Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXIV Legislatura

Comisión Permanente

Correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández
Directora del
Diario de los Debates
Eugenia García Gómez
Año II
Ciudad de México, miércoles 18 de diciembre de 2019
Sesión No. 2

SUMARIO


ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Para solicitar la inclusión de diversos asuntos en el rubro de Agenda Política, intervienen desde la curul:

-La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN

-El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del PAN

-La senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del PAN

-La senadora Verónica Nohemí Camino Farjat, del PVEM

Aprobada el acta

COMUNICACIONES OFICIALES

De la Cámara de Senadores, por medio de la cual remite el acuerdo por el que se designan nuevos integrantes de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México en calidad de sustitutos de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. De enterado

De las Universidades de Colima, Quintana Roo, Veracruzana, Autónoma del Estado de Morelos, Autónoma de Occidente, y los Institutos Tecnológicos Superiores de las Choapas, de Tantoyuca, de Sonora, y Campechano por medio de las cuales remiten los Informes de la auditoría externa a su matrícula, correspondiente al segundo semestre del año 2019. Se turnan a las Comisiones de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados

De la Secretaría de Gobernación, por la que remite la actualización del Informe bimestral sobre la ejecución de los programas y actividades gubernamentales, correspondiente al quinto bimestre del ejercicio fiscal 2019. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, de la Cámara de Diputados

De Petróleos Mexicanos, mediante la cual remite el Informe semestral sobre el uso de endeudamiento de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, correspondiente al primer semestre de 2019. Se turna a las Comisiones de Energía de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores

De la Comisión Nacional del Agua, por medio de la cual informa que de los ingresos excedentes recaudados al término del segundo y tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019, no se realizaron asignaciones de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento a participantes en el Programa de Devolución de Derechos, conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos. Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados; y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de noviembre de 2019, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de noviembre de 2018. Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores

Del Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante la cual remite la Memoria Anual 2019. Se turna a las Comisiones de Justicia de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores

Del diputado Adolfo Torres Ramírez, por la que informa de la reincorporación a sus actividades legislativas. De enterado, actualícense los registros parlamentarios

INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS

LEY DEL SEGURO SOCIAL

Del Congreso de San Luis Potosí, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, de la Cámara de Diputados

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Del Congreso de Querétaro, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

REGLAS BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE

De la Mesa Directiva, se recibió el acuerdo por el que se establecen las Reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente que fungirá durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura

-El diputado Porfirio Muñoz Ledo, de Morena, se refiere a la solicitud de diversos legisladores para que se incluyan temas en el rubro de Agenda Política

Aprobado Comuníquese

INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La diputada María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o. y 72 de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación de Cámara de Diputados

INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO LA LEYENDA “A LA FIRMA DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN DE 1914”

El diputado Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, la leyenda “A la Firma de los Tratados de Teoloyucan de 1914”. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de Cámara de Diputados

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

El senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para crear la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales. Se turna a la Comisión de Justicia de Cámara de Senadores

EXPIDE LA LEY PARA LA REGULACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y SUSTENTABLES

La diputada Zulma Espinoza Mata, en nombre propio, del diputado Arturo Escobar y Vega y de diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM, y de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Regulación y Certificación de Productos Ecológicos y Sustentables. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de Cámara de Diputados

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, en nombre propio, de la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Educación y 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Educación, con opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, ambas de la Cámara de Diputados

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado César Agustín Hernández Pérez, en nombre propio y del diputado Mario Delgado Carrillo, ambos del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de Cámara de Diputados

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

De la Mesa Directiva, se recibe el acuerdo relativo a la integración de las Comisiones de Trabajo del Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los resolutivos. Aprobado, comuníquese

COMUNICACIONES OFICIALES

Del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario de Morena, se recibió una solicitud para modificar el orden del día e incluir el capítulo de Agenda Política. No se autoriza

Del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN, se recibió una solicitud para modificar el orden del día e incluir el capítulo de Agenda Política. No se autoriza

EFEMÉRIDES RECIBIDAS

DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

Con motivo del 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, suscrita por la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

APÉNDICE

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, por la que informa el turno que corresponde a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del miéroles 18 de diciembre de 2019, que no fueron abordadas



Presidencia del diputado Porfirio Muñoz Ledo

ASISTENCIA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Proceda la Secretaría a pasar la lista de asistencia.

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Ramírez: Se procederá a pasar lista de asistencia a los integrantes de la Comisión Permanente. (Pase de lista)

¿Falta algún legislador de pasar lista? Hay una asistencia de 30 legisladores. Hay quórum, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (a las 12: 08 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Ramírez: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer receso del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Orden del día

Miércoles 18 de diciembre de 2019.

Aprobación del acta de la sesión de instalación

Comunicaciones

De la Cámara de Senadores

Remite el acuerdo por el que se designan nuevos integrantes en calidad de sustituto de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

De las universidades de Colima, Quintana Roo, Veracruzana, Autónoma del Estado de Morelos, Autónoma de Occidente; los Institutos Tecnológicos Superiores de las Choapas, de Tantoyuca, de Sonora y Campechano

Remiten los informes de la Auditoría Externa a su matrícula, correspondiente al Segundo Semestre del año 2019.

De la Secretaría de Gobernación

Remite la actualización del Informe Bimestral sobre la ejecución de los programas y actividades gubernamentales, correspondiente al quinto bimestre del ejercicio fiscal 2019.

Petróleos Mexicanos

Remite el informe semestral sobre el uso de endeudamiento de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, correspondiente al primer semestre de 2019.

De la Comisión Nacional del Agua

Informa que de los ingresos excedentes recaudados al término del segundo y tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019, no se realizaron asignaciones de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento a participantes en el Programa de Devolución de Derechos, conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de noviembre de 2019, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de noviembre de 2018.

Del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Remite la Memoria Anual 2019.

Reincorporación de diputado

Iniciativa del Congreso del Estado de San Luis Potosí

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley del Seguro Social.

Iniciativa del Congreso del Estado de Querétaro

Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acuerdos de la Mesa Directiva

Relativo a la sesión y el orden del día de la Comisión Permanente.

Relativo a la integración de las Comisiones de Trabajo del Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

Iniciativas

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 9o. y 72 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

De decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, la leyenda “A la firma de los Tratados de Teoloyucan de 1914”, a cargo del diputado Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley para la Regulación y Certificación de Productos Ecológicos y Sustentables, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Educación y 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, suscrita por el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para crear la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, a cargo del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, suscrita por el diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el diputado Armando Javier Zertuche Zuani, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por el diputado Felipe Rafael Arvizu de la Luz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, suscrita por la senadora María Merced González González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por la senadora María Merced González González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Agenda política

Comentarios relativos a la Situación Política Nacional, a cargo del Grupo Parlamentario de Morena.

Comentarios relativos a la Situación Política Nacional, en materia de seguridad, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sader, a atender las irregularidades que se han presentado en las ventanillas autorizadas y de apoyo del Siniiga en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, suscrito por la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer ante el Pleno de esta Comisión Permanente, al Subsecretario para América del Norte de la SRE, para explicar los detalles del proceso de negociación del Protocolo Modificatorio del T-MEC, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SRE, a la STPS y a la SE, a informar sobre la designación de agregados laborales norteamericanos en el marco de la implementación del T-MEC y los procedimientos recíprocos que lleve a cabo México, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a analizar la viabilidad de incorporar a los alumnos de “Prepa en Línea SEP” como beneficiarios de las Becas para el Bienestar Benito Juárez, a fin de seguir impulsando la educación en esta modalidad, suscrito por el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Conacyt, a promover políticas públicas con una planeación estratégica que permita optimizar los recursos autorizados para ciencia, tecnología e innovación en el PEF 2020, suscrito por la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la administración pública federal, a dar cumplimiento al artículo 18 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y a contar con un lugar adecuado e higiénico que designe la institución para que las madres amamanten a sus bebés o se extraigan la leche, suscrito por la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener y a la CFE, a emitir por escrito la negativa del cobro del derecho por infraestructura tecnológica de seguridad del estado de Yucatán, por no tener las facultades legales para ello, a cargo de la senadora Verónica Noemi Camino Farjat, del Grupo parlamentario del Partido verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se cita a los titulares de la SRE, de la STPS y de la Subsecretaria para América del Norte, a explicar los contenidos del adendum del T-MEC, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, en coordinación con el Gobierno de Campeche y sus dependencias encargadas de la movilidad y del transporte, a considerar la viabilidad de la firma de un convenio para mejorar las rutas, horarios y demás condiciones a las que estarían sujetas las concesiones del transporte público de pasajeros, suscrito por la senadora Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CEAV, a otorgar de manera ágil las medidas de ayuda provisional, asistencia, atención y rehabilitación que requieran los hijos de la ciudadana Abril Cecilia Pérez Sagaón, para atender las circunstancias adversas derivadas de su asesinato, suscrita por el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a la instrumentación del protocolo modificatorio al T-MEC, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco, a reforzar los mecanismos de supervisión sobre el funcionamiento de las casas de empeño durante el primer trimestre del año 2020, con el objetivo de evitar abusos a los consumidores, a cargo del senador Miguel Ángel Lucero Olivas y suscrito por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS, a iniciar de manera inmediata las tareas de demolición y construcción del hospital General Regional No. 25 “Zaragoza”, a cargo del senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las procuradurías y/o fiscalías generales de justicia de las entidades federativas, a fortalecer los mecanismos de investigación y protección de la niñez y la adolescencia, víctimas de desapariciones, suscrito por la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Subsecretaría para América del Norte de la SRE, a comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para explicar los efectos de la legislación secundaria propuesta por los Estados Unidos de América en la aplicación del T-MEC, a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Órganos Superiores de Fiscalización de las 32 entidades federativas, a incorporar en sus auditorías anuales, información relativa a la entrega de apoyos en efectivo o especie que las universidades públicas y los gobiernos estatales y municipales realizan a equipos profesionales de fútbol soccer, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS y a la SFP, a analizar el caso del accidente de Pedro Alberto Lezama Hernández, el cual sucedió en las labores no descritas en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, suscrito por la diputada Dulce Alejandra García Morlan y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS y al IMSS, a remitir a esta Asamblea el informe respecto al balance del Programa Piloto referente a los trabajadores del hogar, así como a reforzar la difusión de sus derechos laborales, suscrito por la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSPC, a enviar un informe sobre el destino de los recursos del Fortaseg, suscrito por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Conacyt, a otorgar al Foro Consultivo Científico y Tecnológico de los recursos correspondientes al segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2019, suscrito por la diputada Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas, a reformar sus constituciones y leyes en materia de seguridad pública, para establecer que los municipios tendrán la facultad de contar con Centros de Control de Confianza para certificar a sus policías, suscrito por el diputado José Ángel Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a la Secretaría de Salud, a realizar de manera coordinada, las acciones necesarias para publicar la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia en el DOF, suscrito por los diputados Marco Antonio González Reyes, Juan Pablo Sánchez Rodríguez y Rosalba Valencia Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Sener y a la CFE, a abstenerse de llevar a cabo cualquier acción tendiente al cobro de nuevos impuestos o derechos relacionados con el consumo de energía en Yucatán con motivo del Paquete Fiscal 2020, suscrito por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Durango, a la Secretaría de Salud, al IMSS y al ISSSTE, a girar instrucciones para otorgar los recursos materiales y humanos necesarios para brindar atención a los pacientes que padecen distintos tipos de trastorno afectivo estacional en la entidad, a cargo del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezca los programas que ayudan a prevenir y reducir el número de accidentes automovilísticos en los caminos y carreteras del país, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a que, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, realice convenios de colaboración con las unidades de investigación de las universidades públicas y privadas del país, para impulsar los estudios científicos y sociológicos de las verdaderas causas de la violencia, del machismo, de la desintegración familiar, así como su relación con los índices de drogadicción y alcoholismo, suscrito por la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a diversas secretarias de Estado y al Fonart, a fortalecer las acciones de fomento, difusión y apoyo a las empresas o artesanos que se dediquen a la producción, comercialización y exportación del juguete, ante su relevancia en esta época decembrina, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se expresa el respaldo al protocolo modificatorio al T-MEC y a los acuerdos paralelos suscritos en la Ciudad de México el pasado 10 de diciembre de 2019, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la SSPC, a reforzar las medidas de seguridad y servicios de emergencia en tramos carreteros de Michoacán, en específico en la Autopista Siglo XXI, suscrito por el senador Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a la Semarnat y a la Profepa, a remitir diversos informes relativos al tráfico ilegal de totoaba y a la disminución de la población de la vaquita marina, suscrito por el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo con objeto de que el Senado de la Republica, formule una declaración interpretativa sobre los alcances de las funciones de los agregados laborales en la legislación de los EUA para la implementación del tratado México-EUA-Canadá, suscrito por la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efeméride

Con motivo del 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, suscrita por la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión de instalación. Consulte a Secretaría si se le dispensa la lectura.

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Ramírez: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión de instalación. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de instalación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el jueves doce de diciembre de dos mil diecinueve, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.

Presidencia de la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos

La Presidencia con fundamento en el artículo ciento dieciocho de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, designa como secretarios provisionales a la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo; y al diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Partido Acción Nacional.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de veintinueve legisladores, a las veinte horas con cinco minutos del jueves doce de diciembre de dos mil diecinueve, la Presidencia declara abierta la sesión.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al Acuerdo suscrito por los representantes de los grupos parlamentarios para elegir una vicepresidencia adicional en la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura, que, en votación económica, se aprueba.

La Presidencia informa a la Asamblea que se procederá a la elección de la Mesa Directiva, se circula una propuesta de los grupos parlamentarios y se realiza la votación por cédula. Realizado el escrutinio y cómputo correspondientes, por unanimidad de veintinueve votos, son electos los siguientes legisladores: Presidenta: diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Partido Acción Nacional; Vicepresidentes: senadora Mónica Fernández Balboa, de Morena; y diputado Porfirio Muñoz Ledo, de Morena; Secretarios: diputada Karla Yurtizi Almazán Burgos, de Morena; senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional; diputado Enrique Ochoa Reza, del Partido Revolucionario Institucional; y diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo. Los legisladores electos, toman posesión de sus cargos y entran en funciones.

Presidencia de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Puestos todos de pie, la Presidencia declara:

“La Comisión Permanente que funcionará durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión, se declara legalmente instalada”.

La Presidencia instruye a la Secretaría comunicar al Presidente de la República y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la Comisión Permanente ha quedado debidamente instalada.

La Presidencia levanta la sesión a las veinte horas con diecinueve minutos, y cita para la próxima que tendrá lugar, el día miércoles dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, a las once horas.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Ramírez: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, una distracción que tengo. Antes de seguir adelante anuncio que estoy asumiendo la Presidencia temporalmente, esperando a que las presidentas de las dos Cámaras regresen de una encomienda que ellas han aceptado, la muy importante sesión del Consejo de Seguridad en Palacio Nacional.

Me veo obligado a plantear las cosas como yo las entiendo. No podía aprobar el acta del orden del día porque era un punto que no hemos esclarecido, que es el punto de la Agenda Política. No quisiera que perdiéramos el tiempo discutiendo sobre la Agenda Política y no discutiendo el tema político de la agenda, vamos.

Hay un sector en la Mesa Directiva –que para eso es– que piensa que no debe haber Agenda Política por esta vez, por esta vez; y otro que piensa que puede haber una Agenda Política pactada, que es la tradición permanente desde hace años, muchos años de esta Permanente.

Yo propuse el tema de los salarios que me parece el más importante cambio político que ha habido en muchísimos años en México, pero, en fin. Entonces aquí o hay sino de dos –perdón, ahoritita termino.

Quiero decir que se van a aprobar –y esta es mi mayor preocupación– hoy las reglas para el funcionamiento de la Comisión Permanente que en su artículo décimo primero dice que los... deberán presentarse... Por cada sesión se iniciará la Agenda Política.

La Agenda Política es el apartado en el orden del día en los asuntos referidos a los temas de los intereses de grupos parlamentarios nacionales o exteriores. Entonces se destinará hasta una hora y 15 minutos a cada sesión. Los coordinadores tendrán una bolsa –los partidos, perdón– de ocho minutos que distribuirán entre sus miembros.

A mí me parecería, con toda modestia, que el día que aprobamos, el primer día las sesiones, liquidemos la Agenda Política –perdón, termino– en el mismo momento que estamos aprobando las reglas.

Yo entiendo que es más importante lo de Palacio Nacional y hay que darle su importancia, eso lo entiendo –a ver si esto es tan importante–. Pero sugiero una solución muy sencilla. Incluyamos otro tema en el orden del día para no guillotinar el sentir político de los partidos –que es no tocar el tema de seguridad, en lo que yo coincidiría, que quiero adelantar mi voto–, pues tocamos otro tema, pero no cercenamos otro tema que sea más breve incluso.

Me parece un pésimo precedente que el mismo día y a la misma hora que se aprueban las reglas, se violenten. Me parece un precedente pésimo. Ahí dejo a la consideración de ustedes, y espero la respuesta. La senadora Xóchitl Gálvez.

La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (desde la curul): Muchas gracias, senador Porfirio Muñoz Ledo. Realmente para el Partido Acción Nacional sí es muy importante la discusión de la Agenda Política. El tema del TMEC es un tema que para nosotros nos parece delicado.

Tenemos un punto de acuerdo inscrito para la comparecencia del subsecretario de América del Norte, porque a todas luces estos cinco agregados laborales, Estados Unidos tenía toda la intención de que fueran inspectores laborales. Entonces sí queremos que venga el subsecretario a comparecer, y lo queremos debatir en la Agenda Política por lo delicado que significa este tema del Tratado. Queremos saber la verdad.

Se le preguntó de manera reiterada si estaban o no contemplados estos inspectores laborales y se nos negó en el Senado. Y de buena fe se aprobó este Tratado de Libre Comercio por unanimidad, pero después salieron las letras chiquitas y después salieron los acuerdos en lo oscurito, y sí queremos que venga a comparecer el subsecretario de América del Norte. Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias senadora. El diputado Justino Arriaga.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas(desde la curul): Gracias, presidente, muy buenas tardes. En el mismo sentido. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos totalmente en contra de que se remueva del orden del día, no solamente la Agenda Política, presidente, sino también las proposiciones con punto de acuerdo.

Precisamente el día de hoy, en la Mesa Directiva estuvimos señalando la importancia que estos dos puntos se mantuvieran en el orden del día, y definitivamente se está generando un pésimo precedente, como usted ha mencionado.

No podemos permitir; precisamente la discusión, el diálogo de los temas torales de esta nación se deben de discutir precisamente en la Comisión Permanente, y nuevamente solicitamos a la mayoría de los legisladores que integran esta comisión, que podamos hacer la discusión de los temas que a los diferentes grupos parlamentarios le son de mayor relevancia. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Senadora Indira Rosales y la diputada.

La senadora Indira de Jesús Rosales San Román (desde la curul): Gracias, presidente. De igual forma, Acción Nacional trae hoy varios puntos inscritos, sobre todo en el tema de Agenda Política queríamos hablar de la seguridad, que es uno de los temas o es el tema que más interesa a los mexicanos de todos los rincones del país. Y nos parece muy desafortunadas las declaraciones que ha hecho el presidente de la República el día de ayer y hoy, de hablar de tratar de insinuar que existía una responsabilidad por parte de los gobernadores de la oposición, cuando básicamente la seguridad es un tema de las 24 horas, los siete días, y nosotros preferimos saber ¿cuántos elementos habrá de la Guardia Nacional en cada una de las entidades federativas y en cada uno de los municipios, de qué manera realmente la federación está coadyuvando para llevar a cabo este tema?

Y bueno, me parece que estamos a punto de concluir uno de los años, o el año más violento en la historia de nuestro país. Creo que es un tema que debiera ser de prioridad para esta Cámara y para esta sesión, sobre todo.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Senadora.

La senadora Verónica Noemí Camino Farjat (desde la curul): Muchas gracias, presidente. En el entendido de que se tomó el acuerdo en Mesa Directiva de no entrar a puntos de acuerdo, yo sí quiero resaltar lo siguiente, y a propósito hablando del tema de seguridad pública.

Desde hace más de tres semanas me pronuncié a favor, o sea me pronuncié, perdón, en redes sociales, y la semana pasada lo hice ante el pleno del Senado. Un tema muy importante para Yucatán que es la aprobación de la Ley de Hacienda, en donde se argumenta que la CFE podrá cobrar un derecho de aproximadamente 290 pesos en el recibo de luz a quien pague más de 201 pesos y también que si este monto pasa de 7 mil 500 pesos podrán cobrar hasta el 8 por ciento del total del recibo.

Aquí yo comento, que la CFE no está facultada para este cobro por ser una empresa exclusivamente federal y que únicamente puede cobrar por los servicios que presta, según su propia ley y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. ¿Este derecho en Yucatán por qué se crea? Porque el Fondo de Aportaciones en materia de Seguridad Pública en 2019 fue de 163 millones de pesos y este año en el PEF trae la leyenda de: No disponible. ¿Puede cambiar? Sí, sí puede cambiar.

Entonces, si ese déficit pensemos que no lo recibimos en Yucatán, si ese déficit es por 163 millones de pesos, ¿por qué vamos a crear un derecho cobrado a través de CFE cuya base de recaudación es de más de mil millones de pesos por año? Tenemos además un préstamo, un empréstito, de 2 mil 600 millones de pesos aprobados el año pasado por el Congreso local del cual se han ejercido 600 millones de pesos, quedando 2 mil por utilizar.

Si multiplicamos esos 163 millones de pesos que no llegarán por el FASP, o tal vez sí, durante cinco años, o supongamos vamos a poner seis años, prorrateando uno por todos los posibles aumentos que puedan tener, esta cantidad nos da 968 millones de pesos, por los que de los 2 mil millones tendríamos 978 para aplicar ante este faltante y mil millones de pesos para hacer todo lo que se requiera extra en Yucatán, es decir, compensaría el déficit.

Ahora bien, si no hubiera habido este préstamo de 2 mil 600 millones, entonces posiblemente sí estaríamos en la necesidad de pensar qué se podría hacer y buscar otras alternativas.

La necesidad de este punto de acuerdo es porque el responsable de CFE, suministrador de servicios básicos en la División Comercial Peninsular, expidió un oficio de fecha 5 de noviembre, que fue presentado al Congreso local junto con el paquete fiscal, que compromete los alcances jurídicos de la CFE, alegando la viabilidad de incluir en el recibo de cobro del derecho –que ya les he explicado– y agregando un 5.8 por ciento sobre el monto total de la cobranza más IVA.

Después, la Secretaría de Energía –la secretaria, perdón–, en su cuenta de Twitter, dijo que ese cobro no podría ser por las razones que les acabo de comentar.

Por lo tanto, y en virtud de que la existencia de un oficio que jurídicamente compromete a la CFE para hacer el cobro de este derecho es que considero de suma importancia el exhorto que está ahí y que se los quiero nada más dejar por sentado porque se va a turnar a comisiones. El resolutivo primero dice:

Exhorto respetuoso a la titular de la Sener y al titular de la CFE a emitir por escrito la negativa sobre la pretensión del gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila, de que sea la CFE quien recaude dicho derecho.

Resolutivo 2. Dirigido... Exhorto respetuoso al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, a no cobrar por una función que constitucionalmente es responsabilidad del Estado y por el que ya pagamos impuestos, incluyendo un préstamo...

Presidencia de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, senadora perdón, su tiempo ha concluido.

La senadora Verónica Noemí Camino Farjat: ...vigente de 2 mil 600 millones de pesos. –Ya termino, presidenta.

Este último resolutivo lo pido porque muchos percibimos la dificultad de la actual administración de Yucatán para eficientar el gasto, acorde en estos momentos de transformación y austeridad en el país. Y me preocupa que el gobernador Mauricio Vila evada su responsabilidad porque quiere cargar el costo político del cobro de esta abusivo e inconstitucional derecho a la federación a través de la CFE.

Y aún más porque, ante esta negativa, buscará que los 106 ayuntamientos lo puedan cobrar a través de los sistemas municipales de agua potable, que es el segundo servicio básico posible, como se menciona en la Ley de Hacienda Yucatán.

Compañeras y compañeros diputados y senadores, diputadas y senadoras, la ciudadanía de Yucatán está siendo chantajeada. Se nos dice que, si no se paga este derecho, perderemos la seguridad de la que tanto gozamos. Y ¿saben?, esto solo puede decir quien se considera incapaz de mantener la seguridad de Yucatán.

Si el gobernador de Yucatán asistiera a estas reuniones, ya hubiera pedido en muchas ocasiones...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Senadora, le ruego por favor que concluya para que permita continuar el desahogo del orden del día.

La senadora Verónica Noemí Camino Farjat: ...que este dinero le sea mandado a Yucatán y es ahí donde resalto la importancia de la asistencia de los gobernadores. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, senadora. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Ramírez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobada el acta.



COMUNICACIONES OFICIALES

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Continúe la Secretaría.

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Hago de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa a un nuevo integrante en calidad de sustituto de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Para conocimiento preciso del referido acuerdo, adjunto copia.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2019.— Senador Salomón Jara Cruz (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXIV Legislatura.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa a un nuevo integrante en calidad de sustituto de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura

Los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 dé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, numeral 1, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 160, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, y

Considerando

I. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta por 37 miembros de los que 19 serán diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.

II. Que con fundamento en el artículo 82, inciso C) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es atribución de la Junta de Coordinación Política proponer al pleno a los senadores que integrarán la Comisión Permanente.

III. Que el artículo 160 del Reglamento del Senado de la República establece que en la elección de las senadoras y los senadores propietarios y sustitutos que conforme a la Constitución y la Ley formen parte de la Comisión Permanente, la Junta formulará las propuestas correspondientes con base en los criterios de pluralidad y proporcionalidad en relación con los grupos parlamentarios que concurren a la integración del pleno.

IV. Que el pasado 11 de diciembre de 2019, en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores se aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa a las senadoras y los senadores que integrarán la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

V. Que en dicho acuerdo se nombró por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a la senadora Alejandra de León Gastélum y por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México al senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, como integrantes sustitutos de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Por lo expuesto la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. El Senado de la República designa por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a la senadora Nancy de la Sierra Aramburo, como integrante sustituta de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, para ocupar el lugar de la senadora Alejandra León Gastélum.

Segundo. El Senado de la República designa por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, al senador Manuel Velasco Coello, como integrante sustituto de la. Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, para ocupar el lugar del senador Raúl Bolaños-Cacho Cué.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de diciembre de 2019.— La Junta de Coordinación Política: senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena; senador Mauricio Kuri González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; senador Miguel Osorio Chong (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; senador Dante Delgado Rinnauro (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de MC; senador Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM; senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del PT; senadora Sasil de León Villard (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del PES; senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; senadora Marybel Villegas Canché (rúbrica), integrante del Grupo Parlamentario de Morena; senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica), integrante del Grupo Parlamentario de Morena; senadora Josefina Vázquez Mota (rúbrica), integrante del Grupo Parlamentario del PAN.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: De enterado.

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La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: «Universidad de Colima.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura.— Presente.

El que suscribe, maestro José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima, hace referencia a los lineamientos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019, artículo 36, fracción III, que se menciona a continuación:

Artículo 36. Los programas destinados a educación media superior y superior, sujetos a reglas de operación, deberán contener las siguientes disposiciones:

III. Las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2019

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

Al respecto, para dar atención a los requerimientos relacionados con las disposiciones sobre la Auditoría de la Matrícula, adjunto al presente remito, para su consideración, los siguientes documentos, en formato impreso y electrónico:

Informe de resultados de la auditoría externa a la matrícula del segundo semestre 2019 de la Universidad de Colima, por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, Asociación Civil, AC.

Informe semestral específico sobre la ampliación de la matrícula del semestre agosto 2019-enero 2020 contra agosto 2018-febrero 2019, y el informe de matrícula DGESU/SES/SEP del segundo semestre de 2019.

En el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, información relacionada con los documentos antes mencionados, se encuentran disponibles para consulta pública en el sitio web: http://www.ucol.mx rendicion-cuentas/

Confiando encuentre correcta la presente información, me es grato reiterarles la seguridad de mi consideración y alta estima.

Atentamente

Estudia - Lucha -Trabaja

Colima, Colima, a 9 de diciembre de 2019.— Maestro José Eduardo Hernández Nava (rúbrica).»

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Universidad de Quintana Roo. Rectoría.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura.— Presente.

Por este medio me permito hacerle entrega del informe de resultados de la auditoria externa a la matrícula del segundo informe semestral 2019 de la Universidad de Quintana Roo, cuya revisión fue realizada por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en las Instituciones de Educación Superior, AC, de conformidad con la facción III del artículo 36 del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2019.

Se adjunta la siguiente documentación:

• Informe de resultados de la auditoría a la matrícula del segundo informe semestral 2019.

• Informe semestral específico sobre la ampliación de la matrícula del segundo informe semestral 2019 y su explicación.

• Informe de la matrícula emitido por la DGESU/SES/ SEP (se entrega en forma impresa y medio electrónico)

Agradeciendo de antemano su amable atención, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Chetumal, Quintana Roo, 10 diciembre 2019.— Francisco López Mena (rúbrica), rector.»

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«Universidad Veracruzana.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura.— Presente.

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 1 y la fracción III del artículo 36 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, hago llegar a usted, de manera impresa y electrónica, el informe de resultados de la auditoría externa al segundo informe semestral 2019 a la matrícula de la Universidad Veracruzana, realizada por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, AC.

Se anexa el formato Informe de matrícula desagregada por nivel y por programa educativo correspondiente al segundo semestre julio-diciembre de 2019, con fecha de corte de información al 30 de septiembre del año en curso.

Finalmente se envía el Reporte de variación de la matrícula establecida respecto al segundo semestre del año anterior.

Con mi reconocimiento, reciba saludos cordiales.

Atentamente

Xalapa, Veracruz, 11 de diciembre de 2019.— Doctora Sara Ladrón de Guevara (rúbrica), rectora.»

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«Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura.— Presente.

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo de artículo 1 y la fracción III del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación, me permito hacer llegar a usted el resultado de la práctica de auditoría externa sobre la matrícula del segundo informe semestral de 2019 y el informe semestral específico sobre la ampliación de ésta, considerando la variación de la matrícula respecto al semestre anterior a nivel general, por campus, por dependencia de educación superior y por programa educativo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo y quedando de usted como su seguro servidor.

Atentamente

Ciudad Universitaria, a 11 de diciembre de 2019.— Doctor Gustavo Urquiza Beltrán (rúbrica), rector.»

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«Universidad Autónoma de Occidente.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura.— Presente.

Sirva el presente para hacer entrega del informe original de resultados de auditoría a la matrícula de la Universidad Autónoma de Occidente, realizada por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, AC, correspondiente al segundo informe semestral de 2019 y sus anexos (documental y CD), en apego a lo establecido por el artículo 36, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Sin otro en particular, me despido de usted agradeciendo de antemano la atención prestada.

Atentamente

“Por la cultura a la libertad”

Culiacán, Sinaloa, a 13 de diciembre de 2019.— Doctora Gloria Aréchiga Sánchez (rúbrica), directora de Planeación y Evaluación.»

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«Instituto Tecnológico Superior de Choapas.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura.— Presente.

Por medio de la presente le deseo éxito en sus labores de su distinguido cargo.

Derivado de la publicación del 28 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, con fundamento en el artículo 36, fracción III, que a la letra dice:

Artículo 36. Los programas destinados a educación media superior y superior deberán contener las siguientes disposiciones:

...

III. Las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública.

Por ello, en cumplimiento de lo anterior, anexo a la presente el resultado de la auditoría de matrícula practicada al Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas.

Sin más que agregar, quedo atento a sus observaciones y comentarios.

Atentamente

Las Choapas, Veracruz, a 11 de noviembre de 2019.— Ingeniero Arturo Córdoba Montero (rúbrica), director del Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas.»

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«Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura.— Presente.

Estimada diputada:

Sabedor de su interés en apoyo a la Educación Superior Tecnológica de nuestro país, me permito enviar a usted el resultado de la auditoría externa de matrícula 2019 del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca, dando cabal cumplimiento al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, a sus obligaciones y, con fundamento en el artículo 36, fracción III, que a la letra dice: “las instituciones públicas de nivel superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública”, cuya publicación fue el pasado 28 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio 2019.

Nuestro instituto atiende una matrícula en el periodo agosto 2019-enero 2019 de 2120 alumnos, inscritos en sus 9 programas de licenciatura (2058 alumnos) y sus cuatro programas de maestría (62 alumnos), estos programas cumplen los estándares de calidad; los programas de licenciatura se encuentran en proceso de reacreditación y acreditación, dos de sus programas de maestría están incorporados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad reconocido por el Conacyt; así mismo, los alumnos participan activamente en el Programa de Intercambio Académico Internacional, mencionando que dos alumnos participantes en este programa obtuvieron su doble titulación en el Posgrado de Ingeniería Industrial, del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca y la Escuela de Ingeniería Julio Garavito en Bogotá, Colombia.

La estructura organizacional del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca está conformada por 173 trabajadores (113 docentes, 25 directivos y 35 administrativos); de la plantilla de docentes, 6 de ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, 21 son docentes de perfil deseable y se cuenta con la conformación de cinco cuerpos académicos. Las certificaciones con que cuenta el Instituto: SGC ISO 9001: 2015, SGAISO 14000: 2015 y el SG de Igualdad de Género y No Discriminación.

Sin otro particular, aproveche la ocasión para enviarle un cordial y fraternal saludo.

Tantoyuca, Veracruz, a 11 de diciembre de 2019.— Doctor Óscar del Ángel Piña (rúbrica), director general.»

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«Instituto Tecnológico Superior de Campechano.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura.— Presente.

En cumplimiento del artículo 41, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, tengo a bien enviarle el Informe de Auditoría de Matrícula del Instituto Campechano, correspondiente al segundo semestre del 2019, por el despacho externo Ramón Vázquez y Asociados, SCP (RVA CONSULTORES).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

“Un Pasado de Gloria, y un Presente de Luz”

San Francisco de Campeche, Campeche, a 13 de diciembre de 2019.— Licenciado Gerardo Montero Pérez (rúbrica), rector.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

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La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio y en alcance al oficio SG/UE/311/2451/19 me permito adjuntar copia del similar número UNMC/DGNC/1550/19, signado por el Ciudadano J. Rafael Márquez Meza, director general de Normatividad de Comunicación de la Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación, mediante el cual envía la actualización del “Informe bimestral sobre la ejecución de los programas y actividades gubernamentales”, correspondiente al quinto bimestre del ejercicio fiscal 2019.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 12 de diciembre 2019.— Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Maestro Emilio de Jesús Saldaña Hernández, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En alcance al oficio número UNMC/DGNC/1423/19, del 20 de noviembre pasado, se envía la actualización del “Informe bimestral sobre la ejecución de los programas y actividades gubernamentales”, correspondiente al quinto bimestre del ejercicio fiscal 2019.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2019.— J. Rafael Márquez Meza (rúbrica), director general de Normatividad de Comunicación.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

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La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: «Petróleos Mexicanos.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En cumplimiento del artículo 108 de la Ley de Petróleos Mexicanos, adjunto el informe semestral sobre el uso de endeudamiento de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias correspondiente al primer semestre de 2019, aprobado por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en la sesión 950 ordinaria, celebrada el 26 de noviembre del presente año.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2019.— Octavio Romero Oropeza (rúbrica), director general.»

«Petróleos Mexicanos.

I.1. Informe semestral sobre uso de endeudamiento de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias correspondiente al primer semestre de 2019, previsto en el artículo 108 de la Ley de Petróleos Mexicanos.

Con fundamento en el artículo 108 de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración aprobó el informe semestral sobre el uso del endeudamiento de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias correspondiente al primer semestre de 2019, en términos del documento anexo.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2019.— Licenciado Alejandro Morales Becerra (rúbrica), secretario del Consejo de Administración.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las comisiones de Energía de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

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La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con relación al Programa de Devolución de Derechos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, me permito informar a usted que no se realizaron asignaciones de recursos a los diversos municipios y· prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en este programa derivados de los ingresos excedentes recaudados por esta comisión al término del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, 13 de diciembre de 2019.— Ingeniera Patricia Ramírez Pineda (rúbrica), subdirectora general.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con relación al Programa de Devolución de Derechos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, me permito informar a usted que no se realizaron asignaciones de recursos a los diversos municipios y· prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en este programa derivados de los ingresos excedentes recaudados por esta comisión al término del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, 13 de diciembre de 2019.— Ingeniera Patricia Ramírez Pineda (rúbrica), subdirectora general.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, y a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores.

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La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a noviembre de 2019, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente a noviembre de 2018.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2019.— Gabriel Yorio González (rúbrica), subsecretario de Hacienda y Crédito Público.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

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La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura.— Presente.

En cumplimiento de las atribuciones conferidas en los artículos 23, fracción XXXVI, y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, me permito enviarle la memoria anual de 2019 del tribunal que me honro en presidir.

En ella se presentan los resultados del trabajo realizado por el tribunal durante 2019, tanto en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales como administrativas y, también por lo que se refiere a la competencia de este órgano jurisdiccional en lo relativo al Sistema Nacional Anticorrupción.

Debo manifestar que para alcanzar nuestros objetivos se ha contado con la competitividad de los magistrados y cada uno de los servidores públicos que integran el tribunal.

Sin otro particular, con la más alta consideración y estima, quedo de usted muy respetuosamente.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2019.— Magistrado Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), presidente.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las comisiones de Justicia de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

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La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Quien suscribe, diputado federal Adolfo Torres Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita su intervención para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para mi reincorporación, a efectuar el día viernes 13 de diciembre de 2019.

Sin otro en particular, quedo al pendiente de la respuesta institucional que le dé a la solicitud.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2019.— Diputado Adolfo Torres Ramírez (rúbrica).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: De enterado. Remítase a la Cámara de Diputados.

INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS



LEY DEL SEGURO SOCIAL

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: «Congreso de San Luis Potosí.

Honorable Congreso de la Unión.— Cámara de Diputados.— Presente.

La Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado, en sesión ordinaria de la data, resolvió con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Federal, proponer iniciativa de decreto que reforma el artículo 84 en sus fracciones III, y IV, así como en su párrafo antepenúltimo de la Ley del Seguro Social, por lo cual en cumplimiento de lo establecido en el instrumento parlamentario aprobado por unanimidad de las comisiones legislativas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Derechos Humanos, Igualdad y Género; por tanto, se remite a esa Cámara de origen para los efectos legales procedentes.

Diciembre 5, 2019.— Honorable Congreso del Estado, por la Directiva: diputada Vianey Montes Colunga (rúbrica), primera secretaria.»

«Congreso de San Luis Potosí.

Proyecto de Decreto

Único. Se reforma el artículo 84 en sus fracciones III y IV, así como en su párrafo antepenúltimo, de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 84 ....

I y II. ...

III. La o el cónyuge de la persona asegurada, o a falta de éste o ésta, la persona con quien se ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con la que haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si la persona asegurada tiene varias concubinas o concubinos, ninguna de ellas tendrá derecho a la protección.

IV. El cónyuge del pensionado o pensionada en los términos de los incisos a), b), y c) de la fracción II, a falta de cónyuge, la persona con la que haya formado un concubinato si se reúnen los requisitos de la fracción III, y que el asegurado tenga derecho a las prestaciones consignadas en el artículo 91 de esta ley;

V a IX....

Los sujetos comprendidos en las fracciones V a IX, inclusive, tendrán derecho a las prestaciones respectivas si reúnen además los requisitos siguientes:

a) y b) ...

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado por la Comisión de Puntos Constitucionales, en el auditorio “Licenciado Manuel Gómez Morfín”, del edificio “Presidente Juárez”, del honorable Congreso del estado. A los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. Dado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en la Sala “Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta”, del edificio “Presidente Juárez”, del honorable Congreso del estado. A los doce días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. Dado por la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género, en la sala “Francisco González Bocanegra”, del honorable Congreso del estado. A los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.—Por la Comisión de Puntos Constitucionales, diputados: Paola Alejandra Arreola Nieto, presidenta; Sonia Mendoza Díaz, vicepresidenta; Héctor Mauricio Ramírez Konishi, secretario; Edson de Jesús Quintanar Sánchez, Cándido Ochoa Rojas, María Isabel González Tovar, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, vocales (rúbricas). Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados: Martha Barajas García, presidenta; Rosa Zúñiga Luna, vicepresidenta; Alejandra Valdés Martínez, secretaria; Eugenio Guadalupe Govea Arcos, vocal (rúbricas). Por la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género, diputados: Pedro César Carrizalez Becerra (rúbrica), presidente; Alejandra Valdés Martínez, vicepresidenta; Martha Barajas García (rúbrica), secretaria; Edson de Jesús Quintanar Sánchez, Angélica Mendoza Camacho, María Isabel González Tovar (rúbrica), Rolando Hervert Lara (rúbrica), vocales.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: «Congreso de Querétaro.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126, fracciones V y XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en sesión del pleno de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, celebrada el 28 de noviembre de 2019, se aprobó el presentar ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto que adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitiéndole la iniciativa de mérito, para los efectos del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, le reiteramos nuestro respeto institucional.

Atentamente

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 28 de noviembre de 2019.— Diputada Verónica Hernández Flores (rúbrica), presidenta;diputada Tania Palacios Kuri (rúbrica), primera Secretaria.»

«Congreso de Querétaro.

Decreto que adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un nuevo segundo párrafo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 135. La presente Constitución...

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, deberá asegurarse que las Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México fueron debidamente notificadas del contenido y alcances de la reforma dentro de los siguientes tres días naturales.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Transitorios

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Para los efectos de las notificaciones a que se refiere el párrafo segundo del artículo 135 de este decreto, se podrán celebrar convenios que permitan el uso de herramientas y medios tecnológicos que faciliten las notificaciones.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a la presente ley.

Atentamente

Quincuagésima novena Legislatura del Estado de Querétaro;diputada Verónica Hernández Flores (rúbrica), presidenta; diputada Tania Palacios Kuri (rúbrica), primera secretaria.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO



REGLAS BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se pide a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a la sesión y el orden del día de la Comisión Permanente.

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Acuerdo por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente que fungirá durante el primer receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

Se consulta en votación económica, si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Permítame, secretaria. Antes de pasar a la votación sobre el punto, está solicitando la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Tiene la palabra.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo: ... realmente el sonido en rigor político. Bueno, quiero informar a las ciudadanas presidentas de ambas Cámaras que se cumplió con la encomienda que ustedes se sirvieron hacerme y que hubo un debate, del cual yo les tengo que informar. Hubo un debate sobre el orden del día, sobre la agenda.

Yo hice esta exposición, lo digo en menos de un minuto. Hace muchos años –lo están investigando desde cuándo– hay en esta Permanente Agenda Política.

Dos. Las reglas de funcionamiento de este pleno, de esta Comisión, están aprobadas por los partidos, nos van a traer copias ahorita, y dicen claramente que habrá una Agenda Política.

Entonces, me parece un poco inconsecuente y hasta reprobable que aprobemos un reglamento interno que prevé la Agenda Política y votemos en favor de la no Agenda Política, lo que se va a prestar a todo tipo de especulaciones.

La causa es, y quedó claro, que hoy habría el debate sobre del Consejo Nacional... de Seguridad Nacional... muy interesante, que no se quiere duplicar.

Ahora, lo digo con todo respeto, con el mayor respeto para los legisladores que estuvieron en contra, que no pueden regirse los calendarios del Legislativo por el... la división de Poderes es un valor fundamental de la República.

Entonces, yo sometería rápidamente a los asistentes, ah, y se propuso un tema en lugar de eso, que va para discusión, que es el tema de los salarios, que es una noticia absolutamente importante en la vida del país. Entonces, sométalo usted.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Bueno, informo al pleno que lo que estamos sometiendo a consideración son las Reglas Básicas del Funcionamiento de la Comisión Permanente, que es lo que está a punto de someter a votación la Secretaría.

Con respecto al orden del día que la Mesa Directiva aprobó en su sesión de hoy por la mañana. En efecto, no se aceptó incluir el apartado de Agenda Política.

Le informo a la asamblea, que como sucede de manera regular en las sesiones, es posible modificar el orden del día, si el pleno lo aprueba, a propuesta de alguno de los integrantes de la Comisión Permanente.

Entonces, vamos, eso lo dejo solamente para ilustrar a la asamblea sobre el procedimiento de modificación del orden del día que la Mesa Directiva aprueba.

En el caso de que alguien durante la sesión quiera proponer una modificación, les vamos a rogar que se haga por escrito a la Mesa Directiva y lo someteríamos a consideración del pleno para incluir, en su caso, un nuevo tema o un nuevo punto en el orden del día.

Una vez dicho esto, continúe la Secretaría con la votación pendiente para aprobar las Reglas Básicas del Funcionamiento de la Comisión Permanente.

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado. Comuníquese.

INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Continuamos con las iniciativas. Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Marcela Torres Peimbert, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o. y 72 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada María Marcela Torres Peimbert:Muy buenas tardes a todas, a todos. Con su venia, presidenta.

En 2011 el Estado mexicano publicó la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad. Esta ley mandata el establecimiento de políticas públicas para su ejercicio.

Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que el 15 por ciento de la población total del mundo sufre algún tipo de discapacidad.

En México esa cifra equivaldría a 7.1 millones de personas con algún tipo de discapacidad. De las cuales casi el 9.8 por ciento serían niñas y niños de 0 a 14 años. Y el 9.4 serían jóvenes de 15 a 21 años.

En este gobierno se están otorgando –para ser digamos consistentes con esta disposición de 2011– becas a personas con discapacidad. Estas becas ya han llegado a 815 mil personas y la meta es llegar a un millón de personas, lo cual está muy bien. Sin embargo, dentro de las reglas de operación de otorgamiento de esas becas dice que solamente podrán ser beneficiarios de ellas quienes padezcan una discapacidad permanente.

Leo a continuación qué es lo que se dice como discapacidad permanente. Consecuencia, deficiencia o limitación, en una persona de carácter definitivo y no curable, que se aprecie a simple vista, con la percepción de los sentidos, sin necesidad de valoración técnica. Esta es la definición que hay de discapacidad permanente.

Aun cuando estamos de acuerdo, apoyamos y vemos loable la entrega de estas becas, también sabemos y consideramos que no están llegando a todas las niñas y niños que deben llegar. Y me voy a referir aquí a dos problemas distintos, uno es la beca que se otorga para compensar la falta de posibilidad de esas personas con discapacidad para sostenerse a sí mismas, y otra distinta sería la necesidad, la beca que es necesaria para que muchas de las niñas y niños cuya discapacidad no es permanente, o sí lo es, pero pueden sostenerse por sí mismos, puedan ser atendidos en el sistema educativo regular.

Para esto se tienen los centros de atención múltiple, los cuales tienen como objetivo la responsabilidad de escolarizar alumnas y alumnos con algún tipo de discapacidad, y que requieran adecuaciones curriculares altamente significativas y de apoyos generalizados o permanentes.

Aunque existen estos centros de atención educativa, muchas personas con discapacidad en México quedan fuera de esta posibilidad, y me refiero en concreto al 20 por ciento, fíjense compañeras y compañeros, 20 por ciento de las niñas y niños en México que sufren problemas severos de conducta y que están también dentro del espectro autista.

Estas niñas y niños al no caer, digamos, en la clasificación de discapacidad permanente, pues no están siendo atendidos ni con la beca ni accesando a métodos educativos que les permita sobrepasar su discapacidad y poder ser ciudadanas y ciudadanos útiles a ellos mismos y a su país.

Por tal motivo, la iniciativa tiene como objetivo ampliar el catálogo de discapacidades, eliminar esta definición de discapacidad permanente y poder ampliarla para que niñas y niños que tienen este tipo de conducta, que son 20 por ciento del total de las niñas y niños en el país que requieren de ciertas adecuaciones para poder aprender, que puedan ser atendidos.

¿A qué me refiero? Sicopedagogía en las escuelas, sicólogos o sicólogas en los planteles y que las maestras y maestros estén capacitados para atender a este grupo poblacional de niñas y niños con problemas de conducta.

Actualmente los padres de estos niños, las madres de estos niños tomas dos caminos. Uno es no mandarlos a la escuela, y con grandes esfuerzos económicos encontrar centros educativos donde puedan ser atendidos estos niños que sufren alguna gama del espectro autista o problemas de conducta. Esto trae una erogación muy importante a estas familias que daña la economía familiar.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, su tiempo ha concluido.

La diputada María Marcela Torres Peimbert: Esa es la petición, ese es el planteamiento, que estos niños puedan ser incluidos dentro de este catálogo de beneficiarios de estas becas para personas con discapacidad. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 9 y 72 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 72 de la Ley General de Educación, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es un derecho humano básico, al igual que todos los derechos humanos, es universal e inalienable. Todas las personas, con independencia de su género, origen étnico o situación económica, tienen derecho a ella.

El derecho a la educación como un derecho humano fundamental de los mexicanos y mexicanas, se encuentra consagrado y reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Le corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Nuestra Constitución establece que a educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.

El gobierno de México destinó en 2018, 17 por ciento del gasto público total en el rubro educativo, más que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 11 por ciento. El recién aprobado Presupuesto de Egresos de la Federación destina 324 mil 712.6 millones de pesos para educación.

El sistema educativo en México está estructurado en tres tipos o grupos: Educación Básica, Educación Media Superior y Educación Superior. En cada tipo educativo hay niveles, y en éstos, existen distintas modalidades de servicio. Además, como parte de la oferta educativa, se encuentran la educación inicial, educación especial, y educación para adultos. Dichos servicios están diseñados para satisfacer necesidades educativas específicas de la población, para quienes requieren una atención diferente, especializada o flexible.

Para cumplir con esa atención especial se crearon los Centros de Atención Múltiple; consiste en un servicio de educación especial que tiene la responsabilidad de escolarizar a los alumnos y alumnas con alguna discapacidad o con discapacidad múltiple que requieren de adecuaciones curriculares altamente significativa y de apoyos generalizados o permanentes; así como brindarles formación para el trabajo aquellas personas que por diversas razones no llegan a integrarse al sistema educativo que brinda esta formación.

Aunque existen estos centros de atención, la brecha para la inclusión educativa de las personas con discapacidad en México aún es muy amplia. Se estima que 46.5 por ciento de los niños y jóvenes entre tres y 29 años de edad, es decir menos de la mitad de quienes presentan algún tipo de esta condición, sea discapacidad visual, motora, auditiva, de habla, intelectual u otra, acude a la escuela, revela la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2014, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el mismo supuesto se encuentran los educandos con trastorno generalizado del desarrollo o, en su caso, algún trastorno de conducta. Algunos de ellos son altamente funcionales y pueden transitar con adecuaciones curriculares menores y apoyos dentro del sistema educativo básico; por lo cual requieren adecuaciones curriculares menores y apoyos.

El autismo es el más conocido de los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), que por este motivo también se denominan Trastornos del Espectro Autista (TEA). En México, 1 de cada 115 niños estarían en esa condición, según un estudio financiado por la organización Autism Speaks. Casi 1 por ciento de todos los niños en México, alrededor de 400 mil tienen autismo. Debido a que este es el primer estudio de prevalencia en México, no se puede comparar esto con la prevalencia en años previos, pero para comparación, hace 20 años se pensaba que el autismo afectaba a uno de cada mil o menos niños/as en Estados Unidos de América (EUA). Así que 400 mil niños/as es un número muy importante y un problema urgente de salud pública en México.

Es muy frecuente la discapacidad intelectual; tan solo 30 por ciento preservan un cociente intelectual normal o incluso superior. Entonces estaríamos hablando que 120 mil niños y niñas están en el supuesto planteado y muchos de ellos están siendo atendidos en el sistema educativo básico sin considerar las adecuaciones que requieren o, en su caso, cuentan con esas adecuaciones financiadas por sus padres o sus tutores.

Aunado a lo anterior, en México 20 por ciento de los niños en edad escolar está en riesgo de padecer problemas severos de conducta, que dificultan la inserción de los menores a la vida escolar, familiar y social en general; además, los pueden llevar a un desempeño o rendimiento escolar bajo.

No obstante que la educación es un derecho humano, respaldado también en la Constitución de nuestro país, de su pleno ejercicio están excluidos cientos de mexicanos, y se viola el principio constitucional de que la educación además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

Lo cierto es que el costo de una educación inclusiva en México es trasladado a los padres de familia, quienes asumen el costo de la ayuda adicional que necesita el educando para poder transitar por el sistema educativo público; o se opta por la educación privada, donde también el costo es trasladado a los padres de familia. O en el peor de los casos no acuden a la escuela a falta de recursos económicos.

Mucho se le queda a deber a la educación inclusiva y gratuita; es por ello que el objetivo de la presente iniciativa es reformar la Ley General de Educación con la finalidad de otorgar becas y demás apoyos económicos a los educandos con discapacidad, trastorno conductual o trastorno generalizado del desarrollo y con ello motivar y favorecer su acceso y su permanencia en la educación.

Por lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y, en su caso, aprobación del siguiente

Decreto que reforma los artículos 9 y 72 de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se reforman los artículos 9 y 72 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones:

I. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación; asimismo se deberán establecer políticas para otorgar becas y demás apoyos económicos a los educandos con discapacidad, trastorno conductual o trastorno generalizado del desarrollo.

...

Artículo 72. Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma.

Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a:

I. al VII. ...

VIII. Recibir becas y demás apoyos económicos priorizando a los educandos que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación; así como los educandos con discapacidad, trastorno conductual o trastorno generalizado del desarrollo.

IX. al X....

...

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Bibliografía

1. Manual para la Evaluación de Menores de Cinco Años con Riesgo de Retraso en el Desarrollo. Primera edición, 2013

2. https://www.autismspeaks.org/what-autism

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2019.— Legisladoras: María Marcela Torres Peimbert, Madeleine Bonnafoux Alcaraz (rúbricas).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.



INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO LA LEYENDA “A LA FIRMA DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN DE 1914”

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda “A la Firma de los Tratados de Teoloyucan de 1914”.

El diputado Jacobo David Cheja Alfaro:Gracias, compañera presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante.

El diputado Jacobo David Cheja Alfaro: Compañeras y compañeros legisladores. Este 2019 se cumplieron 105 años de la firma de los Tratados de Teoloyucan, un hecho histórico que fue un parteaguas en la Revolución Mexicana, pero que no solo significó la disolución del ejército federal para dar paso al ejército constitucionalista, sino que también significó la transición hacia la vida constitucional del país.

Como mexiquense, es para mí un honor impulsar el reconocimiento a un suceso histórico que fue fundamental para la consolidación de la vida democrática de nuestro país y que ocurrió dentro del estado de México.

Hoy vengo a presentarles una iniciativa para incluir la firma de los Tratados de Teoloyucan en el muro de honor de esta Cámara de Diputados, pues sería una forma de rendir honores a todos aquellos héroes populares y anónimos que lucharon para lograr la transición hacia un México mejor, pues sin la lucha de ellos hoy no sería concebible imaginar la vida constitucional de nuestro país.

Se ha dicho que disolución del ejército federal era inminente ante el triunfo de los revolucionarios, sin embargo, no debe de desmeritarse la firma de los Tratados de Teoloyucan, pues después de la renuncia de Huerta y previo a la firma de dichos tratados, aún había entre 15 mil y 20 mil soldados del Ejército federal custodiando la Ciudad de México, mientras que Álvaro Obregón contaba con una cifra ligeramente mayor de efectivos, 25 mil aproximadamente.

Por lo que las negociaciones y acuerdos hechos en Teoloyucan fueron imprescindibles para lograr una transición pacifista entre un ejército y otro, y así evitar más derramamiento de sangre en el contexto de la revolución. Por ello considero que la inscripción de dichos tratados en el muro de honor de la Cámara de Diputados es más que merecida.

Ya en el 2014 se modificó el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para ser obligatorio el izamiento de la bandera el 13 de agosto de cada año, con motivo del aniversario de los Tratados de Teoloyucan.

Por lo que inscribir en letras de oro este suceso histórico, sería complemento con el que se le terminaría de dar pleno reconocimiento institucional e histórico.

En el Muro de Honor de esta Cámara de Diputados aparecen 77 inscripciones, en él se plasman los nombres de Benito Juárez, de Miguel Hidalgo, de Josefa Ortiz de Domínguez, de José María Morelos, de Vicente Guerrero, de Guadalupe Victoria, de Francisco I. Madero, de Álvaro Obregón, de Venustiano Carranza, de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, de Lázaro Cárdenas del Río, de Cuauhtémoc, de Nezahualcóyotl y Sor Juana Inés de la Cruz, por mencionar algunos.

También destacan los nombres de instituciones, frases célebres y reconocimientos a grupos de héroes y personajes de diferentes épocas. Sin embargo, en lo que concierne únicamente a sucesos históricos y sociales aparecen solo dos inscripciones, la del Exilio español, inscrita en este 2019, y la del Movimiento Estudiantil de 1968, inscrita al inicio de esta legislatura en el 2018, ambas leyendas obviamente son de inscripción reciente.

Por lo que sí es pertinente y justa la inscripción de la firma de los tratados de Teoloyucan, porque esto significaron la victoria del pueblo de México sobre el pequeño grupo de élite predominante en aquella época y la construcción del actual constitucionalismo mexicano.

Con la inscripción de la firma de los Tratados de Teoloyucan, impulsaremos el reconocimiento de un hecho histórico que fue la base de la actual vida constitucional de nuestro país y al mismo tiempo queremos que todo servidor público tenga siempre presente que por encima de cualquier proyecto partidista o personal está el proyecto de nación y que cualquier intento de golpe de Estado o perpetuidad en el poder estará destinado a fracasar, porque tarde o temprano y por encima de todo, siempre estará nuestra Constitución. Es cuanto, compañera presidenta.

«Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda “A la Firma de los Tratados de Teoloyucan de 1914”, a cargo del diputado Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Jacobo David Cheja Alfaro, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se inscribe en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “A la Firma de los Tratados de Teoloyucan de 1914”, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 13 de agosto de 1914 se firmaron los Tratados de Teoloyucan, en el estado de México. En representación de los revolucionarios firmaron el general Álvaro Obregón y el general Lucio Blanco; y en representación del Ejército federal firmaron el general A. Salas y el vicealmirante Othón P. Blanco. Este suceso representó la victoria del pueblo de México sobre el pequeño grupo de elite porfirista y huertista, pues se lograba el objetivo del Plan de Guadalupe del 23 de marzo de 1913.

La firma de los Tratados de Teoloyucan, fue un suceso histórico de tal relevancia que sentó las bases de la vida constitucional de México, que si bien, dichos tratados no dieron fin a la revolución, si lograron un hecho tan importante como la disolución del ejército federal y la instauración del ejército constitucionalista. Así se dio un importante paso en la consolidación de la pacificación y construcción de la vida democrática del país.

Se ha dicho que la disolución del ejercito era inminente ante el triunfo de los revolucionarios, sin embargo no debe desmeritarse la firma de los Tratados de Teoloyucan, pues después de la renuncia de Huerta, y previo a la firma de dichos tratados, aun había entre 15 mil y 20 mil soldados del ejército federal custodiando la ciudad de México, mientras que Álvaro Obregón contaba con una cifra ligeramente mayor de efectivos (25 mil). Por ello, las negociaciones y los acuerdos hechos en Teoloyucan fueron imprescindibles para lograr una transición pacifista entre un ejército y otro.

Se ha señalado que llamar “tratados” a los convenios firmados en Teoloyucan es erróneo, pues actualmente aquel término se utiliza únicamente para los documentos firmados entre dos naciones. Sin embargo, históricamente se han conocido así a los arreglos firmados en dicha localidad del estado de México, además, al tratarse de un hecho histórico, no hay inconveniente en llamar “Tratados de Teoloyucan”, al hecho histórico que culminó en la firma de los convenios con los que se pone fin al ejército federal y se da un paso a la construcción de la vida constitucional del país, por lo que es merecida su inscripción tal cual en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados.

En 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados, que a su vez quedan sustentados en el artículo 262 del Reglamento de la Cámara de Diputados. En el artículo 2 de dichos criterios se establece que las inscripciones de nombres, leyendas, o apotegmas tendrán como objetivo rendir homenaje a un personaje, institución o suceso histórico de trascendencia para el país.

Según la clasificación oficial, el Muro de Honor de la Cámara de Diputados contiene 77 inscripciones, de las cuales

... 59 son nombres de mujeres y hombres destacados en la historia del país, 12 conciernen a distinciones de cuerpos legislativos, militares y movimientos sociales, cuatro corresponden a nombres de instituciones de educación civiles y castrenses, y dos a frases célebres.

Aparecen personajes como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, José María Morelos, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Francisco I. Madero, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Lázaro Cárdenas del Río, Cuauhtémoc, Nezahualcóyotl y Sor Juana Inés de la Cruz, por mencionar algunos.

También destacan la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional.

Sin embargo, por lo que concierne únicamente a sucesos históricos y sociales, aparecen sólo dos inscripciones en el Muro de Honor: la del exilio español (2019) y la del Movimiento Estudiantil de 1968 (2018). Ambas leyendas son de inscripción reciente. Por ello consideramos que sí es pertinente incluir más hechos históricos.

Incluir la firma de los Tratados de Teoloyucan en el Muro de Honor es rendir honores a Francisco I. Madero –la figura central en busca del derrocamiento del régimen porfirista– y a todos aquellos héroes anónimos que lucharon para lograr la pacificación del país, pues sin su lucha hoy no sería concebible imaginar en México, más de un siglo de vida constitucional.

Por todo lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que ordena inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio legislativo de San Lázaro la leyenda “A la Firma de los Tratados de Teoloyucan de 1914”

Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “A la Firma de los Tratados de Teoloyucan de 1914”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Los Tratados de Teoloyucan, página 3, consultado el 2 de diciembre de 2019, desde

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2883/16.pdf

2 Este plan tenía la finalidad de derrocar al régimen de Victoriano Huerta.

3 Villareal, L. Javier. Tratados de Teoloyucan, final civilizado de una época de terror, página 15. Consultado el 10 de diciembre de 2019, desde

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4373/8.pdf

4 Muro de Honor de la Cámara de Diputados, 196 años de volver la mirada a un pasado de orgullo nacional,consultado el 3 de diciembre de 2019, extraído desde

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia -de-Noticias/2019/Julio/19/2614-Muro-de-Honor-de-la-Camara-de-Diputados-196-ano s-de-volver-la-mirada-a-un-pasado-de-orgullo-nacional

5 2‘Exilio español’, con letras de oro2, en El Universal. Consultado el 1 de diciembre de 2019, desde

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/exilio-espanol-c on-letras-de-oro

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2019.— Legislador Jacobo David Cheja Alfaro (rúbrica).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.



LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra por cinco minutos, el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para crear la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales.

El senador Miguel Ángel Lucero Olivas: Con su venia, presidenta, muchas gracias. Compañeras, compañeros legisladores. Yo provengo de Durango, una zona con gran riqueza forestal, entre otras más.

Quiero manifestar que en este preciso momento en el que estoy yo aquí compareciendo ante ustedes, hay decenas de brigadas de talamontes, que clandestinamente están acabando y de manera arbitraria con este recurso natural que nos pertenece a todos, con los daños al medio ambiente, con los daños a la biodiversidad que esto conlleva, por eso es el motivo de la presente iniciativa.

Me voy a permitir leérselas. El sustento de la política ambiental y, por ende, de la persecución de los delitos ambientales se encuentra establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., y establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, siendo este un derecho garantizado por el Estado y cualquier daño, deterioro ambiental que genera responsabilidad a quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley.

De acuerdo con el Informe de la Situación del Medio Ambiente en México, realizado por la Semarnat en 2015, el cambio climático, la pérdida de los ecosistemas y de su biodiversidad, así como la escasez y contaminación de los recursos hídricos son de gran importancia y es necesario actuar para enfrentar estos problemas que afectan a la esfera ambiental, social y económica en nuestro país.

Según el informe de actividades de 2017 de la Profepa, las denuncias recibidas en este año fueron 5 mil 461, de las cuales 3 mil 487 fueron admitidas en la Procuraduría. Del total de denuncias recibidas, en términos absolutos se concluyeron 3 mil 721 de las 3 mil 487 denuncias que fueron concluidas en esta institución.

De las denuncias recibidas a nivel nacional en 2017 en las materias fueron: la forestal, con 2 mil 91; la fauna, con 704; el ordenamiento ecológico e impacto ambiental, con 704, y la contaminación atmosférica, con 568 denuncias.

En el ámbito de la responsabilidad ambiental de carácter penal existen también diversas disposiciones de los Códigos Penal, Federal y de Procedimientos Penales. Las autoridades encargadas de su garantía en nuestro país son la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, y actualmente la Fiscalía Federal de la República cuenta con una unidad especializada en investigación de delitos contra el ambiente, previstos en las leyes especiales, adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales.

En el ámbito de su competencia, a través de agentes del Ministerio Público de la Federación, se encargan de representar a la sociedad en la investigación y persecución de los delitos con los principios que garantiza el desarrollo integral del Estado de derecho.

Además de ello, esta unidad, dentro de sus funciones, se encarga de investigar los delitos previstos en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

La finalidad de la creación de la citada ley es proteger, conservar y restaurar los monumentos arqueológicos artísticos e históricos, así como las zonas de monumentos de nuestro país.

Lejos de beneficiar el trabajo en favor de la preservación del medio ambiente y de la persecución de los delitos ambientales de carácter federal, esta dualidad de facultades diluye sus capacidades aumentando la carga de trabajo de los ministerios públicos y provoca que los recursos materiales, financieros y humanos con los que se cuenta en dicha unidad, se dispersen reduciendo la efectividad del impacto de sus acciones.

Es por eso que estamos proponiendo a momento esta iniciativa que se presentó a esta Comisión Permanente, una comisión, una fiscalía especializada en delitos ambientales. Es cuanto, presidenta, compañeros colegisladores.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para crear la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, a cargo del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del PT

Del senador Miguel Ángel Lucero Olivas y la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, numeral II y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 11, y se adicionan la fracción VII del artículo 14, recorriéndose las subsecuentes, y un artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para crear la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La primera moción del derecho a un medio ambiente sano llegó a través del principio 1o. de la Declaración de Estocolmo, producto de la cumbre sobre el medio humano, en la cual nuestro país tomo parte, y la Declaración de Río de Janeiro que en su principio 1o. ratifica este precepto.

El sustento de la política ambiental y, por ende, de la persecución de los delitos ambientales se encuentra establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o. señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Siendo este derecho garantizado por el Estado, y cualquier daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Lo anterior se ve reforzado por lo establecido en el e artículo 25 constitucional que incorpora el concepto de sustentable (sostenible), con lo cual se establece la base constitucional del desarrollo sustentable (sostenible) en nuestro país. De hecho, derivado de los artículos 25, sexto párrafo; 26; 27, tercer párrafo, y 73, fracciones XVI, 4ª y XXIX-G, así como de los artículos 115 y 124 de la Constitución, se crearon normas secundarias que regulan la conducta humana y social frente a los recursos naturales y los ecosistemas, y se establece la competencia y participación de los gobiernos estatales y municipales en la temática ambiental.

Los ordenamientos jurídicos del derecho constitucional mexicano han incluido la protección ambiental desde el Constituyente de 1917, al incorporar en el artículo 27 el tema de la conservación de los recursos naturales y consagrar el principio de función social de la propiedad y, en 1987, al reformarse el artículo 73, cristalizar la reforma ecológica.

Las normas se regían, en 1971, por el derecho a la salud para garantizar la seguridad y sobrevivencia del ser humano, por lo cual se reformaron los artículos constitucionales 27, tercer párrafo, y 73, y se expidió la Ley Federal para prevenir y controlar la Contaminación Ambiental que dio atribuciones al Consejo General de Salubridad para dictar las medidas conducentes. Para garantizar el imperio del interés público y social en la procuración de un ambiente limpio y sano se dio peso punitivo a la Ley Federal de Protección al Ambiente.

Aunado a lo anterior, se han creado la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y a las Leyes Forestal, General de Bienes Nacionales y General de Vida Silvestre, que hoy nos rigen.

Cabe señalar que los principios ambientales en México se establecen fundamentalmente en la LGEEPA, sin embargo, ésta se complementa con diversas leyes y reglamentos específicos de otros ámbitos como lo hemos señalado.

En el ámbito de la responsabilidad ambiental de carácter penal, existen también diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales entre los que destacan el Título Vigésimo Quinto, delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Capítulo primero, de las actividades tecnológicas y peligrosas, artículos 414, 415 y 416. Capítulo Segundo, de la biodiversidad, artículos 417, 418, 419, 420 y 420 Bis. Capítulo tercero, de la bioseguridad, artículos 420 Ter. Capítulo cuarto, delitos contra la gestión ambiental, artículo 420 Quáter. Así como el Capítulo Quinto, disposiciones comunes a los delitos contra el ambiente, artículos 421, 422 y 423.

Delitos ambientales en México

De acuerdo con el informe de la situación del medio ambiente en México, realizado por la Semarnat en 2015, se señala que el cambio climático, la pérdida de los ecosistemas y de su biodiversidad, así como la escasez y contaminación de los recursos hídricos son de gran importancia y la necesidad de actuar se vuelve urgente ya que estos problemas afectan actualmente no sólo la esfera ambiental, sino también aspectos sociales y económicos.

Entre los avances alcanzados en los años 2010-2015 están que los costos económicos por el agotamiento de los recursos y la degradación ambiental se redujeron cerca de 9 por ciento en los últimos tres años; la tasa de deforestación sigue disminuyendo, alcanzando las 92 mil hectáreas anuales en el periodo 2010-2015; la superficie nacional que cuenta con un instrumento de conservación, recuperación o manejo sostenible es ya cercana al 50 por ciento; en estos tres últimos años, el número de ANP con programas de manejo creció de 66 a 103, alcanzando 67 por ciento de la superficie protegida; la cobertura de agua potable y saneamiento básico alcanzó en 2015 al 95.3 y 92.8 por ciento de la población, respectivamente; el tratamiento de aguas creció en 13 por ciento entre 2012 y 2015, alcanzando cerca del 53 por ciento de las aguas residuales que se generan; y el número de Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) aumentó de 8 a 14 de 2012 a la fecha, además de que seis más se encuentran en elaboración. México también ha consolidado su liderazgo mundial en temas como biodiversidad y cambio climático. Sin embargo, también hay rubros en los que los avances son aún insuficientes y por ello la importancia de dar cuenta a la sociedad, de manera transparente y objetiva, del estado del ambiente y de los esfuerzos que se realizan y los resultados que se han obtenido.

Según el informe de actividades 2017 de la Profepa, las denuncias recibidas en ese año fueron 5 mil 461 de las cuales 3 mil 487 (63.9 por ciento) fueron admitidas por la Procuraduría y las mil 974 (36.1 por ciento) restantes no se admitieron y se canalizaron por ser de competencia de otras autoridades (federales, estatales, municipales o de la Ciudad de México).

Del total de las 5 mil 461 denuncias recibidas, en términos absolutos se concluyeron 3 mil 721 (68.1 por ciento); de las 3 mil 487 denuncias competencia de esta institución fueron concluidas mil 747 (50.1 por ciento). De las denuncias recibidas a nivel nacional en 2017, las materias más denunciadas fueron: forestal con 2 mil 91 denuncias, fauna 704; ordenamiento ecológico e impacto ambiental 704, y contaminación a la atmósfera con 568 denuncias. En la siguiente gráfica se muestra la distribución por recurso afectado de las denuncias populares recibidas durante 2017.

Tipos de delitos ambientales

Los delitos ambientales están tipificados en el Código Penal Federal a partir del artículo 414 en donde también se plasma la imposición de penas y multas las cuales aumentan o disminuyen dependiendo si se lleva a cabo el delito en un área natural protegida o en zonas urbanas.

El Código Penal señala como delitos ambientales las siguientes actividades:

Artículo 344. Se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 300 a 1,500 días multa, a quien ilícitamente descargue o deposite hasta tres metros cúbicos, en cualquier estado físico, excepto líquido que se establece en el artículo 346 de este mismo capítulo, residuos de la industria de la construcción en:

I. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

II. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal aplicables, así como lo establecido en el Programa o Programas de Desarrollo Urbano aplicables;

III. Una barranca;

IV. Una zona de recarga de mantos acuíferos; o

V. Un área verde en suelo urbano.

Se le impondrán de 3 a 9 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien ilícitamente descargue o deposite más de tres metros cúbicos, en cualquier estado físico, excepto líquido, residuos de la industria de la construcción en las zonas o áreas descritas en las fracciones anteriores.

Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral, a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica accesoria consistente en la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5 años, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito cometido.

Artículo 344 Bis. Se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y de 500 a 2,000 días multa, a quien ilícitamente extraiga suelo o cubierta vegetal por un volumen igual o mayor a dos metros cúbicos, de:

I. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

II. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal aplicables, así como lo establecido en el Programa o Programas de Desarrollo Urbano aplicables;

III. Una barranca; o

IV. Un área verde en suelo urbano.

Artículo 345. Se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien ilícitamente ocasione uno o más incendios que dañen:

I. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

II. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal aplicables, así como lo establecido en el Programa o Programas de Desarrollo Urbano aplicables;

III. Una barranca; o

IV. Un área verde en suelo urbano.

Las penas previstas en este artículo se aumentarán en una mitad cuando el área afectada sea igual o mayor a cinco hectáreas o se afecten recursos forestales maderables en una cantidad igual o mayor a mil metros cúbicos rollo total árbol.

Artículo 345 Bis. Se le impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de 500 a 2,000 días multa, al que ilícitamente derribe, tale u ocasione la muerte de uno o más árboles.

Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando uno a más de las conductas descritas en el párrafo anterior se desarrolle en un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral, a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica accesoria consistente en la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5 años, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito cometido.

Artículo 346. Se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien ilícitamente:

I. Emita gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, provenientes de fuentes fijas ubicadas en el Distrito Federal o de fuentes móviles que circulan en el Distrito Federal;

II. Descargue, deposite o infiltre aguas residuales, residuos sólidos o industriales no peligrosos, líquidos químicos o bioquímicos;

III. Descargue, deposite o infiltre residuos sólidos, líquidos o industriales de manejo especial, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables en el Distrito Federal;

IV. Genere emisiones de energía térmica o lumínica, olores, ruidos o vibraciones, provenientes de fuentes fijas ubicadas en el Distrito Federal o de fuentes móviles que circulan en el Distrito Federal;

V. Realice actividades riesgosas de las previstas en las disposiciones jurídicas aplicables en el Distrito Federal;

VI. Genere, maneje o disponga residuos sólidos o industriales no peligrosos conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables en el Distrito Federal.

Las penas previstas en este artículo se impondrán siempre que se ocasionen daños a la salud de las personas o uno o más ecosistemas o sus elementos y se aumentarán en una mitad cuando las conductas descritas en las fracciones anteriores se realicen dentro de:

a. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

b. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal aplicables, así como lo establecido en el Programa o Programas de Desarrollo Urbano aplicables;

c. Una barranca;

d. Una zona de recarga de mantos acuíferos; o

e. Un área verde en suelo urbano.

Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral, a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica accesoria consistente en la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5 años, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito cometido.

Quien investiga los delitos ambientales

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con autonomía técnica y operativa. Su nacimiento data del 4 de junio de 1992.

La Profepa tiene como objeto principal incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental.

Cuyos objetivos primordialmente son contener la destrucción de nuestros recursos naturales y revertir los procesos de deterioro ambiental; procurar el pleno acceso de la sociedad a la impartición de una justicia ambiental pronta y expedita; lograr la participación decidida, informada y responsable de los miembros de la sociedad y de sus organizaciones, en la vigilancia e inducción del cumplimiento de la ley ambiental; fortalecer la presencia de la Procuraduría y ampliar su cobertura territorial, con criterio federalista y construir una institución moderna y eficiente, bajo criterios de honestidad, transparencia y confiabilidad, que permitan crear una nueva imagen ante la sociedad.

La labor de la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente (Profepa) será la de brindar asistencia técnica a través de inspectores federales, los cuales son habilitados por el Representante Social de la Federación con el carácter de peritos en materia de materiales y residuos peligrosos e impacto ambiental, siendo entonces que previo análisis de las constancias documentales que integran la averiguación previa y de los resultados de laboratorio se determinarán las características de la sustancia en cuestión, así como el daño o riesgo causado al ambiente, la flora, fauna, ecosistemas, según sea el caso.

Actualmente la Fiscalía General de la República cuenta con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE), adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, en el ámbito de su competencia, a través de agentes del Ministerio Público de la Federación que se encargan de representar a la sociedad en la investigación y persecución de delitos del fuero federal, con apego a los principios de legalidad, honradez, eficacia, seguridad y certeza jurídica, que permita una estructura funcional de procuración de justicia, garantizando el desarrollo integral del Estado de Derecho.

Además de ello, la UEIDAPLE dentro de sus funciones se encarga de investigar los delitos previstos en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. La finalidad de creación de la citada ley es proteger, conservar y restaurar los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, así como las zonas de monumentos de nuestro país.

Lejos de beneficiar el trabajo en favor de la presentación del medio ambiente y la persecución de los delitos ambientales de carácter federal, esta dualidad de la UEIDAPLE diluye sus capacidades, aumentando la carga de trabajo de los ministerios públicos de la unidad, y provoca que los recursos materiales, financieros y humanos con los que cuenta dicha unidad, se dispersen, reduciendo la efectividad e impacto de sus acciones.

Asimismo, consideramos que la dualidad de las acciones que por su mandato debe realizar UEIDAPLE, limita la conformación de un cuerpo de servidores públicos especializados en la materia ambiental, pues al tener que realizar la representación ante los múltiples tipos de delitos ambientales; y además encargarse de realizar la representación social ante delitos al patrimonio cultural, artístico, arqueológico e histórico, se provocan incentivos negativos que evitan la especialización y profesionalización profunda de los representantes sociales en la materia ambiental.

Por todo lo expuesto, es urgente crear la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, que cuente con el presupuesto y el personal calificado que permita un combate eficaz desde el ámbito de la procuración de justicia.

La Fiscalía Especializada en Delitos ambientales que proponemos, deberá presentar anualmente ante el Senado de la República un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, para explicar el sentido y alcance de las reformas propuestas, se presenta un cuadro comparativo entre la legislación vigente y la presente propuesta de reforma a los artículos 11, fracción VII del artículo 14, recorriéndose las subsecuentes, y se adiciona un artículo 30 Bis de la ley Orgánica de la Fiscalía General de la República:

Por los motivos antes expuestos, someto a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 11, se adicionan la fracción VII del artículo 14, recorriéndose las subsecuentes, y un artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para crear la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Ambientales

Artículo Único. Se reforma el artículo 11, se reforma la fracción VII del artículo 14, recorriéndose las subsecuentes, y se adiciona un artículo 30 Bis de la ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 11. Órganos a cargo de la función fiscal

La representación de la Fiscalía General de la República corresponde a los siguientes órganos:

I. Titular de la Fiscalía General de la República;

II. Titulares de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos y Fiscalía Especializada en Delitos ambientales.

III. Titulares de las Fiscalías Especializadas;

(...)

Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía General de la República

La Fiscalía General de la República tendrá la siguiente estructura:

I. Fiscal General;

II. Coordinación General;

III. Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos;

IV. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales;

V. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;

VI. Fiscalía Especializada de Asuntos Internos;

VII. Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales;

VIII. Coordinación de Investigación y Persecución Penal;

IX. Coordinación de Métodos de Investigación;

X. Coordinación de Planeación y Administración;

XI. Órgano Interno de Control;

XII. Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera;

XIII. Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y

XIV. Las Fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General, a través de acuerdos generales, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento, y acorde con el Plan de Persecución Penal.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Artículo 30 Bis. Funciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales.

La Fiscalía Especializada en Delitos ambientales tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos contenidos en el Titulo Vigésimo Quinto, Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, Capítulo I al V, artículos 414 al 423 del Código Penal Federal, y en cualquier otro ordenamiento legal en la materia. Deberá informar mensualmente al titular de la Fiscalía General de la República sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las investigaciones, así como las determinaciones o procesos según sea el caso.

Igualmente, de forma anual, presentará ante el Senado de la República y al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, este último sólo en los casos en que exista correlación entre los delitos ambientales y posibles actos de corrupción cometidos desde la función pública, un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en la materia.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor ciento ochenta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de llevar a cabo los ajustes presupuestales y de personal necesarios dentro de la Fiscalía General de la República para la implementación y funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales.

Segundo. A partir del año fiscal siguiente a la publicación del presente decreto, la Cámara de Diputados deberá considerar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación el presupuesto destinado al funcionamiento y operación de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente.

Nota

1 https://www.gob.mx/fgr/acciones-y-programas/unidad-especializada-en-investigaci on-de-delitos-contra-el-ambiente-y-previstos-en-leyes-especiales

Dado en el recinto de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.— Legislador y legisladora: Miguel Ángel Lucero Olivas, Lilia Margarita Valadez Martínez (rúbricas).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado, perdón, senador...

La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Sí, permítame. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.

¿Con qué objeto, senadora?

La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (desde la curul): Para adherirme a la iniciativa del compañero senador Lucero, como senadora también por el estado de Durango Vamos juntos, señores.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Solicito a Servicios Parlamentarios reciba la suscripción de la senadora a esta iniciativa. Gracias, senadora.



EXPIDE LA LEY PARA LA REGULACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y SUSTENTABLES

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Zulma Espinoza Mata, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Regulación y Certificación de Productos Ecológicos y Sustentables, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega, y diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

La diputada Zulma Espinoza Mata:Con la venia de la presidencia. El aumento progresivo de la conciencia social sobre la importancia de encontrar un modelo que permita satisfacer las necesidades humanas de modo más racional y sustentable, es un factor determinante que induce a los publicistas a basar sus campañas de marketing en publicidad verde que en ocasiones puede ser engañosa, lo cual se conoce como

Green watching.

El Green watching o impostura verde es el acto de inducir al error a los consumidores en relación a las buenas prácticas ambientales de una empresa o los supuestos beneficios ecológicos de algún producto o servicio.

La sociedad, especialmente los jóvenes se encuentran cada vez más dirigidos hacia prácticas sustentables. Esto significa un porcentaje creciente de consumidores, otorga una gran importancia al grado del respeto por el medio ambiente que tienen las empresas en sus procesos de producción y ello se ha vuelto un factor determinante a la hora de comprar una mercancía.

Las empresas han identificado este cambio en la conciencia de los consumidores y, en virtud de ello, diseñan estrategias enfocadas a satisfacer esta nueva demanda, sin embargo, en algunos casos la sustentabilidad o los procesos de producción amigables con el medio ambiente se quedan únicamente en las campañas de marketing.

Este tipo de prácticas que algunas empresas llevan a cabo para ganar o conservar un nicho de mercado generan una serie de inconvenientes. Por ejemplo, dificulta la posibilidad de que los consumidores diferencien entre compañías realmente comprometidas con el medio ambiente y aquellas que utilizan el concepto de sostenibilidad con fines perversos. Generan saturación del consumidor frente a la publicidad verde.

Las empresas que realmente apuestan por productos ecológicos basan parte de su éxito en este elemento diferenciador que, sin embargo, pierde valor. Si son muchas las empresas que alardean de su compromiso con la sostenibilidad y realmente no lo tienen, provocan falta de credibilidad por parte del usuario ante la percepción de la existencia de publicidad engañosa.

Lo anterior resulta realmente preocupante, pues se estima que un porcentaje significativo de las campañas de marketing verde se considera Green watching, motivo por el cual este fenómeno merece la atención de las instituciones públicas, las cuales deben llevar a cabo controles cada vez más exhaustivos sobre la veracidad de la publicidad de muchos productos en cuanto respecta a su carácter ecológico, amigable con el medio ambiente o sustentable.

En este sentido, proponemos crear una ley para la regulación y certificación de productos ecológicos y sustentables que sirva para fomentar el desarrollo de sistemas y procesos productivos que incluyan prácticas sostenibles y sean respetuosos del medio ambiente, lo cual, visto desde un enfoque integral, permita disminuir el impacto ecológico provocado por las prácticas convencionales de producción, que entre otras cosas implican el uso intensivo de agua, la explotación irracional de los recursos naturales o bien la utilización de tecnologías y energías que generan grandes cantidades de emisiones de contaminantes.

Por otra parte, con la expedición de esta nueva ley se fomentará el desarrollo de un mercado nacional de consumidores de productos verdes, ecológicos, sustentables y/o amigables con el medio ambiente, lo cual representará un incentivo para que cada vez más productores adopten prácticas orientadas a la conservación del entorno.

El uso de la palabra ecológico y/o sustentable en el etiquetado permitirá que el consumidor identifique con mucha mayor facilidad los productos de este tipo, y tenga certeza de que estos realmente son lo que dicen ser.

La ley que se propone crear tendrá por objeto la promoción y la regulación de los criterios y/o requisitos para el diseño, producción, procesamiento, elaboración, preparación, almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado, comercialización, verificación y certificación de productos ecológicos y/o sustentables.

Asimismo, la nueva ley pretende establecer las prácticas a las cuales deberán sujetarse los productos que hayan sido obtenidos, respetando el medio ambiente y cumpliendo con criterios de sustentabilidad.

Finalmente, se disponen las sanciones, que puede establecer la autoridad cuando existan violaciones a la regulación en esta materia y los recursos administrativos que los particulares pueden promover en contra de dichas sanciones.

En síntesis, como ya lo señalé, se trata de crear un ordenamiento que permita contar con un mecanismo para dar certeza a los consumidores sobre las cualidades ecológicas de los productos que consumen. Es cuanto. Muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley para la Regulación y Certificación de Productos Ecológicos y Sustentables, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputado Arturo Escobar y Vega, en representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley para la Regulación y Certificación de Productos Ecológicos y Sustentables, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos años, la preocupación por el deterioro del entorno ha dejado de ser una cuestión que solamente parecía interesar a colectivos tradicionalmente comprometidos con la protección y conservación del ambiente, para convertirse en un tema omnipresente en todo tipo de foros y contextos. Las referencias a conceptos como cambio climático o calentamiento global han trascendido los discursos políticos y la agenda de los medios masivos de comunicación para tener presencia de modo cada vez más frecuente en la vida cotidiana de los ciudadanos comunes.

El aumento progresivo de la conciencia social sobre el imperativo de construir un modelo que permita satisfacer las necesidades humanas de modo más racional y sustentable es un factor determinante que induce a los publicistas a basar sus campañas de mercadotecnia en publicidad verde, que en ocasiones puede ser engañosa, lo cual se conoce como greenwashing.

El greenwashing, o “impostura verde”, es el acto de inducir al error a los consumidores en relación con las prácticas ambientales de una empresa o los beneficios ambientales de un producto o servicio.

La sociedad, especialmente los jóvenes, se encuentra cada vez más dirigida hacia prácticas sustentables; esto significa que un porcentaje creciente de consumidores otorga gran importancia al grado de respeto por el ambiente que tienen las empresas en sus procesos de producción, y ello se ha vuelto un factor determinante a la hora de comprar un producto.

Los anunciantes saben que ser percibidos como entidades involucradas en la lucha contra fenómenos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, o el calentamiento global les reporta un valor añadido que tiene un impacto positivo en su imagen y es rentable para su negocio. Esta situación es confirmada por diversos documentos, por ejemplo, el realizado en 2008 por Havas Media, agencia líder en comunicación y mercadotecnia a nivel global, Cambio climático, percepción del consumidor y sus implicaciones enmarketing y comunicación. Dicho estudio recoge las opiniones de 11 mil personas de 9 países (España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, India, China, Brasil y México) y pone de manifiesto que 3 de cada 4 entrevistados prefieren comprar productos de empresas que estén intentando activamente reducir su impacto sobre el calentamiento global.

Las empresas han identificado este cambio en la conciencia de los consumidores y en virtud de ello diseñan estrategias enfocadas a satisfacer esta nueva demanda, es decir, que las empresas pretenden capitalizar la sensibilidad social hacia la cuestión ecológica. Sin embargo, en algunos casos la sustentabilidad o los procesos de producción amigables con el ambiente se quedan únicamente en las campañas publicitarias.

Este tipo de prácticas que algunas empresas llevan a cabo para ganar o conservar un nicho de mercado, generan una serie de inconvenientes entre los que se destacan

• El entorpecimiento de la posibilidad de que los consumidores diferencien entre compañías realmente comprometidas con el ambiente y aquellas que utilizan el concepto de sustentabilidad sólo para servir a sus intereses.

• La saturación del consumidor ante la publicidad verde. Las empresas que realmente apuestan por productos ecológicos basan parte de su éxito en este elemento diferenciador que, sin embargo, pierde valor si son muchas las empresas que alardean de su compromiso con la sustentabilidad y realmente no lo tienen.

• La falta de credibilidad por parte del consumidor ante la percepción de la existencia de publicidad verde engañosa. Si un consumidor se siente engañado puede llegar a la conclusión de que la protección del medio ambiente no es más que una estrategia comercial y que realmente no se está haciendo nada por favorecer la preservación de nuestro entorno. En este sentido, los esfuerzos reales se ven perjudicados por una oleada de anuncios publicitarios que llegan a afectar negativamente en la recepción que el consumidor pueda tener sobre la adopción de conductas respetuosas del ambiente.

• Todo lo anterior, a la larga, afecta directamente la protección y conservación ambiental, pues las personas tenderán a descartar de antemano todo producto que realmente haya sido producido de modo sustentable y, por ende, los patrones de consumo dañinos para el entorno no sufrirán una disminución.

Lo anterior resulta realmente preocupante pues se estima que un alto porcentaje de las campañas de marketing verde encuadra con el concepto de greenwashing, motivo por el cual este fenómeno merece la atención de las instituciones públicas, las cuales están obligadas a llevar a cabo controles cada vez más estrictos y exhaustivos sobre la veracidad de la publicidad de muchos productos, por un lado, mientras que, por otro, se requiere legislar para llenar los vacíos legales existentes en la materia.

Según publicaba a principios de 2009 la consultora estadounidense TerraChoice Environmental Marketing, tras revisar 18 mil anuncios aparecidos en revistas de gran tiraje se comprobó que en Estados Unidos el número de anuncios verdes se había multiplicado por 10 desde 1988. Asimismo, se estableció que durante el periodo 2006-2008 este número se triplicó.

En el país, la Dirección de Publicidad y Normas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó en marzo de 2012 un monitoreo de anuncios publicitarios en internet de 90 productos con características ecológicas, derivado de este análisis se advirtió que: más de la mitad de los productos aseguraba ser biodegradable o degradable; por otra parte, se detectó que las frases o elementos que podrían ser sujetos de comprobación hadan referencia a la cualidad de ser reciclado o reciclable. Entre otras cosas, el monitoreo detectó que la publicidad de los productos “verdes” afirmaba, adicionalmente, que éstos eran “naturales”, o que “no contaminaban el agua”, lo cual en muchos casos resultaba impreciso o irrelevante”. Por ejemplo, el mercurio o el uranio son elementos “naturales”, pero también son sumamente tóxicos y dañinos para la salud y el ambiente.

De acuerdo con la organización ambientalista Greenpeace, hay cuatro modalidades que pueden considerarse greenwashing:

• Negocio sucio. Promover un producto o programa como ambientalmente amigable, pero el centro de la actividad empresarial es mayormente insostenible y contaminante.

• Publicidad engañosa. Publicidad y campañas focalizadas para exagerar un logro ambiental con el fin de distraer la atención de problemas ambientales o que los costos de dichas campañas publicitarias excedan sustancialmente los costos de realizar conductas realmente sustentables (si es que las hay).

• Contradicción política. Compromisos y declaración de intenciones “verdes” por parte de la empresa, aunque paralelamente ésta realice cabildeos para influir en contra de la aprobación de regulaciones medioambientales.

• Obedecer la ley y resaltarlo como un compromiso asumido por iniciativa propia. Es decir, señalar como un logro voluntario conductas que en realidad son exigidas por mandato legal.

Frases publicitaras como “totalmente natural”, “no contamina” o “amigable con el medio ambiente” resultan muy atractivas para aquellos consumidores que han tomado conciencia de la necesidad de consumir de forma responsable y sustentable. Sin embargo, los engaños de productos que se publicitan como ecológicos son más comunes de lo que se puede imaginar.

Una muestra de la frecuencia con que se presenta este tipo de situaciones son los resultados del informe de 2007 sobre greenwashing, de la citada agencia estadounidense TerraChoice Environmental Marketing, el cual revela que la mayoría de los mensajes publicitarios que incluyen afirmaciones sobre el respeto del producto hacia el medioambiente son inexactos, inapropiados o, simplemente, no comprobados. Resalta el hecho de que, según el estudio, de los mil mensajes supuestamente “verdes” analizados, sólo siete cumplían todas las condiciones para ser considerados verdaderos.

Marco normativo en referencia al greenwashing

Unión Europea

A nivel europeo, la regulación de la publicidad y prácticas comerciales engañosas se encuentra contenido en la Directiva sobre prácticas comerciales desleales. (2005/29/CE), complementada por la directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa (directiva 2006/114/CE). La primera constituye un gran avance para poder homogeneizar la legislación de los países y beneficiar tanto a los consumidores como a las empresas que traten de hacer campañas a nivel europeo.

Una de las novedades de dicho ordenamiento es que se enfoca en proteger no sólo la competencia sino, sobre todo, a los consumidores, quienes muchas veces son los que tienen un rol más activo en la defensa del medioambiente y en la defensa contra el greenwashing. Si bien dicha norma no permite crear un sistema uniforme de control similar en todos los países, al menos posibilita una mejor supervisión de prácticas desleales y engañosas por parte de las autoridades.

Lo más importante es que abre las puertas para contar con más herramientas, pues incluye normas para evitar el greenwashing, en las cuales se señala expresamente que las prácticas engañosas pueden consistir también en dar información errónea sobre el alcance de los compromisos del comerciante y los motivos de la práctica comercial, es decir, exagerar la importancia de programas sociales o medioambientales de una empresa. Por otra parte, también incluye como tal el incumplimiento de los compromisos de códigos de conducta, siempre que la práctica comercial se ligue al mismo.

En febrero de 2013, el Parlamento de la Unión Europea aprobó dos informes que instan a la Comisión Europea a adoptar medidas específicas para luchar contra la información falsa y engañosa en los compromisos de las empresas, los informes sobre responsabilidad social corporativa y los impactos sociales y medioambientales de productos y servicios.

Estados Unidos de América y Australia

En Estados Unidos de América hay una guía para el uso de declaraciones medioambientales preparada por la Comisión Federal de Comercio. No se centra sólo en la publicidad, sino que también regula el etiquetado, los materiales de promoción y cualquier otra forma de mercadotecnia. Además, ofrece ejemplos y analiza también la información por categoría (reciclable, biodegradable, etcétera).

En el caso de Australia, se publicó en 2011 la Ley Australiana del Consumo, un apéndice de la Ley de Competencia expedida un año antes, en la cual se prohíben expresamente tanto las conductas como las representaciones engañosas relacionadas con el ambiente.

España

En España existe la Ley General de Publicidad, de 1988; la Ley 29/2009 (que integra la directiva europea 2005/29/CE, sobre prácticas comerciales desleales), así como el Código de Autorregulación sobre argumentos ambientales en comunicaciones comerciales, el cual contiene dos principios que tratan de evitar el greenwashing. Uno es el principio de veracidad, que implica no inducir a error las comunicaciones, tanto respecto a los productos como a las acciones que el anunciante lleve a cabo en beneficio del medioambiente. El segundo es el principio de objetividad, que sugiere evitar exageraciones como la ampliación selectiva de la información positiva de un producto por encima de la negativa.

Además, señala que las aseveraciones genéricas como “verde”, “ecológico” o “sostenible” deben evitarse o justificarse expresamente.

No obstante estas precisiones, se debe anotar que dicho código no es jurídicamente vinculante y abarca sólo las comunicaciones comerciales, lo cual no quita que éste constituya una buena referencia para regular el greenwashing.

El caso del país

En México, los alimentos que se promueven como “eco” o “bio” deben cumplir lo dispuesto en la Ley de Productos Orgánicos y su Reglamento. De esta forma, se establece un riguroso proceso de certificación que considera las materias primas y el proceso de producción, que no obstante en muchas ocasiones no es seguido a cabalidad.

Solamente los productos que cumplan dichas disposiciones pueden ser identificados con el término “orgánico” o denominaciones equivalentes en su material publicitario y los documentos comerciales y puntos de venta.

El artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que la publicidad relativa a bienes, productos o servicios deberá ser, entre otras cosas, veraz y comprobable. Por ello, si un producto se anuncia como “ecológico” y en realidad no lo es, podría tratarse de publicidad engañosa e incurriría en una infracción a la ley en comento, susceptible de investigación y sanción por la Profeco.

Asimismo, se establece que la publicidad no debe inducir al error o confusión a los consumidores, por lo que no debe presentarse de manera inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa. No obstante lo anterior, muchas corporaciones en nuestro país de sectores como el energético, el químico, o el automotriz siguen incurriendo en prácticas consideradas greenwashing.

En cuanto a la definición de producto ecológico o sustentable, la organización Consumo Responsable señala que “es el que tiene un menor impacto en el medio ambiente durante todo su ciclo de vida, que cumple la misma o mejor función que un producto no ecológico y que alcanza las mismas o mejores cuotas de calidad y de satisfacción para el usuario”.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en programa de consumo responsable, establece que para que un producto sea considerado como de menor impacto ambiental debe encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

I. Que la etiqueta o empaque indique que el material con el que esté elaborado no contiene elementos tóxicos.

II. Que un porcentaje del material con el que fue fabricado provenga de un proceso de reciclamiento.

III. Que contribuya al ahorro de agua o de energía.

IV. Que sea un producto orgánico o con prácticas de producción a través de las cuales se promueva y apoye la conservación.

Las etiquetas y los certificados ecológicos pueden ser de utilidad para el consumidor cuando éste desea distinguir productos que cumplen ciertos criterios ambientales. Sin embargo, la proliferación de distintivos ambientales en ocasiones puede generar confusión ya que en el mercado podemos encontrar lo mismo etiquetas concedidas por instancias oficiales o por prestigiosas instituciones, que por organizaciones privadas, o bien, etiquetas colocadas por los propios fabricantes del producto, las cuales resultan poco fiables.

Los productos, servicios y embalajes que poseen certificaciones reconocidas garantizan que éstos implican un menor impacto ambiental. Las certificaciones ambientales validan múltiples atributos, los cuales indican que un producto es ecológico o ambientalmente sustentable, a través de rigurosas pruebas científicas, minuciosas auditorías, o ambas, realizadas a fin de corroborar que cumple con las normas de desempeño ambiental.

Estas normas fijan las métricas relativas a una amplia variedad de criterios para las categorías siguientes: materiales, energía, fabricación y operaciones, salud y medioambiente, rendimiento y uso de productos, así como la administración e innovación del producto.

A continuación se presentan ejemplos de certificaciones medioambientales otorgadas por diversos países, con una breve descripción de los criterios con base en los cuales se concede cada certificación.

Unión Europea-Ecoetiqueta Europea

Creada en 1992, la Ecoetiqueta Europea evalúa los efectos ambientales de un producto a lo largo de su ciclo de vida: consumo de materias primas, producción, distribución, utilización y desecho. Se otorga a los productos que garantizan un alto nivel de protección ambiental dentro de los siguientes grupos: equipos de oficina, productos de papel, ordenadores, productos de limpieza, electrodomésticos, productos de bricolaje y jardinería, iluminación, camas y colchones, ropa y zapatos.

Los criterios son unificados y válidos para todos los Estados miembros de la Comunidad Europea. Hay 23 categorías de productos. Su gestión es competencia del Comité de Etiqueta Ecológica de la Unión Europea con el apoyo de la Comisión Europea.

Alemania-Ángel Azul (Blue Angel)

Relativa al ambiente durante su ciclo de vida. Fue el primero en constituirse en el mundo, en 1977. Además de los criterios ambientales, incorpora los de calidad, seguridad, consumo de energía y otros. Es una de las etiquetas con mayor prestigio a nivel mundial en cuanto a exigencia de criterios se refiere.

Cada producto, según su naturaleza, tiene la etiqueta con el logotipo de Ángel Azul con el texto a su alrededor que especifica su categoría. Este distintivo concede la certificación a productos como: papel reciclado; cartón reciclado; papel de impresión para publicaciones fabricado principalmente con papel usado; papel sanitario; calculadoras solares; ordenadores; impresoras; fotocopiadoras; cisternas ahorradoras de agua; válvulas de cisternas ahorradoras de agua.

Países Nórdicos-Nordic Ecolabelling (Cisne Blanco)

Certificación común en los países escandinavos Dinamarca, Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia. Coordinada por el Nordic Ecolabelling, el cual decide los grupos de productos y los criterios para conceder la certificación. Hay muchos certificadores nacionales que evalúan la posibilidad de que un producto pueda conseguir la certificación, antes de que éste llegue al Nordic Ecolabelling. Cada decisión ha de contar con la unanimidad de todos los países. Una vez que la empresa ha conseguido la certificación, puede poner la marca en sus productos.

Hay criterios para unas 60 categorías de productos. Además tiene en cuenta criterios de seguridad y rendimiento.

Este distintivo tiene en la actualidad definidos criterios para los siguientes productos y servicios: papel para impresión y escritura; papel higiénico; fotocopiadoras, impresoras, faxes y dispositivos multifunción; mobiliario y accesorios, así como productos de limpieza.

Francia-NF Environment

La marca NF es una marca voluntaria de certificación concedida por la Association Française de Normalisation. La NF certifica que un producto industrial o de consumo cumple las características de calidad definidas por las normas francesas, europeas e internacionales.

La marca se evalúa con análisis de ciclo de vida del producto, su concesión se materializa con la etiqueta que certifica la calidad ambiental del producto y se controla periódicamente.

La ecoetiqueta francesa, creada en 1992, implica que el producto tiene un menor impacto sobre el medio ambiente, a la vez que alcanza el mismo nivel de servicios de otros productos en el mercado. Las industrias que desean resaltar sus esfuerzos ambientales pueden adherirse voluntariamente al uso de la ecoetiqueta en sus productos.

La certificación se basa en un enfoque multicriterio, con un variado número de categorías de productos, incluidas pinturas, bolsas para basura y enfriadores para automóviles. Un comité, compuesto por participantes de asociaciones ambientales y de consumidores, la industria, distribuidores y el gobierno, propone una serie de criterios ambientales generales y la selección de nuevas categorías. Un grupo de decisión, compuesto por industriales involucrados en el sector y miembros del comité, utilizan un enfoque consensuado para proponer criterios específicos para cada línea de productos.

Este distintivo tiene en la actualidad definidos criterios para los siguientes productos y servicios, entre otros: muebles, cartuchos de tinta de impresión láser, bolsas de basura, filtros de café, compostadores individuales de jardín, pinturas y barnices, sobres, perfiles de decoración y muebles, productos de señalización, cuadernos, etcétera.

España-AENOR Medio Ambiente

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) concede su etiqueta a los productos fabricados en España que se adaptan a las normas técnicas voluntarias UNE (Una Norma Española) de criterios ecológicos.

Los productos certificados garantizan un menor impacto ambiental que otros productos homólogos al haber sido sometidos a un análisis de ciclo de vida. Se concede a pinturas y barnices, bolsas de basura, máquinas de reprografía y a productos de papel.

La etiqueta fue creada en 1993 y dispone de criterios para 11 categorías de productos y servicios, con criterios relativos al ciclo de vida del producto.

La Norma Española de Gestión del Proceso de Diseño y Desarrollo de Productos con Criterios Ambientales sienta las bases de un sistema de gestión medioambiental para el diseño y desarrollo de productos y servicios. La principal diferencia con respecto a los sistemas de gestión medioambiental es que su actividad principal se centra en el proceso de diseño y desarrollo de productos y tiene en cuenta los aspectos ambientales de todo el ciclo de vida del producto en lugar de centrarse sólo en el proceso productivo de la empresa.

De este modo se permite a las organizaciones incorporar un sistema para identificar, controlar y mejorar los aspectos ambientales asociados a los productos diseñados por ellas. La nueva norma de ecodiseño, certificable a partir de su publicación, tiene como objetivo principal asegurar la progresiva reducción de los aspectos medioambientales del producto en cada una de las etapas de su ciclo de vida (desde la extracción de la materia prima para su fabricación, hasta su disposición final) y certifica que en todo el proceso de diseño y de desarrollo se han tenido en cuenta las posibles afectaciones medioambientales del producto para reducirlas.

Estados Unidos-Green Seal

Ecoetiqueta de Estados Unidos que funciona desde 1989. Green Seal es una organización independiente, sin ánimo de lucro, dedicada a la protección del medio ambiente. El programa de certificación Green Seal considera criterios como: consumo de recursos renovables y energía, la contaminación atmosférica y de las aguas y la producción de residuos.

Esta etiqueta presenta criterios ambientales para: productos de limpieza; aire acondicionado; mantenimiento de flotas de vehículos; productos de cuidado del suelo; pinturas y cubiertas para superficies; papeles; ventanas y puertas.

Canadá-Environmental Choice

Ecoetiqueta canadiense certificada por la Environment Canada’s Independent Technical Agency. Certifica productos y servicios que ahorran energía, que utilizan material reciclado o que podrán reutilizarse. Funciona desde 1988 y es la etiqueta ecológica más extendida en Norteamérica.

Certifica más de 300 categorías de productos y servicios, por ejemplo: productos agrícolas y hortícolas; aceite de motor reciclado, servicios de limpieza de coches, refrigerantes de motos reciclados, neumáticos eficientes en el uso de energía, productos para cubierta de suelos, materias primas de construcción, pinturas y productos de acabado y tratamiento, sistemas de refrigeración y calefacción, productos de limpieza, electrodomésticos, bolsas y sacos, contenedores, embalajes, generadores de electricidad, combustibles, lubricantes, muebles de oficina, productos de oficina, bolsas de papel compostables, sobres, toallas para manos, paños de cocina, servilletas, cartón, papel para impresión y escritura, tintas de impresión, etcétera.

Japón-EcoMark

El programa EcoMark se estableció en febrero de 1989, a través de la Japan Environment Association (ONG), bajo la guía de la Agencia Gubernamental de Medio Ambiente. Ecomark evalúa por separado las fases del ciclo de vida total del producto, basándose en los siguientes criterios: mínimo impacto ambiental en la fase de uso; mejora del medio ambiente durante el uso; mínimos efectos medioambientales en la fase posterior al uso (residuos); contribución a la conservación del ambiente en otros órdenes.

La certificación se puede obtener si el producto cumple las especificaciones en sólo uno de estos ámbitos, motivo por el cual el sistema no es muy riguroso con el ambiente.

Hasta la fecha, el sistema de certificación EcoMark tiene establecidos criterios ecológicos para varios productos de papel y cartón, entre otros: tinta de impresión; papel de impresión; textiles para el hogar; pinturas; ordenadores; equipamiento ahorrador de agua; cartuchos de tóner; y productos que utilizan células fotovoltaicas.

México

A fin de que cada vez más empresas en México implanten prácticas sustentables se creó el Programa Nacional de Auditoría Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Si una empresa o industria se interesa en obtener esta certificación ambiental debe seguir el siguiente trámite:

• Una vez que una compañía se haya identificado como una posible empresa que está dentro del rubro que utiliza agua o energía o que de alguna manera genera la emisión de residuos o contaminantes, debe acudir a la Profepa para hacer la solicitud de ingreso en el programa.

• Después se selecciona un auditor ambiental que hace un diagnóstico de cómo se encuentra la empresa. Este diagnóstico genera un plan de acción.

• Se firma un convenio entre la empresa y la autoridad, donde se establecerán qué mejoras tiene que realizar la empresa y el monto de la inversión estimada para llevarlas a cabo.

• Finalmente se comienzan a generar todas las mejoras pactadas. El proceso culmina con la certificación, una vez revisados todos los pasos por parte de la Profepa.

La Dirección General de Operación y Control de Auditorias de la Profepa señaló que la dependencia había emitido hasta mediados de 2014 2 mil 339 certificados ambientales.

La primera categoría, con mil 451 certificaciones, es la de industria limpia. Esta certificación se otorga al sector manufacturero (petroquímica, metalurgia, automotriz, entre otros); ampara el cumplimiento de las obligaciones ambientales en lo referente al agua, aire, suelo, residuos, riesgo ambiental y ruido ambiental; se otorga a todo tipo de instalación del sector industrial y extractivo.

La segunda es la de calidad ambiental, con 838 certificados de este tipo. Esta certificación fue creada para el sector no manufacturero (hospitales, panaderías, laboratorios clínicos, entre otros); también ampara el cumplimiento de las obligaciones ambientales en lo referente al agua, aire, suelo, residuos y riesgo ambiental.

Por último se encuentra la certificación de calidad ambiental turística, que ostenta hasta el momento 50 certificados. Se otorga al ramo turístico (hoteles, balnearios, parques recreativos, entre otros).

Además de las certificaciones que otorga la Profepa, las empresas también pueden certificarse ante organismos no gubernamentales nacionales o internacionales, siendo la autorregulación la práctica predominante en el mercado.

De manera esquemática, los símbolos y las etiquetas que encontramos en un producto se clasifican entre los que dan respuesta a la legislación vigente (cumplimiento obligatorio) y aquellos cuya utilización es voluntaria (adhesión por voluntad propia).

El etiquetado obligatorio se refiere a sistemas que informan del comportamiento ambiental de un producto y cuyo uso viene marcado por ley. Constituyen una muy buena herramienta para el consumidor final, ya que la obligatoriedad de su uso permite establecer una comparación entre las alternativas que se encuentran en el mercado. Así pues, resultan útiles para identificar productos más respetuosos con el ambiente, y un buen sistema de reconocimiento ambiental de los productos.

Por su parte, el etiquetado voluntario incluye varios grupos: los que hacen valoración ambiental a través del propio símbolo o etiqueta; las etiquetas que identifican a la empresa que está en posesión de un sistema de gestión enfocado a la calidad ambiental, o las comúnmente conocidas como ecoetiquetas, grupo más importante y más reconocido en cuanto a etiquetado ambiental voluntario.

Se incluyen en el primer grupo aquellos símbolos o etiquetas que se añaden a los productos y que están destinados a ofrecer al consumidor una información adicional sobre las características medioambientales del producto, normalmente centradas en un único aspecto ambiental.

Es de señalar que hoy existen a nivel mundial alrededor de 400 sistemas diferentes de etiquetado ambiental, lo cual, sin duda, puede representar un obstáculo para garantizar al consumidor que los productos que adquiere son realmente de producción ecológica.

En este contexto resalta la necesidad tanto de reformar la legislación en la materia con objeto de introducir una prohibición expresa de utilizar publicidad engañosa en relación con las prácticas ambientales de una empresa o los beneficios ambientales de un producto o servicio, como de establecer una legislación que, siguiendo la estructura de la Ley de Productos Orgánicos, permita contar con un mecanismo que dé certeza a los consumidores de las cualidades de los productos que consumen.

En este sentido, se propone crear una ley para la regulación y certificación de productos ecológicos y sustentables que sirva para fomentar el desarrollo de sistemas y procesos productivos que incluyan prácticas sostenibles y sean respetuosos del medio ambiente, lo cual visto desde un enfoque integral permitirá disminuir en todo el nuestro país el impacto ecológico provocado por las prácticas convencionales de producción que, entre otras cosas, implican el uso intensivo de agua, la explotación irracional de recursos naturales, o bien, la utilización de tecnologías y energías que generan grandes cantidades de emisiones contaminantes.

Por otra parte, con la expedición de esta nueva ley se fomentará el desarrollo de un mercado nacional de consumidores de productos verdes, ecológicos, sustentables o amigables con el ambiente, lo cual representará un incentivo para que cada vez más productores adopten prácticas orientadas a la conservación del entorno.

Asimismo, se permitirá que los consumidores y productores mexicanos, tengan mayor certidumbre y conocimiento de lo que implica producir bajo métodos de producción ecológica y sustentable. El uso de la palabra ecológico o sustentable en el etiquetado permitirá que el consumidor identifique con mucha mayor facilidad los productos de este tipo.

La ley que se propone crear tendrá por objeto

• La promoción y regulación de los criterios o requisitos para el diseño, producción, procesamiento, elaboración, preparación, almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado, comercialización, verificación y certificación de productos ecológicos o sustentables; y

• El establecimiento de las prácticas a las cuales deberán sujetarse los productos que hayan sido obtenidos respetando el medio ambiente y cumpliendo criterios de sustentabilidad.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales delegará a las agencias certificadoras autorizadas la certificación de los productos ecológicos y sustentables, del mismo modo que vigilará la aplicación de la reglamentación correspondiente, para que los productos que hayan cumplido con ella, cubriendo los requerimientos mínimos de inspección y certificación, puedan ser etiquetados como tales.

Finalmente, se disponen las sanciones que puede establecer la secretaría cuando existan violaciones a la regulación en esta materia y los recursos administrativos que los particulares pueden promover en contra de dichas sanciones.

Por lo expuesto se pone a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley para la Regulación y Certificación de Productos Ecológicos y Sustentables

Único. Se expide la Ley de Productos Ecológicos y Sustentables, para quedar como a continuación se presenta:

Ley para la Regulación y Certificación de Productos Ecológicos y Sustentables

Título PrimeroDel objeto y Aplicación de la Ley

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de interés social y tiene por objeto

I. Promover y regular los criterios o requisitos para el diseño, producción, procesamiento, elaboración, preparación, almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado, comercialización, verificación y certificación de productos ecológicos o sustentables;

II. Establecer las prácticas a las cuales deberán sujetarse los productos que hayan sido obtenidos respetando el ambiente y cumpliendo criterios de sustentabilidad;

III. Establecer los requerimientos mínimos de verificación y certificación ecológica o sustentable;

IV. Establecer las responsabilidades de los involucrados en el proceso de certificación; y

V. Facilitar la identificación por parte de los consumidores de los productos que cumplen con los criterios de producción ecológica o sustentable.

Artículo 2. Son sujetos de la presente ley las personas físicas o morales que procesen, comercialicen o certifiquen productos elaborados bajo estándares de calidad unificados en materia de diseño y producción ecológica o sustentable.

Artículo 3. Para efectos de esta ley se entiende por

I. Acreditación: Procedimiento por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y confiabilidad de los organismos de certificación para la evaluación de la conformidad;

II. Aprobación: Proceso en el que la Secretaría reconoce y autoriza legalmente a un organismo de certificación para que desempeñe las funciones de certificador o inspector;

III. Certificación de producción ecológica o sustentable: Proceso a través del cual los organismos de certificación acreditados y aprobados, constatan que el diseño y los sistemas de producción, manejo y procesamiento de productos ecológicos o sustentables se ajustan a los requisitos establecidos en las disposiciones de esta ley;

IV. Certificado de producción ecológica o sustentable: Documento que expide el organismo de certificación con el cual asegura que el producto fue diseñado, producido o procesado conforme a lo establecido en esta ley y sus disposiciones reglamentarias;

V. Evaluación de la conformidad: La determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características;

VI. Disposiciones aplicables: Normas, lineamientos técnicos, pliegos de condiciones o cualquier otro documento normativo emitido por las dependencias de la administración pública federal que tengan competencia en las materias reguladas en este ordenamiento;

VII. Manejo: La acción de vender, procesar o empacar productos ecológicos o sustentables;

VIII. Productor: Persona o grupo de personas que elaboran productos bajo estándares de calidad unificados en materia de producción ecológica o sustentable;

IX. Producto ecológico o sustentable: Término de rotulación que se refiere a un producto que haya sido obtenido respetando el medio ambiente y cumpliendo con criterios de sustentabilidad, por lo cual se garantiza un menor impacto en el ambiente durante todo su ciclo de vida, que cumple la misma o mejor función que un producto no ecológico y que alcanza las mismas o mejores cuotas de calidad y de satisfacción para el usuario. Las expresiones “verde” y “amigable o responsable con el medio ambiente” se considerarán como términos equivalentes;

X. Organismos de certificación: Personas morales acreditadas y aprobadas para llevar a cabo actividades de Certificación de diseño y producción ecológica o sustentable; y

XI. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Artículo 4. La aplicación e interpretación de la presente ley, para efectos administrativos, corresponderá al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría.

Artículo 5. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización se aplicará de manera supletoria de la presente ley en materia de acreditación de organismos de certificación y evaluación de la conformidad.

Artículo 6. Corresponderá a la Secretaría

I. Proponer acciones para impulsar el desarrollo del diseño y la producción ecológica o sustentable;

II. Fomentar la certificación del diseño y la producción ecológica o sustentable, así como la promoción de los productos ecológicos o sustentables en el mercado nacional e internacional;

III. Promover la investigación científica y la transferencia de tecnología orientada al desarrollo de la actividad de diseño, producción y procesamiento de productos ecológicos o sustentables;

IV. Emitir los instrumentos o disposiciones aplicables que regulen el diseño y la producción ecológica o sustentable; y

V. Publicar y mantener actualizadas las especificaciones para el uso del término ecológico o sustentable en el etiquetado de los productos.

Título Segundo
De la Producción y Procesamiento Capítulo Único
De la Producción y Procesamiento

Artículo 7. La Secretaría publicará las disposiciones aplicables para establecer los criterios que los productores deben cumplir en cada fase de la cadena productiva para la obtención de productos ecológicos o sustentables, a fin de que éstos puedan denominarse como tales.

Artículo 8. Para el almacenamiento, transporte y distribución de los productos ecológicos o sustentables se estará a las disposiciones aplicables que publique la Secretaría, con la finalidad de mantener su integridad.

Título Tercero
Certificación de Productos Ecológicos y Sustentables Capítulo Primero
De los Organismos de Certificación y de la Certificación

Artículo 9. La evaluación de la conformidad y certificación de los productos ecológicos o sustentables solamente se podrá llevar a cabo por la Secretaría o por Organismos de Certificación acreditados para ello conforme a lo establecido en esta ley y las disposiciones que se deriven de ella, así como en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en su carácter de ordenamiento supletorio.

Artículo 10. Los organismos de certificación interesados en ser autorizados para certificar productos ecológicos o sustentables deberán cubrir como mínimo los siguientes requisitos:

I. Solicitar por escrito la autorización de la Secretaría; y

II. Demostrar haberse acreditado por una Entidad de Acreditación en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Artículo 11. Los productores interesados en certificar sus productos como ecológicos o sustentables, deberán acudir a un organismo de certificación acreditado y aprobado, el cual evaluará la conformidad de los mismos respecto a las disposiciones aplicables emitidas por la Secretaría y otorgará, en su caso, un certificado de producción ecológica o sustentable.

Artículo 12. Los organismos aprobados para certificación de productos ecológicos o sustentables deberán informar de sus actividades a la Secretaría, así como entregar una lista de las operaciones atendidas y el estado que guarda la Certificación de las mismas.

Artículo 13. La Secretaría deberá emitir un registro en el que consten las estadísticas y actividades llevadas a cabo por los productores certificados en el país.

Artículo 14. Para denominar a un producto como ecológico o sustentable, éste deberá contar con la certificación correspondiente expedida por un organismo de certificación acreditado y aprobado.

Artículo 15. La certificación de producción ecológica o sustentable podrá otorgarse a un productor individual o a un grupo de productores.

Artículo 16. La Secretaría deberá promover la certificación de los micro y pequeños productores organizados para tal efecto.

Capítulo SegundoEtiquetado y Declaración de Propiedades en los Productos Ecológicos o Sustentables

Artículo 17. Sólo los productos que cumplan esta ley podrán ser identificados con el término “ecológico”, “sustentable” o denominaciones equivalentes en el etiquetado así como en la declaración de propiedades, incluido el material publicitario y los documentos comerciales y puntos de venta.

Artículo 18. Con la finalidad de dar identidad a los productos ecológicos o sustentables en el mercado nacional e internacional, la Secretaría emitirá un distintivo nacional que portarán únicamente los productos ecológicos o sustentables que cumplan con esta ley y sus disposiciones.

Artículo 19. Observando las disposiciones aplicables en materia de etiquetado, la Secretaría emitirá disposiciones específicas para el etiquetado y declaración de propiedades de productos ecológicos o sustentables, así como del uso del distintivo nacional.

Título Cuarto
De las Infracciones, las Sanciones y el Recurso Administrativo Capítulo Primero
De las Infracciones y Sanciones

Artículo 20. Son infracciones de lo establecido en la presente ley

I. Que un productor comercialice o etiquete un producto como ecológico o sustentable sin cumplir con lo establecido en esta ley;

II. Que un organismo aprobado certifique como ecológico o sustentable un producto que no cumpla con lo establecido en la presente ley; y

III. El incumplimiento de parte del organismo aprobado de las obligaciones previstas en esta ley y sus disposiciones;

Artículo 21. Se sancionará con multa de cinco mil hasta veinte mil veces la unidad de medida y actualización a quien cometa las infracciones previstas en las fracciones I, II y III del artículo anterior, sin menoscabo del resarcimiento de los daños y perjuicios que causen al afectado, a la salud humana, a la diversidad biológica, a la propiedad, al medio ambiente y de las sanciones previstas en otros ordenamientos.

Artículo 22. En caso de que se verifiquen los supuestos previstos en las fracciones II y III del artículo 20 se revocará la Certificación obtenida, los productos perderán su calificación como ecológicos o sustentables y deberán sujetarse nuevamente al proceso de certificación. Los productos serán eliminados de todo el lote de la serie de producción afectada quedando prohibida su comercialización como ecológicos o sustentables.

Artículo 23. Para la imposición de la sanción la Secretaría tomará en cuenta la gravedad de la infracción, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y situación socioeconómica del infractor.

Capítulo Segundo
Del Recurso Administrativo

Artículo 24. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de la Secretaría que ponga fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelva un expediente, podrán interponer recurso de revisión en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 25. En contra de los actos emitidos por los organismos de certificación, los interesados podrán presentar las reclamaciones que consideren pertinentes, las cuales se sustanciarán y resolverán en los términos previstos en el artículo 122 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal expedirá el reglamento y demás disposiciones complementarias dentro de los 365 días posteriores a su entrada en vigor.

Notas

1 Citado por Pacheco Rueda, Marta. “El discurso disidente de la contrapublicidad verde”, en Pensar la Publicidad, Universidad de Valladolid, 2009, volumen III, número 1, páginas 55-82.

2 Ibídem.

3 Véase “Verdes por fuera... falsos por dentro”, en Portal del Consumidor, 19 de junio de 2012,

http://www.consumidor.gob.mxjwordpress/?p=7048

4 Véase Alejas Góngora, Claudia Luda. “Greenwashing: ser verde o parecerlo”, Cuadernos de la Cátedra Caixa de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo, número 21, Universidad de Navarra, diciembre de 2013, páginas 15-16.

5 Véase “Criterios para la adquisición de bienes con menor impacto ambiental en la UNAM”.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de diciembre de 2019.— Legisladoras y legisladores: Zulma Espinoza Mata, Arturo Escobar y Vega, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe, María Marcela Torres Peimbert, Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbricas).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados.



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, por cinco minutos, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Educación, y 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, senador.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRD presenta una iniciativa que consideramos muy importante. Conscientes de que el trabajo que nos concierne como legisladoras, legisladores, es y será siempre salvaguardar el interés superior de la niñez, mandato, por cierto, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se determina clara y precisamente que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para el desarrollo.

Por eso hoy me da mucho gusto presentar esta iniciativa de mi compañera Norma Azucena Rodríguez, que cuenta con el aval de los grupos en el Senado y aquí en la Cámara de Diputados, para plantear la modificación al artículo 29 y 30 de la Ley General de Educación, y al 57 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El objeto de estos planteamientos es instaurar en los planes de estudio un protocolo para la identificación y prevención del abuso infantil. Con estas adecuaciones lo que se busca es incluir, precisamente en estos planes, la perspectiva de prevención del abuso sexual infantil, adaptado a las etapas de desarrollo, para considerar a la enseñanza como una herramienta fundamental para identificar y generar la autoprotección para hacer frente a potenciales abusadores.

Enseñar a los niños y a las niñas el contenido de estas herramientas de autocuidado es necesario, incluso, diría yo, es urgente. Solo hay que observar las cifras de esta violencia, que dan cuenta del drama que se vive con este tipo de experiencias.

De acuerdo con la OCDE, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos al año. En nuestro país, de acuerdo con el estudio del Instituto Early Institute, se menciona que 641 mil 417 casos de hospitalización de personas menores de 18 años, registrados en 2015 y 309 egresos, estuvieron relacionados con abuso sexual infantil. De ellos, el 87.7 por ciento fueron niñas y niños entre 0 y 5 años.

Es decir, estamos ante un dato doblemente cruel, la posibilidad de que una niña o niño sea hospitalizado a causa de un abuso sexual. Y en el caso de las niñas, es siete veces mayor a la de los niños.

Otro dato muy importante, es que alrededor del 60 por ciento de los abusos sexuales es cometido en el hogar de la víctima. Y de 4 de cada 10 son menores de 15 años.

Por todas estas razones, compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del PRD pide su apoyo para esta iniciativa urgente, a fin de proteger a nuestras niñas y niños, lo cual estoy seguro que es un tema que está en la agenda legislativa de todas y de todos ustedes.

Hoy pedimos su respaldo y, por supuesto, estamos comprometidos con este asunto. Detener y, sobre todo, educar a los niños y a las niñas para generar la prevención necesaria contra el abuso sexual hacia ellos y ellas, que se encuentran en estado de indefensión, nos parece un tema urgente y por supuesto absolutamente relevante. Muchas gracias, presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Educación y 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Norma Azucena Rodríguez Zamora, en su carácter de diputada a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 29 y 30 de la Ley General de Educación, y 57, fracción XII, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los graves problemas de salud pública y deterioro del tejido social que enfrenta nuestro país es el abuso sexual que se presenta en un gran número de hogares y desafortunadamente crece cada vez más, vulnerando el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 2017).

La pedagoga Adriana Castillo define el abuso sexual infantil como una relación abusiva porque existe una clara desventaja: física, fisiológica, de desarrollo, de experiencias sexuales y experiencias en general entre el niño y el adulto. Por tal motivo, hay que ser contundentes en afirmar que en ningún caso se puede alegar que existe el consentimiento por parte del menor del niño o la niña. Siempre que existe un adulto, será abuso de poder por parte de este, pues tiene más mecanismos de persuasión, de convencimiento y de autoridad sobre la víctima.

Este abuso siempre encierra una variedad de acciones y prácticas que pueden implicar o no contacto físico con el niño o la niña, iniciando con juegos que él o ella no entiende, poco a poco besos de tipo sexual, manoseos, o penetración oral, vaginal o anal (Castillo, 2014).

El UNICEF amplía la definición y especifica el abuso sexual infantil como la incitación o coacción para que un menor de edad se dedique a cualquier actividad sexual ilegal o psicológicamente perjudicial, utilización de un niño con fines de explotación sexual comercial, utilización de un niño para la producción de imágenes o grabaciones sonoras de abusos sexuales, la esclavitud sexual, la explotación sexual en el turismo y la industria de viajes, la trata y la venta de niños con fines sexuales y el matrimonio forzado (UNICEF, 2019).

El entorno, los perpetradores y la violencia sexual ocasiona consecuencias que varían de un niño a otro, dependiendo de sus propias características, no obstante las tablas resumen algunas de las principales:

Tabla 1. Entorno, perpetradores y violencia sexual. Elaboración propia con base en UNICEF (2019).

Tabla 2. Consecuencias del abuso sexual infantil. Fuente: ONG Paicabí Chile, 2002.

Esta realidad convive con nosotros cotidianamente y es momento que como sociedad hagamos frente a esta realidad comprometiéndonos para formar un marco de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que salvaguarde su integridad emocional, física y social.

De acuerdo con las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos al año, siendo Tlaxcala la entidad con mayor incidencia de pederastia y trata infantil seguido por Querétaro y Chihuahua (Senado de la República, 2019).

La tasa de violación de niñas y niños es de mil 764 por cada 100 mil, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Además, 5 mil de cada 100 mil sufren tocamientos.

De mil casos de abuso, solo se denuncian unos 100; de esos 100, solo 10 van a juicio y de ahí, solo uno llega a condena. Por otro lado, en promedio y de acuerdo a los códigos penales el delito prescribe de 5 a 10 años, tiempo insuficiente si acorde a estudios psicológicos un niño tarda 20 años en poder hablar de violación que sufrió (Arteta, 2019).

A decir del director médico del Hospital de Pediatría del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, Javier Enrique López Aguilar, es necesario reforzar la educación sexual, adaptada a las diferentes etapas de desarrollo del menor; proporcionarles herramientas para identificar los riesgos y conductas de violencia sexual en su contra; abrir vías de comunicaciones seguras, confiables, accesibles y anónimas, mediante redes sociales, y que haya corresponsabilidad en la actuación de las autoridades e instancias especializadas en la protección de los infantes (Senado de la República, 2019).

La falta de comprensión que tienen los menores de edad sobre el abuso que están sufriendo así como la falta de preparación para reaccionar a la violencia de situaciones como estas, se podría reducir si se previniera el abuso sexual infantil en el nivel educativo desde la etapa inicial, preescolar y primaria, utilizando estrategias para aprender destrezas de autoprotección que cuenten con las herramientas necesarias para identificar desde las primeras señales de abuso sexual infantil (W Radio, 2019) (Bernal, 2000).

Los programas educativos escolares para la prevención del abuso sexual infantil se han realizado a gran escala en algunos países. Una revisión que incluyó 24 estudios, realizados con un total de 5 mil 802 participantes en escuelas de primaria y secundaria en los Estados Unidos, Canadá, China, Alemania, España, Taiwán y Turquía demostraron que los programas escolares de prevención del abuso sexual fueron eficaces para aumentar las aptitudes de los participantes en los comportamientos protectores y el conocimiento de los conceptos de prevención del abuso sexual (Cochrane Evidencia fiable, Decisiones informadas. Mejor salud, 2015).

El trabajo que nos concierne como legisladores es y será siempre salvaguardar el interés superior de la niñez, mandato de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que determina clara y precisamente en el artículo 4o. que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio nos guía como legisladores para ser el conducto legal de salvaguarda para los niños (Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 1917).

Por lo anterior se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se reforma el artículo 29 y se adiciona la fracción XX, y se recorren las subsecuentes, del artículo 30 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue

Artículo 29. En los planes de estudio se establecerán:

I. Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo;

II. Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje que, como mínimo, el educando deba acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel educativo y que atiendan a los fines y criterios referidos en los artículos 15 y 16 de esta ley;

III. Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo;

IV. Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los propósitos de cada nivel educativo;

V. Los contenidos a los que se refiere el artículo 30 de esta ley, de acuerdo con el tipo y nivel educativo; y

VI. Los elementos que permitan la orientación integral del educando establecidos en el artículo 18 de este ordenamiento.

Los programas de estudio deberán contener los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir orientaciones didácticas y actividades con base a enfoques y métodos que correspondan a las áreas de conocimiento, así como metodologías que fomenten el aprendizaje colaborativo, entre los que se contemple una enseñanza que permita utilizar la recreación y el movimiento corporal como base para mejorar el aprendizaje y obtener un mejor aprovechamiento académico, además de la activación física, la práctica del deporte y la educación física de manera diaria.

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género para, desde ello, contribuir a la construcción de una sociedad en donde a las mujeres y a los hombres se les reconozcan sus derechos y los ejerzan en igualdad de oportunidades.

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de prevención de abuso sexual infantil adaptados a las etapas de su desarrollo, para de esta forma considerar la enseñanza de herramientas de identificación y autoprotección para hacer frente a potenciales abusadores.

Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes:

I. a X. ...

XII. La prevención del abuso sexual infantil

Segundo. Se reforma el artículo 57, fracción XII, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, en términos de lo previsto en el artículo 103 de esta ley.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:

I. a XI. ...

XII. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso, identificación y prevención de abuso sexual o violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia;

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Bibliografía

Arteta, I. (15 de agosto de 2019). Animal Político. Obtenido de

https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menor es-mexico/

Bernal, J. M. (2000). Child Sexual abuse prevention: critical analysis of school based programs. Santiago: Universidad Católica de Chile.

Castillo, A. (2014). Educación sexual en el nivel preescolar, como prevención del abuso sexual en los niños de la delegación Iztapalapa. México: UPN.

Cochrane Evidencia fiable, Decisiones informadas. Mejor salud (16 de abril de 2015). Programas educativos escolares para la prevención del abuso sexual infantil. Obtenido de

https://www.cochrane.org/es/CD004380/programas-educativos-escol ares-para-la-prevencion-del-abuso-sexual-infantil

ONG Paicabí Chile (2002). Guía básica de prevención del abuso sexual infantil. En V. A. Ossandón. Valparaíso: ONG Paicabí.

Senado de la República (2019). México, primer lugar en abuso sexual infantil. México: Boletines Cámara de Senadores.

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. (2017). Protocolo de prevención del abuso sexual infantil a niñas, niños y adolescentes. México: SNDIF.

UNICEF (2019). Panoramas estadísticos de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México. México: UNICEF.

W Radio (13 de noviembre de 2019). W Radio. Obtenido de http://wradio.com.mx/programa/2019/11/13/hora_25/1573679895_424473.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2019.— Legislador y legisladoras: Miguel Angel Mancera Espinoza, Norma Azucena Rodríguez Zamora,Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbricas).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, senador. Túrnese a la Comisión de Educación, con opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado César Agustín Hernández Pérez:Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado César Agustín Hernández Pérez: El de la voz participa exponiendo esta importante reforma del diputado proponente Mario Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario Morena. En sí el objeto, o espíritu que persigue esta iniciativa es reformar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar la extorsión al Catálogo de Delitos que Ameritan Prisión Preventiva Oficiosa, que se encuentran establecidos en el artículo en comento, y como tal quisiera destacar que este delito es de los que comúnmente se sabe ocurren en nuestra sociedad, laceran, lastiman el tejido social, y que desafortunadamente por temor a alguna repercusión no se denuncia.

El pasado mes de abril fue publicada una reforma al artículo 19 constitucional para incluir diversos delitos al catálogo de los que merecen prisión preventiva oficiosa, con lo que se busca reducir el índice de impunidad en esos ilícitos considerados como los de más alto impacto social.

La extorsión constituye uno de los principales retos para el Estado mexicano en el combate a la delincuencia y el mantenimiento de la paz pública y el bienestar de la población, pues la comisión de esta conducta penal ha aumentado desde el año 2012 conforme el seguimiento que realiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el diagnóstico de seguridad de las entidades federativas de diciembre de 2019, informa que se presentaron 7 mil 358 víctimas de extorsión en el territorio nacional. De esas víctimas, el mayor número se presenta en la Ciudad de México con 799 casos, seguida por Jalisco con 691 víctimas, Veracruz con 482 víctimas y Nuevo León con 470.

Sin embargo, las entidades con aumento en las víctimas, tomando como referencia el periodo comprendido de enero a octubre de 2018 contra el periodo de enero a octubre de 2019, fueron Morelos con un incremento del 872.6 por ciento, Querétaro con 164 por ciento, Chihuahua 122 por ciento, Quintana Roo con 97 por ciento, Ciudad de México con el 76.6 por ciento, Campeche 73.9 por ciento y Baja California con el 70.7, por lo que las convierte en los estados con mayor presencia del delito.

El diagnóstico a las entidades estipula que las entidades con menos víctimas son Tlaxcala con una, Michoacán dos, Nayarit cuatro y Yucatán con cinco.

Si se toma en cuenta la tasa por cada 100 mil habitantes, el estado de Baja California 21.2, Zacatecas 17.3 y Quintana Roo 13.7, son las entidades donde hubo mayor número de víctimas.

Las ciudades que reportan un mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima son León, Atizapán de Zaragoza y Morelia, con 30.7, 26.6 por ciento, 24.9 por ciento, respectivamente.

Según el Inegi, la extorsión es el segundo delito más frecuente que aqueja a la población mexicana con 6 mil 542 casos en 2018. Según estadísticas del semáforo delictivo nacional, ONG muy seria, en el primer semestre de 2019 aumentaron los delitos de extorsión en un 35 por ciento. La tasa de extorsión fue la más alta de los últimos cuatro años con 5.63 casos por cada 100 mil habitantes.

Destacamos que la cifra negra está obviamente afectando a cada una de las comunidades de nuestra población. En ese entendido, apelamos a la sensibilidad de las soberanías para que este ejercicio, esta propuesta pueda ser aprobada.

Aprovecharía, presidenta, para solicitar por su conducto al diputado proponente permita a un servidor adherirse a la misma. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Mario Delgado Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

La severa crisis de inseguridad del Estado mexicano se debe, en buena medida, a la operación de grupos criminales relacionados con la delincuencia organizada bajo las modalidades de mayor impacto social: el narcotráfico, el secuestro y la extorsión.

La inseguridad es unos de los problemas nacionales que en mayor medida aquejan a la sociedad. La percepción de inseguridad ciudadana es uno de los indicadores de malestar social que no ceden desde hace más de una década: En lo últimos seis años, la sensación de inseguridad social pasó de 68.0 por ciento, en septiembre 2013, a 73.9 por ciento, en junio de 2019; es decir, avanzó 5.9 puntos porcentuales.

Tal incremento se debe principalmente a que las políticas de seguridad pública emprendidas durante los últimos 13 años no lograron implantar esquemas de prevención y contención del delito, como tampoco eficiencia en la investigación y sanción de estos ilícitos. El resultado de la política represiva denominada “guerra contra el narco”, fue el incremento imparable de la delincuencia, así como de la violencia con la que opera. Frente a ello, no hubo medida que lograra contrarrestar sus efectos en la percepción social negativa, de manera que esta alcanzó niveles inéditos. Estas variables se muestran en la siguiente gráfica que representa la percepción social sobre la inseguridad:

En función de ello, el gobierno de México ha emprendido un cambio radical en la estrategia para para frenar y revertir el fenómeno de la inseguridad, que parte de atacar su raíz mediante el mejoramiento de las condiciones de vida y las oportunidades de integración al desarrollo de todas y todos los mexicanos, sobre todo de quienes se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, que son quienes más alejados están de la posibilidad de acceder a los mínimos benefactores para sí y para su familia y, con ello, se convierten en blanco del reclutamiento por el crimen organizado.

Pero también, entendemos que es necesario volver eficiente el esquema de uso de la fuerza legítima del Estado para prevenir, contener, perseguir y sancionar aquellas conductas ilícitas que mayor daño causan a la sociedad. Es necesario renovar los esquemas que permitan abatir los altísimos niveles de impunidad que imperan en el país, pues conseguir que quienes pretenden ejecutar una conducta antisocial tengan un cierto grado de certeza de que serán sancionados es un elemento importante para su disuasión.

Pensando en ello, el pasado abril fue publicada una reforma al artículo 19 constitucional para incluir diversos delitos al catálogo de los que merecen prisión preventiva oficiosa, con lo que se busca reducir el índice de impunidad en esos ilícitos, considerados como los de más alto impacto social.

Por supuesto, entendemos que de poco servirá garantizar que los procesos penales por delitos graves se realicen en prisión preventiva, si no se dota de mayor eficacia a la investigación y a la ejecución de sus resultados, pero el fortalecimiento de ambos aspectos del sistema de impartición de justicia debe llevarse a la par y, en este caso, al legislador federal corresponde determinar lo relativo a la prisión preventiva.

Somos conscientes también de que la prisión preventiva no garantiza por sí el éxito del proceso penal y de que, en cambio, puede generar un exceso en la función que debe tener la privación de la libertad en el proceso. Sin embargo, creemos que en la presente crisis de inseguridad se requieren de herramientas que permitan transitar con el máximo de eficiencia posible, sin dar margen a que la corrupción o la ineficacia que pueda existir en la judicatura permitan que la liberación durante el proceso siga siendo un mecanismo más de impunidad. Reiteramos que nuestra referencia es hacia los delitos de muy alto impacto social.

Con ello en mente, consideramos que, tras la reforma constitucional al artículo 19, indebidamente ha quedado fuera de ese tratamiento el delito de extorsión, conducta tipificada en el artículo 390 del Código Penal Federal, como sigue:

Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa.

Como se aprecia, el tipo penal pretende sancionar la conducta de quienes obligan a otras personas, sin derecho o causa legitima, a realizar una conducta determinada para obtener un lucro, incluso a costa del perjuicio patrimonial causado a la víctima.

La extorsión constituye uno de los principales retos para el Estado mexicano en el combate a la delincuencia y el mantenimiento de la paz pública y el bienestar de la población, pues la comisión de esta conducta penal ha aumentado desde el año 2012, conforme el seguimiento que realiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La cifra de víctimas registradas por la comisión de este delito es preocupante. A lo largo de México se mantienen diversos puntos rojos, desde 2012, que demuestran la situación crítica de inseguridad relacionada con el delito de extorsión. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los hogares con al menos un integrante víctima, de este ilícito, son los ubicados en:

Del anterior mapa, se puede observar que las ciudades que reportan un mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima son: León, Atizapán de Zaragoza y Morelia, con 30.7 por ciento, 26.6 por ciento, 24.9 por ciento, respectivamente.

En el otro extremo, las ciudades con menor porcentaje de hogares victimizados fueron: Guadalajara, Los Mochis, Tampico, con 5.1 por ciento, 4.9 por ciento y 3 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con el Inegi, la incidencia delictiva de la extorsión es de las más altas entre aquéllos delitos que se cometen directamente contras las personas en su vida cotidiana. Además, es preocupante su crecimiento constante durante los últimos 19 años, como muestra la siguiente gráfica:

Por ello, aunque la extorsión no genera un daño a la vida o integridad física de las personas, en función de la muy alta incidencia de ese delito en nuestro país y de los cuantiosos daños que genera al patrimonio y a la integridad de las y los mexicanos, creemos que debe ser considerado como un delito de alto impacto social, por lo que se propone a esta honorable Cámara de Diputados dotar a la autoridad investigadora de un instrumento adicional para el combate y erradicación de la extorsión, por medio de la prisión preventiva oficiosa.

Esta medida contribuirá a limitar los casos de impunidad por la comisión del delito de extorsión. Por supuesto, reiteramos que no lo hará por sí misma, sino que debe formar parte de la renovación del esquema de persecución del delito e impartición de justicia en materia penal, que está en curso por la vía legislativa y también administrativa, tras la constitución de la Fiscalía General de la República.

En ese orden de ideas, se propone que se incluya el delito de extorsión en el catálogo de prisión preventiva oficiosa del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, extorsión, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

...

...

...

...

...

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de diciembre de 2019.— Legisladores: César Agustín Hernández Pérez, Mario Delgado Carrillo (rúbricas).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Le pido a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que reciba la suscripción del diputado a esta iniciativa. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO



INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se pide a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Mesa Directiva relativo a la integración de las comisiones de trabajo del primer receso del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente relativo a la integración de las comisiones de trabajo del primer receso del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

La Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 123 y 127, de la Ley Orgánica del Congreso; así como 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, acuerdo para la integración de las comisiones para el despacho de los negocios de su competencia, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

I. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es el órgano constitucional que funcionará durante los recesos de éste, siendo integrado por 37 legisladores, de entre los cuales 19 son diputados y 18 son senadores, que representan a sus Grupos Parlamentarios de conformidad con la configuración con la que cuente cada Cámara.

II. Que de conformidad con el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tiene competencia para resolver sobre diversos asuntos de orden público, para lo cual podrá tener el auxilio de hasta tres comisiones.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se proponen para ocupar las directivas y para integrar las Comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente durante el presente receso a los siguientes legisladores:

Segundo. Las Comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente adoptarán sus decisiones por mayoría de sus miembros presentes.

Tercero. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por parte del Pleno de la Comisión Permanente.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a 18 de diciembre del 2019.— La Mesa Directiva, diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), presidenta; senadora Mónica Fernández Balboa (rúbrica), diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica), vicepresidentes; diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos(rúbrica), senador Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), diputado Enrique Ochoa Reza (rúbrica), diputada Mary Carmen Bernal Martínez (rúbrica), secretarios.»

No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado, comuníquese.



COMUNICACIONES OFICIALES

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.— Presente.

Por este medio le solicito atentamente que ponga a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la inclusión, en el apartado de Agenda Política, del tema relativo al aumento del 20 por ciento en el monto del salario mínimo.

Agradeciendo de antemano su atención, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2019.— Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: En votación económica, consulte la Secretaría a la asamblea si es de modificarse.

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: En votación económica se consulta a la asamblea si se modifica el orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: A ver, permítame secretaria. Sí, permítame secretaria. Solamente para aclarar el tema particular que está proponiendo el diputado Porfirio Muñoz Ledo, para incluirse en el apartado de Agenda Política, es sobre el aumento del 20 por ciento en el monto del salario mínimo. Ahora sí, proceda la Secretaría, a consultar a la asamblea si es de modificarse el orden del día.

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se modifica el orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: No se autoriza.

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio de la presente y de conformidad con lo establecido por el acuerdo séptimo del Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente que fungirá durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, atentamente solicito, tenga a bien incorporar en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente del día de hoy, el apartado de Agenda Política.

Sin otro particular, quedo de usted, para cualquier comentario al respecto.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2019.— Diputado Justino Eugenia Arriaga Rojas (rúbrica).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: En votación económica consulte la Secretaría a la asamblea si es de modificarse.

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se modifica el orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: No se autoriza.



CLAUSURA Y CITA

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández (a las 13: 13 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 8 de enero a las 11 horas. Muchas gracias, compañeros y compañeras, que tengan muy felices fiestas y nos vemos el año que entra. Informo a las legisladoras y legisladores que la Primera Comisión se instalará en un momento más en el mezanine. Y preciso la convocatoria de la próxima sesión. No es el martes 8 sino el miércoles 8 de enero de 2020, a las 11 horas.

EFEMÉRIDES RECIBIDAS



DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

«Efeméride con motivo del 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, suscrita por la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

A lo largo de la historia, la migración se ha dado como forma de enfrentar las condiciones tanto sociales como naturales de las comunidades, con la valiente intención de conseguir mejores condiciones de vida. En la actualidad, los adelantos tecnológicos, las facilidades en los medios de movilidad y la globalización la propician por causas tan variadas que van desde la necesidad hasta el deseo propio.

Los beneficios y las oportunidades que ofrece la migración segura, ordenada y regular son considerables y a menudo se subestiman. En cambio, el desplazamiento forzoso y la migración irregular de personas en grandes movimientos suelen plantear problemas complejos y casi siempre son ventilados en los medios de comunicación.

Habiendo examinado la mejor manera en que la comunidad internacional debía responder al creciente fenómeno mundial de los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, los Jefes de Estado y de Gobierno y altos representantes de los estados integrantes de las Naciones Unidas, aprobaron la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes.

La Declaración de Nueva York se compone de fuertes compromisos destinados a resolver los problemas que afrontamos en la actualidad y preparar al mundo para hacer frente a los futuros retos. Por ejemplo: Proteger los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes, asegurar que todos los niños refugiados y migrantes estén estudiando en un plazo de unos meses después de su llegada, prestar apoyo a los países que rescaten, reciban y acojan a un gran número de refugiados y migrantes, trabajar para poner fin a la práctica de detener a los niños a los efectos de determinar su estatus migratorio entre muchos otros.

Por otro lado, resulta oportuno recordar que en la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” se reconoce claramente la contribución positiva de los migrantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible. Así, nuestro mundo es un mundo mejor gracias a esa contribución.

Si bien dichos instrumentos internacionales son grandes aportaciones que buscan mejorar la atención de los migrantes, desafortunadamente la realidad es un poco distinta, solo basta con observar la forma en que las familias retornan a nuestro país ya sea de forma voluntario o por deportación, en donde enfrentan distintos obstáculos ocasionados por su regreso repentino, como son, los limitados recursos económicos, la falta de un lugar donde hospedarse y principalmente la carencia de documentación que acredite su identidad, ya que esto es lo primero que debe conseguir para poder acceder a los servicios de salud, educación, entre otros. Este infortunio se debe a que las instituciones están más enfocadas en los documentos que en la atención de las necesidades de las personas.

En razón de lo anterior, se deben generar políticas integrales que contribuyan a la atención de nuestros connacionales repatriados, para crear fuentes de empleo en donde se pueda incorporar la mano de obra calificada con que cuentan muchos de ellos.

Adicional a lo anterior, debemos recordar que nuestros connacionales han establecido extensas redes migratorias entre sus lugares de origen en México y de destino en la Unión Americana, desafortunadamente este vínculo sufrió un golpe certero debido a que en el Presupuesto para el próximo año el Gobierno Federal decidió no asignar recursos al Programa 3x1 para Migrantes, y con ello lo condeno a su desaparición, lo cual implica que nuestros paisanos no puedan seguir apoyando el desarrollo de sus comunidades de origen.

En Movimiento Ciudadano “La causa es México”, nos mueve un México con instituciones fuertes que puedan brindar un trato digno a los mexicanos y a nuestros hermanos migrantes, instituciones que nos acerquen al cumplimiento de los propósitos de la declaración de Nueva York.

Cierro mi intervención citando brevemente a António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas: “La migración es un poderoso motor del crecimiento económico, el dinamismo y la comprensión. Permite que millones de personas busquen nuevas oportunidades, lo que beneficia por igual a las comunidades de origen y de destino”.

Por todo esto, cada día 18 de diciembre celebremos decididamente el Día Internacional del Migrante, con la intensión de abrir los brazos a la diversidad cultural.

Es cuánto.

Palacio Legislativo, a 18 de diciembre de 2019.— Diputada María Libier González Anaya (rúbrica).»

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RESUMEN DE LOS TRABAJOS

• Tiempo de duración de la sesión: 1 horas 5 minutos

• Quórum a la apertura de la sesión: 30 legisladoras y legisladores

• Comunicaciones oficiales: 10

• Iniciativas de congresos estatales: 2

• Iniciativas con proyecto de ley o decreto: 6

• Acuerdos de la Mesa Directiva: 2

• Legisladores que participaron durante la sesión: 11

2 Morena

4 PAN

1 PT

1 MC

1 PRD

2 PVEM

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

Arriaga Rojas, Justino Eugenio (PAN)
Desde la curul, para solicitar la inclusión de diversos asuntos en el rubro de Agenda Política: 13
Camino Farjat, Verónica Nohemí (PVEM)
Desde la curul, para solicitar la inclusión de diversos asuntos en el rubro de Agenda Política: 13
Cheja Alfaro, Jacobo David (MC)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, la leyenda“ A la Firma de los Tratados de Teoloyucan de 1914”: 45
Espinoza Mata, Zulma (PVEM)
Para presentar, en nombre propio, así como del diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM, y de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Regulación y Certificación de Productos Ecológicos y Sustentables: 55
Gálvez Ruiz, Bertha Xóchitl (PAN)
Desde la curul, para solicitar la inclusión de diversos asuntos en el rubro de Agenda Política: 12
Hernández Pérez, César Agustín (Morena)
Para presentar, en nombre propio y del diputado Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 71
Lucero Olivas, Miguel Ángel (PT)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para crear la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales: 48
Mancera Espinosa, Miguel Ángel (PRD)
Para presentar, en nombre propio, así como de la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Educación y 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: 67
Muñoz Ledo, Porfirio (Morena)
Para referirse a la solicitud suya, y de diversos legisladores, para que se incluyan temas en el rubro de Agenda Política: 41
Rosales San Román, Indira de Jesús (PAN)
Desde la curul, para solicitar la inclusión de diversos asuntos en el rubro de Agenda Política: 13
Torres Peimbert, María Marcela (PAN)
Para presentar, en nombre propio y de la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del PAN, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o. y 72 de la Ley General de Educación: 42