«Iniciativa que expide la Ley General de Conservación, Protección y Fomento Apícola, a cargo de la diputada María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Chávez Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, que expide la Ley General de Conservación, Protección y Fomento Apícola.

La miel es uno de los productos de origen animal de más amplia explotación y consumo en México. Las abejas, los panales, la miel, todo aquello que se relaciona con este tema constituyen parte de nuestro legado cultural.

El origen del aprovechamiento de la miel se remonta hasta la llegada misma del hombre a este territorio, y la apicultura, como actividad organizada, relacionada con la domesticación de las abejas, puede ser tan rancia o más que la del antiguo Egipto.

La actual crisis en la que se encuentran las abejas, es una seria amenaza para una gran variedad de plantas críticas para el bienestar humano y los medios de vida, y los países deberían hacer más para salvaguardar unas aliadas fundamentales en la lucha contra el hambre y la malnutrición.

La cantidad de abejas y otros polinizadores se está reduciendo en muchas partes del mundo debido, en buena parte, a las prácticas agrícolas intensivas, el monocultivo, el uso excesivo de productos químicos agrícolas y a unas temperaturas más altas asociadas al cambio climático, que afectan no solo a los rendimientos de los cultivos sino también la nutrición. De continuar así, los cultivos nutritivos como frutas, nueces y verduras serán sustituidas por cultivos básicos como el arroz, el maíz y las papas, lo que puede originar una dieta desequilibrada.

“Las abejas están bajo la gran amenaza de los efectos combinados del cambio climático, la agricultura intensiva, el uso de pesticidas, la pérdida de biodiversidad y la contaminación”, dijo el director general de la FAO, José Graziano da Silva, en un mensaje de video grabado para el Día Mundial de la Abeja. “La ausencia de abejas y otros polinizadores eliminaría el café, las manzanas, las almendras, los tomates y el cacao, por nombrar solo algunos cultivos que dependen de la polinización. Los países deben cambiar a políticas y sistemas alimentarios más amigables y más sostenibles para los polinizadores”.

Las abejas se encuentran entre las criaturas que más duramente trabajan en el planeta, brindando el importante servicio de asegurar la polinización y, por lo tanto, la reproducción de muchas plantas silvestres y cultivadas, lo que es crucial para la producción de alimentos, los medios de vida humanos y la biodiversidad.

Las abejas y otros polinizadores, como las aves y los murciélagos, afectan al 35 por ciento de la producción mundial de cultivos, aumentando la producción de 87 de los principales cultivos alimentarios del mundo, además de muchos medicamentos derivados de plantas.

Aproximadamente dos tercios de las plantas de cultivo que alimentan al mundo dependen de la polinización de los insectos o de otros animales para producir frutos y semillas saludables para el consumo humano. La polinización beneficia la nutrición humana: no solo permite la producción de una gran cantidad de frutas, nueces y semillas, sino también una mayor variedad y una mejor calidad.

La apicultura tiene gran importancia socioeconómica y ecológica, ya que es considerada como una de las principales actividades pecuarias generadora de divisas y parte fundamental de la economía social. Generalmente esta actividad se asocia únicamente como producción de miel, polen, jalea real y propóleos, sin embargo, las abejas son fundamentales para un equilibrio del ambiente, ya que obtener el alimento de las flores fomenta en las plantas la capacidad de fecundarse.

Lo anterior se conoce como polinización cruzada, con ésta, las plantas generan el oxígeno suficiente para la vida, y además, aumentan el rendimiento en los cultivos, lo que favorece un incremento en alimentos de origen vegetal, materia prima textil e insumos agropecuarios. En resumen, la apicultura es una de las actividades económicas y sociales más importantes a escala mundial.

Esta actividad se ha desarrollado a la par del surgimiento de la civilización sobre todo con fines alimenticios, aunque también fue utilizada en embalsamamientos e incluso ha tenido aplicaciones médicas.

La apicultura es una actividad agropecuaria enfocada a la crianza de abejas, dándoles los cuidados necesarios para obtener los productos que elaboran para ser comercializados. En nuestro país son dos tipos de abejas utilizadas para esta actividad, la abeja europea y la abeja de la península de Yucatán.

Su historia va de la mano con la evolución del hombre, desde el cazador nómada al agricultor sedentario. De los pueblos que practicaban esta actividad los egipcios fueron los que con mayor detalle dejaron evidencia de esta actividad, desde el tipo de colmena hasta el proceso de recolección de miel y la forma en que era almacenada y preservada.

Entre los vestigios de la cultura griega se han encontrado vasijas cuyo único fin era el de contener los panales de abejas para poder recolectar la miel y cera, e incluso en los textos romanos de Columela y Plinio el viejo se denota una profunda admiración por las abejas, además de indicar conocimiento de enfermedades y manejo e incluso leyes sobre apicultura.

México se ha consolidado entre los principales productores y exportadores de miel a escala mundial y cuenta con cinco regiones muy definidas: norte, la costa del Pacífico, la del Golfo, la del Altiplano y la sureste. Cada una produce una clase de miel diferente.

Y aunque la miel sin duda es el producto principal que se obtiene de la apicultura, se procesan productos no menos importantes como el polen, jalea real, propóleos y veneno de abeja, los cuales son muy apreciados por su uso medicinal y en la elaboración de productos de belleza y cuidado de la piel.

Las actividades de un apicultor oscilan entre primavera y verano normalmente para trabajar con las abejas realizando inspecciones de control de población y extracción de la miel, sin embargo, durante el invierno el trabajo consiste en la preparación del material de madera para la temporada que viene, donde se alojarán las nuevas familias, así como advertir posibles enfermedades o plagas de las poblaciones de abejas para poder tratarlas a tiempo.

Diferentes proyectos productivos realizados por emprendedores sociales mexicanos han logrado elevar la calidad de esta actividad a niveles de exportación, ayudando a consolidar el país como uno de los principales exportadores de miel.

Es necesario que en el Poder Legislativo fomentemos y promovamos el cuidado de esta especia, siendo conscientes del papel tan relevante que tienen, por ello debemos generar acciones que nos permitan conservar y multiplicar esta especie, a fin de lograr, que todo el territorio apicultor cuente con todos los medios y herramientas que permitan impulsar a la especie.

Por lo expuesto, en la presente iniciativa se pretende establecer la participación de los tres niveles de gobierno, a fin de diseñar un esquema de protección y fomento al sector apícola. Por eso someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley General de Conservación, Protección y Fomento Apícola

Único. Se expide la Ley General de Conservación, Protección y Fomento

Apícola, para quedar como sigue:

Ley General de Conservación, Protección y Fomento Apícola

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general en el territorio nacional, y tiene por objeto impulsar, conservar, proteger, reglamentar, fomentar, promover y difundir las actividades relacionadas con el sector apícola. Asimismo, promover la sanidad, tecnificación, industrialización y comercialización de la apicultura.

Artículo 2. Son sujetos de esta ley todos los actores involucrados, desde los procesos de criadero y cuidado de colmenas y apiarios, así como los productores, las organizaciones, asociaciones, comités, consejos de carácter nacional, estatal, regional, distrital y municipal, los organismos auxiliares en la materia, así como:

I. Las personas físicas o morales que se dediquen directa o indirectamente, ya sea de manera habitual o accidental, a la cría, mejoramiento, explotación, movilización y comercialización de las abejas, sus productos y derivados; así como aquellas que efectúen funciones de empaque, almacenamiento, comercialización y transporte de los productos y derivados apícolas; y

II. Las áreas consideradas como aptas para el crecimiento y desarrollo de la apicultura en el país.

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se entenderá por

I. Apiario. Es el conjunto de colmenas pobladas e instaladas en un lugar determinado;

II. Apicultura. Es la actividad que comprende la cría y explotación racional de las abejas;

III. Apicultor. Es toda persona que se dedica a la cría, explotación y mejoramiento de las abejas;

IV. Abeja africana. Es la abeja originaria del continente africano cuyas características, hábitos de defensa, de almacenamiento y de emigración son diferentes a las razas europeas;

V. Abeja africanizada. Es el producto de la cruza de la abeja africana y la europea;

VI. Colmena. Es una caja de madera que en su interior aloja unos cuadros o bastidores con cera estampada y se utiliza para que las abejas se multipliquen, construyan sus panales, produzcan y almacenen la miel, cera, polen, jalea y propóleos;

VII. Colonia. Es la comunidad social constituida por varios miles de abejas obreras que tienen una reina y zánganos con panales en donde viven y se reproducen;

VIII. Enjambre. Conjunto de abejas compuestas por reina y obreras, que por proceso natural tienden a dividirse de la colmena madre;

IX. Flora melífera. Todo tipo de planta de la cual las abejas, en alguna de sus etapas, extraigan polen, néctar o resinas ya sean estas plantas anuales o arbustos principalmente;

X. Miel. Es el producto final resultante de la recolección del néctar de las flores, al ser transportado, modificado y almacenado en las celdas de los panales por las abejas;

XI. Polinización apícola: Actividad en la cual las abejas propician la fecundación de las flores aumentando la productividad en la fruticultura, horticultura y en el medio silvestre;

XII. Ruta y zona apícolas: Son los caminos, zonas o lugares susceptibles de explotación Apícola; y

XIII. Secretaría: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 4. En la materia apícola, la secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover, fomentar y apoyar la organización de los apicultores, la investigación, tecnificación y producción apícola;

II. Ejecutar programas tendientes al mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la apicultura;

III. Elaborar el padrón de apicultores;

IV. Participar, en el ámbito de su competencia, en la prevención, control y coordinación de las medidas necesarias para la lucha contra: la abeja africana y africanizada, las enfermedades y aquellas actividades del hombre que dañen a las abejas, conforme a las normas, lineamientos y procedimientos que se establezcan en materia federal;

V. Resolver las consultas técnicas que les formulen los apicultores o las organizaciones apícolas del país. Para tal efecto la Secretaría contará con el personal especializado que autorice el presupuesto;

VI. Coordinar las disposiciones para el control de la movilización e inspección de las colmenas y sus productos;

VII. Registrar las cuarentenas en zonas infestadas o infectadas prohibiendo el traslado de colmenas que se consideren portadoras de enfermedades exóticas o africanizadas a zonas libres;

VIII. Llevar la estadística apícola del país;

IX. Elaborar y mantener actualizado el registro de las organizaciones de apicultores que se asienten en la jurisdicción del país;

X. Llevar el registro de marcas o señales que identifiquen la propiedad de cada apicultor;

XI. Proteger las zonas y plantas melíferas que forman los ecosistemas del país;

XII. Otorgar los permisos para la instalación de apiarios y las licencias para el aprovechamiento de la zona apícola;

XIII. Vigilar que los apiarios instalados cuenten con el permiso correspondiente y que no estén dentro del derecho de vía de carreteras federales, estatales, municipales o caminos vecinales;

XIV. Tramitar y resolver las controversias que se susciten entre apicultores por la instalación de apiarios o invasión de zonas apícolas;

XV. Imponer, en el ámbito de su competencia, las sanciones por infracciones a disposiciones legales o reglamentarias, instaurando al efecto los procedimientos correspondientes y cooperar con las autoridades competentes para la aplicación de las mismas; y

XVI. Las demás que le confieran esta ley y su reglamento.

Artículo 5. Todo apicultor tiene los siguientes derechos:

I. Disfrutar de los apoyos que el gobierno federal otorgue sobre apicultura;

II. Formar parte de la Asociación de apicultores de la entidad donde se encuentre instalada su explotación;

III. Recibir el asesoramiento técnico de la secretaría;

IV. Recibir de la secretaría la credencial que lo identifique como apicultor;

V. Participar en la integración de organismos técnicos o de consulta que se establezcan exprofeso para la protección y mejoramiento de la actividad apícola en el país;

VI. Gozar en igualdad de condiciones de preferencia en la comercialización de sus productos; y

VII. Los demás que les confieran esta ley y su reglamento.

Artículo 6. Son obligaciones de los apicultores:

I. Respetar los apiarios técnicos;

II. Registrar ante la Secretaría la marca que utilizará para señalar e identificar la propiedad de sus colmenas;

III. Respetar el derecho de antigüedad que tuvieren otros apicultores cuando pretenda establecer nuevos apiarios;

IV. Informar a la Secretaría la ubicación de sus apiarios, anexando un plano o croquis de su micro localización;

V. Obtener de la Secretaría el permiso para la instalación de apiarios;

VI. Obtener de la Secretaría la licencia para el aprovechamiento de zona apícola;

VII. Los apicultores notificaran de inmediato a la autoridad competente la sospecha de enfermedad o africanización de sus colmenas, para tomar las medidas necesarias para su combate;

VIII. Acatar las disposiciones en el país, relativas al control de la abeja;

IX. Cumplir las medidas de seguridad que dicten las autoridades competentes, para la protección de las personas y animales;

X. Informar anualmente al inicio del ciclo de actividades, a la Secretaría respecto de su producción y explotación apícola. El informe deberá contener lo que disponga el Reglamento de esta ley;

XI. Movilizar sus colmenas o núcleos en vehículos perfectamente protegidos con malla, la cual deberá evitar la salida de las abejas con el fin de proteger a la población civil; y

XII. Las demás que les confiera esta ley y su Reglamento.

Artículo 7. Son requisitos previos a la instalación de un apiario

I. Solicitar el permiso correspondiente a la Secretaría. La solicitud de instalación será por escrito y deberá contener los siguientes datos:

a) Nombre y domicilio del interesado; y

b) Lugar de ubicación y número de colmenas, acompañando plano o croquis de su localización; y

II. Contar con permiso por escrito del propietario o de quien conforme a la ley pueda disponer del predio donde pretende establecerse y acreditar la propiedad.

Artículo 8. En la instalación de apiarios, los apicultores deberán observar las siguientes distancias:

I. Tres kilómetros entre apiarios de diferentes apicultores;

II. A 300 metros de zonas habitadas y de reunión pública; y

III. A 300 metros de los caminos vecinales.

Artículo 9. La secretaría, al autorizar la instalación de apiarios, oirá la opinión de la asociación estatal o municipal de apicultores que corresponda.

Artículo 10. En cada apiario se deberá instalar un letrero con una leyenda preventiva y una ilustración sencilla que comunique la misma idea, así como los datos del propietario. Lo anterior, a fin de proteger a la población civil.

Artículo 11. La secretaría retirará los apiarios que se instalen en contravención a las disposiciones de esta ley y su reglamento; entregándolos a su propietario, previo el pago de los gastos, las multas correspondientes y el cumplimiento de los requisitos de instalación.

Artículo 12. Se declara de utilidad pública e interés social en el país, el aprovechamiento de la flora melífera.

Artículo 13. La Secretaría levantará y actualizará el inventario de la flora melífera en el país y en función de éste, determinará las rutas y zonas apícolas que puedan establecerse.

Artículo 14. Para el mejor control y racional explotación de la flora melífera, la Secretaría podrá otorgar licencias de aprovechamiento a los apicultores que instalen apiarios con un mínimo de veinticinco colmenas.

Artículo 15. El apicultor al obtener la licencia de aprovechamiento de una zona apícola adquiere el derecho de exclusividad y preferencia en la zona, la que se circunscribirá dentro de un radio de tres kilómetros contados a partir del punto de instalación del apiario registrado.

Artículo 16. El derecho de exclusividad y preferencia se perderá si durante dos ciclos de floración seguidos no se explota la zona apícola, y será cancelada la licencia de aprovechamiento.

Artículo 17. Para la identificación de la propiedad de las colmenas, todo apicultor que opere dentro del país deberá marcarlas al frente, mediante fierro caliente, que sea visible cuando menos a una distancia de dos metros.

Artículo 18. Todo apicultor deberá tener su marca debidamente registrada ante la secretaría y revalidaría en los años terminados en cero y cinco.

Artículo 19. No se registrará ninguna marca de fácil alteración, igual o de estrecha semejanza a otra ya registrada.

Artículo 20. Se prohíbe el uso de marcas no registradas y al infractor se le aplicarán las sanciones previstas en esta ley.

Artículo 21. El apicultor que adquiera colmenas o material apícola marcado, pondrá su fierro o marca a un lado de la del vendedor, sin borrarla, y conservará las facturas que amparen la adquisición correspondiente.

Artículo 22. Las colmenas remarcadas o alteradas en sus marcas, se considerarán robadas y el poseedor si no justifica la propiedad o posesión de las mismas se hará acreedor a las sanciones que establezcan las disposiciones legales en la materia.

Artículo 23. El gobierno federal, coordinadamente con la secretaría y las organizaciones de apicultores, proveerá y fomentará la introducción y cría de reinas de razas puras europeas como medida para controlar la africanización. Asimismo, promoverá el cambio de colmenas rústicas a modernas.

La captura y destrucción de enjambres se harán exclusivamente por personal autorizado, que se ajustará a las normas oficiales que para tal efecto se establezcan.

Artículo 24. Cuando un agricultor, ganadero o dueño de bosque tenga la necesidad de aplicar productos agroquímicos, estará obligado a comunicar este hecho y el producto que vaya a aplicar, a los apicultores que tengan apiarios instalados dentro de un radio de acción de tres kilómetros y que puedan verse afectados con dichos productos, así como a la asociación apícola respectiva cuando menos con 72 horas de anticipación a la fecha de aplicación, dejando constancia de ello.

Cada vez que se requiera aplicar algún plaguicida deberá preferirse el uso de aspersiones liquidas para proteger a las abejas de envenenamiento.

Artículo 25. Las colmenas que se utilice para la producción y venta de las abejas reinas y núcleos, deberán ser sometidas a una supervisión periódica cada cuatro meses por los laboratorios de diagnósticos para la prevención de plagas y enfermedades, recabando los certificados correspondientes.

Artículo 26. La inspección de apiarios y sus productos, y los centros de acopio y beneficio, estará a cargo de la secretaría y será obligatorio para los propietarios, poseedores o encargados de los mismos.

Artículo 27. La inspección tendrá efecto

I. En el lugar de los apiarios;

II. En la movilización de las colmenas y sus productos; y

III. En las bodegas, plantas de extracción, sedimentación y envasado.

Artículo 28. La secretaría designará a los inspectores que sean necesarios para el cumplimiento de esta ley.

Artículo 29. Son facultades de los inspectores:

I. Revisar las colmenas en tránsito para verificar la propiedad;

II. Exigir el certificado zoosanitario de acuerdo con la Ley Federal de Sanidad Animal y en las campañas sanitarias que se realicen en el país.

III. Verificar que la movilización se realice conforme a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 6 de esta ley; y

IV. En general vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.

Artículo 30. Todos los servicios de polinización se harán efectivos a través de un contrato de servicios, el cual deberá contener: el costo, fechas de inicio y terminación en que se dará el servicio y el número de colmenas que participarán y las demás condiciones que convengan las partes.

Artículo 31. Los apicultores de una entidad federativa que deseen prestar servicios de polinización en otra entidad federativa, se sujetarán a lo dispuesto en esta ley.

Artículo 32. Cuando la prestación del servicio de polinización se efectúe en predios comprendidos dentro de una zona apícola con licencia de aprovechamiento, el apicultor titular no podrá oponerse al servicio.

Artículo 33. La instalación de colmenas con el propósito de la prestación del servicio de polinización quedará exento de la observancia a lo dispuesto en el 8 de esta ley.

Artículo 34. Para el desarrollo y tecnificación de la actividad apícola, los apicultores promoverán, con el apoyo de la Secretaría, su integración en organismos o asociaciones que les permitan hacer frente a su problemática común.

Artículo 35. Los organismos que constituyan los apicultores, serán ante las autoridades ya sea federales, estatales o municipales, órganos representativos de sus asociados para la defensa y protección de los intereses que implica la actividad apícola.

Artículo 36. Las asociaciones emitirán su opinión sobre la instalación de apiarios conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley.

Artículo 37. Las asociaciones colaborarán con la secretaría para el levantamiento y la actualización del inventario de la flora melífera en la entidad federativa.

Artículo 38. Con el fin de preservar y cuidar de las abejas, y de conformidad con el artículo 24 de esta ley, la asociación correspondiente de apicultores comunicará sus agremiados que puedan verse afectados.

Artículo 39. Los apicultores en lo individual o a través de las asociaciones apícolas y en coordinación con la secretaría

I. Conservarán y fomentarán la actividad apícola;

II. Promoverán campañas en los medios masivos de comunicación para el incremento del consumo de miel, el combate contra las plagas o enfermedades de las abejas y el mejoramiento técnico de la actividad;

III. Participarán en la elaboración de las políticas y programas de protección y de fomento a la producción apícola en la entidad federativa; y

IV. Establecerán relación con grupos de ecologistas con el fin de preservar el ecosistema.

Artículo 40. Las violaciones de los preceptos de esta ley o su reglamento constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por la secretaría.

Artículo 41. Se impondrá el equivalente de 30 a 50 días multa, independientemente de los delitos en que pudieran incurrir, a quienes

I. No cumplan lo dispuesto en el artículo 6, fracciones V, VIII y X;

II. No marquen sus colmenas o no se ajusten a lo previsto en el artículo 17;

III. No revaliden sus fierros de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de esta ley; y

IV. Se dediquen a la producción y venta de abejas reinas y no observen lo previsto en el artículo 25.

Artículo 42. Se impondrá el equivalente de 50 a 100 días multa, independientemente de los delitos en que pudieran incurrir, a quienes

I. Invadan la zona apícola de otro productor;

II. No respeten los apiarios técnicos existentes en cualquier región del país;

III. No cumplan las medidas de seguridad que dicten las autoridades competentes para la protección de las personas y animales;

IV. Movilicen sus colmenas o núcleos sin cumplir con lo dispuesto en la fracción XI del artículo 6;

V. En la instalación de sus apiarios, no observen las distancias previstas en el artículo 8 de esta ley;

VI. Usen fierro de marca no registrado; y

VII. Utilicen productos agroquímicos tóxicos para las abejas contraviniendo lo dispuesto en el artículo 24.

Artículo 43. Para decretar las sanciones mencionadas en los artículos anteriores, se atenderá al dictamen que emita el personal técnico de la secretaría, donde se tomarán en cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso.

Artículo 44. Todo importe por concepto de multas será pagado en la oficina más cercana que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo el infractor remitir una copia de dicho pago a la secretaría.

Artículo 45. Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de esta ley y su reglamento, podrán ser impugnadas por los interesados mediante recurso de inconformidad, en un término de ocho días hábiles a partir de su notificación.

Artículo 46. La interposición del recurso se hará por escrito ante la Secretaría, expresando:

I. El nombre y domicilio del recurrente y, en su caso, el de la persona que promueva en su nombre y representación, acreditando debidamente la personalidad con que comparece;

II. El acto o la resolución que se impugna;

III. Los agravios que a juicio del recurrente, le causen la resolución o el acto impugnado; y

IV. Los documentos que ofrezca como prueba.

Artículo 47. Al recibir el recurso, la autoridad del conocimiento verificará si éste fue interpuesto en tiempo, admitiéndolo a trámite o rechazándolo.

Para el caso de que lo admita, desahogará las pruebas que procedan en un plazo que no exceda de quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación del proveído de admisión.

Una vez desahogadas las pruebas o vencido el término probatorio, la secretaría resolverá en definitiva lo conducente, en un término no mayor de ocho días hábiles.

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Esta ley abroga todas las disposiciones que se opongan a la presente.

Tercero. El Ejecutivo federal expedirá dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, el reglamento que previene la presente ley.

Cuarto. Los apicultores que ya cuentan con apiarios instalados en el país, en un plazo de un año contado a partir de la fecha en que entre en vigor la presente ley, deberán registrar su marca y obtener el permiso de instalación de apiarios y la licencia de aprovechamiento de flora melífera, en los términos previstos por la ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2020.— Diputadas y diputados: María Chávez Pérez, Abelina López Rodríguez, Beatriz Dominga Pérez López, Elba Lorena Torres Díaz, Graciela Zavaleta Sánchez, Jesús de los Ángeles Pool Moo, María Beatriz López Chávez, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María Isabel Alfaro Medina, Martha Robles Ortiz, Mildred Concepción Ávila Vera, Olegaria Carrasco Macías, Rocío del Pilar Villarauz Martínez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 14 y 15 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; y 19 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por la diputada Lizbeth Mata Lozano e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que propone, Lizbeth Mata Lozano, diputada de la LXIV Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6 numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 14 y 15 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y se reforma y adiciona el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de garantizar que el presupuesto público asignado a las Estancias Infantiles no pueda ser inferior, al del año fiscal anterior, con base en la siguiente:

Desde siempre ha sido importante que las niñas y niños cuenten para su buen desarrollo integral, un cuidado y atención que garanticen sus derechos humanos, que permitan satisfacer las necesidades esenciales que implican un correcto desarrollo de la infancia, de este modo, tendrán una base de crecimiento sólida.

Es así que en varios países en el mundo se han implementado programas de estancias de cuidado infantil para apoyar a madres trabajadoras y mejorar el bienestar de sus hijos. Por un lado, las estancias ofrecen a un número creciente de hombres y mujeres que participan o quieren participar en el mercado laboral alternativas para el cuidado de sus hijos pequeños mientras trabajan o estudian. Por otro lado, los programas que promueven una alimentación adecuada y estimulación temprana buscan tener un impacto positivo en el estado de salud, nutrición y desarrollo de los niños.

En México, desde hace mucho tiempo existen medidas y programas que atienden en materia de estancias infantiles, pero es importante mencionar que desde 2011 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y se creó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en la reforma constitucional se estableció en el artículo 4° noveno párrafo que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado, velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos a la educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, principio que deberá guiar el diseño ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. Al existir el interés superior del menor, el Estado se ve obligado a atender a las estancias infantiles en el país.

Por otro lado, el 24 de octubre de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mediante la cual se regula la participación de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.

Sin embargo, antes de que la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil existiera, ya estaban operando guarderías (estancias infantiles y centros de atención infantil), establecidas también en la Ley del Seguro Social, a partir de 1973, incluyendo como parte del régimen obligatorio, el servicio de guarderías infantiles para los hijos de madres trabajadoras, denominándoseles Guarderías Ordinarias, con sus variaciones en la Ley a través de los años.

De este modo, se han venido implementando en México, además de las estancias infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Programa Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras, que tiene como objetivo general o fin contribuir, mediante el aumento de la oferta de espacios de cuidado y atención infantil, a abatir el rezago en materia de acceso y permanencia en el trabajo de madres que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres solos con hijos o niños bajo su cuidado en hogares que cumplan con los criterios de elegibilidad; el programa se otorga mediante el uso de servicios de cuidado y atención infantil, que contribuyan al desarrollo de los niños y niñas.

Es importante mencionar que el Programa Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras ha operado otorgando apoyos económicos en 2 modalidades a nivel nacional: a) Apoyo a madres trabajadoras y padres solos; y b) Impulso a los servicios de cuidado y atención infantil. Las modalidades consisten en:

1 . Modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos

En esta modalidad la población objetivo eran las madres, padres solos y tutores que trabajan, buscaran empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita estimado por hogar no rebasara la Línea de Bienestar y declararan que no tenían acceso a servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios, y que tuvieran bajo su cuidado al menos a una niña o niño de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años), en casos de niñas o niños con alguna discapacidad.

En esta modalidad la Unidad Responsable del programa (sectorizado en lo que era la Secretaría de Desarrollo Social) entregaba el apoyo para cada niño registrado a las responsables de las Estancias Infantiles para ofrecer el servicio de cuidado y atención.

2. Modalidad de impulso a los servicios de cuidado y atención infantil

En esta modalidad la población objetivo eran las personas físicas o personas morales, que deseaban establecer y operar una Estancia Infantil, o que contaran con espacios para brindar el servicio de cuidado y atención infantil para la población objetivo del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, conforme a los criterios y requisitos establecidos en las Reglas de Operación.

El mencionado Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras inicia su operación durante el ejercicio fiscal de 2007. Hasta mayo de 2011 el programa beneficiaba a 249 mil 282 madres y padres solos, recibiendo a 265 mil 415 niños en 9 mil 255 estancias en todo el país. El programa ha operado de forma ininterrumpida y hasta el momento ha otorgado subsidios a un total de 9 mil 312 estancias infantiles, en las cuales se atiende un total de 309 mil 484 niñas y niños, que hasta el 31 de diciembre pasado, recibían 950 pesos mensuales por cada niña o niño.

Este programa ha sido reconocido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya que considera que es una iniciativa que permite mejorar el desarrollo infantil temprano en niños y niñas con y sin discapacidad, además de aumentar sus expectativas de inclusión en la educación regular. Por lo tanto, queda en evidencia que ha sido un programa exitoso para la reducción de la brecha social y de género, y que garantiza el goce pleno de los derechos humanos de los niños, madres y padres, por lo que resulta necesario ampliar el acceso a estancias infantiles para favorecer la participación económica de quienes forman parte de este sector de la sociedad y reducir la desigualdad económica y la pobreza.

A partir del Ejercicio Fiscal de 2019 se abrogan las reglas de operación del PEI, se elimina la segunda modalidad y se crea el “Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras” entregándose el apoyo directamente a los padres y madres de familia con transferencias monetarias. Es importante precisar que para éste programa se aprobaron para 2019 en el Presupuesto de Egresos de la Federación: 2 mil 41 millones 621 mil 313 de pesos y para este año 2 mil 192 millones 429 mil 843 pesos.

Además, para 2019 hubo una reducción de 54 por cinento (-2 mil 256 millones de pesos), con respecto al aprobado para el PEI en 2018 el cual contó con un presupuesto de 4 mil 70 millones 264 mil 507 pesos.

La reducción al programa, podría provocar el cierre de más la mitad de estos centros de atención infantil, dejando en el desamparo a más de 300 mil menores en todo el país. Ante la falta del subsidio, los centros que se encontraban dentro del programa han comenzado a cerrar o a incrementar el costo de sus servicios, mismo que miles de madres y padres no pueden solventar.

Las estancias infantiles, conocidas por la legislación como “Centros de atención infantil”, son indispensables en la República Mexicana, ya que factores como la demanda de empleo de la madre o del padre solteros, o bien del matrimonio donde ambos cónyuges trabajan, los obliga a buscar el servicio de estancias o guarderías infantiles para el cuidado de sus hijos, instalaciones que actualmente están sujetas a una regulación.

Está claro que uno de los segmentos de edad más importante en nuestro país, son las niñas y los niños; si bien es cierto a nivel constitucional se ha ampliado la protección de sus derechos, en base a ello, es que debemos generar los medios para que se fortalezca y extienda esta protección, más aun en el ámbito de su derecho a crecer en un ambiente de afecto, respeto, seguridad, higiene y cuidados especiales, conforme a su edad y género, y que cuando los padres de familia lo requieran, estos cuidados estén a cargo de personal capacitado y certificado para cumplir esas funciones, garantizando a los menores un ambiente libre de violencia y de riesgos a su integridad física y emocional.

Por ello, es que debemos crear las herramientas que permitan garantizar un adecuado financiamiento al servicio de cuidado de niñas y niños de madres y padres trabajadores. Sin duda las guarderías y estancias son instituciones enfocadas al cuidado y atención infantil y representan un instrumento útil para apoyar a padres y madres que trabajan, su existencia viene a resolver un problema familiar importante, y cuando funcionan de forma óptima son ayuda valiosa para que las niñas y niños estén seguros, con una nutrición apropiada, actividades pre educativas conforme a su edad y bajo los lineamientos de la autoridad en la materia procurando así su crecimiento en un ambiente de afecto y adecuado para su pleno desarrollo.

Ya que no es lo mismo que las niñas y niños reciban una atención especializada, a que la reciban de un familiar, conocido, vecino, o amigo de los padres, pues en muchas ocasiones no cuentan con instalaciones y conocimiento indicados para garantizar el interés superior del menor establecido en la CPEUM.

Por todo esto, esta iniciativa de reforma prevé que el Estado garantice el financiamiento a los prestadores del servicio que cumplan eficazmente con las normas correspondientes como lo había estado haciendo durante varios sexenios, y que no sea posible asignar menos recurso en cada ejercicio fiscal que el anterior.

Por lo expuesto someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 14 y 15 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y se reforma y adiciona el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social

Primero. Se reforma el artículo 14 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 15; ambos a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue:

Artículo 14. La rectoría de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil corresponde al Estado, que tendrá una responsabilidad indeclinable en la autorización, funcionamiento, financiamiento, monitoreo, supervisión y evaluación de dichos servicios.

Artículo 15. ...

El presupuesto público destinado al gasto social relacionado con los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior, por lo tanto, no podrá sufrir disminuciones, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados por causa justificada.

Segundo. Se adiciona una fracción X al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

I. a VIII. ...

IX. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano, y

X. Los programas para la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la honorable Cámara de Diputados, Ciudad de México, a 20 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: Lizbeth Mata Lozano, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Ernesto Ruffo Appel, Felipe Fernando Macías Olvera, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Rigoberto Mares Aguilar, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María Marcela Torres Peimbert, María Sara Rocha Medina, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Alberto Ramos Tamez, Mario Mata Carrasco, Martha Elisa González Estrada, Miguel Alonso Riggs Baeza, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sonia Rocha Acosta, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Brasil Alberto Acosta Peña y Lenin Nelson Campos Córdova, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Brasil Alberto Acosta Peña y Lenin Nelson Campos Córdova, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 6o., fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VIII del Apartado A y la fracción VI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, marco jurídico fundamental, es el documento que contiene las reglas básicas de convivencia de nuestro país. Es en donde encontramos los derechos fundamentales y la organización esencial de nuestro gobierno. Sin una Constitución, sin una carta magna, un Estado no podría subsistir con una debida reglamentación.

Se han efectuado diversas reformas constitucionales, mismas que han sido necesarias para consagrar primordialmente las garantías individuales, derechos y prerrogativas constitucionales para establecer límites con la finalidad de fortalecer el equilibrio de poderes en el sistema político mexicano, así como el equilibrio interno en la conformación de nuestra institución legislativa federal y estatal.

El artículo 135 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que puede ser adicionada o reformada, siguiendo los requisitos y formalidades previstos en la propia ley.

“ Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México”

El tema que nos ocupa es el de regular a las entidades financieras de crédito, quienes por el simple hecho de que un pensionado haya contraído una deuda con alguna entidad financiera, estas puedan de una manera voraz embargar la pensión del pensionado o jubilado deudor, por lo cual es necesario reformar las fracciones VIII del Apartado A y la fracción VI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para con ello brindar la protección constitucional y que no falte por parte del Estado, la ayuda como lo establece el párrafo 4o. del artículo 1o. de la Carta Magna:

“... Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas...”.

Asimismo, hay varias tesis, que refieren la protección a la pensión, mismas que se exponen a continuación:

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito expuso una tesis en la que señala que tratándose de un juicio de amparo en asuntos laborales o contencioso-administrativo, en los que peligra el otorgamiento y ajustes de pensiones, las autoridades deben respetar y tener como mayor privilegio el interés del adulto mayor; aún más si se trata de alguien en condiciones de vulnerabilidad, en donde el único ingreso que disfrute sea el de la pensión.

Época: Décima Época

Registro: 2017591

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada (Común)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 10 de agosto de 2018, 10: 18 horas

Materia(s): Constitucional, Administrativa

Tesis: IV.1o.C.7 C (10a.)

8 de 76

Suspensión definitiva en el amparo indirecto. Procede concederla con efectos restitutorios contra la orden de embargo de una pensión jubilatoria a un adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad, con base en la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.

Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, el juzgador, atento a la naturaleza del acto reclamado, tiene la obligación de ponderar la apariencia del buen derecho que con la concesión de la medida cautelar puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis, determine si es o no factible conceder la suspensión, determinando hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Seguro Social, las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables; que en los juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de esas pretensiones y que, asimismo, si se trata de un adulto mayor que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, esto representa una desventaja frente al resto de la población, por lo cual, las autoridades judiciales deben procurar su mayor beneficio posible. En consecuencia, si quien promueve la demanda de amparo indirecto reúne todas estas características, es decir, se trata de un adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad, que no cuenta con otro ingreso más que el de su pensión jubilatoria y reclama el embargo de la cuenta bancaria donde se realiza el depósito inherente a dicho concepto, supuestos frente a los cuales solicita la suspensión del acto reclamado, afirmando que requiere de la cantidad embargada para cubrir las necesidades básicas de su familia; entonces, el juzgador de amparo debe conceder la suspensión definitiva con efectos restitutorios contra la orden de embargo de la pensión jubilatoria del adulto mayor vulnerable, para que ésta se deje sin efectos con base en un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, haciendo un cálculo de posibilidades acerca de la existencia del derecho del quejoso que se encuentra en esa situación especial, de modo que, sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, debe partir de la base de que existe peligro en la demora pues, de negarse la medida, resentiría un daño económico que afectaría su subsistencia y la de su núcleo familiar. En la inteligencia de que con esta postura no se contraviene el interés social sino, al contrario, de no concederse la medida, se infringiría la norma de la legislación de seguridad social que establece que son inembargables las pensiones de los trabajadores.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito.

Incidente de suspensión (revisión) 267/2017. 31 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Ceja Ochoa. Secretario: Israel Trinidad Muriel.

Incidente de suspensión (revisión) 268/2017. 31 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Ceja Ochoa. Secretario: Israel Trinidad Muriel.

Época: Décima Época

Registro: 2012286

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV

Materia(s): Constitucional, Administrativa

Tesis: IV.3o.A.44 A (10a.)

Página: 2669

Pensión jubilatoria. El alcance de su protección contra el embargo, otorgada en la fracción VIII, Apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, está delimitado en términos del artículo 10 de la Ley del Seguro Social.

De la interpretación teleológica-extensiva de la fracción VIII, apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que si la finalidad de la prohibición de embargo, compensación o descuento al salario mínimo, fue la de tutelar el derecho al mínimo vital, entonces, existen mayores razones para estimar que la pensión jubilatoria también goza de dicha protección constitucional pues, en la mayoría de los casos, ésta es la única manera en que podrá garantizarse al jubilado un mínimo de subsistencia digna y autónoma, en tanto pertenece a una clase de sujetos que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad para allegarse de recursos materiales que garanticen ese sostenimiento. Por otra parte, en observancia al principio pro persona, debe estimarse que al no existir una restricción constitucional expresa al alcance de la protección que la Constitución Federal otorga a la pensión, ésta debe delimitarse conforme a los términos más amplios de tutela previstos por el ordenamiento jurídico, los cuales fueron establecidos por el legislador federal en el artículo 10 de la Ley del Seguro Social, del cual se advierte que la pensión es inembargable en toda su cuantía, salvo en lo relativo a las obligaciones alimenticias, con la limitante que prevé.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

Amparo en revisión 298/2015. Ernesto Ramos Perales. 4 de febrero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: María Inocencia González Díaz.

Época: Décima Época

Registro: 2012275

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada (Constitucional)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV

Materia(s): Constitucional, Administrativa

Tesis: IV.3o.A.45 A (10a.)

Página: 2583

20 de 1227

Inmovilización de cuentas bancarias

Al comprender la paralización de los depósitos realizados por concepto de pensión jubilatoria, transgrede el principio de su inembargabilidad y los derechos al mínimo vital y a la seguridad social del pensionado.

Si la autoridad hacendaria ordena la inmovilización de cuentas bancarias mediante el procedimiento previsto en los artículos156-Bis y 156-Ter del Código Fiscal de la Federación, con motivo de la ejecución de un crédito fiscal firme, al comprender la paralización de los depósitos realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, relativos a la pensión jubilatoria, con independencia de la cuantía de ésta en el caso concreto, dicha medida transgrede los derechos al mínimo vital y a la seguridad social del pensionado, al impedirle el disfrute de su haber jubilatorio, lo cual atenta contra el principio de su inembargabilidad, salvo en lo relativo a las obligaciones alimenticias, con la limitante contenida en el artículo 10 de la Ley del Seguro Social.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

Amparo en revisión 298/2015. Ernesto Ramos Perales. 4 de febrero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: María Inocencia González Díaz.

Esta tesis se publicó el viernes 12 de agosto de 2016 a las 10: 20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Por ello, se debe proporcionar el apoyo adecuado a los pensionados que son víctimas a menudo de las instituciones financieras que se aprovechan de su trágica condición, situación que transgrede sus derechos al mínimo vital y a la seguridad social del pensionado, al impedirle el disfrute de su haber jubilatorio, lo cual atenta contra el principio de su inembargabilidad, salvo en lo relativo a las obligaciones alimenticias, con la limitante contenida en el artículo 10 de la Ley del Seguro Social, y al artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Ley del Seguro Social

“ Artículo 10. Las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables. Sólo en los casos de obligaciones alimenticias a su cargo, pueden embargarse por la autoridad judicial las pensiones y subsidios hasta por el cincuenta por ciento de su monto”.

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

“ Artículo 51. Es nula toda enajenación, cesión o gravamen de las pensiones que esta ley establece. Las pensiones devengadas o futuras serán inembargables y sólo podrán ser afectadas para hacer efectiva la obligación de ministrar alimentos por mandamiento judicial y para exigir el pago de adeudos con el Instituto, con motivo de la aplicación de esta ley”.

Con esta reforma las entidades financieras no podrán hacer de la usura un negocio ilegal disfrazado de legal, no tendrán libre albedrío para embargar la pensión de persona alguna, como un derecho sin control, derivándose en abusos, e impunidad.

La propuesta pretende evitar que las instituciones financieras y crediticias, con el pretexto de que se les adeuda, sigan lucrando como lo han venido haciendo por años. Hay que evitar que estos dejen a los pensionados en estado de indefensión; por tal motivo y para evitar que las dichas instituciones tengan una interpretación ventajosa de la ley, hay que realizar esta reforma constitucional, evocando los principios de prohibición del enriquecimiento y abuso del derecho.

Con base en los argumentos, motivos y ejemplos anteriormente expuestos en la exposición de motivos y a lo establecido en nuestra Constitución que es la norma jurídica suprema del estado mexicano y que nos brinda la protección a todos los ciudadanos y en especial para los más desfavorecidos, dan origen a la materialización de la siguiente iniciativa, que cuenta con todos los elementos para su aprobación, por lo que es necesario que se someta a la consideración del pleno para el efecto de dar certeza jurídica a todos los ciudadanos y en especial a los pensionados que están siendo víctimas de abusos de las instituciones financieras y crediticias que lamentablemente manejan la usura como un negocio ilegal disfrazado de legal.

El texto propuesto es el siguiente:

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman las fracciones VIII del Apartado A y la fracción VI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. ...

...

A. ...

I. a VII. ...

VIII. El salario mínimo y las pensiones quedarán exceptuadas de embargo, compensación o descuento.

IX. a XXXI. ...

B. ...

I. a V. ...

VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos previstos en las leyes. En las pensiones no proceden las retenciones, descuentos, deducciones o embargos;

VII. a XIV. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

3 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice =&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2010%20de esta tesis se publicó el viernes 10 de agosto de 2018, a las 10: 18 horas, en el Semanario Judicial de la Federación.

Criterio de búsqueda: artículo 107, publicado el 10 de agosto de 2018. Catálogo IV.1o.C.7 C (10a)

4 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice =&Expresion=&Dominio=Tesis%20Publicadas&TA_TJ=0

5 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice =&Expresion=&Dominio=Tesis%20Publicadas&TA_TJ=0

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

8 https://definicion.de/usura/

Dado en el salón de sesiones, a 20 de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Brasil Alberto Acosta Peña, Ismael Alfredo Hernández Deras, Juan Ortiz Guarneros, Lenin Nelson Campos Córdova, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Marcela Guillermina Velasco González, Margarita Flores Sánchez, Martha Hortencia Garay Cadena (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la consideración de ésta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y modifica el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en el planteamiento del problema, fundamentos legales y los siguientes argumentos:

Planteamiento del problema

Hoy, es necesario vivir en la inclusión, no se puede trabajar diariamente en el desarrollo de la sociedad y del país, discriminando a una parte de la sociedad mexicana, que paga impuestos, que tiene familia y que anhela un país mejor.

Las leyes deben poner en igualdad a todas las personas, sin importar sus preferencias sexuales; ello, lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, continúan las presiones de grupos sociales, sobretodo conservadores para no reconocer a las diferentes preferencias sexuales e identidades y expresiones de género: bisexuales, transgénero, gays, lesbianas y otras que luchan por su integración como, asexuales, intersexuales y queer.

Ante pensamientos separatistas, de odio, de no inclusión social; la garantía constitucional no queda clara, lo que abona a crear normas jurídicas que lastiman a personas que forman parte de nuestra sociedad, por lo que, no se comprende una realidad social que no sea inclusiva.

Setenta y dos países aún criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, 26 incluyen penas que van desde los 10 años hasta la cadena perpetua, siete incluyen la pena de muerte para aquellos que participan en actos del mismo sexo. En muchos países, la llamada “terapia de conversión” para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) sigue siendo legal, incluido México que no avanza en la discusión legislativa del tema. No podemos quedarnos en silencio ante las injusticias cometidas contra los grupos LGBTI, y debemos alzar nuestras voces para fomentar una mayor inclusión y respeto por los derechos humanos en todas partes.

A través de la Agenda 2030 y la promesa de no dejar a nadie atrás, el PNUD trabaja con los gobiernos y socios para abordar las desigualdades que enfrentan las personas LGBTI en todo el mundo, en particular apoyando los esfuerzos para fortalecer las leyes, políticas y programas que respetan los derechos humanos.

La igualdad de género conlleva a proteger a todos los sectores de la población, incluidos los que tienen diferentes prefenrencias sexuales e identidades de género distintas a la mayoría; con tristeza se constata en medios masivos de comunicación sobre la comisión de diversos delitos que son crímenes de odio hacia la comunidad LGBTI.

El problema no es menor, debido a que Institucionalmente falta atención y ante la escaza normatividad y cero sanción, se desata violencia focalizada contra la comunidad LGBT. Además, se suma la falta de aplicación de protocolos y de estadísticas que motiven la adecuación de políticas públicas.

Los crímenes de odio en perjuicio de la población LGBT+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales e intersexuales) es un problema incuantificable en México, pues la mayoría de los estados no lo tienen tipificado y de los que sí lo castigan casi ninguno registra las cifras sobre este tipo de crimen.

Especialistas sostienen que pese a la existencia de protocolos contra delitos que afectan a personas por su orientación sexual éstos no se aplican por las autoridades estatales, y eso provoca que terminen tipificados como homicidio doloso.

Para conocer la forma en que se reconoce esta realidad delictiva se preguntó a procuradurías y fiscalías de todos los estados que sí tipifican el delito de homicidio que involucra a población LGBT+ por el número de muertes identificadas en sus expedientes.

Asimismo, se solicitó la cifra de juicios abiertos o con sentencia ejecutoria- registrados en los poderes judiciales estatales derivados de ese agravio.

Las peticiones se hicieron a través de los institutos de Transparencia de cada entidad y con base a la fecha de inicio de vigencia de cada artículo local hasta noviembre de 2018 (para “orientación o preferencia sexual”) y hasta enero de 2019 (para “identidad de género”).

Fue muy pobre la respuesta de procuradurías y fiscalías pues sólo compartieron información Puebla, con 36 casos de homicidio en razón de la “preferencia u orientación sexual” de la víctima, y Guerrero con seis.

En cuanto a las investigaciones policiacas con relación a la “identidad de género” ninguno de los nueve estados que castiga este tipo de crimen cuenta con registros de ese tipo de homicidios.

En lo que se refiere a los poderes judiciales locales sólo Durango proporcionó cifras aunque incompletas, ya que señaló tener registro de seis procesos judiciales en sólo dos de los 13 distritos jurisdiccionales de dicha entidad.

De acuerdo con especialistas, el homicidio de odio por homofobia es un fenómeno que debe ser reconocido como una problemática social importante, pues se presenta con una dinámica distinta a la de cualquier otro tipo de arrebato violento de la vida.

“El tipo de violencia que infligen a las víctimas está determinada por lo que éstas representan, es decir su condición LGBT+”, explicó Gloria Virginia Davenport, especialista en derecho a la no discriminación por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para la organización no gubernamental Letra S, México es el segundo país más letal para la comunidad de la diversidad sexual en Latinoamérica. No obstante, sólo 14 estados castigan al crimen de odio motivado por la “preferencia u orientación sexual” de la víctima.

En lo que respecta al transfeminicidio u homicidio perpetrado por la “identidad de género” de la persona sólo nueve entidades penalizan este delito. Con esta falta de estadísticas oficiales, el Estado mexicano ignora las recomendaciones que desde 2015 realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), respecto a conformar registros, indicadores, sistematización y análisis de información que permita visualizar el contexto de la violencia ejercida en contra de personas de la diversidad sexual, incluido el homicidio de odio.

Desde febrero de 2018 fue creado y firmado para su aplicación en todo el país el Protocolo de actuación para el personal de las instancias de protección de justicia del país, en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Lo avalaron los 32 fiscales de cada entidad federativa.

En agosto de 2014 se creó también el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o identidad de género, el cual fue editado por la Suprema Corte de la Justica de la Nación (SCJN) con la intención de mejorar el proceder de los jueces.

Ese protocolo señala que “desde el inicio de la investigación se debe realizar un examen sobre los motivos del hecho controvertido, considerando la relevancia de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género –real o percibida– y/o respecto a sus características sexuales, para la construcción de la hipótesis de investigación.

“Los y las juzgadores tienen la potestad de revisar que exista una investigación con la debida diligencia dentro del proceso en torno a la comprobación” de que ese delito se haya cometido con odio en razón de la orientación sexual e identidad de género de la víctima.

Con base en ello se solicitó tanto a procuradurías y fiscalías como a poderes judiciales locales conocer los criterios que utilizan para determinar que un homicidio se llevó a cabo por razones de “orientación/preferencia sexual” o “identidad de género” de las víctimas.

Sólo un estado respondió que basados en “declaraciones de testigos y familiares fueron los criterios que usaron para determinarlo”. El resto de las entidades manifestaron no contar con esa información y ninguno hizo referencia a los protocolos mencionados.

Ante la duda legal, se originan normas jurídicas subjetivas que tienden a lastimar, victimizar y discriminar a la comunidad LGBT. Como la reforma realizada por la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados en el año 2018, a la Ley General de Salud en su artículo 10 bis y ratificada por el Senado, lo que generó el concepto de objeción de conciencia, incorporado en temas médicos como el código de bioética y códigos de enfermería; también incorporado esta disposición en la leyes estatales de salud de algunas entidades federativas.

Dicho concepto, lesiona derechos humanos de las mujeres, como lo son, el derecho a decidir sobre su cuerpo (Interrupción legal del embarazo); o a la comunidad LGBTI, al negarse el doctor a practicarle una intervención quirúrgica a un paciente integrante de la comunidad LGBTI.

El temor y falta de credibilidad en las autoridades e instituciones crece en la comunidad LGBTI, son un grupo muy vulnerable, los que habitualmente sufren violencia en todas sus formas de expresión y comisión de delitos.

El concepto de ser humano, implica la naturaleza de un ser racional, que piensa y entiende; lo que trae aparejado la denominación de persona a que hace referencia la Constitución y las leyes, entendido como sujeto de derechos y obligaciones en sus dos concepciones, de goce y de ejercicio.

Es así que, se considera oportuno no hacer una polarización del concepto persona, como lo dispone actualmente el artículo 4º constitucional, conceptualizándolo solamente a hombre o mujer, sino que se entienda en concepto amplío (ser humano) que permita la inclusión de todas las personas que forman la sociedad mexicana.

La actual redacción constitucional deja solamente al varón y la fémina, en el goce de derechos de igualdad y les confiere la posibilidad de desarrollar una familia, lo que dista de la situación y tipos de familias que prevalecen, como la familia nuclear, monoparental, adoptiva, sin hijos, de padres separados, compuesta, homoparental y extensa.

Ante ello, queda la siguiente pregunta ¿Es factible incluir a todas las personas en la igualdad que establece la ley?

Fundamentos legales

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En este sentido, existe un amplio debate sobre quien es considerado persona, algunos señalan que es el individuo de la especie humana, otros dicen que es el ser humano. Para efectos del Derecho, persona, es el sujeto de derechos y obligaciones, lo que no deja duda sobre quien es considerado legalmente como persona con la capacidad que tenga dependiendo las circunstancias.

También, que está totalmente prohibida toda forma de discriminación que tenga por objeto menoscabar libertades de las personas, entre las que se encuentra la libertad de preferencia sexual.

Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

...

El artículo 4o. constitucional señala en el caso específico, que solamente el hombre y la mujer poseen de igualdad y son susceptibles de formar familia para decidir el número de hijos que desean tener, la forma de su esparcimiento.

Ley General de Salud

Artículo 10 Bis. El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley.

...

Esta disposición normativa es a toda vista discriminatoria y conlleva problemas para la comunidad LGBTI que requiere servicios y atención médica que vio su publicación el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo del 2018, en evidente error legislativo, derivado de la confusión que genera la disposición constitucional para otorgar igualdad de derechos solamente al hombre y la mujer.

Debemos procurar la identidad de género y otorgarle valor constitucional y legal, para que no exista este tipo de producto legislativo, que lejos de abonar a la solución de conflictos para la comunidad LGBT, los aumenta y discrimina desde la norma y poderes del Estado.

Es necesario observar lo que dispone la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, que tuvo su última reforma el 21 de junio de 2018.

A continuación, se enlistan los tratados internacionales que disponen el reconocimiento a la comunidad LGBTI.

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

• Declaración de Montreal: Derechos humanos LGBT (2006)

• Principios de Yogyakarta sobre la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género (2007).

• Resolución de la OEA sobre “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género.”, 3 de junio de 2008.

Argumentos

• Es necesario reconocer la diversidad sexual, preferencia sexual e identidad de género que forma parte de la vida social en México.

• No hay datos demográficos públicos disponibles acerca del peso poblacional de la comunidad LGBTI, tanto a nivel nacional como en las Entidades Federativas, ya que se trata de información clasificada como sensible.

• Que dicho catálogo de sensibilidad, indica la amenaza real a la que se encuentra expuesta la comunidad LGBTI.

• La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) estimó que en 2007, el porcentaje de personas no heterosexuales oscilaba entre 5 y 6 por ciento del total de la población mexicana.

• Que existe una alta tasa de discriminación a la comunidad LGBTI.

• Que faltan políticas públicas eficientes para la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTI.

• Que la disposición constitucional por la que solamente se reconoce al hombre y la mujer para tener condiciones de igualdad; lesiona derechos humanos de la comunidad LGBTI.

• Que a raiz del mandato del artículo 4º constitucional, se generan normas jurídicas que discriminan, como lo dispuesto por el art. 10 bis de la Ley General de Salud.

• Es necesario ampliar el alcance jurídico, por cuanto al ser humano al que se aplica el orden constitucional.

• Que el artículo 4o. constitucional menciona en ocho ocasiones el concepto “toda persona”; por lo que, es necesario armonizar la norma constitucional, lo que dará certeza.

Para mejor comprensión, se detalla el siguiente cuadro comparativo, donde se resalta en negritas, la adición propuesta:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Texto vigente

Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Texto propuesto

Artículo 4o. Todas las personas son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

En mérito de lo expuesto y fundado, se estima justificada y motivada jurídicamente la emisión del siguiente:

Decreto por el que se reforma y modifica el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma y modifica el artículo 4o. constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 4o. Todas las personas son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Tomado de

https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2019/being-lgbti. html el 3 de marzo del 2020.

2 Tomado de

https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/10296079/01/ 20/En-Mexico-no-hay-estadisticas-oficiales-sobre-crimenes-de-odio-.html el 3 de marzo de 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo del 2020.— Diputadas y diputados: Ana Laura Bernal Camarena, Clementina Marta Dekker Gómez, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, Martha Robles Ortiz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, y en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor del siguiente:

Planteamiento del Problema

Es fundamental que el Estado promueva, respete, proteja y garantice los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y fomente el mismo trato y oportunidades para este sector de la población.

A las personas con discapacidad históricamente se les ha negado el acceso a la justicia y el trato igual en los juzgados, entonces, es necesario promover acciones positivas para lograr su desempeño pleno en actuaciones judiciales.

El acceso a la justicia es un derecho humano y fundamental, se refiere a la entrada o ingreso efectivo de las personas a los sistemas, procedimientos, información y lugares utilizados por la administración de justicia.

Los derechos humanos son inherentes a la persona. Todas y todos tenemos derechos iguales e inalienables; por ello son universales, lo que implica que la titularidad de los derechos humanos corresponde a todas las personas sin discriminación y, por ende, pueden exigirse por todos los seres humanos en cualquier contexto jurídico, político, cultural o social. Las autoridades no pueden invocar argumento alguno para privar a alguien de sus derechos. Por ello, las personas con discapacidad, lo mismo que todas las personas, tienen derecho a participar en todas las expresiones de la vida social, recibiendo un trato digno, justo y apropiado.

En ese orden de ideas, el principio de interdependencia de los derechos humanos significa que éstos están conectados entre sí y para que un derecho se ejerza plenamente es indispensable la realización de otros derechos. Ningún derecho humano es más importante que otro. Así, el derecho de acceso a la justicia es un derecho autónomo en sí mismo, pero también se debe considerar como un derecho instrumental para la realización de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales para la realización de la plenitud individual de la persona con discapacidad.

De conformidad con el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado mexicano está obligado a garantizar y asegurar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, por lo que es necesario realizar las modificaciones y adecuaciones culturales, físicas y legislativas para lograr su efectiva inclusión en actuaciones judiciales.

Sin embargo, existen barreras que impiden la realización del acceso pleno a la justicia de las personas con discapacidad. Ejemplo de ello es el forzoso nombramiento de un tutor por falta de legitimación procesal para ser parte en un proceso; también, en materia penal, desde el momento que son declarados inimputables, se les complica el ejercicio de la defensa; además en algunas materias, no pueden actuar como testigos o como jurados.

Asimismo, existen barreras físicas en la infraestructura jurisdiccional, en el mobiliario y espacios, y también en lo que se refiere a comunicaciones encuentran limitantes porque no todas las actuaciones judiciales se encuentran en formato accesible para las personas con discapacidad.

Es fundamental que las instituciones que imparten justicia cuenten con guías, lectores e intérpretes en lengua de señas y promuevan formatos apropiados de asistencia y apoyo como resoluciones y sentencias en formato de fácil lectura para asegurar el acceso a la información de las personas con discapacidad.

Tal como sucedió en la resolución del amparo en revisión 159/2013 por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual, como un complemento de la sentencia en formato “tradicional”, y sin que fuera sustituto de la resolución, se emitió un formato de fácil lectura, evitando los tecnicismos y un lenguaje abstracto, sustituyéndolo por uno simple, de uso cotidiano, con párrafos cortos y ejemplos. Este apoyo debe implementarse por imperativo de ley para todas las personas con discapacidad que acuden a juicio.

Aquella resolución fue novedosa al ser una herramienta auxiliar para explicar al quejoso en diez puntos, por qué gano, cuáles son sus derechos y el procedimiento que se tenía que llevar a cabo para que se cumplieran los efectos de lo que había ganado, lo anterior con un lenguaje de una cómoda lectura, redactado con una tipografía clara, enunciados cortos, tamaño de letra conveniente, de igual manera aplicando sencillamente el sujeto, verbo y predicado simple.

Entonces, se trata de establecer en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad la obligación de jueces, magistrados y ministros, de emitir resoluciones en formato de fácil lectura en los procesos donde participan personas con discapacidad como una acción afirmativa de índole jurisdiccional encaminada a alcanzar la igualdad sustantiva de las personas con discapacidad.

Argumentación

En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existían en esa fecha 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad, es decir, el 5.1 por ciento de la población total del país reportaron alguna discapacidad.

Las personas con discapacidad tradicionalmente han sido discriminadas, marginadas y sus derechos humanos vulnerados debido a barreras de actitud, físicas y culturales, empero, recientemente se está transitando a un cambio de paradigma donde prevalece la inclusión y la garantía de sus derechos para que ellas puedan ejercerlos en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad.

Una de las reformas más importantes de la historia moderna en México fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, a partir de ella, los derechos reconocidos y protegidos a todas las personas se ubican en 2 fuentes principales: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

Además, dicha reforma, en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 1o. de la CPEUM, obliga a todas las autoridades, incluidas las judiciales, al respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Es decir, se trata de poner al centro la dignidad de la persona y proteger no sólo sus derechos contenidos en la Constitución, sino en los tratados internacionales que más favorezcan a la persona.

En consecuencia, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es Ley Suprema de toda la Unión porque garantiza y promueve de forma amplia los derechos de las personas con discapacidad. Esta Convención, fue aprobada el 13 de diciembre de 2006, entró en vigor el 3 de mayo de 2008 y fue ratificada por el Estado mexicano el 17 de enero de 2008. Es uno de los 9 tratados sobre derechos humanos adoptados en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y también es uno de los más recientes. Este tratado fue aprobado en el siglo XXI y ello es reflejo de 2 importantes circunstancias.

Primero, que a nivel internacional tiene poco tiempo el reconocimiento de las personas con discapacidad como titulares de derechos y, segundo, la Convención es un texto moderno, emancipador, afirma derechos; y, sobre todo, cambia el paradigma de un modelo médico y asistencialista que asocia discapacidad con padecimiento, a un modelo social en el que los derechos humanos de las personas con discapacidad se conviertan en el centro de la acción social teniendo como eje central la dignidad y la igualdad.

En el inciso e) del Preámbulo, la Convención reconoce que la discapacidad es un concepto que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás; también transmite el mensaje de que las personas con discapacidad están facultadas para ejercer toda la gama de derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación.

Es decir, desde el modelo social, la discapacidad es una circunstancia personal de vida que debe entenderse como un binomio: es la suma de las deficiencias en la persona, más las barreras del entorno. Por ello se entendería que, por ejemplo, al realizar adecuaciones arquitectónicas al entorno físico como rampas, elevadores, cajones de estacionamiento exclusivos, sanitarios con diseño universal, una persona usuaria de silla de ruedas podría desplazarse con la independencia y autonomía que requiera.

Del mismo modo, es necesario realizar ajustes para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho de acceso a la justicia y su derecho a la información para que en un procedimiento jurisdiccional del que sean parte comprendan las resoluciones judiciales porque esas determinaciones tienen repercusión en sus vidas y en su esfera jurídica.

La Convención también garantiza el derecho a la comunicación de las personas con discapacidad y en sus artículos 2 y 13 refiere que la “comunicación” incluirá el fácil acceso; los ajustes razonables se entenderán como adecuaciones que una persona con discapacidad requiere en lo particular y en determinado entorno; y en el artículo 13, establece los ajustes de procedimiento cuando se trata, específicamente, de acceso a la justicia.

Al respecto de las resoluciones judiciales, el artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la letra señala:

“ Artículo 220. Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio.”

En consecuencia, cuando se acciona el aparato jurisdiccional en cualquier materia jurídica, las partes en el proceso deben transitar por diversas etapas en el juicio y recibir diversas comunicaciones por parte del juzgador hasta llegar a la sentencia definitiva.

En derecho procesal, la sentencia se define como una resolución de carácter jurídico que expresa una decisión definitiva de un juez o tribunal sobre un proceso que pone fin a la litis. Regularmente esta determinación concluyente modifica los derechos o la esfera jurídica de las partes.

Por ello, durante la sustanciación jurisdiccional, el tribunal o juzgado que conozca del proceso donde participen personas con discapacidad deberá tomar en cuenta las circunstancias peculiares de las partes e implementar ajustes necesarios para que el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso sean siempre garantizados. Las personas con discapacidad tienen derecho a que las resoluciones judiciales a lo largo de un proceso en el que participen sean sencillas y entendibles para ellas.

Así, es fundamental que, cuando las personas con discapacidad son parte en un procedimiento jurisdiccional, tanto el juzgador, como el personal del juzgado utilicen alternativas de comunicación para que las resoluciones judiciales sean sencillas y logren, en la medida de lo posible, que la persona con discapacidad comprenda lo que sucede, más aún cuando se emite una sentencia definitiva.

Por otra parte, es importante mencionar que las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad fueron adoptadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana en marzo de 2008. Una de sus premisas fundantes sostiene que la discapacidad, entre otras condiciones de vulnerabilidad, no permite alcanzar la igualdad, razón por la cual el sistema judicial se debe configurar como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad para reducir las desigualdades sociales.

En la Sección Segunda, titulada “Comprensión de las actuaciones judiciales”, se encuentra la regla 60 que a la letra señala:

“2. Contenido de las resoluciones judiciales

(60) En las resoluciones judiciales se emplearán términos y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.”

Esta regla es fundamental para las personas con discapacidad, porque no basta con que tengan acceso a justicia, es necesario garantizar que ese acceso sea efectivo con perspectiva de derechos humanos; además remueve obstáculos para superar la discriminación que viven en juicio al no comprender el contenido de una resolución que les afecta.

Con estas ponderaciones de las Reglas de Brasilia, la premisa más alta es lograr la autonomía de las personas con discapacidad en el acceso a la justicia de manera amplia y exhaustiva y la igualdad de condiciones que las demás personas.

Además, en México, en 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en los casos que Involucren Derechos de Personas con Discapacidad con el objetivo de sugerir a los jueces, magistrados e impartidores de justicia lineamientos o directrices en los casos que involucren a personas con discapacidad y con ello llevar al ámbito judicial el modelo social y de garantía de sus derechos humanos.

En cuanto a las resoluciones en formato de fácil lectura para las personas con discapacidad intelectual este importante Protocolo recomienda emplear formas fáciles y comprensibles (inclusive uso de gráficos o pictogramas) para las resoluciones que se emitan con motivo del juicio de que se trate, utilizando lenguaje sencillo u otros medios alternativos de comunicación, así como el uso de otros tiempos para entablar un diálogo, dentro de las acciones del proceso que se podrían adoptar por parte de las y los juzgadores.

Siempre es importante tomar en cuenta el estado y las necesidades particulares de cada persona para emplear un lenguaje adecuado a ella. El formato de fácil lectura podrá variar, considerando que pueden existir diversos grados de discapacidad.

Asimismo, en el libro titulado La Discapacidad como una Cuestión de Derechos Humanos, de Agustina Palacios y Francisco Bariffi, se menciona que la noción acceso a la justicia es amplia y tiene por lo menos 3 dimensiones, a saber:

“-Legal. Se refiere a que las personas con discapacidad puedan participar en los procesos judiciales por derecho propio, sin importar la calidad con la que lo hagan.

-Física: Para que logren su participación, todas las instalaciones judiciales deben ser accesibles, y,

-Comunicacional. Cualquier información que se proporcione a las personas con discapacidad debe ser accesible y presentarse en medios alternativos de comunicación como lengua de señas del país de que se trate, en Sistema de Escritura Braille, en formatos digitales, o en un texto de fácil lectura y comprensión, entre otros.”

Entonces, para que el Estado mexicano pueda respetar y garantizar el derecho a la justicia de las personas con discapacidad, debe hacer modificaciones a las leyes existentes y a las prácticas que imperan en el sistema judicial mexicano para que las personas con discapacidad participen plenamente, se muevan, transiten por los juzgados y entiendan el contenido de las resoluciones.

Se puede interpretar que el derecho a la no discriminación como camino para el logro de la igualdad en derechos, es una herramienta efectiva para promover el cambio de comportamientos y trato hacia las personas con discapacidad, porque ellas y ellos, con las ayudas necesarias y suficientes, podrán lograr el desenvolvimiento pleno en juicio como lo haría una persona sin discapacidad.

El hecho de no realizar ajustes razonables, como lo sería la implementación obligatoria de resoluciones y sentencias de fácil lectura en juicios, sería a todas luces, una forma de discriminación toda vez que las autoridades jurisdiccionales no estarían haciendo lo que es materialmente necesario e indispensable para el ejercicio de un derecho.

Así, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es reglamentaria de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad para asegurar su inclusión plena en la sociedad en un marco de respeto e igualdad y al modificar el artículo 29 de esta norma estableciendo por imperativo de ley la obligatoriedad de que las instituciones de impartición de justicia emitan sentencias en formato de lectura fácil se está abonando a la seguridad jurídica de las personas con discapacidad, para que cualquier información que se les proporcione en juicio sea accesible bajo estándares óptimos de eficacia y cumpla con el objetivo fundamental de la comunicación que es el entendimiento.

También, esta reforma se propone en dicha ley porque, al ser una norma de carácter general tiene características ad hoc para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Las leyes generales tienen las siguientes características: Tienen una marcada tendencia a proteger intereses difusos y colectivos, incluso los llamados derechos sociales;

a) Son normas que regulan facultades concurrentes entre la federación, los estados y los municipios, otorgando las bases para el desarrollo de las leyes locales relativas:

b) Tienen validez espacial en todo el territorio nacional, sin importar la jurisdicción de que se trate, y;

c) Establecen el régimen federal para regular la acción de los poderes centrales en la materia de que se trate.

Entonces, en razón de ésta reforma, todos los impartidores de justicia de la federación, los estados, e incluso de los municipios, de todas las materias y de manera oficiosa, deberán pronunciar resoluciones en formato de fácil lectura cuando en el proceso participe una persona con discapacidad, a diferencia del Protocolo de actuación para personas con discapacidad de la SCJN que sólo “...sugiere directrices o lineamientos a seguir, por parte de las y los juzgadores, en aquellos casos que involucren a personas con discapacidad”.

Por todo lo anterior, se considera que modificar la forma de las sentencias con la finalidad de que sean accesibles, entendibles y claras para las personas con discapacidad, significará un cambio de actitud que abone a una estrategia de inclusión, y, si la discapacidad es la suma de las deficiencias personales más las barreras del entorno, entonces el cambio que se plantea aportará para disminuir la desigualdad en tanto el juzgador sea capaz de explicar a una persona con discapacidad de forma clara y llana el contenido de una sentencia.

Para el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, la discapacidad es parte de la diversidad humana, por ello, el tema de la inclusión es prioritario y forma parte de nuestra agenda legislativa; consideramos que es necesario transformar el modo en que se materializa el derecho de acceso a la justicia para las personas con discapacidad para logra la igualdad y que ejerzan a plenitud ese derecho.

En el ámbito legislativo, es fundamental comprender los alcances de la sentencia y entender cómo un ajuste razonable es útil para la protección de los derechos de las personas con discapacidad para que puedan ejercerlos a plenitud como partícipes de la sociedad en igualdad de condiciones como cualquier persona mediante el uso de métodos adecuados para ellos.

Decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Artículo Único. Se reforma el artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 29. Las instituciones de administración e impartición de justicia contarán con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, así como la emisión de documentos en sistema de escritura Braille y resoluciones en formato de fácil lectura.

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

I El régimen jurídico internacional de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y sus relaciones con la regulación actual de los ordenamientos jurídicos internos, Tesis Doctoral, Universidad Carlos III de Madrid. Madrid, España, 2014.

ii La sentencia en formato de lectura fácil para todos, Peña Martínez, Luis Javier. Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Hechos y Derechos, número 47, septiembre – octubre de 2018. Link:

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/ article/view/12876/14426

iii Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información. Link:

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P

iv Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2014.

v Link:

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/242/P1I242.pdf , Visto el 27 de enero 2020.

vi Link: https://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx

vii Hacia un Sistema de Justicia Incluyente, Sheinbaum Diana, México 2016.

viii Link: https://www.conceptosjuridicos.com/sentencia/

ix 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, Brasilia 2008.

x Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), México, 2014.

xi La discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Una aproximación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Palacios Agustina y Bariffi Francisco, ediciones Cinca, Madrid, España 2007.

xii Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho: Estructura jerárquica del sistema jurídico mexicano y las leyes generales o leyes marco, publicado en la Año 34, Número 34, México 2012.

xiii Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), México, 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Carol Antonio Altamirano, Elba Lorena Torres Díaz, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago, María Isabel Alfaro Medina, María Sara Rocha Medina, Martha Hortencia Garay Cadena, Martha Robles Ortiz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de adopción, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Carolina García Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

La adopción de niños abandonados o que han perdido a sus padres, es un proceso largo, sinuoso y lleno de obstáculos para las personas que tienen la intención de adoptarlos y darles un hogar, por lo que es necesario hacer más flexibles y cortos los plazos para los trámites de adopción actualizando el marco jurídico, para dar mayor certeza jurídica y protección, tanto para las niñas, niños y adolescentes en adopción, como para las personas que han decidido adoptar a un menor.

En este sentido, México se adhirió a la Convención sobre los Derechos del Niño en enero de 1990. En el tema de adopción establece:

Artículo 20

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

2. Los Estados parte garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser necesario la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

Artículo 21

Los Estados parte que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y

a) Velarán porque la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;

La armonización y actualización de los ordenamientos prosiguen con la incorporación del principio del interés superior de la niñez el 12 de octubre de 2011, en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual especifica:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

Asimismo, se aprueba la Ley General de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014, robusteciendo así, la normativa que protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Esta ley reconoce su carácter de titulares de derechos. Los artículos 2, párrafo segundo y tercero; 17 y 18 prevén que el interés superior de la niñez deberá ser considerando de manera primordial.

Situación de la adopción en México

De acuerdo con el Inegi, se estima que más de 30 mil niños, niñas y adolescentes viven en orfanatos o albergues y cerca de 5 millones de niños mexicanos están en riesgo de perder el cuidado de sus familias por causas como pobreza, adicciones, violencia intrafamiliar y procesos judiciales.

El reporte Crecer en la espera, realizado por Centro Horizontal, con apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida, entre 2012 y 2017 el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) registró en conjunto con sus representaciones estatales, 5 mil 342 adopciones.

Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, destacó la complejidad y la invisibilidad del tema, así como la desarticulación de las políticas públicas y la falta de un proyecto al país en materia de adopción.

Indicó que se requiere un marco legal único en México, además de que no existe un censo en forma, porque no se consideraron, por ejemplo, niños y adolescentes que viven en centros de adicciones, espacios siquiátricos o centros penitenciarios, por lo que advirtió que quizá haya hasta 100 mil menores que viven fuera de su núcleo familiar primario.

Entre mayo y junio de 2017, de acuerdo con la investigación de las organizaciones civiles que incluyó solicitudes de información al DIF, tanto el sistema nacional como de los estatales, así como a tribunales de justicia, había por lo menos mil 168 niñas, niños y adolescentes susceptibles de ser adoptados.

Esto quiere decir que no todos los niños que se encuentran en los albergues o casas hogar pueden ser adoptados, la mayoría de ellos se encuentra en dichos albergues por diferentes causas, violencia intrafamiliar, abandono, pobreza o negligencia.

Debido a una desarticulación jurídica en materia de adopción por parte de los estados y la federación, los procedimientos de adopción se vuelven confusos, tediosos, con regulaciones diferenciadas y plazos muy largos para la adopción definitiva de las niñas, niños o adolescentes que esperan ser adoptados.

Uno de los problemas que afrontan las sociedades son los menores desamparados sin un grupo familiar que se haga cargo de ellos. Muchos de estos niños sin hogar viven en las calles o, en el mejor de los casos, se encuentran acogidos en alguna institución pública o privada, otros más viven en hogares disfuncionales que les causan más perjuicios que beneficios.

Se considera como un deber para la sociedad integrar a ella a los menores desamparados, supliendo la ausencia o deficiencia de las relaciones de filiación o de parentesco mediante instituciones adecuadas. Una de ellas, la adopción permite la integración de un menor a un grupo familiar distinto al suyo, cuando el propio no le garantiza, ya sea por decisión de los padres o por causas ajenas a su voluntad, el bienestar mínimo necesario para su desarrollo integral. De manera que la adopción parece una buena solución a estos dos problemas a los que se enfrentan las modernas sociedades.

Los lineamientos en materia de adopción del sistema para el desarrollo integral de la familia establecen tiempos y procesos que en su proceso desde el inicio hasta el término de una adopción son de un año cuatro meses, pero dichos tramites pueden tardar más de dos años, proceso muy largo y tedioso, por lo que es necesario hacer más rápido el trámite.

Por último, es necesario agilizar los trámites de adopción para dar cumplimiento al artículo 30 Bis 10, el cual establece:

Artículo 30 Bis 10. Las procuradurías de protección y los sistemas DIF, en el ámbito de sus respectivas competencias, crearán los mecanismos necesarios para que los adoptantes cuenten con un procedimiento único , que permita que el trámite de adopción sea rápido, eficaz y transparente.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) está haciendo su parte incorporando a más profesionales en materia de trabajo social y psicología, para intervenir en los procesos de adopción de niñas, niños y adolescentes, a fin de garantizar en todo momento el interés superior de la niñez, fortaleciendo así los procesos de adopción.

El SNDIF y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con la finalidad de que el procedimiento de adopción sea pronto y expedito, acordaron trabajar en un proyecto conjunto para identificar, generar, publicar y difundir información útil para aquellas personas que tengan la intención de adoptar a una niña, niño o adolescente.

Con ese propósito, el INAI y el SNDIF firmaron un convenio de colaboración en transparencia proactiva, a partir del cual diseñarán una estrategia de conocimiento público que integre información relevante relacionada con el acogimiento preadoptivo, proceso de adopción, requisitos, datos estadísticos sobre adopciones solicitadas y concretadas, criterios de asignación para niñas, niños y adolescentes, emisión del certificado de idoneidad.

Por todo ello, la justificación de acortar plazos de los trámites en materia de adopción de niñas, niños y adolescentes, cumpliendo así uno de los derechos de menor de vivir en familia, evitando que los trámites tarden más de dos años, dejando de lado lo que establece el artículo 30 Bis 10 de la misma ley.

Debido a ello es necesario dar claridad a la legislación vigente, para así evitar la desilusión de las personas solicitantes, que esperan un certificado de idoneidad para poder adoptar, y que como se mencionó con anterioridad, las resoluciones positivas de adopción son por mucho, muy inferiores a las solicitudes que presentan los posibles adoptantes y que además al solicitar información y requisitos pareciera ser un trámite muy confuso y engorroso.

Asimismo, es necesario mencionar la importancia que tiene el que la ley sea clara, sencilla y aplicable, pero además que los temas sean acordes y relacionados en su estructura, por lo que es procedente actualizar la estructura y orden del artículo 30 Bis 6.

Es necesario derogar el primer párrafo del artículo 30 Bis 6, ya que trata de un tema diferente a la adopción, refiriéndose más bien al proceso de guardia y custodia de los menores, por lo que tendría que ubicarse dentro del cuerpo de la norma en el titulo tercero, capítulo Único, De quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, es importante mencionar el orden de los temas para así dar mayor claridad en la estructura de la ley.

Para dar mayor claridad a las reformas propuestas, se presenta el siguiente cuadro comparativo

Por lo expuesto pongo a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman, diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de adopción

Único. Se reforma el artículo 30 Bis 5; se deroga el primer párrafo del artículo 30 Bis 6, y se recorre el segundo para quedar como único párrafo; y se adiciona el artículo 106 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 30 Bis 5. Una vez reunidos los requisitos e integrado el expediente, la autoridad competente emitirá su opinión respecto a la expedición del certificado de idoneidad en un término que no excederá de treinta días naturales, salvo que no tenga certeza respecto de la documentación que integra el expediente o que no cuente con suficientes elementos, caso en el que se podrá ampliar el plazo hasta por quince días naturales más.

Artículo 30 Bis 6. Respecto a las resoluciones de adopción, el juez contará con 10 días hábiles improrrogables, contados a partir del día siguiente de la entrega, por parte de la autoridad administrativa, del expediente de adopción completo. Dicha autoridad administrativa contará con cinco días hábiles para la entrega de tal expediente al juzgado de la materia, una vez cumplimentado lo referido en el artículo 30 Bis 5 de la presente ley.

Artículo 106 Bis. El juez familiar, o en su caso el juez especializado en la materia, dispondrá de 90 días hábiles improrrogables para emitir la sentencia sobre resolución de la patria potestad de menores de edad, en los juicios respectivos. Dicho término será contado a partir del día siguiente de la presentación de la demanda.

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Convención sobre los Derechos del Niño, 1990. Visible en

<http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D 40.pdf> Consulta: 10 de febrero de 2020.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Visible en

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf> Consulta: 10 de febrero de 2020.

3 Censo de Alojamientos de Asistencia Social, Inegi, 2015. Visible en

<https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/caas/2015/doc/ caas_resultados.pdf> Consulta: 17 de febrero de 2020.

4 Vanguardia.mx, Nacional, 2018. Visible en

<https://vanguardia.com.mx/articulo/30-mil-ninos-mexicanos-es peran-ser-adoptagdos-inei> Consulta: 14 de febrero de 2020.

5 Las adopciones en México y algo más, Ingrid Brema Sesma, 2005. Visible en

<http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/10709> Consulta: 29 de enero de 2020.

6 Extracto de los lineamientos en materia de adopción del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DOF, 2016. Visible en

<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439223&fe cha=30/05/2016> Consulta: 19 de febrero de 2020.

7 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 2014. Visible en

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pd f> Consulta: 19 de febrero de 2020.

8 Sistema Nacional DIF, 29 de enero de 2020, comunicado. Visible en

<https://www.gob.mx/difnacional/prensa/fortalece-sndif-atenci on-en-procesos-de-adopcion-233288> Consulta: 19 de febrero de 2020.

9 Sistema Nacional DIF, 11 de febrero de 2020, comunicado. Visible en

<https://www.gob.mx/difnacional/prensa/buscan-sndif-e-inai-ef icientar-procesos-de-informacion-en-materia-de-adopcion-234479> Consulta: 19 de febrero de 2020.

Dado en la Cámara de Diputados, a 3 de marzo de 2020.— Diputadas y diputados: Carolina García Aguilar, Adriana Paulina Teissier Zavala, Carol Antonio Altamirano, Edgar Guzmán Valdéz, Elba Lorena Torres Díaz, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, Martha Robles Ortiz, Olga Patricia Sosa Ruiz, Ricardo de la Peña Marshall (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputado Arturo Escobar y Vega, en representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión; así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario de Morena, y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez y Héctor Serrano Cortés, sin grupo parlamentario; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de Salud Mental, al tenor de la siguiente

La salud mental es un concepto, que, si bien refiere a una rama de la ciencia médica, desde una perspectiva integral y de desarrollo humano, implica el bienestar personal y la aceptación de la capacidad de crecimiento y realización a nivel emocional e intelectual.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

La importancia de reconocer y procurar una buena salud mental estriba en reconocerla como un factor esencial para una adecuada integración social y convivencia.

La salud mental mejora la actitud de los individuos y permite a las personas reconocer sus habilidades, superar el estrés cotidiano de la vida, adaptarse a los ambientes laborales, incrementar su capacidad productiva y hacer aportaciones a su comunidad y al crecimiento de la misma.

A nivel global, el trastorno de ansiedad, la depresión, los problemas asociados al consumo de drogas o alcohol, la esquizofrenia y el trastorno bipolar están entre las seis causas principales de discapacidad, con una tendencia al alza, calculando que para el año 2030, la depresión será la segunda causa de disminución de años de vida saludable a escala mundial y la primera en los países desarrollados, reduciendo notablemente la calidad de vida de las personas.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental, un 18 por ciento de la población urbana en edad productiva, entre los 15- 64 años de edad, sufre algún trastorno del estado de ánimo como ansiedad, depresión o fobia. Además, se calcula que poco más de 3 millones de personas son adictas al alcohol, 13 millones padecen tabaquismo y hay más de 400 mil adictos a psicotrópicos.

Los trastornos mentales pueden deberse ya sea en mayor o menor medida a una combinación entre predisposición genética, y detonadores ambientales y sociales derivados de las experiencias y el estilo de vida.

De acuerdo con un estudio realizado por el Commonwealth Department of Health and Aged Care, National Action Plan for Promotion, Prevention and Early Intervention for Mental Health, de Australia, los principales determinantes sociales y ambientales de la salud mental son: Familiares, en casos como madre adolescente, padre o madre solteros, familia numerosa, modelos con rol antisocial, violencia familiar, familia disfuncional, divorcio o separación, negligencia con el cuidado del niño, experiencias de rechazo; padres en situación de desempleo prolongado, abuso de sustancias y/o con problemas mentales.

Los escolares, donde involucran peleas o riñas, carencia de vínculos afectivos en la escuela (amigos y maestros), manejo inadecuado de la conducta, fracaso o deserción escolar, cambios de escuela, relaciones insatisfactorias, falta de expectativas, expectativas falsas. Los sociales, frente a una desventaja socioeconómica, discriminación social y cultural, violencia y criminalidad en la zona de vivienda, condiciones inadecuadas de la vivienda, falta de servicios de apoyo como transporte y lugares de recreo, aislamiento social; y, los eventos de impacto como el abuso físico, sexual y emocional, muerte de un familiar, enfermedad, desempleo, falta de hogar, encarcelamiento, pobreza, accidentes de trabajo, responsabilidad en el cuidado de un enfermo o discapacitado, guerra, violencia o desastres naturales.

Estos factores detonadores del detrimento en la salud mental yacen en el contexto de las relaciones interpersonales del individuo, y se considera en los mismos estudios, que la población más vulnerable son las niñas, los niños y los adolescentes, cuya inteligencia emocional se encuentra en plena formación, y dichas circunstancias pueden afectar significativamente su desarrollo.

En México, los trastornos psiquiátricos en menores de edad se han disparado en los últimos diez años, teniendo un registro en 1997 donde la depresión infantil ocupaba el treceavo sitio, y a partir del año 2016 ocupa ya el segundo sitio entre los trastornos de salud mental de diagnóstico más frecuente.

La OMS estima para 2020, a nivel global, que la depresión infantil desbancará al déficit de atención del primer lugar de trastornos mentales en edad pediátrica.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil (AMPI) estima que por lo menos el 50 por ciento de los trastornos mentales del adulto se gestan en la infancia y adolescencia, lo cual nos hace reflexionar en la importancia de intervenir a tiempo y a través de estrategias de prevención.

La Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica señala que el 50 por ciento de los trastornos mentales inician antes de los 21 años y casi uno de cada cuatro adolescentes (24.7 por ciento) se encuentran afectados por uno o más problemas de salud mental.

Los trastornos más recurrentes entre niños y adolescentes son problemas de aprendizaje, retraso mental, trastornos de ansiedad y por déficit de atención, depresión y uso de sustancias, así como intentos de suicidio y existen diversos factores que influyen en este deterioro de su salud mental. La misma Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil considera que es importante partir de una atención primaria a los padres de familia, simultáneo a la creación programas de intervención escolar para prevenir el acoso escolar y programas interinstitucionales de apoyo a la infancia y la adolescencia.

Dada la situación, es necesario replantear el alcance que el sistema de salud pública tiene respecto a la salud mental desde el ámbito normativo y de política pública.

El derecho a la salud previsto en el artículo 4o. de la Carta Magna concibe de forma implícita un carácter de indivisibilidad, al tratarse de un derecho inherente a toda persona que, en su dimensión biopsicosocial, sin especificar o recaer sólo en los aspectos físicos de la misma, por lo que, este derecho entendido como un estado absoluto de bienestar, establece incluso aquellos intangibles como las emociones.

Sin embargo, la obligación constitucional del Estado se extiende al deber de procuración de ese bienestar, así como de los mecanismos y acciones necesarias para materializar el derecho a la salud.

Actualmente, la Ley General de Salud es el principal instrumento sobre el que se desprenden las estrategias que deberán implementar las autoridades sanitarias.

Es por ello que el camino a seguir para garantizar la salud mental de los mexicanos es establecer nuevas estrategias enfocadas a atender las causas y prevenir los efectos negativos en la salud de todas las personas, teniendo como punto de partida la Ley General que actualmente es ambigua respecto a la obligatoriedad de presentar programas y estrategias para prevenir y fomentar la salud mental desde edades tempranas y durante todas las etapas de la vida.

Por las razones previamente expuestas, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 2o., las fracciones IV y VII del artículo 6o., la fracción I del artículo 65, el artículo 72 y las fracciones III, IV y IV del artículo 73, todos de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma la fracción IV del artículo 2o., las fracciones IV y VII del artículo 6o., la fracción I del artículo 65, el artículo 72 y las fracciones III, IV y IV del artículo 73, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades:

I. a III. ...

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud física y mental.

V a VIII. ...

Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I. a III. ...

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la población en general, priorizando los grupos vulnerables.

V. a VI. ...

VII. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud física y mental y con el uso de los servicios que se presten para su protección, y

VIII. ...

Artículo 65. Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán:

I. Los programas para padres destinados a promover la atención materno-infantil, así como aquellos destinados a proporcionar las herramientas para identificar los signos y síntomas de padecimientos mentales en niñas, niños y adolescentes.

II. a IV. ...

Artículo 72. La prevención de las enfermedades mentales tiene carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental desde la infancia, y en las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control de las enfermedades mentales, así como otros aspectos relacionados con la salud mental.

Artículo 73. ..

I. a II. ...

III. La realización de programas para la prevención del uso de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia,

IV. La realización de programas para la prevención e identificación de los problemas de salud mental en niñas, niños y adolescentes; y

V. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan al fomento de la salud mental de la población.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2020.— Diputadas y diputados: Lilia Villafuerte Zavala, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Arturo Escobar y Vega, Elba Lorena Torres Díaz, Erika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido, María Sara Rocha Medina, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Abril Alcalá Padilla e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Abril Alcalá Padilla, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A. Concepto de feminicidio

El término de feminicidio se empleó por primera vez en 1976, conceptualizándolo de la siguiente manera: “el asesinato de mujeres por hombres por ser mujeres”, siendo posteriormente ampliado para quedar como “el asesinato de mujeres realizado por hombres por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres”, siendo la intención de esta definición eliminar las connotaciones ambiguas entre homicidio y feminicidio.

El derecho positivo mexicano en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 21 define a la violencia feminicida como: “(...) la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de las mujeres”.

El feminicidio como delito está tipificado en el artículo 325 del Código Penal Federal de la siguiente forma: “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días de multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.”

El Estado mexicano ha incorporado los instrumentos jurídicos necesarios para combatir el problema del feminicidio, sin embargo, los esfuerzos han sido insuficientes. El papel del Estado en la protección, prevención, combate y sanción del fenómeno feminicida es fundamental, en especial cuando al analizar los desafortunados casos de feminicidio, se palpan las graves omisiones, silencios, negligencias y en algunos casos, la colusión de las autoridades encargas de combatir el fenómeno feminicida y de violencia contra las mujeres y niñas.

Si el Estado no logra garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y un espacio común en el que puedan desarrollar su vida, esto convierte al Estado en cómplice de la conducta criminal de unos cuantos. Por tal motivo, es importante que lejos de un debate acerca de la pertinencia, gravedad o efectividad de los actores tanto políticos como sociales que convergen en la problemática, los poderes del Estado, en sus tres niveles de gobierno se dediquen a implementar de forma inmediata y eficaz, las soluciones necesarias para erradicar por completo el feminicidio.

B. Protección jurídica de las mujeres en México

El Estado mexicano se ha comprometido a reconocer el goce, ejercicio y protección de los derechos humanos de las mujeres y su igualdad sustantiva con sus pares masculinos, por lo que desde el 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada para reconocer los derechos humanos con base en el control de convencionalidad y el principio pro persona, lo que abrió el reconocimiento pleno de las normas de derecho internacional.

Entre los resultados de esta reforma, podemos contar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece las bases de coordinación entre la federación y las entidades federativas para erradicar la violencia contra las mujeres, sancionarla de forma debida y eficaz y prevenirla. Además, establece los principios rectores para todas las autoridades competentes que deben ser observados al momento de diseñar e implementar políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Al ser una ley general, dicta lineamientos para los órdenes de gobierno integrantes de la federación los cuales son atendidos por las entidades federativas en función y ejercicio de su propia soberanía. Esto ha provocado un problema que adquiere mayor relevancia, a medida que los casos de feminicidio se han incrementado y que han adquirido mayor relevancia e indignación, como lo es la tipificación paulatina del delito de feminicidio en las entidades federativas, que ha sido lento, que se ha definido de manera distinta, atendiendo los intereses de cada entidad federativa y que ha establecido elementos objetivos diferentes.

Es de suma importancia que el delito de feminicidio sea homogéneo en su redacción en los ordenamientos jurídicos estatales, ya que esto unificará las sanciones y sentencias en todo el país, además de otorgar la posibilidad de ejecutar políticas públicas transversales.

En ese sentido, es necesario dotar al Congreso de la Unión de la facultad expresa para poder legislar en una Ley General que prevenga, sancione y erradique la violencia feminicida en nuestro país, como se hizo en el caso de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Facultar al Congreso de la Unión para legislar en una ley que combata de forma integral el delito de feminicidio es pertinente y profundamente necesario. Como integrantes del Estado mexicano es nuestro deber constitucional el atender las necesidades urgentes que tienen y sufren los mexicanos, y en el caso concreto, las mexicanas y las niñas de México.

Detrás de cada número que a continuación se presentan, hay una vida, una cara y una familia destrozada, que desafortunadamente ilustran la gravedad y la urgencia que tenemos para legislar en la materia. La violencia feminicida ha presentado en los últimos cinco años un aumento progresivo. Todos los días asesinan a una mujer y a una niña en México. En las cifras oficiales que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (SESNSP) no hay un solo mes durante 2018 en el que no se haya registrado el asesinato de una menor. México está catalogado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2019 como primer lugar en feminicidios, en una relación de 24 países.

Por tal motivo, no se puede dejar de insistir la urgencia y la necesidad de legislar en la materia y establecer medidas, protocolos, políticas públicas, distribución efectiva de competencias, y toda una serie de directrices que hagan eficaz la acción del Estado mexicano para combatir los feminicidios.

Feminicidios en México según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación

México fue el primer país en que se propuso la tipificación del delito de feminicidio y es, a su vez, el país en que más iniciativas se han presentado en esta materia, tanto a nivel nacional como a nivel de las entidades federativas.

En 2012, el Comité CEDAW de la Organización de las Naciones Unidas elogió al Estado mexicano por la adopción de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, sin embargo, expresó su preocupación por dos temas: el primero es la aplicación inadecuada de marcos jurídicos y normativos y lo segundo es una revisión de los mecanismos nacionales para hacer frente a la violencia contra las mujeres y la alerta de género. Es en este campo, en donde una Ley General en la materia puede abonar a la solución de estas dos terribles omisiones en el ordenamiento normativo mexicano.

En otra recomendación (CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 11) el Comité lamenta la persistencia de los niveles de inseguridad, violencia y delincuencia organizada, así como los problemas asociados a las estrategias de seguridad pública y el efecto negativo y terrible que tienen en el ejercicio y disfrute de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Además, en su momento le preocupó la propaganda estereotipada y en contra de la igualdad de género, lo que también deberá ser sujeto de una regulación debida.

El Comité manifestó como sus principales preocupaciones las siguientes:

a) La persistencia de los patrones de uso generalizado de la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas en el Estado parte, incluidas la violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura sexual y los asesinatos, especialmente los feminicidios;

b) El hecho de que los delitos mencionados con anterioridad a menudo son perpetrados por agentes estatales y no estatales, incluidos los grupos de delincuentes organizados;

c) El carácter incompleto de la armonización de la legislación estatal con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar como delito el feminicidio

A pesar de que el fenómeno de la violencia en toda su complejidad ya tiene algunas décadas que se ha incrustado en la vida de los mexicanos, no podemos bajar los brazos. Debemos de dotar a todos los actores de los mejores y los mayores instrumentos jurídicos posibles, de ahí la importancia y la urgencia de legislar en la materia.

Como parte de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, México se comprometió a colaborar en la persecución de los objetivos que forman parte de la agenda, que en el caso del tema de género son los siguientes y que resultan indispensable:

1. Atender las causas estructurales de la violencia contra las mujeres y las niñas desde sus raíces, lo que implica la necesidad de tomar acción para la prevención.

2. Promover marcos normativos y de política pública que sean integrales; que tengan perspectiva de género y de interculturalidad; con enfoque de derechos humanos, en cumplimiento de los más altos estándares internacionales, y que sean efectivamente implementados.

3. Fortalecer a las instituciones estatales, así como a la sociedad civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas y con recursos suficientes para esta tarea.

4. Generar información estadística y evidencia que se encuentren alineados a estándares internacionales en la materia, para crear normas, políticas públicas que prevengan y atiendan adecuadamente la violencia contra las mujeres y las niñas.

5. Proveer servicios accesibles de calidad para la atención de víctimas de violencia; servicios de salud y de procuración e impartición de justicia con estándares internacionales.

Muchos de estos objetivos requieren cambios legislativos, por lo que el papel del honorable Congreso de la Unión es vital. El objetivo de la presente iniciativa es dotar al Congreso de la Unión de la facultad expresa para legislar sobre una Ley General que combata, erradique, sancione y prevenga el delito de feminicidio. Un gran paso para responder a las necesidades y miedos que sufrimos las mujeres mexicanas en nuestras calles, nuestras ciudades y nuestros campos.

Con esto se ejemplifica de manera explícita el argumento para proponer la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. Para admitir nuevos estados a la Unión Federal;

II. Derogada.

III. Para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto:

1o. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en estados, cuenten con una población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos.

2o. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su existencia política.

3o. Que sean oídas las legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva

4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido.

5o. Que sea votada la erección del nuevo estado por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas Cámaras.

6o. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate.

7o. Si las legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de legislaturas de las demás entidades federativas.

IV. Derogada.

V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación.

VI. Derogada;

VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto.

VIII. En materia de deuda pública, para:

1o. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la República en los términos del artículo 29.

2o. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el jefe de gobierno le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El jefe de gobierno informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública.

3o. Establecer en las leyes las bases generales, para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda, así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por la fracción H del artículo 72 de esta Constitución.

4o. El Congreso de la Unión, a través de la comisión legislativa bicameral competente, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías y, en su caso, emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de quince días hábiles, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión. Lo anterior aplicará en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, será informado de la estrategia de ajuste para los municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, celebren los estados que no tengan un nivel elevado de deuda;

IX. Para impedir que en el comercio entre entidades federativas se establezcan restricciones.

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;

XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones.

XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.

XIII. Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra.

XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio.

XV. Derogada.

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.

1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República, sin intervención de ninguna secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.

2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República.

3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del País.

4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan.

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas;

XIX. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio de estos.

XX. Para expedir las leyes de organización del cuerpo diplomático y del cuerpo consular mexicano.

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, feminicidio, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios;

b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada;

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales;

XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación.

XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución, así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones;

XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución;

XXV. De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, media superiores, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la federación, las entidades federativas y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;

XXVI. Para conceder licencia al presidente de la República y para constituirse en Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba substituir al presidente de la República, ya sea con el carácter de interino o substituto, en los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución;

XXVII. Para aceptar la renuncia del cargo de presidente de la República.

XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional;

XXIX. Para establecer contribuciones:

1o. Sobre el comercio exterior;

2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4o. y 5o. del artículo 27;

3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;

4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y

5o. Especiales sobre:

a) Energía eléctrica;

b) Producción y consumo de tabacos labrados;

c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;

d) Cerillos y fósforos;

e) Aguamiel y productos de su fermentación; y

f) Explotación forestal.

g) Producción y consumo de cerveza.

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica.

XXIX-A. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal;

XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales.

XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución;

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional;

XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios.

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Asimismo, para legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación;

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico

XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones.

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares.

Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

El Tribunal funcionará en pleno o en salas regionales.

La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis magistrados y actuará en pleno o en secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos a que se refiere el párrafo tercero de la presente fracción.

Los magistrados de la Sala Superior serán designados por el presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince años improrrogables.

Los magistrados de Sala Regional serán designados por el presidente de la República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo diez años pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos.

Los magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley.

XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de protección civil;

XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias; así como la participación de los sectores social y privado;

XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado;

XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado, y

XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.

XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la federación, entidades federativas, municipios y, en su caso, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias;

XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo décimo segundo del artículo 4o. de esta Constitución.

XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares.

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte;

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares.

XXIX-R. Para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales;

XXIX-S. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.

XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución.

XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación.

XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la federación, los estados, municipios y el Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25;

XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas.

XXIX-Y. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria;

XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia cívica e itinerante, y

XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de esta Constitución, y

XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Rusell, Diana E.H. Definición de feminicidio y conceptos relacionados en Feminicidio, justicia y derecho. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, LIX Legislatura. México 2005. Página 137.

2 Foro Feminicidios en México. Análisis y retos legislativos. Roxana Aguilar, representante de la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y las Drogas. 29-04-2019 Cámara de Diputados, México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.— Diputadas y diputados: Abril Alcalá Padilla, Frida Alejandra Esparza Márquez, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, José Guadalupe Aguilera Rojas, Mónica Bautista Rodríguez, Norma Azucena Rodríguez Zamora, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes Federales de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de Deuda Pública, a cargo del diputado Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Mario Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, en el ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Federal de Deuda Pública, al tenor de la siguiente

Las contingencias sanitarias, además de generar un considerable sufrimiento humano, tienen fuertes consecuencias económicas.

De acuerdo con la evaluación económica provisional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicada el 2 de marzo de 2020 a través del informe Coronavirus: La economía mundial en riesgo, el crecimiento económico mundial podría reducirse en aproximadamente medio punto porcentual este año en relación con lo esperado en las perspectivas económicas de noviembre de 2019, pasando de 2.9 por ciento a 2.4 por ciento –pudiendo llegar hasta 1.4 por ciento de crecimiento si los brotes del coronavirus se intensifican– (véase tabla 1).

Fuente: tomado de Coronavirus: La economía mundial en riesgo, OCDE.

Lo anteriormente mencionado, siguiendo con el informe de la OCDE, es debido principalmente a que China tiene un papel clave y creciente en las cadenas mundiales de suministro, los viajes y los mercados de productos básicos. Por tanto, alteraciones en la segunda economía más grande del mundo tiene afectaciones directas en el desempeño de la economía global.

A este respecto debe señalarse que, el coronavirus ya ha tenido impactos observables en el desempeño de su economía. De acuerdo con cifras de la Oficina Nacional de Estadística China (ONEC), el Índice Gerente de Compras (IGC) –principal indicador de desempeño económico en China– cayó en febrero de 2020 en 14.3 puntos porcentuales respecto al mes anterior (véase gráfica 1), impulsado principalmente por un descenso en la producción y en los nuevos pedidos (véase tabla 2).

Nota: El IGC es un índice compuesto que refleja los cambios en la producción en el periodo actual de toda la industria (industrias manufactureras y no manufactureras). El umbral de PMI usualmente usa 50 por ciento como punto de corte para el desempeño económico. Si el PMI supera 50 por ciento, refleja que la economía general se está expandiendo; si es inferior a 50 por ciento, refleja que la economía general está en recesión.

Fuente: elaboración propia con datos de la ONEC.

Fuente: elaboración propia con datos de la ONEC.

En este sentido, las medidas de prevención y atención en casos de emergencia sanitaria, tienen que ir más allá del tratamiento médico que deba implementarse en la población, sino que debe también incorporar medidas que permitan continuar con el sano desarrollo de la economía de los países. Por tanto, es indispensable implementar políticas públicas que permitan mitigar los efectos económicos negativos en los países que comiencen a develar información sobre un posible contagio económico.

México ha comenzado a resentir los efectos del coronavirus, aún y cuando solamente existen cinco casos confirmados y alrededor de una veintena de casos sospechosos, según lo ha informado la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.

El efecto más visible ha sido en el comportamiento del tipo de cambio, ya que, al ser una de las economías más abiertas del mundo, los impactos de este tipo de circunstancias internacionales extraordinarias pueden observarse en esta variable, la cual pasó de 18.5712 pesos por dólar el 14 de febrero de 2020 a 19.7760 pesos por dólar el 28 de febrero de 2020, es decir, una depreciación del 6.5 por ciento en 14 días. Por lo anterior, es necesario generar un fondo emergente en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el que el gobierno federal pueda hacer frente a estas circunstancias extraordinarias.

Así, pues, se considera pertinente que el Ejecutivo federal, a través de la facultad que le otorga el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pueda disponer de recursos a través de financiamiento para hacer frente a la emergencia sanitaria que se suscite a través de una reducción de hasta 15 por ciento de lo que represente el balance primario positivo, calculado en los Criterios Generales de Política Económica (véase gráfica 2).

Fuente: elaboración propia con datos de las Estadísticas Oportunas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En este sentido, y con la finalidad de contar con instrumentos que permitan hacer mejor frente a las emergencias sanitarias que pueden tener consecuencias graves en la población y en la economía mexicana, se propone crear un fondo denominado “Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias Sanitarias”, con el cual el gobierno federal podrá contar con recursos a través de financiamiento por hasta un monto que sea igual o menor a 15 por ciento del balance primario positivo.

Toda vez que actualmente, la Ley Federal de Deuda Pública, en su artículo 10, solamente permite al Ejecutivo federal someter al Congreso de la Unión una propuesta de montos adicionales de financiamiento, cuando a juicio del propio Ejecutivo, se presenten circunstancias económicas extraordinarias que así lo exijan. No obstante, señala expresamente que dicha propuesta sólo puede ser aprobada por el Congreso de la Unión al aprobar la Ley de Ingresos de la Federación; esto es, no prevé la hipótesis específica para, como en el presente caso, surjan emergencias en el ejercicio fiscal que puedan poner en riesgo a amplios sectores de la población o a la economía.

Así, con la reforma propuesta se crean los instrumentos necesarios para que el Estado mexicano esté en condiciones de actuar, previniendo y afrontando cualquier emergencia que se suscite, sin dilaciones, derivadas de la falta de regulación legal.

Por las anteriores razones, se somete a consideración de esta honorable asamblea el presente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Federal de Deuda Pública

Artículo Primero. Se adicionan la fracción IV Bis al artículo 2 y el artículo 37 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a IV. ...

IV Bis. Balance primario: la diferencia entre ingresos totales y gastos totales del sector público, excluyendo de los gastos totales a los Costos financieros de la deuda del Sector Público.

V. a LVII. ...

...

Artículo 37 Bis. Cuando durante el ejercicio presupuestal se presente una emergencia que pueda poner en riesgo a amplios sectores de la sociedad o generar graves afectaciones a la economía, el Ejecutivo federal podrá solicitar autorización al Congreso de la Unión para obtener recursos adicionales a través de una reducción de hasta el quince por ciento de lo que represente el balance primario positivo, calculado en los Criterios Generales de Política Económica respectivos, para destinarlos al establecimiento de un fondo para la prevención y atención de la emergencia, a efecto de mitigar el impacto en la salud, la economía, la productividad, el consumo o el empleo.

El fondo a que se refiere el párrafo anterior será ejercido y administrado por la Secretaría, previa opinión favorable de un Comité Técnico que estará integrado por un representante de las Secretarías de Salud, de Economía, de Gobernación, de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público.

El Congreso de la Unión deberá resolver la solicitud del Ejecutivo federal a que se refiere el primer párrafo del presente artículo en un periodo no mayor a 5 días hábiles a partir de su recepción. Transcurrido el plazo sin que el Congreso emita resolución, se tendrá por aprobada la solicitud.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 4o, fracciones I y V, y se adicionan un párrafo segundo al artículo 10, todos de la Ley Federal de Deuda Pública.

Artículo 4o. Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

I. Emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión pública productiva, para canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario federal, con propósitos de regulación monetaria o para enfrentar emergencias que puedan poner en riesgo a amplios sectores de la población o a la economía.

...

V. Contratar y manejar la deuda pública del gobierno federal y otorgar la garantía del mismo para la realización de operaciones crediticias que se celebren con organismos internacionales de los cuales México sea miembro o con las entidades públicas o privadas nacionales o de países extranjeros, siempre que los créditos estén destinados a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas que estén acordes con las políticas de desarrollo económico y social aprobadas por el Ejecutivo y que generen los recursos suficientes para el pago del crédito y tengan las garantías adecuadas, o cuando se presenten emergencias que puedan poner en riesgo a amplios sectores de la población o a la economía.

Artículo 10. El Ejecutivo federal, al someter al Congreso de la Unión las iniciativas correspondientes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá proponer los montos del endeudamiento neto necesario, tanto interno como externo, para el financiamiento del Presupuesto federal del ejercicio fiscal correspondiente, proporcionando los elementos de juicio suficientes para fundamentar su propuesta. El Congreso de la Unión al aprobar la Ley de Ingresos, podrá autorizar al Ejecutivo federal a ejercer o autorizar montos adicionales de financiamiento cuando, a juicio del propio Ejecutivo, se presenten circunstancias económicas extraordinarias que así lo exijan. Cuando el Ejecutivo federal haga uso de esta autorización informará de inmediato al Congreso.

Para el caso de emergencia señalado en el artículo 37 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuando el balance primario sea positivo, el Congreso de la Unión autorizará en un periodo no mayor a 5 días hábiles la solicitud del Ejecutivo federal para la obtención de recursos financieros a efecto de mitigar los impactos negativos causados a la salud, la economía, la productividad, el consumo o el empleo.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En el Ejercicio Fiscal de 2020, el Ejecutivo federal podrá enviar al Congreso de la Unión una propuesta para obtener montos adicionales de financiamiento que constituyan el Fondo a que se refiere el artículo 37 Bis de esta ley por una cantidad máxima de 25 mil millones de pesos.

Tercero. Para la creación del Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias Sanitarias, en el Ejercicio Fiscal de 2020, también podrán ser utilizados los remanentes no ejercidos de las prerrogativas ordinarias de los partidos políticos que hayan sido reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Notas

1 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7969896b-en.pdf?expires=1583245029& id=id&accname=guest&checksum=B11FB334AAA5B30C34FE7C83B0E660AE

2 http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202003/t20200302_1729254.html

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/538341/Comunicado_Tecnico_Diario _COVID-19_2020.03.02.pdf

4 https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=sp

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2020.— Diputados y diputadas: Mario Delgado Carrillo, Alejandro Ponce Cobos, Alejandro Viedma Velázquez, Ana María Rodríguez Ruiz, Carol Antonio Altamirano, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Elba Lorena Torres Díaz, Emmanuel Reyes Carmona, Erasmo González Robledo, Frinné Azuara Yarzábal, Ignacio Benjamín Campos Equihua, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Karen Ivette Audiffred Fernández, Luis Javier Alegre Salazar, Olegaria Carrazco Macías (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos, 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura, pone a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 44, tercer párrafo, y 45, fracción VI, de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

De conformidad con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de feminicidio ha tenido un incremento constante de 2015 a la fecha. En 2015 se reportaron 411 presuntos delitos de feminicidio; para 2016, 604; para 2017, 741; para 2018, 892; y para 2019, 980. Es decir, de 2015 a 2019 se tuvo un incremento de 238 por ciento por presunto delito de feminicidio.

En enero de 2020, se registraron en el país 72 presuntos casos de feminicidio cometidos en 64 municipios.

Uno de los grandes retos los que se enfrentan los cuerpos de investigación es el protocolo para la investigación y clasificación del delito de feminicidio. Para tal efecto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante el Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas CNSP/38/15, establece los criterios para el registro de los presuntos delitos de feminicidio para fines estadísticos.

En dicho registro se le considera como la conducta ilícita consistente en “privar de la vida a una mujer, por razones de género”, entendiendo que existen razones de género cuando en la privación de la vida de la mujer se presente alguna (o algunas) de las siguientes circunstancias:

I. Exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad de la que se haya valido;

II. Exista, o haya existido, entre el agresor y la víctima una relación sentimental, laboral, escolar o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad y exista antecedente documentado de violencia;

III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previamente a la privación de la vida, o presente marcas infamantes o degradantes sobre el cadáver, necrofilia, o éste sea mutilado;

V. Hayan existido amenazas, acoso o lesiones del agresor en contra de la víctima, o misoginia;

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público;

VII. La víctima haya sido incomunicada previo a la privación de la vida;

VIII. La víctima se encuentre en estado de gravidez y ese haya sido el motivo del hecho; y

IX. Todas aquellas circunstancias que no hayan sido descritas pero que sean consideradas en las legislaciones penales federales y estatales. Si faltaren las razones de género, la investigación correspondiente se registrará, para fines estadísticos, bajo la categoría de homicidio.”

Por su parte, el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobado en la cuadragésima tercera sesión ordinaria, celebrada el 21 de diciembre de 2017, dispone que la Procuraduría General de la República y las procuradurías y fiscalías generales de justicia de las 32 entidades, deben iniciar la investigación de toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso bajo protocolos de feminicidio, sin que esto condicione la clasificación como delito de feminicidio.

El 6 de noviembre de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó la recomendación general 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en México. Dentro de las conclusiones, destaca que no existe un mecanismo que registre de manera homogénea el número de feminicidios en México. No obstante, la discrepancia en las metodologías es consistente con el incremento en el número de asesinatos de mujeres.

Desde el año 2010, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres puso en marcha los centros de justicia para las mujeres en las entidades federativas. Los centros operan con la suma de esfuerzos y recursos por parte de la federación, estados y organizaciones de la sociedad civil. En ellos se proporcionan servicios de atención psicológica, jurídica y médica; albergue temporal y talleres de empoderamiento social y económico; estos espacios permiten que las mujeres víctimas de violencia puedan contar con los apoyos necesarios para salir del círculo de la violencia.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus competencias, tomarán las medidas presupuestales y administrativas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Por ello, resulta fundamental que las entidades federativas del país cuenten con los recursos suficientes.

Por su parte, la citada recomendación 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en México, destaca la poca inversión que los países de América Latina y del Caribe han destinado a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. De conformidad con cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, los países de la región invierten entre 0.01 por ciento al 1 por ciento del producto interno bruto.

En nuestro país, los recursos contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en su Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, han tenido un crecimiento constante de 2006 a la fecha. Para 2020, el presupuesto asignado en el anexo 13 ascendió a la cantidad de $103,517,827,649 de pesos (ciento tres mil quinientos diecisiete millones ochocientos veintisiete mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 m.n.).

Sin embargo, uno de los retos que debemos atender es capacitar a los cuerpos de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio en las fiscalías estatales. Por ello, se requiere incrementar el monto de los recursos para tal efecto.

La Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 25, enlista los fondos de aportaciones federales que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Ciudad de México y, en su caso, a los municipios, condicionando el gasto al cumplimiento de los objetivos enlistados. En su artículo 45, se establece el destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), dentro de los cuales se encuentran el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, la profesionalización del personal de las fiscalías, los policías de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios, el fortalecimiento de las bases de datos criminalísticas y la ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los cuerpos de seguridad pública y de los centros de evaluación y control de confianza.

La presente iniciativa plantea la reforma del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, a efecto de que se adicione como criterio para la distribución del FASP, los recursos destinados a atender la prevención y atención del delito de feminicidio en los estados, por lo que las entidades que mayor presupuesto destinen para prevenir y atender el delito de feminicidio serán más susceptibles a recibir mayores recursos por concepto de dicho fondo.

Asimismo, se plantea la reforma de la fracción VI al artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, a efecto de que uno de los destinos del FASP sea la capacitación de los cuerpos de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio en las fiscalías estatales y la de la Ciudad de México, así como la inversión en los centros de justicia para las mujeres en las entidades federativas y la Ciudad de México.

La modificación a los artículos 44, tercer párrafo, y 45, fracción VI, de la Ley de Coordinación Fiscal, garantizará que los estados destinen mayores recursos para prevenir y erradicar el delito de feminicidio.

En virtud de lo expuesto anteriormente, el que suscribe, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, pongo a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 44, tercer párrafo, y 45, fracción VI, de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se reforman los artículos 44, tercer párrafo, y 45, fracción VI, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

“ Artículo 44....

...

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Gobernación, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de los estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la implementación de programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad pública desarrollen los municipios , los recursos destinados a atender la prevención y atención del delito de feminicidio en los estados, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. Los convenios y anexos técnicos celebrados entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las entidades, deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días, contados a partir de la publicación del resultado de la aplicación de las fórmulas y variables mencionadas con anterioridad.

...

...

...

...”

“ Artículo 45. ...

I. a V. ...

VI. La capacitación de los cuerpos de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio en las fiscalías estatales y de la Ciudad de México, así como a la inversión en los centros de justicia para las mujeres en las entidades federativas y de la Ciudad de México.

VII. ...

...

...

...”

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Lineamientos del Registro de Feminicidio CNPJ, pp. 2.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2020.— Diputados y diputadas: Iván Arturo Rodríguez Rivera, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Rigoberto Mares Aguilar, Juan Carlos Muñoz Márquez, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elisa González Estrada, Miguel Alonso Riggs Baeza, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sonia Rocha Acosta, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de derechos humanos de la niñez, a cargo de la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI

María Lucero Saldaña Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo primero Bis al título segundo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de derechos humanos de la niñez, de conformidad con la siguiente

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) establece que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha desarrollado la intrínseca vinculación entre la pobreza infantil con la violación transversal de los derechos humanos del sector:

Los impactos que la pobreza tiene en los niños y en los adultos son también diferentes, con impactos más profundos y duraderos en los niños que en los adultos. El efecto mayor de la pobreza sobre los niños, niñas y adolescentes se vincula con los derechos que se ven principalmente vulnerados en hogares pobres, como el derecho a la salud, a la nutrición, al agua potable y saneamiento, al acceso a una educación de calidad, a la vivienda digna, y a los cuidados adecuados por parte de la familia y de las instituciones sociales, entre otros. Estos derechos son fundamentales para niños, niñas y adolescentes en una etapa de crecimiento físico, cognitivo e intelectual y ameritan una particular protección por parte del Estado precisamente porque son esenciales como base para lograr el disfrute de todos los demás derechos.

La pobreza infantil, además de significar que los niños se ven imposibilitados a acceder a los estándares básicos de bienestar y a satisfacer sus necesidades básicas en el presente, también les afecta en el futuro, restringiendo sus posibilidades de desarrollar capacidades de acceder a oportunidades futuras, y los condiciona a círculos de transmisión intergeneracional de la pobreza. En este sentido, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en sus Principios Rectores sobre Pobreza Extrema, ha llamado la atención sobre el hecho que incluso períodos breves de privación y exclusión pueden menoscabar de forma dramática e irreversible el derecho del niño a la supervivencia y el desarrollo, causando pobreza en la vida adulta.

En atención de esa gran problemática, el Estado mexicano adoptó la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cual establece en el objetivo 1.1:

1.1. De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día).

El Comité de los Derechos del Niño, en las observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados de México, señaló:

53. El Comité sigue profundamente preocupado por la prevalencia de la pobreza infantil, que afecta a más de la mitad de la población infantil, una tasa superior a la de la pobreza entre los adultos. Le preocupa que los niños indígenas, afromexicanos, migrantes y desplazados, los hijos de familias monoparentales y los niños que viven en zonas rurales se vean particularmente afectados por la pobreza y la extrema pobreza.

Por tanto, recomendó que se adopte una política pública en colaboración con las familias, los niños y las organizaciones de la sociedad civil, que contemplé medidas que promuevan el desarrollo en la primera infancia y apoyen en mayor medida a las familias. A mayor abundamiento:

54. El Comité recomienda al Estado parte que siga trabajando para erradicar la pobreza infantil adoptando una política pública elaborada en colaboración con las familias, los niños y las organizaciones de la sociedad civil, en particular las de las comunidades indígenas, afromexicanas, desplazadas, migrantes y rurales, y destinando los recursos necesarios para su puesta en práctica. Esta política debe contemplar medidas que promuevan el desarrollo en la primera infancia y apoyen en mayor medida a las familias.

Si bien la pobreza infantil viola transversal y generalizadamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como ya se señaló, existe una especial vulneración al interés superior del menor como eje rector de las políticas públicas, así como el derecho al mínimo vital de la infancia.

Abordando el primer derecho, si bien el interés superior del menor es un concepto abstracto, general y en constante evolución nacional e internacional; toda vez que los extremos de las necesidades y derechos de los menores son cambiantes y progresivos; también es cierto que tiene implicaciones manifiestamente reconocidas tanto por México como por la comunidad internacional.

Una de esas implicaciones es que “el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”. Dicha opinión consultiva es apoyada por los artículos 3.1 y 3.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño que se reproducen a continuación:

3.1 En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

3.2 Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

En el marco nacional, el artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio del interés superior de la niñez como eje rector de la actividad estatal, de la siguiente manera:

Artículo 4o., párrafo noveno. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Aunado a lo anterior, a fin de clarificar la citada porción normativa, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis aislada:

Novena época.

Registro: 169457.

Instancia: Pleno.

Tipo de tesis: Aislada.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo XXVII, junio de 2008.

Materia: Constitucional.

Tesis: P. XLV/2008.

Página: 712.

Menores de dieciocho años. El análisis de una regulación respecto de ellos debe hacerse atendiendo al interés superior y a la prioridad de la infancia.

De la interpretación del artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria de aquel precepto y con la Convención sobre los Derechos del Niño, se advierte que el principio del interés superior de la infancia junto con el derecho de prioridad, implican que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores de 18 años deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con dichos menores. De ahí que para el análisis de la constitucionalidad de una regulación respecto de menores de 18 años, sea prioritario, en un ejercicio de ponderación, el reconocimiento de dichos principios.

Acción de inconstitucionalidad 11/2005. Procurador General de la República. 8 de noviembre de 2007. Mayoría de seis votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y José Ramón Cossío Díaz. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El tribunal pleno, el 12 de mayo en curso, aprobó, con el número XLV/2008, la tesis aislada que antecede.- México, Distrito Federal, a 12 de mayo de 2008.

El artículo 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reitera que las políticas públicas deben contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes, en los siguientes términos:

Artículo 3. La federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales.

Las autoridades, en el ámbito de su competencia, en asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes deben buscar el beneficio de del menor y nunca el perjuicio de éste. Ergo, la pobreza infantil es incompatible con el principio del interés superior del menor, y el Estado debe implantar todas las medidas legislativas y administrativas pertinentes para buscar su erradicación.

Respecto al mínimo vital, de acuerdo con la tesis aislada del Poder Judicial de la Federación con número de registro 2002743, en el orden constitucional mexicano, este derecho, también llamado “mínimo existencial”, el cual ha sido concebido como un derecho fundamental que se apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes constitucionales, cobra vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en sus artículos 1o., 3o., 4o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123; aunado al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, suscritos por México y constitutivos del bloque de constitucionalidad.

El mínimo vital está formado por la satisfacción y protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, forman la base o punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida democrática del Estado.

Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en la Observación General No. 3 de 1990, ha establecido “la obligación mínima generalmente es determinada al observar las necesidades del grupo más vulnerable que tiene derecho a la protección del derecho en cuestión”.

En el caso concreto, es nuestro parecer que esta obligación mínima debe de ser determinada, observando las necesidades de las niñas, niños y adolescentes en extrema pobreza, toda vez que se constituyen como el grupo en mayores condiciones de vulnerabilidad.

Aunado a lo anterior, el mínimo vital es un concepto jurídico indeterminado que exige confrontar la realidad con los valores y fines de los derechos sociales, siendo necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso concreto.

Igual que todos los conceptos jurídicos indeterminados, requiere ser interpretado por el juzgador, tomando en consideración los elementos necesarios para su aplicación adecuada a casos particulares; esto es, el análisis de este derecho implica determinar, de manera casuística, en qué medida se vulnera por carecer de recursos bajo las condiciones propias del caso.

En atención de lo anterior, es claro que el derecho al mínimo vital de la infancia los protege, en el caso concreto, contra la posibilidad de vivir en condiciones de extrema pobreza y obliga al Estado a salvaguardar este derecho humano, a través de la adopción de medidas que busquen reducir y eliminar esta problemática social.

Por estos motivos, la pobreza y la pobreza extrema infantil, así como los problemas que se relacionan con esta, como lo son la desigualdad social, marginación, delincuencia, entre otros, son de los mayores problemas que enfrenta la región y el país.

De acuerdo con el Coneval, en México

• El 52.1 por ciento de las niñas, niños y adolescentes viven en situación de pobreza;

• Hay 53.4 millones de personas en situación de pobreza de las cuales, 20.7 millones son niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años.

• El 78.5 de las niñas, niños y adolescentes que viven en hogares indígenas vive en condiciones de pobreza.

• El 9 por ciento de la población infantil vive en situación de pobreza extrema, esto es, 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes presentan tres o más carencias y pertenecen a un hogar con ingresos totales insuficientes para adquirir ni siquiera la canasta alimentaria.

• La población de entre 0 y 5 años enfrenta mayores porcentajes de pobreza, especialmente de pobreza extrema, al compararla con la población de 6 a 11 años y la de 12 a 17 años.

Por otro lado, la UNICEF presentó un análisis sobre la situación de la infancia en México, en donde señala que, si bien la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a finales de 2014 ha reforzado los derechos de la infancia, la pobreza y desigualdad siguen afectando de manera particular a este sector:

El Estado mexicano ha reforzado su compromiso con el cumplimiento de los derechos de la infancia mediante reformas legislativas e institucionales, y principalmente a través de la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a finales de 2014. Sin embargo, la pobreza y la desigualdad siguen afectando a este sector de manera particular, y sus efectos se traducen en la práctica en violaciones de los derechos de la infancia y adolescencia. La pobreza en la niñez genera daños irreversibles, lo cual confiere a su atención y reducción un sentido de urgencia: la probabilidad de que se vuelva permanente es más alta que en el caso de los adultos, al igual que la posibilidad de que se reproduzca intergeneracionalmente.

La CIDH ha señalado que el Estado está obligado a ejecutar directamente medidas de protección de niñas, niños y adolescentes en pobreza infantil:

La comisión ha destacado que, debido a la condición de desarrollo evolutivo de los niños y su dependencia de los adultos para asegurar sus derechos más fundamentales y su bienestar, el papel de las familias es fundamental para su protección. La Corte y la Comisión han señalado que “[e]n principio, la familia debe proporcionar la mejor protección de los niños (...). Y el Estado se halla obligado no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar”. La CIDH ha enfatizado que las políticas sociales de protección a las familias son cruciales para la superación de la pobreza infantil y deben ser una prioridad para los Estados en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de protección de los derechos de la niñez.

Los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos de Naciones Unidas establecen que lo Estados, al diseñar y aplicar políticas públicas, deben otorgar la debida prioridad a las personas que viven en extrema pobreza:

B. Los Estados deben velar por que las políticas públicas otorguen la debida prioridad a las personas que viven en la extrema pobreza

51. Al diseñar y aplicar las políticas públicas y asignar los recursos, los Estados deben otorgar la debida prioridad a los derechos humanos de los grupos más desfavorecidos, especialmente las personas que viven en la extrema pobreza.

La perspectiva de género es un enfoque transversal que debe de operar en cualquier política o acción pública. Por tal, la política por la cual se busca erradicar la pobreza de las niñas, niños y adolescentes deberá ser transversal, de modo que

1. Se garantice el acceso a todos los recursos en igualdad de condiciones;

2. Se planifiquen las políticas públicas teniendo en cuenta las desigualdades existentes; y

3. se identifiquen y evalúen los resultados e impactos producidos en el avance de la igualdad real.

Por todo lo anterior, la presente iniciativa pretende establecer como derecho humano de las niñas, niños y adolescentes la prerrogativa de vivir sin pobreza, salvaguardando su interés superior y los demás derechos humanos de los que gozan, así como coadyuvar a que se elaboré una política pública tendiente a erradicar la pobreza infantil, en colaboración con las familias, las niñas, niños y adolescentes y las organizaciones de la sociedad civil, en particular las de las comunidades indígenas, afromexicanas, desplazadas, migrantes y rurales.

Para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

En virtud de lo señalado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Único. Se adicionan el capítulo primero Bis al título segundo, el artículo 16 Bis y la fracción XVII Bis del artículo 125; y se modifica la fracción XVII del artículo 125 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 16 Bis. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir sin pobreza.

Las autoridades de la federación, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar este derecho humano.

Asimismo, el sistema nacional de protección integral elaborará una política pública, tendiente a erradicar la pobreza infantil, en colaboración con las familias, las niñas, niños y adolescentes y las organizaciones de la sociedad civil, en particular las de las comunidades indígenas, afromexicanas, desplazadas, migrantes y rurales. Esta política debe contemplar medidas con perspectiva de género que promuevan el desarrollo en la primera infancia y apoyen en mayor medida a las familias.

Dicha política pública será parte integral del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en términos del artículo 141 de esta ley.

Artículo 125. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el sistema nacional de protección integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El sistema nacional de protección integral tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XVI. ...

XVII. Promover políticas públicas y revisar las ya existentes relacionadas con los derechos de carácter programático previstos en esta ley ;

XVII Bis. Elaborar una política pública, tendiente a erradicar la pobreza infantil, con perspectiva de género, en colaboración con las familias, las niñas, niños y adolescentes y las organizaciones de la sociedad civil, en particular las de las comunidades indígenas, afromexicanas, desplazadas, migrantes y rurales; y

XVIII. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Medición de la pobreza, sin fecha. Disponible en

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx Consultado el 22 de noviembre de 2019.

2 CIDH, Informe preliminar sobre pobreza, pobreza extrema y derechos humanos en las Américas. Disponible en

http://www.oas.org/es/cidh/desc/docs/Pobreza-DDHH-InformePrelimi nar-2016.pdf Consultado el 22 de noviembre de 2019, página 68.

3 Naciones Unidas. La agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2018. Disponible en

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1 801141_es.pdf

4 Comité de los Derechos del Niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados de México, 2015. Disponible en

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/146/15/ PDF/G1514615.pdf?OpenElement

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva número OC-17/2002, párrafo 137.2

6 Convención de los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989. Disponible en

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf Consultada el 25 de noviembre de 2019.

7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de febrero de 1917 (última reforma: 9 de agosto de 2019). Disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf Consultada el 25 de noviembre de 2019.

8 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. Observación general número 3, de 1990.

9 Coneval, Pobreza infantil y adolescente en México 2008-2016, 2019. Disponible en

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/UNICEF_CONEVAL_POB REZA_INFANTIL.pdf Consultado el 22 de noviembre de 2019, páginas 5-11.

10 UNICEF. Los derechos de la infancia y la adolescencia en México, 2019. Disponible en

https://www.unicef.org/mexico/media/1791/file/SITAN-UNICEF.pdf Consultado el 23 de noviembre de 2018, página 61 (énfasis añadido).

11 CIDH. Obra citada, página 68.

12 Naciones Unidas. Obra citada, página 11.

13 UNICEF, Perspectiva de género, 2017. Disponible en

https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/file s/2018-04/COM-1_PerspectivaGenero_WEB.pdf Consultado el 6 de febrero de 2020, página 10.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: Lucero Saldaña Pérez, Brasil Alberto Acosta Peña, Juan Ortiz Guarneros, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Luis Eleuisis Leónidas Córdova Morán, Margarita Flores Sánchez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Merary Villegas Sánchez, diputada de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, conforme a lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento al pleno de esta soberanía iniciativa, al tenor de lo siguiente:

Las niñas, niños y adolescentes son el patrimonio actual y futuro de la humanidad; debemos salvaguardar su integridad, respetarles, hacer valer sus derechos y, sobre todo, ofrecerles las condiciones sociales y familiares más convenientes para su sano desarrollo. En una frase, son nuestra oportunidad imperdible para tener un mundo mejor. Por esto, apostarle a la niñez significa apostarle a un entorno social menos cruel, menos desigual y con mayor paz.

Actualmente la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 144, establece trato diferenciado a niñas, niños y adolescentes en razón de la edad, específicamente en la etapa de 13 a 18 años, lo cual excluye, margina y discrimina en el ámbito de la protección del interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4o. constitucional, por lo que es objeto de la presente iniciativa, presentar un proyecto que reforma la edad para la protección de hijas e hijos de personas privadas de su libertad en relación a los supuestos que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal en el artículo 144 para el procedimiento de sustitución de la pena.

Es importante sobreponer y hacer garante el interés superior de la niñez en los casos en donde tanto el padre, la madre o el tutor/tutora se encuentran en prisión, (la cárcel...debiendo entender) por lo que se percibe de muy corta visión y poco sensible, la disposición que sólo limita este derecho a niñas y niños menores de 12 años, cuando en diversos planteamientos de Instituciones de Salud y Educación se establece que el período de edad más difícil de un/a niño/a y que debe ser tutelada, es la adolescencia

Extender este derecho hasta la edad de 18 años, garantiza mantener bajo tutela a las y los adolescentes para evitar dejar a criterio propio la toma de decisiones para su desarrollo, tutela que también puede ayudar a disuadirlos de tomar caminos que los lleven por la delincuencia, la vagancia, la holgazanería o a situaciones donde sean víctima del delito como la trata de personas.

El padre, madre o tutor/tutora a quien se le dará la opción de sustituir la pena en su domicilio al lado de la hija o hijo que lo necesite, será supervisado/a en su cumplimiento por los órganos de la administración pública, responsables de las sanciones penales no privativas de la libertad, que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal en los artículos 153 y 154.

Considero que estas medidas dan la oportunidad para la reconstrucción del tejido social y familiar, (dando la oportunidad) brindando así la posibilidad de un mejor futuro para las y los adolescentes, y también que quienes hayan cometido un delito, con excepción de los que se expresan en el artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, puedan reintegrarse a la sociedad desde el seno familiar.

El artículo 1o. constitucional establece en su quinto párrafo: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

En contra sentido a esta disposición respecto a los menores de edad, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece:

“ Artículo 144. Sustitución de la pena

El juez de ejecución podrá sustituir la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de la libertad, prevista en esta Ley cuando durante el periodo de ejecución se actualicen los siguientes supuestos:

I. Cuando se busque la protección de las hijas e hijos de personas privadas de la libertad, siempre que éstos sean menores de 12 años de edad o tengan una condición de discapacidad que no les permita valerse por sí mismos. Esto cuando la persona privada de la libertad sea su cuidadora principal o única cuidadora, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

II. Cuando la permanencia de la persona sentenciada con la hija, hijo o persona con discapacidad, no representa un riesgo objetivo para aquellos.

III. Cuando esta fuere innecesaria o incompatible con las condiciones de la persona privada de la libertad por senilidad, edad avanzada, o su grave estado de salud, en los casos regulados en la legislación penal sustantiva, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en esta Ley.

IV. Cuando, en términos de la implementación de programas de tratamiento de adicciones, reinserción en libertad, justicia colaborativa o restitutiva, política criminal o trabajo comunitario, el Juez de Ejecución reciba de la Autoridad Penitenciaria o de la autoridad de supervisión un informe sobre la conveniencia para aplicar la medida y si el sentenciado no representa un riesgo objetivo y razonable para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad. Dicha autoridad deberá fungir como aval para la sustitución.

En todos los casos a que se refiere este artículo se considerará el interés superior de la niñez y en su caso se tomará en cuenta la opinión de las personas menores de 12 años o con discapacidad afectadas, atendiendo su grado de desarrollo evolutivo o cognitivo, o en su caso, el grado de discapacidad.

Sólo podrán aplicarse los sustitutivos descritos en las fracciones anteriores cuando se actualicen los supuestos durante la ejecución de la pena, así como a las personas que al momento de ser sentenciadas se ubiquen en las hipótesis previstas en este artículo, siempre que subsistan las causas durante la ejecución.

No procederá la sustitución de pena por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas.”

Asimismo, la Ley General de los Derechos de las Niñas, niños y Adolescentes señala, en el artículo 5o., que: “Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Para efectos de los tratados internacionales y el concepto jurídico mayoría de edad, son niños los menores de dieciocho años de edad”.

Se hace alusión al artículo anterior con el objetivo de mostrar el límite de edad en niñas, niños y adolescentes para que el Estado vele por el principio de interés superior de la niñez en relación a los siguientes derechos.

“ Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo;

II. Derecho de prioridad;

III. Derecho a la identidad;

IV. Derecho a vivir en familia;

V. Derecho a la igualdad sustantiva;

VI. Derecho a no ser discriminado;

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;

XI. Derecho a la educación;

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento;

XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;

XV. Derecho de participación;

XVI. Derecho de asociación y reunión;

XVII. Derecho a la intimidad;

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y

XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.”

En términos de la actual Ley Nacional de Ejecución Penal se está excluyendo de esta esfera de derechos a las niñas, niños y adolescentes mayores de 12 y menores de dieciocho años.

Se recoge de la sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 61/2016 de cuatro de abril de 2017, promovida por la Comisión de Derechos Humanos lo siguiente:

“ 5. El artículo 144, fracción I, en la porción normativa ‘de doce años de edad’ de la Ley Nacional de Ejecución Penal viola los artículos 1o. y 4o. de la Constitución General, pues margina a los mayores de trece años y menores de 18 años.

El precepto controvertido dispone que el juez de ejecución podrá sustituir la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de la libertad, a aquellas personas que tengan un hijo siempre y cuando sea menor de doce años y dependa únicamente de esa persona.

Así, la sustitución de la pena está condicionada a una distinción realizada con base en la edad de los menores. Lo anterior sin importar que la Convención sobre los Derechos de los Niños establece que son niños todas aquellas personas menores de dieciocho años. Por ende, atendiendo al principio de interés superior del menor, también los mayores de doce años y menores de dieciocho años necesitan del cuidado de sus padres para su desarrollo, transgrediéndose así los artículos 1o. y 4o. constitucionales, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 29 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 1o. de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Apoyan lo anterior las tesis 1a. CCCLXVIII/2015 (10a.) y 1a. CCLXV/2015 (10a.), de rubro: “Discriminación normativa. El legislador puede vulnerar el derecho fundamental de igualdad ante la ley por exclusión tácita de un beneficio o por diferenciación expresa” y “Evolución de la autonomía de los menores. Fundamento, concepto y finalidad de ese principio”, respectivamente.

Tercero. Artículos que se estiman violados. Los artículos 1o., 4o., párrafo noveno, 6o., apartado A, fracción II, 16, párrafos segundo y décimo segundo, 18, párrafo segundo, 22, primer párrafo de la Constitución General; 1 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5, 3, 17, y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, 1o., 8o. y 16 de la Convención de los Derechos del Niño.

Cuarto. Admisión y trámite. Por acuerdo de primero de agosto de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad a la que correspondió el número 61/72016 y remitió el expediente al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien por razón de turno fue designado como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo.

En proveído del quince de agosto de dos mil dieciséis, el Ministro instructor admitió la acción relativa y ordenó dar vista al Congreso de la Unión por conducto de las Cámaras de Diputados y Senadores que emitió las normas y al Presidente de la República que las promulgó, para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Procuradora General de la República para que formulara el pedimento que le corresponde.”

La anterior referencia permite identificar legislación que discrimina a niñas, niños y adolescentes a través de la violación de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 29 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 1o. de la Convención sobre los Derechos del Niño en perjuicio de niñas, niños y adolescentes de 12 a 18 años.

Para tener una mayor claridad en la propuesta que ahora se presenta ante esta Soberanía, a continuación, se muestra un cuadro comparativo, entre la norma vigente y la propuesta contenida en esta iniciativa:

Por tal motivo, sometemos al análisis, discusión y en su caso, la aprobación de esta soberanía, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 144, fracción I, y se reforma el segundo párrafo, seguido de la fracción IV, de la Ley Nacional de Ejecución Penal

Único. Se reforma el artículo 144, fracción I, y se reforma el segundo párrafo seguido de la fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 144. Sustitución de la pena

El juez de ejecución podrá sustituir la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de la libertad prevista en esta Ley cuando durante el periodo de ejecución se actualicen los siguientes supuestos:

I. Cuando se busque la protección de las hijas e hijos de personas privadas de la libertad, siempre que éstos (as) sean menores de 18 años de edad o tengan una condición de discapacidad que no les permita valerse por sí mismos (as). Esto cuando la persona privada de la libertad sea su cuidadora principal o única cuidadora, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

II. a IV. ...

En todos los casos a que se refiere este artículo se considerará el interés superior de la niñez y en su caso se tomará en cuenta la opinión de las personas menores de 18 años o con discapacidad afectadas, atendiendo su grado de desarrollo evolutivo o cognitivo, o en su caso, el grado de discapacidad.

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Misma que puede ser consultada en

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5522030&fecha=09/ 05/2018&print=true.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2020.— Diputada y diputado Merary Villegas Sánchez, Emmanuel Reyes Carmona (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, y suscrita por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley General de Salud al tenor de la siguiente

La publicidad de alimentos y bebidas que actualmente se encuentra expuesta a la población de México por cualquier medio de difusión, suele ser de productos con baja o nula calidad nutricional, se ha detectado que la mayoría de los productos que se ofrecen tienen un alto contenido de grasa, sal y azúcar. La mayoría de estos no saludables, pertenecen a los llamados “Cinco Principales”, conocidos como: 1) Cereales azucarados, 2) Bebidas azucaradas, 3) Botanas dulces, 4) Botanas saladas y 5) Comida rápida.

La publicidad de estos productos, se considera un factor que puede contribuir en los cambios de alimentación, cuyo mensaje es reforzado a través de diferentes medios de comunicación, que traen como consecuencia, un desequilibro en la alimentación debido a falta de orientación y comunicación adecuada de los contenidos en los productos y servicios que se ofrecen a la población.

En la actualidad la obesidad es una enfermedad crónica multifactorial en la que están involucrados aspectos genéticos, ambientales y principalmente estilos de vida. En México, 70 por ciento de los mexicanos padece sobrepeso, junto a éste se asocian otros padecimientos tales como la diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías, insuficiencia renal, enfermedades hepáticas, trastornos óseos y musculares, así como algunos tipos de cáncer, entre otros.

Se calcula que en México hay más de 8.6 millones de personas con diabetes como causa directa del sobrepeso y la obesidad. Esta cifra es similar a la población total que habita en la Ciudad de México.

Es importante destacar que, en México el sobrepeso y la obesidad afectan a todos los grupos de edad incluyendo niños, adolescentes y adultos. Durante los años de 1988 y 2017, se ha detectado la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad, cuyo incremento se reflejó en mujeres adultas y en adolescentes de localidades rurales.

Los ambientes o entornos alimenticios, entendidos como la presencia física y la proximidad a establecimientos de venta de alimentos y bebidas, así como sus precios, calidad, variedad e información disponible dentro de una comunidad o localidad, son causas o factores intermedios que facilitan u obstaculizan la adopción de dietas saludables.

En la Ciudad de México se hizo un estudio entre julio y octubre de 2007, el cual reveló que la publicidad de alimentos fue mayor durante los programas infantiles en comparación con la programación dirigida a la audiencia general (25.8 por ciento vs. 15.4 por ciento). Asimismo, se encontró que los alimentos más anunciados durante los programas infantiles y de audiencia general fueron las bebidas con azúcar añadida (34.5 por ciento).

Entre diciembre de 2012 y abril de 2013, se llevó a cabo otro estudio por el Instituto Nacional de Salud Publica (INSP), para explorar la publicidad de alimentos y bebidas consumidos por niños y adolescentes en canales de comunicación, lugares de venta y consumo de alimentos y bebidas, medio de transporte y escuelas. Se encontró que los alimentos y bebidas más promocionados en diferentes canales de comunicación fueron las botanas dulces, bebidas azucaradas y productos lácteos con azúcar adicionada. Se observó que los niños están expuestos a anuncios en programas de televisión dirigidos a público adulto. Cabe destacar que se encontró que 23.3 por ciento de los anuncios de televisión abierta corresponden a alimentos y bebidas. En las tiendas de conveniencia, los productos más promocionados fueron las bebidas azucaradas con 26.1 por ciento.

La problemática expuesta demuestra que existe una regulación endeble que ha traído como consecuencia riesgos y un perjuicio en la salud de los mexicanos, no obstante, la atención por parte del sector salud trae aparejada que exista una inversión millonaria en estos rubros por parte del sistema de salud.

Por lo anterior es urgente que toda publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la población, en todas sus formas y espacios esté regulada y que se prohíba el uso de estrategias de manipulación y falta de información, como lo señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud adoptada por los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluido México, se determinó que los gobiernos deben desalentar los mensajes que promuevan prácticas alimentarias malsanas y formular criterios apropiados para la comercialización de los alimentos dirigidos a la población, en el patrocinio, la promoción y la publicidad.

Para dimensionar la gravedad de esta problemática, en México, en los últimos 20 años, el poder adquisitivo del salario mínimo se ha erosionado y al mismo tiempo el costo relativo de las calorías provenientes de alimentos no básicos densos en energía y de bebidas azucaradas se ha reducido, de manera que las calorías de estos últimos son más baratas que las de alimentos saludables como frutas y verduras, lácteos y alimentos de origen animal.

La obesidad y el consumo inadecuado de alimentos son en la mayoría de los casos, más prevalente en las áreas urbanas y en el nivel socioeconómico alto, el consumo de bebidas azucaradas (refrescos, néctares, bebidas de sabor, aguas frescas, café/té con azúcar) es muy alto y comienza desde los primeros meses de vida.

Asimismo, estos patrones de alimentación (alto en bebidas azucaradas, por ejemplo) favorecen no sólo el desarrollo de obesidad, sino también el de desnutrición por deficiencia de micronutrientes al asociarse con menor consumo de vitaminas y minerales. Lo anterior es relevante considerando el contexto de México con la existencia de la doble carga de la mala nutrición.

México tiene un sistema alimentario mixto, en donde coexisten los sistemas moderno y tradicional. El sistema alimentario actual, tanto en México como en el mundo, tienden hacia una oferta homogénea abundante en alimentos ultra procesados y bebidas industrializadas de variedad aparente pero nutricionalmente desequilibrados.

Por otra parte, en los últimos 30 años, se incrementó la producción nacional, la importación y la oferta de productos y bebidas industrializados. Las familias muestran cada vez menos disposición para cocinar, pues tienden a comprar más alimentos listos para su consumo y pagar por servicios de alimentación fuera del hogar. A su vez, el incremento sostenido en la oferta y el consumo de productos de origen animal pone en riesgo la sostenibilidad del sistema alimentario global.

Por esta razón, el sobrepeso y la obesidad en la niñez son importantes problemas de salud pública, incluso en los países de bajos y medianos ingresos, donde la transición a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) ha ganado terreno rápidamente en los últimos años. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la tasa de prevalencia de sobrepeso y obesidad en América Latina (AL) es del 25 por ciento en niños y adolescentes.

En México, los primeros estudios sobre el impacto económico asociado, se desarrollaron en el periodo 2008-2010 por la Secretaría de Salud en coordinación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, en el periodo 2011-2015 surgió mayor información de las enfermedades que tienen una asociación con la obesidad, sus prevalencias e incidencias, así como sus costos de atención e impacto en la productividad.

Lo anterior generó al interior de la Secretaría, la necesidad de actualizar en 2015 el estudio desarrollado previamente. En la actualización se estimó que el costo directo para el sector público generado por cinco familias de enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad.

De manera que, en 2015, el Instituto Mexicano para la Competitividad, publicó un estudio sobre el costo de la obesidad en México.

Y como resultado, arrojó que la estimación del costo directo fue de 67, 876 millones de pesos de 2014 (aproximadamente 14 por ciento del gasto público en salud) y el costo indirecto varió entre $20, 993 y 38 777 millones de pesos (entre 0.1 y 0.2 por ciento del PIB).

Los estudios de simulación del impacto en salud de un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de 10 por ciento, proyectados a 10 años muestran que se podría reducir 2.54 por ciento la prevalencia de obesidad en adultos, particularmente en población de menor nivel socioeconómico, 15 y prevenir entre 86 00015 y 183 000 casos de diabetes, así como, 16 20 000 derrames cerebrales e infartos al miocardio y 18 900 muertes. Los ahorros potenciales se estiman en alrededor de $17. 700 millones de pesos en costos de atención médica por estas enfermedades.

Por lo tanto, el desarrollo del etiquetado debe ser respaldado y elaborado con evidencia científica, generada por instituciones que no tengan conflicto de interés; debe incluir los diferentes elementos del empaque de alimentos y bebidas, y debe ir acompañado de una campaña de publicidad, de orientación y educativa que asegure su sustentabilidad.

En noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, a fin de contribuir con la reciente reforma conviene concientizar a la población sobre las características y especificaciones de las actividades, productos y servicios que pudieran tener riesgos y consecuencias en la salud de la población a través del control sanitario de la publicidad a cargo de la Secretaría de Salud, solo así se vería concretada esta reforma.

De tal forma, que al aplicar el diseño de publicidad que se realice por cualquier medio que vaya dirigido a la población creará conductas más saludables, permitiendo a los consumidores elegir alimentos y bebidas industrializadas más saludables de una manera sencilla y rápida, contribuyendo así a la nueva estrategia de salud pública.

Para esto, la presente iniciativa resulta necesaria en el control y prevención de enfermedades, contribuirá en la educación y promoción de comportamientos saludables que pueden instaurarse a través de una adecuada regulación publicitaria en la que se den a conocer las características y especificaciones, no solamente los productos alimenticios que contienen altos niveles de azucares y grasas, sino también de los productos y servicios que se encuentran regulados a través de una adecuada vigilancia sanitaria de conformidad como lo dispone la Ley General de Salud.

De ahí la importancia de analizar el trasfondo de dicha problemática, ya que su solución mejoraría en última instancia el estado nutricional de las personas.

Decreto por el que se reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 307. ....

...

La publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas deberá incluir en forma visual, auditiva o visual y auditiva, según sea para impresos, radio o cine y televisión, respectivamente, mensajes precautorios de la condición del producto o mensajes promotores de una alimentación equilibrada y de fomento sobre buenos hábitos nutricionales, higiénicos, de calidad y suficientes, incluyendo la activación física.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes

1 https://www.insp.mx/epppo/blog/2984-publicidad-alimentos-bebidas.html

2 https://www.unicef.org/lac/informes/an por cientoC3 por cientoA1lisis-de-regulaciones-y-pr por cientoC3 por cientoA1cticas-para-el-etiquetado-de-alimentos-y-bebidas

3 https://www.msn.com/es-us/noticias/mexico/dif-urge-a-revisar-y-actualizar-etiqu etado-de-alimentos/ar-AABmolW

4 https://marcomares.com.mx/salud/critica-dif-aval-de-corte-a-etiquetado-de-alime ntos-exige-revision/

5 https://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/obesidad-diabetes-y-enfermedades-ca rdiovasculares.html

6 https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047_17494.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Rigoberto Mares Aguilar, Juan Carlos Muñoz Márquez, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elisa González Estrada, Miguel Alonso Riggs Baeza, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sonia Rocha Acosta, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo del diputado Édgar Eduardo Arenas Madrigal, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Édgar Eduardo Arenas Madrigal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal al tenor de la siguiente

En sus orígenes la prisión preventiva únicamente cumplía la misión de segregar socialmente al imputado sin preocuparse por la reinserción social de este, simplemente se buscaba proporcionar sufrimiento, por lo que la idea de readaptación social era todavía muy lejana, que con el paso de los años evolucionó de una manera estructural, dejando atrás el castigo al individuo por la comisión del delito y seguir con el objetivo de readaptarlo durante su confinamiento y así devolverlo a la sociedad apto para la misma.

La idea de readaptar a las personas surge con las “Casas de Corrección” en los siglos XVI y XVII”, lugares destinados para readaptar y enseñar un oficio al interno, que en sus inicios los internos no eran las personas que cometían delitos, sino vagabundos, mendigos y prostitutas, que era la principal diferencia que distinguía estos lugares de las prisiones tradicionales.

Todo esto fundo el origen histórico de los centros penitenciarios, que llegarían a expandirse y ser la base fundamental de nuestro sistema penitenciario.

La forma de castigar los delitos ha ido evolucionando con el paso del tiempo, las penas corporales fueron adquiriendo una connotación negativa, por lo que posterior a los siglos XVIII y XIX se fue reemplazado por la privación de la libertad.

Lo que derivó en la creación de un derecho penal, como el medio idóneo para alcanzar la justicia que de primera instancia busca readaptar a los individuos, en lugar de castigarlos de maneras inhumanas, y así buscar la mejor forma de resolver el motivo del conflicto.

Poco tiempo antes de la independencia de México se hablaba de un sistema de prisiones para así sustituir la pena de muerte, fue Porfirio Díaz hasta el año de 1880 el primero en promulgar el primer Código de Procedimientos Penales, posteriormente y con el triunfo de la Revolución Mexicana en 1910, Venustiano Carranza promulga la Constitución de 1917 y fue esta la primera en la que se habla del sistema penitenciario.

Aunque antes de este entramado constitucional y de este código mencionado en el párrafo anterior, se construyó el primer centro penitenciario en Guadalajara nombrado Penitenciaria de Escobedo en alusión al Gobernador de ese momento llamado Antonio Escobedo, este centro penitenciario se mantuvo en labores de 1876 hasta 1924.

Con la entrada en vigor de la Constitución emanada de la Revolución se asienta en el artículo 18 todo lo referente al sistema penitenciario, con el objetivo de regenerar al individuo mediante el trabajo, así como en los artículos 19 y 20 que hacen referencia a un mejor trato de los reclusos.

No fue sino hasta el 1965, es decir, 48 años después, que a pesar de ya grande avances en el sistema penitenciario, que se reforma el artículo 18 para que exista una separación entre mujeres y hombres, organización por medio del trabajo, capacitación del mismo y la educación como medio para alcanzar la readaptación.

Posteriormente en el 2008 vuelve a reformarse, esta vez buscando la reinserción social, haciendo un énfasis en la disfuncionalidad del individuo dentro de la sociedad, razón por la cual es privado de la libertad.

Hoy en día al revisar la evolución de nuestra Constitución, notamos que en el artículo 18 quedó plasmada la organización con base en los derechos humanos, además de utilizar el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como los medios necesarios en los centros penitenciarios para lograr la reinserción social del individuo y evitar su reincidencia, así como la separación de los hombres y las mujeres durante el cumplimiento de sus sentencias.

El sistema penitenciario mexicano es definido conforme al artículo 3 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que expresa lo siguiente:

Artículo 3. Glosario

...

Sistema Penitenciario: Al conjunto de normas jurídicas y de instituciones del Estado que tiene por objeto la supervisión de la prisión preventiva y la ejecución de sanciones penales, así como de las medidas de seguridad derivadas de una sentencia, el cual está organizado sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir;

...

El sistema penitenciario tiene funciones esenciales en nuestro país, las cuales son proteger a la sociedad mediante el confinamiento de las personas acusadas o sancionadas por cometer un delito y, por otra parte, está el de servir a la misma, mediante la reinserción de estas personas una vez que su libertad es recuperada, con la de idea de que es liberado un individuo readaptado para vivir en sociedad.

Siendo este el proceso de la seguridad pública que empieza y termina con la prevención del delito, sin embargo, existen diversos problemas como la sobrepoblación y la reincidencia delictiva que prevalecen en los centros de nuestro país, por lo que es esencial la búsqueda de nuevas alternativas que generen algún impacto positivo ante el problema que sufre el sistema penitenciario y pueda salir del rezago en el que se encuentra.

Para implementar “mano dura” ante esta situación, se ha optado por alargar la duración de las penas, que se podrían traducir en amenazas hacía los reos de mantenerlos privados de la libertad casi toda su vida, que en contraste a estos mecanismos de control observamos que no han funcionado, derivado de que no disminuyen los niveles de inseguridad y solo se ha logrado llenar los centros penitenciarios, donde se suelen adquirir nuevos vicios que provocan la reincidencia delictiva al mezclar a delincuentes de baja peligrosidad con los de alta.

Todo esto ejemplificado en el primer informe al detallar que, al corte del 31 de junio 2019, la cifra de población de internos en México ascendía a 200 mil 753 en total, cifra superior a los 197 mil 988 registrados al cierre de 2018.

De lo cual también se nos hace mención de la actual situación en la que se encuentra una gran cantidad de reos, personas que su culpabilidad aún no se ha demostrado y siguen en prisión sin una sentencia dictada, representados por el 75% de la cifra que aumento respecto al 2018.

Con esto, hay que dar a notar que, a nuestro país, mediante el Sistema Penitenciario Federal, le cuesta alrededor de $140 o $150 pesos diarios el mantener a un reo, con alimentos, medicinas, uniformes, energía eléctrica, combustibles, mantenimiento de los inmuebles, labores educativas, artísticas, deportivas y culturales. Como se ejemplifica en el estudio llamado “La transformación del Sistema Penitenciario Federal” en el apartado de “diagnóstico”, elaborado por el investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Guillermo Zepeda Lecuona.

Del presupuesto total que se percibe a nivel federal para asuntos referentes al sistema penitenciario, que es aproximadamente de 13 mil 505 millones de pesos al año, se ejerce un gasto diario aproximado de 28 millones de pesos diarios para la manutención de los reos y demás elementos ya antes mencionados.

Lo anteriormente expuesto es una de las primordiales razones por las que se busca este cambio en el sistema penitenciario, los centros penitenciarios en México están generando grandes gastos para la nación derivados de personas que están ahí por su desacato a la ley, por tal motivo es de gran relevancia que no se conviertan en un gasto las cárceles, sino buscar, como se enfoca la presente iniciativa, que estos centros se vuelvan útiles para la sociedad y para el gobierno mismo, que generen recursos mediante el trabajo y esto a su vez sea utilizado para una verdadera reinserción social, que los reos a lo largo o corto de su estancia en los centros sean productivos y no solo ocupar un lugar que genera un impacto económico para el país.

Busco con la presente iniciativa un cambio mediante la asociación público – privado en los centros penitenciarios, que con la prestación de servicios los reos sean capacitados para así poder ejercer futuramente un trabajo y que esto a su vez les genere un sueldo, ayudando a su readaptación.

Las actividades que desarrolle el interno dentro del centro será conforme a lo previsto en el artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así el reo podrá llevar a cabo con regularidad sus demás actividades, generando esto como un hábito, y ya con estas costumbres adquiridas pueda salir a trabajar cuando su sentencia se haya cumplido.

Con esto el reo podrá ocupar su día en temas educativos y/o laborales, para así dejar el tiempo restante en sus terapias, actividades artísticas y ejercicio, con el fin de buscar mantenerlo ocupado en actividades productivas, reducir el tiempo de ocio y así disminuir que se lleven a cabo actos ilícitos dentro del centro penitenciario.

Todo esto mediante un proceso de licitación a privados que serán quienes proporcionarán lo necesario para que se lleven a cabo las actividades productivas en la misma.

Distinto a lo que se lleva a cabo como cárcel privada en diferentes partes del mundo, en esta iniciativa buscamos el fortalecimiento y desarrollo de los centros penitenciarios mediante la asociación público –privada con mayor participación del gobierno con un 70% y solamente el 30% para los privados, dejando la mayor responsabilidad en el gobierno, además de mantener la rectoría de las prisiones, todo esto contenido en los contratos de licitación.

De esta forma el Estado mantiene el control sobre el centro penitenciario evitando que se conviertan en negocios y los privados se encarguen de emplear a todos los reos durante su estancia en él y así dar un paso hacia la reinserción social, previniendo futuras reincidencias cuando la libertad del reo sea recuperada.

Así se utilizará el capital privado como medio para rehabilitar los centros de trabajo, las celdas, las cámaras de video vigilancia y las áreas comunes, el gobierno dejará de invertir grandes cantidades de dinero que puede ser reasignado a otros sectores de la sociedad donde más se necesita.

Todas las mejoras antes mencionadas coadyuvaran a combatir el rezago existente actual en las prisiones de nuestro país, además de que a futuro se podrían construir más y mejores con la asociación público – privada, para combatir la sobrepoblación existente.

Lo anterior conforme a la Ley de Asociaciones Público Privadas en su artículo 2 párrafo 1 en el que menciona “en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país.”

Adicionalmente en la presente iniciativa se cumple con el objetivo del segundo párrafo de artículo 2 de la misma Ley que dice:

“Los proyectos de asociación público-privada deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento.”

Como se hizo mención anteriormente, la presente iniciativa beneficiaria las finanzas del sector público, al ahorrar el 30% del presupuesto que actualmente se tiene destinado para la manutención de las prisiones, además del beneficio social al readaptar de una mejor manera a todos los internos.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente:

Propuesta

Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de política penitenciaria

Único. Se reforma el párrafo quinto del artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para quedar como sigue:

Artículo 7. Coordinación interinstitucional.

...

...

...

...

La autoridad penitenciaria y las autoridades corresponsables podrán implementar mecanismos de participación y firmar convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil o privados a fin de diseñar, implementar o brindar servicios en educación, en internamiento , en capacitación laboral o de naturaleza post-penal.

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/31992/TFM% 20NATALIA%20CHECA%20RIVERA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2 https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/31992/TFM% 20NATALIA%20CHECA%20RIVERA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4770/29. pdf

4 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4770/6.pdf

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf

6 https://www.animalpolitico.com/2019/09/poblacion-carceles-aumento-prision-preve ntiva/

7 https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/reor-carceles-elena-azaola-gobierno-f ederal-maisa-hubert-presupuesto-de-egresos-de-la-federacion-2017-seguridad-publ ica/

8 https://heraldodemexico.com.mx/pais/suma-13000-millones-de-pesos-gasto-anual-en -prisiones/

México, Ciudad de México, a 5 de marzo de 2020.— Diputado Édgar Eduardo Arenas Madrigal (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley General en materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María del Carmen Bautista Peláez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, conforme a la siguiente:

Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.

Cualquier persona puede cometer delitos electorales, ya sean funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas y ministros de culto religioso. Estas conductas están contenidas en la Ley General en materia de Delitos Electorales, y contemplan sanciones para el caso de ser cometidos. En el ámbito Federal, la Fepade es la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar tus derechos.

En nuestro país las campañas políticas sin duda son un tema de mucha relevancia, ya que algunas veces se da el caso de que antes o durante dichas campañas, surjan eventos políticos proselitistas, entendidos como prácticas dedicadas al reclutamiento y convencimiento de seguidores para alguna causa política, sea el caso de una elección, una rebelión, o cualquier otro tipo de movimiento de corte político.

En México vivimos en una democracia, donde todos los ciudadanos somos libres de votar por el candidato o partido de nuestra elección, sin embargo, este proceso electoral puede verse manchado por la compra de votos o que se utilicen de forma indebida los recursos sociales para favores de un candidato o partido político, así como la destrucción de material electoral.

Ante esta situación, el Instituto Nacional Electoral (INE) solicita la ciudadanía denunciar ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) situaciones irregulares que afecten a las elecciones. La importancia de denunciar este tipo de delitos tiene como objetivo que los 87 millones de mexicanos que están adscritos al padrón electoral pueden emitir su voto de manera libre, tranquila y efectiva.

Según la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en México los principales delitos electorales son:

1.- Utilizar bienes o servicio públicos en una campaña

2.- Condicionar el acceso a servicios públicos y programas sociales

3.- Comprar o coaccionar el voto de servidores públicos

4.- Intimidar durante la jornada electoral o impedir el acceso a las casillas

5.- Rebasar los montos legales o utilizar dinero ilícito en las elecciones

6.- Destruir o dañar material electoral

7.- Incumplir obligaciones de rendición de cuentas

8.- Publicar encuestas fuera de tiempos autorizados

9- Inducir el voto siendo ministro de culto

10.- Alterar los datos de la credencial para votar

Con frecuencia los candidatos en proceso de campaña, llegan a cometer actos ilícitos al ofrecer dinero, al prometer beneficios o incluso en regalar objetos de primera necesidad, etcétera. La realización de estos actos es con el propósito de obtener la aceptación de sus simpatizantes y recibir más votos, al momento de la elección. La gente suele guiarse por creer que le darán un beneficio ya sea económico, o de cualquier otra especie a cambio de su voto, sin embargo, como ya sabemos es un delito tratar de convencer a la gente de que vote por alguien, a través del engaño, confundiéndolas o enredándolas con discursos falsos al inicio de la campaña.

No óbstate en la actualidad se ha presentado un nuevo acto que pone en riesgo que los ciudadanos emitan su voto de manera libre, tranquila y efectiva. Ya que no sólo es el convencimiento de manera presencial a través de engaños o por terceras personas, sino que además han llegado a irrumpir con llamadas vía telefónica para obtener votos o tratar de convencer a los ciudadanos a que asistan y apoyen los eventos de proselitismo para que de esa manera puedan garantizar su voto.

La mejor manera de que cada ciudadano decida por quién votar es por medio de la trasparencia en las propuestas que cada uno de los candidatos tiene para ofrecer, al igual que la manifestación de su interés por el distrito al que desean representar, pero sin confundir a la gente.

Por ende, los ciudadanos están cansados de que durante el periodo de campañas se lleve a cabo estos actos, donde insisten a votar por ellos o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, por lo cual es necesario que estos actos sean considerados como delitos electorales.

En este caso se observa la necesidad de reformar el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con el objeto de:

I. Aumentar una fracción XXII al artículo 7 de la Ley General en materia de Delitos Electorales, con el objetivo de que las llamadas por vía telefónica a los ciudadanos para votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante una campaña electoral, sea considerado como un delito electoral y se castigue con cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años.

Ley General en materia de Delitos Electorales

Decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley General en materia de Delitos Electorales

Único. Se adiciona una fracción XXII al artículo 7 de la Ley General en materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

I a XXI...

XXII. Llame por vía telefónica a los ciudadanos para votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante una campaña electoral.

Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.fepade.gob.mx/swb/fepade/Programas

2 https://www.forbes.com.mx/conoce-los-10-delitos-electorales-que-debes-denunciar /

3 Página oficial de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.— Diputada María del Carmen Bautista Peláez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas

Irma Juan Carlos, Bonifacio Aguilar Linda, Gonzalo Herrera Pérez, Javier Manzano Salazar, Alfredo Vázquez Vázquez, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Marcelino Rivera Hernández, Eduardo Zarzosa Sánchez, María Roselia Jiménez Pérez, Roberto Antonio Rubio Montejo y Raymundo García Gutiérrez, diputadas y diputados a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al apartado A del artículo 2 y una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

En 2001, el Constituyente Permanente reformó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales se establecieron las bases jurídicas para el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas; uno de ellos fue el artículo 2°, en el cual se establecieron dos apartados.

En el “A”, se reconoció y garantizó el derecho de dichos pueblos y comunidades a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía, precisando su alcance en ocho fracciones; en el “B”, se impusieron nueve obligaciones generales a la Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, vinculándolas a establecer las instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales precisó que debían ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

En la fracción IX, apartado “B” del mencionado artículo, se estableció lo siguiente:

“...

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

...”

Como se puede advertir de la fracción transcrita, se incorporó el derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, limitándola para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, acotando que, en su caso, se incorporarán las recomendaciones y propuestas que éstos realicen.

El derecho a la consulta, no se plasmó en el referido artículo de la Constitución Política Federal en términos del Convenio número 169, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 27 de junio de 1989, no obstante que éste ya era vinculante para el Estado Mexicano, de conformidad con su ratificación y publicación en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto del año mencionado.

Dicho instrumento jurídico prevé que el derecho a la consulta debe cumplir con los requisitos de: previa, libre e informada, contenido en los artículos 6, 7, 15 y 30 que constriñen al Estado Mexicano a lo siguiente:

• Realizar la consulta “a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directamente.”

• A “establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de los pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.

• A efectuar consultas con respeto a los principios de “buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

• Asimismo, obliga a que los “gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio”.

Posteriormente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estableció en sus artículos 19 y 32, el deber estatal de celebrar consultas con los pueblos interesados “antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten”.

En el ámbito regional, el 15 de junio del 2016, en la tercera sesión plenaria, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En el ámbito de la garantía del derecho en análisis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta: “constituye una prerrogativa necesaria para salvaguardar la libre determinación de los pueblos, así como los demás derechos culturales y patrimoniales –ancestrales- que la Constitución y los tratados internacionales les reconocen”.

Derivado de lo expuesto, se tiene que el derecho a la consulta debe reunir los siguientes requisitos:

• Previa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado el alcance de este principio, indicando que: “antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses”, teniendo en cuenta que este ejercicio debe ser previo, culturalmente adecuado, informado, a través de los representantes y de buena fe; destacando que “el deber del Estado a la consulta no depende de la demostración de una afectación real a sus derechos, sino de la susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse, pues precisamente uno de los objetos del procedimiento es determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados”.

• Libre

Esto significa que el proceso de consulta, debe estar libre de interferencias externas, y exento de coerción, intimidación y manipulación.

• Informada

Consiste en proveer a las comunidades que serán afectadas, de información completa, comprensible, veraz y suficiente, que les permita adoptar una decisión adecuada a sus necesidades. En este tenor, se les debe facilitar toda la documentación indispensable para conocer, los alcances de las cuestiones respecto de las cuales se pretende realizar la consulta.

En torno a ello, la Corte IDH ha referido, que el Estado antes y durante la consulta, debe mantener comunicación constante, brindar información precisa que permita a la comunidad conocer “la naturaleza y consecuencias de proyecto”, los beneficios e indemnizaciones a que podrían hacerse acreedores, así como los riesgos a la salubridad y al medio ambiente, lo que le obliga a realizar estudios de “impacto social y ambiental”.

• De buena fe

El artículo 6.2 del Convenio 169 de la OIT, dispone que las consultas se llevarán a cabo con buena fe. La consulta de buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de agentes que actúen con su autorización o aquiescencia.

En el “Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador”, la Corte IDH estableció que: “la consulta no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que debe concebirse como “un verdadero instrumento de participación”, que debe responder al objetivo último de establecer un diálogo entre las partes basado en principios de confianza y respeto mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas”.

• Procedimientos culturalmente adecuados

El artículo 6.1 del Convenio 169 de la OIT, es claro en señalar que los procedimientos para consultar deben ser apropiados y mediante sus instituciones representativas. En este sentido, la Corte IDH ha sostenido que el proceso de diálogo se realizará a través de procedimientos culturalmente adecuados, con apego a sus tradiciones. Asimismo, el artículo 12 del citado Convenio prescribe que los Estados deben adoptar medidas “para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces”.

La idoneidad cultural implica procurar que las autoridades que representan a un pueblo indígena, sean determinadas de acuerdo a sus formas de elección. En el “Caso Saramaka Vs. Surinam”, la Corte IDH ordenó al Estado a efectuar la consulta con las personas que hubiesen sido elegidas por el pueblo Saramaka para tal efecto.

La Segunda Sala de la Suprema Corte, en el amparo en revisión 781/2011, abordó el tema de la participación. En este asunto, las autoridades omitieron crear el Consejo Consultivo Regional, lo que violó el derecho de las comunidades de la Sierra Tarahumara, toda vez que, mediante el mismo, intervendrían y se garantizaría la participación de los agraviados, por medio del representante y vocal elegidos libremente, conforme a sus costumbres. Por lo anterior la Corte conminó a las autoridades responsables a constituir el Consejo Consultivo Regional del Fideicomiso “Barrancas del Cobre”.

• Pertinencia cultural

El diálogo intercultural, implica la observancia del principio de igualdad y no discriminación, reconocer las especificidades de los sujetos de consulta y evitar reproducir patrones de desigualdad durante el proceso; por ejemplo, el Estado no podrá ejercer presión sobre el pueblo involucrado, mediante la imposición de restricciones temporales.

• Sujetos de Consulta

Se trata de los pueblos o comunidades indígenas susceptibles de verse afectados en sus derechos, siendo éstos, sociedades anteriores al Estado, que tienen continuidad histórica y mantienen sus instituciones.

De conformidad con lo establecido en el derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos deberán de consultarlos a través de las instituciones representativas con capacidad para otorgar dicho consentimiento.

• Sujetos obligados a realizar la consulta

Para llevar a cabo la consulta, se requiere la participación de seis figuras: 1) autoridad responsable, 2) órgano garante, 3) órgano técnico, 4) comité técnico, 5) grupo asesor y 6) organizaciones de la sociedad civil y observadores.

La autoridad responsable, es aquella que tiene el deber principal de consultar cuando existan o pueden existir decisiones o proyectos que afecten los derechos e intereses de los pueblos indígenas.

El órgano técnico de consulta, tiene la responsabilidad de preparar a la autoridad responsable durante el proceso, brindando la asesoría técnica y metodológica; en el caso, lo es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en términos de la fracción XXIII del artículo 4 de la Ley que crea dicho Instituto.

El órgano garante, funge como testigo de la consulta. Tal función la podría desempeñar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en razón que tiene como objeto, ser garante de los derechos humanos, siendo uno de éstos el de la consulta a las comunidades y pueblos indígenas.

El Comité Técnico Asesor, se constituye de diversas instancias, con la finalidad de aportar conocimiento, asesoría, metodología, información sustantiva y análisis especializado al proceso de consulta, pudiendo integrarse por las entidades gubernamentales de diversos ámbitos de competencia.

Los grupos asesores de academia y las organizaciones de la sociedad civil, son instancias que coadyuvan en la construcción de una metodología intercultural, su intervención tiene por objeto, acompañar y asesorar a los sujetos de consulta cuando así lo requieran, pudiendo conformarse por las universidades o grupos de expertos de éstas.

Los observadores pueden ser: el representante de la OIT y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; integrantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, todos de la ONU, los Organismos Estales de Protección de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros.

Ámbitos de la consulta

El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, vincula a los Estados a consultar todas las medidas administrativas y legislativas que afecten a los pueblos indígenas y tribales, así como los proyectos de prospección y explotación de los recursos naturales existentes en sus tierras.

• Las medidas legislativas

Previo a la adopción de una medida legislativa que pueda llegar a afectar a la comunidad involucrada, el Estado tiene el deber de consultarles.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre la situación de los derechos humanos en México del año 2015, advirtió que: “Las graves violaciones a los derechos humanos en contra de los pueblos y comunidades indígenas en México se dan en dos áreas principales: violencia en el contexto de megaproyectos en tierras y territorios ancestrales autorizados sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado; o en el marco de reivindicación de sus tierras, y faltas al debido proceso penal. En varias ocasiones se han denunciado el otorgamiento de concesiones por parte del Estado a empresas privadas en violación del derecho a la consulta previa. Como consecuencia de la lucha por sus tierras, también se ha recibido información sobre la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Juzgados y Tribunales del Poder Judicial de la Federación, mediante sus resoluciones, han establecido lineamientos fundamentales para la implementación de la consulta en México, tales como: características principales, diferencia entre consulta y consentimiento, participación oportuna de las autoridades tradicionales, entre otros.

Algunos de los casos más notorios, respecto al derecho a la consulta lo constituyen el conflicto social suscitado en el Valle Yaqui inició en el 2010, del cual en mayo de 2013, se emitió una sentencia favorable de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual decidió, que debía restituirse en el pleno goce de la garantía violada, conminándola a respetar el derecho de audiencia previa, añadiendo que la autoridad en la materia en virtud del Convenio 169 de la OIT, tiene el deber de “mandar llamar a los pueblos interesados por conducto de sus representantes legales, a los procedimientos que ante ellos se ventilen con la finalidad de consultarlos para determinar si los intereses de dichos pueblos se pueden ver afectados”.

El caso de los transgénicos, e n noviembre de 2015, la Segunda Sala de la SCJN resolvió dejar sin efectos el permiso de la Sagarpa, por lo que hace a los territorios de los municipios de Yucatán y Campeche, hasta que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados efectuarán la consulta.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió que la consulta pública a que hace referencia el artículo 33 de la Ley de Bioseguridad, es un procedimiento que se establece para publicitar la solicitud hecha por la empresa interesada, con el objeto de que cualquier persona o el gobierno donde se pretende hacer la liberación, pueda emitir una opinión sustentada técnica y científicamente, consulta que en este caso no fue idónea ni culturalmente adecuada para satisfacer los requisitos establecidos por el Convenio 169 de la OIT y estándares internacionales.

Caso Cherán, existen dos asuntos relacionados con el ejercicio de la consulta previa, libre e informada. El primero fue resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras que el segundo, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Tribunal decidió suspender las elecciones, reconociendo que los pueblos y comunidades indígenas, en ejercicio a la libre determinación, tienen derecho a elegir a sus representantes bajos sus propias normas, usos y costumbres.

En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral, se consultó a los integrantes de la comunidad acerca de si era su deseo realizar las elecciones mediante su propio sistema, 4,849 personas votaron a favor y 8 en contra.

En diciembre del 2011, se suscitó una nueva controversia. El Congreso del Estado de Michoacán aprobó una reforma a la constitución local en materia indígena, sin haber consultado a las comunidades indígenas afectadas. La comunidad indígena de San Francisco Cherán, reclamó ante la SCJN, la afectación al ámbito competencial del municipio como parte del órgano de reforma a la Constitución del Estado de Michoacán. Al no haberse llevado a cabo la consulta previa al municipio indígena, mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados y de buena fe a través de sus representantes.

En mayo de 2014, la SCJN resolvió la Controversia Constitucional 32/2012 relacionada con el asunto, en el que el municipio quejoso alegó que el Estado no había cumplido satisfactoriamente con el carácter previo de la consulta, toda vez que los “foros de consulta” que se instauraron, no fueron adecuados por haber sido suspendidos y reanudados sin contar con suficientes participantes.

Ante estos hechos, el Alto Tribunal dispuso que al no constar “en juicio que el municipio de Cherán haya sido consultado previamente, de forma libre e informada mediante un procedimiento adecuado y de buena fe, a través de las instituciones que lo representan, es claro que el proceder del Poder Legislativo demandado violó su esfera de competencia y sus derechos, por lo que se impone declarar la invalidez de las normas impugnadas”.

Como se puede advertir de lo expuesto es que, no obstante que el Estado Mexicano está vinculado a garantizar el derecho a la consulta, contenido en el Convenio 169, así como por la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Poder Judicial de la Federación, tanto por la Suprema Corte en Pleno, sus Salas y los Tribunales Colegiados de Circuitos, así como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es necesario la existencia de su reconocimiento constitucional, a efecto de que con posterioridad, se emita la ley reglamentaria correspondiente, en la cual se establezcan todos los parámetros que se ha logrado construir en el ámbito del derecho a la consulta.

Se adiciona cuadro comparativo:

Cabe destacar que la adición obedece a una armonización del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos con los diversos compromisos asumidos por el Estado mexicano respecto al derecho a la consulta, particularmente con el Convenio 169 de lo OIT y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por tanto, la adición que se propone no constituye una institución jurídica novedosa al Estado mexicano, sino que es un mecanismo para cumplir con el sistema procesal constitucional mexicano, a efecto de que, con posterioridad, el Congreso de la Unión esté en aptitud de emitir la Ley reglamentaria respecto al derecho a la consulta.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona una fracción al Apartado A del artículo 2 y una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona la fracción del apartado A del artículo 2o., recorriéndose en su orden las siguientes y la fracción XXXI al artículo 73, recorriéndose en su orden la siguiente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. La Nación mexicana es única e indivisible.

...

...

...

...

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. a la III...

IV. Participar en la adopción de decisionesen las cuestiones relativas a dichos pueblos. Para garantizar esta disposición, el Estado deberá consultar a los pueblos y comunidades indígenas mediante procedimientos apropiados,de buena fe y a través de sus instituciones representativas, cada vez que seprevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles, con la finalidad dellegar a un acuerdo u obtener su consentimiento libre, previo e informado.

V. a la IX...

B...

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a la XXIX...

XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de esta Constitución ;

XXXI. Para expedir la ley general que establezca las bases y principios sobre los cuales la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de sus competencias, realizarán los procesos de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, y

XXXII. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Al entrar en vigor la presente reforma, el Congreso de la Unión deberá emitir la Ley Reglamentaria en el plazo de los ciento veinte días posteriores.

Tercero. Las Legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México, deberán realizar las adecuaciones a sus constituciones y reglamentarán lo aquí estipulado, dentro de los cientos veinte días posteriores.

Notas

1 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001.

2 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada el 13 de septiembre de 2007. “Artículo 19. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.” Artículo 32: “... 2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.”

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en revisión 270/2015.

4 Décima Época, registro: 2004170, Primera Sala, Tesis Aislada1a. CCXXXVI/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013. Tomo 1.

5 CIDH. Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004.

6 Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz Vs. Honduras, párr. 156. CIDH. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. IX. Derechos a la participación, la consulta y el consentimiento, párr. 299, disponible en:

http://cidh.org/countryrep/TierrasIndigenas2009/Cap.IX.htm#_ftn8 3.

7 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. párr. 186, disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf

8 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, párr. 19, disponible en:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pd f

9 Amparo en revisión 781/2011. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 14 de marzo de 2012.

10 “Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” de la OIT, y “Protocolo para la Implementación del Proceso de Consulta previa, libre e informada sobre el Desarrollo de un proyecto de generación de energía eólica, de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” suscrito por la SRE, SEDATU, SEMARNAT, SENER, SEGOB y CDI.

11 CIDH. Informe sobre la situación de los derechos humanos en México, 31 de diciembre de 2015, párr. 252.

12 Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo en Revisión 631/2012.

13 Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al 29 de mayo de 2014.

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo del año 2020.— Diputadas y diputados: Irma Juan Carlos, Alfredo Vázquez Vázquez, Araceli Ocampo Manzanares, Ariel Rodríguez Vázquez, Beatriz Dominga Pérez López, Bonifacio Aguilar Linda, Bonifacio Aguilar Linda, Delfino López Aparicio, Eduardo Zarzosa Sánchez, Emmanuel Reyes Carmona, Frinné Azuara Yarzábal, Gonzalo Herrera Pérez, Javier Manzano Salazar, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago, Lucinda Sandoval Soberanes, Marcelino Rivera Hernández, María Rosalía Jiménez Pérez, Raymundo García Gutiérrez, Roberto Antonio Rubio Montejo (rúbricas).»