«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Beatriz Rojas Martínez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 1, la fracción L del artículo 3 y la fracción I del artículo 14 Bis 5; y se adicionan el párrafo tercero del artículo 2, las fracciones V Bis, XLVIII Bis y XLVIII Ter del artículo 3, la fracción IV del artículo 5, el capítulo I Bis de la protección del derecho humano al agua y al saneamiento del título II que contiene los artículos 5 Bis, 5 Ter y 5 Quáter, y las fracciones I Bis, I Ter, I Quáter, I Quinquies y I Sexies del artículo 14 Bis 5, todos de la Ley de Aguas Nacionales en materia de reconocimiento y protección del derecho humano al agua y al saneamiento al tenor de la siguiente

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los derechos humanos son “el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona [...] son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles”.

Los derechos humanos son inalienables, porque no pueden suprimirse salvo en determinadas situaciones; iguales y no discriminatorios, porque todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos; e incluyen derechos y obligaciones. Por otro lado, la aplicación de los derechos humanos se rige por cinco principios básicos: universalidad, son aplicables a todos los seres humanos; interdependencia, todos los derechos están ligados y vinculados; indivisibilidad, porque forman parte de una totalidad y no pueden ser fragmentados; interdependencia e indivisibilidad, porque son interrelacionados e interdependientes y el avance de uno facilita el avance de los demás; progresividad, se debe asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos.

De acuerdo con Lynn Hunt, los derechos humanos precisan ser naturales, iguales y universales pues “todos los seres humanos del mundo deben poseerlos por igual y sólo por su condición de seres humanos”.

Roland Dworkin señala que el contenido de los derechos humanos se sustenta en el concepto de la dignidad humana que distingue a la persona per se. En la dignidad humana es una calidad única y excepcional de todos los seres humanos que debe ser respetada y protegida de forma íntegra sin excepción. De ahí que, de acuerdo con Víctor M. Martínez Bullé-Goyri, los derechos humanos sean “la expresión jurídica de la dignidad humana”.

En este sentido, en esta iniciativa, como diputada de la LXIV Legislatura, considero que el Estado mexicano debe ser garante de los derechos humanos reconocidos en nuestra constitución, leyes federales y tratados internacionales. El derecho humano al agua y al saneamiento, entonces, es fundamental porque tiene una relación estrecha con los estándares para alcanzar una vida digna y para que el ser humano pueda desarrollar todas sus capacidades.

En primer lugar, debe reconocerse que el agua es el recurso más preciado, pues la vida en nuestro planeta depende de ella. El agua es el hilo conductor de los procesos en todos los ecosistemas y es vital en la producción de alimentos, los servicios de salud y otras actividades fundamentales para el desarrollo. No obstante, el agua es un recurso escaso y finito. Entonces, se entiende que la disponibilidad total del recurso es reducida pues, aunque la superficie del planeta está formada por 70 por ciento de agua, 97.5 por ciento de ésta es salada y el menos del 1 por ciento es dulce y accesible para el hombre. Ese 1 por ciento se mantiene constante, lo que varía es su distribución en el planeta, que se ve afectada por el lugar, el clima y la época del año. Además, debe añadirse que este 1 por ciento está distribuido de manera desigual, lo que genera escasez y baja disponibilidad.

Aunque el acceso al agua potable ha incrementado considerablemente en los últimos años, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estima que uno de cada cinco países en vías de desarrollo, como México, tendrá problemas de escases de agua antes de 2030; por lo tanto, en estos países es urgente un menor gasto de este vital líquido o una mejor planeación para su uso y reutilización que garantice el acceso de calidad al mismo. En la actualidad, este es un tema que cada día ocupa más la atención de científicos, académicos, políticos y, en general, de la sociedad.

Una de las razones que ocasionaron este problema a nivel mundial y nacional, es el manejo del agua como un recurso ilimitado, ocasionando sobreexplotación y daños a los ecosistemas. No existe una legislación internacional o nacional para conservar el ciclo hidrológico, aumentando la escasez del vital líquido y llevando, en el más extremo de los casos, a conflictos sociales.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en México, la sobreexplotación de acuíferos es un grave problema que ha ido en aumento desde 1975, cuando se aplicó el Programa Nacional Hidráulico. En ese año, los acuíferos sobreexplotados eran 32, pero para diciembre de 2016 se contabilizaron 105 acuíferos sobreexplotados (16 por ciento) de 653 en total. De igual manera, en 1975 no existían cuencas en déficit y para 2016 se tienen 104 cuencas con esta situación.

Además de la sobreexplotación de acuíferos, otras razones que se pueden citar como factores que contribuyen a la disminución de la cantidad y calidad del recurso (y por ende a la desigualdad en su acceso) son: crecimiento de la población, competencia por su uso, incremento de la contaminación del agua, la pérdida de áreas forestales y otros sistemas naturales de captura de lluvia, el uso mayoritario para riego agrícola, la falta de sistemas eficientes de suministro para poblaciones en crecimiento y el cambio climático.

Por otro lado, la escasez del agua por factores humanos puede entenderse por algunos de sus usos, que pueden dividirse en dos tipos: a) usos consuntivos (urbano, doméstico, agrícola, ganadería, servicios e industrial); y b) no consuntivos (acuicultura, hidroeléctrica, recreación, navegación y transporte). Por ello, el consumo del agua no depende exclusivamente de la disponibilidad física, sino de la infraestructura existente y los hábitos culturales.

El Foro Económico Mundial (FEM) identificó la crisis del agua como uno de los 5 principales riesgos mundiales. Tanto a nivel internacional como nacional, la escasez de agua puede generar problemas de diversa índole, como problemas fronterizos, migratorios, de alimentación, entre otros.

La problemática del agua y el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento podrían parecer recientes. No obstante, hay antecedentes jurídicos en la legislación internacional que marcan la relevancia de reconocer este derecho para garantizar la dignidad de los seres humanos.

Todos los derechos humanos tienen su origen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este sentido, desde su concepción, han puesto a la persona y su dignidad en el centro, con el propósito de contar con un desarrollo integral.

En 1966, las Naciones Unidas adoptaron la Carta Internacional de los Derechos Humanos,formada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

El derecho humano al agua y al saneamiento ha sido abordado en instrumentos internacionales de carácter ambiental, de desarrollo y de derechos humanos, respondiendo a coyunturas y contextos socio-históricos específicos. Los primeros grandes avances en este derecho podemos encontrarlos en el ya mencionado PIDESC de 1966. Si bien no reconoce de manera explícita el derecho humano al agua, en sus artículos 11 y 12, dispone el derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado, lo que incluye alimentación, vivienda, vestimenta y salud.

Conforme la crisis del agua incrementaba, la sociedad internacional comenzó a mostrar interés en los temas ambientales. En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), órgano creado para supervisar el cumplimiento del PIDESC, aprobó la Observación General Número 15 donde hizo explicito el –derecho humano al agua–. Para elaborar tal observación, el CEDESC tomó como referencia una serie de conferencias que, décadas atrás, comenzaron a retomar el tema del agua, el desarrollo y el medio ambiente.

La primera fue la Conferencia de Naciones Unidas sobre Agua, realizada en 1997 en Mar del Plata, marcando el comienzo de una serie de actividades globales en torno al agua, como el Decenio Internacional de Agua Potable y Saneamiento (1981-1990) que buscó una ampliación del suministro de servicios básicos para las poblaciones más marginadas. Además constituyó el primer llamado para que los Estados evaluaran periódicamente de sus recursos hídricos.

Por otro lado, esta convención fue pionera al reconocer por primera vez el agua como un derecho humano, declarando que “Todos los pueblos, cualquiera que sea su nivel de desarrollo o condiciones económicas y sociales, tienen derecho al acceso a agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas”.

En 1979, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), abordó en su artículo 14, párrafo 2, inciso h, el derecho a gozar de los servicios de saneamiento y el abastecimiento de agua para mujeres en zonas rurales. Diez años más tarde, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 24, párrafo 2, incisos c y e, menciona explícitamente el derecho al agua como parte de la vida digna de niñas y niños.

Entre los instrumentos internacionales, previos a la resolución 64/292, donde se realiza mención del derecho humano al agua, encontramos los siguientes: a) La Conferencia Internacional sobre Agua y Desarrollo Sostenible (Conferencia de Dublín) de 1992; b) la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de Río) de 1992; c) la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo de 1994; y d) la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002. En estos instrumentos, se entiende que, para alcanzar un desarrollo humano y sostenible pleno, el derecho al agua potable y al saneamiento es fundamental para que la vida digna y plena de las poblaciones.

La constante problemática del agua ya descrita y los intentos de la comunidad internacional por regular y reconocer el agua como un derecho humano, llevaron a que el 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas , se reconociera el derecho humano al agua y al saneamiento, pues es primordial para la realización y garantía de muchos otros, reafirmando que el agua es el recurso natural más importante del planeta, porque sin él la vida termina.

De esta manera, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado a los miembros de la comunidad internacional, específicamente los estados y las organizaciones internacionales, a proporcionar financiamiento y transferencia de tecnología, especialmente hacia los países en vías de desarrollo, para que puedan proporcionar servicios de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para su población.

Desde entonces, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera que el derecho humano al agua debe contar con cinco características irrevocables:

a) Suficiente: Debe garantizarse abastecimiento de agua suficiente y continuo para el uso personal y doméstico (agua para beber, higiene personal, lavado de ropa, limpieza del hogar, preparación de alimentos). Se calculan entre 50 y 100 litros de agua diarios para cubrir las necesidades básicas.

b) Saludable: Debe estar libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana. Los Estados deberán crear y definir estándares nacionales para garantizar medidas de calidad del agua potable.

c) Aceptable: El agua debe ser incolora, insabora e inolora para el uso doméstico y personal.

d) Accesible: Derecho a servicios de agua y saneamiento accesibles físicamente situados en la cercanía inmediata del hogar.

e) Asequible: Tarifas o precios que no superen el 3 por ciento del ingreso del hogar.

En septiembre de 2010, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución 15/9 en la cual reafirmó este reconocimiento, aclarando que forma parte de la legislación internacional y confirmándolo como un derecho legalmente vinculante para los estados. De esta manera, se consolidaron las bases internacionales para que los estados, en política interna, generaran las reformas necesarias en el sector hídrico.

¿Por qué fue importante el reconocimiento del acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano? Porque es un paso fundamental para crear mayor justicia social y ambiental. Además, es el resultado de un enorme trabajo y esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil, del sector académico y del político para que la ONU reconociera, aunque tarde, que el agua es un derecho básico para el goce pleno para la vida de todos los seres humanos.

Con este antecedente, en septiembre de 2015, se adoptaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. De los diecisiete objetivos planteados, el sexto “Agua limpia y saneamiento” contempla el garantizar acceso universal al agua potable, segura y asequible para todos en 2030, por lo cual “es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene”. Se plantea que el reparto es inadecuado y que las futuras generaciones enfrentarán escasez crónica y reiterada de agua dulce. De esta manera, los países de Naciones Unidas reconocen que los problemas relacionados con los recursos hídricos serán los más urgentes, especialmente por el incremento de la población que ocasiona una demanda más numerosa; esto combinado con el cambio climático y sus múltiples efectos dificultará el acceso al agua y al saneamiento.

ONU-Agua reconoce que el recurso de encuentra posicionado en el centro del desarrollo sostenible y es condición previa para el desarrollo socio-económico. El acceso al agua y al saneamiento se ha constituido como uno de los derechos humanos reconocidos e indispensables para el pleno desarrollo de los seres humanos, porque el vital líquido es esencial para que otros derechos humanos fundamentales puedan alcanzarse, como el derecho a la vida, a la alimentación y a un medio ambiente sano, sólo por mencionar algunos. El agua es necesaria para alcanzar el desarrollo sustentable, pasando por la salud, la nutrición, la igualdad de género y la economía.

A pesar de estos avances en materia internacional, debe recalcarse que el discurso de gestión del agua tiene en el centro los conceptos de desarrollo y estrés hídrico, por lo que las soluciones, generalmente, van encaminadas a la necesidad de crear y construir nueva infraestructura que permita el acceso a la población de los Estados –particularmente aquellos en vías de desarrollo– y a generar participación multinivel, integrando a más actores y alentando a la gestión público-privada, actores de la sociedad y otros actores interesados en el sector, con la finalidad de democratizarla toma de decisiones.

No obstante, creemos que este sistema y discurso sigue manteniendo al derecho humano al agua relegado y promoviendo y primando los intereses de empresas privadas y otros particulares. Por ello, es necesario retomar la idea de la gestión social comunitaria del agua, pues es una gestión desde la sociedad civil, concibiendo al agua como un elemento natural vital y como un derecho humano. De esta manera, se prima el derecho humano al agua y al saneamiento y no la maximización de las ganancias económicas, impidiendo que las grandes transnacionales y otros particulares puedan hacerse del uso exclusivo y abusivo del líquido.

En este sentido, el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento fue acompañado, en la agenda política internacional y en los centros académicos, por el concepto de seguridad hídrica, enfocada en garantizar el agua suficiente en calidad y cantidad para diversos usos, a precios asequibles y en equidad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en nuestro país 87 por ciento del agua superficial la reúnen siete ríos: Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco, Santiago y Tonalá. De acuerdo con las Estadísticas del Agua en México 2018 con 653 cuerpos de agua subterránea, de los cuales 105 se encuentran sobreexplotados.

El incremento de la población ha sido uno de los factores que ocasiona la reducción de la disponibilidad del agua en nuestro país. Esto es evidente si observamos que en 1910 la disponibilidad era de 31 mil metros cúbicos por habitante al año. En 1950 disminuyó a 18 mil metros cúbicos. Y en 2010 se redujo a 4 mil 230 metros cúbicos. Estas cifras demuestran que en 100 años la disponibilidad del agua disminuyó 86.36 por ciento.

Los principales usos del agua en nuestro país corresponden a las siguientes actividades: 76 por ciento en la agricultura; 14.4 por ciento al abastecimiento público; 4.7 por ciento se destina a las termoeléctricas; y 4.9 por ciento a las industrias. Es decir, que un problema de escasez mayúsculo, aunado a un saneamiento inadecuado podría repercutir seriamente en el país, específicamente en la seguridad alimentaria (por desabasto de alimentos), los medios de subsistencia y el desarrollo social.

Además, debe considerarse que en las últimas tres décadas (y por lo menos hasta 2011), los derechos del agua se han concentrado en manos de los grandes propietarios agrícolas e industriales. Éstos generan una gran contaminación y utilizan enormes volúmenes de agua como insumo clave. Algunas empresas embotelladoras como Coca-Cola Company, Nestlé y Procter & Gamble, han visto multiplicadas sus concesiones de aguas de primera calidad, en detrimento, muchas veces, de las poblaciones originarias.

En México, el manejo de los recursos hídricos suele ser insuficiente, irregular y de baja calidad, afectando a la población que consume este recurso en busca de satisfacer sus necesidades básicas. El abastecimiento de agua en territorio nacional se da, principalmente, a través de tres vías: la red de servicio público, venta de agua embotellada y la distribución o venta de agua en pipas.

De acuerdo con el Fondo para la Comunicación y Educación Ambiental, México es uno de los países con baja disponibilidad del recurso: casi 5, 000 metros cúbicos por habitante al año. Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018, señala que al 31 de diciembre de 2012 en México había aún casi nueve millones de personas sin acceso a agua potable (de los cuales, cinco millones se encontraban en zonas rurales), y 11 millones de personas sin contar con servicios de alcantarillado (casi ocho millones de estas personas se encontraban zonas rurales).

Como se puede observar, en nuestro país persiste una enorme disparidad en cuanto a la disponibilidad del agua en el norte y sur, dejando claro que tenemos retos importantes para cumplir cabalmente con la efectividad del derecho humano al agua y al saneamiento en determinadas zonas hidrológicas administrativas.

Tampoco podemos negar una terrible realidad a nivel mundial: el acceso al agua tiene una relación bastante estrecha con la situación de pobreza de las personas. México no escapa a esta dinámica, quienes viven en las zonas rurales y más marginadas padecen en mayor medida la falta de acceso y calidad a este recurso, donde las fuentes locales de suministro, además de estar sobreexplotadas, resultan insuficientes para cubrir la demanda.

En México, se ha dado una transformación paulatina de las formas de gestión de los asuntos públicos a partir de la década de 1980. En el ámbito hídrico, significó la implementación de nuevos instrumentos de política pública orientados a una mayor participación de actores económicos y sociales en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos hídricos.

La Comisión Nacional del Agua formula, actualiza y vigila la política hídrica nacional y el Programa Hídrico Nacional que se sustentan en 22 principios. No obstante, debe entenderse que éstos tampoco contienen el respeto y la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento. Se señala que el agua es un bien público, vital, vulnerable y finito, con valor social, ambiental y económico, cuya preservación es asunto de seguridad nacional. Ocho de estos principios aluden a la necesidad de conservar, proteger y restaurar el agua en cantidad y calidad para mantener el equilibrio ecológico; uno, a la atención prioritaria a la población marginada; tres, a la necesidad de pagar por su uso y su contaminación; y dos, a la importancia de que la sociedad esté informada acerca de las características y problemas que conciernen al agua.

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que las aguas dentro del territorio son propiedad la nación. El Estado mexicano regula su aprovechamiento y también transmite su dominio a particulares por medio de concesiones (este ha sido uno de los puntos más polémicos y las iniciativas ciudadanas para la redacción de una nueva Ley de Aguas en nuestro país, se oponen terminantemente a las concesiones que se hacen en detrimento de sus derechos y el uso social y local del agua).

El 8 de febrero de 2012, el Congreso de la Unión adicionó un sexto párrafo al artículo 4o. de la Carta Magna para que el derecho humano al agua y al saneamiento adquiriera rango constitucional, obligando al Estado a promulgar una nueva legislación y políticas públicas en la materia. En el artículo tercero transitorio de esta modificación se señala que el “Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas”.

El párrafo cinco del artículo cuarto constitucional, hace referencia al derecho de las personas a “[...] un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”. Por su parte, el párrafo sexto del mismo artículo protege el “[...] derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) vigente desde 1992, no está concordancia con lo mandatado en la Constitución, pues en contenido no se enuncia en ninguna ocasión la responsabilidad que adquirió el Estado mexicano de respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua de manera accesible, suficiente, aceptable y asequible. El artículo 4o. de la Ley de Aguas Nacionales establece que es un bien público, un recurso estratégico y que su manejo es asunto de seguridad nacional.

De esta manera, de acuerdo con Rodrigo Gutiérrez Rivas, “[...] cuando se convierte un interés o una necesidad –como el derecho al agua y a un medioambiente saludable (artículo 4o.)– en derecho fundamental, significa que la comunidad política ha decidido otorgarle a dicho interés una posición de máxima jerarquía dentro de su sistema jurídico. Esto suele hacerse con aquellos bienes que tienen especial relevancia para la su pervivencia de los entornos sociales o ambientales. Al hacerlo [...] los poderes públicos, quedan jurídicamente obligados a privilegiar dichos intereses cuando colisionen con otros no relevados por la comunidad”.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) ha buscado que, además del concepto de derecho humano al agua, también se adopte el concepto de seguridad hídrica propuesto por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y se adecue al contexto nacional para aceptar la disponibilidad de agua en cantidad adecuada y calidad aceptable para preservar un clima de paz y estabilidad política, para sostener y proteger el abasto de agua para todo ser viviente y toda actividad social, económica y ambiental; asegurar la capacidad de mitigar y adaptarse a niveles aceptables y manejables ante los fenómenos naturales y antropogénicos que ponen en riesgo a la población, la economía y al medio ambiente asociados a la cantidad y calidad del agua; asegurar la capacidad para acceder, explotar, usar y aprovechar las aguas de forma sostenible, así como para gestionar, planificar, manejar y administrar de manera integrada las interrelaciones e intervenciones entre los diferentes sectores asociados a los recursos hídricos.

Reconocer el derecho humano al agua y al saneamiento fue un gran paso en nuestra política internacional al colocarlo en el artículo 4o. constitucional. No obstante, la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, no contempla este derecho y se encarga únicamente de la parte técnica y administrativa, reglamentando exclusivamente el artículo 27 y, por lo tanto, dando paso a las concesiones que han sido aprovechadas por las empresas privadas en detrimento de la población.

En ese sentido, urge que la Ley de Aguas Nacionales esté en concordancia con lo mandatado en la Constitución política. Si bien se necesita elaborar una nueva ley, que contemple el derecho humano al agua y al saneamiento, garantice la participación y administración social, y priorice las necesidades de la población sobre los intereses privados, es necesario realizar estas pequeñas modificaciones en la ley vigente, para garantizar los derechos de la población mexicana, especialmente del sector más pobre y así puedan contar con agua potable limpia, saludable y a precios accesibles.

Al garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento en la Ley de Aguas Nacionales, garantizamos también, dada la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, el derecho a la vida, a un medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación, a la vivienda adecuada, entre otros.

El Estado mexicano, al haber ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PDESC) en 1981, debe cumplir con sus tres obligaciones establecidas en la observación general número 15 del Comité de este pacto: la obligación de respetar (evitar que deniegue o restrinja el acceso al agua potable en condiciones de igualdad); la obligación de proteger (impedir que terceros –particulares, empresas u otras entidades- menoscabe el disfrute de este derecho); y la obligación de cumplir (que facilite, promueva y garantice el derecho humano al agua).

El agua potable, el saneamiento y la higiene correcta son fundamentales para la salud, la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo. No obstante, contar con servicios adecuados y de calidad de agua potable y saneamiento siguen siendo un lujo para muchos de los habitantes más pobres de nuestro país. Esta situación debe terminar y el Estado mexicano debe ser garante del derecho humano al agua y saneamiento de su población.

El siguiente cuadro expone el comparativo de las modificaciones que se plantean:

En tal virtud, tengo a bien someter a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de reconocimiento y protección del derecho humano al agua y al saneamiento

Artículo Único. Se reforman el artículo 1o., la fracción L del artículo 3 y la fracción I del artículo 14 Bis 5; y se adicionan el párrafo tercero del artículo 2, las fracciones V Bis, XLVIII Bis y XLVIII Ter del artículo 3, la fracción IV del artículo 5, el capítulo I Bis. De la protección del derecho humano al agua y al saneamiento del título II que contiene los artículos 5 Bis, 5 Ter y 5 Quáter, y las fracciones I Bis, I Ter, I Quáter, I Quinquies y I Sexies del artículo 14 Bis 5, todos de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de los artículos 1; artículo 4, párrafos quinto y sexto; y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección y garantía del derecho humano al agua y al saneamiento y de la gestión integral de las aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto proteger el derecho humano al agua y al saneamiento, garantizando la calidad, suficiencia, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad del líquido; regular la gestión integral, distribución, uso y/o aprovechamiento equitativo, sustentable y no discriminatorio de dichas aguas, así como el tratamiento y saneamiento de aguas residuales, para lograr un desarrollo integral sustentable y la seguridad hídrica de todo el país.

Artículo 2. Las disposiciones de esta ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables a los bienes nacionales que la presente ley señala.

Las disposiciones de esta ley son aplicables a las aguas de zonas marinas mexicanas en tanto a la conservación y control de su calidad, sin menoscabo de la jurisdicción o concesión que las pudiere regir.

Estarán sometidas a la presente ley todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, cualquiera que sea su constitución, que presten, sean usuarios, presenten o se vinculen con alguno de los servicios de agua y saneamiento.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a V. [...]

V Bis. Agua Potable: Agua apta para el consumo humano sin efectos dañinos para la salud, que cuenta con las características establecidas por los parámetros internacionales y las normas oficiales mexicanas.

VI. a XLVIII. [...]

XLVIII Bis. Saneamiento. Son todas las técnicas necesarias para recoger, transportar, tratar, alejar, descargar y eliminar de manera higiénica y segura, los residuos sólidos, excretas y aguas residuales, con el fin de generar un ambiente limpio y sano.

XLVIII Ter. Seguridad hídrica. Capacidad del Estado y su sociedad para garantizar el agua suficiente en calidad y cantidad para diversos usos, a precios asequibles y en equidad, protegiendo el abasto de agua para la población y el desarrollo social y económico sustentable para preservar un clima de paz y estabilidad política, social, ambiental y económica; asegurando también la mitigación y adaptabilidad ante fenómenos naturales y antropogénicos que puedan poner en riesgo el abastecimiento del líquido.

XLIX [...]

L. “Sistema de Agua Potable y Alcantarillado”: Conjunto de obras y acciones que permiten la prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el saneamiento ;entendiendo como tal la conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de las aguas residuales;

L. a LXVI [...]

Artículo 4. [...]

Artículo 5. Para el cumplimiento y aplicación de esta ley, el Ejecutivo federal:

I. a III. ...

IV. Promoverá que, en todas las acciones de administración del agua, se priorice y garantice el derecho humano al agua y al saneamiento, primando el uso personal y doméstico y otros intereses de la sociedad.

Artículo 5 Bis. Todas las personas gozarán del derecho humano al agua y al saneamiento para gozar de una vida digna y saludable.

Artículo 5 Ter. Será responsabilidad de la federación, las entidades federativas, los municipios, la Ciudad de México y todas las autoridades competentes, el garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.

Artículo 5 Quáter. Para el cumplimiento y aplicación de esta ley, en materia de protección y garantía del derecho humano al agua y al saneamiento, se observará:

I. Garantizar que el acceso y disposición del agua sea suficiente, salubre, aceptable, asequible, equitativo y no discriminatorio.

II. Priorizar el uso personal y doméstico, estableciendo las sanciones para aquellas autoridades o personas que, a través de sus actos, hechos u omisiones limiten el ejercicio pleno de este derecho humano, siempre tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que esta ley establece.

III. Los servicios de agua y saneamiento que brinde el Estado, las entidades federativas o la Ciudad de México, deben ser accesibles para todas las personas, en equidad y sin discriminación.

IV. Se garantizará la participación ciudadana, priorizando a las personas en situación de vulnerabilidad y los pueblos originarios, eliminando todo tipo de desigualdad y discriminación en el ejercicio de este derecho. La población podrá participar en la toma de decisiones respecto a programas y proyectos referentes a la gestión del agua que puedan afectar u obstaculizar su derecho humano al agua y al saneamiento.

V. Los usuarios tendrán el derecho de recibir información respecto a la gestión integral de los recursos hídricos.

Título Tercero Política y Programación Hídricas

Capítulo Único

Sección Primera Política Hídrica Nacional

Artículo 14 Bis 5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son:

I. El agua es un recurso vulnerable y finito esencial para el desarrollo digno de la vida. Es un bien público, social, ambiental y económico. El Estado y la sociedad, velarán por preservar la sostenibilidad, que también será prioridad y asunto de seguridad hídrica.

I. Bis. Es obligación del Estado garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.

I. Ter. El Estado, las entidades federativas, los municipios, la Ciudad de México y las autoridades competentes deberán garantizar el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento.

I. Quáter. Los servicios de agua y saneamiento deberán ser congruentes con las políticas de desarrollo humano y sustentable, garantizando la calidad, suficiencia, aceptabilidad y asequibilidad.

I. Quinquies. El Estado, las entidades federativas, la Ciudad de México y las autoridades competentes en la materia, deben proteger el medio ambiente conforme a la legislación vigente, promoviendo el uso y rehúso sustentable del agua, a través de técnicas y materiales que no deterioren el medio ambiente y contribuyan a la conservación del agua. Se observará también el adecuado saneamiento de las aguas residuales.

I. Sexies. Al brindar los servicios y garantizar el derecho humano al agua, la provisión de los servicios debe ser equitativo y sin discriminación entre usuarios. Se incluirá y garantizarán los derechos de la población marginada y de los pueblos originarios.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 CNDH, ¿Qué son los derechos humanos?, CNDH, México, disponible en:

https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-h umanos énfasis añadido.

2 Ídem.

3 Lynn Hunt, La invención de los derechos humanos, TusQuets, España, 2009, p. 19.

4 Roland Dworkin, Justice of hedgehogs, Harvard University Press, 2011, p. 204.

5 Eduardo Ferrer, et. Al. (coords.), Derechos humanos en la Constitución: comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana I, SCJN-UNAM-Fundación Konrad Adenauer, Ciudad de México, 2013.

6 Víctor Martínez Bullé-Goyri, “Reflexiones sobre la dignidad humana en la actualidad”, en Boletín mexicano de derecho comparado, año XLVI, núm. 136, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, enero-abril de 2013, p. 55.

7 Fernando González Villareal, La gestión del agua: lecciones de la experiencia del Programa Nacional Hidráulico 1975-2000, CONAGUA-Red del Agua UNAM, México, 2011, disponible en:

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/3Lecci onesdelaexperienciadelPNH1975-2000.pdf

8 World Wide Fund for Nature, Ecosistemas de agua dulce, WWF México, disponible en:

https://www.wwf.org.mx/que_hacemos/agua_dulce/

9 Delia Montero Contreras, Transnacionales, gobierno corporativo y agua embotellada: el negocio del siglo XXI, UNAM, México, 2015, p. 23.

10 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, “No hay crisis mundial de agua, pero muchos países en vías de desarrollo tendrán que hacer frente a la escasez de recursos hídricos”, FAO, 2003, disponible en:

http://www.fao.org/spanish/newsroom/news/2003/15254-es.html

11 s/a. Estadísticas del agua en México, SEMARNAT-CONAGUA, México, 2017, p. 59, disponible en:

http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2017.pdf

12 Cfr. Hans Gunter Brauch, et.al. Facing Global Environmental Change: Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts, Springer, Alemania, 2009, p. 182.

13 ACNUDH, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Naciones Unidas, 1966, disponible en:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

14 UNW-DPAC, El derecho humano al agua y al saneamiento. Hitos, España, s/año, disponible en:

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_t o_water_and_sanitation_milestones_spa.pdf

15 ACNUDH, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), disponible en:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

16 UNICEF, Convención sobre los derechos del niño, Madrid, 2006, disponible en:

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

17 UNW-DPAC, El derecho humano al agua y al saneamiento, op.cit.

18 Página Oficial de las Naciones Unidas, Decenio Internacional para la Acción “El agua fuente de vida, 2005-2015”, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (ONU-DAES), 2014, disponible en:

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_wa ter.shtml

19 John Scanlon, Angela Cassar y Noémi Nemes, Water as a Human Right?, IUCN, Environmental Law Programme, 2004, disponible en:

https://www.iucn.org/content/water-human-right

20 s/a. “La ONU reconoce el acceso al agua como un derecho fundamental”, Ecologistas en Acción, disponible en:

https://www.ecologistasenaccion.org/18187/la-onu-reconoce-el-ac ceso-al-agua-como-un-derecho-fundamental/

21 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 6 Agua limpia y saneamiento, PNUD, disponible en:

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-developme nt-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html

22 María Griselda Gunther, “Gestión del agua y práctica del Buen Vivir” en Gian Carlo Delgado, et. al., BUENA VIDA, BUEN VIVIR: imaginarios alternativos para el bien común de la humanidad, UNAM-CEIICH, México, 2014, p. 347.

23 SEMARNAT-CONAGUA, Estadísticas del Agua en México 2018, México, 2018, p. 30, disponible en:

http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2018.pdf

24 Inegi, Cuéntame de México. Agua, INEGI, México, disponible en:

https://www.google.com/search?q=agua+en+mexico+inegi&oq=agu a+en+mexico+inegi&aqs=chrome..69i57j0l7.3694j0j4&sourceid=chrome&ie =UTF-8

25 SEMARNAT-CONAGUA, Estadísticas del Agua en México 2018, op.cit.

26 Roberto Constantino Toto, “Las dimensiones de la seguridad nacional en materia hídrica”, en Carlos Navarrete Ruiz, et al, Agua: el oro azul, México, Senado de la República LXI Legislatura, México, 2011, p.194-196.

27 Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, “Hacia una nueva ley de agua en México”, México, 2017, disponible en:

https://agua.org.mx/analisis_integral/hacia-una-nueva-ley-del-a gua/

28 Comisión Nacional del Agua, Programa Nacional Hídrico 2014-2018, SEMARNAT-CONAGUA, México, 2014, p.38.

29 CONAGUA, Plan Nacional Hídrico 2014-2018, CONAGUA, México, disponible:

https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-nacion al-hidrico-pnh-2014-2018

30 s/a, La nueva Ley General de Aguas, Agua.org, Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental A.C., México, disponible en:

https://agua.org.mx/analisis_integral/la-nueva-ley-general-de-a guas/

31 Rodrigo Rivas Gutiérrez, “El derecho fundamental al agua en México: un instrumento de protección para las personas y ecosistemas”, en Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Núm. 18, enero-junio 2008, p. 75.

32 Jorge A. Hidalgo Toledo, Fortalecimiento de la Seguridad hídrica en México. SEMARNAT-IMTA, México, sin año, disponible en:

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/890 56/446605/file/4.4JorgeArturoHidalgoToledo.pdf

33 Para mayor información, véase Red-DESC, Observación General N°15: El derecho al agua), disponible en:

https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-15- derecho-al-agua-articulos-11-y-12-del-pacto-internacional

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2020.— Diputada Beatriz Rojas Martínez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Beatriz Rojas Martínez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 y demás aplicables del Reglamento de las Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

El Poder Legislativo es el órgano del Estado donde el principio democrático y representatividad alcanza una máxima expresión, ambas Cámaras, Alta y Baja representan a la ciudadanía que tiene el derecho a elegirlas, con respeto a esto; el padrón electoral hasta octubre del presente año es de 46 millones 452 mil mujeres y 43 millones 246 mil hombres, lo que se traduce prácticamente en un 50-50. Más sin embargo la representación de las mujeres y sus intereses en la vida pública a lo largo de la historia no ha sido igualitaria, hasta el día de hoy falta mucho por avanzar.

El trayecto de las mujeres por la obtención de su ciudadanía y su incursión a la vida pública, ha estado plagado de obstáculos y resistencias, lucha que conlleva a un análisis histórico:

Desde 1824, un grupo de zacatecanas solicitaron su ciudadanía sin obtener respuesta alguna. Y en 1856, 86 mujeres comenzaron a demandar derechos políticos al Constituyente.

De 1884 a 1894 una serie de huelgas de mujeres cigarreras en la Ciudad de México denuncian explotación laboral y falta de oportunidades, con esto consiguen que la reforma liberal otorgue el derecho a la educación a las mujeres.

En 1910, el Club Hijas de Cuauhtémoc, presidido por Dolores Jiménez y Muro, protesta en la glorieta de Colón por el fraude en las elecciones y reclama la participación política de las mexicanas.

En 1911, centenares de mujeres firman una carta a favor del sufragio femenino argumentando que la Constitución no menciona el sexo de los votantes.

En 1916, se lleva a cabo el segundo Congreso Feminista en Yucatán, demandando el derecho al voto activo de la mujer, Hermila Galindo en la ponencia La mujer en el porvenir, plantea la igualdad intelectual entre la mujer y el hombre, al tiempo que demandó educación sexual para ambos sexos, y la ciudadanía limitada, después presenta la iniciativa para otorgar a las mujeres la ciudadanía y votar en elecciones municipales.

En 1917 en la 54 sesión ordinaria, se discute la comentada iniciativa de Hermila Galindo, y en la 63 sesión ordinaria, el artículo 34 se aprobó por 166 votos a favor y 2 en contra, es decir, por la negativa de otorgarles la ciudadanía a las mujeres.

En 1922, Felipe Carrillo Puerto, considera que la Constitución no prohíbe el voto femenino, Rosa Torres se convierte en la primera regidora mexicana, por el ayuntamiento de Mérida, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Dzib Cícero, se convierten en las primeras diputadas mexicanas y después de desempeñar el cargo durante dos años, tras el asesinato de Felipe Carrillo Puerto, las tres diputadas declinan de sus cargos y huyen de Yucatán al recibir amenazas de muerte.

En 1923, en la Ciudad de México se lleva a cabo el primer Congreso Nacional Feminista, demandando igualdad civil y política. En San Luis Potosí se obtiene el voto activo y pasivo a mujeres que sepan leer y no pertenezcan a asociaciones religiosas, pero en 1926 fue derogado.

En 1925, el Congreso de Chiapas aprueba a la mujer el voto municipal por su importancia social y superioridad moral, así en 1927 Chiapas registró a su primera diputada local, la maestra Florinda Lazos. Al mismo tiempo Tabasco otorga el derecho de votar y ser votadas a mujeres en los comicios electorales de los ayuntamientos.

En 1934, durante su campaña presidencial, Lázaro Cárdenas ofrece colocar “a las mujeres en el mismo plano de igualdad política con los hombres y promete el voto femenino”.

En 1935, se crea el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, presidido por Refugio García y conformado por 800 agrupaciones femeninas de todo el país, para obtener el derecho al voto.

En 1936, Puebla aprueba el voto femenino y Antonia González se convierte en la Primera Regidora Poblana.

En 1937, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer apoya las candidaturas femeninas para diputaciones de Guanajuato y Michoacán, pero la Convención del PNR integrada por hombres, sólo designa a candidatos de ese mismo sexo.

En 1938, Cárdenas presenta la iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional y establecer el voto femenino en elecciones federales, pero esta reforma no se consuma por temor a que favorezca al candidato de oposición.

Más de diez años después, en 1946, el presidente Miguel Alemán envía la iniciativa de adición del artículo 115 para otorgar a la mujer el derecho a votar y ser votada en elecciones municipales. Y en 1947, a raíz de esta reforma las mujeres comenzaron a ocupar cargos de elección popular en los ayuntamientos.

En 1952, Amalia González Caballero crea la Alianza de Mujeres de México, que exige el voto femenino. Este mismo año el presidente Ruiz Cortines envía una iniciativa de reforma al artículo 34 constitucional. Al tiempo que Hermila Galindo es nombrada la “primera mujer congresista”.

Es así que en 1953, se aprueba la reforma constitucional al artículo 34 y es publicada en el Diario Oficial de la Federación, para otorgar ciudadanía plena y permitir el voto femenino en elecciones federales.

Y en 1955 las mujeres acuden por primera vez a las urnas a emitir su voto.

Después de esta victoria, la inserción de las mujeres en el ámbito público ha estado plagada de obstáculos propios de esta cultura patriarcal, la participación de las mujeres en los distintos órganos de representación popular, cargos en la administración pública de las entidades locales, federales y en las principales instancias de toma de decisión, aún se encuentra limitada.

Primeras mujeres en cargos públicos.

“ Somos las mujeres el fruto de la Revolución... Porque la mujer participó en la lucha armada desde siempre y abrazó las mejores causas, pero su falta de preparación académica fundamental le impidió llegar a lugares de estrategia política y de alto nivel de decisiones. Conquistó la igualdad con el voto y empezó a ascender. Unas cuantas mujeres en relación numérica con los hombres”.

Griselda Álvarez, Cuesta arriba. Memorias de la primera gobernadora.

1954: Aurora Jiménez Palacios, primera diputada federal, por el Distrito 1 de Baja California.

1955: Remedios Albertina Ezeta (estado de México), Margarita García Flores (Nuevo León), Guadalupe Ursúa Flores (Jalisco) y Marcelina Galindo Arce (Chiapas); primeras diputadas federales para la XLII Legislatura:

1959: Cristina Salmorán, primera ministra de la SCJN.

1964: María Lavalle Urbina y Alicia Arrellano Tapia, primeras senadoras, por Campeche y Sonora.

1979: Griselda Álvarez Ponce de León, primera gobernadora mexicana, por el estado de Colima.

Derechos políticos, cuotas de género y la paridad

No fue hasta 40 años después de la victoria de las mujeres al obtener la ciudadanía en 1953, que en la Cámara de Diputados en 1993, se aprueba la reforma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para promover que partidos postulen a mujeres.

En 1996 otra reforma al mismo Código establece que las candidaturas para diputaciones y senadurías no podrían exceder 70 por ciento de un mismo género.

En 1999 se crea la Comisión de Equidad y Género , para incorporar en políticas y en todos los niveles la perspectiva de género.

En 2002 con la reforma al nuevamente al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; se obliga a partidos a inscribir por lo menos el 30 por ciento de candidaturas de mujeres en calidad de propietarias.

La reforma a la Ley Electoral de 2007; establece la cuota de género de al menos 40 por ciento y las listas plurinominales debían incluir al menos 2 mujeres en cada segmento de 5 candidatos.

En 2011 ocho diputadas solicitan licencias indefinidas para entregar sus cargos a sus esposos, hermanos, parientes y padrinos políticos. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para evitar que se presentaran más casos.

En 2013 se presenta la iniciativa presidencial que fue aprobada por el Congreso para obligar a los partidos políticos a garantizar que 50 por ciento de candidaturas locales y federales sean ocupadas por mujeres.

En 2015 el Poder Legislativo, de 500 diputaciones, 212 fueron mujeres, lo que representa 42.4 por ciento. Y de 128 senadurías, 46 fueron mujeres, o sea 35.9 por ciento.

En el Ejecutivo, de 26 secretarios de Estado, solo 3 fueron mujeres.

De las 32 entidades federativas, solo Sonora es gobernado por una mujer.

Y de los 2 mil 457 municipios solo 330 son gobernados por mujeres, lo que representó apenas el 13.4 por ciento.

Y en el Poder Judicial, de 11 ministros solo 2 espacios ocupados por mujeres, 18. 1 por ciento.

Reformas en materia de violencia política de género

En 2017 después de cuatro años para lograr su concertación, la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado, aprobó reformas en materia de violencia política de género, modificando las siguientes leyes:

• Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

• Ley General de Partidos Políticos

• Ley General en Materia de Delitos Electorales

• Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

Logramos llegar al tiempo en que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal plasmado en nuestra Constitución Mexicana y reconocido en diversos tratados internacionales de derechos humanos, sin embargo la historia nos ha enseñado que solo las mismas mujeres harán valer sus derechos.

El género es materia universal, que atañe desde lo personal, hasta las relaciones de poder, que en su conjunto están invariablemente determinados por la cultura. La lucha de las mujeres a lo largo de la historia y el camino trazado por cada una de ellas en todos los ámbitos, han modificado con el tiempo la forma de considerar a los hombres y a las mujeres, así como las relaciones entre ambos. No se puede tolerar, ni justificar, ninguna forma de discriminación ejercida contra nosotras.

Historia y exclusión en el lenguaje

Su estancia en la Escuela de Medicina en la Ciudad de México nunca estuvo exenta de problemas. Algunos estudiantes la apoyaban, otros alumnos y docentes enardecidos ante su buen desempeño, solicitaron que se revisara su expediente antes de los exámenes finales del primer año, objetando la validez de las materias del bachillerato que había cursado en escuelas particulares, ante esto a Matilde le fue comunicada su baja.

La joven Matilde Montoya, solicitó a las autoridades escolares de la Escuela de Medicina, la revalidación de las materias que ya había cursado en una escuela particular (Latín, Raíces Griegas, Matemáticas, Francés y Geografía) o que de no ser posible esto, le permitieran entonces cursarlas en la Escuela de San Ildefonso por las tardes. Su solicitud fue rechazada, con el argumento de que; en el Reglamento Interno de la Escuela, el texto señalaba que los requisitos de ingreso eran paraalumnos, NO paraalumnas.

Desesperada apeló al presidente de la República, Porfirio Díaz, escribiéndole una carta y poder continuar con sus estudios. El presidente vio con interés la causa de la joven y giró las instrucciones correspondientes el director del Colegio de San Ildefonso para que Matilde pudiera cursar las materias pendientes.

La alumna concluyó la carrera con excelente desempeño académico y escribió la tesis Microbiología; cirugía y obstetricia, técnica de laboratorio en algunas investigaciones clínicas. Trabajo escrito para el examen general de Medicina. Pero al solicitar su examen profesional se encontró con un nuevo obstáculo, le negaron el derecho a presentarlo porque en los Estatutos de la Escuela Nacional de Medicina se hablaba del derecho a examen de “alumnos” y NO de “alumnas”. De nuevo la pasante apeló al Presidente Porfirio Díaz, quien tuvo que enviar una solicitud a la Cámara de Diputados para que se actualizaran los Estatutos de la Escuela Nacional de Medicina y también pudieran graduarse mujeres médicas. Pero como la Cámara no estaba en periodo de sesiones el presidente Díaz emitió un decreto el 24 de agosto 1887, para que se pudiera realizar el examen profesional de Montoya.

Así Matilde Montoya logra ser la primera mujer médica graduada en México.

Lo que no se nombra no existe

En la actualidad no existe sociedad alguna en el mundo donde mujeres y hombres reciban un trato equitativo, todas las palabras tienen una lectura de género. Así, la lengua no sólo refleja, sino que también transmite y refuerza los estereotipos y roles considerados adecuados para mujeres y hombres en una sociedad.

Se sigue usando el masculino como lenguaje universal y neutro. Se niega la feminización de la lengua y al hacerlo se invisibiliza a las mujeres y se rechazan los cambios sociales y culturales que están ocurriendo en la sociedad.

El proceso de socialización de género se desarrolla a lo largo de toda la vida y es transmitido a través de los distintos agentes de socialización: familia, escuela, medios de comunicación y el lenguaje.

De la misma manera que para muchas personas, lo que aparece en la televisión es “totalmente cierto” e incuestionable, así lo que se comunica desde las instancias del Estado es para la gran mayoría inapelable, de forma que si los poderes de gobierno utiliza el “masculino” como universal, dando por entendido que están incluidas las mujeres, se está en realidad, haciendo una exclusión que ha tenido como consecuencia que sean los hombres los perpetuos interlocutores con los poderes públicos y los que han manejado la dirección y los intereses de todas y todos.

Si ya de entrada el liderazgo político y social ha estado por siglos en manos de los hombres, al convocar las instancias públicas y de gobierno en sus documentos a “los adultos”, “los funcionarios” etcétera, se sigue falseando, mediante un uso incorrecto del lenguaje, la realidad social. Mediante ello se fomentan las exclusiones de siempre y se reproducen estereotipos que mantienen una cultura sexista y convencimientos que mantienen falsas creencias y discriminación entre la población.

Será difícil alcanzar una igualdad si cuando hablamos seguimos reproduciendo los esquemas, las formas y los atavismos que históricamente han conducido a la marginación, la exclusión y la discriminación de las mujeres, a saber, la utilización del lenguaje para invisibilizarlas, entre otros métodos.

El androcentrismo se manifiesta gracias a la desigualdad en el orden de las palabras, en el contenido semántico de ciertos vocablos o en el uso del masculino como genérico para ambos sexos. Utilizar el masculino como genérico ha borrado la presencia de las mujeres en la historia en la vida cotidiana, en el mundo.

Concluimos pues que, el lenguaje es uno de los agentes de socialización de género más importantes al conformar nuestro pensamiento y transmitir una discriminación por razón de sexo. La lengua tiene un valor simbólico enorme, “ lo que no se nombra no existe”, y durante mucho tiempo, al hacer uso de un lenguaje androcéntrico y sexista, las mujeres no han existido y han sido discriminadas. Se nos ha enseñado que la única opción es ver el mundo con ojos masculinos, pero esta opción oculta los ojos femeninos. No es por tanto incorrecto, o una repetición, nombrar en masculino y en femenino, esto no supone una duplicación del lenguaje puesto que; duplicar es hacer una copia igual a otra y este no es el caso, es sencillamente un acto de justicia, de derechos, de libertad. Es necesario un cambio que represente igualitariamente a las mujeres y a los hombres.

Todo esto hace patente la necesidad y urgencia de fomentar el uso de un lenguaje incluyente para ambos sexos en las instituciones públicas y de gobierno; evitar la confusión, negación, ambigüedad y sobre todo la invisibilización de las mujeres que han logrado tras varios obstáculos, insertarse en la vida pública del país.

Igualdad, principio universal

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal plasmado en nuestra Constitución mexicana y reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca: la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, noviembre de 1967; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, septiembre 1981; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Belém do pará, junio 1994; la Declaración y Programa de Acción de Viena Conferencia Mundial de Derechos Humanos, junio 1993 y la Conferencia Mundial Beijing de 1995.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

(...)

Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

Hace referencia a que; todos Estados Partes, tomarán en todas las esferas y en particular las esferas; política, social y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Artículo 2. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas a fin de abolir las leyes, costumbres, reglamentos y prácticas existentes que constituyan una discriminación en contra de la mujer, y para asegurar la protección jurídica adecuada de la igualdad de derechos del hombre y la mujer, en particular:

a) El principio de la igualdad de derechos figurará en las constituciones o será garantizado de otro modo por la ley.

Artículo 4. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la mujer en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna: El derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas y este derecho deberá ser garantizado por la legislación.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, Belém do Pará:

Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, Estos derechos comprenden, entre otros:

j) El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Artículo 7. Los estados parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas en prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

d) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.

Paridad hoy

Hace dos décadas, solo Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Holanda tenían más de 30 por ciento de mujeres parlamentarias. En la actualidad Bolivia, Granada, Nicaragua, Costa Rica, Cuba y México están dentro de los primeros diez parlamentos, con más de un 40 por ciento de parlamentarias.

México vive un momento histórico sin precedentes, las mujeres obtuvimos 48.2 por ciento de curules en esta Cámara de Diputadas y Diputados, lo que nos coloca en el cuarto lugar en porcentaje de participación en las Cámaras del mundo. Y por ello es necesario que se destaque y visibilice este logro histórico.

En las pasadas elecciones del 1 de julio de 2018, a nivel federal:

El Legislativo, LXI legislatura; de 500 diputaciones, 241 son mujeres, lo que representa el 48.2 por ciento y de 128 senadurías, 63 son mujeres, lo que representa el 49.2 por ciento.

De acuerdo con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de 26 integrantes del gabinete, por lo menos 8 serán mujeres: Secretaría de Gobernación: Olga Sánchez Cordero, Secretaría de Desarrollo Social: María Luisa Albores, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Josefa González Blanco Ortiz Mena, Secretaría de Energía: Rocío Nahle, Secretaría de Economía: Graciela Márquez Colín , Secretaría de la Función Pública: Irma Eréndira Sandoval, Secretaría del Trabajo y Previsión Social: Luisa María Alcalde, Secretaría de Cultura: Alejandra Frausto Guerrero.

Nivel estatal

En nueve entidades federativas se eligió gobernador, de 51 candidatos, 11 fueron mujeres; de estas, fueron electas 2: Ciudad de México: Claudia Sheinbaum y Puebla: Martha Érika Alonso.

Y en el primer Congreso de la Ciudad de México, de 66 diputados, 33 mujeres fueron electas, lo que se traduce en 50 por ciento.

Nivel local

De las 16 alcaldías de la Ciudad de México, solo 4 son ocupadas por mujeres, Álvaro Obregón; Layda Sansores, Iztapalapa; Clara Brugada, Magdalena Contreras; Patricia Ortiz y Tlalpan: Patricia E. Aceves.

El camino aun es largo, para lograr la plena paridad en el ejerció del poder para las mujeres, hoy lo hemos logrado en el Poder Legislativo y por ello somos la Legislatura de la Paridad, pero nos falta incursión en el Ejecutivo y el Judicial, la igualdad se traduce en la presencia de las mujeres en los puestos de toma de decisiones.

Para tal efecto, resulta ineludible la transformación de la cultura política con hegemonía patriarcal y de su sistema político electoral. Se ha logrado la paridad, limitada al ámbito de la participación política en el Poder Legislativo, pero es impostergable que se institucionalice en todos los ámbitos de la vida.

Por ello es de estricta necesidad nombrar a las mujeres, hacerlas visibles como protagonistas de la historia y del poder.

En este sentido, se hace necesario efectuar las reformas necesarias que permitan adaptar las instituciones nacionales a la realidad política de nuestro país en materia de paridad de género, es por ello que se presenta ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de ley que reforma el artículo 50 de nuestra Carta Magna, con el objetivo que el honorable Congreso de la Unión, sea incluyente en su lenguaje al nombrar a sus legisladoras en concordancia con esta LXIV “Legislatura de la Paridad de Género”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Artículo 50. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputadas y diputados y otra de senadoras y de senadores.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su aplicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, Belém do Pará

- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

- Manual para el Uso No Sexista del Lenguaje.

- Historia de la Lucha de las Mujeres por sus Derechos en México; Dra. Patricia Galeana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2020.— Diputada Beatriz Rojas Martínez (rúbrica).»

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

«Iniciativa que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar para su análisis y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción IV del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta:

Las personas adultas mayores constituyen un sector vulnerado en sus derechos enfrentando problemas de acceso a los servicios de salud, al trabajo, a la educación, a vivienda digna y en general, por carecer de los medios necesarios para su desarrollo integral. Estas carencias se traducen además en la vulneración de otros derechos, como la toma de decisiones a nivel personal y familiar que están condicionadas por las formas en que las familias asumen la manutención y bienestar de la persona adulta mayor. Finalmente, esta situación también se traduce en distintas formas de abandono y maltrato que pocas veces son denunciadas por quienes las sufren y sancionadas por las autoridades competentes (información consultada en http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-adultas-mayore s/).

Asimismo, la seguridad social es el rubro más importante que el Estado debe resguardar para garantizar el desarrollo íntegro de las personas. Por eso, el Estado mexicano ha firmado diversos instrumentos tendientes al tema.

Da acuerdo con datos del Conapo, en 1970 se inició una trayectoria de baja constante a partir de las tasas de natalidad y mortalidad, es decir, nacen menos niños y mueren menos asultos, por lo que la tendencia es clara: estamos envejeciendo. Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía, señalan que el número de habitantes con 60 años o más en nuestro país, llega a 14 millones; solo una cuarta parte recibe pensión.

En el marco institucional se prevé, entre otros instrumentos jurídicos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ella, el artículo 22 con lectura armónica e interpretación del artículo 25 del citado cuerpo:

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad (artículo 22, DUDH).

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad (artículo 25, DUDH).

En el orden jurídico nacional encontramos la importancia de la seguridad social en la ley del Seguro Social, señalando que se debe entender por seguridad social.

Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado (artículo 2, LSS).

Uno de los aspectos importantes de la seguridad social es el régimen de pensiones, en el cual se encuentra el de vejez para el retiro de la persona. Este consiste en que la persona después de cotizar un mínimo número de semanas por trabajar, el Estado le deberá garantizar al trabajador un fondo para que no tenga que depender de estar siempre trabajando.

Las pensiones para el retiro resultan ser insuficientes para mantener un nivel de vida adecuado. Asimismo, las personas que se retiran y estuvieron bajo ciertos esquemas en donde tienen un tope máximo de 10 salarios mínimos tendrán muchas dificultades para que puedan tener una vida digna. Como lo muestra tesis jurisprudencial emitida el 24 de enero de 2020 en el Semanario Judicial:

Régimen transitorio del sistema de pensiones entre las leyes del seguro social derogada de 1973 y vigente. El límite superior que se debe aplicar al salario promedio de las 250 semanas de cotización que sirve de base para cuantificar las pensiones de los asegurados del régimen transitorio, que optaron por el esquema pensionario de la derogada ley de 1973.

Para cuantificar el monto de la pensión de vejez tratándose de asegurados que se ubican en el régimen transitorio y que se acogieron al esquema de pensiones de la derogada Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, resultan aplicables el tope máximo de diez veces el salario mínimo previsto en el artículo 33, segundo párrafo, del citado cuerpo normativo, así como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 85/2010, de rubro “Seguro Social. El salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, base para cuantificar las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, tiene como límite superior el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde con el segundo párrafo del artículo 33 de la ley relativa, vigente hasta el 30 de junio de 1997”, pues al acogerse a los beneficios para la concesión de la pensión de vejez previstos en la ley derogada, deben regirse por las disposiciones de esa normativa.

En la tesis se hace énfasis en colocar el tope para cuantificar en las 10 unidades, en vez de las 25, lo que resulta en un mayor perjuicio al adulto que piensa en jubilarse. Aunado a lo mencionado hasta el momento, tenemos previstos el cobro de impuestos sobre la pensión como el impuesto sobre la renta, señalado en el artículo 93, fracción IV.

El tope previsto en la jurisprudencia afecta a todos los adultos mayores que reciben diversos tipos de pensiones o se encuentran pensionadas por más de un sistema de seguridad social.

Lo señalado como problemática es el castigo sobre la pensión a la que se ven expuesto un gran número de personas adultas mayores, y que se ve traducido en un decremento en su estilo de vida. Por ello, el Estado debe brindar acciones para la prevención de posibles daños a sus derechos humanos e impactos que afecten su dignidad.

Categorías sospechosas. La inclusión de nuevas formas de éstas en las constituciones y en la jurisprudencia atiende al carácter evolutivo de la interpretación de los derechos humanos.

La razón de tener un catálogo de categorías sospechosas es resaltar de manera no limitativa que existen ciertas características o atributos en las personas que han sido históricamente tomadas en cuenta para categorizar, excluir, marginalizar y/o discriminar a quienes las tienen o a quienes han sido asociados con estos atributos o características. Así, por ejemplo, las categorías de sexo, raza, color, origen nacional, posición económica, opiniones políticas, o cualquier otra condición o situación social, han sido consideradas como las principales categorías sospechosas incluidas en los tratados internacionales y en diversas Constituciones. Ahora bien, con el paso del tiempo, se ha incluido en la jurisprudencia o en las Constituciones otras categorías atendiendo a otras formas de discriminación detectadas. Así pues, por un lado, en atención al carácter evolutivo de la interpretación de los derechos humanos, la jurisprudencia convencional y constitucional ha incluido, por ejemplo, a la preferencia sexual como una categoría sospechosa. Por otro lado, diversas Constituciones han previsto expresamente nuevas formas de categorías sospechosas, tales como la edad, la discapacidad y el estado civil –o el estado marital.

Como se reconoce, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y nuestra legislación nacional, se reconoce como Derecho Humano la seguridad social, en el que se incluye a las pensiones. Por tal razón goza de las características señaladas en la Constitución.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley (artículo 1o. CPEUM).

Corresponde al Estado promover, respetar y garantizar esos principios, como señala la tesis aislada publicada en junio de 2013, que me permito citar:

Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad establecidos en la constitución federal. Representan criterios de optimización interpretativa de los derechos fundamentales.

El 10 de junio de 2011 se promulgaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, de las que sobresale la modificación de su artículo 1o. que establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En virtud de éstos, la valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); además, tales derechos han de apreciarse como relacionados de forma que no sería posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de otro derecho fundamental que también deba respetarse y que resulte eventualmente preferible, por asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente (indivisibilidad e interdependencia); asimismo, con el entendimiento de que cada uno de esos derechos, o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse expandidos, por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). De esta guisa, los referidos principios representan criterios de optimización interpretativa de los derechos fundamentales, porque conducen a su realización y observancia plena e inmejorable a favor del individuo, al orientar el proceder de toda autoridad en el cumplimiento del mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de la materia, lo cual se refleja al ejercer el control constitucional, en el sentido de que el respeto y restauración de los indicados derechos son una tarea no sólo de la jurisdicción federal, sino también de la ordinaria en el conocimiento de los asuntos de su competencia.

De acuerdo con la característica de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, leemos en conjunto los derechos y por ello, al atender o mejorar las garantías de un derecho es como se tiene un avance en progresividad de los derechos humanos.

Conforme a la obligación de garantizar y promover los derechos humanos, esta iniciativa plantea trabajar en la tarea del aseguramiento de estos derechos.

Obligación Objetivo Conducta del Estado

Garantizar Realizar Positiva

Promover Mejorar Positiva

Se prevé en esta iniciativa bajo las facultades del artículo 73 de la Constitución, reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta, para exentar del pago de este impuesto a un mayor número de pensionados por retiro aumentando lo previsto para la exención del pago, con lo cual se prevé un mejor nivel de vida de las personas cumpliendo los mandatos constitucionales de Garantizar y Promover los derechos humanos,

Ésta es una medida con fines extrafiscales, como facultad concedida al legislador:

Fines extrafiscales. Corresponde al órgano legislativo justificarlos expresamente en el proceso de creación de las contribuciones.

Una nueva reflexión sobre el tema de los fines extrafiscales conduce a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar que si bien es cierto que el propósito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios, también lo es que puede agregarse otro de similar naturaleza, relativo a que aquéllas pueden servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar (fines extrafiscales), por lo que ineludiblemente será el órgano legislativo el que justifique expresamente, en la exposición de motivos o en los dictámenes o en la misma ley, los mencionados fines extrafiscales que persiguen las contribuciones con su imposición. En efecto, el Estado al establecer las contribuciones respectivas, a fin de lograr una mejor captación de los recursos para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que respondan a fines extrafiscales, pero tendrá que ser el legislador quien en este supuesto refleje su voluntad en el proceso de creación de la contribución, en virtud de que en un problema de constitucionalidad de leyes debe atenderse sustancialmente a las justificaciones expresadas por los órganos encargados de crear la ley y no a las posibles ideas que haya tenido o a las posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar. Lo anterior adquiere relevancia si se toma en cuenta que al corresponder al legislador señalar expresamente los fines extrafiscales de la contribución, el órgano de control contará con otros elementos cuyo análisis le permitirá llegar a la convicción y determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos reclamados. Independientemente de lo anterior, podrán existir casos excepcionales en que el órgano de control advierta que la contribución está encaminada a proteger o ayudar a clases marginales, en cuyo caso el fin extrafiscal es evidente, es decir, se trata de un fin especial de auxilio y, por tanto, no será necesario que en la iniciativa, en los dictámenes o en la propia ley el legislador exponga o revele los fines extrafiscales, al resultar un hecho notorio la finalidad que persigue la contribución respectiva.

Por ello, mediante la facultad reservada al legislador, se plantea que la finalidad de la medida a tomar en esta iniciativa de ley es la de mejorar el nivel de vida de las personas adultas mayores para garantizar su igualdad material, y con ello, prevenir abusos para garantizar la dignidad humana en cumplimiento al mandato del artículo 1o. de la Constitución, por lo que mostramos la reforma a continuación:

Fundamento legal de la iniciativa

Lo forman los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, precisados desde el inicio de este documento.

Texto normativo propuesto

Decreto por el cual se reforma la fracción IV del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Único. Se reforma la fracción IV del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

...

IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de veinticinco veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este título.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente decreto surtirá efectos respecto al impuesto sobre la renta a partir del 1 de enero de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Elhier Cinta Rodríguez, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Martha Elisa González Estrada, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Ernesto Javier Nemer Álvarez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto que se adiciona la fracción VI del artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, con base en la siguiente

El derecho a la protección de la salud es esencial para el desarrollo de toda persona. Preservarla y fomentarla es responsabilidad individual, de los gobiernos y de las organizaciones de la sociedad civil, porque solamente en conjunto se pueden multiplicar los esfuerzos en las tareas de prevención, atención hospitalaria, impacto en la calidad de vida, así como en los apoyos para el gasto catastrófico que deriva de algunas enfermedades.

Este último aspecto tiene que ver con los hogares que destinan más de 30 por ciento de su capacidad de pago para el financiamiento de la salud de sus integrantes; en ello va el gasto de bolsillo, contribuciones a la seguridad social y el presupuesto público transferido en distintas modalidades a los hogares.

Desde esta perspectiva, es evidente que el ámbito de la conservación de la salud trasciende al estado de bienestar físico, mental y social, puesto que, la protección implica la extensión de actitudes solidarias y responsables para la restauración de la misma, tal como disponen los artículos 1o. y 2o. de la Ley General de la Salud.

Brindar apoyo solidario a las personas y familias con enfermedades no transmisibles sigue siendo un desafío para la política pública en México, sin dejar de resaltar el impacto financiero que representa la pérdida de vidas en etapas productivas de la vida laboral.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social de 2017 se reportaron 102.3 millones de personas afiliadas a alguna institución de salud, lo que representa 82.7 por ciento de la población total.

El entonces Seguro Popular y el Instituto Mexicano de Seguridad Social fueron los que reportaron el mayor porcentaje de afiliados y solo el 1.1 por ciento de población dijo contar con un seguro de gastos médicos mayores.

Para nadie es un secreto que las enfermedades como el cáncer, la leucemia, el VIH-sida, cirrosis hepática, trasplantes o los cuidados intensivos neonatales y trastornos pediátricos, generan un fuerte efecto en la economía de las familias y de los gobiernos. Esto ha sido refrendado por el representante de la Organización Panamericana para la Salud en México, Gerry Eijkemans, quien en 2018 durante su participación en el Senado de la República, compartió estimaciones por pérdidas cercanas a los 7 billones de dólares para el 2025, casi el equivalente al 4 por ciento del Producto Interno Bruto, en caso de hacer caso omiso a la problemática alrededor del cáncer.

Este panorama evidencia el tamaño del reto para cumplir la meta 3.4 del Objetivo para el Desarrollo Sostenible, “Salud y bienestar”, que insta a reducir en 33 por ciento para 2030 las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles.

Estas enfermedades –entre las que se encuentran los diferentes tipos de cáncer– son responsables de 77 por ciento de las muertes en México y a escala mundial de 41 millones de personas.

Desafortunadamente, en el mundo pierden la vida por esta razón 15 millones de personas en etapa productiva, esto es entre 30 y 69 años de edad y más del 85 por ciento ocurre en países de ingresos bajos y medianos como México.

Sin embargo, los sobrevivientes de cáncer no pueden contar una historia mejor, derivado de las consecuencias alternas –físicas, psicológicas y materiales– de las quimioterapias, muchas veces perdiendo el empleo.

Lamentablemente, no hay ejemplos de apoyos financieros a las personas sobrevivientes de algún tipo de cáncer, en el mundo se registran diversas variantes como reducciones o exenciones fiscales; universalidad de la atención médica, créditos privados y así en general, pero no hubo alguno referente al subsidio directo para lograr una verdadera reinserción social de los sobrevivientes de cáncer.

En Estados Unidos existe el Deferment for Active Cancer Treatment Act 2018, cuyo planteamiento es excusar a los alumnos universitarios del pago de la cuota mensual cuando se encuentren en tratamiento y durante los seis meses posteriores. También existen instituciones privadas de crédito cuya focalización son las personas con diagnóstico de cáncer, como Life Credit Company, que otorgan un crédito de hasta el 50 por ciento del total del seguro de vida que el solicitante tenga contratado previamente con una póliza de vida que cubra al menos 75 mil dólares, es decir, un millón 500 mil pesos mexicanos.

En Reino Unido existió el Employment Support Allowance, que luego se transformó en el Universal Credit, con el cual se provee un subsidio a quienes padecen cáncer y que debido a sus efectos secundarios no han podido cumplir con su empleo de manera directa o indirecta – lo cual ocurre a 83 por ciento de los pacientes– y les representa un gasto mensual promedio de 570 libras esterlinas, es decir, cerca de 15 mil pesos mexicanos.

En Chile se creó la Estrategia contra el Cáncer en 2016, que consideró acciones para mejorar el acceso a beneficios, seguros y créditos, pero no consolidó avances hasta la firma del Plan Nacional de Cáncer 2018-2028 en donde se reconoce que es necesario abordar la problemática económica derivada de padecer esta enfermedad.

Chile apostó por consolidar un “grupo de prestaciones priorizadas” en aras de monitorear la calidad de vida de los sobrevivientes de cáncer.

México también tuvo su estrategia denominada “Juntos contra el Cáncer” 2018-2024 que no propuso de manera directa el acceso a créditos, pero evidenció la necesidad de replantear los estándares mínimos de atención de los seguros de gastos médicos públicos y privados a fin de garantizar una reincorporación digna a la cotidianeidad de la vida.

Precisamente este es el área de oportunidad que la presente iniciativa busca atender, a fin de que las personas con condiciones de salud asociadas al cáncer puedan acceder a un crédito o subsidio vía El Banco del Bienestar.

Sobre este último asunto, cabe recordar que los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica del Banco de Bienestar señalan como su objetivo promover, facilitar, gestionar y financiar toda clase de proyectos, operaciones y actividades que atiendan las necesidades de servicios financieros de los integrantes del sector, entendiendo este como las personas físicas y morales que –de acuerdo con los criterios definidos por el consejo directivo– tengan acceso limitado a los servicios financieros por su condición socioeconómica o ubicación geográfica...

El beneficio sería muy trascendente para los sobrevivientes de cáncer ya que el Banco del Bienestar al cierre de 2018 contaba con 2 mil 421 puntos de atención en todo México. Con ello la inclusión financiera de los sobrevivientes de cáncer sería una realidad y un programa realmente exitoso entre quienes han dejado todo para dar su lucha por la vida.

Ésta es una gran oportunidad para demostrar solidaridad y fraternidad con las personas guerreras que salieron exitosas frente a algún tipo de cáncer. El doctor Abelardo Meneses, titular del Instituto Nacional de Cancerología, ha señalado que cada año se registran 190 mil nuevos casos de pacientes con cáncer, de los cuales, desafortunadamente la mitad fallece, pero poco se hace por los sobrevivientes.

El instituto puso en marcha desde julio de 2014 el primer Registro de Supervivientes de Cáncer en México que en sólo 4 años reportó a 3 mil 726 supervivientes.

Todos ellos padecen secuelas como fatiga, dolor óseo y neuropatías, que pueden persistir hasta cinco años después de haber sido vencida la enfermedad. No debe olvidarse que el costo promedio del tratamiento de cáncer con lesiones tempranas puede rondar entre 20 y 30 mil pesos o incrementarse hasta el millón, según el avance de la metástasis.

La Ley General de Salud ya considera la elaboración oficial de un Registro Nacional de Cáncer, de cuyo artículo 161 Bis se desprende que contendrá la información del paciente, información demográfica, información del tumor, información respecto al tratamiento que se ha aplicado al paciente y el seguimiento que se ha dado al mismo. Además de información de curación y supervivencia. Y podrá agregarse toda aquella información adicional que determine la secretaría.

El presente planteamiento es que a los casi 4 mil sobrevivientes de cáncer se les apoye con un subsidio durante un año para reincorporarse a tareas productivas, ya sea en un empleo o en una actividad económica. La idea es que sea igual que los 2 mil 620 pesos bimestrales que reciben de pensión los adultos mayores de 68 años y quienes tienen alguna discapacidad, solo que el universo de los sobrevivientes de cáncer es de 4 mil individuos –según datos aproximados del Incan–, lo que representaría una erogación anual de 62 millones 880 mil pesos.

Esta cifra representaría un porcentaje muy menor del presupuesto previsto en el ramo 20, “Bienestar”, para el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que consideró para 2020 una cantidad mayor de 181 mil millones de pesos.

Así, se considera que se puede coadyuvar a combatir las desigualdades causadas por pérdida de la salud originadas por el cáncer y se sugiere adicionar una fracción VI al artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, como en el siguiente cuadro:

Por todo lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Único. Se adiciona la fracción VI del artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:

Artículo 14. La política nacional de desarrollo Social debe incluir cuando menos las siguientes vertientes:

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, de la alimentación nutritiva y de calidad, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación;

II. Seguridad social y programas asistenciales;

III. Desarrollo Regional;

IV. Infraestructura social básica;

V. Fomento del sector social de la economía ;

VI. Fomento a la calidad de vida de las personas supervivientes de cáncer, conforme al Registro Nacional de Cáncer elaborado por la Secretaría de Salud.

Primero. La o las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el marco de las atribuciones establecidas en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria deberán acompañar el dictamen correspondiente a la presente iniciativa con la valoración del impacto presupuestario respectivo, para su análisis y posible integración en el Presupuesto de Egresos de la Federación subsecuente.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. El Ejecutivo federal, por conducto de las Secretarías de Salud, de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, preverá para el ejercicio fiscal de 2021 los recursos financieros para la implementación del programa apoyo a la calidad de vida de las personas supervivientes de cáncer, conforme los datos obtenidos del Registro Nacional de Cáncer que elabora la Secretaría de Salud.

Cuarto. La Secretaría de Salud actualizará la base de datos del Registro Nacional de Cáncer para obtener el número oficial de supervivientes de Cáncer en México, con base en lo dispuesto en el artículo 161 Bis de la Ley General de Salud.

Notas

1 Previsto en el párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Consultado en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

3 Consultado en

http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/evaluacion/protecci on.pdf

4 Consultado en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_241218.pdf

5 También conocidas como crónicas.

6 Consultado en

https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view= article&id=1349: fundamental-respuesta-a-enfermedades-no-transmisibles-para-el-cumplimiento-de-l a-agenda-2030&Itemid=499

7 Consultado en

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/

8 Consultados en:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunic able-diseases

9 Consultado en

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/3207/t ext

Consultado en

https://perlmutter.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentI D=2246

10 Consultado en

http://lifecreditcompany.com/how-it-works/

11 Consultado en

https://www.thesun.co.uk/money/2247842/universal-credit-payment s-eligibility-claim-benefit-2018/

12 De acuerdo con los datos de la asociación civil MacMillan Cancer Support.

Consultado en

https://medium.com/macmillan-press-releases-and-statements/univ ersalcreditfailingcancerpatients-80017a32d824

13 Consultado en

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/10/Estrategia-Nac ional-de-Cancer-version-consulta-publica.pdf

14 Consultado en

https://cdn.digital.gob.cl/filer_public/d3/0a/d30a1f5e-53d9-4a3 1-a4fe-e90d8d9a2348/documento_plan_nacional_de_cancer.pdf

15 Consultado en

http://juntoscontraelcancer.mx/jcc/wp-content/uploads/ 2018/05/DOCPosicionamientoJCC2018.pdf

16 Consultado en https://www.gob.mx/bansefi/que-hacemos

17 Consultado en

https://saludiario.com/conoce-los-resultados-del-primer-registr o-de-supervivientes-de-cancer-en-mexico/

18 Consultado en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Inform e_de_Labores_SS_2017-2018.pdf

19 Consultado en

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/06 /4/tratar-un-cancer-avanzado-cuesta-hasta-un-millon-de-pesos

20 Consultado en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_240120.pdf

21 Consultado en

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581629&fecha=11 /12/2019

22 Consultado en

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28 /12/2018

23 Ésta es una de las líneas de investigación del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

Consultado en

https://www.cancer.gov/espanol/investigacion/areas/desigualdade s

24 Consultado en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_250618.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.— Diputados y diputados: Ernesto Javier Nemer Álvarez, Alfredo Villegas Arreola, Benito Medina Herrera, Brasil Alberto Acosta Peña, Carlos Pavón Campos, Claudia Pastor Badilla, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Cynthia Iliana López Castro, Eduardo Zarzosa Sánchez, Fernando Galindo Favela, Frinné Azuara Yarzabal, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Isaías González Cuevas, Juan Francisco Espinoza Eguia, Juan Ortiz Guarneros, Laura Barrera Fortoul, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Luis Eleuises Leónidas Córdova Morán, Luis Enrique Miranda Nava, Manuel Limón Hernández, Marcela Guillermina Velasco González, Margarita Flores Sánchez, María Ester Alonzo Morales, María Lucero Saldaña Pérez, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Martha Hortencia Garay Cadena, Norma Adela Guel Saldívar, Pablo Guillermo Angulo Briceño, René Juárez Cisneros, Ricardo Aguilar Castillo, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 16 y 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y adiciona el 259 Ter al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Pilar Lozano Mac Donald, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 16, tres fracciones al artículo 17, ambos de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, asimismo se crea el artículo 259 Ter al Código Penal Federal, al tenor de la siguiente:

Diariamente en todo el mundo, las mujeres y niñas son víctimas de violencia física, verbal y acoso sexual en los espacios públicos, tanto en la calle, el transporte, centros comerciales, o mercados, hasta en parques y muchos más. El acoso sexual tiene una prevalencia generalizada a nivel mundial, conforme a la ONU, encuestas a nivel internacional arrojan algunas de las siguientes cifras:

• Ecuador (2011), el 68 por ciento de las mujeres padeció algún tipo de acoso sexual en espacios públicos.

• Londres, Inglaterra (2012), el 43 por ciento de las mujeres jóvenes sufrió algún tipo de acoso callejero durante el año anterior.

• Puerto Moresby, Papúa Nueva Guinea (2014), el 90 por ciento de mujeres y niñas habían experimentado algún tipo de violencia sexual al usar el transporte público; mientras que (2011), el 55 por ciento sufrió acoso sexual en espacios públicos.

• Nueva Delhi, India (2016), 92 por ciento de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual en espacios públicos a lo largo de su vida.

• Ciudad de México (2018), 9 de cada 10 mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual en sus recorridos cotidianos.

De conformidad con la investigación realizada por la Universidad Cornell y Hollaback (2015), a partir de 16,600 entrevistas a mujeres de 22 países, sobre acoso sexual en espacios públicos, entre 80 por ciento y 90 por ciento de las entrevistadas han sufrido acoso sexual en espacios públicos; asimismo:

• 84 por ciento de mujeres en todo el mundo experimentaron acoso callejero por primera vez antes de los 17 años.

• 82 por ciento de las encuestadas informó tomar una ruta diferente a casa o a su destino.

• 71 por ciento de las encuestadas reportan que las han seguido.

• Más de 50 por ciento de las encuestadas reportaron haber sido acariciadas o tocadas sin su consentimiento.

• La mitad de las mujeres que fueron acosadas informaron sentir ansiedad después de haber experimentado el acoso

La violencia contra las mujeres y las niñas en general puede ser física, sexual o psicológica, puede estar presente en la vida cotidiana: en el hogar, en sus barrios, el transporte, el trabajo, la escuela, en instituciones públicas o privadas, incluso en redes sociales y otros.

Las mujeres y niñas se encuentran expuestas y vulnerables particularmente en el espacio público, por lo que temen a la posibilidad de ser objeto de violencia sexual, desde comentarios obscenos, tocamientos, hasta persecuciones, violaciones, trata de mujeres y feminicidios. De manera tal que se ven obligadas a modificar sus comportamientos para protegerse, por ejemplo: al limitar sus horarios de desplazamiento o actividades, viajar siempre acompañadas, cuidados en el comportamiento y la forma de vestir, evitar ciertos lugares, cambiar sus rutas de desplazamiento o la modalidad de transporte, entre otros.

Esta realidad tiene como consecuencia, limitantes en su libertad de desplazamiento y formas de vida, que se ve reflejado en su capacidad de desarrollo educativo, laboral, de recreación y en la participación de la vida pública, teniendo efectos negativos en la salud, el bienestar y oportunidades de desarrollo integral.

Lo cual trae consigo costos a corto y largo plazo: en primer lugar, el costo directo de los servicios relacionados con la violencia contra la mujer; en segundo lugar, el costo indirecto de las pérdidas de empleos y productividad, y, en tercer lugar, el valor asignado al dolor y el sufrimiento humanos. Los costos de la violencia contra la mujer son enormes. No solo empobrecen a las personas, las familias, las comunidades y los gobiernos, sino que también reducen el desarrollo económico de cada nación

Nuestro país necesita cerrar las brechas de género para mejorar el estado de bienestar de sus habitantes. De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, la desigualdad de género es un factor que obstaculiza el desarrollo humano; por ejemplo, los países con altos niveles de desigualdad entre mujeres y hombres también se caracterizan por tener bajos índices de desarrollo humano. Y viceversa: cuanto más alto es el nivel de igualdad de género mayor es el PIB per cápita (UNESCO, 2014).

En este sentido, persistir en esquemas de desigualdad e inequidad, implicaría un claro retroceso hacia una sociedad incluyente, fortaleciendo viejos esquemas de división, impunidad y violencia, que se ven directamente reflejados en el espacio público.

Es por ello que, para abatir las desigualdades entre hombres y mujeres, frenar la violencia de género, así como para proteger la dignidad humana, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se ha propuesto en su meta 5.2 “... la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en las esferas pública y privada”. Asimismo, en febrero de 2017, se establece el “Compromiso Global para la Acción: Ciudades y Espacios Públicos Inclusivos, Sostenibles y Seguros para las Mujeres y Niñas”, donde se reconoce que el acoso sexual y otras formas de violencia sexual contra las mujeres y niñas en espacios públicos y privados limitan sus libertades, decisiones y derechos; por lo que se advierte la necesidad y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, discriminación y miedo; para lo cual se establece como objetivo crear ciudades y espacios públicos seguros para las mujeres.

No obstante, pese a que actualmente la violencia contra las mujeres, particularmente el acoso sexual en el espacio público, se reconoce como una violación a los derechos humanos, sigue siendo un problema poco atendido por las leyes y políticas públicas; pues existen vacíos legales en cuanto a su reconocimiento y hay poca información sistematizada sobre la respuesta jurídica en cuanto a normas penales y administrativas; por lo que sigue siendo una conducta violenta de gran magnitud, pero tolerada por la sociedad.

El acoso sexual en el espacio público, no es sólo un problema de seguridad, se trata también de un problema de discriminación y violencia de género que se encuentra arraigada en la sociedad; sin embargo, tiene implicaciones en la integridad, desarrollo y vida de mujeres y niñas; pues limita su libertad de desplazamiento, su capacidad de participar en la vida pública, su accesibilidad a la ciudad y el ejercicio pleno de sus derechos. Por lo que es tarea del Estado formular leyes, estrategias y políticas que contribuya a generar una cultura de cero tolerancia para erradicar estas conductas.

De las víctimas de delitos sexuales en México, 72 por ciento son mujeres y 28 por ciento hombres. Más de la mitad de las agresiones registradas por la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 51.9 por ciento, ocurren en el espacio público. Aunque en 2014, según esta encuesta, hubo 625,070 personas de entre 12 y 29 años de edad víctimas de agresión sexual –460 mil 904 de acoso y 164 mil 166 de violación, se denunciaron tan sólo 32,148 delitos (violación, violación equiparada—antes estupro—y otros) por ese concepto.

Conforme a datos más recientes, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH, 2016), a nivel nacional casi una de cada tres mujeres (27.4 por ciento) a lo largo de su vida ha sido objeto de piropos o frases de carácter sexual que la molestan o incomodan y 12.6 por ciento han sufrido tocamientos o han sido manoseadas sin su consentimiento asimismo:

• La calle y el transporte público son los lugares donde las mujeres son violentadas:

– 66.8 por ciento de las mujeres indicaron haber sufrido violencia sexual en la calle y en el parque.

– Entre 1.4 por ciento y 14.8 por ciento refirieron alguna modalidad de transporte público como lugar donde vivieron violencia.

• 8.9 por ciento ha sido obligada a ver escenas o actos sexuales tales como actos exhibicionistas.

• Ocho de cada diez mujeres indicaron que la persona responsable de estas agresiones había sido un desconocido.

• A nueve de cada diez mujeres alguna vez les han hecho sentir miedo de ser atacadas o abusadas sexualmente.

• 93.4 por ciento de las mujeres no denunciaron ni solicitaron ayuda.

Asimismo, en las ciudades mexicanas hay un alto porcentaje de acoso y violencia sexual contra las mujeres en el transporte público. Según datos de ONU Mujeres México, en Monterrey, Nuevo León y Ciudad de México, al menos el 90 por ciento de mujeres usuarias ha vivido alguna agresión de este tipo.

En Monterrey, la encuesta arrojó que el 91.6 por ciento de las mujeres usuarias del transporte público ha sufrido hostigamiento sexual (ONU Mujeres México); sin embargo, el 90.4 por ciento de las víctimas no acudieron con ninguna autoridad para pedir apoyo o denunciar. Entre los motivos para no dar parte a la autoridad se encuentra el desconocimiento de poder hacerlo y los sitios a donde realizar la denuncia, por considerar que no tiene importancia, por falta de tiempo, por miedo y por desconfianza en las autoridades.

En el caso de la Ciudad de México, 96.3 por ciento de las usuarias señaló haber sido víctima de acoso sexual; no obstante, el 84.5 por ciento no denunció debido a la desconfianza en las autoridades, no sabía que podían hacerlo, consideraba que no tenía importancia, o por falta de tiempo. El lugar en donde el acoso sexual se presentan con mayor frecuencia es en el metro (72.9 por ciento), la calle (70.4 por ciento), microbuses (57.9 por ciento) y paraderos (36.7 por ciento).

Es de destacar que los lugares más comunes para el acoso sexual son la calle y el transporte público, por lo que es preponderante atender la problemática en estos espacios, pues son espacios vitales para la vida en sociedad, la movilidad, y el quehacer cotidiano de las mujeres.

La violencia de género forma parte del conjunto de manifestaciones violentas de la sociedad, que sin embargo tiene un cierto grado de aceptación o consentimiento por parte de sus integrantes, pues permite reproducir y mantener los papeles diferenciados entre hombres y mujeres, como parte de un sistema social injusto que vive en la cotidianeidad pudiendo llegar a normalizarse; por lo que resulta importante visibilizar y penalizar todas las formas de violencia contra la mujer, a fin de frenar la intimidación y los crímenes de género, para dar paso hacia la mejora de oportunidades y el desarrollo integral de las mujeres y niñas en el país.

El acoso sexual en espacios públicos forma parte de la violencia comunitaria, que es aquella ejercida por una o más personas, que atenta contra la seguridad e integridad de las mujeres propiciando su discriminación, marginación o exclusión social en el ámbito público.

La violencia comunitaria, puede ser perpetrada por cualquier persona, particularmente desconocidas, por lo que es un acto de abuso que daña la autoestima, la integridad, la salud, la libertad y seguridad de la víctima. Es el espacio público donde se reproducen con fuerza estas conductas sociales, por lo que es necesario frenar y castigar el hostigamiento sexual en el espacio público, a fin de promover el libre tránsito y el derecho a la ciudad de las mujeres.

En este sentido debemos crear un país donde las mujeres puedan ejercer libremente y sin miedo su derecho a la ciudad, desarrollar su pleno potencial, participando activamente en los procesos sociales, económicos y políticos, influyendo en la toma de decisiones. Por lo cual el espacio público es el territorio desde donde construir una nueva cultura de igualdad y seguridad para las mujeres y niñas.

En la legislación federal mexicana, no se contempla de manera específica el acoso sexual en espacios públicos dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que no existen sanciones al respecto en el Código Penal Federal; sin embargo, de manera general el acoso sexual se reconoce en el artículo 13 de la Ley y se sanciona el hostigamiento sexual dentro del Código en el artículo 259 bis.

“ Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo 13. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.” (sic.)

Código Penal Federal

“Artículo 259 Bis. Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de ochocientos días multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año.

Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño.

Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida.” (sic.)

De esta manera, la normativa mexicana no considera ni sanciona de manera específica el acoso sexual en el espacio público, a pesar de que como se ha mencionado a lo largo del documento, es una conducta violenta y común a la que están expuestas las mujeres y niñas de manera cotidiana. Por lo cual, la falta de este reconocimiento destaca vacíos legales que provocan la imposibilidad de acceder a la justicia, puesto que no hay una tipificación ni procedimiento para el delito en específico, por lo que la conducta no puede ser sancionada ni reparada, además de que la víctima no posee ninguna garantía de no repetición.

Por lo anterior, se propone reformar y hacer adiciones a los artículos 16 y 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como adicionar el Artículo 259 Ter dentro del Código Penal Federal, como se observa en los siguientes cuadros:

La presente iniciativa busca contribuir a que la mujer recupere la libertad de moverse con seguridad en los espacios públicos y que toda aquella conducta que atente contra esa libertad en vías públicas se convierta en una agravante al momento de sancionarse.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 16, se reforman las fracciones II y III y se adicionan las fracciones IV, V y VI al artículo 17, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se adiciona el artículo 259 Ter al Código Penal Federal

Primero. Se adicionan un segundo y tercer párrafo al Artículo 16, se reforman las fracciones II y III y se adicionan las fracciones IV, V y VI al Artículo 17, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

“Artículo 16. ...

Se considerará también, aquella ejercida en lugares y espacios públicos o de acceso público, como medios de transporte, calles, parques, centros comerciales, entre otros, a través de contacto físico conductas y expresiones verbales o no verbales de naturaleza o connotación sexual, que afecten o dañen la dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente intimidatorio, hostil u ofensivo hacia la mujer.

La violencia en la comunidad se sancionará en términos de lo establecido por el artículo 259 Ter del Código Penal Federal.

Artículo 17. El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de:

I. ...

II. El diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres ;

III. El establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar las acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información entre las instancias ;

IV. Instituir los medios para la atención inmediata de este tipo de violencia, particularmente en lugares públicos o de acceso público, conforme a lo establecido en el artículo 51 de esta Ley;

V. Establecer políticas públicas para el libre tránsito y la seguridad de las mujeres en los espacios públicos y en el transporte, a través de mecanismos de vigilancia y de inversiones en infraestructura; y

VI. Diseñar e implementar campañas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en lugares y espacios públicos y de acceso público.”

Segundo. Se adiciona el Artículo 259 Ter al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 259 Bis....

Artículo 259 Ter. A quien, con fines lascivos, asedie o acose sexualmente a una persona, aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima en lugares públicos, en espacios públicos, en lugares de acceso público y en transporte público o privado, que exprese de manera física, verbal o no verbal la realización de actos de naturaleza o connotación sexual no consentida, se le impondrán las siguientes sanciones:

I. Por realizar comentarios o insinuaciones de carácter sexual, muestre imágenes explicitas, gestos o señas de connotación sexual, se le impondrá multa de ochocientas hasta mil seiscientas unidades de medida y actualización.

II Por la captación de material audiovisual con fines de significación sexual, asechar, perseguir, realizar tocamientos o roces corporales obscenos, masturbación y exhibicionismo, se le impondrá pena de tres meses hasta un año de prisión y una multa de ochocientas unidades de medida y actualización.

...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deroga toda aquella disposición que contravenga el presente decreto.

Nota

1 Ejemplo de ello es que muchas de las víctimas de este tipo de agresión argumentan que al acudir con los elementos de seguridad para reportar la situación de violencia que habían vivido en las instalaciones del metro, las cuales van desde tocamientos, toma de fotografías o vídeo sin autorización, insinuaciones sexuales y demás, la policía desestimaba el interés de las denunciantes para no acudir a levantar un acta, pues “sería difícil que procediera”.

https://gatopardo.com/noticias-actuales/volencia-contra-las-muj eres-mexico-emergencia-nacional/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de febrero de 2020.— Diputadas y diputado: Pilar Lozano Mac Donald, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Juan Martín Espinoza Contreras (rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, suscrita por la diputada Margarita García García e integrantes del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Margarita García García, integrante del Partido del Trabajo, y perteneciente a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 73, fracción XXIX-I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento y someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa de decreto por el que se expide la Ley General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil.

La protección civil es un conjunto de actividades que, con apoyo gubernamental, se aplican en la mayoría de los países y tiene como objeto apoyar a las poblaciones que habitan en zonas vulnerables para hacer frente a las amenazas naturales o de carácter antrópico.

También es el conjunto de personas representativas de una comunidad que desarrollan y ejecutan actividades de protección civil en un determinado lugar, orientando las acciones a proteger la integridad física de la población y su patrimonio, ante los efectos de los fenómenos naturales o tecnológicos que generan siniestros.

Algunos desastres naturales son consecuencia de acciones del ser humano, acciones como lo son:

La deforestación y la agricultura, ambas son factores clave, y existen evidencias que sugieren que el clima de los países del Mediterráneo fue cambiado permanentemente por la deforestación generalizada entre el año 700 a. C. y el 1 d. C. (para construcción naval, edificios y combustible) transformándolo en un clima más cálido y seco.

Por poner algunos ejemplos, se altera la cantidad de agua que entra y sale de una zona concreta; el riego por aspersión modifica el nivel de humedad del ambiente. La composición de la superficie también es importante ya que ésta determina el albedo de esa superficie (el porcentaje de la radiación que una superficie refleja sobre la que recibe).

La ganadería es responsable del 18 por ciento de las emisiones de efecto invernadero en el mundo, medido en equivalentes de CO2, más que el sector de transporte. Esto incluye el cambio de utilización del suelo, en la habilitación de tierras para pastos o las emisiones directas de los animales. Aparte de las emisiones de CO2, la ganadería produce el 65 por ciento del óxido nítrico (con un potencial de calentamiento global 296 veces superior al CO2) y el 37 por ciento del metano (con un potencial 23 veces mayor que el CO2.

Transporte. Se considera que 135 aviones supersónicos se encuentran permanentemente en vuelo a una velocidad inferior a match 1,1, y que cada uno emite 20 kg de carbono por kilómetro; 5 y en vuelos civiles, promedio por cada kilómetro recorrido y cada pasajero transportado, un avión emite más de 100 g de carbono en vuelos cortos y de 30 a 50 g en vuelos largos. Un automóvil europeo emite en promedio 70 g de carbono por pasajero y kilómetro, y un tren unos 10 g.6.

Las Etapas en la Protección Civil

Etapa de Prevención

En esta etapa se pueden distinguir las siguientes fases.

Fase de Información

Protección civil o defensa civil se mantiene en esta etapa como informador y educador para las personas, para que conozcan sobre los desastres, sus consecuencias y los daños que se podrían evitar si el pueblo cumpliese con las actividades de prevención.

Fase de Preparación

Es la etapa en la que se practican las actividades de prevención, en esta etapa se pone en práctica los famosos Simulacros, en las escuelas o en cualquier lugar donde estemos.

El simulacro es el grupo de actividades preventivas (salida rápida del domicilio y/o lugar, buena ubicación de zonas seguras, etcétera) que se ponen en práctica en todo el mundo, de la manera organizada correspondiente ante un desastre.

Fase de Alerta

Es la etapa constante, en la que defensa civil tiene vigilando cualquier alerta de desastre, listo para informar al pueblo y recurrir a su ayuda, igualmente el pueblo se mantiene informado mediante los medios de comunicación.

Etapa de Emergencia (Durante el Desastre)

Esta es la etapa en la cual se pone en práctica todos los medios y actividades preventivas aprendidas durante las charlas y los simulacros constantes que se hacen en los centros educativos y otros lugares. En esta etapa se encuentran también otras fases.

Fase de Supervivencia

Es la etapa en la que la persona tiene que aplicar lo aprendido para sobrevivir ante el desastre y a la vez tiene la obligación de ayudar a los demás. Los simulacros juegan un rol muy importante para esta etapa, el cual es el principal objetivo de estos; los simulacros nos indican que debemos de salir de manera ordenada y por supuesto preparada hacia las zonas de seguridad indicadas, para así prevenir el instinto de supervivencia egoísta, ya que la persona en el momento verdadero del desastre, por instinto saldrá con el único instinto de sobrevivir, pero si la persona ha practicado en los simulacros de una manera rápida y ordenada al salir, sabrá cómo salir cuidadosamente sin dañar a los demás, y lo contrario, ayudarlos en el desastre.

Etapa de Reconstrucción

La etapa de reconstrucción también puede dividirse en varias fases, como: restablecimiento de los servicios básicos y reconstrucción.

El restablecimiento de los servicios básicos como abastecimiento de agua potable, abastecimiento de energía eléctrica, telecomunicaciones, recolección y tratamiento de las aguas servidas, puede ser rehabilitando las infraestructuras existentes antes de la ocurrencia del daño, o mediante sistemas provisorios, que seguirán operando durante la fase siguiente de reconstrucción.

La fase siguiente, de reconstrucción y rehabilitación generalmente no está a cargo de la protección civil.

La importancia de la gestión integral de riesgo se da en la prevención, a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo, es la encargada de declarar la alerta, la emergencia, Coordina las acciones que están destinadas a mitigar las situaciones de emergencia y participa en los programas de reconstrucción, una vez pasada la situación de emergencia.

El vasto territorio que conforma nuestro país, es muy vulnerable a sufrir una gran cantidad de desastres naturales, tales como son:

-Sismos

-Huracanes.

-Inundaciones.

-Tsunamis.

-Vulcanismo.

-Inestabilidad de laderas entre muchos otros más.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) estima que, en promedio, los desastres naturales cobran 480 vidas humanas y 25 mil millones de pesos al año.

Nuestro país se encuentra catalogado como uno de la mayor actividad sísmica en el mundo, experimentando anualmente más de 90 sismos con una magnitud de 4 grados o más de magnitud.

Aproximadamente el 40 por ciento del territorio mexicano y más de una cuarta parte de su población se encuentra expuestos a tormentas huracanes e inundaciones.

Tan solo en el sismo ocurrido el día 19 de septiembre de 2017 se estima que fue un total de 245 defunciones por evento sísmico.

La única vía para reducir los costos de la recuperación es invertir en prevención y el primer paso que se debe dar es el diagnóstico, es decir, saber dónde impactan los fenómenos naturales, que daños pueden ocasionar, cual es la población que se encuentra en peligro.

No cabe duda que es necesario conocer la vulnerabilidad y cuáles son las medidas de mitigación que se deben de tomar para su mitigación, desafortunadamente ese diagnóstico o atlas de riesgo de nuestro país se encuentra incompleto, de los 2 mil 446 municipios, en México solo 393 cuentan con un atlas de riesgos y es decir solo 16 por ciento del país ha sido diagnosticado, pese a que la anterior Ley General de Protección Civil, estableció en el artículo 83 la promoción para la creación de los atlas de riesgo.

En la mayoría del territorio nacional los gobiernos planean y despliegan la protección civil en su demarcación utilizando los atlas de riesgos hasta con 12 años de haber sido actualizado por última vez.

Las importancias de los atlas de riesgo sirven para planear la política pública que implementan contra desastres naturales causados por sismos, inundaciones, tormentas, derrumbes y hundimientos entre otros.

México invierte en promedio de 21 veces más en reconstrucción y atención a desastres VS prevención para hacer frente a los desastres naturales; solo el 4.9 en promedio del total de presupuesto se invierte en prevención, según datos de la OMS por cada peso que se invierte en prevención se ahorran 10 en atención.

Esa es la importancia de la prevención en todas las áreas de las políticas públicas. Son los argumentos anteriores algunos el por qué es necesario evolucionar y perfeccionar la antigua ley de protección civil a una Ley General de Gestión Integral del Riesgo del Desastres y Protección civil, lo anterior es sin duda imperante, ya que la prevención es fundamental para encarar los fenómenos naturales de la mejor manera, logrando con esto salvar la vida de los ciudadanos , y sus pertenencias, así como sus animales de compañía, y teniendo en cuenta el enfoque protector de los derechos humanos.

Decreto por el que se expide la Ley General de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil

Artículo Único. Se expide la Ley General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de gestión integral de riesgos de desastres y protección civil. Los sectores privado y social participarán en la consecución de los objetivos de esta Ley, en los términos y condiciones que la misma establece.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. Agente afectable: Sistema o conjunto de bienes o personas expuestos a un incidente, siniestro, emergencia o desastre. Se considera agente afectable al ser humano, sus bienes, los animales de compañía, la infraestructura estratégica, la planta productiva y el medio ambiente;

II. Agente perturbador: Acontecimiento que puede impactar un agente afectable y transformar su estado normal en un estado de daños que puede llegar al grado de desastre;

III. Agente regulador: Lo constituyen las acciones, instrumentos, normas, obras y en general todo aquello destinado a proteger a las personas, bienes, infraestructura estratégica, planta productiva, el patrimonio cultural y el medio ambiente, a reducir los riesgos y a controlar y prevenir a través del seguimiento de los efectos adversos de un agente perturbador;

IV. Albergado: Persona que en forma temporal recibe asilo, amparo, alojamiento y resguardo ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un agente perturbador;

V. Albergue: Instalación destinada a prestar auxilio, alojamiento y resguardo a las personas ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un agente perturbador;

VI. Apoyo psicológico: Primer acercamiento de ayuda profesional, enfocado en el acercamiento empático y la ayuda práctica a las personas afectadas, posterior a la ocurrencia de un agente perturbador con alta carga emocional y que tiene por objeto ayudar a normalizar las posibles respuestas e iniciar mecanismos de recuperación;

VII. Atlas de Riesgos: Sistema integral de información geoespacial de ámbito estatal, regional, municipal y de demarcación territorial, el cual integra a los agentes perturbadores, la vulnerabilidad de los agentes afectables y los daños esperados ante la posible presencia de un agente perturbador, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y la exposición de los agentes afectables;

VIII. Atlas Nacional de Riesgos: Sistema integral de información geoespacial de los Atlas Estatales, Regionales, Municipales y de las demarcaciones territoriales, el cual integra a los agentes perturbadores, la vulnerabilidad de los agentes afectables y los daños esperados, ante la posible presencia de un agente perturbador, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables;

IX. Autoprotección: Acción de contribuir a la protección de sí mismo, de la familia y de la comunidad a la que se pertenece, para disminuir las afectaciones a su persona y a la pérdida de bienes o su menoscabo al realizarse algún agente perturbador;

X. Auxilio: Respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un siniestro, emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos o privados, o por las unidades internas de protección civil, así como las acciones para salvaguardar los demás agentes afectables;

XI. Brigada: Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas, adiestradas y certificadas en funciones básicas de respuesta a emergencias tales como: primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate; designados en la Unidad Interna de Protección Civil como encargados del desarrollo y ejecución de acciones de prevención, auxilio y recuperación, con base en lo estipulado en el Programa Interno de Protección Civil del inmueble;

XII. Brigada Comunitaria: Personas organizadas, y certificadas por la autoridad competente que viven en un mismo ámbito territorial y que están capacitadas por la autoridad, el sector privado o social para dar respuesta a emergencias tales como: primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate de personas;

XIII. Cambio Climático: Variación del clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables;

XIV. Capacitación: Conjunto de procesos organizados u dirigidos a iniciar, complementar y desarrollar los conocimientos en materia de reducción del riesgo de desastre, de las personas, las organizaciones y los sistemas o entidades responsables de la gestión integral de riesgos de desastres en los diferentes órdenes de gobierno, mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva;

XV. Cenapred: Centro Nacional de Prevención de Desastres;

XVI. Comisión: Comisión Intersecretarial de Gestión Integral de Riesgos de Desastres;

XVII. Comité Nacional: Al Comité Nacional de Emergencias y Desastres de Protección Civil;

XVIII. Comité Científico Asesor: Conjunto de profesionistas especializados en el estudio de algún agente perturbador, que cuentan con la capacidad técnica e investigación científica para emitir opiniones y recomendaciones respecto del origen, evolución y consecuencias de dichos agentes perturbadores, a efecto de inducir la toma de decisiones basada en evidencia para la gestión integral de riesgos de desastres, estos comités deberán instalarse a nivel de demarcación territorial, municipal, regional, estatal y nacional;

XIX. Consejo Consultivo: Al Consejo Consultivo Permanente de Protección Civil, como órgano asesor del Consejo Nacional;

XX. Consejo Nacional: Al Consejo Nacional de Protección Civil;

XXI. Consejo Nacional de Riesgos: Al Consejos Nacional de Riesgos de Desastres;

XXII. Continuidad de operaciones: Al proceso de planeación, documentación y actuación que garantiza que las actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales, afectadas por un agente perturbador, puedan recuperarse y regresar a la normalidad en un tiempo mínimo. Esta planeación deberá estar contenida en un documento o serie de documentos cuyo contenido se dirija hacia la prevención, respuesta inmediata, recuperación y restauración, todas ellas avaladas por sesiones de capacitación continua y realización de simulacros;

XXIII. Coordinación Nacional: A la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;

XXIV. Damnificado: Persona directamente afectada por un agente perturbador, ya sea que haya sufrido daños en su integridad física o un perjuicio en sus bienes de tal manera que requiere asistencia externa para su subsistencia; considerándose con esa condición en tanto no se concluya la emergencia o se restablezca la situación de normalidad previa al desastre;

XXV. Declaratoria de Desastres: Acto mediante el cual el gobierno federal reconoce que se ha presentado un desastre y ha causado daños que rebasan la capacidad de recuperación de una comunidad, una sociedad o un sistema;

XXVI. Declaratoria de Emergencia: Reconocimiento parte del gobierno federal de una potencial emergencia o la ocurrencia de la misma con posibilidad de afectar el funcionamiento de una comunidad, sociedad o sistema, en términos de vidas humanas, salud, bienes o medio ambiente, que puede ser mitigada o manejada a partir de las capacidades disponibles en ellas;

XXVII. Demarcaciones territoriales: Los órganos político-administrativos de la Ciudad de México;

XXVIII. Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada;

XXIX. Donativo: La aportación en dinero o en especie que realizan las diversas personas físicas o morales, nacionales o internacionales, a través de los centros de acopio autorizados o en las instituciones de crédito, para ayudar a las entidades federativas, municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México o comunidades en emergencia o desastre;

XXX. Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador;

XXXI. Enaproc: Escuela Nacional de Protección Civil;

XXXII. Estrategias Estatales: A las Estrategias de Gestión Integral de Riesgos de Desastres de las entidades federativas;

XXXIII. Estrategias Locales: A las Estrategias de Gestión Integral de Riesgos de Desastres de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

XXXIV. Estrategia Nacional: A la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Riesgos de Desastres;

XXXV. Estrategias Regionales: A las Estrategias de Gestión Integral de Riesgos de Desastres cuyo ámbito territorial es de más de dos entidades federativas, dos municipios y/o más de dos demarcaciones territoriales;

XXXVI. Evacuado: Persona que, con carácter preventivo y provisional ante la posibilidad o certeza de una emergencia o desastre, se retira o es retirado de su lugar de residencia o alojamiento usual, para garantizar su integridad física y su vida, antes, durante o después de una emergencia o desastre;

XXXVII. Fenómeno Antrópico: Agente perturbador producido por la actividad humana;

XXXVIII. Fenómeno Astronómico: Eventos, procesos o propiedades a los que están sometidos los objetos del espacio exterior incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros. Algunos de éstos fenómenos interactúan con la Tierra, ocasionándole situaciones que generan perturbaciones que pueden ser destructivas tanto en la atmósfera como en la superficie terrestre, entre ellas se cuentan las tormentas magnéticas y el impacto de meteoritos;

XXXIX Fenómeno Geológico: Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas (deslizamientos, flujos, caídos y derrumbes), la karstificación, la licuación de suelos, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos siempre que no sean causados por fenómeno antrópico;

XL. Fenómeno Hidrometeorológico: Agente perturbador que se genera por la acción de fenómenos, tales como: ciclones tropicales y sus efectos (viento, oleaje y marea de tormenta); tormentas severas y sus manifestaciones (tormentas de granizo, electricidad, tornados y corrientes descendentes); lluvias y sus manifestaciones (inundaciones pluviales, fluviales y lacustres); tormentas de polvo; nevadas; heladas; frentes fríos; ondas cálidas y gélidas; sequias y mar de fondo;

XLI. Fenómeno Natural Perturbador: Agente perturbador producido por la naturaleza;

XLII. Fenómeno Químico-Tecnológico: Agente perturbador que se genera por la acción de las sustancias químicas, ya sea derivada de su interacción molecular o nuclear, o debido a su manejo, transporte, producción, almacenamiento o utilización. Comprende fenómenos tales como: incendios, explosiones, fugas tóxicas, derrames y radiaciones, incluye los incendios forestales;

XLIII. Fenómeno Sanitario-Ecológico: Agente perturbador que se genera por la acción de agentes biológicos y/o químicos que afectan a la población, a los animales y a los cultivos, causando una alteración a la salud o la muerte. Están constituidos por las epidemias, las plagas y la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos;

XLIV. Fenómeno Socio-Organizativo: Agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de inconformidad social, concentración masiva de población, tales como: eventos de entretenimiento, culturales, deportivos, oficiales, religiosos, tradicionales, turísticos o de otra índole;

XLV. Gestión Integral de Riesgos de Desastres: Proceso de planeación, participación, evaluación y toma de decisiones, que basado en el conocimiento de los riesgos y su proceso de construcción, deriva de un modelo de intervención de los tres órdenes de gobierno y sectores de la sociedad, para implementar políticas públicas, estrategias, procedimientos y acciones, cuyo fin último es la previsión, reducción y control permanente del riesgo de desastre, combatir sus causas de fondo, siendo parte de los procesos de planeación urbana y del desarrollo sostenible, enfocados a lograr territorios seguros y resilientes. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción;

XLVI. Grupos Voluntarios: Las personas morales o las personas físicas, que se han acreditado ante las autoridades competentes, y que cuentan con personal, conocimientos, experiencia y equipo necesarios, para prestar de manera altruista y comprometida, sus servicios en programas y acciones de atención de emergencias y desastres;

XLVII. Hospital Seguro: Establecimiento de servicios de salud que debe ser estructuralmente seguro, permanecer accesible y funcionando a su máxima capacidad, para proveer servicios de salud con la misma estructura, bajo una situación de emergencia o de desastre;

XLVIII. Identificación de Riesgos: Es el reconocimiento y valoración de las pérdidas y daños probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros, las condiciones de vulnerabilidad; incluye el análisis de las causas y factores que han contribuido a la generación de los riesgos, así como escenarios probables;

XLIX. Infraestructura Estratégica: Aquella que es indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos, y cuya destrucción o inhabilitación es una amenaza en contra de la seguridad nacional y ocasionaría una afectación a la población, sus bienes o entorno. La unidad mínima de dicha Infraestructura Estratégica es la instalación vital;

L. Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos de Desastres: Son aquellos programas y mecanismos de financiamiento y cofinanciamiento con el que cuenta el gobierno federal para apoyar a las instancias públicas federales, entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la ejecución de proyectos y acciones derivadas de la gestión integral de riesgos de desastres, para la prevención y atención de situaciones de emergencia y/o desastre de origen natural;

LI. Instrumentos de administración y transferencia de riesgos de desastres: Son aquellos programas o mecanismos financieros que permiten a las entidades públicas de los diversos órdenes de gobierno, compartir o cubrir sus riesgos catastróficos, transfiriendo el costo total o parcial a instituciones financieras nacionales o internacionales;

LII. Instrumentos de Planeación: Son los programas de ordenamiento ecológico y de ordenamiento territorial y desarrollo urbano previstos en la legislación correspondiente;

LIII. Inventario Nacional de Necesidades de Infraestructura: Inventario integrado por las obras de infraestructura que son consideradas estratégicas para disminuir el riesgo de la población y su patrimonio;

LIV. Ley: Ley General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil;

LV. Marco de Sendai: Instrumento internacional voluntario, aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, el cual tiene un enfoque preventivo del riesgo de desastre, centrado en las personas;

LVI. Mitigación: Aplicación de políticas y acciones destinadas a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un agente perturbador sobre un agente afectable;

LVII. Peligro: Probabilidad de ocurrencia en un intervalo de tiempo determinado de un agente perturbador con un periodo de retorno e intensidad asociado;

LVIII. Persona con discapacidad: Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás;

LIX. Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo plazo;

LX. Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, patrimonio cultural, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción de los mismos;

LXI. Previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades para enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos, prevención, mitigación, preparación, atención de emergencias, recuperación y reconstrucción;

LXII. Profesionales Públicos de Protección Civil: Personas físicas certificadas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en las dependencias y entidades del sector público en los tres órdenes de gobierno, que tengan conocimientos, experiencia, capacitación y adestramiento profesional en emergencias tales como: primeros auxilios, combate a connatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate, tomando todas las medidas y acciones necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de las personas, así como sus bienes; los animales de compañía, la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente;

LXIII. Programa Escolar de Protección Civil: Instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una escuela pública de nivel básico que se compone por el plan operativo para el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar y el plan de contingencias y tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre;

LXIV. Programa Especial de Protección Civil: Instrumento de planeación y operación cuyo contenido establecen las medidas de prevención y respuesta derivados de actividades, eventos o espectáculos públicos de afluencia masiva en áreas o inmuebles diferentes a su uso habitacional y que lleva a cabo cualquier persona física o moral, pública o privada;

LXV. Programa Familiar de Protección Civil: Conjunto de actividades y preparativos a realizar antes, durante o después de una emergencia o desastre por los miembros de una familia;

LXVI. Programa Interno de Protección Civil: Es un instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre;

LXVII. Programas Generales: Los Programas de Protección Civil de las entidades federativas;

LXVIII. Programa Municipal y de las Demarcaciones Territoriales: Programa de Protección Civil de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

LXIX. Programa Nacional: Al Programa Nacional de Protección Civil;

LXX. Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la gestión integral de riesgos de desastres y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente;

LXXI. Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. Este proceso debe buscar en la medida de lo posible la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no generación de nuevos riesgos y mejorando para ello las condiciones preexistentes;

LXXII. Recuperación: Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada;

LXXIII. Reducción de Riesgos de Desastres: Intervención preventiva de individuos, instituciones y comunidades que nos permite eliminar o reducir, mediante acciones de preparación y mitigación, el impacto adverso de los desastres. Contempla la identificación de riesgos y el análisis de vulnerabilidades, resiliencia y capacidades de respuesta, el desarrollo de una cultura de la protección civil, el compromiso público y el desarrollo de un marco institucional, la implementación de medidas de protección del medio ambiente, uso del suelo y planeación urbana, protección de la infraestructura crítica, generación de alianzas y desarrollo de instrumentos financieros y transferencia de riesgos, y el desarrollo de sistemas de alerta temprana;

LXXIV. Refugio Temporal: Inmueble habilitado para brindar temporalmente alojamiento a las personas afectadas por desastres, que forman parte de un programa de reconstrucción de vivienda o de reubicación;

LXXV. Reglamento: Al Reglamento de la Ley General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil;

LXXVI. Resiliencia: Es la capacidad de un individuo, familia, sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un agente perturbador para enfrentar, resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de los efectos adversos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos de desastres;

LXXVII. Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable derivado de su vulnerabilidad y un peligro determinado;

LXXVIII. Riesgo de desastres: Posibilidad o probabilidad de que se produzcan muertes, lesiones, destrucción o daño en bienes de un agente afectable durante un periodo concreto causado por un agente perturbador;

LXXIX. Riesgo Inminente: Aquel riesgo que, según la opinión de una instancia técnica especializada, debe considerar la realización de acciones inmediatas en virtud de existir condiciones o altas probabilidades de que se produzcan los efectos adversos sobre un agente afectable;

LXXX. Secretaría: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;

LXXXI. Seguro: Instrumento de Administración y Transferencia de Riesgos;

LXXXII. Simulacro: Representación mediante una simulación de las acciones de respuesta previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un escenario en terreno específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas afectables;

LXXXIII. Sistema de Alerta Temprana: Conjunto de elementos que proveen a la población información de manera oportuna y eficaz, sobre la presencia y el desarrollo de un fenómeno perturbador potencialmente peligroso que permita a las personas expuestas y autoridades a tomar acciones anticipadas para evitar o reducir riesgos, prepararse para una respuesta efectiva y con ello proteger su integridad física, mitigar los daños en su patrimonio, proteger el medio ambiente y reducir afectaciones en los servicios estratégicos;

LXXXIV. Sistema de Monitoreo: Conjunto de equipamiento para medición de algún fenómeno y forman parte de la gestión integral de riesgos de desastres al proveer información para la toma de decisiones en materia de Protección Civil, por lo tanto, son herramientas necesarias para mejorar el conocimiento y análisis sobre los peligros, vulnerabilidades y riesgos, para el diseño de medidas de reducción de riesgos, así como para el desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana;

LXXXV. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Protección Civil;

LXXXVI. Sistema Nacional de Riesgos: El Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos de Desastres;

LXXXVII. Siniestro: Situación crítica y dañina generada por la incidencia de uno o más agentes perturbadores en un inmueble o instalación afectando a su población y equipo, con posible afectación a instalaciones circundantes;

LXXXVIII. Unidad Interna de Protección Civil: El órgano normativo y operativo responsable de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como elaborar, actualizar, operar y vigilar el Programa Interno de Protección Civil en los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de una dependencia, institución o entidad perteneciente a los sectores público, privado y social; también conocidas como Brigadas Institucionales de Protección Civil;

LXXXIX. Unidades de Protección Civil: Los organismos de la administración pública de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, encargados de la organización, coordinación y operación del Sistema Nacional en su ámbito territorial;

XC. Unidades de Planeación: Los organismos de la administración pública de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, encargados del seguimiento de las estrategias estatales, locales y regionales;

XCI. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos, sociales, económicos, ambientales, educativos, institucionales, políticos o cualquier otra de sus dimensiones;

XCII. Zona de Desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad. Puede involucrar el ejercicio de recursos públicos a través del Fondo de Desastres;

XCIII. Zona de Alto Riesgo: Espacio territorial determinado por el Atlas de Riesgo en el que existe la probabilidad de que se produzca un daño, originado por un agente perturbador;

Artículo 3. Los distintos órdenes de gobierno deberán sustentar en todo momento, los programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento de las instituciones de protección civil, bajo un enfoque de gestión integral del riesgo de desastres, inclusivo, con perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos;

Artículo 4. Las políticas públicas en materia de gestión integral de riesgos de desastres y protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil, identificando para ello las siguientes prioridades:

I. La identificación, análisis y comprensión de la gestión de riesgos de desastres como sustento para la implementación de medidas de prevención y mitigación, que traigan consigo la deconstrucción social de los factores de vulnerabilidad;

II. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de construcción social de los mismos para una mejor compresión y concientización de los riesgos;

III. La identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgo, así como sus escenarios, análisis y evaluación de los posibles efectos, queden como sustento para la implementación de medidas de prevención y mitigación;

IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto de los fenómenos naturales y antrópicos;

V. Prever acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos;

VI. La elaboración, actualización y difusión permanente de los Atlas de Riesgos, en un formato adecuado que garantice en todo momento su comprensión por parte de las personas, incluidas las personas con discapacidad;

VII. Promoción, desde la niñez, de una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad;

VIII. Obligación del Estado en sus distintos órdenes de gobierno, para reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción;

IX. El fomento de la participación social para crear comunidades resilientes, y por ello capaces de resistir los efectos negativos de los desastres, mediante una acción solidaria, y recuperar en el menor tiempo posible sus actividades productivas, económicas y sociales;

X. Incorporación de la gestión integral del riesgo de desastres, como aspecto fundamental en la planeación urbana y ordenamiento territorial del país para revertir el proceso de generación de riesgos y promover un desarrollo sostenible;

XI. El establecimiento de la acreditación y certificación de habilidades, conocimientos y actitudes que garanticen un perfil adecuado en el personal responsable de la protección civil en los tres órdenes de gobierno;

XII. El conocimiento y la adaptación al cambio climático, y en general a las consecuencias y efectos del calentamiento global provocados por el ser humano y la aplicación de las tecnologías;

XIII. La promoción, la difusión de información sobre los impactos, vulnerabilidad y medidas de adaptación al cambio climático;

XIV. El fomento a las inversiones públicas y/o privada en investigación y desarrollo tecnológico para la innovación a largo plazo sobre amenazas múltiples y orientadas a la búsqueda de soluciones en la gestión integral de riesgos de desastres;

XV. La promoción del diálogo, la cooperación y la celebración de convenios entre las comunidades científicas y los responsables de formular las políticas públicas a fin de adoptar decisiones en la gestión integral de riesgos de desastres;

XVI. La evaluación, registro y difusión de las pérdidas causadas por los agentes perturbadores a fin de que las personas comprendan su impacto económico, social, sanitario, educativo, y ambiental; y

XVII. El acceso a una vivienda adecuada, a la educación, la alimentación y el trabajo de las personas afectadas por un agente perturbador;

XVIII. El apoyo psicológico de las personas afectadas por un agente perturbador;

XIX. La atención adecuada a las personas con discapacidad de manera previa, durante y posterior a la emergencia o al desastre; y

XX. La atención prioritaria para las personas con discapacidad;

Artículo 5. Las autoridades de la gestión integral de riesgos de desastres y protección civil, deberán actuar con base en los siguientes principios:

I. Priorizar la protección a la vida, el derecho a la salud y la integridad y el patrimonio de las personas;

II. Inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la prestación del auxilio y entrega de recursos a la población en caso de emergencia o desastre;

III. Subsidiariedad, complementariedad, transversalidad, integralidad y proporcionalidad en las funciones asignadas a las diversas instancias del gobierno;

IV. Publicidad y participación social en todas las fases de la gestión integral de riesgos de desastres y protección civil, particularmente en la de prevención;

V. Establecimiento y desarrollo de una cultura de la gestión integral de riesgos de desastres y protección civil, con énfasis en la prevención en la población en general;

VI. Legalidad, control, eficacia, racionalidad, equidad, transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos y privados en casos de donación;

VII. Corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, y

VIII. Honradez y de respeto a los derechos humanos;

Artículo 6. La aplicación de esta Ley y las acciones de coordinación que prevé, se harán con respeto absoluto a las atribuciones constitucionales y legales de las autoridades e instituciones que intervienen en el Sistema Nacional y con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado Mexicano para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente;

Artículo 7. Corresponde al Ejecutivo federal en materia de gestión integral de riesgos de desastres y protección civil:

I. Asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Riesgos, así como dictar los lineamientos generales para coordinar las labores de protección civil en beneficio de la población, sus bienes y entorno, induciendo y conduciendo la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad;

II. Promover la incorporación de la gestión integral de riesgos de desastres en la planeación del desarrollo local y regional, estableciendo estrategias y políticas basadas en el análisis y comprensión de los riesgos, con el fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la realización de acciones de intervención para reducir los riesgos existentes;

III. Promover desde la niñez de una cultura de responsabilidad social dirigida a la gestión integral de riesgos de desastres, protección civil, autoprotección, respecto de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad, así como una estrategia nacional para reforzar la educación y sensibilización pública en la materia;

IV. Incluir, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos de Desastres garantizando el porcentaje a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden preventivo; así como las orientadas tanto al auxilio de la población en situación de emergencia, como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural;

V. Emitir declaratorias de emergencia o desastre de origen natural, en los términos establecidos en esta Ley y en la normatividad administrativa;

VI. Disponer la utilización y destino de los recursos de los instrumentos financieros de gestión integral de riesgos de desastres, con apego a lo dispuesto por la normatividad administrativa en la materia;

VII. Promover, ante la eventualidad de los desastres de origen natural, la realización de acciones dirigidas a una estrategia integral de transferencia de riesgos, a través de herramientas tales como la identificación de la infraestructura por asegurar, el análisis de los riesgos, las medidas para su reducción y la definición de los esquemas de retención y aseguramiento, entre otros;

VIII. Dictar los lineamientos generales en materia de protección civil para inducir y fomentar que el principio de la gestión integral de riesgos de desastres y la continuidad de operaciones, sea un valor de política pública y una tarea transversal para que con ello se realicen acciones de orden preventivo, con especial énfasis en aquellas que tienen relación directa con la salud, la educación, el ordenamiento territorial, la planeación urbano-regional, la conservación y empleo de los recursos naturales, la gobernabilidad y la seguridad;

IX. Vigilar, mediante las dependencias y entidades competentes y conforme a las disposiciones legales aplicables, que no se autoricen centros de población en zonas de riesgo y, de ser el caso, se notifique a las autoridades competentes para que proceda a su desalojo, así como al deslinde de las responsabilidades en las que incurren por la omisión y complacencia ante dichas irregularidades;

X. Elaborar el Programa Nacional de Protección Civil y la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Riesgos de Desastres;

XI. Dotar a los planteles educativos de nivel básico a cargo de la Federación de los insumos necesarios para la implementación de los Programas Escolares de Protección Civil; y

XII. Promover ante los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas, la homologación del marco normativo y las estructuras funcionales de la gestión integral de riesgos de desastres y protección civil.

Artículo 8. Los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, los poderes de las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los organismos descentralizados, los organismos constitucionales autónomos y los sectores privado y social, así como la población en general, deberán coadyuvar para que las acciones de gestión integral de riesgos de desastres y protección civil se realicen en forma coordinada y eficaz.

Artículo 9. La organización y la prestación de la política pública de la gestión integral de riesgos de desastres y protección civil corresponden al Estado quien deberá realizarlas en los términos de esta Ley y de su Reglamento, por conducto de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en sus respectivos ámbitos de competencia.

La Secretaría deberá promover la interacción de la gestión integral de riesgos de desastres y protección civil con los procesos de información, a fin de impulsar acciones a favor del aprendizaje y práctica de conductas seguras, mediante el aprovechamiento de los tiempos oficiales en los medios de comunicación electrónicos.

Artículo 10. La gestión integral de riesgos de desastres considera, entre otras, las siguientes fases anticipadas a la ocurrencia de un agente perturbador:

I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de construcción social de los mismos;

II. Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios;

III. Análisis y evaluación de los posibles efectos;

IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto;

V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos;

VI. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos, y

VII. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad.

Artículo 11. Para que los particulares o dependencias públicas puedan ejercer la actividad de asesoría, capacitación, evaluación, elaboración de programas internos y especiales de protección civil, de continuidad de operaciones y estudios de vulnerabilidad y riesgos en materia de protección civil, deberán contar con el registro expedido por la autoridad competente de protección civil, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Reglamento de esta Ley.

El registro será obligatorio y permitirá a los particulares o dependencias públicas referidas en el párrafo anterior, emitir la carta de corresponsabilidad que se requiera para la aprobación de los programas internos y especiales de protección civil.

Artículo 12. El emblema distintivo de la protección civil en el país deberá contener el adoptado en el ámbito internacional, conforme a la imagen institucional que se defina en el Reglamento y solamente será utilizado por el personal y las instituciones autorizadas en los términos del propio Reglamento.

Las personas o instituciones no autorizadas por el reglamento para utilizar la imagen serán sancionadas de conformidad con el mismo.

Artículo 13. Los medios de comunicación masiva electrónicos y escritos, al formar parte del Sistema Nacional, colaborarán de manera gratuita tratándose de emergencias con las autoridades con arreglo a los convenios que se concreten sobre el particular, orientando y difundiendo oportuna y verazmente, información en materia de protección civil y de la gestión integral de riesgos de desastres.

Los convenios de concertación contendrán las acciones, derechos y obligaciones para el cumplimiento de este artículo.

Artículo 14. La Estrategia Nacional, es el instrumento rector encaminado a proteger a las personas, sus bienes, infraestructura estratégica, planta productiva, el patrimonio cultural y el medio ambiente a través de la identificación, análisis, evaluación, control y reducción del riesgo de desastres, con un enfoque preventivo y de desarrollo sustentable, por medio de la implementación de políticas públicas transversales y coordinadas entre los tres niveles de gobierno.

La Secretaría, a través del Cenapred, elaborará la Estrategia Nacional, con la opinión del Consejo Nacional de Riesgos, siendo aprobada por la Comisión Intersecretarial y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

En los procesos de elaboración, actualización y ejecución de la Estrategia Nacional participaran los sectores social y privado.

Artículo 15. La Estrategia Nacional tendrá una visión de veinte años, la cual será revisada por el Cenapred con la participación de la Comisión por lo menos cada seis años para revisar su cumplimiento.

La Estrategia Nacional de gestión integral de riesgos de desastres deberá:

I. Identificar las zonas que se encuentran expuestas a la ocurrencia de un riesgo por los diversos agentes perturbadores y amenazas;

II. Determinar calendarios de ejecución de acciones, con metas, indicadores y plazos a fin de reducir los peligros, las vulnerabilidades y las amenazas identificadas;

III. Implementar campañas de sensibilización pública sobre la reducción del riesgo de desastre;

IV. Incorporar en la educación académica los conocimientos sobre la prevención, mitigación, preparación, respuesta, recuperación y rehabilitación en casos de desastre, en todos los casos se deberá prever que sean en lenguas maternas;

V. Adoptar mecanismos que incrementen la resiliencia económica, social, sanitaria y ambiental; y

VI. Establecer los mecanismos para su implementación y su articulación intersectorial e intergubernamental, así como su evaluación.

Artículo 16. La Comisión tendrá carácter permanente y será presidida por el titular del Ejecutivo federal, quién podrá delegar esa función al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

La Comisión se integrará por los titulares de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana; de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Agricultura y Desarrollo Rural; de Turismo; de Bienestar; de Energía; de Educación; de Hacienda y Crédito Público; de Economía; y de Relaciones Exteriores.

Cada titular de secretaría designará a un representante que deberá tener al menos el nivel de dirección general, el cual será el responsable de coordinar los trabajos al interior de la secretaria y de dar seguimiento a los trabajos de la Comisión.

Los titulares de las Secretarías que integran la Comisión se deberán reunir al menos una vez al año.

Artículo 17. La Comisión contará con una secretaría técnica que tendrá las siguientes atribuciones:

I. Emitir las convocatorias para las sesiones de la Comisión;

II. Llevar el registro y control de las actas, acuerdos y toda la documentación relativa al funcionamiento de la Comisión;

III. Dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión y promover su cumplimiento;

IV. Elaborar un informe anual de cumplimiento de los acuerdos tomado por la Comisión a fin de remitírselo al Titular del Ejecutivo Federal y a los integrantes de la Comisión; y

V. Las demás que establezca el reglamento que para el efecto se expida.

Artículo 18. La Comisión convocará a otras dependencias y entidades gubernamentales entre ellos a la Comisión Nacional del Agua, así como invitar a representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a representantes de los sectores público, social y privado a participar en sus trabajos cuando se aborden temas relacionados con el ámbito de su competencia.

Artículo 19. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Aprobar la Estrategia Nacional;

II. Formular políticas públicas transversales e integrales en materia de gestión integral de riesgos de desastres para que sean instrumentadas por las dependencias y entidades de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, encaminadas a revertir la construcción social del riesgo a través de la reducción de los factores de vulnerabilidad y exposición;

III. Establecer los mecanismos de coordinación de acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal en materia de gestión integral de riesgos de desastres;

IV. Impulsar la investigación integral del riesgo de desastres con una perspectiva de investigación forense con la finalidad de identificar las causas subyacentes y los factores impulsores del riesgo de desastre a fin de generar mecanismos y políticas de reducción y manejo del riesgo;

V. Formular propuestas de acuerdos que determinen el posicionamiento nacional para ser presentados ante los foros y organismos internacionales sobre gestión integral de riesgos de desastres;

VI. Difundir entre las autoridades de los tres niveles de gobierno y la población en general la identificación de los factores que generan situaciones de riesgo, a fin de desarrollar una mayor comprensión y concientización de los riesgos;

VII. Formular e instrumentar políticas que garanticen a la población la accesibilidad al conocimiento sobre las dimensiones del riesgo;

VIII. Promover la inversión pública y privada para la prevención y reducción del riesgo de desastres;

IX. Promover la incorporación de las evaluaciones del riesgo de desastres en la elaboración y aplicación de políticas territoriales, consideradas en los diversos instrumentos de planeación;

X. Impulsar las acciones necesarias para el cumplimiento de las prioridades contenidas en el Marco de Sendai o algún otro acuerdo o pacto internacional que sea ratificado en la materia;

XI. Promover la incorporación de la evaluación, la representación cartográfica y la gestión del riesgo de desastre en la planeación y gestión del desarrollo rural, de las montañas, los ríos, las llanuras costeras inundables, las tierras áridas, los humedales y todas las demás zonas propensas a sequías e inundaciones;

XII. Impulsar entre las entidades federativas y los municipios la revisión de los reglamentos de construcción a fin de actualizarlos con un enfoque adecuado con miras a promover estructuras resistentes a los desastres;

XIII. Aprobar su reglamento interno; y

XIV. Las demás que le confiera esta ley, el reglamento de la misma y el reglamento interno de la Comisión.

Artículo. 20. El Sistema Nacional de Riesgos, es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, estrategias, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público de los tres niveles de gobierno entre sí, con los sectores social y privado y con Organismos Constitucionales Autónomos, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a fin de realizar acciones coordinadas en materia de gestión integral de riesgos de desastres.

Artículo. 21. El objetivo general del Sistema Nacional de Riesgos es el de proteger a la persona, sus bienes, infraestructura estratégica, planta productiva, el patrimonio cultural y el medio ambiente, a través de la instrumentación de estrategias fundamentadas en los principios de integralidad, transversalidad, corresponsabilidad, eficiencia y equidad encaminadas a revertir la construcción social del riesgo.

Artículo. 22. El Sistema Nacional de Riesgos se encuentra integrado por todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, por los sistemas de gestión integral de riesgos de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; por los sectores social y privado, los medios de comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico.

Artículo. 23. Los integrantes del Sistema Nacional de Riesgos deben de compartir con las autoridades competentes que soliciten, la información de carácter técnico, relativa a la planeación del ordenamiento territorial y a los sistemas y/o redes de detección, monitoreo, pronóstico y medición de los riesgos.

Artículo. 24. Los titulares de los Poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas, los presidentes municipales y los alcaldes de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tendrán dentro de su jurisdicción la responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los sistemas de gestión integral de riesgos de desastres a nivel estatal, municipal y de demarcación territorial.

Igualmente, en cada uno de sus ámbitos, se asegurarán del correcto funcionamiento de los consejos y de las unidades de planeación, promoviendo para que sean constituidos, con un nivel no menor a Dirección General preferentemente, dependiente de la dependencia responsable de la regulación, el control y la vigilancia de los usos de suelo.

Artículo 25. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional de Riesgos, recaerá en la autoridad que determine el Reglamento, la cual tendrá las siguientes atribuciones en materia de gestión integral de riesgos de desastres:

I. Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Riesgos a través de la supervisión y la coordinación de acciones en materia de gestión integral de riesgos de desastres que realicen las autoridades, mediante la identificación, análisis, evaluación, control y reducción del riesgo de desastres, con un enfoque preventivo y de desarrollo sustentable, por medio de la implementación de políticas públicas transversales y coordinadas entre los tres niveles de gobierno;

II. Promover y apoyar la creación de instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico-operativo, de servicios y logística que permitan identificar los riesgos en que se encuentran las personas, la planta productiva, la infraestructura estratégica, el patrimonio cultural y el medio ambiente;

III. Proponer políticas para la elaboración de las estrategias estatales, locales y regionales en gestión integral de riesgos de desastres, que reviertan la construcción social del riesgo a través de la reducción de los factores de vulnerabilidad;

IV. Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades, integrando y ampliando los conocimientos de los mencionados acontecimientos en coordinación con las instancias responsables;

V. Suscribir convenios en materia de gestión integral de riesgos de desastres en el ámbito nacional e internacional, en coordinación con las autoridades competentes de la materia;

VI. Suscribir convenios de colaboración administrativa con las entidades federativas en materia de gestión integral de riesgos de desastres;

VII. Gestionar ante las autoridades correspondientes, la incorporación y ampliación de contenidos en materia de gestión integral de riesgos en el Sistema Educativo Nacional, en todos los niveles, en todos los casos se deberá prever en lenguas maternas;

VIII. Promover la elaboración de las estrategias regionales de gestión integral de riesgos de desastres entre entidades federativas, municipios de un mismo estado, municipios de distintos estados, entre demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y entre municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

IX. Supervisar, a través del Cenapred, que se realice y se mantenga actualizado el Atlas Nacional de Riesgos, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

X. Promover entre los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, la construcción de obras que mitiguen los riesgos previamente identificados;

XI. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables o que le atribuyan el titular del Ejecutivo Federal o el Consejo Nacional de Riesgos, dentro de sus esferas de facultades.

Artículo 26. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional de Riesgos deberá integrar Comités Interinstitucionales para la identificación de los distintos riesgos, que permita realizar el análisis de los mismos a fin de proponer acciones que los reduzcan.

Artículo. 27. El Consejo Nacional es un órgano gubernamental consultivo en materia de gestión integral de riesgos de desastres, teniendo las siguientes atribuciones:

I. Opinar en torno a la propuesta elaborada del Cenapred de la Estrategia Nacional;

II. Proponer la implementación de políticas públicas transversales a través de la identificación, análisis, evaluación, control y reducción del riesgo de desastres, así como impedir la construcción de nuevos riesgos, con un enfoque preventivo y de desarrollo sustentable;

III. Proponer la emisión de acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del Sistema Nacional de Riesgos;

IV. Fungir como órgano de consulta y de coordinación de acciones del gobierno federal y de las entidades federativas para convocar, concertar, inducir e integrar actividades de los diversos participantes e interesados en la materia, a fin de garantizar la consecución del objetivo del Sistema Nacional de Riesgos;

V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el sistema nacional de riesgos y dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan;

VI. Proponer el establecimiento de medidas que vinculen al sistema nacional de riesgos con los sistemas de gestión integral de riesgos de desastres a nivel estatal, municipal y de demarcación territorial;

VII. Promover la participación de los niños, niñas y adolescentes para construir comunidades resilientes en todas las fases de la gestión integral de riesgos de desastres;

VIII. Convocar, coordinar y armonizar, con pleno respeto a sus soberanías, la participación de las entidades federativas y por conducto de éstas, de los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y de los diversos grupos sociales locales organizados, en la identificación y atención de los factores que generan situaciones de riesgo, así como la implementación de acciones para su mitigación;

IX. Fomentar la participación inclusiva e intercultural de la población, con perspectiva de género y sin discriminación para construir comunidades resilientes;

X. Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones y;

XI. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Riesgos.

Artículo 28. El Consejo Nacional de Riesgos estará integrado por el Presidente de la República, quien lo presidirá y por los titulares de las Secretarías de Estado, los gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quienes podrán ser suplidos por servidores públicos que ostenten cargos con nivel inmediato inferior y las Juntas Directivas de las Comisiones de Protección Civil y Prevención de Desastres; de Medio Ambiente Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales y de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, de la Cámara de Diputados y las Mesas Directivas de las Comisiones de Gobernación; Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República. En el caso del Presidente de la República, lo suplirá el funcionario que determine el Reglamento.

El Reglamento determinará quién será el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Riesgos, el Director General del Cenapred fungirá como secretario técnico.

Corresponde al Secretario Ejecutivo:

I. Fungir como enlace con la Comisión Intersecretarial para el seguimiento de la Estrategia Nacional;

II. Presentar a la consideración del Consejo Nacional el informe del avance de la Estrategia Nacional;

III. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Riesgos y de su Presidente;

IV. Informar periódicamente al Consejo Nacional de Riesgos de sus actividades;

V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Nacional de Riesgos, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven y expedir constancias de los mismos;

VI. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Nacional de Riesgos;

VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los convenios generales y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al Consejo Nacional de Riesgos;

VIII. Presentar al Consejo Nacional de Riesgos los informes respecto al seguimiento de los acuerdos y resoluciones que se adopten en su seno;

IX. Colaborar con las instituciones que integran el Sistema Nacional de Riesgos, para fortalecer y hacer eficientes los mecanismos de coordinación;

X. Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y

XI. Las demás que le otorgue esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como las que le encomiende el Consejo Nacional de Riesgos o su Presidente.

Artículo 29. Corresponde al secretario técnico:

I. Suplir a secretario ejecutivo en sus ausencias;

II. Elaborar y someter a la consideración del secretario ejecutivo, el proyecto de calendario de sesiones del Consejo Nacional de Riesgos y el proyecto de orden del día de cada sesión, para que en su momento sean sometidos a la aprobación del Consejo Nacional de Riesgos;

III. Coordinar la realización de los trabajos específicos y acciones que determine el Consejo Nacional de Riesgos;

IV. Coordinar la realización de estudios especializados sobre la gestión integral de riesgos de desastres;

V. Verificar que las estrategias estatales, locales y regionales de gestión integral de riesgos de desastres sean acordes con la estrategia nacional, de igual forma verificara que las políticas que adopten las entidades federativas cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que dicte el Consejo Nacional de Riesgos; y

VI. Las demás funciones que se señalen en el Reglamento de esta Ley o que le sean encomendados por el Presidente o el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Riesgos.

Artículo. 30. El Comité Nacional es el mecanismo de coordinación de las acciones en situaciones de emergencia y desastre ocasionadas por la presencia de amenazas que pongan en riesgo a la población, bienes y entorno, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 16 de esta Ley y de conformidad con el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional y en los términos que se establezcan en el Reglamento.

Artículo 31. El Comité Nacional estará constituido por los titulares o por un representante de las dependencias y entidades de la administración pública federal, con rango no inferior de dirección general o equivalente, que de acuerdo a su especialidad asume la responsabilidad de asesorar, apoyar y aportar, dentro de sus funciones, programas, planes de emergencia y recursos humanos y materiales, al Sistema Nacional, así como por el representante que al efecto designe el o los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas afectadas.

El Comité Nacional estará presidido por el Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o en su ausencia por el titular de la Coordinación Nacional, quienes podrán convocar para sesionar en forma extraordinaria cuando se presenten situaciones extremas de emergencia o desastre, o cuando la probabilidad de afectación por una amenaza sea muy alta, poniendo en inminente riesgo a grandes núcleos de población e infraestructura del país.

El secretario técnico del Comité Nacional recaerá en el Titular de la Coordinación Nacional o el servidor público que éste designe para el efecto, debiendo tener un nivel jerárquico de dirección general o su equivalente.

Los esquemas de coordinación de este comité serán precisados en el Reglamento.

Artículo. 32. El Comité Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. Analizar la situación de emergencia o desastre que afecte al país, a fin de evaluar el alcance del impacto o formular las recomendaciones necesarias para proteger a la población, sus bienes, animales de compañía y de servicio, infraestructura estratégica, planta productiva, patrimonio cultural y medio ambiente;

II. Determinar las medidas urgentes que deben ponerse en práctica para hacer frente a la situación, así como los recursos indispensables para ello;

III. Proveer de los programas instituciones, los medios materiales y financieros necesarios para las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción;

IV. Vigilar el cumplimiento de las acciones acordadas y dar seguimiento a la situación de emergencia o desastre, hasta que ésta hay sido superada, y

V. Emitir boletines y comunicados con una perspectiva de inclusión, igualdad y no discriminación hacia los medios de comunicación y público en general.

Artículo. 33. El Comité Nacional de Emergencias, se constituirá como Comité Nacional de Gestión Integral de Riesgos de Desastre, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Proponer a las Secretarías de Estado la actualización de las reglas y lineamientos de operación de los programas destinados al ordenamiento territorial y ecológico; de vivienda; y de infraestructura social a fin de que consideren los componentes del proceso de intervención del riesgo de desastres;

II. Proponer estudios de investigación prospectiva y correctiva del proceso de intervención del riesgo de desastres, los cuales serán publicados, con una perspectiva de inclusión, igualdad y no discriminación;

III. Elaborar la Estrategia Nacional;

IV. Elaborar el Programa Especial de Gestión Integral del Riesgo de Desastres;

V. Formular los lineamientos y criterios de las acciones de gestión prospectiva y correctiva del proceso de intervención del riesgo de desastre, así como su incorporación en los programas sectoriales, especiales y regionales que prevé la Ley de Planeación;

VI. Elaborar los Programas de Reconstrucción en donde participe la federación;

VII. Presentar la Estrategia Nacional al Consejo Nacional, a fin de que éste la remita al Titular del Ejecutivo Federal para su aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación;

VIII. Promover ante las autoridades correspondientes los proyectos prioritarios de reducción de las vulnerabilidades y mitigación de amenazas que se encuentran contempladas en la Estrategia Nacional;

IX. Promover la adopción integral y transversal del proceso de intervención del riesgo de desastres, en las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal;

X. Revisar el cumplimiento de la Estrategia Nacional y el Programa Especial, e informar de los resultados al Consejo Nacional, y

XI. Las demás que esta Ley, su reglamento y el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional, que le confieran.

Artículo.34. El Comité Nacional de la GIRD contará con un Consejo Consultivo, integrado por:

I. Organizaciones de la Sociedad Civil cuyo trabajo esté enfocado a la gestión integral del riesgo de desastres;

II. Organismos empresariales;

III. Instituciones de Educación Superior, y

IV. Representantes de las agrupaciones de los municipios.

El Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional, determinará el procedimiento de integración del Consejo Consultivo.

Artículo. 35. Los integrantes del Consejo Consultivo ejercerán su encargo de manera honorífica.

Artículo. 36. El Comité Nacional de la GIRD, será presidido por la Coordinación Nacional de Protección Civil, y contará con una Secretaría Técnica a cargo del representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

La Coordinación Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. Presidir y convocar las sesiones ordinarias del Comité Nacional de la GIRD;

II. Proponer la formulación y adopción de las políticas, estrategias y acciones necesarias para el cumplimiento de las atribuciones del Comité Nacional de la GIRD;

III. Proponer el programa anual de trabajo y presentar el informe anual al Consejo Nacional;

IV. Presentar al Titular del Poder Ejecutivo Federal los programas de reconstrucción;

V. Presentar ante el Consejo Nacional la Estrategia Nacional y el Programa Especial;

VI. Coordinar los trabajos del Comité Nacional de la GIRD, y

VII. Las demás que le confiera el reglamento de esta Ley y el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional.

Artículo. 37. Corresponde a la Secretaría Técnica:

I. Suplir al titular de la Coordinación Nacional;

II. Coordinar la formulación de la Estrategia Nacional, del Programa Especial y de los Programas de Reconstrucción;

III. Coordinar la realización de estudios especializados sobre el proceso de intervención del riesgo de desastres;

IV. Elaborar y someter a la consideración del titular de la Coordinación Nacional, el proyecto de calendario de sesiones del Comité Nacional de la GIRD y el proyecto de orden del día de cada sesión;

V. Convocar a los sectores social y privado a participar en la formulación de la Estrategia Nacional, del Programa Especial y de los Programas de Reconstrucción;

VI. Verificar que las estrategias, acciones y políticas que se adopten por las entidades federativas sean acordes a la Estrategia Nacional y que cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que dicte el Consejo Nacional;

VII. Preparar la evaluación de cumplimiento de la Estrategia Nacional, así como su revisión, y

VIII. Las demás funciones que se señalen en el Reglamento de esta Ley o las encomendadas por el Titular del Ejecutivo Federal o la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional.

Artículo. 38. El Comité Nacional de la GIRD contará por lo menos con los siguientes grupos de trabajo:

I. Para la formulación de la Estrategia Nacional y el Programa Especial;

II. Para la transversalización del proceso de intervención del riesgo de desastres, en las políticas de ordenamiento territorial, ecológico, vivienda y cambio climático;

III. Para la participación social en el proceso de intervención del riesgo de desastres;

IV. Para el fortalecimiento y financiamiento de acciones preventivas en las entidades federativas y municipios, y

V. Los demás que el Comité Nacional de la GIRD determine.

Artículo. 39. Para acceder a los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, se deberá:

I. Presentar a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana una solicitud firmada por el titular de la instancia pública federal, o bien, del Poder Ejecutivo en caso de que se trate de una entidad federativa, de acuerdo a los requisitos y términos previstos en la normatividad administrativa respectiva;

II. La manifestación expresa y por escrito de que se evitarán las duplicaciones con otros programas y fuentes de financiamiento; y

III. Para el caso de que la situación de emergencia y/o desastre haya superado la capacidad operativa y financiera para atender la contingencia, está se manifestará por escrito.

Artículo. 40. Las disposiciones administrativas, regularán los procedimientos, fórmulas de financiamiento y cofinanciamiento y demás requisitos para el acceso y ejercicio de los recursos de los instrumentos financieros de gestión del riesgo, constituidos para tal efecto. En cuanto a la formulación y ejecución de las disposiciones administrativas, se atenderá a los principios establecidos en esta ley.

La retención injustificada de dichos recursos por parte de los servidores públicos federales involucrados en el procedimiento de acceso, será sancionada de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Cuando se autoricen los recursos con cargo a los instrumentos financieros de gestión de riesgo, la Secretaria informará trimestralmente del uso y destino a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que esta los incluya en los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública.

Dentro de los instrumentos financieros de gestión de riesgos se constituirá una subcuenta del Fondo de Desastres Naturales en el Banco del Bienestar, que administrará las donaciones en efectivo destinadas a atender desastres o procesos de reconstrucción, que realicen personas físicas o morales, nacionales o extranjeras.

La aplicación, erogación, regulación, justificación, comprobación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos autorizados en los instrumentos financieros de gestión de riesgos se sujetarán a las reglas y demás disposiciones aplicables que garantizarán los principios de honradez, eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos.

Las dependencias y entidades federales facilitarán que la Secretaria de la Función Pública directamente o, en su caso, a través de los órganos internos de control en las dependencias y entidades federales puedan realizar, en cualquier momento, de acuerdo a su ámbito de competencia, la inspección, fiscalización y vigilancia de dichos recursos, incluyendo la revisión programática presupuestal y la inspección física de las obras y acciones apoyadas con recursos federales, así como recibir, turnar y dar seguimiento a las quejas y denuncias que se presenten sobre su manejo.

Lo anterior, sin menoscabo de las acciones que en el ámbito de su competencia le corresponda a la Auditoría Superior de la Federación.

Artículo. 41. El Reglamento de esta Ley, así como las disposiciones administrativas en la materia, regulará los medios, formalidades y demás requisitos para acceder y hacer uso de los recursos financieros tendientes a la prevención y atención de desastres, atendiendo al principio de inmediatez.

Una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre, la autoridad tendrá un plazo de hasta cinco días naturales para su emisión, en términos de las disposiciones administrativas en la materia.

El plazo para que los gobiernos de las entidades federativas tengan acceso a los recursos tendientes a la atención de desastres, será de hasta diez días naturales, contados a partir del día en que se emita la declaratoria de desastres, será de hasta diez días naturales, contados a partir del día en que se emita la declaratoria de desastres respectiva, siempre que los gobiernos hayan cumplido con los requisitos previstos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones administrativas.

Artículo. 42. La Secretaria también tendrá a su cargo el Fondo para la Prevención y Reducción del Riesgo del Desastre, el cual tiene como objetivo la promoción y fomento a la actividad preventiva tendiente a reducir los riesgos, y disminuir o evitar los efectos del impacto destructivo originado por amenazas, bajo los siguientes principios:

I. Reducción, previsión y control permanente y priorizado del riesgo del desastre en la población;

II. Combate a las causas estructurales de los mismos; y

III. Fortalecimiento de las capacidades de resiliencia de la sociedad.

Las reglas de Operación del fondo preverán que los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México soliciten de manera directa recursos del Fondo para la Prevención y Reducción del Riesgo del Desastre.

Artículo.43. Es obligación de la federación, estados y municipios garantizar los recursos financieros para la elaboración de los Atlas de Riesgos Estatales y Municipales, a través de diversos programas a fin de que la política en materia de detección oportuna y prevención de riesgos en asentamientos humanos cuente con fondos suficientes que permitan elaborar, actualizar y mantener los sistemas de información geográfica que deberán de brindar información de los peligros, riesgos y vulnerabilidad a la cual está expuesta la población ante fenómenos naturales o de origen antrópico que puedan causar daño a la sociedad, sus bienes o la infraestructura pública existente en un determinado territorio.

Artículo. 44. Deberá ser obligatorio la consulta del Atlas de Riesgos Nacional, Estatal y Municipal, para el desarrollo de cualquier asentamiento humano de nueva creación. Ya sea una zona habitacional, industrial, de recreación, de comunicación (caminos, puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, etc.), agrícola, ganadero, pesquero o forestal. A fin de no emitir permisos o licencias de construcción en zonas no aptas para asentamientos humanos por el alto peligro que estos sitios dadas sus condiciones geográficas, geológicas o meteorológicas, pudieran representar para la vida de forma segura en el corto, mediano, mediano y largo plazo.

Artículo. 45. La omisión por parte del ejecutivo en turno a nivel federal, estatal o municipal, para la elaboración, actualización y mantenimiento de los Atlas de Riesgos, será considerado como un delito grave. Toda vez que la emisión de permisos o licencias de construcción sin contar con un diagnóstico de riesgos oportuno y de manera preventiva. Puede poner en riesgo la vida de las personas, sus actividades y la infraestructura pública y privada de un determinado territorio.

Artículo. 46. Es facultad exclusiva del Cenapred y de Sedatu determinar y publicar los términos de referencia para la elaboración de los Atlas de Riesgos Nacional, Estatal y Municipal. Considerando las características propias de cada zona geográfica y los recursos humanos y financieros disponibles en cada entidad federativa y municipio. Asimismo es faculta exclusiva de Cenapred y Sedatu aprobar y avalar que un atlas de riesgos cumple con los parámetros técnicos mínimo necesarios para ser considerado como un instrumento de planeación urbana.

Artículo. 47. Los Atlas de Riesgos Nacional, Estatal y Municipal deberán funcionar como base para la contratación de instrumentos financieros de gestión de riegos y de transferencia de riesgo.

Artículo. 48. El gobierno federal otorgará subsidios a dichos fondos de protección civil conforme a los recursos que, en su caso sean aprobados para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación, considerando los daños a los cuales ha sido expuesto el territorio Estatal o Municipal causado por desastres de origen natural o antropogénico, con base en las declaratorias de emergencia del año anterior.

Artículo Primero. Se abroga la ley General de Protección Civil Publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de 2010 y sus subsecuentes reformas.

Artículo Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Tercero. Los titulares de las dependencias mencionadas en esta ley tendrán 90 días para hacer las adecuaciones pertinentes con el fin de adecuarlas a la presente ley.

Artículo Cuarto. La Cámara de Diputados, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, emitirá el Reglamento correspondiente en un plazo no mayor a los seis meses posteriores a la entrada en vigor de esta Ley.

Artículo Quinto. Las disposiciones reglamentarias y administrativas de protección civil se seguirán aplicando en lo que no se opongan a esta Ley, en tanto se emite el nuevo Reglamento.

Artículo Sexto. Los desastres y las emergencias que hayan ocurrido con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, se atenderán conforme a los recursos financieros y a las disposiciones administrativas vigentes a la fecha en que sucedieron.

Artículo Séptimo. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a esta Ley.

Nota

1 El impacto humano sobre el medioambiente, influencia antrópica o antropogénica (o simplemente impacto ambiental) es el conjunto de efectos producidos por las actividades humanas en el medio ambiente de la Tierra. No solo se estudian los efectos en épocas recientes como resultado de la industrialización, sino las influencias que pudieron causar cambios ecológicos (en particular cambios climáticos) en épocas preindustriales, sobre todo a través de la deforestación y la conversión de tierras para sus actividades agrarias y ganaderas. En primer lugar, se explicará la más vieja de las maneras que ha tenido el humano de cambiar su entorno: convertir bosques en campos. Luego se presenta la que surge con la revolución industrial y, finalmente, el más aterrador de los mecanismos, el de la guerra nuclear.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: Margarita García García, Alfredo Porras Domínguez, José Luis Montalvo Luna, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Martha Huerta Hernández, Dionicia Vázquez García, Maribel Martínez Ruiz, Reginaldo Sandoval Flores, Ángel Benjamín Robles Montoya, Francisco Javier Huacus Esquivel, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, (ilegible), Alfredo Femat Bañuelos, Silvano Garay Ulloa, Armando Reyes Ledesma, Emilio Manzanilla Téllez, Ana Ruth García Grande, Maricruz Roblero Gordillo, Luis Enrique Martínez Ventura, María Rosella Jiménez Pérez, Claudia Elena Lastra Muñoz, Ana Laura Bernal Camarena, Óscar González Yáñez, María Teresa Marú Mejía, Clementina Marta Dekker Gómez, Ana Karina Rojo Pimentel, José Luis García Duque, Olga Juliana Elizondo Guerra y José de la Luz Sosa Salinas (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Nayeli Salvatori Bojalil, diputada federal del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6 numeral 1, fracción l, 77, 78 del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente:

El presente proyecto de decreto pretende adicionar cuatro propuestas a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres:

a) Sustituir el término Distrito Federal, por entidades federativas o referencias semejantes.

b) Adicionar el término “paridad”.

c) Que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social evalué el Programa Nacional.

d) Que el Instituto Nacional Electoral de seguimiento a la participación paritarias de las mujeres en su participación a cargo de elección popular.

a) Sustituir el Distrito Federal término, por entidad federativa o referencias semejantes

El Sistema de Información Legislativa1, se entiende por entidad federativa Entidad a la Unidad delimitada territorialmente que en unión de otras entidades conforman a una nación. En los sistemas federales las entidades pueden participar en las actividades gubernamentales nacionales y actuar unilateralmente, con un alto grado de autonomía, en las esferas autorizadas en la Constitución, incluso en relación con cuestiones decisivas y, en cierta medida, en oposición a la política nacional, ya que sus poderes son efectivamente irrevocables.

En México, se denomina entidad federativa a cada uno de los 32 estados miembros del Estado federal. Para algunos doctrinarios la autonomía de que gozan las entidades federativas es su característica esencial. Dicha autonomía se hace patente cuando se observa que cada entidad puede elaborar su propia Constitución y los procedimientos para su reforma. No obstante, la Constitución federal señala los lineamientos centrales a los que debe sujetarse la entidad federativa para su organización, la división del poder público para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y su integración. Cabe recordar que la Carta Magna indica que, en lo concerniente a su régimen interior, nuestra República es representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos pero unidos en una federación.

El 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 44 Constitucional. Dicha disposición constitucional es vigente, en los siguientes términos:

Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México.

De manera especial, señala el artículo 122 constitucional:

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

De acuerdo con el jurista Arturo Zamora, en su artículo “La CDMX, entidad federativa 32” publicado en el Diario Excélsior “... esta reforma, correspondiente a los artículos 43, 44 y 122 de nuestra Carta Magna, modifica sustancialmente la naturaleza constitucional que se daba al Distrito Federal, concediendo a la Ciudad de México el rango de entidad federativa, aunque manteniendo su carácter de capital nacional y sede de los Poderes de la Unión. Esta redefinición jurídica resuelve en definitiva el estatus concedido al Distrito Federal en las Constituciones de 1824 y 1857, revertido por la Constitución de 1917, cuando se le equipara a un Territorio Federal y sometido desde 1928 a numerosas reformas de su régimen interior e institucional.

La reforma política de la Ciudad de México de enero de 2016, que sustituyó al Distrito Federal y le transformo en entidad federativa justifica las modificaciones en el presente proyecto a los artículos 14, 15, 16, 23, 27 y 29.

b) Adicionar el término “paridad”

La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley”, lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres fue Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006, varios acontecimientos2 fueron necesarios para ese salto legal en favor de la igualdad entre hombres y mujeres:

1848. Primera convención por los derechos de las mujeres

1911. El primer Día Internacional de la Mujer a favor del sufragio y los derechos laborales de la mujer.

1929. La I y la II Guerra Mundial hacen que las mujeres ocupen empleos “no tradicionales” mientras los hombres van a la guerra

1945. Cerca de 1.500 lavanderas se sindicaron y fueron a la huelga:

La Carta de las Naciones Unidas consagra la igualdad de género: “Nosotros los pueblos... reafirmamos la fe... en la igualdad de derechos de mujeres y hombres”.

1946. Primer Orégano Gubernamental de La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer exclusivamente a la igualdad de género

1970. El primer Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en México.

1975. 25.000 mujeres que se reúne en Reykjavik para protestar contra la desigualdad.

1979. Se aprueba la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

1993. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

1994. Programa de acción de la CIPD. Reconoce la salud sexual y reproductiva de la mujer como fundamental.

1995. En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Con acciones previstas en 12 esferas fundamentales para promover los derechos de la mujer.

2000. Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Conjunto de ocho objetivos por líderes mundiales para poner fin a la pobreza en 15 años.

2010, ONU Mujeres se convierte en el primer organismo de las Naciones Unidas en trabajar exclusivamente por los derechos de la mujer.

2017. Entre 3,5-5,5 millones de personas en todo el mundo asisten a la “marcha de las mujeres” por los derechos de la mujer.

México3, no estuvo exento en la participación por la igualdad:

1910. Carmen Serdán apoya la campaña anti reeleccionista de Francisco Madero y secunda, en Puebla, el Plan de San Luis. Este plan llama los mexicanos a levantarse en armas; desconocía la reelección presidencial del general Porfirio Díaz y declaraba la anulación de las últimas elecciones convocando a nuevos comicios. El principio recto del Plan fue “Sufragio efectivo, no reelección”.

1911. Un grupo de feministas de la ciudad de México exige su derecho al presidente provisional, Francisco León de la Barra.

1913. Dolores Jiménez Muro funda la asociación femenil Hijas de Cuauhtémoc.

1918. Hermila Galindo solicita al Congreso Constituyente el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres.

1922-1924. El gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, reconoce el derecho de las mujeres para participar en las elecciones municipales y estatales. Elvia Carrillo Puerto, es la primera candidata electa al Congreso de Yucatán.

1924-1925. En San Luis Potosí, a instancia del gobernador Rafael Nieto, se aprueba una ley que permitía a las mujeres leer y escribir.

1937. El presidente Cárdenas, declaro que el gobierno colocará a las mujeres en el mismo plano que a los hombres, se presentara las reformas para que las mujeres queden incorporadas a la función social y política.

1947. En el Diario Oficial de la Federación del 12 de febrero, se publicó la reforma que establecía la igualdad entre mujeres y hombres, con el derecho a votar y ser elegidas.

1953. El 17 de octubre se publica en el Diario Oficial de la Federación un nuevo texto del artículo 34 constitucional. Las mujeres mexicanas adquieren la ciudadanía plena.

1955-1958. Sufragio femenino. La primera en depositar su voto fue doña María Izaguirre de Ruiz Cortines.

1954. Aurora Jiménez de Palacios se convierte en la primera diputada federal por el Distrito I del estado de Baja California,

(1964-1967) y XLVII (1967-1970) Legislaturas Alicia Arellano Tapia y María Lavalle Urbina se convierten en las primeras senadoras de la República.

1979. Griselda Álvarez Ponce de León se convierte en la primera gobernadora de un estado de la República Mexicana: Colima.

1993. El reconocimiento legal de la cuota de género La Cámara de Diputados aprueba que “Los partidos políticos promoverán, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular”.

1994. Cecilia Soto fue postulada como candidata a la Presidencia de la República por el Partido del Trabajo.

1997. En la Cámara de Diputados, se aprueba que “los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores que no excedan del 70 por ciento para un mismo género. Cuota 70/30.”

Por otra parte, el artículo de GIRE.mx publicado en Animal Político, denominado “Hablemos de igualdad, no de equidad4”, apunta: “por qué consideramos que se debe usar igualdad y no equidad podría parecer simplemente una discusión sobre terminología irrelevante, nos parece que es importante principalmente por cuatro razones:

1. Por el Derecho a la igualdad y no discriminación

2. Por la Obligación de los Estados respecto a la igualdad

3. Por la historia del término equidad

4. Por la igualdad sustantiva.

Igualdad sustantiva es un concepto que se encuentra definido en la Recomendación General N° 25 del Comité CEDAW y se refiere a que la obligación de los Estados respecto a la igualdad va más allá de la igualdad formal e incluye la necesidad de que las mujeres tengamos las mismas oportunidades desde un primer momento y dispongamos de un entorno que nos permita conseguir la igualdad de resultados. Por lo tanto, este concepto toma en cuenta el contexto de desigualdad del que las mujeres partimos siempre.

Pero, sin duda el avance más importante, y que justifica plenamente la armonización que se propone, es la reforma constitucional del 6 de junio de 20195. Reforma que eleva a rango constitucional a la paridad de género.

La reforma constitucional señala:

Artículo 2o., elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables.

Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. ...

Artículo 41. La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio.

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.

Los partidos políticos tienen como fin fomentar el principio de paridad de género, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados, así como por 200 diputadas y diputados.

Artículo 53. En ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos diputados o diputadas de mayoría.

Para la elección de los 200 diputados y diputadas conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadoras y senadores...

Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

Artículo 94. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once integrantes, Ministras y Ministros, y funcionará en Pleno o en Salas.

La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género.

Artículo 115. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad.

La reforma de paridad modificará el sistema político nacional desde la perspectiva de las comunidades y pueblos indígenas, la vida interna de los partidos políticos, la elección de los poderes de la unión y la elección de las autoridades municipales.

La sola referencia constitucional para armonizar la ley bastaría para sostener la reforma a los artículos 2, 5, 21 y 36 de la Ley que nos ocupa.

c) Que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social- Coneval- evalué el Programa Nacional

Dos disposiciones permiten proponer la participación del CONEVAL; la primera, el artículo 26 inciso c) constitucional, que establece:

C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a cargo de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social.

Y, por otra parte, el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social, que asienta:

Artículo 72. La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

Uno de los principios a los que está sujeta la política social es la perspectiva de género, entendida esta como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas de desarrollo social.

Resulta fundamental que un organismo externo evalué los programas que transversalmente el Estado Mexicano implementa para alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad entre las mujeres y los hombres.

Es por lo manifestado que es posible que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social evalué el Programa Nacional cada tres años, como se propone en la reforma al artículo 30 de la presente iniciativa.

d) Que el Instituto Nacional Electoral de seguimiento a la participación paritarias de las mujeres en su participación a cargo de elección popular

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, que la ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas.

Para ello, el Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño. Además, corresponde al Instituto Nacional Electoral:

• Para los procesos electorales federales y locales:

a) La capacitación electoral;

b) La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales;

c) El padrón y la lista de electores;

d) La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;

e) Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales;

f) La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y

• Para los procesos electorales federales:

a) Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;

b) La preparación de la jornada electoral;

c) La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;

d) Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;

e) La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores;

f) El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, y

Lo que nos ocupa en esta parte de la iniciativa es la que se refiere a garantizar el derecho consagrado en el artículo 35 fracciones I y II:

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

Con el objeto de precisar la propuesta, que en este acto legislativo se presenta, se adjunta el siguiente cuadro comparativo:

Es importante manifestar que la reforma propuesta en esta iniciativa no genera impacto económico en el presupuesto de la nación, ya que no necesita recursos para su aprobación, publicación y ejecución.

Fundamento legal

Por lo anteriormente sustanciado y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, así como el artículo 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presente iniciativa con proyecto:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres

Artículo Único. Se reforman los artículos 2, 14, 15, 16, 21, 23, 27, 29, 30 y 36; y se adiciona la fracción X al artículo 5 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 2. Son principios rectores de la presente Ley: la paridad, la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a IX.

X. Paridad de Género. Principio que se utiliza para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política.

Artículo 14. Los Congresos de las Entidades Federativas, expedirán las disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley.

Artículo 15. Corresponde a las y los titulares de los Gobiernos de las Entidades Federativas:

I.

I Bis. Incorporar en los presupuestos de egresos de las entidades federativas, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad;

II. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante las instancias administrativas que, se ocupen del adelanto de las mujeres en las Entidades Federativas;

III. a IV.

Artículo 16.

I.

II. Coadyuvar con el Gobierno Federal y los Gobiernos de las Entidades Federativas Correspondientes, en la consolidación de los programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

III. a V.

Artículo 21. El Instituto Nacional de las Mujeres, a través de su Junta de Gobierno, sin menoscabo de las atribuciones que le confiere la Ley especifica que lo rige, tendrá a su cargo la coordinación del Sistema, así como la determinación de lineamientos para el establecimiento de políticas públicas en materia de paridad e igualdad, y las demás que sean necesarias para cumplir con los objetivos de la presente Ley.

Artículo 23. El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de las Entidades Federativas y los Municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 27. Los gobiernos de las Entidades Federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con el Instituto o, en su caso, con las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional.

Artículo 29. El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres será propuesto por el Instituto Nacional de las Mujeres y tomará en cuenta las necesidades de las Entidades Federativas y los Municipios, así como las particularidades de la desigualdad en cada región. Este Programa deberá integrarse al Plan Nacional de Desarrollo, así como a los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación.

Los programas que elaboren las Entidades Federativas, con visión de mediano y largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, tomando en cuenta los criterios e instrumentos de la Política Nacional de igualdad en congruencia con los programas nacionales.

Artículo 30. El Instituto Nacional de las Mujeres deberá revisar y evaluar el Programa Nacional cada tres años.

Artículo 36. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

I. Propiciar un trabajo parlamentario con perspectiva de género;

II. Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación y la paridad entre las mujeres y los hombres;

III. Evaluar y dar seguimiento, por medio del área competente del Instituto Nacional Electoral, a la participación paritaria entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular;

IV. Promover participación y representación paritaria entre mujeres y hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos;

V. Fomentar la participación paritaria de mujeres y hombres en altos cargos públicos;

VI.

VII. Fomentar la participación paritaria y sin discriminación de mujeres y hombres en los procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados, a 27 de febrero de 2019.— Diputada Nayeli Salvatori Bojalil (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 93 de la Ley General de Cambio Climático y 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputado coordinador Arturo Escobar y Vega, en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlén Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Erika Mariana Rosas Uribe del Grupo Parlamentario de Morena, y los diputados Héctor Serrano Cortés, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, legisladores sin Partido de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se permiten presentar para su análisis y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV del artículo 93 de la Ley General de Cambio Climático y reforma la fracción VIII del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente

El cambio climático es un problema global que requiere soluciones integrales desde una perspectiva local. Por este motivo, se deberá impulsar la adopción de nuevas tecnologías de movilidad, particularmente, el uso de automóviles eléctricos e híbridos en cualquier modalidad por los beneficios sociales que representan sobre los automóviles de propulsión a gasolina. En este sentido, nuestro Grupo Parlamentario, estará presentando, además de la presente iniciativa, otra iniciativa que buscará dar cauce a un estímulo fiscal en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Dicho lo anterior, y en al ámbito de la presente iniciativa, nuestro Grupo Parlamentario propone la reforma de la fracción IV al artículo 93 de la Ley General de Cambio Climático, relativo a los estímulos fiscales que se podrán establecer, y reforma la fracción VIII del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a efecto de que los usuarios de automóviles eléctricos obtengan una reducción en la tarifa por el uso de las principales carreteras del país.

Los vehículos eléctricos pueden disminuir más de un 70% las emisiones de CO2 en comparación con un automóvil de propulsión a gasolina bajo las mismas condiciones. Lo anterior implica enormes beneficios que se traducen en que cada vehículo eléctrico representará una reducción superior a 1.87 toneladas de CO2anuales.

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS), en 2016 el 91% de la población mundial vivía en ciudades en donde la calidad del aire estaba por debajo de los límites recomendados. Además, se estima que la contaminación del aire fue responsable de la muerte prematura de 4.2 millones de personas tan solo en 2016. Adicionalmente, existe un agravante para las personas de bajos y medianos recursos ya que fueron las más afectadas y representaron el 91% de las muertes anuales.

Al respecto, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer emitió un reporte en el que concluyeron que la exposición a la contaminación en el aire es cancerígena para los humanos con especial incidencia en el cáncer de pulmón. Por estos motivos, resulta imperativo abordar todos los factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles para proteger la salud pública.

En este sentido, es necesario implementar políticas públicas en materia de transporte, planificación urbana, generación de energía e industria que reducen la contaminación del aire. De esta manera, la transición a modos limpios de generación de energía debe priorizar el tránsito urbano rápido y cambiar a vehículos más limpios. En ese sentido, los vehículos y combustibles de bajas emisiones serán necesarios para mejorar la salud y el bienestar de los mexicanos.

De acuerdo con el Informe de Precios de Combustibles Alternativos de Ciudades Limpias de junio del 2019 (que compara los precios promedio de venta al mayoreo de combustibles alternativos y convencionales), el precio de la electricidad se ha posicionado por debajo del precio del diésel y la gasolina desde las últimas dos décadas.

En la última medición de este índice se apreciaba que el precio de los combustibles convencionales, particularmente la gasolina y el diésel, eran equivalentes a más del doble del precio de la electricidad. Adicionalmente, se han presentado importantes fluctuaciones en el precio de los combustibles, principalmente entre 2006 y 2010, mientras que el precio de la electricidad ha tenido un crecimiento bajo, pero sostenido y sin presentar variaciones importantes.

La carga de vehículos eléctricos es más económica que aquella respecto de vehículos que funcionan con gasolina; aproximadamente una persona gasta $40,000 pesos en gasolina cada año y recorre 20 mil kilómetros. Para poner esto en perspectiva, hoy en día existen vehículos eléctricos en nuestro mercado cuyo costo de la energía eléctrica requerida para cubrir la misma distancia es 2.5 veces menor.

No cabe duda de que los automóviles eléctricos son más eficientes y respetuosos con el medio ambiente que los vehículos de propulsión a gasolina o diésel. Esto porque los eléctricos no generan ningún tipo de emisión de gases en el ambiente por lo que la transición a este tipo de tecnologías ayuda a mejorar la calidad del aire en las ciudades.

Igualmente, la promoción de los vehículos eléctricos es de gran importancia para la reducción de la dependencia del petróleo y para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como las emisiones de otros gases contaminantes que afectan directamente la salud de las personas que habitan en las ciudades.

En el mismo sentido, por la naturaleza de los mecanismos de propulsión, el incremento en el uso de estos automóviles disminuye la contaminación acústica atribuible al funcionamiento de un motor tradicional de combustión interna.

Sin embargo, las emisiones de dióxido de carbono que son emitidas como resultado de los procesos de movilidad eléctrica derivan en su totalidad de la fuente de la electricidad para la recarga de las baterías, esto se traduce en la necesidad de implementar una estrategia integral en la que la generación también apueste a tecnologías más limpias, de esta manera, las consecuencias en el medio ambiente serán catalizadas y el sector de transporte tendrá un impacto positivo en el desarrollo y bienestar de las personas.

Uno de los principales objetivos del fortalecimiento en la adopción de estas tecnologías es la reducción directa de la dependencia del petróleo y, en términos generales, la dependencia energética del exterior, de tal manera que se favorezca el consumo de energía generada en nuestro país y se transite hacia una mayor participación de las energías provenientes de fuentes renovables.

La idea de sustitución de autos de propulsión a gasolina por otros que utilizan baterías debe estar contemplada a nivel local, es decir, las Entidades y Municipios deberán considerar en el Plan de Ordenamiento Territorial medidas que promuevan su uso, tal como el establecimiento de estacionamientos ad hoc y circulación preferente en las vías públicas. Lo anterior debido a que las necesidades de movilidad que satisfacen los automóviles eléctricos están enfocadas principalmente en el ámbito urbano y sus periferias. Las baterías que tienen estos vehículos les otorga autonomía suficiente para cubrir sus necesidades de movilidad en ese espacio.

Uno de los mayores retos en la industria es que la mayoría de los fabricantes de vehículos eléctricos e híbridos tienen una oferta relativamente limitada y con costos de adquisición que los posicionan por encima de otros fabricantes de coches de gasolina. Esto se puede deber a dos motivos, en primer lugar, a un elevado costo de los insumos de producción por las baterías, y a que se trata de una industria en la que las economías de escala no se han alcanzado aún por su nivel de madurez.

En este sentido, en México este mercado no ha sido desarrollado totalmente y la infraestructura energética que permite la carga de estos vehículos está aún en fase de crecimiento por lo que los usuarios no cuentan con una perspectiva concreta de la logística de tener un automóvil eléctrico en el día a día.

La introducción de una nueva tecnología de movilidad como lo es en el caso concreto, requiere de una estrategia de impulso que dinamice la demanda hasta llegar a un punto en el que la generalización sea suficiente para que el mercado la haya adoptado. Es por ello que se busca la generación de incentivos económicos que hagan más atractivos estos automóviles hasta llegar al punto en el que sean más atractivos que los coches con propulsión de combustión interna.

Hoy en día, la Ley General de Cambio Climático establece en su Capítulo IX que la Federación y las Entidades aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política nacional en materia de cambio climático. En este sentido, consideramos que existen espacios de incidencia en materia fiscal que permitirán dotar de dinamismo y ampliar el alcance del mercado de los coches eléctricos e híbridos en nuestro país, con el objetivo de contribuir a la mejora del medio ambiente en el que habitamos.

En México se han impulsado diversas iniciativas de legislación que buscan eliminar total o parcialmente el pago de diversos impuestos a efecto de incentivar el uso de coches eléctricos e híbridos. Derivado de ello, los vehículos eléctricos tienen ventajas sobre los automóviles a gasolina, por ejemplo, estos vehículos pueden circular todos los días en la zona metropolitana, no pagan el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), en la mayoría de los estados no pagan tenencia, gozan de una tarifa de pago de luz diferenciada para personas físicas ofrecida por la CFE, engomado distintivo, placas especiales, exención de la verificación ambiental y estacionamiento preferencial en ciertos lugares.

Bajo este mismo tenor, es necesario reconocer los esfuerzos que se han hecho en México en materia de vehículos eléctricos. De acuerdo con el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) de la CFE, en 2015 había 156 estaciones de carga y en 2018 ya contábamos con más de 2,017. Esto evidencia la creciente demanda por este tipo de tecnologías y la necesidad de incentivar este tipo de vehículos.

Las ventas de vehículos eléctricos aumentaron en 68.70% entre 2017 y 2018 y, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, los estados con mayor crecimiento en las ventas fueron Tabasco con el 166.7%, Campeche con un crecimiento del 153.3% y Aguascalientes con 151%, lo que se traduce en que existe una demanda por estos vehículos en varios estados y será necesaria una ampliación de la red de distribución de combustibles alternativos para cubrir estas nuevas necesidades. Sin embargo, las ventas de estas unidades siguen muy por debajo de las observadas en otros países en términos nominales.

Como se ha presentado, se han realizado numerosos esfuerzos para ampliar los beneficios por la compra de estos vehículos, sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para incidir en la compra de estos autos, principalmente porque la infraestructura no ha sido suficiente y los costos siguen siendo elevados.

En este sentido, el artículo 92º de la Ley General de Cambio Climático establece, entre otras cosas, que se consideran instrumentos económicos los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política nacional sobre el cambio climático, pero en ningún caso estos instrumentos podrán establecerse con fines exclusivamente recaudatorios.

De las disposiciones mencionadas, se desprende un claro mandato legal para implementar las obligaciones legales conducentes para que se establezcan estímulos fiscales que busquen aumentar la demanda por los automóviles eléctricos e híbridos, en el marco de los esfuerzos del Estado Mexicano para mitigar los efectos del cambio climático.

Es precisamente en ese contexto en el que se inscribe la presente iniciativa, la cual pretende, en primer término, ampliar los alcances del propio artículo 93 de la Ley General de Cambio Climático, a efecto de que se consideren prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con el consumo de tecnologías de movilidad con incidencia en la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones, particularmente, en materia de automóviles eléctricos e híbridos. Dicha propuesta de adición representa la intención de establecer un mecanismo normativo eficaz que garantice la implementación permanente de incentivos fiscales concretos en beneficio de los consumidores de vehículos híbridos y eléctricos.

En segundo término, la presente iniciativa contempla la reforma de la fracción VIII del artículo 5º de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a efecto de establecer que los automóviles de propulsión eléctrica o híbridos estén sujetos a un régimen en el que sólo deban de pagar el 50 por ciento del peaje que paguen los automóviles convencionales, en los caminos y puentes federales. Lo anterior, en el entendido de que se trata de un incentivo adicional relevante en el contexto que motiva la presente iniciativa.

Es en el contexto de las consideraciones expuestas en donde radica la racionalidad y la motivación de la presente iniciativa, a efecto de seguir generando incentivos novedosos para que en nuestro país logremos transitar de manera satisfactoria hacia la adopción de nuevas tecnologías de movilidad, particularmente mediante el uso sostenido de automóviles eléctricos e híbridos por los beneficios sociales y ambientales que generan. En ese contexto, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Primero. Se adiciona la fracción IV del artículo 93 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 93. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:

I. a III. [...]

IV. El consumo de tecnologías de movilidad con incidencia en la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones, particularmente, en materia de automóviles eléctricos e híbridos.

Segundo. Se reforma la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.

Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la Administración Pública Federal las siguientes atribuciones:

I. a VII. [...]

VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaria.

Las motocicletas y los vehículos de propulsión eléctrica o híbridos deberán pagar el 50 por ciento del peaje que paguen los automóviles, y

IX. [...]

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal realizará las adecuaciones reglamentarias correspondientes, dentro de los 180 días posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Comisión Federal de Electricidad. (N/A). Electrolineras. N/A, de Comisión Federal de Electricidad Sitio web:

https://www.cfe.mx/productos/electrolineras/Pages/Electrolinera s.aspx

2 OMS. (N/A). Ambient (outdoor) air pollution. N/A, de OMS Sitio web:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdo or)-air-quality-and-health

3 Tesla. (N/A). Pago. N/A, de Tesla Sitio web:

https://www.tesla.com/es_MX/model3/design#payment

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: Leticia Mariana Gómez Ordaz, Arturo Escobar y Vega, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe, Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente necesita actualizarse a la realidad que vive el país, la lógica de hace 30 años de protección al ambiente es ya inadecuada ante el crecimiento de inversiones y proyectos que provocan devastación ambiental por falta de regulaciones adecuadas.

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) señala en su artículo 28 que la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), “es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a las que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente.”

Han transcurrido 32 años desde la publicación de la LGEEPA en 1988 y casi 20 años de la publicación, en el año 2000, del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA), desde entonces, un gran número de obras y actividades, se han sometido al procedimiento de evaluación del impacto ambiental.

Sin duda alguna, la EIA es el instrumento de política ambiental más usado para tomar decisiones en este aspecto. Aquí, se debe señalar, que no es el único de instrumento de política ambiental enmarcado en la LGEEPA, existen otros instrumentos como los ordenamientos ecológicos del territorio, la regulación ambiental de los asentamientos humanos, los instrumentos económicos o las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, por citar algunos. Sin embargo, estos instrumentos, palidecen ante la preeminencia de la EIA.

En estos 30 años de la LGEEPA, se ha observado que la dependencia responsable de la evaluación del impacto ambiental, la actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (Semarnat), ha sido sujeta a serios cuestionamientos por las resoluciones emitidas autorizando en materia de EIA la realización de obras y actividades, que son promovidas tanto por el sector privado, como el sector público. De manera general, los principales cuestionamientos enfatizan, que en muchos casos las obras y actividades autorizadas a través de la EIA sobreestiman sus beneficios económicos y subestiman sus costos por externalidades de tipo ambiental y social, y que finalmente pueden contribuir a un incremento del deterioro ambiental y social, dejando sin cumplir el derecho constitucional de las personas a un medio ambiente sano.

El actual procedimiento de EIA de la LGEEPA, parece en el devenir cotidiano más un mero trámite administrativo, cuyo único fin es lograr la aprobación de las obras y actividades involucradas. En este actual procedimiento de EIA, los impactos ambientales adversos sin importar su magnitud, son aparentemente mitigables o pueden ser compensados.

Por lo anterior, se considera necesario transformar el actual proceso de EIA contenido en la LGEEPA. Para ello, se considera pertinente plantear una serie de reformas y adiciones a la sección V Evaluación del Impacto Ambiental del capítulo IV Instrumentos de Política Ambiental de la LGEEPA.

Al respecto, con el objetivo de buscar la armonización e introducir las mejores prácticas internacionales en materia de regulación de la evaluación del impacto ambiental, se toma como referencia primordial la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea de 13 de diciembre de 2011 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

1. Se requiere una definición referente a “actividad altamente riesgosa” en la LGEEPA, el concepto se cita en los artículos 23, 28, 147 Bis y 148 de la Ley. En especial, el artículo 30 de la Ley, referente a la presentación de la manifestación de impacto ambiental, señala que cuando se presenten actividades altamente riesgosas, la manifestación debe incluir el estudio de riesgo correspondiente. También, la fracción VII del artículo 28 determina que son sujetos a evaluación del impacto ambiental “los parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente riesgosas.”

También es importante agregar definición que sustentan el Principio Precautorio ya que si pretendemos modificar todo este apartado para transformar a la presente ley de una ley permisiva a una ley preventiva resulta esencial agregar estos conceptos, por lo tanto este principio precautorio no parte de la anticipación de un daño ambiental futuro, ni tampoco adopta acciones que permitan su anulación, tiene como antecedente la incertidumbre de las consecuencias que se puedan producir en el medio ambiente por la acción humana. Al no existir la suficiente valoración real y científica de las consecuencias (positivas o negativas) ingresa a restringir cualquier modificación o alteración al medio ambiente. Es así que, si bien no existe una real evidencia de un beneficio o daño al medio ambiente, rige la denominada presunción relativa de que la duda es siempre en beneficio del medio ambiente, por ende, mientras no exista la certeza de un beneficio o del no daño, el bien jurídico denominado medio ambiente es de mayor valoración que la relatividad científica.

Por el principio precautorio, no se requiere la existencia real y tangible de un daño sino la posibilidad de que pueda existir, es decir, el riesgo se genera si no se adoptan las medidas de precaución.

El principio precautorio surge como consecuencia del resultado del rechazo de la actividad humana incesante sin medir consecuencias y que afectan de manera irreparable el medio ambiente o la propia salud del ser humano. El principio precautorio marca el comienzo de una era de protección al medio ambiente, (VANDERZWAAG: 1999) en vez de tratar los problemas ambientales este principio busca anticiparse al daño y así proteger la salud humana y el medio ambiente.

Esta definición puede ampliarse para incorporar la protección de la salud humana y no sólo los daños serios o irreversibles sino también en la prevención de riesgos desconocidos o no caracterizados en su totalidad. Un ejemplo de su aplicación fue el retiro del mercado de los juguetes de PVC blando en la Unión Europea, con base en evidencia de que el plastificante (el aditivo utilizado para hacerlo blando) normalmente se libera y puede ser ingerido por los menores de edad. En este caso, al ser prácticamente desconocida la toxicidad del aditivo, se optó por evitarlo hasta contar con más información. Otro ejemplo es la legislación sueca, que recientemente estableció que la persistencia y capacidad de una sustancia para acumularse en el cuerpo humano son características suficientes para prohibirlo, pues constantemente se hacen nuevos hallazgos sobre la toxicidad de los compuestos químicos. Este es un ejemplo más de que en ausencia de certidumbre científica es preferible errar en la sobreprotección de la salud. (GREENPEACE, 2001).

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo consagró en su Declaración de Río de 1992 contiene una serie de principios esenciales al desarrollo sostenible. Uno de ellos es el denominado “principio o enfoque precautorio” que, frente a una eventual obra o actividad con posibles impactos negativos en el medio ambiente, permite que la decisión política que no da lugar a su realización, se base exclusivamente en indicios del posible daño sin necesidad de requerir la certeza científica absoluta. Este principio ha ido consolidándose en los temas de directa relevancia para la salud humana como el efecto del uso de productos químicos o de la descarga de contaminantes y se constituyó en una herramienta de apoyo a los países, cuyos medios científicos no les permitían cuestionar de manera fehaciente los supuestos planteados en cuanto a la inocuidad de tales sustancias. La evolución del principio lo incorpora también a materias vinculadas al manejo de los recursos naturales como las áreas forestales, pesqueras y biotecnológicas pasando a ser un tema de discusión en distintas instancias referidas al comercio internacional.

En concordancia con lo antes señalado se propone la reforma al artículo 3o.. de la LGEEPA, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. Actividades altamente riesgosas: Las actividades que implican la generación o manejo de sustancias con características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas para el equilibrio ecológico o el ambiente, tomando en cuenta el volumen de manejo y la ubicación del establecimiento respectivo, de acuerdo a la clasificación prevista en su reglamento y el listado de la norma oficial mexicana correspondiente.

XI. Daño grave al Medio Ambiente: Es la pérdida de uno o varios elementos ambientales, que afecta su estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema y es de tal magnitud que genera cambio perjudicial en las características físicas, químicas o biológicas del aire, tierra o agua pudiendo afectar nocivamente la vida humana o de otros seres vivos

XII. Daño irreversible al Medio Ambiente: Es aquel impacto o conjunto de actividades antropogénicas que afectan al ecosistema en tal magnitud que éste no puede ser revertido a su estado original, generando pérdida del ecosistema de forma definitiva, sin que exista la posibilidad de mitigación o reparación de la zona afectada.

XXVI. Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente;

XXVII. Medidas de mitigación: Conjunto de acciones protectoras o correctoras que deberá ejecutar el promovente para atenuar los impactos negativos o adversos y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización de una obra o actividad en cualquiera de sus etapas;

XXVIII. Medidas de compensación: Acciones que deberá de ejecutar el promovente para resarcir el deterioro ocasionado por la obra o actividad proyectada, en un elemento natural distinto al afectado, cuando no se pueda restablecer la situación anterior en el elemento afectado;

XXXII. Principio precautorio: Cuando exista peligro de daño ambiental grave o irreversible, la falta de certeza científica sobre ciertos procesos de tecnologías que representen algún riesgo para el Medio Ambiente y la salud pública, deberá utilizarse como razón para prohibir y/o en su caso detener definitivamente el proyecto hasta obtener medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente, siendo prioritaria la salvaguarda de los derechos humanos como el derecho a un medio ambiente sano y el derecho humano al agua.

2. Es primordial modificar la redacción del artículo 28 de la LGEEPA, a fin de que la conceptualización actual de la EIA enfatice y afiance su carácter preventivo, y no justificativo.

Al analizar la redacción actual del citado artículo 28, se establece que las obras o los proyectos sujetos a la EIA pueden ser autorizados, siempre y cuando se establezcan condicionantes que reduzcan su impacto negativo al ambiente, pero no se prevé la posibilidad expresa de que éstos puedan ser desechados, ya sea por su inviabilidad o por provocar un impacto significativo al ambiente.

Se propone reformar esta redacción en el sentido de que la EIA será un procedimiento de carácter preventivo, multidisciplinario, y en su desarrollo la Semarnat podrá autorizar con condicionantes o negar la ejecución de la obra o actividad sujeta a evaluación, cuidando en todo momento que se respete la capacidad de carga de los ecosistemas.

De la misma forma se explicita que los efectos de la obra o actividad sobre el ambiente deben evaluarse para proteger la salud humana, contribuyendo mediante un mejor entorno a la calidad de vida, y por tanto al bienestar de las personas, así como cuidar por el mantenimiento de la biodiversidad y conservar la capacidad funcional del ecosistema como recurso fundamental de la vida. Para ello, se toma como referencia la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea de 13 de diciembre de 2011 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en especial su artículo 3, que señala el propósito de la evaluación del impacto ambiental, y que se armoniza en el artículo 28 de la Ley considerando con ello factores sociales, culturales y productivas de las personas, como parte de la evaluación.

En alcance a la reforma explicada al artículo 28 de la LGEEPA, se considera necesario incorporar de manera expresa al procedimiento de EIA a obras o actividades, así como ecosistemas en riesgo o con hábitats críticos, que en la actualidad no están citados. Para ello, se propone reformar también las fracciones I, IV, V, VII X y Agregar una fracción XIV del artículo 28 de la LGEEPA.

La reforma propuesta al artículo 28 de la LGEEPA quedaría de la siguiente forma:

Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento preventivo a través del cual la Secretaría realiza el conjunto de estudios y análisis técnicos, sistemáticos, reproducibles e interdisciplinarios con el objeto de asegurar la integración de los aspectos ambientales en las obras o actividades de que se trate mediante la incorporación de dicho procedimiento, para resolver la autorización o desecho de las obras o actividades sujetas a dicha evaluación.

La evaluación del impacto ambiental identificará, describirá, valorará, y evaluará de forma apropiada, en función de cada caso particular y de conformidad con esta Ley, los efectos directos e indirectos de obras o actividades sobre los siguientes factores:

a). El ser humano, la fauna y la flora;

b). El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje;

c). Los bienes materiales y el patrimonio cultural, y

d). La interacción entre los factores mencionados anteriormente.

Sólo podrán ser autorizadas de manera condicionada aquellas obras o actividades cuyo impacto ambiental no rebase los criterios, límites y umbrales legalmente establecidos, la capacidad de carga de los ecosistemas o comprometa la evolución y continuidad de los procesos naturales del sitio, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos adversos sobre el ambiente y la calidad de vida de las personas. Para ello, en los casos en que determine el reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:

I. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, puertos, marinas, oleoductos, gasoductos, carboductos, poliductos, geotermia y fractura hidráulica

II. Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica;

III. Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear;

IV-. Instalaciones de tratamiento, reciclaje, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radiactivos;

V. Aprovechamientos forestales en selvas y aquellos que afecten especies de difícil regeneración o enlistadas en alguna categoría de riesgo;

VI. (Derogado)

VII. Cambios de uso del suelo de terrenos forestales, así como en selvas y zonas áridas,

VIII. Parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente riesgosas;

IX. Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;

X. Obras y actividades en humedales, arrecifes, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales;

XI. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación;

XII. Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas, y

XIII. Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

XIV Actividades que utilicen bioenergéticos o modificaciones transgénicas a cultivos o semillas

El Reglamento de la presente Ley determinará las obras o actividades a que se refiere este artículo, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales significativos , negativos, acumulativos o sinérgicos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, y que por lo tanto no deban sujetarse al procedimiento de evaluación del impacto ambiental previsto en este ordenamiento.

Para los efectos a que se refiere la fracción XIII del presente artículo, la Secretaría notificará a los interesados su determinación para que sometan al procedimiento de evaluación del impacto ambiental la obra o actividad que corresponda, explicando las razones que lo justifiquen, con el propósito de que aquéllos presenten los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no mayor a diez días. Una vez recibida la documentación de los interesados, la Secretaría, en un plazo no mayor a treinta días, les comunicará si procede o no la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como la modalidad y el plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo señalado, sin que la Secretaría emita la comunicación correspondiente, se entenderá que no es necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental.

Las condicionantes que se señalan en el tercer párrafo de éste artículo deberán estar orientadas en orden de prelación a prevenir, mitigar y en su caso compensar el impacto ambiental; así como preservar, mejorar y en su caso restaurar el equilibrio ecológico, además de evitar la generación de pasivos ambientales en la construcción, operación, clausura y posclausura de las obras o actividades a realizarse. En los casos en que, durante la construcción, operación, clausura y posclausura de las obras o actividades autorizadas se presentaran impactos ambientales adversos no previstos, la Secretaría deberá imponer condicionantes adicionales para prevenir, mitigar los daños al ambiente o restaurar el equilibrio ecológico e incluso exigir la presentación de una nueva evaluación del impacto ambiental.

3. Con el objetivo de garantizar los derechos de la sociedad y de las personas en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental se propone la adición de un artículo 28 Bis, que enuncia criterios obligatorios o salvaguardas, que deberán ser considerados al implementarse el citado procedimiento. Esto es de especial relevancia para proteger los derechos de los ejidos, pueblos y comunidades indígenas propietarias de terrenos, donde en muchos casos se pretende realizar grandes obras y actividades, tanto públicas, como privadas, que deben ser sujetas a evaluación del impacto ambiental. El objetivo es proporcionar certidumbre jurídica al reconocer estos derechos a los ejidos, pueblos y comunidades indígenas de manera expresa. Para la implementación de esta propuesta, se adecuan y transponen las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en materia de salvaguardas relacionadas a servicios ambientales, y que fueron publicadas el lunes 4 de junio de 2012, en el Diario Oficial de la Federación.

La adición propuesta de un artículo 28 Bis de la LGEEPA quedaría de la siguiente forma:

Artículo 28 Bis. El procedimiento de evaluación del impacto ambiental deberá garantizar el respeto a las salvaguardas reconocidas por el derecho internacional, así como lo siguiente:

I. Consentimiento libre, previo e informado de ejidos, comunidades y pueblos indígenas;

II. Distribución equitativa de beneficios;

III. Certidumbre y respeto a los derechos de propiedad y posesión legítima y acceso a los recursos naturales de los propietarios y legítimos poseedores de la tierra;

IV. Inclusión y equidad territorial, cultural, social y de género;

V. Pluralidad y participación social;

VI. Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas;

VII. Reconocimiento y respeto a las formas de organización interna, y

VIII. Transversalidad, integralidad, coordinación y complementariedad entre políticas e instrumentos de los tres órdenes de gobierno.

4. En el artículo 30 de la LGEEPA, se propone la incorporación de un mayor número de requerimientos en la manifestación de impacto ambiental, entre los cuales se podrían señalar los que se encuentran actualmente considerados en los artículos 12 y 13 del REIA. Con ello, se busca elevar la jerarquía normativa de dichos requerimientos al incorporarlos en la LGEEPA.

La EIA no debe cesar con la simple emisión de la autorización por parte de la Semarnat, por lo que es oportuno considerar, el establecer un programa de monitoreo ambiental de las obras o actividades que se autoricen en la EIA. El propósito del monitoreo es dar seguimiento a la obra o actividad, facilitando a la autoridad el verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las fases de construcción, operación y fin de la propuesta de acción establecida, de acuerdo con los aspectos administrativos y los pronósticos indicados en la evaluación. También permite revisar los impactos ambientales producidos para modificar la actividad o desarrollar medidas de control en caso de efectos adversos no previstos al ambiente o la salud, así como determinar la precisión de los impactos producidos y la efectividad de las medidas de mitigación.

Adicional a esto, para garantizar el acceso a la información derivada de estos procesos de monitoreo ambiental, los responsables de su ejecución deberán presentar ante la Semarnat la información derivada de dicho monitoreo ambiental, en el momento en que ésta se genere, la cual deberá ser pública en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás leyes aplicables.

Por todo lo anterior, se propone que el artículo 30 de la LGEEPA, diga lo siguiente:

Artículo 30. Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental en no más de dos ocasiones seguidas, la cual deberá contener, como mínimo y sin perjuicio de los requisitos que fije el Reglamento de la presente Ley, lo siguiente:

a) Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable de la manifestación o estudio de impacto ambiental;

b) Descripción detallada de la obra o actividad, que incluya información sobre su emplazamiento, diseño y tamaño, y vinculación con los ordenamientos jurídicos en materia ambiental y, en su caso, con la regulación sobre uso del suelo;

c) Descripción detallada del ecosistema o ecosistemas en que se desarrollará la obra o actividad, considerando el conjunto de los elementos que los conforman, señalando el estado de conservación que guardan, así como la problemática ambiental y las tendencias de desarrollo y deterioro de la zona;

d) Descripción de las especies de vida silvestre que se encuentren consideradas en alguna de las categorías de riesgo y que tengan su distribución natural dentro de los ecosistemas en que se desarrollará la obra o actividad;

e) Exposición y evaluación de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, o de no realización de la obra o actividad sujeta a evaluación del impacto ambiental, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales;

f) Identificación, descripción y evaluación de los impactos significativos o notables, positivos y negativos, directos e indirectos, simples, acumulativos y sinérgicos, durante las fases de construcción, operación y, en su caso, clausura y posclausura, sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, su incidencia sobre el cambio climático, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural. Asimismo, se atenderá a la interacción entre todos estos factores.

Cuando la obra o actividad pueda afectar directa o indirectamente a un área natural protegida federal o estatal se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el sitio teniendo en cuenta los objetivos de conservación del área;

g) Descripción de las medidas previstas para prevenir, mitigar, y, si fuera posible, compensar, los impactos compatibles, moderados, severos y críticos sobre el ambiente;

h) Un programa de monitoreo ambiental de las variables a controlar previo al inicio de la obra o actividad, durante las fases de construcción, operación, y en su caso clausura y posclausura;

i) Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan la información señalada en las fracciones anteriores, y

j) Un resumen no técnico de la información contemplada en las letras a) a j).

La información generada por el monitoreo ambiental en cada una de las etapas de la obra o actividad de que se trate, deberá presentarse inmediatamente ante la Secretaria, a fin de que sea verificada y en su caso observada. Esta información deberá ser pública en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás leyes aplicables.

Cuando las obras o actividades contenidas en la manifestación de impacto ambiental deban realizarse total o parcialmente dentro de una zona federal, los promoventes deberán adjuntar a la manifestación de impacto ambiental el correspondiente título de concesión para el uso o aprovechamiento de la zona federal expedido en su favor por la autoridad competente.

La Secretaría deberá publicar en su Gaceta Ecológica y en Internet, todas las solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental que le sean presentadas, así como las autorizaciones y sus condicionantes.

En ningún caso podrán entrar en operaciones las obras o actividades que no hayan cumplido la totalidad de las condicionantes establecidas por la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en este capítulo. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente vigilará en todo momento el exacto cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente durante la construcción, operación, clausura y posclausura mitigación y reparación de daños de la obra o actividad de que se trate.

La Secretaría pondrá a disposición del promovente titular del proyecto los informes y cualquier otra documentación que obre en su poder cuando resulte de utilidad para la realización de la manifestación de impacto ambiental.

Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de la presente Ley, la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente.

Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se realizan modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, o durante su construcción, operación, clausura y posclausura, mitigación y reparación de daños los interesados deberán hacerlas del conocimiento de la Secretaría, a fin de que ésta, en un plazo no mayor de diez días, les notifique si es necesaria la presentación de información adicional o una nueva manifestación de impacto ambiental, para evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en términos de lo dispuesto en esta Ley.

Los contenidos del informe preventivo, así como las características y las modalidades de las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo serán establecidos por el Reglamento de la presente Ley.

5. Con base en los principios de política ambiental señalados en el artículo 15 de la LGEEPA, y con un enfoque de precaución, se considera que debe ser obligatorio establecer programas de restauración en las obras o actividades sujetas a procedimiento de EIA, donde el Estado y la sociedad en su conjunto no deban asumir los posibles costos económicos y financieros de una restauración. En ese caso, quien realice obras o actividades debe ser desde un principio responsable de las consecuencias ambientales de éstas. Es decir, debe tener la disponibilidad de asumir los costos de la restauración de dicha obra o actividad. Lo anterior aplica en especial, para determinadas obras o actividades, que se basan en la explotación de recursos naturales no renovables, que son consideradas de alto riesgo o sus efectos son territorialmente extensos.

Para ello, se adicionan dos nuevos artículos a la LGEEPA, el artículo 30 Bis y el artículo 30 Bis 1, que dicen lo siguiente:

Artículo 30 Bis. Quienes realicen obras o actividades, que se encuentren sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental señalado en esta Ley, deberán presentar a solicitud de la Secretaría incluida en la manifestación de impacto ambiental, un programa de restauración del paisaje, ecosistema, o área afectada por dichas labores. La Secretaría exigirá el seguro o la garantía suficiente, entre otros instrumentos económicos y mecanismos de financiamiento, para asegurar el cumplimento del mencionado programa.

La realización de obras y actividades a que se refieren las fracciones I, II, III, IV y VIII del artículo 28, requerirá de manera obligada la formulación y ejecución de un programa de restauración.

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el programa de restauración autorizado por la Secretaría conllevará a la aplicación de las medidas de control, seguridad y sanciones previstas a que se refiere esta Ley y demás legislación aplicable.

Artículo 30 Bis 1. En aquellas áreas degradadas como consecuencia de los impactos ambientales adversos de una obra o actividad, es el programa de restauración, el instrumento rector de planeación que establecerá las actividades y acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales.

El programa de restauración deberá incluir como mínimo los contenidos de las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 78 Bis referente a las declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración, así como el coste estimado de los trabajos de restauración.

Los elementos y procedimientos que se deben considerar al formular el programa de restauración serán establecidos por el Reglamento de la presente Ley.

6. La consulta pública constituye uno de los avances más significativos en materia ambiental y de participación ciudadana, su sustento jurídico actualmente se encuentra en el artículo 34 de la LGEEPA, así como en los artículos 4, 26, 40, 41 y 43 del REIA. Sin embargo, existen vacíos y omisiones con relación a este tema, que pueden llegar a favorecer a quienes promueven obras y actividades sujetas a EIA, quedando en posible desventaja respecto a las comunidades afectadas por la obra o actividad a realizar y la sociedad en general. Al respecto se propone una serie de reformas y adiciones al artículo 34 de la LGEEPA, que contribuyan a maximizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la participación ciudadana. Con la idea de armonizar el procedimiento, se incorpora la integración del expediente de la evaluación del impacto ambiental respectivo a este artículo, que esta hasta ahora en el artículo 35 de la LGEEPA. Se propone, que en un proceso de evaluación toda manifestación de impacto ambiental sea puesta a disposición del público en general a través de la página electrónica de la Secretaría, la cual deberá ser de fácil acceso, a fin de que pueda ser consultada por cualquier persona. De la misma forma se plantean mejoras al procedimiento para realizar las reuniones públicas de información, así como el señalar de manera expresa en qué casos debe ser de oficio la apertura de un procedimiento de reunión pública.También se propone, que la reunión pública de información sea organizada por la Secretaría en coordinación con las autoridades locales y los gastos sean a cargo del promovente. Así como que toda reunión deba celebrarse en la entidad federativa donde se pretenda llevar a cabo el proyecto.

Por lo anterior, se propone que el artículo 34 de la LGEEPA, diga lo siguiente:

Artículo 34. Una vez que la Secretaría reciba en las delegaciones u oficinas centrales una manifestación de impacto ambiental iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de cinco días hábiles.

Los promoventes de la obra o actividad de que se trate podrán requerir que se mantenga en reserva la información que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, y la confidencialidad de la información comercial que aporte el interesado. En tal caso, siempre deberá asegurarse la difusión de los datos o informaciones necesarias para que las personas puedan identificar el sitio exacto donde se ejecutara dicha obra o actividad, los alcances del proyecto y los impactos ambientales previstos.

La Secretaría llevará a cabo una consulta pública, conforme a las siguientes bases:

I. Dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la fecha en que la Secretaría integre el expediente a que se refiere el párrafo anterior, l a Secretaría publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su Gaceta Ecológica, así como la manifestación de impacto ambiental deberá ser puesta a disposición del público en general a través de la página electrónica de la Secretaría, la cual deberá ser de fácil acceso, a fin de que pueda ser consultada por cualquier persona.

II. Cualquier interesado, dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de que la Secretaría ponga a disposición del público la manifestación de impacto ambiental en los términos de la fracción I, podrá proponer el establecimiento de medidas de prevención, mitigación y compensación adicionales, así como las observaciones que considere pertinentes;

III. Asimismo, el promovente deberá publicar a su costa, un extracto del proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de que se trate, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que sea puesta la manifestación de impacto ambiental a disposición del público en general a través de la página electrónica de la Secretaría. La Secretaría podrá resolver el negar la autorización solicitada o suspender el proceso de evaluación de presentarse incumplimiento no justificado por el promovente en la publicación del extracto de la obra o actividad. El procedimiento para dicha determinación será materia del Reglamento.

IV. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación señalada en la fracción I, cualquier interesado podrá solicitar que se lleve a cabo una reunión pública de información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate. La Secretaría, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, notificará al interesado su determinación de dar o no inicio a la reunión pública de información. En caso de que se determine realizar la reunión pública de información, la Secretaría emitirá la convocatoria dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la resolución de reunión pública de información, en la que expresará la fecha y lugar en que la reunión deberá verificarse. Dicha reunión pública de información será dentro de un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la resolución emitida para realizarla.

V. Sin el requerimiento de dicha solicitud, cuando se trate de obras o actividades comprendidas en las fracciones I, II, IV, VIII, IX y X del artículo 28 de esta Ley, así como aquellas obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves, daños a la salud pública, a los ecosistemas, al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, a la infiltración hídrica, o se afecten especies sujetas a alguna categoría de riesgo, corredores biológicos, terrenos forestales o preferentemente forestales de conformidad con lo que señale el Reglamento de la presente Ley, la Secretaría, en coordinación con las autoridades locales, deberá organizar una reunión pública de información. En este caso, la Secretaría emitirá la convocatoria en la que expresará la fecha y lugar en que la reunión deberá verificarse dentro de un plazo máximo de diez días hábiles a partir de que la Secretaría ponga a disposición del público la manifestación de impacto ambiental en los términos de la fracción I. Dicha reunión pública de información será dentro de un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la convocatoria emitida para realizarla.

VI. La reunión pública de información será organizada por la Secretaría en coordinación con las autoridades locales y los gastos serán a cargo del promovente. Toda reunión deberá celebrarse en la entidad federativa donde se pretenda llevar a cabo el proyecto. (EL QUE PAGA MANDA, NO DEBERÍA INTERVENIR EL PROMOVENTE PARA QUE LA REUNION SE LLEVE DE MANERA LIBRE)

VII. La Secretaría agregará y considerará las observaciones realizadas por los interesados al expediente respectivo, fundando y motivando técnica y jurídicamente, la aceptación o en su caso rechazo, y consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizada y los resultados de las observaciones que se hayan formulado.

7. Se propone diversas reformas y adiciones al artículo 35 de la LGEEPA. En primer lugar se propone reformar el primer párrafo de este artículo 35, incluyendo en el mismo tanto el segundo, como el tercer párrafo del mismo, para que exista un claro mandato respecto a que durante el proceso de la evaluación del impacto ambiental de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28, la Secretaría se sujete a lo establecido en la LGEEPA, en su reglamento, los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables, debiendo valorar sus posibles efectos en el ambiente, considerando el conjunto de elementos que los conforman y los posibles impactos ambientales previstos, y no únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación.

De la misma forma, se propone reformar el nuevo segundo párrafo, antes cuarto párrafo, del artículo 35 de la LGEEPA, para que una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, tomando en cuenta los principios de prevención y precautorio, la Secretaría emitirá, fundada y motivada, técnica y jurídicamente la resolución correspondiente.

En dicho sentido, se propone además realizar reformas en el artículo 35, que permitan precisar las resoluciones de la Secretaría, en especial, se amplían los casos en que la Secretaría deba negar la autorización solicitada.

Asimismo, se explicita que corresponde a la Secretaría el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la evaluación del impacto ambiental y en caso de autorizarla de sus condicionantes. Sin perjuicio de ello, la Secretaría podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de lo condicionado.

También se propone reformar el artículo 35 para señalar de manera expresa, que la manifestación de impacto ambiental del proyecto o actividad caducará si una vez autorizado o aprobado el proyecto no se hubiera comenzado su ejecución en el plazo fijado. En tales casos, el promovente deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto, no pudiendo presentarse en más de dos ocasiones seguidas.

También, se considera pertinente reformar el artículo 35, para imponer la obligación de implementar la figura del seguro ambiental a cargo de los promoventes, a fin de otorgar a la Semarnat la certidumbre financiera de que en caso de no cumplir el primero sus obligaciones, el Estado no será quien tenga que erogar los costos que dicha omisión genere.

De la misma forma, se considera pertinente reformar el artículo 35 para que la resolución de la Secretaría deba considerar de manera integral los aspectos ambientales que se señalan en el primer párrafo del artículo 28 de las obras y actividades de que se trate.

Finalmente, se propone, que la resolución de la Secretaría sea puesta a disposición del público en general a través de la página electrónica de la Secretaría, la cual deberá ser de fácil acceso, a fin de que pueda ser consultada por cualquier persona.

Por todo lo anterior, se propone que el artículo 35 de la LGEEPA, diga lo siguiente:

Artículo 35. Durante el proceso de la evaluación del impacto ambiental de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28 la Secretaría, sujetándose a lo establecido en la presente Ley, su Reglamento, los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables, deberá valorar sus posibles efectos en el ambiente o los ecosistemas de que se trate, considerando el conjunto de elementos que los conforman y los posibles impactos ambientales previstos, y no únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación.

Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, tomando en cuenta el principio de prevención y el principio precautorio, la Secretaría emitirá, fundada y motivada, técnica y jurídicamente la resolución correspondiente en la que podrá:

I. Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos solicitados;

II. Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, solicitando la modificación del proyecto o el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales a las propuestas, a fin de que se eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, operación , clausura, posclausura y en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la Secretaría señalará los requerimientos que deban observarse en la realización de la obra o actividad prevista ; y se deberá contar con todos los estudios justificativos requeridos al promovente, que garanticen la viabilidad del proyecto antes de otorgar la autorización; o

III. Negar la autorización solicitada, cuando:

a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas aplicables;

b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies se incorporen a alguna categoría de riesgo o afecte de manera adversa a una especie ya considerada dentro de estas categorías;

c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate;

d) Existan estudios científicos que demuestren que la obra o actividad de que se trate pueda provocar graves impactos ambientales adversos;

e) La obra o actividad de que se trate tenga por objeto la producción agropecuaria mediante el uso de organismos genéticamente modificados de los cuales nuestro país sea centro de origen;

f) La obra o actividad de que se trate en un área natural protegida no sea acorde con su Programa de Manejo, y los objetivos y contenidos de su declaratoria;

g) La obra o actividad de que se trate represente un daño grave o irreversible al ambiente, de acuerdo con lo establecido en el principio de prevención, el principio precautorio, y demás disposiciones jurídicas aplicables, y

h). La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional del Agua, u otra dependencia del Ejecutivo Federal, emita su opinión en contra de la ejecución de dicha obra o actividad.

i) Se presenten diversas manifestaciones de impacto ambiental pertenecientes a un mismo proyecto fragmentado.

Corresponde a la Secretaría el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la evaluación del impacto ambiental y en caso de autorizarla de sus condicionantes. Sin perjuicio de ello, la Secretaría podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de lo condicionado.

La manifestación de impacto ambiental del proyecto o actividad caducará si una vez autorizado o aprobado el proyecto no se hubiera comenzado su ejecución en el plazo fijado. En tales casos, el promovente deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto, no pudiendo presentarse en más de dos ocasiones seguidas.

La Secretaría exigirá el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización .

La resolución de la Secretaría deberá considerar de manera integral los aspectos ambientales y de las salvaguardas que se señalan en el primer párrafo del artículo 28 y del artículo 28 Bis respectivamente, de las obras y actividades de que se trate.

La resolución de la Secretaría deberá ser puesta a disposición del público en general a través de la página electrónica de la Secretaría, la cual deberá ser de fácil acceso, a fin de que pueda ser consultada por cualquier persona.

8. Se propone reformar el artículo 35 Bis de la LGEEPA para ampliar el plazo de sesenta hasta noventa días en el procedimiento de la evaluación del impacto ambiental. La Secretaría podrá no resolver en los plazos propuestos, lo que significará que la autorización no ha sido otorgada, es decir, se entenderá negada, debiendo darse por concluido el trámite y el promovente tendrá que comenzar los trámites de nuevo.

Por todo lo anterior, se propone que el artículo 35 Bis de la LGEEPA, diga lo siguiente:

Artículo 35 Bis. La Secretaría dentro del plazo de noventa días hábiles contados a partir de la recepción de la manifestación de impacto ambiental deberá emitir la resolución correspondiente.

La Secretaría podrá solicitar aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido de la manifestación de impacto ambiental que le sea presentada, suspendiéndose el término que restare para concluir el procedimiento. En ningún caso la suspensión podrá exceder el plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que ésta sea declarada por la Secretaría, y siempre y cuando le sea entregada la información requerida.

Excepcionalmente, cuando por la complejidad y las dimensiones de una obra o actividad la Secretaría requiera de un plazo mayor para su evaluación, éste se podrá ampliar hasta por noventa días hábiles adicionales, siempre que se justifique conforme a lo dispuesto en el reglamento de la presente Ley. Si transcurrido este tiempo la autorización no ha sido otorgada, se entenderá negada, debiendo darse por concluido el trámite y el promovente tendrá que comenzar los trámites de nuevo.

9. Se propone reformar el primer párrafo del artículo 35 Bis 1 de la LGEEPA, para que las personas que presten servicios de impacto ambiental, deban registrarse en un padrón público elaborado por la Secretaria y sean responsables solidarios del promovente ante la Secretaría. Por todo lo anterior, se propone que el artículo 35 Bis 1 de la LGEEPA, diga lo siguiente:

Artículo 35 Bis 1. Las personas que presten servicios de impacto ambiental, deberán registrarse en un padrón público elaborado por la Secretaria y serán responsables solidarios del promovente ante la Secretaría de los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo que elaboren, quienes declararán bajo protesta de decir verdad que en ellos se incorporan las mejores técnicas y metodologías existentes, así como la información y medidas de prevención y mitigación más efectivas.

Asimismo, los informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo podrán ser presentados por los interesados, instituciones de investigación, colegios o asociaciones profesionales, en este caso la responsabilidad respecto del contenido del documento corresponderá a quien lo suscriba.

10. Se propone reformar el primer párrafo del artículo 35 Bis 3 de la LGEEPA, para que antes de otorgar la autorización de inicio de obra se deberá verificar que el responsable cuente con la autorización de impacto ambiental; las personas que presten servicios de impacto ambiental, deban registrarse en un padrón público elaborado por la Secretaria y sean responsables solidarios del promovente ante la Secretaría.

Además, se adiciona un tercer párrafo a este artículo 35 Bis 3, referente a que el incumplimiento u omisión de lo establecido en la presente sección por parte de un servidor público será objeto de responsabilidad, de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.

Por todo lo anterior, se propone que el artículo 35 Bis 3, diga lo siguiente:

Artículo 35 Bis 3. Cuando las obras o actividades señaladas en el artículo 28 de esta Ley requieran, además de la autorización en materia de impacto ambiental, contar con autorización de inicio de obra; antes de otorgar esta última se deberá verificar que el responsable cuente con la autorización de impacto ambiental expedida en términos de lo dispuesto en este ordenamiento.

Asimismo, la Secretaría, a solicitud del promovente, integrará a la autorización en materia de impacto ambiental, los demás permisos, licencias y autorizaciones de su competencia, que se requieran para la realización de las obras y actividades a que se refiere este artículo.

El incumplimiento u omisión de lo establecido en la presente sección por parte de un servidor público será objeto de responsabilidad, de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.

Comparativo de las modificaciones propuestas a la Ley GEEPA

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6 Fracción 1, Numeral I., 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración de este Pleno.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones con relación a la evaluación del impacto ambiental de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único. Se reforman el artículo 3o., el artículo 28, el artículo 30, el artículo 34, el artículo 35, el artículo 35 Bis, el primer párrafo del artículo 35 Bis 1, el primer párrafo del artículo 35 Bis 3; y se adicionan un artículo 28 Bis, el artículo 30 Bis, el artículo 30 Bis 1, un último párrafo al artículo 35 Bis 3, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. Actividades altamente riesgosas: Las actividades que implican la generación o manejo de sustancias con características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas para el equilibrio ecológico o el ambiente, tomando en cuenta el volumen de manejo y la ubicación del establecimiento respectivo, de acuerdo a la clasificación prevista en su reglamento y el listado de la norma oficial mexicana correspondiente.

XI. Daño grave al Medio Ambiente: Es la pérdida de uno o varios elementos ambientales, que afecta su estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema y es de tal magnitud que genera cambio perjudicial en las características físicas, químicas o biológicas del aire, tierra o agua pudiendo afectar nocivamente la vida humana o de otros seres vivos

XII. Daño irreversible al Medio Ambiente: Es aquel impacto o conjunto de actividades antropogénicas que afectan al ecosistema en tal magnitud que éste no puede ser revertido a su estado original, generando pérdida del ecosistema de forma definitiva, sin que exista la posibilidad de mitigación o reparación de la zona afectada.

XXVI. Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente;

XXVII. Medidas de mitigación: Conjunto de acciones protectoras o correctoras que deberá ejecutar el promovente para atenuar los impactos negativos o adversos y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización de una obra o actividad en cualquiera de sus etapas;

XXVIII. Medidas de compensación: Acciones que deberá de ejecutar el promovente para resarcir el deterioro ocasionado por la obra o actividad proyectada, en un elemento natural distinto al afectado, cuando no se pueda restablecer la situación anterior en el elemento afectado;

XXXII. Principio precautorio: Cuando exista peligro de daño ambiental grave o irreversible, la falta de certeza científica sobre ciertos procesos de tecnologías que representen algún riesgo para el Medio Ambiente y la salud pública, deberá utilizarse como razón para prohibir y/o en su caso detener definitivamente el proyecto hasta obtener medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente, siendo prioritaria la salvaguarda de los derechos humanos como el derecho a un medio ambiente sano y el derecho humano al agua .

Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento preventivo a través del cual la Secretaría realiza el conjunto de estudios y análisis técnicos, sistemáticos, reproducibles e interdisciplinarios con el objeto de asegurar la integración de los aspectos ambientales en las obras o actividades de que se trate mediante la incorporación de dicho procedimiento, para resolver la autorización o desecho de las obras o actividades sujetas a dicha evaluación.

La evaluación del impacto ambiental identificará, describirá, valorará, y evaluará de forma apropiada, en función de cada caso particular y de conformidad con esta Ley, los efectos directos e indirectos de obras o actividades sobre los siguientes factores:

a). El ser humano, la fauna y la flora;

b). El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje;

c). Los bienes materiales y el patrimonio cultural, y

d). La interacción entre los factores mencionados anteriormente.

Sólo podrán ser autorizadas de manera condicionada aquellas obras o actividades cuyo impacto ambiental no rebase los criterios, límites y umbrales legalmente establecidos, la capacidad de carga de los ecosistemas o comprometa la evolución y continuidad de los procesos naturales del sitio, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos adversos sobre el ambiente y la calidad de vida de las personas. Para ello, en los casos en que determine el reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:

I. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, puertos, marinas, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos geotermia y fractura hidráulica II. III...

IV-. Instalaciones de tratamiento, reciclaje, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radiactivos;

V. Aprovechamientos forestales en selvas y aquellos que afecten especies de difícil regeneración o enlistadas en alguna categoría de riesgo;

VI. IX...

X. Obras y actividades en humedales, arrecifes manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales;

XI. XIII...

XIV Actividades que utilicen bioenergéticos o modificaciones transgénicas a cultivos o semillas

El Reglamento de la presente Ley determinará las obras o actividades a que se refiere este artículo, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales significativos , negativos, acumulativos o sinérgicos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, y que por lo tanto no deban sujetarse al procedimiento de evaluación del impacto ambiental previsto en este ordenamiento.

Para los efectos a que se refiere la fracción XIII del presente artículo, la Secretaría notificará a los interesados su determinación para que sometan al procedimiento de evaluación del impacto ambiental la obra o actividad que corresponda, explicando las razones que lo justifiquen, con el propósito de que aquéllos presenten los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no mayor a diez días. Una vez recibida la documentación de los interesados, la Secretaría, en un plazo no mayor a treinta días, les comunicará si procede o no la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como la modalidad y el plazo para hacerlo.

Las condicionantes que se señalan en el tercer párrafo de éste artículo deberán estar orientadas en orden de prelación a prevenir, mitigar y en su caso compensar el impacto ambiental; así como preservar, mejorar y en su caso restaurar el equilibrio ecológico, además de evitar la generación de pasivos ambientales en la construcción, operación, clausura y posclausura de las obras o actividades a realizarse. En los casos en que, durante la construcción, operación, clausura y posclausura de las obras o actividades autorizadas se presentaran impactos ambientales adversos no previstos, la Secretaría deberá imponer condicionantes adicionales para prevenir, mitigar los daños al ambiente o restaurar el equilibrio ecológico e incluso exigir la presentación de una nueva evaluación del impacto ambiental.

Artículo 28 Bis. El procedimiento de evaluación del impacto ambiental deberá garantizar el respeto a las salvaguardas reconocidas por el derecho internacional, así como lo siguiente:

I. Consentimiento libre, previo e informado de ejidos, comunidades y pueblos indígenas;

II. Distribución equitativa de beneficios;

III. Certidumbre y respeto a los derechos de propiedad y posesión legítima y acceso a los recursos naturales de los propietarios y legítimos poseedores de la tierra;

IV. Inclusión y equidad territorial, cultural, social y de género;

V. Pluralidad y participación social;

VI. Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas;

VII. Reconocimiento y respeto a las formas de organización interna, y

VIII. Transversalidad, integralidad, coordinación y complementariedad entre políticas e instrumentos de los tres órdenes de gobierno.

Artículo 30. Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental en no más de dos ocasiones seguidas, la cual deberá contener, como mínimo y sin perjuicio de los requisitos que fije el Reglamento de la presente Ley, lo siguiente:

a) Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable de la manifestación o estudio de impacto ambiental;

b) Descripción detallada de la obra o actividad, que incluya información sobre su emplazamiento, diseño y tamaño, y vinculación con los ordenamientos jurídicos en materia ambiental y, en su caso, con la regulación sobre uso del suelo;

c) Descripción detallada del ecosistema o ecosistemas en que se desarrollará la obra o actividad, considerando el conjunto de los elementos que los conforman, señalando el estado de conservación que guardan, así como la problemática ambiental y las tendencias de desarrollo y deterioro de la zona;

d) Descripción de las especies de vida silvestre que se encuentren consideradas en alguna de las categorías de riesgo y que tengan su distribución natural dentro de los ecosistemas en que se desarrollará la obra o actividad;

e) Exposición y evaluación de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, o de no realización de la obra o actividad sujeta a evaluación del impacto ambiental, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales;

f) Identificación, descripción y evaluación de los impactos significativos o notables, positivos y negativos, directos e indirectos, simples, acumulativos y sinérgicos, durante las fases de construcción, operación y, en su caso, clausura y posclausura, sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, su incidencia sobre el cambio climático, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural. Asimismo, se atenderá a la interacción entre todos estos factores.

Cuando la obra o actividad pueda afectar directa o indirectamente a un área natural protegida federal o estatal se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el sitio teniendo en cuenta los objetivos de conservación del área;

g) Descripción de las medidas previstas para prevenir, mitigar, y, si fuera posible, compensar, los impactos compatibles, moderados, severos y críticos sobre el ambiente;

h) Un programa de monitoreo ambiental de las variables a controlar previo al inicio de la obra o actividad, durante las fases de construcción, operación, y en su caso clausura y posclausura;

i) Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan la información señalada en las fracciones anteriores, y

j) Un resumen no técnico de la información contemplada en las letras a) a j).

La información generada por el monitoreo ambiental en cada una de las etapas de la obra o actividad de que se trate, deberá presentarse inmediatamente ante la Secretaria, a fin de que sea verificada y en su caso observada. Esta información deberá ser pública en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás leyes aplicables.

Cuando las obras o actividades contenidas en la manifestación de impacto ambiental deban realizarse total o parcialmente dentro de una zona federal, los promoventes deberán adjuntar a la manifestación de impacto ambiental el correspondiente título de concesión para el uso o aprovechamiento de la zona federal expedido en su favor por la autoridad competente.

La Secretaría deberá publicar en su Gaceta Ecológica y en Internet, todas las solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental que le sean presentadas, así como las autorizaciones y sus condicionantes.

En ningún caso podrán entrar en operaciones las obras o actividades que no hayan cumplido la totalidad de las condicionantes establecidas por la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en este capítulo. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente vigilará en todo momento el exacto cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente durante la construcción, operación, clausura y posclausura de la obra o actividad de que se trate.

La Secretaría pondrá a disposición del promovente titular del proyecto los informes y cualquier otra documentación que obre en su poder cuando resulte de utilidad para la realización de la manifestación de impacto ambiental.

Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de la presente Ley, la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente.

Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se realizan modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, o durante su construcción, operación, clausura y posclausura, los interesados deberán hacerlas del conocimiento de la Secretaría, a fin de que ésta, en un plazo no mayor de diez días, les notifique si es necesaria la presentación de información adicional o una nueva manifestación de impacto ambiental, para evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en términos de lo dispuesto en esta Ley.

Los contenidos del informe preventivo, así como las características y las modalidades de las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo serán establecidos por el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 30 Bis. Quienes realicen obras o actividades, que se encuentren sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental señalado en esta Ley, deberán presentar a solicitud de la Secretaría incluida en la manifestación de impacto ambiental, un programa de restauración del paisaje, ecosistema, o área afectada por dichas labores. La Secretaría exigirá el seguro o la garantía suficiente, entre otros instrumentos económicos y mecanismos de financiamiento, para asegurar el cumplimento del mencionado programa.

La realización de obras y actividades a que se refieren las fracciones I, II, III, IV y VIII del artículo 28, requerirá de manera obligada la formulación y ejecución de un programa de restauración.

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el programa de restauración autorizado por la Secretaría conllevará a la aplicación de las medidas de control, seguridad y sanciones previstas a que se refiere esta Ley y demás legislación aplicable.

Artículo 30 Bis 1. En aquellas áreas degradadas como consecuencia de los impactos ambientales adversos de una obra o actividad, es el programa de restauración, el instrumento rector de planeación que establecerá las actividades y acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales.

El programa de restauración deberá incluir como mínimo los contenidos de las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 78 Bis referente a las declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración, así como el coste estimado de los trabajos de restauración.

Los elementos y procedimientos que se deben considerar al formular el programa de restauración serán establecidos por el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 34. Una vez que la Secretaría reciba en las delegaciones u oficinas centrales una manifestación de impacto ambiental iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de cinco días hábiles.

Los promoventes de la obra o actividad de que se trate podrán requerir que se mantenga en reserva la información que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, y la confidencialidad de la información comercial que aporte el interesado. En tal caso, siempre deberá asegurarse la difusión de los datos o informaciones necesarias para que las personas puedan identificar el sitio exacto donde se ejecutara dicha obra o actividad, los alcances del proyecto y los impactos ambientales previstos.

La Secretaría llevará a cabo una consulta pública, conforme a las siguientes bases:

I. Dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la fecha en que la Secretaría integre el expediente a que se refiere el párrafo anterior, l a Secretaría publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su Gaceta Ecológica, así como la manifestación de impacto ambiental deberá ser puesta a disposición del público en general a través de la página electrónica de la Secretaría, la cual deberá ser de fácil acceso, a fin de que pueda ser consultada por cualquier persona.

II. Cualquier interesado, dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de que la Secretaría ponga a disposición del público la manifestación de impacto ambiental en los términos de la fracción I, podrá proponer el establecimiento de medidas de prevención, mitigación y compensación adicionales, así como las observaciones que considere pertinentes;

III. Asimismo, el promovente deberá publicar a su costa, un extracto del proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de que se trate, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que sea puesta la manifestación de impacto ambiental a disposición del público en general a través de la página electrónica de la Secretaría. La Secretaría podrá resolver el negar la autorización solicitada o suspender el proceso de evaluación de presentarse incumplimiento no justificado por el promovente en la publicación del extracto de la obra o actividad. El procedimiento para dicha determinación será materia del Reglamento.

IV. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación señalada en la fracción I, cualquier interesado podrá solicitar que se lleve a cabo una reunión pública de información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate. La Secretaría, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, notificará al interesado su determinación de dar o no inicio a la reunión pública de información. En caso de que se determine realizar la reunión pública de información, la Secretaría emitirá la convocatoria dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la resolución de reunión pública de información, en la que expresará la fecha y lugar en que la reunión deberá verificarse. Dicha reunión pública de información será dentro de un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la resolución emitida para realizarla.

V. Sin el requerimiento de dicha solicitud, cuando se trate de obras o actividades comprendidas en las fracciones I, II, IV, VIII, IX y X del artículo 28 de esta Ley, así como aquellas obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves, daños a la salud pública, a los ecosistemas, al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, a la infiltración hídrica, o se afecten especies sujetas a alguna categoría de riesgo, corredores biológicos, terrenos forestales o preferentemente forestales de conformidad con lo que señale el Reglamento de la presente Ley, la Secretaría, en coordinación con las autoridades locales, deberá organizar una reunión pública de información. En este caso, la Secretaría emitirá la convocatoria en la que expresará la fecha y lugar en que la reunión deberá verificarse dentro de un plazo máximo de diez días hábiles a partir de que la Secretaría ponga a disposición del público la manifestación de impacto ambiental en los términos de la fracción I. Dicha reunión pública de información será dentro de un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la convocatoria emitida para realizarla.

VI. La reunión pública de información será organizada por la Secretaría en coordinación con las autoridades locales y los gastos serán a cargo del promovente. Toda reunión deberá celebrarse en la entidad federativa donde se pretenda llevar a cabo el proyecto.

VII. La Secretaría agregará y considerará las observaciones realizadas por los interesados al expediente respectivo, fundando y motivando técnica y jurídicamente, la aceptación o en su caso rechazo, y consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizada y los resultados de las observaciones que se hayan formulado.

Artículo 35. Durante el proceso de la evaluación del impacto ambiental de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28 la Secretaría, sujetándose a lo establecido en la presente Ley, su Reglamento, los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables, deberá valorar sus posibles efectos en el ambiente o los ecosistemas de que se trate, considerando el conjunto de elementos que los conforman y los posibles impactos ambientales previstos, y no únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación.

Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, tomando en cuenta el principio de prevención y el principio precautorio, la Secretaría emitirá, fundada y motivada, técnica y jurídicamente la resolución correspondiente en la que podrá:

I. Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos solicitados;

II. Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, solicitando la modificación del proyecto o el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales a las propuestas, a fin de que se eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, operación , clausura, posclausura y en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la Secretaría señalará los requerimientos que deban observarse en la realización de la obra o actividad prevista ; y se deberá contar con todos los estudios justificativos requeridos al promovente, que garanticen la viabilidad del proyecto antes de otorgar la autorización; o

III. Negar la autorización solicitada, cuando:

a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas aplicables;

b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies se incorporen a alguna categoría de riesgo o afecte de manera adversa a una especie ya considerada dentro de estas categorías;

c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate;

d) Existan estudios científicos que demuestren que la obra o actividad de que se trate pueda provocar graves impactos ambientales adversos;

e) La obra o actividad de que se trate tenga por objeto la producción agropecuaria mediante el uso de organismos genéticamente modificados de los cuales nuestro país sea centro de origen;

f) La obra o actividad de que se trate en un área natural protegida no sea acorde con su Programa de Manejo, y los objetivos y contenidos de su declaratoria;

g) La obra o actividad de que se trate represente un daño grave o irreversible al ambiente, de acuerdo con lo establecido en el principio de prevención, el principio precautorio, y demás disposiciones jurídicas aplicables, y

h). La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional del Agua, u otra dependencia del Ejecutivo Federal, emita su opinión en contra de la ejecución de dicha obra o actividad.

i) Se presenten diversas manifestaciones de impacto ambiental pertenecientes a un mismo proyecto fragmentado.

Corresponde a la Secretaría el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la evaluación del impacto ambiental y en caso de autorizarla de sus condicionantes. Sin perjuicio de ello, la Secretaría podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de lo condicionado.

La manifestación de impacto ambiental del proyecto o actividad caducará si una vez autorizado o aprobado el proyecto no se hubiera comenzado su ejecución en el plazo fijado. En tales casos, el promovente deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto, no pudiendo presentarse en más de dos ocasiones seguidas.

La Secretaría exigirá el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización .

La resolución de la Secretaría deberá considerar de manera integral los aspectos ambientales y de las salvaguardas que se señalan en el primer párrafo del artículo 28 y del artículo 28 Bis respectivamente, de las obras y actividades de que se trate.

La resolución de la Secretaría deberá ser puesta a disposición del público en general a través de la página electrónica de la Secretaría, la cual deberá ser de fácil acceso, a fin de que pueda ser consultada por cualquier persona.

Artículo 35 Bis. La Secretaría dentro del plazo de noventa días hábiles contados a partir de la recepción de la manifestación de impacto ambiental deberá emitir la resolución correspondiente.

La Secretaría podrá solicitar aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido de la manifestación de impacto ambiental que le sea presentada, suspendiéndose el término que restare para concluir el procedimiento. En ningún caso la suspensión podrá exceder el plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que ésta sea declarada por la Secretaría, y siempre y cuando le sea entregada la información requerida.

Excepcionalmente, cuando por la complejidad y las dimensiones de una obra o actividad la Secretaría requiera de un plazo mayor para su evaluación, éste se podrá ampliar hasta por noventa días hábiles adicionales, siempre que se justifique conforme a lo dispuesto en el reglamento de la presente Ley. Si transcurrido este tiempo la autorización no ha sido otorgada, se entenderá negada, debiendo darse por concluido el trámite y el promovente tendrá que comenzar los trámites de nuevo.

Artículo 35 Bis 1. Las personas que presten servicios de impacto ambiental, deberán registrarse en un padrón público elaborado por la Secretaria y serán responsables solidarios del promovente ante la Secretaría de los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo que elaboren, quienes declararán bajo protesta de decir verdad que en ellos se incorporan las mejores técnicas y metodologías existentes, así como la información y medidas de prevención y mitigación más efectivas.

Asimismo, los informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo podrán ser presentados por los interesados, instituciones de investigación, colegios o asociaciones profesionales, en este caso la responsabilidad respecto del contenido del documento corresponderá a quien lo suscriba.

Artículo 35 Bis 3. Cuando las obras o actividades señaladas en el artículo 28 de esta Ley requieran, además de la autorización en materia de impacto ambiental, contar con autorización de inicio de obra; antes de otorgar esta última se deberá verificar que el responsable cuente con la autorización de impacto ambiental expedida en términos de lo dispuesto en este ordenamiento.

...

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Con la entrada en vigor del presente decreto, el Poder Ejecutivo federal deberá revisar y modificar el reglamento de la Ley de General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental, en relación con los artículos que reglamenten las disposiciones legales modificadas, en un término que no exceda los 180 días naturales una vez que entre en vigor la presente iniciativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: María Guadalupe Almaguer Pardo, Verónica Beatriz Juárez Piña, José Guadalupe Aguilera Rojas, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de imprescriptibilidad del delito de corrupción, a cargo del diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de los artículos 107 Bis, 212 y 213 Bis, todos del Código Penal Federal, en materia de imprescriptibilidad del delito de corrupción, al tenor de la siguiente

Considerando que la corrupción es uno de los problemas nacionales, a los cuales se les atribuye costos, alcances e impactos en materia económica, de desarrollo social, política y en general, trasciende a la vida cotidiana de las personas, esto debido a la generación de un esquema social en donde producto de la práctica cotidiana de la corrupción, se generan ambientes en donde se distorsionan las condiciones de igualdad ante la ley y las posibilidades de acceder de forma lícita a mejores condiciones de vida. Es decir, que con la corrupción articulan condiciones de favoritismo, las cuales terminan por sostener el sistema que no ha permitido a nuestra sociedad y a quienes le integramos, desarrollarnos de manera armónica.

Según el Índice Global de Impunidad 2015, nuestro país se ubica el lugar número cinco de cincuenta y nueve, dentro de los países con niveles más altos de impunidad. Esto se refleja de manera concreta en la estadística que nos indica que 95 por ciento de los delitos de corrupción no son sancionados. Situación que patenta las deficiencias existentes en las leyes, el sistema judicial y las instituciones relacionadas con la imposición de sanciones. Esto al final conduce a un esquema en donde los servidores públicos y los participantes en los delitos, dadas las condiciones de impunidad imperantes ven un incentivo y no una limitación en el sistema entero de los esfuerzos en contra de la corrupción.

Aunado a lo anterior se tienen registros de la Organización Transparencia Internacional, en los cuales se tiene a México en el lugar 75 en materia de corrupción, superado por Nigeria y Etiopía. Y si bien es cierto, que el fenómeno no es privativo de nuestro país, en América Latina, ocupamos en peor sexto lugar, apenas por encima de Guatemala, Haití y Venezuela.

La más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que 91 por ciento de los mexicanos consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa y que la taza de víctimas de actos de corrupción en al menos un trámite con servidores públicos es de 14 mil por cada 100 mil habitantes. Por otro lado, el último Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno publicado por Transparencia Mexicana, se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares.

De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la corrupción en México, representa entre 5 y 10 por ciento del producto interno bruto (PIB), la mitad está relacionada con la corrupción de los servidores públicos y de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018, de Transparencia International (TI), nuestro país ocupa el lugar 138 de 180 países evaluados.

Este diagnóstico nos ubica en una realidad que, a pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción y la impunidad, estos persisten y el Poder Legislativo debe contribuir con las autoridades encargadas de sancionar los actos de corrupción actualizando el marco normativo para combatir con la deshonestidad de los servidores públicos. La iniciativa que hoy presento, tiene como objetivo evitar la impunidad en la comisión de delitos relacionados con actos de corrupción en el servicio público.

Como antecedente, en 2015 se publicó una reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, como instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes del gobierno. Adicionalmente, el Congreso de la Unión aprobó siete legislaciones secundarias para prevenir y combatir la corrupción: se crearon la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que establece las bases de coordinación del SNA, a nivel federal y local, así como las características del Sistema Nacional de Fiscalización y de la Plataforma Digital Nacional; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que detalla las responsabilidades administrativas y la obligación de los servidores públicos, de presentar declaraciones patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal; y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación para el combate de la corrupción.

Además, se reformaron sustancialmente la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que creó el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena; la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que dio pie a la creación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, como órgano autónomo para investigar y perseguir actos de corrupción; el Código Penal Federal, que establece las sanciones que serán acreditables a quienes cometan actos de corrupción: servidores públicos y particulares; y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que fortaleció a la Secretaría de la Función Pública para la prevención y combate de la corrupción.

El objetivo de esta serie de reformas a leyes secundarias, fue mejorar los mecanismos de combate a la corrupción a través de las siguientes estrategias: Primero, la coordinación. El Sistema Nacional Anticorrupción coordina a actores sociales y a autoridades de los distintos órdenes de gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Se crea un Comité Coordinador, encabezado por un ciudadano; también habrá un Comité de Participación Ciudadana, seleccionado por académicos reconocido. Segundo, la prevención. El Sistema Nacional Anticorrupción cuenta con diversos mecanismos que buscan prevenir los actos de corrupción: Códigos de Ética, protocolos de actuación y mecanismos de autorregulación.

Tercero, el control, el Sistema Nacional Anticorrupción establece diversos instrumentos que permiten una rendición de cuentas clara y efectiva: La Plataforma Digital Nacional, conformada por el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses; el Sistema Nacional de servidores públicos y particulares sancionados; el Sistema Nacional de Fiscalización; el directorio de servidores públicos que participan en contrataciones públicas y las denuncias públicas por faltas administrativas y hechos de corrupción. Y, finalmente, la sanción. Se establecen (en la Ley General de Responsabilidades Administrativas) los actos u omisiones en que pueden incurrir tanto servidores públicos como particulares: Faltas Administrativas Graves (competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) Faltas Administrativas no Graves y Actos de Particulares vinculados con Faltas Administrativas Graves.

Esta soberanía aprobó en este año decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa con el fin de ampliar el catálogo de delitos graves, incluyendo los delitos de corrupción realizados por servidores públicos, el cual fue publicado el 12 de abril de 2019.

Sin embargo, esta Legislatura no consideró un punto relevante: la imprescriptibilidad de los delitos relacionados con actos de corrupción, una medida necesaria para combatir a los gobernantes que desvíen o sustraigan para fines personales los recursos públicos a su disposición y que, en muchos casos, son protegidos por los gobernantes que los sustituyen.

En este sentido toma mayor valor el objetivo de esta reforma. Gamarra y Pérez consideran que en esta clase de delitos no debe existir barrera temporal alguna para llevar a cabo la persecución penal de los actos de corrupción, ya que la fundamentación de su prescripción radica más en razones de seguridad jurídica, que en consideraciones de estricta justicia material.

Para robustecer lo anterior, Horwitz (2006) afirma que los servidores públicos que cometen este tipo de delitos no deben ni pueden beneficiarse con límites temporales para su persecución y sanción; “Más aún, cuando tales delitos son perpetrados en el seno de un aparato organizado de poder (paradigmáticamente, la estructura estatal), sus autores actúan contando con la impunidad de tales ilícitos, la que se expresa, en el caso de la prescripción, como omisión de la persecución penal por parte del mismo aparato de poder cuyos miembros cometieron los delitos”.

Asimismo, debe eliminarse el restrictivo término legal de un año en el procedimiento para iniciar un procedimiento administrativo o de juicio político a los servidores públicos que hayan dejado su cargo establecido en las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de Responsabilidades Administrativas. Es imperativo que los funcionarios públicos que realicen acciones contrarias al pueblo y sus instituciones, sean enjuiciados en el momento en que se tenga conocimiento del hecho.

En esta iniciativa proponemos que el término legal para iniciar juicio político a servidores públicos pase de un año a siete, y que los procedimientos administrativos y las sanciones por faltas graves sean, también, imprescriptibles.

En Morena consideramos que nada ha hecho más daño en México que la deshonestidad de sus gobernantes. La corrupción de los servidores públicos es un flagelo que se enraizó y se extendió durante décadas y es un mal que no permite el sano desarrollo de las instituciones ni de la sociedad en general, atenta contra la democracia y es un obstáculo para combatir males como la pobreza, la falta de educación y salud.

Esta Legislatura tiene la obligación moral de cambiar y mejorar las estructuras legales para procesar a delincuentes. Pues como afirman Gamarra y Pérez, por la debilidad de las penas conminadas para los autores de delitos contra el patrimonio del Estado, la fuga de los involucrados y las demoras en los procesos penales (explicadas en parte por la actitud obstruccionista de los encausados y por la existencia de normas procesales inadecuadas para lidiar con actos complejos de corrupción), además de las formalidades de los tribunales que han limitado su acción, las investigaciones judiciales muchas veces son clausuradas vía la prescripción de los delitos y, sin duda, ello refuerza la sensación de impunidad y fomenta la reproducción de las prácticas corruptas.

Esta Legislatura, la legislatura del cambio verdadero, está obligada a realizar una transformación de las estructuras políticas y ordenamientos legales para beneficio de las futuras generaciones. Ese es el mandato por el que la gente acudió y votó en las urnas y ese es la esencia de esta la Cuarta Transformación.

Cuadro comparativo de la propuesta:

En atención a lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de los artículos 107 Bis, 212 y 213 bis, todos del Código Penal Federal

Artículo Único. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 107 Bis, se reforma el párrafo primero del artículo 212, se adiciona un párrafo primero, recorriendo el subsecuente al artículo 213 Bis, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 107 Bis. ...

...

...

En los delitos por hechos de corrupción establecidos en el título décimo del presente ordenamiento, la responsabilidad penal y el ejercicio de la acción penal serán imprescriptibles.

Artículo 212. Para los efectos de este título y el subsecuente, es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal centralizada o en las entidades federativas, municipios, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en el Poder Judicial federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente título, son aplicables a los gobernadores de los estados, a los diputados, a las legislaturas locales y a los magistrados de los tribunales de justicia locales, por la comisión de los delitos previstos en este título, en materia federal.

...

...

...

...

...

...

Artículo 213 Bis. La prescripción de la acción penal no aplicará en los delitos previstos en este título, cuando éstos sean cometidos por un servidor público, conforme a lo previsto en el artículo 212 de este ordenamiento.

Cuando los delitos a que se refieren los artículos 215, 219 y 222 del presente Código, sean cometidos por servidores públicos miembros de la Guardia Nacional, de alguna corporación policiaca, aduanera o migratoria, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Inegi. 2017. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG).

2 Transparencia Mexicana. 2010. Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG)

3 Albarrán Elizabeth. Corrupción le cuesta a México entre el 5 por ciento y 10 por ciento del PIB: OCDE. El economista. 22 de noviembre de 2018.

4 Transparencia Internacional. 2018. Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). En

https://www.transparency.org/

5 Gamarra Herrera, R. y Pérez Castañeda, J. La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. En

http://www4.congreso.gob.pe/

6 Horvitz Lennon, M. 2006. Amnistía y Prescripción en Causas sobre Violación de Derechos Humanos en Chile. En: Anuario de Derechos Humanos número 2

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.— Diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Sergio Fernando Ascencio Barba e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Sergio Fernando Ascencio Barba, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia del reducción y cálculo del impuesto sobre la renta, a efecto de fomentar la competitividad de las empresas mexicanas, estimular la generación y promover la actividad económica en México, conforme a la siguiente:

Nuestro país no ha logrado generar un entorno favorable que en el mediano plazo le signifique a México mayor inversión, crecimiento, generación de empleos y prosperidad de sus ciudadanos. Además, el panorama no resulta nada halagüeño en el corto plazo toda vez que se observa una reducción en los ingresos de la Federación y con ello una baja en el consumo interno que impacta negativamente en el gasto público y muchos programas y proyectos de inversión.

Con el propósito de incentivar la inversión privada, desde que se aplicó la reforma fiscal de 2014 nuestro grupo parlamentario ha trabajado de cara a revertir los efectos lesivos que hoy en día resultan mucho más graves como consecuencia del trabajo de un presidente que no ha sabido gobernar y aplicar las medidas de política pública y económica que permitan revertir los efectos en la economía y la sociedad.

La actual tasa del 30 por ciento ha demostrado ser ineficaz pues desincentiva la inversión, el desarrollo económico y la generación de empleos, además de que se suma a las tasas vigentes que hoy se pagan (10 por ciento) por retiro de utilidades en las empresas.

Su reducción conllevaría a que las empresas mexicanas puedan mejorar sus condiciones en términos de capacitación, tecnificación, rentabilidad, competitividad y en general, para darles certidumbre de seguir sus actividades y cumplir con sus obligaciones.

Al respecto, es imperativo señalar que en días pasados fue dado a conocer, que al menos suman 10 instituciones financieras, las que reducen el pronóstico de crecimiento de México, frente a la meta de 2.0 por ciento establecida por el gobierno federal.

Después de dar a conocer el dato preliminar del PIB del 2019, el cual presentó una contracción de 0.1 por ciento anual, varias instituciones en la materia han hecho pronunciamientos a la baja en relación al pronóstico de crecimiento para este año.

El martes 4 de febrero de este año, tanto Moody’s como los especialistas del sector privado, consultados por el Banco de México, apuntaron a la baja sus expectativas de crecimiento, dejando en duda que se cumpla la meta de crecimiento del 2.0 por ciento establecida por el Ejecutivo federal, en este segundo año de administración.

El primer ajuste, corresponde al publicado el 7 de enero del presente año en la encuesta de Citibanamex, que redujo su expectativa una décima, a 1.0 por ciento; le siguieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial bajo la tesitura de un panorama incierto, motivado por los claro oscuros entorno a las póliticas públicas de esta administración federal.

Por otra parte, en la encuesta de los los especialistas del sector privado, correspondiente al mes de enero de 2020, ajustó a la baja la previsión del crecimiento de la economía a 1.0 por ciento este año.

En días recientes, el Inegi dio a conocer con oportunidad la estimación del PIB en nuestro país, donde los datos apuntan a que actividad económica cerró con una contracción del 0.1 por ciento, en el primer año de gobierno del presidente Ándres Manuel López Obrador: la primera caída que se tiene registrada para un periodo similar desde el 2009, cuando el desplome fue de 5.0 por ciento ocasionado por la crisis financiera mundial.

La cifra definitiva del PIB será publicada el próximo 25 de febrero. En este orden de ideas los especialistas consultados por el Banco de México (Banxico) esperan que la contracción sea de 0.09 por ciento. En diciembre pasado, los analistas hacian nota un ligero crecimiento de 0.03 por ciento.

Por otro lado, es de suma importancia precisar que durante en el primer semestre de 2019, las exportaciones de nuestro país crecieron 3.7 por ciento; por lo que se puede afirmar que el sector exportador mexicano actúa como contrapeso, ante la contracción económica por la que atraviesa nuestro país, y es el que mantiene a flote a la economía mexicana.

En este orden de ideas, y a efecto de contrarrestar y aminorar el daño irremisible en la actividad económica, se infiere la necesidad de apuntalar y fortalecer el desempeño y competitividad de las empresas mexicanas, toda vez que las exportaciones ejercieron un efecto “amortiguador”, ya que durante en el primer semestre de 2019 las empresas mexicanas exportadoras fungieron como el principal motor de la economía de México; en tanto que el producto interno bruto (PIB) tuvo un crecimiento interanual de 0.3 por ciento, en la primera mitad del año, las exportaciones mexicanas se ubicaron en una tasa de 3.7 por ciento (diez veces más), durante ese mismo periodo, de acuerdo a los datos publicados por el Inegi.

En México, durante los últimos diez años, del 2008 al 2018, el crecimiento de las exportaciones de mercancías promedió una tasa anualizada de 4.5 por ciento, conforme a cifras publicadas por la Organización Mundial de Comercio. En esos mismos 10 años, el país mejoró su ranking, al pasar de la posición 17 a 14 entre las economías líderes en el comercio de productos y servicios del mundo.

Desde la perspectiva del PIB, la economía de México, con 1.1 billones de dólares, es la segunda más grande de América Latina y la decimoquinta economía más grande del mundo.

Nuestro país goza de una economía grande y diversificada que está vinculada con el exterior gracias a sus tratados comerciales con distintos países, y de inversión con Estados Unidos, nuestro vecino país del norte, y al día de hoy nuestro principal socio comercial.

El comercio internacional de nuestro país se ha visto reforzado por la amplia red de tratados comerciales. México cuenta con acuerdos preferenciales que se han convertido en un elemento cada vez más importante de su política comercial.

Al margen del T-MEC, antes TLCAN, el CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica [Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua]), el CPTPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica) y el acuerdo de asociación con la Unión Europea, México tiene acuerdos de libre comercio con Chile, Colombia, la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio), Israel, Japón, Panamá, Perú y Uruguay. México también participa en la Alianza del Pacífico con Chile, Colombia y Perú.

Como dato adicional, durante 2018, las exportaciones aumentaron a una tasa anual de 10 por ciento, como resultado de los incrementos de 29 y 8.9 por ciento de las exportaciones petroleras (sobre todo por un mayor precio) y no petroleras, respectivamente.

Entre las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos (que representan 79.5 por ciento del total exportado) crecieron a una tasa anual de 9.6 por ciento (producto de un mejor desempeño del sector industrial de ese país) y las canalizadas al resto del mundo a una tasa anual de 11.9 por ciento.

II. Argumentos que sustentan la presente iniciativa

Bajo este contexto, queda claro y evidente, que uno de los puntos clave para hacer frente a la contracción económica, que al día de hoy se vive en nuestro país, y ante los pronósticos poco favorables de crecimiento para los próximos años, es urgente el establecimiento de políticas públicas que promuevan la competitividad y mejoren el desempeño del sector empresarial mexicano, mediante una reducción del impuesto sobre la renta a personas morales, al pasar de una tasa del 30 al 20 por ciento, sin considerar las deducciones correspondientes.

Este ajuste en la tasa impositiva, se traduciría, por un lado, en el fomento a la competencia y eficiencia de las empresas mexicanas, además del crecimiento de su activo fijo; y, por otro lado, se estimularía la generación de empleos, con un efecto positivo en los ingresos que son captados a través de las empresas exportadoras de nuestro país, generandosé así un ciclo virtuoso en la economía nacional.

Con relación a lo antes dicho es preciso puntualizar que la contracción de la economía mexicana en 2019, no sólo afectó la generación de empleos formales, sino también la cantidad de nuevas empresas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dato que cayó a su nivel más bajo en cinco años, de acuerdo con datos publicados por esta última Institución.

La baja de patrones, ante el IMSS sumó 222 mil 926 personas en 2019, mientras que esta se contrarrestó por el reingreso de 246 mil 442 emprendedores, por lo que en términos netos se ubicó en 23 mil 516 nuevos registros en 2019, cifra 18.5 por ciento inferior a la de 2018, ubicándose en el nivel más bajo desde 2014.

Así los hechos, en México, de acuerdo con un estudio de la “think tank Tax Foundation”, la tasa impositiva en referencia que deben pagar las empresas tanto nacionales como extranjeras está por arriba del promedio internacional.

A la letra, el estudio detalló que, en 1980, esta tasa impositiva promedió aproximadamente 41 por ciento.

“ Desde entonces, los países han reconocido el impacto que las altas tasas impositivas corporativas tienen en las decisiones de inversión empresarial, de tal manera que en 2019 el promedio ahora es de 24 por ciento”.

Las empresas en México están obligadas a cubrir el pago de una tasa del impuesto sobre la renta (ISR) por arriba del 30 por ciento, en contraste con la de Estados Unidos, que después de implementar su reforma fiscal, y que entró en vigor en el 2018, tiene como cambió significativo la reducción de esta tasa impositiva de 35 a 21 por ciento, de tal manera que Estados Unidos se colocó dentro de las naciones con una tasa más atractiva para las empresas, además de que algunos especialistas en la materia prevén que México perderá atractivo ante esto, por lo que expertos e instituciones recomendaron impulsar una reforma en México lo antes posible.

Los Criterios Generales de Política Económica para 2020, elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dejaron ver que no habría una reforma fiscal en la primera mitad del sexenio de esta administración; no obstante, sugirió estar al pendiente de cualquier posible impacto de la reforma estadounidense sobre la economía mexicana.

Adicionalmente, “diversos estudios han identificado posibles canales de afectación como son un traslado de utilidades de empresas multinacionales, así como cambios en las decisiones de inversión”.

Esta asignatura es un tema en el que el Partido Acción Nacional ha insistido en las tres últimas legislaturas respecto de la necesidad de revertir los efectos negativos de la reforma fiscal de 2014.

Es importante hacer mención que históricamente nuestro país y los Estados Unidos de América económicamente venían creciendo bajo la misma tendencia, y coincidentemente, con una de tantas decisiones hechas por el titular del Ejecutivo federal, como fue la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), provocó una contracción de la actividad económica.

Fuente: Elaboración propia con cifras del Inegi

Con datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el nivel de recaudación del ISR en personas morales, en 2019 fue de 809,833 miles de millones de pesos, teniendo en cuenta que el país no creció.

El punto clave, es entonces lo que hubiera ocurrido si nos hubiéramos mantenido en niveles de crecimiento económico similares a los de EE.UU, que sumado a los niveles recaudatorios alcanzados arriba señalados, seguramente el impacto económico hubiese sido significativo; y los ingresos globales de la economía se ubicarían muy por arriba de los que hoy día se perciben.

La propuesta de esta iniciativa es estimular a las empresas mexicanas, con una disminución en la tasa del impuesto sobre la renta similar a la de EE.UU.

Como antes se ha mencionado, esta medida traería consigo elevar la competitividad y eficiencia de las empresas, estimular el empleo, aumentar el número de personas afiliadas al IMSS, y que, por ende, se generaría un aumento en los ingresos de esta última Institución, la presión presupuestal hacia el Insabi.

En concreto y de manera puntual, la presente iniciativa busca reducir la tasa del impuesto sobre la renta de 30 a 20 por ciento, tomando como punto de referencia la que tiene en la actualidad Estados Unidos, a efecto de competir en igualdad de circunstancias en los mercados internacionales.

Honorable asamblea, apreciables compañeros diputadas y diputados federales, los invito a que seamos conscientes y aprobemos esta medida fiscal, con la que estaremos fomentando la competitividad y eficiencia de las empresas en nuestro país y en el mundo, estimularemos el crecimiento de las exportaciones, promoveremos la generación de empleos, cuyo resultado final será un aumento en el nivel de ingresos por concepto de las ventas al exterior de la economía mexicana.

III. Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

IV. Propuesta

En mérito de lo antes señalado, someto a consideración del pleno de esta asamblea el proyecto de iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (isr), con el propósito de reducir el ISR a personas morales, sin considerar deducciones del 30 por ciento al 20 por ciento

Artículo Único. Se reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

...

Artículo 9. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 20 por ciento.

...

Único. La reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Ya-suman-10-instituciones-que-bajan-el -pronostico-de-crecimiento-de-Mexico-20200205-0017.html

2 https://www.eleconomista.com.mx/amp/empresas/Sector-exportador-mantiene-a-flote -la-economia-mexicana-20190801-0005.html

3 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/alta-de-nuevos-patrones-cae-minimo-de-5- anos

4 https://www.eleconomista.com.mx/amp/economia/Tasa-corporativa-mexicana-de-30-po r-arriba-del-promedio-mundial-20191212-0077.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: Sergio Fernando Ascencio Barba, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Elhier Cinta Rodríguez, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Martha Elisa González Estrada, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 11 y 14, y adiciona el 27 Bis a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, a cargo de la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Lourdes Érika Sánchez Martínez, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 14 y se adiciona un artículo 27 Bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

En México, hablar del concepto de feminicidios no es nuevo. El registro y tipificación de los asesinatos de mujeres por razones de género se remonta a unas cuantas décadas atrás e implican sentencias que se convirtieron en el parteaguas del reconocimiento de este delito como tal.

Aunque ya existían registros de muertes de mujeres con las características propias de un feminicidio, es hasta los años 90 que el tema se pone sobre la mesa con las decenas de cuerpos de mujeres que fueron encontrados en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los feminicidios en Ciudad Juárez, fenómeno mejor conocido como “Las muertas de Juárez”, ha sido una de las expresiones de violencia en contra de las mujeres más sentida por la sociedad, desde 1993 y hasta el año 2012 se contaba con una estimación de que el número de feminicidios ascendía a más de 700 mujeres asesinadas. Estos feminicidios han tenido la característica de que las víctimas son mujeres jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años, de escasos recursos y que han tenido que abandonar la educación básica para dedicarse al trabajo, principalmente actividades agrícolas. Además, estas mujeres han sido violadas y torturadas antes de arrebatarles la vida.

Es entonces cuando organismos nacionales e internacionales, comienzan a exigir a las autoridades protocolos de prevención, investigación y sanción con perspectiva de género.

Nuestro país ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tres veces por violencia y discriminación en contra de la mujer. Una de estas sentencias, Campo Algodonero, se convirtió en uno de los primeros impulsos para la tipificación del feminicidio.

El 6 de noviembre de 2001 fueron encontrados los cuerpos de Claudia Ivette González (20 años), Esmeralda Herrera Monreal (14 años) y Laura Berenice Ramos Monárrez (17 años) en un campo algodonero de Ciudad Juárez. De acuerdo con la sentencia (Caso González y otras Vs. México), las autoridades fallaron en el deber de aplicar correctamente los protocolos de identificación de los cuerpos e investigación de los crímenes.

Tras analizar las carpetas completas, la CoIDH determinó, el 16 de noviembre de 2009, que México era culpable de:

1. No garantizar la vida, integridad y libertad de las víctimas.

2. Impunidad en contra de las víctimas y sus familiares.

3. Discriminación en contra de las víctimas y familiares.

4. Violación al derecho de las menores de edad involucradas.

5. Violar la integridad de los familiares de las víctimas por los sufrimientos causados

6. Violar la integridad de los familiares de las víctimas por hostigamiento

Además, ordenó la reparación del daño para las víctimas y sus familias, la estandarización de protocolos y la creación de una base de datos sobre desapariciones y homicidios de mujeres.

Posterior a esta sentencia y como parte del cumplimiento de la misma, el 18 de febrero de 2004, a través de un decreto presidencial, se crea la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; con el objeto de coadyuvar en la prevención y erradicación de la violencia en esa ciudad, a través de mecanismos que garantizaran el respeto a los derechos humanos con una perspectiva de género y la promoción de una participación activa de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada, esta dependencia más tarde pasaría a convertirse en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres (Conavim).

En la suma de estos esfuerzos, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón se creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, esta fiscalía fue creada mediante el acuerdo A/024/08 el 31 de enero de 2008 por el entonces procurador general de la República, Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, misma que desapareció en el proceso de transición de la PGR a la FGR.

Entre las facultades atribuidas a la persona que tuviese la titularidad de esta fiscalía se encontraba la persecución de delitos federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres, así como los de trata de personas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Cabe resaltar que esta fiscalía estaba dotada de las facultades para llevar a cabo la coordinación con las instancias competentes, en la elaboración y ejecución de programas federales y locales para la prevención y erradicación de violencia contra las mujeres y la trata de personas, así como en el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones que los organismos internacionales realicen al Estado mexicano en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y la trata de personas.

Además, en el decreto en comento se plasmaba que, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, contará con los recursos humanos, materiales y financieros suficientes de acuerdo con las normas presupuestales aplicables.

Por ello, el primer avance para su reconocimiento aparece con la promulgación de la Ley General para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en 2007, con el reconocimiento legal de la “violencia feminicida”, que de acuerdo con esta “...es la forma extrema de violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres...”

En el mismo sentido la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo implementado por el gobierno de México con el fin de «enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado».

Abarca diversas acciones, como protocolos de investigación sobre feminicidios y programas destinados a la prevención, así como «reformas para eliminar la desigualdad en la legislación y política pública».

La AVGM se estableció en 2007 con la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De acuerdo con el artículo 25 de esa ley, la declaratoria de alerta de género corresponde al gobierno federal por medio de la Secretaría de Gobernación.? Este mecanismo se activa para alertar a las personas pertenecientes a instancias gubernamentales y a la población en general sobre la urgencia de detener los feminicidios, el acoso callejero, laboral, escolar o doméstico, la discriminación y la violencia que viven las mujeres mexicanas, con el propósito de garantizar una buena calidad de vida libre de desigualdades.

Para que el gobierno declare la alerta de género es necesario que sea solicitada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Este mecanismo fue declarado en dos estados: el estado de México y Morelos. En febrero de 2016, Jalisco declaró la alerta de acuerdo con su legislación estatal y no a la ley general.

Con el paso del tiempo se han ido abierto más espacios para que las mujeres podamos acceder de forma fehaciente a la justicia y por ello es de reconocer que una de las políticas públicas más exitosas que ha puesto en marcha la Conavim desde el 2010 ha sido la creación y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM).

Los CJM son el resultado de la suma de esfuerzos y recursos entre el Gobierno de la República, las entidades federativas y organizaciones de la sociedad civil, para la creación de espacios que concentran bajo un mismo techo servicios multidisciplinarios tales como:

1. Atención psicológica, jurídica y médica;

2. Albergues temporales;

3. Ludoteca con expertas/os en temas de desarrollo infantil; y

4. Talleres de empoderamiento social y económico para apoyar a las mujeres a salir del círculo de violencia.

Sin embargo, cabe recordar que la sentencia de “Campo Algodonero” exigía al estado Mexicano la creación y estandarización de protocolos para erradicar la violencia contra la mujer por lo que el 12 de julio del 2012 se modificó el Protocolo Alba, el cual contempla la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno comprometidos en la promoción y ejecución de actividades conducentes para la localización de mujeres con reporte de extravío.

El Protocolo Alba cuenta con un Grupo Técnico de Colaboración, el cual está conformado por diversas dependencias federales y locales, las cuales despliegan las acciones oportunas para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, y que continúa operando hasta su localización.

Los integrantes del Grupo Técnico de Colaboración del Protocolo Alba son: Secretaría de Seguridad Pública municipal a través de la Policía Municipal; Dirección de Tránsito; Policía Estatal Única; Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social (DIF); Secretaría de Seguridad Pública Federal, a través de la Policía Federal Estación Juárez, coordinación de Seguridad Regional, así como de los Centros de Respuesta Inmediata (CERI); Procuraduría General de la República a través Policía Federal Ministerial, Agregadurías, SEIDO y de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y Trata de Personas; Policía Rural y Comisarías Ejidales; Secretaría de Gobernación a través de la Conavim y del Instituto Nacional de Migración; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Relaciones Exteriores; consulados; Coordinadora de la Tarahumara y autoridades de grupos étnicos; instituciones policiales internacionales (FBI, ICE, US Marshall, Texas Ranger y Policías locales); Instituto Chihuahuense de la Mujer y la Aduana Fronteriza a través de sus Oficiales de Comercio Exterior (OCE).

El Conavim, en calidad de convocante de este grupo y encargada del seguimiento de acuerdos y acciones que emanan de las reuniones periódicas, ha facilitado la operatividad del mecanismo, así como la identificación de las necesidades que surgen en torno a la coordinación y cooperación interinstitucional.

A pesar de los esfuerzos llevado a cabo por la autoridad, estos no habían sido suficientes y la sentencia no se había cumplido de manera cabal, ante la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estandarizar los protocolos de actuación así como la creación de bases de datos sobre la violencia contra la mujer, fue necesario emprender acciones legislativas que permitieran identificar características propias de estos asesinatos y diferenciarlo de lo que hasta ese momento era un homicidio con agravante por lo que a nivel federal, el 14 de junio de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma que incorporó el delito de feminicidio en el Código Penal Federal.

Tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo habían emprendido las acciones necesarias para combatir los feminicidios y ante este escenario la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció por primera vez en la historia en materia de feminicidio el 25 de marzo de 2015 por la muerte violenta de Mariana Lima Buendía, ama de casa y pasante de derecho de 29 años.

El cuerpo de Mariana fue encontrado en la casa donde vivía con su esposo en Chimalhuacán, estado de México. De acuerdo con la declaración de éste, ella se suicidó colgándose en su cuarto. El caso se cerró solo con este testimonio.

Producto de la reforma en materia penal impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto comenzó la transición de la PGR a la Fiscalía General de la República. El 11 de diciembre de 2018 durante la discusión para la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República presenté una reserva para la creación de una fiscalía especializada en delitos contra la mujer, una especializada en tata de personas y otra centrada en secuestros, dichas propuestas fueron desechadas por la mayoría parlamentaria al generar impacto presupuestal.

A casi una década de su existencia del tipo de feminicidio todavía se cuestiona su existencia cuando solo en 2019 casi 3 mil mujeres muertas, más de mil casos tipificados como feminicidio y el aumento del 137 por ciento en este delito. No hacen falta más ejemplos para mantener el tipo penal de feminicidio, y estamos convencidas de que su existencia visibiliza la violencia que sufrimos y nos enruta hacia su erradicación.

El delito de feminicidio como sabe es una de las conquistas más significativas en la lucha para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer en el mundo, tiene una carga jurídica fuerte, clara y sustentada en recomendaciones, convenciones, protocolos, modelos e instrumentos internacionales y nacionales, acompañada de agravantes de odio, elementos de género y por supuesto un dolo directo para con la víctima.

El 11 de febrero de 2020 el Fiscal General de la República, Gertz Manero, se reunió con el Grupo Plural para la Agenda de Igualdad Sustantiva de esta Cámara de Diputados, donde diputadas de todos los grupos parlamentarios se manifestaron a favor de fortalecer las instituciones, el tipo penal de feminicidio, así como la recuperación de una fiscalía especializada que conozca de este tipo de delitos.

El artículo 325 del Código Penal Federal señala que:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Si analizamos este tipo de acuerdo con la teoría del delito y sus elementos típicos podemos observar que la configuración de este tipo es bastante sencilla. Cuando exista alguna de las causales citadas en el tipo penal se configura automáticamente la tipicidad, luego entonces esto nos habla más de la misoginia y falta de sensibilidad que se vive en las instancias operadoras del sistema de administración de justicia mexicano.

Esta administración se ha caracterizado por bloquear y rechazar cualquier propuesta que genere algún impacto presupuestal adicional al ya aprobado, sin embargo, para el ejercicio fiscal 2020 de la Fiscalía General de la República, en clasificación administrativa, donde se ubica la Unidad Responsable con clave 601 Fiscalía Especial para la atención de delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, se llevó a cabo la autorización de 66.2 millones de pesos por parte de esta soberanía.

Además, existe un monto de 300.0 millones de pesos aprobador para la UR “Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, la cual se ubica en el Ramo 04 “Gobernación” función “Justicia” de la finalidad “Gobierno”.

A manera de ejemplo podemos señalar que el estado de Oaxaca existe la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género cuyo objetivo es “brindar a las mujeres víctimas de delito por razón de género una procuración de justicia pronta, completa, eficaz, imparcial, gratuita, igualitaria y de confianza; combatiendo este tipo de delitos y la impunidad para lograr una sociedad libre de violencia contra las mujeres.”

Como experiencia regional en América Latina, podemos encontrar el caso boliviano con la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP) que es una instancia dependiente del Ministerio Público creada con el objetivo de ejercer persecución penal especializada de hechos por delitos previstos en la Ley número 263, “Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas”, y la Ley número 348, “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”. La FEVAP está conformada por fiscales de materia especializados para la atención de casos con víctimas. Funciona en las nueve fiscalías departamentales.

En Brasil existe la Procuraduría Federal de Derechos de los Ciudadanos que tiene un área específica vinculada con los derechos de la mujer.

Los objetivos estratégicos de esta área son:

1.- Garantizar el respeto de los derechos de la mujer, centrándose en el derecho a la no discriminación, la prevención de las formas de violencia, la igualdad de género y la perspectiva de la interdependencia de los derechos;

2.- Contar con información actualizada sobre los resultados de los controles y evaluaciones de políticas públicas para promover y proteger los derechos de la mujer, gubernamentales y no gubernamentales, ser subvenciones correspondientes a las decisiones de acción;

3.- Coordinar las acciones del MPF relacionados con la igualdad y la no discriminación en la contratación pública, el acceso a la función pública, en los medios de comunicación;

4.- Interactuar con las organizaciones que trabajan en las mujeres, agencias gubernamentales y organizaciones internacionales, el apoyo a las acciones y campañas de abordar todas las formas de violencia contra la mujer;

5.- Reconocer y valorar la importancia y el papel de los movimientos y organizaciones en favor de los derechos de la mujer;

6.- Revelar la Ley Maria da Penha y tratar de contribuir a la mejora de la atención a las mujeres en situación de violencia.

Chile siempre ha sido un referente en cuando al desarrollo de políticas públicas principalmente en el área de los derechos humanos y sociales, y cuentan con la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional en cuyas facultades se enmarcan en el área de asesorías, análisis, coordinación, capacitación, elaboración y difusión en materias de la especialidad. La Unidad asesora y colabora al Fiscal Nacional en las materias de su competencia. Asimismo, la USEXVIF asesora y colabora con los fiscales que tengan a su cargo la dirección de la investigación en delitos sexuales y de violencia intrafamiliar.

Para reforzar el caso latinoamericano podemos analizar la experiencia en España con la Fiscalía Especialista en Violencia contra la Mujer que es uno de los instrumentos encaminados a fortalecer y garantizar el vigente marco penal y procesal de protección, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ha creado la figura del «fiscal contra la violencia sobre la mujer» como delegado del fiscal general del estado, y en las fiscalías territoriales ha creado asimismo la «Sección contra la violencia sobre la mujer», que intervienen en las materias y procedimientos penales y civiles que conozcan los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

La sección contra la Violencia estará integrada por un fiscal delegado de la jefatura, que “asume las funciones de dirección y coordinación que específicamente le son encomendadas”, y los fiscales adscritos que se determinen pertenecientes a las respectivas plantillas La creación de la figura del fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer representa un avance importante en la aportación del Ministerio Fiscal en la lucha contra delincuencia que tan nocivos efectos despliega en el círculo de sus víctimas. Se pretende lograrlo con la intensidad que permite la posición central del fiscal general del Estado, pero con la flexibilidad de su articulación mediante un fiscal delegado que a nivel estatal se encargará de supervisar y coordinar la actuación de las secciones contra la violencia sobre la mujer de todas las fiscalías.

Países como Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. También cuentan con áreas especializadas para conocer de este tipo de delitos.

En el ámbito Local tenemos que diversas entidades ya cuentan con su fiscalía, estableciéndola de la manera siguiente:

• Coahuila: Quien cuenta con una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos en agravio de Mujeres.

• Campeche, quien creo una Fiscalía Especializada de Delitos de Trata de Personas y Feminicidios.

• Colima tiene una Fiscalía Especializada en Delitos por razones de Género y Trata de Personas.

• Estado de México, éste no sólo cuenta con una Subprocuraduría para la Atención de Delitos vinculados a la Violencia de Género, sino que la misma cuenta con direcciones en materia de feminicidio, mujeres desaparecidas, ausentes o extraviadas y trata de personas.

• Hidalgo, cuenta con su Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Género.

• Chipas, que cuenta con una Fiscalía de la Mujer y otra para atender la trata de personas.

• Quintana Roo cuenta con una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razones de Género.

• Veracruz, cuenta con una Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas.

• Nuevo León también tiene su Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer.

• Puebla tiene su Fiscalía Especializada de Atención de Delitos de Género.

• Oaxaca, estado en el cual se instó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género.

• Zacatecas, quien tiene una Fiscalía Especializada de Delitos contra las Mujeres por razones de Género.

Por lo anterior en la presente iniciativa propongo una modificación a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Cometidos por Razón de Género ya que está institución vendría a fortalecer el trabajo de persecución de este tipo de delitos por estar facultada explícitamente para la conducción legal de la investigación y el ejercicio de la acción penal en los casos de los delitos cometidos en contra de cualquier persona que haya sido víctima de violencia física, verbal, psicológica y otra manifestación por razón de género y vulnera el libre desarrollo de la personalidad.

Ante esta propuesta es necesario recordar que la Organización Mundial de la Salud define al género como:

El género se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias. El género es también producto de las relaciones entre las personas y puede reflejar la distribución de poder entre ellas. No es un concepto estático, sino que cambia con el tiempo y del lugar. Cuando las personas o los grupos no se ajustan a las normas (incluidos los conceptos de masculinidad o feminidad), los roles, las responsabilidades o las relaciones relacionadas con el género, suelen ser objeto de estigmatización, exclusión social y discriminación, todo lo cual puede afectar negativamente a la salud. El género interactúa con el sexo biológico, pero es un concepto distinto.

Por lo que la propuesta de esta fiscalía especializada además de atender los delitos contra la mujer estará facultada para investigar y perseguir cualquier delito cometido en contra de cualquier persona siempre y cuando exista un elemento de género que haya propiciado los hechos, de esta manera también podrán ser protegidas las mujeres transgénero y transexuales que según el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación son las más discriminadas en México y, por tal situación México, se posiciona como el segundo país con mayor índice de transfeminicidio en América Latina según datos de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Es importante señalar que todas las mujeres somos víctimas de una violencia sistemática y por lo tanto la necesidad de puntualizar la necesidad de que exista una institución especializada que conozca de los delitos de odio generados por razón de género.

Para reforzar todo lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente cuadro comparativo con las modificaciones propuestas:

Debido a lo antes expuesto y fundado, presento a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 11 y 14 y se adiciona un artículo 27 Bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

Único. Se reforman los artículos 11 y 14 y se adiciona un artículo 27 Bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 11...

I...

II. Titulares de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Cometidos por Razón de Género, de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos;

III. a VI...

Artículo 14. De la estructura de la Fiscalía General de la República La Fiscalía General de la República tendrá la siguiente estructura:

I. a III...

IV. Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Cometidos por Razón de Género;

V. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales;

VI. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;

VII. Fiscalía Especializada de Asuntos Internos;

VIII. Coordinación de Investigación y Persecución Penal;

IX. Coordinación de Métodos de Investigación;

X. Coordinación de Planeación y Administración;

XI.Órgano Interno de Control;

XII. Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera;

XIII.Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y

XIV. Las Fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General, a través de acuerdos generales, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento, y acorde con el Plan de Persecución Penal.

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 27 Bis. Funciones de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Cometidos por Razón de Género.

La Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Cometidos por Razón de Género estará a cargo de la conducción legal de la investigación y el ejercicio de la acción penal en los casos de los delitos cometidos en contra de cualquier persona que haya sido víctima de violencia física, verbal, psicológica u otra manifestación por razón de género y vulnere el libre desarrollo de la personalidad.

La Fiscalía Especializada podrá conocer, por atracción, casos del fuero común o por derivación de otras unidades fiscales al interior de la Fiscalía General de la República, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes generales y especiales.

La Fiscalía Especializada impulsará mecanismos de cooperación y colaboración con las autoridades federales, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas facultades, para la prevención de delitos cometidos por razón de género.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Cometidos por Razón de Género, comenzará a operar gradualmente con los recursos disponibles para la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, hasta en tanto la Cámara de Diputados autorice un presupuesto etiquetado para el ejercicio fiscal de 2021 para su operación.

Notas

1 Álvarez Díaz, Jorge Alberto, y “Las muertas de Juárez. Bioética, género, poder e injusticia.” Acta Bioethica IX, número 2 (2003): 219-228. Redalyc,

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55490208 19 de febrero de 2020

2 Ibídem.

3 Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México.

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.p df 17 de febrero de 2020

4 Ibídem

5 Decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,

https://web.archive.org/web/20120112233550/

http://normateca.gob.mx/Archivos/32_D_2063_04-06-2009.pdf 19 de febrero de 2020.

6 Acuerdo A/024/08 mediante el cual se crea la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

7 Acuerdo A/024/08 mediante el cual se crea la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5029276&fecha =31/01/2008 19 de febrero de 2020.

8 Ibídem

9 Ibídem

10 Comunicado de prensa número 592/1921 de noviembre de 2019. Páginas 25/28,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/201 9/Violencia2019_Nal.pdf, 19 de febrero de 2020.

11 «Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia». Diario Oficial de la Federación. 1 de febrero de 2007. Archivado desde el original el 21 de abril de 2016. 19 de febrero de 2020.

12 Centros de Justicia para las Mujeres,

https://www.gob.mx/conavim/documentos/centros-de-justicia-para- las-mujeres-23094 19 de febrero de 2020.

13 ¿Sabes qué es el Protocolo Alba?,

https://www.gob.mx/conavim/acciones-y-programas/sabes-que-es-el -protocolo-alba, 19 de febrero de 2020.

14 Diligencias para investigar un caso de feminicidio con perspectiva de género. Caso Mariana Lima,

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad/sentencias /documento/2017-08/PENAL%20II%20%28NACIONAL%29.pdf, 17 de febrero de 2020.

15 Diputada Lourdes Sánchez (PRI), reservas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República,

https://www.youtube.com/watch?v=2Xw-DU5toKA&t=126s, 17 de febrero de 2020.

16 Gertz Manero plantea a diputadas trabajar en conjunto reforma sobre feminicidio,

https://politica.expansion.mx/congreso/2020/02/11/gertz-manero- plantea-a-diputadas-trabajar-en-conjunto-reforma-sobre-feminicidio, 19 de febrero de 2020.

17 Código Penal Federal,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_240120.pdf, 17 de febrero de 2020.

18 CEFP / IFO / 074 / 2020, Presupuesto aprobado para la Fiscalía General de la República, el cual incorpora los recursos asignados a la UR 601 Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

19 Ibídem.

20 Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género,

http://fge.oaxaca.gob.mx/index.php/fiscalia-delitos-contra-muje r# 17 de febrero de 2020.

21 Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas de Atención Prioritariam

https://www.fiscalia.gob.bowebfiscalia/index.php/icons/fevap 19 de febrero de 2020

22 Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano,

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/pfdc/temas 19 de febrero de 2020.

23 Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar,

http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/areas/intra-unidad.jsp 19 de febrero de 2020.

24 Fiscalía Especialista en Violencia sobre la Mujer,

https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscal_especiali sta/violencia_sobre_mujer/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzc HT3dDBzdjc2dnf19DQwMzIAKIlEU-FiAFHgGO5l6eBhbBJmg6UeRNgmF6TfAARwNCNkfrh9FSEkUPjf 4-xFQAPYDWAEeRxbkhkYYZHqmAwAyZuQJ/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 19 de febrero de 2020.

25 Ibídem.

26 Mapa Interactivo Regional,

https://www.mpf.gob.ar/ufem/910-2/ 19 de febrero de 2020.

27 Género y salud,

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender 17 de febrero de 2020.

28 Mujeres transexuales son las más discriminadas en México,

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id =6034&id_opcion=&op=447 17 de febrero de 2020.

29 México, segundo país con mayor índice de transfeminicidio en América Latina,

http://www.cua.uam.mx/news/miscelanea/mexico-segundo-pais-con-m ayor-indice-de-transfeminicidio-en-america-latina 17 de febrero de 2020

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2020.— Diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Manuel López Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Manuel López Castillo, diputado federal en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea Legislativa de lo federal la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de respeto al derecho constitucional del imputado a declarar o guardar silencio, al tenor de la siguiente

El Ministerio Público como ente garante en el proceso penal

En la reforma constitucional en materia penal de 2008, se le otorgo un enfoque novedoso y necesario en su naturaleza orgánica al Ministerio Público (MP), paso de ser una institución de pesquisa delictiva, a ser un organismo de salvaguarde de los derechos de las partes intervinientes en el Proceso Penal, y ser la institución más importante en la protección y/o garantía de los bienes jurídicos tutelados en las leyes penales.

Este cambio en la percepción del MP es sumamente necesario, ya que la imagen que trae aparejada esta institución es de corrupción, y bueno la práctica a veces nos da la razón, sin embargo, se debe evolucionar en la medida en que esta concepción desaparezca, hecho que obliga a las propias fiscalías a conducirse de manera jurídica.

Tal y como comenta Hidalgo Murillo, el Ministerio Público fue pensado como una institución protectora de los derechos humanos, y no se ignora el hecho de que el mismo fue creado para proteger la esfera de aplicación del derecho penal, incluyendo los derechos humanos consagrados en la ley suprema.

El MP en su estructura legislativa y practica debe salvaguardar a la víctima u ofendido, y coadyuvar al descubrimiento de la verdad para que se pueda sancionar el hecho ilícito que afecto el bien jurídico tutelado, por otra parte, también es su obligación proteger los derechos inherentes a los imputados sometidos a proceso penal, que dejando a un lado los prejuicios y siendo estrictamente apegados a derecho, no dejan de ser sujetos de derechos humanos.

Derecho del imputado a declarar o guardar silencio

Históricamente podemos remontar como antecedente de las primeras luces de esta prerrogativa al caso de John Lilburne y la sentencia de la Corte Británica - Star Chamber, es preciso contextualizar que en dicha época la obligación de responder a un interrogatorio judicial era ampliamente generalizada, no fue hasta el año 1641 la Cámara de los Comunes, del 4 de mayo, resolvió que “la sentencia de la Star Chamber contra John Lilburne es ilegal, y contraria a la libertad de la persona; y también sangrienta, cruel, malvada, bárbara y tiránica”, es decir, nadie está obligado a proceder en su propio perjuicio, instituyendo de igual forma, que cada persona pueda “callar”.

En Francia, las Ordenanzas de agosto de 1536 y 1539 permitieron el ejercicio constante del interrogatorio como medio de prueba, que se erigió definitivamente en la Ordenanza de 1670, que reserva un título entero a reglamentar la práctica del interrogatorio. Posteriormente, por medio de un Edicto Real de 1788 y gracias a la presión popular, se vetó la tortura como medio para obtener la confesión y detectar a los cómplices, y en octubre de 1789 se proscribió el juramento del indagado.

En México, nuestra Carta Magna incluye la denominada garantía de no autoincriminación, hoy en día, el dere-cho al silencio, en su numeral 20. Para García Ramírez puntualiza que el derecho al silencio se incluye dentro del marco jurídico mexicano a raíz de la reforma 1993 ya que trasciende más allá de la mera no autoincriminacio?n, exponiendo que el texto anterior del artículo 20 establecía que el entonces denominado inculpado: “no podrá ser obligado a declarar en su contra”,resultando pues en la eliminación de la frase “en su contra”, quedando la fórmula jurídica en salva guardar únicamente a no ser obligado a declarar, lisa y llanamente.

En el ámbito internacional, encontramos esta prerrogativa con los artículos 14.3, inciso g) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2, inciso g) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

También como indicador orientador lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al establecer que la no autoincriminación “es un derecho específico de la garantía genérica de defensa que supone la libertad del inculpado para declarar o no, sin que de su pasividad oral o escrita se infiera su culpabilidad, es decir, sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos ilícitos que le son imputados”, de tal manera que “el derecho de no autoincriminación debe ser entendido como el derecho que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar, ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan; razón por la cual se prohíben la incomunicación, la intimidación y la tortura e, incluso, se especifica que la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del Juez, o ante éstos sin la presencia de su defensor, carecerá de valor probatorio”.

De tal forma podemos concluir que el derecho humano consagrado en instrumentos internacionales y en nuestra Constitución se constituye como el derecho que le asiste a toda persona imputada a:

• No colaborar con su propia condena (Autoincriminarse)

• O de decidir voluntariamente si le place introducir información al proceso penal. Observemos lo elemental del componente de la voluntariedad dentro de este Derecho Humano.

Planteamiento de problema

El artículo 129 de la ley adjetiva penal establece lo siguiente:

“Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia

La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso.

Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código.

Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación.

El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención.”

El párrafo cuarto del artículo 129 del CNPP, no se ajusta a lo establecido en nuestra Carta Magna, puesto que trasgrede diversos derechos procesales del imputado y atenta contra garantías indispensables. Lo primero y razón de este instrumento legislativo, es que contraviene lo establecido en el artículo 20, fracción II de la Constitución, que a la letra de la norma sostiene lo siguiente:

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. ...

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; ...”

La cuarta porción normativa del 129 sostiene que el MP “podrá ordenar” la declaración del imputado cuando considere que es esencial para esclarecer hechos del delito y la participación del supuesto sujeto activo, hecho totalmente desatinado ya que nuestra Constitución indica que uno de sus derechos es el de declarar o “guardar silencio”, asimismo, se pretende justificar en este supuesto que el ordenar la declaración es legal siempre y cuando sea realizada en presencia del Defensor, pues no, ni estando la defensa se pude considerar jurídicamente correcto.

Otra problemática que se plantea es que, de procederse conforme a lo esgrimido por el 129 estamos trasgrediendo el derecho a la defensa del imputado y a su vez, violentamos el artículo 14 de la Constitución:

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

Al ordenar la declaración el MP priva de uno de sus derechos al imputado, siendo así que, es totalmente factible señalar la violación al 14 constitucional, además de que no existe autorización o declarativa por parte de órgano jurisdiccional competente para realizar dicho acto.

Por otra parte, Pérez Loyo al reconocer las violaciones mencionadas en párrafos anteriores, también estima que se trasgrede el debido proceso del imputado, conllevando a la violación del artículo primero constitucional en sus párrafos primero y tercero:

“ En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

...

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Ante tales consideraciones, se propone reformar el párrafo cuarto del artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales en términos siguientes:

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de las y los legisladores que integran esta soberanía, el siguiente:

Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Único. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se adiciona un párrafo quinto al mismo, para quedar como sigue:

Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia

...

...

...

Cuando el Ministerio Público considere relevante la declaración del imputado para el esclarecimiento de la existencia del hecho delictivo y su probable participación o intervención, podrá solicitar previa autorización del Juez de control la comparecencia del imputado acompañado de su Defensor, a efecto de hacer de su conocimiento si desea o no realizar su declaración.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Murillo, J. (2017). Ministerio Publico en el Proceso Acusatorio. En Los Sujetos del Proceso Acusatorio (p.475). México: Editorial Flores.

2 Ferrajoli, L, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trota, Madrid, 2000, p. 608.

3 García Ramírez, Sergio, El nuevo procedimiento penal mexicano. La reforma 1993-1994, México, Porrúa, 1994, p. 79.

4 Pérez, E. (2016). Inconstitucionalidad del artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En Inconstitucionalidades e incongruencias del Código Nacional de Procedimientos Penales (pp. 6-7). México: Editorial Flores.

Dado en la Ciudad de México, a 18 de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: Manuel López Castillo, Emanuel Reyes Carmona, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Juan Humberto Pérez Bernabe, Beatriz Dominga Pérez López (rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas, suscrita por la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o. fracción IX, 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas, al tenor de la siguiente:

Considerando que 17 estados de la República Mexicana poseen costas y que 156 municipios presentan frente litoral, a lo cual se suma la superficie insular que es de 5,127 kilómetros cuadrados (INEGI, 2009). De este modo, la longitud de costa del país, sin contar la correspondiente a las islas, es de 7,828 kilómetros. en el litoral del Pacífico y Mar de Cortés y 3,294 kilómetros. en el Golfo de México y Mar Caribe, para un total de 11,122 kilómetros.

Que, a lo largo de sus costas, México cuenta con 117 puertos y terminales habilitadas. No obstante, el 67 por ciento del movimiento de carga está concentrado en 16 puertos comerciales, de los cuales los más importantes: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz, operan el 96 por ciento de la carga contenerizada.

Que con 48 puertos, 27 de ellos en el litoral del Pacifico y Mar de Cortés y 21 en el Golfo de México y Mar Caribe, y un movimiento de mercancías y pasajeros, este sector, junto con el turismo y la actividad maquiladora, son los de mayor crecimiento en las zonas costeras en los últimos años, se espera que para el año 2022 se manejen en los puertos mexicanos alrededor de 360 millones de toneladas de carga, que se muevan aproximadamente 29 millones de pasajeros asociados al arribo de 5,300 cruceros, que se manejen 8.3 millones de contenedores, y que opere un flujo de vehículos automotores del orden de 2.3 millones de unidades. Esta tendencia tendrá efectos en actividades asociadas, como el transporte terrestre y el almacenamiento de mercancías.

Que el litoral mexicano representa un valor estratégico para México ya que en sus zonas costeras se desarrollan las principales actividades productivas del país. Sin embargo, su potencial económico y de sustentabilidad ambiental se encuentra en riesgo debido a la falta de una regulación que asegure la defensa de sus recursos naturales, el aprovechamiento sustentable y estratégico de las costas, la protección del ambiente, la prevención de desastres, la coordinación de las diferentes instancias gubernamentales y la garantía de los derechos de sus habitantes, visitantes, inversionistas y demás personas con intereses asociados a las zonas costeras.

Que la población de los estados costeros en el año 2005 fue de 47 millones 344 mil 698 habitantes, que para el año 2030 se espera que aumenten a 55 millones (CONAPO, 2006). Que en los 156 municipios con apertura al litoral vivían, en ese año, 15.9 millones de personas y considerando los 113 municipios con influencia costera alta y media el número de pobladores ascendía a 20.3 millones.

Que el 90 por ciento de la superficie del océano tiene una productividad similar a la de un desierto, y la mayor productividad se concentra en la zona costera. Que el 80 por ciento de la pesca mundial se realiza en esta zona y el 70 por ciento de las especies viven durante o parte de su ciclo de vida en humedales costeros como lagunas costeras, estuarios, deltas, manglares y marismas. Por su elevada productividad los manglares sostienen una rica y abundante diversidad de peces, crustáceos, moluscos, aves y otros organismos. Por cada hectárea de manglar destruido se pierden aproximadamente 800 kilogramos de pescado y camarón al año.

Que se requiere que un tercio del país considere a las costas como un motivo de identidad, orgullo y realización y que por ello se requiere instrumentar una estrategia nacional que reconozca a las zonas costeras como lugares en el que se forja un destino común en los que todos, federación, estados y municipios costeros, instituciones públicas, inversionistas, sectores industriales, universidades y centros de investigación, sociedad organizada y personas participen y la consideren un espacio de convivencia y desarrollo armónico.

Que los efectos negativos que generan las actividades costeras sobre el medio marino y costero que, en muchos casos por el carácter acumulativo y sinérgico de los impactos que se producen, pueden llevar a un nivel de riesgo la viabilidad de la propia actividad. La erosión costera y el impacto episódico de sistemas tropicales que, aunados a la contaminación, a los cambios de uso de suelo, a la perdida de la cobertura vegetal y la presión sobre los recursos hídricos, no sólo alteran negativamente la calidad ambiental de los destinos turísticos y de las poblaciones costeras, sino que llegan a poner en riesgo la salud e integridad física de sus pobladores y la propia infraestructura asociada a la actividad económica.

Que en virtud de lo anterior se requiere considerar a la gestión integral y sustentable de las costas mexicanas como un asunto de seguridad nacional, por su valor estratégico para lograr los principios que consagra la Constitución, en lo que al derecho al medio ambiente sano, protección civil, planeación del desarrollo equilibrado y sustentable, distribución equitativa de la riqueza pública, conservación de los recursos naturales, preservación y restauración del equilibrio ecológico de las regiones costeras se refiere.

Que el manejo integral y sustentable de las costas de México como asunto de seguridad nacional requiere de la determinación de las zonas de desarrollo costero, a partir de la creación de la autoridad costera que además del resguardo y protección de las costas, promueva esquemas de desarrollo regional.

Que por ello México debe de concebirse como un país costero seguro y construir su destino, pensando en las generaciones presentes y futuras de mexicanos a partir de una estrategia que logre el desarrollo sustentable que debe ser institucionalizada a través de una Ley que establezca las bases para:

• Un nuevo pacto entre la Federación, los estados costeros y los Municipios costeros atendiendo a los principios consagrados en la Constitución en lo que, a coordinación, planeación del desarrollo, protección al ambiente, salud y protección civil se refiera, así como la administración de los recursos naturales que como bienes nacionales son patrimonio de la nación y que se encuentran en las zonas costeras incluyendo la zona federal marítimo terrestre

• La coordinación inter y tras institucional entre los tres órdenes de gobierno y entre las dependencias de cada uno de ellos.

Que para la gestión integral y sustentable de las costas mexicanas se requiere del reconocimiento conjunto de la zona costera como una unidad de gestión que comprende la superficie delimitada, determinada y declarada de manera conjunta y coordinada por la federación, los estados y municipios costeros, según corresponda, incluyendo suelo y sus ecosistemas terrestres, acantilados, aguas y sus ecosistemas acuáticos, y aguas marinas y sus ecosistemas acuáticos.

Que el manejo integral de las costas mexicanas requiere de la construcción conjunta y consensada de la estrategia para su sustentabilidad, que se llevará a cabo a partir de los principios internacionalmente reconocidos y contenidos en la denominada evaluación ambiental estratégica que servirá como marco de referencia para la aplicación de políticas y programas, así como la ejecución de proyectos, integrados en el Marco Estratégico de Gestión Integral Costera (Megico), que es una nueva forma de concebir y dar un nuevo rumbo a México y al ejercicio de su soberanía como Nación, a partir del reconocimiento del valor y del potencial estratégico de sus litorales en el ámbito internacional, de la calidad de fronteras naturales de las costas y del aprovechamiento sustentable de sus bienes nacionales, así como de sus recursos naturales.

Que para ordenar la gestión costera se requiere llevar a cabo el cumplimiento efectivo de los tratados internacionales de los que México es Parte en materia de preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que integran los ecosistemas costeros, la protección al ambiente y el cambio climático que implica una relación dinámica entre los procesos naturales y las actividades humanas.

Que en los últimos años se han hecho evidentes los efectos del cambio climático, y que en el caso de las costas se convierten en un factor de erosión y desequilibrio del balance sedimentario que alteran la configuración de las costas, poniendo en riesgo a los habitantes de dichas áreas, sus bienes patrimoniales, las inversiones públicas y privadas, los ecosistemas costeros y su biodiversidad.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en apartado II “Política Social”, subtema “desarrollo sostenible”, refiere que “el gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que en la época presente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar. Se le define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta fórmula resume insoslayables mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que deben ser aplicados en el presente para garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico. El hacer caso omiso de este paradigma no sólo conduce a la gestación de desequilibrios de toda suerte en el corto plazo, sino que conlleva una severa violación a los derechos de quienes no han nacido. Por ello, el Ejecutivo Federal considerará en toda circunstancia los impactos que tendrán sus políticas y programas en el tejido social, en la ecología y en los horizontes políticos y económicos del país. Además, se guiará por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno”.

Que para dar fuerza a la Estrategia Nacional de Ordenamiento Ecológico del Territorio en Mares y Costas, por acuerdo presidencial, el 13 de Junio de 2008 se creó con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (Cimares), que está constituida, según el propio Acuerdo de Creación por los titulares de las Secretarías de Gobernación; Relaciones Exteriores; Marina; Desarrollo Social (hoy Secretaría del Bienestar); Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural); Comunicaciones y Transportes; Turismo y Medio Ambiente y Recursos Naturales, siendo la Secretaría de Marina quien la preside (según modificación del Acuerdo de creación).

Que a partir del ordenamiento ecológico del territorio se pretende establecer la estrategia de gestión integral que implica establecer la forma para determinar qué herramientas de política pública se deben instrumentar, en cuáles unidades espaciales en función de sus características ambientales, los ecosistemas que las constituyen y su resiliencia ante las actividades antropogénicas, así como los actores sociales que participan de la apropiación del entorno, el espacio, los recursos naturales y los servicios ambientales disponibles. Cuando esos instrumentos de política se han diseñado con base en criterios espaciales y ambientales diferenciados, y cuando se reconoce que su aplicación debe ser incluyente y participativa, el ejercicio de jerarquizar y priorizar su aplicación en el territorio nacional y en especial en las zonas costeras, teniendo en consideración la autonomía de estados y municipios costeros, los resultados de la gestión integral son indiscutibles.

Que para la atención de las actividades multisectoriales que se realizan en las zonas costeras y en los mares mexicanos, la Cimares propuso dotar a México de una Política Nacional en materia de mares y costas, para fortalecer la gobernabilidad en estas regiones, impulsar la competitividad económica de los sectores productivos asegurando la sustentabilidad ambiental y promover un sistema de decisiones y acciones de los diferentes órdenes de gobierno, cimentado en un ejercicio continuo de planeación participativa, en el que el gobierno, la sociedad civil y los agentes económicos y de interés contribuyan a lograr el desarrollo sustentable de estas regiones.

Que con la idea de asegurar la gestión integral duradera de los mares y costas del país, a partir de la asunción de responsabilidades diferenciadas y basadas en los principios de concurrencias y coordinación para el logro del desarrollo sustentable se proponen como objetivos generales de la Ley, garantizar el derecho al medio ambiente sano de los pobladores costeros, mejorando sus condiciones de vida y bienestar, elevando su calidad de vida, impulsando las actividades económicas de las zonas costeras, de tal forma que permitan aumentar su presencia en los mercados y en las diferentes esferas económicas, conservando la estructura biofísica, los servicios ambientales y la calidad paisajística existente, así como asegurando su vida, bienes y patrimonio con esquemas de prevención de riesgo y disminuyendo la vulnerabilidad de la infraestructura y población.

Que los principios de la política nacional costera orientan la definición de sus objetivos, estrategias y líneas de acción, estos principios son:

• Visión Integral que involucra al gobierno federal, a los estados y a los municipios costeros, así como a la sociedad, que utiliza los conocimientos científicos y tecnológicos de diferentes áreas del conocimiento (multidisciplinaria e interdisciplinaria), que contempla los intereses públicos y los privados, que considera diferenciaciones territoriales tanto ambientales como administrativas y que vincula las dimensiones social, ambiental y económica.

• Coordinación institucional que articula las acciones y programas institucionales, de forma transversal, interinstitucional, con base en un marco estratégico de gestión integral, evitando con ello el traslape, la duplicidad de funciones, la superposición de atribuciones, la falta de continuidad y seguimiento de las acciones y promoviendo la coordinación, la colaboración y la participación social.

• Coordinación financiera que articula las acciones y programas a partir de la asignación de recursos materiales y humanos, evitando con ello el desvío y desperdicio de recursos, de presupuestos, fomentando un uso eficiente y transparente de los mismos.

• Adaptativa para que en un proceso continuo y con base en el seguimiento y la evaluación del desempeño de las acciones y programas que la integran, tomando en cuenta la temporalidad de las acciones y programas que en el caso de la zona costera requieren de continuidad y permanencia y que no es posible debido a que los gobiernos municipales con tres años de gobierno, difícilmente pueden llevar a cabo acciones más allá de su gestión a lo que se suma que no existe una coordinación con los gobiernos estatales y menos con el federal.

• Transparente y Participativa con base en información oportuna y precisa, que se difunda e involucre ampliamente entre los sectores de la sociedad, que permite la rendición de cuentas y que facilita y promueve la participación y la consulta pública en la toma de decisiones, sustentadas en la mejor información disponible y promotora de la generación e integración de información y datos, basada en evidencia e información que permita imaginar escenarios, validar condiciones y dar certidumbre en la toma de decisiones.

• Orientada al fortalecimiento del federalismo que impulse los cambios requeridos en los procesos de gestión, para propiciar el desarrollo sustentable desde el ámbito de los municipios costeros.

Que actualmente el marco legal regulatorio para el uso, aprovechamiento, conservación y/o protección de las zonas costeras se compone por más de ciento veinte disposiciones: tratados internacionales, leyes federales, reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas, sin embargo, no está estructurada para poder llevar a cabo la gestión costera de forma integral y sustentable y para la aplicación de los instrumentos derivados de las políticas de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, salud, y los instrumentos de planeación derivados no son suficientes para ordenar el manejo costero.

Que la ocupación de las zonas costeras requiere de ser controlada con el fin de establecer la capacidad de carga y resiliencia de las unidades de gestión. Implica controlar el número de cuartos, viviendas, condominios, la cantidad de habitantes por hectárea, la cantidad de servicios e infraestructura permite tanto el control del crecimiento como eficientar los servicios municipales y asegurar que las medidas de protección civil sean las adecuadas en función de la cantidad de habitantes en riesgo, número de albergues, salidas de emergencias, tenga que crear un indicador para medir y que se aplique a todos los programas, así como promover condiciones de sostenibilidad en los sistemas urbanos costeros, a través de criterios de densificación e integración orgánica de la vivienda a la estructura funcional de las ciudades costeras.

Que las zonas costeras deben integrarse a los principios contenidos en la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales en el marco de la planeación nacional del desarrollo, regular la planeación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población. Los gobiernos federal, de los estados y municipales, en el ámbito de su competencia y en el marco del mecanismo de coordinación previsto en esta Ley, con la participación que corresponda a los sectores privado y social, deberán implementar un Programa de Desarrollo con el objeto de establecer políticas públicas y acciones que, con un enfoque integral y de largo plazo, permitan el establecimiento y la adecuada operación de las Zonas Económicas Especiales, y promuevan el desarrollo sustentable de sus Áreas de Influencia.

Finalmente, se debe referir que para la integración de la presente iniciativa se ha contado con la invaluable participación de Universidades, Sociedad Civil, Estados costeros y especialistas en la materia, destacando la participación de la doctora María del Carmen Carmona Lara, Investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como la participación de la licenciada Luz María Beristaín Navarrete, senadora de la LXII Legislatura.

Asimismo, se agradecen las observaciones aportadas por el Colegio de Biólogos de México, AC; licenciada Adriana Rivera Cerecedo, ex subprocuradora de Recursos Naturales de la Profepa; y Sergio Herrera Torres, Ex Subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa.

Por las consideraciones expuestas, someto respetuosamente a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas

Artículo Único. Se expide la Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas para quedar como sigue:

Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 27, 42 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico, de orden público y de interés general en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, tiene por objeto establecer la concurrencia de facultades de la federación, los estados costeros y los municipios costeros en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la gestión integral sustentable de las zonas costeras y establecer las bases para:

I. Garantizar el derecho de todas las personas en las costas mexicanas, a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, bienestar y en condiciones seguras, conforme a lo señalado en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo que a derechos humanos se refiere;

II. Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos que regulen las modalidades a la propiedad que dicte el interés público en áreas y predios de las zonas costeras;

III. La conservación de los ecosistemas costeros, de manglares y dunas para lograr el desarrollo integral y sustentable, sujetando a las modalidades que dicte el interés público el uso, en beneficio general, de los recursos productivos que ellos brindan;

IV. El ejercicio de las atribuciones que en las materias que regula este ordenamiento corresponde a la federación, los estados y los municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en los artículos 73 fracción XXIX, 115 y 116 de la Constitución; en la elaboración y aplicación de políticas públicas, regular acciones y establecer las bases para la concertación con la sociedad en las zonas costeras;

V. Fijar las bases de coordinación entre las Dependencias involucradas para la elaboración y aplicación de los programas de ordenamiento ecológico del territorio, la regulación de los usos del suelo, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas en las zonas costeras;

VI. Establecer mecanismos coordinados para la conservación, mejoramiento, protección civil, zonas de protección, áreas de amortiguamiento y de seguridad en las zonas costeras;

VII. Establecer la delimitación de las zonas costeras como unidades espaciales de gestión coordinada y transversal en función de sus características ambientales, los ecosistemas que las constituyen y su resiliencia ante las actividades antropogénicas, así como los actores sociales que participan de la apropiación del entorno, el espacio, los recursos naturales y los servicios ambientales disponibles;

VIII. Determinar las bases para la participación social en las materias objeto de la presente Ley mediante el establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, de conformidad con lo que señala la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables;

IX. Definir los principios de la política costera y los instrumentos para su aplicación para el aprovechamiento sustentable, la preservación, y en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas costeros;

X. El cumplimiento efectivo de los tratados internacionales de los que México es Parte en materia de preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que integran los ecosistemas costeros, la protección al ambiente y el cambio climático y demás instrumentos internacionales en las materias que se vinculan con el objeto de la presente Ley; y

XI. El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan.

Artículo 2. Se consideran de utilidad pública:

I. La delimitación y deslinde de la Zona Federal Marítimo Terrestre, manera conjunta y coordinada por la Federación, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los estados y municipios costeros, según corresponda;

II. La aplicación de las políticas, programas y directrices de gestión integral y sustentable en las zonas costeras;

III. El ordenamiento ecológico del territorio de los municipios costeros, el proceso de formulación, modificación y aplicación de los programas de ordenamiento ecológico en los casos previstos por ésta y las demás leyes aplicables;

IV. El establecimiento, protección y conservación de las áreas naturales protegidas, de las zonas de restauración ecológica, y de reservas de agua, en los municipios costeros;

V. Establecer los criterios de densidad e integración de las construcciones a la estructura funcional de las ciudades costeras, así como el Coeficiente de uso de suelo (CUS), y el de ocupación de suelo (COS);

VI. El establecimiento de las zonas de protección, de seguridad, zonas intermedias de salvaguardia o amortiguamiento, con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas, o de inundaciones en los municipios costeros;

VII. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en las zonas costeras;

VIII. Fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica e incrementar el tratamiento de aguas residuales, especialmente en los municipios costeros y zonas costeras;

IX. La ejecución de obras destinadas a la conservación, protección y/o generación de bienes y servicios ambientales;

X. El manejo sustentable de venas de mareas para restaurar la vegetación, para la protección y preservación de los humedales;

XI. La protección y conservación de las dunas costeras a partir de su grado de erosión y sedimentación y la estabilización de los sistemas litorales, y

XII. La conservación y mantenimiento de la línea de costa.

Artículo 3. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento y en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico, la Ley General de Cambio Climático, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y en lo conducente en lo que a acciones colectivas se refiere, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Para el caso de las zonas marinas costeras se estará a lo dispuesto en la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas y las de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

La propiedad de los recursos naturales comprendidos dentro del territorio nacional en las zonas costeras corresponde a la Nación. Los ejidos, las comunidades, pueblos y comunidades indígenas, personas físicas o morales, la federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios que sean posesionarios o propietarios de los terrenos en las zonas costeras están obligados a cumplir con lo que señala la presente Ley, las modalidades y procedimientos establecidos no alterarán el régimen de propiedad de dichos terrenos.

En el marco de la planeación nacional del desarrollo las zonas costeras deben serán consideradas como Zonas Económicas Especiales y en consecuencia áreas prioritarias del desarrollo nacional, en términos de las disposiciones legales aplicables, para impulsar el crecimiento económico sostenible a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.

Artículo 4. Son autoridades para la aplicación de la presente Ley:

I. Las dependencias del ejecutivo federal con atribuciones en las materias objeto de la presente Ley;

II. Los gobernadores de los estados costeros;

III. Los presidentes municipales de los municipios costeros, y

IV. La Comisión Nacional Costera;

Artículo 5. Son bienes de dominio público de la federación, las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar en los términos de la Ley General de Benes Nacionales y demás disposiciones aplicables y estarán sujetos al régimen de dominio público y a lo que señala el presente ordenamiento.

Es libre el acceso a las playas, las autoridades competentes, deberán garantizar este derecho que por ningún motivo o razón puede ser restringido.

La federación y los municipios costeros se coordinarán para determinar el número, ubicación y demás elementos necesarios para establecer playas públicas.

Artículo 6. Para los efectos de la esta Ley, además de las contenidas en las leyes en las materias que se vinculan con el objeto de la presente, se entiende por:

I. Administración Pública Federal: las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 1° de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

II. Área ocupada: Es la suma de las superficies construidas y sin techar dentro de una poligonal, medida hasta la cara exterior de los muros del perímetro o hasta el eje del paramento divisorio en caso de colindancia con otro predio, que determina la Unidad de Gestión Ambiental;

III. Área rural costera: Es el área establecida en los programas de ordenamiento territorial y de ordenamiento ecológico que está fuera de los límites urbanos o de expansión urbana.

IV. Área urbana costera: Es el área destinada a usos urbanos, comprendida dentro de los límites urbanos establecidos por los Instrumentos de Planificación Territorial.

V. Arena: Conjunto de partículas de rocas disgregadas, de tamaño variado, menores a la grava y que está depositada en la playa;

VI. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): Factor que, multiplicado por la superficie total del lote, nos da como resultado el total de m2 que se pueden construir únicamente en planta baja, se entiende por superficie construida aquella que está techada;

VII. Coeficiente de uso de suelo (CUS): Factor que multiplicado por la superficie del lote nos da como resultado el total de m2 que se pueden construir, incluyendo los m2resultado del COS. En el cálculo de esta superficie total de construcción no se incluyen: albercas, palapas, andadores, áreas jardineadas, terrazas de hasta 1. 5 m de ancho, instalaciones deportivas y estacionamientos no techados, construcciones subterráneas;

VIII. Comisión: La Comisión Nacional Costera

IX. Densidad: Número de unidades, cuartos hoteleros o de condominios, o viviendas por unidad de área que pueden construirse en un lote determinado:

X. Dunas Costeras: Acumulaciones de arena formadas por la acción del viento la porción terrestre de las playas, capaz de movimiento cuando no hay vegetación, y fijas, estabilizadas o relictos, cuando están cubiertas por vegetación y pueden formar estructuras relativamente estables, se extiende hacia tierra hasta donde termina el depósito de sedimentos sueltos y hacia el mar en la zona de marea más alta;

XI. Estados Costeros: Los Estados que cuenten con municipios con litoral;

XII. Ecosistemas costeros: La unidad funcional básica de interacción de los recursos costeros entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados que se integran a partir de los ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos, estuarinos y de transición:

XIII. Fondo: El Fondo Costero Mexicano;

XIV. Inventario Nacional Costero: Es el instrumento de la política nacional costera, de alcance nacional que proporciona información integral, actualizada y periódica sobre la delimitación, superficie, características, dinámica y calidad de las costas marinas;

Ley: Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas;

XV. Manejo integral y sustentable de las costas mexicanas: Es el resultado de la aplicación de políticas y programas, así como la ejecución de proyectos; a partir de las directrices que de manera conjunta y consensada integran el marco estratégico de gestión costero;

XVI. Marco Estratégico de Gestión Integral Costera (Megico): Son los instrumentos de gestión para la aplicación de la presente Ley y demás disposiciones aplicables, que se vinculen con las materias de la misma, se llevará a cabo a partir de la integración de los principios internacionalmente reconocidos y contenidos en la denominada evaluación ambiental estratégica que servirá como marco de referencia para su elaboración y ejecución;

XVII. Marisma: Planicie de inundación costera que se inunda temporalmente por efecto de las mareas con vegetación halófila terrestre, generalmente con suelos salinos superiores a los 60 UPS y cuando carece de vegetación halófila es superior a los 80 UPS;

XVIII. Municipios Costeros: Los municipios que cuenten con costa marina;

XIX. Playas: Estructuras o depósitos no consolidados de arena y grava de origen marino, formadas por la acción del oleaje y las mareas, a lo largo del litoral cuyo límite hacia tierra puede ser un acantilado marino, cordón de dunas de arena o línea de crecimiento vegetal y hacia el agua hasta el límite de la acción de las olas bajo el mar, donde los sedimentos ya no se mueven;

XX. Poblaciones Costeras: Los asentamientos humanos que se encuentran en los municipios costeros;

XXI. Preservación Costera: Cuidado o protección que se debe tener sobre del suelo, el agua y los demás recursos naturales de una zona costera para evitar que sufra daños por su utilización o aprovechamiento;

XXII. Recuperación de las zonas costeras: Conjunto de actividades tendientes a la reconstrucción y mejoramiento de las zonas costeras afectadas (población y entorno), así como a la reducción del riesgo de ocurrencia y la magnitud de los desastres futuros;

XXIII. Resiliencia Costera: Capacidad de los ecosistemas costeros y de las poblaciones costeras para recuperarse o soportar los efectos derivados de cambios inducidos por el aumento del nivel del mar, eventos extremos e impactos de las actividades humanas que una vez reconocida requiere de modelos de prevención primaria, cuyo objeto es limitar la incidencia de la vulnerabilidad en zonas específicas;

XXIV. Restauración: Actividades que se tienen que desarrollar para recuperar el estado que tenían el suelo, el agua y los demás recursos naturales de una zona costera, antes de realizar obras, aprovechamientos, usos o cuando sufre un impacto por fenómenos naturales extremos.

XXV. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

XXVI. Subzonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y dinámico de planeación, que se establecerá en el programa de gestión respectivo, y que es utilizado en las zonas costeras, con el fin de ordenar detalladamente las zonas de amortiguamiento, seguridad, protección y demás que se requieran establecer previamente mediante la declaratoria correspondiente;

XXVII. Zona costera: Es la unidad de gestión que comprende la superficie delimitada, determinada y declarada de manera conjunta y coordinada por la Federación, los estados y municipios costeros, según corresponda en la que se aplicarán las políticas, programas y directrices de gestión integral y sustentables, con el fin de orientar las actividades productivas en las zonas costeras hacia el desarrollo sustentable y planificar la no afectación, protección y recuperación del ambiente y los recursos naturales. Incluye suelo y sus ecosistemas terrestres, acantilados, aguas y sus ecosistemas acuáticos, aguas marinas y sus ecosistemas acuáticos, así como al ambiente costero; y

XXVIII. Zonificación: El instrumento técnico de planeación utilizado en el establecimiento de las zonas costeras, que permite ordenar su territorio en función de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, y de su resiliencia, de conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria.

Artículo 7. Para los propósitos de esta Ley se crea el Servicio Nacional Costero. La Federación, las Entidades Federativas y los Municipios con estricto apego a las disposiciones constitucionales o legales establecerán las bases de coordinación mediante convenios generales y específicos para la integración y funcionamiento del Servicio Nacional Costero, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones institucionales para la atención coordinada, eficiente y concertada en las zonas costeras.

Artículo 8. El Servicio Nacional Costero se conformará por:

I. El Presidente de la República, quien lo presidirá;

II. Los secretarios de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, de Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transporte, de Turismo, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Salud y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano;

III. Los gobernadores de los estados costeros;

IV. Los presidentes municipales de los municipios osteros;

V. El Titular de la Comisión;

VI. El Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como en su caso los titulares de las procuradurías de los estados costeros, y

VII. Los Titulares de las dependencias o entidades que tengan a su cargo la atención de las distintas actividades o materias relacionadas con el objeto de la presente Ley.

Artículo 9. Para la atención y coordinación de las distintas materias del sector Costero el Servicio Nacional Costero contará, al menos, con los siguientes grupos de trabajo:

I. Inspección y vigilancia en zonas costeras;

II. Protección, recuperación y vulnerabilidad en zonas costeras;

III. Gestión administrativa, coordinación y transferencia de funciones en las zonas costeras;

IV. Sistemas de información costera;

V. Fomento del desarrollo sustentable costero; y

VI. Investigación y desarrollo sustentable costero.

Artículo 10. El Reglamento del Servicio Nacional Costero establecerá su integración y funcionamiento, así como el de los grupos de trabajo.

Los recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para el cumplimiento del objeto del Servicio Nacional Costero, quedarán bajo la absoluta responsabilidad jurídica y administrativa de las partes que lo integran o, en su caso, de los particulares con los cuales se establezcan mecanismos de concertación. En todo caso la aportación voluntaria de dichos recursos no implicará la transferencia de los mismos.

Artículo 11. La federación, los estados y los municipios costeros ejercerán sus atribuciones en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico en las zonas costeras, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en los demás ordenamientos legales aplicables.

Artículo 12. Las políticas, lineamientos, directrices y acciones de coordinación entre la federación, los estados y los municipios costeros, se llevarán a cabo mediante la suscripción de convenios de coordinación, o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional y en las demás instancias de coordinación con pleno respeto a su soberanía y autonomía.

Artículo 13. La coordinación de acciones en las materias objeto de la presente Ley y la recuperación de la población y su entorno se apoyarán en los convenios que al efecto celebre la federación, con los estados costeros, de conformidad con sus respectivas facultades que serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como en aquellas que de las mismas deriven.

En los mismos términos del párrafo anterior, se suscribirán convenios con la finalidad de obtener recursos para acciones preventivas, y establecer las bases y compromisos de su adecuada utilización.

En contra de los actos que emitan los gobiernos de los estados y, en su caso, de sus municipios, en ejercicio de las facultades que asuman de conformidad con este precepto respecto de los particulares, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 14. Los convenios de coordinación incluirán en su contenido, entre otros elementos, las acciones, el lugar, las metas y las aportaciones financieras que les corresponderá realizar a la federación, los estados y los municipios costeros.

Cada convenio de coordinación podrá incluir a varias dependencias federales, estatales y municipales con base en las disposiciones reglamentarias que fundamenten sus actuaciones.

Artículo 15. Los congresos de los estados, con arreglo a sus respectivas Constituciones, expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley. Los ayuntamientos, por su parte, dictarán los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que correspondan, para que, en sus respectivas circunscripciones se cumplan las previsiones del presente ordenamiento.

En el ejercicio de sus atribuciones, los estados, y los municipios costeros, observarán las disposiciones de esta Ley y las que de ella se deriven y expedirán las disposiciones legales necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley.

Artículo 16. Es responsabilidad de los gobernadores de los estados, y de los presidentes municipales, la integración y funcionamiento de los consejos costeros de los estados y de los municipios, respectivamente conforme a lo que establezca la legislación local en la materia.

Para tal efecto, promoverán la instalación de Consejos Estatales y Municipales Costeros, que correspondan que se integrarán y tendrán las facultades que les señalen las leyes y disposiciones locales que para tal efecto se expidan.

Artículo 17. El Consejo Nacional Costero estará integrado por el Presidente de la República, quien lo presidirá y por los titulares de las Secretarías de Gobernación; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Marina; Hacienda y Crédito Público; Bienestar; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Agricultura y Desarrollo Rural; Comunicaciones y Transportes; Función Pública; Educación Pública; Salud; de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; y por los Gobernadores de los Estados Costeros. Cada titular designará un suplente, siendo para el caso de los Secretarios un Subsecretario y para los Gobernadores el Secretario General de Gobierno. En el caso del Secretario de Gobernación, lo suplirá el Coordinador General de Protección Civil.

Podrán ser convocados a las sesiones del Consejo Nacional, por invitación que formule el Secretario Ejecutivo, representantes de los organismos, entidades y agrupaciones de carácter público, privado y social, así como de los sectores académico y profesional, y de los medios masivos de comunicación. Su funcionamiento y operación se determinarán en las bases que para tal efecto se expidan.

Artículo 18. Las contribuciones que por el aprovechamiento de los recursos en las zonas costeras se generen, así como los que se obtengan por el otorgamiento de concesiones o permisos y por cualquier otro concepto relacionado con actividades en ellas y cuya administración se efectúe por los gobiernos locales, ingresarán a sus haciendas públicas, con base en lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, y deberán aplicarse en los programas relacionados con ellas. Los convenios y acuerdos de coordinación deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial del gobierno local respectivo.

Artículo 19. Las medidas, programas e instrumentos económicos relativos al desarrollo de actividades sustentables en las zonas costeras, deberán sujetarse a las disposiciones de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la Federación y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para el ejercicio fiscal que corresponda y deberán asegurar su eficacia, selectividad y transparencia y podrán considerar el establecimiento y vinculación de cualquier mecanismo normativo o administrativo de carácter fiscal, financiero y de mercado establecidos en otras leyes, incluyendo los estímulos fiscales, los créditos, las fianzas, los seguros, los fondos y los fideicomisos, así como las autorizaciones en las materias objeto de la presente Ley, cuando atiendan o posibiliten la realización de los propósitos y objetivos prioritarios de promoción y desarrollo sustentable en las zonas costeras.

En todo caso los programas e instrumentos económicos deberán prever la canalización efectiva y suficiente de apoyos para fomentar las actividades en zonas costeras.

Sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales, respecto de la coordinación en la materia entre los sectores público y privado y los distintos órdenes de gobierno, corresponderá a la Comisión, en el ámbito de su competencia, conducir, coordinar o participar en la aplicación, otorgamiento y evaluación de las medidas, programas e instrumentos a que se refiere este artículo.

Artículo 20. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión, diseñarán, propondrán y aplicarán medidas para asegurar que el Estado, la sociedad y los particulares, coadyuven financieramente para la realización, de tareas de conservación, protección, restauración, vigilancia, recuperación, ordenamiento territorial y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas costeros.

Artículo 21. La federación, los estados y los municipios costeros, establecerán estímulos fiscales y crearán los instrumentos crediticios adecuados para el financiamiento de la actividad en las zonas costeras, incluyendo tasas de interés preferencial.

Artículo 22. La Federación para reducir los riesgos asociados a las inversiones en las zonas costeras, establecerá los instrumentos adecuados para el aseguramiento a largo plazo de las mismas, así como garantizará los Programas de apoyo que se derivan de la presente Ley, para impulsar el desarrollo sustentable en las zonas costeras.

Asimismo, buscará la ampliación los montos asignados y el mejoramiento constante de sus respectivos esquemas de asignación y evaluación, preferentemente con base en las necesidades y prioridades de los municipios costeros.

El Poder Legislativo Federal asignará anualmente las partidas necesarias para atender el funcionamiento y operación de los mencionados programas de apoyo.

Artículo 23. En el caso de terceros que se beneficien directa o indirectamente por la existencia bienes y servicios ambientales en las zonas costeras la Federación podrá establecer cuotas para la compensación de los mismos.

Artículo 24. La federación, los estados y los municipios costeros, en el ámbito de sus respectivas competencias diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política nacional costera y de la aplicación de sus instrumentos mediante los cuales se buscará de manera prioritaria y no limitativa, lo siguiente:

I. Aumentar la productividad sustentable de las zonas costeras con potencial a través de la construcción de infraestructura y apoyos financieros y materiales para el impulso de las actividades sustentables pesqueras, turísticas, comerciales y habitacionales;

II. Restaurar y recuperar las zonas costeras degradadas o afectadas;

III. Apoyar la valoración y producción de bienes y servicios ambientales;

IV. La ejecución de acciones de prevención y control de inundaciones y saneamiento costero se realizará de forma coordinada con la instancia pública que tengan las atribuciones, con la participación por parte de los propietarios, ocupantes y posesionarios de los predios en zonas costeras, con visión integral de cuenca;

V. La capacitación, formación y evaluación continua de prestadores de servicios en las zonas costeras;

VI. La planeación y construcción de infraestructura en las zonas costeras, y el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los municipios costeros;

VII. El impulso a la participación comunitaria en zonificación u ordenamiento ecológico, como base de los Programas que se derivan de la presente Ley;

VIII. La elaboración, aplicación, evaluación, seguimiento y monitoreo de los Programas de apoyo, el desarrollo de mecanismos especiales de financiamiento promocional que tomen en cuenta las inversiones, las bajas tasas de interés generadas a largo plazo y los riesgos inherentes, en las zonas costeras;

IX. El fomento a los procesos de certificación, la asesoría y capacitación jurídica, administrativa, técnica y económica a micro y pequeñas empresas en las zonas costeras, así como el establecimiento de programas de apoyo a largo plazo;

X. El desarrollo y aplicación de mecanismos y tecnologías que aumenten la seguridad de las zonas costeras y minimicen los impactos a los ecosistemas costeros, promuevan su preservación y recuperación, así como el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, y

XI. La promoción de la cultura, la educación continua y capacitación en las zonas costeras, así como el apoyo a la investigación, el desarrollo tecnológico, la divulgación científica y la transferencia del conocimiento y tecnologías, fomentando los mecanismos de vinculación entre los académicos o investigadores y los usuarios de los servicios y el uso de las investigaciones.

Los instrumentos que se apliquen deberán observar las disposiciones contenidas en los acuerdos y tratados comerciales internacionales de los que México sea parte.

Artículo 25. Las atribuciones que esta Ley otorga a la Federación serán ejercidas por el Poder Ejecutivo Federal a través de las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, de conformidad con las facultades que les confiere esta Ley, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes.

Artículo 26. Todas las dependencias del gobierno federal deberán coordinarse con la Secretaría de Relaciones Exteriores para el cumplimiento efectivo de los tratados internacionales que incluye el seguimiento de los compromisos adquiridos en las materias que se vinculan con el objeto de la presente Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 27. Son atribuciones de la Federación:

I. Formular, conducir y coordinar la política nacional en materia de gestión integral y sustentable de las zonas costeras;

II. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, convenios y programas conjuntos entre sus dependencias, entre ellas y los estados y municipios costeros;

III. Participar en la elaboración y ejecución de las directrices que se deriven del Marco Estratégico de Gestión Costero, así como convocar a entidades federativas y municipios, según corresponda, para el desarrollo de estrategias conjuntas en las zonas costeras;

IV. El cumplimiento efectivo de los tratados internacionales de los que México es parte en materia de preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que integran los ecosistemas costeros, la protección al ambiente y el cambio climático y demás instrumentos internacionales en las materias que se vinculan con el objeto de la presente Ley;

V. Participar en la delimitación, determinación y declaración de las zonas federales marítimo terrestres;

VI. El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan;

VII. Diseñar, organizar y aplicar los instrumentos de Política Costera previstos en esta Ley, garantizando una adecuada coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el marco del Servicio Nacional Costero;

VIII. Elaborar, coordinar y aplicar los programas a que se refiere esta Ley en materia Costera, en los ámbitos nacional y regional, tanto de proyección sexenal, así como de más largo plazo;

IX. Incorporar en los instrumentos de política ambiental como el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, los Programas de Ordenamiento Ecológico Marinos, la Evaluación de Impacto Ambiental y las áreas naturales de competencia federal, los criterios y directrices de la Política Costera;

X. Aplicar y promover, en coordinación con las entidades federativas y los municipios, el establecimiento de sistemas y esquemas de ventanilla única para la atención eficiente de los diversos usuarios;

XI. Realizar el Inventario Nacional Costero y determinar los criterios e indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los inventarios correspondientes a los estados y municipios;

XII. Participar en la zonificación y subzonificación costera del país;

XIII. Prevenir la degradación de la vegetación, suelo y ecosistemas costeros, crear y mantener Áreas Naturales Protegidas, corredores biológicos, Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, pago por servicios ambientales, y otras modalidades de conservación, en el ámbito de su competencia, con la participación que corresponda a los estados y municipios costeros;

XIV. Diseñar, organizar y administrar el Inventario Nacional Costero;

XV. Emitir normas para la recuperación de las zonas costeras, de conservación y restauración y vigilar su cumplimiento;

XVI. Elaborar y expedir normas oficiales mexicanas en materia costera y vigilar su cumplimiento;

XVII. Elaborar y adoptar metodologías, tomando en consideración, en su caso, parámetros internacionales, para la valoración de los bienes y servicios ambientales en las zonas costeras;

XVIII. Establecer las bases e instrumentos para promover un mercado de bienes y servicios ambientales, así como para promover la compensación por los bienes y servicios ambientales que prestan los ecosistemas costeros;

XIX. Celebrar acuerdos de coordinación, cooperación y concertación en materia costera en el ámbito nacional e internacional;

XX. La inducción y concertación con los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, así como generar mecanismos para impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los recursos de las zonas costeras en la protección, vigilancia, ordenación, aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los mismos;

XXI. Elaborar, coordinar y aplicar los instrumentos de política previstos en esta Ley, en los términos en ella establecidos, así como la regulación de las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, en las materias de su competencia;

XXII. Formular, dirigir, coordinar y publicar el Marco Estratégico de Gestión Integral Costera y el Programa Nacional Costero, así como llevar a cabo su instrumentación, seguimiento y evaluación;

XXIII. Establecer procedimientos para realizar consultas públicas, atendiendo y escuchando a los sectores público, social y privado y a la sociedad en general, con el fin de formular el Marco Estratégico de Gestión Integral Costera y el Programa Nacional Costero;

XXIV. Diseñar, desarrollar, aplicar y propiciar, en coordinación con los estados y municipios costeros los instrumentos económicos para promover el desarrollo sustentable en las zonas costeras;

XXV. La creación y regulación del Fondo Costero Mexicano;

XXVI. Coordinar las acciones de prevención y combate de inundaciones Costeras, así como elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prevención de Inundaciones, con la participación que corresponda a los estados y municipios costeros y al Sistema Nacional de Protección Civil;

XXVII. Deslindar, poseer y administrar los terrenos nacionales en las zonas costeras;

XXVIII. Promover el uso de prácticas, métodos y tecnologías que conlleven a un manejo integral costero sustentable;

XXIX. Promover e invertir en el mejoramiento de todo tipo de infraestructura en las zonas costeras;

XXX. Llevar a cabo las visitas de inspección y labores de vigilancia en las zonas costeras;

XXXI. Emitir recomendaciones a las entidades federativas y municipios, con la finalidad de promover las acciones en materias objeto de la presente Ley;

XXXII. Regular, expedir y validar la acreditación de zonas, bienes y servicios de las zonas costeras y vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley;

XXXIII. Imponer medidas de seguridad y sanciones a las infracciones que se cometan en cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

XXXIV. Participar en programas integrales de desarrollo sustentable costero junto con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el marco del Servicio Nacional Costero;

XXXV. Definir las regulaciones del uso del suelo en terrenos costeros;

XXXVI. Expedir las autorizaciones de cambio de uso del suelo de los terrenos costeros sujetos a la propiedad, custodia o administración de la federación, de manera consensuada con los estados y municipios, así como coadyuvar con los Municipios costeros para controlar y vigilar el uso del suelo en las zonas costeras, bajo su custodia, posesión o administración;

XXXVII. Elaborar estudios para, en su caso, recomendar al Ejecutivo Federal el establecimiento, modificación de las declaratorias y demás instrumentos que se señalan en la presente ley, con la finalidad de preservar y garantizar el desarrollo sostenible de las zonas costeras del país;

XXXVIII. Expedir las autorizaciones, permisos licencias en el ámbito de su competencia para el aprovechamiento sustentable de los recursos incluyendo las de impacto ambiental, cambio de uso de suelo costero, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de manera consensuada con los estados y municipios costeros;

XXXIX. Regular, controlar y evaluar la prestación de los servicios técnicos costeros, y

XL. Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.

Artículo 28. Son atribuciones de los estados costeros:

I. Participar en los trabajos previos y en la formulación de los proyectos para la delimitación, determinación y declaración de las zonas costeras de manera conjunta y coordinada con la Federación y los Municipios costeros de su Estado, según corresponda;

II. Formular con la participación de los Municipios costeros, los programas de prevención de desastres;

III. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con el gobierno federal en las materias objeto de la presente Ley;

IV. Gestionar y administrar fondos locales para apoyar e implementar el desarrollo de acciones en la materia;

V. Establecer criterios y procedimientos para evaluar y vigilar el cumplimiento del programa estatal en la materia e incorporar metas e indicadores de cumplimiento de las acciones;

VI. Participar con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal en la elaboración de planes de manejo y de Normas Mexicanas y Normas Oficiales Mexicanas de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y otras disposiciones aplicables;

VII. Integrar el Consejo Estatal Costero para promover la participación activa de las comunidades y los productores costeros y participar en la operación del Fondo Costero Mexicano;

VIII. Establecer, operar y mantener actualizado el Sistema Estatal de Información Pesquera y Acuícola;

IX. Participar en la integración del Sistema Nacional de Información Costera, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, así como integrar y operar el sistema estadístico costero estatal y proporcionar la información estadística local a las autoridades federales competentes;

X. Establecer, operar y mantener actualizado un Registro Estatal Costero con carácter público;

XI. Promover y apoyar la construcción, mejora y equipamiento de la infraestructura en las zonas costeras, así como la creación y operación de esquemas de financiamiento adecuados para el desarrollo sustentable de las mismas;

XII. Participar en la formulación, implementación y ejecución de los programas de ordenamiento territorial en las zonas costeras;

XIII. Promover la investigación aplicada y la innovación tecnológica de las zonas costeras;

XIV. La aplicación de los instrumentos de política costera, previstos en las leyes locales en la materia, así como en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación;

XV. Coordinarse con la Federación, sus Municipios y con otras Entidades Federativas, para la autorización en materia de impacto ambiental de los desarrollos inmobiliarios en las zonas costeras;

XVI. Promover mecanismos de participación pública de los productores en el manejo y conservación de los recursos de las zonas costeras conforme a lo dispuesto en esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales aplicables;

XVII. Expedir las autorizaciones en el ámbito de su competencia para el aprovechamiento sustentable de los recursos, incluyendo las de impacto ambiental, cambio de uso de suelo costero, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, con la participación de la federación y del Municipio, correspondiente, y

XVIII. Las demás que les señale esta Ley.

Artículo 29. Son atribuciones de los Municipios Costeros:

I. Participar en los trabajos previos y en la formulación de los proyectos para la delimitación y declaración de las zonas costeras de manera conjunta y coordinada con la Federación y el Estado, según corresponda;

II. Expedir las autorizaciones en el ámbito de su competencia, incluyendo las de impacto ambiental, cambio de uso de suelo, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, con la participación de la Federación y del Estado, según corresponda;

III. El cobro de los derechos por concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, que les sean transferidos;

IV. Participar con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal en la elaboración de planes de manejo y de Normas Mexicanas y Normas Oficiales Mexicanas de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y otras disposiciones aplicables;

V. Integrar el Consejo Municipal para promover la participación activa de las comunidades y los productores costeros y participar en la operación del Fondo Costero Mexicano;

VI. Diseñar y aplicar la política y los programas municipales para las zonas costeras de su circunscripción vinculándolos con los programas nacionales, estatales y regionales;

VII. Participar en la integración del Sistema Estatal de Información Costera;

VIII. Proponer a través del Consejo Estatal Costero, métodos y medidas para la preservación, recuperación y restauración de las zonas costeras;

IX. Formular los programas de ordenamiento ecológico local de las zonas costeras;

X. En coordinación con los gobiernos federal y estatal, participar en las acciones de sanidad costera, en los términos de esta Ley y de la legislación local;

XI. Promover y fomentar las actividades en las zonas costeras, en armonía con la preservación del ambiente y la conservación de la biodiversidad;

XII. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con las autoridades competentes, en la inspección y vigilancia en su jurisdicción, y XIII. Las demás que les señale esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 30. Con el fin de fortalecer la gestión integral de los municipios costeros promoviendo la continuidad, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, los institutos municipales de planeación, auxiliados por los consejos costeros municipales, serán las instancias de coordinación y concertación de acciones en el ámbito de su competencia, para llevar a cabo los objetivos de la presente Ley.

Artículo 31. Las dependencias del Ejecutivo Federal en las zonas costeras llevarán a cabo las atribuciones conferidas en la presente ley de conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y por los reglamentos respectivos.

Artículo 32. Corresponde a la Secretaría de Gobernación, además de las facultades que las leyes le confieren:

I. Promover que los gobiernos estatales y de los municipios costeros, según corresponda, elaboren y mantengan actualizados sus respectivos programas de protección civil y formen parte de sus planes de desarrollo;

II. Coordinar las acciones de protección civil, así como las de prevención, auxilio, apoyo y recuperación en casos de desastre en las zonas costeras;

III. Promover el establecimiento de programas básicos de seguridad, para hacer frente a agentes perturbadores recurrentes o imprevistos en las zonas costeras, y

IV. Promover el desarrollo de estudios e investigaciones en las zonas costeras sobre la acción, peligros, riesgos y daños provenientes de agentes perturbadores, así como de nuevos mecanismos de prevención y auxilio, propiciando la formación de nuevos grupos de investigación en los tres órdenes de gobierno.

Artículo 33. La Comisión Nacional Costera es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. El objeto de la Comisión será desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materias objeto de la presente Ley, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política nacional costera y sus instrumentos.

La Comisión tendrá su domicilio en una ciudad costera determinado por el Director General de la misma, con accesibilidad, pudiendo establecer delegaciones o gerencias regionales y estatales que sean necesarias para cumplir con su objeto conforme a sus requerimientos y disponibilidad presupuestal.

El domicilio de la Comisión se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación con una anticipación de 30 días a que se haya materializado cambio alguno.

Artículo 34. El patrimonio de la Comisión estará integrado por:

I. Los bienes muebles e inmuebles, así como los derechos y obligaciones que le transmitan la Federación, los estados, los municipios o cualquier otra entidad pública;

II. Las donaciones, herencias, legados, y aportaciones que otorguen particulares o cualquier institución pública o privada, nacional o internacional;

III. Las adquisiciones, créditos, préstamos y cooperaciones técnicas en numerario o en especie, que obtenga de cualquier dependencia o entidad pública, institución privada u organismos nacionales o internacionales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

IV. Las acciones, derechos o productos que por cualquiera título adquiera;

V. Los subsidios que los Gobiernos Federal, los Estatal, y Municipales le otorguen o destinen;

VI. Los fondos que se obtengan para el financiamiento de programas específicos;

VII. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste y por las actividades que realice;

VIII. Los recursos que se obtengan por la comercialización de sus obras literarias, derechos y demás que correspondan, y

IX. Los demás bienes, derechos y aprovechamientos que le fijen las Leyes y reglamentos o que provengan de otros fondos o aportaciones.

Artículo 35. La Comisión tendrá como órgano de gobierno a una Junta de Gobierno, que será la máxima autoridad del organismo y estará integrada por los titulares de las Secretarías de Gobernación, Marina, de la Defensa Nacional; Hacienda y Crédito Público; Bienestar; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Economía; Agricultura y Desarrollo Rural; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Turismo, así como de la Comisión Nacional del Agua.

La Junta será presidida por Presidente de la República.

Los miembros de la Junta de Gobierno gozarán de voz y voto en las sesiones de la misma. Por cada integrante de este órgano colegiado deberá nombrar un suplente con nivel jerárquico de Subsecretario; en el caso de la Comisión Nacional del Agua, deberá tener nivel de Subdirector General.

Artículo 36. La Comisión estará a cargo de un Director General quien será designado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, debiendo recaer tal nombramiento en la persona que reúna los requisitos previstos en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

El Director General representará legalmente a la Comisión en el cumplimiento de su objeto, adscribirá las unidades administrativas de la misma, administrará sus bienes, expedirá sus manuales, tramitará ante las dependencias competentes el ejercicio del presupuesto aprobado, delegará facultades en el ámbito de su competencia y tendrá las demás atribuciones que le confieran las disposiciones legales o reglamentarias, así como el Estatuto Orgánico de la Comisión.

El Estatuto Orgánico de la Comisión determinará las bases de la organización, así como las facultades y funciones que corresponda a las unidades administrativas que integren el organismo.

Artículo 37. La Comisión tendrá a su cargo la ejecución de las atribuciones que la presente Ley le confiere, así como todas aquellas que sean necesarias para poder cumplir con su objeto.

Artículo 38. Para ello la Comisión ejercerá las siguientes atribuciones:

I. Participar en la formulación y aplicación de la política nacional costera;

II. Organizar y aplicar los instrumentos de política costera previstos en la presente Ley;

III. Participar en la elaboración del Marco Estratégico de Gestión Integral Costera con visión de largo plazo;

IV. Diseñar, instrumentar y operar en el ámbito de su competencia, estímulos, incentivos e instrumentos económicos en las materias objeto de la presente Ley;

V. Coadyuvar en la adopción y fortalecimiento del Servicio Nacional Costero;

VI. Integrar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Nacional Costero, así como participar en el diseño del mismo;

VII. Elaborar, integrar, organizar y mantener actualizada la zonificación y subzonificación costera con base en el ordenamiento ecológico del territorio y en los criterios, metodología y procedimientos que para tal efecto se establezcan;

VIII. Elaborar e integrar, bajo los lineamientos que para tal efecto se determinen, el Sistema Nacional de Información Costera para incorporarlo en el Sistema Nacional de Información Ambiental y de los Recursos Naturales, y a los sistemas de información estadísticos y de información geográfica y documental;

IX. Participar en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas respecto de las actividades en las zonas costeras y en su vigilancia y cumplimiento;

X. Proponer la valoración de los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas costeros, conforme a las metodologías definidas por la Secretaría;

XI. Coadyuvar en la definición y promoción de mercados de bienes y servicios ambientales;

XII. Participar en la definición de mecanismos de compensación por los bienes y servicios ambientales que prestan los ecosistemas costeros;

XIII. Coordinarse con las dependencias o entidades de la federación, estados y municipios, a fin de que el desarrollo costero sea sustentable obedezca a políticas y criterios integradores, para lo cual podrá suscribir los acuerdos y convenios que sean necesarios;

XIV. Promover el desarrollo costero sustentable y de los recursos asociados para que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de los propietarios o poseedores de terrenos y de sus comunidades;

XV. Ejecutar y promover programas, de restauración, de protección, de conservación, de recuperación y de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas costeros y de los suelos en terrenos costeros;

XVI. Fomentar y favorecer la cadena productiva costera y de sus recursos asociados, impulsando actividades costeras diversificadas e integradas;

XVII. Coordinar con las autoridades estatales y municipales, los programas y acciones que coadyuven con los pueblos y comunidades indígenas en la conservación y mejoramiento de su lugar de residencia y a preservar la integridad de sus tierras, promoviendo el desarrollo sustentable de las mismas, con base en programas educativos de contenido costero;

XVIII. Constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con los gobiernos de los estados y de los municipios, para la ejecución de programas de prevención y control de inundaciones costeros;

XIX. Brindar asesoría y capacitación a los pueblos y comunidades indígenas, para que éstos puedan organizarse para la producción y aprovechamiento sustentable de las zonas costeras en los términos previstos por esta ley y de acuerdo con sus usos y costumbres cuando así proceda;

XX. Ejecutar y promover los programas productivos, de restauración, de conservación, de recuperación y de aprovechamiento sustentable de suelos y sus ecosistemas;

XXI. Operar, ampliar y tener actualizada la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua, en las zonas costeras;

XXII. Realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico y de cultura, capacitación y educación en materia costero, así como formular y coordinar la política de investigación en las zonas costeras y de desarrollo tecnológico;

XXIII. Promover actividades de investigación y desarrollo tecnológico y de cultura, capacitación y educación en materia costero, así como formular y coordinar la política de investigación en las zonas costeras y de desarrollo tecnológico, a través y en coordinación con instituciones de educación e investigación;

XXIV. Efectuar campañas de difusión sobre el desarrollo costero sustentable;

XXV. Diseñar, proponer, desarrollar, evaluar y dar seguimiento a las políticas y estrategias de cooperación y financiamiento;

XXVI. Participar, en el ámbito de su competencia, en la política de manejo y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre que habita en zonas costeras, así como del aprovechamiento sustentable de los recursos costeros y sus recursos asociados;

XXVII. Formular, coordinar y evaluar los programas y acciones de saneamiento costero, así como la prevención, y control de inundaciones;

XXVIII. Impulsar y transferir funciones y recursos hacia los gobiernos de los estados y municipios en los términos de los convenios respectivos;

XXIX. Impulsar el uso de tecnología de la información en los trámites a su cargo, y

XXX. Las demás que le señale la presente Ley, el Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 39. En la formulación de la Política Nacional Costera se observarán los principios de:

I. Corresponsabilidad entre autoridades y particulares en la restauración, preservación del equilibrio ecológico, la protección del medio ambiente, en la adaptación al cambio climático;

II. Prevención, considerando que es el medio más eficaz para evitar los daños al medio ambiente y para preservar el equilibrio ecológico de las zonas costeras, así como para llevar a cabo acciones anticipadas frente a fenómenos naturales;

III. Precaución, considerando que cuando haya amenaza de daño en las zonas costeras, no deberá utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer llevar a cabo las medidas necesarias para enfrentarla;

IV. Integralidad y transversalidad, adoptando un enfoque de coordinación, colaboración y cooperación entre la federación, los estados y municipios costeros y las distintas entidades y dependencias públicas, así como con organizaciones privadas y sociales para asegurar el alcance nacional de la instrumentación de la Política Nacional Costera;

V. Participación ciudadana, promoviendo la concertación de los sectores público, académico, social y privado en el diseño de planes, programas y acciones en las zonas costeras;

VI. El que contamina paga, para que quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar a las zonas costeras, esté obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a reducir los costos que dicha afectación implique;

VII. Promoción e incentivo de conductas de protección y conservación del medio ambiente, para que quienes las realicen obtengan beneficios económicos en las zonas costeras;

VIII. Desarrollo sustentable, de manera que se promueva el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras en las costas mexicanas;

IX. Responsabilidades comunes pero diferenciadas y de acuerdo con sus respectivas capacidades, tomando en cuenta la diversidad regional y local en el territorio, en especial aquellas zonas y grupos sociales con mayor vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, y

X. Transparencia, acceso a la información y a la justicia, considerando que los distintos órdenes de gobierno deben facilitar y fomentar la concientización de la población, poniendo a su disposición la información relativa al cambio climático y proporcionando acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes.

Artículo 40. La declaratoria de zona costera es el acto mediante el cual el Presidente de la República reconoce la superficie delimitada, determinada y declarada de manera conjunta y coordinada en la que la Federación, los estados y municipios costeros, según corresponda, aplicarán las disposiciones legales y reglamentarias, normas oficiales mexicanas, políticas, programas y directrices de gestión integral y sustentables, incluye suelo y sus ecosistemas terrestres, acantilados, aguas y sus ecosistemas acuáticos, y aguas marinas y sus ecosistemas acuáticos.

Las declaratorias de zona costera serán establecidas por el Presidente de la República mediante decreto y estará sometido a un proceso permanente de control y evaluación. Sus modificaciones se realizarán con las mismas formalidades previstas para su aprobación.

Las declaratorias de zona costera serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de que se difundan a través de otros medios de información.

Artículo 41. Las solicitudes de declaratoria de zona costera podrán realizarse a través de:

I. Los gobiernos de los estados costeros con participación del Municipio que corresponda, y II. Las dependencias o entidades federales.

Las disposiciones administrativas establecerán los procedimientos y demás requisitos para la emisión de las declaratorias de zona costera, así como del acceso a recursos para la realización de las acciones previstas en la presente Ley.

Artículo 42. La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de las zonas costeras forman parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, y estará a cargo de manera concurrente de la Federación, los estados y los municipios costeros, de acuerdo a la competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se llevarán a cabo a través de:

I. El programa nacional de zonas costeras;

II. Los programas estatales de zonas costeras;

III. Los planes o programas municipales de zonas costeras;

IV. Los programas coordinados de zonas costeras;

V. Los programas de desarrollo estatales y municipales, y

VI. Los programas municipales de desarrollo urbano.

Los planes o programas a que se refiere este artículo se regirán por las disposiciones de esta Ley y en su caso, por la legislación estatal y por los reglamentos y normas administrativas estatales y municipales aplicables.

La Federación y las entidades federativas podrán convenir mecanismos de planeación regional para coordinar acciones e inversiones que propicien el ordenamiento ecológico del territorio en las zonas costeras, con la participación que corresponda a los municipios de acuerdo con la legislación local.

Artículo 43. El programa nacional de zonas costeras, en su carácter especial conforme a lo que señala la Ley de Planeación, se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo, y contendrá:

I. El diagnóstico de la situación de las zonas costeras en el territorio nacional, sus causas y consecuencias;

II. El patrón de distribución de la población y de las actividades económicas en las zonas costeras;

III. El Marco Estratégico para la Gestión Integral de las Zonas Costeras que contendrá las directrices aplicables;

IV. Las orientaciones para el desarrollo sustentable de las zonas costeras mexicanas, en función de sus recursos naturales, de sus actividades productivas, la resiliencia y del equilibrio entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales;

V. Las necesidades que en materia de desarrollo urbano planteen el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población costera, así como valores de ocupación y uso del suelo para determinar los coeficientes y las densidades correspondientes;

VI. Las estrategias generales para prevenir los impactos negativos en el ambiente urbano y regional originados por la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

VII. Las políticas generales para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población costera;

VIII. Los lineamientos y estrategias que orienten la inversión pública y privada a proyectos prioritarios para el desarrollo urbano costero;

IX. Las metas generales en cuanto a la calidad de vida en los centros de población urbanos y rurales costeros del país, así como en las comunidades indígenas;

X. Los requerimientos globales de reservas territoriales para el desarrollo urbano costero, así como los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;

XI. Los mecanismos e instrumentos financieros para el desarrollo urbano costero; y

XII. La congruencia de las estrategias y lineamientos con el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas sectoriales con los que converja.

Las autoridades de la federación, los estados y los municipios en la esfera de sus respectivas competencias, harán cumplir los planes o programas de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, de ordenamiento ecológico del territorio y la observancia de esta Ley y de la legislación estatal de desarrollo urbano.

Artículo 44. Las licencias, permisos y autorizaciones en materias objeto de la presente ley, así como las autorizaciones en materia de impacto ambiental en las zonas costeras, se emitirán de manera conjunta por la federación, los estados y municipios costeros, de conformidad con las disposiciones y procedimientos que se determinen en los convenios de coordinación respectivos.

Artículo 45. Las autorizaciones de impacto ambiental y demás licencias, permisos o autorizaciones que se otorguen conforme a las disposiciones jurídicas ambientales, deberán considerar la observancia de las disposiciones y los planes o programas materia de la presente Ley.

Artículo 46. Los gobiernos, federal, estatal y municipal en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las disposiciones legales aplicables, expedirán los programas de ordenamiento ecológico del territorio en las zonas costeras, los que serán obligatorios y tenderá a preservar la vida, los bienes de la población, y mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante:

I. La vinculación del desarrollo regional y urbano con el bienestar social de la población;

II. El desarrollo socioeconómico sustentable de las zonas costeras, armonizando la interrelación de las ciudades costeras, los ecosistemas costeros;

III. La infraestructura para el desarrollo, de protección civil y la distribución de equipamiento para tal fin;

IV. La distribución equilibrada y sustentable de las zonas costeras y las actividades económicas que en ellas se lleven a cabo;

V. La adecuada interrelación socioeconómica de las zonas costeras, con el resto del territorio, y

VI. El desarrollo sustentable de las zonas costeras.

Artículo 47. Los municipios costeros al decretar los programas de ordenamiento ecológico territorial locales, deberán considerar por lo menos:

I. Los lineamientos para la gestión del riesgo en las zonas costeras;

II. La reducción de vulnerabilidad de las zonas costeras, los criterios para la prevención de riesgo y control de inundaciones;

III. Los coeficientes de uso y de ocupación de suelo, así como las densidades en las zonas costeras y demás unidades de gestión en función de su capacidad de carga y su resiliencia, y

IV. Los mecanismos de adaptación al cambio climático en las zonas costeras.

Artículo 48. La Comisión regulará, emitirá las normas, procedimientos y metodología, a fin de integrar el Sistema Nacional de Información Costera, el cual tendrá por objeto registrar, integrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con las materias objeto de la presente Ley, que estará disponible al público para su consulta y que se integrará al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales y se articulará en lo conducente con el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural.

La información del Sistema Nacional de Información Costera se considera de interés nacional y público de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Artículo 49. Mediante el Sistema Nacional de Información Costera, se deberá integrar de forma homogénea toda la información en materia costera, incluyendo:

I. El Inventario Nacional Costero;

II. El Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente;

III. La generada por las instituciones públicas de educación e investigación públicas, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional de Investigadores en lo correspondiente;

IV. Del Registro Agrario Nacional;

V. Del Registro Público de Derechos de Agua;

VI. Del Registro Forestal Nacional;

VII. Los censos nacionales económicos y agropecuarios;

VIII. La generada por las organizaciones o asociaciones y demás agentes de la sociedad costera;

IX. Información internacional, nacional, estatal, regional y municipal, relativa a:

a) Los aspectos económicos relevantes de las actividades que se llevan a cabo en las zonas costeras;

b) Condiciones climatológicas prevalecientes y esperadas;

c) Las instancias de cooperación internacionales de investigación y desarrollo tecnológico costero;

d) Las empresas nacionales e internacionales generadoras de tecnología;

e) Las organizaciones y particulares, dedicados a la investigación; y

f) Los indicadores de resultado, gestión, de desempeño y servicios para medir la cobertura, calidad e impacto de los proyectos y los programas que se derivan de la presente Ley.

Artículo 50. Las autoridades federales, estatales y municipales deberán proporcionar al Sistema la información que recaben en el cumplimiento de sus atribuciones. Para la integración de la información al Sistema Nacional de Información Costera, la Comisión promoverá la creación de normas, procedimientos y metodologías que garanticen la compatibilidad y la responsabilidad de la información generada y de las autoridades involucradas en dicho proceso.

Artículo 51. La Comisión establecerá, integrará, organizará y mantendrá actualizado el Inventario Nacional Costero, que será público y en él se inscribirán:

I. Los programas de ordenamiento ecológico, las licencias, permisos, autorizaciones, modificaciones y cancelaciones, así como las autorizaciones en materia de impacto ambiental, los programas de ordenamiento territorial y de ordenamiento ecológico del territorio y los documentos incorporados; II. Las autorizaciones de cambio de uso de suelo;

III. Las declaratorias de zonas costeras, áreas naturales protegidas, zonas de protección, recuperación, restauración, de desastre y demás decretos que se emitan en las zonas costeras;

IV. Los actos de transferencia de dominio, uso, usufructo o prestación de servicios ambientales en las zonas costeras;

V. Las autorizaciones de funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales, y

VI. Los demás actos y documentos que se señalen en el Reglamento de esta Ley.

El Inventario está obligado a proporcionar la información a todo solicitante, sin más exigencia que su previa identificación, y el pago de los derechos que correspondan, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

El Reglamento correspondiente determinará los procedimientos para la inscripción y otorgamiento de constancias de actos y documentos inscritos en el Inventario.

Artículo 52. La Federación, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emitirá las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas en materia costera, en los términos establecidos en la Ley Federal de Metrología y Normalización, mismas que tendrán por objeto:

I. Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en ecosistemas o zonas costeras, en el desarrollo de actividades económicas, en el uso y destino de bienes, en insumos y en procesos;

II. Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población residente y visitante, la conservación, protección, producción, aprovechamiento recuperación o restauración de los ecosistemas y zonas costeras;

III. La calidad de las aguas en las zonas costeras; y

IV. Las especificaciones para mitigar los impactos de las obras de infraestructura y la distribución de equipamiento de protección civil, tendientes a sustentar los mecanismos de prevención, auxilio y apoyo.

Artículo 53. La calidad de las aguas en las zonas costeras se verificará a partir de las acciones de medición, monitoreo y seguimiento de los sitios en las que se dará seguimiento permanente y puntual a las sustancias contaminantes, toxinas y biotoxinas que la alteren y afecten su capacidad de carga, la recuperación de los ecosistemas costeros y la salud de sus habitantes y visitantes.

Los indicadores, sitios y demás elementos que se requieran para el monitoreo de calidad de las aguas en las zonas costeras se determinarán conforme a los parámetros contenidos en las directrices del Marco Estratégico de Gestión Integral de las Costas y en las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas.

Artículo 54. La Comisión establecerá las medidas para el aprovechamiento sustentable de las zonas costeras incluyendo lo que requieren los ecosistemas costeros para su preservación, recuperación y restauración, así como sus servicios ambientales

Artículo 55. La Comisión Nacional del Agua, con el apoyo de la Comisión, establecerá reservas de agua para el aprovechamiento sustentable de las zonas costeras incluyendo lo que requieren los ecosistemas costeros para preservar sus servicios ambientales Las reservas potenciales de agua se declararán en las zonas costeras para la determinación de los servicios ambientales que prestan los ecosistemas costeros de conformidad con lo que señale la presente Ley, la Ley de Aguas Nacionales y demás disposiciones aplicables.

Artículo 56. Las concesiones en las zonas costeras serán otorgadas en los términos de las leyes respectivas y demás disposiciones aplicables.

Artículo 57. De acuerdo al artículo 7o. de la Ley General de Bienes Nacionales, la Zona Federal Marítimo Terrestre y los terrenos ganados al mar son bienes de uso común del dominio público de la Federación e inalienables, imprescriptibles e inembargables y no son objeto de acción de posesión definitiva o provisional.

Los particulares y las instituciones públicas podrán usar, aprovechar y explotar los bienes del dominio público a través de un título de concesión o el permiso respectivo de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 58. Los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, incluyendo las de carácter militar, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación y formas de administración, así como la prestación de los servicios portuarios, se regirán por las disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 59. La Certificación Costera será el mecanismo voluntario a que se sometan las actividades costeras para su evaluación, calificación y seguimiento con el fin de lograr los objetivos de sustentabilidad, responsabilidad social de las empresas turísticas en las zonas costeras.

Artículo 60. Las disposiciones para la Certificación Costera y para la acreditación de recursos humanos y verificación de materiales y equipos se llevará a cabo de conformidad con lo que señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 61. Es de orden público la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente costero, la dinámica de la línea de costa, así como prevenir la degradación de la vegetación, suelo y ecosistemas costeros.

Artículo 62. La Federación establecerá en el ámbito de su competencia medidas de preservación crear y mantener Áreas Naturales Protegidas, corredores biológicos, Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, pago por servicios ambientales, y otras modalidades de conservación, en el ámbito de su competencia, con la participación que corresponda a los estados y municipios costeros;

Artículo 63. La preservación y mantenimiento de la línea de costa se llevará a cabo de manera coordinada, entre la Federación, los Estados y Municipios costeros según sea el caso de conformidad con lo que señale el reglamento.

Artículo 64. El Cambio de Uso del Suelo en los terrenos de las zonas costeras se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones legales aplicables con la participación de los gobiernos de los estados y municipios costeros de conformidad con lo que señalen los convenios de coordinación respectivos.

Artículo 65. Para atender en su etapa preventiva los problemas asociados a las inundaciones y con el fin de reducir los daños, será prioritario:

I. Proteger a la población y sus bienes patrimoniales susceptibles de ser afectados por inundaciones; y

II. Proteger la infraestructura hidráulica y los bienes económicos de beneficio público asociados, generación de energía eléctrica, y abastecimiento de agua potable.

Artículo 66. Para la preservación, restauración y recuperación de las zonas costeras, así como para el mejoramiento del capital natural, la valorización del paisaje y los servicios ambientales, se llevarán a cabo:

I. Obras de ampliación y rehabilitación de la infraestructura urbana, de protección y productiva en la zona costera;

II. Obras de mantenimiento de la infraestructura urbana, de protección y productiva en la zona costera;

III. Acciones de recuperación y reinserción de especies vegetales y animales nativas;

IV. Retiro y control de especies invasoras, maleza acuática y residuos sólidos, con la finalidad de mantener la salud de los cuerpos de agua y su capacidad para drenar y controlar las crecientes.

Artículo 67. La conservación y protección de los humedales costeros se llevará a cabo de conformidad con lo que señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales y demás disposiciones aplicables para su protección, preservación, recuperación y restauración.

Artículo 68. La protección, preservación recuperación y restauración de las dunas costeras se llevarán a cabo de conformidad con los programas de ordenamiento ecológico y los que para tal efecto se dicten de manera conjunta por la Federación los estados y municipios costeros atendiendo a lo que señalen los convenios de coordinación respectivos y en términos de las disposiciones que para tal efecto se dicten.

Artículo 69. La Comisión deberá llevar a cabo acciones e impondrá medidas para prevenir la erosión y preservar la estabilización de los sistemas litorales.

Artículo 70. Se prohíbe la extracción, transporte, almacenamiento de arena sin las autorizaciones correspondientes en términos de las disposiciones que para tal efecto se dicten.

En los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se requiere de evaluación de impacto ambiental para la extracción de arena en las zonas costeras.

Artículo 71. Para otorgar las autorizaciones en materia de Cambio de Uso de Suelo, de aprovechamiento de la vida silvestre, de impacto ambiental se deberá garantizar en todos los casos la integralidad de los ecosistemas costeros, así como de los humedales, manglares, marismas y duna considerando por lo menos:

I. La integridad del flujo hidrológico del humedal costero;

II. La integridad del ecosistema y su zona de influencia en la plataforma continental;

III. La preservación del manglar como comunidad vegetal;

IV. La productividad natural;

V. La resiliencia del medio ambiente costero;

VI. La capacidad de carga natural del ecosistema para todas las actividades que se desarrollen en la zona costera, ya sean permanentes, estacionales o momentáneas;

VII. La integridad de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje;

VIII. La integridad de las interacciones funcionales entre los humedales costeros, los ríos, los acuíferos, la duna, la zona marina adyacente y los corales, y

IX. Los servicios ambientales, ecológicos y eco fisiológicos estructurales del ecosistema como el agotamiento de los procesos primarios, estrés fisiológico, toxicidad, altos índices de migración y mortalidad, así como la reducción de las poblaciones principalmente de aquellas especies en status.

Artículo 72. Las marismas son bienes del dominio público de la Nación en los términos que señala la Ley General de Bienes Nacionales. Su carácter de bienes de la Nación prevalece sobre cualquier título o acto de los particulares.

La protección, preservación y restauración de las marismas se realizará de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 73. Para los efectos de la presente Ley los servicios ambientales en las zonas costeras son los beneficios que la gente recibe de los diferentes ecosistemas costeros, de manera natural o por medio de su protección o aprovechamiento sustentable, a nivel local, regional o nacional a través de mecanismos de pago por Servicios Ambientales como instrumentos financieros que expresan el reconocimiento de beneficios económicos asociados al mantenimiento y/o producción de tales servicios.

Artículo 74. El pago por servicios ambientales es un mecanismo de compensación y contraprestación económica a través del cual los beneficiarios o usuarios del servicio retribuyen a los proveedores o custodios de este. Con esos recursos el proveedor de servicios ambientales debe adoptar prácticas de manejo dirigidas a elevar o al menos mantener la calidad del servicio ambiental ofrecido.

Se pueden establecer el pago de los servicios ambientales para compensar el costo de oportunidad de actividades productivas o extractivas que pongan en riesgo el servicio en las zonas costeras.

Artículo 75. De conformidad con lo que señala el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acciones colectivas, las personas físicas o morales que lleven a cabo actividades o construyan, en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen daño a los ecosistemas costeros, asumirán la responsabilidad de reparar el daño ambiental causado, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales que procedan, y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el daño, o cuando no fuere posible, mediante el pago de una indemnización fijada en términos de Ley por la autoridad competente.

Artículo 76. La Comisión intervendrá para que se cumpla con la reparación del daño ambiental, incluyendo aquellos daños que comprometan a ecosistemas costeros, debiendo sujetarse en sus actuaciones en términos de Ley.

Artículo 77. La Comisión, con apoyo de los Gobiernos de los estados y de los municipios costeros competentes, intervendrá para que se instrumente la reparación del daño ambiental en los bienes de propiedad nacional de las zonas costeras causado por extracciones o descargas de agua, en los términos de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 78. El Fondo Costero Mexicano será el instrumento para promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable, la restauración de los ecosistemas costeros y la recuperación de las zonas costeras, facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la sustentabilidad y desarrollando los mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales.

Artículo 79. El Fondo Costero Mexicano operará a través de un Comité Mixto, en él habrá una representación equilibrada y proporcionada del sector público federal, así como de las organizaciones privadas y sociales costeras.

Artículo 80. La existencia del Fondo no limita la creación de diversos fondos privados o sociales que tengan una relación directa con el desarrollo sustentable costero.

Artículo 81. El Fondo Costero Mexicano se podrá integrar con:

I. Las aportaciones que efectúen los gobiernos federal, estatales y municipales;

II. Créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales;

III. Las aportaciones y donaciones de personas físicas o morales de carácter privado, mixto, nacionales e internacionales;

IV. El producto de sus operaciones y de la inversión de fondos libres en valores comerciales o del sector público;

V. El cobro por bienes y servicios ambientales y por asistencia técnica;

VI. La transferencia de recursos de los usuarios de las cuencas hidrológicas, y

VII. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.

Los recursos que el Fondo Costero Mexicano obtenga por el cobro de bienes y servicios ambientales se entregarán directamente a los proveedores de dichos servicios y una parte se destinará a cubrir los costos de esta operación.

Las aportaciones que las personas físicas o morales de carácter privado hagan al Fondo Costero Mexicano serán deducibles del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 82. La Federación, a través de las dependencias y entidades competentes, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios costeros, promoverá el desarrollo de infraestructura para el desarrollo sustentable de las zonas costeras rurales, de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, las cuales consistirán en:

I. Electrificación;

II. Obras hidráulicas;

III. Obras de conservación de suelos y aguas;

IV. Construcción y mantenimiento de caminos de acceso;

V. Acciones para la prevención y control de inundaciones, y

VI. Las demás que se determinen como de utilidad e interés público.

A fin de lograr el desarrollo sustentable de las zonas costeras, en la ampliación y modernización de la infraestructura se atenderán las necesidades de los ámbitos social y económico de las regiones, cuencas, subcuencas y zonas con mayor rezago económico y social.

El desarrollo de la infraestructura se sujetará a las disposiciones previstas en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público promoverá incentivos fiscales para aquellos que inviertan en infraestructura a que se refieren las fracciones III, IV y V del presente artículo.

Artículo 83. La Comisión se coordinará con las Secretarías y entidades de la Federación que tengan a su cargo las funciones de impulsar los programas de electrificación, desarrollo hidráulico, conservación de suelos y aguas, infraestructura vial y de ampliación de la comunicación rural, para que la promoción de acciones y obras respondan a conceptos de desarrollo sustentable costero.

Artículo 84. La Comisión, junto con la Secretaría de Gobernación, los Gobiernos de los estados y de los municipios costeros, promoverán la creación y construcción de infraestructura y la distribución de equipamiento de protección civil, tendientes a sustentar los mecanismos de prevención, auxilio y apoyo.

Artículo 85. La Comisión, junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los Gobiernos de los estados costeros, promoverán la infraestructura vial en las zonas costeras del país, con el objeto de captar y colocar recursos para proyectos de apertura, mejoramiento, conservación y pavimentación, promoviendo la participación, colaboración, aportación y ejecución de los diferentes sectores productivos, vigilando su desarrollo; formándose Comités de Caminos Costeros, los cuales podrán contar con su propia maquinaria.

Artículo 86. Las autoridades competentes vigilarán que la construcción de redes de electricidad, obras hidráulicas y caminos en zonas costeras, causen el menor daño a los ecosistemas costeros, respetando la densidad de la red de caminos y brechas.

Artículo 87. Las especificaciones para mitigar los impactos de las obras de infraestructura en las zonas costeras se establecerán en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

Artículo 88. La Comisión coordinará los esfuerzos y acciones que en materia de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica requiera el sector productivo e industrial, ambiental y costero del país, con la opinión de los Consejos que correspondan, proveerá en materia de investigación costera para:

I. Formular y coordinar la política de investigación, apoyándose en los centros de investigación e instituciones de educación superior;

II. Identificar las áreas y proyectos prioritarios en materia en las que sea necesario apoyar actividades de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica;

III. Crear y coordinar mecanismos a través de los cuales se otorguen financiamientos para proyectos específicos a instituciones de educación superior públicas o privadas, centros de investigación o estudio, e instituciones públicas y privadas que demuestren capacidad para llevar a cabo investigaciones, desarrollo e innovaciones tecnológicas;

IV. Coadyuvar en la creación de programas con el objeto de que otras instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, destinen recursos a actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica;

V. Integrar y coordinar las investigaciones, los resultados obtenidos o los productos generados con los de otras instituciones vinculadas con el estudio, el aprovechamiento, la conservación y protección de los recursos naturales;

VI. Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico, particularmente en aquellas instituciones vinculadas directamente con la Comisión, con instituciones de educación superior, institutos, organismos e instituciones que demuestren contribuir con su trabajo a mejorar las actividades costeras;

VII. Promover la transferencia de tecnología y los resultados de la investigación requerida para conservar, proteger, restaurar y aprovechar en forma óptima y sustentable los ecosistemas costeros del país;

VIII. Promover el intercambio científico y tecnológico entre los investigadores e instituciones académicas, centros de investigación e instituciones de educación superior del país, así como con otros países, y

IX. Impulsar la investigación participativa con los pescadores, campesinos, productores, prestadores de servicios técnicos e industriales.

Artículo 89. En la formulación y coordinación de la política de investigación costera, la Comisión considerará las propuestas de otras entidades paraestatales, gobiernos de las entidades, consejos estatales de ciencia y tecnología, dependencias, institutos, instituciones de educación superior, así como de los sectores productivo e industrial y de la sociedad civil.

Artículo 90. Toda persona tendrá derecho a que las autoridades en materia de zonas costeras pongan a su disposición la información que les soliciten en los términos previstos por las leyes.

Artículo 91. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría y de la Comisión, de acuerdo a sus atribuciones, promoverá la participación de la sociedad en la planeación, diseño, aplicación y evaluación de los programas e instrumentos de la política costera a que se refiere esta Ley, con base en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, convocando a las organizaciones de pescadores, campesinos, productores, industriales, comunidades agrarias e indígenas, instituciones educativas y de investigación, agrupaciones sociales y privadas, asociaciones o individuos relacionados con los prestadores de servicios y demás personas interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas respecto de los programas e instrumentos de la política costera nacional, regional, estatal, distrital o municipal.

Los acuerdos y convenios que en materia costera celebre la Comisión con personas físicas o morales del sector público, social o privado, podrán versar sobre todos los aspectos considerados en los instrumentos de planeación del desarrollo costero, así como coadyuvar en labores de vigilancia costera y demás acciones operativas previstas en esta Ley.

Artículo 92. El Consejo o los Consejos según corresponda, podrán proponer a la Comisión lineamientos para promover la participación de los sectores social y privado en la planeación y realización de las actividades tendentes a incrementar la calidad y eficiencia en la conservación, producción, protección, restauración, ordenación, aprovechamiento, manejo, industrialización, comercialización y desarrollo costero sustentable de la región, Estado o Municipio de que se trate. También propondrán normas y participarán en la elaboración, promoción y análisis de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas.

Artículo 93. Los dueños, concesionarios, posesionarios de predios en las zonas costeras, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, las organizaciones de productores y demás personas interesadas, podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo, financiamiento y fomento en las materias objeto de la presente Ley, las cuales serán concertadas con la Comisión, con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal y con los gobiernos de los estados y municipios costeros, para su aplicación.

Artículo 94. La Federación fomentará las acciones voluntarias de conservación, protección, restauración y recuperación costera que lleven a cabo los particulares, mediante:

I. La celebración de convenios entre la Comisión y los particulares, a efecto de constituir áreas de reserva y de seguridad, previendo los aspectos relativos a su administración y los derechos de los propietarios y posesionarios de los predios costeros;

II. Las medidas que, a juicio de la Comisión, previa opinión del Consejo, contribuyan de manera especial a la conservación, protección y restauración de los ecosistemas costeros, así como a la recuperación de bienes y servicios afectados por inundaciones; y

III. La determinación de los compromisos que contraigan y de las obligaciones que asuman, en los términos de los programas a que se refiere esta ley.

Artículo 95. La Comisión, para la realización de las actividades previstas en este capítulo, promoverá instancias públicas, privadas o mixtas para el aprovechamiento sustentable en las zonas costeras, la conservación de las cuencas hídricas, la forestación y la reforestación, para lo cual deberá coordinarse con las dependencias de la Administración Pública Federal competentes y con los gobiernos de los estados y de los municipios, con el objeto de apoyar las labores del sector social y privado en esta materia.

Artículo 96. Se crea el Consejo Nacional Costero, como órgano de carácter consultivo y de asesoramiento en las materias que le señale esta ley y en las que se le solicite su opinión. Además, fungirá como órgano de asesoría, supervisión, vigilancia, evaluación y seguimiento en la aplicación de los criterios de política costera y de los instrumentos previstos en esta Ley. Invariablemente deberá solicitársele su opinión previa en materia de planeación costera, reglamentos normas, programas de ordenamiento ecológico del territorio, de áreas naturales protegidas y programas de desarrollo urbano de las zonas costeras.

Artículo 97. El Reglamento Interno del Consejo establecerá las unidades administrativas con que contará, así como sus atribuciones y funcionamiento. Se podrá dar participación a representantes de los prestadores de servicios técnicos costeros, instituciones académicas y centros de investigación, agrupaciones de propietarios costeros y empresarios, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de carácter social y privado, relacionadas con las materias objeto de la presente Ley.

El Reglamento especificará el procedimiento en el que la convocatoria para la incorporación proporcional y equitativa de los sectores profesionales, académicos, sociales, ejidos, comunidades indígenas, pequeños propietarios e industriales, y otros no gubernamentales relacionados con los asuntos costeros, sea pública, proporcional y equitativa.

Artículo 98. La Secretaría y la Comisión, junto con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, promoverán la integración de Consejos Costeros Regionales y Estatales, como órganos de carácter consultivo, asesoramiento y concertación, en materias de planeación, supervisión, evaluación de las políticas y aprovechamiento, conservación y restauración de los ecosistemas costeros y recuperación de las zonas costeras. Se les deberá solicitar su opinión en materia de normas oficiales mexicanas.

En ellos podrán participar representantes de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, de los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, de ejidos, comunidades indígenas, pequeños propietarios, prestadores de servicios, industriales, y demás personas físicas o morales relacionadas e interesadas en cada una de las demarcaciones. Se establecerá la vinculación con los Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable, en los ámbitos previstos por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 99. En las leyes locales que se expidan en la materia, se establecerá la composición y atribuciones de los Consejos Costeros Estatales, sin perjuicio de las atribuciones que la presente Ley les otorga.

En la constitución de estos Consejos se propiciará la representación proporcional y equitativa de sus integrantes y que sus normas de operación interna respondan a las necesidades, demandas, costumbres e intereses de cada territorio o demarcación.

La Secretaría y la Comisión promoverán y facilitarán la comunicación de los Consejos nacional, regionales o estatales, en el marco del Servicio Nacional Costero.

Artículo 100. Para verificar y comprobar el cumplimiento de esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales que de ella deriven, las Secretarías de Marina y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta última a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realizarán los actos de inspección y vigilancia en las materias de su competencia, que tendrán como función primordial la salvaguarda de las zonas costeras, así como la prevención de infracciones administrativas por conducto de personal debidamente autorizado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

La vigilancia costera estará a cargo de la Federación a través de la Comisión Nacional Costera, las demás dependencias federales que tengan atribuciones al respecto y con el apoyo de las autoridades estatales y municipales costeras de conformidad con los convenios de coordinación que para tal efecto se dicten.

Artículo 101. La Comisión, en coordinación con los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales y con la colaboración de los productores pesqueros y acuícolas, comunidades indígenas, y otras instituciones públicas formulará, operará y evaluará el Programa Integral de Inspección y Vigilancia Costera, especialmente en las zonas vulnerables, para enfrentar con diversas acciones, así como para prevenir actos sancionados por la presente Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 102. La Comisión dispondrá de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales necesarios para la ejecución de las acciones previstas en el Programa y promoverá la participación de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos de la distribución de competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren.

Artículo 103. La Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y sus Delegaciones estatales, tendrán como función primordial la salvaguarda y patrullaje de los recursos y ecosistemas costeros, así como la prevención, investigación y sanción de infracciones administrativas del orden federal en las zonas costeras.

Artículo 104. La Federación, en coordinación con los Gobiernos de los estados y con la colaboración de los propietarios organizados, comunidades indígenas, los Gobiernos Municipales y otras instituciones públicas formulará, operará y evaluará programas integrales de prevención y control de inundaciones, especialmente en las zonas críticas diagnosticadas previamente, para enfrentarla con diversas acciones, así como para prevenir actos indebidos como de cambio de uso del suelo, tráfico de especies y extracción de la arena de las playas.

Artículo 105. Toda persona podrá denunciar ante las autoridades, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños a los ecosistemas costeros o daños a los recursos de las zonas costeras, o contravenga las disposiciones de la presente Ley y las demás que regulen materias relacionadas con los ecosistemas costeros, sus recursos o bienes y servicios ambientales asociados a éstos.

El denunciante deberá aportar todos los elementos de prueba con que cuenten para sustentar su denuncia y se encauzará conforme al procedimiento establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, aplicando supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Las denuncias a que se refiere este artículo deberán ser turnadas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para el trámite que corresponda, o a las instancias correspondientes en el ámbito estatal y municipal.

Artículo 106. Por conducto del personal autorizado de las Secretarías de Marina y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta última a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se realizarán visitas u operativos de inspección, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas aplicables y las demás disposiciones que de ellos se deriven.

Los propietarios y poseedores de terrenos costeros, los titulares de concesiones, autorizaciones licencias o permisos, quienes realicen actividades en las zonas costeras, deberán dar facilidades al personal autorizado para la realización de visitas u operativos de inspección. En caso contrario, se aplicarán las medidas de seguridad y sanciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables.

Artículo 107. En el desarrollo de los procedimientos de inspección se deberá observar las formalidades que para la materia señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Cuando de las visitas u operativos de inspección se determine que existe riesgo inminente de daño o deterioro grave a los ecosistemas costeros, o cuando los actos, hechos u omisiones pudieran dar lugar a la imposición del decomiso como sanción administrativa, se podrá tomar alguna de las medidas de seguridad previstas en esta Ley.

Artículo 108. Cuando de las visitas u operativos se determine que existe riesgo inminente de daño o deterioro grave a los ecosistemas costeros, o bien cuando los actos u omisiones pudieran dar lugar a la imposición de sanciones administrativas, la Federación, a través de las Secretarías de Marina y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta última a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, podrán ordenar las siguientes medidas cautelares:

I. El aseguramiento precautorio de los bienes, vehículos, utensilios, herramientas, equipo y cualquier instrumento directamente relacionado con la acción u omisión que origine la imposición de esta medida;

II. La clausura temporal, parcial o total de las instalaciones, maquinaria o equipos, según corresponda o de los sitios o instalaciones en donde se desarrollen los actos que puedan dañar la biodiversidad o los recursos naturales, y

III. La suspensión temporal, parcial o total de las concesiones, permisos autorizaciones o licencias otorgadas a la actividad de que se trate.

A juicio de la autoridad, se podrá designar al inspeccionado como depositario de los bienes asegurados, siempre y cuando se asegure que los bienes les dará un adecuado cuidado.

La Federación, a través de las Secretarías de Marina y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta última a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, podrán dar destino final a los bienes asegurados de manera precautoria y los recursos económicos obtenidos se depositarán hasta que se resuelva el procedimiento legal y, una vez emitido el fallo y la resolución cause efectos, estos recursos se entregarán a quien beneficie el sentido de la resolución. El Reglamento determinará los mecanismos para implementar esta disposición.

Artículo 109. Cuando se imponga alguna o algunas de las medidas de seguridad como medidas cautelares previstas en el artículo anterior, se indicarán, en su caso, las acciones que se deben llevar a cabo para subsanar las irregularidades que las motivaron, así como los plazos para realizarlas, a fin de que, una vez satisfechas, se ordene el retiro de estas.

Artículo 110. Son infracciones a la presente Ley:

I. Incumplir con las obligaciones o presentar inadecuadamente la información a que se refiere esta ley;

II. Prestar servicios técnicos costeros sin haber obtenido previamente las inscripciones en los registros correspondientes;

III. Contravenir las disposiciones contenidas en los decretos de declaratorias por los que se establezcan los instrumentos;

IV. Evitar prevenir, combatir o controlar, inundaciones o incendios en las zonas costeras;

V. Negarse, sin causa justificada, a prevenir o controlar inundaciones o incendios en las zonas costeras, en desacato de mandato legítimo de autoridad;

VI. Omitir ejecutar trabajos de conformidad con lo dispuesto por esta ley, ante la existencia inundaciones e incendios en las zonas costeras que se detecten;

VII. Provocar intencionalmente o por imprudencia, incendios en terrenos costeros;

VIII. Utilizar más de una vez, alterar o requisitar inadecuadamente, la documentación o sistemas de control establecidos;

IX. Depositar residuos peligrosos en terrenos costeros, sin contar con la autorización debidamente expedida para ello, y

X. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 111. Las infracciones establecidas en el artículo anterior serán sancionadas administrativamente, en la resolución que ponga fin al procedimiento de inspección respectivo, con una o más de las siguientes sanciones:

I. Amonestación;

II. Imposición de multa;

III. Suspensión temporal o definitiva, parcial o total, de los permisos, licencias o de la inscripción registral o de las actividades de que se trate;

IV. Revocación de la autorización o inscripción registral;

V. Decomiso de los bienes, así como de los instrumentos, maquinaria, equipos y herramientas y de los medios de transporte utilizados para cometer la infracción, debiendo considerar el destino y resguardo de los bienes decomisados, y

VI. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones, maquinaria y equipos de los centros de almacenamiento y transformación de materias primas costeras, o de los sitios o instalaciones donde se desarrollen las actividades que den lugar a la infracción respectiva.

En el caso de las fracciones III y IV de este artículo, la autoridad que substancie el procedimiento ordenará se haga la inscripción de la suspensión o revocación correspondiente en el Registro Costero Nacional.

Artículo 112. La imposición de las multas a que se refiere el artículo anterior se determinará en la forma siguiente:

I. Con el equivalente de 40 a 1,000 unidades de medida y actualización a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II y III del artículo 111 de esta ley, y

II. Con el equivalente de 1,000 a 20,000 unidades de medida y actualización a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones IV, V y VI del artículo 111 de esta ley.

Artículo 113. Para la imposición de las multas servirá de base la unidad de medida y actualización vigente al momento de cometerse la infracción.

A los reincidentes se les aplicará el doble de las multas previstas en este artículo, según corresponda.

Artículo 114. Las autoridades correspondientes, fundamentando y motivando plenamente su decisión, podrán otorgar al infractor la opción de pagar la multa o realizar trabajos o inversiones equivalentes en materia de conservación, protección o restauración de las zonas costeras, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor, éste no sea reincidente y no se trate de irregularidades que impliquen la existencia de riesgo inminente de daño o deterioro grave de los ecosistemas costeros.

Artículo 115. Las infracciones a esta Ley serán sancionadas, tomando en consideración la gravedad de la infracción cometida y:

I. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse, así como el tipo, localización y cantidad del recurso dañado;

II. El beneficio directamente obtenido;

III. El carácter intencional o no de la acción u omisión;

IV. El grado de participación e intervención en la preparación y realización de la infracción;

V. Las condiciones económicas, sociales y culturales del infractor, y

VI. La reincidencia.

Artículo 116. Cuando se determine a través de las visitas de inspección, que existen daños al ecosistema, impondrá como sanción mínima al responsable la ejecución de las medidas de restauración correspondientes.

Cuando en una sola acta de inspección aparezca que se han cometido diversas infracciones, deberán ser sancionadas individualmente. Las actas que se levanten en casos de flagrancia, deberán hacer constar con precisión esta circunstancia.

La amonestación sólo será aplicable a los infractores por primera vez, a criterio de la Secretaría y servirá de apoyo para incrementar la sanción económica a los reincidentes.

Artículo 117. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad que haya substanciado el procedimiento, solicitará a las autoridades que los hubieren otorgado, la suspensión, modificación, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de todas las autorizaciones otorgadas para la realización de las actividades calificadas como infracciones.

Artículo 118. Son responsables solidarios de las infracciones, quienes intervienen en su preparación o realización.

Para los efectos de esta ley, se considerará reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto en un periodo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

Artículo 119. En contra de los actos y resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de esta Ley, su reglamento y normas oficiales mexicanas que de ella emanen, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La substanciación del recurso de revisión, se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en sus preceptos aplicables.

Primero. El presente ordenamiento entrará en vigor a los noventa días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan al contenido de esta Ley.

Tercero. Seguirán vigentes las concesiones, asignaciones, permisos certificados, inscripciones, constancias y, en general, todas las autorizaciones otorgadas a favor de las personas físicas o morales, de conformidad con el presente Decreto, así como los demás actos válidos que hayan sido inscritos en los Registros Públicos correspondientes.

Cuarto. La información relativa a delimitación, superficie, características, dinámica, calidad, condiciones económicas, ecosistemas predominantes, y demás información que posean autoridades en el ámbito de sus competencias hasta la entrada en vigor de la presente, deberá ser entregada a la Comisión a fin de que sea integrada en el Inventario Nacional Costero y al Sistema Nacional de Información Costera.

Quinto. Por una sola vez, se contará con un plazo de 90 días para la publicación del domicilio de la Comisión en el Diario Oficial de la Federación. En caso de existir posterior cambio, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 de la presente Ley.

Notas

1 https://digaohm.semar.gob.mx/CIMARES/imgCIMARES/ACUERDOS/AcuerdoCreacionCIMARES .pdf

2 https://digaohm.semar.gob.mx/CIMARES/imgCIMARES/ACUERDOS/AcuerdoModificacionCIM ARES.pdf

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados el 27 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: Silvia Guadalupe Garza Galván, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Elhier Cinta Rodríguez, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Martha Elisa González Estrada, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 36 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal y 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Alejandro Ponce Cobos, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Alejandro Ponce Cobos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 36 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal y se adiciona una fracción XXIII al artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en materia de desarrollo empresarial en comunidades indígenas, al tenor de la siguiente

La siguiente iniciativa pretende ayudar a la inclusión económica de los pueblos indígenas, así como de todos aquellos artesanos y artistas que gracias a su trabajo garantizan la preservación de las tradiciones y artesanías de nuestras raíces ancestrales, ya que con ellos la cultura mexicana aún se mantiene con vida. No debemos olvidar que es una obligación del Estado mexicano fomentar las bases para hacer que las comunidades indígenas puedan tener un desarrollo económico integral y sostenible por medio de sus actividades artesanales.

En el artículo 2o., Apartado B, de la Constitución se encuentra plasmada la obligación del Estado Mexicano de establecer las instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Dentro de las tareas que la Carta Magna establece al Estado, encontramos el apoyo a las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

Por otro lado, tenemos en la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas el refuerzo legal en el que se obliga al Estado por medio del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a atender los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implantación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades.

En lo particular, para el objetivo de la presente iniciativa, encontramos dentro de la misma Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en su artículo 4°, las atribuciones que tienen dicho Instituto para el cumplimiento de su objeto, específicamente en la fracción IV, XXI y XXVII, las cuales tienen en común el fortalecimiento económico de las comunidades indígenas y afromexicanas:

IV. Promover, fortalecer y coadyuvar el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Asimismo, impulsar y fortalecer las instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales de dichos pueblos;

XXI. Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en coordinación con las instancias competentes, las medidas necesarias para brindar mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la infraestructura comunitaria, tales como vías de comunicación, escuelas, vivienda, puentes, electrificación, agua potable, drenaje, saneamiento y en general todo tipo de infraestructura, que permitan la integración y reconstitución territorial de los pueblos indígenas y afromexicano, así como el fortalecimiento de su gobernanza, organización regional y capacidad económica productiva;

XXVII. Apoyar, impulsar y fortalecer las economías locales y las actividades productivas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante acciones que permitan lograr la suficiencia de ingresos económicos, la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su capacidad productiva, así como asegurar el acceso justo y equitativo a los sistemas de abasto, comercialización y financiamiento;

Una vez revisado el ámbito constitucional y normativo, encontramos que el compromiso del Estado Mexicano es muy amplio, y que en la práctica hay muchas cosas que faltan por hacer. Es por ello que la presente iniciativa busca un acercamiento de las comunidades indígenas y afromexicanas, por medio del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a la rama empresarial.

Por tanto, para la creación, implementación y seguimiento de las políticas públicas que coadyuven al desarrollo de las comunidades indígenas, es indispensable incluir al titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas dentro de la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal y, de igual manera, se debe incluir dentro del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Con esto, el Instituto podrá tener mayor margen de maniobra para poder apoyar los proyectos de las comunidades indígenas.

Por otro lado, es cierto que, dentro de la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en su Capítulo III, llamado, Del Mecanismo para la Implementación y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas, se encuentran incluidas las Secretarías de Encomia, Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Previsión Social, entre otras, las mismas que de igual forma se incluyen dentro de la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, y del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, sin embargo, la inclusión del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, no implica una sobre regulación, ni mucho menos una invasión de facultades, si no que con esta reforma, se podrá mantener una relación más estrecha entre el sector público y privado, con aquellas comunidades que busquen entrar al ramo empresarial, ya que el objeto, del mecanismo, de la comisión y del consejo, dentro de sus respectivas leyes, manejan campos de aplicación distintos, y son complementarios para el fin que se busca plantear en la presente reforma.

De forma ilustrativa, con un cuadro comparativo, de las tres leyes en comento, que su objeto puede llegar a ser complementarios para impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas:

También es cierto que tanto el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, dentro de sus respectivas leyes (artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y artículo 36 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal), plantean la posibilidad de invitar a las reuniones, a representantes de otras dependencias, de entidades paraestatales, de gobiernos de los estados y de los municipios, así como de los sectores social y privado, o miembros de los consejos estatales y especialistas en los temas a discusión, pero las invitaciones les dan solo voz, pero no voto, y con la inclusión del Instituto en dichas leyes, podrán darle voz y voto, en favor de los artesanos y artistas, que en muchos de los casos son menospreciados por las industrias, solo porque son de comunidades de pueblos indígenas.

No debemos olvidar que es parte fundamental del nuevo modelo de gobierno, que se les reconozca a los pueblos indígenas la contribución de los anteriores procesos de transformación de México, ya que representan una reserva cultural indispensable para el país, así como un pilar para un futuro sustentable y solidario.

En otro orden de ideas, durante años se ha hablado de lo indispensable que son esos pequeños negocios que son un pilar económico para el país. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Secretaría de Economía, en colaboración con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, cuyos resultados fueron revelados el pasado septiembre del 2019, se menciona que había un total de 4 millones 057 mil 719 Microempresas, lo que equivale a una participación en el mercado de 97.3 por ciento, de igual manera, se refiere que había un total de 111 mil 958 pequeñas y medianas empresas, equivalentes a una participación del 2.7 por ciento en el mercado. Esto quiere decir que México cuenta con de 4 millones 169 mil 677 micro, pequeñas y medianas empresas.

Esto último se refleja, en que este tipo de modelos empresariales, aportan de un 40 por ciento a 50 por ciento del producto interno bruto del país, dependiendo la fuente a consultar, otro dato a resaltar es que son las responsables de generar el 78 por ciento de los empleos a nivel nacional.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 36 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal y adiciona la fracción XXIII al artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Primero. Se reforma el artículo 36 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.

Artículo 36. La Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, se integrará por sendos representantes propietarios de la Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Energía, de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social y del Gobierno del Distrito Federal, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Segundo. Se adiciona la fracción XXIII, al artículo 18, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Artículo 18. El Consejo estará formado por los integrantes siguientes:

I. a XXII. ...

XXIII. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2020.— Diputado Alejandro Ponce Cobos (rúbrica).»

«Iniciativa de decreto, por el que se declara el 22 de julio como Día Nacional del Voceador, a cargo del diputado Alejandro Mojica Toledo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Alejandro Mojica Toledo, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 1, fracción I, del artículo 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 22 de julio de cada año como el Día Nacional del Voceador, al tenor de lo siguiente

¡Extra! ¡Extra!

Esta es la voz de miles de voceadores que aun resuenan en las grandes ciudades de nuestro México.

La libertad de prensa es un derecho fundamental que enmarca la máxima figura del derecho a la libertad de expresión. Este es un derecho que engloba dos grandes caras, por un lado, la obligación impuesta al Estado para evitar la censura y permitir la expresión de ideas, así como, por otra parte, implica también un derecho de la generalidad para acceder a la información que atañe a todos.

Para materializar dicha prerrogativa, es necesario un gran proceso de generación y distribución de la información; este es un largo camino que va desde el periodista que atestigua los hechos hasta el ciudadano receptor de la noticia.

En el último eslabón de la larga cadena de producción informativa se encuentran los voceadores, quienes entregan, en mano, el papel impreso con las noticias.

La labor de los voceadores en México data desde tiempos virreinales; se les llamaba Pregoneros de acuerdo con distintas fuentes, desde 1541, a través de un impreso se voceó la información de un terremoto de Guatemala.

De igual modo, han sido objeto de persecución, crimen y castigo. En 1823 y 1828 se prohibió su actuación debido a que el pregonar por las calles y lugares públicos podía considerarse como actos de agitación, y posteriormente les fue prohibido gritar las noticias, para sólo atenerse a anunciar los títulos de los periódicos o las publicaciones.

Vocear las noticias y vender los impresos era una tarea de alto riesgo en el México de la Independencia, los castigos de los infractores (distinguidos en razón de género) eran para los hombres: trabajos durante tres meses en los canales que se construían para la comunicación entre ciudades; y para las mujeres: las enviaban al servicio de hospitales y de las presas de la cárcel nacional.

Los entonces llamados “papeleros” siempre han sido férreos defensores de la libertad de expresión, consignando las atrocidades e informando a la gente. Esto les ha dado “la imagen de un luchador por las libertades públicas”.

No son simples vendedores de periódicos, por el contrario, el riesgo y la responsabilidad que asumen, los hace ser “el correo ambulante de informaciones y opiniones sobre el que recae la persecución y la censura”.

En tiempos de la Revolución Mexicana, los voceadores se encontraron íntimamente ligados a las publicaciones de la prensa mexicana, asumieron un papel vital a la par de editores y periodistas, y se encargaron de propagar las ideas o noticias a la ciudadanía.

“Los voceadores han caminado por el mismo rumbo que los periodistas, con condiciones similares de represión y censura”.

La labor del voceador, en determinados contextos, ha sido crucial para la consolidación del derecho a la información y a lo largo de los años, estos han seguido participando activamente en la distribución de información y noticias.

Las nuevas tecnologías, la distribución digital y la era informática han golpeado fuertemente la labor de los voceadores; siguen vigentes las arengas que se escuchan en puesto de periódicos, semáforos o esquinas concurridas.

La función de los voceadores no se termina con la entrada de redes sociales y medios electrónicos, por el contrario, esta noble labor debe reconfigurarse. El papel de las fuentes fidedignas y la contabilidad de agencias serias de noticias, en las afueras de los de los periódicos mantiene vigente la labor del voceador quien fiel a la liturgia noticiosa se congrega cada madrugada en las afueras de los periódicos y distribuidores de revistas, listo para llevar en mano las noticias del día.

El trabajo del voceador no sabe de días de descanso y tampoco se detiene ante las inclemencias del clima, se mantiene firme a la par del acontecer nacional refriendo las distintas publicaciones y papeles de circulación.

Aunque conocidos por todos, los voceadores han sido relegados como trabajadores, muchos de ellos no cuentan con seguridad social, acceso a la vivienda o prerrogativas propias de la relación laboral.

Estos son derechos a que es acreedor cualquier trabajador, por la propia naturaleza de la profesión, difícilmente se materializan, lo cual redunda en un perjuicio para los voceadores.

Para la defensa de sus derechos, los voceadores se han congregado en distintos gremios y asociaciones, con especial énfasis en los grupos regionales o estatales que los reúnen.

Luego de las asociaciones de obreros, linotipistas, redactores y empleados de periódicos, los papeleros se agremiaron para formar una asociación nacional que los arropara y protegiera de editores y autoridades.

Así nacen los gremios en todo el país, como en la ciudad de Cuernavaca, Morelos; Guadalajara, Jalisco y la Ciudad de México, siendo la más antigua esta última, con data del año 1923.

El crecimiento y la evolución de estos gremios se ha expandido a la mayor parte del país, llegando a aglutinar cientos de voceadores en sus respectivas ciudades, rigiéndose bajo principios apegados a la paridad de género.

Desde 1953, a instancias del presidente Adolfo Ruiz Cortines se celebra el Día del Voceador, sin embargo, no existe registro oficial de una fecha específica y este día es celebrado con disparidad en las diferentes regiones del país.

Es necesario establecer una fecha uniforme, decretada formalmente, que sirva como referente para celebrar y reafirmar la vocación de servicio de los voceadores.

Por lo anterior, se pretende declarar el 22 de julio de cada año como Día Nacional del Voceador, esto como una medida que reconozca la gran labor que realiza este gremio para favorecer la comunicación y difusión de ideas en nuestro país.

Asimismo, permitirá discutir y analizar las condiciones de trabajo de los voceadores a nivel nacional. Es imperante reivindicar el papel de los voceadores y buscar en específico acciones que favorezcan a la seguridad jurídica y social de su empleo.

Expuesto lo anterior es que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se declara el 22 de julio como el Día Nacional del Voceador

Artículo Único. El honorable Congreso de la Unión declara el 22 de julio de cada año Día Nacional del Voceador.

Único. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: Alejandro Mojica Toledo, Agustín García Rubio, Beatriz Dominga Pérez López, Erasmo González Robledo, Gonzalo Herrera Pérez, Ignacio Benjamín Campos Equihua, Irineo Molina Espinoza, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Jorge Ángel Sibaja Mendoza, Lidia García Anaya, Manuela del Carmen Obrador Narváez, Rubén Cayetano García, Samuel Calderón Medina, Víctor Blas López (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 332 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Jannet Téllez Infante, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada federal Jannet Téllez Infante, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I; y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto decreto que reforma el Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Es importante tener presente la obligación que el Estado mexicano tiene por hacer respetar los derechos del ser humano y, en su caso, por sancionar a aquellos que atenten en contra de estos.

Atendiendo a la propuesta de reforma que sometemos a su consideración, resulta necesario apuntar que solo nos abocaremos al tipo penal previsto para el delito de aborto.

Aspectos generales

La ley establece que la muerte causada al ser humano mientras se encuentra en su etapa inicial de desarrollo es motivo para ser sujeto a una sanción.

En este orden de ideas, el Código Penal Federal en sus artículos 330 al 334 establece las sanciones aplicables a aquellos que participan en la comisión de un aborto.

El artículo 330 establece que al que hiciere abortar a una mujer, se le aplicarán de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión será de tres a seis años y si mediare violencia física o moral se impondrán al delincuente de seis a ocho años de prisión.

El artículo 331 establece que si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le correspondan conforme al anterior artículo, se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.

El artículo 332 determina que se impondrán de seis meses a un año de prisión, a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, si concurren estas tres circunstancias:

I. Que no tenga mala fama;

II. Que haya logrado ocultar su embarazo; y

III. Que éste sea fruto de una unión ilegítima.

Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicarán de uno a cinco años de prisión.

El artículo 333 precisa que no es punible el aborto causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación.

El artículo 334 establece que no se aplicará sanción: cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora.

La determinación de la mujer de abortar debe ser, sin duda alguna, por sí misma algo doloroso y devastador para ella, ya que el objeto o fin de su decisión es causarle la muerte a su propio hijo. Ante tal acontecimiento no debemos mostrarnos indiferentes a su dolor. Convencidos estamos que ninguna mujer merece enfrentar una decisión de la más grande trascendencia en su vida.

Es necesario promover cambios educativos de impacto social que permitan una adecuada valoración de la condición femenina y las responsabilidades del varón en el campo de la sexualidad, así como de su papel como progenitor.

Además, el Estado mexicano debe avocarse a paliar situaciones de vulnerabilidad real de la mujer que ha sufrido un abuso sexual, como es la sustentación de casas de resguardo femenino contra la violencia de género, establecer guarderías que le permitan el trabajo y la independencia económica. Penas eficientes no solamente para el violador, sino también para aquellos que hayan propiciado o encubierto estos delitos. Sensibilización y formación adecuada de los ministerios públicos.

Afectaciones

Ahora bien, es indispensable tener en cuenta que un aborto puede causar graves consecuencias en la salud de la mujer; y no solo nos referimos a las cuestiones físicas sino también a las emocionales, provocando daños a su integridad personal.

El impacto traumático –puede ser inmediato para estas personas– como de largo alcance psicodinámico, incluyendo múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e, incluso, mortales, afectando negativamente el bienestar de las mujeres, impidiendo su plena participación en la sociedad, además de tener consecuencias negativas para ellas, la violencia también impacta a su familia, comunidad y país. Los altos costos de “valores” “éticos” y “morales” asociados, se comprenden desde un aumento en gastos de atención de salud y servicios jurídicos a pérdidas de productividad, impactan en presupuestos públicos nacionales e internacionales y representan un obstáculo al desarrollo personal y colectivo.

Además, el aborto inducido sí tiene graves consecuencias sobre la salud de la mujer:

a) Las mujeres que abortan tienen 50 por ciento más posibilidad de tener depresión y ansiedad que aquellas que tuvieron a sus bebés

b) Las mujeres que abortan son 30 por ciento más propensas de usar drogas y alcohol en embarazos futuros.

c) Las mujeres que han abortado tienen más riesgo de morir por problemas vasculares y cerebrovasculares.

En el año 2011, la reconocida doctora Priscilla Coleman publicó un estudio sobre las consecuencias del aborto en la salud de la mujer. Dicha investigación analizó varios estudios científicos publicados entre 1995 y 2009, abarcando 877 mil 181 participantes, de las cuales 163 mil 831 tuvieron un aborto; y concluyó que las madres que han abortado tienen 155 veces más riesgo de un suicidio y 81 veces más riesgo de sufrir alguna enfermedad mental. También demostró que dichas mujeres tienen 220 veces más riesgo de consumir marihuana y 110 veces más de consumir alcohol que aquellas que no han abortado.

El doctor Reardon y colaboradores concluyeron en 2011, al estudiar a toda la población de mujeres de Dinamarca, que las mujeres que abortaron en su primer embarazo antes de las 12 semanas de gestación, se asocia con un 80 por ciento mayor riesgo de muerte durante el primer año y un 40 por ciento más riesgo de muerte en 10 años. Resultados similares se reportan en el estudio en población danesa en 2012, en el cual se concluye que existe un aumento de muerte de 45 por ciento, 114 por ciento y191 por ciento por 1, 2 y 3 abortos respectivamente, al compararlo con las mujeres que no han tenido un aborto; y se destaca que la mortalidad materna disminuye en aquellas mujeres que han tenido dos o tres nacimientos, contra las que no los han tenido.

Asimismo, en Southern Medical Journal se vincularon los certificados de defunción por concepto de partos y abortos de 173 mil mujeres de California, donde reportaron que las mujeres que se habían practicado abortos fueron casi el doble de propensas a morir en los siguientes 2 años y que el elevado índice de mortalidad en éstas persistió durante 8 años, reportándose especialmente por problemas vasculares.

Se tienen bien establecidas graves consecuencias físicas y fisiológicas que pueden afectar la salud de las mujeres para toda la vida, como perforaciones uterinas; infección y sepsis; síndrome de shock tóxico, endometriosis, ataques asmáticos severos, embarazo ectópico subsecuente y estrés emocional.

También existen consecuencias del aborto inducido en futuros embarazos; por ejemplo, éste aumenta la posibilidad de tener futuros hijos con bajo peso al nacer y pre-término; y tienen más riesgo de tener abortos naturales en los siguientes embarazos, incompetencia cervical y subsecuente aborto espontáneo, parto pre-término, hemorragia postparto. Estudios recientes, han relacionado la presencia de un aborto con el cáncer de mama.

Estudios recientes de la experiencia en Cuba indican que aunque conceptualmente el aborto no es un método anticonceptivo, la realidad indica que su práctica se ha instalado entre las mujeres cubanas como un método que alterna con los demás métodos anticonceptivos e incluso, en mujeres muy jóvenes, antecede a la utilización de estos en no pocos casos, indicaban que el primer embarazo es en el que más se ejecuta el aborto; a veces se acude al aborto más de una vez al año; algunas mujeres acumulan cuatro o más abortos antes del primer parto; y el conocimiento universal de los métodos anticonceptivos por parte de las mujeres no significa que se usen con regularidad.

Aún en las mejores condiciones de seguridad no exoneran al aborto de complicaciones sobre la salud ni de los riesgos físicos y psicológicos que tiene implícito, fundamentalmente, cuando se realiza en la etapa de la adolescencia y la juventud temprana. En palabras del doctor Alejandro J. Velasco Boza, profesor auxiliar de la Universidad Médica de La Habana, más del 70 por ciento de las mujeres que acuden a una consulta de infertilidad tienen como antecedente uno o más abortos durante la adolescencia o en su etapa de adulta joven. Ello explica por qué las tasas de aborto constituyen motivo de preocupación entre las autoridades sanitarias de Cuba, y su uso excesivo es centro de reflexión y análisis profundo de numerosos especialistas.

Por su parte, la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo (Cairo, 1994), recomendó a los gobiernos dar la mayor prioridad a prevenir el embarazo no deseado y hacer todo lo posible para evitar la necesidad del aborto, agregando que las medidas a este respecto debían ser tomadas por cada país de acuerdo con su proceso legislativo (artículo 8.25 del Plan de Acción).

En el libro Y después del aborto ¿Qué?, de María del Carmen Alva López, se señala que “los seres humanos cuentan con el libre albedrío, que los hace vivir y tomar decisiones con plena libertad. No obstante, una gran cantidad de circunstancias influyen en las decisiones de cada ser humano. La vida en sociedad, de acuerdo con ciertas normas y empapada de variedad de criterios, suele influir en las decisiones personales.”

Especial mención merece lo sucedido el 13 de junio de 2008, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el médico ginecobstetra Eduardo Gayón Vera entre otras cosas señaló que un grupo de la Universidad de Harvard publicó en 2004 los resultados obtenidos al comparar a 332 mujeres con sintomatología depresiva, contra 644 sin dicha sintomatología. Encontraron que aquellas con antecedentes de aborto obtuvieron tres veces mayor riesgo de desarrollar depresión a lo largo de su vida que el grupo control. Asimismo, señaló que existen evidencias preocupantes de que las repercusiones del aborto provocado son altamente significativas en contra de la salud y la vida de las mujeres que abortan.

El Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y la Familia, AC, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una participación que tuvo con motivo de acciones de inconstitucionalidad, expuso que el aborto genera un trastorno, este cuadro puede surgir inmediatamente después o permanecer latente durante largo tiempo –incluso por años–, manifestando sus síntomas en forma directa. El concepto de síndrome postaborto, psiquiatras y especialistas profesionales lo utilizan desde hace dieciséis años para describir la incapacidad de procesar la angustia, medio, coraje, tristeza y vergüenza de la experiencia de aborto; sobrellevar el duelo causado por ausencia del hijo, para estar en paz con ella misma y quienes estuvieron involucrados en la decisión.

La Asociación Civil en comento también señaló que “según el psiquiatra Philip Ney y el médico David Reardon, las mujeres que se someten a un aborto tienen cinco veces más probabilidad de vivir alcoholismo y adicción a las drogas que las mujeres que dan a luz”.

Cabe señalar que el doctor Philip Ney es psiquiatra de British Columbia (Canadá) especializado en terapia postaborto y el doctor David Reardor el director del Instituto Elliot en Estados Unidos de América.

Es necesario asentar nuestras reflexiones en la realidad de la vida. Por lo que nos gustaría referirnos a un caso muy sonado en Reino Unido en 2007. Este es el caso del suicidio de la actriz británica Emma Beck. Después de haberse suicidado hubo alegaciones de su familia diciendo que ella no tuvo claras las implicaciones de su aborto. Al suicidarse ella dejó está nota:

“Vivir es un infierno para mí. Nunca debí haber tenido un aborto... Veo que podría haber sido una buena madre. Yo les dije a todos que no quería hacerlo, incluso en el hospital... Tenía miedo, ahora es muy tarde. Morí cuando mis bebés murieron. Quiero estar con mis bebés, ellos me necesitan más que nadie.”

Curiosamente el año siguiente aparece un estudio importante y un reporte de una institución renombrada en Reino Unido. En 2008 el Colegio Real de Psiquiatras de Inglaterra (Royal Collegue of Psichiatrist) publicó un reporte advirtiendo que tener un aborto puede dañar la salud mental de la mujer. Este escrito cambió mucho la postura del Colegio establecida en 1994, por la cual afirmaba que el riesgo de desarrollar problemas mentales era menor en las mujeres que abortaban que en las que continuaban con el embarazo (no deseado).

“El asunto específico sobre si o no el aborto inducido tiene efectos negativos en la salud mental de una mujer permanece todavía sin estar completamente resuelto. La investigación basada en evidencia no es concluyente – algunos estudios indican ninguna evidencia de daño, mientras que otros identifican un rango de desórdenes mentales que siguen al aborto”.

El mismo colegio pidió en aquel año que se diera orientación a las mujeres sobre los posibles riesgos que el aborto podría provocar para su salud mental. Y una consecuencia lógica de esto es que para que una mujer pueda dar un verdadero consentimiento informado debería saber esta información, mientras no tenga claro los riesgos, el consentimiento no es libre, porque no ha sido bien y claramente informado.

“El consentimiento no puede ser informado sin la provisión de adecuada y apropiada información en relación a los posibles riesgos y beneficios para la salud física y mental”.

Por otro lado, este mismo año aparece el estudio de Fergusson, Horwood y Boden, que es uno de los más amplios estudios para mostrar la relación entre el aborto y los problemas mentales de mujeres. Es de señalar que el mismo Fergusson se definió a sí mismo como un “ateo, racionalista y pro-choice”. Inició sus investigaciones con una hipótesis nula, pensando que el aborto no tenía relación con los problemas de salud reportados, que más bien se explicarían como factores preexistentes al aborto. Sin embargo, sus propias investigaciones cambiaron su perspectiva.

Dicho estudio Aborto y trastornos mentales: evidencia de un estudio longitudinal de 30 años, como lo indica su nombre es un estudio longitudinal de 534 mujeres de las cuales nacieron mil 265 niños en Christchurch, en Nueva Zelanda, que fueron estudiados al nacer, a los 4 meses, 1 año y a intervalos de 1 año hasta la edad de 16 años, y luego otra vez a los 18, 21, 25 y 30 años.

Los resultados de las mediciones en salud mental incluían medidas de depresión mayor, trastornos de ansiedad, ideación suicida, dependencia al alcohol, licitación a dependencia de sustancias, y otros varios trastornos mentales.

La historia de embarazo dividió a la muestra en varios grupos de experiencia:

I. Un aborto voluntario;

II. La pérdida involuntaria de un bebé;

III. El nacimiento de un bebé que era o no deseado o había causado a la mujer una reacción adversa al embarazo;

IV. El nacimiento de un bebé sin ninguna reacción adversa al embarazo.

Del estudio se siguieron las siguientes conclusiones:

a) los abortos inducidos se asocian con un aumento de problemas mentales entre 1.86 y 7.08 veces superior al de las mujeres que no han abortado;

b) los abortos involuntarios también se asocian a un modesto pero consistente aumento de riesgo de problemas mentales, incremento que se podría cifrar entre 1.76 y 3.30 veces superior;

c) los nacimientos ocurridos tras un embarazo no deseado o tras reacciones adversas durante el embarazo se asocian con un pequeño incremento en el riesgo de problemas mentales, excepto alcoholismo;

d) la asociación entre problemas mentales tras un embarazo normal es débil e inconsistente;

e) en las mujeres que han abortado, el riesgo de tener problemas de salud mental aumenta un 30 por ciento en relación con las que no lo han hecho; y

f) los trastornos de salud mental atribuibles al aborto representan entre el 1,5 por ciento y 5,5 por ciento de la totalidad de los trastornos mentales de las mujeres.

Las conclusiones de los autores son importantes de señalar:

1. Los resultados no apoyan la posición pro-vida que afirma que los efectos del aborto son devastadores en la salud mental de las mujeres.

2. Tampoco apoyan la posición pro-choice que dice que el aborto no tiene ningún efecto en la salud mental.

3. A pesar de que algunos estudios concluyen que el aborto tiene un efecto neutral en la salud mental, ningún estudio ha reportado que la exposición al aborto reduzca los riesgos de salud mental. El mismo estudio muestra que las mujeres que llevaron a término embarazos no deseados tuvieran mejores resultados que las que tuvieron un aborto.

En otro estudio, Fergusson, se encuentra una mezcla de efectos positivos y negativos inmediatos reportados por las mujeres después de un aborto, y comentan que casi el 90 por ciento de las participantes creían que el aborto había sido la decisión correcta. El análisis mostró que el número de respuestas negativas hacia el aborto estaba asociado con un incremento en los niveles de trastornos mentales.

Aquí es importante señalar que a pesar de que las mujeres estaban de acuerdo con el aborto, aunque creían que habían hecho lo correcto, aun así, dieron muestras de efectos negativos. Los efectos positivos en este caso son más fáciles de explicar, les causó algún tipo de alivio verse libradas de la responsabilidad del hijo y además habían sido educadas para creer que era la elección correcta. Sin embargo, a pesar de ello daban muestras de efectos inmediatos negativos emocionalmente hablando.

Otro estudio de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica del 2009 llamado “Complicaciones psiquiátricas del aborto” menciona claramente que:

Ninguna investigación ha encontrado que el aborto inducido se asocie a mejor evolución de la salud mental, aunque los resultados de algunos estudios son interpretados como «neutros» o «mezclados». Algunos estudios de población general señalan asociaciones significativas con dependencia de alcohol y de drogas ilegales, con trastornos afectivos (incluida la depresión) y algunos trastornos de ansiedad; y algunas de esas asociaciones se han visto confirmadas, y matizadas, por estudios longitudinales prospectivos, que sostienen que se trata de relaciones causales [...].

Por su parte, la investigadora Priscila K. Coleman (2011) haciendo un meta análisis de los resultados de investigaciones desde 1995 hasta el 2009 concluye que las mujeres que han atravesado por un aborto experimentan un 81 por ciento más de riesgo de presentar problemas mentales, y cerca de 10 por ciento de las incidencia de problemas mentales en mujeres han mostrado ser atribuibles al aborto. Las estimaciones más sólidas de subgrupos de mayor riesgo ocurrieron cuando el aborto se comparó con el embarazo a término y cuando los resultados se relacionaron con el uso de sustancias y el comportamiento suicida. La conclusión a la que lleva la revisión realizado por Coleman es que ella “ofrece la mayor estimación cuantitativa de los riesgos para la salud mental asociados con el aborto disponible en la literatura mundial. Al cuestionar las conclusiones de las revisiones tradicionales, los resultados revelaron un riesgo moderado a alto de problemas de salud mental después del aborto. De acuerdo con los principios de la medicina basada en la evidencia, esta información debe proporcionarse en la prestación de servicios de aborto”.

Siguiendo la línea de los estudios, existe uno exhaustivo del doctor Greg Pike de 2010, con su reciente revisión y actualización en 2017, realizado por la Sociedad para la Protección del Niño por Nacer de Reino Unido (Society for Protección of Unborn Children) encontró interesantes conclusiones que vale la pena enumerar y mencionar. El estudio se llama Abortion and Women´s Health, una revisión basada en la evidencia para profesionales médicos sobre el impacto del aborto en mujeres.

Entre los resultados claves del estudio se encuentran:

1. Las mujeres tienen más probabilidades de morir por cualquier causa después de un aborto en comparación a haber dado a luz.

2. El suicidio es seis veces más probable tras el aborto que si se ha dado a luz.

3. El aborto está asociado a tasas mayores de muerte hasta por 10 años después del aborto, en comparación con las mujeres que dieron a luz.

4. Las mujeres describen un grave dolor hasta tres años después del aborto.

5. Un 30 por ciento mayor de riesgo de padecer depresión y un 25 por ciento de incremento de padecer ansiedad después del aborto.

6. Las mujeres que han tenido abortos experimentan una frecuencia 30 por ciento mayor de padecer trastornos mentales comparadas con las mujeres que no han tenido abortos.

7. La depresión, la ansiedad y el trastorno por estrés postraumático también están asociados con los embarazos subsecuentes de las mujeres que han experimentado el aborto.

8. Las mujeres que han tenido un aborto tienen mayores riesgos de admisión psiquiátrica comparadas a las que han tenido a sus hijos.

9. Las mujeres que han tenido abortos médicos pueden experimentar admisiones hospitalarias, transfusión de sangre, tratamiento en sala de emergencias, administración de antibióticos de IV generación e infecciones.

Estos datos nos revelan con certeza que la mujer se verá siempre afectada por un aborto.

Como hemos expuesto, las mujeres que consienten su aborto pueden llegar a sufrir afectaciones en su salud, tanto en el plano físico como en el emocional.

Considerando la premisa anterior, podemos darnos cuenta de que las mujeres atendiendo a las afectaciones que pueden tener que realmente no ponemos en perspectiva, como lo puede ser las condiciones viables para el nacimiento del feto, así como el trauma que de por vida que podría ocasionar el someterse a un tratamiento quirúrgico o incluso en condiciones naturales que propicien a la mujer a llegar a esa situación, incluso llegando en dicho tratamiento a la muerte de la misma. No queremos ser fatalistas pero es una realidad, los riesgos existen y si bien la mujer que aborta es considerada por la ley como sujeta de sanción nosotros pugnamos por ofrecerle alternativas a la mujer a través de las cuáles tanto ella como la sociedad estemos en pro de mejorar su situación e incluso de beneficiar a la sociedad, tal como lo señalamos a continuación.

En este sentido, consideramos que la mujer que procura su aborto debe contar con una opción para evitar la pena corporal establecida en la ley penal, pues los daños a los que se expone por la práctica de un aborto requieren de una adecuada atención, misma que debe ser brindada por el Estado Mexicano, a través de medidas alternativas, como lo puede ser un tratamiento médico integral, esto incluso basado en que sin duda alguna toda persona tiene derecho a la salud, esto en términos de los previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, párrafo tercero.

Es importante recalcar nuestro interés de sustituir la pena privativa de libertad por una medida alternativa, ya que ninguna mujer merece ser privada de su libertad.

Ahora bien, en caso de que la mujer no padezca alguna consecuencia que amerite el tratamiento médico integral, dependiendo el diagnóstico que emitan los especialistas, consideramos necesario ampliar a una opción más para que, en caso de ejecutarse el aborto, pueda sustituir la pena por trabajo en favor de la comunidad; no se trata de revictimizar a la mujer, sino de que salga avante del enfrentamiento entre la prisión y dejar de lado el reproche social plasmado en la ley mediante la privación de su libertad.

Bajo esta tesitura, debemos considerar lo establecido en las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1990.

No podemos dar carta abierta para que el aborto se practique sin que antes de ejecutarlo se tenga presente lo valiosa que es una vida humana y lo que puede enfrentarse a raíz de la ejecución de un aborto.

Debe quedar claro que a través del aborto no se provoca la interrupción de una vida sino la terminación de ésta, lo cual es irreversible.

La vida del producto de la concepción o fecundación, durante el embarazo es el bien jurídicamente tutelado de un ser vivo no de una cosa, razón que nos lleva a reafirmar la necesidad de que el delito de aborto prevalezca vigente.

Ahora bien, en forma conjunta a lo anterior dicho, proponemos aumentar las penas para los terceros que participen en la práctica de un aborto con o sin consentimiento de la mujer.

Lo anterior, con el objetivo de evitar que prolifere la irresponsabilidad de los progenitores varones quienes muchas de las veces son un factor determinante para que la mujer provoque su aborto; así como inhibir en lo máximo que gente sin respeto por la vida humana haga del aborto un negocio.

La paternidad trae responsabilidades, mismas que deben ser asumidas desde el momento mismo en que se participa en el acto que puede traer consigo la procreación de un ser humano, la muerte de su hijo no debe ser considerada como una forma de eludir obligaciones.

Aquellos que tengan la intención de hacer del aborto una forma de vida, es decir, lucrar con causar la muerte del producto de la concepción (un ser humano), deben ser conscientes de que participar en la comisión de un aborto es un motivo para ser sujeto a una pena ejemplar.

La participación de cualquier tercero en la práctica de un aborto con o sin el consentimiento de la madre debe ser sancionada con mayor rigor, pues aparte de que sea causa de la muerte de un ser humano se pone en riesgo la salud de la progenitora.

Al respecto, dicha participación debe ser sancionada considerando que el objeto material del delito no es otro que el de la muerte de un ser vivo, pues obra con pleno conocimiento y aceptación del resultado, y sin una excusa absolutoria de por medio bajo la cual se esté actuando; y a diferencia de la mujer quien pudo verse obligado a tomar la decisión de provocar su aborto por diversas circunstancias, cualquier tercero que pretenda participar en la comisión del delito debe pensar muy bien que la ley protege la vida del ser humano desde que éste se encuentra desarrollándose en el seno materno y que cualquier intento de privarlo de la misma con o sin el consentimiento de la mujer embarazada será sancionado, no con una pena benevolente como la que hasta hoy en día se encuentra vigente sino con una sanción ejemplar que sin duda lo lleve a ser privado de su libertad por violentar una vida humana en pleno desarrollo.

En este orden de ideas, debemos aclarar que no hay contradicción en la propuesta a la reforma penal inicialmente señalada, ya que en el caso de la mujer su conducta puede tener un origen diverso a la del tercero que participe en la comisión del delito por lo que debemos inhibir su participación estableciendo a una sanción ejemplar. Aunado a que la mujer que aborta merece ser atendida de los padecimientos tanto emocionales como físicos ocasionados por causa del aborto.

Consideramos que el aumentar las penas previstas para los terceros que participen en la comisión del delito de aborto, servirá como medio “intimidatorio” para coadyuvar en el respeto por la vida humana, pues debe precisarse que la terminación violenta e ilegítima de una vida que se encuentra en etapa inicial de su desarrollo biológico será sancionado por el Estado Mexicano con una mayor severidad comparando las penas hoy en día vigentes, ya que no es dable aprovecharse de la situación de la mujer que decide abortar para escudarse tras un velo, alegando que actúo bajo un consentimiento el cual pudo ser el resultado de ciertas condiciones que condujeron u obligaron a la mujer a consentir la muerte de su propio hijo o sin su consentimiento, lo cual es aún más grave.

Por ende, proponemos que las penas aplicables a los terceros que participen en la comisión del delito de aborto con o sin el consentimiento de la mujer embarazada sean mayores.

Cabe agregar que esta propuesta no aumenta las penas de prisión ya existentes para el caso de que la mujer voluntariamente procure su aborto, pues anterior a la propuesta que sometemos en este momento a su consideración el Código Penal Federal, artículo 332 en vigor ya contempla sanciones corporales para la mujer que procure su aborto (seis meses a un año de prisión); en este sentido nuestra propuesta pretende precisamente evitar que la mujer, a su elección, evite la aplicación de una pena de prisión misma que ya se encuentra considerada en la legislación penal vigente.

Finalmente, nuestra propuesta elimina las “tres circunstancias” que contempla el Artículo 332 del Código Penal Federal por el cual, se sanciona a la mujer por la realización de un aborto sin darle opción de conmutar la pena. Destacando que dichas “circunstancias” no corresponden a la actualidad y atentan a la dignidad de la mujer, etiquetándola y condicionándola a situaciones que pudieran considerarse como denigrantes.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente proyecto de iniciativa.

Decreto por el que se reforma el artículo 332 del Código Penal Federal

Único. Se reforma el artículo 332 del Código Penal Federal.

Artículo 332. Se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar.

Tratándose de las sanciones a que se refiere este artículo, el juez queda facultado para sustituirlas por un tratamiento médico integral o trabajo en favor de la comunidad; bastará que lo solicite y ratifique la mujer ante la autoridad judicial.

El tratamiento referido en este precepto será provisto por las instituciones de salud federales y estatales y tendrá como objeto la atención integral de las consecuencias generadas con motivo de la práctica del aborto procurado previa valoración del personal médico correspondiente quien determinará lo necesario para la atención.

En el caso de las poblaciones o comunidades indígenas, las autoridades sanitarias brindarán la asesoría y en su caso, la orientación en español y en la lengua o lenguas en uso en la región o comunidad.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Fergusson DM, Horwood LJ, Ridder EM. Abortion in young women and subsequent mental health. J Child Psychol Psychiatry 2006; 47(1): 16-24.

2 Cougle JR, Reardon DC, Coleman PK. Generalized anxiety following unintended pregnancies resolved through childbirth and abortion: a cohort study of the 1995 National Survey of Family Growth. Journal of anxiety disorders. 2005;19(1): 137-42.

3 Fergusson DM, Horwood LJ, Boden JM. Does abortion reduce the mental health risks of unwanted or unintended pregnancy? A re-appraisal of the evidence. Aust N Z J Psychiatry. 2013, April 3.

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5 Coleman PK, Reardon DC, Rue VM, Cougle J. A history of induced abortion in relation to substance use during subsequent pregnancies carried to term. Am J Obstetrics and Gynecology. 2002 Dec; 187(6): 1673-8.

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9 Reardon DC, Coleman P. Pregnancy-associated mortality after birth. Am J Obstet Gynecol 2004; 191(4): 1506-7.

10 Coleman PK. Abortion and mental health: quantitative synthesis and analysis of research published 1995-2009. Br J Psychiatry. 2011 Sep;199(3): 180-6.

11 Readon DC, Coleman PK. Short and long term mortality rates associated with first pregnancy outcome: population register based study for Denmark 1980-2004. Med Sci Monit. 2012 September; 18 (9): PH71-6.

12 Coleman PK, Reardon DC, Calhoun BC. Reproductive history patterns and long-term mortality rates: a Danish, population-based record linkage study. Eur J Public Health. 2012, September 5.

13 Reardon DC, Ney PG, Scheuren F, Cougle J, Coleman PK, Strahan TW. Deaths associated with pregnancy outcome: a record linkage study of low income women. South Med J 2002; 95(8): 834-41.

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16 Klemmeti R, Gissler M, Niinimäki M, Hemminki E. Birth outcomes after induced abortion: a nationwide register-based study of first births in Finland. Hum Reprod. 2012 Nov;27(11): 3315-20.

17 Swingle HM, Colaizy TT, Zimmerman MB, Morris FH Jr. Abortion and the risk of subsequent preterm birth: a systematic review with meta-analyses. J Reprod Med 2009; 54(2): 95-108.

18 Scholten BL, Page-Christiaens GCML, Franx A, Hukkelhoven CWPM, Koster MPH. The influence of pregnancy termination on the outcome of subsequent pregnancies: a retrospective cohort study. BMJ Open. 2013;3(5): e002803. doi: 10.1136/bmjopen-2013-002803.

19 Hajian-Tilaki KO, Kaveh.-Ahangar T. Reproductive factors associated with breast cancer risk in northern Iran. Med Oncol 2011; 28(2): 441-6.

20 Benítez Pérez, María Elena. (2014). La trayectoria del aborto seguro en Cuba: evitar mejor que abortar. Revista Novedades en Población, 10(20), 87-104. Recuperado el 1 de septiembre de 2019, de

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S181 740782014000200007&lng=es&tlng=es

21 Ver

https://www.dailymail.co.uk/news/article-517346/Young-artist-ha nged-grief-aborting-twins.html

22 Royal College of Psychiatrists. (2008) Position statement on women’s mental health in relation to induced abortion. 14 March 2008. Royal College of Psychiatrists. Disponible en

http://www.rcpsych.ac.uk/members/currentissues/mentalhealthanda bortion.aspx)

23 Idem.

24 Ibídem.

25 Fergusson DM, Horwood, LJ, Boden JM. (2008) Abortion and mental health disorders: evidence from a 30-year longitudinal study. Br J Psychiatry; 193: 444–451.

26 Robotham, J. (2006). Abortion Linked to Mental Problems. The Sydney Morning Herald. Accesado el 4 de diciembre 2018. Disponible en

https://www.smh.com.au/national/abortion-linked-to-mental-probl ems-20060103-gdmpww.html

27 Ferguson DM, Horwood LJ, Boden JM. (2009) Reactions to abortion and subsequent mental health. The Britisch Journal of Psychiatry; 195: 420-426.

28 Gurpegui, M.; Jurado, D. (2009) Complicaciones psiquiátricas del aborto. Cuadernos de Bioética, volumen XX, número 3, septiembre-diciembre, 2009, páginas 381-392. Asociación Española de Bioética y Ética Médica: España.

29 Coleman, P.K. (2011) Abortion and mental health: quantitative synthesis and analysis of research published 1995–2009. Br J Psychiatry 2011; 199: 180–186.

30 “This review offers the largest quantitative estimate of mental health risks associated with abortion available in the world literature. Calling into question the conclusions from traditional reviews, the results revealed a moderate to highly increased risk of mental health problems after abortion. Consistent with the tenets of evidence-based medicine, this information should inform the delivery of abortion services”.

31 El doctor Greg Pike, fundador y director del Centro Adelaide para la Bioética y la Cultura de Australia. Es especialista en investigación médica y es actualmente el director del área de Investigación Integral de la Universidad del Sur de Australia (University of South Australia).

32 Pike, G. (2017) Abortion and Women´s Mental Health: An evidence-based review for medical professionals of the impact of abortion on women’s physical and mental health. Londres: SPUC. Disponible en

http://www.spuc.org.uk/~/media/Files/Abortion-and-Womens-Health _April-2017.ashx?la=en

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.— Diputada Jannet Téllez Infante (rúbrica).»