autoridad competente para ello, la posibilidad de condonar el pago de los derechos por el suministro de agua por el quinto y sexto bimestre de 2017.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de enero de 2018.— Ingeniero Ramón Aguirre Díaz (rúbrica), director general.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; ya lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número SEDU/ DEAJ/ SCAJ/ 032/ 2018, de fecha 19 de enero de 2018, signado por la licenciada Hilda Berenice Cárdenas López, subdirectora Contenciosa y de Análisis Jurídico en la Secretaría de Educación del gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar DGPL 63-II-8-2977, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a las autoridades educativas de las entidades federativas y a los directores de las escuelas de educación básica, a diseñar estrategias y desarrollar programas para el uso responsable de los libros de texto que permitan su reutilización en diversos ciclos escolares, en tanto no se actualice su contenido.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2018.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

En atención a su oficio número SG/ CEL/ PA/ 1222/2017 de fecha 18 de octubre de 2017, mediante el cual hace referencia al diverso oficio SG/ CEL/ PA/104/2017 que remite a ésta Secretaría, del punto de acuerdo que fue aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a las autoridades educativas de las entidades federativas y a los directores de las escuelas de educación básica, a diseñar estrategias y desarrollar programas para el uso responsable de los libros de texto que permitan su reutilización en diversos ciclos escolares, en tanto no se actualice su contenido.

Me permito informarle que con fecha 6 de julio de 2017, fue recibido por ustedes la contestación al exhorto, por lo que de nueva cuenta se acompaña copia de los oficios SEDU/ DEAJ/ SCAJ/ 088/ 2017, SEDU/ CGE/ 277/ 2017 y SEDU/DEAJ/ SCAJ/ 318/ 2017, que dan cuenta de la atención brindada al exhorto realizado, y la información brindada por la Coordinación General de Educación, el cual conforme a nuestra competencia y facultades, será tomado en cuenta dentro de nuestras actividades o programas institucionales en lo sucesivo.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo y para reiterarle mi consideración más distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de enero de 2018.— Hilda Berenice Cárdenas López (rúbrica), subdirectora Contenciosa y de Análisis Jurídico.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Licenciado Efraín Morales López, sustituto provisional de la Coordinación General de Educación de la Ciudad de México.— Presente.

En atención al oficio número SG/ CEL/PA/ 104/2017 que remite a ésta Secretaría, la maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en referencia al exhorto que realiza la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaria de Educación Pública, a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a las autoridades educativas de las entidades federativas y a los directores de las escuelas de educación básica, a diseñar estrategias y desarrollar programas para el uso responsable de los libros de texto que permitan su reutilización en diversos ciclos escolares, en tanto no se actualice su contenido.

Por tal motivo; de la manera más atenta, le solicitamos se tome en cuenta la solicitud realizada por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conforme a nuestra competencia y facultades, y en su caso sea tomado en cuenta dentro de sus actividades o programas institucionales en lo sucesivo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 21 de enero de 2018.— Licenciada Hilda Berenice Cárdenas López (rúbrica), Subdirección Contenciosa y de Análisis Jurídico.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

En atención a su oficio número SG/CEL/PN/ 04/2017 que remite a ésta Secretaría, en referencia al punto de acuerdo que fue aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre el siguiente punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaria de Educación Pública, a la Comisión nacional de Libros de texto Gratuitos, a las autoridades educativas de las entidades federativas y a los directores de las escuelas de educación básica, a diseñar estrategias y desarrollar programas para el uso responsable de los libros de texto que permitan su reutilización en diversos ciclos escolares, en tanto no se actualice su contenido.

Acompaño copia de los oficios SEDU/ DEAJ/ SCAJ/ 088/ 2017 y SEDU/ CGE/ 277/ 2017, que dan cuenta de la atención brindada al exhorto realizado, y la información brindada por la Coordinación General de Educación, el cual conforme a nuestra competencia y facultades, será tomado en cuenta dentro de nuestras actividades o programas institucionales en lo sucesivo.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo y para reiterarle mi consideración más distinguida.

Ciudad de México, a 6 de julio de 2017.— Licenciada Hilda Berenice Cárdenas López (rúbrica), Subdirección Contenciosa y de Análisis Jurídico.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Licenciada Hilda Berenice Cárdenas López, subdirectora Contenciosa y de Análisis Jurídico.— Presente.

En atención al oficio SEDU/ DEAJ/ SCAJ/ 088/ 2017, turnado a esta Coordinación General en donde se remite el Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que resuelve sobre lo siguiente

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a las autoridades educativas de las entidades federativas y a los directores de las escuelas de educación básica, a diseñar estrategias y desarrollar programas para el uso responsable de los libros de texto que permitan su reutilización en diversos ciclos escolares, en tanto no se actualice su contenido. (Sic.)

Por lo anterior, hago de su conocimiento, que con base en lo establecido por el artículo 12, fracciones III y IV, de la Ley General de Educación corresponde a la Secretaría de Educación Pública elaborar y mantener actualizados los libros de texto, así como autorizar el uso de los mismos; no obstante, le corresponde a la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, la distribución oportuna de los libros de texto autorizados por la SEP, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley General de Educación; por tal motivo, se instruirá a la Dirección General de Educación Básica, para que en las escuelas que forman parte del Programa de Servicios Salud Arte, así como en los Centros de Atención y Cuidado Infantil y los Centros Comunitarios de Atención a la Infancia, se brinde la información necesaria con el objetivo de crear conciencia entre los escolares sobre la importancia que se tiene al reutilizar los libros de texto, mediante donaciones a generaciones futuras.

Sin otro particular, aprovecho para mandarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México a 23 de junio de 2017.— Licenciado Efraín Morales López (rúbrica), coordinador general de Educación.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Patricia Mercado Castro, Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción 111 artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del Jefe de Gobierno con Órganos de Gobierno Local, Poderes de la Unión, con los Gobiernos de los Estados y con las Autoridades Municipales; y a lo dispuesto en los artículos 10, 7 Y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y. al Manual Administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número SEDU/DEAJ/SCAJ/ 044/2018, de fecha 25 de enero de 2018, signado por la Lic. H. Berenice Cárdenas López, Subdirectora Contenciosa y de Análisis Jurídico en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al Punto de Acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar D.G.P.l.63-11-1-2987, por el que se solicita a las autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, a garantizar las condiciones de seguridad y habitabilidad de todas las escuelas de la Ciudad, por las posibles afectaciones de los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2018.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora general de Enlace Legislativo.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

En atención a su oficio número SG/CE/IPA/007/2018 que remite a esta Secretaría, en referencia al acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión sobre lo siguiente:

“Único. La Cámara de Diputados solicita a las autoridades competentes de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, a garantizar las condiciones de seguridad y habitabilidad de todas las escuelas de la Ciudad de México, por las posibles afectaciones por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017”.

Al respecto me permito informarle lo siguiente:

Tal y como lo considera el punto de acuerdo, la prestación de los servicios educativos en la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, por lo que cualquier intervención debe ser aprobada y acordada la SEP.

En ese contexto, atendiendo la necesidad de llevar a cabo la revisión estructural de los planteles educativos de la CDMX, se lleva a cabo la reunión de coordinación interinstitucional para la definición de la estrategia de revisión y dictaminación de la integridad estructural de los planteles educativos en la CDMX.

Encabezada por la Secretaría de Gobierno de la CDMX, con la participación, por parte de la Secretaría de Educación Pública del titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, el Subsecretario de Educación Media Superior (SEMS) y el Subsecretario de Educación Superior (SES) y por parte de la CDMX los Titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), la Secretaría de Protección Civil (SPC) y la Secretaría de Educación (Sedu), se acordó que la revisión de las escuelas deberá realizarse exclusivamente con la opinión calificada de directores responsables de obra (DRO) bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). Lo cual se ha venido realizando con puntualidad.

En un esfuerzo de coordinación entre la Secretaría de Educación Pública Federal, a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se puso en marcha el mecanismo para la revisión de los planteles de todos los niveles educativos y la obtención de los dictámenes correspondientes a cada centro educativo y las condiciones en las que se encuentran, a través de la opinión calificada de los directores responsables de obra.

La Secretaría de Educación Pública Federal es la única instancia responsable de publicar las listas de las escuelas calificadas con “construcción segura”; que reanudaron clases de acuerdo con los requisitos establecidos para su normalidad operativa y la estrategia de atención a las comunidades educativas cuyas instalaciones no reciban la clasificación de construcción segura. Lo anterior con fundamento en la Ley General de Educación, que señala que la prestación de los servicios educativos en la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, (lo que incluye los edificios).

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo y para reiterarle mi consideración más distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2018.— Licenciada Hilda Berenice Cárdenas López (rúbrica), subdirección Contenciosa y de Análisis Jurídico.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite a la Comisión de Ciudad de México, para su conocimiento.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III, artículo 23, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número SEDU/DEAJ/SCAJ/043/2018, de fecha 25 de enero de 2018, signado por la licenciada H. Berenice Cárdenas López, subdirectora Contenciosa y de Análisis Jurídico en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y comunicado mediante el similar D.G.P.L.63-II-1-2997, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a las Secretarías de Educación Pública Locales y a los Institutos de la Infraestructura Física Educativa de las entidades federativas, afectadas por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, a que hagan pública la información sobre la verificación de los planteles que integran la infraestructura-física educativa; y de la misma forma, le den celeridad a la rehabilitación y reubicación de los alumnos matriculados en las escuelas que resultaron afectadas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2018.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

En atención a su oficio número SG/CEL/PA/006/2018 que remite a esta secretaría, en referencia al acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión sobre lo siguiente:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a las Secretarías de Educación Públicas Locales y a los Institutos de Infraestructura Física Educativa de las entidades federativas afectadas por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, a que hagan pública la información sobre la verificación de los planteles que integran la infraestructura física educativa; y de la misma forma, le den celeridad a la rehabilitación y reubicación de los alumnos matriculados en las escuelas que resultaron afectadas”.

Al respecto me permito informarle lo siguiente:

De acuerdo con lo que establece la Ley General de Educación, la prestación de los servicios educativos en la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, por lo que cualquier intervención debe ser aprobada y acordada la SEP.

En atención al decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, publicado el 21 de enero de 2005,(DOF 23-oct-2017), corresponde a la autoridad educativa federal en la Ciudad de México, prestar los servicios de educación inicial básica -incluyendo la indígena-, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros de educación básica en el ámbito de la Ciudad de México.

No obstante lo anterior, esta Secretaría de Educación de la Ciudad de México, dentro del ámbito de sus atribuciones, precisa que de acuerdo a la declaratoria de emergencia emitida por el jefe de gobierno (GOCDMX Núm. 159 Bis 20 de septiembre de 2017), establece que todos los centros de enseñanza de nivel preescolar, básica, media, media superior y superior ubicados dentro de los límites territoriales de la Ciudad de México, deberán suspender labores docentes hasta en tanto estén debidamente evaluados los planteles y dictaminada la seguridad estructural y de protección civil de los mismos. A partir de ello, esta Secretaría de Educación de la Ciudad de México (Seducdmx):

Atendiendo la necesidad de llevar a cabo la revisión estructural de los planteles educativos de la CDMX se lleva a cabo la reunión de coordinación interinstitucional para la definición de la estrategia de revisión y dictaminación de la integridad estructural de los planteles educativos en la CDMX.

Encabezada por la Secretaria de Gobierno de la CDMX, con la participación, por parte de la SEP del titular de la Administración Federal de Servicios Educativos del DF (AFSEDF), el subsecretario de Educación Media Superior (SEMS) y el subsecretario de Educación Superior (SES) y por parte de la CDMX los Titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), la Secretaría de Protección Civil (SPC) y la Secretaría de Educación (Sedu), se acuerda que la revisión de las escuelas deberá realizarse exclusivamente con la opinión calificada de directores responsables de obra (DRO) bajo la coordinación de la Seduvi.

En un esfuerzo de coordinación entre la SEP Federal, a través de la AFSEDF, la SEDU y la Seduvi, se puso en marcha el mecanismo para la revisión de los planteles de todos los niveles educativos y la obtención de los dictámenes correspondientes a cada centro educativo y las condiciones en las que se encuentran, a través de la opinión calificada de los directores responsables de obra.

Con base en las facultades que otorga a la SEP, la Ley General de Educación, se estableció que dicha dependencia federal, es la instancia responsable de publicar las listas de las escuelas calificadas con “construcción segura”, que reanudaron clases de acuerdo con los requisitos establecidos para su normalidad operativa y la estrategia de atención a las comunidades educativas cuyas instalaciones no reciban la clasificación de construcción segura. Por lo que es la dependencia federal encargada de hacer pública la información sobre la verificación de los planteles que integran la infraestructura física educativa; y de la misma forma, la de informar sobre la reubicación de los alumnos matriculados en las escuelas que resultaron afectadas.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo y para reiterarle mi consideración más distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de enero de 2018.— Licenciada Hilda Berenice Cárdenas López (rúbrica), Subdirección Contenciosa y de Análisis Jurídico.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III del artículo 23 de la Ley de Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número JD/ 114/ 2018, de fecha 8 de febrero de 2018, signado por el ciudadano Jorge Alvarado Galicia, jefe delegacional en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar DGPL 63-II-2-2473, por el que en su parte medular establece:

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a las autoridades competentes de la Ciudad de México a hacer las gestiones pertinentes a fin de conseguir los recursos suficientes para reforzar las medidas para rescatar y preservar las condiciones naturales y ambientales de la zona de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Así como para realizar las acciones de limpieza, desazolve, mantenimiento y consolidación de laderas de los ríos San Buenaventura, San Lucas y Santiago de Xochimilco, y para invertir en obras hidráulicas para el almacenamiento superficial y para la infiltración de los excedentes de agua de lluvia hacia los mantos freáticos que ayuden a prevenir inundaciones en la zona.

Segundo. Se exhorta al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México, para que se brinden apoyos a los vecinos afectados por las recientes inundaciones en Xochimilco, particularmente los habitantes de las colonias San Lorenzo la Cebada, Barrio 18, San Bartolo el Chico, Bosques Residenciales del Sur, Huichapan, UH Nativitas, Barrio de San Francisco Caltongo, San Juan Tepepan, los pueblos de Santa María Tepepan y Santa Cruz Xochitepec, así como a los productores de San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco y la zona de barrios del Centro de Xochimilco.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2018.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestro José Francisco Acevedo García, subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública.— Presente.

En atención a su oficio número SG/ SSPDRVP/ 073/ 2018, mediante el cual solicita atender el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a las autoridades competentes de la Ciudad de México a hacer las gestiones pertinentes a fin de conseguir los recursos suficientes para reforzar las medidas para rescatar y preservar las condiciones naturales y ambientales de la zona Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, así como para realizar las acciones de limpieza, desazolve, mantenimiento y consolidación de laderas de los dos de San Buenaventura, San Lucas y Santiago de Xochimilco, y para intervenir en obras hidráulicas para el almacenamiento superficial y para la infiltración de los excedentes de agua de lluvia hada los mantos freáticos que ayuden a prevenir inundaciones en la zona...

Al respecto me permito informar a usted que esta delegación, a través de la Dirección General del Medio Ambiente realiza las siguientes acciones:

1) Realizar la programación y coordinar recorridos de vigilancia ambiental, para detectar ilícitos en el suelo de conservación de Milpa Alta, es importante destacar que por mes se revisa un área de 62 mil 500 metros cuadrados, con la finalidad de detectar ilícitos ambientales y ser reportados al área jurídica delegacional o bien a la Dirección General de Vigilancia Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, según sea el caso.

2) Se realizan reportes de vigilancia ambiental para determinar los procedimientos administrativos y jurídicos procedentes.

3) Se colocan mamparas en puntos estratégicos de esta demarcación para mitigar la tira de basura y con ello seguir conservando el buen estado del suelo de conservación de esta delegación.

4) Se llevan a cabo actividades dentro del Programa de Protección y Conservación de Barrancas, dónde se realiza la limpieza en los 44 cauces que conforman las barrancas de los 11 poblados de la demarcación con una meta anual de 98 mil metros cuadrados. Y no se cuenta con ningún recursos federal, ni estatal.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2018.— Ciudadano Jorge Alvarado Galicia (rúbrica), jefe delegacional en Milpa Alta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.— Presente.

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobó el acuerdo que a continuación se transcribe:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a las autoridades competentes de la Ciudad de México a hacer las gestiones pertinentes a fin de conseguir los recursos suficientes para reforzar las medidas para rescatar y preservar las condiciones naturales y ambientales de la zona de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Así como para realizar las acciones de limpieza, desazolve, mantenimiento y consolidación de laderas de los ríos San Buenaventura, San Lucas y Santiago de Xochimilco, y para invertir en obras hidráulicas para el almacenamiento superficial y para la infiltración de los excedentes de agua de lluvia hacia los mantos freáticos que ayuden a prevenir inundaciones en la zona. Segundo.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal y al Gobierno de la Ciudad de México, para que se brinden apoyos a los vecinos afectados por las recientes inundaciones en Xochimilco, particularmente los habitantes de las colonias San Lorenzo la Cebada, Barrio 18, San Bartola El Chico, Bosques Residenciales del Sur, Huichapan, UH Nativitas¡ Barrio de San Francisco Caltongo, San Juan Tepepan, los pueblos de Santa María Tepepan y Santa Cruz Xochitepec, así como a los productores de San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco y la zona de Barrios del Centro de Xochimilco.”

Lo que comunicamos a usted, para los efectos a que haya lugar.

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2017.— Diputada Martha Hilda González Calderón (rúbrica), vicepresidenta.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Ciudadano Jorge Alvarado Galicia, jefe delegacional en Milpa Alta, Villa Milpa Alta, delegación Milpa Alta, código postal 12000.— Presente.

Por instrucciones de la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno Federal, con fundamento en el artículo 32 Ter del Reglamento Interior de la Administración Pública del distrito Federal y por las facultades conferidas a la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública del Distrito Federal en el Manual Administración de la Secretaría de Gobierno en el aparato de funciones publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 26 de noviembre de 2013, se hace de su conocimiento lo siguiente:

Derivado del punto de acuerdo turnado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mismo que remitió mediante el oficio DGPL 63-II-2-2473, me permito informar que se solicita al Órgano Desconcentrado que representa la realización de las siguientes acciones:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a las autoridades competentes de la Ciudad de México a hacer las gestiones pertinentes a fin de conseguir los recursos suficientes para reforzar las medidas para rescatar y preservar las condiciones naturales y ambientales de la zona de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, Así como para realizar las acciones de limpieza, desazolve, mantenimiento y consolidación de laderas de los ríos de San Buenaventura, San Lucas y Santiago de Xochimilco, y para invertir en obras hidráulicas para el almacenamiento superficial y para la infiltración de fas excedentes de aguas de lluvia hacia las mantos freáticos que ayuden a prevenir inundaciones en la zona, Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la unión, exhorta al gobierno federal al gobierno de la Ciudad de México, para que se brinden apoyos a los vecinos afectados por las recientes inundaciones en Xochimilco, particularmente los habitantes de las colonias San Lorenzo de Cebada, Barrio 18, San Bartola El Chico, Bosques Residenciales del Sur, Huichapan. UH Nativitas, Barrio de San Francisco Caltongo, San Juan Tepepan, las pueblos de Santa María Tepepan y Santa Cruz Xochitepec, así como a los productores de San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco y la zona Barrios del centro de Xochimilco... (Sic.)

En virtud de lo anterior, es menester que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que sean implementadas las medidas necesarias en el ámbito de sus atribuciones con el propósito de atender el punto de acuerdo en comento.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, me permito solicitarle que en un término breve, sea enviada la información solicitada, a fin de dar cumplimiento referido punto de acuerdo y estar en condiciones de otorgar una respuesta al órgano legislativo citado contando con el puntual seguimiento del asunto que nos ocupa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de enero de 2018.— Maestro José Francisco Acevedo García (rúbrica), subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite a la Comisión de Ciudad de México, para su conocimiento.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficioo número SEDU/ DEAJ/ SCAJ/ 045/ 2018, de fecha 25 de enero de 2018, signado por la licenciada Hilda Berenice Cárdenas López, subdirectora Contenciosa y de Análisis Jurídico en la Secretaría de Educación del gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar DGPL 63-II-3-2945, por el que en su parte medular establece:

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la República, a la Coordinación Nacional de Protección Civil, al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y a los municipios, a establecer mecanismos que permitan brindar condiciones de seguridad para el alumnado, docente y personal administrativo de los planteles educativos de todos los niveles escolares, debiéndose garantizar lo siguiente:

I. La incorporación de la gestión integral de riesgos y la realización de diagnósticos de prevención en materia de seguridad sísmica, estructural y de mantenimiento, como aspectos fundamentales en la construcción y revisión de planteles educativos de todos los niveles escolares; II.- Que las unidades internas de protección civil de los planteles educativos de todos los niveles escolares, cuenten con programas internos de protección civil actualizados, así como brigadas capacitadas y equipadas, y III.- La difusión de recomendaciones de protección civil para situaciones de riesgo, mediante su lectura en eventos cívicos celebrados en planteles de todos los niveles escolares.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2018.— Maestra Nancy Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

En atención a su oficio número SG/ CEL/ PA/ 009/ 2018 que remite a ésta secretaría, en referencia al acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión sobre lo siguiente:

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública del gobierno de la República, a la Coordinación Nacional de Protección Civil, al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y a los municipios, a establecer mecanismos que permitan brindar condiciones de seguridad para el alumnado, docentes y personal administrativo de los planteles educativos de todos los niveles escolares, debiéndose garantizar lo siguiente: I. La incorporación de la gestión integral de riesgos y la realización de diagnósticos de prevención en materia de seguridad sísmica, estructural y de mantenimiento, como aspectos fundamentales en la construcción y revisión de planteles educativos de todos los niveles escolares; II. Que las unidades internas de protección civil de los planteles educativos de todos los niveles escolares, cuenten con programas internos de protección civil actualizados, así como brigadas capacitadas y equipadas, y III. La difusión de recomendaciones de protección civil para situaciones de riesgo, mediante su lectura en eventos cívicos celebrados en planteles educativos de todos los niveles escolares.

Al respecto me permito informarle lo siguiente: Para el caso de la Ciudad de México y en tanto no se lleve a cabo el proceso de descentralización educativa en esta entidad federativa, las atribuciones relativas a la educación inicial que los artículos 11, 13, 14 y demás disposiciones de la Ley General de Educación, señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias corresponderán, en la Ciudad de México, a la Secretaría de Educación Pública, a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, por lo que cualquier intervención debe ser aprobada y acordada por la Secretaría de Educación Pública.

En ese contexto, atendiendo la necesidad de llevar a cabo la revisión estructural de los planteles educativos de la Ciudad de México se han llevado a cabo reuniones de coordinación interinstitucional para la definición de la estrategia de revisión y dictaminación de la integridad estructural de los planteles educativos en la Ciudad de México.

Encabezados por la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, con la participación, por parte de la Secretaría de Educación Pública mediante el Titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, el subsecretario de Educación Media Superior y el Subsecretario de Educación Superior y por parte de la Ciudad de México los Titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Protección Civil y esta Secretaría de Educación, se acordó que la revisión de las escuelas deberá realizarse exclusivamente con la opinión calificada de directores responsables de obra (DRO) bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Ciudad de México. Lo cual se ha venido realizando con puntualidad.

En un esfuerzo de coordinación entre la Secretaría de Educación Pública federal, a través de la autoridad educativa federal en la Ciudad de México, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se puso en marcha el mecanismo para la revisión de los planteles de todos los niveles educativos y la obtención de los dictámenes correspondientes a cada centro educativo y las condiciones en las que se encuentran, a través de la opinión calificada de los directores responsables de obra.

Lo anterior en virtud de que toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad, por ello se acordó que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.

No obstante es necesario señalar que la Secretaría de Educación Pública federal, es la única instancia responsable de publicar las listas de las escuelas calificadas con “Construcción Segura”, que reanudaron clases de acuerdo con los requisitos establecidos para su normalidad operativa y la estrategia de atención a las comunidades educativas cuyas instalaciones no reciban la clasificación de “Construcción Segura”. Lo anterior con fundamento en la Ley General de Educación, que señala que la prestación de los servicios educativos en la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, (lo que incluye los edificios y mecanismos internos de protección civil).

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo y para reiterarle mi consideración más distinguida.

Atentamente

Ciudad de México a 25 de enero de 2018.— Licenciada Hilda Berenice Cárdenas López (rúbrica), subdirección Contenciosa y de Análisis Jurídico.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al Manual Administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número SEDECO/ DES/ DER/ 019/ 2018, de fecha 2 de febrero de 2018, signado por el licenciado Abraham Torres Andrade, director ejecutivo de Relaciones Institucionales en la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar DGPL 63-II-3- 2944, por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Energía, a de Comunicaciones y Transportes, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en atención a sus competencias, así como a las respectivas dependencias en las entidades federativas, para que se ejerza la acción de instalación de un mayor número de electrolineras en el país, así como en su caso, se otorguen incentivos diversos a la iniciativa privada para que sean ellas las que instalen el mayor número de electrolineras posibles, a efecto que se vaya modificando el uso de vehículos propulsados por combustibles fósiles, por aquellos cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2018.— Maestra Nancy Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora general de Enlace Legislativo de la Ciudad de México del Distrito Federal.— Presente.

En atención a su oficio SG/ CEL/ PAl14/ 2018 de fecha 9 de enero de 2018; respecto al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Cámara d Diputados del honorable Congreso de la Unión:

Único. La Cámara de Diputados exhorta con absoluto respeto a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en atención a sus competencias, así como a las respectivas dependencias en las entidades federativas, para que se ejerza la acción de instalación de un mayor número de electrolineras en el país, así como en su caso, se otorguen incentivos diversos a la iniciativa privada para que sean ellas las instalen el mayor número de electrolineras posibles, a efecto de que se vaya modificando el uso de vehículos propulsados por combustibles fósiles, por aquellos cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como aquellos autos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno o cualquier otro tipo de energía considerada como “alterna”; de los llamados autos “verdes” o “ecológicos”, para contribuir eficazmente desde luego con el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza y los seres vivos, sí como en el desarrollo de la industria automotriz sobre este rubro.

Al respecto hago de su conocimiento que en el marco de las atribuciones de esta Secretaría de Desarrollo Económico, firmamos con la Secretaría de Energía un Convenio de Coordinación que establece las bases para desarrollar estrategias y políticas públicas que fomenten el aprovechamiento sustentable y la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y tecnologías limpias, de conformidad con lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Transición Energética, así como para colaborar en la creación de un sector de energías renovables para la Ciudad de México.

En este tenor, informo que se han sostenido reuniones de trabajo con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad para que en el ámbito de nuestras respectivas atribuciones, promovamos, orientemos y estimulemos en la Ciudad de México, acciones para la investigación y el desarrollo tecnológico en la industria eléctrica, el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica y, con ello, el desarrollo económico sustentable.

Específicamente sobre el tema de las electrolineras, se está trabajando en las siguientes líneas: 1) determinar de manera coordinada los mejores lugares públicos para instalarlas; 2) promover la instalación de infraestructura eléctrica para el desarrollo de la red de electrolineras en la Ciudad de México, atendiendo a los lineamientos técnicos normativos aplicables; y 3) coordinar y difundir información sobre los beneficios económicos y de sustentabilidad que conlleva el uso de transporte eléctrico.

Ciudad de México; a 2 de febrero de 2018.— Licenciado Abraham Torres Andrade (rúbrica), director ejecutivo de Relaciones Institucionales.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número SEDEREC/ DGDR/ 0044/ 2018, de fecha 30 de enero de 2018, signado por la licenciada Adriana Contreras Vera, directora general de Desarrollo Rural en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar DGPL 63-II-3-2907, por el que en su parte medular establece:

Primero. Se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar las gestiones a que haya lugar, a efecto de que se decrete como desastre natural las inundaciones en los campos de cultivo en Tláhuac, para que en la medida de lo posible, se acceda al Fondo de Desastres Naturales y se lleven a cabo las acciones en materia de infraestructura hidráulica e hidroagrícola consistentes en la construcción o mejoramiento de bordos de protección; obras de encauzamiento; diques; espigones y estructuras para protección contra inundaciones.

Segundo. Se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implementar mecanismos de apoyo a los productores de hortalizas de la delegación Tláhuac, que resultaron afectados por las recientes inundaciones producidas por las precipitaciones durante los meses de agosto y septiembre.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2018.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno.— Presente.

Por medio de la presente y en respuesta a su oficio SG/ CEUPA/1.8.1/2018 con fecha 9 de enero del 2017, referente al similar con número DGPL 63-II-2-2907 de fecha 14 de diciembre de 2017, suscrito por la vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a través del que se hace del conocimiento el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar las gestiones a que haya lugar, a efecto de que se decrete desastre natural las inundaciones en los campos de cultivo de Tláhuac.

Segundo. Se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implementar mecanismos de apoyo a los productores de hortalizas de la delegación Tláhuac, que resultaron afectados por las recientes inundaciones producidas por las precipitaciones durante los meses de agosto y septiembre.

Al respecto me permito informarle lo siguiente:

Antes que nada, señalar que esta secretaría no cuenta con facultades para decretar un desastre natural y que en materia de su competencia lo que se hace en caso de algún tipo de siniestro que dañe unidades de cultivo de alguna de las siete delegaciones rurales, es proceder el solicitar la intervención del seguro catastrófico, instrumento que la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades paga en concurrencia con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Señalar además que las lluvias torrenciales del pasado 30 de agosto de 2017 provocaron que aguas residuales fueran desalojadas hacia los canales, de riego, no sólo de Tláhuac sino también del poblado de San Luis Tlaxialtemalco de la delegación Xochimilco, lo que provocó la destrucción de macetas y plantas de diversos tipos, así como hortalizas, situación que no prevé el seguro.

Asimismo, y en coordinación con la Secretaría de Gobierno, la Oficialía Mayor; y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, se concretaron diversos acuerdos para la atención de las personas productoras de las zonas en mención.

Respecto al segundo asunto del punto de acuerdo, y luego de la participación de esta Secretaria en las mesas de trabajo con la Secretaría de Gobierno y en las que también se cantó con la presencia de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, hago de su conocimiento que se llegó a un acuerdo para la atención de dicha zona.

Como parte de los acuerdos establecidos en las mesas de trabajo realizadas los días 1, 4 y 6 de diciembre se efectuaron jornadas con las personas productoras y trabajadoras de la delegación Tláhuac, pueblos de San Andrés Mixquic y Tláhuac, para la integración de expedientes y a fin de incorporarlas como beneficiarios del Programa Seguro de Desempleo, para tal efecto se habilitó un equipo de trabajo por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) para la recepción de documentos y así poder iniciar con el trámite de entrega de credenciales que los acredita como productor o trabajador agropecuario.

Como resultado de esta obtuvieron se credencial 60 productores y 50 trabajadores agropecuarios, que fueron incorporados al Programa Seguro de Desempleo.

Finalmente, le informo que el pasado 26 de diciembre, se entregaron tarjetas del Seguro de Desempleo con la coordinación y participación de la Sederec, así como de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo.

Asimismo, quedamos atentos a las reuniones interinstitucionales, donde se aborda esta problemática de manera interinstitucional, la cual servirá para dar una respuesta a la zona.

Agradeciendo de antemano su atención al presente y sin más por comentarle, hago propicia la oportunidad para hacerle llegar mi consideración y estima personal.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de enero de 2018.— Licenciada Adriana Contreras Vera (rúbrica), directora general de Desarrollo Rural.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite a la Comisión de Ciudad de México, para su conocimiento.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número SEDU/ DEAJ/ SCAJ/ 034/ 2018, de fecha 19 de enero de 2018, signado por la licenciada Hilda Berenice Cárdenas López, subdirectora Contenciosa y de Análisis Jurídico en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar DGPL 63-II-4-2829, por el que en el numeral segundo se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas, a que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades de los planteles educativos, adopten las medidas preventivas que sean necesarias y conminen a las asociaciones de padres de familia y a los consejos de participación social a que realicen un manejo eficaz y transparente de las “cuotas voluntarias” que recauden.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2018.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno.— Presente.

En atención a su oficio número SG/ CEL/ PA/ 005.1/ 2017 que remite a ésta secretaría, en referencia al punto de acuerdo que aprobó la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión sobre lo siguiente

Primero....

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública y a sus homologas en las entidades federativas, a que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades de los planteles educativos, adopten las medidas preventivas que sean necesarias y conminen a las asociaciones de padres de familia y a los consejos de participación social, a que realicen un manejo eficaz y transparente de las “cuotas voluntarias” que recauden.

Tercero. ...

Me permito hacer de su conocimiento que se ésta Secretaría de Educación de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia toma nota del exhorto realizado.

En este contexto y además con fundamento en el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013, que a continuación se inserta:

Quinto. Para el caso del Distrito Federal y en tanto no se lleve a cabo el proceso de descentralización educativa en esta entidad federativa, las atribuciones relativas a la educación inicial, básica –incluyendo la indígena– y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás disposiciones señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal, a la Secretaría, a través de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

Y aun cuando ésta secretaría se encuentra imposibilitada para atender lo solicitado, en virtud de que a la fecha los servicios educativos a nivel inicial y básico (preescolar, primaria y secundaria), no han sido descentralizados, motivo por el cual, actualmente éstos se encuentran a cargo de la Secretaría de Educación Pública, a través de la autoridad educativa federal en la Ciudad de México.

No obstante lo anterior, está secretaría en el ámbito de su competencia y atribuciones, considera como parte de sus acciones prioritarias garantizar el acceso de niñas, niños y adolescentes a la educación. Por lo que es prioritario el derecho de educación y la transparencia con la que se manejen los recursos.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Ciudad de México, a 19 de enero de 2018.— Licenciada Hilda Berenice Cárdenas López (rúbrica), Subdirectora Contenciosa y de Análisis Jurídico.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número SEDU/ DEAJ/ SCAJ/ 035/ 2018, de fecha 19 de enero de 2018, signado por la licenciada Hilda Berenice Cárdenas López, subdirectora Contenciosa y de Análisis Jurídico en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar DGPL 63-II-4-2813, por el que se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de cada uno de los 31 estados y de la Ciudad de México, a crear e implantar una estrategia nacional de prevención del suicidio, que provea servicios de emergencias, psicológicas y de prevención. Asimismo la introducción de políticas públicas en escuelas de: nivel básico, medio superior, y superior, orientados a niños y jóvenes con diversos problemas sociales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2018.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora general de Enlace Legislativo del Distrito Federal.— Presente.

En atención a su oficio número SG/ CEL/ PA/ 004.1/2018 que remite a ésta secretaría, en referencia al acuerdo que aprobó la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión sobre lo siguiente:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de cada uno de los 31 estados y de la Ciudad de México, a crear e implementar una estrategia nacional de prevención del suicidio, que provea servicios de emergencias psicológicas y de prevención.

Segundo. La introducción de políticas públicas en escuelas de nivel básico, medio superior y superior, orientados a niños y jóvenes con diversos problemas sociales.

Tercero. Con apoyo de las diversas instituciones de salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Seguro Popular, atender a trabajadores con problemas de depresión, estrés y diversos problemas sociales.

Me permito informarle que esta Secretaría de Educación como parte de la colaboración en interdependencia, con Desarrollo Social; así como el DIF Ciudad de México, el Instituto de las Personas con Discapacidad y el Consejo Ciudadano colabora el Hospital de las Emociones de la Ciudad de México, el cual aplica un modelo de atención psicológica, integral y gratuita para jóvenes que brinda el servicio a personas con ansiedad, depresión, adicción y violencia escolar.

La campaña de prevención del suicidio para redes sociales, “ Like a la Vida”, donde a través del portal http://likealavida.cdmx.gob.mx/likealavida/index.php, se proporciona a la población herramientas y estrategias que funjan como factores protectores ante esta situación.

Además de lo anterior, el gobierno de la Ciudad de México, firmó un convenio de colaboración para prevenir, detectar y atender el suicidio, principalmente entre los jóvenes. El convenio es interinstitucional entre los que se cuenta la Secretaría de Salud local, ISSSTE, IMSS, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud del sistema federal.

El objetivo del programa es identificar conductas suicidas, por lo que se plantean cinco estrategias: promoción y educación en salud mental; detección y atención oportuna; atención inmediata; seguimiento a personas en riesgo y actualización de la situación epidemiológica de conductas suicidas en la Ciudad de México. Se implementa a través del Sistema Locatel de manera permanente, es decir veinticuatro horas, para realizar una intervención inmediata.

Por lo que se toma nota del exhorto realizado, para que conforme a nuestras competencias y facultades atender a lo solicitado.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo y para reiterarle mi consideración más distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de enero de 2018.— Licenciada Hilda Berenice Cárdenas López (rúbrica), subdirección Contenciosa y de Análisis Jurídico.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; ya lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número CDMX/ AGU/ DAJ/ 2018-02-01.007, de fecha 1 de febrero de 2018, signado por el licenciado Miguel Ángel Estrada Garavilla, director de Asuntos Jurídicos en la Agencia de Gestión Urbana del gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar DGPL 63-II-6-2705, por el que en el numeral primero se solicita a los gobiernos de las entidades federativas del país, a que desarrollen e implementen instrumentos de planeación, que permitan ordenar las acciones, los procedimientos, las herramientas y los responsables específicos para cada una de las etapas del ciclo de vida de la prevención, facilitando aplicar una gestión integral de residuos generados en un desastre.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2018.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora general de Enlace Legislativo del Distrito Federal.— Presente.

Hago referencia al oficio número SG/ CEUPA/ 15.2/ 2018, mediante el cual adjunta el similar número DGPL 63-II-6-2705, suscrito por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través del cual hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado el 14 de diciembre del 2017 y requiere información para atender dicho planteamiento.

Atento a lo anterior, y por instrucciones del maestro Jaime Slomianski Aguilar, titular de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, adjunto a la presente copia del oficio CDMX/ AGU/ DG/ ARSU/ DTDFRSU/ 2018-0394, suscrito por el Ing. Rosalío Nava Santillán, Director de Transferencia y Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos de esta Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, a fin de dar el debido cumplimiento a lo solicitado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 1 de febrero de 2018.— Licenciado Miguel Ángel Estrada Garavilla (rúbrica), director de asuntos jurídicos en la Agencia de Gestión Urbana.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Licenciado Miguel Ángel Estrada Garavilla, director de asuntos jurídicos de la Agencia de Gestión Urbana.— Presente.

En atención a su oficio número CDMX/ AGU/ DAJ/ 2018-01-22.002, con el que anexa copia del oficio SG/ CEL/ PA/15.2/2018, suscrito por la coordinadora de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual hace referencia al oficio DGPL 63-II-6-2705, suscrito por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión, relacionado con el desarrollo e implementación de instrumentos de planeación, que permita ordenar las acciones, los procedimientos, las herramientas y los responsables específicos para cada una de las etapas del ciclo de vida de la prevención, facilitando aplicar una gestación integral de residuos generados en un desastre.

Al respecto, el desarrollo del punto de acuerdo se compone de tres acciones, mismas que a la letra dicen:

Primero. La Cámara de Diputados solicita de manera muy respetuosa a los gobiernos de las entidades federativas del país, a que desarrollen instrumentos de planeación, que permitan ordenar acciones...

Segundo. La Cámara de Diputados solicita de manera respetuosa al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, en el marco de sus atribuciones, promueva y establezca...

Tercero. La Cámara de Diputados solicita de manera respetuosa al gobierno del estado de Oaxaca, para que en el ámbito de sus atribuciones, coordine las acciones de las instituciones responsables. Tomando en consideración las acciones antes citadas, en primera instancia, se indica que la segunda y tercera acción corresponden a autoridades distintas al gobierno de la Ciudad de México, por lo que no se tienen aportaciones a estas.

Por lo anterior a continuación se emiten las aportaciones con respecto a la primera acción:

El gobierno de la Ciudad de México a través de la Agencia de Gestión Urbana lleva a cabo el servicio público de limpia que atiende de manera ordinaria en coordinación con diversas instituciones como es el caso de las delegaciones, acorde a las necesidades de la población bajo el programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos, Ley de Residuos Sólidos Urbanos y su reglamento, en cumplimiento a la normatividad en la materia.

El primer Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PGIRS) del Distrito Federal hoy Ciudad de México se publicó en octubre de 2004 y abarcó el periodo de 2004-2008, siendo el primer documento en su tipo a nivel nacional, actualmente se tiene la actualización del PGIRS para la Ciudad de México para el periodo 2016- 2020 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de octubre de 2016.

La Ciudad de México viene trabajando paulatinamente desde esas fechas con una recolección de ~~ residuos sólidos separados, principalmente en dos fracciones (inorgánico y orgánico) y reforzándose con la norma ambiental del Distrito Federal NADF-024-AMB-2013.

Asimismo, para el caso de los residuos de la industria de la construcción, las autorizaciones han venido impulsando la aplicación de la norma ambiental del Distrito Federal NADF-007 RNAT-2004, misma que se ha implementado de manera paulatina con el procesamiento de los residuos a través de la trituración y reutilización de estos.

En virtud de que se da atención a las necesidades ordinarias dela población en Cuanto al manejo integral de los residuos sólidos urbanos, para el caso de un desastre las autoridades correspondientes (federales y locales) tienen dentro de sus atribuciones la coordinación para la atención ante la emergencia presentada.

De las experiencias desafortunadas que ha vivido la Ciudad de México, el gobierno a través de sus dependencias y de acuerdo a las atribuciones de cada una de estas, mediante los servicios ordinarios se inicia la atención a la emergencia presentada, incrementándose estos de acuerdo a la necesidad de la emergencia, llevándose a cabo el restablecimiento gradual de la continuidad de los servicios ordinarios.

Sin embargo, se requiere una partida presupuestal especial por parte de la autoridad correspondiente para ejecución de los servicios generados por cualquier tipo de desastre natural, se proporcione las instalaciones, personal y vehículos adecuados para la carga, acarreo y disposición final para el manejo integral de los residuos generados por desastres naturales.

No omito comentar se elaborará el Plan de Contingencia para asegurar la operación de la Planta de Composta de Bordo Poniente que tiene por objetivo reunir el conjunto de procedimientos que atiende los temas de incendio, desastres naturales y primeros auxilios, y que permite mantener el funcionamiento de la instalación por algún incidente interno o externo.

La Ciudad de México, dentro de estos servicios de disposición final de los residuos generados durante las acciones de rescate y dentro del proceso de reconstrucción, recuperación y transformación de las zonas afectadas, cuenta con el apoyo y la colaboración del gobierno federal y otras entidades para la recepción de los residuos sólidos urbanos en instalaciones fuera de la demarcación territorial de la Ciudad de México, las cuales cumplen con los requerimientos y autorizaciones normativas correspondientes.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de enero de 2018.— Rosalío Nava Santillán (rúbrica), director de Transferencia y Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

José Francisco Acevedo García, subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública.— Presente.

En atención a la instrucción signada en el oficio número SG/ SSPDRVP/ 412.11/ 2016, mediante el cual informa el contenido del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Al respecto, le informo que una de las prioridades del jefe delegacional, Jorge Alvarado Galicia, es procurar el bienestar de la población, tal es el caso de las mujeres y las niñas milpaltenses. Es por ello que este ente, tiene a bien, realizar en Villa Milpa Alta y sus 11 comunidades, la actividad denominada: “Juntos Avanzando en Grande, Por Tu Salud en Tú Comunidad”, en dichas jornadas se distribuyen algunos trípticos alusivos a la prevención de las enfermedades, entre ellos la del virus del papiloma humano. (Adjunto tríptico y archivo fotográfico.)

De igual manera, le comunico que trabajamos en coordinación con el Sector Salud de la delegación, (Jurisdicción Sanitaria, Hospital General, ISSSTE, Mexfam), realizando campañas y jornadas de salud, en las cuales se brinda información a través de medios impresos y redes sociales acerca de la prevención de enfermedades como el virus del papiloma humano, incluido la diabetes mellitus, hipertensión arterial, cáncer de mama, cáncer cervicouterino.

No omito mencionar, que el sector Salud aplica la vacuna para prevenir el virus del papiloma humano a niñas que cursan el quinto año de primaria y no escolarizadas, previa autorización del padre o tutor.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Milpa Alta, Ciudad de México, a 26 de enero de 2018.— Doctora Abelina Suárez Suárez (rúbrica), subdirectora de Equidad Social.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número SDS/DJ/ 247/ 2018, de fecha 14 de febrero de 2018, signado por el licenciado César Alejandro González Reyna, director jurídico en la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar DGPL 63-II-1-3243, por el que se exhorta al titular del gobierno de la Ciudad de México, para que en el marco de sus respectivas atribuciones, lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios en los albergues de la demarcación bajo condiciones de estancia digna, entre ellas sanitarias, de esparcimiento y seguridad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2018.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

Por instrucciones del doctor José Ramón Amieva Gálvez, secretario de Desarrollo Social y en atención a su oficio número SG/ CEL/PA/ 63/2018, de fecha 6 de febrero del año en curso, en el que anexa copia del oficio DGPL 63-II-1-3243, de fecha 24 de enero de 2018, suscrito por el entonces Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual, solicita atender el punto de acuerdo que aprobado por el pleno de ese órgano legislativo federal ocal, y que a la letra dice:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del gobierno de la Ciudad de México, para que en el marco de sus respectivas atribuciones, lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios en los albergues de la demarcación bajo condiciones de estancia digna, entre ellas sanitarias, de esparcimiento y seguridad. (Sic).

Al respecto me permito informarle que de conformidad con la información remitida mediante el oficio DGIASIS/ 0437/2018 del cual se anexa copia para pronta referencia, la Secretaría qe Desarrollo Social de la Ciudad de México, a través de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social ha realizado las siguientes acciones:

• EI Instituto de Asistencia e Integración Social, tiene a su cargo la operación de 10 Centros de Asistencia e Integración Social y el Hogar Ciudad de México; que se encuentran ubicados en diferentes delegaciones políticas de esta ciudad, estos centros operan las 24 horas de los 365 días del año, y prestan servicios sociales a favor de las personas en situación de calle y en abandono social de forma ininterrumpida y, todos cumplen con las normas oficiales mexicanas exigidas por la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México; la prestación de los servicios se encuentra regulada en el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social (dictamen 13/2013).

• La dignidad, seguridad y derechos humanos de las personas que reciben los servicios sociales en estos espacios se encuentra garantizada en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras, la Carta de los Derechos Ciudadanos, así como las Políticas de Actuación para la Prevención de Actos de discriminación en el Servicio Público de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de abril de 2017.

• Estos centros se encuentran en operación desde el año 2001, en el que fue creado el Instituto y cuenta con un presupuesto anual asignado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; por lo que de ninguna forma se trata de espacios improvisados o abiertos sin previa planeación, de hecho 4 de ellos fueron habilitados como Refugios Temporales para personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, cubriendo con toda la normatividad que ya ha sido mencionada en los párrafos anteriores, destacando que para su operación no se recibe ningún tipo de aportación económica proveniente de la sociedad civil, por lo que la desviación de recursos durante su operación no es probable, ya que se trata de recursos 100 por ciento públicos auditables y sujetos a evaluaciones relacionadas con metas presupuesta les y físicas por diferentes órganos de gobierno.

Lo anterior ara los efectos a que haya lugar.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2018.— Licenciado César Alejandro González Reyna, director jurídico.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Licenciado César Alejandro González Reyna, director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social.— Presente.

Por medio del presente y en atención a su oficio SDS/DJ/ 228/ 2018 en el que hace referencia al diverso SG/CEUPA/ 63/2018 suscrito por la Coordinadora de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno dela Ciudad de México, en el que anexa copia del DGPL 63 II-1-3243, donde el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual, se solicita atender el punto de acuerdo que aprobado por el pleno que a la letra señala

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del gobierno de la Ciudad México, para que en el marco de sus respectivas atribuciones, lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios en los albergues de la demarcación bajo condiciones de estancia digna, entre ellas sanitarias, de esparcimiento y seguridad.

Por lo que con fundamento en las funciones y atribuciones de esta Dirección General, me permito hacer de su conocimiento que el Instituto de Asistencia e Integración Social tiene a su cargo la operación de los 10 Centros de Asistencia e Integración Social y el Hogar Ciudad de México que se encuentran ubicados en diferentes delegaciones políticas de esta ciudad: estos centros operan las 24 horas del día los 365 días del año y prestan servicios sociales a favor de las personas en situación de calle y en abandono social de forma ininterrumpida y, todos cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas exigidas por la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México: la prestación de los servicios se encuentra regulada en el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social dictamen 13/2013.

La dignidad, seguridad y derechos humanos de las personas que reciben los servicios sociales en estos espacios se encuentra garantizada en el artículo 1o. constitucional, el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras, la Carta de los Derechos Ciudadanos así como las políticas de actuación para la prevencion de actos de discriminación en el Servicio Público de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicadas en Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de abril del 2017.

Estos centros se encuentran en operación desde 2001 en el que fue creado el instituto y cuenta con un presupuesto anual asignado por esa honorable Asamblea Legislativa, por lo que de ninguna forma se trata de espacios improvisados o abiertos sin previa planeación, de hecho 4 de ellos fueron habilitados como refugios temporales para personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017, cubriendo con toda la normatividad que ya ha sido mencionada en los párrafos anteriores. destacando que para su operación no se recibe ningún tipo de aportación económica proveniente de la sociedad civil por lo que la desviación de recursos durante su operación no es probable, ya que se trata de recursos 100 por ciento públicos auditables y sujetos a evaluaciones relacionadas con metas presupuestales y físicas por diferentes órganos de gobierno.

Por lo expuesto, y con base en los artículos 1o., 8o. y 16 constitucionales; 1 y 47, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 1o., 7, fracción VI, numeral 5, 37 y 64 Quáter del Reglamento Interior de la Administración Pública, tenga por atendido el presente oficio.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2018.— Maestro Héctor Maldonado San Germán (rúbrica), director general.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite al promovente.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones del Jefe de Gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 10, 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al Manual Administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número SEDU/DEAJ/SCAJ/048/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, signado por la licenciada H. Berenice Cárdenas López, subdirectora contenciosa y de Análisis Jurídico en la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar D.G.P.L. 63-II-2-2647, por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a impulsar acciones y políticas públicas que. permitan destinar mayores recursos a las escuelas primarias y secundarias rurales en sus municipios, con miras a lograr el acceso universal a la educación primaria y secundaria obligatoria.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2018.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.— Presente.

En atención al oficio SG/CEL/PA/26/2018 que remite a esta Secretaría, en referencia al punto de acuerdo que aprobó la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión sobre lo siguiente:

“Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, hace un atento y respetuoso exhorto a los gobiernos de las 32 entidades federativas a impulsar acciones y políticas públicas que permitan destinar mayores recursos a las escuelas primarias y secundarias rurales en sus municipios, con miras a lograr el acceso universal a la educación primaria y secundaria obligatoria.”

Me permito hacer de su conocimiento que se ésta Secretaría de Educación de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia toma nota del exhorto realizado, en ese contexto y además con fundamento en el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013, que a continuación se inserta:

Quinto. Para el caso del Distrito Federal y en tanto no se lleve a cabo el proceso de descentralización educativa en esta entidad federativa, las atribuciones relativas a la educación inicial, básica –incluyendo la indígena– y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás disposiciones señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal, a la Secretaría, a través de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

Esta secretaría se encuentra imposibilitada para atender lo solicitado, en virtud de que a la fecha los servicios educativos a nivel inicial y básico (preescolar, primaria y secundaria), no han sido descentralizados, motivo por el cual, actualmente éstos se encuentran a cargo de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.

No obstante lo anterior, esta secretaría en el ámbito de su competencia y atribuciones, considera como parte de sus acciones prioritarias garantizar el acceso universal a la educación, por ello se trabaja en el programa Maestr@ en Tu casa.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2018.— Licenciada Berenice Cárdenas López (rúbrica), subdirectora Contenciosa y de Análisis Jurídico.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Punto de Acuerdo

La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, hace un atento y respetuoso exhorto a los gobiernos de las 32 Entidades Federativas a impulsar acciones y políticas públicas que permitan destinar mayores recursos a las escuelas primarias y secundarias rurales en sus municipios, con miras a lograr el acceso universal a la educación primaria y secundaria obligatoria.

La Secretaría de Educación de la Ciudad de México, dentro del marco de sus funciones ofrece el Programa Maestr@ en tu Casa, que tiene como objetivo brindar atención educativa a los habitantes de la Ciudad de México, donde se estima que el rezago educativo afecta a casi 3 millones y medio de personas. Este programa busca ofrecer oportunidades de acceso a la educación básica y gratuita a todas las personas mayores de 15 años, sin importar su condición socioeconómica o cultural.

Mestr@ en tu Casa pretende ofrecer también una preparación integral para los adultos al incluir la alfabetización digital y la formación laboral dentro de sus objetivos, ya que es ineludible que los conocimientos tecnológicos representan una importante herramienta en la formación de las competencias esenciales para el desarrollo social y laboral en nuestra actualidad.

Es por ello que a través de 500 enlaces educativos y de 198 maestr@s comunitarios recorren las calles para atender hasta 13,400 personas que requieran los servicios educativos de alfabetización, primaria, secundaria, bachillerato, formación laboral y alfabetización digital en las 16 delegaciones políticas de nuestra Ciudad.

Tiene como objetivos primordiales: el de realizar el proceso de identificación de la población en condiciones de rezago educativo e integrar grupos de estudio para desarrollar las acciones educativas.

A partir de ello, otorgar servicios de alfabetización a través de un modelo educativo con enfoque comunitario y servicios de alfabetización digital a través de un modelo educativo andragógico con enfoque en competencias.

Además otorgar servicios de primaria y secundaria en personas mayores de 15 años y más a través de un modelo educativo comunitario para la certificación mediante las instituciones autorizadas.

El programa permite vincular a las personas mayores de 15 años y más que no han concluido el nivel medio superior con las instancias educativas correspondientes para su certificación.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite al promovente.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, gobiernos de los estados y autoridades municipales; y de lo dispuesto en los artículos 1o, 7o. y 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y en el manual administrativo correspondiente, por este medio adjunto el oficio número INMUJERES-CDMX/ DG/ 0053/ 01-2018, de fecha 24 de enero de 2018, signado por la doctora Teresa Incháustegui Romero, directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la entonces Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y comunicado mediante el similar DGPL 63-II-3-3049, por el que se solicita a las entidades federativas que cuentan con la declaratoria de alerta de violencia de género, incluida la violencia feminicida, para que en el marco de sus respectivas atribuciones difundan la información general y estadística sobre los casos de violencia de género, a fin de promover la transparencia de dicha información.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2018.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.— Presente.

Por medio del presente y en atención del oficio número SG/ CEL/ PA/ 24/ 2018, de fecha 19 de enero de 2018, hago de su conocimiento que si bien el 7 de septiembre de 2017 fue solicitada la declaración de la alerta de violencia de género para la Ciudad de México, ésta no ha sido decretada, por lo que a la fecha esta entidad federativa no cuenta con la alerta referida.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de enero de 2018.— Doctora Teresa Incháustegui Romero (rúbrica), directora general.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite al promovente.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones del Jefe de Gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 10, 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al Manual Administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número SC/C1/051/2018, de fecha 6 de febrero de 2018, signado por la licenciada María Cortina Icaza, coordinadora Interinstitucional en la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión y comunicado mediante el similar D.G.P.L.63-II-4-3016, por el que se exhorta a las instituciones encargadas de propiciar el desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales en las 32 entidades federativas del país, a promover la infraestructura física y aplicar recursos financieros y materiales para hacer efectivo el ejercicio de los derechos culturales de la población.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2018.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.— Presente.

En atención al oficio SG/CEL/PA/33/2018, por el que nos informa del oficio número D.G.P.L. 63-II-4-3016, de fecha 17 de enero del 2018, suscrito por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual se hace del conocimiento del punto de acuerdo emitido por el referido órgano legislativo federal, en el que se exhorta a las instituciones encargadas de propiciar el desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales en las 32 entidades federativas del país, a promover la infraestructura física y aplicar recursos financieros y materiales para hacer efectivo el ejercicio de los derechos culturales de la población.

Al respecto le comunico lo siguiente:

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, de conformidad a lo contenido en la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, tiene como uno de sus objetivos el de fomentar el conocimiento, difusión, promoción y estímulo al desarrollo de la cultura y las artes, y de los derechos culturales conforme a la diversidad y pluralidad cultural y propiciar las múltiples formas de cohesión social de los grupos, comunidades y colectivos culturales de la Ciudad de México.

Así se desarrollan las actividades, de acuerdo también al Programa de Fomento y Desarrollo Cultural (2014-2018) de esta secretaría.

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2018.— María Cortina Icaza (rúbrica), coordinadora interinstitucional en la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite al promovente.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, gobiernos de los estados y autoridades municipales; y de lo dispuesto en los artículos 1o, 7o. y 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y en el manual administrativo correspondiente, por este medio adjunto el oficio número SC/ CI/ 065/ 2018, de fecha 9 de febrero de 2018, signado por la licenciada María Cortina Icaza, coordinadora interinstitucional en la Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y comunicado mediante el similar DGPL 63-II-4-3060, por el que en el numeral tercero se exhorta a la Secretaría de Cultura del gobierno federal y sus homólogas de los estados y de la Ciudad de México a implantar medidas para fomentar el uso de juguetes tradicionales en espacios públicos recreativos y culturales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2018.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.— Presente.

En atención del oficio número SG/ CEL/ PA/ 61/ 2018, por el que nos informa del similar DGPL 63-II-4-3060, de fecha 24 de enero del 2018, suscrito por el entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante el cual se hace del conocimiento del punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura del gobierno federal y sus homólogas en los estados y de la Ciudad de México a implantar medidas para fomentar el uso de juguetes tradicionales en espacios públicos recreativos y culturales.

Al respecto, informo lo siguiente:

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México promueve y fomenta el aprovechamiento de la imaginación infantil con el uso recreativo de los juguetes tradicionales en amplias zonas de la ciudad, a través de talleres, cursos y actividades lúdicas que desarrollan nuestras áreas de cultura infantil, sistema de faros y vinculación comunitaria, desde donde atienden a esta población, promoviéndolas en espacios culturales propios y delegacionales, en ferias de artesanías y tradicionales.

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2018.— Licenciada María Cortina Icaza (rúbrica), coordinadora interinstitucional.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite al promovente.

———————— o ————————

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones del Jefe de Gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 10, 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al Manual Administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número XOCH13- DEG/138/2018, de fecha 12 de febrero de 2018, signado por la ciudadana Rosaura Salas Mancio, directora de Equidad, Género y Asistencia Médica Social en la Delegación de Xochimilco, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la entonces Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar D.G.P.l.63-II-6-2924, por el que se exhorta a las autoridades competentes en los estados y municipios con la finalidad de que, en el ámbito de sus competencias y en la medida de sus posibilidades presupuestarias, implementen todas las medidas necesarias para ejecutar acciones con padres y madres de familia, así como docentes que ayuden a dar un mayor impulso a la campaña de las tres “C”, confíe, créales y comuníqueles, a fin de evitar el abuso sexual en las niñas, niños y jóvenes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de febrero de 2018.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Ciudadano José Francisco Acevedo García, subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública.— Presente.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo me permito enviarle las acciones relacionadas a la campaña de las tres “C”, a fin de evitar el abuso sexual en las niñas, niños y jóvenes las cuales son:

• Platicas de prevención de abuso en las escuelas de educación básicas primaria Ignacio Ramírez, Quirino Mendoza y Cortés, colegio Batallón de San Patricio, impartidas por la Policía Federal.

• Jornadas de Concientización en escuelas secundarias 338, 290, 305, de la delegación Xochimilco.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2018.— Ciudadana Rosaura Salas Mancio (rúbrica), directora de Equidad, Género y Asistencia Médica Social en la Delegación de Xochimilco.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Ciudadano Avelino Méndez Rangel, jefe delegacional en Xochimilco.— Presente.

Por instrucciones de la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 32 Ter del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y por las facultades conferidas a la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública del Distrito Federal en el Manual Administrativo de la Secretaría de Gobierno en el apartado de funciones publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 26 de noviembre de 2013, se hace de su conocimiento lo siguiente:

Derivado del punto de acuerdo turnado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mismo que remitió mediante el oficio D.G.P.L.-63-II-6-2924, me permito informar que se solicita al órgano desconcentrado que representa la realización de las siguientes acciones:

“Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto a las autoridades competentes en los estados y municipios con la finalidad de que, en el ámbito de sus competencias y en la medida de sus posibilidades presupuestarias, implementen todas las medidas necesarias para ejecutar acciones con padres y madres de familia, así como docentes que ayuden a dar un mayor impulso a la campaña de las tres “C”, confíe, créales y comuníqueles, a fin de evitar el abuso sexual en las niñas, niños y jóvenes”. sic

En virtud de lo anterior, es menester que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que sean implementadas las medidas necesarias en el ámbito de sus atribuciones con el propósito de atender el punto de acuerdo en comento.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, me permito solicitarle que, en un término breve, sea enviada la información solicitada, a fin de dar cumplimiento al referido punto de acuerdo y estar en condiciones de otorgar una respuesta al órgano legislativo citado contando con el puntual seguimiento del asunto que nos ocupa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 1 de febrero de 2018.— José Francisco Acevedo García (rúbrica), subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública »

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite al promovente.

INICIATIVAS DE SENADORAS Y SENADORES



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de febrero de 2018.— Senador Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

« Miguel Romo Medina, senador de la República del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, fracción I, 164, numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La sociedad mexicana ha transitado por un proceso de modernización institucional, el cual generó nuevas dinámicas sociales, económicas e institucionales con el objeto de mantenerse a la par de la comunidad internacional, tanto en el ámbito económico como social. Este proceso de transformación propiciado por las interrelaciones sociales y económicas genera la necesidad en el Estado mexicano de mantener un sistema normativo armonizado que sea sabedor de los cambios socioeconómicos y de las futuras necesidades de la sociedad mexicana.

Una de las trasformaciones más evidentes que ha tenido el Estado mexicano consiste en el crecimiento de las áreas económicas y financiaras. El México edificado a principios del siglo XX se ha convertido en un importante sector financiero que impulsa el crecimiento económico de capital interno y externo. En los últimos 20 años, nuestro país hizo gala de un crecimiento financiero inusitado provocando la proliferación de entidades financieras debido a la demanda generalizada por servicios especializados en el ámbito financiero, lo cual se traduce en un estado de competitividad continua que permite a los usuarios el acceso a mejores propuestas en cuanto a servicios financieros.

En términos del artículo 15-C del Código Fiscal de la Federación, las entidades financieras se definen como las instituciones de crédito, instituciones de seguros que ofrecen seguros de vida, administradoras de fondos para el retiro, uniones de crédito, casas de bolsa, sociedades financieras populares, sociedades de inversión en renta variable, sociedades de inversión en instrumentos de deuda, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades que presten servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión.

El crecimiento financiero en nuestro país permitió pasar de 35 bancos en el año 2000 a más de 48 instituciones de banca múltiple y de sectores específicos con los que se cuentan en la actualidad. El otorgamiento de nuevas concesiones ha permitido la introducción de capitales internos y externos en el sector bancario, generando recursos económicos de múltiples rubros para la sociedad mexicana, tales como: la inversión y desarrollo de infraestructura financiera; la generación de empleos y el impuso de la economía familiar; así como el acceso al crédito para el crecimiento y proliferación en las pequeñas y medianas empresas, sólo por mencionar algunos ejemplos. De igual manera, las diversas entidades financiarías han tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, evidenciando la diversidad de servicios financieros con los que actualmente cuenta la sociedad mexicana.

En ese sentido, “el sistema financiero se compone por un conjunto de organismos e instituciones que captan, administran y canalizan la inversión y el ahorro nacional e internacional del país.” En la actualidad, es innegable la relevancia del sistema financiero en la cohesión económica y crediticia de nuestro país. La sociedad mexicana cada vez accede a más servicios financieros, ya sea desde la contratación de un seguro de vida, pasando por la inversión de fondos para el retiro, hasta la inversión y administración de capital que genere la creación de grandes empresas nacionales y trasnacionales. En suma, los servicios financieros son una actividad jurídica cotidiana en la sociedad mexicana, y han abierto nuevas posibilidades económicas para el país.

El crecimiento del sistema financiero en México ha tenido un proceso de estructuración acorde a las necesidades económicas del país. En la década de los ochentas pasó por un proceso que dinamitó su competitividad tanto localmente como internacionalmente, lo que acarreó la necesidad de coadyuvarlo desde el ámbito legislativo, con el objeto de darle mayor competitividad y facilidad para el flujo económico a gran escala, lo que ocasionó, una derrama económica importante para el país.

Las entidades financieras fueron restructuradas legislativamente por medio de una serie de reformas expedidas a través ordenamientos legales en el ámbito federal. El marco normativo de las entidades financieras se conforma por el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Mercado de Valores, Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, entre otros ordenamientos específicos a cada actividad financiera. Lo anterior nos evidencia el amplio proceso social y legislativo tendiente a dar flexibilidad y libertad competitiva a los servicios financieros, lo que se vio reflejado en la consolidación de una banca múltiple que abrió la posibilidad de nuevas agrupaciones de servicios.

Ante el desarrollo histórico de los servicios financieros en nuestro país, aunado a la consolidación de la banca múltiple, el sistema financiero se abrió ante la posibilidad de contemplar a las sociedades controladoras y a la intermediación financiera no bancaria, lo que permitió construir grupos que ofrecían una variedad de servicios acercándonos así en la conformación de una banca universal. La apertura del sistema financiero se vio nuevamente reflejada al regular los grupos financieros mediante la expedición de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras del 2014, apuntalando la modernización de estos servicios al permitir y regular nuevas formas de constituir y administrar entidades financieras, con el objeto de fortalecer dichos servicios y mejorar la calidad prestada al usuario final.

Lo anterior, se enmarca en un proceso legislativo que ha tenido por objeto regular los servicios financieros en aras del crecimiento económico y de la mejora de estos servicios hacia los usuarios finales. Sin embargo, el desarrollo que han tenido las entidades financieras y los grupos financieros, también han dejado opacidad legislativa al momento de determinar las facultades del Congreso de la Unión, en lo referente a la política hacendaria y a la determinación de las contribuciones a las que se someten este tipo de instituciones financieras. La transformación y fusión de entidades financieras ha dejado desfasada la norma constitucional, la cual establece en su artículo 73:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad

I. a XXVIII. ..

XXIX. Para establecer contribuciones:

1 y 2 ...

3. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;

...

El Congreso de la Unión tiene la facultad de establecer las contribuciones conforme a los rubros indicados por la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, al especificar esta facultad al ámbito financiero, se evidencia una conceptualización legal anacrónica al proceso legislativo por el que ha transitado el sistema financiero mexicano, al ser omisa sobre la variedad de entidades, servicios y agrupaciones que en la actualidad conforman al sistema financiero, el cual ya no se compone únicamente por las instituciones de seguros y crédito, lo cual puede causar inexactitud jurídica o falta de certidumbre en la norma positiva.

Si bien las leyes federales determinan las contribuciones a las que están sujetas las instituciones que integran al sistema financiero; también es cierto que existe una discrepancia con la norma constitucional, lo cual desarticula una de las máximas encomiendas que tiene el Legislativo a su cargo. Por ello, es menester actualizar y armonizar el enunciado normativo constitucional, especificando en su literalidad a las entidades y grupos financieros como instituciones que ya se encuentran contempladas y reguladas en los ordenamientos jurídicos del ámbito federal que rigen al Sistema Financiero mexicano; toda vez que la acción legislativa, debe procurar en todo momento mantener una simetría jurídica entre la disposición normativa y los elementos que conforman a la realidad social, manteniendo en todo momento el principio de certidumbre y objetividad que reviste a la norma positiva.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

Proyecto de Decreto

Único. Se reforma el numeral 3 de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad

I a XXVIII ...

XXIX. Para establecer contribuciones:

1. y 2. ...

3. Sobre cualquier tipo de entidad financiera y agrupación financiera;

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Morales Gutiérrez, Francisco Javier y García Muñoz, Gerardo, Sistema financiero y actividad económica en México: negocio y divergencia del sector bancario, en Análisis Económico, Universidad Autónoma Metropolitana, número 67, vol. XXVII, 2013, p. 173.

2 Carbajal Arenas, Ulia, La Hacienda Pública y la transformación del sistema financiero mexicano en el siglo XIX, en Análisis Económico, Universidad Autónoma Metropolitana, número 66, volumen XXVII, 2012, p. 308.

Senado de la República, febrero de 2018.— Senador Miguel Romo Medina (rúbrica).»

El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



LEY FEDERAL DE DERECHOS

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 192-D; 224, fracciones I y IV; y 282 fracción VI de la Ley Federal de Derechos.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2018.— Senadora Graciela Ortiz González (rúbrica), vicepresidenta.»

«Las que suscriben, senadoras Carmen Dorantes Martínez, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Arauja Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, María del Carmenlzaguirre Francos, María Verónica Martínez Espinoza, María del Rocío Pineda Gochi, Ainara Rementería Coello, María Lucero Saldaña Pérez y los senadores Esteban Albarrán Mendoza, Enrique Burgos García, Jesús Casillas Romero, Manuel Humberto Cota Jiménez, Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, Aarón Irízar López, Armando Neyra Chávez, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Raúl Aarón Pozos Lanz, Jesús Priego Calva, Ricardo Urzúa Rivera y Rubén Antonio Zuarth Esquinca, integrantes de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164, numeral 1, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 192-D, 224, fracciones I y IV, 282 fracción VI, de la Ley Federal de Derechos al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La producción mundial de pescado sigue creciendo a mayor ritmo que la población mundial y la acuacultura se mantiene como uno de los sectores de producción de alimentos de más rápido crecimiento.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la acuacultura, es posiblemente el sector de producción de alimentos de crecimiento más acelerado, hoy representa casi el 50 por ciento de los productos pesqueros mundiales destinados a la alimentación.

La actividad acuícola nacional, al igual que las actividades agrícolas y pecuarias, genera alimentos de alta calidad nutricional, indispensables para mejorar la nutrición y por ende la calidad de vida de los mexicanos.

En nuestro país, según información de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura en la actualidad existen más de 3 mil granjas acuícolas, cuya producción se destina principalmente al consumo doméstico. La producción acuícola se estima en más de 130 mil toneladas de camarón, 71 mil de tilapia, 24 mil de carpa y 5 mil de trucha, además de otras especies en menor proporción.

La acuacultura si bien se ha venido desarrollando a través de los años, aún no ha alcanzado su plenitud, para el año 2013 se logró una producción acuícola de 246 mil toneladas en peso vivo, para 2014 fue de 325 mil y para el año anterior se estimó esta producción en 332 mil toneladas, situación que refleja la poca explotación que se le ha dado a este tipo de producción.

A principios de este año se tenían identificadas 115 mil 910 hectáreas dedicadas a la acuacultura, las cuales generaban una cantidad importante de productos alimenticios para la población.

Es necesario mencionar que el volumen de la producción acuícola representa aproximadamente el 13 por ciento de la producción total, sin embargo, la calidad de su producción hace que su valor agregado sea mayor, razón por la cual representa el 39 por ciento del valor total de la producción.

Estas cifras nos permiten dimensionar la importancia de esta actividad, sin duda, la acuacultura en nuestro país representa una alternativa alimenticia viable en el marco de la seguridad alimentaria y como actividad productiva generadora de empleos y oportunidades de negocio para amplios sectores de la población, incluidas las comunidades rurales.

La acuacultura y la pesca son un tema de gran relevancia en la agenda del Congreso de la Unión, hemos aprobado reformas que fortalecen esta actividad económica; sin embargo, persiste la falta de armonización entre las leyes que regulan su funcionamiento convirtiéndose en una de las principales causas que frenan su desarrollo.

El 5 de diciembre de 2014, se publicó el Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, entre las que se modifica el artículo 4, incluyendo las siguientes definiciones de:

IV Bis. Acuacultura Industrial: Sistema de producción de organismos acuáticos a gran escala, con alto nivel de desarrollo empresarial y tecnológico y gran inversión de capital público o privado.

IV Ter. Acuacultura rural: Sistema de producción de organismos acuáticos a pequeña escala, realizada de forma familiar o en pequeños grupos rurales, llevada a cabo en cultivos extensivos o semi-intensivos, para el autoconsumo o venta parcial de los excedentes de la cosecha;

Posteriormente, el 24 de marzo del 2016 se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de aguas nacionales.

Con esta reforma se incluye la definición de “Aprovechamiento de paso” y se precisa el concepto de “Uso en acuacultura” para brindar mayor certeza jurídica a los pescadores. Reduce el costo del agua que se utiliza para la actividad acuícola, al homologar su uso y aprovechamiento al del sector agrícola o ganadero del país.

Sin duda, hemos avanzado en esquemas que fomentan y fortalecen la acuacultura; no obstante, en la Ley Federal de Derechos se establecen diversas disposiciones como:

• Pago de derecho asociado a la concesión del agua por su aprovechamiento.

• Ocupación de zona federal.

• Instalación de medidores.

• Pago de derechos por descarga.

• Análisis de la calidad del agua que deben realizarse en laboratorios acreditados, para demostrar su mínimo impacto.

La presente iniciativa propone reformar la Ley Federal de Derechos en sus artículos 192-D, 224 y 282, con el propósito de que los productores acuícolas rurales tengan una menor carga fiscal, contribuyendo a la seguridad alimentaria y para el caso de la acuacultura de mediana y pequeña escala que son generadoras de empleo y arraigan a la población se verán favorecidas al verse exentas del pago por la descarga de sus aguas y/o la realización de análisis del agua para demostrar su bajo impacto ambiental, lo que repercutirá también en un incremento en la producción.

Siendo congruente con lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la República en su Objetivo 4.10 “Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país” y la Estrategia 4.10.4 que establece: “Impulsar el aprovechamiento sustentable de los, recursos naturales del país a través de prácticas sustentables en las actividades acuícolas, agrícola y pecuaria”.

De aprobarse la presente iniciativa, incidiremos de manera positiva para disminuir el riesgo de abandono de la actividad y desactivaremos posibles conflictos sociales, producto de las sanciones administrativas por incumplimiento.

Se promoverá la sustentabilidad y uso eficiente del agua, ya que el aprovechamiento del agua en actividades acuícolas no representa un consumo, a diferencia de la agricultura en donde el agua se infiltra al subsuelo o es absorbida por las plantas y en la ganadería consumido por los animales. En esta actividad el agua entra a los estanques, es almacenada y en algunos casos devuelta casi en los mismos volúmenes, pues solo se pierde por evaporación.

La carga de materia orgánica que pudiera originarse por esta actividad que proviene de las excretas de los peces, o el alimento no consumido, se presentan en concentraciones que pueden tener hasta una depuración natural en el medio ambiente o ser utilizado en la agricultura, a manera de fertilizante, dando un valor adicional a su aprovechamiento.

La siguiente tabla compara las modificaciones propuestas en la presente iniciativa:

Con estas modificaciones se apoyará a esta actividad en busca de promoverla y que siga creciendo la producción acuícola que si bien, actualmente es mínima, el potencial que presenta es enorme y representa una gran ayuda para la población que se dedica a esta actividad.

En suma, se trata de abonar al desarrollo de una actividad muy noble y con alto impacto social que a la par de generar sustento a las familias de bajos ingresos, fomenta una alimentación sana y nutritiva.

Esta iniciativa no incluye a la acuacultura industrial, la cual, por sus volúmenes de producción y objetivos si pueden cumplir con el pago de derechos relacionados con el aprovechamiento del agua.

En primera instancia se estaría beneficiando de forma importante a estados sin litoral reconocidos por sus destacados volúmenes de producción entre los que podemos mencionar al Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Zacatecas y San Luis Potosí, así como también a otros con una producción acuícola modesta, pero con gran potencial como Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Durango, Chihuahua, Tlaxcala, Aguascalientes, Nuevo León e inclusive la Ciudad de México.

La presente iniciativa modifica 3 artículos de la Ley Federal de Derechos con lo cual se homologan los criterios en cuanto a pago de derechos se refiere, entre la agricultura, ganadería y acuacultura, exceptuando de este beneficio a la acuacultura industrial, es importante destacar que, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la recaudación por extracción, uso o aprovechamiento de aguas nacionales para la acuacultura fue de 400 mil pesos en 2013, esto significa que la presente reforma no tendría un impacto significativo en las finanzas públicas. Por el contrario los beneficios serían muchos y por ello, se enumeran a continuación los más importantes:

• La acuacultura está considerada como una actividad estratégica para garantizar la seguridad alimentaria, obteniendo tan solo en el ámbito rural aproximadamente 36,664 toneladasanuales de pescado en promedio, lo que significa el 14.91 por cientode la producción acuícola nacional (Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013).

• Promueve el desarrollo rural, ya que actualmente la acuacultura, genera alrededor de 70,000 empleoscontribuyendo al arraigo de la población.

Brinda certeza jurídica para los acuacultores al facilitar su regularización ya que actualmente solo 713 de9,230 unidades de producción acuícola registradas (CONAPESCA 2013), cuentan con concesión (Registro Público de Derechos del Agua Mayo/16).

• Promueve la sustentabilidad y uso eficiente del agua. La actividad acuícola genera alimento de alto valor nutritivo y no gasta o contamina el agua, acorde con LGDRS en sus Art. 4, 55, 165 y 169 así como de las políticas mundiales

• Apoya el desarrollo económico del sector, al facilitar el acceso a los acuacultores a incentivos gubernamentales y créditos para el sector, contribuyendo a la rentabilidad de la actividad al eliminar el pago de los derechos.

Es en base a estas consideraciones que someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único: Se reforman los artículos 192-D, 224, fracciones I y IV, y 282 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 192-D. No pagarán los derechos a que se refieren los artículos 192 y 192-A, fracciones II, III y V del presente Capítulo, los usuarios de aguas nacionales, zona federal y descarga de aguas residuales, que se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias o de acuacultura rural,y el uso doméstico que se relacione con estos usos y las localidades rurales iguales o inferiores a 2,500 habitantes.

Artículo 224. No se pagará el derecho a que se refiere este Capítulo, en los siguientes casos:

I. Por la extracción o derivación de aguas nacionales que realicen personas físicas dedicadas a actividades agrícolas, pecuarias y acuacultura rural, para satisfacer las necesidades domésticas y de abrevadero, sin desviar las aguas de su cauce natural.

II. al III. ...

IV. Por los usos agrícola, pecuario y acuacultura exceptuando la industrial, definidos como tales en las leves de Acuacultura y Pesca Sustentables y de Aguas Nacionales y siempre que sus procesos se efectúen de forma indivisa, incluyendo a los distritos y unidades de riego, así como a las juntas de agua, con excepción de las usadas en la agroindustria, hasta por la dotación autorizada a los distritos de riego por la Comisión Nacional de Agua o, en su caso hasta por el volumen concesionado.

Artículo 282. No estarán obligados al pago del derecho federal a que se refiere este Capítulo:

I. al V ...

VI. Por las descargas provenientes del riego agrícola y la acuacultura exceptuando la industrial.

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/yucatan/Boletines/ Paginas/201405B073.aspx

2 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/EAM2014.pdf

3 http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2015B812.aspx

Fuentes:

– Conagua

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07 /Publicaciones/Publicaciones/EAM2014.pdf

– Sagarpa

http://www.sagarpa.gob.mxlsaladeprensa/2012/Paginas/2015B812.aspx http://www.sagarpa.gob.mxlDelegaciones/yucata n/Boletines/Paginas/201405B073.aspx http://www.sagarpa.gob.mxlDelegaciones/distritofederal/boletines/ Paginas/JAC_00135_15.aspx

– Conapesca

http://www.conapesca.gob.mxlwb/cona/estadisticas_de_produccion_pesquera

FAO http://www.fao.org/3/a-i5555s.pdf

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, a los 20 días del mes de febrero del año de dos mil dieciocho.— Senadores: Carmen Dorantes Martínez, Aarón Irízar López, María del Carmen Izaguirre Francos, Jesús Priego Calva, Manuel Humberto Cota Jiménez, Esteban Albarrán Mendoza, María del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth Hernández Lecona, Luisa María Calderón Hinojosa, María Verónica Martínez Espinoza, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Tereso Medina Ramírez, María Lucero Saldaña Pérez, Ivonne Liliana Álvarez García, Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, Margarita Flores Sánchez, Jesús Casillas Romero, Enrique Burgos García, Armando Neyra Chávez, Ricardo Urzúa Rivera, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, Ainara Rementería Coello, Hilda Esthela Flores Escalera, Sandra Luz García Guajardo (rúbricas).»

El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan disposiciones a los artículos 74 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2018.— Senadora Graciela Ortiz González (rúbrica), vicepresidenta.»

«La suscrita, Marcela Guerra Castillo, senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164, numeral 1, y 171 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan disposiciones a los artículos 74 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce al campo como un sector estratégico. “Se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, que también sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales”.

Para lograr estos objetivos se propone un régimen fiscal adecuado para que el sector permita incrementar los precios que reciban los productores primarios, como incentivo para la productividad y la participación en mayor grado en la cadena de valor. Con esto, se favorece su integración a la cadena de valor y, a su vez, su formalización, lo cual permitirá ampliar no solo la base gravable sino también su nivel de ingresos. Es importante fomentar la participación del productor primario en toda la cadena de valor. Sólo así se logrará un mayor ingreso y con ello, la posibilidad de realizar una mayor inversión y, consecuentemente, ofrecer nuevas oportunidades de trabajo en el campo.

Ante esto se propone adicionar un párrafo al artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta “LISR” para extender el régimen preferencial a toda la cadena de valor. El actual artículo 74 excluye la comercialización y distribución al otorgar exclusivamente la preferencia a los productores. Excluye la integración de productores primarios para proveerse de insumos, para mejorar los procesos de beneficio, la producción conjunta, el transporte, el manejo, el procesamiento y la comercialización, así como la distribución. Esto ocasiona un distanciamiento entre consumidores y productores que no favorece el desempeño de la cadena de valor.

El objetivo es justamente incluir la comercialización con el fin de acabar con la discriminación que implica distanciar al productor primario de los eslabones más valiosos de la cadena. Para lograr esto, se proponen dos adiciones a la LISR: al artículo 74, del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras y al artículo 180 relativo a los precios de transferencia.

En cuanto al artículo 74, la propuesta específica que quedaría sujeta a cumplir con sus obligaciones fiscales conforme al régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras del ISR, las personas morales que se integren en una sociedad para procesar, transportar y comercializar sus productos agrícolas, pecuarios o pesqueros. Además, se detalla que estas sociedades podrán trasladar el precio final de venta menos los costos del proceso productivo, de transporte y de comercialización a sus socios manteniendo el régimen fiscal agropecuario, siempre y cuando el 80 por ciento del total de operaciones sea con ellos.

Para ello, se propone la adición de un párrafo al artículo 74 de la Ley del ISR, para quedar como sigue:

Cuando dos o más personas se integren en una sociedad para producir, procesar, transportar y comercializar los productos agrícolas, pecuarios o pesqueros; podrán trasladar el precio final de venta menos los costos del proceso productivo, transporte y comercialización a sus socios manteniendo el régimen fiscal al que se refiere este artículo, siempre y cuando el 80 por ciento del total de operaciones sea con ellos.

Se presenta también lo propuesto para el artículo 180 a fin de favorecer el funcionamiento del sector agropecuario en su conjunto y evitar la brecha entre productores y consumidores. Respecto a dicho artículo, con la finalidad de que el régimen sea verdaderamente simplificado y se eviten ambigüedades de interpretación, se establece que dichas sociedades no estarán sujetas a la reglas aplicables por las Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1995, o aquellas que las sustituyan. Para ello, se propone la adición de un párrafo al artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta:

A las sociedades de dos o más personas a las que se hace referencia el artículo 74 de esta ley, no les serán aplicables las Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1995, o aquellas que las sustituyan.

Con los cambios, los productores primarios de las actividades agrícolas, ganadoras, silvícolas y pesqueras podrían extender el régimen preferencial del propio artículo 74 a la comercialización y la distribución; es decir, hacia los procesos de beneficio, la producción conjunta, el transporte, el manejo, el procesamiento y la comercialización.

El régimen fiscal actual no permite la integración de los productores primarios a la cadena de valor de tal suerte que las preferencias del consumidor se vean reflejadas en su costo, y no incentiva la inversión al obstaculizar que el mercado de los productos terminados impacte la valoración que recibe el productor primario. Sin embargo, con un cambio del régimen fiscal, se permitiría que lo productores primarios se asocien entre otros para la transformación y la comercialización de sus productos, y no sólo para la producción de los bienes primarios.

Paradójicamente, hoy no existe ningún incentivo lo suficientemente atractivo para que la parte de mayor valor agregado sea compartida con la producción primaria. De ahí que se generen pocos casos de coinversión o sinergia entre el sector primario y la industria agroalimentaria. Uno de los principales problemas del campo mexicano, tal y como se reconoce en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, es que con frecuencia existe un divorcio entre la actividad productiva y las cadenas de valor que responden a las preferencias del consumidor.

Las propias condiciones de productividad del sector agropecuario, que dependen de factores de la naturaleza (lluvias, heladas, inundaciones, sequías, etcétera) o de la atomización de la producción (variaciones de precios de insumas y servicios), y de la consecuencia de una falta anímica de inversión e infraestructura, por mencionar tan sólo dos factores, reclaman, la existencia de un régimen preferencial que incentive al productor primario a lograr un mayor valor agregado a su producción y con ello mejorar su ingreso y nivel de bienestar.

En esta propuesta se busca incentivar la inversión productiva e incrementar la productividad para que el valor agregado de la cadena de producción le favorezca en mayor grado al productor primario. Este objetivo fiscal será estratégico de la actual administración de tener un campo productivo, competitivo, rentable, sustentable y justo.

El modelo que a continuación se presenta, busca medir el Costo Fiscal de extender el régimen diferenciado del sector primario, para las actividades subsecuentes y necesarias para concretar la cadena de valor hacia el consumidor. Por medio de estas adiciones a los Artículos referenciados de la Ley de ISR, se motivará la integración de productores para tener una mayor participación de la cadena de valor del producto primario.

El modelo busca medir el impacto del régimen fiscal ampliado en términos de formalización, de recaudación y de costo fiscal. Por medio del incremento de los precios pagados a los productores, captura la extensión del régimen preferencial y la plusvalía.

Con la modificación a artículos 74 de la LISR, el modelo obtuvo como resultado que el punto de equilibrio se encontró en el cincuenta y cuatro por ciento de incremento de los precios. Esto permite formalizar al cien por ciento del sector agropecuario. Con este aumento, todos los miembros del sector tienen un incentivo para formalizarse. Sería una acción concreta y clara en línea con el objetivo de la Secretaría de promover modelos de asociación que articulen a los pequeños productores con empresas agroindustriales integradoras.

Además de obtener claros beneficios fiscales de la formalización, se abonaría a favor del “Rendimiento Social” en forma sustantiva. Esto sin duda favorecerá al sector primario quien tiene la mayor inversión y un arraigo incuestionable en el campo pero quien también actualmente, conlleva los mayores riesgos.

Al implementar la propuesta se obtiene un escenario de ganar-ganar para todos, gobierno, productores y consumidores. Los logros, sin embargo no serán inmediatos, sino paulatinos, en la medida que los pequeños agricultores se van familiarizando con el esquema. De ahí que sea necesario implementarlo lo antes posible. Asimismo, es con base en dicho esquema que las empresas integradoras pueden promover el esquema y efectivamente hacer de las cooperativas modelos de asociación más productivas y competitivas. Como sucede con las cooperativas internacionales. Es importante trasladar las preferencias fiscales a las organizaciones de segundo y tercer grado donde participen los productores en los términos dela Ley de Crédito Rural y de Sociedades Mercantiles y del Marco Jurídico de las Empresas Integradoras.

Adicionalmente, la integración incentivaría a que el sector primario en esta cadena de valor se formalice para beneficiarse al vender a precios más altos y de esa manera repartir la plusvalía de los eslabones hasta los niveles, en principio, más alejados del consumidor. En este aspecto vale la pena recordar que el mejor fertilizante es el precio.

Se busca encontrar la manera más eficiente de lograr ese objetivo. Esta es incentivar la asociación de cadenas de valor para que se llegue a la meta con un sistema de preferencias fiscales. De esta manera logra evitar el esquema que se mantiene hasta ahora, en el que los productores no producen lo que se consume, ni se consume lo que se produce. Lo anterior es indispensable para lograr uno de los grandes objetivos estratégicos del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 y que el crecimiento del sector agropecuario pase del uno punto ocho por ciento promedio anual, a la tasa del tres por ciento que la Sagarpa se ha establecido como meta. Asimismo, es congruente con el objetivo de promover modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado en el sector.

A continuación, se presentan dos tablas: La correspondiente al Costo Fiscal, y la que muestra los Gastos y Presupuestos Fiscales para el campo del 2010 al 2014:

La siguiente tabla permite ver el efecto del incremento de precios del 51 por ciento en el costo fiscal. Representa el 0.13 por ciento del PIS de 2014, o solamente el seis por ciento del Presupuesto Especial Concurrente del mismo año.

Actualmente el gasto fiscal y los gastos del gobierno son enormes en los programas del gobierno federal para el campo, el presupuesto de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

En la Tabla 2 puede verse que el Presupuesto Especial Concurrente es 16 veces mayor que la extensión del régimen preferencial a toda la cadena de valor (bajo el supuesto de que todos los productores primarios para quienes tenga sentido económico formalizarse lo hagan). Puede también verse que el presupuesto de Sagarpa es cuatro veces el costo fiscal estimado y que el gasto fiscal actual es el mismo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan disposiciones a los artículos 74 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 74 y un último párrafo al artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 74. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente Capítulo, los siguientes contribuyentes:

I a III....

Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a las personas morales que tributen en los términos del Capítulo VI del Título II de esta Ley.

Cuando las personas físicas realicen actividades en copropiedad y opten por tributar por conducto de personas morales en los términos de este Capítulo, dichas personas morales serán quienes cumplan con las obligaciones fiscales de la copropiedad y se considerarán como representantes comunes de la misma.

Para los efectos de esta ley, cuando la persona moral cumpla por cuenta de sus integrantes con lo dispuesto en este Capítulo, se considerará como responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de sus integrantes, respecto de las operaciones realizadas a través de la persona moral, siendo los integrantes responsables solidarios respecto de dicho cumplimiento por la parte que les corresponda.

Las personas morales a que se refiere este Capítulo aplicarán lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley, cuando entren en liquidación.

Se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, aquéllos cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 90 por ciento de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.

Las personas morales a que se refiere este Capítulo, cumplirán con las obligaciones establecidas en esta ley conforme lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la misma, de acuerdo a lo siguiente:

I. a III. ...

Para los efectos de este artículo, las personas morales cumplirán con sus propias obligaciones y lo harán en forma conjunta por sus integrantes en los casos en que así proceda. Igualmente, el impuesto que determinen por cada uno de sus integrantes se enterará de manera conjunta en una sola declaración.

Las personas morales que no realicen las actividades empresariales por cuenta de sus integrantes, deberán cumplir con las obligaciones de este título y con el artículo 102 y 105 de esta ley.

Las personas morales a que se refiere este Capítulo no tendrán la obligación de determinar al cierre del ejercicio el ajuste anual por inflación a que se refiere el Capítulo III del Título 11 de esta Ley.

Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 20 veces el salario mínimo general elevado al año, por cada uno de sus socios o asociados siempre que no exceda, en su totalidad, de 200 veces el salario mínimo general elevado al año. El límite de 200 veces el salario mínimo, no será aplicable a ejidos y comunidades.

En el caso de las personas físicas, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 40 veces el salario mínimo general elevado al año. Las personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley.

Tratándose de personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 40 o 20 veces el salario mínimo general elevado al año, según corresponda, pero sean inferiores de 423 veces el salario mínimo general elevado al año, les será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, por el excedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción 11 de dicho párrafo, en un 40 por ciento tratándose de personas físicas y un 30 por ciento para personas morales. Las personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley.

Tratándose de sociedades o asociaciones de productores, que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, constituidas exclusivamente por socios o asociados personas físicas y que cada socio o asociado tenga ingresos superiores a 20 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, sin exceder de 423 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, sin que en su totalidad los ingresos en el ejercicio de la sociedad o asociación excedan de 4 mil 230 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, le será aplicable lo dispuesto en el décimo primer párrafo, por el excedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción II de dicho párrafo, en un 30 por ciento.

Las personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio rebasen los montos señalados en el décimo segundo párrafo, les será aplicable la exención prevista en el décimo primer párrafo de este artículo, por el excedente, se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo y será aplicable la reducción a que se refiere el décimo segundo párrafo de este artículo hasta por los montos en él establecidos. Las personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley.

Tratándose de las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, para calcular el impuesto que corresponda a dividendos o utilidades distribuidos, en lugar de lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán multiplicar los dividendos o utilidades distribuidos por el factor de que se obtenga de dividir la unidad, entre el factor que se obtenga de restar a la unidad el resultado de dividir el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo, entre la utilidad o los dividendos distribuidos.

Cuando dos o más personas se integren en una sociedad para producir, procesar, transportar y comercializar los productos agrícolas, pecuarios o pesqueros; podrán trasladar el precio final de venta menos los costos del proceso productivo, transporte y comercialización a sus socios manteniendo el régimen fiscal al que se refiere este artículo, siempre y cuando el 80 por ciento del total de operaciones sea con ellos.

Este régimen solo podrá ser utilizado para las actividades relacionadas con el sector primario.

Artículo 180. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 179 de esta ley, los contribuyentes deberán aplicar los siguientes métodos:

I. a VI. ...

De la aplicación de alguno de los métodos señalados en este artículo, se podrá obtener un rango de precios, de montos de las contraprestaciones o de márgenes de utilidad, cuando existan dos o más operaciones comparables. Estos rangos se ajustarán mediante la aplicación de métodos estadísticos. Si el precio, monto de la contraprestación o margen de utilidad del contribuyente se encuentra dentro de estos rangos, dichos precios, montos o márgenes se considerarán como pactados o utilizados entre partes independientes. En caso de que el contribuyente se encuentre fuera del rango ajustado, se considerará que el precio o monto de la contraprestación que hubieran utilizado partes independientes, es la mediana de dicho rango.

Los contribuyentes deberán aplicar en primer término el método previsto por la fracción I de este artículo, y sólo podrán utilizar los métodos señalados en las fracciones II, III, IV, V y VI del mismo, cuando el método previsto en la fracción I citada no sea el apropiado para determinar que las operaciones realizadas se encuentran a precios de mercado de acuerdo con las Guías de Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales a que se refiere el último párrafo del artículo 179 de esta ley.

Para los efectos de la aplicación de los métodos previstos por las fracciones II, III y VI de este artículo, se considerará que se cumple la metodología, siempre que se demuestre que el costo y el precio de venta se encuentran a precios de mercado. Para estos efectos se entenderán como precios de mercado, los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables o cuando al contribuyente se le haya otorgado una resolución favorable en los términos del artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación.

Deberá demostrarse que el método utilizado es el más apropiado o el más confiable de acuerdo con la información disponible, debiendo darse preferencia a los métodos previstos en las fracciones II y III de este artículo.

Para los efectos de este artículo y del artículo 179 de esta ley, los ingresos, costos, utilidad bruta, ventas netas, gastos, utilidad de operación, activos y pasivos, se determinarán con base en las normas de información financiera.

A las sociedades de dos o más personas a las que se hace referencia el artículo 74 de esta ley, no les serán aplicables las Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1995, o aquellas que las sustituyan.

Este régimen solo podrá ser utilizado para las actividades relacionadas con el sector primario.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de febrero de 2018.— Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»

El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.



SOLICITUDES DE LICENCIA

El presidente diputado Edgar Romo García: Esta Presidencia informa que se han recibido solicitudes de licencia. Pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo correspondientes.

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva en la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente, me permito solicitar de la manera más atenta se me confiera licencia en mi cargo como diputada federal por el distrito XI de Puebla a partir del día 27 de febrero de 2018 y será de manera indefinida.

Lo anteriormente expuesto con fundamento en los artículos 6, fracción XVI, 12, fracción III, y 13, numerales 1, 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2018.— Diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

El que suscribe, diputado federal Enrique Zamora Morlet, por mi propio derecho y con fundamento en los artículos 6, fracción XVI, 12, numeral 1, fracción III, y 13, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar licencia al ejercicio de mi cargo, con efectos a partir del día jueves 1 de marzo del año en curso y por tiempo indefinido.

Por lo anteriormente expuesto, requiero se dé el curso legal que corresponda a la presente solicitud.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2018.— Diputado Enrique Zamora Morlet (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fracción XVI del numeral 1 del artículo 6 y artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados presento a usted mi solicitud de Licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo como diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con efectos a partir del día 1 del mes de marzo de este año.

Sin otro asunto en particular quedo a sus órdenes, agradeciendo su invaluable apoyo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2018.— Diputada Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica).»

El presidente diputado Edgar Romo García:Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:En votación económica se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobadas. Comuníquese y llámese a los suplentes.

Pediría, por favor, a los medios de comunicación, que ya iniciamos la sesión, favor de pasar a sus lugares respectivos, en donde generalmente se acostumbran estar.

El presidente diputado Marko Antonio Cortés Mendoza(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García:Si me permite, diputado, concluimos nada más con el siguiente punto.



TOMA DE PROTESTA

El presidente diputado Edgar Romo García:Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Anel Fernández Zempoalteca, diputada federal electa en el decimoprimer distrito electoral del estado de Puebla.

Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados: diputada Rosa Isela Rojas Luna, diputada María Cristina Teresa García Bravo y diputada Lorena Corona Valdés.

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple con el encargo)

El presidente diputado Edgar Romo García:Le pediría nada más a los diputados, en respeto a la toma de protesta de los compañeros que se van a integrar a esta legislatura, que por el momento retiren sus expresiones que se encuentran aquí al frente en la tribuna.

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El presidente diputado Edgar Romo García:Me gustaría retirar sus expresiones mientras tomamos protesta, compañeros diputados, un segundito, ahorita continuamos, compañeros diputados que se encuentran aquí al frente de la tribuna, gracias.

Ciudadana Anel Fernández Zempoalteca, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Anel Fernández Zempoalteca: Sí, protesto.

El presidente diputado Edgar Romo García: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.Bienvenida, diputada.

INTERVENCIONES DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS



SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO AL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PGR

El presidente diputado Edgar Romo García: Desde su curul tiene el uso de la palabra el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, ¿con qué objeto, diputado?

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza(desde la curul): Muchas gracias, presidente. El Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados debe ser, presidente, un contrapeso de poder, de la exigencia y del cumplimiento de la ley y del buen desempeño de los funcionarios públicos.

Hoy por eso quiero pedirle a usted, presidente, en su carácter de representante de la pluralidad de esta Cámara, que le haga saber al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, que el día de hoy integrantes de las fracciones de Acción Nacional, de PRD y de Movimiento Ciudadano presentaremos un juicio político en su contra por el desempeño faccioso que ha hecho de la Procuraduría General de la República, persiguiendo a los adversarios políticos, haciendo de la Procuraduría un brazo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y esto es absolutamente inaceptable.

Presidente de este Congreso, le pido que en su carácter y responsabilidad le solicite al titular del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, que saque las manos del proceso y que deje a los mexicanos elegir con libertad quién va a ser el próximo presidente de nuestro país. Es cuanto, presidente, y espero una respuesta de su parte.

El presidente diputado Edgar Romo García: Diputado, de acuerdo con nuestro Reglamento lo procedente en esta ocasión es tomar nota de sus expresiones para que queden expresadas en el Diario de los Debates. Me pide la palabra el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, desde su lugar. Adelante diputado.

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio(desde la curul): Gracias, presidente. Primero decir que, frente al cúmulo de pruebas, evidencias sobre manejos irregulares de recursos conocidos por la opinión pública, la persona a la quien ustedes hoy están tratado de encubrir, el candidato presidencial y los dirigentes de los partidos de esa coalición Por México al Frente buscan distractores, como cortina de humo para tapar las contundentes diferencias, en contra de Ricardo Anaya.

Lo que está haciendo la Procuraduría, la representación social, es precisamente dar seguimiento a las indagatorias con estricto apego a la ley, mientras que los medios de comunicación a quienes reconozco vienen publicado evidencias que a nadie ha calificado como penalmente válidas, es la tarea de la PGR.

La PGR no ha violado en forma alguna la secrecía de las indagatorias, por el contrario, la propia institución ha invitado a que rinda declaración, se ha manifestado que hasta en tres ocasiones sin que se haya aceptado esta circunstancia.

El representante social, el procurador de la República está obligado por ley a ofrecer una declaración ministerial a quienes presentan una denuncia de hechos a fin de ampliar verbalmente sobre estos dichos, lo cual dice la propia institución, lo ha hecho hasta en tres ocasiones.

Una invitación para que una persona rinda una declaración ministerial en la que amplía argumentos presentados por escrito o como le quieran hacer no es sinónimo de imputación ni de responsabilidad y menos aún de acusación y tan lejos está de ser una sentencia.

Son cuatro mis argumentos, presidente, para que estas notas se queden también en el libro de los Debates y se consideren al momento de resolver. Gracias.

El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Sus expresiones se van a registrar igualmente en el libro de los Debates.

Me han pedido y quisiera poner un antecedente y orden en la sesión, es un tema que no tenemos en el orden del día que hoy se discute, sin embargo, creo que son válidas las expresiones en este pleno.

Le voy a ceder o conceder el uso de la palabra para ese tema a cuatro diputados más, para poder continuar con el desarrollo del orden del día. Me lo ha solicitado el diputado Jesús Sesma Suárez y el diputado Jesús Zambrano Grijalva, el diputado Marko Cortés y el diputado Armando Luna.

Tiene el uso de la palabra, hasta por un minuto, el diputado Jesús Sesma Suárez. Adelante, diputado.

El diputado Jesús Sesma Suárez(desde la curul): Gracias, presidente. Solamente pedirle un gran favor a usted y a nuestros compañeros legisladores. Este, como ustedes saben, es el Poder Legislativo y lo que acaba de decir el coordinador Marko Cortés del contrapeso que hacemos ante los tres poderes es evidente. Pero yo no estoy de acuerdo con la petición del coordinador Marko Cortés, con todo respeto, y le pido a usted, presidente, con la investidura que usted tiene, que nos manejemos al marco que tiene que ver con el Poder Legislativo.

Es decir, el presidente que está aquí arriba, el diputado Edgar Romo, es presidente del Poder Legislativo y está también para coadyuvar a lo que tiene que ver con nosotros los legisladores, no un carácter político en una cuestión de ciudadanos como lo está pidiendo Marko Cortés.

En conclusión, lo que le pido presidente es que podamos seguir con el orden del día, y si gusta el coordinador Marko Cortés hacer algún pronunciamiento de índole político electoral que lo haga aquí afuera. Y si quiere invitar a ciudadanos para que puedan llevar está en todo su derecho, nadie se lo está negando, pero yo no puedo permitir que le pidan a usted, presidente, que usted es el presidente de todos nosotros, del Poder Legislativo, que haga suyo un tema de un ciudadano que no está representado, que no tiene el carácter de legislador de esta Cámara.

Creo que tenemos que entender cuál es el ámbito de competencia de cada uno y las facultades y obligaciones que usted tiene ante nosotros, y de ninguna manera está lo que acaba de pedir el coordinador Marko Cortés.

Entonces, lo que le estoy solicitando a nombre de mi fracción parlamentaria es que continuemos con el orden del día, por favor.

El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Sus expresiones se registrarán en el Diario de los Debates, y vuelvo a repetir, las solicitudes aquí realizadas no surten más que efectos de registro en el Diario de los Debates. Es mi obligación conducir esta Cámara con imparcialidad y, por lo tanto, la misma Cámara tendría que atenerse a los procesos de desahogo normales que se hagan en comisiones y las notificaciones correspondientes que se hagan desde su momento procesal oportuno. En tanto, le concedo el uso de la palabra al diputado Jesús Zambrano Grijalva.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(desde la curul): Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, como legisladores estamos obligados a asumir un papel que no se circunscribe solamente a una estricta labor parlamentaria. Somos legisladores, somos parlamentarios y somos políticos también. Y, por lo tanto, aquí debatimos asuntos parlamentarios, asuntos políticos.

¿Cuántos puntos de acuerdo que no tienen que ver propiamente con el ámbito parlamentario hemos sacado de aquí, que son de índole inminentemente político? Por favor, no vengamos aquí a hacer argumentos que no tienen nada que ver con nuestra función y nuestra responsabilidad.

Ahorita se hablaba de cortina de humo. Yo digo, del lado del gobierno de la República lo que estamos viendo en los últimos días es no solamente la existencia de cortinas de humo sino de un uso faccioso de las instituciones, particularmente del Ministerio Público y del SAT, en una buena parte, para atacar a un adversario político.

Y nosotros, como representantes populares, estamos obligados también a decirle desde aquí, desde este recinto a la opinión pública, al país, nuestra propia visión de lo que está pasando y exigirle al gobierno de la República, ahí sí, en uso de nuestra responsabilidad de parlamentarios, de diputados, que se atenga, que respete plenamente la legalidad de la que él debe hacerse responsable en su aplicación.

Por lo tanto, nada más recuerdo que desde septiembre del año pasado, al inicio de este año legislativo, impedimos lo del pase automático del fiscal carnal. A la mejor ahora nos están queriendo pasar la factura, nos están queriendo cobrar estas cuentas. Pero afortunadamente le cerramos el paso a esto.

Ahora, como diputados, diputadas, estamos obligados a avanzar en legislar al respecto para evitar que justamente nos situemos en lo futuro inmediato en un escenario en el que se haga uso político. Evitar caer en eso, que se haga uso político de las instituciones, particularmente del Ministerio Público, para que tengamos un verdadero Ministerio Público autónomo, una fiscalía independiente y autónoma, y que se atenga estrictamente a lo que la ley le dice, a perseguir los delitos y no andar inventándolos para echar al precipicio o tratar de echar al precipicio a los adversarios políticos. Es cuanto. Muchas gracias.

El presidente diputado Edgar Romo García: Muy bien, diputado. Sus expresiones quedan registradas en el Diario de los Debates. Tiene el uso de la palabra, desde su curul, el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza(desde la curul): Muchas gracias, presidente. No es el primer caso, presidente. En la elección reciente del Estado de México a nuestra candidata entonces, Josefina Vázquez Mota, la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, dependiente de José Antonio Meade, sacó información a los medios de comunicación de que había una investigación en contra de los familiares de Josefina Vázquez Mota.

La incriminaron públicamente. Tres días antes de la elección, un documento oficial del gobierno dice: disculpe usted, no hay absolutamente nada en contra de los familiares de Josefina Vázquez Mota. Ese es el uso faccioso. Este encargado de despacho de la Procuraduría General de la República es el que destituyó al fiscal electoral Santiago Nieto. ¿Para qué? Precisamente para tener el control total.

Por ello es que vamos a presentar, presidente, un juicio político, por el uso indebido de poder, porque está siendo faccioso y doloso. Está creando un escenario apoyado en este dicho de difama que algo queda y buscan difamar a un contrincante político, buscan dañar su imagen en la desesperación de que su candidato presidencial ya está en un tercero y muy lejano lugar.

Le pediría, presidente, haga voz de una buena parte de este Congreso, que le pida al presidente de la República que se comporte a la altura como Jefe de Estado y que saque las manos del proceso electoral. Muchas gracias, presidente y compañeros, por su atención.

El presidente diputado Edgar Romo García: Muy bien, diputado. Como lo había comentado antes. Sus expresiones quedan registradas en el Diario de los Debates. No tengo el mandato del pleno para hacerlo, entonces yo quisiera contar con el uso de la palabra, con la reunión, con esta sesión. Y le otorgamos el uso de la palabra al diputado Armando Luna Canales. Adelante, diputado.

El diputado Armando Luna Canales(desde la curul): Gracias, presidente. Primero reiterar que me gustaría, a la brevedad, continuar con el orden del día que habíamos pactado para esta sesión.

Pero aprovechando el paréntesis que ya se abrió, hacer un breve comentario, muy rápido. Sencillamente señalar que es triste, por no decir patético, ver que en esta Cámara de Diputados se utiliza el espacio para pedir impunidad. Para pedir que sea el órgano que dirige esta Cámara, que sea a través de él, donde se pida sencillamente que no se investigue una conducta presuntamente constitutiva de delitos.

Yo creo que el señor del que estamos hablando en este momento desperdició una gran oportunidad que tuvo el fin de semana, donde acudió a la Procuraduría a presentar su denuncia, hubiera aprovechado para declarar, para dejar en claro si conocía o no conocía a su amigo, y luego lo vimos bailando en su boda —con una peluca muy peculiar.

Todo eso creo que valdría la pena que hubiera aprovechado la vuelta. Estaba ya en las instalaciones de la Procuraduría, podía haber aclarado justamente si lo conoce o no lo conoce, si recibió o no el dinero, si sabía que el dinero dio la vuelta por el mundo antes de volver a sus manos. Todo eso hubiera sido una oportunidad verdaderamente importante y buena para que lo aclarara en ese momento y no estaríamos en este momento suspendiendo la sesión, que es para lo que estamos aquí.

Señalar también que como diputados tenemos una obligación sin duda de legislar —por supuesto que también hay una tarea política—, pero lo que sí es un hecho es que también tenemos la obligación de respetar las leyes, que muchas de ellas hemos votado en esta Cámara.

En este momento lo que tenemos es una investigación en curso, una autoridad que tiene que esclarecer los hechos que están señalados y que tiene, en su momento, también que esclarecer alguna presunta responsabilidad.

Yo lo que les diría es que no tengan tanto miedo. Díganle que vaya, que declare y que aclare con documentos, con testimonios y lo que marque en ese momento, lo que marque la ley, sencillamente para que nos digan sí o no hizo la conducta presumiblemente constitutiva de delito que está en ese expediente.

Yo lo que les diría es que volvamos a nuestra sesión y por favor, no estemos tratando de encubrir una conducta —que hay que decirlo— presumiblemente constitutiva de delito. Ya le tocará al señor desvirtuar lo que está en el expediente. Es cuanto, presidente, muchas gracias.

El presidente diputado Edgar Romo García: Al igual que las demás intervenciones, diputado Armando Luna, sus expresiones se van a quedar registradas en el Diario de los Debates. Para cumplir con este tema quedan dos oradores que son el diputado Jonadab Martínez García y la diputada Bárbara Botello Santibáñez y continuamos con la sesión. Adelante, diputado Jonadab.

El diputado Jonadab Martínez García(desde la curul): Gracias, presidente. Hace algunos días en la Junta de Coordinación Política solicité que viniera a comparecer la secretaria Rosario Robles, y no me pareció patético o, al menos el diputado que se expresó con anterioridad no le pareció patético el llamado a comparecer la secretaria Rosario Robles, no sé por qué hoy sí le parece patético que el Frente por México esté denunciando una intromisión de la Procuraduría General de la República en un proceso electoral.

Eso es evidente, tan evidente es la intromisión del Poder Ejecutivo de la federación, como evidente es que su candidato del PRI ya valió Meade en este proceso electoral. Muchas gracias, presidente, por su atención.

El presidente diputado Edgar Romo García: Sus expresiones van a quedar registradas en el Diario de los Debates.



VIOLENCIA EN GUANAJUATO

El presidente diputado Edgar Romo García: Por último, tiene el uso de la palabra la diputada Bárbara Botello, desde su curul.

La diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, presidente. Para referirme a un tema que es de interés para todos los mexicanos y en especial para los guanajuatenses, un tema que es importante porque la razón de ser del Estado es garantizar la seguridad a todos los ciudadanos.

En 32 días en el estado de Guanajuato se han registrado 206 homicidios dolosos. Ante esto, semanas anteriores el gobernador Miguel Márquez declaró que él ya hizo lo que pudo y que podía dormir a gusto. Por lo que sus declaraciones son igual de repudiables que la ola de violencia que azota a la entidad, y un estado que está bañado en sangre.

Es por ello que desde la Cámara de Diputados le pregunto: ¿Cómo puede dormir, señor gobernador? porque ante su incompetencia para atender el tema de la seguridad, los guanajuatenses no lo podemos hacer. Así gobierna el PAN en Guanajuato. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Diputada, sus expresiones quedan registradas en el Diario de los Debates. Ya han participado los grupos parlamentarios correspondientes.

—Ya están equilibrados, ha participado el PAN, ha participado el PRI, el Verde, el PRD, participó Movimiento Ciudadano y volvió a participar el PRI. Creo que está equilibrado. Les pediría a los coordinadores hiciéramos un esfuerzo para que temas como este lo agendaramos en una parte del orden del día, que pudiera ser agenda política, y llevar un debate con orden. —Permítame continuar y ahorita con gusto lo platicamos—.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS



LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El presidente diputado Edgar Romo García: En tanto, continuamos con el orden del día, y en consecuencia tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la Ley General de Desarrollo Social.

El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa:Con el permiso de la Presidencia. Estimadas compañeras y compañeros diputados, a lo largo de este sexenio se sumaron esfuerzos para redefinir el principio de división de poderes descentralizado, funciones estratégicas para fortalecer las instituciones del Estado y garantizar su eficaz funcionamiento.

Ejemplo de esto, son los órganos a los que la Constitución otorga autonomía y patrimonio propio, uno de ellos es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, cuya función resulta esencial para el desarrollo de políticas públicas y erradicación de la pobreza en el país al generar la información sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México que permite mejorar las políticas públicas y la toma de decisiones en esta materia.

Entre sus principales funciones destacan normar y coordinar la evaluación de la política nacional de desarrollo social y las políticas, programas y acciones que se ejecutan. La identificación, medición y evaluación de la pobreza, garantizando la transparencia y objetividad en dicha actividad, emitiendo los lineamientos que deben observar las dependencias y entidades responsables de operar los programas sociales para poder mejorar las condiciones de vida de la sociedad mexicana, además de emitir recomendaciones respecto al cumplimiento del objetivo social de las estrategias aplicadas.

Una de las razones para otorgar la autonomía constitucional a un órgano del Estado se sustenta en la importancia de la función que desarrolla dentro de un Estado constitucional, lo que amerita que su función sea tratada como prioridad.

Así se decidió en el año 2014, al impulsarse una reforma a la Constitución para adicionar el Apartado C, en su artículo 26. Sin embargo, la Ley General de Desarrollo Social, ordenamiento que lo dota de facultades y protege su función esencial...

El presidente diputado Edgar Romo García: Me permite, diputado, un segundo, por favor. Les pediría nada más respetar el uso de la tribuna, cuando esté haciendo el uso de la palabra algún orador aquí en tribuna, bajar las expresiones en este recinto, por favor. Adelante, diputado.

El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Gracias, Presidente. Como lo decía, así se decidió en el año 2014, al impulsarse una reforma a la Constitución para adicionar el Apartado C, en su artículo 26.

Sin embargo, la Ley General de Desarrollo Social, ordenamiento que lo dota de facultades y protege su función esencial, no ha reconocido su naturaleza, lo cual constituye un obstáculo para que realmente quien es el encargado de medir la pobreza para mejorar las políticas públicas, pueda tener autonomía para bien de todos los mexicanos, de suma importancia en esta reforma en la ley, para que estas políticas se lleven a cabo en armonía con el principio de legalidad y seguridad jurídica, conforme al orden constitucional.

Las acciones que se han llevado a cabo hasta ahora han tenido gran impacto, tan solo en 2015 el porcentaje de mexicanos que viven en la pobreza extrema disminuyó del 9.8 al 9.5, gracias al aumento del ingreso promedio de las familias. Esto pudo hacerse gracias al Coneval, que señaló que, tanto la pobreza general como tratándose de la pobreza extrema, el número de carencias promedio cayó frente a 2012, por lo que es evidente que la política pública tiene efectos de importancia en reducirla.

Además, fue fundamental la información obtenida por el Coneval para conocer que las necesidades del mexicano combinadas con el ingreso promedio generaban una realidad que como legisladores atendimos, realizando las reformas para la desindexación del salario mínimo con la intención de aumentar y mejorar las condiciones de nuestros ciudadanos en manera paulatina.

Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, les pido que se unan a esta causa y trabajemos en conjunto ayudando a que el Coneval tenga la autonomía reconocida en la Constitución, para que trabaje y darle herramientas jurídicas necesarias con el fin de atender las necesidades de nuestra gente, de todos los mexicanos, necesidades a las cuales nos debemos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 81 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PRI

Álvaro Ibarra Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los diversos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1; y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter respetuosamente a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de fortalecimiento de las instituciones para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), creado para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia. Sus principales funciones son:

1. Normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas; y

2. Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

En materia de evaluación, el Coneval es la institución responsable de emitir los lineamientos de evaluación que deberán observar las dependencias y entidades responsables de operar los programas sociales. Asimismo, tiene a su cargo las evaluaciones de la política y programas de desarrollo social que pueden ser realizadas por la misma entidad o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, mediante los cuales podrá emitir recomendaciones respecto al cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la política de desarrollo social.

En relación con la medición de la pobreza, el Coneval tiene la responsabilidad de emitir los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza utilizando la información que genere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mediante los indicadores: Ingreso corriente per cápita; Rezago educativo; Acceso a los servicios de salud; Acceso a la seguridad social; Calidad y espacios de la vivienda; Acceso a los servicios básicos en la vivienda; Acceso a la alimentación, y Grado de cohesión social. Emitiendo criterios para orientar la implementación de estas atribuciones, el Coneval se integra por seis investigadores académicos elegidos por la Comisión Nacional de Desarrollo Social a través de convocatoria pública, lo que garantiza la transparencia de las acciones que se emprenden y un secretario ejecutivo quien tiene a su cargo la dirección del Consejo.

De esta forma, la función que desempeña el Coneval para medir la pobreza y evaluar los programas y la política de desarrollo social para mejorar sus resultados y apoyar la rendición de cuentas, además de generar información objetiva y útil que contribuye a la mejora de la política de desarrollo social que permitan generar las políticas necesarias para hacer frente a la pobreza se consideró imprescindible para el equilibrio constitucional, y por tanto debía reunir las distintas características, propias de un órgano constitucionalmente autónomo:

1. Inmediatez

2. Esencialidad

3. Dirección política

4. Paridad de rango

5. Autonomía

6. Inmunidad

Por lo que el febrero de 2014 se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral.

En este documento se agregó el apartado C al artículo 26, para crear el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios. Cuyo inicio de vigencia se encontraba sujeto al artículo vigésimo transitorio del decreto, que establece que el Coneval mantendría su naturaleza de desconcentrado en tanto no se nombraran a los consejeros. Sin embargo, la ley especial que regula al Coneval no ha modificado su naturaleza jurídica, por lo que someto a su consideración el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se refoma el artículo 81 de la Ley General de Desarrollo Social

Artículo 81. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.— Diputados y diputadas: Álvaro Ibarra Hinojosa,Adolfo Mota Hernández, Alberto Silva Ramos, Ana María Boone Godoy, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Erick Alejandro Lagos Hernández, Fernando Castro Ventura, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Flor Estela Rentería Medina, Genoveva Huerta Villegas, J. Jesús Zúñiga Mendoza, José Hugo Cabrera Ruiz, Marco Antonio Aguilar Yunes, María Bárbara Botello Santibáñez, María Esther Guadalupe Camargo Félix, María Gloria Hernández Madrid, María Guadalupe Oyervides Valdez, Mario Alberto Mata Quintero, Nora Liliana Oropeza Olguín, Pedro Luis Noble Monterrubio, Ricardo David García Portilla, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Timoteo Villa Ramírez, Yaret Adriana Guevarra Jiménez (rúbricas).»

El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9, 12, 13 y 37 de la Ley General de Educación.

La diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el derecho a la educación y el derecho al trabajo son dos preceptos constitucionales estrechamente relacionados en la búsqueda del bienestar de las personas.

En Acción Nacional nos hemos preocupado y ocupado porque tanto el acceso a la educación, como el derecho al trabajo, generen los mejores resultados para las y los mexicanos. Pero, para ello es necesario perfeccionar las leyes respectivas, para evitar que las políticas públicas en estos rubros queden rebasadas por la realidad, especialmente cuando hablamos de la población joven de entre 15 y 29 años.

Es el caso de la iniciativa que hoy presento a esta honorable asamblea, en la que se propone reformar los artículos 9o., 12, 13 y 37 de la Ley General de Educación, que tiene como objeto que el modelo de formación dual en la educación media superior sea permanente y no quede a la discrecionalidad del gobierno federal en turno.

¿Cuál es el contexto? Desde 2009, el Instituto Federal de Educación y Formación Profesional y el Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep) cooperan estrechamente en el ámbito de la estandarización, la reglamentación y la formación de formadores.

En 2013, la Secretaría de Educación Pública, en colaboración con la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria, lanzó un proyecto piloto de formación dual. Sin embargo, los resultados alcanzados hasta ahora no son alentadores, ya que en 11 estados del país solo mil 100 aprendices realizan una formación dual en 155 empresas, con la colaboración de 50 colegios del Conalep.

Para potenciar la vinculación de las y los estudiantes jóvenes con las empresas, el 11 de junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece la formación dual como una opción educativa de tipo medio superior. Ese acuerdo permite que las actividades de aprendizaje en el nivel medio superior se desarrollen, tanto en las instituciones educativas que lo ofrecen, como en las empresas que forman parte de un programa de formación dual.

El modelo de formación dual tiene la finalidad de preparar a los estudiantes para tener los conocimientos teóricos y prácticos durante el proceso de formación, donde se les instruyen los distintos procesos de trabajo correspondientes al oficio que desean aprender y donde los contenidos del aprendizaje teórico están estrechamente coordinados con la formación práctica en la empresa.

La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que la formación y el aprendizaje permanente juegan un papel fundamental para alcanzar el pleno empleo, la erradicación de la pobreza, la inclusión social y el crecimiento económico sostenido de las naciones.

Por ello, la OIT recomienda a los gobiernos aplicar políticas de desarrollo de los recursos humanos, de educación, de formación y de aprendizaje permanentes, que faciliten la ampliabilidad y la creación de empleos decentes para un desarrollo económico y social sostenible.

Diputadas y diputados, de acuerdo con el Inegi hasta el primer trimestre de 2017, 15 millones de jóvenes de 15 a 29 años tenían una ocupación productiva, de los cuales el 60.6 por ciento, es decir nueve millones, estaban en el sector informal. También resulta preocupante que la población total de jóvenes llegue a los 30.6 millones.

Son estos millones de jóvenes a los que hay que garantizar un empleo formal digno y una de las opciones viables es precisamente el modelo de formación dual en el nivel medio superior.

Por ello, solicito su apoyo para reformar los cuatro artículos ya citados de la Ley General de Educación, con la finalidad de garantizar el modelo de formación dual en la educación media superior sea permanente y no quede a la discrecionalidad del gobierno federal en turno.

De esta forma podremos seguir beneficiando a las y los jóvenes de México, pero también a las escuelas y empresas de nuestro país, con el objetivo de alcanzar mayores niveles de productividad y desarrollo. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 9o., 12, 13 y 37 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Luz Argelia Paniagua Figueroa, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 9; 12, fracción IX Bis; 13, fracción VI Bis; y, 37 de la Ley General de Educación, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3o. establece que “toda persona tiene derecho a recibir educación”; y señala:

El Estado -federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

Asimismo, en el artículo 3o. de la Ley General de Educación indica los servicios de la calidad de la educación que proporciona el Estado al decir que:

El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

Por otra parte, en México se entiende por “joven” –de acuerdo con la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud– a “la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años”.

II. La Organización Internacional del Trabajo en su informe Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2017 propone políticas públicas para la inserción de las y los jóvenes en el mercado de trabajo, como son:

• Fuertes alianzas sociales entre gobiernos e interlocutores sociales deben facilitar la identificación y el desarrollo de habilidades relevantes. Las voces y las aspiraciones de los jóvenes también deben ser tomadas en cuenta durante dicho proceso de identificación.

• Las instituciones del mercado laboral deben saber adaptarse a los rápidos cambios y aprovechar la innovación tecnológica. Esto ayudará a mejorar la elaboración de perfiles en los programas de empleo juvenil, mejorar la implementación de dichos programas y promover una mejor coordinación y supervisión.

• Las numerosas formas de empleo deben reflejarse en nuevos y renovados mecanismos que garanticen los derechos de los trabajadores jóvenes. La participación activa de los interlocutores sociales será crucial para el avance y la protección de derechos.

También la preocupación de las Naciones Unidas en materia de inserción de las y los jóvenes en el empleo es una preocupación. Por ello, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” incluye las siguientes metas relacionadas con el empleo juvenil:

• Para 2030, aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento (meta 4.4.);

• Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor (meta 8.5.);

• Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados, cursando estudios o recibiendo capacitación (meta 8.6.).

Sin embargo, la misma OIT muestra la preocupación de que para que existan empleos decentes hay que tener elementos básicos de un aprendizaje con calidad. Por ello, propone que:

1. Colaboración y coordinación entre el gobierno, los proveedores de formación y los interlocutores sociales durante el diseño, aplicación y supervisión de los aprendizajes.

2. Funciones y responsabilidades claras y compartidas para las instituciones de formación, las empresas, los sindicatos y otros actores (por ejemplo, los intermediarios del mercado de trabajo).

3. La legislación sobre las condiciones para las empresas y los aprendices, incluidos los acuerdos contractuales, debe definirse para garantizar que los aprendizajes constituyen una “auténtica experiencia educativa” y que se aplican los derechos de los jóvenes. La práctica del diálogo social, incluida la definición de dichas condiciones a través de convenios colectivos, garantiza la participación de los principales actores que representan al mundo del trabajo.

4. Reparto de los costos de aplicación entre las empresas, el Estado y los aprendices: las empresas cargan con los costos de la formación en el lugar de trabajo y los salarios de los aprendices, el Estado dirige las escuelas de formación profesional y paga los salarios del personal docente y los aprendices invierten su tiempo y participan en la producción de las empresas.

La OIT también en su Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195) indica

Reconociendo que la educación, la formación y el aprendizaje permanente contribuyen de manera significativa a promover los intereses de las personas, las empresas, la economía y la sociedad en su conjunto, especialmente en vista de la importancia fundamental que reviste alcanzar el pleno empleo, la erradicación de la pobreza, la inclusión social y el crecimiento económico sostenido en una economía mundializada;

Por lo anterior, propone que

Los miembros deberían definir políticas de desarrollo de los recursos humanos, de educación, de formación y de aprendizaje permanente que:

(a) faciliten el aprendizaje permanente y la empleabilidad, y formen parte de una gama de medidas de orden político destinadas a crear empleos decentes y a alcanzar un desarrollo económico y social sostenible;

...

(c) concedan gran importancia a la innovación, la competitividad, la productividad, el crecimiento económico, a la creación de trabajo decente y a la empleabilidad de las personas, considerando que la innovación crea nuevas oportunidades de empleo, pero también exige nuevos enfoques en materia de educación y formación que permitan satisfacer la demanda de nuevas competencias;

...

(j) apoyar y ayudar a las personas a desarrollar y poner en práctica sus capacidades empresariales con el fin de crear empleo decente para ellas mismas y para otras personas, mediante la educación, la formación, el aprendizaje permanente, y otras políticas y programas.

8. Los Miembros deberían:

(a) reconocer la responsabilidad que les incumbe en materia de educación y formación previa al empleo y, en colaboración con los interlocutores sociales, mejorar el acceso de todos a éstas, con el fin de incrementar la empleabilidad y facilitar la inclusión social;

...

(f) asegurar el desarrollo y la consolidación de sistemas de educación y formación profesional que ofrezcan oportunidades adecuadas para el desarrollo y la certificación de las competencias que requiere el mercado de trabajo.

III. En nuestro país el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica en la Encuesta Intercensal (EI) 2015 que “la población en México continúa siendo predominantemente joven; 25.7 por ciento (30.6 millones) de la población total son jóvenes de 15 a 29 años”.

Asimismo, el Inegi menciona que en materia de empleo juvenil que “la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 15 millones de jóvenes de 15 a 29 años en el primer trimestre de 2017 se encuentran ocupados; 60.6 por ciento (9 millones) de ellos lo está en el sector informal”.

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Valores 2012, levantada por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), muestra que las y los jóvenes tienen dentro de sus preocupaciones la educación y su vinculación con el empleo

• 8 de cada 10 entrevistados piensan que la educación se traduce en éxito; 53.5 por ciento considera que con la educación podrá conseguir un buen empleo, 17.6 por ciento afirma que le ayudará a alcanzar un buen desarrollo profesional, en tanto que 9.3 por ciento piensa que ganará dinero y 1.2 por ciento que tendrá prestigio. Sólo 13.5 por ciento consideró que les serviría en lo personal como individuos, apenas 8 por ciento indica que para obtener conocimientos y 5.5 por ciento para un buen desarrollo personal.

• Dos de problemas más graves, para las y los jóvenes del país, son la pobreza (57.0 por ciento), el desempleo (47.4 por ciento).

IV. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, analiza la preocupación entre la vinculación educación y empleo al decir que:

Una elevada proporción de jóvenes percibe que la educación no les proporciona habilidades, competencias y capacidades para una inserción y desempeño laboral exitosos. En línea con esta preocupación, el 18 por ciento de los participantes en la Consulta Ciudadana opinó que, para alcanzar la cobertura universal, con pertinencia en educación media superior y superior, se deben fortalecer las carreras de corte tecnológico y vincularlas al sector productivo. Por tanto, es necesario innovar el Sistema Educativo para formular nuevas opciones y modalidades que usen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con modalidades de educación abierta y a distancia. A su vez, es importante fomentar las carreras técnicas y vocacionales que permitan la inmediata incorporación al trabajo, propiciando la especialización, así como la capacitación en el trabajo.

Para lograr una educación de calidad, se requiere que los planes y programas de estudio sean apropiados, por lo que resulta prioritario conciliar la oferta educativa con las necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo.

Derivado del PND 2013-2018, es que el Programa Nacional de la Juventud 2014-2018 mostró información sobre la problemática de la juventud mexicana entre la vinculación educación y empleo:

Según los resultados de la Consulta Nacional Juvenil, el 20.9 por ciento de los encuestados consideraron como fundamental revisar los planes de estudio tanto para mejorar la calidad de la educación como para facilitar el acceso al primer empleo. No se observa alguna diferencia relevante en cuanto a sexo, pero el porcentaje es más elevado en el noreste del país (25.7 por ciento).

Por ello, el Programa Nacional de la Juventud 2014-2018 reconoce que

Otro gran reto a este respecto es la conexión que existe entre lo que las y los jóvenes estudian y el desempeño laboral que tienen. Para mejorar las condiciones en las cuales la población joven se incorpora al mercado de trabajo, debe existir un vínculo entre lo que esta población aprende en el salón de clases y el trabajo que va a desempeñar.

Ello contribuiría a incrementar la eficiencia y productividad laboral de este grupo de población. Sin embargo, la situación actual se encuentra lejos de dicho objetivo: sólo entre el 20.0 por ciento y el 25.0 por ciento de la población joven que labora, percibe que existe una correspondencia entre su nivel de escolaridad y el trabajo que realiza.

Por ello, para dar una respuesta a la vinculación de las y los jóvenes entre la educación y empresa es que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de junio de 2015, el ACUERDO número 06/06/15 por el que se establece la formación dual como una opción educativa del tipo medio superior que se caracteriza por que las Actividades de aprendizaje previstas en un Plan de estudios de educación media superior, se desarrollan tanto en las Instituciones educativas que lo ofrecen, como en contextos reales en Empresas que forman parte de un Programa de Formación Dual” (artículo 5).

Asimismo, el citado Acuerdo menciona que las características de la opción educativa de formación dual son:

I. El diseño curricular deberá ser acorde a lo establecido en el Marco Curricular Común y a los estándares de competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia;

II. Los conocimientos y competencias del Plan de estudios se adquirirán tanto en la Institución educativa, bajo la supervisión del Docente y el Tutor académico, como en una Empresa, bajo la supervisión de un Instructor, conforme al Plan de formación personalizado;

III. Deberá contar con una Trayectoria curricular combinada;

IV. Las Actividades de aprendizaje se realizarán tanto en la institución educativa como en la empresa, de manera individual y grupal, bajo la supervisión de docentes, tutores académicos e instructores;

V. Requiere mediación docente obligatoria con el propósito de apoyar el aprendizaje de los Estudiantes;

VI. La Mediación Digital es imprescindible;

VII. Se deberá contar con un calendario y horario fijo;

VIII. La acreditación del Plan de estudios por el Estudiante dependerá de la Evaluación que lleve a cabo la Institución educativa, así como de los resultados de las evaluaciones reportados por la Empresa que forme parte de un Programa de Formación Dual, conforme a las normas de control escolar que al efecto emita la Secretaría;

IX. Para obtener la Certificación académica y, en su caso, la de competencias, el Estudiante deberá cumplir y acreditar el Plan de estudios, así como los requisitos que establezca el organismo certificador, respectivamente, y

X. La Institución educativa emitirá el documento de Certificación académica, en tanto que un Organismo certificador podrá emitir el de competencias correspondiente (artículo 6).

VII. El Modelo de Formación Dual tiene como finalidad la de preparar a los futuros estudiantes a tener los conocimientos teóricos y prácticos durante el proceso de su formación educativa en forma dual, en el que se pasa a las aulas y a la práctica de forma permanente, donde se les instruye en los distintos procesos de trabajo correspondiente al oficio que desena aprender y donde “los contenidos de aprendizaje teórico están estrechamente coordinados con la formación práctica en la empresa”.

De acuerdo a la OIT, el Modelo de Educación Dual permite que el aprendiz se apoye en tres instrumentos en su aprendizaje:

• La guía para el uso en la escuela;

• La libreta para guiar la práctica;

• La guía de integración del portafolio para la certificación.

Los beneficios de este modelo educativo, de acuerdo a la Embajada de Alemania en México, son:

• Para las empresas es una herramienta ideal para el desarrollo sistemático de personal, garantizando la formación de jóvenes profesionales con el perfil exacto requerido por la empresa.

• El aprendiz recibe una formación, calificaciones sólidas, diversificadas y relevantes para el mercado, y además una remuneración.

• La sociedad se beneficiará a largo plazo de una fuerza laboral altamente calificada que contribuya significativamente al crecimiento económico.

Mientras que la Secretaría de Educación Pública menciona que los beneficios del Modelo de Educación Dual serían las siguientes:

Para el alumno:

– Vinculación directa con la empresa.

– Formación pertinente.

– Desarrollo de competencias para la empleabilidad.

– Certificación externa de competencias laborales bajo estándares que demanda el mercado laboral

– Contar con un instructor capacitado, responsable de dirigir las actividades de aprendizaje dentro de la empresa.

– Apoyo económico, a través de la beca salario modalidad formación dual

Para los planteles educativos:

– Actualización de planes y programas de estudio.

– Altas tasas de empleabilidad de egresados.

– Menor deserción.

Para las empresas:

– Contar con personal calificado acorde con las necesidades de la empresa.

– Ahorrar los costos de reclutamiento e inducción / entrenamiento.

– Disminuir la rotación del personal.

– Reducir el riesgo de emplear personas que no tienen las competencias adecuadas.

– Contar con trabajadores motivados y leales.

– Aumentar la productividad y calidad de los productos y procesos.

Asimismo, la información de la Embajada de Alemania en México presenta los siguientes resultados:

• Ya desde 2009, el Instituto Federal de Educación y Formación Profesional (BIBB) y el Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep) cooperan estrechamente en el ámbito de la estandarización, la reglamentación y la “formación de formadores”.

• En 2013, la Secretaría de Educación Pública (SEP) –en colaboración con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (Camexa)– lanzó un proyecto piloto de Formación Dual.

• Actualmente, en 11 estados mexicanos más de 1,100 aprendices realizan una formación dual en 155 empresas, en colaboración con cerca de 50 colegios Conalep.

De lo anterior se desprende la necesidad de la reforma a la Ley General de Educación con la finalidad de que quede de forma permanente el modelo de formación dual en la educación media superior y no quede a la discrecionalidad del Ejecutivo Federal en turno de continuar con este tipo de educación que beneficia a las y los jóvenes, las escuelas y a las empresas de nuestro país, pues como dice la OIT: “La educación, la formación y el aprendizaje permanente generan un círculo virtuoso que promueve la empleabilidad, la productividad, el aumento de los ingresos y el desarrollo... La inadecuación de las calificaciones y las competencias laborales al mercado de trabajo, así como la falta de oportunidades, siguen siendo una limitación importante para la empleabilidad de los jóvenes”.

Derivado de lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 9, 12, 13 y 37 de la Ley General de Educación

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial , superior y formación dual, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 12. ...

...

IX Bis. Coordinar un sistema de educación media superior a nivel nacional que establezca un marco curricular común se considere la pertinencia de profundizar la vinculación entre el sector educativo y el productivo, con respeto al federalismopara este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa;

Artículo 13. ...

....

VI Bis. Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior que establezca un marco curricular común se considere la pertinencia de profundizar la vinculación entre el sector educativo y el productivo, con respeto al federalismopara este tipo educativo, con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa;

Artículo 37. ...

...

El tipo formación dual comprende el nivel de bachillerato, como opción de educación media superior que pertenece a la modalidad mixta y se caracteriza por que las actividades de aprendizaje previstas en un plan de estudios de educación media superior, se desarrollan tanto en las Instituciones educativas que lo ofrecen, como en contextos reales en Empresas que forman parte de un Programa de Formación Dual y que deberá proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya determinado.

...

Transitorio

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Organización Internacional del Trabajo, Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2017, en

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-dgreports/—-dcomm/—-publ/ documents/publication/wcms_598679.pdf

2 Naciones Unidas, Objetivos del Desarrollo Sostenible. 17 Objetivos para transformar el mundo. 8 Trabajo Decente y Económico, en

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/

3 Organización Internacional del Trabajo, Tendencias Mundiales del Empleo 2015. Promover la inversión en empleos decentes para los jóvenes, Ginebra, 2015, página 74, en:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-dgreports/—-dcomm/documents/ publication/wcms_412025.pdf

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a Propósito del...Día Internacional de la Juventud (12 de agosto)”, 10 de agosto de 2017, en:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/juventud2017_Nal.pdf

5 Ibídem.

6 Instituto Mexicano de la Juventud, Encuesta Nacional de Valores 2012, en:

http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/ENVAJ_2012.pdf

7 Plan Nacional de Desarrollo, Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 2013, en

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465

8 Instituto Mexicano de la Juventud, Programa Nacional de la Juventud 2014-2018, en:

http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/PROJUVENTUD2014new.pdf

9 Eva Rindfleisch y Felise Maennig-Fortmann, Formación dual en Alemania. Formar técnicos por medio de la teoría y la práctica, Berlín, Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung, 2015, página 9.

10 Organización Internacional del Trabajo, “Formación Dual de Aprendices Calificados (FDAC)”, en:

http://www.herramientasoit.org/_lib/file/doc/manualformaciondual.pdf

11 Embajada de la República Federal de Alemania en la Ciudad de México, “La iniciativa alemana de formación dual en México”, en:

http://www.mexiko.diplo.de/contentblob/4352642/Daten/4767106/ DualeBildung_Flyer_ddatei.pdf

12 Secretaría de Educación Pública, “Beneficios del MMFD”, en:

http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/beneficios_mmfd

13 Organización Internacional del Trabajo, La crisis del empleo juvenil: Un llamado a la acción. Resolución y conclusiones de la 101 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, 2012, en:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_norm/—-relconf/documents/ meetingdocument/wcms_187080.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2018.— Diputadas y diputados: Luz Argelia Paniagua Figueroa, Alba María Milán Lara, Alejandra Gutiérrez Campos, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Carlos Alberto Palomeque Archila, Christian Alejandro Carrillo Fregoso, Elías Octavio Íñiguez Mejía, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Cambranis Torres, Everardo López Córdova, Exaltación González Ceceña, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Gabriela Ramírez Ramos, Genoveva Huerta Villegas, Gretel Culin Jaime, Guadalupe González Suástegui, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Jacqueline Nava Mouett, Jaime Mauricio Rojas Silva, Jesús Antonio López Rodríguez, Jesús Marcelino Buendía Rosas, José Hernán Cortés Berumen, Juan Corral Mier, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Lilia Arminda García Escobar, Lorena del Carmen Alfaro García, Lucina Rodríguez Martínez, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Luisa Sánchez Meza, María Verónica Agundis Estrada, Mariana Arámbula Meléndez, Mercedes Aguilar Torres, Miguel Ángel Huepa Pérez, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Rocío Matesanz Santamaría, Román Francisco Cortés Lugo, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Odín Castillo Ávila, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

El presidente diputado Edgar Romo García: Muy bien, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

La diputada Alejandra Gutiérrez Campos (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Un segundito, diputado. La diputada Alejandra Gutiérrez desde su curul.

La diputada Alejandra Gutiérrez Campos (desde la curul): Presidente, solamente para felicitar a la diputada Luz Argelia, este tema es fundamental para el desarrollo laboral de muchos de nuestros jóvenes y pedir si me permite adherirme a su propuesta.

El presidente diputado Edgar Romo García: Le pregunto a la promovente si le permite la adhesión, diputada. Muy bien. Ponemos a su disposición la iniciativa en la Secretaría, para que sirva adherirse a la misma.



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 33 y 65 de la Ley General de Educación.

El diputado Jesús Serrano Lora:Gracias, presidente, con su venia. El gran activista Edward James Olmos menciona que la educación es la vacuna contra la violencia, que desgraciadamente es lo que estamos padeciendo en nuestro país.

Hoy en día la violencia es un fenómeno cada vez más visible que se presenta desde los hogares hasta las escuelas. En mayo de 2017, quiero mencionar que en una secundaria falleció a consecuencia de un traumatismo, luego de que cuatro compañeros lo tomaron de pies y manos y lo arrojaron contra la pared, acción conocida como el columpio, al caer el niño se golpeó la cabeza y poco tiempo después le fue declarada la muerte cerebral.

El tema del acoso escolar guarda una importancia fundamental debido al impacto que representa, pues el hecho que durante la niñez y la adolescencia presentan los alumnos conductas agresivas hacia sus compañeros de escuela y todo este tipo de problemas se vive cotidianamente y las autoridades educativas no han puesto un remedio para esto.

El acoso escolar se ha incrementado entre niños, niñas y adolescentes generando terribles consecuencias que afectan el desarrollo pleno e integral no solo de las víctimas sino también de los agresores.

La ONG Bullying sin Fronteras dice que siete de cada diez niños sufren todos los días de algún tipo de acoso, 85 por ciento suceden en las escuelas, 82 por ciento de los niños con discapacidad son acosados en la escuela, 44 por ciento de los niños entre 8 y 10 años han sufrido acoso escolar al menos una vez y pocos de esos casos son reportados a los padres o a las autoridades educativas.

En el 2015, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, declaró que este tipo de abusos afecta de manera directa en el rendimiento escolar por parte de los alumnos que lo sufren, pero también afecta su desarrollo y sus diferentes esferas, tales como la dificultad para relacionarse socialmente, la baja autoestima, todo este estado de ánimo en emociones negativas, ansiedad, aislamiento, sentimiento de soledad y, en casos extremos, el suicidio.

Por otra parte, los niños o adolescentes hostigadores también tienen consecuencias e incluso pueden encontrarse en la antesala de conductas escaladas de violencia y delictivas hasta la vida adulta, porque conlleva a un patrón de comportamiento negativo con consecuencias como falta de autocontrol, actitud violenta irritable, uso de la fuerza y amenazas, pérdida de interés por los estudios y fracaso escolar.

Ahora, bien, considerando que la familia es quien brinda las primeras enseñanzas de comportamiento se resalta la gran influencia que tiene esta en la posible aparición de las conductas violentas, sin embargo, al cometerse este tipo de conductas dentro de la escuela los padres pueden llegar a ser los últimos en enterarse de que su hijo está sufriendo o, en su caso, cometiendo conductas de acoso o violencia escolar.

En ese sentido es pertinente incorporar a la familia para el fortalecimiento de conductas positivas en los alumnos. La atención psicológica cobra importancia en el momento en que el niño o el adolescente comienzan a presentar un desequilibrio con su vida social y personal, y requiere de acompañamiento especializado, de tal forma que no se le interrumpa su desarrollo psicológico y mantenga un vínculo con sus amigos, compañeros y familia de manera automática.

Atendiendo a esta problemática, con la presente iniciativa se busca una atención psicológica integral de quienes participen en el acoso escolar, tanto víctimas como agresores y sus familiares directos pues, como mencioné anteriormente, el fenómeno no se limita al salón de clases o al interior de las instalaciones educativas, sino trasciende a la vida social, familiar, en la colonia y en general, al desarrollo integral de personas.

Por lo anterior, y con el objetivo de incluir el compromiso de padres de familia y otros profesionales en la erradicación de esta problemática nacional y disminuir las conductas acosadoras, pero sobre todo, sus consecuencias. Por eso propongo, si es que en verdad queremos a nuestros hijos, con esta presente iniciativa, que una vez que se detecte el acoso escolar, la institución dé aviso y exija a los padres de familia o tutores, acudir junto con sus hijos a una valoración y atención psicológica tanto para la víctima como para el niño acosador, dando prioridad a aquellos que viven en zonas vulnerables y con mayor incidencia y violencia, para así encaminarlos a una integridad psicológica. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 33 y 65 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Jesús Serrano Lora integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XV Bis al artículo 33 de la Ley de Desarrollo General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La UNICEF, considera que la escuela es más que el lugar donde llegan las niñas y los niños a recibir instrucción, es un lugar donde se generan, recrean y reproducen relaciones sociales entre las diferentes personas que integran la comunidad escolar dándole sentido a ese espacio.

Actualmente el acoso escolar, también llamado Acoso sistemático y reiterado entre pares o “bulliyng”, se ha incrementado entre niños, niñas y adolescente, generando terribles consecuencias que afectan el desarrollo pleno e integral no sólo de las victimas sino también de los agresores.

D. Olweus (1996), describe que el acoso escolar se da cuando: “Un estudiante se convierte en víctima de acoso escolar cuando está expuesto, de forma reiterada, y a lo largo de un tiempo a acciones negativas llevadas a cabo por otro u otros estudiantes”, con los siguientes elementos:

• Ha de darse entre compañeros.

• Una víctima que es atacada por un acosador o grupo de acosadores en un marco de desequilibrio de poder.

• Un desequilibrio de fuerzas entre el/los acosador/es, y la victima que lleva a ésta a un estado de indefensión y por tanto resulta intimidatoria.

• Una acción agresiva que se produce de forma reiterada en el tiempo.

Cabe destacar que el acoso escolar o bulliyng, es diferente a la violencia escolar pues esta última es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el “Uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y puede ser de profesor contra alumno, alumno contra profesor o entre compañeros y puede a diferencia del acoso escolar, suscitarse por única ocasión.

Este tipo de conductas, independientemente de sus formas de expresión, atentan contra el principio de interés superior de la niñez, que implica “Un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible”

De igual forma, atentan contra los siguientes derechos de niños, niñas y adolescentes estipulados en el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA): Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; derecho a la identidad; derecho a la igualdad sustantiva; derecho a no ser discriminado; derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; derecho a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad.

Haciendo referencia a la educación, el Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos diez, once, doce y trece, hacen referencia a la igualdad de derechos en la educación. De igual forma, en este pacto se reconoce el derecho de toda persona a la educación misma que debe orientarse hacia su pleno desarrollo y del sentido de la dignidad, debe fortalecer el respeto por los derechos humanos con tolerancia.

En este sentido y para el cumplimiento de estos preceptos deben fortalecerse las acciones ya emprendidas por parte de los gobiernos tanto federal como estatales a través de la intervención de diferentes actores con la intención de disminuir o erradicar el acoso escolar, dado que éste se presenta de diferentes formas e interactúan diversos factores tales como el contexto cultural, social y económico que influye sobre la manera en que se desenvuelven los alumnos.

En 2014, México fue colocado por la Encuesta Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje, como el país con el más alto índice de acoso escolar, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su Informe de Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes PISA (por sus siglas en inglés) 2015, describe que un 20 por ciento de los estudiantes en México, declaró haber sufrido varias veces al mes algún tipo de abuso: burlas o rumores desagradables, empujones o golpes.

Este tipo de abusos indica la OCDE, afecta de manera directa en el rendimiento escolar por parte de los alumnos que lo sufren, pero también afecta su desarrollo psicoemocional y sus diferentes esferas tales como: dificultad para relacionarse socialmente, baja autoestima, estado de ánimo bajo, emociones negativas, ansiedad, aislamiento y sentimiento de soledad y en casos extremos al suicidio.

Por otra parte, los niños o adolescentes hostigadores también tienen consecuencias e incluso pueden encontrarse en la antesala de conductas escaladas de violencia y delictivas hacia la vida adulta.

En ocasiones los hostigadores muestran una actitud execrable que muchos de los compañeros llegan a aprobarlo e incluso a reforzar esas actitudes lo que conlleva a un patrón de comportamiento negativo con consecuencias como: falta de autocontrol, actitud violenta irritable, relaciones sociales y familiares problemáticas, imposición mediante uso de la fuerza y amenazas, perdida de interés por los estudios y fracaso escolar.

Al respecto, el psicólogo Pérez Algorta (2006), indica que “los hostigadores desarrollan estrategias de resolución de problemas a través de la violencia, un comportamiento que tiende a arraigarse para utilizarse nuevamente en el futuro”.

Este tipo de conductas se pueden originar en cualquier nivel socioeconómico, los hostigadores pueden crecer en una familia cuyo modelo sea la violencia que no necesariamente deba ser física y se desarrollan con bajo nivel de empatía, incapaces de ponerse en el lugar de la víctima.

En efecto, cualquiera que sea la forma de maltrato entre los estudiantes asociado al acoso escolar pueden tener consecuencias devastadoras como las arriba mencionadas tanto para las víctimas como para los agresores e incluso para los testigos y como consecuencia de ello viene la necesidad de intervenir no solo a ellos sino a todos los involucrados en la comunidad educativa, así como a la familia de los protagonistas.

Si bien, el gobierno federal en atención a los pactos internacionales ha evolucionado en materia legislativa, desarrollando estrategias para la creación políticas públicas para afrontar esta problemática mediante programas, manuales, talleres o campañas para promover, fomentar y prevenir el acoso escolar o la vigilancia de los alumnos, dirigidos tanto a alumnos como a padres de familia, la escuela por sí sola continuará con pocas oportunidades eficaces de acción para promover el cambio y prevenir las agresiones entre los alumnos, pues en la mayoría de los casos, se encomienda el tema exclusivamente a las autoridades educativas.

El último párrafo del artículo 13 de la LGNNA, señala que “las autoridades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptaran las medidas necesarias para garantizar los derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición”.

Ahora bien, considerando que la familia es quien brinda las primeras enseñanzas de comportamiento, se resalta la gran influencia que tiene esta en la posible aparición de las conductas violentas, sin embargo, al cometerse estas conductas dentro de la escuela, los padres pueden llegar a ser los últimos en enterarse de que su hijo esta sufriendo o en su caso, cometiendo conductas de acoso o violencia escolar. En este sentido es pertinente incorporar a la familia para el fortalecimiento de conductas positivas en los alumnos.

Por lo anterior y con el objetivo de incluir el compromiso de padres de familia y otros profesionales en la erradicación de esta problemática nacional y disminuir las conductas acosadoras, pero sobre todo sus consecuencias, se busca con esta iniciativa que una vez que se detecte acoso escolar, la institución exija a los padres de familia o tutores acudir junto con sus hijos a valoración y atención psicológica tanto para la víctima, como para el niño acosador y así, encaminarlos a una integridad psicológica.

Decreto por el que se adiciona una fracción XV Bis, recorriendo los subsecuentes, al artículo 33 y se adiciona una fracción III, recorriendo los subsecuentes al artículo 65 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a XV. ...

XV Bis. En coordinación con los profesionales de la salud mental, canalizarán de manera inmediata tanto a las y los estudiantes receptores de violencia escolar como los agresores, junto con sus padres o tutores, a recibir atención psicológica con objeto de reparar los daños psicosociales derivados de la experiencia de violencia escolar vivida.

Artículo 65. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. y II. ...

III. Ser enterado de forma inmediata sobre las conductas de acoso o violencia escolar sufrida o en su caso, cometida por su hijo.

Transitorio

Único. El presente decreto, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Marco Jurídico del Acoso Escolar (bullying). Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. CEAMEG. LXII Legislatura. Agosto 2013.

2 Derechos Humanos de la Infancia, El principio del interés superior de la niñez. En línea disponible en

http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm

3 Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA)- PISA 2015 Resultados. El línea disponible en:

https://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Mexico-ESP.pdf

4 http://www.prismasa.org/bullying-sindrome-de-los-ninos-hostigados

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2018.— Diputados y diputadas: Jesús Serrano Lora,Blanca Margarita Cuata Domínguez, Delfina Gómez Álvarez, Genoveva Huerta Villegas, Laura Beatriz Esquivel Valdés, Natalia Karina Barón Ortiz, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbricas).»

Presidencia de la diputada María Ávila Serna

La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Jesús Serrano Lora. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Sonido en la curul del diputado, por favor. Adelante, diputado Cañedo.

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (desde la curul): Sí, gracias por el uso de la palabra, señora presidenta. Y para felicitar primero al diputado Jesús Serrano. Igual para solicitar si me permite adherirme a su iniciativa, por favor.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Diputada Cuata, ¿para lo mismo? —Diputado—. El diputado ha accedido a su solicitud. Pueden pasar aquí, por favor, para signarla.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene el uso de la palabra, por diez minutos, el diputado Jesús Zambrano Grijalva, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. El tema que nos trae el día de hoy a esta tribuna tiene que ver con algo de una eminente importancia en el ámbito político-electoral y, desde luego, que impacta de manera directa nuestro quehacer parlamentario. Se trata del tema de la necesaria regulación de las coaliciones parlamentarias.

Hay que recordar que con la reforma constitucional en materia político-electoral expedida el 10 de febrero de 2014 —estamos hablando ya de hace poquito más de tres años— se estableció la facultad potestativa que tiene el presidente de la República para conformar en cualquier momento de su mandato un gobierno de coalición.

Para ello, la Constitución actualmente prevé una serie de disposiciones que permiten al titular del Ejecutivo acordar un programa de gobierno común con los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión que constituyan una mayoría absoluta y que acepten coaligarse.

Incluso nuestro grupo parlamentario, el PRD, y los grupos que conformamos la coalición Por México al Frente hemos presentado ya iniciativas. La anterior sesión se presentó una de ellas para que esta legislatura expida la Ley Reglamentaria en materia de gobiernos de coalición, que hoy solamente está contemplado en la Constitución.

Sin embargo, todavía está pendiente plasmar en nuestra Carta Magna las disposiciones para integrar coaliciones parlamentarias que le den viabilidad al gobierno de coalición aquí en las Cámaras del Congreso de la Unión, ya que hasta el momento solo contamos con mecanismos para aprobar el convenio y el programa respectivo, así como la facultad de la Cámara de Senadores para ratificar a los secretarios de Estado.

Pero hace todavía falta esbozar disposiciones mínimas para integrar las coaliciones parlamentarias en ambas Cámaras y definir cuáles serán sus respectivas funciones dentro de la estructura orgánica del Congreso de la Unión, así como su relación con los grupos parlamentarios y con los órganos de gobierno internos de cada Cámara.

Una vez que concluya la contienda electoral, las coaliciones electorales se extinguirán por disposición de la propia ley, lo harán automáticamente, y cuando se conforme que se integren las Cámaras del Congreso serán los partidos políticos los que quedarán representados en los diversos grupos parlamentarios. Elecciones, por cierto, de las que con toda seguridad ninguna candidatura, ninguna fuerza, incluso yo me atrevería a adelantar, ninguna de las coaliciones que hoy ya están prefiguradas para participar, obtendrán mayoría absoluta por sí mismas.

Hasta la fecha no hay una tradición de construir coaliciones parlamentarias estables, derivado fundamentalmente de que no hay una normatividad que facilite estas formaciones parlamentarias, es decir, no hay base constitucional legal, ni reglamentaria para este propósito.

Si bien es cierto que en esta legislatura hemos visto al partido en el gobierno, al PRI, amalgamar a otros grupos parlamentarios muy respetables en torno suyo y también nosotros que conformamos el Frente, hacemos todo lo posible para actuar de manera coordinada. Pero lo real es que todos estos arreglos, —podemos llamarle así entre comillas— "no dejan de ser informales y obedecen a voluntades y circunstancias políticas específicas".

No obstante, este tipo de alianzas requieren de un marco jurídico que les dé soporte, equilibrio, constancia y sobre todo estabilidad para el funcionamiento de los organismos de los Poderes de la Unión.

En el pasado hemos sido testigos de la construcción de coaliciones ad hoc para temas específicos y diversos proyectos que se someten desde luego a votación en las Cámaras y que, una vez que se logra el propósito, estas alianzas o estos acuerdos se desvanecen.

Compañeras y compañeros diputados, esta es la primera vez en la historia del sistema de partidos políticos de nuestro país, en el que la contienda electoral tiene como principales protagonistas a las coaliciones electorales y también es la primera ocasión en que ninguno de los partidos políticos competirá en solitario y, por otro lado, habrán candidatos independientes también, por lo tanto estamos claramente ante una coyuntura inédita.

Yo digo, todas las elecciones, todos los procesos electorales son inéditos, no se parecen a otros. Pero yo digo, este es todavía más inédito por sus peculiaridades específicas que otros que hemos tenido anteriormente.

Además, con la reforma constitucional de 2014 relativa al régimen de gobierno y que entrará en vigor el próximo primero de diciembre, se sientan las bases para darle estabilidad política a los gobiernos venideros, y es muy probable que el próximo presidente de la República opte por conformar un gobierno de coalición con las fuerzas políticas representadas en las Cámaras de este Congreso.

Si nos encontramos entonces ante esta circunstancia, la Cámara de Senadores tendrá la facultad de ratificar a los secretarios de Estado —como yo lo había dicho— con la excepción de los secretarios de Marina y de Defensa Nacional. Tal atribución requerirá necesariamente de la conformación de una mayoría que permita que las propuestas de quienes integrarán el gabinete puedan ser aprobadas.

La formación de una coalición gobernante puede resultar consecuente con la coalición electoral que resulte triunfante en la carrera presidencial, pero si los grupos que la conforman no logran alcanzar una mayoría en las Cámaras, el presidente tendrá que construir una mayoría plural más amplia todavía que su propia coalición con la que habría ganado la elección, integrando a fuerzas que estuvieron participando como contendientes electorales.

Asimismo, a partir del próximo sexenio el titular del Ejecutivo pondrá a consideración de la Cámara de Diputados el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo para su aprobación, lo cual naturalmente requerirá de una mayoría legislativa para este propósito.

Por tal motivo consideramos, en el Grupo Parlamentario del PRD, que es muy importante que en las Cámaras del Congreso se construya un andamiaje legal que haga posible la conformación de mayorías estables que participen en las decisiones y le den viabilidad y estabilidad al gobierno. Para ello será importante considerar que el derecho de asociación entre grupos parlamentarios sea general y no limitativo a una decisión presidencial.

Por lo tanto, la norma legal deberá proveer las bases para que los grupos parlamentarios conformen coaliciones de mayoría que logren darle soporte al gobierno de coalición, y también para aquellos que quieran asociarse como un frente opositor de minoría. Esta formación, por cierto, de minorías, puede resultar esencial para que las oposiciones tengan fuerza suficiente para, si así lo consideran, bloquear sobre todo reformas constitucionales que no reúnan el consenso suficiente para ser avaladas por mayorías calificadas.

Los grupos parlamentarios requieren de una normativa que les permita articularse en coaliciones gobernantes y de oposición con cierta facilidad y con certidumbre en cuanto al propósito mismo de las coaliciones, sus objetivos, su durabilidad, estabilidad y también las causas que en su momento podrían propiciar su disolución.

Finalmente, con esta iniciativa también pretendemos resolver una omisión que existe en el artículo 70 constitucional, ya que en su tercer párrafo se hace referencia a las agrupaciones de los diputados de acuerdo con su afiliación de partido, y es necesario incluir el derecho que tienen también los senadores para agruparse de acuerdo a su filiación partidista.

Este es el propósito de esta iniciativa de reforma constitucional, que la ponemos a su consideración. Ojalá y por la importancia que tiene, mereciera también, al mismo tiempo, la atención para que la legislemos y ayudemos para que el próximo gobierno que resultará de las elecciones del próximo primero de julio puedan tener mejores condiciones para su desarrollo y que tenga viabilidad plena. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

La reforma constitucional en materia político-electoral expedida el 10 de febrero de 2014 establece la facultad potestativa que tiene el presidente de la república para conformar en cualquier momento, un gobierno de coalición, y para ello se prevén disposiciones para que el titular del Ejecutivo pueda acordar un programa de gobierno común con los partidos con representación en el Congreso de la Unión que constituyan una mayoría absoluta y que además acepten coaligarse.

No obstante, las disposiciones constitucionales no contemplan aún la posibilidad de integrar coaliciones parlamentarias que le den viabilidad al gobierno de coalición, ya que hasta el momento sólo contamos con mecanismos para aprobar el convenio y el programa respectivos, así como la facultad de la Cámara de Senadores para ratificar a los secretarios de Estado pero aún hace falta esbozar disposiciones mínimas para integrar las coaliciones parlamentarias en ambas cámaras y definir cuáles serán sus funciones dentro de la estructura orgánica del Congreso, así como su relación con los grupos parlamentarios y con los órganos de gobierno internos.

Argumentos

La contienda electoral que se desarrolla en nuestro país a nivel federal para renovar la Presidencia de la República y las Cámaras del Congreso de la Unión, está representada por tres coaliciones electorales: 1) La coalición por México al Frente, integrada por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y el Partido Movimiento Ciudadano; 2) La coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social; y 3) La coalición Todos Por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza.

Esta es la primera vez en la historia del sistema de partidos de nuestro país, en el que la contienda electoral tiene como principales protagonistas a las coaliciones electorales y también es la primera ocasión en la que ninguno de los partidos políticos competirá en solitario. También será la primera vez que tendremos a una importante cantidad de candidatos independientes para el Congreso y para la presidencia, por cierto. Por lo tanto estamos claramente ante una coyuntura inédita.

Una vez que concluya la contienda electoral, las coaliciones electorales, las cuales por cierto, están establecidas en la Constitución y además están detalladamente normadas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se extinguirán automáticamente y cuando se conforme la integración de las Cámaras del Congreso, serán los partidos políticos los que quedarán representados en los diversos grupos parlamentarios.

Hasta la fecha no hay una tradición de construir coaliciones parlamentarias estables derivado fundamentalmente de que no hay una normatividad que facilite estas formaciones parlamentarias. Es decir, no hay base constitucional, legal ni reglamentaria para este propósito.

Si bien es cierto que en esta legislatura hemos visto al partido en el gobierno amalgamar a otros grupos parlamentarios en torno suyo, no deja de ser éste un arreglo que obedece a voluntades y circunstancias políticas específicas.

La pluralidad política que impera en nuestro país desde el año de 1997, fecha a partir de la cual ningún partido político ha logrado obtener por sí mismo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, ha forzado a la construcción de acuerdos entre los grupos parlamentarios ya que esta práctica se ha vuelto una necesidad para lograr aprobar reformas que logren darle estabilidad y gobernabilidad al país. No obstante estas alianzas han resultado muy efímeras debido a que no existe un marco jurídico que les dé soporte, equilibrio y constancia. Más bien se ha recurrido una y otra vez a la construcción de coaliciones ad hoc, para cada tema y proyecto que se somete a votación en las Cámaras, pero que desde luego se desvanece una vez logrado el propósito.

Con la reforma constitucional de 2014 en materia político-electoral, que en lo relativo al régimen de gobierno, entrará en vigor el próximo 1 de diciembre, se prevé la facultad que tendrá el próximo presidente de la república para optar por la conformación de un gobierno de coalición con las fuerzas políticas representadas en las cámaras del Congreso. También se contempla la facultad que tendrá la Cámara de Senadores para ratificar a los secretarios de Estado, con excepción de los secretarios de Defensa Nacional y Marina.

Tal atribución requerirá necesariamente de la conformación de una mayoría que permita que las propuestas de quienes integrarán el gabinete, puedan ser aprobadas. La formación de una coalición gobernante puede resultar consecuente con la coalición electoral que resulte triunfante en la carrera presidencial, pero si los grupos que la conforman no alcanzan una mayoría en las cámaras, el presidente tendrá que construir una mayoría plural más amplia, integrando a fuerzas políticas que no participaron en la coalición electoral.

Asimismo, el próximo gobierno pondrá a consideración de la Cámara de Diputados el Proyecto del Plan Nacional de Desarrollo para su aprobación, lo cual naturalmente requerirá de una mayoría legislativa.

Por tal motivo es muy importante que en las cámaras del Congreso se construya un andamiaje legal que haga posible la conformación de mayorías estables que participen de las decisiones y le den viabilidad al gobierno.

Sin embargo, el derecho de asociación entre grupos parlamentarios debe ser general y no limitativo, por lo tanto, la norma debe proveer las bases para que los grupos parlamentarios conformen coaliciones de mayoría que den sustento al gobierno de coalición, y también para aquellos que quieran asociarse como un frente opositor de minoría. Esta formación de minoría puede resultar esencial para que las oposiciones tengan fuerza para bloquear sobre todo reformas constitucionales que no reúnan el suficiente consenso para ser avaladas por mayorías calificadas.

Los grupos parlamentarios requieren de una normativa que les permita articularse en coaliciones gobernantes y de oposición con cierta facilidad, y con certidumbre en cuanto al propósito de las coaliciones, sus objetivos, su durabilidad y estabilidad y también las causas de su disolución.

También, en esta iniciativa pretendemos resolver una omisión del artículo 70, ya que en su tercer párrafo, habla de que la agrupación de los diputados se hará según su afiliación de partido, a fin de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados, y es necesario incluir en esta disposición la facultad que tienen los senadores para agruparse también según su afiliación partidista en la propia Cámara de Senadores.

A continuación, se muestran en el cuadro comparativo, las propuestas de modificación del proyecto de decreto que estamos poniendo a consideración de esta asamblea:

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de coaliciones parlamentarias

Único. Se reforma y adiciona el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 70. (...)

(...)

La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los legisladoressegún su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en las Cámaras del Congreso de la Unión.

Asimismo, la Ley establecerá las disposiciones y procedimientos para la integración de las coaliciones parlamentarias de mayoría en el Congreso, cuando el presidente de la República opte por conformar un gobierno de coalición, y también establecerá las disposiciones y procedimientos para la integración de las coaliciones parlamentarias de minoría.

La Ley del Congreso no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 135 constitucional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.— Diputados y diputadas: José de Jesús Zambrano Grijalva,David Gerson García Calderón, Julio Saldaña Morán, Ángel II Alanis Pedraza, Isaura Ivanova Pool Pech, Olga Catalán Padilla, Tomás Octaviano Félix, Arturo Bravo Guadarrama, J. Guadalupe Hernández Alcalá, Eva Florinda Cruz Molina, Irma Rebeca López López, Francisco Martínez Neri, Cecilia Guadalupe Soto González, Xavier Nava Palacios, Leonardo Amador Rodríguez, Karen Orney Ramírez Peralta, Lluvia Flores Sonduk, Óscar Ferrer Abalos, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Luis Maldonado Venegas, Victoriano Wences Real, Erik Juárez Blanquet, Candelario Pérez Alvarado, Erika Irazema Briones Pérez, José Santiago López, Felipe Reyes Álvarez, Rafael Hernández Soriano, Sergio López Sánchez, María Cristina Teresa García Bravo, Evelyn Parra Álvarez, Omar Ortega Álvarez y María Elida Castelán Mondragón (rúbricas).»

La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Zambrano. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Además, quiero agradecer la presencia de vecinos de la zona Volcanes, del municipio de Chalco, Estado de México, invitados por la diputada Dalila Rodríguez García. Bienvenidos.



LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 15 y 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, misma que es suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, presidenta, con su venia. Buenas tardes, compañeros. La iniciativa que presento el día de hoy es motivada por la falta de acuerdos y consensos que no se alcanzaron en un principio al inicio del periodo pasado en septiembre del 2017.

Como todos recordamos, esta Cámara se vio paralizada al no poderse instalar la Mesa Directiva, y nos vimos rebasados por el marco legal que no establecía un supuesto en el caso que se vivió en aquel momento.

En ese sentido es muy importante solventar certeza jurídica en escenarios diversos y adversos causados por la amplia pluralidad representada en este órgano.

Nosotros como legisladores debemos de tener en cuenta que el Poder Legislativo es una institución del Estado, que es relevante, donde reflejamos la voluntad del pueblo y de todo nuestro país. Su trascendencia radica en una función social, de legalidad y un aporte para construir leyes, leyes que den certeza en cada actividad que realizamos en favor del Estado mexicano.

Es importante resaltar que nuestro sistema legislativo al ser bicameral, si alguna cámara no inicia sus trabajos en los términos que establece la ley, representa una parálisis legislativa que pone en riesgo el Estado de derecho.

La Mesa Directiva —como todos sabemos— es el órgano de gobierno y dirección con un carácter institucional, donde los principios de imparcialidad, legalidad y objetividad, deben ser los que rijan en su actuar.

En este sentido es que la Mesa Directiva debe de garantizar la gobernabilidad y pluralidad política, así como la estabilidad parlamentaria de esta Cámara. Y así, de la misma manera, cumplir nuestras obligaciones y responsabilidades constitucionales, al mismo tiempo que debemos de ejercer las facultades exclusivas que nos corresponden.

En este sentido, es necesario establecer mecanismos jurídicos que den certeza para garantizar la instalación de la Mesa Directiva en el supuesto de que no se alcancen los acuerdos o los consensos necesarios como lo vivimos el año pasado.

La ley actual establece que es hasta el 5 de septiembre que podrá seguir en funciones la Mesa Directiva saliente, más allá no se establece nada y se entra en un conflicto legal. Es por eso que la propuesta que hoy someto a consideración de ustedes, e invito a que se sumen y quien guste la pueda suscribir, para estar en congruencia con lo que mencionaba ahorita el diputado Zambrano, en mejorar las condiciones del trabajo legislativo.

Creo que, al ser una reforma de este tipo, establecer un mecanismo en caso de que no se alcancen esos consensos más allá del 5 de septiembre, la propuesta consiste en que, una vez llegado este plazo, entra en funciones la Mesa de Decanos de manera excepcional y transitoria, en tanto le damos un plazo, se propone un plazo a la Suprema Corte de Justicia por ser el tribunal supremo, y será la Suprema Corte quien resuelva la situación legal de esta Cámara, con un plazo del 10 de septiembre.

Se toma en cuenta en estos plazos en función de número de sesiones, es un plazo corto, pero al ser un tema de trascendencia nacional que no se instale el órgano de la Mesa Directiva de esta Cámara, consideramos que es un plazo adecuado en el que la Suprema Corte podrá resolver cómo se instalará la Mesa Directiva o quién la ejercerá en funciones.

Es por ello que los invito a que suscriban esta iniciativa, a que se sumen, y que esto dé como resultado el mejoramiento del trabajo legislativo, prever supuestos, como igual lo mencionaba el compañero que me antecedió.

Este año electoral nadie los conoce, no sabemos cómo va a estar integrada la pluralidad de esta Cámara. Es por eso que es importante precisar que esta iniciativa no pretende blindar a ningún grupo parlamentario, es blindar un sistema jurídico porque hay un desconocimiento y no una certeza de los resultados electorales y la integración de los órganos legislativos. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 15 y 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 11 al artículo 15; y se reforman el numeral 7 del artículo 17, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Poder Legislativo es la institución del Estado más relevante donde se refleja la voluntad popular y la representación de las entidades federativas de nuestro país, su trascendencia radica en su función social, de legalidad y en el aporte para construir política pública.

Dado que nuestro sistema es bicameral, el proceso legislativo que siguen las iniciativas de reforma legal y a la Carta Magna deben pasar por ambas Cámaras del Congreso de la Unión; además, de ejercer por mandato constitucional facultades exclusivas que cada Cámara deben ejercer por mandato constitucional donde resaltan las de control presupuestario, el de política exterior y el de designación de funcionarios públicos.

Si alguna Cámara no iniciara sus trabajos en los términos que establece la ley habría una parálisis legislativa que pondría en riesgo el estado de derecho, la economía, las relaciones entre los Poderes de la Unión y la gobernabilidad, principalmente.

En este sentido, la Mesa Directiva como órgano de gobierno y dirección tienen un carácter institucional, donde los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad deben regir los trabajos de las Cámaras del Poder Legislativo donde los intereses nacionales deben sobreponerse a los ideológicos, de grupo y de partido.

La instalación y funcionamiento de la Mesa Directiva es relevante para el ejercicio de la democracia del Estado mexicano, ya que a través de su presidencia:

• Organiza los trabajos del pleno

• Representa jurídicamente a la Cámara

• Garantiza la inmunidad parlamentaria

• Vela por la inviolabilidad del recinto legislativo

• Conduce las relaciones institucionales de la Cámara

• Participa en actos protocolarios en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.

Es importante garantizar la instalación de la Mesa Directiva con certeza legal para evitar interpretaciones y presiones políticas que pongan en riesgo la estabilidad social, la gobernabilidad camaral y el equilibrio entre los poderes de nuestro país.

Por ello, esta iniciativa es motivada por la falta de acuerdos políticos que en septiembre del año pasado impidió la renovación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, paralizando el inicio de los trabajos legislativos, por lo que, la norma jurídica que regula la instalación de este órgano de gobierno no fue aplicada, ni atendida lo cual vulneró la legalidad y puso en riesgo la actividad legislativa del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Al respecto, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 17, numerales 6 y 7 contiene dos hipótesis para la toma de protesta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En el contenido del numeral 6 señala:

“En el caso de que a las 12:00 horas del 31 de agosto del año de inicio de Legislatura no se hubiere electo a la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, la Mesa de Decanos ejercerá las atribuciones y facultades que la ley otorga a aquélla y a sus integrantes, según corresponda, y su presidente citará a la sesión de instalación de Congreso. La Mesa de Decanos no podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de septiembre”.

Es decir, que si no es instalada la Mesa Directiva para el inicio de Legislatura en la sesión del 31 de agosto la Mesa de Decanos podrá hacerlo al 5 de septiembre, pero, la norma no establece otra hipótesis en el caso que no fuera votada la Mesa Directiva en esa fecha, por lo que hay una laguna legal, que queda a interpretación política lo cual puede alterar la certidumbre de los trabajos parlamentarios.

El texto del numeral 7 señala:

“La elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda, garantizando que la presidencia de la Mesa Directiva para tales ejercicios recaiga, en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido. El proceso será conducido por los integrantes de la Mesa Directiva que concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada requerida, esta Mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes con el fin de que se logren los entendimientos necesarios”.

En este supuesto normativo establece que si no alcanza mayoría calificada la nueva Mesa Directiva, la que concluye su ejercicio continuará en funciones hasta el 5 de septiembre con el fin de que se lleguen a los acuerdos necesarios para que alcance la votación requerida.

Este supuesto tiene una extensión de cinco días para que los grupos parlamentarios logren alcanzar consensos y puedan trasladarlos a la instalación de la Mesa Directiva.

De no lograr que el 5 de septiembre se instale la nueva Mesa Directiva, como establece la Ley Orgánica, entonces la Cámara de Diputados entraría en un escenario no previsto en ninguna ley, lo cual implicaría su parálisis. Como lo vivimos al inicio del último año de ejercicio de esta LXIII Legislatura.

Por ello, es necesario construir mecanismos jurídicos para dar certeza legal al trabajo legislativo de la Cámara de Diputados, y evitar desequilibrio político, social y económico.

Lo anterior se resume a garantizar la gobernabilidad, la pluralidad política y la estabilidad parlamentaria de la Cámara de Diputados, que es fundamental para la vida democrática de nuestro país, ya que tiene diversas responsabilidades constitucionales que cumplir, como son:

• Recibir el 1o. de septiembre de cada año el presidente de la Mesa Directiva en turno el Informe Presidencial.

Ejercer sus facultades exclusivas, tales como:

• Aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación

• Revisar anualmente la Cuenta Pública

• Declarar si hay o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos

• Nombrar a los Consejeros Electorales

• Nombrar a los titulares de los órganos internos de control.

En el Grupo Parlamentario del PVEM sostenemos que la estabilidad de los órganos de gobierno del Poder Legislativo, como lo es la Mesa Directiva, debe ser una prioridad garantizar su instalación y buen funcionamiento, ya que regula la vida y viabilidad del quehacer legislativo. Donde la certeza jurídica debe solventar escenarios diversos y adversos causados por la amplia pluralidad política y competitividad electoral que se ha mostrado en las últimas dos décadas, en este sentido, los desacuerdos políticos que puedan surgir deben tener mecanismos de legalidad que se sobreponga a los intereses coyunturales y políticos que tengan como objetivo infringir nuestro sistema democrático.

Por ello, consideramos que es necesario ampliar el plazo para la instalación del segundo y tercer año de ejercicio de la Legislatura, además, de adicionar mecanismos para dar certeza jurídica en el caso que no haya acuerdo para la instalación de la Mesa Directiva.

En ese tenor, se propone que si para el 5 de septiembre no se ha instalado la Mesa Directiva será la Mesa de Decanos quien solvente las funciones correspondientes, esto es, por estar constituida por los diputados de mayor experiencia legislativa, lo cual permitirá ejercer como Mesa Directiva mientras se concretan los acuerdos necesarios.

Es decir, para prevenir algún acto de ingobernabilidad que ponga en riesgo la estabilidad de la Cámara de Diputados, si no hubiera acuerdos para la instalación de la Mesa Directiva, es necesario que la figura de los diputados decanos participe con su experiencia en la constitución no sólo de una Legislatura, sino, en el caso de la instalación de la Mesa Directiva del segundo y tercer año de ejercicio de una Legislatura.

Dada la naturaleza jurídica de la Mesa de Decanos, su funcionamiento en este caso es considerado excepcional y transitorio, en tanto se invoca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como instancia única –considerada idónea, por ser el máximo tribunal de este país– para resolver un tema de constitucionalidad y legalidad; en un plazo que no exceda al 10 de septiembre.

Se propone dicho plazo por considerar un asunto relevante para el país y que debe ser atendido de manera prioritaria por el Máximo Tribunal Constitucional, ya que es indispensable darle continuidad al trabajo parlamentario, y en este escenario se prevé que serían hasta dos sesiones sin Mesa Directiva, según el año.

La participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si se llegara a este supuesto, está justificada debido a que si no se instala la Mesa Directiva por cuestiones y coyunturas políticas viola la constitucionalidad y legalidad de diversos derechos tales como:

• Derechos de representación política de los mexicanos establecidos en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, al no contar con una Mesa Directiva debidamente electa conforme a las previsiones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados se ve impedida en sus facultades y atribuciones para realizar todo proceso legislativo.

• Derechos de los diputados federales al no poder ejercer el derecho de voto en el pleno de la Cámara de Diputados.

• Derechos de seguridad jurídica de los mexicanos, al no contar con una Mesa Directiva que ejerza facultades y atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, la Cámara de Diputados se ve impedido de materializar de manera eficiente el funcionamiento camaral y bicameral, cuyos procedimientos legislativos se establecen en el artículo 72 de la nuestra Carta Magna.

• Derechos conjuntos de representación política y seguridad jurídica porque al no haber Mesa Directiva, la Cámara de Diputados no puede ejercer sus facultades exclusivas y como parte del Congreso de la Unión, con base en los artículos 73 y 74 constitucional.

• Derechos de seguridad económica y social de los mexicanos que planifican el desarrollo nacional y la búsqueda del mejoramiento económico para las familias mexicanas y grupos vulnerables. Aquí resalta, que si no hay Mesa Directiva se corre el riesgo de que no haya un órgano que reciba el paquete económico en el término constitucional que es el próximo 8 de septiembre, por lo que no habrá quien lo turne a las comisiones correspondientes para su debido proceso legislativo.

Los argumentos esgrimidos en la presente iniciativa se fortalecen y justifican con los antecedentes legislativos donde los desacuerdos políticos han superado los términos establecidos para la instalación de la Mesa Directiva, donde hay un vacío legal que ocasiona una parálisis en el quehacer parlamentario, se mencionan a continuación:

• Septiembre de 2003, en el Tercer Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura.

• Septiembre de 2010, en el Segundo Año de Ejercicio de la LXI Legislatura.

• Septiembre de 2017 en el Tercer Año de Ejercicio de la actual LXIII Legislatura.

Cabe señalar que en las dos primeras ocasiones el mecanismo funcionó, es decir, se instaló la Mesa Directiva en el periodo del 31 de agosto al 5 de septiembre, pero, en el tercer supuesto, se superaron los términos legales previstos (teniendo como límite el 5 de septiembre) debiendo tomar una decisión política, la cual fue declararse en receso por dos días más, con lo cual se pudo instalar el 7 de septiembre de 2017.

Estos hechos legislativos dejan constancia de que no existe un mecanismo jurídico que salvaguarde la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados si es superado por desacuerdos políticos los términos hasta hoy establecidos en la ley.

En este sentido, en el Grupo Parlamentario del PVEM estamos a favor de fortalecer nuestra normatividad para que los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados funcionen a plenitud con sus facultades constitucionales y legales, por lo que, estamos obligados a contar con un nuevo mecanismo legal para resolver los escenarios de competitividad política y electoral que se puedan suscitar, con la finalidad de garantizar el trabajo legislativo para brindar seguridad jurídica a nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un numeral 11 al artículo 15; y se reforman el numeral 7 del artículo 17, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona el numeral 11 al artículo 15; y se reforman el numeral 7 del artículo 17, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Título SegundoDe la Organización y Funcionamiento de la Cámara de Diputados Capítulo PrimeroDe la Sesión Constitutiva de la Cámara

Artículo 15.

1. a 10. (...)

11. En caso de que persistan los desacuerdos previstos en el numeral 7 del artículo 17 de esta ley, la Mesa de Decanos entrará en funciones, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve.

Capítulo SegundoDe la Mesa Directiva Sección PrimeraDe su Integración, Duración y Elección

Artículo 17.

1. (...)

2. (...)

3. (...)

4. (...)

5. (...)

6. En el caso de que a las 12:00 horas del 31 de agosto del año de inicio de Legislatura no se hubiere electo a la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, la Mesa de Decanos ejercerá las atribuciones y facultades que la ley otorga a aquélla y a sus integrantes, según corresponda, y su presidente citará a la sesión de instalación de Congreso. La Mesa de Decanos no podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de septiembre.

7. La elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda, garantizando que la presidencia de la Mesa Directiva para tales ejercicios recaiga, en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido. El proceso será conducido por los integrantes de la Mesa Directiva que concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada requerida, esta Mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes con el fin de que se logren los entendimientos necesarios.

Si no se lograra la instalación en dicha fecha entrará en funciones la Mesa de Decanos en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver a más tardar el 10 de septiembre del año de ejercicio que corresponda.

8. (...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2018.— Diputadas y diputados: Sharon María Teresa Cuenca Ayala,Jesús Sesma Suárez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Elías Octavio Iñiguez Mejía, Fernando Castro Ventura, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Flor Estela Rentería Medina, Francisco Saracho Navarro, Javier Guerrero García, Juan Manuel Celis Aguirre, Omar Noé Bernardino Vargas, Pedro Luis Noble Monterrubio, Timoteo Villa Ramírez (rúbricas).»

La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Sharon Cuenca. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Sonido, por favor, en la curul del diputado Pedro Luis Noble. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (desde la curul): Gracias, presidenta. Para pedirla a la diputada Sharon Cuenca Ayala me permita suscribir la iniciativa. No obstante que ella lo ha permitido de forma abierta, quiero felicitarla por esta razón. Gracias.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Diputada. Puede pasar, diputado, para firmarla.

Quiero dar una cordial bienvenida al grupo de alumnos de 5o y 6o grado de primaria, así como a personal docente y padres de familia, de la escuela primaria Libertad, de la zona escolar 174, pertenecientes al municipio de Córdoba, Veracruz, invitados especiales del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes. Bienvenidos.



LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN

La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 40 y 67 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

La diputada Verónica Delgadillo García:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros, compañeras, señoras y señores, a lo largo de los últimos años hemos sido testigos de la peor generación de políticos, especialmente de la peor generación de gobernantes encabezados por el propio presidente de la República, que se han dedicado a hacer lo que han querido con nuestras instituciones y con el dinero de todas y todos los mexicanos.

Esta generación, la peor generación de la historia de nuestro país, se encargó de empeorar la inseguridad, la desigualdad y la pobreza. Se encargó de darle la espalda a todos los mexicanos que decía representar. Hace unos días, a partir de los informes de la Auditoría Superior de la Federación, se detectó que los desvíos de recursos públicos de este gobierno suman más de 6 mil 879 millones de pesos, de estos millones que fueron desviados por la peor generación de gobernantes, pero, sobre todo, por el peor gobierno en la historia reciente de nuestro país.

Para darnos cuenta de lo que implica este monto, los seis mil 879 millones de pesos, podemos ejemplificarlo, por un lado, que se podría pagar con eso tres años del presupuesto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el 50 por ciento del presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Con ese dinero se pudo haber pagado 22 veces el programa de Becas para Jóvenes de Preparatoria. Es decir, que más de 600 mil jóvenes pudieron haber tenido un apoyo para seguir estudiando.

Con ese dinero se pudo haber pagado 21 veces el programa para dar útiles, uniformes y zapatos escolares que ha dado el gobierno de Guadalajara. Con ese dinero, por ejemplo, se podían haber equipado y remodelado más de 450 unidades Cruz Verde.

Podemos seguir con los ejemplos, pero lo que está de fondo es que con ese dinero se pudieron haber brindado oportunidades a mujeres jefas de familia, apoyar el desarrollo de las comunidades indígenas, apoyar para que jóvenes siguieran estudiando. Se pudieron equipar escuelas que hoy ni siquiera muchas de ellas tienen los servicios básicos. Con ese dinero se pudieron haber construido hospitales para atender el problema de salud, que es tan grave en tantos rincones de México.

Pero no fue así, esta, la peor generación de gobernantes, se dedicó a que ese dinero se fuera a la cañería de la corrupción, a la bolsa de unos cuantos. Esa generación con sus acciones le dio la espalda a todos los mexicanos y traicionó la confianza de la gente.

Es por eso que en Movimiento Ciudadano estamos conscientes de esta realidad y no podemos permanecer con los brazos cruzados. Nosotros estamos conscientes que una de nuestras máximas responsabilidades es enfrentar con valor y determinación a esta mala generación de políticos y también somos conscientes que no podemos dejar de señalar a este gobierno, que con su red de corrupción y de complicidad ha lastimado profundamente a nuestro país.

Por eso el día de hoy presento esta iniciativa, para darle facultades necesarias a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el momento que tenga conocimiento de alguna irregularidad en el ejercicio de dinero público, pueda interponer juicios penales y denuncias, juicios políticos para todos aquellos que resulten responsables y que lo pueda hacer de manera inmediata y ágil.

Y en este sentido, quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a esta legislatura, un llamado a aquellos que tienen congeladas las iniciativas para luchar en contra de la corrupción, que tienen congelados los juicios políticos, aquellos que quieren que no pase nada en este Congreso, para que dejen de utilizar esta Cámara como una extensión de la oficina de la Presidencia de la República y que asuman su responsabilidad.

Este Congreso tiene que dejar de ser un lugar en el que frente a desvíos millonarios como este nadie diga nada, el Congreso de la Unión tiene que dejar de ser la tapadera de este gobierno, de Peña Nieto y de todos sus aliados. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 40 y 67 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Verónica Delgadillo García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 40 y 67 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en materia de fincamiento de responsabilidades con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I.Recientemente la Auditoría Superior de la Federación reveló que fueron encontradas irregularidades en la Cuenta Pública de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), donde se encontraron desvíos millonarios.

“La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un desvío de recursos que asciende a mil 311 millones de pesos, a través de pagos realizados a empresas fantasma por parte de la Sedesol y la Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles.”

Adicionalmente debemos de recordar que en la denominada “Estafa Maestra” se señaló un presunto fraude de casi 540 millones de pesos en Sedesol, “dinero que habría sido entregado a tres universidades en 2015, quienes a su vez lo habrían utilizado para subcontratar a otras empresas. Los 540 millones presuntamente desviados estaban destinados para atender a personas en situación de pobreza extrema.”

Casos como el de Rosario Robles, así como el todos los involucrados en “La Estafa Maestra” deben ser investigados en su totalidad, resarcirse el daño, y principalmente fincar responsabilidades a aquellos servidores públicos que prefirieron atender un interés particular en vez de cubrir las necesidades de nuestro país.

Actualmente la Auditoría Superior de la Federación tiene la labor de fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales por parte de los entes públicos, o “participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica” como lo establece el artículo 1o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Dicha labor contempla verificar la forma en que los ingresos públicos fueron recaudados y principalmente administrados, así como constatar que dichos recursos lograron su destino principal y para lo que fueron etiquetados, ajustándose a la legalidad sin causar algún daño o perjuicio en contra del patrimonio de la federación.

De no cumplirse con lo anterior, la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuenta con las facultades para promover las acciones o denuncias correspondientes por las irregularidades que comentan aquellos servidores públicos involucrados, tanto de carácter administrativo como penal. De tal forma que, dentro de las acciones y recomendaciones derivadas de la fiscalización la ASF también puede realizar denuncia de juicio políticos, haciendo del conocimiento a la Cámara de Diputados la presunción de actos u omisiones de los servidores públicos en relación al manejo de los recursos públicos.

Derivado de estas dos facultadas con las que cuenta la Auditoría Superior de la Federación, respecto a la denuncia de juicio político y la correspondiente a la penal, la presente iniciativa propone que dichas facultades sean ejercidas en el momento en que se hace del conocimiento público a través de los informes de Cuenta Pública. En el entendido de que la determinación de los daños y del fincamiento de responsabilidades además de buscar resarcir el daño ocasionado, debe de ir a la par de responsabilizar al servidor público responsable.

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 40 y 67 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en materia de fincamiento de responsabilidades

Artículo Único.Se reforma y adiciona la fracción VII del artículo 40; y a la fracción III del artículo 67 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en materia de fincamiento de responsabilidades, para quedar de la siguiente manera

Artículo 40. La Auditoría Superior de la Federación al promover o emitir las acciones a que se refiere esta ley, observará lo siguiente:

I. a VI. [...]

VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento de la Cámara la presunción de actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, a efecto de que se substancie el procedimiento y resuelva sobre la responsabilidad política correspondiente. Dicha denuncia será presentada al mismo momento en que fueron publicados los informes de las cuentas públicas en que se detectaron las irregularidades.

Artículo 67. [...]

I. y II. [...]

III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías; las cuales deberán ser presentadas al mismo tiempo en que fueron publicados los informes de las cuentas públicas en que se detectaran las irregularidades, y se presuma la existencia de delitos por hechos de corrupción;

IV. y V. [...]

[...]

[...]

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Redacción Animal Político, Auditoría revela desvíos millonarios en Sedesol y Sedatu; Rosario Robles lo niega y pude presentar pruebas, febrero 20 2018.

https://www.animalpolitico.com/2018/02/auditoria-sedesol-desvio-rosario-robles/

2 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.— Diputadas y diputados: Verónica Delgadillo García,Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, Alejandra Gutiérrez Campos, Elías Octavio Iñiguez Mejía, Emma Margarita Alemán Olvera, Francisco Xavier Nava Palacios, Germán Ernesto Ralis Cumplido, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Jonadab Martínez García, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María Candelaria Ochoa Avalos, Salvador García González, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbricas).»

La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Verónica Delgadillo. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

INTERVENCIONES DE LEGISLADORES



RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LA DIPUTADA VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, DE MC

El diputado Jonadab Martínez García(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Me ha solicitado el uso de la palabra el diputado Jonadab Martínez García, ¿con qué finalidad?

El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Gracias, presidenta. En dos sentidos mi comentario. El primero es, que la bancada de Movimiento Ciudadano se ha distinguido por señalar todo tipo de excesos del gobierno federal y actos de corrupción y de impunidad. Por eso es que le solicitamos a la proponente adherirnos a la iniciativa.

Y mi segundo comentario es, porque la diputada Vero Delgadillo ha anunciado que se separa del cargo de diputado federal y a partir de hoy surte efecto su licencia, por lo cual queremos también reconocer su trabajo en estos dos años de ejercicio legislativo, que ha puesto el ejemplo y que ha encabezado fuertes batallas, como la propuesta de limitar y de reducir y, sobre todo, de cancelar de una vez por todas la pensión para ex presidentes de nuestro país. Por eso es que reconocemos su talento, su trayectoria y hoy en buena hora le deseamos próspero éxito en su proceso electoral que se avecina. Muchísimas gracias, presidenta.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María Ávila Serna: A usted, diputado. El uso de la palabra al diputado Jesús Zambrano Grijalva.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde la curul): Gracias, presidenta. Igualmente, para felicitar a la diputada Verónica Delgadillo por la iniciativa que acaba de presentar y que escuchamos con mucha atención, va directo a un tema fundamental en el momento actual de la vida del país.

Y desde luego, también en el mismo sentido de que sabiendo que es el último día de su desempeño aquí como diputada, porque se va a asumir otras responsabilidades, felicitarla, desearle la mejor de las suertes y dejar claro nuestro reconocimiento a su labor legislativa.

Tuve la fortuna de compartir responsabilidades en la Mesa Directiva, en el primer año de ejercicio de esta legislatura y vimos ahí siempre a una diputada muy responsablemente actuando, como la seguimos viendo acá en tribuna y en muchas otras de las actividades parlamentarias. Nuestras felicitaciones por su trabajo y desde luego el deseo de la mejor de las suertes. Muchas gracias.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias a usted, diputado. En el uso de la palabra el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido(desde la curul): Muchas gracias, diputada presidenta. De igual manera para felicitar a mi compañera diputada Verónica Delgadillo por la gran labor que realizó como legisladora, como parte de la Mesa Directiva.

También, aprovechar para poder adherirme a la iniciativa que acaba de presentar, dado que Movimiento Ciudadano y sobre todo la diputada siempre de frente buscando cerrar las puertas a la corrupción, esta iniciativa creo que fortalece esa visión.

Creo que hoy estamos ante un ejemplo muy claro, hace unos momentos hablaban de cortinas de humo y es precisamente eso es lo que tenemos que combatir, tenemos que ir concretamente y de frente a combatir los temas que le quiten el dinero a los que menos tienen, el dinero público que es sagrado y debe de estar en una caja de cristal.

Hoy, hay un desvío de recursos por más de seis mil millones de pesos que está asentado ya en actas por la propia Auditoría Federal de la Nación y que de alguna manera no se está haciendo nada.

Entonces, eso es lo que quisiera dejar claro, apoyar esta iniciativa y si me permite la diputada suscribir la propia. Es cuanto, gracias.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene el uso de la palabra el diputado Federico Döring Casar.

El diputado Federico Döring Casar(desde la curul): Gracias, presidenta. Me sumo a las consideraciones y felicitaciones a la diputada Verónica Delgadillo.

Hablaba ella de la generación de políticos que no le supo servir a México y que deja un enorme saldo, tiene este país y el estado de Jalisco en ella una nueva generación de políticos que sabe hacer política, que le da frescura y que le da esperanza a la política y que sin duda hará un ejemplar papel en el Senado de la República.

Es un privilegio haber compartido contigo esta legislatura y te deseamos todo tipo de parabienes y mucho éxito en el Senado de la República, Vero.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado. Diputada Verónica Delgadillo, han solicitado adherirse a su iniciativa, ¿acepta?

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Sí.

La presidenta diputada María Ávila Serna:Con gusto, queda entonces aquí a disposición de todos los legisladores.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS



LEY GENERAL DE PROTECCÓN CIVIL

La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra por diez minutos la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. Perdón, hubo un cambio, entonces le damos el uso de la palabra al diputado Ángel García.

El diputado Ángel García Yáñez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, para Nueva Alianza la protección civil es un instrumento nodal en la agencia nacional, al ser un espacio donde los tres órdenes de gobierno deben actuar de manera articulada, con el propósito de enfrentar con toda oportunidad las manifestaciones y embates de las fuerzas naturales.

La Organización Internacional de Protección Civil define que este es un sistema que cada país proporciona la protección y la asistencia para todos ante cualquier tipo de desastre o accidente relacionado con los sismos, así como la salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio ambiente.

Sabemos que los desastres naturales representan un riesgo latente sobre la población, desafortunadamente, en septiembre pasado tuvimos un claro ejemplo de ello con los sismos que cimbraron varios estados, dejando incalculables pérdidas humanas y materiales.

La Ley de Protección Civil prevé que en las actividades de salvamento o rescate de víctimas participen como voluntarios los particulares o miembros de la sociedad civil, quienes para realizar esas actividades deben tener convenios con la autoridad competente, en el entendido de que poseen conocimientos especiales en la materia.

Así, tanto los particulares como las dependencias públicas que participen en actividades de asesoría, capacitación, evaluación, elaboración de programas internos de protección civil, de continuidad de operaciones y estudios de vulnerabilidad y riesgos deberán contar con el registro expedido por la autoridad competente de protección civil.

En aras de transitar hacia un modelo más eficiente, la iniciativa que hoy les presento propone a la Comisión de Protección Civil sea quien diseñe y opere un banco de datos de los particulares y servicios públicos que participen en tareas de protección civil, así como de las certificaciones que se expidan.

Todo ello con el propósito de elevar los aciertos y deficiencias que se hayan presentado en contingencias anteriores, para que a partir de la experiencia acumulada se esté en posibilidades de elevar la calidad de servicios, así como de subsanar los errores cometidos.

La idea es contar con un padrón de datos personales capacitado, así como los mecanismos para la expedición de certificaciones, en caso de requerirse la implementación de acciones de rescate.

Compañeras y compañeros, sabemos que no podemos predecir los fenómenos naturales, pero sí debemos estar lo mejor preparados posible para responder ante la emergencia. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Ángel García Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I del artículo 5 y II del artículo 10, y se adicionan la fracción XXIV Bis al artículo 19 y el artículo 19 Bis a la Ley General de Protección Civil, con base en el siguiente

Planteamiento del problema

El artículo 73 de la Constitución General de la Republica establece la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materias determinadas; uno de esos rubros se sustenta en las denominadas facultades coincidentes, que son consideradas como aquellas que pueden ejercer válidamente, sin que exista invasión de competencia, la federación, los estados y los municipios.

Así, concurren en materias como seguridad pública, medio ambiente, educación, salud, protección civil, entre otras.

La ley que regula la materia de protección civil fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, teniendo por objeto el establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en dicha materia, responsabilidad en donde intervienen los sectores privado y social, atentos a las disposiciones que determina la citada norma jurídica.

La protección civil, o defensa civil, como organización, surgió el 12 de agosto de 1949, a través del Protocolo 1 adicional al Tratado de Ginebra, denominado “Protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales”, cuyas disposiciones que tienen por objeto complementar el trabajo de la Cruz Roja a escala internacional.

Sin embargo, esos trabajos se han extendido hacia otras formas de auxilio a través de acciones o programas, en los casos de contingencias que representan una amenaza grave para las personas que ven el peligro de perder su vida, propiedades, posesiones o entorno, debido a la presencia de fenómenos perturbadores o de riesgo provenientes de la naturaleza de la acción humana (antropogénico) que generan desastres.

En las actividades de salvamento o rescate de víctimas participan, como voluntarios, los particulares o miembros de la sociedad civil, quienes, para realizar esas actividades, deben celebrar convenios con la autoridad competente, en el entendido de que poseen conocimientos especiales en la materia de protección civil o defensa civil.

Por mandato legal, tanto los particulares como las dependencias públicas que participen en actividades de asesoría, capacitación, evaluación, elaboración de programas internos de protección civil, de continuidad de operaciones y estudios de vulnerabilidad y riesgos en esta multicitada materia, deberán contar con el registro expedido por la autoridad competente de protección civil, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el reglamento de la referida ley,en el entendido de que dicho registro es obligatorio.

Lo anterior, según la consideración de que la labor del rescatista o brigadista, reconocida por la sociedad como una actividad noble y digna de encomio ya que las personas que desempeñan esa actividad ponen en riesgo su vida con la finalidad de salvar o proteger otras, y, en general, todo aquel que participe en el cuerpo de socorristas de protección civil, debe contar con la acreditación, especialización o capacitación necesaria para hacer frente a la tragedia con eficacia.

El presente proyecto de iniciativa propone que la Comisión Nacional de Protección Civil sea quien diseñe y opere un banco de datos de los particulares y servidores públicos que participen en tareas de protección civil, así como de las certificaciones que se expidan.

Dicho registro se hará con el propósito de evaluar los aciertos y deficiencias que se hayan presentado en contingencias anteriores, a fin de que , a partir de la experiencia acumulada, se esté en posibilidad de elevar la calidad del servicio, por un lado y, por el otro, subsanar los errores cometidos, de tal manera que en lo sucesivo se pueda contar con más y mejores herramientas para la defensa civil.

Los daños que han dejado los recientes fenómenos meteorológicos y movimientos sísmicos unieron a los mexicanos más que nunca, visto lo anterior a través de las muestras de solidaridad con los damnificados que fueron copiosas y emotivas; asimismo, la gente se volcó a proporcionar ayuda física, en especie y hasta donaciones.

Sin embargo, aprovechando la confusión, en diversas zonas de desastre se presentaron personas que se hicieron pasar como socorristas, con el vil propósito de saquear los bienes inmuebles donde acudían.

Por ello, ante el riesgo de que esos comportamientos anómalos se sigan reproduciendo, es que proponemos la presente expresión legislativa, con el propósito de que exista un padrón de datos del personal capacitado, así como los mecanismos para la expedición de certificaciones y, con ello, evitar la presencia de usurpadores, en caso de requerirse la implementación de acciones de rescate.

Argumentación

Brindar la adecuada protección y seguridad pública a la sociedad, es una obligación constitucional por parte del Estado mexicano y un derecho potestativo de la ciudadanía, pues los desastres que tienen su origen en la naturaleza dejan secuelas trágicas irreparables, como viene siendo la pérdida de sus propiedades o posesiones, por decir lo menos, pues en un escenario más dramático, sufren un quebranto en su vida, que puede extenderse a sus seres queridos.

En Nueva Alianza sostenemos que la protección civil es un instrumento nodal en la agenda nacional, al ser un espacio donde los tres órdenes de gobierno deben actuar de manera articulada, a fin de enfrentar, con toda oportunidad, las manifestaciones de las fuerzas de la naturaleza que pueden llegar a desencadenar una serie de calamidades en las regiones donde se presenten.

Las acciones que se generen de ese tipo de manifestaciones deben estar encaminadas a preservar la integridad física y patrimonial de las personas, así como la infraestructura pública, pues de lo que se trata es de reducir, al mínimo posible, la vulnerabilidad de la sociedad ante los agentes perturbadores.

En ocasiones, la fuerza de la naturaleza se manifiesta de manera exacerbada a través de fenómenos perturbadores, dentro de los que se encuentran principalmente los sismos, como los acontecidos el 19 de septiembre de 1985 y el reciente movimiento telúrico del 19 de septiembre de 2017, pues se considera que, aproximadamente, dos terceras partes de la superficie nacional tienen un riesgo elevado; aunado a lo anterior, nuestro país ha resentido otros fenómenos igualmente dañinos, como son los huracanes, ciclones y, en su caso, tormentas tropicales, mismos que provocan inundaciones y tragedias en la población, cuyo resultado consiste primordialmente en dejar en la orfandad a las familias que viven o transitan en la zona de desastre.

La fuerza devastadora, frecuencia y alto potencial destructivo con que ocurren dichos fenómenos, obliga a que los tres órdenes de gobierno, en conjunto con la sociedad organizada, tomen las medidas pertinentes para hacer frente a los efectos significativos que éstos provocan en las regiones, comunidades, pueblos y ciudades, a fin de contrarrestar, en lo posible, sus efectos negativos.

Ante ese panorama, la presente Iniciativa tiene por finalidad transitar hacia un servicio más eficiente en materia de protección civil; por ello, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos que lo dicho será posible a través del balance propuesto, con lo que se logrará que los agentes, particulares y servidores públicos que fincan sus actividades del sector a través de asesorías capacitación, evaluación, elaboración de programas internos de protección civil, de continuidad de operaciones y estudios de vulnerabilidad y riesgos, presten el auxilio y socorro con toda oportunidad y eficiencia a las personas, patrimonio y entorno que sufren los efectos de los fenómenos de riesgo, considerando que, de aprobarse la presente Iniciativa, la capacidad de operación y de reacción de los elementos de Protección Civil, ante la presencia de un fenómeno que demande su actuación, atenderán la emergencia en inmejorables condiciones.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil

Primero.Se reforman las fracciones I del artículo 5 y II del artículo 10 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 5....

I. Prioridad en la prevención y protección a la vida, la salud y la integridad de las personas;

II. a VIII. ...

Artículo 10....

I....

II. Deteccióne identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios;

III.a VII....

Segundo.Se adiciona una fracción XXIV Bis al artículo 19 y un artículo 19 Bis; ambos, a la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 19....

I.a XXIV....

XXIV Bis. Diseñar, instrumentar, implementar y operar un padrón nacional de los particulares y servidores públicos que realicen las actividades a que se refiere el artículo 11 de este ordenamiento. Así como también del número de certificaciones expedidas.

XXV.a XXXI....

Artículo 19 Bis. El registro a que se refiere la fracción XXIV Bis del artículo 19 de esta Ley tendrá por finalidad elaborar un balance periódico del desempeño de los particulares y servidores públicos que ejercen responsabilidades en materia de protección civil, verificando en todo momento que cuenten con la certificación vigente, a fin de realizar una evaluación de la prestación del servicio y detectar las insuficiencias que se presenten para enfrentar las emergencias.

Se entenderá por evaluación a la medición sistemática del peligro que representa el fenómeno de riesgo frente a la capacidad de respuesta para prestar auxilio oportuno y eficaz a la sociedad civil y, con ello, anular, disminuir, socavar o atenuar los posibles daños que se llegaran a presentar, atendiendo a los estándares e indicadores nacionales e internacionales en materia de protección civil, orientados a contribuir a su mejoramiento, con el propósito de cuantificar y cualificar los resultados sobre su desempeño.

El cociente que se origine será el punto de orientación para planear, fomentar y mejorar los servicios de asesoría, capacitación, evaluación, elaboración de programas internos de protección civil, de continuidad de operaciones y estudios de vulnerabilidad y riesgos en materia de protección civil. Lo anterior será requisito indispensable para obtener la certificación a que se refiere el párrafo segundo del artículo 49 de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Artículo 1o. de la Ley General de Protección Civil.

2 El Tratado de Ginebra (contiene el trato respecto a los prisioneros de guerra), y sus convenios (4), los protocolos adicionales (1 y 2). Establecen reglas claras respecto a la forma en que se pueden librar las confrontaciones y buscan minimizar sus efectos. En esos instrumentos internacionales se da especial protección a las personas y poblaciones que no participan en los conflictos armados.

3 Disponible en

https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=402336 Fecha de consulta 17 de enero de 2018.

4 Artículo 11 de la Ley General de Protección Civil.

5 “Un grupo de personas que se hizo pasar por brigadistas de protección civil asaltó dos viviendas en la delegación Cuauhtémoc”, en Milenio Digital, 20 de septiembre de 2017.

Disponible en

http://www.milenio.com/df/asaltan-viviendas-sismo-cuauhtemoc-falsas- brigadas-proteccion_civil-montreal-milenio_0_1033696 821.html Consultado el 24 de enero de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2018.— Diputado Ángel García Yáñez(rúbrica).»

La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias a usted, diputado Ángel García Yáñez. Túrnese a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.



LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. y adiciona un artículo 6 Bis de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco:Con su permiso, señora presidenta. Señoras diputadas y diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social hago uso de esta tribuna para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona una fracción I al artículo 6 y se adiciona un artículo 6 Bis a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con objeto de que se incluya a la familia como un ámbito de la prevención social de la violencia.

La ley que se propone reformar fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2012 y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El mismo año en que surge esta ley, el gobierno actual anuncia como una meta nacional construir un México en paz y plasmar una estrategia correspondiente en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

La estrategia planteaba dos vertientes de trabajo: la contención del delito y la prevención social de la violencia y la delincuencia. La violencia y la delincuencia son problemas que no tienen una expresión única, son situaciones complejas, con múltiples causas, lo que implica que no es posible enfrentar solo controlando y sancionando el delito, también es necesario prevenirlos, es decir, abordar las causas sociales y los factores de riesgo que propician estas situaciones.

El enfoque de la prevención es absolutamente necesario en un país como México, en el cual la atención se ha centrado en el combate frontal de la delincuencia, lo que ha generado elevados costos sociales, como son el incremento del miedo y la percepción de inseguridad en la ciudadanía, el encierro en los espacios privados de las viviendas, el abandono del espacio público, el incremento de las medidas de seguridad y el más lamentable de todos, las pérdidas de vidas humanas.

Por tal razón la inseguridad es actualmente una de las principales preocupaciones de los mexicanos, se ha colocado en el ojo del huracán las medidas que el gobierno implementa para disminuirla. La prevención de la violencia y la delincuencia busca incidir en causas y factores de riesgo presentes en la configuración de estas conductas, los hace considerando que estos problemas influyen aspectos individuales, familiares, escolares, sociales y el entorno físico.

Al mismo tiempo busca fortalecer los factores de protección para disminuir y neutralizar las posibles problemáticas. Es decir, la prevención social implica la promoción de cambios socioculturales para generar entornos más seguros y propicios para vivir libre de la delincuencia y de la violencia.

Para Encuentro Social uno de los aspectos más importantes a atender para la prevención de la violencia y la delincuencia es la familia, ya que consideramos que la familia es el primer medio de control social, donde las personas aprenden a interactuar positivamente. De no ser así, comienza a gestarse problemas sociales que hoy vemos a diario, como es el uso de la violencia para resolver conflictos o la existencia de la violencia, combatir y fortalecer los temas de valores como la responsabilidad, la solidaridad y el respeto de límites entre las personas e interactuar entre personas.

Así, por ejemplo, los procesos penales contra menores, sobre todo cuando el hecho es grave, frecuentemente el acusado proviene de una familia disfuncional. Una familia es disfuncional si falta comunicación, afecto, actividades compartidas, asunción de responsabilidades y si se pierde el sentido de pertenencia y cohesión, ya sea en un núcleo monoparental, ampliado o tradicional, donde se encuentran ambos padres.

En ese sentido la Encuesta Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014, estima que el 36 por ciento de los hogares con jóvenes de 12 a 29 años se presenta la ausencia de al menos una figura paternal.

Asimismo, se observa que en la mitad de los hogares en estos se identifican situaciones de conflicto o peleas entre miembros del hogar. Igualmente se aprecia que el 71.6 de los jóvenes cuenta con amigos involucrados en al menos en un factor de riesgo. De ellos, el 61.6 manifiesta que sus amigos han tenido problemas en sus casas. Aunado a lo anterior, el 39.8 de los jóvenes que estudia o trabaja identifica a sus compañeros que tienen problemas en sus casas.

Esto quiere decir que uno de los grandes temas para poder combatir la delincuencia y para poder prevenirla es atender a la familia. Es atender el núcleo familiar y apoyar todas aquellas acciones que vayan encaminadas a poder fortalecerlas.

Es por eso que el Grupo Parlamentario de Encuentro Social propone adicionar una fracción I al artículo 6o. y artículo 6o. Bis a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con el objetivo de que se incluya a la familia como un ámbito de la prevención social de la violencia y de la delincuencia. De ahí la importancia de esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 6 y adiciona el 6 Bis a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, en nombre de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

El 24 de enero de 2012, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, esta tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el mismo año en que surge esta ley, el gobierno actual anunció como una meta nacional “Construir un México en Paz” y plasmó la estrategia correspondiente en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. La estrategia plantea dos vertientes de trabajo: la contención del delito y la prevención social de la violencia y la delincuencia, con las que se busca reducir los delitos y la violencia e incrementar la seguridad en las comunidades.

La violencia y la delincuencia son problemas que no tienen una expresión única, es decir, son situaciones complejas con múltiples causas, diversos factores de riesgo, así como numerosas manifestaciones, lo que implica que no es posible enfrentarlos sólo controlando y sancionando el delito; también es necesario prevenirlos, es decir, abordar las causas sociales y los factores de riesgo que propician estas situaciones.

Incorporar el enfoque de prevención social en las políticas de seguridad pública puede resultar un tema complicado en un contexto nacional en el que se exigen resultados demostrables y medibles en el corto plazo. Al mismo tiempo es arriesgado porque la prevención social propone detonar procesos que permitan transformar prácticas y creencias estructuralmente arraigadas, por tanto, sus resultados no siempre son visibles de forma inmediata.

Sin embargo, el enfoque de prevención es absolutamente necesario en un país como México, en el que la atención se ha centrado en el combate frontal de la delincuencia, lo que ha generado elevados costos sociales, como son el incremento del miedo y la percepción de inseguridad de la ciudadanía, el encierro en el espacio privado de las viviendas, el abandono del espacio público, el incremento de las medidas de seguridad y el más lamentable de todos, la pérdida de vidas humanas.

Por tal razón, la inseguridad es actualmente una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y ha colocado en el ojo del huracán las medidas que el gobierno implementa para disminuirla. La ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, la academia y la iniciativa privada exigen, con justa razón, acciones públicas eficaces; exigen que el gobierno dé cuenta de las medidas que se están llevando a cabo para garantizar la seguridad en nuestro país.

La prevención de la violencia y la delincuencia, busca incidir en causas y factores de riesgo presentes en la configuración de estas conductas; lo hace considerando que en estos problemas influyen aspectos individuales, familiares, escolares, sociales y del entorno físico. Al mismo tiempo, busca fortalecer los factores de protección para disminuir o neutralizar las posibilidades de estas problemáticas. Es decir, la prevención social implica la promoción de cambios socioculturales para generar entornos más seguros y propicios para vivir libre de la delincuencia y la violencia.

Para Encuentro Social, uno de los aspectos más importantes a atender para la prevención de la violencia y la delincuencia es el familiar, ya que consideramos que la familia es el primer medio de control social, donde las personas aprenden a interactuar positivamente, de no ser así, comienzan a gestarse los problemas sociales que hoy vemos a diario, como el uso de la violencia para resolver conflictos o la inexistencia de valores como la responsabilidad, la solidaridad o el respeto de límites.

En tal virtud, la presente iniciativa tiene por objeto incluir en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a la familia como un ámbito a atender en la prevención de esta problemática social.

Así por ejemplo, en los procesos penales contra menores, sobre todo cuando el hecho es grave, frecuentemente el acusado proviene de una familia disfuncional. Una familia es disfuncional si faltan comunicación, afecto, actividades compartidas, asunción de responsabilidades y si se pierde el sentido de pertenencia y cohesión, ya sea en un núcleo monoparental, ampliado o tradicional, donde se encuentran ambos padres.

De acuerdo con la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) 2014, es posible estimar que 64 por ciento de los jóvenes de 12 a 29 años que no son jefes de hogar, viven con ambos padres; 23 por ciento de ellos viven sólo con sus madres; 3 por ciento únicamente con sus padres; y 10 por ciento viven con uno o más parientes adultos (abuelos, tíos, padrastros, hermanos, primos, etcétera).

Entre las causas por las cuales 36 por ciento de los hogares con jóvenes de 12 a 29 años se presenta la ausencia de al menos una figura parental, sobresale el hecho de que los padres están separados, con 40.5 por ciento, seguido del fallecimiento de al menos uno de los padres, con 15.1 por ciento. La ECOPRED permite estimar, que en la mitad de los hogares con jóvenes de 12 a 29 años, éstos identifican situaciones de conflicto o peleas entre miembros del hogar.

Asimismo, se estima que 71.6 por ciento de los jóvenes de 12 a 29 años cuenta con amigos involucrados en al menos un factor de riesgo durante 2014. De ellos, 61.6 por ciento manifiesta que sus amigos han tenido problemas en sus casas, mientras que 42.8 por ciento señala que acostumbran fumar cigarros de tabaco.

Aunado a lo anterior, 39.8 por ciento de los jóvenes de 12 a 29 años que estudia, trabaja o realiza ambas actividades identifica que sus compañeros tienen problemas en sus casas; mientras que 32.8 por ciento señala que han habido compañeras madres solteras que han dejado de estudiar o, en su caso, de trabajar.

La delincuencia juvenil es multicausal, en consecuencia es de suma importancia analizar la incidencia de la familia como factor de predicción de conductas delictivas, cuando deja de ser un elemento protector.

En muchos hogares, los niños y adolescentes padecen la influencia de elementos negativos como adicciones, programas, películas y series de televisión no aptos para su edad o la exposición a la pornografía y a la violencia que los medios electrónicos mal empleados han traído. Por otro lado, hay padres y madres de familia desprovistos de herramientas y habilidades para guiarlos correctamente. La comunicación se encuentra ausente y no hay verdadera vida en familia.

Disciplinar a un hijo se ha hecho para muchos padres una tarea imposible. Unos no conocen otro medio salvo la violencia física o psicológica, y otros tratan a su hijos como amigos condescendientes. Se les permite todo sin consecuencia alguna. Así, los primeros aprenden a rebelarse contra las figuras de autoridad por medio de la violencia y a maltratar a los demás sin crear la mínima empatía hacia el dolor ajeno. Los segundos carecen de límites y, por ende, no asumen responsabilidad alguna por sus actos.

Esta negatividad en las relaciones familiares tiende a impulsar a los jóvenes a buscar refugio en la calle, muchas veces con una banda o pandilla como grupo de apoyo. En esas circunstancias, las conductas delictivas se desatan con mayor facilidad.

De la misma manera, no se pueden soslayar los numerosos casos de niños que cada año nacen de madres adolescentes, la mayoría provenientes de sectores marginados de la sociedad, excluidos de educación y trabajo, así como del apoyo de sus familias. Esas jóvenes terminan expulsadas de su hogar y pasan a ser jefas de familia, engrosando las estadísticas de pobreza extrema de nuestro país.

Dentro de una cultura de supervivencia, una serie de elementos negativos confluyen alrededor de los jóvenes criados en esas circunstancias y pueden impulsarlos a la delincuencia, a veces propiciada por el mismo grupo familiar. Entre esos elementos están la falta de educación, amigos delincuentes, drogadicción, venta de drogas como única opción económica, desocupación y, lo más preocupante, un futuro sin esperanza.

Hoy se busca responsabilizar con severidad a los menores infractores de la ley, sin reflexionar en la situación disfuncional de las familias de las que provienen. La corresponsabilidad de la sociedad no es aceptada, por lo que se sigue intentando prevenir la delincuencia solo mediante la sanción.

Es necesario poner mayor atención en la familia para que sea un elemento protector y aliado en la prevención de la delincuencia, de lo contrario seguirá siendo un factor de riesgo y fomento de conductas antisociales.

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas en el documento Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990 da cuenta en el Apartado IV, denominado Procesos de socialización, inciso A de los siguientes puntos:

A. La familia

11. Toda sociedad deberá asignar elevada prioridad a las necesidades y el bienestar de la familia y de todos sus miembros.

12. Dado que la familia es la unidad central encargada de la integración social primaria del niño, los gobiernos y la sociedad deben tratar de preservar la integridad de la familia, incluida la familia extensa. La sociedad tiene la obligación de ayudar a la familia a cuidar y proteger al niño y asegurar su bienestar físico y mental. Deberán prestarse servicios apropiados, inclusive de guarderías.

13. Los gobiernos deberán adoptar una política que permita a los niños criarse en un ambiente familiar de estabilidad y bienestar. Deberán facilitarse servicios adecuados a las familias que necesiten asistencia para resolver situaciones de inestabilidad o conflicto.

14. Cuando no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, los intentos de la comunidad por ayudar a los padres en este aspecto hayan fracasado y la familia extensa no pueda ya cumplir esta función, se deberá recurrir a otras posibles modalidades de colocación familiar, entre ellas los hogares de guarda y la adopción, que en la medida de lo posible deberán reproducir un ambiente familiar de estabilidad y bienestar y, al mismo tiempo, crear en los niños un sentimiento de permanencia, para evitar los problemas relacionados con el “desplazamiento” de un lugar a otro.

15. Deberá prestarse especial atención a los niños de familias afectadas por problemas creados por cambios económicos, sociales y culturales rápidos y desiguales, en especial a los niños de familias indígenas o de inmigrantes y refugiados. Como tales cambios pueden perturbar la capacidad social de la familia para asegurar la educación y crianza tradicionales de los hijos, a menudo como resultado de conflictos culturales o relacionados con el papel del padre o de la madre, será necesario elaborar modalidades innovadoras y socialmente constructivas para la socialización de los niños.

16. Se deberán adoptar medidas y elaborar programas para dar a las familias la oportunidad de aprender las funciones y obligaciones de los padres en relación con el desarrollo y el cuidado de sus hijos, para lo cual se fomentarán relaciones positivas entre padres e hijos, se hará que los padres cobren conciencia de los problemas de los niños y los jóvenes y se fomentará la participación de los jóvenes en las actividades familiares y comunitarias.

17. Los gobiernos deberán adoptar medidas para fomentar la unión y la armonía en la familia y desalentar la separación de los hijos de sus padres, salvo cuando circunstancias que afecten al bienestar y al futuro de los hijos no dejen otra opción viable.

18. Es importante insistir en la función socializadora de la familia y de la familia extensa; es igualmente importante reconocer el papel futuro, las responsabilidades, la participación y la colaboración de los jóvenes en la sociedad.

19. Al garantizar el derecho de los niños a una socialización adecuada, los gobiernos y otras instituciones deben basarse en los organismos sociales y jurídicos existentes pero, cuando las instituciones y costumbres tradicionales resulten insuficientes, deberán también prever y permitir medidas innovadoras.

En tal virtud, es indispensable fomentar la cohesión y el bienestar de la familia, no sólo como un medio de prevención de la violencia y la delincuencia, también como un motor para el desarrollo social y como productora de futuros integrantes de la sociedad mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción I, recorriendo las demás sucesivamente al artículos 6, y se adiciona el artículo 6 Bis a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Único. Se adiciona la fracción I, recorriendo las demás sucesivamente al artículos 6, y se adiciona el artículo 6 Bis a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 6. La prevención social de la violencia y la delincuencia incluye los siguientes ámbitos:

I. Familiar;

II. Social;

III. Comunitario;

IV. Situacional, y

V. Psicosocial.

Artículo 6 Bis. La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito familiar se llevará a cabo mediante:

I. Programas integrales que fomenten el fortalecimiento de valores humanos en la familia y la sociedad como estrategia de prevención de la violencia y la delincuencia;

II. La promoción de actividades, espacios de diálogo y aprendizaje en la familia, como podrían ser talleres o foros, que promuevan una sociedad de tolerancia, respeto y cooperación;

III. Servicios adecuados a las familias que necesiten asistencia para resolver situaciones de inestabilidad o conflicto;

IV. El reforzamiento de las habilidades emocionales e interpersonales, así como el ejercicio de valores en servidores públicos de nivel operativo en la atención a víctimas de violencia;

V. Estrategias de educación y sensibilización para padres de familia y alumnos de las escuelas de educación básica ubicadas en polígonos con mayores índices de violencia, quienes recibirán capacitación y materiales para reforzar sus conocimientos en habilidades socioemocionales para la vida;

VI. Promoción de estrategias de educación y sensibilización hacia las familias y poblaciones de mayor vulnerabilidad, para la prevención y concientización del uso responsable del internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a los 13 días del mes de febrero de 2018.— Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco(rúbrica).»

Presidencia del diputado Edgar Romo García

El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.



LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

El presidente diputado Edgar Romo García:Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, y que también se encuentra dicha iniciativa suscrita por el diputado Armando Luna Canales y el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Jorge Enrique Dávila Flores:Muy buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea. Presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles para incorporar la modalidad de sociedades unipersonales. Esta iniciativa la elaboré y presenté en conjunto con mis compañeros el diputado Armando Luna Canales y el diputado Pedro Luis Noble. Mi reconocimiento para ambos.

Un aforismo romano de donde proviene más del 90 por ciento del derecho privado dice: Dame los hechos y yo te daré el derecho, ya que el orden jurídico debe cambiar y adaptarse a la realidad social en la que se desenvuelve y así responder a las necesidades y problemas que en un momento y contexto determinado se dan.

La legislación societaria, esto es la Ley General de Sociedades Mercantiles, es un ordenamiento que requiere actualizarse a las necesidades vigentes que permiten incidir realmente en el desarrollo económico y social de México. Modernizar e impulsar esta área, puede ser una de las palancas de desarrollo que tanto requiere nuestro país.

En este sentido, en esta legislatura modificamos, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 14 de marzo de 2016, diversas disposiciones de esta Ley General de Sociedades Mercantiles para facilitar y agilizar la constitución de sociedades mercantiles, para lo cual se creó la figura de la sociedad por acciones simplificadas, las cuales permiten, entre otras cosas, su constitución a partir de un solo socio.

De octubre de 2016 al día de hoy, es decir, en 17 meses, se han constituido ya más de 10 mil sociedades por acciones simplificadas que están operando ya a lo largo y ancho de nuestro país.

Estas se han constituido vía electrónica, y el tiempo de constitución que se han llevado cada una de estas sociedades ha sido de solo una hora con once minutos.

Sin embargo, las sociedades por acciones simplificadas constituidas como unimembers, al recibir ingresos anuales por más de cinco millones de pesos, están obligadas a transformarse a otro tipo de sociedad mercantil y, ante ese supuesto, requerirían un socio adicional que no necesariamente vendría a aportar capital nuevo ni ideas, sino únicamente para cumplir con el requisito legal de la pluralidad de socios. De tal manera que dicho socio nuevo muy probablemente no sería necesario.

Es por eso que se demuestra la necesidad de que la unipersonalidad pueda darse en otros tipos de sociedades junto con sus correspondientes obligaciones derivadas del conjunto normativo, y de esta manera podamos dar continuidad a las sociedades unipersonales que continúan creciendo y desarrollándose exitosamente en nuestro país.

La sociedad unipersonal es una figura que ya existe en diversos países como España, Italia, Colombia, Dinamarca, Holanda, Portugal, Bélgica y Luxemburgo, demostrando así su necesidad y viabilidad.

La incorporación de las sociedades unipersonales en nuestra legislación contribuirá al crecimiento económico y al fomento de la competitividad, ello porque será más fácil constituir sociedades mercantiles al permitirse que cualquier individuo, si necesidad del auxilio de otros, pueda libremente formar una sociedad a la par de que se le brindará una mayor certeza y seguridad, generando un clima de confianza en tanto que al constituirse una persona jurídica diversa a la que la forma, quedará asegurado por un lado el capital y patrimonio de la persona física, y por el otro, el de la persona moral.

Esa distinción se traducirá en una clara motivación para la creación de sociedades unipersonales que, al aumentar en número, generarán múltiples actividades comerciales, que finalmente beneficiarán al mercado mexicano aumentando su producción, mejorando su calidad al darse una mayor competencia entre sociedades mercantiles, generando mayores beneficios fiscales para las personas físicas, toda vez que la legislación mercantil resulta más benéfica que la civil.

Creemos firmemente que es necesario contar con sociedades legalmente reconocidas como unipersonales que se encuentren plenamente reguladas y controladas por las disposiciones jurídicas conducentes, como una opción adicional a las sociedades pluripersonales tradicionales que ya existen en nuestro país.

Esto, con el único y principal objetivo de facilitar las actividades formales de los emprendedores, y con esto promover el crecimiento económico y la generación de más y mejores empleos en beneficio de todos los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, suscrita por los diputados Jorge Enrique Dávila Flores, Armando Luna Canales y Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben: diputados Jorge Enrique Dávila Flores, Armando Luna Canales y Pedro Luis Noble Monterrubio, diputados federales de la LXIII Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por los estados de Coahuila e Hidalgo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7; 58; 87; 89, fracción I; 91, fracción V; y 229, fracción IV; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 58; un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 68; un tercer, cuarto y quinto párrafo al artículo 70; un segundo párrafo al artículo 77; un segundo y tercer párrafos al artículo 87; un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 130; un artículo 177 Bis; un tercer párrafo al artículo 178; todos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con el objetivo de crear y regular la figura de las Sociedades Unipersonales, pudiendo adoptar esta forma tanto las sociedades de responsabilidad limitada, como la anónima y simplificada.

Exposición de motivos

Necesidad de modernizar nuestro ordenamiento jurídico mercantil

El derecho cambia y se adapta a la realidad social en la que se desenvuelve. Responde a las necesidades y problemas que en un contexto y momento determinado se dan y que deben ser cubiertas por el ordenamiento jurídico. Las disposiciones que son superadas por el paso del tiempo deben derogarse o actualizarse, así como incorporarse aquellas nuevas que permitan resolver, de una manera más fácil, las necesidades sociales.

Esta actualización la ha dado México en los últimos años en temas como los derechos humanos, tan es así que el 10 de junio de 2011 se incorporó a nuestro texto constitucional una de las más grandes reformas que revitalizó a todo nuestro sistema.

Sin embargo, en otras áreas aún es necesario realizar adecuaciones urgentes que permitan posicionarnos a la vanguardia, para así, impulsar áreas estratégicas de nuestro país. Una de ellas es la mercantil. El Código de Comercio tiene una longevidad en la que ya se entrecruzan tres siglos (fue publicado en 1889) y a través de los cuales ha intentado regir la vida económica de nuestro país, desde Porfirio Díaz Morí hasta el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Por otro lado, la legislación societaria, esto es, la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), es también un ordenamiento que requiere actualizarse a las necesidades vigentes que permitan incidir realmente en el desarrollo económico y social de México. Modernizar e impulsar esta área puede ser una de las palancas de desarrollo que tanto requiere nuestro país en momentos complicados como el que actualmente atravesamos.

Una de las reformas que deben realizarse es la concerniente a la inclusión de las sociedades unipersonales dentro de la LGSM, una figura que ya existe y se desarrolla con importancia en diversos países, demostrando así su potencial para el desarrollo. En los párrafos subsecuentes desarrollaremos diversos aspectos vinculados con estas figuras, así como los argumentos por los cuales deben de ser incorporadas dentro de la legislación mercantil.

Detonante del crecimiento económico y fomento a la competitividad

La incorporación de las sociedades unipersonales en nuestra legislación contribuirá al crecimiento económico y al fomento de la competitividad. Ello porque será más fácil constituir sociedades mercantiles al permitirse que cualquier individuo, sin necesidad del auxilio de otros, pueda libremente formar una sociedad. A la par, se le brindará una mayor certeza y seguridad, generando un clima de confianza, en tanto que al constituirse una persona jurídica diversa a la que la forma quedará asegurado, por un lado, el capital y patrimonio de la persona física y por el otro el de la persona moral.

De igual modo, podrá claramente distinguirse el conjunto de las obligaciones que el sistema normativo impone en sus diversas áreas (fiscales, administrativas, patrimoniales, etcétera) a cada uno de los sujetos obligados en sus diversas facetas, ya sea como persona física, comerciante o miembro de una sociedad (en éste caso, la sociedad unipersonal).

Esa distinción se traducirá en una clara motivación para la creación de sociedades unipersonales que, al aumentar en número generarán múltiples actividades comerciales que a la postre beneficiarán al mercado mexicano aumentando su producción, mejorando su calidad (al darse una mayor competencia entre sociedades mercantiles) generando mayores beneficios fiscales para las personas físicas (toda vez que la legislación mercantil resulta más benéfica que la civil) y, contribuyendo al erario público al aumentar la mayor recaudación por parte del Estado (al realizarse mayores actos de comercio se generarán mayores actos individuales por los cuales deberá pagarse la contribución correspondiente).

Se terminará con el uso de prestanombres

Un problema constante en nuestra sociedad es el empleo de prestanombres para la constitución de sociedades mercantiles. Actualmente, nuestra legislación mercantil prevé que, para constituir una sociedad se requiere de una pluralidad de socios (salvo el caso de la sociedad simplificada que, no obstante, se limita a ciertas actividades). Lo anterior, toda vez que para el funcionamiento de los diversos órganos previstos en la constitución de una sociedad se plantea la necesidad de utilizar múltiples socios, al menos es éste el planteamiento inicial que fue pensado al momento de requerirse la existencia de la pluralidad de socios.

En los hechos, nos encontramos con una práctica recurrente que es la artificiosa creación de esos “socios”, siendo personas que, fácticamente, no participarán de la sociedad y que sólo prestarán su nombre para cumplir con los requisitos establecidos en Ley.

Esta situación, además de constituir un posible “fraude a la ley” conlleva repercusiones de diverso orden, mismas que se reflejan directamente en la sociedad mercantil. Así, puede verse en casos de quiebra, problemas fiscales, delitos de los administradores de las sociedades, problemas internos entre los socios activos y los prestanombres, entre muchos otros que tienen su origen en esa “ficción” de socios necesitados solamente para la constitución de la sociedad.

Lo anterior también revela que las sociedades mercantiles son capaces de funcionar plenamente bajo la dirección y administración de un sólo socio pero que, para funcionar correctamente, deben de disponer de un marco jurídico claro que permita el ejercicio libre y responsable de esta actividad (la mercantil) y no, de un subterfugio legal que bajo el engaño (los prestanombres) habilita el funcionamiento de sociedades que, quizá, no sean plenamente capaces de cumplir con sus obligaciones.

Por esta razón, podemos decir que en los hechos las sociedades constituidas por un sólo socio existen de facto, no obstante, lo hacen mediante el fraude a la ley, constituyéndose con dos o más socios, aunque en la realidad sea uno sólo el que la administra, aporta su patrimonio y conduce sus acciones. Así, nuestra legislación societaria vigente lo que en realidad promueve son los prestanombres y testaferros al negar legalmente la posibilidad de constituir una sociedad mercantil de forma unipersonal y orillando a los interesados a tener que constituirla de manera ficticia mediante el empleo de prestanombres.

La existencia de prestanombres y testaferros no está exenta de riesgos, pues comúnmente se recurre al cónyuge, a hijos, a empleados o amigos y es común que la vida de la sociedad se vea afectada por un divorcio, un despido, la muerte de un familiar o la pérdida de contacto con la amistad. En consecuencia, hay riesgo para ambos: para la sociedad, el riesgo la inmovilidad y para el testaferro, el riesgo puede ser fiscal o incluso verse involucrado en conductas relacionadas con el lavado de dinero o algún otro ilícito.

Creemos firmemente que es preferible contar con sociedades legalmente reconocidas como unipersonales, que se encuentren plenamente reguladas –y controladas– por las disposiciones jurídicas conducentes, en vez de tener sociedades supuestamente pluripersonales que, bajo el engaño, realizan actividades que quizá no están preparadas –económica, jurídica o administrativamente– a realizar.

Distinción de tratamiento entre el “comerciante” y la sociedad mercantil

En la actualidad, la constitución de una sociedad mercantil ofrece múltiples ventajas en favor de la actividad económica de nuestro país. Se trata de ventajas frente a las cuales el comerciante, individualmente considerado, se encuentra en una situación de clara desventaja. Así, por ejemplo, puede señalarse el tema del patrimonio, pues el comerciante –o el empresario individual– responde plenamente con todo su patrimonio, en tanto que quien es integrante de una sociedad mercantil, sólo responde hasta el monto de sus aportaciones.

Por otra parte, la legislación mercantil limita la realización de ciertos actos de comercio con exclusividad a las sociedades mercantiles, también la realización de contratos suele ser más ágil, existe una mayor certeza en cuanto al cumplimiento forzado, mediante juicios ejecutivos, entre otras ventajas que podrían extenderse al comerciante o empresario individualmente considerado, en el caso de que optara por crear una sociedad mercantil unipersonal.

Las Sociedades por Acciones Simplificadas

Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 14 de marzo de 2016, fueron modificadas diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, estas reformas tuvieron por objeto, entre otras cosas, facilitar y agilizar la constitución de sociedades mercantiles, para lo cual, se creó la figura de las “Sociedades por Acciones Simplificadas” (SAS) las cuales permiten, entre otras cosas, su constitución a partir de un sólo socio.

Esta reforma, no obstante sus propósitos (facilitar el ingreso a la formalidad, simplificar el proceso de constitución para las micro y pequeñas empresas, crear un nuevo régimen societario constituido por uno o más accionistas, establecer un proceso de constitución administrativa, establecer un mecanismo de operación sencilla y fomentar el crecimiento de estas empresas) debe indicarse que no permea en la propuesta de fondo planteada por nosotros, que es la de instaurar una nueva modalidad de constitución que sí permeé en los tipos de sociedades ya existentes.

Es decir, planteamos que los tipos de sociedades vigentes –tratándose de las sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas y por acciones simplificadas– puedan constituirse a partir de un sólo individuo y no dejar esta posibilidad exclusivamente a las sociedades por acciones simplificadas.

Las recientes reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles que han permitido la creación de Sociedades por Acciones Simplificadas han apostado ciertamente a la simplificación en la regulación de sociedades, incluso para el caso de personas morales constituidas por un solo socio. No obstante, la bonanza del propósito de la reforma aludida, la finalidad de la iniciativa que ahora proponemos es diversa, pues la actual persigue eliminar la simulación y el uso de prestanombres para constituir una sociedad.

Con ello, se complementa la reforma anterior, con certeza jurídica, fortaleza competitiva y económica, así como regularización fiscal. Es de advertir que una SAS constituida como unimembre, en la regulación actual, al recibir ingresos anuales por más de 5 millones de pesos, es obligada a transformarse a otro tipo social y ante ese supuesto, requeriría un socio adicional, que no necesariamente vendría a aportar capital nuevo, ni industria, ni ideas, sino únicamente a cumplir, simuladamente con el requisito legal de la pluralidad de socios, de tal manera que dicho socio nuevo muy probablemente sería una persona “prestanombres”.

En razón de ello, se demuestra la necesidad aún existente para que la unipersonalidad pueda irradiarse en otros tipos de sociedades –junto con sus correspondientes obligaciones derivadas del conjunto normativo– y no únicamente bajo la figura de la “acción simplificada”.

Sobre las sociedades unipersonales y nuestra propuesta de modificación normativa

Una sociedad unipersonal es aquella que consta de un único socio y que, por ende, asume todas las funciones –y participaciones– de la sociedad. No se trata de una figura nueva, de hecho, dispone ya de una amplía historia en diversos países.

Desde 1926, el principado de Liechtenstein dispone de esta figura en su legislación mercantil. Francia, en 1945 admitió la unipersonalidad en las sociedades, al haberse nacionalizado la banca y, por tanto, haber quedado en manos de un socio único. En 1977, la Ley 556 reguló la sociedad unipersonal, limitándola a las sociedades de responsabilidad limitada.

Alemania, desde 1980, prevé también esta figura con el propósito de evitar el uso de prestanombres. Por los mismos años, Gran Bretaña permitió también la existencia de sociedades unipersonales, derivado del famoso caso “ Salomon vs. Salomon Co. Ltd.), pero sólo hasta 1992, mediante reformas a la “ Company Regulations Act” se reguló esta figura.

España prevé la sociedad unipersonal desde 1987, siendo aplicable tanto a las sociedades de responsabilidad limitada como a las sociedades anónimas. En Italia, desde 1994, el Código Civil prevé la posibilidad de constituir sociedades unipersonales (bajo la forma de responsabilidad limitada). En Colombia, desde 1996, el Código de Comercio prevé la sociedad unipersonal. Asimismo, se prevé en diversas legislaciones como: Dinamarca, Holanda, Portugal, Bélgica y Luxemburgo.

Dentro del ámbito comunitario europeo puede encontrarse también la “Duodécima Directiva 89/667/CEE” del Consejo de las Comunidades Europeas de fecha 21 de diciembre de 1989, en materia de derecho de sociedades, relativa a las sociedades de responsabilidad limitada de socio único. Dentro de los Considerandos de dicha Directiva se evidencia la necesidad de crear el instrumento de “sociedad unipersonal” por diversas razones, se indica:

Considerando que conviene prever la creación deuninstrumento jurídico que permita limitar la responsabilidad del empresario individual en toda la Comunidad, sin perjuicio de las legislaciones de los Estados miembros que, en casos excepcionales, imponen una responsabilidad a dicho empresario con respecto a las obligaciones de la empresa;

Considerando que una sociedad de responsabilidad limitada puede tener un socio único en el momento de su constitución, así como por la concentración de todas sus participaciones en un solo titular; que hasta una posterior coordinación de las disposiciones nacionales en materia de derecho de agrupaciones los Estados miembros pueden prever ciertas disposiciones especiales, o sanciones, cuando una persona física sea socio único de varias sociedades o cuando una sociedad unipersonal o cualquier otra persona jurídica sea socio único de una sociedad; que el único objetivo de esta facultad es tener en cuenta las particularidades que existen actualmente en determinadas legislaciones nacionales; que a tal efecto, los Estados miembros podrán, para casos específicos, establecer restricciones al acceso a la sociedad unipersonal, o una responsabilidad ilimitada del socio único; que los Estados miembros son libres de establecer normas para hacer frente a los riesgos que pueda representar una sociedad unipersonal a causa de la existencia de un único socio, en particular para garantizar la liberación del capital suscrito;

Considerando que la concentración de todas las participaciones en un solo titular y la identidad del único socio deberán ser objeto de publicidad en un registro accesible al público...”

Todo ello revela una suerte de génesis jurídica en materia mercantil suscitada durante las últimas décadas y que ha revelado la pertinencia de crear sociedades unipersonales para afrontar problemáticas que el actual modelo de sociedades mercantiles no alcanza a suplir.

Por las razones anteriormente fundadas y motivadas, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y el de la iniciativa:

De lo que antecede, se estima justificada y motivada jurídicamente la emisión del siguiente:

Decreto

Único. Decreto por el que se reforman los artículos 7; 58; 87; 89, fracción I; 91, fracción V; y 229, fracción IV; y se adicionanun segundo párrafo al artículo 58; un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 68; un tercer, cuarto y quinto párrafo al artículo 70; un segundo párrafo al artículo 77; un segundo y tercer párrafos al artículo 87; un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 130; un artículo 177 Bis; un tercer párrafo al artículo 178; todos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue:

Artículo 7. Si el contrato social no se hubiere otorgado en escritura o póliza ante fedatario público, pero contuviere los requisitos que señalan las fracciones I a VII del artículo 6, cualquiera persona que figure como socio o accionista podrá demandar en la vía sumaria el otorgamiento de la escritura o póliza correspondiente.

En caso de que la escritura social no se presentare dentro del término de quince días a partir de su fecha, para su inscripción en el Registro Público de Comercio, cualquier socio o accionista podrá demandar en la vía sumaria dicho registro.

...

Artículo 58. Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye con uno o más socios, los cuales solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales o capital puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la presente ley.

La sociedad de responsabilidad limitada podrá tener un solo socio, cuando éste sea persona física. Todas las disposiciones que hacen referencia a “socio” se entenderán aplicables respecto del socio único. Asimismo, aquellas disposiciones que hagan referencia a “contrato social”, se entenderán referidas al “acto constitutivo”.

Artículo 68. ...

Del acto que traiga como consecuencia que un socio sea titular del total del capital social, o bien que un socio deje de ser titular del total del capital social, o de la transmisión de un socio a otro de todo el capital social, deberá realizarse su inscripción en el libro especial de socios de la sociedad y publicar un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio.

De no realizarse la publicación dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha en que se celebró el acto a que se refiere el párrafo anterior y hasta el momento en que sea efectuada, el socio o los socios adquirentes responderán subsidiariamente por las obligaciones contraídas por la sociedad en dicho periodo, cuando con dolo o mala fe hubieren omitido presentar el aviso y el acreedor respectivo hubiere celebrado el acto que dé lugar a la obligación, considerando la distribución accionaria previa a la transmisión a que hace referencia el párrafo anterior.

En el caso de que no se actualicen los supuestos anteriores, el o los socios adquirentes únicamente responderán por los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan ocasionado a terceros de buena fe por omitir dicho aviso en relación con las obligaciones sociales contraídas en dicho periodo.

Artículo 70. ...

...

De los contratos celebrados entre el socio único y la sociedad deberá publicarse un extracto en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio.

A dicha publicación deberá acompañarse el contrato respectivo, mismo que tendrá el carácter de confidencial el cual puede ser requerido por autoridad administrativa o judicial.

En caso de concurso mercantil del socio único o de la sociedad integrada por un solo socio, no podrán ser oponibles a la masa aquellos contratos respecto de los que no se haya realizado la publicación en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía.

Artículo 77. ...

Cuando la sociedad esté integrada por un solo socio, éste ejercerá las funciones de órgano supremo, equivalente en todo caso a la Asamblea de socios con más amplias facultades, en cuyo caso, sus decisiones deberán constar por escrito y ser firmadas en el libro de actas, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio, por el gerente o por la persona que el propio socio designe.

Artículo 87. Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone de uno o más socios o accionistas, cuya obligación se limita al pago de sus acciones.

La sociedad anónima podrá tener un solo accionista, cuando éste sea persona física. Todas las disposiciones que hacen referencia a “accionista” se entenderán aplicables respecto del accionista único. Asimismo, aquellas disposiciones que hagan referencia a “contrato social”, se entenderán referidas al “acto constitutivo”.

No podrán constituirse con un socio o accionista único las sociedades mercantiles previstas en las leyes del sistema financiero mexicano, que requieren de una autorización, registro, concesión, permiso o cualquier otro acto jurídico que competa otorgar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, así como a cualquier otra autoridad del sistema financiero, para constituirse y funcionar como tales, salvo en el caso de los Fondos de Inversión que podrán tener un socio fundador único, en términos de la Ley de Fondos de Inversión.

Artículo 89....

I. Que haya uno o más socios o accionistas, y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos;

I I. a IV. ...

Artículo 91. ...

I. a IV. ...

V. El nombramiento de uno o varios comisarios, salvo en el caso de que sociedades integradas por un solo socio o accionista y siempre que se trate de sociedades consideradas como micros y pequeñas, conforme a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Economía para promover la competitividad y la estratificación de sociedades;

VI. a VII. ...

Artículo 130. ...

Del acto que traiga como consecuencia que un accionista sea titular del total del capital social, o bien que un accionista deje de ser titular del total del capital social, o de la transmisión de un accionista a otro de todo el capital social, deberá realizarse su inscripción en el libro de registro de acciones de la sociedad y publicar un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio sin incluir el nombre de las partes involucradas en la misma. Al solicitar dicha publicación, el o los socios o accionistas adquirentes acompañarán el nombre de las personas involucradas en la operación, mismos que serán conservados como confidenciales por la Secretaría de Economía.

De no realizarse la publicación dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha en que se celebró el acto a que se refiere el párrafo anterior el o los socios o accionistas adquirentes responderán subsidiariamente por las obligaciones contraídas por la sociedad en dicho periodo, cuando cuándo con dolo o mala fe hubieren omitido presentar el aviso y el acreedor respectivo hubiere celebrado el acto que dé lugar a la obligación, considerando la distribución accionaria previa a la transmisión a que hace referencia el párrafo anterior.

En el caso de que no se actualicen los supuestos anteriores, el o los accionistas adquirentes únicamente responderán por los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan ocasionado a terceros de buena fe por omitir dicho aviso en relación con las obligaciones sociales contraídas en dicho periodo.

Artículo 177 Bis. De los contratos celebrados entre el accionista único y la sociedad deberá publicarse el objeto y fecha de celebración en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio, en el entendido que dicha publicación no deberá incluir el nombre de las partes del mismo.

A dicha publicación deberá acompañarse el contrato respectivo, mismo que tendrá el carácter de confidencial, el cual puede ser requerido por autoridad administrativa o judicial.

En caso de concurso mercantil del socio único o de la sociedad integrada por un solo accionista, no podrán ser oponibles a la masa aquellos contratos respecto de los que no se haya realizado la publicación en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía.

Artículo 178. ...

...

Cuando la sociedad esté integrada por un solo accionista, éste ejercerá las funciones de órgano supremo, equivalente a la Asamblea de los socios o accionistas con más amplias facultades, en cuyo caso, sus decisiones deberán constar por escrito y ser firmadas en el libro de actas, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el propio accionista, por el administrador o el Consejo de Administración o por la persona que el propio socio designe.

Artículo 229. ...

I. a III....

IV. Cuando el número de socioso accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta Ley establece, en su caso;

V. ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Economía contará con un plazo de 180 días para emitir las disposiciones necesarias para promover la competitividad y la estratificación de sociedades.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 22 de febrero de 2018.— Diputados y diputadas: Jorge Enrique Dávila Flores,Adolfo Mota Hernández, Alberto Silva Ramos, Alejandro Juraidini Villaseñor, Ana María Bonne Godoy, Armando Luna Canales, Erick Alejandro Lagos Hernández, Flor Estela Rentería Medina, Francisco Saracho Navarro, Genoveva Huerta Villegas, José Hugo Cabrera Ruiz, María Bárbara Botello Santibáñez, María Guadalupe Oyervides Valdez, Mario Alberto Mata Quintero, Pedro Luis Noble Monterrubio, Ricardo David García Portilla (rúbricas).»

El presidente diputado Edgar Romo García: Muy bien, diputado Jorge Dávila. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.



LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICOY LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

El presidente diputado Edgar Romo García:Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa suscrita por la referida diputada y por el diputado Federico Döring Casar, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 153 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, suscrita por los antes referidos.

La diputada Kathia María Bolio Pinelo:Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. El día de hoy traigo a la mesa de discusión una iniciativa que quienes la suscribimos, el diputado Federico Döring y una servidora, creemos que puede aportar mucho en materia de cuidado del medio ambiente. Se trata de un tema que poco volteamos a ver, pero que tiene un impacto fuerte en materia de contaminación y que es necesario que en México regulemos de manera urgente. Me refiero al riego que representan las pilas y las baterías secas.

Las pilas y las baterías eléctricas son clasificadas como secas y húmedas, esta iniciativa de ley se enfoca exclusivamente a las pilas y a las baterías secas. La presente iniciativa tiene el objeto de definir los requisitos que se deben cumplir para que las baterías secas que se ofertan en el mercado y se consumen en el territorio nacional, con la intención de que se aminoren riesgos que representan dichos productos para el medio ambiente y la salud pública.

En este sentido, lo que estamos proponiendo es establecer los límites de mercurio, cadmio y plomo que pueden contener las pilas y las baterías secas para autorizar su importación y comercialización en el territorio nacional, así como prohibir la importación la comercialización de las pilas y baterías secas que contengan óxido de mercurio.

Cabe señalar que, además de las particulares alteraciones negativas que produce el mercurio, el cadmio y el plomo en el medio ambiente y en la salud humana, los tres elementos son extremadamente peligrosos debido a sus peculiares características de movilidad, bioacumulación y sus efectos carcinógenos en los seres humanos.

Por el contenido de mercurio, cadmio y plomo, las pilas y baterías eléctricas han sido señaladas desde la década de los noventa como una de las principales fuentes de liberación de materiales tóxicos al medio ambiente. La cantidad de elementos tóxicos que se utiliza para la producción de dichos productos es la principal causa para considerar las pilas y las baterías eléctricas como productos peligrosos para el medio ambiente y la salud humana.

Uno de los tópicos más importantes, pero con grandes vacíos en la legislación de nuestro país, es el de la importación y comercialización y el manejo de los productos domésticos que contienen metales tóxicos, como el caso de los artículos que ya mencioné, dado que en el año 2002 ya no se producen este tipo de baterías en México en el mercado nacional, se satisface en su totalidad por medio de las importaciones.

En este contexto, persiste la falta de controles específicos en la regulación jurídica aplicable a la importación y comercialización que establecen los límites aceptables para el contenido de elementos tóxicos que se importan y comercializan en el territorio nacional.

Los vacíos regulatorios han provocado el predominio de pilas de mala calidad, fabricadas con tecnologías obsoletas, lo cual ha sido advertido desde el año 2002 por la Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos y, posteriormente, en el año 2004 y 2009 por el Instituto Nacional de Ecología, actualmente nombrado Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Compañeras y compañeros legisladores, la implementación de disposiciones obligatorias que determinen los límites máximos de mercurio, cadmio y plomo, pueden contener las pilas y baterías secas que se importan y comercializan dentro del territorio nacional, representará un avance considerable ante el uso doméstico de tales metales tóxicos y un paso necesario para la actualización de la política ambiental mexicana.

Por ello pido a ustedes considerar esta iniciativa a favor de la salud de los mexicanos y, por supuesto, verla como una contribución a nuestro país para mejorar el medio ambiente a nivel global.

No quiero terminar mi intervención sin referirme a que la presente iniciativa fue elaborada en colaboración con Raúl López Becerril, presidente de la Sociedad para la Filantropía y el Ambientalismo y la misma servirá de base para la discusión de la problemática ambiental y la salud pública causada por pilas secas, en el Primer Foro sobre la Situación de Pilas Secas Mexicanas, a celebrarse en el año 2018 en el Congreso de la Unión. Al diputado Federico Döring, mi agradecimiento por ser también suscribiente de la iniciativa. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 153 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Kathia María Bolio Pinelo y Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados Kathia María Bolio Pinelo y Federico Döring Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el artículo 153 Bis a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de manejo integral de pilas y baterías secas, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene el objetivo de definir los requisitos que deben cumplir las pilas y baterías secas que se ofertan y consumen en el territorio nacional, con la intención de aminorar los riesgos que representan dichos productos para el medio ambiente y la salud pública. En este sentido, se propone establecer los límites máximos de mercurio, cadmio y plomo que pueden contener las pilas y baterías secas para autorizar su importación y comercialización dentro del territorio nacional, así como prohibir la importación y comercialización de las pilas y baterías secas que contengan óxido de mercurio.

Por el riesgo que representan, uno de los problemas de contaminación que más preocupa a la sociedad actualmente es el causado por el grupo de “elementos metálicos tóxicos” clasificados como “metales pesados”; éstos corresponden a los elemento químico metálicos que no tienen funciones orgánicas conocidas, son tóxicos o venenosos en concentraciones bajas y presentan propiedades de bioacumulación y biomagnificación. Dentro de este grupo sobresalen el mercurio (Hg), cadmio (Cd) y el plomo (Pb) por las evidencias que existen de sus efectos nefastos en la salud humana y el medio ambiente.

Cabe señalar que, además de las particulares alteraciones negativas que producen el mercurio, cadmio y plomo en el medio ambiente y en la salud humana, los tres elementos son extremadamente peligrosos debido a sus peculiares características de movilidad, bioacumulación y a sus efectos carcinógenos en los seres humanos.

Por su contenido de mercurio, cadmio y plomo, las pilas y baterías eléctricas han sido señaladas desde la década de 1990 como una de las principales fuentes de liberación al ambiente de metales tóxicos. La cantidad de elementos tóxicos utilizada para la producción de dichos productos, aunado a su biodisponibilidad, persistencia, su capacidad de bioacumulación, de reacción química, de lixiviación, de alterar la neutralidad, acidez o alcalinidad del suelo, así como la vulnerabilidad o predisposición del entorno a ser dañado por alguno de estos factores, son las principales causas para considerar a las pilas y baterías eléctricas como productos peligrosos para el medio ambiente y la salud humana.

Es importante señalar que algunos tipos de pilas y baterías secas contienen óxido de mercurio. Dicha sustancia es altamente tóxica, se absorbe por inhalación en forma de aerosol, a través de la piel y por ingestión; algunos de los síntomas son: irritación de los ojos, la piel y el tracto respiratorio y puede provocar insuficiencia renal. En la cadena alimentaria referida a los seres humanos tiene lugar bioacumulación, concretamente en organismos acuáticos.

Las pilas y baterías eléctricas son fuentes de energía que se obtienen por la transformación directa de energía química en energía eléctrica. Cabe aclarar que las pilas están conformadas sólo de una celda, mientras que las baterías constan de varias celdas interconectadas, es decir, una batería es la unión de dos o más pilas dispuestas de tal manera que logren aumentar las propiedades de un sistema eléctrico, consiguiendo una fuente energética de mayor capacidad.

Descriptivamente, una pila eléctrica o celda voltaica es un sistema cerrado conformado por un par de electrodos (ánodo o electrodo negativo y cátodo o electrodo positivo) en contacto a través de un medio conductor iónico, denominado electrolito; por el tipo de electrolito las pilas y baterías eléctricas son clasificadas como: secas y húmedas. Generalmente las pilas y baterías eléctricas de uso doméstico corresponden a las de electrolito seco; éste puede ser alcalino o ácido. Por otra parte, dentro de la categoría de electrolito húmedo están las baterías de plomo de uso automotriz y algunas baterías de níquel-cadmio que son usadas como fuente emergente de energía eléctrica. Esta iniciativa de ley se enfoca exclusivamente en las pilas y baterías secas (PyBS).

Las PyBS pueden clasificarse según su proceso químico, composición o presentación comercial; a continuación se explica cada una:

1. De acuerdo al proceso químico que desarrollan y a la consecuente duración de su carga, las PyBS pueden clasificarse como primarias y secundarias; las primeras corresponden a aquellas que una vez que su carga eléctrica ha sido agotada no puede ser recuperada (desechables); las segundas, en cambio, pueden revertir el proceso para recuperar sus propiedades (recargables), este último grupo de PyBS incluye a todas aquellas que se encuentran dentro de los aparatos eléctricos y electrónicos portátiles que pueden ser recargados mediante la corriente alterna.

2. Por su composición, las PyBS primarias se clasifican como: zinc-carbón (Zn/MnO2), alcalinas (MnO2), óxido de mercurio (HgO), zinc-aire (Zn/O2), óxido de plata (Zn/Ag2O) y litio (Li/FeS2, Li/MnO2). Por su parte, las PyBS secundarias se clasifican como: níquel-cadmio (Ni-Cd), níquel-hidruro metálico (Ni-MH) y ión-litio (Li-Ion).

3. Por su presentación comercial, las PyBS se clasifican de acuerdo a sus tamaños y formas, los cuales dependen de sus aplicaciones en dispositivos específicos. Las presentaciones comerciales más comunes se clasifican en: cilíndricas de tamaños AA, AAA, C y D; de prisma cuadrangular de 6 Volts y 9 Volts; así como miniatura o de botón, éstas últimas pueden encontrarse en diferentes tamaños.

Desde la década de 1990 la Unión Europea y EE.UU. comenzaron a implementar disposiciones legales para intentar aminorar los riesgos que representan las PyBS para el medio ambiente y de salud pública; al finalizar la década mencionada otros países, como Canadá, Brasil y Argentina, mostraron preocupación por el tema incorporando disposiciones legales para gestionar dichos productos.

En cuanto a la gestión ambiental de las PyBS en su etapa de producto, la Directiva 2006/66/CE de la Unión Europea, vigente hasta la fecha, prohíbe la puesta en el mercado de todas las pilas y acumuladores, hayan sido o no incorporados a aparatos, que contengan más de 0.002% de cadmio en peso y 0.0005% de mercurio en peso, a excepción de las pilas de botón, las cuales no podrán superar el 2% de mercurio en su peso.

Por su parte, la ley federal: “ Mercury Containing and Rechargeable Battery Management Act”, conocida simplemente como “ Battery Act”, de Estados Unidos, vigente hasta la fecha, indica que ninguna persona debe vender, ofrecer para su venta o como regalo con fines promocionales, ninguna pila alcalina o de zinc-carbón que contenga mercurio intencionalmente añadido, distinguiendo éste del mercurio presente de manera incidental en otros materiales, así como cualquier pila botón de óxido de mercurio para su uso en EE.UU.; dicha ley señala también que el contenido máximo de mercurio en las pilas tipo botón (alcalinas de manganeso) debe ser de 25 miligramos por unidad.

A pesar del riesgo que representan para la salud y el medio ambiente, actualmente las PyBS son indispensables en nuestra vida diaria; sin embargo, la contaminación ocasionada por los metales tóxicos provenientes de dichos productos es un problema a nivel mundial.

Uno de los tópicos más importantes, pero con grandes vacíos en la legislación de nuestro país, es el de la importación, comercialización y manejo de productos de uso doméstico que contienen metales tóxicos, como es el caso de las PyBS.

Dado que desde el 2002 ya no se producen PyBS en México, el mercado nacional se satisface en su totalidad de las importaciones. En este contexto, persiste la falta de controles específicos en la regulación jurídica aplicable a su importación y comercialización que establezcan los límites aceptables para el contenido de elementos tóxicos que se importan y comercializan en el territorio nacional, lo cual permite el libre y legal ingreso y comercialización de todo tipo de PyBS, tanto de las que cumplen con límites en el contenido de metales tóxicos, como de aquellas que contienen cantidades de metales tóxicos que exceden cualquiera de los límites impuestos por las diversas legislaciones a nivel internacional.

En cuanto a la comercialización, en México las PyBS se ofertan tanto en el mercado formal como en el informal. La oferta del mercado formal está compuesta por diversos importadores, destacando la Asociación Mexicana de Pilas A.C. (AMEXPILAS), por representar a las empresas que en suma acaparan más del 90% del mercado formal de pilas secas, estas son: Gillette Distribuidora de México, S de RL de CV; Ray O Vac de México, SA de CV; Eveready de México, SA de CV; Sony Nuevo Laredo, SA de CV, las cuales comercializan las marcas: Duracell, Varta, Eveready, Ray O Vac, Sony y Energizer. La oferta del mercado informal está compuesta por diversos importadores que, como consecuencia de los vacíos regulatorios, ofertan sus productos en mercados difíciles de monitorear, como: mercados fijos o semifijos, puestos callejeros y por medio de vendedores ambulantes, donde se manejan un amplio rango de precios, marcas y calidades, predominando las PyBS de tecnología primaria. Por las condiciones antes mencionadas, así como por la dificultad que implica contabilizar las PyBS contenidas en dispositivos electrónicos que entran al mercado nacional en las mismas condiciones de informalidad que éstas, es difícil estimar el tamaño del mercado y los tipos de tecnologías que lo componen.

Los vacíos regulatorios han provocado el predominio de PyBS de mala calidad, fabricadas con tecnologías obsoletas, lo cual ha sido advertido desde el 2002 por la Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos y, posteriormente, en 2004 y 2009 por el Instituto Nacional de Ecología, actualmente nombrado Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Una evidencia clara y alarmante del rezago de nuestro país respecto a la gestión ambiental de las PyBS es que, a pesar de las tendencias internacionales que desde la década de 1990 han reafirmado la importancia de prohibir la importación y comercialización de pilas de óxido de mercurio, con fundamento en su alto grado de toxicidad, en México, desde el 2002, se efectúa lo contrario; este hecho es verificable en el contenido del código 8506.30.01, del capítulo 85, del artículo 1o., de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), vigente hasta la fecha, que exenta clara y específicamente de impuestos de importación a esta tecnología de pilas secas. Datos obtenidos de la Secretaría de Economía indican que en el 2007, por ejemplo, se importaron aproximadamente 185,500 pilas de óxido de mercurio, se exportaron menos de 1,100 unidades y, por lo tanto, hubo un consumo de más de 180,000 piezas.

En tenor de lo anterior, en octubre de 2013 México firmó el “Convenio de Minamata”, el cual establece la prohibición del uso del Mercurio y sus compuestos de manera gradual en la industria y en productos como lámparas, termómetros y baterías, salvo aquellas con contenido de mercurio de menos del 2%, por lo que el Gobierno Federal Mexicano publicó el 12 de diciembre de 2016 el Proyecto de Norma Oficial Mexicana “ PROY-NOM-212-SCFI-2016 Pilas y baterías primarias-límites máximos permisibles de mercurio y cadmio-especificaciones, métodos de prueba y etiquetado” en el define las características de las pilas y baterías, su clasificación por tecnología del sistema electroquímico, los límites máximos permisibles de metales pesados (Mercurio y Cadmio) y obligaciones de etiquetado; sin embargo, en el proyecto de NOM referido, aun se sigue contemplando a las pilas con contenido de mercurio del 2 por ciento de su peso, como legales en nuestro país y no prohíbe a las que contienen óxido de mercurio.

De acuerdo en con la con las recomendaciones vertidas en el documento realizado por el Instituto Nacional de Ecología (hoy Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático) en marzo de 2009, que dice:

• El establecimiento de límites máximos permisibles e el contenido de mercurio y de cadmio para todo el universo de pilas que se comercializan en México. Se recomienda seguir los límites que establece la directiva europea, es decir, prohibir la venta de pilas que contengan más del 0.0005% de mercurio o 0.002% de cadmio. Esta norma se deberá aplicar a las pilas del mercado formal e informal.

• El establecimiento de límites máximos permisibles en el contenido de mercurio en pilas alcalinas tipo botón. El límite que aquí se recomienda es el de la directiva europea, de 2% en peso.

• La prohibición expresa para comercializar pilas de óxido de mercurio. Éstas pueden ser reemplazadas para sus diversas aplicaciones por otras tecnologías, como son las pilas de zinc-aire o las de litio, que no deberán contener mercurio.

• La inclusión del eco etiquetado para indicar que las pilas no contienen mercurio ni cadmio (0 por ciento) así como el plomo que contengan.

Es importante señalar que la tecnología de PyBS que utiliza óxido de mercurio es obsoleta y son reemplazadas desde la década de 1990 con otras, por lo que no se encuentra una razón factible por la que no deban ser prohibidas en nuestro país.

En este sentido, otros países, como Estados Unidos o los que conforman la Unión Europea, desde la década de 1990 limitaron el contenido de mercurio permitido en las PyBS alcalinas y prohibieron terminantemente las pilas de óxido de mercurio debido a su alto contenido tóxico.

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es complementaria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable, así sentar las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar y definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación de acuerdo con su artículo 1 fracciones I y II.

Prohibir la importación y comercialización de las PyBS que contengan óxido de mercurio representa un beneficio para la población de nuestro país ya que aminorará en gran medida los riesgos de contaminación ambiental y los daños a la salud asociados con la posible liberación al ambiente de los metales tóxicos contenidos en dichos productos.

De igual forma, la implementación de disposiciones obligatorias que determinen los límites máximos de mercurio, cadmio y plomo que pueden contener las PyBS que se importan y comercializan dentro del territorio nacional representa un avance importante en la gestión adecuada de los productos de uso doméstico que contienen metales tóxicos y un paso necesario para actualizar la política ambiental mexicana.

La presente iniciativa fue elaborada en colaboración con Raúl López Becerril, presidente de la Sociedad para la Filantropía y el Ambientalismo y la misma servirá de base para la discusión de la problemática ambiental y de salud pública causada por las pilas secas en el “Primer Foro Sobre la Situación de las Pilas Secas en México”, a celebrarse en el año 2018 en el Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se adiciona el artículo 153 Bis a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de manejo integral de pilas y baterías secas

Único. Se adiciona el artículo 153 BIS a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; para quedar de la siguiente forma:

Artículo 153 Bis. Para la importación y comercialización de pilas y baterías secas, incluyendo las contenidas o incorporadas en los aparatos, deberán observarse las siguientes disposiciones:

I. Se prohíbe expresamente la importación y comercialización dentro del territorio nacional de las pilas y baterías secas que contengan óxido de mercurio.

II. Para las pilas y baterías secas que en su interior contengan mercurio, plomo o cadmio; su importación y comercialización deberá sujetarse a los límites restrictivos de la normatividad internacional de la que el Estado Mexicano sea parte.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 “Las pilas en México: Un Diagnóstico Ambiental (informe, marzo de 2009) página 22, Instituto Nacional de Ecología, Arturo Galván García, Leonora Rojas Bracho y Juan de la Barrera Cordero.

2 “La Situación del Mundo 2006, Informe Anual del Worldwatch Institute sobre el progreso a una sociedad sostenible”, pág. 198, Icaria Editorial, 2006.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de febrero de 2018.— Diputadas y diputados: Kathia María Bolio Pinelo,Alba María Milán Lara, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Claudia Sánchez Juárez, Elías Octavio Iñiguez Mejía, Enrique Cambranis Torres, Exaltación González Ceceña, Federico Döring Casar, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Gabriela Ramírez Ramos, Genoveva Huerta Villegas, Gretel Culin Jaime, Guadalupe González Suástegui, Herminio Corral Estrada, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Jacqueline Nava Mouett, Jaime Mauricio Rojas Silva, Javier Odín Castillo, Jesús Antonio López Rodríguez, José Everardo López Córdoba, José Hernán Cortés Berumen, Juan Corral Mier, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Lilia Arminda García Escobar, Lorena del Carmen Alfaro García, Lucina Rodríguez Martínez, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Mercedes Aguilar López, María Verónica Agundis Estrada, Miguel Ángel Huepa Pérez, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Rocío Matesanz Santamaría, Román Francisco Cortés Lugo, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbricas).»

El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene el uso de la voz, desde su curul, la diputada Ángeles Rodríguez, del Partido Acción Nacional.

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (desde la curul): Gracias, presidente. Para preguntarle a mi compañera Kathia si me permite suscribirme a su iniciativa.

El presidente diputado Edgar Romo García: Sí, la diputada acepta su propuesta de adhesión. Se pone a su disposición la iniciativa en la Secretaría, para firmar lo correspondiente.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra, por diez minutos, la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar dos iniciativas. Primero la que es proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una segunda con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María Elida Castelán Mondragón:Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su venia, diputado presidente. Acudo a esta tribuna a presentar dos iniciativas, la primera con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la segunda con proyecto de decreto que reforma el artículo 73, también de nuestra Carta Magna.

La primera propuesta que hoy pongo a su consideración busca fortalecer el derecho de petición, consagrado en el artículo 8 constitucional. Al reformarlo, se permite consolidar lo ya dispuesto y fortalecer las bases para el funcionamiento de la plataforma nacional de transparencia, puesta en marcha el 5 de mayo del año de 2017, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Inai.

Es decir, nuestra propuesta radica en la forma de ejercer el derecho de petición, ya que este no solo se practica de forma escrita, directamente para requerir información a los gobiernos, instituciones u organismos, porque ahora gracias a los avances tecnológicos es factible solicitarla por medios electrónicos, sin que esto constituya un ejercicio diverso del derecho a la información.

Esta reforma resulta de la mayor importancia porque el texto del artículo constitucional citado no ha sido tocado por ninguna mejora normativa de fondo o forma desde 1917, constituyendo un anacronismo que debe ser actualizado en beneficio de las mexicanas y los mexicanos.

Dicha disposición constitucional alude a una terminología ya en el desuso e incompleta con la realidad que se vive, tal es el caso de usar al principio del artículo las palabras funcionarios y empleados públicos, categorías hoy en día poco usadas ya que en nuestra modernidad tales términos no se encuentran comprendidos en el concepto de servidor público.

La segunda iniciativa consiste en fortalecer la democracia directa facultando al Congreso de la Unión, en el artículo 73 Constitucional, exista disposición manifiesta que hable sobre la potestad explícita del Congreso para legislar sobre las categorías jurídicas a través de las cuales se ejercita la democracia directa, como son las figuras de referéndum, plebiscito, revocación del mandato, entre otras.

En la reciente Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo segundo, la democracia directa, participativa y representativa ya es una realidad y en consecuencia debemos ajustar nuestro texto constitucional para que los ciudadanos puedan ejercer cada vez con mayor libertad sus facultades de control y participación política en una sociedad que reclama la construcción de una ciudadanía activa y participativa.

La finalidad de esta iniciativa es dotar al ciudadano de los instrumentos básicos que nos permitan evitar lo que México ha vivido en este sexenio atiborrado de corrupción, algunos por encima o en determinados casos con apego a la ley. Las notas informativas de los periódicos dan cuenta de los excesos de los gobernadores entre muchos otros casos de corrupción, como es el caso Odebrecht.

Estos sucesos podrían evadirse si en México se contemplara el mecanismo de democracia directa de la revocación de mandato a nivel constitucional, ya siendo ubicado como un derecho del ciudadano mexicano en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o ubicado en el artículo 128 del mismo ordenamiento.

Sin embargo, primero se debe facultar constitucionalmente al Congreso para emitir una ley reglamentaria que contenga no solo los mecanismos de accesibilidad, sino también los que les permitan a los ciudadanos hacerlos efectivos. Es decir, los mecanismos de exigibilidad. Alentar que la Norma Suprema se ajuste a la realidad que el país está viviendo es el reto de todo legislador.

El saber proponer las mejoras normativas necesarias es una obligación de cada uno de nosotros como operadores jurídicos. Con estas reformas pretendo no ser omisa de la realidad que vive México.

En suma, compañeras y compañeros diputados, seamos visionarios y analíticos de la realidad que vive nuestro país. Apostemos por el reconocimiento constitucional del contexto actual que vive México en beneficio de la construcción de una sociedad más incluyente y participativa que genera las posibilidades para sus ciudadanos de nuevas oportunidades de intervención política. Muchas gracias, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del Problema

El año pasado se celebró el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, dicha celebración se vio afectada por la creación de leyes de carácter dictatorial, esto en la perspectiva internacional y nacional; a la par sesiones del Poder Legislativo Federal en ambas Cámaras ajenas a la racionalidad y economía del desahogo de los órdenes del día, en cambio se optó por hacer maratónicas sesiones donde estuvo ausente el debate.

La gran mayoría de las mejoras normativas (modificación, reforma, adición, abrogación, derogación y armonización), realizadas sobre la norma suprema han sido siempre en perjuicio de la soberanía popular, lo cual conlleva una mutilación de la carta magna; si se pasa revista a los artículos se podrá ver que existen artículos constitucionales que han sufrido tantas mejoras normativas algunas de fondo (sustanciales) o de forma (estéticas), los casos aludidos son los siguientes:

Artículo Constitucional Mejoras Normativas

73 79

123 27

27 20

Los tres artículos son los más significativos de las desmedidas mejoras que sufre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El jurista mexicano Diego Valadés ha manifestado:

El problema con los cambios que se le han aplicado a la Carta Magna de 1917 es que se ha engrosado su contenido tres veces más de lo que originalmente aprobaron los Constituyentes. El texto original tenía 21 mil palabras y el texto actual tiene 65 mil 447.

Desarrollo

El artículo 8 constitucional no ha sufrido ninguna mejora normativa desde 1917, su texto se mantiene integro ya la letra dice:

Artículo 8o.Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Se infiere que tal artículo 8 es el mecanismo de exigir la transparencia, la rendición de cuentas y acceder a la información pública. Evidenciado el “ Derecho de Petición” en dos interpretaciones; como un derecho y como un principio.

Alexy hace una categorización de las normas jurídicas redactadas en forma de “principios”. Para Alexy los principios constitucionales son “mandatos de optimización” que ordenan que algo sea logrado o maximizado en la mayor medida posible, dentro de las circunstancias fácticas y jurídicas existentes.

La recién (2017) aprobado Constitución Política de la Ciudad de México enuncia los principios rectores de los Derechos Humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles; en la exigibilidad es donde encuentra eco la voz de Robert Alexy , ya que corresponde al Estado en la medida de sus posibilidades jurídicas y fácticas ,sin embargo Alexy olvida el aspecto económico para poder garantizar el uso y el goce de los derechos humanos que al final son en su terminología normas redactas en forma de principios.

Abonando a lo anterior y desde otro enfoque teórico complementario existe un bloque de constitucionalidad, en el cual se reconoce como dice Rodrigo Uprimny Yepes eminente constitucionalista colombiano: “las normas constitucionales no son sólo aquellas que aparecen expresamente en la Carta sino también aquellos principios y valores que no figuran directamente en el texto constitucional, pero a los cuales la propia Constitución remite”.

Toda vez que el artículo 8 constitucional que nos ocupa es un derecho humano, a saber, el derecho de petición es necesario sustraer que el Estado tiene obligaciones genéricas y específicas; siendo las genéricas el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y las específicas de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos.

Las obligaciones ya sean genéricas, se logran por medio de disposiciones jurídicas o las específicas que se conquistan por medio de las Instituciones ex profeso para tal encomienda; en suma, el Estado debe estar en una permanente búsqueda de garantizar la plenitud de los derechos humanos. Un medio por el cual se ejecutan las obligaciones del Estado; son las instituciones públicas y los servidores públicos. Los cuales deben siempre actuar en estricto apego a sus marcos normativos.

Los Servidores Públicos se deben de entender de conformidad con la disposición constitucional, es decir el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice:

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la administración pública federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El artículo 8 constitucional, que no ha sido tocado por ninguna mejora normativa de fondo o forma desde la 1917, hace necesario proponerlas ya sean sustanciales o estéticas; el texto alude a una terminología ya en desuso e incompleta con la realidad que se vive; tal es el caso de usar al principio del artículo las palabras funcionarios y empleados públicos, categorías hoy día poco usada; dicho sea de paso tales términos quedan mejor comprendidos en el concepto de servidor público , anteriormente expuesto y resumible en toda persona que trabaje en cualquiera de los tres poderes de la unión y órganos autónomos que reciba un salario.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; norma secundaria para lograr garantizar el Derecho de Petición y al mismo tiempo tener acceso a la información y transparencia pública; no se debe olvidar que los derechos humanos tienen la característica de Interdependencia la cual vincula íntimamente los derechos entre sí; La Ley citada hace uso de una figura técnica-jurídica la “Unidad de Transparencia”, que en artículo 61, fracción III.

Artículo 61. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que tendrá las siguientes funciones:

III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;

Siendo la fracción citada la de mayor peso entre las demás y se complementa con el Artículo 123 de la ley referida.

Artículo 123. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar una solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.

La Plataforma Nacional de Transparencia , puesta en marcha por parte del el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el 5 de mayo del año 2017 permite y al mismo tiempo constituye una exigencia para la mejora normativa del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; caso específico en la forma que debe ser presentada la solicitud de información desde antaño el modo de su presentación es escrita ahora con la disposición del artículo 123 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, abre la oportunidad de hacerlo bajo otros medios.

En primer término, hace que la Carta Magna se ajuste a la realidad que el país está viviendo; en segundo término, el hacer que expresamente la norma fundante diga que el modo de presentación de la solicitud no sea únicamente escrito pudiendo también presentarse de manera electrónica y la contestación del mismo modo, fortalece a la norma suprema.

Por lo tanto, en la presente iniciativa planteo una reforma al artículo 8 de la Constitución que ilustro con el siguiente cuadro comparativo.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, diputada María Elida Castelán Mondragón, integrante del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 8o. Los servidores públicosrespetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito o de manera electrónica, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito o de manera electrónicade la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm

2 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuanto-ha-cambiado-la-Constitucion- desde-1917-20170210-0074.html

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

4 http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Robert_Alexy.shtml

5 http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59a/588/5d9/ 59a5885d9b2c7133832865.pdf

6 http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2-Bloque-constitucionalidad.pdf

7 http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/ 2932/Libro_DH.pdf?sequence=1&isAllowed=y

8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 20 de febrero de 2018.— Diputadas: María Elida Castelán Mondragón,Evelín Parra Alvarez(rúbricas).»

El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputada Elida Castelán. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada María Elida Castelán Mondragón:

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del Problema

La alta injerencia del titular del ejecutivo en el poder legislativo ha producido un fenómeno muy conocido en México pero que aún en el argot de los políticos no se emplea.

La deslegislación, o proceso de cesión al poder gubernativo, o asunción por su parte, de la función legisladora, se realiza de diversos modos y en todas y cada una de las tres fases de la elaboración del derecho (prelegislativa o preparación de la ley, legislativa, poslegislativa o ejecución de la ley).

Tal proceso violenta la división de poderes o función de poderes, realidad tan marcada en normas suprema de distintos países, que si bien atienen o tiene un Estado de Derecho donde se marcan dos trazos de distinción y reconocimiento de tener dicha figura jurídica; La predicción de la aplicación de la ley y la igualdad del ciudadano ante cualquier marco jurídico que pueda o afecte su esfera jurídica.

No es lo mismo en nuestro país donde la ley es ley cuando conviene y cuando no conviene es todo menos ley. Existe una formula lapidaria o sacra pronunciada en los tres ámbitos de gobierno por parte de los servidores público que repiten con ahínco, pero faltos del saber a lo que conlleva su pronunciamiento, caso específico es el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Tal guardar, proteger, defender y guiarse de conformidad a la Constitución y sus leyes que derivan de ella, permite al ciudadano realizar una interpretación y al mismo tiempo hacer una reformulación del artículo donde si el funcionario público.

Es omiso en la observancia, aplicación y guarda de la norma suprema puede y debe el ciudadano pedir su revocación de mandato o remoción del cargo público que ostenta. Tal aseveración ya es una realidad en la reciente Constitución Política de la Ciudad de México en el capítulo II de la Democracia directa, participativa y representativa artículo25, inciso G.

Desarrollo

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), en septiembre de 2017 realizo un texto titulado “En Contexto – Revocación de Mandato–”, se transcribe parte de sus párrafos para dar contexto al tema.

La revocación de mandato es uno de los instrumentos de la democracia directa, los otros son: referéndum, plebiscito y la iniciativa popular.

La clase política sirve como operadores del Sistema Jurídico Mexicano, ellos están facultados por disposiciones constitucionales para hacer las mejoras jurídicas necesarias apegas a las exigencias sociales y modernas, sin embargo, son omisos para legislar y la realidad los supera.

Es necesario recordar que el Derecho hace un reconocimiento de los sucesos que afectan a la sociedad y de ahí parte para regular; también existe una plena intención por parte de los servidores públicos de mantener el statu quodel Sistema y del Régimen el cual les permite realizar cuanta conducta disponga realizar bajo el principio de la Legalidad, el cual Tamayo y Salmorán Explica magistralmente.

El principio de legalidad es un presupuesto en todo el discurso jurídico, tanto en la “descripción” (textos y tratados) como en la argumentación (alegatos). El principio opera en dos niveles: descriptivo y justificativo. El tenor del principio podría formularse así: (1) es regla de competencia; i. e., es el derecho de un Estado, todo acto jurídico (orden, decisión, mandato) supone una norma jurídica que confiere facultades; todo poder o facultad requiere necesariamente de fundamentación jurídica. (2) La legalidad debe controlar los actos de los funcionarios (e.g., el exceso o desvío de poder, decisión ultra vires, son cuestiones jurídicas)

México ha vivido casos en este último sexenio de corrupción algunos por encima o en determinados casos con apego a la ley; las notas informativas de los periódicos dan cuenta de los excesos de los gobernadores. Fueron 14 exgobernadores, acusados de desvió de recursos públicos, nexos con la delincuencia organizada y corrupción.

En suma, estos sucesos pudieron no suceder si en México se contemplara el mecanismo de democrático directo de la revocación de mandato a nivel constitucional ya siendo ubicado como un derecho del ciudadano mexicano en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o ubicado en el artículo 128 del mismo ordenamiento, sin embargo primero se debe facultar constitucionalmente al Congreso.

El principio de legalidad debe tener otro principio o figura jurídica que le secunde para el fortalecimiento de la democracia, tal es el caso de la revocación del mandato.

La gran apuesta que deben hacer los actores políticos que fungen como operadores jurídicos es fortalecer el Estado Democrático y de Derecho donde la ciudadanía tenga injerencia directa, representativa y participativa. Ahora bien, la aplicación de dicha revocación tiene que ser puesta a revisión para considerar sus pro y contras, el cuadro siguiente da muestra de argumentos en sentido positivo y negativo.

Cuadro 1. Posicionamientos a favor y en contra de la revocación de mandato

La balanza se inclina a favor de tener la revocación de mandato de los servidores públicos, no existe un argumento que sea de mayor peso o calibre que otro, pero si hay precedentes suficientes de mal desempeño de servidores públicos que terminan conculcando cuantas disposiciones tenga a observar.

La revocación del mandato es concebida como un mecanismo de control o contrapeso que el ciudadano puede tener ante los poderes constituidos y el mal desempeño que sus operadores hagan de sus encomiendas legales y constitucionales. Lo verdaderamente necesario es lograr que el ciudadano puede hacer uso de la democracia en toda su extensión y así poder cumplir con lo que dispone en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando habla de la democracia en su artículo 3 , fracción II , inciso a.

Artículo 3o.

...considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

Es por ello, que el único medio para lograr la conquista de tan anhelado párrafo es necesario que la revocación de mandato deje de ser una teoría y se convierta en una práctica democrática , habilitando en un primer momento al Congreso en el artículo 73 para poder legislar al respecto ; parecería una mejora normativa estética de poco monta ; sin embargo es un paso gigante para que en un futuro donde exista la alternancia , debate y consensos sea perfeccionada por los legisladores, actores y operadores del Sistema Jurídico Mexicano.

Lo ideal sería tener un marco jurídico secundario que contemple las figuras jurídicas de Referéndum, Plebiscito, Revocación de Mandato; que respaldaran las disposiciones jurídicas constitucionales y no sólo se quede en una expresión de buenos deseos, como es tomada y aquilata el artículo 3 constitucional.

A nivel internacional en un comparativo entre México con los países de Bolivia, Ecuador, Cuba los cuales contiene ya disposición expresa de la revocación de mandato.

Cuadro 4. Revocación de mandato en diferentes países de América Latina

Derecho Comparado

La constitución de Ecuador es explicita en cuestión de los sujetos, los tiempos, los supuestos de procedencia, el procedimiento, etcétera. México en ningún espacio de sus 136 artículos hace mención ni expresa o tácita de la revocación del mandato existen consideraciones de desestimación a la hora de querer aprobar una iniciativa que involucre figuras jurídicas que sumen a la Democracia.

Una muy recurrente que en el artículo 73 constitucional donde se enuncian las facultades del Congreso, no hay disposición manifiesta que hable sobre la permisión del Congreso de legislar sobre la categoría jurídica de democracia directa bajo las figuras jurídicas de Referéndum, Plebiscito, Revocación de Mandato, etc.

Por lo tanto, en la presente iniciativa plantea una reforma al artículo 73 XXIX-Q de la Constitución que se muestra con el siguiente cuadro comparativo.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, diputada María Elida Castelán Mondragón, integrante del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 73 XXIX-Q de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 73 XXIX-Q de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana, consultas populares, Referéndum, Plebiscito, Revocación de Mandato.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/60022/1/Doxa_38_15.pdf

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

3 http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59a/588/5d9/ 59a5885d9b2c7133832865.pdf

4 www5.diputados.gob.mx/.../CESOP-IL-72-14-RevocacionDeMandato-290917.pdf

5 https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/ anuario-derecho.../3397

6 www5.diputados.gob.mx/.../CESOP-IL-72-14-RevocacionDeMandato-290917.pdf

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

8 www5.diputados.gob.mx/.../CESOP-IL-72-14-RevocacionDeMandato-290917.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 20 de febrero de 2018.— Diputada María Elida Castelán Mondragón(rúbrica).»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



EXPIDE LA LEY DE FOMENTO PARA LA FRONTERA NORTE

El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento para la Frontera Norte.

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez:Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, y en especial si me pueden poner atención los compañeros de la frontera norte de este país.

El 20 de diciembre de 2013 se reformó el artículo 25 de la Constitución, modificándose el último párrafo del citado artículo, con la finalidad de que esta ley aliente y proteja la actividad económica que realizan los particulares, y estos proveen las condiciones necesarias y óptimas para el desenvolvimiento económico del sector privado hacia el país. Y contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implemente una política económica fehaciente.

Debemos tomar en cuenta que México no es un país homogéneo, que tenemos distintas regiones y que si bien existen dificultades que le son comunes, también se presentan características y problemas particulares en la región que deben ser afrontados de acuerdo a las variedades específicas de cada zona. Es decir, requerimos en varias partes del país trabajar las políticas públicas bajo el paradigma del desarrollo regional, tanto en lo referente al desarrollo económico como al desarrollo social.

La región de la frontera norte es un área de oportunidades que nuestro país ha aprovechado con resultados que han beneficiado no solo a la frontera norte, sino a todo el país entero. Pero esa zona de oportunidades las podemos mejorar si hacemos caso a estas indicaciones de reforma.

La presente iniciativa con proyecto de decreto busca crear la Ley del Fomento para la Frontera Norte, no en el ánimo de privilegiar a la región sobre otras ni mucho menos en detrimento de los intereses de otras zonas del país. Lo que buscamos es crear el marco jurídico apropiado para que las necesidades de la frontera norte y las acciones que se emprendan para su desarrollo económico y social sean atendidas de acuerdo a las características particulares de esta región tan noble del país, características que no encontramos en ninguna otra zona del país.

La iniciativa en mención, compañeros diputados, tiene como finalidad que el Poder Legislativo tenga una contraparte en el Poder Ejecutivo. No buscamos —cabe decir y recalco— privilegios en la frontera norte, simplemente buscamos lo justo para la frontera norte y para ello Morena estará luchando para que se haga justicia en la región, al igual que en todo el país.

La ley busca instaurar la política integral de desarrollo fronterizo, entendida esta como el conjunto de acciones que conlleven a la coordinación de las instituciones federales, estatales y municipales. Es decir, un equipo de trabajo entre todos los Poderes que existen en este país, así como la generación de condiciones para la promoción de las actividades económicas, locales y regionales, a la vez de suministrar a los habitantes los servicios públicos en cantidad y la calidad adecuada.

Punto nodal de esta ley es el de establecer una comisión intersecretarial para atender los problemas y propiciar el desarrollo económico social del país de la frontera norte, por lo que se crea la Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos como órgano de carácter permanente en el que también participarán los gobiernos de los estados fronterizos que así lo soliciten, al igual que los presidentes municipales de la zona fronteriza.

La Comisión Intersecretarial será la instancia donde las instituciones federales involucradas en el desarrollo económico-social de esta zona participarán desde las facultades y atribuciones ya contempladas en el que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para cada una de ellas.

Por medio de esta presente comisión se adecuarán los programas del gobierno federal relacionados con el fomento del desarrollo económico social, atendiendo de esta manera las condiciones particulares de las distintas regiones de la frontera norte.

La Ley del Fomento para la Frontera Norte abre la posibilidad de que, en algunos casos, por medio de la Comisión Intersecretarial se propongan nuevos programas, esto por sí mismo no es el eje fundamental de la ley sino, más bien, lo que buscamos es que por medio del diseño de esta comisión se propicie la sinergia de los programas sociales y económicos ya existentes, es decir, lo que se está buscando es una armonización de esta legislatura por medio de una estrategia coordinada entre los distintos órdenes de gobierno y sociedad civil, misma que se pretende alcanzar por medio de la ley y la Comisión Intersecretarial, los distintos programas de fomento al desarrollo económico y social podrán ser aplicados atendiendo las necesidades de esta zona.

Cabe decir que la iniciativa en mención deviene de la anterior legislatura, la LXII, y que fue rechazada. Esta es la tercera ocasión que se presenta, por lo cual les solicito a ustedes, compañeros, de la manera más atenta una urgencia en aprobar esta iniciativa, ya que se necesita que la frontera norte sea evaluada de una manera distinta y sea capacitada para el propio desarrollo de las ciudadanos de la frontera norte que tanto están luchando y que tantas necesidades tienen que resolver para un óptimo desarrollo de vida.

Lo anterior con el objetivo, compañeros, de avanzar hacia la integración de un país mejor y de crear una zona económica fuerte y sólida para competir con los Estados Unidos de Norteamérica. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención, que tengan una excelente tarde.

«Iniciativa que expide la Ley de Fomento para la Frontera Norte, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

El proponente, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, diputado por Baja California a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento para la Frontera Norte, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país heterogéneo con distintas regiones que muestran sus peculiaridades en su cultura, fenómenos sociales y economías, entre otras características, por lo que podemos sostener que, si bien tenemos un México que nos engloba a todos los mexicanos y a todas las zonas, con problemas comunes, también tenemos un mosaico de regiones distintas unas de otras, con problemas particulares y características disímiles.

De tal forma que la regionalización que presenta nuestro país responde a diversos factores entre los que se pueden mencionar los derivados de una historia común, de las condiciones naturales de la zona, de las características económicas y de la formación de una cultura propia.

El que existan diferentes regiones que requieren distintas medidas para su desarrollo es un hecho que se ha retomado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así tenemos que el artículo 25 de nuestra carta magna señala en su último párrafo que “la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales , en los términos que establece esta Constitución.”

El tomar en cuenta las diferencias y la existencia de diversas regiones no es tan sólo un ejercicio académico o asunto teórico, sino que es un factor toral cuando de desarrollo económico y social se trata.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, develan que en los dos últimos sexenios el incremento del producto interno bruto (PIB) ha sido de 2.1 por ciento en el primero y 1.9 por ciento en el segundo, aún antes de los mismos el PIB no crecía más allá del 3.9 por ciento, lo que evidencia que el gobierno federal ha perdido su capacidad desarrollista y por lo mismo, el papel de los estados es de vital importancia para definir las políticas de desarrollo económico sustentable, equilibrado, con una base económica diversificada y local.

El desarrollo regional tiene atribuciones que definen un campo de interacción en las dimensiones más importantes del desarrollo, por lo que refiere cambios cualitativos en los rubros económico, social, político, ambiental y territorial, permite tratar problemas como la pobreza, el desempleo y el subempleo que no pueden resolverse efectivamente a escala municipal, las ciudades o municipios no pueden tratar de solucionar distintos problemas o fenómenos socioeconómicos en lo individual; éstos deben de abordarse con una base “espacial” más amplia.

Esta forma de buscar el desarrollo opera mediante el diseño de políticas públicas expresadas en planes y programas que en cierto sentido orientan la organización del territorio y los procesos económicos de las regiones. Para esto se requiere un diseño que parta desde el nivel estratégico, hasta el nivel operativo, enfocado a partir del nivel programático llegando al nivel administrativo.

En la práctica se asocia a la organización productiva, el progreso técnico, las tareas de gobernabilidad, la preservación del ambiente y la organización territorial de la sociedad que habita al interior de las mismas. El desarrollo regional incorpora principios de equidad, participación y reconoce las vertientes del desarrollo en un sentido integral.

Si bien han sido varias las propuestas para determinar el número de regiones y sus delimitaciones que tenemos en México, a grandes rasgos podemos decir que tenemos tres macro regiones, la sur-sureste, la centro y la norte, como parte de esta última también podemos ver que existe una región que corresponde a la zona en donde nuestro país hace frontera con Estados Unidos de América.

La región de la frontera norte se ha venido distinguiendo como crucial para México, aunque sin una estrategia integrada de desarrollo económico, pese a lo anterior, esta región ha sido de creciente relevancia en el escenario nacional. Los seis estados que la conforman en conjunto aportan alrededor de 22 por ciento al producto interno bruto de la nación, con la cantidad de 3 billones 333 mil 589 millones de pesos (Tabla I).

Es también de notarse que desde hace varias décadas México ha perdido la capacidad de generar crecimiento económico. Si vemos, desde los últimos cinco sexenios la tasa promedio anual de crecimiento del PIB no ha pasado del 3.9 por ciento, he incluso hemos tenido sexenios con una tasa de 0.18 por ciento (1982-1988), por lo mismo, se evidencia que el papel de los estados es de vital importancia para definir las políticas de desarrollo económico sustentable, equilibrado, y con una base económica diversificada y local.

Desde las acciones del gobierno, se debe buscar que cada región conjugue, en su particularidad, las potencialidades que presenta mediante los distintos modos de coordinarse entre sus actores; las dimensiones territoriales, administrativas y sociales que involucran; el tipo de objetivos que persiguen; los recursos locales que disponen tanto en la sociedad civil como en el gobierno local/regional; su vinculación y características del mercado, generando así procesos de desarrollo propios.

Por otra parte, la economía de la frontera norte por décadas presentó un ritmo de crecimiento relativamente constante, incluso en aquellos años en los que el conjunto del país se sumergía en una dura recesión e inestabilidad financiera, como sucedió durante los ochenta y noventa del siglo pasado.

Esto ha contribuido a que el imaginario colectivo piense que en la frontera norte el nivel de vida de sus habitantes es mucho más alto que el que se presenta en el resto del país, y que las poblaciones fronterizas gozan de todos los servicios de primera calidad.

Desafortunadamente la realidad es otra, si bien es cierto que, en comparación con otras zonas, en las ciudades de la frontera norte el obtener un trabajo en el mercado laboral formal tradicionalmente ha sido más factible que en otras regiones y los sueldos que se obtienen son superiores.

Esto no se ha traducido en una mejor calidad de vida para sus habitantes, la pobreza, el rezago educativo y de acceso a los servicios de salud es una realidad latente en la frontera norte.

Como lo debelan datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en los municipios mexicanos colindantes con los Estados Unidos de América en el año 2010 vivían alrededor de 6 millones 445 mil personas, de estas, 2 millones 252 mil se encuentran en pobreza, es decir, el 35 por ciento de la población de los municipios fronterizos es pobre.

Lo anterior, como es de esperarse, repercute en los indicadores del desarrollo social, por ejemplo, de los ya mencionados 6 millones 445 mil habitantes de los municipios fronterizos, un millón 14 mil sufren rezago educativo y un millón 976 mil carecen del acceso a los servicios de salud, es decir, para el 16 por ciento de estas personas el derecho a la educación ha sido violentado y para 31 por ciento el derecho a la salud, ambos consagrados en la Constitución.

En cuanto a los servicios públicos en las ciudades de la frontera norte, fuera de lo que normalmente se piensa, al igual que en varias de las ciudades del interior del país, se tienen graves carencias. Al respecto, en un análisis elaborado por el Colegio de la Frontera Norte se comparan algunos indicadores que permiten elaborar un diagnóstico sintético sobre la calidad de vida de la población de cuatro ciudades fronterizas, como son los ingresos, el acceso a determinados bienes de consumo y los servicios públicos en la vivienda para las ciudades fronterizas, comparándolos con los mismos indicadores para ciudades de tamaño similar ubicadas en otras regiones del territorio nacional. (Al respecto, consultar: Guillén López, Tonatiuh. “Frontera norte: los contrastes de la calidad de vida”, revista Política Exterior, Secretaría de Relaciones Exteriores, número 81, octubre 2007.)

De tal forma que se obtuvieron los datos de ocho zonas metropolitanas, que se agruparon en “fronterizas” y “no fronterizas”. En el primer grupo están las zonas de Tijuana-Playas de Rosarito, Mexicali, Juárez y Reynosa-Río Bravo. En el segundo grupo se encuentran Mérida, Querétaro, Aguascalientes y Morelia. Los resultados arrojados muestran que al contrario de lo que normalmente se piensa en el centro y sur de nuestro país, la calidad de vida en la frontera norte es de menor calidad que la que se tiene en otras regiones.

Por una parte, es cierto que el ingreso es un elemento básico, variable definitoria de la calidad de vida, en la medida que establece las capacidades de personas y familias para acceder a bienes y servicios de todo tipo, que conforman su entorno cotidiano, y este es superior en las ciudades fronterizas del norte, sobre todo en los primeros deciles, que son en los que se encuentran las personas con menores ingresos, siendo la diferencia entre las zonas fronterizas y no fronterizas de hasta casi 50 por ciento mayor a favor de las primeras.

También es cierto que, en las ciudades analizadas de la frontera, no existe correlación entre el ingreso y los demás componentes de la calidad de vida, en especial los relativos a servicios públicos básicos, al contrario, el déficit de los servicios públicos y del equipamiento de las viviendas, así como la calidad de la vivienda misma, han sido un rasgo característico del desarrollo de la frontera norte y de sus principales ciudades. En términos generales, dicho rezago es resultado de una insuficiente inversión pública en relación con la expansión de la demanda de servicios. Si bien es cierto que en las décadas de los ochenta y noventa, se reducen las dimensiones de este déficit, también es una realidad su persistencia en una proporción que supera las condiciones de ciudades equivalentes de otras partes del país.

Así, por ejemplo, vemos que, en el caso concreto de la disponibilidad de agua potable al interior de las viviendas, las zonas metropolitanas fronterizas muestran un rezago que equivale al doble del de las ciudades no fronterizas, mientras que en las primeras se tiene un 10.5 por ciento de viviendas sin agua, en las segundas este indicador se reduce al 4.85 por ciento.

No es difícil reconocer que el déficit se concentra entre la población que recibe menores ingresos, aunque éstos sean sensiblemente superiores a los de sus contrapartes de las ciudades no fronterizas, que sí disponen de agua potable al interior de sus viviendas. Además, es relevante el dato según el cual la población que tiene agua en su vivienda eroga un costo menor por ella y la dispone en mejor calidad, además de ahorrar tiempos y esfuerzos, que para otros sectores de población implica acceder a este bien.

Otro de los indicadores que abordó el análisis citado es el referente a la conexión de las viviendas a la red pública de drenaje, ya que este dato es un indicador decisivo sobre la calidad de vida, por sus repercusiones directas en la salud de las personas y en las condiciones del ambiente inmediato y regional. Nuevamente, las zonas no fronterizas reflejan mejor desempeño que las fronterizas, en una proporción notablemente ventajosa, ya que en las ciudades que sirvieron para el comparativo de la zona no fronteriza el 4.4 por ciento de las viviendas carecían de conexión, mientras que sus similares de la zona fronteriza presentaron esta carencia en un porcentaje del 8.7 por ciento.

En cuanto a la pavimentación, este es un servicio público característico del desarrollo urbano contemporáneo y reconocido como un criterio que también distingue condiciones de atraso o de relativa satisfacción de necesidades en el ambiente de las ciudades. Su relevancia destaca por sus implicaciones en rubros como la salud, el medio ambiente, el transporte público y la movilidad urbana en general, para los cuales la infraestructura del pavimento es una condición básica. Por este motivo, si las viviendas disponen de pavimento en su entorno inmediato, pueden inferirse condiciones de vida sensiblemente mejores a aquellas que carecen de este equipamiento.

En este rubro, nuevamente las poblaciones analizadas pertenecientes a la zona no fronteriza mostraron mejores condiciones que sus contrapartes de la frontera, los datos reflejados en el análisis reiteran la ventaja de las zonas metropolitanas no fronterizas ante las fronterizas. En promedio, casi un tercio de las viviendas fronterizas (30.8 por ciento) carecen de pavimento en la parte de enfrente, mientras que en las no fronterizas el déficit es de menos de un quinto (17.0 por ciento).

Si bien hay rubros en cuanto a los bienes duraderos que favorecen a la región fronteriza, como sería el caso de disponibilidad de contar con un automóvil por vivienda, en el que vemos que el 72 por ciento de las viviendas posean algún vehículo, mientras que en las zonas metropolitanas no fronterizas esta cifra se acerca al 55 por ciento. La relativa ventaja de un mejor ingreso, junto con la posibilidad de adquirir automóviles del mercado estadunidense (en muchas ocasiones, en deterioradas condiciones), orienta a las familias fronterizas a poseer un vehículo y a asumir los costos de su uso y mantenimiento, gastos que no son menores.

Pero aún en este rubro, se esconde un problema de falta de infraestructura básica y carencias en los servicios que impactan de manera negativa la calidad de vida, ya que cabe notar que el transporte público en las ciudades fronterizas es de pésima calidad, por lo cual la alternativa del transporte individual resulta estimulada, no obstante, su peso sobre el ingreso familiar o sus consecuencias negativas para el entorno ambiental de las ciudades.

Carencias como las mencionadas, aunadas a otras y el hecho de que no exista correlación entre el ingreso y los demás componentes de la calidad de vida, en especial los relativos a servicios públicos básicos, han propiciado lo que se conoce como la paradoja de la frontera norte, por una parte se dispone de empresas con el mayor nivel de tecnología de calidad mundial, al lado de espacios urbanos carentes del equipamiento mínimo, y con amplios sectores sociales viviendo en áreas sin servicios públicos y en precarias viviendas. La intensidad de la vida fronteriza muestra así desiguales cadencias, entre dinámicas y estructuras sociales y productivas que, por un lado, impregnan a la región de un tono vanguardista y por el otro, la retratan como un espacio con nodos sociales sumergidos en el subdesarrollo.

Desafortunadamente no se avizora que el rezago social y la baja calidad en los servicios urbanos que repercuten desfavorablemente en la calidad de vida de la población fronteriza norteña tengan una solución a mediano plazo, al contrario, al día de hoy, la economía de la frontera norte se encuentra en franco deterioro y esto se ha visto traducido en el cierre de muchas empresas con la consecuente pérdida de empleos. Según datos del IMSS, al primer cuatrimestre de 2014 el cierre de empresas en las entidades fronterizas del norte sumaba la cantidad de mil 475.

Aunado a lo anterior, en la región se está viviendo un proceso inflacionario que golpea con mayor fuerza a los que menos tienen, por ejemplo, al cierre de 2013, la población con menos ingresos destinaba el 59 por ciento de los mismos a la compra de alimentos, pero desde principios del año en curso para el mismo rubro está destinando el 65 por ciento.

Por su parte, el comercio formal ha visto la caída de sus ventas en más de 20 por ciento, el incremento inflacionario ha orillado a la población de clase media y alta, con acceso a visa para cruzar la frontera ha incrementado sus compras en los comercios de las ciudades fronterizas de Estados Unidos de América, en donde accede a bienes de igual calidad a los que se consiguen en las ciudades del lado mexicano, pero a un precio mucho menor.

En otro orden de ideas, es de notarse que la frontera norte mexicana se integra de sociedades que efectivamente ofrecen alternativas económicas para sus residentes, pero que al mismo tiempo les imponen elevados costos, especialmente para la población de menores ingresos y de reciente migración a la zona. La calidad de vida en la región, frente a otras ciudades del interior del país, tiene algunas ventajas, pero también importantes lagunas sociales que a su modo cuestionan el modelo de desarrollo fronterizo por la persistencia de desigualdades en aspectos básicos de la vida.

Su crecimiento no puede seguir con un continuo desfase social en aspectos básicos y no básicos de la calidad de vida. El crecimiento fronterizo requiere convertirse en un desarrollo con mayor eficiencia y equidad social, lo cual precisa de la modernización del marco institucional, es decir, de los estados, municipios y del papel de la federación en la región.

Históricamente se han hecho intentos por dirigir las políticas públicas de manera coordinada y con una visión regional desde la administración central, entre estas destaca el Programa Nacional Fronterizo, como un intento del gobierno federal por cambiar los aspectos urbanísticos y funcionales en las fronteras mexicanas, así como de reactivar su economía. Por medio de este programa la inversión se hizo patente en obras de beneficio directo para la ciudadanía, pero también en obras que alentaron el turismo y el surgimiento de actividades que ayudaron a expandir la economía de las fronteras.

Posteriormente en distintos sexenios se fueron creando comisiones intersecretariales encargadas de atender las franjas fronterizas, por ejemplo, en 1983 se crea la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres, en 1983 la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres y en 2001 Comisión para Asuntos de la Frontera Norte, esta última abrogada en septiembre de 2004 bajo el argumento de que la coordinación, diseño y articulación de acciones entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal había sido alcanzada y de que las demás funciones que venía realizando la Comisión para Asuntos de la Frontera Norte ya eran asumidas y desarrolladas por otras instancias del Gobierno Federal.

Creemos que el funcionamiento de un órgano intersecretarial para dirigir el desarrollo de la frontera norte y el abatimiento de los rezagos sociales de la misma es necesaria, en donde se coordinen las dependencias del Ejecutivo federal, los gobiernos estatales y municipales, ya que varios especialistas en los problemas de la región son coincidentes en señalar que en la frontera norte en particular, los mayores problemas estructurales son el centralismo, la pobreza y el desempleo, que muchas veces son tratadas al margen de las grandes políticas de desarrollo y desvinculadas de su entorno territorial.

Nuestro país tiene la necesidad de reconstruirse en sus diversos referentes económicos, sociales e institucionales, en donde una de las estrategias fundamentales de desarrollo económico se basa en las dinámicas territoriales. En la Frontera Norte se tiene una realidad compleja y heterogénea, desarticulada muchas veces en los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales del centro del país y de otros estados no fronterizos.

La necesidad de contar con un marco jurídico particular para la frontera no es una cuestión novedosa, diversos países latinoamericanos han reconocido la relevancia de sus fronteras con el establecimiento de marcos jurídicos que responden a una realidad caracterizada por el gran dinamismo que demuestran estas áreas limítrofes. De ese modo, Bolivia, Colombia, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, por mencionar algunos, cuentan con leyes que les permiten el manejo adecuado de estas regiones estratégicas. En la mayoría de los casos, llaman la atención la creación y el establecimiento de una comisión o un consejo exclusivo para las fronteras que tiene como objetivo analizar, gestionar y proponer soluciones a las realidades que enfrentan estas zonas con otros países, lo cual demuestra la necesidad de contar con un espacio exprofeso en materia de la administración pública.

Los ejemplos anteriores nos llevan a preguntarnos por qué México no cuenta con los ordenamientos específicos para sus fronteras, que lleven a la coordinación de las distintas autoridades involucradas en estas regiones y que propicie la gestión ordenada de estos importantes territorios. Con esto, se podrían ampliar y profundizar las relaciones institucionales, socioculturales y económicas, al tener una mejor coordinación sobre los temas apremiantes más allá de una visión de corto plazo y centralista.

La presente iniciativa tiene como finalidad crear las condiciones propicias para que las acciones dirigidas al desarrollo de la frontera norte, se den de manera holística, coordinada, entre los distintos órdenes de gobierno y las distintas dependencias de la administración pública, que nos permita tener en cuenta las singularidades de esta región y elevar los niveles medios de vida de los habitantes de la frontera norte.

La ley se dividiría en dos títulos, el primero con dos capítulos, uno sobre las disposiciones generales, es decir, el ámbito de aplicación, objeto, definiciones y la orientación de las acciones que deberán observar los tres órdenes de gobierno; el segundo capítulo, toca lo relativo a la integración, funciones y operación de la Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos.

El título segundo está dedicado a la política integral de desarrollo fronterizo con sus cuatro ejes de acción, mismos que son:

I. Régimen económico fronterizo;

II. Régimen social fronterizo;

III. Régimen cultural fronterizo;

IV. Cooperación internacional en la frontera norte.

Retomando lo referente al Título I “De los Aspectos Generales”, encontramos que su Capítulo I “Disposiciones Generales”, señala como objeto de la ley el establecer las bases para los regímenes fronterizos económico, social, cultural y la cooperación internacional, que propicien el desarrollo sustentable, social y cultural de los habitantes de la región fronteriza norte.

Para esto, se define la región fronteriza norte como el área situada hasta 100 kilómetros hacia el interior del país a partir de la línea divisoria entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, con el objetivo de establecer un marco jurídico acorde con las condiciones características de esta región, que procure el desarrollo económico, social, cultural de sus habitantes, de manera sustentable; en armonía con el ambiente, respetando los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, a través de la implantación de una política integral de desarrollo fronterizo.

Para el cumplimiento del objetivo de la ley los tres órdenes de gobierno deberán orientar sus acciones hacia determinados objetivos previstos por la propia ley, entre los que se encuentran las de establecer mecanismos de coordinación institucional, para la ejecución y observancia de la política integral de desarrollo sustentable en la región fronteriza norte; fortalecer los procesos de cooperación con el país vecino del norte en aras de eliminar obstáculos administrativos que impidan la interacción natural entre las comunidades fronterizas. Proteger, preservar y aprovechar de manera sustentable el ambiente, la biodiversidad.

Los recursos naturales y promover la participación ciudadana a través de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el objeto de la propia ley, entre otras acciones.

El capítulo II del Título I es por completo dedicado a la Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos, en el mismo se crea esta comisión, definida como órgano intersecretarial, de carácter permanente y presidida por el titular de la Secretaría de Gobernación, integrada por las secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Turismo; y la Comisión Nacional del Agua.

Además, serán integrantes de ésta con derecho a voz y voto los gobernadores de los estados fronterizos del norte, quienes previa aprobación de su legislatura local, podrán solicitar su inclusión en la comisión.

De igual manera, los presidentes municipales que previa aprobación de su cabildo soliciten su inclusión en la comisión, participarán por medio de un representante de su misma entidad federativa. Este representante será un presidente municipal perteneciente a la comisión y electo por sus pares, de tal forma que la comisión contará con seis presidentes municipales, uno por cada estado fronterizo.

Podrán ser invitados a las reuniones de la comisión para expresar sus puntos de vista con respecto a los asuntos a tratar, los titulares de los órganos desconcentrados e instituciones financieras de fomento de la administración pública federal; los titulares de entidades paraestatales federales, estatales o municipales; los representantes de las organizaciones de la sociedad civil; y académicos e investigadores en temas de interés para los trabajos de la comisión.

La comisión contaría con diversas facultades encaminadas a formular la política integral de desarrollo de la frontera norte, entre las que se encuentran:

• Proponer y promover la política integral de desarrollo fronterizo, favoreciendo el interés y las necesidades regionales y desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad de las políticas públicas que repercutan en la región fronteriza norte, para su aplicación por los tres órdenes de gobierno.

• Propiciar la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de los gobiernos de los estados fronterizos del norte y sus municipios, encaminados al desarrollo integral de la región fronteriza norte, al igual que la celebración de acuerdos entre los distintos niveles de gobierno cuyo objeto sea desarrollar los diversos campos de la actividad productiva; fomentar el desarrollo sustentable y desarrollo social en la región fronteriza norte.

• Proponer mecanismos fiscales que incentiven el desarrollo sustentable en la región fronteriza norte, así como la conservación del ambiente y las adecuaciones para que los programas públicos del gobierno federal relacionados con el apoyo para el desarrollo económico y los programas para el desarrollo social; se apliquen en la región fronteriza norte atendiendo a las condiciones particulares de las mismas.

• Diseñar y promover la creación de polos de desarrollo regional en la región fronteriza norte que generen las condiciones y oportunidades de trabajo bien remunerado.

• Promover y apoyar estudios e investigaciones sobre los asuntos de la región fronteriza norte, así como difundir los resultados de los mismos.

Cabe señalar que la instalación de la comisión no debe de ocasionar importantes erogaciones al gasto público de la federación, ya que se tiene contemplado que cada Secretaría elija a una de sus unidades administrativas, como la encargada de coordinar y dar seguimiento permanente a los trabajos de la comisión, de tal forma que la estructura administrativa que se requiere es mínima.

En cuanto al Título II “De la Política Integral de Desarrollo Fronterizo”, de la Ley para el Fomento de la Frontera Norte, este consta de cuatro capítulos, uno por cada uno de los ya mencionados ejes de acción, siendo el primero de estos el concerniente al “Régimen económico fronterizo”, mismo que a su vez se divide en tres secciones, la primera dedicada a la zona económica fronteriza; la segunda al turismo y la tercera al medio ambiente.

En la iniciativa la zona económica fronteriza viene a ser el área geográfica delimitada del territorio nacional, formada por la región fronteriza norte que comprende el área situada hasta 100 kilómetros hacia el interior del país de la línea divisoria entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, así como municipios comprendidos total o parcialmente en ella, sujeta al régimen económico fronterizo que establece la propia ley.

Reconociendo que la frontera norte es una zona de oportunidades económicas que pueden ser aprovechadas al mejorar la competitividad de los estados fronterizos. La zona fronteriza entre ambas naciones tiene una dinámica social y económica peculiar, entre los 10 estados producen bienes y servicios que generan una impresionante cantidad de recursos económicos, con un Producto Interno Bruto que sitúa a esta zona en el cuarto lugar mundial en cuanto a económica generada, solo superada por Estados Unidos, China y Japón.

Aunque la competitividad regional tiene diversos orígenes, existe un conjunto de dimensiones fundamentales en las que se debe trabajar para desarrollar una región que exacerbe las complementariedades entre los dos países y donde se logre aumentar la calidad de vida de sus habitantes.

Las ventajas comparativas a través de la frontera posibilitan la creación de nuevas industrias y el fortalecimiento de los sectores tradicionales, los cuales pueden generar beneficios económicos para ambos países y sus comunidades fronterizas.

Por medio de una estrategia coordinada entre los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil misma que se pretende alcanzar por medio de la Ley y la Comisión Intersecretarial, los distintos programas de fomento al desarrollo económico y social podrán ser aplicados atendiendo las características y necesidades de la región fronteriza norte, esto podrá ser un punto toral para empezar a aprovechar al pleno las oportunidades que en lo económico nos ofrece la frontera norte.

Entre las bondades que ofrece la iniciativa para aumentar la competitividad en la frontera se tienen las de carácter fiscal, ya que se tiene contemplado que el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos estatales y municipales en los que se localicen las zonas económicas fronterizas puedan acordar otorgar beneficios o estímulos fiscales y económicos a las personas físicas y morales residentes en la zona económica fronteriza, bajo los términos que específica la propia Ley de Fomento para la Frontera Norte.

Asimismo bajo las condicionantes que la misma ley señala, los gobiernos estatales y municipales podrán otorgar, en términos de las legislaciones estatales y los bandos municipales aplicables, beneficios o estímulos fiscales y económicos por los siguientes conceptos: Impuestos sobre nómina; impuestos sobre la adquisición de inmuebles; impuestos prediales estatales y municipales; productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras; impuestos de la tenencia o uso de vehículos; servicios públicos municipales; servicios de catastro y usos del suelo; entre otros.

En cuanto al turismo, esta actividad tiene un impacto directo en las economías de todos los países, al grado que el Consejo Mundial de Turismo y Viajes registra en sus informes que este sector conforma la “industria” más grande del mundo, superior a la del automóvil, el acero, productos electrónicos y la agricultura.

Para nuestro país esta actividad es relevante, ya que en sus múltiples variantes se ha convertido en una de las fuentes de ingresos más importantes para la economía nacional, sin olvidar el turismo doméstico que representa alrededor del 85 por ciento del consumo nacional en el sector.

En lo concerniente al turismo proveniente del exterior, según datos del Banco de México, para 2013 el número de turistas internacionales que visitaron México fue de 23.7 millones, siendo el máximo histórico en nuestro país. El ingreso de divisas por visitantes internacionales a México también registró un máximo histórico con 13.8 mil millones de dólares y su contribución al PIB nacional es del orden de 8.5 por ciento.

Debido a la importancia que tiene el turismo para la zona fronteriza norte, tomando en cuenta que puede todavía incrementarse, es que la Ley de Fomento para la Frontera Norte retoma este tema como uno de sus ejes fundamentales, al buscar la permanencia competitiva de sus destinos, productos y servicios turísticos, fomentando su constante diversificación, así como la integración de cadenas productivas que contribuya a erigir fuertes cadenas de valor que beneficien integralmente a todos los actores del sector, incluidas las comunidades receptoras de los turistas.

La tercera sección del capítulo I, se dedica a la preservación y aprovechamiento sustentable del ambiente, ya que este tema es parte fundamental de la sustentabilidad. Del ambiente depende nuestro bienestar como individuos y como sociedad, del mismo obtenemos los servicios ambientales que dan sustento a nuestra vida y permiten la existencia de nuestras poblaciones, sin olvidar que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano reconocido en el artículo 4o. de nuestra constitución política. Además, el referido artículo constitucional mandata al Estado a garantizar el respeto a este derecho.

La Ley de Fomento para la Frontera Norte otorga facultades a la Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos para proponer mecanismos fiscales que incentiven la conservación del ambiente; a impulsar programas encaminados a la protección del ambiente y recursos naturales de la región fronteriza norte; analizar, revisar periódicamente y fortalecer los programas de educación ambiental.

Como un eje transversal curricular de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior y a propiciar la participación de los habitantes de la región fronteriza norte en los programas y acciones destinados a la preservación y mejoramiento del ambiente, entre otras.

El capítulo II de la Ley de Fomento para la Frontera Norte es el dedicado al régimen social fronterizo y contempla dos secciones, la primera de estas, trata sobre la salud en la frontera norte, la segunda aborda lo referente a la educación.

La Sección I “De la Salud en la Frontera Norte”, tratando de coadyuvar a revertir el rezago en cuanto al acceso a la salud, que como ya se mencionó alcanza a más de 30 por ciento de la población que habita en los municipios fronterizos, la ley mandata a la Comisión Intersecretarial a impulsar el derecho humano a la protección de la salud de los habitantes de la región fronteriza norte garantizando su cobertura y el fortalecimiento de los servicios de salud bajo los principios de universalidad, gratuidad y equidad, en los términos previstos en la Ley General de Salud, buscando brindar de manera oportuna e idónea atención médica para lograr el desarrollo humano sustentable que permita la cohesión social.

En materia de educación, se requieren nuevos modelos de cooperación para la educación, la investigación científica y tecnológica, y que son necesarios para consolidar los corredores económicos, así como para desarrollar el liderazgo que pueda promover nuevos enfoques transfronterizos para la innovación en la región. Todo esto con el objetivo de avanzar hacia la integración de redes transfronterizas que impulsen un desarrollo económico basado en la ciencia y la tecnología.

La ley señala que la política integral de desarrollo fronterizo tendrá como prioridad procurar los más altos estándares de calidad de la educación en sus tres tipos y niveles en la región fronteriza del norte, a fin de ampliar los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias de los educandos que les brindarán el acceso a un mayor bienestar y desarrollo individual, contribuyendo a la vez con el desarrollo humano sustentable y la cohesión social regional.

Para lo anterior, la comisión deberá impulsar ante las autoridades educativas federales la creación, desarrollo e implementación de programas de cooperación educativa entre las regiones fronterizas y el país vecino del norte, fomentando un desarrollo educativo que responda a las necesidades locales y regionales. De igual forma, impulsar, apoyar y proponer proyectos educativos innovadores; promover la inversión pública y privada en proyectos de innovación en ciencia y tecnología; e impulsar la capacitación y orientación especializada de los educandos hacia las actividades productivas de la región.

El capítulo III de la Ley de Fomento para la Frontera Norte se aboca a la cultura que se ha creado en la frontera norte y que no la encontramos en otras zonas del país, por su colindancia con los Estados Unidos de América y por ser receptora de una movilidad de la población del país se ha creado una cultura propia, derivada de la heterogeneidad social y cultural de México, que se ha plasmado en las sociedades fronterizas del norte, creando un cimiento social diverso que se alimenta de las más variadas fuentes del territorio nacional y hasta del extranjero.

De tal forma que el capítulo III “Régimen Cultural de la Frontera Norte” busca que se tome en cuenta la interacción natural de las comunidades fronterizas y el país vecino del norte, a fin de procurar el respeto y la conservación de los vínculos culturales y sociales existentes entre ellos, así como, el respeto y protección de los usos, costumbres y especificidades culturales de las comunidades y pueblos indígenas.

Por último, el capítulo IV de la Ley para el Fomento de la Frontera Norte, tiene como finalidad atender lo relativo a la cooperación internacional, para esto, por medio de la ley se busca impulsar la cooperación internacional en la región fronteriza norte para el desarrollo humano sustentable y la cohesión social mediante la promoción, ante las instancias federales competentes, de tratados y acuerdos que contribuyan a reconstruir el tejido social y disminuir las asimetrías existentes a lo largo de la región fronteriza norte de México con el país vecino. Esto sin invadir las competencias que le corresponden a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Poder Ejecutivo federal.

La presente iniciativa de ley no trata de privilegiar a una región sobre otra, de lo que se trata es de crear el marco jurídico propicio para el desarrollo social y económico de una amplia región fronteriza del país, de generar la base jurídica que atienda todos los rubros que llevan a tener una buena competitividad en la frontera norte a la vez de que se eleve el nivel de vida de los habitantes, es decir, sin descuidar el elemento humano.

Si bien, los primeros beneficiados con esta ley serán los habitantes de la frontera norte, el tener mejores condiciones en la competitividad en la misma redundará en beneficios para todo el país, con la entrada de más divisas, con mejores productos, con un manejo más racional y adecuado de los recursos económicos que la federación destina para el desarrollo económico y social de esta zona.

De igual manera, si hacemos el mismo análisis como el que se presentó en la Tabla II, con respecto al rezago social para varias regiones del país, incluyendo las poblaciones colindantes con Guatemala y Belice, encontraremos también datos lamentables, los porcentajes de pobreza y falta de acceso a servicios básicos, posiblemente serán mayores. Pero, esto más que llevarnos a un razonamiento en el que concluyamos que no debemos estimular el progreso social en la frontera norte hasta que podamos elevar los indicadores sociales en la frontera sur y otras zonas del país. Lo que debemos de concluir es que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en distintas zonas, los diputados firmantes de la presente iniciativa por ser originarios de las entidades federativas de la frontera norte, nos hemos dado a la tarea de redactar el documento que hoy presentamos al pleno de esta soberanía, pero no por esto dejamos de ser sensible a los problemas del subdesarrollo de otras regiones del país, y nos comprometemos a apoyar cualquier otro esfuerzo que lleve al progreso de las mismas, en reciprocidad solicitamos a nuestros compañeros legisladores que apoyen nuestro esfuerzo por darle un marco jurídico a la frontera norte que fomente su desarrollo. Al final del día, todos somos mexicanos y todos necesitamos del apoyo de todos.

Por lo expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que se expide la Ley de Fomento para la Frontera Norte, en los siguientes términos:

Decreto por el que se expide la Ley de Fomento para la Frontera Norte

Único. Se expide la Ley de Fomento para la Frontera Norte, para quedar como sigue:

Título PrimeroDe los Aspectos Generales Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de interés general, tiene por objeto establecer las bases para los regímenes fronterizos económico, social, cultural y la cooperación internacional, que propicien el desarrollo sustentable, social y cultural de los habitantes de la región fronteriza norte.

Artículo 2. Para los efectos de la presente ley la región fronteriza norte abarca el área geográfica del territorio nacional comprendida entre la línea que divide a los Estados Unidos Mexicanos de los Estados Unidos de América, hasta una distancia de 100 kilómetros al sur de dicha línea divisoria.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Cohesión social: La cualidad de las personas para construir expectativas y afectos que las motiven a vivir en una comunidad determinada de manera vinculada con sus pares bajo principios y valores que al ser respetados generan cooperación leal y sentido de pertenencia, en un entorno de legitimidad de las instituciones y participación ciudadana.

II. Comisión: Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos;

III. Constitución: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Desarrollo humano sustentable: proceso de expansión de las capacidades de las personas dentro de un entorno que les permita ampliar sus opciones y oportunidades logrando satisfacer sus necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas;

V. Estados fronterizos del norte: Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas;

VI. Franja fronteriza norte: territorio comprendido entre la línea divisoria internacional que establece la demarcación geopolítica que separa a los Estados Unidos Mexicanos de los Estados Unidos de América y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior de los Estados Unidos Mexicanos;

VII. Habitantes de la región fronteriza norte: los mexicanos y los extranjeros residentes en la región fronteriza norte. Son mexicanos a quienes la Constitución reconoce como tales;

VIII. Ley: Ley de Fomento para la Frontera Norte;

IX. Línea divisoria: constituye la línea divisoria internacional que establece la demarcación geopolítica entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América;

X. Municipios fronterizos: aquellos definidos por el artículo 115 constitucional, que colinden con la línea divisoria en el norte del país;

XI. Organizaciones de la sociedad civil: agrupaciones u organizaciones mexicanas que, estando legalmente constituidas, realicen alguna o algunas de las actividades establecidas en la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, sin fines de lucro, proselitismo partidista, político-electoral o religioso;

XII. Organizaciones internacionales de carácter regional: las creadas mediante mecanismos de cooperación internacional entre México y los Estados Unidos de América;

XIII. País vecino del norte: Los Estados Unidos de América;

XIV. Política integral de desarrollo fronterizo: es el conjunto de acciones que conlleven a la coordinación de las instituciones federales, estatales y municipales en materia fronteriza; la generación de condiciones y promoción de la actividad económica local y regional; la eficiente prestación de los servicios públicos y en general el mejoramiento de la calidad de vida de la población en la región fronteriza norte, así como el fortalecimiento de las relaciones socioeconómicas con Estados Unidos de América a través de la cooperación internacional;

XV. presidente: El presidente de la Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos;

XVI. Región fronteriza norte: comprende el área situada hasta 100 kilómetros hacia el interior del país de la línea divisoria entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América;

XVII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Fomento para la Frontera Norte;

XVIII. Secretarías: las dependencias de la administración pública federal en sus respectivos ámbitos de competencia, que para los efectos de esta ley serán las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, de Turismo; y la Comisión Nacional del Agua; y

XIX. Zona económica fronteriza: área geográfica delimitada del territorio nacional, formada por la región fronteriza norte referida en la fracción XVI del artículo 3o. de la presente ley, así como municipios comprendidos total o parcialmente en ella, sujeta al régimen económico fronterizo que establece esta ley.

Artículo 4. Para el cumplimiento del objetivo de la presente ley, los tres órdenes de gobierno deberán orientar sus acciones hacia los siguientes objetivos:

I. Establecer mecanismos de coordinación institucional para la ejecución y observancia de la política integral de desarrollo sustentable en la región fronteriza norte;

II. Salvaguardar los derechos humanos de los habitantes de la región fronteriza norte, con respeto a los usos y costumbres de las comunidades indígenas que no contravengan las garantías reconocidas en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que México sea parte.

III. Fortalecer los procesos de cooperación con el país vecino del norte en aras de eliminar obstáculos y barreras que impidan la interacción natural entre las comunidades fronterizas de México y dicho país, bajo el principio de reciprocidad;

IV. Garantizar condiciones para el desarrollo sustentable de la región fronteriza norte;

V. Proteger, preservar, mejorar y aprovechar de manera sustentable el ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales en la región fronteriza norte;

VI. Garantizar la educación pública de calidad hasta el nivel de educación media superior;

VII. Garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes de la región fronteriza norte;

VIII. Salvaguardar la integridad personal y la seguridad jurídica de los habitantes de la región fronteriza norte; y

IX. Promover la participación ciudadana, a través de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el objeto de esta ley y que se encuentren domiciliadas en la región fronteriza norte.

Para la consecución de los objetivos anteriores, México promoverá mecanismos de cooperación con el país vecino del norte.

Artículo 5. El manejo de la política integral de desarrollo fronterizo será competencia del Poder Ejecutivo federal, de los poderes ejecutivos estatales y municipales, conforme a las disposiciones establecidas en la presente ley y demás leyes federales y estatales de las entidades fronterizas, bajo los principios de coordinación, cooperación, corresponsabilidad y subsidiariedad.

Capítulo IIDe la Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos

Artículo 6. Para el cumplimiento del objeto de esta ley se crea la Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos, como órgano intersecretarial, de carácter permanente y presidida por el titular de la Secretaría de Gobernación. En ausencia del secretario de Gobernación las sesiones de la Comisión serán presididas por el secretario del ramo que designe el presidente.

Son integrantes permanentes de la Comisión con derecho a voz y voto los titulares de las Secretarías, quienes en caso de ausencia podrán nombrar un suplente con nivel no inferior al de subsecretario.

Cada secretaría deberá elegir a una de sus unidades administrativas, como la encargada de coordinar y dar seguimiento permanente a los trabajos de la Comisión.

Los gobernadores de los estados fronterizos del norte, con la aprobación de su legislatura local, podrán solicitar ante el presidente su inclusión en la Comisión, que será aprobada conforme lo estipule el reglamento de la presente ley. Los gobernadores de los estados fronterizos del norte que se integren a la Comisión podrán participar con voz y voto en las reuniones y en caso de ausencia nombrar a un suplente con nivel no inferior al de secretario general de gobierno o su equivalente.

Los presidentes municipales de los municipios fronterizos del norte, con aprobación de su cabildo, podrán solicitar ante el presidente su inclusión en la Comisión, misma que será aprobada conforme lo estipule el reglamento de la presente ley. A su vez, podrán participar en los términos que se establezcan en el reglamento de esta ley en la elección del presidente municipal de su estado que será delegado ante la Comisión, mismo que participar en las reuniones de la Comisión con derecho a voz y voto.

A propuesta de alguno de los integrantes y con aprobación de la mayoría de los presentes, la Comisión podrá invitar para ser consultados o escuchar su opinión sobre los temas materia de la reunión, a los siguientes:

I. Los titulares de los órganos desconcentrados e instituciones financieras de fomento de la administración pública federal;

II. Titulares de entidades paraestatales federales, estatales o municipales;

III. Representantes de las organizaciones de la sociedad civil; y

IV. Académicos e investigadores en temas de interés para los trabajos de la Comisión.

Artículo 7. La Comisión tendrá las siguientes facultades:

I. Coordinar las acciones de la federación, los estados fronterizos del norte y sus municipios, así como las de la sociedad civil, en el ámbito de sus respectivas competencias, sobre los asuntos de la región fronteriza norte;

II. Proponer y promover la política integral de desarrollo fronterizo, favoreciendo el interés y las necesidades regionales;

III. Desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad de las políticas públicas que repercutan en la región fronteriza norte, para su aplicación por los tres órdenes de gobierno;

IV. Propiciar la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de los gobiernos de los estados fronterizos del norte y sus municipios, encaminados al desarrollo integral de la región fronteriza norte;

V. Propiciar la celebración de acuerdos entre los distintos niveles de gobierno cuyo objeto sea:

a) Desarrollar los diversos campos de la actividad productiva; y

b) Fomentar el desarrollo sustentable y desarrollo social en la región fronteriza norte.

VI. Proponer mecanismos fiscales que incentiven el desarrollo sustentable en la región fronteriza norte, así como la conservación del ambiente;

VII. Promover y apoyar estudios e investigaciones sobre los asuntos de la región fronteriza norte, así como difundir los resultados de los mismos;

VIII. Diseñar y promover la creación de polos de desarrollo regional en la región fronteriza norte que generen las condiciones y oportunidades de trabajo bien remunerado;

IX. Proponer a las secretarias las adecuaciones para que los programas públicos del gobierno federal relacionados con el apoyo para el desarrollo económico y los programas para el desarrollo social se apliquen en la región fronteriza norte atendiendo a las condiciones particulares de las mismas;

X. A propuesta del presidente aprobar el nombramiento del secretario técnico;

XI. Aprobar el programa de trabajo y los informes de la Comisión;

XII. Aprobar el reglamento interno de la Comisión; y

XIII. Las demás que señale el reglamento interno de la Comisión.

Artículo 8. El presidente de la Comisión tendrá las atribuciones siguientes:

I. Dirigir y coordinar los trabajos de la Comisión;

II. Asumir la representación de la Comisión en eventos relacionados a sus actividades;

III. Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión;

IV. Promover la formulación y adopción de los instrumentos de política pública necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión;

V. Supervisar los trabajos de la Comisión y del secretario técnico;

VI. Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión;

VII. Elaborar el programa de trabajo y los informes de la Comisión;

VIII. Presentar y someter a la aprobación del pleno de la Comisión el programa de trabajo y los informes de la Comisión; y

IX. Las demás que señale el reglamento interno de la Comisión.

Artículo 9. A todas las reuniones de la Comisión serán convocados por el presidente los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Económica, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Desarrollo Social.

Además de los titulares de las secretarías enunciadas en el párrafo precedente, el presidente, tomando en cuenta los temas a tratar en el orden del día de la reunión, convocará a los titulares de las otras secretarías enunciadas en la fracción XVIII del artículo 3 de la presente ley que sean competentes en dichos temas.

Adicionalmente, el presidente podrá invitar a alguno o algunos de los titulares de las otras Secretarías enunciadas en la fracción XVIII del artículo 3 de la presente ley que ha su criterio deban de participar en la reunión.

La Comisión podrá sesionar con la asistencia de la mitad más uno de los integrantes que hayan sido convocados por el presidente en los términos del presente artículo.

Los integrantes no convocados que tengan interés en participar en la reunión, podrán solicitar con antelación su inclusión ante el presidente, exponiendo las razones de su petición.

Junto con la invitación a la reunión, el presidente deberá hacer llegar a todos los integrantes de la Comisión el orden del día, el cual sólo se podrá modificar a propuesta de alguno de los integrantes y por mayoría de votos de los asistentes a la reunión.

Los acuerdos y resoluciones que adopte la Comisión en sus reuniones deberán contar con el voto favorable de la mitad más uno de los integrantes asistentes.

Artículo 10. La Comisión contará con una secretaría técnica, misma que estará a cargo de un secretario técnico.

La secretaría técnica ejercerá las siguientes facultades:

I. Organizar el funcionamiento de la Comisión;

II. Proporcionar el apoyo administrativo que se requiera para el desarrollo de las reuniones de la Comisión;

III. Participar con voz y sin voto en las reuniones de la Comisión;

IV. Elaborar y llevar el registro de las actas y los acuerdos de las reuniones de la Comisión;

V. Elaborar y llevar el registro de las actas, los acuerdos de las reuniones, y toda la documentación relativa al funcionamiento de la Comisión;

VI. Llevar un reporte sobre el grado de avance en el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Comisión;

VII. Formular los análisis que le encomiende la Comisión;

VIII. Dar seguimiento a las reuniones y elaborar las actas de las mismas;

VIII. Elaborar y someter a la aprobación del presidente el reglamento interno de la Comisión;

IX. Elaborar y someter a la aprobación del presidente el informe de la Comisión; y

X. Las demás que señale el reglamento de la presente ley y el reglamento interno de la Comisión.

Para el cumplimiento de sus tareas el secretario técnico se auxiliará de la unidad administrativa de la Secretaría de Gobernación que para coordinar y dar seguimiento permanente a los trabajos de la Comisión designe el presidente.

Asimismo, podrá solicitar a las secretarías, a los gobiernos estatales y municipales que hayan solicitado su incorporación a la Comisión, la información que obre en poder de estas instituciones concerniente a los temas de interés para los trabajos de la Comisión.

Artículo 11. La Comisión deberá realizar cuatro reuniones ordinarias por año a efecto de revisar los avances de la política integral de desarrollo fronterizo y el cumplimiento de sus facultades y en forma extraordinaria las veces que sean necesarias a propuesta del presidente.

Artículo 12. La Comisión deberá reunirse periódicamente con las secciones mexicanas de los organismos binacionales para conocer el trabajo que éstas se encuentren realizando en la materia de su competencia, manteniendo un vínculo de colaboración entre ellas.

Artículo 13. La Comisión deberá elaborar un informe anual que contenga el análisis de la situación de la región fronteriza norte y los avances de la política integral de desarrollo fronterizo, que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, además de procurar su amplia difusión.

Dicho informe será presentado por el presidente de la Comisión al titular del Poder Ejecutivo federal a más tardar el día 15 de agosto de año en curso.

Título SegundoDe la Política Integral de Desarrollo Fronterizo

Artículo 14. La política integral de desarrollo fronterizo estará encaminada a la construcción de cohesión social y desarrollo humano sustentable en la región fronteriza norte, mediante los siguientes cuatros ejes de acción:

I. Régimen económico fronterizo:

a) Zona económica fronteriza;

b) Turismo; y

c) Medio Ambiente.

II. Régimen social fronterizo:

a) Salud; y

b) Educación.

III. Régimen cultural fronterizo.

IV. Cooperación internacional en la frontera norte;

Los objetivos de la política integral de desarrollo fronterizo serán alcanzados de conformidad con lo establecido en esta ley y demás leyes vigentes, así como a través de los programas federales, estatales y municipales.

Capítulo IRégimen Económico Fronterizo Sección IZona Económica Fronteriza

Artículo 15. Los estados y municipios que deseen albergar una o varias zonas económicas fronterizas celebrarán el convenio o convenios correspondientes con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobados por la legislatura del estado donde se encuentre la zona o zonas. Dicho convenio o convenios podrán darse por terminados por la respectiva legislatura.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del estado del que se trate ordenarán la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de la Entidad, respectivamente, el convenio celebrado por el cual la zona económica fronteriza se conforme, del acto por el cual se disuelva el convenio, y de los decretos de la legislatura de los estados por los cuales se autoricen o se aprueben dichos actos, que surtirán efectos a partir del día siguiente a la publicación que se efectúe en último lugar.

De igual manera, dichos convenios celebrados entre la federación, estados y municipios deberán contener información relativa a la localización exacta de la zona; las actividades industriales, comerciales y de servicios a realizar en la zona que gozarán de los beneficios que otorga esta ley; los esquemas de coordinación que mantendrán la Comisión y las autoridades federales, estatales y municipales en donde se ubique la zona, y la fecha a partir de la cual comenzarán a aplicarse a la zona los beneficios contenidos en esta ley.

Artículo 16. En caso de que una zona económica fronteriza se localice dentro de los límites de dos o más municipios, dentro de un mismo estado, los gobiernos municipales deberán coordinarse entre sí en los términos de la legislación estatal y los reglamentos municipales correspondientes.

Artículo 17. Si una zona económica fronteriza se localiza dentro de los límites de dos o más municipios pertenecientes a dos estados, los gobiernos municipales y estatales involucrados deberán coordinarse entre sí en los términos de las legislaciones estatales y los reglamentos municipales correspondientes.

Artículo 18. El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos estatales y municipales en los que se localicen las zonas económicas fronterizas establecidas mediante la celebración de los convenios mencionados en el artículo anterior, podrán en acuerdo consensado otorgar beneficios o estímulos fiscales y económicos a las personas físicas y morales residentes en la zona económica fronteriza que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales federales y estatales.

Artículo 19. Los gobiernos estatales y municipales podrán otorgar, en términos de las legislaciones estatales y los bandos municipales aplicables, beneficios o estímulos fiscales y económicos por los siguientes conceptos:

I. Impuestos sobre nómina;

II. Impuestos sobre la adquisición de inmuebles;

III. Impuestos prediales estatales y municipales;

IV. Productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras;

V. Impuestos de la tenencia o uso de vehículos;

VI. Servicios públicos municipales;

VII. Servicios de catastro y usos del suelo; y

VIII. Las demás que establecen las leyes estatales y reglamentos municipales.

Los beneficios o estímulos fiscales y económicos otorgados por los estados no se considerarán en contravención con lo estipulado en los artículos 10-A y 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal.

Lo dispuesto en este artículo no se entenderá como una limitación de las facultades de la federación, estados y municipios para requerir licencias, registros, permisos o autorizaciones, otorgar concesiones y realizar actos de inspección y vigilancia.

Sección IIDel Turismo en las Región Fronteriza Norte

Artículo 20. Para coadyuvar al desarrollo turístico de la región fronteriza norte, el objetivo de la política integral de desarrollo fronterizo en la materia buscará asegurar la permanencia competitiva de sus destinos turísticos mediante una constante diversificación de los productos y servicios ofrecidos, así como la integración de cadenas productivas.

Artículo 21. Para el logro de los objetivos de esta ley en materia de turismo, la Comisión promoverá con las instancias correspondientes, en el ámbito de sus competencias, lo siguiente:

I. Fomentar un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para la adopción y la ejecución de políticas públicas que impulsen el turismo en la región fronteriza norte;

II. Promover la competitividad de los productos y servicios turísticos ofrecidos en la región fronteriza norte;

III. Fomentar la inversión pública y privada en el desarrollo de nuevos productos y servicios turísticos;

IV. Instaurar estrategias que conlleven la consolidación de cadenas productivas competitivas;

V. Llevar a cabo las acciones necesarias que faciliten el flujo de turistas internacionales a través de la región fronteriza norte;

VI. Promover la construcción o el mejoramiento de Infraestructura para el eficiente desplazamiento de turistas en la franja fronteriza; y

VII. Fomentar la coordinación binacional con el país vecino del norte para disminuir la incertidumbre en el flujo de personas a través de la región fronteriza norte para realizar actividades turísticas, garantizándoles su seguridad.

Artículo 22. La Comisión participará con la Secretaría de Turismo, los estados fronterizos y los municipios fronterizos, en los términos que establece el artículo 15 de la ley General de Turismo, en la estimulación y promoción de la iniciativa privada y el sector social, para la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos en la región fronteriza norte, con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional.

Artículo 23. La Comisión propondrá, promoverá e impulsará proyectos de zonas de desarrollo turístico sustentable a las que se refiere la Ley General de Turismo, en la región fronteriza norte.

Artículo 24. Se impulsará el turismo que promueva la cultura de la región fronteriza norte, con pleno respeto de los usos, costumbres y especificidades culturales de las comunidades y pueblos indígenas.

Sección IIIPolítica Ambiental Fronteriza

Artículo 25. La política ambiental fronteriza tendrá como objetivo coadyuvar en la conservación, protección y restauración de la diversidad biológica y sus hábitats en las diferentes zonas de la región fronteriza norte, así como la preservación de los recursos hídricos y control de elementos nocivos contaminantes que afecten la población de los estados fronterizos del norte para el logro de un desarrollo sustentable.

Artículo 26. Para contribuir al cumplimiento de los fines establecidos en el artículo anterior la Comisión deberá:

I. Fomentar la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales enmarcada en una planificación de la región fronteriza norte y la franja fronteriza norte, fundamentada en la política integral de desarrollo fronterizo;

II. Impulsar programas encaminados a la protección del ambiente y recursos naturales de la región fronteriza norte y la franja fronteriza norte;

III. Analizar, revisar periódicamente y fortalecer los programas de educación ambiental, como un eje transversal curricular de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior;

IV. Propiciar la participación de los habitantes de la región fronteriza norte en los programas y acciones destinados a la preservación y mejoramiento del ambiente;

V. Fomentar la colaboración de los sectores productivos en el uso de tecnologías y procesos que reduzcan emisiones y descargas de contaminantes;

VI. Coadyuvar a la preservación de los ecosistemas acuáticos, marinos y terrestres para su aprovechamiento sustentable; y

VII. Estimular la participación conjunta de los gobiernos estatales, municipales y del país vecino del norte para lograr una participación coordinada cuando se presente alguna contingencia ambiental que afecte el equilibrio ecológico.

Artículo 27. La Comisión promoverá actividades tendentes a la regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a través de las siguientes atribuciones:

I. Fomentar la cooperación entre las secciones fronterizas para la formulación de acciones de adaptación a los efectos del cambio climático y de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero;

II. Impulsar la creación de áreas naturales protegidas;

III. Coadyuvar en la realización de diagnósticos sobre el estado que guarda el ambiente; y

IV. Implantar acciones que al reducir o atenuar la contaminación ambiental eleven la calidad de vida de la población de la región fronteriza norte.

Artículo 28. La Comisión promoverá la difusión de programas orientados a la preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y los recursos naturales, así como a prevenir la contaminación ambiental en la región fronteriza norte, a través del impulso de las siguientes acciones:

I. Fomentar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en la formulación de políticas públicas transversales que impulsen la educación ambiental en la región fronteriza norte, mediante el diseño, impulso y difusión de campañas con contenidos ecológicos que promuevan los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la mitigación y adaptación al cambio climático, así como, la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad, motivando la conciencia ambiental de sus habitantes;

II. Promover el desarrollo de la investigación científica y ambiental, así como la difusión de los resultados de éstas, con el objeto de orientar la toma de decisiones y contribuir a la preservación del ambiente en la región fronteriza norte; y

III. Propiciar la intervención de la sociedad en la toma de decisiones concernientes a la preservación y aprovechamiento sustentable del ambiente y los recursos naturales.

Artículo 29. La Comisión fomentará la ampliación y rehabilitación de obras necesarias para el suministro eficiente de agua potable en los asentamientos humanos de la región fronteriza norte, bajo las siguientes atribuciones:

I. Participar en la prevención y control de la contaminación de aguas bajo la jurisdicción de los estados fronterizos del norte para mantener el equilibrio hidrológico;

II. Coadyuvar a impulsar el restablecimiento del equilibrio de los ecosistemas de la región fronteriza norte;

III. Velar por la eficiencia de los servicios de agua potable y alcantarillado para contribuir al desarrollo humano sustentable de los habitantes de la región fronteriza norte;

IV. Promover la eficaz operación de plantas de tratamiento de aguas residuales que contribuyan al mejoramiento de dichas aguas en los estados fronterizos del norte;

V. Impulsar la investigación y el monitoreo constantes de la problemática de la región fronteriza norte que tengan escasez del recurso; y

VI. Promover la instalación y eficaz operación de plantas desalinizadoras de agua de mar y salobres, que contribuyan al mejoramiento de la disponibilidad del recurso hídrico.

Capítulo IIRégimen Social Fronterizo Sección IDe la Salud en la Frontera Norte

Artículo 30. La Comisión impulsará el derecho humano a la protección de la salud de los habitantes de la región fronteriza norte garantizando su cobertura y el fortalecimiento de los servicios de salud bajo los principios de universalidad, gratuidad y equidad, en los términos previstos en la Ley General de Salud, buscando brindar de manera oportuna e idónea atención médica para lograr el desarrollo humano sustentable que permita la cohesión social.

Artículo 31. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, la Comisión deberá:

I. Velar por el cumplimiento de los servicios de salud para los habitantes de la región fronteriza norte, impulsando su calidad para que sean atendidos los problemas sanitarios de los estados fronterizos del norte, con especial énfasis en acciones preventivas;

II. Impulsar acciones necesarias para mantener el control y en lo posible la erradicación de focos epidemiológicos en la región fronteriza norte;

III. Coadyuvar a la divulgación oportuna de información sobre patologías y temas sanitarios de interés para los habitantes de los estados fronterizos del norte;

IV. Fomentar acciones conjuntas con las autoridades competentes para incrementar y mejorar la promoción y participación ciudadana en materia de salud; y

V. Solicitar diagnósticos acerca de las condiciones y necesidades de salud pública de la región fronteriza norte.

Artículo 32. La Comisión promoverá la cooperación de especialistas en salud para la construcción de programas de prevención y detección de enfermedades, particularmente las epidemiológicas y entomológicas, a través de las siguientes atribuciones:

I. Consultar a organizaciones internacionales de carácter regional, así como de la sociedad civil relacionadas con los asuntos de salud en la región fronteriza norte, cuando sea oportuno o lo considere necesario;

II. Impulsar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en materia de salud; y

III. Promover una red de campañas que sirvan para el eficaz control y vigilancia epidemiológica, con el fin de frenar y erradicar las enfermedades epidémicas prevalentes en los estados fronterizos del norte.

Artículo 33. La Comisión coadyuvará al intercambio de información patológica, para fortalecer las actividades de control epidemiológico de enfermedades características de la región fronteriza norte a través de la búsqueda de casos, reservorios y vectores, así como la notificación, tratamiento y seguimiento de los pacientes.

Artículo 34. La Comisión impulsará programas temporales de vacunación, especialmente para la población más vulnerable a contraer alguna enfermedad prevalente en los estados fronterizos del norte.

Artículo 35. La Comisión impulsará y formulará programas y actividades tendientes a la prevención del sobrepeso y desnutrición, fomentando hábitos alimentarios adecuados, a través de las siguientes acciones:

I. Proponer la realización de estudios estadísticos para la evaluación nutricional de los estados fronterizos del norte, con el fin de detectar las carencias y problemas de salud alimentaria que padecen los habitantes de la región fronteriza norte;

II. Fomentar el intercambio de programas de educación nutricional encaminados a dar determinar la situación alimentaria de la población;

III. Promover dietas que establezcan las necesidades mínimas nutricionales para mantener en óptimas condiciones la salud de la población de los estados fronterizos del norte; y

IV. Difundir en los medios masivos de comunicación social, los resultados y acciones previstas en las fracciones anteriores.

Sección IIDe la Educación en la Región Frontera Norte

Artículo 36. En materia educativa la política integral de desarrollo fronterizo tendrá como prioridad procurar los más altos estándares de calidad de la educación en sus tres tipos y niveles en la región fronteriza del norte, a fin de ampliar los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias de los educandos que les brindarán el acceso a un mayor bienestar y desarrollo individual, contribuyendo a la vez con el desarrollo humano sustentable y la cohesión social regional.

La política integral de desarrollo fronterizo, respecto de la educación, se sujetará a las leyes y demás normas vigentes en la materia.

Artículo 37. Para contribuir al cumplimiento de los fines establecidos en el artículo anterior, la Comisión deberá:

I. Fomentar en la región fronteriza norte un desarrollo educativo que responda a las necesidades locales y regionales;

II. Impulsar, apoyar y proponer proyectos educativos innovadores en la región fronteriza norte;

III. Promover la inversión pública y privada en proyectos de innovación científica y tecnológica en la región fronteriza norte; y

IV. Estimular la capacitación y orientación especializada de los educandos de la región fronteriza norte hacia las actividades productivas de la misma región.

Artículo 38. La Comisión coadyuvará con la autoridad educativa federal en coordinación con las demás autoridades competentes del Ejecutivo federal, en el fomento de las relaciones de orden cultural con otros países y la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica, artística, cultural, de educación física y deporte, en las regiones fronterizas a través de las acciones siguientes:

I. Impulsar ante las autoridades educativas federales la creación, desarrollo e implementación de programas de cooperación educativa entre las regiones fronterizas y el país vecino del norte;

II. Proponer, apoyar y difundir la realización de eventos, foros y otras actividades educativas y culturales conjuntas entre la región fronteriza norte y el país vecino del norte;

III. Orientar a los habitantes de la región fronteriza norte acerca del procedimiento para el reconocimiento de los certificados, constancias, diplomas, títulos y grados expedidos por las instituciones del sistema educativo nacional por parte de las instancias respectivas del país vecino del norte; y

IV. Promover el intercambio de educandos, educadores e investigadores del tipo educativo superior entre la región fronteriza norte y el país vecino del norte en el marco de los tratados internacionales celebrados entre ellos relativos a la materia.

Artículo 39. Los gobiernos de los estados fronterizos promoverán la enseñanza del idioma inglés en los tres niveles de la educación básica comprendidos en el artículo 3o. de la Constitución.

Capítulo IIIDe la Cultura en la frontera Norte Sección IRégimen Cultural de la Frontera Norte

Artículo 40. Para la observancia en la región fronteriza norte del derecho de toda persona al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia así como el ejercicio de sus derechos culturales, consagrado en la Constitución, se deberá tomar en cuenta la interacción natural de las comunidades fronterizas y el país vecino del norte a fin de procurar el respeto y la conservación de los vínculos culturales y sociales existentes entre ellos, así como, el respeto y protección de los usos, costumbres y especificidades culturales de las comunidades y pueblos indígenas.

Artículo 41. La Comisión coadyuvará a la difusión y desarrollo de la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa en las regiones fronterizas.

Artículo 42. La Comisión buscará el cumplimiento de los tratados internacionales celebrados en materia cultural y recomendará la celebración de los necesarios para el logro de los objetivos establecidos en esta ley en lo relativo a la cultura.

Capítulo IVDe la Cooperación Internacional en la Frontera Norte Sección ICooperación Internacional en la Frontera Norte

Artículo 43. La Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos impulsará la cooperación internacional en la región fronteriza norte para el desarrollo humano sustentable y la cohesión social mediante la promoción ante las instancias federales competentes de tratados y acuerdos que contribuyan a reconstruir el tejido social y disminuir las asimetrías existentes a lo largo de la región fronteriza norte de México con el país vecino del norte.

Artículo 44. Para dar cumplimiento a los fines y objetivos de la cooperación internacional en las fronteras, la Comisión tendrá las siguientes funciones:

I. Presentar observaciones y recomendaciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre los tratados internacionales que suscriba en materia de cooperación internacional con impacto directo en la región fronteriza norte;

II. Proponer a la Secretaría de Relaciones Exteriores la planeación e implantación de acciones que fomenten la cooperación internacional en la región fronteriza norte basadas en convenios y acuerdos entre los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, universidades e instituciones de educación superior e investigación pertenecientes al sector público;

III. Impulsar la cooperación internacional entre los estados fronterizos y el país vecino del norte en colaboración con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo bajo los lineamientos contenidos en el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo; y

IV. Promover, fomentar y dar seguimiento a acuerdos interinstitucionales suscritos por los estados fronterizos con el país vecino del norte.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor a los noventa días siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos deberá instalarse dentro de los tres meses de la entrada en vigor del presente decreto.

En un término de dos meses a partir de su instalación, la Comisión deberá aprobar su reglamento interno.

Tercero. El Reglamento de la presente ley deberá ser expedido por el presidente de la República dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este ordenamiento legal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2018.— Diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez(rúbrica).»

Presidencia del diputado Arturo Santana Alfaro

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Cañedo. Túrnese a la Comisión de Asuntos Frontera Norte para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

VOLUMEN II



LEY GENERAL DE TURISMO

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2o. y 36 de la Ley General de Turismo, suscrita además por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.

El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado: Con su venia, señor diputado presidente.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputado.

El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado: En los años 80 se emplea por primera vez el término ecoturismo, pero es hasta 1990 cuando aparece la primera definición establecida por la sociedad internacional de ecoturismo, entendido este como el viaje responsable, realizado a zonas naturales, que conserva el medio ambiente y mejora el bienestar de las poblaciones locales.

El ecoturismo protege al medio ambiente y tiene mínimos impactos sobre él. Además, ayuda a que la comunidad se desarrolle de manera sostenible con una participación activa y protectora de su entorno natural.

El ecoturismo en nuestro país no está debidamente focalizado, pues actualmente el aprovechamiento de este mercado no alcanza ni el 50 por ciento de su potencial, sin embargo al realizarlo debidamente generaría cuantiosos beneficios para sus detonadores.

Aunque México cuenta con gran prestigio turístico en el segmento de sol y de playa, es prácticamente nula su participación en ecoturismo. En Europa y Norteamérica actividades como el avistamiento de aves representa un mercado potencial que genera ingresos por muchos miles de millones de pesos, de dólares.

A pesar de que a nivel internacional México es el cuarto país con mayor diversidad biológica, el segundo con mayor diversidad de ecosistemas y el séptimo en número de culturas originarias, nos encontramos muy rezagados en este segmento turístico, modalidad que al ser fortalecida podría representar grandes beneficios al país, tanto para conservar su medio ambiente como para darles opciones de sustento a las comunidades rurales.

Debemos entonces fomentar la conservación de los recursos naturales, identificar a las poblaciones receptoras, promover la participación activa de los pobladores y prestadores de servicios turísticos, activar la valoración de recursos, la búsqueda y empleo de otros menos explotados para generar un equilibrio, generando así las bases para que los ecoturistas puedan viajar por diversas áreas naturales sin perturbarlas, generando el menor impacto ecológico posible, con el objetivo de apreciar y estudiar los atractivos naturales de nuestro hermoso país.

Con base en lo anterior someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 2o. y 36 de la Ley General de Turismo, con la finalidad de impulsar y promover un desarrollo turístico responsable y sustentable, concientizando a la población sobre la cultura de respeto y conservación de los destinos turísticos, contribuyendo así a la construcción de un planeta más saludable. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 2o. y 36 de la Ley General de Turismo, suscrita por el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la fracción XV del artículo 2 y el artículo 36 de la Ley General de Turismo, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Muchas veces suele confundirse cualquier actividad turística desarrollada en la naturaleza con el ecoturismo. El ecoturismo protege al medio ambiente y tiene mínimos impactos sobre él, mientras que ayuda a que la comunidad se desarrolle en una manera sostenible con una participación activa y que se conviertan en sus más fervientes defensores.

Por su parte, el turismo de aventura tiene impactos en la naturaleza y no busca la preservación de la misma, sino el uso de los recursos para el desarrollo de la actividad, tirolesas, paseos en cuatrimotos, carreras a campo traviesa, ya sea en bici, corriendo, carreras de carros, tours en vehículos todo terreno, entre algunas otras.

El turismo rural, mal vinculado con el ecoturismo, es aquel en el que la oferta abarca la estadía y la realización de actividades en una estancia, hotel de campo o predio. Estas modalidades turísticas pueden desarrollarse concientizando al mercado y vinculándose con la ecología. En el caso del turismo rural, se pueden poner en práctica particularidades, como tener una huerta orgánica propia, la utilización de paneles solares y molinos de viento para generar electricidad, usar bombillas de bajo consumo, acostumbrar al buen uso del agua, no lavar ni cambiar toallas y sábanas diariamente para utilizar en las menores cantidades posibles detergentes y productos químicos, así como actividades de observación de flora y fauna.

Ecoturismo, segmento desaprovechado para atraer viajeros a México

México se encuentra muy rezagado en ecoturismo, actualmente el aprovechamiento de este mercado no alcanza ni 50 por ciento de su potencial, el cual podría representar grandes beneficios al país, aseguró Héctor Ceballos, investigador y catedrático de la Universidad Iberoamericana. Aunque México cuenta con gran prestigio turístico en el segmento de sol y playa, es prácticamente nula su participación en ecoturismo. En Europa y Norteamérica actividades como el avistamiento de aves representan un mercado potencial de 25 mil millones de dólares al año, de acuerdo con expertos.

Héctor Ceballos aseguró que México se encuentra muy rezagado en este segmento turístico, modalidad que podría representar grandes beneficios al país, tanto para conservar su medio ambiente, como para darles opciones de sustento a las comunidades rurales.

El aprovechamiento que hoy se tiene en México de este mercado no alcanza ni 50 por ciento de su potencial, mientras que países como Perú, Ecuador, Costa Rica, Kenya y Sudáfrica han logrado un marcado desarrollo ecoturístico, destacó. Otra parte del problema es que en México se ha confundido el concepto de ecoturismo con el de turismo de aventura, añadió. “El ecoturismo es la observación disfrute y sentirse inmerso en la naturaleza y no tanto para practicar un deporte extremo o para tener una emoción o derramar adrenalina. El verdadero ecoturismo se puede disfrutar de los 5 a los 75 años, en cambio el turismo de aventura es un nicho más limitado”, comentó Ceballos.

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el ecoturismo es una modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en visitar áreas naturales, relativamente sin perturbar, con el fin de apreciar y estudiar sus atractivos naturales. Ceballos consideró que, como ecoturismo, también se puede considerar el avistamiento de ballenas y del tiburón ballena, los cuales se realizan en Baja California y Holbox, Quintana Roo, pero son actividades que realiza el turista de forma adicional a su motivo de viaje principal. Julio Castañeda, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, expuso que sus asociados venden este tipo de atractivos de forma desarticulada, pues no hay agencias especializadas en traer a este tipo de turismo internacional. El segmento de ecoturismo está integrado por mercados de alto poder adquisitivo, con conocimientos y preocupados por los temas ambientales. No sólo hay un potencial en el área internacional, sino local, consideró Vicente Ferreyra, coordinador de turismo sustentable del Fondo Mundial para la Naturaleza. Aunque no hay estudios precisos, dijo que en México se hacen cerca de 60 millones de viajes, de los cuales, entre 15 y 20 por ciento son personas interesadas en temas ecoturísticos.

Nicho de mercado

A nivel internacional, México es el cuarto país con mayor biodiversidad biológica, el segundo con mayor diversidad de ecosistemas y el séptimo en número de culturas originales. Entre 15 y 20 por ciento del turismo en el país está interesado en temas de ecoturismo. El avistamiento de aves representa un mercado potencial que genera 25 mil millones de dólares al año. En el mundo el ecoturismo crece entre 8 y 10 por ciento al año, el doble que el turismo tradicional. El desarrollo del mercado ecoturístico en el país no llega ni al 50 por ciento de su potencial. Principales estados ecoturísticos: Baja California Sur, Oaxaca, Yucatán, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo.

Argumentos que sustentan la propuesta

La demanda de turismo internacional siguió siendo fuerte en 2016 pese a las dificultades. Según el último número del Barómetro OMT del Turismo Mundial, las llegadas de turistas internacionales aumentaron un 3.9 por ciento hasta situarse en los 1,235 millones, alrededor de 46 millones de turistas más que el año anterior.

Las últimas décadas han registrado una secuencia comparable de crecimiento sólido ininterrumpido del sector turismo desde los años sesenta. 2016 ha sido el séptimo año consecutivo de crecimiento sostenido tras la crisis económica y financiera mundial de 2009. Durante el año pasado, las llegadas de turistas internacionales superaron en 300 millones la cifra récord alcanzada en 2008, antes de la crisis. Los ingresos por turismo internacional han crecido a un ritmo similar en este periodo.

“En los últimos años, nuestro sector ha mostrado una fuerza y una resistencia extraordinarias pese a los innumerables retos a los que se ha enfrentado, en particular los relativos a la seguridad. Los viajes internacionales siguen incrementándose y consolidándose y contribuyen a la creación de empleo y el bienestar de las comunidades en todo el mundo”, afirmó el Secretario General de la OMT, Taleb Rifai.

Por regiones, la de Asia y el Pacífico (+8 por ciento) ha liderado el crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en 2016, impulsado por una fuerte demanda tanto de los mercados emisores intrarregionales como interregionales. África (+8 por ciento) ha experimentado un repunte muy significativo tras dos años menos prósperos. En las Américas (+4 por ciento) se ha mantenido el impulso positivo alcanzado con anterioridad. Europa (+2 por ciento) ha arrojado resultados desiguales, con incrementos de dos dígitos en algunos destinos y caídas en otros. La demanda en Oriente Medio (-4 por ciento) ha registrado incrementos en algunos destinos y desplomes en otros, por lo que también ha resultado irregular.

El secretario general de la OMT, recordando que Naciones Unidas ha declarado 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, sostiene que “debemos trabajar juntos para aprovechar al máximo la contribución del turismo al crecimiento económico, la inclusión social, la conservación del medio ambiente y el patrimonio cultural y el entendimiento mutuo, sobre todo ahora que vivimos tiempos en los que el respeto y la tolerancia escasean”.

Los expertos se muestran optimistas con respecto a 2017

La última encuesta del Grupo de Expertos de la OMT muestra una firme confianza en 2017, puesto que una amplia mayoría de los 300 encuestados (63 por ciento) dicen esperar resultados «mejores» o «mucho mejores» que en 2016. La puntuación que el Grupo de Expertos ha asignado a 2017 es prácticamente la misma que obtuvo 2016, así que se espera que el crecimiento se mantenga a un ritmo similar.

Basándose en las tendencias actuales, en las previsiones del Grupo de Expertos de la OMT y en las perspectivas económicas globales, la Organización estima que las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo aumenten entre un 3 por ciento y un 4 por ciento en 2017. En Europa se prevé un crecimiento de entre el 2 por ciento y el 3 por ciento; tanto en Asia y el Pacífico como en África, de entre el 5 por ciento y el 6 por ciento; en las Américas de entre el 4 por ciento y el 5 por ciento y en Oriente Medio de entre el 2 por ciento y el 5 por ciento, debido a la mayor inestabilidad de la región.

Resultados regionales en 2016

Los resultados en Europa han sido bastante desiguales, dado que ha habido una serie de destinos que se han visto afectados por cuestiones de seguridad. En 2016, las llegadas internacionales se situaron en los 620 millones, es decir, 12 millones más (+ por ciento) que en 2015. Europa del Norte (+6 por ciento) y Europa Central (+4 por ciento) registraron resultados sólidos, mientras que en Europa Meridional y Mediterránea las llegadas solo aumentaron un 1 por ciento y en Europa Occidental la cifra se ha mantenido.

Asia y el Pacífico (+8 por ciento) se ha situado a la cabeza del crecimiento de las regiones, tanto en términos relativos como absolutos, dado que en 2016 se han registrado 24 millones más de llegadas de turistas internacionales, que han alcanzado los 303 millones en total. Las cuatro subregiones también han experimentado un aumento de las llegadas, que en Oceanía ha sido del 10 por ciento, en Asia Meridional, del 9 por ciento y tanto en Asia del Nordeste como en Asia del Sudeste, del 8 por ciento.

Las llegadas de turistas internacionales en las Américas (+4 por ciento) se han incrementado en 8 millones hasta situarse en los 201, con lo que los buenos resultados de los últimos dos años se han consolidado. El crecimiento en América del Sur y Central (en ambas, del +6 por ciento) fue algo mayor, mientras que en el Caribe y América del Norte se registró un aumento del 4 por ciento.

Los datos disponibles sobre África apuntan a una subida del 8 por ciento en 2016, que suma 4 millones y sitúa las llegadas internacionales en 58 millones tras dos difíciles años. África Subsahariana (+11 por ciento) ha encabezado el crecimiento, mientras que el Norte de África (+3 por ciento) ha empezado a recuperarse.

Oriente Medio ha recibido 54 millones de turistas internacionales en 2016. Las llegadas han disminuido en torno a un 4 por ciento, con resultados desiguales en los distintos destinos de la región. Los resultados de África y Oriente Medio deben analizarse con precaución, puesto que se basan en los limitados datos disponibles para estas regiones.

Lo anterior indica que el turismo seguirá siendo una fuente de trabajo y riqueza a pesar de todos los cambios que están surgiendo en el mundo, siendo el turismo sustentable el que debe detonar la economía, pues la preservación de los recursos naturales se ha convertido en una de las grandes prioridades en el mundo, expresado y firmado en la agenda 2030, donde la sustentabilidad es prioritaria.

Dicho lo anterior, el ecoturismo debe ser el principal eje del turismo en todas las naciones, sobre todo, en aquellas en donde no ha sido aprovechado como debería, este es el caso de México, un país mega diverso, que a pesar de contar con el 10 por ciento de las aves en el mundo es uno de los pocos destinos en América que no cuenta con turismo de observación de aves, aun sabiendo que en el país vecino cuenta con millones de turistas cuyo propósito particular es la observación de aves.

Podemos tomar el ejemplo de otros países latinos, como el caso de Costa Rica, en donde el aviturismo se ha convertido en su mayor ingreso. Costa Rica, el quinto mejor país del mundo para observar aves, quiere sacarle el mayor provecho a ese potencial y ha creado una ruta nacional que incluye senderos, guías locales y servicios turísticos para impulsar el ‘aviturismo’ en el país.

Al cerrar 2012 el turismo de observación de aves había generado ingresos por más de 40 millones de dólares en Perú, un país que debe cerró el ejercicio con unos 2.8 millones de turistas internacionales.

Según la subdirectora de Turismo Interno de Promperú, Marisol Acosta, durante 2012 el aviturismo atrajo a unos 17,450 turistas extranjeros al país sudamericano, con ingresos por más de 40 millones de dólares y con un crecimiento de 6 por ciento respecto a 2011. “Perú está afianzando su liderazgo en este tipo de aficiones que nos permiten diversificar nuestra oferta turística. Además de especies de aves, tenemos ecosistemas variados”, dijo Acosta a la agencia Andina. Para 2013, adelantó que se esperaba un incremento de 15 por ciento, debido a la promoción de las competencias internacionales y las diversas rutas que ofrece Perú para desarrollar el turismo de observación de aves, con más de 1,836 especies, de ellas 120 endémicas. Hace cinco años se celebró el concurso internacional de avistamiento de aves Birding Rally Challenge Perú 2012, que se llevó a cabo para promocionar la oferta de ese país en este sector y reunió a expertos de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Sudáfrica y España.

En los años 80 se empieza a utilizar el término “ecoturismo”, pero es en 1990 cuando aparece la primera definición, establecida por la Sociedad Internacional de Ecoturismo. Así, el término se entiende como: “El viaje responsable a zonas naturales que conserva el medio ambiente y mejora el bienestar de las poblaciones locales”.

En 1983, el arquitecto Héctor Ceballos Lascuráin, encuadró la definición de turismo ecológico con estas palabras: “enfoque más efectivo y ambientalmente responsable del turismo en aéreas naturales a nivel mundial”. En 1999, como consecuencia del aumento de la actividad, se amplía la definición, la cual abarca un contexto más extenso: “Ecoturismo es el viaje a zonas frágiles y prístinas, por lo general protegidas, cuyo objetivo es ser de bajo impacto y generalmente a pequeña escala. Ayuda a educar al viajero, suministra fondos para la conservación del medio ambiente; beneficia directamente el desarrollo económico y la soberanía de las comunidades locales; y fomenta el respeto a diferentes culturas y los derechos humanos.”

Más adelante se llega a un consenso sobre la definición adoptada por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, la cual define al Ecoturismo como: “Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza, así como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado, que promueva la conservación, tiene bajo impacto de visitación y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales”.

¿Ecología y Turismo de la Mano?

El ecoturismo es una tendencia que busca compatibilizar la actividad turística con la ecología. Tiene principios y ética por promover el bienestar de las comunidades locales receptoras del turismo y la preservación del medio natural, buscando el desarrollo sostenible, que concierne el crecimiento actual que no dañe las posibilidades futuras.

Por su parte, el turismo, como actividad placentera y de gran valor económico, mueve millones de personas que se desplazan alrededor del mundo; por ende, como primer punto para el correcto desenvolvimiento del turismo ecológico, las personas que quieran participar de él correctamente deben, no solo cumplir con principios y un perfil determinado que permitan desarrollar la actividad de manera adecuada, sino también sentirlos como parte de su filosofía de vida.

Entre estos principios se destacan el respeto a la naturaleza y a la cultura local, la preservación del medioambiente, el uso adecuado y necesario del mismo, la valoración de los recursos y la concientización de los que están extinción, la búsqueda y empleo de otros menos explotados para generar un equilibrio. Con todas estas bases, los “ecoturistas” podrán viajar por áreas naturales sin perturbarlas, generando el menor impacto posible, con el objetivo de apreciar y estudiar los atractivos naturales de la zona, paisajes, flora y fauna silvestre, así como de vivenciar las manifestaciones culturales del destino, forjando un vínculo posible entre el turismo y la ecología.

La Sociedad Internacional del Ecoturismo es organización sin fines de lucro dedicada a promover el ecoturismo, fue fundada en 1990 y destaca las siguientes características del turismo ecológico:

• Influye en la creación de parques y áreas protegidas;

• Favorece la conservación de la biodiversidad;

• Contribuye en atraer la atención sobre especies en peligro de extinción;

• Fomenta una mejor comprensión de parte de los visitantes hacia las poblaciones locales;

• Promueve una ética medio ambiental positiva y anima a un comportamiento adecuado de sus participantes;

• Está orientado hacia el medio ambiente en sí y no hacia los seres humanos;

• Involucra una experiencia directa con ambientes naturales y culturales;

• No degrada los recursos naturales y culturales, reconoce que estos elementos son claves para la experiencia del viaje y por lo tanto acepta que hay límites de uso.

• Busca el mínimo impacto en el ambiente visitado y busca beneficiar a la naturaleza.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan la fracción XV del artículo 2 y el artículo 36 de la Ley General de Turismo

Único. Se reforman y adicionan la fracción XV del artículo 2 y el artículo 36 de la Ley General de Turismo, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I. a IV. (...)

XV. Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística, todas las modalidades turísticas se considerarán como un factor de desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades , impulsando el desarrollo sustentable a través de:

a) El fomento la conservación de los recursos naturales.

b) La identificación de las poblaciones receptoras con su entorno natural.

c) La concientización de las comunidades y de los turistas respecto a la importancia de la conservación del medio ambiente.

d) La promoción de la participación activa de los pobladores a través de las micro, pequeñas y medianas empresas de servicios ecoturísticos.

e) La retribución a las comunidades receptoras, otorgando beneficios laborales y económicos; mejorando de esta manera su calidad de vida.

f) El aprovechamiento del apoyo y asistencia tecnológica para la preservación de los ecosistemas.

g) La elaboración de planes y proyectos para la conservación de los recursos naturales y culturales.

h) La inducción a la investigación científica, en cuanto se refiere a los recursos naturales y culturales.

Artículo 36. La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal y con el poder ejecutivo de los respectivos estados, municipios y la Ciudad de México, formularán los programas de manejo correspondientes para cada zona, promoviendo la sustentabilidad como base de los programas, concientizando a los turistas a través de información que promueva la cultura de respeto y conservación de los destinos e impulsando:

a) La contratación de proveedores que ofrezcan garantías de calidad y de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente.

b) La utilización de los recursos naturales con moderación.

c) La reducción en la generación de residuos.

d) La no destrucción de la naturaleza en los destinos.

e) La promoción de productos que sean expresión de la cultura local, favoreciendo así la economía de los pueblos y la diversidad cultural.

f) La no adquisición de flora y fauna protegida por el Convenio de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, ni productos derivados de dichas especies.

g) La difusión de la cultura, costumbres, gastronomía y tradiciones de las poblaciones locales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.— Diputados: Cesáreo Jorge Márquez Alvarado,Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Márquez. Túrnese a la Comisión de Turismo, para dictamen.



LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jorge Álvarez Maynez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para eliminar las pensiones de los expresidentes, suscrita también por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Quiero tomar un minuto de mi tiempo para referirme al caso con el que iniciamos en esta sesión, porque hay que reiterar, aquí presentamos hace unas semanas la reforma al artículo 102 constitucional.

A diferencia de los compañeros de Morena y de los compañeros del PRI, nosotros no queremos llegar a la Presidencia de la República a poner un fiscal a modo, a poner un fiscal compañero de partido.

Y nosotros tenemos la autoridad moral para venir a hablar aquí de imparcialidad, de combate a la impunidad, porque lo hicimos cuando se trató en Veracruz con Morena. Cuando se le acusó a Andrés Manuel López Obrador del vínculo a Eva Cadena, yo vine a esta tribuna y dije que no estaba de acuerdo con el tratamiento faccioso, político y la persecución inventada a ese caso, y dijimos que se investigara a todos por igual, a todos los corruptos por igual.

Pero a Ricardo Anaya lo están acusando de que el que le compró hizo una triangulación de dinero, de que el que le compró hizo unas operaciones irregulares con dinero privado. Y la PGR no ha podido resolver la demanda que tenemos contra Rosario Robles y José Antonio Meade y que presentamos en enero pasado, y que es por el desvío de recursos públicos de siete mil millones de pesos, que aparte iban dirigidos a los más pobres de este país.

Eso es un crimen, es un delito por el que tienen que ser perseguidos estos señores, y por eso el PRI lo tiene muy claro, no se está jugando una elección, se está jugando su pellejo, se está jugando la libertad. Varios gobernadores del PRI lo entienden y varios secretarios de Estado, incluyendo los que están detrás de la estafa maestra. Por eso hoy volvemos a aquí, a plantear un tema de la mayor importancia. Hemos dicho que el país no tiene que esperar al primero de julio para cambiar.

Está el tema de las pensiones a los expresidentes de la República, de los aliados, ahora todos están formados atrás del candidato del PRI, con falsas candidaturas independientes o con un apoyo velado, como lo ha hecho Vicente Fox. Se ha creado un régimen de complicidades que es el que tiene al país en donde está. Le dicen a la gente que no alcanza para un ingreso mínimo universal, que eso es populista, que darle 10 mil pesos a cada mexicano por el simple hecho de tener derecho a vivir dignamente es populista, pero se asignan beneficios, lujos.

No solamente en las pensiones, que adivinen de dónde vienen, quién firmó el decreto que creó estas pensiones, nada más y nada menos que el secretario de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid —cuando todavía estaban en el gabinete ahí con Bartlett, y con todos esos personajes que ahora nos dan lecciones de moral— Carlos Salinas de Gortari.

Y por un acuerdo ilegal y mal hecho, este país gasta 50 millones de pesos cada año en mantener a esos señores, pero además tenemos el seguro de separación individualizado, un seguro que les da la posibilidad de cuando salen del cargo al retirarse, se lleven cada uno en promedio cuatro millones de pesos, es lo que se ha llevado Vicente Fox, es lo que se llevó Felipe Calderón, y es lo que se va a llevar el actual presidente de la República, todo fundado en acuerdos ilegales, en acuerdos que vulnera nuestra autonomía para votar cada año en libertad del presupuesto y todo en un acuerdo de secrecía y de intercambio de privilegios y de excesos.

Y para mí es muy importante presentar esta iniciativa hoy, que pide licencia la diputada que ha traído este tema una y otra vez a tribuna, porque de nuevo, es muy diferente. He visto a varios legisladores que ahora se purificaron, que ya están en campaña queriendo medrar con este tema de las pensiones a los expresidentes, cuando no lo defendieron.

Verónica Delgadillo fue la semana pasada de nuevo a Los Pinos, a llevarles 60 mil firmas de ciudadanas y ciudadanos libres, al presidente de la República, que le exigen renunciar a su pensión.

Por eso es un tema que no vamos a soltar, y es un asunto que no vamos a dejar de librar. Esta batalla frontal contra la corrupción no la vamos a dejar de sostener, aunque tengamos que enfrentar la ofensiva del Estado. Nosotros tenemos la autoridad moral para pedir que haya una lucha frontal contra la corrupción y contra la impunidad, trátese de quien se trate. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para eliminar las pensiones de los ex presidentes, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Álvarez Maynez, miembro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para eliminar las pensiones de los expresidentes, en atención a la siguiente

Exposición de Motivos

Los presidentes de México, al concluir su encargo, están protegidos por una pensión vitalicia, decretada en noviembre de 1976, por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez. En dicho decreto, se establecía que la pensión a presidentes en retiro, además de la remuneración económica, incluiría poner a su disposición a 78 elementos del Estado Mayor Presidencial, y 25 empleados de la Presidencia, con sueldos que pueden alcanzar, hoy en día, los 200 mil pesos mensuales. No obstante lo anterior, doce años después, en el periodo del otrora presidente Miguel de la Madrid Hurtado, se añadió a las prestaciones de los ex mandatarios, un seguro de vida, así como de gastos médicos mayores.

Sin embargo, Ernesto Villanueva e Hilda Nucci, en su investigación Los parásitos del poder, cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes, sostiene que dichas prerrogativas -pensiones, apoyos, prestaciones, salarios y subsidios- que gozan los ex mandatarios resultan ilegales, ya que los acuerdos existentes (que, incluso, adolecen de la falta de firma del titular del Poder Ejecutivo que los emitió), así como de los reglamentos que pretenden justificar dichos privilegios, carecen de sustento legal, y son inconstitucionales, pues en ningún momento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere apoyos, pensiones o compensaciones a los exmandatarios.

A pesar de lo anterior, la Oficina de la Presidencia de la República cuenta con un presupuesto destinado a cubrir los gastos que se erogan con motivo del apoyo a las tareas que lleva a cabo el presidente. Por ello, el Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, estipula en su Artículo 14, que dicha Oficina contará con una Coordinación General de Administración, adscrita a la Secretaría Particular del presidente, la que “corresponderá llevar la administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la Oficina de la Presidencia, incluyendo las unidades de apoyo que establece el presente Reglamento...”.

Así, en el presupuesto que se prevé en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la Oficina de la Presidencia de la República, se incluyen recursos sin que se precise la naturaleza de las actividades presidenciales que deben ser financiadas con recursos públicos, ni aquellas que deben ser solventadas con recursos propios por la familia presidencial.

Por ende, de manera indebida y discrecional, con dicho presupuesto se estarían solventando gastos personales del presidente de la República y su familia, sin que exista regulación alguna que obligue a dicha Presidencia a transparentar o a impedir que se destinen recursos públicos para fines distintos a la función pública del presidente.

El monto de los recursos destinados -de acuerdo a una investigación del periódico “Reforma”-, tan solo en 2013, para cubrir las pensiones de exmandatarios, fue de 10 millones 970 mil pesos; además de 29 millones 770 mil pesos que se presupuestaron para el pago del personal de apoyo de Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Luis Echeverría, sin incluir, en dichos montos, las erogaciones por concepto de seguridad.

Para dimensionar el gasto que ha significado las pensiones vitalicias a los ex mandatarios: Vicente Fox ha cobrado 40 millones 590 mil pesos por pensión vitalicia desde que dejó el poder en 2007 hasta julio de 2017. Por su parte, Felipe Calderón ha recibido 20 millones 295 mil pesos por este concepto.

Además de las pensiones exorbitantes que tienen los ex mandatarios habría que incluir, como se ha mencionado, el costo que representa el personal asignado a cada uno de los ex mandatarios. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa cuenta con 19 personas a su servicio, representando una erogación de 9 millones 750 mil 564 pesos anuales. Vicente Fox Quezada con 20 personas, 5 millones 660 mil 688 pesos anuales. Ernesto Zedillo Ponce de León con 5 personas 927 mil 696 pesos al año. Carlos Salinas de Gortari, con 10 personas, 2 millones 988 mil 216 pesos por año. Y finalmente Luis Echeverría que además de su pensión contaba con 17 personas, 1 millón 800 mil pesos al año. Es decir, al año los ex presidentes por tan solo el personal que tienen asignado a los mexicanos nos cuestan 21 millones 127 mil 144 pesos.

Tan solo, para poner un ejemplo de a cuánto ascendería tener que sufragar los gastos por “personal asignado”, el ex presidente Luis Echeverría Álvarez cuenta con un personal asignado de 17 personas, lo que representa un costo mensual de 150 mil pesos. Es decir, si se multiplica esta cifra por los 41 años que han transcurridos desde que dejó el poder, podríamos concluir que, Echeverría Álvarez, únicamente por el personal que tiene asignado, se han devengado del erario 73 millones 800 mil pesos.

El estudio anteriormente citado de Villanueva y Nucci, señala que, además del salario mensual que recibe un expresidente, “habría que agregar 4 millones 799 mil 999 pesos por gastos de ayudantía y seguridad”. No obstante las estratosféricas pensiones millonarias que reciben, en meses pasados se dio a conocer que los presidentes de México, al finalizar su encargo, cuentan con otra prestación.

“Se trata del Seguro de Separación Individualizado, un ahorro decretado en 1998 para cuando causen baja los servidores públicos de la alta burocracia (el presidente y los altos mandos en las dependencias), tengan cómo vivir.”

El Seguro de Separación Individualizado se compone de dos aportaciones: la primera la realiza la Oficina de la Presidencia de la República; y, la segunda corre a cargo del presidente en turno. Esta prestación que se añade a la pensión vitalicia, al seguro de vida y gastos médicos mayores, al personal asignado y a los gastos de ayudantía y seguridad, se encuentra en la total opacidad.

Sin embargo, y dada la discrecionalidad con la que se asignan dichas prerrogativas, se desconoce cuánto aportó la Presidencia y cuánto el ex mandatario al seguro de separación individualizado. Tan es así, que en 2007 un ciudadano envió una solicitud de información para conocer la cantidad que aportan cada una de las partes, a lo cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales respondió que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información la catalogaba como información “confidencial”, al tratarse de una cuenta individual.

Además, de 2012 a la fecha, la Presidencia de la República ha negado constantemente y sistemáticamente, la información de los gastos personales del presidente de la República y su familia, ante las solicitudes de información formuladas al INAI. Se ha señalado, que “las erogaciones de la familia presidencial no corresponden al clasificador por objeto del gasto para la administración pública federal”, es decir, que la familia del presidente de la República, al no estar integrada por funcionarios públicos, no está obligada a rendir cuentas, aun cuando se destinen recursos públicos para su manutención.

A pesar de lo anterior, se ha documentado que la cantidad a la que asciende el monto que obtuvieron, vía el seguro de separación individualizada, los expresidentes es, aproximadamente, la siguiente: Vicente Fox Quesada, quien gobernó México de 2000 a 2006, recibió 4.1 millones de pesos; Felipe Calderón Hinojosa, cuyo sexenio fue de 2006 a 2012, percibió, por ese seguro, 3.7 millones de pesos; y, Enrique Peña Nieto, quien asumió en 2012 y concluirá este 2018, lleva 2.3 millones de pesos ahorrados en esa cuenta.

Por su parte Enrique Peña Nieto, cuando arrancó su Gobierno, contaba, debido al Seguro de Separación Individualizada, con un monto de 41 mil 821 pesos. Dos años después, había acumulado 560 mil 776 pesos. Para 2016, ya contaba con un millón 698 mil 90 pesos; y, en 2017, pasado ya había conseguido acumular 2 millones 322 mil 326 pesos. Así, el seguro de Peña Nieto para separarse de su cargo aumentó un 5453.01 por ciento, es decir, 55 veces lo previsto al iniciar su mandato.

En ese sentido, Felipe Calderón Hinojosa, a su llegada a los Pinos, tenía ahorrados 689 mil pesos. Al final de su mandato, en 2012, contaba con 5 millones 979 mil pesos, de los cuales 3 millones 716 mil pesos correspondían al Seguro de Separación Individualizado. Asimismo, Vicente Fox Quesada, concluyó su gestión, en 2006, con 4 millones 160 mil 410 pesos con motivo de su seguro de separación individualizado.

Las numerosas presentaciones de las que gozan los ex presidentes de México se dan en un contexto donde la inmensa mayoría de los mexicanos no cuenta con un empleo digno, que pueda traducirse en una seguridad laboral y social estable para su retiro. Como señalan Ernesto Villanueva e Hilda Nucci:

“En México, para que un ciudadano de a pie pueda ser sujeto de una pensión por cesantía en edad avanzada conforme a la ley de seguro social de 1997 debe tener cumplidos 60 años al momento de causar baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSSS), haber cotizado como mínimo mil 250 semanas –más o menos el equivalente a 25 año de trabajo–, estar de baja ante esta dependencia al momento de realizar la solicitud y encontrarse privado de actividad remunerada. Por el contrario, un presidente o su similar pueden tener una pensión privilegiada con una quinta parte del trabajo de una persona común”.

En ese sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo señala que “más de 70 por ciento de los mexicanos cercanos a la edad de jubilación no tendrán una pensión suficiente y sólo uno de cada cuatro mexicanos tiene posibilidad de ahorrar para tener un retiro digno:

“56 por ciento de los mexicanos ahorra poco o nada para su retiro, mientras que 18 por ciento lo hace de manera esporádica y 24 por ciento lo hace de manera formal o constante”.

En la encuesta que realizó la Asociación Mexicana de Afores a mediados del año 2013, denominada “Ahorro y Futuro: ¿Cómo viven el retiro los mexicanos?” arrojó que “sólo 39 por ciento de los mayores de 65 años recibe alguna pensión, mientras que 41 por ciento debe seguir trabajando [...] incluso el 20 por ciento de la población mayor de 80 años también debe seguir trabajando”..

“El panorama no luce alentador: de las poco más de 50 millones de cuentas de ahorro para el retiro administradas por las Afore, sólo alrededor de 20 millones están activas. Cuando no existe una pensión justa no hay manera de dejar de trabajar. Se trata de un ciclo que perpetúa la pobreza y la desigualdad”.

Lo anterior, pone de manifiesto que existen mexicanos de primera y mexicanos de segunda clase. Esto implica que México sea el país de la desigualdad, donde unos trabajan solo 6 años y se llevan un ahorro millonario, mientras otros realizan trabajos mal remunerados, en condiciones precarias y sin la oportunidad siquiera de gozar con una pensión o un ahorro digno.

El enriquecimiento excesivo de la clase política a costa del dinero público provoca que exista una brecha cada vez mayor entre la ciudadanía y sus gobernantes, así como una crisis de confianza y de representatividad en detrimento de la incipiente democracia mexicana, que con tantas dificultades se está tratando de consolidar.

Por lo anterior, y, al resulta prioritario eliminar las pensiones vitalicias y seguros que, ilegal e inconstitucionalmente, han estado recibiendo nuestros ex presidentes por años, se somete a su consideración la presente iniciativa -que acompaña a una diversa que plantea reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para eliminar las pensiones de los ex presidentes.

Primero. Decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero, recorriendo el subsecuente, al artículo 65, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 65. [...]:

I. a IV.

V. [...].

No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, ni seguros de separación individualizados, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

La persona que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, bajo cualquiera de las modalidades que menciona el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no gozará de pensión por retiro ni de seguros, prerrogativas o apoyos que representen erogación de recursos públicos.

[...];

Segundo. Decreto por el que se reforma el artículo 1, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 1. [...]:

I. La Presidencia de la República, incluido el presidente de la República, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, incluyendo al propio Instituto;

II. a VIII.

Transitorios

Primero.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan las disposiciones que contravengan al presente Decreto.

Notas

1 Villanueva, Ernesto y Nucci, Hilda, “Los Parásitos del Poder, cuánto cuesta a los mexicano mantener los privilegios de los expresidentes”, 2015, Proceso, pág. 29.

2Íbid.

3 Íbid.

4Íbid.

5 Flores, Linaloe, “Los ex presidentes reciben al irse, además de pensión vitalicia, otro “cochinito” que es confidencial”, Sin embargo, Consultado en:

http://www.sinembargo.mx/08-01-2018/3370558.

6 ¿Cuánto gastan los 6 hijos Peña-Rivera en Los Pinos? Es información bajo llave, SinEmbargo, disponible en: http://www.sinembargo.mx/07-06-2016/3050385

7 Íbid.

8 Villanueva, Ernesto y Nucci, Hilda, “Los Parásitos del Poder, cuánto cuesta a los mexicano mantener los privilegios de los expresidentes”, Proceso.

9 Flores, Linaloe, “Los ex presidentes reciben al irse, además de pensión vitalicia, otro “cochinito” que es confidencial”, Sin embargo, Consultado en:

http://www.sinembargo.mx/08-01-2018/3370558.

10 Íbid.

11 Flores, Zenyazen , “Gran mayoría de mexicanos, sin pensión suficiente: BID”, El Financiero, Consultado en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gran-mayoria-de-mexicanos-sin-pension-s uficiente-bid.html

12 Mendoza Escamilla, Viridiana, “México, el país menos preparado para el retiro”, Forbes México, Consultado en:

https://www.forbes.com.mx/sin-pension-60-de-los-mexicanos-mayores-de-65-anos/

13 Mendoza Escamilla, Viridiana, “Sin pensión 60 por ciento de los mexicanos mayores de 65 años”, Forbes México, Consultado en: https://www.forbes.com.mx/sin-pension-60-de-los-mexicanos-mayores-de-65-anos/

14 Íbid

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2018.— Diputados y diputada: Jorge Álvarez Maynez, Erik Juárez Blanquet, María Concepción Valdés Ramírez (rúbricas).»

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Álvarez Maynez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.



LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene el uso de la palabra por diez minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan tres párrafos del artículo 53 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio profesional en la Ciudad de México, cuya finalidad es otorgar una remuneración suficiente y justa para los prestadores de servicio social, equiparable a la labor desempeñada.

Entendamos como justo, como lo señala la Real Academia Española: exacto, que no tiene el número, peso o medida ni más ni menos de lo que debe de tener. Los párrafos tercero y cuarto del artículo 5o. de nuestra Constitución establece que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución, y que los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos que la ley señala.

Ahora bien, el artículo 53 de la ley objeto de la presente iniciativa define al servicio social como el trabajo de carácter temporal y mediante retribución, que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y del Estado. Esto significa que, si bien el servicio social es obligatorio, también debe ser retribuido.

Las instituciones no pagan justa y equitativamente lo que le corresponde al servicio social, sin mencionar que no existen tabuladores estandarizados en el tema. Por ejemplo, un archivista en promedio gana seis mil pesos mensuales, en cambio cuando un joven estudiante realiza las mismas actividades, en el mejor de los casos pudiese llegar a recibir tres mil pesos por seis meses de trabajo.

En la mayoría de las dependencias y entidades donde se presta el servicio social solo se proporciona a los estudiantes una ayuda mínima, que resulta a veces hasta simbólica. La realidad es que en nuestro país la mayoría de los estudiantes que cubren el requisito del servicio social no recibe remuneración alguna por su labor, entiéndase como becas, apoyos, etcétera. Pero, además, se les exige cumplir con horarios, informes y diversas actividades que requieren conocimientos especializados.

El servicio social es para muchos el primer encuentro con una fuente de trabajo formal, es el inicio de una vida productiva. Por ello, al remunerar debidamente su labor, él o la joven profesionista puede encontrar un incentivo para mejorar su desempeño y posteriormente podrá continuar trabajando en la planta laboral de la institución en la que prestó su servicio social.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que lo anterior constituye una manera de formar cuadros profesionales dentro de cada institución, fomentar el empleo formal entre los jóvenes y, por supuesto, homologar la regulación en este tema.

Del mismo modo, con esta propuesta se busca brindar una ocupación laboral en el estudiante terminal, recompensando una dedicación con una fuente de empleo que le permita desarrollarse como profesionista.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza nos comprometimos a consolidar un México competitivo y, para ello, es preciso reducir los niveles de desempleo entre los jóvenes, fomentando la capacitación para el trabajo. Es cuanto, diputado presidente, por su atención muchas gracias, compañeros.

«Iniciativa que reforma el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Carmen Victoria Campa Almaral, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, tercero y cuarto al artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, con base en el siguiente

Planteamiento del problema

El trabajo remunerativo es un derecho fundamental para que las personas puedan aspirar una vida digna y, al mismo tiempo, propicia mayor competitividad en las unidades productivas, por lo que en conjunto se busca lograr el progreso de la sociedad.

El artículo 5o. constitucional, en su párrafo tercero, establece que “nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123” (énfasis añadido).

El derecho humano al trabajo es considerado como un derecho fundamental, por medio del cual se puede acceder a una vida digna, sin embargo, el círculo no se cierra si no lleva aparejada una retribución, misma que debe ser la suficiente para vivir decorosamente.

Ahora bien, el mismo precepto constitucional arriba citado prescribe en la parte final del párrafo cuarto lo siguiente: “[...] Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale” (énfasis añadido).

De lo anterior se colige que el servicio social en principio es obligatorio, y también se mandata que éste será retribuido; sin embargo, en la práctica, esta disposición no se cumple, pues en la mayoría de las dependencias y entidades donde se presta el servicio social sólo se les proporciona una ayuda simbólica adicional a la obligatoria constancia que deben emitir para que el interesado acredite el haber cumplido con ese trámite, a fin de que el futuro profesionista pueda obtener su título y cédula profesional, que le permitirán desempeñarse en el área donde se preparó académicamente.

Los antecedentes del servicio social datan de mediados de los años treinta, cuando se necesitaba, en las zonas rurales del país, la presencia y ayuda que podrían proporcionar las generaciones de jóvenes médicos egresados de la Escuela Nacional de Medicina, dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues en aquella época, como ahora, se presentaba una insuficiencia en el ámbito de la atención sanitaria.

Dados los beneficios sociales observados, en el año de 1936 el servicio social se logró implementar en todo el territorio nacional, como requisito para que los jóvenes estudiantes pudieran titularse.

Con el devenir del tiempo, el servicio social fue generalizándose y transitó hacia otras ramas profesionales, principalmente en el sector de las licenciaturas y las ingenierías que se impartían en las hasta entonces dos más grandes casas de estudio: el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Precisamente en el año de 1942 se modificó el actual artículo 5o. de nuestra norma suprema, para incorporar como obligatorio el multicitado servicio social y, desde entonces, también se estableció que éste sería retribuido.

Hoy en día, la prestación del servicio Social se ha convertido en una condición sine qua nompara la titulación, con una temporalidad para su cumplimiento de seis meses y a través de cuatro horas diarias; sin embargo, en algunas carreras profesionales, como las desarrolladas dentro del área médica, se exige un plazo de un año.

En la norma oficial mexicana, relativa al servicio social en campos clínicos, a esta práctica se le puntualiza como el “trabajo de carácter temporal y mediante retribución, que ejecutan y prestan los pasantes en interés de la sociedad y el Estado”; no perdamos de vista que se le detalla cómo “trabajo”, además de “temporal” y con naturaleza remunerativa.

Lo cierto y verdadero es que los estudiantes que cubren el requisito del servicio social no reciben remuneración alguna por prestarlo, pues generalmente se le concibe como un deber cívico que tiene el estudiante que ha culminado sus estudios para condescender con el estado, y la sociedad, una parte de la preparación que aquél le ha proporcionado para enfrentarse a la vida en el campo productivo.

En esto encuentra su razón de ser la presente expresión legislativa, que tiene por objeto establecer de manera clara y contundente en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, la obligación de retribuir la prestación del servicio social, pues dejar las cosas en el estado en que se encuentran significaría cometer un atropello constitucional en contra del pasante o estudiante.

Argumentación

Un aspecto que conviene destacar en el tema que nos ocupa, que en la especie es del servicio social, en donde el pasante desempeña labores propias de las instituciones donde lo presta y en donde invierte y reafirma los conocimientos académicos adquiridos, consiste en que en la mayoría de las veces, particularmente en el sector salud, los futuros médicos y enfermeras desarrollan actividades que involucran conocimientos de expertos; pero además, se les requiere de un alto grado de responsabilidad, en virtud de que están de por medio bienes jurídicos de suma importancia, como vienen siendo la salud e, incluso, la propia vida de los pacientes. Dichas labores son propias de los médicos generales que guardan una relación contractual con la parte patronal.

Sin embargo, el prestador del servicio social no guarda ningún vínculo o relación laboral con la institución, pues se le considera un estudiante en formación terminal.

La realidad indica que los pasantes cumplen cabalmente con las actividades asignadas y en muchos casos, su desempeño rebasa los límites de los horarios establecidos; por lo tanto, son merecedores de una retribución que les permita cubrir satisfactores básicos como la alimentación, hospedaje, transporte, entre otros.

En este aspecto, la ley, objeto de esta acción legislativa, es omisa y se encuentra rebasada ante la realidad que debe regular, pues los estímulos económicos que en algunos casos se les proporcionan sólo les alcanzan para auxiliarse en sus pasajes, y es sabido que en algunas instituciones no reciben estímulo económico alguno, terminando sólo con la satisfacción de haber cumplido con ese trámite que sirve de aduana para seguir su camino hacia la titulación.

Por ello, en Nueva Alianza estamos convencidos de que si se aprueba el presente proyecto de ley las ventajas serán las siguientes:

a) En nuestro país se menciona mucho el tema de los “ninis”; ante esta situación, esta iniciativa viene a implementar e impulsar la cultura del trabajo, considerando que el servicio social es el primer encuentro entre una persona que inicia su vida productiva con una fuente laboral formal. Esto, en virtud de que la prestación del servicio social contiene todos los elementos contractuales;

b) El futuro profesionista encontraría un atractivo incentivo para esmerar su desempeño, con el ánimo de que, al término del plazo previsto para la prestación de su servicio, pueda acceder a la planta laboral de la institución donde fue admitido para el cumplimiento de esta obligación;

c) Se estimula una ventana de oportunidad para el pasante, que vendría a complementar los conocimientos adquiridos en las aulas escolares con la práctica profesional;

d) Se da cumplimiento al mandato constitucional al que se refiere el artículo 5o., en cuanto a que el servicio social debe prestarse con su debida retribución;

e) Se regularía con mayor certeza jurídica la prestación del servicio social, pues en algunas instituciones se entrega un estímulo de carácter simbólico; en otras, no existe ese incentivo, siendo omisos en la responsabilidad de responder al principio de derecho laboral que refiere a “trabajo igual, salario igual”, considerando, además, que el futuro profesionista cuenta con una carga de conocimientos que lo posicionan con mayor capacidad para el desempeño de las responsabilidades que se le designe;

f) Brindar ocupación laboral al estudiante terminal, subsanando, en lo posible, la frustración de haber mantenido una preparación constante en determinadas áreas de estudios, para que al final del camino no se encuentre una fuente laboral que le permita madurar y crecer como persona, como profesionista, como hijo o padre de familia;

g) Formar cuadros de profesionales que propiciarían mayor competitividad;

h) Dejar de conculcar el derecho humano previsto en nuestra carta política a recibir una justa retribución;

i) Abatir de forma significativa el galopante desempleo que padece el país;

j) Al mejorar las condiciones actuales del servicio social, las instituciones de educación superior pueden cumplir activamente con su compromiso social de aportar elementos orientados a la solución de los grandes problemas nacionales, como es el desempleo, la inseguridad pública, la inflación, la falta de espacios de desarrollo, etcétera;

k) Reforzar y mejorar en los practicantes del servicio social la seguridad en la toma de decisiones. Lo anterior, en virtud de que el futuro profesionista se encuentra ante la oportunidad temprana de conocer y vivir, con amplia proximidad, las necesidades cotidianas y los problemas sociales de la población, a fin de encontrar formas de solución a los mismos;

l) Se fomenta y se integra el desarrollo de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, permitiendo confrontar y consolidar los conocimientos adquiridos durante la academia;

m) En síntesis, se consolidad la formación profesional porque se fomenta en el estudiante una conciencia de solidaridad con la comunidad, la sociedad y el país.

Por las argumentaciones vertidas, se considera urgente reformar el actual esquema del servicio social o, en su caso, adecuarlo a la realidad social que actualmente impera en el país.

Con la propuesta que planteamos como grupo parlamentario, en Nueva Alianza estamos convencidos de que nos encontramos ante la oportunidad de reformar el esquema del servicio social profesional para generar profesionales que puedan impulsar el desarrollo nacional y, con ello, brindar viables y factibles aportaciones en la solución de los problemas que aquejan a nuestro país.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, tercero y cuarto al artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio profesional en la Ciudad de México

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo, tercero y cuarto al artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio profesional en la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 53. Se entiende...

La retribución a que se refiere el párrafo precedente deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del prestador del servicio social, atendiendo a sus condiciones personales y al tipo de actividad encomendada. Remuneración que en ningún caso será menor a un salario mínimo.

La entrega de la retribución señalada se realizará en la forma periódica y en la especie que se acostumbre donde se esté prestando el servicio social.

El servicio social se proporcionará atendiendo el interés de la sociedad y cubriendo el perfil profesional del estudiante a fin de que se le permita un mayor desarrollo en el mercado laboral.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Consúltese:

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/234ssa103.html

2 Problemática que ya fue objeto de una acción legislativa por parte de este Grupo Parlamentario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2018.— Diputada Carmen Victoria Campa Almaral(rúbrica).»

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Campa Almaral. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTAMEN



LEY GENERAL DE SALUD

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO



LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Protección Civil con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Dictamen de la Comisión de Protección Civil con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Héctor Barrera Marmolejo, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Héctor Barrera Marmolejo:Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputado.

El diputado Héctor Barrera Marmolejo: En nombre del presidente de la Comisión de Protección Civil, el diputado Adán Pérez Utrera, vengo a fundamentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II, del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil.

Quiero destacar la sensibilidad de la proponente, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, así como el compromiso de mis compañeras diputadas y compañeros diputados integrantes de la comisión, y compañeras diputadas de la comisión, en revisión y aprobación de esta propuesta que tiene por objeto un noble fin: la reforma consistente en dar al Comité Nacional de Emergencias la atribución de gestionar la exención de peaje en casetas de cobro, ubicadas entre la zona de evacuación y la inmediata zona segura, ello en virtud de que es prioritaria la evacuación de las personas que se encuentren en riesgo ante una catástrofe.

En derecho, un bien jurídico tutelado de la mayor importancia es la vida, se trata de un derecho humano consagrado en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6o. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 4o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por mencionar algunos instrumentos internacionales de derechos humanos, signados por el Estado mexicano.

Por lo que, en atención a este principio ético y jurídico es que se considera viable la necesidad de poner a salvo la vida de las personas y que esto no estuviera sujeto a la complicación de pagar o no un peaje.

Aun así, hay que destacar dos asuntos fundamentales, la primera es que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Capufe, ha eximido ya del cobro de peaje a los usuarios de caminos y puentes ante la presencia de diversos fenómenos perturbadores.

En el año 2010, en Tamaulipas, durante la emergencia por el huracán Alex, la tormenta Hermine, el huracán Karl, Capufe exentó de pago de peaje. Recientemente, tras los sismos de septiembre del año pasado, también se exento de peaje en las carreteras cercanas donde el siniestro afectó gravemente a la población. La evacuación de las personas de las zonas de emergencia en situaciones de riesgo debe de ser pronta, lo que hace indispensable instrumentar el libre tránsito.

La segunda consideración es que el propio Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara determinó que, si bien el pago de peaje representa un ingreso, la exención de los cobros puede verse como un costo imputado y dado que el ingreso para el gobierno federal es marginal del 0.5 por ciento, no es posible estimar su monto hasta que no ocurra la emergencia, por lo que considero que la iniciativa no cae en los supuestos de los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y que su eventual aprobación no genera un impacto presupuestario.

Luego entonces, las alertas y evacuaciones, funciones prioritarias del Comité Nacional de Emergencias, son eventos extraordinarios por lo que el impacto económico a los concesionarios de carreteras es mínimo y temporal.

En suma, el presente dictamen no causa un aumento o creación de gasto al Presupuesto de Egresos, es un no ingreso por la contingencia respecto de las cuales la política de gasto público ha establecido diferentes mecanismos legales y transparentes con el objeto de crear las reservas presupuestarias necesarias para prevenir algunas erogaciones de carácter contingente.

Nuestro país se ha visto asolado por diversos fenómenos naturales que lamentablemente han cobrado vidas humanas, por lo que es necesario que reconozcamos la importancia de la protección civil y de la prevención.

Uno de los objetivos fundamentales de quienes formamos parte de la Comisión de Protección Civil es que se dote a las autoridades con mejores instrumentos legales para prevenir desastres y siniestros, dar avisos de alarmas en casos graves de emergencia, así como realizar labores de evacuación, dispersión, albergue, socorro, rescate y salvamento.

Este dictamen se inscribe en ese compromiso y por eso se solicita respetuosamente su voto a favor. Es cuanto, diputado presidente, y muchas gracias compañeros legisladores.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Barrera Marmolejo.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene el uso de la palabra para fijar posición, hasta por cinco minutos, el diputado Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Partido Encuentro Social. Perdón, diputada Garzón Canchola.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Buenas tardes, diputado presidente. Honorable asamblea, hago uso de la voz en esta tribuna para fijar la postura de la bancada de Encuentro Social respecto del dictamen de la Comisión de Protección Civil por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil.

Preservar la vida es uno de los fines del Estado y un principio fundamental de la agenda del Partido Encuentro Social.

En materia de prevención para evitar desastres en la población, nuestro grupo parlamentario expresa su voluntad porque las propuestas avancen en la ruta legislativa. En ese sentido, en nuestro grupo parlamentario reconocemos la adecuada y oportuna decisión de aprobar la presente iniciativa para que el Comité Nacional considere prioritaria la evacuación de las personas de las zonas de riesgo y gestione la exención de peaje en las casetas de cobro ubicadas entre la zona de evacuación y la inmediata zona segura.

El dictamen fortalecerá lo aprobado por esta Cámara de Diputados del día 12 de diciembre del año pasado. En esta ocasión aprobamos que los sectores público, social y privado celebren convenios para que en caso de emergencia o desastre las personas puedan acceder al transporte y a la prestación de servicios de salud de manera gratuita. Asimismo, deben agregarse a este catálogo los servicios de telecomunicaciones, llamadas, mensajería y datos durante una situación de emergencia o desastre.

La aprobación del dictamen que nos ocupa, como señala la Comisión de Protección Civil, tiene como argumento central que la vida humana no puede ser tasada en términos económicos y es preferible tener pérdidas presupuestarias que pérdidas de vidas humanas, argumento que suscribe en sus términos nuestra bancada legislativa.

Dice el dicho, prevenir es mejor que lamentar. Y siempre saldrá menos costoso invertir en medidas preventivas que pagar las consecuencias de la falta de ellas.

Por otra parte, consideramos que la reforma que nos propone la Comisión de Protección Civil debe precisar con claridad que, en este caso de emergencias, serán gratuitas todo tipo de casetas, ya sean federales, estatales, así como las concesionadas y administradas por particulares, de tal manera que el texto legal dé certeza a la obligación de todos quienes administran las casetas de peaje.

He hecho entrega de la modificación a la Mesa Directiva, a fin de que se haga la consulta de la procedencia de la modificación en comento a esta honorable asamblea. Asimismo, nuestro grupo parlamentario hace un respetuoso llamado a la colegisladora para que se aboque a la discusión, y si así lo considera, apruebe la minuta de reforma integral en su poder desde diciembre del año pasado.

Encuentro Social votará a favor del presente dictamen por la importancia que de ello deriva. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Garzón Canchola.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a directivo y docentes de la maestría en seguridad nacional de la promoción LXIII y la maestría en ciencia política, promoción IV de la Secretaría de Marina. Sean ustedes bienvenidos. Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos para fijar posición el diputado Carlos Gutiérrez García, del Partido Nueva Alianza.

El diputado Carlos Gutiérrez García:Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, por supuesto que todos recordamos lo sucedido el pasado mes de septiembre del año pasado y lo que ocurrió después: caminos colapsados por miles de vehículos que trataban de llegar con sus familias o de llevar ayuda a las comunidades afectadas.

Derivado de esta y otras experiencias, consideramos insoslayable que en la Ley General de Protección Civil se tomen medidas para hacer más eficiente el flujo vehicular en casos de emergencia.

De acuerdo con cifras del Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres, de la Organización de las Naciones Unidas, en 2015 se registraron 346 desastres naturales a nivel mundial. Dichos eventos cobraron la vida de 22 mil 773 personas, afectando a más de 98 millones, originando daños económicos de más de 66 billones de dólares. Estas cifras son evidencia de que la prevención es la mejor manera de afrontar este tipo de situaciones.

En aras de lo anterior se impone la necesidad de que la ley en la materia considere prioritaria la evacuación de las personas de las zonas de riesgo en caso de un desastre natural. Para ello, el dictamen de mérito propone que se exente el peaje en casetas de cobro ubicadas entre una zona de evacuación y la zona segura más próxima.

Las y los diputados de Nueva Alianza coincidimos con la dictaminadora, al considerar que el bien jurídico a resguardar es de la vida y seguridad de las personas, lo que supera cualquier consideración de índole económica.

Para Nueva Alianza la seguridad de la población es un tema prioritario, motivo por el cual estamos decididos a fortalecer nuestro marco jurídico y de este modo resguardar la vida de quienes se encuentren en sitios de riesgo cuando se presenta un desastre. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Gutiérrez García. Tiene el uso de la voz para fijar posición, la diputada proponente, Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano. Buenas tardes, diputada. Adelante.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis:Buenas tardes queridos compañeros, con la autorización del presidente de la Mesa Directiva y la participación de todos ustedes, les agradezco el haber dado vida a esta propuesta para que nunca más se ponga en entredicho si es más importante que la fila esté inmensamente larga, pero que se cubra el peaje o que se garantice poner a salvo la integridad de los ciudadanos o de los turistas.

Agradezco infinitamente a la Comisión de Protección Civil, que atinadamente hizo una consensuada y analítica investigación respecto del impacto que pudiese generar el abrir el peaje para que se permitiera la evacuación de zonas de riesgo en caso de un posible desastre.

Lamento la tardanza en la ejecución de la aplicación del trabajo legislativo, pero entiendo que existe para todos nosotros un compromiso real de garantizar a los mexicanos leyes que les permitan, antes que nada, salvaguardar la integridad.

Con esta propuesta de su servidora podemos todos nosotros sentirnos satisfechos a medias. Sentirnos satisfechos a medias porque todavía seguimos anteponiendo el impacto presupuestal que pudiese generar la apertura de la pluma, el generar que se conjunte el Comité para que se determine el grado de riesgo que puede suceder antes de abrir la pluma.

Seguimos teniendo trabajo por hacer, y ese trabajo debe estar encaminado a que, con la pura presunción de que se puede cobrar una sola vida por entorpecer el libre peaje en nuestras carreteras y caminos y puentes, con eso solo que sea motivo para que se pueda generar la apertura y el libre tránsito en condiciones de siniestro.

Muchas gracias, compañeros, porque el día de hoy le demostramos a nuestro país que la vida de los mexicanos cuesta más que cualquier impacto o cualquier pérdida que se pueda generar derivado de permitir el libre paso en caso de siniestro.

Gracias a la comisión, gracias al presidente y a la que entonces estaba como presidenta, la diputada María Elena Orantes, y hoy al diputado Adán Pérez Utrera. Gracias a cada uno de los integrantes en nombre de los mexicanos.

Espero fielmente y fervientemente que nunca se llegue a necesitar abrir la pluma porque con ello va mi fiel deseo de que nunca tengamos una condición de amenaza para la vida humana, pero que cuando se haga necesario ya exista en ley una obligación de que se salvaguarde la vida de los mexicanos, aun a costa del interés económico que pudiera implicar para el país o para los particulares.

Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias a todos. Vamos obviamente acompañando esta modificación, esa propuesta de iniciativas porque tenemos responsabilidad para con el pueblo de México, Gracias a todos ustedes.

Presidencia del diputado Edgar Romo García

El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, para fijar la posición de su grupo parlamentario, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez:Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su permiso, diputado presidente. Las vías de comunicación son elementos fundamentales para el desarrollo de un país. Podemos decir que su utilidad va más allá del desarrollo económico, pues las carreteras son un factor determinante para acercar a las comunidades alejadas a los grandes centros de población.

De este modo las funciones que cumplen los medios de transporte y las carreteras, no se limitan únicamente a permitir el tránsito de pasajeros o bienes, sino que trascienden a tal punto que el cuidado y ampliación de la infraestructura se convierte en un factor importante para el ejercicio pleno de ciertos derechos por parte de la población.

En México tenemos una importante red carretera que se expande por todo el territorio nacional a lo largo de aproximadamente 374 mil kilómetros, de los cuales 49 mil corresponden a tramos federales distribuidos 8 mil 400 en carreteras de cuota y 40 mil 600 kilómetros en carreteras de libre peaje.

En ese contexto, la gran cobertura de la red carretera nacional permite que se atiendan emergencias de manera rápida, sobre todo considerando aquellos tramos bajo jurisdicción federal que abarcan una mayor extensión territorial y que tienen conexiones con comunidades a lo largo de todo nuestro país.

Esta modificación a la Ley de Protección Civil pareciera cosa menor, sin embargo no lo es ya que contribuye a garantizar la mayor protección a la totalidad de las personas que viven dentro de nuestro territorio nacional en caso de una emergencia.

A través de esta modificación se permitirá que el Comité Nacional de Emergencias, que es el coordinador de las acciones en situaciones de emergencia y desastre, pueda considerar como prioritaria la evacuación de las personas en zonas de riesgo, eliminando el cobro de peaje en casetas ubicadas entre las zonas de evacuación y la zona segura más inmediata.

La necesidad de poner a salvo la vida de los mexicanos y de todas aquellas personas que estén en riesgo no debe estar sujeta a la posibilidad de pagar o no un peaje. Se debe priorizar en todo momento la integridad y la celeridad para que el mayor número de personas se encuentre en una zona de mayor seguridad en caso de cualquier emergencia.

Somos conscientes de los grandes retos que se enfrentan cuando existe una emergencia, y estamos convencidos que entre más se promuevan acciones a favor de la seguridad y el buen resguardo de la gente, se pueden minimizar los daños y, sobre todo, las pérdidas humanas.

Nuestro partido siempre se ha sumado a las iniciativas que generen mejores condiciones de vida, de seguridad y de protección para la gente, y esta será una más a la que nos vamos a sumar, pues la única prioridad en caso de riesgo y emergencia, deben ser las personas, su salvaguarda y su bienestar. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, para fijar la posición de su grupo parlamentario, el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, de Morena.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López:Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras, compañeros, a toda la gente que nos sintoniza en el Canal del Congreso, buenas tardes.

México, por su ubicación geográfica, se encuentra expuesto a una gran ocurrencia de fenómenos naturales que año tras año causan pérdidas de vidas y daños a la infraestructura y medio ambiente.

Ante los constantes acontecimientos que afectan a muchas entidades de la República, se ha demostrado que en nuestro país existen fallas en el sistema de prevención que permiten integrar y difundir de manera oportuna y eficiente, la toma de decisiones y establecer las acciones necesarias ante posibles desastres naturales.

Dice Juan Villoro que los mexicanos llevamos un sismógrafo bajo la piel, y además que los sismos son los verdaderos jueces de las honestidad o desfachatez de los ingenieros y arquitectos. Y con los últimos movimientos que hemos acontecido en la República Mexicana, nos hemos dado cuenta que la solidaridad y la contribución de los mexicanos mucho ha superado a las propias iniciativas de las instituciones mexicanas.

Es por esto, que lo que hoy estamos discutiendo tiene especial relevancia. Es de cierta forma una contribución de esta soberanía para ayudar al tema donde se facilitará el rescate de vidas y también ayudará al movimiento de las personas que quieren ayudar a estos fenómenos, a voluntarios y, sobre todo, a aquellos que fueron afectados por cualquier tipo de este desastre.

Debemos recordar que, en el pasado sismo de septiembre, nuevamente la sociedad civil se organizó. Ese surgimiento de solidaridad cambió para siempre el tejido social de los habitantes de las zonas afectadas, los ciudadanos tomaron diversas iniciativas para ayudar al desastre y por su parte las autoridades tomaron la decisión de liberar de cobro las casetas. Con ello se aceleró la ayuda a los lugares afectados por el sismo, pero también se logró que caravanas de voluntarios pudieran desplazarse libre y rápidamente hacia las zonas afectadas para contribuir a la ayuda.

Por ello, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley General de Protección Civil es una iniciativa oportuna, toda vez que derivado de los fenómenos meteorológicos y sismológicos que ocurren en nuestro país se hace necesario y urgente reforzar y desplegar una serie de acciones que complementen las atribuciones que tiene actualmente el Comité Nacional de Protección Civil, en materia de emergencias y desastres naturales que afecten eventualmente a nuestro país, con información objetiva y concreta que estará sustentada a través de los boletines y comunicados hacia los medios de comunicación y el público en general, con el fin de evacuar las zonas de riesgo.

Además, el exonerar las diversas cuotas de peaje en el tiempo de contingencia coadyuvará en facilitar el tránsito de personas y víveres que requiere la población. Así, el desplazamiento de los servicios de emergencia, protección civil y voluntarios no se verán afectados para emitir un gasto por esta noble labor que están realizando.

El espíritu de la presente iniciativa tiene como interés salvaguardar la vida humana por encima de cualquier consideración o ganancia económica, situación que nos parece congruente y loable. En Morena pensamos y estamos convencidos que en ningún caso el interés económico debe de prevalecer por encima de una vida, por eso votaremos a favor del presente dictamen. Muchas gracias.

El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos para fijar la posición de su grupo parlamentario, la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María Cristina Teresa García Bravo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy estamos discutiendo ejemplifica a la perfección uno de los enormes defectos a los que incurrimos al tratar de convocar al voto unánime de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara.

Cierto es que generar consensos es quizá una de las labores legislativas que mayor oficio y esfuerzo político requiere, sin embargo, en aras de privilegiar el consenso muchas veces se sacrifica la precisión, la claridad y el buen empleo de la técnica legislativa. Resulta por demás cuestionable que, detrás de las posiciones divergentes que dificultan los consensos, se oculta la defensa de intereses económicos particulares.

En el caso que nos ocupa resulta inadmisible que, en el ánimo de defender las ganancias de los concesionarios carreteros, la ley tenga que escatimar, tenga que aplazar las acciones urgentes e inmediatas para facilitar evacuaciones de las personas que se encuentran atrapadas en una zona de riesgo.

Resulta inadmisible que, después de subsidiar las ganancias de estos particulares con los impuestos que pagamos todos los mexicanos y que se han canalizado a través de Fondo de Rescate Carretero, que después de que a costa del presupuesto público se paguen sobrecostos de construcción y operación en las autopistas, por ejemplo, a la española OHL, todavía tengamos que solicitar la consideración de empresas para ver si están dispuestos a exentar el peaje cuando se presente una situación que amerite la pronta evacuación de los ciudadanos, resultado de una situación de emergencia.

El dictamen a discusión se modificó y trastocó el sentido de la iniciativa presentada por la diputada integrante de la coalición Por México al Frente, Rosa Alba Ramírez Nachis, misma que ubica con precisión el sentido de emergencia de una situación que amerite instruir o solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinar la exención del peaje en aquellas autopistas en las que se requiere evacuar a personas en situación de riesgo en forma inmediata.

Nada más imperioso en una situación de emergencia que emitir un acto de autoridad ágil a cargo de la autoridad específica, en este caso la SCT.

El dictamen le da vuelta al sentido de emergencia para que la emisión de un acto de autoridad y reduce este vital asunto a una ambigua expresión en voz pasiva, que tibiamente expresa: se gestionará la exención de peaje.

Es menester entonces preguntarnos: ¿ante quién o quiénes se va a gestionar? ¿Cómo se va a gestionar, a través de una llamada telefónica, de un correo electrónico, o mediante un oficio con tres copias? ¿Cuál será el plazo para llevar a cabo esta gestión?

Una lectura entre líneas que puede desprenderse del texto del dictamen resulta por demás inquietante, ya que puede concluirse que quienes verdaderamente mandan el subsector carretero no es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino los concesionarios privados.

Nuestro grupo parlamentario votará a favor. Sin embargo, consideramos importante mejorar esta reforma, por lo que presentamos reservas para reintegrar el sentido y alcance original de la propuesta legislativa, misma que mandata un mecanismo específico para garantizar la pronta e inmediata salvaguarda, la seguridad y la protección de la población que se encuentre en zona de riesgo ante una situación de desastre o emergencia.

Solicitamos su voto favorable para dicha reserva, por lo que votaremos a favor en lo general y en lo particular la reserva. Gracias por su atención. Gracias, presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Noemí Guzmán Lagunes, para fijar, hasta por cinco minutos, la posición de su Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, salvaguardar la vida de los mexicanos y velar por su integridad es una obligación del Estado y una responsabilidad en la que nosotros, como diputadas y diputados, contribuimos al legislar en materia de protección civil.

Este día vengo a nombre del Grupo Parlamentario del PRI a exponer el posicionamiento del apoyo y pleno respaldo al dictamen con proyecto de decreto presentado por la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, para reformar la Ley General de Protección Civil para la condonación de peajes como medida preventiva ante las emergencias o desastres.

En efecto, el dictamen plantea modificar el artículo 34 de la ley para incluir, como atribución del Comité Nacional de Emergencias, la gestión de exención de peajes en casetas de cobro ubicadas entre zonas de evacuación y las zonas seguras durante la emergencia.

En la emergencia es prioritario apoyar con todos los medios disponibles a la población en riesgo y ponerla a salvo de peligros o de los efectos más destructivos de los desastres.

La prevención, la preparación y el auxilio son etapas de la gestión del riesgo que implican la atención planificada y eficaz de las emergencias, atención que incluye una evacuación expedita, ordenada y debidamente reglamentada.

Lo anterior, no debe de improvisarse ni tampoco depender de decisiones de última hora sino que debe formar parte de protocolos claros y previamente definidos, protocolos preventivos.

El propósito del Sistema Nacional de Protección Civil, del cual todos somos parte, es servir y mostrar solidaridad con las personas que resultan afectadas por una situación de emergencia o desastre.

México es un referente internacional en materia de protección civil, reconocido por Naciones Unidas, por ello, nuestro país fue elegido para celebrar en mayo del año pasado la plataforma global para la reducción del riesgo de desastres.

Esta iniciativa se suma a los esfuerzos del gobierno de la República para mejorar la respuesta a los desastres y reforzar las capacidades y logística que permitan asegurar una mejor atención de las contingencias provocadas por los fenómenos perturbadores.

Para eso es la reforma, para que cada quien desde su respectiva competencia contribuya a salvar vidas, a fortalecer la resiliencia, el auxilio y la más pronta recuperación de los afectados o damnificados.

Una de las grandes lecciones que nos han dejado los sismos y ciclones tropicales, que a lo largo de la historia y hasta nuestros días han impactado con gran severidad al país, es la necesidad de actuar de forma adecuada, es decir, planeada y organizada tanto el gobierno como la sociedad.

Los fenómenos naturales no pueden predecirse, pero sí estamos obligados a prever su ocurrencia, a mitigar sus efectos y a reducir el riesgo de desastres.

Por todo ello, lo reitero, el Grupo Parlamentario del PRI se manifiesta a favor del presente dictamen con la convicción y el compromiso de nuestra aportación a la seguridad y prevención individual y colectiva de la población.

Impulsemos desde la ley un futuro más seguro y resiliente para todos los mexicanos, trabajemos juntos compañeros diputados y compañeras diputadas por una cultura de prevención, de protección civil para toda la sociedad mexicana. Es cuanto.

El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna para proponer modificaciones al dictamen, el diputado Jorge Tello López, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.

El diputado Jorge Tello López:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, en nombre del Partido de la Revolución Democrática hago uso de esta tribuna para explicar la reserva con la que se reforma el artículo 34 de la Ley General de Protección Civil.

Tal y como lo expusimos en nuestro posicionamiento, este dictamen trastocó el sentido de la iniciativa original para que la Comisión de Emergencia instruyera a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a determinar la exención del peaje en aquellas autopistas en las que se requiera evacuar a personas en situación de riesgo en forma inmediata.

El dictamen soslaya el sentido de emergencia para la emisión de un acto de autoridad y reduce este vital asunto a una ambigua expresión en voz pasiva que tibiamente expresa, se gestionará la exención del peaje. Reiteramos nuestra pregunta, ¿ante quién o quienes se va a gestionar?

La ley no puede abrir espacios de intermediación, y menos ante una situación de emergencia. El protocolo de actuación debe quedar perfectamente delineado. Nada más imperioso en una situación de emergencia que emitir un acto de autoridad ágil, pero ese acto debe estar a cargo de la autoridad facultada para ello, en este caso es la SCT.

Bajo ciertas modificaciones de forma y de técnica legislativa, nuestra reserva no hace otra cosa que preservar el sentido de la iniciativa original, atendiendo a la consideración de la dictaminadora, misma que estableció la precisión consistente en que la exención del peaje deberá ser solo en casetas de cobro ubicadas entre la zona de evacuación y la zona considerada como segura. El texto propuesto quedaría del siguiente modo.

El Comité Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

1. Solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la inmediata exención del peaje en las casetas de cobro ubicadas entre la zona de evacuación y la zona considerada como segura, a fin de facilitar la evacuación de las personas que se encuentran en las zonas de riesgo.

Es cuanto. Muchas gracias.

El presidente diputado Edgar Romo García:Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Edgar Romo García: Se desecha. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Edgar Romo García: Suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 361 votos, 0 abstención, 0 en contra, de un total de presentes de 361 diputadas y diputados.

Presidencia del diputado Arturo Santana Alfaro

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Aprobado en lo general y en lo particular por 361 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.



LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Susana Corella Platt, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Susana Corella Platt:Con su permiso, amigo presidente.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputada.

La diputada Susana Corella Platt: Honorable asamblea, muy buenas tardes. Comparto con ustedes que desde la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales hemos plasmado un esfuerzo importante de debate y construcción de acuerdos en favor siempre del medio ambiente y sus recursos naturales.

Pareciera una tarea muy ágil y sencilla desde la lógica de los temas que se discuten respecto del sector del medio ambiente que generalmente son muy nobles. Ocasionalmente se agregan algunos grados de dificultad en temas que construimos, sin embargo siempre provocamos el mejor entendimiento de acuerdos dentro del marco normativo, lo cual tengo que agradecer profundamente a mis compañeros de comisión sin duda alguna.

En esta ocasión quisiera compartirles que el deterioro de los ecosistemas en diversas latitudes de nuestro territorio nacional es francamente un escenario que continuamente vivimos día a día. Esto deriva por supuesto de la actividad antropogénica, la cual es evidente no cesará. Ello derivado de que la sociedad tiene que continuar su camino.

La gran interrogante es, compañeros, ¿de qué manera continuamos este camino? En fin, decía ya que los ecosistemas se ven sistemáticamente disminuidos, deprimidos, incluso desafortunadamente en algunos casos agotados y extintos. Para ello me parece importante resumir qué significa un ecosistema. Atendiendo a diversos autores y biodiversidad mexicana, entendemos por ecosistema el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con un ambiente abiótico mediante procesos como la depredación, parasitismo, competencia, la simbiosis con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes.

Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas, animales y sistemas de agua, dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y de energía al ecosistema.

Cabe señalar que el concepto de ecosistema ha evolucionado desde el momento que formalmente se reconoce su origen. En los años 30 del siglo pasado, época en la que dos científicos ingleses, Roy Clapham y sir Arthur Tansley, consideraron que el ecosistema en un principio se aplicaba a unidades de diversas escalas espaciales desde un pedazo de tronco degradado, un simple charco, una región o la biósfera entera del planeta, siempre y cuando en ellas pudieran existir organismos, ambiente físico e interacciones. Recientemente se le ha dado un énfasis geográfico y se ha hecho análogo las formaciones o tipos de vegetación, es decir, matorral, bosque de niebla, pastizal, entre otros.

Ahora bien, es preciso señalar que la biodiversidad mexicana en este tipo de implicaciones ignora el hecho de que los límites de algunos tipos de vegetación son discretos, mientras que los límites de los ecosistemas no lo son.

Es preciso notar que la definición alude a una característica geográfica, ya que los ecosistemas deben cumplir para ser considerados como es el caso de los costeros, lo que implica cualquier ecosistema.

Por supuesto que la mayoría de los ecosistemas no la ponemos en tela de juicio considerando que la interacción entre seres y especies diversas se requieren, insisto, que las unas de las otras y, derivado de lo que hasta el momento les comparto, consideramos de suma importancia incorporar el concepto de ecosistema costero en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En el artículo, fracción XIII Bis, para que se establezca el siguiente entendimiento: ecosistemas costeros son las playas, las dunas costeras, los acantilados, franjas intemariales, los humedales costeros, tales como las lagunas interdudinarias, las lagunas costeras, los esteros, los marismas, los pantanos, las ciénegas, los manglares, los petenes, los oasis, los cenotes, los pastizales, los palmares y las selvas inundables, los arrecifes de coral, por supuesto, los ecosistemas formados por comunidades de macroalgas y de pastos marinos, fondos marinos, o bentos y las costas rocosas. Estos se caracterizan porque se localizan en la zona costera pudiendo comprender porciones marinas acuáticas y/o terrestres que abarcan en el mar a partir de una profundidad de menos de 200 metros, hasta 100 kilómetros tierra adentro o 50 metros de evaluación.

Estimados, es de vital relevancia la incorporación de dicho precepto en la ley del marco ambiental, para los efectos de un correcto entendimiento y establecer mejores mecanismos de protección de la diversidad biológica con la que cuenta nuestro país y que sin duda heredaremos en mejores condiciones a las generaciones actuales y futuras. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Corella Platt.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, el diputado Gonzalo Guízar Valladares.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Muchas gracias diputado presidente.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputado Guízar.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Estas disposiciones que hoy habremos de votar para convertirla en ley con la mayoría de ustedes, consiste en reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Veo algo muy necesario diputadas y diputados, sobre todo en el concepto de ecosistemas costeros, toda vez que el desarrollo económico, el desarrollo social, este crecimiento que cada vez la presión social incrementa su dinámica y destruye el ecosistema, creo que el esfuerzo de la comisión hoy tiene que ver mucho para regular el ecosistema costero, elevar este concepto en ley; es decir, llevar principios científicos a principios de ley, que la ley establezca estos conceptos a fin de proteger el medio ambiente, estamos hablando de 263 municipios que están vinculados a estos conceptos.

Y ¿cómo regularlos para que el sector inmobiliario y otros no destruyan el ecosistema? Esa es la esencia de esta reforma, de esa disposición, que estamos hoy por aprobar con la mayoría de todos nosotros.

Creo que es noble, sobre todo porque de las 32 entidades federativas, 17 tienen frente litoral en donde existen, decía yo al principio, 263 municipios costeros, de los cuales 150 cuentan con frente de mar y 113 con influencia costera.

La longitud de la línea de costa de dichos estados es aproximadamente de 11 mil 122 kilómetros en las zonas costeras antes mencionadas. Creo que esto es el significado y la trascendencia de esta gran disposición que hoy estamos discutiendo, y en su caso aprobando.

Están expuestos por los hidrocarburos, por la explotación de éstos, estos ecosistemas costeros, compañeras y compañeros, están expuestos por las actividades del ser humano y que muchas veces van en su contra de la propia especie humana. De ahí la importancia en un sentido ambientalista, que aprobemos y de ahí también la importancia de que el Partido Encuentro Social por supuesto que iremos a favor, toda vez que la diversidad biológica son frágiles.

Esos conceptos como la acuicultura, la extracción de hidrocarburos, minerales, la transportación marítima y el turismo están en riesgo con esas actividades en materia de ecosistemas costeros.

Estamos convencidos que si cuidamos el medio ambiente estamos cuidando la sustentabilidad y estamos cuidando a las futuras generaciones. No puede haber un país que se jacte de cuidar el futuro, si no piensa en su medio ambiente. Es una gran realidad. Nosotros hoy estamos propiciando, créanmelo, un gran futuro para las futuras generaciones que hoy se verán reflejadas en el porvenir con una seriedad y con una responsabilidad al aprobar estos principios que son elementales que estén establecidos en la Ley General de Protección, de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Por eso muchas gracias. Creemos que con esas acciones estamos totalmente del lado correcto de la historia. Es importante la responsabilidad social, es importante el compromiso ético, pero sobre todo que estos se lleven y se establezcan en una norma, en una ley como la que hoy estamos discutiendo. Muchas gracias, enhorabuena. Muy amables.

Presidencia del diputado Edgar Romo García

El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, para fijar posición por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza hemos impulsado acciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por ello asumimos la protección del medio ambiente como eje rector de nuestro trabajo legislativo, toda vez que estamos convencidos de la necesidad de procurar los instrumentos y las políticas públicas necesarias que garanticen la sustentabilidad actual, sin dañar el de futuras generaciones.

La extraordinaria riqueza biológica y ecológica que existe en México debe contar con la protección normativa que permita la conservación de la biodiversidad y de los bienes y servicios ecológicos.

El dictamen que hoy nos ocupa va encaminado a fortalecer la protección de los ecosistemas costeros, al incorporar en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente su definición, de tal suerte que se entienda por ecosistema costero a las playas, a los palmares, a los arrecifes de coral, entre otros, todo lo que se localiza en la zona costera, pudiendo comprender porciones marinas, acuáticas y terrestres.

A través de esta reforma se subsana una laguna legal y preservación del medio ambiente, la biodiversidad y la integridad de los referidos ecosistemas.

En México contamos con una importante dotación de recursos naturales. En Nueva Alianza tenemos la firme convicción de salvaguardarlos, de reconocerlos como activos estratégicos de nuestro país. Por su atención, muchas gracias, es cuanto, presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos para fijar posición de su grupo parlamentario, por Movimiento Ciudadano, la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres.

La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres:Muy buenas tardes a todas y a todos. El posicionamiento que hoy presentaré es —muy a pesar de lo que pensamos en Movimiento Ciudadano— de esta agilización que se le debe dar a los trámites en las iniciativas. Esta iniciativa que presentó nuestro amigo Macedonio y que tiene tres semanas que no es promulgada, que justamente hablaba de eso, de darle tanta vuelta a estos temas en donde ya discutimos en comisión y que hoy nuevamente ocho oradores estamos dándole vuelta a esto, habiendo tantos temas importantes en el país, para discutir.

Justamente hablábamos sobre la efeméride que se tendría que hacer con respecto al Día de la Bandera, en donde íbamos a fijar también posicionamiento importante al respecto de todo lo que se está haciendo en torno a los casos de corrupción que se han estado destapando en los últimos días.

Pero bueno, pues son procesos que tenemos que llevar. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta ley, con este dictamen que hoy votamos a favor y que ya lo hicimos en comisión. Una comisión que, por cierto, llevamos solamente 15 sesiones durante ya casi estos tres años, en donde hay temas tan importantes para el país, que la Comisión de Medio Ambiente solamente en forma de albazo, en días pasados, quería sacar también el tema de la Ley de Biodiversidad.

Les platico, así como ya lo han comentado mis compañeros, existen 17 estados que colindan con el mar, lo que constituye un total de 11 mil 122 kilómetros de litoral, por lo que nuestro país debe de entenderse como un país costero.

Como referencia estadística, son 150 municipios con frente de playa, es casi un quinto de la superficie del país, en dicha zona se asienta una gran parte de la población y sus actividades aportan una parte importante del producto interno bruto nacional.

La importancia de las zonas costeras en nuestro país es estratégica, tanto desde el punto de vista del desarrollo económico como de la seguridad nacional, al albergar, como se mencionó, una gran diversidad de actividades que suelen presentar conflictos por el uso y apropiamiento de los recursos, tales como el suelo, el agua y el paisaje.

Por lo que digo, les expondré algunos datos duros. Los ecosistemas costeros son los más productivos, pero también los más amenazados en el mundo, incluyen ecosistemas terrestres, por ejemplo, los sistemas de dunas, áreas en donde el agua dulce y el agua de mar se mezclan y las áreas costeras cercanas al litoral, entre ellas los manglares y humedales junto con la fauna que ellos habitan, como la vaquita marina, la ballena y el tiburón.

Los ecosistemas costeros proporcionan diversos servicios a la sociedad, entre ellos, estabilidad y protección a la zona costera, fuente de alimentos por medio de las pesquerías, materiales de construcción, farmacéuticos, regularización del clima y recreación, entre otros.

Los mares y la zona costera de México son uno de los pilares de desarrollo nacional. Según datos oficiales, el deterioro ambiental —con la consecuente pérdida de los hábitats naturales de biodiversidad marina y de muchos recursos socioeconómicos— han provocado que México sea uno de los países con los ecosistemas marinos más frágiles y vulnerables ante los impactos de los fenómenos naturales y de origen, entre ellos, el cambio climático.

No obstante, la regularización en la materia no es suficiente, por decir de los expertos la sobrerregularización no será la salida para la protección de los ecosistemas costeros, pero sí la precisión de datos como la que se incluye en esta propuesta.

Por lo anterior, la bancada de los diputados ciudadanos consideramos que la normatividad actual no es lo suficientemente clara en este aspecto y estaremos a favor de todas las acciones que sean necesarias para poder potencializar el cuidado de nuestros ecosistemas.

Pese a esto, debo enfatizar que la problemática de la zona costera en México ha sido abordada por la gestión pública de manera desarticulada y los esfuerzos institucionales para manejar la franja costera han sido planteados desde visiones sectoriales aisladas.

De este modo, los planes y programas vinculados a la zona costera se encuentran dispersos en distintas instituciones públicas sin articulación evidente, por lo que se requiere aplicación estricta y seguimiento.

Reiteramos, que las precisiones son necesarias, pero será más importante la aplicación precisa de las leyes que fomenten la protección, el cuidado y el control de permisos, accesos y tránsito en estas áreas, lo que deberíamos de estar continuamente discutiendo deberían de ser datos duros que ofrezcan más estadísticas para la protección de nuestro medio ambiente.

La ejecución de la política integral de sistemas costeros y sus sistemas de influencia es innecesaria y las precisiones fundamentales para su conservación eficaz. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, para fijar la posición de su Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Daniela García Treviño.

La diputada Daniela García Treviño:Con la venia de la Presidencia. Sin duda alguna, México posee una gran riqueza natural en sus regiones oceánicas y costeras, en las cuales se generan actividades económicas de importancia nacional e incluso mundial, como son la pesca, la acuacultura, la extracción de hidrocarburos y minerales, la transportación marítima y el turismo, por citar solo algunos ejemplos.

Actualmente, la importancia de las zonas costeras es estratégica, tanto desde el punto de vista del desarrollo económico como el de la seguridad nacional, pues estas albergan, como se mencionó, una gran diversidad de actividades que suelen presentar conflictos por el uso y apropiación de los recursos naturales tales como el suelo, el agua y el paisaje.

Es innegable el hecho de que los mares y océanos son fundamentales para el desarrollo sostenible, ya que proporcionan alimentos y minerales, generan oxígeno, absorben gases de efecto invernadero y desaceleran el cambio climático.

Al respecto, la Conabio ha señalado en varias ocasiones que los literales de nuestro país y sus amplias zonas costeras albergan una enorme riqueza de especies de flora y fauna y que estos ecosistemas aportan importantes servicios ambientales, razón por la cual deben ser preservados.

En este sentido, la Conabio ha advertido que existen vacíos en la legislación, por ejemplo, la falta de una definición precisa de lo que se considera como ecosistema costero, situación que obstaculiza su adecuada protección frente a amenazas como el crecimiento de la población, las actividades agrícolas y ganaderas, así como la construcción de complejos turísticos y urbanos.

Si bien es cierto que en nuestra legislación existe la figura de evaluación de impacto ambiental, también lo es que con dicho procedimiento se evalúan únicamente los impactos ambientales de las obras y actividades que la misma ley indica. Y si no contamos con un concepto bien delimitado de lo que es un ecosistema costero, el resultado de dicha evaluación no puede reducir, mitigar ni compensar en la totalidad los posibles daños ambientales que se generen.

En virtud de ello se advierte la necesidad de establecer en la ley una definición precisa de los ecosistemas costeros que contribuya a evaluar correctamente el impacto ambiental de las obras y actividades que ponen en riesgo el equilibrio ecológico en los mismos, procurando un balance entre el desarrollo y la protección del entorno.

Por lo anteriormente expuesto, propusimos la modificación que hoy se pone a consideración en este pleno. Estamos seguros de que con la aprobación del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente se construya preservar mejor la biodiversidad de nuestras costas, por lo cual pedimos su respaldo. Es cuanto. Muchas gracias.

El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena, para fijar posición.

La diputada María Chávez García:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, 17 estados de la República Mexicana tienen apertura al mar y representan el 56 por ciento del territorio nacional. En estos estados más de 150 municipios presentan frente litoral y constituyen aproximadamente el 21 por ciento de la superficie continental del país.

Si bien las costas mexicanas están ampliamente reconocidas como áreas de gran relevancia económica, ya que en ellas se realizan importantes actividades productivas que van desde las extractivas, las industriales y las turísticas, a la vez son áreas que proveen servicios ambientales de los cuales depende el bienestar de todos nosotros. Ya sea que vivamos cerca del mar o aun aquí, en el centro del país.

El Programa de la ONU para el Medio Ambiente nos advierte que los ecosistemas costeros y marinos, como los manglares, lagunas costeras y esteros, entre otros, almacenan más de la mitad del total de carbono que captura la naturaleza. Sin embargo, su potencial económico y de sustentabilidad ambiental se encuentra en riesgo, debido a la falta de una regulación que asegure la defensa de sus recursos naturales y su desarrollo sustentable.

En la zona costera se entremezclan factores ambientales, sociales y económicos de gran relevancia, por lo que son un mosaico de ecosistemas interrelacionados en mayor o menor medida con los sistemas productivos.

Construir un marco jurídico apropiado para los sistemas costeros no es tarea fácil, ya que las costas son un ámbito geográfico, geológico, ecológico y socioeconómico único, presentan una complejidad que no suele dar en otras zonas y son las regiones más dinámicas y cambiantes de nuestro planeta.

En Morena estamos a favor de la conservación y preservación de la naturaleza, pero también estamos conscientes de la responsabilidad que conlleva. Por lo que antes de aprobar iniciativas las analizamos con detenimiento, oímos a los especialistas que tengan opinión de las mismas y a la sociedad en general, buscando el equilibrio entre la protección al ambiente y el bienestar de las personas, en búsqueda del desarrollo sustentable.

Creemos que el trabajo legislativo debe de hacerse de frente a la sociedad, incluyéndola en la toma de decisiones, después de estudiar este dictamen concordamos que la reforma planteada a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente contribuirá positivamente al cuidado de los ecosistemas costeros y en la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país, por lo cual en Morena estamos a favor de la misma. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Cecilia Soto González.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: Presidente, muchas gracias. Colegas y amigos, público que nos observa en el Canal del Congreso. En 1940 el escrito John Steinbeck, acompañado del biólogo Eduardo Ricketts, hizo un recorrido por la zona costera de la península de California y recorrió también el Mar de Cortés hasta llegar a la Isla del Tiburón. Lo que encontró fue un mar rico en especies, en variedades y de grandes tallas. Como ustedes saben Jacques Cousteau también celebró el Mar de Cortés como el acuario del mundo por su riqueza.

Hoy el Mar de Cortés puede ser la tumba de la vaquita marina y de otras especies. Es por ello que me parece, y le parece al Partido de la Revolución Democrática, muy pertinente esta modificación a la ley para que se defina lo que es el término ecosistema costero.

Sin embargo, es difícil o imposible que esta ley pueda tener un efecto positivo para remediar el daño hecho a las zonas costeras de nuestro país si no se toma en cuenta todo el contexto de la zona costera. Es decir, por ejemplo, la protección a los manglares donde diversas especies se reproducen como el camarón.

La regulación de los drenes agrícolas que llevan las descargas de los cultivos agrícolas al mar, la prohibición de volver a construir grandes presas que, se ha demostrado, disminuyen la proporción de agua dulce en el mar y ha tenido una serie de consecuencias ecológicas devastadoras en las costas. La regulación de las aguas estuarinas en la protección de los esteros.

En ese sentido, el Partido de la Revolución Democrática está a favor de esta ley porque resulta oportuno establecer en la ley la definición, así como el alcance conceptual denominado ecosistema costero.

Resulta un asunto de la mayor relevancia la generación de una definición que venga a cubrir el vacío legal que hasta ahora existe en torno a los ecosistemas costeros, pero sobre todo porque nos parece de la mayor pertinencia y acierto el determinar que las actividades que pueden afectar estos ecosistemas sean objeto de evaluación ambiental, específicamente con las modificaciones propuestas a la fracción X del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

De aprobarse el conjunto de reformas propuestas, estaríamos en la posibilidad de ampliar y fortalecer la protección a estos ecosistemas, lo cual no es un asunto menor ya que, por ejemplo, estos ecosistemas costeros están constantemente amenazados por diversas actividades con un amplio impacto perturbador y contaminante como es la minería subacuática.

Es muy importante plantear los hallazgos de los biólogos que estudian, por ejemplo, el Mar de Cortez, ha habido un constante, una constante disminución de las tallas de peces que logran pescarse, ha habido una disminución de la variedad también de estos peces, hay una pérdida de la biodiversidad aguda en las zonas costeras.

Por ello, y muy a propósito por el tema, no deja de ser paradójico que a la par que estemos aprobando este dictamen, probablemente que concitará una votación favorable y quizás unánime, la propia Comisión del Medio Ambiente esté procesando otro dictamen, el de la minuta por la que se expediría la Ley General de Biodiversidad, iniciativa que contraviene por completo el sentido y la letra de los cambios que hoy estamos votando, por ejemplo al disminuir los esquemas de protección a las áreas naturales protegidas al grado de permitir y alentar la minería en las zonas núcleos de las áreas naturales protegidas.

No solo eso, también la iniciativa sobre biodiversidad abre la puerta para privatizar los recursos genéticos del país y despojar a pueblos indígenas de su patrimonio biocultural y hasta el conocimiento asociado al mismo, además de permitir el incremento de la extinción de nuestras especies endémicas.

Es nuestro deseo que quienes hoy están votando a favor del presente dictamen, guarden una estricta congruencia con las razones por las que han sustentado su voto e impidan el avance de la minuta de biodiversidad hasta en tanto no se procesen las modificaciones que se han planteado desde la comunidad científica e intelectual, así como desde muy diversas organizaciones indígenas, campesinas y civiles.

Me avisan que se me acaba el tiempo. Quisiera apoyar aquí las observaciones formuladas por la diputada de Movimiento Ciudadano, Angie, al quejarse de un funcionamiento poco sistemático y riguroso, yo diría con inclinaciones partidarias de la Comisión de Medio Ambiente, que ha sesionado poco y mal. Muchas gracias, presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene el uso de la tribuna, para fijar la posición de su grupo parlamentario, hasta cinco minutos, el diputado Carlos Alberto Palomeque Archila, del Partido Acción Nacional.

El diputado Carlos Alberto Palomeque Archila:Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, con el permiso de la Presidencia.

El dictamen que hoy se presenta en el pleno pretende integrar la definición de ecosistemas costeros, con el objetivo de preservar estas zonas, que cumplan importantes servicios ambientales, y que se han visto afectados por obras o actividades humanas.

Esta propuesta es relevante ya que, resultado del análisis de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, se mejoró la propuesta del iniciador para resarcir la falta de la definición de ecosistemas costeros en la ley.

Dicha omisión ha generado incertidumbre jurídica al no establecerse claramente el territorio y la diversidad de hábitat que comprenden estos ecosistemas. Si bien hasta ahora se ha mencionado en la ley el requisito de autorización de evaluación de impacto ambiental para quien pretendiera realizar desarrollos inmobiliarios en ecosistemas costeros, esta propuesta se amplía considerando que, además de la infraestructura inmobiliaria, otro tipo de actividades pueden afectar estos territorios.

Esta actualización en la legislación en materia de protección de ecosistemas era urgente realizarse. Recordemos lo sucedido en enero del 2016, cuando se presentó la tala de manglares en el Tajamar, Quintana Roo, provocándose un daño en el hábitat y en la biodiversidad de la zona, que hasta el momento no se ha podido resarcir.

En la Rivera Maya, específicamente en el municipio de Solidaridad, en Quinta Roo, se detectó que de 1976 al 2001 se perdió la mitad del coral vivo en la zona. La Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad ha señalado que, tanto los fenómenos naturales como los huracanes, aumentarán los efectos del cambio climático, lo que provocará serias afectaciones que modificarán el papel que juegan los ecosistemas costeros en la regularización de vientos y del oleaje.

Con estas reformas se podrán establecer las reglas que en estas zonas costeras se promuevan estrategias de desarrollo sostenibles, donde se aprovechen, conserven y restauren los ecosistemas costeros de forma eficiente, en términos económicos, sociales para proteger los bienes y servicios ecosistémicos, además de las infraestructuras humanas.

Diputados y diputadas, con la aprobación de este dictamen se avanzará en la amortización de la legislación en las zonas costeras, toda vez que actualmente se encuentra muy fragmentada por diversas políticas sectoriales que impactan la costa mexicana.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor del dictamen, ya que con la aprobación estaremos evitando la devastación y la afectación que por falta de legislación adecuada y actualizada está poniendo en riesgo el capital natural de nuestras costas y que no podrán preservarlo e impactará en la economía local y en los efectos del cambio climático global. Es cuanto, ciudadano presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Como última intervención tiene el uso de la tribuna la diputada Mariana Vanessa Ruiz Ledesma, para fijar posición hasta por cinco minutos, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Mariana Vanessa Ruiz Ledesma: Gracias. Con su permiso, presidente. Frente al inmenso patrimonio natural y geográfico que caracteriza a nuestro país, los mexicanos estamos obligados a actuar con responsabilidad y sensibilidad. Con responsabilidad, conscientes de que nos corresponde mitigar nuestro paso y asegurar que las futuras generaciones puedan disfrutar plenamente de lo que para nosotros es cotidiano. Con sensibilidad, pues por más que nuestra sociedad prospere, esta no podrá existir si acabamos con el medio ambiente.

Ya lo dijo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, si no nos ocupamos de cuidar hoy el medio ambiente, estaremos condenando a las futuras generaciones a quién sabe qué país les toque vivir y en qué condiciones.

Sensible ante ello, el Ejecutivo federal consolidó a México como el segundo país con más ecosistemas protegidos en el mundo, con 182 áreas naturales protegidas. Implementó la estrategia integral para preservar el ecosistema marino del alto Golfo de California, ampliando el polígono de protección y compensando a los pescadores que desarrollaban su actividad en esa zona. Creó el programa de conservación para el desarrollo sostenible, por el cual se promueve la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, entre muchas otras cosas.

Los diputados priistas queremos un México garante del medio ambiente, con un desarrollo que le permita crecer de forma ordenada y sustentable, por eso aprobamos actualizar el andamiaje jurídico para incrementar el uso sustentable de los recursos forestales, sin comprometer los bienes y servicios que ofrecen estos ecosistemas a la sociedad y migrar a un modelo energético que sea responsable con nuestro medio ambiente, incorporando como finalidad el aprovechamiento sustentable de la energía, la protección del medio ambiente y el mantenimiento del balance de los ecosistemas.

Resuelto lo anterior, nos corresponde seguir trabajando para asegurar que la riqueza natural que caracteriza a nuestro país se mantenga viva y vigorosa.

Compañeras y compañeros diputados, México posee el segundo litoral más extenso de América, 17 de las 32 entidades federativas que lo integran tienen apertura al mar, representando el 56 por ciento del territorio nacional.

Las costas de nuestro país abarcan una infinidad de ecosistemas y recursos que resultan atractivos para la inversión privada y el turismo, y aunque han aportado amplios beneficios para el desarrollo económico, múltiples factores, como en el cambio en el uso de suelo, la generación de residuos contaminantes e incluso el crecimiento demográfico han ocasionado impactos significativos en los ecosistemas costeros, modificando o destruyendo el hábitat de la flora y fauna terrestre y acuática.

Pese a lo anterior, la legislación en la materia no prevé una definición que precise el concepto de ecosistema costero, lo que genera un vacío legal y, en consecuencia, incertidumbre respecto a la evaluación, intervención, coordinación y acciones de protección en los tres ámbitos de gobierno para procurar y proteger esos ecosistemas.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente tiene por objeto la restauración y el mejoramiento del ambiente, la preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales.

Dicho ordenamiento señala que la Semarnat será la responsable de evaluar el impacto ambiental de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico.

En ese sentido, establece que las actividades que afecten ecosistemas costeros requerirán de la autorización de impacto ambiental de dicha secretaría. Sin embargo, la ley no define qué deberá entenderse por ecosistemas costeros.

Votaremos a favor del presente dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para brindar mayor protección a los ecosistemas costeros, definiéndolos como aquellos que se localizan en la zona costera, pudiendo comprender porciones marinas, acuáticas o terrestres.

En suma, se trata de preservar nuestros ecosistemas costeros y otorgar certeza jurídica respecto a las obras o actividades que serán sujetas a autorización en materia de impacto ambiental.

Compañeros diputados, debemos estar conscientes de que el desarrollo humano y la protección del medio ambiente no son excluyentes y que el futuro del primero, que nos implica a todas las personas, dependerá en gran medida del destino del segundo. Muchas gracias, sería cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Muchas gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra lo suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Edgar Romo García: Suficientemente discutido en lo general.

De acuerdo con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha presentado reserva alguna para su discusión en lo particular. Por lo tanto, solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

¿Algún diputado o alguna diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el tablero. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 330 votos a favor, 5 abstenciones, 10 en contra. De 346 diputados presentes, presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado en lo general y en lo particular por 330 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Remítase al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Mesa Directiva relativo a la vacante del diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la quinta circunscripción plurinominal.



ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Mesa Directiva.

Acuerdo de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión por el que se declara vacante la fórmula de diputados al Congreso de la Unión por el principio de representación proporcional correspondiente a la primera posición de la lista de la Quinta Circunscripción Plurinominal, asignada al Partido Encuentro Social.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículo 3 fracción XXVI; 10 y 11 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los siguientes

Antecedentes

I. Que en sesión extraordinaria llevada a cabo el 23 de agosto de 2015 el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el acuerdo por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional se asignan a los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social, los diputados que les corresponden para el periodo 2015-2018, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de ese mismo año.

II. Que en dicho acuerdo se asignó al Partido Encuentro Social las dos primeras posiciones de su lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional en la Quinta Circunscripción Plurinominal, siendo la primera de ellas la integrada por los ciudadanos Alejandro González Murillo y Raúl Badillo Ramírez;

III. Que el ciudadano Alejandro González Murillo rindió la protesta de ley como diputado federal en la sesión constitutiva de la presente LXIII Legislatura, llevada a cabo el 29 de agosto de 2015 conforme a las previsiones del artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Que en sesión ordinaria llevada a cabo el martes 20 de febrero de 2017 el referido ciudadano Alejandro González Murillo presentó su solicitud de licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido la cual fue aprobada por el Pleno de esta soberanía, instruyendo la Presidencia de la Mesa Directiva, en consecuencia, a llamar a su suplente;

V. Que en solicitud de licencia el diputado González Murillo, hizo constar su intención de no reincorporarse a su cargo de diputado federal por el tiempo que resta de la LXIII Legislatura;

VI. Que en la misma fecha señalada anteriormente, el ciudadano Raúl Badillo Ramírez, diputado federal suplente de la fórmula encabezada por el diputado Alejandro González Murillo, hizo llegar a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara, una comunicación por la que informa su intención de declinar el ejercicio del cargo de diputado federal en lo que resta de la actual Legislatura, en razón de que ostenta actualmente el cargo de presidente municipal de Huejutla de Reyes, Hidalgo, por lo que solicita que se haga del conocimiento de las instancias correspondientes y se tomen las medidas conducentes conforme a derecho;

VII. Que en razón de la licencia otorgada al ciudadano Alejandro González Murillo, diputado propietario, en la cual queda constancia escrita de su voluntad manifiesta de no ocupar el cargo de diputado federal por lo que resta de la Legislatura y derivado del ocurso remitido por el ciudadano Raúl Badillo Ramírez, diputado federal suplente, mediante el cual informa que no se presentará a tomar propuesta al cargo referido, se actualiza el supuesto de que ninguno de los ciudadanos originalmente electos para ocupar la diputación correspondiente a la primera posición de la lista correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal asignada al Partido Encuentro Social ocupará dicho cargo, generándose una vacante que debe ser cubierta en los términos constitucionales, legales y reglamentarios aplicables y

Considerando

1. Que en términos de lo dispuesto en los artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "...la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido".

2. Que en relación con ello, el artículo 23 numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que:

Artículo 23

3. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.

3. Que el artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala que:

Artículo 20

1. La Mesa Directiva conduce las sesiones de la Cámara y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución y la ley.

4. Que el Reglamento de la Cámara de Diputados prevé lo siguiente en su artículo 3, fracción XXVI, lo siguiente:

XXVI. Vacante: Es la declaración hecha por la Cámara sobre la situación de ausencia en el ejercicio del cargo de diputado o diputada propietario y suplente.

Se somete a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión declara vacante la fórmula de diputados al Congreso de la Unión por el principio de representación proporcional correspondiente a la primera posición de la lista de la Quinta Circunscripción Plurinominal, asignada al Partido Encuentro Social por el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral el 23 de agosto de 2015 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre del mismo año.

Segundo.Comuníquese al Instituto Nacional Electoral, a efecto de que dicho órgano constitucional autónomo informe a esta soberanía de la fórmula de candidatos que siga en el orden de la lista regional respectiva para efectos de que los miembros de dicha fórmula, puedan ser llamados a ocupar el cargo de diputado federal de la LXIII Legislatura.

Tercero.Comuníquese a los ciudadanos Alejandro González Murillo y Raúl Badillo Ramírez.

Cuarto. Comuníquese a los grupos parlamentarios representados en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Quinto.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.— Diputados: Edgar Romo García (rúbrica), Presidente; Martha Sofía Tamayo Morales, Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), vicepresidentes; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Isaura Ivanova Pool Pech (rúbrica), Ernestina Godoy Ramos (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Verónica Delgadillo García (rúbrica), María Eugenia Ocampo Bedolla (rúbrica), Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica), secretarios.»

El presidente diputado Edgar Romo García:Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo al que se ha dado lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado. Comuníquese.

Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a diversas dependencias para que informen las acciones instrumentadas para vigilar y frenar los presuntos abusos en el incremento de precios en los combustibles y gas LP.

———————— o ————————

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a diversas dependencias para que informen las acciones instrumentadas realizadas para vigilar y frenar los presuntos abusos en el incremento de precios en los combustibles y gas LP.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a iniciar una investigación sobre la eventual colusión entre las compañías proveedoras o permisionarios de gas licuado de petróleo en el territorio nacional.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, a hacer del conocimiento público las acciones instrumentadas para vigilar y frenar presuntos abusos en el precio del gas LP.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Energía a hacer del conocimiento público las acciones realizadas para que los precios de la gasolina y el diésel sean más competitivos en beneficio de la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Presidente y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Carlos Iriarte Mercado (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El presidente diputado Edgar Romo García:Consulte la Secretaría si es de aprobarse.

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.



COMUNICACIONES OFICIALES

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Morena.

• Que la diputada Karen Hurtado Arana cause alta como secretaria en la Comisión de Igualdad de Género.

• Que la diputada Karen Hurtado Arana cause alta como secretaria en la Comisión de Juventud.

• Que la diputada Karen Hurtado Arana cause alta como integrante en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 22 de febrero de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso cause baja como integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que el diputado Jesús Ricardo Canavati Tafich cause baja como integrante de la Comisión de Economía.

• Que la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso cause alta como integrante en la Comisión de Economía.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 23 de febrero de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada Yulma Rocha Aguilar cause baja como integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que la diputada Brenda Borunda Espinoza cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

• Que la diputada Brenda Borunda Espinoza cause alta como integrante en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Sin otro particular, le reitero mi consideración más distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

• Que la diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara cause alta como secretaria en la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que la diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Rural.

Sin otro particular, le reitero mi consideración más distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Arturo Huicochea Alanís cause alta como secretario en la Comisión de Justicia.

• Que el diputado Arturo Huicochea Alanís cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Arturo Huicochea Alanís cause alta como integrante en la Comisión de Gobernación.

• Que el diputado Erubiel Alonso cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que el diputado Erubiel Alonso cause alta como integrante en la Comisión de Gobernación.

• Que el diputado Silvino Reyes Téllez cause alta como integrante en la Comisión de Reforma Agraria.

• Que el diputado Silvino Reyes Téllez cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Social.

• Que el diputado Silvino Reyes Téllez cause alta como integrante en la Comisión de Protección Civil.

• Que la diputada Griselda Dávila Beaz cause alta como integrante en la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que la diputada Griselda Dávila Beaz cause alta como integrante en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que el diputado Luis Alonso Pineda Apodaca cause alta como secretario en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que el diputado Luis Alonso Pineda Apodaca cause alta como integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado Luis Alonso Pineda Apodaca cause alta como integrante en la Comisión Jurisdiccional.

• Que la diputada Horalia Noemí Pérez González cause alta como secretaria en la Comisión de Igualdad de Género.

• Que la diputada Horalia Noemí Pérez González cause alta como integrante en la Comisión de Derechos de la Niñez.

• Que la diputada Modesta Yolanda Pacheco Olivares cause alta como secretaria en la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que la diputada Modesta Yolanda Pacheco Olivares cause alta como secretaria en la Comisión de Protección Civil.

• Que la diputada Modesta Yolanda Pacheco Olivares cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que la diputada Joaquina Viveros Cordoba cause alta como secretaria en la Comisión de Pesca.

• Que la diputada Joaquina Viveros Cordoba cause alta como integrante en la Comisión de Derechos de la Niñez.

• Que la diputada Rubí Alejandra Cardoso Guzmán cause alta como secretaria en la Comisión de Juventud.

• Que la diputada Rubí Alejandra Cardoso Guzmán cause alta como integrante en la Comisión de Salud.

• Que la diputada Rubí Alejandra Cardoso Guzmán cause alta como integrante en la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que la diputada Leydi Fabiola Leyva García cause baja como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que la diputada Leydi Fabiola Leyva García cause alta como secretaria en la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que la diputada Dalila Rodríguez García cause alta como integrante en la Comisión de Protección Civil.

• Que la diputada Dalila Rodríguez García cause alta como integrante en la Comisión de Vivienda.

• Que la diputada María Idalia del Socorro Espinoza Meraz cause alta como secretaria en la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que la diputada María Idalia del Socorro Espinoza Meraz cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que la diputada María Idalia del Socorro Espinoza Meraz cause alta como integrante en la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que la diputada Mariana Vanessa Ruiz Ledesma cause alta como secretaria en la Comisión de Transportes.

• Que la diputada Mariana Vanessa Ruiz Ledesma cause alta como integrante en la Comisión de Comunicaciones.

• Que el diputado Josué Muñoz Guevara cause alta como secretario en la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado Josué Muñoz Guevara cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Migratorios.

• Que el diputado Josué Muñoz Guevara cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Social.

• Que la diputada Mayra Herrera Saynes cause alta como secretaria en la Comisión de Población.

• Que la diputada Mayra Herrera Saynes cause alta como integrante en la Comisión de Comunicaciones.

• Que el diputado Rafael Chan Magaña cause alta como secretario en la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado Rafael Chan Magaña cause alta como integrante en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que la diputada Rosa Isela Rojas Luna cause alta como secretaria en la Comisión de Transportes.

• Que la diputada Rosa Isela Rojas Luna cause alta como integrante en la Comisión de Reforma Agraria.

• Que el diputado Fernando Castro Ventura cause alta como secretario en la Comisión de Cultura y Cinematografía.

• Que el diputado Fernando Castro Ventura cause alta como integrante en la Comisión de Infraestructura.

• Que el diputado José Luis Toledo Medina cause baja secretario de la Comisión de Turismo.

• Que la diputada María del Rocío Zazueta Osuna cause alta como secretaria en la Comisión de Turismo.

• Que el diputado José Luis Toledo Medina cause baja secretario de la Comisión de Pesca.

• Que el diputado Édgar Spinoso Carrera cause alta como secretario en la Comisión de Pesca.

• Que la diputada María Gloria Hernández Madrid cause baja como integrante de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que la diputada María Gloria Hernández Madrid cause alta como secretaria en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que la diputada Sara Latife Ruiz Chávez cause baja como integrante de la Comisión de Pesca.

• Que la diputada Sara Latife Ruiz Chávez cause alta como integrante en la Comisión de Turismo.

• Que la diputada Georgina Adriana Pulido García cause alta como secretaria en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que la diputada Georgina Adriana Pulido García cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que la diputada Georgina Adriana Pulido García cause alta como integrante en la Comisión de Turismo.

• Que la diputada Elizabeth Hernández Calderón cause alta como secretaria en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que la diputada Elizabeth Hernández Calderón cause alta como integrante en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que el diputado Ramón Bañales Arámbula cause alta como integrante en la Comisión Jurisdiccional.

• Que el diputado Arturo Huicochea Alanís cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Francia.

• Que el diputado Arturo Huicochea Alanís cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-China.

• Que la diputada Mariana Vanessa Ruiz cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Alemania.

• Que la diputada Griselda Dávila Beaz cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Argentina.

• Que la diputada Claudia Janeth Ochoa Íñiguez cause alta como vicepresidenta en el Grupo de Amistad México-Corea del Norte.

• Que la diputada Claudia Janeth Ochoa Íñiguez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Estados Unidos de América.

• Que la diputada Claudia Janeth Ochoa Íñiguez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Colombia.

• Que la diputada Claudia Janeth Ochoa Íñiguez cause alta como secretaria de la Comisión Especial encargada de estudiar, analizar, evaluar y supervisar el funcionamiento de aduanas, puertos y aeropuertos nacionales.

• Que la diputada Claudia Janeth Ochoa Íñiguez cause alta como secretaria de la Comisión Especial para el desarrollo económico y social de la frontera norte.

• Que la diputada Claudia Janeth Ochoa Íñiguez cause alta como integrante de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.

• Que la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos cause alta como integrante del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

• Que la diputada Gloria Himelda Félix Niebla cause alta como integrante del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

• Que la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo cause alta como secretaria del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

• Que el diputado Miguel Ángel González Salum cause alta como integrante del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

• Que la diputada María Gloria Hernández Madrid cause alta como integrante del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 26 de febrero de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Mario Alberto Mata Quintero cause Alta como Integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Luis Alonso Pineda Apodaca cause Alta como Integrante de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que el diputado José Teodoro Barraza López cause Baja como Integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Que el diputado José Teodoro Barraza López cause Baja como Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado José Teodoro Barraza López cause Alta como Integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge cause Baja como Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado José Teodoro Barraza López cause Alta como Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado Waldo Fernández González cause Baja como Secretario de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

• Que la diputada María Cristina Teresa García Bravo cause Alta como Secretaria de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se consulta a la asamblea si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobados. Comuníquese.



INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El presidente diputado Edgar Romo García:En términos de los artículos 100 y 102 del reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan. (*)

(*) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.



CLAUSURA Y CITA

El presidente diputado Edgar Romo García (a las 16:04 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves primero de marzo de 2018 a las 11 horas.

————— O —————

RESUMEN DE LOS TRABAJOS

• Tiempo de duración de la sesión: 3 horas 52 minutos

• Quórum a la apertura de la sesión: 323 diputadas y diputados

• Comunicaciones oficiales: 33

• Iniciativas de las senadoras y los senadores: 3

• Solicitudes de licencia: 3

• Toma de protesta: 1

• Iniciativas de las diputadas y los diputados: 16

• Declaratoria de publicidad de dictámenes: 1

• Discusión de dictámenes de ley o decreto: 2

• Acuerdos de los órganos de gobierno: 2

• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 41

8 PRI

6 PAN

5 PRD

4 Morena

5 PVEM

6 MC

4 NA

3 PES

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

Álvarez López, Jesús Emiliano (Morena)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en relación con el dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil: 264
Álvarez Maynez, Jorge (MC)
Para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para eliminar las pensiones de los ex presidentes: 180
Barrera Marmolejo, Héctor (PAN)
Para fundamentar el dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil: 260
Bolio Pinelo, Kathia María (PAN)
Para presentar, en nombre propio y del diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del PAN, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 153 Bis a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 141
Botello Santibáñez, María Bárbara (PRI)
Desde la curul, se refiere a la violencia en Guanajuato: 96
Campa Almaral, Carmen Victoria (NA)
Para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México: 185
Cañedo Jiménez, Roberto Alejandro (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento para la Frontera Norte: 153
Castelán Mondragón, María Elida (PRD)
Para presentar dos iniciativas con proyecto de decreto: la primera, que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y la segunda, que reforma el artículo 73 de la misma norma: 146, 150
Chávez García, María (Morena)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 311
Corella Platt, Susana (PRI)
Para fundamentar el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 307
Cortés Mendoza, Marko Antonio (PAN)
Desde la curul, en dos ocasiones, para anunciar que se presentará una solicitud de juicio político al procurador general de la República: 93, 95,
Cuenca Ayala, Sharon María Teresa (PVEM)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 15 y 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 115
Dávila Flores, Jorge Enrique (PRI)
Para presentar, en nombre propio y de los diputados Armando Luna Canales y Pedro Luis Noble Monterrubio, ambos del Grupo Parlamentario del PRI, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles: 132
Delgadillo García, Verónica (MC)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 40 y 67 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: 120
Döring Casar, Federico (PAN)
Desde la curul, para reconocer la labor de la diputada Verónica Delgadillo García, de MC: 123
Ferreiro Velazco, José Alfredo (PES)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. y adiciona un artículo 6 Bis de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia: 127
García Bravo, María Cristina Teresa (PRD)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en relación con el dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil: 264
García Treviño, Daniela (PVEM)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 310
García Yáñez, Ángel (NA)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la ley de Protección Civil: 124
Garzón Canchola, Refugio Trinidad (PES)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en relación con el dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil: 261
Guízar Valladares, Gonzalo (PES)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 308
Gutiérrez García, Carlos (NA)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en relación con el dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil: 262
Guzmán Lagunes, Noemí Zoila (PRI)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en relación con el dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil: 265
Hauffen Torres, Angie Dennisse (MC)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 309
Ibarra Hinojosa, Álvaro (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la Ley General de Desarrollo Social: 97
Luna Canales, Armando (PRI)
Desde la curul, para hacer comentarios respecto al anuncio de una solicitud de juicio político al encargado de despacho de la PGR: 95
Márquez Alvarado, Cesáreo Jorge (PVEM)
Para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2o. y 36 de la Ley General de Turismo: 175
Martínez García, Jonadab (MC)
Desde la curul, para hacer comentarios respecto al anuncio de una solicitud de juicio político al encargado de despacho de la PGR: 96
Martínez García, Jonadab (MC)
Desde la curul, para reconocer la labor de la diputada Verónica Delgadillo García, de MC: 122
Noble Monterrubio, Pedro Luis (PRI)
Desde la curul, para hacer comentarios respecto al anuncio de una solicitud de juicio político al encargado de despacho de la PGR: 93
Palomeque Archila, Carlos Alberto (PAN)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 312
Paniagua Figueroa, Luz Argelia (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o., 12, 13, y 37 de la Ley General de Educación: 99
Ralis Cumplido, Germán Ernesto (MC)
Desde la curul, para reconocer la labor de la diputada Verónica Delgadillo García, de MC: 123
Ramírez Nachis, Rosa Alba (MC)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en relación con el dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil: 262
Ruíz Ledesma, Mariana Vanessa (PRI)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 313
Saldívar Paz, Mirna Isabel (NA)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 308
Sandoval Rodríguez, José Refugio (PVEM)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario en relación con el dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil: 263
Serrano Lora, Jesús (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 33 y 65 de la Ley General de Educación: 106
Sesma Suárez, Jesús (PVEM)
Desde la curul, para hacer comentarios respecto al anuncio de una solicitud de juicio político al encargado de despacho de la PGR: 94
Soto González, Cecilia Guadalupe (PRD)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 311
Tello López, Jorge (PRD)
Para proponer modificaciones al dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil: 266
Zambrano Grijalva, José de Jesús (PRD)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 110
Zambrano Grijalva, José de Jesús (PRD)
Desde la curul, para hacer comentarios respecto al anuncio de una solicitud de juicio político al encargado de despacho de la PGR: 94
Zambrano Grijalva, José de Jesús (PRD)
Desde la curul, para reconocer la labor de la diputada Verónica Delgadillo García, de MC: 123

VOTACIONES

Dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil (en lo general y en lo particular)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala Saad, Antonio TarekFavor

2 Aguilar Robles, DavidFavor

3 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor

4 Aguirre Romero, AndrésAusente

5 Alcántara Rojas, María GuadalupeAusente

6 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroAusente

7 Álvarez Ortiz, Héctor JavierAusente

8 Anaya Orozco, AlfredoAusente

9 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor

10 Arellano Núñez, EfraínFavor

11 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor

12 Balcázar Narro, Rafael ArturoFavor

13 Barragán Amador, CarlosAusente

14 Barranco Sánchez, Marco AntonioFavor

15 Barrientos Cano, Laura MitziFavor

16 Bañales Arámbula, RamónFavor

17 Bedolla López, PabloFavor

18 Bejos Nicolás, AlfredoAusente

19 Benítez Tiburcio, MarianaAusente

20 Bernal Casique, IvethAusente

21 Bojórquez Castillo, Martha JulisaFavor

22 Boone Godoy, Ana MaríaFavor

23 Borunda Espinoza, BrendaFavor

24 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor

25 Cabrera Ruiz, José HugoFavor

26 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor

27 Canales Najjar, Tristán ManuelFavor

28 Cardoso Estévez, José LuisFavor

29 Cardoso Guzmán, Rubí AlejandraFavor

30 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroFavor

31 Castillo Martínez, EdgarFavor

32 Castro Ventura, FernandoFavor

33 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor

34 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor

35 Chacón Morales, Samuel AlexisAusente

36 Chan Magaña, RafaelFavor

37 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor

38 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoFavor

39 Coheto Martínez, Vitalico CándidoFavor

40 Córdova Hernández, José del PilarAusente

41 Corella Platt, SusanaFavor

42 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor

43 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor

44 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor

45 Cruz Campos, VictorinoFavor

46 Dávila Beaz, GriseldaFavor

47 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor

48 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor

49 Díaz Montoya, RocíoAusente

50 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor

51 Elizondo García, PabloFavor

52 Erubiel Lorenzo, Alonso QueAusente

53 Escobar Manjarrez, GermánFavor

54 Escobedo Villegas, FranciscoAusente

55 Espinoza Meraz, María Idalia del SocorroFavor

56 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor

57 Estefan Chidiac, Charbel JorgeAusente

58 Fernández Márquez, JulietaAusente

59 Fernández Zempoalteca, AnelFavor

60 Félix Niebla, Gloria HimeldaAusente

61 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor

62 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor

63 Gamboa Miner, PabloAusente

64 Gárate Valenzuela, Paola IvethAusente

65 García Ayala, Marco AntonioFavor

66 García Barrón, ÓscarFavor

67 García Portilla, Ricardo DavidFavor

68 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelFavor

69 González Calderón, Martha HildaAusente

70 González Rojas, AarónFavor

71 González Salum, Miguel ÁngelFavor

72 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor

73 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor

74 Guerrero Coronado, DeliaFavor

75 Guerrero Esquivel, AraceliFavor

76 Guevara Cobos, Luis AlejandroAusente

77 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor

78 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor

79 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor

80 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor

81 Hernández Calderón, ElizabethFavor

82 Hernández Madrid, María GloriaFavor

83 Herrera Saynes, MayraFavor

84 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelFavor

85 Huicochea Alanís, ArturoAusente

86 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroFavor

87 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor

88 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor

89 Iriarte Mercado, CarlosFavor

90 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioAusente

91 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueFavor

92 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelAusente

93 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor

94 Kuri Grajales, FidelAusente

95 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor

96 Le Baron González, AlexAusente

97 Leyva García, Leydi FabiolaFavor

98 López Gutiérrez, David EpifanioFavor

99 López Velasco, Edith YolandaFavor

100 Luna Canales, ArmandoFavor

101 Luna Munguía, Alma LiliaAusente

102 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor

103 Majul González, SalomónAusente

104 Mata Quintero, Mario AlbertoFavor

105 Maya Pineda, María IsabelFavor

106 Mazari Espín, RosalinaFavor

107 Medrano Quezada, BenjamínFavor

108 Meléndez Ortega, Juan AntonioAusente

109 Melhem Salinas, EdgardoFavor

110 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor

111 Mercado Ruiz, DavidAusente

112 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor

113 Moguel Manzur, Zacil LeonorFavor

114 Mólgora Glover, ArletFavor

115 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor

116 Montes Salas, Dulce MaríaAusente

117 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor

118 Mota Hernández, AdolfoFavor

119 Murrieta Gutiérrez, AbelAusente

120 Muñoz Guevara, JosuéFavor

121 Muñoz Parra, María VerónicaFavor

122 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor

123 Navarrete Pérez, FernandoAusente

124 Nazar Morales, JuliánFavor

125 Nazario Morales, MatíasFavor

126 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor

127 Ochoa Iñiguez, Claudia JanethFavor

128 Orantes López, Hernán de JesúsFavor

129 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor

130 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor

131 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor

132 Osorno Belmont, SusanaFavor

133 Oyervides Valdez, María GuadalupeFavor

134 Pacheco Olivares, Modesta YolandaFavor

135 Pérez González, Horalia NoemíFavor

136 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor

137 Pineda Apodaca, Luis AlonsoFavor

138 Pinete Vargas, María del CarmenAusente

139 Plascencia Pacheco, Laura NereidaFavor

140 Plata Inzunza, EvelioFavor

141 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsFavor

142 Pulido García, Georgina AdrianaFavor

143 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor

144 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor

145 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor

146 Ramírez Nieto, RicardoFavor

147 Ramírez Ocampo, Gianni RaúlFavor

148 Ramírez Ponce, Miguel AngelFavor

149 Real Salinas, Dora ElenaFavor

150 Rentería Medina, Flor EstelaFavor

151 Reyes Tellez, SilvinoFavor

152 Rivera Carbajal, SilviaFavor

153 Rocha Aguilar, YulmaFavor

154 Rodríguez García, DalilaAusente

155 Rodríguez Garza, Jesús GilbertoFavor

156 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor

157 Rojas Luna, Rosa IselaFavor

158 Rojas Orozco, EnriqueAusente

159 Romero Vega, EsdrasFavor

160 Romo García, EdgarFavor

161 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor

162 Rosas Cuautle, FabiolaFavor

163 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor

164 Ruíz Ledesma, Mariana VanessaFavor

165 Sáenz Soto, José LuisFavor

166 Salazar Espinosa, HeidiFavor

167 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor

168 Salinas Lozano, CarmenFavor

169 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor

170 Sánchez Coronel, CristinaFavor

171 Sánchez Isidoro, DavidAusente

172 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor

173 Sandoval Martínez, María SoledadFavor

174 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor

175 Sarabia Camacho, CarlosFavor

176 Saracho Navarro, FranciscoFavor

177 Scherman Leaño, María Esther de JesúsAusente

178 Silva Ramos, AlbertoFavor

179 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor

180 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor

181 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor

182 Tamayo Morales, Martha SofíaAusente

183 Terrazas Porras, AdrianaFavor

184 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor

185 Toledo Medina, José LuisAusente

186 Torres Huitrón, José AlfredoFavor

187 Uriarte Zazueta, FernandoFavor

188 Valencia García, ÓscarFavor

189 Vallejo Barragán, ManuelFavor

190 Vargas Rodríguez, Federico EugenioFavor

191 Vidal Aguilar, LiborioFavor

192 Viggiano Austria, Alma CarolinaAusente

193 Villa Ramírez, TimoteoFavor

194 Villagómez Guerrero, RamónFavor

195 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor

196 Vélez Núñez, BeatrizFavor

197 Viveros Córdoba, JoaquinaFavor

198 Yerena Zambrano, RafaelAusente

199 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor

200 Zepahua García, LillianFavor

201 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor

Favor: 159

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 42

Total: 201

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

1 Aguilar López, María MercedesFavor

2 Agundis Estrada, María VerónicaFavor

3 Alejo Domínguez, HugoFavor

4 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor

5 Alfaro García, Lorena del CarmenFavor

6 Amparano Gámez, LeticiaAusente

7 Antero Valle, Luis FernandoAusente

8 Arámbula Meléndez, MarianaFavor

9 Barraza López, José TeodoroFavor

10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor

11 Bello Otero, CarlosFavor

12 Bermúdez Méndez, José ErandiFavor

13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoAusente

14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierFavor

15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaFavor

16 Buendía Rosas, Jesús MarcelinoFavor

17 Cambranis Torres, EnriqueFavor

18 Carrillo Fregoso, Christian AlejandroFavor

19 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor

20 Castañón Herrera, EukidFavor

21 Castillo Ávila, Víctor OdínFavor

22 Castro Terrazas, María ElenaFavor

23 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor

24 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueAusente

25 Corral Estrada, HerminioFavor

26 Corral Mier, JuanFavor

27 Cortés Berumen, José HernánFavor

28 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor

29 Cortés Mendoza, Marko AntonioAusente

30 Cruz Blackledge, Gina AndreaFavor

31 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor

32 Culin Jaime, GretelFavor

33 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoFavor

34 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor

35 Döring Casar, FedericoAusente

36 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor

37 Gama Basarte, Marco AntonioAusente

38 García Escobar, Lilia ArmindaFavor

39 García García, PatriciaFavor

40 García López, José MáximoFavor

41 García Pérez, MaríaAusente

42 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroAusente

43 Gómez Olivier, Sergio EmilioFavor

44 González Ceceña, ExaltaciónFavor

45 González Navarro, José AdriánFavor

46 González Suástegui, GuadalupeFavor

47 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor

48 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséFavor

49 Hernández Ramos, MinervaAusente

50 Herrera Deras, Alfredo MiguelAusente

51 Huepa Pérez, Miguel ÁngelFavor

52 Huerta Villegas, GenovevaFavor

53 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoAusente

54 Iñiguez Mejía, Elías OctavioFavor

55 Jasso Silva, José ArmandoFavor

56 Jiménez Márquez, Martha CristinaAusente

57 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor

58 López Córdova, José EverardoFavor

59 López Rodríguez, Jesús AntonioFavor

60 Mandujano Tinajero, RenéFavor

61 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor

62 Martínez Montemayor, BaltazarAusente

63 Martínez Santos, WenceslaoFavor

64 Martínez Sánchez, Luis de LeónAusente

65 Matesanz Santamaría, RocíoFavor

66 Mesta Soule, Luis FernandoFavor

67 Milán Lara, Alba MaríaFavor

68 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor

69 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor

70 Nava Mouett, JacquelineFavor

71 Neblina Vega, Javier AntonioAusente

72 Osuna Carranco, Karla KarinaAusente

73 Ovando Reazola, JanetteAusente

74 Padilla Avila, KarinaFavor

75 Palomeque Archila, Carlos AlbertoFavor

76 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor

77 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor

78 Ramírez Núñez, UlisesAusente

79 Ramírez Ramos, GabrielaFavor

80 Rendón García, César AugustoAusente

81 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíFavor

82 Rivera Castillejos, Armando AlejandroAusente

83 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesFavor

84 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierFavor

85 Rodríguez Martínez, LucinaFavor

86 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor

87 Rojas Silva, Jaime MauricioFavor

88 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor

89 Ruiz García, Juan CarlosAusente

90 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor

91 Salas Valencia, José AntonioAusente

92 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor

93 Sánchez Carrillo, PatriciaAusente

94 Sánchez Juárez, ClaudiaFavor

95 Sánchez Meza, María LuisaFavor

96 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor

97 Sheffield Padilla, Francisco RicardoFavor

98 Taboada Cortina, SantiagoAusente

99 Talavera Hernández, María EloísaFavor

100 Tamariz García, XimenaFavor

101 Torreblanca Engell, SantiagoAusente

102 Triana Tena, JorgeFavor

103 Valenzuela Armas, RafaelFavor

104 Valles Olvera, Elva LidiaFavor

105 Vargas Bárcena, MarisolFavor

106 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor

107 Velázquez Valdez, BrendaAusente

108 Zapata Padilla, Mariía OlimpiaFavor

Favor: 81

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 27

Total: 108

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

1 Acosta Naranjo, GuadalupeFavor

2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor

3 Amador Rodríguez, LeonardoFavor

4 Aragón Castillo, HortensiaFavor

5 Arguijo Herrera, Tania VictoriaFavor

6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelAusente

7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor

8 Beltrán Reyes, María LuisaAusente

9 Bocanegra Ruiz, ElioAusente

10 Bravo Guadarrama, ArturoFavor

11 Briones Pérez, Erika IrazemaAusente

12 Castelán Mondragón, María ElidaFavor

13 Catalán Padilla, OlgaAusente

14 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor

15 Estefan Garfias, José AntonioAusente

16 Ferrer Abalos, ÓscarAusente

17 Flores Sonduk, LluviaAusente

18 García Bravo, María Cristina TeresaFavor

19 García Calderón, David GersonFavor

20 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor

21 Hernández Alcalá, José GuadalupeAusente

22 Hernández Soriano, RafaelFavor

23 Juárez Blanquet, ErikFavor

24 López López, Irma RebecaFavor

25 López Sánchez, SergioFavor

26 Madrigal Sánchez, AraceliAusente

27 Maldonado Venegas, LuisAusente

28 Martínez Neri, FranciscoFavor

29 Martínez Padilla, Hugo EduardoFavor

30 Martínez Soto, Norberto AntonioAusente

31 Nava Palacios, Francisco XavierFavor

32 Octaviano Félix, TomásAusente

33 Ordoñez Hernández, DanielFavor

34 Ortega Álvarez, OmarAusente

35 Parra Álvarez, EvelynFavor

36 Peralta Grappin, HéctorAusente

37 Pool Pech, Isaura IvanovaAusente

38 Pérez Alvarado, CandelarioAusente

39 Ramírez Peralta, Karen OrneyAusente

40 Reyes Álvarez, FelipeFavor

41 Rubio Quiroz, Juan FernandoFavor

42 Saldaña Morán, JulioFavor

43 Santana Alfaro, ArturoFavor

44 Santiago López, JoséFavor

45 Saucedo Reyes, AraceliAusente

46 Soto Espino, ArmandoAusente

47 Soto González, Cecilia GuadalupeFavor

48 Tello López, JorgeFavor

49 Valera Fuentes, Diego ValenteAusente

50 Valdes Ramírez, María ConcepciónFavor

51 Wences Real, VictorianoFavor

52 Zambrano Grijalva, José de JesúsAusente

Favor: 30

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 22

Total: 52

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL

1 Abdala Dartigues, RodrigoAusente

2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor

3 Alva y Alva, MiguelAusente

4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor

5 Armenta Mier, AlejandroAusente

6 Barón Ortiz, Natalia KarinaFavor

7 Barrientos Pantoja, AliciaAusente

8 Basurto Román, AlfredoAusente

9 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor

10 Calderón Torreblanca, FidelFavor

11 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroFavor

12 Cárdenas Mariscal, María AntoniaFavor

13 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor

14 Cancino Barffusón, Sergio RenéFavor

15 Cervera García, RenéFavor

16 Chávez García, MaríaFavor

17 Contreras Julián, MaricelaAusente

18 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaFavor

19 Damián González, AraceliFavor

20 Esquivel Valdés, Laura BeatrizFavor

21 Fuentes Alonso, ModestaFavor

22 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaAusente

23 García Chávez, Héctor JavierAusente

24 García Navarro, OtnielFavor

25 Godoy Ramos, ErnestinaAusente

26 Gómez Álvarez, DelfinaFavor

27 Guzmán Jacobo, RobertoFavor

28 Hernández Colín, Norma XochitlFavor

29 Hernández Correa, GuadalupeFavor

30 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioAusente

31 Hernández Mirón, CarlosFavor

32 Hurtado Arana, KarenFavor

33 Juárez Rodríguez, Mario ArielFavor

34 Llerenas Morales, VidalFavor

35 Martínez Urincho, AlbertoFavor

36 Mex Albornoz, Mario DavidFavor

37 Meza Guzmán, Lucia VirginiaAusente

38 Molina Arias, Renato JosafatFavor

39 Montiel Reyes, AriadnaAusente

40 Nahle García, Norma RocíoFavor

41 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroAusente

42 Ramos Ramírez, BlandinaFavor

43 Romero Tenorio, JuanFavor

44 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelFavor

45 Serrano Lora, JesúsFavor

46 Trejo Flores, MarianaFavor

47 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorAusente

48 Villa González, ConcepciónFavor

Favor: 34

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 14

Total: 48

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

1 Álvarez Angli, ArturoFavor

2 Álvarez López, JorgeAusente

3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaAusente

4 Arévalo González, José AntonioFavor

5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaAusente

6 Ávila Serna, MaríaAusente

7 Bernardino Vargas, Omar NoéFavor

8 Canales Suárez, PalomaFavor

9 Canavati Tafich, Jesús RicardoAusente

10 Celis Aguirre, Juan ManuelAusente

11 Chavarrías Barajas, EloisaAusente

12 Corona Valdés, LorenaFavor

13 Couttolenc Buentello, José AlbertoFavor

14 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaFavor

15 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésAusente

16 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor

17 Galindo Rosas, José de JesúsFavor

18 García Treviño, DanielaFavor

19 González Evia, EdnaFavor

20 González Torres, SofíaAusente

21 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor

22 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelAusente

23 Herrera Borunda, Javier OctavioAusente

24 Limón García, LiaFavor

25 López Roblero, UberlyAusente

26 Machuca Sánchez, MarioFavor

27 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor

28 Mendoza Amezcua, VirgilioAusente

29 Ochoa Rojas, CándidoFavor

30 Rodríguez Torres, SamuelFavor

31 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor

32 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor

33 Sarur Torre, AdrianaFavor

34 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor

35 Sesma Suárez, JesúsAusente

36 Torres Rivas, Francisco AlbertoFavor

37 Villalpando Barrios, Georgina PaolaFavor

38 Villanueva Huerta, ClaudiaAusente

39 Zamora Morlet, EnriqueFavor

Favor: 24

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 15

Total: 39

MOVIMIENTO CIUDADANO

1 Álvarez Maynez, JorgeFavor

2 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoAusente

3 Chávez Ocegueda, JuanAusente

4 Corichi García, Claudia SofíaFavor

5 Delgadillo García, VerónicaAusente

6 Flores Gómez, MirzaFavor

7 García González, SalvadorFavor

8 Guerra Mota, MoisésFavor

9 Hauffen Torres, Angie DennisseFavor

10 Martínez García, JonadabFavor

11 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor

12 Munguía González, Luis ErnestoFavor

13 Ochoa Avalos, María CandelariaFavor

14 Pérez Utrera, AdánAusente

15 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor

16 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor

17 Rocha Ladrón de Guevara, Dalia MaríaFavor

18 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor

19 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor

20 Toledo Ibarra, MarbellaAusente

Favor: 15

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 5

Total: 20

PARTIDO NUEVA ALIANZA

1 Campa Amaral, Carmen VictoriaFavor

2 García Yáñez, ÁngelFavor

3 Gutiérrez García, CarlosFavor

4 Hernández León, Luis ManuelFavor

5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor

6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor

7 Pinto Torres, Francisco JavierAusente

8 Reyes Ávila, AngélicaFavor

9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor

10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor

11 Torres Sandoval, MelissaAusente

12 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor

Favor: 10

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 2

Total: 12

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

1 Escobedo Miramontes, Justo FedericoFavor

2 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor

3 García Soberanes, Cynthia GisselAusente

4 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor

5 Guízar Valladares, GonzaloFavor

6 López Ruiz, NancyAusente

7 Martínez Guzmán, Norma EdithAusente

8 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor

9 Pineda Morín, AbdiesFavor

Favor: 6

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 3

Total: 9

DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Zazueta Osuna, María del RocíoFavor

Favor: 1

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 0

Total: 1

DIPUTADOS SIN PARTIDO

1 Espino Barrientos, Manuel de JesúsAusente

2 Guerrero García, JavierFavor

3 Spinoso Carrera, EdgarAusente

Favor: 1

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 2

Total: 3

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (en lo general y en lo particular)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala Saad, Antonio TarekFavor

2 Aguilar Robles, DavidAusente

3 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor

4 Aguirre Romero, AndrésAusente

5 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor

6 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroAusente

7 Álvarez Ortiz, Héctor JavierAusente

8 Anaya Orozco, AlfredoAusente

9 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor

10 Arellano Núñez, EfraínFavor

11 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor

12 Balcázar Narro, Rafael ArturoFavor

13 Barragán Amador, CarlosAusente

14 Barranco Sánchez, Marco AntonioFavor

15 Barrientos Cano, Laura MitziFavor

16 Bañales Arámbula, RamónFavor

17 Bedolla López, PabloFavor

18 Bejos Nicolás, AlfredoAusente

19 Benítez Tiburcio, MarianaAusente

20 Bernal Casique, IvethAusente

21 Bojórquez Castillo, Martha JulisaFavor

22 Boone Godoy, Ana MaríaFavor

23 Borunda Espinoza, BrendaFavor

24 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor

25 Cabrera Ruiz, José HugoFavor

26 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor

27 Canales Najjar, Tristán ManuelFavor

28 Cardoso Estévez, José LuisFavor

29 Cardoso Guzmán, Rubí AlejandraFavor

30 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroFavor

31 Castillo Martínez, EdgarFavor

32 Castro Ventura, FernandoFavor

33 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor

34 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor

35 Chacón Morales, Samuel AlexisAusente

36 Chan Magaña, RafaelFavor

37 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor

38 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoFavor

39 Coheto Martínez, Vitalico CándidoFavor

40 Córdova Hernández, José del PilarAusente

41 Corella Platt, SusanaFavor

42 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor

43 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor

44 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor

45 Cruz Campos, VictorinoFavor

46 Dávila Beaz, GriseldaFavor

47 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor

48 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor

49 Díaz Montoya, RocíoAusente

50 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor

51 Elizondo García, PabloAusente

52 Erubiel Lorenzo, Alonso QueAusente

53 Escobar Manjarrez, GermánFavor

54 Escobedo Villegas, FranciscoAusente

55 Espinoza Meraz, María Idalia del SocorroFavor

56 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor

57 Estefan Chidiac, Charbel JorgeAusente

58 Fernández Márquez, JulietaAusente

59 Fernández Zempoalteca, AnelFavor

60 Félix Niebla, Gloria HimeldaAusente

61 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor

62 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor

63 Gamboa Miner, PabloAusente

64 Gárate Valenzuela, Paola IvethAusente

65 García Ayala, Marco AntonioFavor

66 García Barrón, ÓscarFavor

67 García Portilla, Ricardo DavidFavor

68 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelFavor

69 González Calderón, Martha HildaAusente

70 González Rojas, AarónFavor

71 González Salum, Miguel ÁngelFavor

72 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor

73 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor

74 Guerrero Coronado, DeliaFavor

75 Guerrero Esquivel, AraceliFavor

76 Guevara Cobos, Luis AlejandroAusente

77 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor

78 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor

79 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor

80 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor

81 Hernández Calderón, ElizabethFavor

82 Hernández Madrid, María GloriaFavor

83 Herrera Saynes, MayraFavor

84 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelFavor

85 Huicochea Alanís, ArturoAusente

86 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroFavor

87 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor

88 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor

89 Iriarte Mercado, CarlosFavor

90 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioAusente

91 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueFavor

92 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelAusente

93 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor

94 Kuri Grajales, FidelAusente

95 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor

96 Le Baron González, AlexAusente

97 Leyva García, Leydi FabiolaFavor

98 López Gutiérrez, David EpifanioFavor

99 López Velasco, Edith YolandaFavor

100 Luna Canales, ArmandoFavor

101 Luna Munguía, Alma LiliaAusente

102 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor

103 Majul González, SalomónAusente

104 Mata Quintero, Mario AlbertoFavor

105 Maya Pineda, María IsabelFavor

106 Mazari Espín, RosalinaFavor

107 Medrano Quezada, BenjamínFavor

108 Meléndez Ortega, Juan AntonioAusente

109 Melhem Salinas, EdgardoAusente

110 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor

111 Mercado Ruiz, DavidAusente

112 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor

113 Moguel Manzur, Zacil LeonorFavor

114 Mólgora Glover, ArletAusente

115 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor

116 Montes Salas, Dulce MaríaAusente

117 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor

118 Mota Hernández, AdolfoFavor

119 Murrieta Gutiérrez, AbelAusente

120 Muñoz Guevara, JosuéFavor

121 Muñoz Parra, María VerónicaFavor

122 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor

123 Navarrete Pérez, FernandoAusente

124 Nazar Morales, JuliánFavor

125 Nazario Morales, MatíasFavor

126 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor

127 Ochoa Iñiguez, Claudia JanethFavor

128 Orantes López, Hernán de JesúsFavor

129 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor

130 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor

131 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor

132 Osorno Belmont, SusanaFavor

133 Oyervides Valdez, María GuadalupeFavor

134 Pacheco Olivares, Modesta YolandaFavor

135 Pérez González, Horalia NoemíFavor

136 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor

137 Pineda Apodaca, Luis AlonsoFavor

138 Pinete Vargas, María del CarmenAusente

139 Plascencia Pacheco, Laura NereidaFavor

140 Plata Inzunza, EvelioFavor

141 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsFavor

142 Pulido García, Georgina AdrianaFavor

143 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor

144 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor

145 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor

146 Ramírez Nieto, RicardoFavor

147 Ramírez Ocampo, Gianni RaúlFavor

148 Ramírez Ponce, Miguel AngelFavor

149 Real Salinas, Dora ElenaAusente

150 Rentería Medina, Flor EstelaFavor

151 Reyes Tellez, SilvinoFavor

152 Rivera Carbajal, SilviaAusente

153 Rocha Aguilar, YulmaFavor

154 Rodríguez García, DalilaAusente

155 Rodríguez Garza, Jesús GilbertoFavor

156 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor

157 Rojas Luna, Rosa IselaFavor

158 Rojas Orozco, EnriqueAusente

159 Romero Vega, EsdrasFavor

160 Romo García, EdgarFavor

161 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor

162 Rosas Cuautle, FabiolaFavor

163 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor

164 Ruíz Ledesma, Mariana VanessaFavor

165 Sáenz Soto, José LuisFavor

166 Salazar Espinosa, HeidiFavor

167 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor

168 Salinas Lozano, CarmenFavor

169 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor

170 Sánchez Coronel, CristinaAusente

171 Sánchez Isidoro, DavidAusente

172 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor

173 Sandoval Martínez, María SoledadFavor

174 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor

175 Sarabia Camacho, CarlosFavor

176 Saracho Navarro, FranciscoFavor

177 Scherman Leaño, María Esther de JesúsFavor

178 Silva Ramos, AlbertoFavor

179 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor

180 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor

181 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor

182 Tamayo Morales, Martha SofíaAusente

183 Terrazas Porras, AdrianaFavor

184 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor

185 Toledo Medina, José LuisAusente

186 Torres Huitrón, José AlfredoFavor

187 Uriarte Zazueta, FernandoFavor

188 Valencia García, ÓscarFavor

189 Vallejo Barragán, ManuelFavor

190 Vargas Rodríguez, Federico EugenioAusente

191 Vidal Aguilar, LiborioFavor

192 Viggiano Austria, Alma CarolinaAusente

193 Villa Ramírez, TimoteoFavor

194 Villagómez Guerrero, RamónFavor

195 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor

196 Vélez Núñez, BeatrizAusente

197 Viveros Córdoba, JoaquinaFavor

198 Yerena Zambrano, RafaelAusente

199 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor

200 Zepahua García, LillianFavor

201 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor

Favor: 152

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 49

Total: 201

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

1 Aguilar López, María MercedesFavor

2 Agundis Estrada, María VerónicaFavor

3 Alejo Domínguez, HugoFavor

4 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor

5 Alfaro García, Lorena del CarmenFavor

6 Amparano Gámez, LeticiaAusente

7 Antero Valle, Luis FernandoAusente

8 Arámbula Meléndez, MarianaFavor

9 Barraza López, José TeodoroFavor

10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor

11 Bello Otero, CarlosFavor

12 Bermúdez Méndez, José ErandiFavor

13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoAusente

14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierFavor

15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaContra

16 Buendía Rosas, Jesús MarcelinoFavor

17 Cambranis Torres, EnriqueFavor

18 Carrillo Fregoso, Christian AlejandroFavor

19 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor

20 Castañón Herrera, EukidAusente

21 Castillo Ávila, Víctor OdínFavor

22 Castro Terrazas, María ElenaFavor

23 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor

24 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor

25 Corral Estrada, HerminioAbstención

26 Corral Mier, JuanFavor

27 Cortés Berumen, José HernánFavor

28 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor

29 Cortés Mendoza, Marko AntonioAusente

30 Cruz Blackledge, Gina AndreaContra

31 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor

32 Culin Jaime, GretelContra

33 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoFavor

34 Díaz Mena, Joaquín JesúsAusente

35 Döring Casar, FedericoAusente

36 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor

37 Gama Basarte, Marco AntonioAusente

38 García Escobar, Lilia ArmindaFavor

39 García García, PatriciaFavor

40 García López, José MáximoFavor

41 García Pérez, MaríaAusente

42 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroAusente

43 Gómez Olivier, Sergio EmilioFavor

44 González Ceceña, ExaltaciónContra

45 González Navarro, José AdriánContra

46 González Suástegui, GuadalupeFavor

47 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor

48 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséFavor

49 Hernández Ramos, MinervaAusente

50 Herrera Deras, Alfredo MiguelAusente

51 Huepa Pérez, Miguel ÁngelFavor

52 Huerta Villegas, GenovevaFavor

53 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoAusente

54 Iñiguez Mejía, Elías OctavioFavor

55 Jasso Silva, José ArmandoFavor

56 Jiménez Márquez, Martha CristinaAusente

57 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor

58 López Córdova, José EverardoContra

59 López Rodríguez, Jesús AntonioContra

60 Mandujano Tinajero, RenéFavor

61 Márquez Zapata, Nelly del CarmenContra

62 Martínez Montemayor, BaltazarAusente

63 Martínez Santos, WenceslaoFavor

64 Martínez Sánchez, Luis de LeónAusente

65 Matesanz Santamaría, RocíoFavor

66 Mesta Soule, Luis FernandoFavor

67 Milán Lara, Alba MaríaFavor

68 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteAbstención

69 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor

70 Nava Mouett, JacquelineAbstención

71 Neblina Vega, Javier AntonioAusente

72 Osuna Carranco, Karla KarinaAusente

73 Ovando Reazola, JanetteAusente

74 Padilla Avila, KarinaAbstención

75 Palomeque Archila, Carlos AlbertoFavor

76 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor

77 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor

78 Ramírez Núñez, UlisesAusente

79 Ramírez Ramos, GabrielaFavor

80 Rendón García, César AugustoAusente

81 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíAusente

82 Rivera Castillejos, Armando AlejandroAusente

83 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesFavor

84 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierAusente

85 Rodríguez Martínez, LucinaFavor

86 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor

87 Rojas Silva, Jaime MauricioFavor

88 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor

89 Ruiz García, Juan CarlosAusente

90 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor

91 Salas Valencia, José AntonioAusente

92 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor

93 Sánchez Carrillo, PatriciaAusente

94 Sánchez Juárez, ClaudiaAusente

95 Sánchez Meza, María LuisaContra

96 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor

97 Sheffield Padilla, Francisco RicardoFavor

98 Taboada Cortina, SantiagoAusente

99 Talavera Hernández, María EloísaAbstención

100 Tamariz García, XimenaAbstención

101 Torreblanca Engell, SantiagoAusente

102 Triana Tena, JorgeFavor

103 Valenzuela Armas, RafaelFavor

104 Valles Olvera, Elva LidiaFavor

105 Vargas Bárcena, MarisolFavor

106 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeAusente

107 Velázquez Valdez, BrendaAusente

108 Zapata Padilla, Mariía OlimpiaFavor

Favor: 61

Contra: 9

Abstención: 6

Quorum: 0

Ausentes: 32

Total: 108

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

1 Acosta Naranjo, GuadalupeAusente

2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor

3 Amador Rodríguez, LeonardoFavor

4 Aragón Castillo, HortensiaFavor

5 Arguijo Herrera, Tania VictoriaFavor

6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelAusente

7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísAbstención

8 Beltrán Reyes, María LuisaAusente

9 Bocanegra Ruiz, ElioAusente

10 Bravo Guadarrama, ArturoFavor

11 Briones Pérez, Erika IrazemaAusente

12 Castelán Mondragón, María ElidaFavor

13 Catalán Padilla, OlgaAusente

14 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor

15 Estefan Garfias, José AntonioAusente

16 Ferrer Abalos, ÓscarAusente

17 Flores Sonduk, LluviaAusente

18 García Bravo, María Cristina TeresaFavor

19 García Calderón, David GersonFavor

20 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor

21 Hernández Alcalá, José GuadalupeAusente

22 Hernández Soriano, RafaelFavor

23 Juárez Blanquet, ErikFavor

24 López López, Irma RebecaFavor

25 López Sánchez, SergioFavor

26 Madrigal Sánchez, AraceliAusente

27 Maldonado Venegas, LuisAusente

28 Martínez Neri, FranciscoFavor

29 Martínez Padilla, Hugo EduardoFavor

30 Martínez Soto, Norberto AntonioAusente

31 Nava Palacios, Francisco XavierFavor

32 Octaviano Félix, TomásAusente

33 Ordoñez Hernández, DanielFavor

34 Ortega Álvarez, OmarAusente

35 Parra Álvarez, EvelynFavor

36 Peralta Grappin, HéctorAusente

37 Pool Pech, Isaura IvanovaAusente

38 Pérez Alvarado, CandelarioAusente

39 Ramírez Peralta, Karen OrneyAusente

40 Reyes Álvarez, FelipeFavor

41 Rubio Quiroz, Juan FernandoFavor

42 Saldaña Morán, JulioFavor

43 Santana Alfaro, ArturoFavor

44 Santiago López, JoséFavor

45 Saucedo Reyes, AraceliAusente

46 Soto Espino, ArmandoAusente

47 Soto González, Cecilia GuadalupeFavor

48 Tello López, JorgeFavor

49 Valera Fuentes, Diego ValenteAusente

50 Valdes Ramírez, María ConcepciónFavor

51 Wences Real, VictorianoFavor

52 Zambrano Grijalva, José de JesúsAusente

Favor: 28

Contra: 0

Abstención: 1

Quorum: 0

Ausentes: 23

Total: 52

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL

1 Abdala Dartigues, RodrigoAusente

2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor

3 Alva y Alva, MiguelAusente

4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor

5 Armenta Mier, AlejandroAusente

6 Barón Ortiz, Natalia KarinaFavor

7 Barrientos Pantoja, AliciaAusente

8 Basurto Román, AlfredoAusente

9 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor

10 Calderón Torreblanca, FidelFavor

11 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroFavor

12 Cárdenas Mariscal, María AntoniaFavor

13 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor

14 Cancino Barffusón, Sergio RenéFavor

15 Cervera García, RenéFavor

16 Chávez García, MaríaFavor

17 Contreras Julián, MaricelaAusente

18 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaFavor

19 Damián González, AraceliFavor

20 Esquivel Valdés, Laura BeatrizFavor

21 Fuentes Alonso, ModestaFavor

22 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaAusente

23 García Chávez, Héctor JavierAusente

24 García Navarro, OtnielFavor

25 Godoy Ramos, ErnestinaAusente

26 Gómez Álvarez, DelfinaFavor

27 Guzmán Jacobo, RobertoFavor

28 Hernández Colín, Norma XochitlFavor

29 Hernández Correa, GuadalupeFavor

30 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioAusente

31 Hernández Mirón, CarlosFavor

32 Hurtado Arana, KarenFavor

33 Juárez Rodríguez, Mario ArielFavor

34 Llerenas Morales, VidalFavor

35 Martínez Urincho, AlbertoFavor

36 Mex Albornoz, Mario DavidFavor

37 Meza Guzmán, Lucia VirginiaAusente

38 Molina Arias, Renato JosafatFavor

39 Montiel Reyes, AriadnaAusente

40 Nahle García, Norma RocíoFavor

41 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroAusente

42 Ramos Ramírez, BlandinaFavor

43 Romero Tenorio, JuanFavor

44 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelFavor

45 Serrano Lora, JesúsFavor

46 Trejo Flores, MarianaFavor

47 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorAusente

48 Villa González, ConcepciónFavor

Favor: 34

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 14

Total: 48

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

1 Álvarez Angli, ArturoFavor

2 Álvarez López, JorgeAusente

3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaAusente

4 Arévalo González, José AntonioFavor

5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaAusente

6 Ávila Serna, MaríaAusente

7 Bernardino Vargas, Omar NoéFavor

8 Canales Suárez, PalomaFavor

9 Canavati Tafich, Jesús RicardoAusente

10 Celis Aguirre, Juan ManuelAusente

11 Chavarrías Barajas, EloisaAusente

12 Corona Valdés, LorenaFavor

13 Couttolenc Buentello, José AlbertoFavor

14 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaFavor

15 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésAusente

16 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor

17 Galindo Rosas, José de JesúsFavor

18 García Treviño, DanielaFavor

19 González Evia, EdnaFavor

20 González Torres, SofíaAusente

21 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor

22 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelAusente

23 Herrera Borunda, Javier OctavioAusente

24 Limón García, LiaFavor

25 López Roblero, UberlyAusente

26 Machuca Sánchez, MarioFavor

27 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor

28 Mendoza Amezcua, VirgilioAusente

29 Ochoa Rojas, CándidoFavor

30 Rodríguez Torres, SamuelFavor

31 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor

32 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor

33 Sarur Torre, AdrianaFavor

34 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor

35 Sesma Suárez, JesúsAusente

36 Torres Rivas, Francisco AlbertoAusente

37 Villalpando Barrios, Georgina PaolaFavor

38 Villanueva Huerta, ClaudiaAusente

39 Zamora Morlet, EnriqueFavor

Favor: 23

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 16

Total: 39

MOVIMIENTO CIUDADANO

1 Álvarez Maynez, JorgeFavor

2 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoAusente

3 Chávez Ocegueda, JuanAusente

4 Corichi García, Claudia SofíaFavor

5 Delgadillo García, VerónicaFavor

6 Flores Gómez, MirzaFavor

7 García González, SalvadorFavor

8 Guerra Mota, MoisésFavor

9 Hauffen Torres, Angie DennisseFavor

10 Martínez García, JonadabFavor

11 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor

12 Munguía González, Luis ErnestoFavor

13 Ochoa Avalos, María CandelariaFavor

14 Pérez Utrera, AdánAusente

15 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor

16 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor

17 Rocha Ladrón de Guevara, Dalia MaríaFavor

18 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor

19 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor

20 Toledo Ibarra, MarbellaAusente

Favor: 16

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 4

Total: 20

PARTIDO NUEVA ALIANZA

1 Campa Amaral, Carmen VictoriaFavor

2 García Yáñez, ÁngelFavor

3 Gutiérrez García, CarlosFavor

4 Hernández León, Luis ManuelAusente

5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor

6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor

7 Pinto Torres, Francisco JavierAusente

8 Reyes Ávila, AngélicaFavor

9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor

10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor

11 Torres Sandoval, MelissaAusente

12 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor

Favor: 9

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 3

Total: 12

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

1 Escobedo Miramontes, Justo FedericoFavor

2 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor

3 García Soberanes, Cynthia GisselAusente

4 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor

5 Guízar Valladares, GonzaloFavor

6 López Ruiz, NancyAusente

7 Martínez Guzmán, Norma EdithAusente

8 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor

9 Pineda Morín, AbdiesAusente

Favor: 5

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 4

Total: 9

DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Zazueta Osuna, María del RocíoFavor

Favor: 1

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 0

Total: 1

DIPUTADOS SIN PARTIDO

1 Espino Barrientos, Manuel de JesúsAusente

2 Guerrero García, JavierFavor

3 Spinoso Carrera, EdgarAusente

Favor: 1

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 2

Total: 3