«Iniciativa que reforma el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Maribel Aguilera Cháirez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Maribel Aguilera Cháirez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de conformidad con lo siguiente

Esta iniciativa es una versión actualizada de la presentada el primero de septiembre de 2020. Así, a continuación se presenta la exposición de motivos en virtud de lo siguiente:

Actualmente la política migratoria en México se ha enfocado en dar atención a los migrantes mexicanos que trabajan fuera del país, principalmente en Estados Unidos. A través de la red de consulados operados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, los migrantes mexicanos en el exterior reciben la protección del Gobierno de México con asesoría y defensa legal. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Secretaría de Gobernación, es el organismo que se encarga de vigilar y garantizar el derecho de los migrantes extranjeros que llegan a México, basando sus principios en el respeto al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se reconocen los derechos humanos de la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país.

Estas acciones gubernamentales, sin embargo, no se han enfocado en ubicar y atender a las familias de los migrantes que se quedan en México, ni en mejorar las condiciones de vida de sus comunidades de origen, a pesar de que el envío de remesas es un factor de impulso para la economía en México —considerando el peso que tienen en el ingreso nacional—. Lo anterior representa una violación a los derechos humanos de estas familias que se concentran en las entidades del país donde la falta de oportunidades educativas y laborales son limitadas, aquellas en las que con frecuencia se vulnera el derecho de las personas a gozar de una vida en familia, con condiciones de bienestar y desarrollo integral.

Durante décadas el gobierno ha sido omiso en atender la desintegración familiar por causa de la migración de al menos uno de sus integrantes que, en la mayoría de los casos, viajan a Estados Unidos para trabajar, casi siempre, de manera ilegal. La desintegración de las familias mexicanas por causa de la migración trae consecuencias psicoemocionales en el ámbito privado y familiar (trastornos emocionales, drogadicción, alcoholismo, abusos físicos y psicológicos).

Más de 258 millones de migrantes en todo el mundo viven fuera de su país de nacimiento, representan 3.4 por ciento de la población de la Tierra y contribuyen con 9 por ciento al PIB mundial —7 billones de dólares al año—, lo que equivale a 45 por ciento del producto interno de Estados Unidos. El desamparo y la xenofobia han llevado a la desaparición de 3 mil 341 migrantes en las rutas migrantes de todo el mundo en lo que va de 2019. Además, cada año migran 27 millones de personas, de las cuales 80 por ciento son niñas, niños y jóvenes que abandonan sus países. 1

Siguiendo los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018, el Inegi reporta que en México hay 642 mil 345 hogares de migrantes. Este dato resulta de un cálculo estadístico que permite hacer una aproximación al total de hogares en México con al menos un integrante que ha realizado un movimiento emigratorio internacional de agosto de 2013 a octubre de 2018, teniendo como referencia que en México hay 35 millones 316 mil 306 hogares.

Se estima que cerca de 13 millones de migrantes mexicanos (Banco de México) que viven actualmente en los Estados Unidos envían en promedio a nuestro país 321 dólares al mes, por concepto de remesas, lo cual representa una derrama económica de 39 mil millones de dólares. Asimismo, 87 por ciento de su salario (alrededor de 2,190 dólares) es gastado en Estados Unidos; además 1 de cada 25 empresas son propiedad de inmigrantes mexicanos y generan anualmente 17 mil millones de dólares en ingresos. Se estima que lo mexicanos contribuyen con 8 por ciento del PIB en ese país, siguiendo las estimaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Según datos del Banco de México, de 2000 a la fecha las remesas familiares han ido en aumento. En el sexenio de Vicente Fox se registró un ingreso de 98 mil 163 millones de dólares por concepto de remesas, mientras que para finales de diciembre de 2018 se registraron 160 mil 409 millones de dólares. 2

Tan sólo en 2018 se contabilizó un total de 33 mil 480 millones de dólares mientras que al término de 2019 se alcanzó 36 mil millones de dólares, según cifras del Banco de México. Aunque la relación del crecimiento de remesas no necesariamente es proporcional al aumento de la migración, del año 2000 al año 2010, la población migrante a Estados Unidos pasó de 17 millones 220 mil 424 a 19 millones 747 mil 511 personas (Inegi, 2010).

Las remesas son destinadas en su mayoría al consumo de productos y servicios. Si consideramos que el gobierno de México recauda fondos a través del cobro de impuestos, principalmente el 16% del IVA, podemos decir que alrededor 130 mil 400 millones de pesos de ingresos al erario público se obtienen de manera indirecta de las remesas (el cálculo se hace sobre un total de 36 mil millones de dólares que se enviaron a México por concepto de remesas).

BBVA estima que el envío de remesas al final del año 2020 caerá en 17 por ciento, cifra que probablemente alcanzará 29 mil 900 millones de dólares, poco más de 6 mil millones de dólares menos que en 2019, periodo en el que se registraron 36 mil millones de dólares. Para marzo de 2020 ingresaron en México 4 mil millones de dólares por concepto de remesas, sin embargo, la cifra decreció en el mes de abril, en el que se registró una cifra de 2mil 861 millones de dólares, mientras que en el mes de mayo se tiene un ligero incremento como 3 mil 379 millones de dólares (Banco de México, 2020).

En los últimos años, el tema migratorio ha representado un factor de desgaste entre México y Estados Unidos, por lo que es primordial abonar en el fortalecimiento de esta relación bilateral a través de un plan que contenga la migración, evite la desintegración de las familias por esta razón, y genere las condiciones para la repatriación y la reintegración de los migrantes mexicanos a la vida familiar, a la actividad económica, social y cultural: una política de puerta giratoria.

A lo anterior se agrega el hecho de que las empresas como Western Union cobran 7.49 por ciento de comisión por cada envío menor de mil dólares que se hace a México, esto quiere decir que por un envío de 300 dólares (2 mil 925 pesos mexicanos), cifra promedio que los migrantes envían a México, se cobran alrededor de 22.47 pesos, lo cual representa un valor total de 57 mil 691 millones de pesos; casi 50 por ciento al monto total que el gobierno recaudaría a través de los impuestos. Las remesas se han vuelto recursos mal distribuidos, al estar enfocados en el consumo y no en la inversión de proyectos productivos que permitan a las familias hacer crecer sus ingresos al margen de los recursos enviados por sus familiares en Estados Unidos.

México tiene una deuda con las y los mexicanos que se han visto obligados a migrar para trabajar en otro país y sostener a sus familias. Paradójicamente la desintegración familiar por causa de la migración beneficia al país con el ingreso de 36 mil millones de dólares por concepto de remesas (según estimaciones del Banco de México para diciembre de 2019), lo cual representa la principal fuente de inversión extranjera.

En consecuencia, el Gobierno de México debe observar este fenómeno desde sus distintas aristas, evitando con ello la migración forzada, a través de acciones concretas encaminadas a brindar protección y atención integral a las familias de los migrantes que residen en Estados Unidos. Por ello, es necesario atender este problema central con una estrategia de contención y de reacción a través de un plan de acción que brinde atención integral a las familias de los migrantes y las vincule con las acciones del gobierno de México.

• Reintegración del migrante con su familia

• Empoderamiento de las familias en México

• Evitar que el resto de la familia se vaya a EEUU

• Contener y atender el fenómeno migratorio

• Rentabilidad y productividad de las remesas

• Repatriar voluntariamente

Considerando lo anterior, esta iniciativa de ley busca ser parte fundamental de la construcción de una política pública encaminada a dar atención a las familias de los migrantes, a través de la vinculación institucional, y que busque generar las condiciones para impulsar el desarrollo económico de las familias y sus comunidades, con la finalidad de lograr su reintegración y evitar el desplazamiento de alguno de sus miembros a Estados Unidos.

Fundamentación jurídica

El marco jurídico de protección a los derechos de los migrantes y sus familias se encuentra contenido principalmente en la Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, documento que establece normas mínimas que los Estados parte deben aplicar a trabajadores migratorios y a sus familias. La Convención forma parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales (PIDECS), el cual, junto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), es parte de los instrumentos que desarrollan el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tal como se muestra a continuación:

Declaración Universal de los Derechos Humanos

La Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948, se basa en el ideal común de que todos los pueblos y naciones deben esforzarse en lograr que tanto los individuos como las instituciones promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, su reconocimiento y aplicación universales entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 3

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) entró en vigor el 23 de marzo de 1976, y fue abierto a ratificación por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI). Este pacto, ajustado a la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que el ideal del ser humano libre puede realizarse en el disfrute de las libertades civiles y políticas siempre y cuando los estados garanticen las condiciones para realizar y ejercer estos derechos.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

En tanto que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales (PIDECS), aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tiende a proteger los derechos de igualdad material o aquellos por los que es posible alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y el máximo nivel posible de vida digna (Comisión Nacional de los Derechos Humanos).

Ambos tratados desarrollan el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos y son obligatorios para los Estados que han manifestado su consentimiento, como es el caso del Estado mexicano, que se adhirió al PIDESC y al PIDCP el 23 de marzo de 1981, entrando en vigor en nuestro país el 12 de mayo de ese año.

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias

En el marco de defensa de los derechos humanos (el PIDESC y el PIDCP) se encuentra la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, adoptada por la Asamblea General en la resolución 45/158, el 18 de diciembre de 1990, en Nueva York, Estados Unidos, la cual México ratificó el 8 de marzo de 1999 —entró en vigor el 13 de agosto de 1999, durante el sexenio de Ernesto Zedillo—. El objetivo de la convención “es establecer normas mínimas que los Estados Parte deben aplicar a las y los trabajadores migratorios y a sus familiares, independientemente de su condición migratoria” (Unidad de Política Migratoria, 2013).

La Convención debe ser aplicada en todos los momentos del proceso de migración, desde la preparación de la migración, la salida del país de origen, durante el tránsito o cruce de países hasta el país de acogida, en todo el tiempo de estancia en un país extranjero y hasta el momento de retorno al país de origen” (Unidad de Política Migratoria, 2013).

Conforme al principio de indivisibilidad de los derechos humanos, el cual indica que todos y cada uno de estos derechos son fundamentales para garantizar la dignidad de las personas, la convención señala que los derechos humanos de los trabajadores migrantes estarán garantizados aún por encima del reconocimiento de su ciudadanía en el país de destino, pues se considera que es “éticamente incorrecto y jurídicamente no permitido establecer distinciones en el ejercicio de los derechos humanos” (Unidad de Política Migratoria, 2013).

En los artículos 42 y 44 de la convención está contenido el reconocimiento de los derechos de los familiares de los trabajadores migratorios.

De esta forma, el artículo 42 establece:

1. Los Estados parte considerarán la posibilidad de establecer procedimientos o instituciones que permitan tener en cuenta, tanto en los Estados de origen como en los Estados de empleo, las necesidades, aspiraciones u obligaciones especiales de los trabajadores migratorios y sus familiares y considerarán también, según proceda, la posibilidad de que los trabajadores migratorios y sus familiares tengan en esas instituciones sus propios representantes libremente elegidos.

A través de un Consejo Consultivo que atiende la política de gobernanza interviene el Estado, la población afectada que se va a beneficiar con la política pública, la población de la región y las organizaciones civiles para que apoyen en todos los sentidos y se obtenga evaluación directa de la población y las mejoras que se le pueden hacer.

Mientras que en el artículo 44 se exige a

1. Los Estados Partes reconocer que la familia es el grupo básico natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a protección por parte de la sociedad y del Estado, adoptarán las medidas apropiadas para asegurar la protección de la unidad de la familia del trabajador migratorio.

2. Los Estados Partes tomarán las medidas que estimen apropiadas y entren en la esfera de su competencia para facilitar la reunión de los trabajadores migratorios con sus cónyuges o con aquellas personas que mantengan con el trabajador migratorio una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, al igual que con sus hijos solteros menores de edad que estén a su cargo.

Entre los Estados que han ratificado el pacto se encuentra México y otros países.

Con fecha de 30 de agosto de 2019, habían ratificado la convención Albania, Argelia, Argentina, Azerbaiyán, Bangladesh, Belice, Bolivia, Bosnia Herzegovina, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, El Salvador, Filipinas, Ghana, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Indonesia, Jamaica, Kirguistán, Lesoto, Libia, Malí, Marruecos, Mauritania, México, Mozambique, Nicaragua, Níger, Nigeria, Paraguay, Perú, Ruanda, Senegal, Serbia, Seychelles, Sri Lanka, San Vicente y las Granadinas, Siria, Tayikistán, Timor oriental, Turquía, Uganda, Uruguay y Venezuela.

Además, varios países han firmado la Convención, pero aún no la han ratificado. Esto significa que su gobierno ha manifestado su intención de adherirse a la Convención, pero no está obligado a hacerlo en el derecho internacional. Estos países son: Armenia, Benín, Camboya, Camerún, Chad, Comores, Congo, Gabón, Gambia, Guinea-Bisáu, Liberia, Montenegro, Palaos, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Sierra Leona, Togo.

Hasta el momento, los países que han ratificado la Convención son fundamentalmente países de origen de los migrantes. Para estos países, la Convención es un instrumento importante para proteger a sus ciudadanos en el exterior.

Reforma de la Constitución Política en materia migratoria

En los Tratados Internacionales se exige la intervención del Estado para garantizar los derechos humanos, tal como se reconoce en nuestra Constitución federal y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Este esquema trajo consigo la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la federación el 10 de junio de 2011 vino a marcar un antes y un después en el marco jurídico mexicano referente a los derechos humanos.

El principal cambio se hizo en el Capítulo I de la Constitución Política que pasó de titularse “De las garantías individuales” a ser nombrado “De los derechos humanos y sus garantías”. Al incluirse la categoría de derechos humanos en nuestra carta magna, en automático estos pasan a ser el eje transversal de los ordenamientos jurídicos nacionales, incluyendo aquellos en materia migratoria.

De esta forma, las reformas a los artículos 11 y 33 de la Constitución Política en materia migratoria. En la modificación al artículo 11 ya se incluye el concepto de persona, en lugar de hombre, y se reconoce el derecho para “entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia”, sin dejar de establecer ciertas limitaciones a la libertad de tránsito de los extranjeros vinculadas con las leyes de emigración, inmigración y salubridad general de la República.

Ley de Migración (2011)

Es fundamental resaltar la importancia de la Ley de Migración de 2011, la cual establece que México es un país de origen, tránsito y destino, y cuyo objetivo principal es regular los flujos migratorios en el territorio nacional. Lo anterior quiere decir que su aplicabilidad impacta en los derechos de los migrantes, pero también en las comunidades o territorios de origen en México.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Migración, la política migratoria del Estado mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que, con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

Los principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano son los siguientes:

- Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

- Tener congruencia y que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.

- Tener un enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras.

- Una responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio.

- Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional.

- Facilidad para la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad. Este principio reconoce el aporte de los migrantes a las sociedades de origen y destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente en el combate del tráfico o secuestro de migrantes, y a la trata de personas en todas sus modalidades.

- La complementariedad de los mercados laborales con los países de la región, como fundamento para una gestión adecuada de la migración laboral acorde a las necesidades nacionales.

- Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros.

- Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto que los extranjeros con arraigo o vínculos familiares, laborales o de negocios en México han generado una serie de derechos y compromisos a partir de su convivencia cotidiana en el país, aun cuando puedan haber incurrido en una situación migratoria irregular por aspectos administrativos y siempre que el extranjero haya cumplido con las leyes aplicables.

- Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México, junto con las necesidades laborales y las causas humanitarias, en tanto que la unidad familiar es un elemento sustantivo para la conformación de un sano y productivo tejido social de las comunidades de extranjeros en el país.

- Integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país con base en el multiculturalismo y la libertad de elección y el pleno respeto de las culturas y costumbres de sus comunidades de origen, siempre que no contravengan las leyes del país.

- Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.

El Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza. 4

Se propone crear el Programa Nacional de Atención a Familias Mexicanas con Migrantes en el Exterior

Tomando en consideración la legislación vigente en materia de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, en esta iniciativa se propone que sea a través de un programa operado por la Secretaría del Bienestar por el cual se fomente y se conduzca la política para las familias mexicanas que residan en territorio nacional y que cuenten con al menos un integrante viviendo en el extranjero, que tenga como objetivo inhibir la migración de los connacionales al extranjero, fortalezca el tejido social e impulse el auto sustento con el desarrollo regional y nacional de los territorios donde residen las familias mexicanas con migrantes en el exterior.

Para la creación del Programa Nacional de Atención a Familias Mexicanas con Migrantes en el Exterior se propone una iniciativa que reforme la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La operación del programa corresponderá a la Secretaría del Bienestar. En este sentido se deben realizar las adiciones y reformas siguientes:

1. Que se reforme la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la que se prevean las facultades que tiene la Secretaria de Bienestar, en materia de atención a las familias de los migrantes para la creación del Programa Nacional de Atención a Familias Mexicanas con Migrantes en el Exterior.

2. Que se prevea en artículos transitorios la creación e implementación del Programa y la modificación en el Reglamento Interior de la secretaría.

Adicionando el siguiente párrafo:

Cuadro comparativo

Por las razones anteriores se somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción V Bis al artículo 32 del Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo único. Se adiciona la fracción V Bis, y se recorren las subsecuentes, al artículo 32 del Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 32. A la Secretaría de Bienestar corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a V. ...

V. Bis. Fomentar y conducir la política pública para las familias mexicanas que residan en territorio nacional, y que cuenten con un integrante viviendo en el extranjero, la cual busque inhibir la migración de los connacionales al extranjero, fortalezca el tejido social e impulse el autosustento con el desarrollo regional y nacional de las familias de los migrantes a través de la implementación de programas específicos para dar atención a familias mexicanas con migrantes en el exterior.

VI. a XXIV.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal deberá ajustar el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación a la presente ley en un plazo no mayor de 60 días a partir de su vigencia.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas, “ONU cifra en 244 millones los migrantes que viven fuera de su país”, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Disponible en

<www.un.org/development/desa/es/news/population/international -migrants.html>

2 Banco de México, Sistema de información económica, portal del Banco de México, México, 2019,

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioIntern etAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE81&sector=1&locale=es

3 Unidad de Política Migratoria “La protección de derechos humanos de las personas migrantes, páginas 1-585.

4 Congreso de la Unión, Ley de Migración 2011, Diario Oficial de la Federación, México, 2011. Disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmigra/LMigra_orig_ 25may11.pdf

Dado en la Sede de la Cámara de Diputados, a 9 de febrero de 2021.– Diputada Maribel Aguilera Cháirez (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de teletrabajo, suscrita por el diputado Juan Carlos Romero Hicks e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, del PRI y PRD

El suscrito, diputado Juan Carlos Romero Hicks, y las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; así como los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, René Juárez Cisneros; de Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya Hernández; y del Partido de la Revolución Democrática, Verónica Juárez Piña, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presentan para su análisis y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, en materia de teletrabajo, bajo la siguiente

Frente a los compromisos del Estado mexicano de garantizar el derecho al trabajo a todas las personas y de avanzar en el cumplimiento de compromisos internacionales, el teletrabajo se convierte en una opción viable que produce beneficios a la sociedad, a las organizaciones y al medio ambiente.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) considera al teletrabajo como el conjunto de actividades que pueden ser llevadas a cabo remotamente (fuera del lugar de trabajo) y que precisan para ello, el uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación.

De acuerdo con la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el teletrabajo es la forma de trabajo efectuada en el domicilio del trabajador o en lugares o establecimientos ajenos al empleador, que implica el uso de nuevas tecnologías que facilitan la comunicación. Este tipo de trabajo debe tener la característica de ser permanente y no eventual, prestado por personas físicas y no empresas, lo que significa que hay una relación laboral de subordinación que puede ser medida por el control de la empresa sobre el trabajo.

Es importante señalar que el teletrabajo no altera la naturaleza de los poderes de dirección, solo adquiere la modalidad de transmitir órdenes por vía remota, por lo que no supone condiciones laborales distintas a las propias de una relación laboral presencial. Implica flexibilidad en la relación laboral con un amplio margen de disponibilidad empresarial y un reforzamiento de los poderes de dirección, porque no se da en el lugar de trabajo sino fuera de él, ya sea en el domicilio o el telecentro.

La OIT ha promovido la modalidad de teletrabajo desde hace más de diez años como un medio que permite la inclusión laboral, así como mejorar la conciliación vida-trabajo e incrementar la productividad en las organizaciones.

Esta modalidad permite al teletrabajador combinar de forma aceptable y satisfactoria la vida laboral y la familiar; dedicar más tiempo a la familia y participar en tareas como el cuidado de los hijos, ancianos o personas con alguna discapacidad; así como reducir el estrés que causa los desplazamientos de casa a oficina y al revés, al tiempo de reducir riesgos de trabajo, disminuir la contaminación y, en general, evitar costos económicos al país y en la salud de la población.

El teletrabajo también tiene un efecto multiplicador en los procesos de modernización del Estado y el cierre de la brecha digital. La reforma en telecomunicaciones busca generar un entorno favorable que contempla infraestructura, accesibilidad, conectividad, tecnologías de la información y comunicación, así como habilidades digitales para que cada vez más hogares y empresas cuenten con equipos de cómputo y banda ancha, lo que implicará que más mexicanos tendrán más posibilidades de estar conectados y contar con medios que les permitan acceder a un empleo.

En particular, el teletrabajo reviste importancia en determinadas situaciones como emergencias sanitarias o desastres, al contribuir a cumplir con las responsabilidades y objetivos de las organizaciones, al significales menos espacio físico utilizado, al tiempo de permitirles transitar hacia un sistema de control por objetivos y resultados donde importa la calidad del trabajo realizado y el cumplimiento de los plazos previstos para ello.

En la Ley General de Protección Civil se establece la obligación de las instituciones públicas, privadas y sociales de contar con un plan de continuidad de operaciones sobre actividades sustantivas en caso de que sean afectadas por un agente perturbador, donde el teletrabajo resulta un instrumento fundamental para cumplir este cometido.

Actualmente, por motivo de la pandemia, el teletrabajo es la modalidad laboral que ha permitido la continuidad de actividades en muchas organizaciones. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de marzo de 2020, 70 por ciento de las actividades laborales podrían desarrollarse de manera remota con base en el empleo de las tecnologías de la información y comunicación.

La Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información señala que en 2019 más de 22 millones de personas (22 millones 47 mil 124) usan computadora para actividades laborales. Mientras que los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, muestran que 52.1 por ciento de las viviendas tienen acceso a internet y 37.6 por ciento tienen computadora, laptop o tablet en su hogar, lo que visibiliza las posibilidades de impulsar el teletrabajo.

Recientemente, la OIT ha desarrollado diversas guías para fomentar el teletrabajo durante la pandemia y después de ésta, como una herramienta importante para garantizar la continuidad operativa y proporcionar un marco flexible para empresas privadas y organismos del sector público para elaborar o actualizar sus propias políticas y prácticas de teletrabajo.

Desde el 30 de marzo de 2020 que se declaró la emergencia sanitaria en nuestro país a causa de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (covid-19) por parte del Consejo de Salubridad, hasta la fecha se han ampliado los periodos para el regreso laboral de forma presencial para los trabajadores de los sectores privado, social y público.

Por parte del Ejecutivo federal, se encuentran diversos acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación del 31 de julio de 2020; 18 de septiembre de 2020; 30 de septiembre de 2020; 21 de diciembre de 2020 y 8 de enero de 2021, para establecer criterios aplicables a la Administración de los Recursos Humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de mitigar la propagación acelerada del covid-19, indicando el trabajo a distancia con base en el uso de las tecnologías de la información.

El último acuerdo publicado el 8 de enero de 2021 señala que, la Ciudad de México concentra la mayor cantidad de dependencias y entidades de la administración pública federal, y que dicha entidad federativa se encuentra en riesgo máximo (fase rojo) conforme al semáforo de riesgo epidemiológico determinado por la Secretaría de Salud, desde el pasado 19 de diciembre de 2020, situación que obliga a mantener la operación de la Administración Pública Federal, en consonancia con la política de sana distancia y reducción de movilidad, poniendo énfasis en el trabajo a distancia y la prevalencia en la utilización de tecnologías de información y comunicación, por lo que se establece la extensión de la modalidad de trabajo a distancia hasta el 30 de abril de 2021.

En este contexto, tanto el Poder Judicial, el Poder Legislativo, así como los organismos autónomos han optado por sesionar a distancia o de forma semipresencial. Se ha utilizado el teletrabajo durante la pandemia como una medida que permite priorizar la salud de los trabajadores y sus familias, al tiempo de continuar las actividades laborales en cumplimiento de las funciones sustantivas de estas instituciones públicas.

En el panorama internacional, existen algunos países que cuentan con legislación y políticas públicas específicas sobre teletrabajo, como: Costa Rica, Ecuador, Colombia, Argentina, Estados Unidos, España y la Unión Europea.

En México, a pesar de que existían diversas iniciativas en materia de teletrabajo y que algunas empresas llevan más de diez años operando en esta modalidad, el tema no había sido legislado de forma adecuada para responder al avance de las tecnologías de la información y comunicación y a las nuevas dinámicas de trabajo.

Fue hasta la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 11 de enero de 2021, que se sentaron las bases para definir las características propias del teletrabajo, y reconocer que esta modalidad laboral implica la ejecución de actividades intelectuales por medio de las tecnologías digitales, no exentas de supervisión y control por parte del empleador.

La legislación aprobada establece que los teletrabajadores deberán gozar de un trabajo decente y con igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales y demás condiciones laborales que la ley laboral garantiza a los trabajadores en la modalidad presencial. También mandata la obligación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para expedir una norma oficial mexicana para establecer las obligaciones en materia de salud, seguridad y previsión de riesgos profesionales por las actividades a desarrollar en la modalidad de teletrabajo.

En este marco fue elaborada la presente iniciativa que tiene como objeto regular el teletrabajo en la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. Los suscribientes reconocemos la necesidad de dar certeza jurídica a miles de trabajadores de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Federal, como de los Poderes de la Unión, del gobierno de la Ciudad de México, y demás instituciones públicas y organismos descentralizados regidos por esta ley, quienes actualmente, ante la emergencia sanitaria, se encuentran laborando en esta modalidad de trabajo y que, podrían seguir haciéndolo de forma consecuente una vez superada la pandemia.

Tomando en cuenta lo expuesto con anterioridad, esta iniciativa contiene una definición de teletrabajo y enumera algunas de sus características del teletrabajo, asimismo determina que en esta modalidad laboral los trabajadores tendrán los mismos derechos de trabajo digno, igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales, así como a la protección de sus datos personales y derecho a la intimidad, y de asociación sindical. Aunado a lo anterior, las dependencias, entidades e instituciones públicas deberán garantizar condiciones óptimas para que sus trabajadores desempeñen sus funciones de manera presencial y remota.

La iniciativa también reconoce derechos y obligaciones de los trabajadores y titulares públicos respecto a la modalidad de teletrabajo. Además, contempla la inclusión del tema por parte de los sindicatos en sus estatutos, así como el establecimiento de mecanismos de comunicación y difusión, que permitan a los trabajadores a distancia: afiliarse libremente, formar parte de las negociaciones colectivas e interponer quejas o sugerencias a través de medios digitales.

Es importante destacar, que a diferencia de la regulación que se hizo, en esta materia en la Ley Federal del Trabajo, esta iniciativa no establece supervisión del teletrabajo con cámaras de video y micrófonos ni la obligación de inspección, al considerar la naturaleza de las instituciones públicas, cuyo diseño difiere de las empresas privadas. Aunado a que actualmente, cada institución pública determina de forma interna cómo medir el desempeño de los trabajadores.

Las legisladoras y los legisladores de los diversos grupos parlamentarios que suscribimos esta propuesta, estamos seguros que con esta iniciativa contribuimos, en primer lugar, a dar certidumbre a los trabajadores del Estado que laboran en la modalidad a distancia; y en segundo lugar, a la transición a un nuevo paradigma laboral que llegó para quedarse, basado en la revolución de las tecnologías de información y comunicación y en la necesidad de un cambio cultural que beneficia a las esferas social, económica y política, y que además nos permite utilizar el talento humano que existe a lo largo y ancho del país, generando condiciones de equidad en las contrataciones y relaciones laborales de las instituciones públicas.

El nuevo paradigma laboral debe permear tanto al sector privado como al sector público, a fin de generar cambios en: la movilidad, el medio ambiente, la salud de las personas, la adopción de nuevas tecnologías, la innovación en los métodos y tiempos de trabajo, entre otros, todo ello con el fin de construir sociedades más incluyentes y participativas, que coadyuven a elevar la calidad de vida de las personas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, proponemos la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que adicionan los artículos, 2o. Bis, 9o. Bis, 9o. Ter, 12 Bis, una fracción XI al artículo 43, 44 Bis, una fracción V al artículo 77 y se reforma el artículo 19, todos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional

Artículo Único. Se adicionan los artículos, 2o. Bis, 9o. Bis, 9o. Ter, 12 Bis, una fracción XI al artículo 43, 44 Bis, una fracción V al artículo 77 y se reforma el artículo 19, todos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Bis. El teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos a las sedes de las dependencias, entidades e instituciones públicas. Debido a que esta modalidad de trabajo no requiere la presencia física de los trabajadores se utilizan, primordialmente, tecnologías de información y comunicación para el desempeño de las actividades.

Para efectos de la modalidad de teletrabajo, se entenderá por tecnologías de información y comunicación, al conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que, tienen como propósito facilitar las tareas y funciones en las sedes de trabajo, así como las que se necesitan para la gestión y transformación de la información, en particular los componentes tecnológicos que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información.

Artículo 9o. Bis. Toda persona trabajadora, contemplada en la presente ley, que desempeñe más del 40 por ciento de sus actividades fuera de las sedes de trabajo, ya sea en su domicilio particular o en otro domicilio elegido por la persona, y que utilice primordialmente las tecnologías de la información y comunicación, se considerará dentro de la modalidad de teletrabajo, rigiéndose por las disposiciones de esta ley.

No será considerado teletrabajo, aquel que se realice de forma ocasional o esporádica.

Artículo 9o. Ter. La modalidad de teletrabajo respetará los derechos de trabajo digno, igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales, derecho a la intimidad y protección de sus datos personales, relación sindical y demás condiciones que ampara la presente ley a los trabajadores presenciales que prestan sus servicios en las sedes de las dependencias, entidades o instituciones públicas.

Artículo 12 Bis. Las dependencias, entidades e instituciones públicas de los Poderes de la Unión, a que se refiere el artículo 1o. de esta ley, deberán incluir el teletrabajo en su marco normativo interno, para garantizar a las personas trabajadoras bajo esta modalidad, las condiciones que permitan el adecuado desempeño de sus funciones, de conformidad a lo previsto en la fracción XI del artículo 43.

Artículo 19. En ningún caso el cambio de funcionarios de una dependencia y la modalidad de trabajo podrá afectar los derechos de los trabajadores.

En la modalidad de teletrabajo, las personas trabajadoras mantendrán contacto con el mando superior jerárquico, a través del uso de tecnologías de información y comunicación.

Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a que se refiere el artículo 1o. de esta ley:

I. a X. ...

XI. En la modalidad de teletrabajo, además de lo que determina el presente artículo:

a. Cumplir con las condiciones especiales de seguridad y salud de la norma oficial mexicana en materia de teletrabajo.

b. Determinar la naturaleza y características del trabajo, así como establecer el monto del salario, fecha y lugar o forma de pago.

c. Estipular los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes para el desempeño de actividades, así como la duración y distribución de horarios, siempre que no excedan los máximos legales.

d. Supervisar el trabajo garantizando el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo, y respetando el marco jurídico aplicable en materia de protección de datos personales.

e. Respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al término de la jornada laboral.

f. Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros;

g. Establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías de la información de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, con especial énfasis en aquellas que cambien de modalidad presencial a teletrabajo.

h. Asumir los costos derivados del teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad.

i. Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo.

j. Inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de la seguridad social.

k. Observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo en la jornada laboral.

Artículo 44 Bis. En la modalidad de teletrabajo, además de las enunciadas en el artículo 44, son obligaciones de la persona trabajadora:

I. Tener cuidado en la guarda y conservación de equipos, materiales y útiles que le sean otorgados para el desempeño de sus funciones.

II. Informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad, derivados del teletrabajo.

III. Obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas en la ley y reglamentos respectivos.

IV. Atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades.

V. Atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento.

VI: Entregar en tiempo y forma el trabajo solicitado por su superior jerárquico.

VII. Observar las condiciones especiales de seguridad y salud de la norma oficial mexicana en materia de teletrabajo.

Artículo 77. Son obligaciones de los sindicatos:

I. a IV. ...

V. Incluir la modalidad de teletrabajo en sus estatutos, a fin de establecer mecanismos de comunicación y difusión, que permitan a los trabajadores a distancia: afiliarse libremente, formar parte de las negociaciones colectivas e interponer quejas o sugerencias a través de medios digitales.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las dependencias, entidades e instituciones públicas de los Poderes de la Unión tendrán 90 días a la entrada en vigor de este decreto para adecuar su normatividad interna en materia de teletrabajo, a reserva de que deban complementarla en cuanto se publique la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.– Diputados y diputadas: Juan Carlos Romero Hicks, Verónica Juárez Piña, Fabiola Loya Hernández, René Juárez Cisneros (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Óscar Jiménez Rayón, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Óscar Jiménez Rayón, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente:

En años recientes, las tecnologías de información y comunicación (TIC) han adquirido un papel de primera relevancia en diferentes sectores y en la vida cotidiana de las personas, por ejemplo, en la administración pública, las empresas, la educación y la salud, entre otros. De manera particular, respecto a su incorporación en la esfera educativa, hay una importante evidencia sobre su impacto en los aprendizajes de los alumnos de los distintos niveles educativos, principalmente, en educación básica.

Existe consenso entre los especialistas sobre los beneficios tangibles que brindan las TIC para mejorar los procesos educativos, logrando apoyar los procesos de aprendizaje. De allí la pertinencia de que los niños y adolescentes crezcan con bases firmes y responsables en materia del uso de la tecnología.

Desde el siglo pasado, diversos organismos internacionales han establecido la importancia del uso de las TIC en el ámbito educativo.

Cuenta de ello dan las Metas de Desarrollo del Milenio declaradas por las Naciones Unidas en el 2000, específicamente la Meta 2.A (lograr la educación primaria universal), el Objetivo 8 (fomentar una asociación mundial para el desarrollo) y la Meta 8.F, que establece: en cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente de información y comunicaciones. La intención de estas metas, es reducir la pobreza a través del aprovechamiento de las capacidades que ofrecen las TIC para mejorar el nivel y calidad educativa que permita la integración de todos los grupos sociales en el entorno productivo. 1

También, destacan los objetivos de la iniciativa Education For All (EFA), que busca aumentar la participación, la equidad y la calidad de la enseñanza-aprendizaje a lo largo de la vida para todos los seres humanos. También, las TIC se perciben como una herramienta fundamental para lograr tales fines, por su capacidad de aumentar la tasa actual de progreso en los países en desarrollo, principalmente cuando coadyuvan en la educación a distancia para la formación docente. Asimismo, el Plan de Acción de la primera fase de la World Summit on the Information Society (WSIS) plantea la necesidad de una alfabetización en materia de TIC de la población mundial, al reconocer que todas las personas deberían poseer “las habilidades necesarias para beneficiarse plenamente de la sociedad de la información” (WSIS, 2003). 2

Por su parte, la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), entre los principios sobre las TIC refiere que éstas pueden incrementar las oportunidades de educación al permitir superar las barreras geográficas; apoyando sobre todo la educación a distancia, reformando el proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollando en la población habilidades tecnológicas para permitir el aprendizaje a lo largo de la vida, todo esto, a través de un uso equilibrado de medios y de una formación docente fortalecida. La razón por la cual se vislumbran en las TIC todas estas potencialidades, son sus características (Cabero, 1998): inmaterialidad, interactividad e interconexión, instantaneidad, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización, mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos, penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, industriales, y más), innovación, tendencia hacia automatización y diversidad.

Según la misma organización, las tecnologías de la información y la comunicación pueden complementar, enriquecer y transformar la educación. 3 Esta Organización comparte los conocimientos respecto a las diversas formas en que la tecnología puede facilitar el acceso universal a la educación, reducir las diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la gestión y administración de la educación. En tal virtud, busca ejemplos exitosos de aplicación de las TIC a la labor pedagógica —ya sea en escuelas primarias de bajos recursos, universidades en países de altos ingresos o centros de formación profesional— con miras a elaborar políticas y directrices.

Mediante actividades de fomento de la capacidad, asesoramiento técnico, publicaciones, investigaciones y conferencias internacionales como la Conferencia Internacional sobre la Inteligencia Artificial en la Educación 4 o la Semana del Aprendizaje Mediante Dispositivos Móviles 5, la Unesco ayuda a los gobiernos y a otras partes interesadas a valerse de las tecnologías para fomentar el aprendizaje.

La Unesco está emprendiendo un importante esfuerzo denominado “Aprovechar las TIC para alcanzar las metas de Educación 2020”. En particular, el proyecto tiene por objeto:

-Coordinar debates en todo el mundo y propiciar el intercambio de conocimientos entre los responsables de la formulación de políticas acerca de la manera en que sería posible aprovechar en gran escala las TIC para apoyar la ejecución del ODS 4;

-Ayudar a los Estados Miembros a elaborar políticas, planes generales y estrategias nacionales relativas al uso de las TIC en la educación;

-Concertar iniciativas conjuntas y apoyar proyectos nacionales emblemáticos sobre el aprovechamiento de las TIC en pro del ODS 4;

-Fortalecer el aumento de capacidad de los docentes para el uso de las TIC en la educación y empoderar a niñas y mujeres mediante actividades conjuntas con otros proyectos de fideicomiso de la Unesco;

-Documentar y difundir las prácticas idóneas para utilizar las TIC en la educación, con especial atención a las innovaciones en el ámbito digital. 6

Es importante recordar que el Objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se refiere a “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos”. 7

En este mismo tenor, es preciso destacar los aportes de especialistas como Isabel Sagenmüller, quien menciona que incorporar herramientas tecnológicas en la educación aporta beneficios que promueven el conocimiento y la interacción, además la eficiencia y la productividad en el salón de clases entre los profesores y nuestros niños. 8 A grandes trazos, según su análisis, la educación se puede beneficiar de la tecnología en los siguientes aspectos: Colaboración, optimización del tiempo, flexibilidad y capacidad de adaptación en el aprendizaje, mayor comunicación con los alumnos, reducción de costos, inmediatez para buscar y entregar información de calidad de manera rápida y eficaz en tiempo real y exploración ya que las nuevas permiten que los estudiantes satisfagan su interés de conocimientos por áreas desconocidas para ellos, autoproporcionándose nuevos conocimientos.

Por otro lado, Carolina Matamala Riquelme, maestra en Metodologías de la Investigación en Ciencias Sociales y doctora en Sociología y Antropología de la Universidad Complutense de Madrid, refiere que los alumnos con alto capital cultural son quienes tienen mayor capacidad de adquirir nuevos conocimientos y desarrollar sus destrezas o aptitudes, y en suma, mejorar su educación a través del uso de las TIC. 9

En general, hay consenso entre los expertos en que las ventajas de las TIC en la educación son:

1. Interacción sin barreras geográficas. Los usuarios se encuentran casi todo el tiempo interactuando entre sí a través de foros o redes sociales. Si se trata de un curso coordinado por un docente, no es necesario que estén todos juntos en un salón para poder interactuar, ya que internet permite crear foros de discusión y así participen todos los integrantes, aunque no estén físicamente cerca.

2. Diversidad de información. Mediante el acceso a internet cualquier persona puede estar informada sobre las últimas novedades de prácticamente cualquier tema. El conocimiento no se limita a un libro de texto o un docente dentro del salón, además de que se pueden contrarrestar fuentes y opiniones y llegar a distintos puntos de vista sobre un asunto.

3. Aprendizaje a ritmo propio. Con alternativas como los cursos online o moocs cada usuario puede estudiar a su propio ritmo y en el horario que le convenga, ahorrando tiempo y dinero ya que no tienen que trasladarse a una academia.

4. Desarrollo de habilidades. Se trabaja de buscar información confiable en la red. Internet es un mar de información donde navegar, pero gran cantidad de los contenidos no son confiables, por lo que utilizando esta herramienta el alumno adquiere habilidades de discernimiento para saber cuánto está frente a información valiosa y cuando está recibiendo información descartable. Además, se aprende a utilizar las máquinas, lo que resulta de gran utilidad para cualquier persona.

5. Fortalecimiento de la iniciativa. En la educación online cada alumno es responsable de su proceso de aprendizaje, por lo que puede resultar una buena manera de reforzar la iniciativa de cada uno para continuar estudiando y aprendiendo; ya que, si bien los buenos cursos conllevan el acompañamiento y guía del docente, ninguno estará sobre el alumno para que complete la tarea.

6. Corrección inmediata. El aprendizaje a través de Internet también brinda un sistema de retroalimentación inmediata cuando el usuario se equivoca en una respuesta, permitiendo al estudiante conocer que se está equivocando en el momento que está cometiendo el error. 10

En síntesis, es posible concluir que las herramientas tecnológicas pueden favorecer la educación e impulsar el talento de los alumnos, de allí la trascendencia de que todos los niños y jóvenes aprendan a usarlas de manera responsable.

Con todo, si bien existe una literatura importante que aborda los efectos positivos de la tecnología de información en el proceso de enseñanza aprendizaje, sobre todo, en educación básica, no están bastante documentados los efectos negativos que trae aparejados. En general, se señalan los siguientes:

1. Distracciones. Es muy fácil que con el internet surjan pérdidas de tiempo a cada rato, por lo que cada persona debe autocensurarse en estas cuestiones y dejar las distracciones de internet para los momentos de ocio, evitándolas al máximo cuando se está trabajando o estudiando.

2. Aprendizaje superficial. En la web se encuentra información en abundancia, pero muchas veces no es de calidad. Ello puede llevar a aprendizajes incompletos o, lo que es peor aún, a aprendizajes erróneos.

2. Proceso educativo poco humano. El proceso de aprendizaje, al ser a través de una pantalla, puede volverse impersonal y frío ya que no se estará en contacto con compañeros y docentes.

3. No es completamente inclusivo. El aprendizaje online no es accesible a todo el mundo, ya que gran parte de la población mundial no tiene acceso a esta herramienta. Además, muchas personas se niegan a aprender a utilizar los ordenadores, tal es el caso de gran mayoría de los adultos mayores.

4. Puede anular habilidades y capacidad crítica. Prácticas como la escritura a mano se ven amenazadas con la masificación de las máquinas. Diversos estudios han demostrado que este tipo de escritura beneficia el desarrollo cognitivo, y el uso permanente de las maquinas provocará que muchas personas “se olviden” cómo es o la dejen de practicar por considerarla poco útil o anticuada. También, el pensamiento crítico puede verse amenazado con Internet, ya que muchos esperarán encontrar en la web todas las respuestas a los dilemas académicos que se presentan dejando de un lado la reflexión personal.

5. Pérdida de memoria a corto plazo. El uso permanente de la tecnología puede traer diversas consecuencias para la salud, entre las que se destaca la pérdida de memoria a corto plazo, es decir, la responsable de mantener la información del cerebro. ¿Por qué? Tener almacenada toda la información en los dispositivos móviles evita que tengamos que pensar o esforzarnos por recordar.

6. Trastornos asociados a las nuevas tecnologías. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que una de cada cuatro personas padece trastornos asociados a las nuevas tecnologías, entre los que se destacan: síndrome del túnel carpiano, problemas de audición, de salud mental, sobrepeso, lesiones en el sistema nervioso, enfermedades visuales e incluso adicción.

Dados los efectos negativos que puede generar el uso de las TIC en los alumnos, la presente iniciativa tiene como objetivo principal fomentar estrategias metodológicas o modelos pedagógicos en la educación básica que eviten inconvenientes en los alumnos (distracción, adicción, pérdida de tiempo, fiabilidad de la información, aislamiento, aprendizajes incompletos, ansiedad, etc.) durante el uso de las tecnologías de la información a través del aprendizaje.

Para poner en su justa dimensión la relevancia del tema, basta señalar las siguientes cifras:

-En el ciclo escolar 2019-2020, la matrícula de educación básica ascendió a 25 millones 253 mil 306 alumnos —cifra que representa 69 por ciento de la matrícula del Sistema Educativo Nacional— que son atendidos por 1 millón 225 mil 341 docentes en 230 mil 24 escuelas. Del total de alumnos de este nivel educativo, 258 mil 121 corresponden a Educación Inicial; 4 millones 891 mil 2 a Preescolar; 14 millones 20 mil 204 a Primaria; y 6 millones 536 mil 261 a Secundaria. 11

-El porcentaje de escuelas de educación básica que cuentan con computadoras es de 54 por ciento.

-El porcentaje de escuelas de educación básica que cuentan con conexión a Internet de 35.9 por ciento.

-Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el internet es la TIC más usada a nivel nacional, con 66 de cada 100 personas de 6 años o más. En el sector educativo, la brecha más grande se observa entre quienes tienen primaria y secundaria, ya que pasar de primaria al siguiente nivel educativo incrementa la probabilidad de usar Internet casi 30 puntos porcentuales. En elación al uso de redes sociales, la brecha más grande entre probabilidades se observa entre quienes tienen primaria y secundaria, pasar de primaria al siguiente nivel aumenta la probabilidad en poco más de 39 puntos porcentuales. 12

Resulta indudable que las nuevas tecnologías posibilitan suministrar medios para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje; para la gestión de los entornos educativos en general; pueden facilitar la colaboración entre las familias, los centros educativos, el mundo laboral y también pueden contribuir a superar las desigualdades sociales; pero su utilización a favor o en contra de una sociedad más justa dependerá en gran medida de la educación.

En este sentido, los impactos previstos en la presente iniciativa, relacionados con fomentar la educación de las tecnologías de la información, serían los siguientes:

-Instrumento para procesar información y fuente abierta de información.

-Herramienta de diagnóstico, evaluación, rehabilitación.

-Medio didáctico: guía el aprendizaje, informa, entrena, motiva.

-Generador de nuevos escenarios formativos donde se multiplican los entornos y las oportunidades de aprendizaje.

-Medio lúdico para el desarrollo cognitivo

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece y tutela el derecho universal a la educación; asimismo, señala que su impartición deberá contribuir a desarrollar armónicamente todas las facultades en el crecimiento del ser humano. También, señala que los “planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de la tecnología y la innovación”. Ello reviste singular relevancia, ante todo, en la circunstancia actual, donde todos los alumnos se encuentran tomando clases a distancia a causa de la pandemia del coronavirus covid-19.

A decir de los especialistas, dicha situación está generando un impacto adverso en términos de los aprendizajes de los alumnos, un incremento en los niveles de deserción y en las oportunidades educativas.

Ante este panorama, el uso adecuado de las distintas tecnologías de la información y comunicación deben ser parte de los planes y programas de estudio para que se genere una concientización sobre su manejo adecuado y responsable, que contribuyan al desarrollo integral de los niños y jóvenes de una manera sana y segura.

En este sentido, la propuesta de la Iniciativa quedaría como se muestra a continuación:

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXV y se recorren las subsecuentes al artículo 30 de la Ley General del Educación, para quedar como sigue:

Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes:

I. ... XXIV. ...

XXV. La enseñanza sobre el uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación durante el desarrollo de su formación académica.

XXVI. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 [1]http://www.revista.unam.mx/vol.14/num2/art16/#up

2 https://1library.co/document/y9ge73dq-educacion-con-tic-para-la-sociedad-del-co nocimiento.html

3 https://es.unesco.org/themes/tic-educacion

4 Una conferencia internacional sobre Inteligencia Artificial (IA) tomó lugar en Beijing (China), del 16 al 18 de mayo de 2019. Constituyó una plataforma para los Estados Miembros, las organizaciones internacionales, así como la sociedad civil y la industria de la IA con miras a: debatir sobre las posibilidades de anticipar las competencias necesarias para vivir en la era de la IA y compartir las experiencias sobre el desarrollo de estas competencias, algo de debe permitir que las personas se adapten a una sociedad en la que la IA tenga su lugar; intercambiar sobre las tendencias más recientes de la IA y la manera en que ayudan a diseñar la educación y el aprendizaje; evaluar las lecciones sacadas a partir de las nuevas políticas y estrategias nacionales que permiten la utilización de la IA como instrumento para alcanzar el ODS 4; y reforzar la cooperación y las alianzas internacionales con el objetivo de promover una utilización equitativa, inclusiva y transparente de la IA en la educación.

https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/conferencia-ia-educac ion-2019.

5 [1]La Semana del Aprendizaje Móvil (MLW) es el principal evento de las Naciones Unidas sobre la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) en la educación, y ha sido organizada por la UNESCO y sus asociados durante ocho años consecutivos.

https://es.unesco.org/mlw

6 https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/weidong

7 https://es.unesco.org/themes/liderar-ods-4-educacion-2030#:~: text= El%20Objetivo%20de%20Desarrollo%20Sostenible,todos%E2%80%9D%20de%20aqu%C3%AD%20 a%202030.

8 Sagenmüller, Isabel. (2016). Beneficios de la tecnología en educación, noviembre 4 de 2016, de U-Planner. Sitio web

https://www.u-planner.com/es/blog/beneficios-de-la-tecnolog%C3%A Da-en-educación

9 Matamala Riquelme, Carolina (2016). Uso de las TIC en el hogar: Entre el entretenimiento y el aprendizaje informal, 2016, de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Sitio web

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid= S0718-07052016000400016

10 https://www.universia.net/mx/actualidad/orientacionacademica/im-portancia-tic-s ector-educacion-1129074.html

11 [1] https://www.planeacion.sep.gob.mx/estadisticaeindicadores.aspx

12 Instituto Federal de Telecomunicaciones, “Uso de las TIC y actividades por Internet en México: impacto de las características sociodemográficas de la población (versión 2019)” . Consultar en

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estad isticas/usodeinternetenmexico.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.– Diputado Oscar Jiménez Rayón (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones a la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo del diputado Mario Osuna Medina, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, José Mario Osuna Medina, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, al tenor de la siguiente

La armonización legislativa es un acto de justicia, y una de las motivaciones para su ejecución es el deseo de incorporar la realidad social y las condiciones en que las mujeres de México se encuentran con respecto a los diversos ámbitos que conforman nuestra vida familiar, social, laboral o política.

Ya que a lo largo del tiempo muchas de estas relaciones conllevaron acciones de discriminación, marginación o subordinación, las cuales deben ser erradicadas para alcanzar una convivencia saludable y libre.

La mayoría de nuestros ordenamientos normativos locales aún distan de lograr un equilibrio entre géneros; entre éstos, las oportunidades de equidad son limitadas, y pareciera que se excluye la participación de las mujeres y las niñas en la conformación de soluciones a problemas sociales, políticos y económicos.

Lo que a su vez incide en la forma como nos desarrollamos individualmente y, por consiguiente, en la sociedad.

Es obligación como diputadas y como diputados integrantes de la LXIV Legislatura y como integrantes de la Legislatura de la Paridad de Género resaltar el principio de igualdad entre la mujer y el hombre, asegurando por ley y otros medios apropiados, la realización práctica de ese principio.

Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considero de suma importancia la modernización de la legislación, ya es de suma importancia que las leyes visibilicen a las mujeres y a los hombres.

Esta legislación visibiliza a las trabajadoras y a los trabajadores ya que en términos generales se encuentra en extremos alimenticios, pues mientras muchos de sus integrantes presentan problemas de obesidad y sobrepeso al tener una vida sedentaria y no hacer ejercicio físico, otros, presentan enfermedades relacionadas con la desnutrición, aspectos que desde luego inciden en la calidad de vida de los trabajadores mexicanos.

En virtud de que los trabajadores mexicanos tienen un ingreso que oscila entre uno y tres salarios mínimos, que les permite adquirir una canasta básica elemental, es la razón por la que su dieta alimenticia no es en la cantidad y calidad deseable, lo que ha generado que en ellos abunden la obesidad y la falta de energía que aunado a la carencia de ejercicio nos ha alejado muchísimo del perfil saludable deseado.

Para mayor comprensión se presenta el siguiente cuadro comparativo

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores

Artículo Único. Se reforma el artículo 1o.; artículo 2o., fracción IV; artículo 3o.; artículo 5o.; artículo 6o.; artículo 7o.; artículo 10; artículo 13; artículo 14 y el artículo 15 de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente Ley tiene por objeto promover y regular la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de las y los trabajadores, con el propósito de mejorar su estado nutricional, así como de prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional.

Artículo 2o. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I a III. ...

IV. Trabajadoras y trabajadores. A las mujeres y hombres que prestan a una persona física o moral un trabajo personal subordinado, que sus relaciones laborales se encuentren comprendidas en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3o. Los patrones podrán optar, de manera voluntaria o concertada, por otorgar a sus trabajadoras y trabajadores ayuda alimentaria en alguna de las modalidades establecidas en esta Ley o mediante combinaciones de éstas.

...

Artículo 5o. La ayuda alimentaria tendrá como objetivo que las y los trabajadores se beneficien del consumo de una dieta correcta. Las características específicas de una dieta correcta serán las que la Secretaría de Salud establezca en las normas.

Artículo 6o. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría, definirá e instrumentará campañas nacionales, dirigidas específicamente a las y los trabajadores, en materia de promoción de la salud y orientación alimentaria, incluyendo mensajes para mejorar su estado nutricional y prevenir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad.

Artículo 7o. Los patrones podrán establecer esquemas de ayuda alimentaria para las y los trabajadores mediante cualquiera de las modalidades siguientes:

I. a II. ...

...

Artículo 10. Los patrones deberán mantener un control documental suficiente y adecuado para demostrar que la ayuda alimentaria objeto de esta Ley ha sido efectivamente entregada a sus trabajadoras y trabajadores.

Artículo 13. Con el propósito de fomentar el establecimiento de los esquemas de ayuda alimentaria en las diversas modalidades a que se refiere el artículo 7o. de esta Ley y alcanzar los objetivos previstos en el artículo 5o. de la misma, los gastos en los que incurran los patrones para proporcionar servicios de comedor a sus trabajadoras y trabajadores, así como para la entrega de despensas o de vales para despensa o para consumo de alimentos en establecimientos, serán deducibles en los términos y condiciones que se establecen en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y los ingresos correspondientes del trabajador se considerarán ingresos exentos por prestaciones de previsión social para el trabajador, en los términos y límites establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta y no formarán parte de la base de las aportaciones de seguridad social en los términos y condiciones que para el caso dispongan las leyes de seguridad social.

Artículo 14. La Secretaría elaborará y difundirá una campaña nacional permanente encaminada a promover los beneficios para los patrones y las y los trabajadores vinculados al otorgamiento de ayuda alimentaria en los términos, las modalidades y condiciones previstos en esta Ley. Para la incorporación en las campañas de referencias a los beneficios en materia de salud ocupacional, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Salud.

Artículo 15. ...

...

I. a III. ...

IV. Tres representantes de organizaciones nacionales de las y los trabajadores, y

V. ...

...

...

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.– Diputado José Mario Osuna Medina (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 4o., 10 y 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Geraldina Isabel Herrera Vega, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción II, inciso g); 10, fracción VI; y 11, fracción IV, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, al tenor de la siguiente

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a partir de los datos arrojados por la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de 2018, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) generan 72 por ciento del empleo y 52 del producto interno bruto. De un universo de 4 millones 169 mil 677 Mipyme del sector manufacturero, comercio y servicios privados no financieros, 97.3 corresponde a microempresas. 1 De ahí la importancia de las Mipyme en la economía mexicana y su capacidad de generar el ingreso en la mayor parte de los hogares del país.

El efecto de la pandemia por SARS-Cov2 ha generado el cierre de muchas de esas unidades económicas, esto ha sido peor ante la falta de estímulos económicos por parte del gobierno federal, así como la falta de atención de este sector desde el inicio de la presente administración.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó el estudio Perspectivas de la OCDE en ciencia, tecnología e innovación en América Latina 2016, donde se refiere a las megatendencias, que podemos entenderlas como poderosas fuerzas que inducen cambios socioeconómicos, ambientales, tecnológicos y políticos que ya hoy influyen en el desarrollo de economías y sociedades, moldeando nuestro futuro, frecuentemente de maneras inesperadas. 2 Estas megatendencias multidimensionales, que se refuerzan mutuamente y en ocasiones se oponen, afectarán la dirección y el ritmo del cambio tecnológico y los descubrimientos científicos, e influirán en todas las actividades futuras de las sociedades.

Lo anterior hace una clara referencia a que el cambio vendrá de la mano de la revolución tecnológica, y por supuesto, también de los avances que se tengan desde la investigación científica y su aplicación a todos los ámbitos de la vida. Por ello, es fundamental que las Mipyme que hoy no cuentan con los estímulos económicos necesarios, vean fortalecida su actividad económica a través de los insumos que puede aportar la ciencia en su productividad.

El documento de la OCDE citado hace referencia a que la ciencia del sector público continuará desempeñando una función esencial en el desarrollo de conocimientos y competencias para su explotación en la economía. 3 Esa fuente define que el intercambio y la reutilización de datos de investigación podría generar más valor por los fondos públicos.

Del estudio de la OCDE podemos deducir que los montos de inversión pública destinados a investigación, que en muchas ocasiones son cuestionados por la aportación real que tienen a la sociedad o a la economía más allá de generar publicaciones académicas, bien puede servir para generar un repertorio de información de acceso abierto que permita su mejor aprovechamiento por los actores sociales y económicos. En ese sentido, es fundamental que el gobierno como ente articulador entre diversos sectores sea quien acerque esa información a quienes pueden explotarla.

Otro caso de éxito que puede resultar de la relación entre la ciencia y las Mipyme es el desarrollo de un nuevo paradigma dentro del modelo dual, haciendo que no solo sea desarrollado en empresas manufactureras de gran tamaño. Para poner en contexto podemos retomar del estudio de la OCDE Educación superior en México: resultados y relevancia para el mercado laboral, 4 que define el aprendizaje basado en el trabajo como el que puede ayudar a los estudiantes a lograr mejores resultados laborales y complementar el aprendizaje que se tiene en el aula, y es que, a través de esas prácticas los estudiantes desarrollan competencias profesionales y técnicas relevantes para el trabajo, así competencias transversales.

Para conocer de una mejor manera como esa “tropicalización” del modelo dual hacia las Mipyme se ha dado de manera exitosa, podemos revisar el artículo de diversos autores del periódico Milenio denominado “Las Pyme y la investigación científica” 5 que, en resumen, identifica que hacia las pequeñas unidades económicas esto significa que por un lado las universidades aportan investigadores, centros de investigación y laboratorios, mientras que por el otro, las empresas no solo consultan y exponen sus necesidades sino que abren puertas a analistas, practicantes, mismos que muchas veces se integran de esa manera al mundo laboral. Dicha publicación hace referencia al caso europeo donde en los últimos años los productos que han salido de la alianza estratégica entre centros de investigación y Pymes han alcanzado casi 20 por ciento de la producción total en la Unión Europea.

Queda claro que es fundamental la incorporación de la investigación científica en las MiPymes es especialmente importante que la ciencia pública se enfoque en brindar beneficios para ese sector además de generar valor con la inversión pública que ya se tiene destinada en el Presupuesto de Egreso de la Federación.

Si bien es necesario cumplir las obligaciones señaladas en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, también lo es que se contemple en su contenido la aplicación de la investigación científica dentro de MiPymes y que deje de ser un beneficio exclusivo de las empresas con gran capacidad económica y tamaño; por ello la finalidad de esta propuesta.

Derivado de lo anterior, se propone reformar los artículos 4, fracción II, inciso g); 10, fracción VI; y 11, fracción IV, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar de la siguiente manera:

Por lo expuesto propongo la discusión y, en su caso, la aprobación del siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 4, fracción II, inciso g); 10, fracción VI; y 11, fracción IV, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Único. Se reforman los artículos 4, fracción II, inciso g); 10, fracción VI; y 11, fracción IV, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 4. Son objetivos de esta ley

I. ...

...

II. Promover

a) a f) ...

g) Esquemas para la modernización, innovación , aplicación de la investigación científica y desarrollo tecnológico en las Mipyme;

...

Artículo 10. La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las Mipyme debe atender los siguientes criterios:

I. a V. ...

VI. Enfocar estrategias y proyectos de modernización, innovación , aplicación de la investigación científica y desarrollo tecnológico para las Mipyme;

...

Artículo 11. Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, deberán considerarse los siguientes programas:

I. a III. ...

IV. Promover una cultura tecnológica en las Mipyme; modernización, innovación, aplicación de la investigación científica y desarrollo tecnológico;

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Inegi presenta resultados de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” de 2018, 2 de septiembre de 2019. Recuperado de

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/ especiales/ENAPROCE2018.pdf

2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Perspectivas de la OCDE en ciencia, tecnología e innovación en América Latina 2016, actualizado al 19 de septiembre de 2018. Recuperado de

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/ perspectivas-de-la-ocde-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion-2016-extractos_97892 64303546-es;jsessionid=nuMPTYm4bqbVp GOUO5hodb0n.ip-10-240-5-186

3 Ídem.

4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Educación superior en México: resultados y relevancia para el mercado laboral, 2019. Recuperado de

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/educacion_superior_en _mexico.pdf

5 Milenio, “Las Pyme y la investigación científica”, 29 de enero de 2016. Recuperado de

https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/re-incidente/las- pymes-y-la-investigacion-cientifica

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.– Diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Édgar Guzmán Valdez, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Artículo 123 Constitucional, con base en la siguiente

En México, las mujeres constituyen el único grupo vulnerable que no es minoría y que según un estudio sobre discriminación en contra de las mujeres del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) con cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), la discriminación de género produce brechas importantes especialmente en los ámbitos educativo y laboral. Las mujeres representan poco más de la mitad de la población total en el país y son el grupo más discriminado en términos de la estructura social.

La discriminación, de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas, se define como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”. 1

La problemática más grande es que generalmente la discriminación hacia las mujeres se combina con otros tipos de discriminación producidos por otras características sociales, económicas o culturales en las mujeres. 2 En el ámbito laboral las diferencias son sumamente notorias, por ejemplo, del total de población femenina indígena el 58 por ciento se dedica exclusivamente a las labores domésticas no remuneradas; para la población femenina total la cifra se reduce a 36 por ciento.

En el mismo estudio realizado por el Conapred, en 2017, 3 se enfatiza que la existencia de los altos índices de desigualdad de género y violencia contra las mujeres se desprende principalmente de los estereotipos sociales, su normalización y su reproducción. El cual a la letra dice: “Las ideas preconcebidas de lo que es o debe ser un hombre y una mujer (...) marcan importantes aspectos de la vida de las personas, al limitar las oportunidades para el acceso y disfrute de derechos, como el trabajo, la educación, la participación en la vida política y social, el disfrute de tiempo libre y recreación, así como el derecho a vivir una vida libre de violencia”. 4

Estos prejuicios que dividen e imposibilitan a las mujeres del goce efectivo de sus derechos afectan su entorno social pero también sus posibilidades económicas respecto de los hombres en todos los grupos sociales.

Es lamentable que en pleno 2021, las mujeres sigan presentando mayores índices de pobreza, jornadas laborales más largas, menores niveles de contribución social, ingresos más bajos y menos representatividad en los puestos directivos y cargan con más del 90 por ciento de las actividades domésticas y de cuidados aun las mujeres que trabajan fuera de casa.

La brecha de género está directamente relacionada con estereotipos, y algunas cifras que lo evidencian son:

• 23 de cada 100 hombres aseguran que las mujeres deben ayudar más que los hombres en los quehaceres del hogar.

• 19 de cada 100 hombres está en desacuerdo con que las leyes laborales permitan que el padre y la madre permanezcan el mismo tiempo con el recién nacido.

• 18 de cada 100 hombres piensan que las mujeres que fueron violadas sexualmente son responsables de ello.

• 15 de cada 100 hombres están en desacuerdo con que haya el mismo número de mujeres como de hombres como candidatos en elecciones del país.

En México desde el 2012 la igualdad de género se instaló como un eje transversal de la política pública. Y en 2001 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) con el objetivo de erradicar la violencia contra niñas y mujeres, así como garantizar su participación igualitaria en la vida política, social, cultural y económica del país. Lamentablemente, pese a los esfuerzos realizados desde la legislación por igualar las condiciones entre mujeres y hombres el camino hacia la igualdad aún es largo, más aún en los ámbitos educativo y laboral.

Las mujeres de entre 25 y 34 años conforman el grupo más violentado en términos laborales. De este grupo de edad el 29 por ciento afirmó que ha sido víctima al menos una vez de algún tipo de discriminación, maltrato, descalificaciones o acoso. Mientras que el grupo de mujeres de 65 años o más es el que presenta el nivel más bajo de violencia laboral con el 13 por ciento de mujeres víctimas.

Se ha comprobado que el grupo de entre 25 y 34 años, es más vulnerable a la violación de los derechos laborales, y que esto tiene que ver con los altos niveles de discriminación ligados a la maternidad . La edad reproductiva de las mujeres es el periodo en el que se alcanzan los niveles más altos de rezago en comparación con sus iguales hombres y en el que la brecha salarial toca su punto máximo.

Dentro de los rubros que contempla el Inegi como violencia laboral el que prevalece mayoritariamente en el grupo de mujeres con altos niveles académicos es el de la discriminación, que puede estar ligada a la maternidad o a otras cuestiones de género, la cual se expresa con prácticas como pedir una prueba de embarazo a las mujeres antes de contratarlas o subirlas de puesto, despedirlas si se embarazan, no pagarles lo mismo que a sus iguales hombres, descalificar su trabajo por su género o ponerles obstáculos para ascender. En nuestro país, al menos tres de cada 10 mujeres han experimentado alguna de estas situaciones. 5

La proporción de mujeres con licenciatura o más que trabaja en ocupaciones poco calificadas incrementa de manera importante cuando están en edad reproductiva y disminuye hasta que las mujeres cumplen 50 años o más.

El 44 por ciento de las mujeres profesionistas de 20 a 39 años ocupa puestos de bajo rango, para las mujeres mayores de 50 años se reduce a 33 por ciento y para las mayores de 60 años cae hasta 13 por ciento, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 6

En el PES, estamos convencidos de que todas y todos debemos ejercer nuestros derechos en igualdad y que la mujer, es soporte fundamental de la familia, y contribuye directamente con el bienestar de ella, así como de la sociedad en general. Por ello, la maternidad no debe ser un impedimento para su desarrollo personal o profesional y/o una causa de discriminación. 7

El trabajo, no es solo un medio de producción, también representa para cualquier ser humano una fuente de desarrollo en el ámbito personal, cultural, social y económico, situación que implica entonces, un medio de realización personal el cual no debe ser limitado ni condicionado. En ese sentido, nuestra Constitución federal no es el último parámetro de control, sino el sistema internacional de protección de derechos humanos.

Por ello, en 2011 se reformó el artículo 1o. de la Constitución federal, precisamente para enfatizar la supremacía de los derechos humanos y poner de relieve la existencia del llamado “bloque de constitucionalidad” para aludir a la incorporación de un “derecho internacional de los derechos humanos” con rango constitucional.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, suscrita por México el 17 de julio de 1980, ratificada el 23 de marzo de 1981, y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de mayo de 1981, hace énfasis desde su preámbulo en el importante papel de la mujer en la maternidad, al indicar: “Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función de los padres en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto...” 8

Además, en diversos artículos se establece que:

“ Artículo 3. Los Estados parte tomarán en todas las esferas y, en particular, en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.”

“ Artículo 4.

1 La adopción por los Estados parte de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

2. La adopción por los Estados parte de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria.” En este aspecto, se sitúa la licencia por paternidad.”

“ Artículo 5. Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para:

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.”

“ Artículo 11.

1. Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: (...)

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas; (...)

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados parte tomarán medidas adecuadas para:

a. Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base de estado civil;

b. Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales;

c. Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños;

d. Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella (...)

“ Artículo 13.

Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos.

Sin embargo, a pesar de esto, es de lamentarse que en México aún siga existiendo una importante discriminación hacia las mujeres en la búsqueda y obtención de cualquier empleo, y que estas siguen siendo desplazadas en los procesos de selección por hombres u otras mujeres que tienen un estado de civil solteras o que no pretenden formar una familia. Es por ello, que nuestro deber como legisladores, es adecuar el marco normativo que aún no contemplan estas medidas afirmativas que aseguren que las mujeres sean tratadas a la par que cualquier hombre.

En nuestro país, la responsabilidad laboral se encuentra regulada en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en el apartado B, relativo a las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión, Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. 9

En este sentido, el objeto de la presente iniciativa es adicionar una fracción al artículo 43 a la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional. A fin de que se prohíba exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo a cualquier mujer.

Formar una familia es un derecho que se encuentra consagrado en el artículo 4 constitucional, y la intención de cualquier mujer de hacerlo no debe ser una limitante para su desarrollo profesional y laboral.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional

Artículo Único. - Se adiciona una fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

“Artículo 43.- ...

I. a X. ...

XI. No exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.”

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/Sgencom18.html#:~: text=Si% 20bien%20esas%20convenciones%20se,%2C%20el%20color%2C%20el%20sexo%2C

2 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Las-mujeres-en-Mexico-son-el-unico- grupo-discriminado-que-no-es-minoria-20191118-0022.html

3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/ enadis2017_resultados.pdf

4 https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2017/

5 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Mas-estudios-pue-den-significar-mas -violencia-laboral-para-las-mujeres-20191006-0005.html

6 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Las-mujeres-en-Mexico-son-el-unico- grupo-discriminado-que-no-es-minoria-20191118-0022.html

7 http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/

8 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

9 http://www.contraloriadf.gob.mx/contraloria/cursos/marcojuridico/ paginas/rl.php

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.– Diputado Édgar Guzmán Valdez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 6o. y 7o. de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Las y los suscritos diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 77, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa que reforma y adicionan el artículo 6, párrafo tercero y el artículo 7, fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, conforme a la siguiente

En México, el primer caso positivo de contagio tuvo lugar día último de febrero, 1 y fue reconocida como la pandemia, el 23 de marzo de 2020 cuando el gobierno federal tomó la decisión de adoptar el confinamiento social.

Han transcurrido casi un año, y, de entonces a la fecha, los indicadores económicos, financieros, del empleo, de la producción manufacturera, la construcción, del consumo, y muchos más, que evidencian las penurias y penalidades que padecen millones de mexicanas y mexicanos a lo largo del territorio nacional, ante la profunda crisis de salud, económica y social en que naufragamos sin encontrar asideros para retornar a los niveles previos a la pandemia.

No sobra subrayar que, la crisis económica no comenzó con la pandemia, la economía se había desacelerado desde el último trimestre de 2018. Se había paralizado en el segundo de 2019. Y le siguieron, tres periodos en terreno negativo.

En 2020, en plena pandemia al desplomó (-) 18.7 por ciento, (-) 8.6 por ciento y (-)4.6 por ciento

Del segundo al cuarto trimestre, respectivamente. (Véase gráfica 1).

Gráfica 1

Asimismo, por los elevados flujos comerciales con nuestros vecinos del norte, en el marco del Tratado de Libre Comercio, la economía mexicana, había logrado mantener un magro promedio positivo de crecimiento de 2.2 por ciento, en el periodo 2012-2018; no obstante, al primer trimestre de 2019, pareciera se desvinculó, pues, mientras la economía estadounidense creció alrededor de 2.3 por ciento -su nivel más bajo desde 2016-, 2 la economía mexicana se desacelero para situarse en cero por ciento.

Todo indica que, dicho resultado fue consecuencia de la desarticulada gestión de la política económica, de decisiones voluntaristas, -como la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras acciones, propiciaron un clima de desconfianza en los agentes económicos nacionales y cautela de los internacionales.

Ello, no obstante, que México ha salido bien librado, en medio de las disputas comerciales de las disputas comerciales entre China y Estados Unidos, pues mientras las exportaciones a EUA, de la nación oriental habían descendido alrededor de 12 por ciento, las nacionales crecieron más de 6 por ciento. 3

En el plano nacional -como ya referíamos-, se sumó a la ecuación, la ausencia de políticas contra cíclicas y de apoyos a las pequeñas y medianas empresas y al consumo, para contrarrestar los efectos de la pandemia, los subejercicios del presupuesto aprobado, -catalogados como política de austeridad en el ejercicio presupuestal, para trasladarlos a PEMEX-, contrajo la demanda en el mercado interno, en la demanda y el consumo, lo que nos sumió en la recesión e, hizo crecer la deuda como porcentaje del PIB.

• Desempeño de la economía nacional en 2020 y sector externo

Con base en la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto -con series desestacionalizadas-, refleja un decrecimiento de (-) 4.6 por ciento real en cuarto trimestre de 2020, respecto a igual periodo de 2019.

En términos anuales, la variación de la economía mexicana fue de (-) 8.5 por ciento. Cabe destacar que, la economía logró recuperar al menos diez puntos de los 18.6 por ciento en que se había desplomado, en el segundo trimestre de 2020. Sin duda, es uno de los peores episodios en que la Nación mexicana ha transitado en los últimos 88 años.

Por sectores, durante el cuarto trimestre de 2020 respecto al de 2019, el sector servicios, fue el sector con el menos dinamismo, al situarse en (-) 5-3 por ciento; en tanto que el sector industrial, logró mejorar el ritmo, - por el influjo positivo del sector manufacturero de exportación, en el intercambio con la economía norteamericana-, aunque todavía se encuentra en terreno negativo, con (-) 3.4 por ciento; por su parte, las actividades primarias (Agricultura, otras), fueron las que mejor desempeño registraron, al avanzar 4.9 por ciento.

Sin dejar de tener presente la gravedad de las secuelas de la crisis sanitaria derivada del flagelo del covid-19 sobre la economía mexicana, especialmente, por el confinamiento social, los resultados económicos, derivan, en gran medida, de la ausencia de una política económica proactiva -contra cíclica- que apoye y estimule los factores productivos, como las pequeñas y medianas empresas, estímulos para mantener el empleo o la creación de empleos; y, fundamentalmente, detonen el mercado doméstico.

De los componentes del PIB, el sector externo que mejores resultados mostro, fue este sector, el que registró un superávit histórico en la balanza comercial de 34 mil 476 millones de dólares. Ello, derivado de una pronunciada debilidad de las importaciones, respecto a las exportaciones, lo cual está asociado al favorable desempeño de la economía norteamericana, atribuible a la política contra cíclica y de incentivos al empleo, la redistribución del ingreso y el consumo, desplegada en ese país.

La actual administración gubernamental ha apostado todo, a que nos remolque el dinamismo de la economía estadounidense, cuyo gobierno, instrumento una política de incentivos fiscales y redistribución del ingreso y el empleo, que, como ya señalábamos, impacto favorablemente en el crecimiento del PIB norteamericano de 4 por ciento y la recuperación del empleo, en plena pandemia.

En consecuencia, nuestro intercambio comercial con nuestro vecino en el marco del T-MEC, nos catapulto a exportar a ese país 43 mil millones de dólares- sólo en diciembre de 2020- 4 y, marcar un superávit histórico en la balanza comercial; también, alcanzó, de paso para potenciar el crecimiento histórico de las remesas de nuestros connacionales a México y, de lo cual, el presidente mexicano, se ufana y agradece comedidamente.

Empleo

Durante el último mes del año se cortó una racha de cuatro meses en la reactivación del empleo, que contabilizó de agosto a noviembre la creación de 555 mil 600 puestos de trabajo, luego de la pérdida de un millón 117 mil 854 plazas observada de marzo a julio a causa del parón económico para frenar el avance del covid-19.

En términos netos, el 2020 terminó así con un saldo de unos 647 mil despidos (la cifra exacta se conocerá a partir del día 10 enero, cuando el IMSS emita el conteo oficial), lo que representa la destrucción de 3.2 por ciento de los 20 millones 421,442 empleos registrados ante el IMSS al 31 de diciembre del 2019.

• Estados frente al covid-19

El panorama económico que atraviesan las Entidades Federativas en todo el territorio nacional derivado de la pandemia del covid-19, presenta efectos devastadores. A continuación, se resaltan algunos indicadores que enfrentan:

De acuerdo con los investigadores nacionales -del Conacyt, adscritos al Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila-, Alejandro Dávila y Miriam Valdés, 5 en el sector turístico, “Cuatro estados de la frontera norte de México y dos en los cuales se localizan los principales destinos turísticos internacionales del país, registraron las mayores contracciones relativas en el producto interno bruto (PIB) como resultado de la aplicación de las medidas de emergencia sanitaria decretadas por las autoridades federales para hacer frente a la pandemia por covid-19.

Asimismo, estiman (...) que el paro en las actividades no esenciales durante los meses de abril y mayo del presente año, causaron pérdidas económicas equivalentes a 11.2 por ciento del monto del PIB alcanzado durante el 2019 en Chihuahua, 10.4 por ciento en Sonora, 10.3 por ciento en Baja California, 10.2 por ciento en Baja California Sur, 9.7 por ciento en Quintana Roo y 9.5 por ciento en Coahuila”.

En el primer caso, se trata de economías locales con patrones de especialización productiva muy concentrados en actividades de manufactura de exportaciones, especialmente de las industrias automotriz y electrónica, en el segundo, de la oferta de los servicios turísticos proporcionados especialmente en las playas de Cancún y Los Cabos. Desde los primeros días de junio se reiniciaron, en un clima de gran incertidumbre, las actividades productivas en las plantas manufactureras.

La recuperación ha sido lenta, tanto por la instrumentación de medidas para evitar la aceleración de los contagios, como por la volatilidad en la demanda de estos productos y un entorno económico enrarecido por la entrada en vigor del T-MEC y por una actitud francamente hostil a la inversión productiva, derivada de los desatinos de gobierno de la 4T.

Por la naturaleza de los servicios turísticos, la intensidad de las interacciones sociales y la alta movilidad de los clientes, la reactivación ha sido particularmente compleja en este sector y seguirá siendo muy vulnerable hasta que exista una vacuna efectiva o un tratamiento específico para esta enfermedad.

En un segundo grupo encontramos estados que experimentaron caídas del PIB en un rango de 7.1 a 8.7 por ciento: Aguascalientes (8.7 por ciento), Zacatecas (8.3 por ciento), San Luis Potosí (8.1 por ciento), Nuevo León (8.1 por ciento), Tlaxcala (7.9 por ciento), Morelos (7.5 por ciento), Estado de México (7.4 por ciento), Sinaloa (7.4 por ciento), Oaxaca (7.3 por ciento), Tamaulipas (7.2 por ciento), Querétaro (7.1 por ciento) y Puebla (7.1 por ciento). En muchos de estos estados también hay presencia importante de establecimientos dedicados a la fabricación de productos de transporte, sólo que, a diferencia del grupo previo, cuentan con economías más diversificadas y con presencia de sectores menos afectados por la suspensión de actividades no esenciales como, por ejemplo, la producción de bienes del sector primario. Predominan estados del Norte del país y del Altiplano Centro-Norte.

En estos dos grupos se encuentran buena parte de los estados cuyos gobernadores están pugnado por la renovación del pacto federal, que han impulsado directrices propias para enfrentar la pandemia y que han manifestado su desacuerdo con la nueva orientación de la política energética del gobierno federal. Los efectos económicos de la pandemia parecen estar operando como un catalizador que está favoreciendo la conformación de alianzas políticas de gobernadores frente al poder centralizado y unipersonal de Andrés Manuel López Obrador. En estos procesos encontramos titulares del Poder Ejecutivo de entidades localizadas en tres regiones del país: Noreste, Occidente y Altiplano Centro-Norte y con posibilidades de ampliarse al Noroeste y Centro de la República.

En un tercer grupo, se ubican estados con reducciones del PIB dentro de un rango entre 5.3 y 7 por ciento: Hidalgo (7 por ciento), Jalisco (6.9 por ciento), Guanajuato (6.9 por ciento), Nayarit (6.3 por ciento), Durango (6.2 por ciento), Yucatán (6 por ciento), Colima (5.6 por ciento), Veracruz (5.4 por ciento), Ciudad de México (5.3 por ciento) y Guerrero (5.1 por ciento). Son economías en las cuales el mercado interno y las actividades esenciales son más importantes (bienes del sector primario, industrias ligeras o servicios estratégicos, como los financieros y de transporte en los grandes nodos de las ciudades de México y Guadalajara).

Finalmente, las cuatro entidades con las reducciones del PIB más bajas durante el paro parcial de los meses de abril y mayo fueron: Michoacán (3.7 por ciento), Tabasco (3.6 por ciento), Chiapas (3.6 por ciento) y Campeche (1.5 por ciento). Todas son productoras de bienes primarios y, en el caso de Tabasco y Campeche, se “beneficiaron” de la debilidad de la 4T por los combustibles fósiles, las emisiones de gases de efecto invernadero y los monopolios públicos, pues la extracción de petróleo y su refinación fueron clasificadas como actividades esenciales por el gobierno de AMLO, lo mismo que los programas y grandes proyectos de inversión de la administración.

En la frontera norte y en el Sureste de México, en donde se localizan los principales destinos turísticos internacionales del país, registraron las mayores contracciones relativas en el producto interno bruto (PIB).

Como resultado de la implementación de las medidas de emergencia sanitaria decretadas por las autoridades federales para hacer frente a la pandemia por covid-19 y el paro en las actividades no esenciales durante los meses de abril y mayo del presente año, causaron pérdidas económicas equivalentes a 10.3 por ciento en Baja California, 10.2 por ciento en Baja California Sur, 9.7 por ciento en Quintana Roo.

Por la naturaleza de los servicios turísticos, la intensidad de las interacciones sociales y la alta movilidad de los clientes, la reactivación ha sido particularmente compleja en este sector y seguirá siendo muy vulnerable hasta que exista una vacuna efectiva o un tratamiento específico para esta enfermedad.

Finanzas públicas

De acuerdo con la información disponible —más reciente- de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, se advierte una recaudación menor de ingresos presupuestarios, petroleros y tributarios de enero-diciembre de 2020 , respecto a lo programado. Lo que se explica, por la desaceleración económica provocada por el confinamiento social, pues presenta signos por demás alarmantes y preocupantes.

En 2020, el gobierno federal y los estados de la República Mexicana tuvieron menores ingresos que los estimados. De acuerdo con el Informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 6 al cuarto trimestre de 2020, sobresale un boquete de los ingresos petroleros que, ascienden a casi 381 mil 490 millones de pesos, lo que preocupa a las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que se dé continuidad a la política de rescatar a la petrolera a costa de los ya conocidos subejercicios presupuestales en la Administración Pública y el traspaso a la petrolera nacional.

Por su parte, los ingresos tributarios sumaron 3 billones 338 mil 876 millones de pesos, cantidad que es 166 mil millones de pesos abajo del programado y mayor en 0.8 por ciento en términos reales, respecto a lo observado en 2019.

Pero especialmente a “la recuperación de activos financieros como política para evitar endeudamiento adicional y desequilibrios macroeconómicos durante un periodo particularmente incierto a nivel global en materia económica y financiera”: “ FEIP se recuperaron 204 mil 9 millones de pesos, incluyendo 47 mil 354 millones de pesos que se recibieron por coberturas petroleras; de otros Fideicomisos, 55 mil 252 millones de pesos, incluido el Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México por 21 mil 634 millones de pesos; de ingresos derivados de financiamiento por operaciones de colocaciones de deuda, 42 mil 802 millones de pesos, y de entidades paraestatales, 32 mil 283 millones de pesos” , expone Hacienda en su reporte del cuarto trimestre de 2020.

El déficit, en 2020 cerró en 674 mil 159.6 millones de pesos; cifra, que vale destacar, rebasó en más de 127 mil millones el programado —aunque Hacienda esperaba fuera más agudo, según lo señalan en el Informe Trimestral de las Finanzas Públicas y Deuda de enero-diciembre de 2020-, pero, se atemperó —señalan- por la elevada recaudación tributaria, obtenida del impuesto sobre la renta —con medidas de mucho más estrictas, contra las grandes empresas, así como a las no devoluciones de IVA, entre otros. 7 Sobre el particular, es conveniente tener en cuenta, que los adeudos fiscales de las grandes empresas como la cancelación de los ahorros en los fideicomisos, ya se agotaron.

En este sentido, si bien el gobierno “evitó endeudarse”, lo más grave, es que, la economía tuvo su peor año y desempeño en casi 9 décadas al decrecer (-) 8.5 por ciento. Endosando, con ello, las cifras de pobreza en más de 10 millones de mexicanos, mayor desempleo, quiebra de miles y miles de empresas, Y, sobre todo, una recuperación con muy escasas expectativas de crecimiento en los próximos años.

La caída de la Recaudación Federal Participable (RFP)

Otro signo de preocupación de las y los legisladores del perredistas es el desplome de la Recaudación Federal Participable (RFP), la severa contracción de alrededor de 7.2 por ciento de variación real, equivalente a 107 mil 716 millones de pesos, que significas “menor pago de participaciones a los estados y municipios” que fueron “compensados parcialmente con los Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF); por un menor costo de financiamiento de 41 289 millones de pesos y por un menor pago de Adefas y otros de 6 mil millones de pesos”. Detalla Hacienda en el Informe referido.

Esta situación es preocupante y alarmante, pues anticipa recortes en los próximos meses de 2021, en la redistribución de los ingresos para las entidades federativas y los municipios, debido a que las fuentes de ingresos que son participables como son los ingresos petroleros y los ingresos tributarios se han contraído ostensiblemente por la crisis de salud, el confinamiento social y la pérdida de empleos y la quiebra de empresas, fundamentalmente.

Lo anterior, refleja la urgencia de que el gobierno cambie de estrategia, pues la urgencia de medidas para enfrentar esta situación es inaplazable, de lo contrario empezará a impactar en la población que menores recursos.

En general, la falta de programas económicos orientados a atenuar los estragos de la pandemia por covid-19 favoreció el crecimiento de la desigualdad social, indica un estudio Sí por México, con datos del Inegi.

El análisis revela que en los últimos seis meses la desigualdad se recrudeció significativamente, y que el gobierno de desentendió de apoyar con programas económicos a los que perdieron sus empleos: “Entre marzo y septiembre de 2020, los ingresos de los trabajadores en el 20 por ciento más pobre, cayeron 44 por ciento, en relación con una caída de 8 por ciento entre los trabajadores de mayores ingresos”. 8

“En marzo de 2020, la población de mayores ingresos tenía salarios 15 veces superiores a los obtenidos por los más pobres; seis meses después, la distancia aumentó 30 veces”

• Modificaciones legales de la iniciativa propuesta

El panorama descrito, nos muestra la realidad que atraviesan las entidades federativas, y por tanto resulta evidente la necesidad de flexibilizar, excepcionalmente el marco normativo de la Ley de Disciplina financiera con el fin de que dichos niveles de gobierno estén en posibilidades de afrontar coyunturalmente las necesidades que requieren sus poblaciones, sin dejar de observar los objetivos que fueron delineados en los programas de gasto de la Ley de Coordinación Fiscal.

Ello, en la medida de la ausencia de planes contra cíclicos para impulsar la economía nacional, contrarrestar el desplome del empleo formal y también de los millones de trabajadores en labores informales, que resta por recuperar; la carencia de apoyos a las empresas, a contra corriente de amplias y variadas voces —tanto organismos nacionales como internacionales- que anticipan un ciclo económico con escaso vigor y prolongada parálisis del ciclo económico.

Frente a este escenario referido, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, plantea la reforma y adición a los artículos 6 y 7 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, a fin de flexibilizar su margen de gasto, excepcionalmente, durante la crisis sanitaria y económica.

Lo anterior, tiene el propósito de adecuar el marco normativo en materia de balance fiscal presupuestario, en la álgida coyuntura que padecen los estados y municipios, y en aras de que encaren el desafío de alentar el crecimiento económico en tiempos de la pandemia del covid-19 que las azota, pero sobre todo para estar en posibilidades de atender las inevitables y urgentes demandas sociales de sus poblaciones de en las más diversas y variadas, además de las de salud u otras de carácter económico.

La presente propuesta legislativa de las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD de la Cámara de Diputados, se enmarca y cobra sentido en situaciones de emergencia económica o por razones sanitarias como la que actualmente estamos padeciendo por la pandemia provocada por el covid-19, lo que ha imposibilitado que las empresas, comercios, personas físicas que laboren en el comercio formal e informal puedan desarrollar su actividad sin riesgos de contagio.

Por último, en virtud de la importancia y la trascendencia que representa para las familias mexicanas, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD, consideran esta iniciativa como parte de un plan inaplazable que reconsidere emprender un plan de contingencia para detonar el mercado interno, para sacar del bache de -8.5 a la economía nacional.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que se reforma y adicionan, el artículo 6, párrafo tercero y el artículo 7, fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a cargo de las y los diputados integrantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Artículo único. Se reforman y adicionan el artículo 6 párrafo tercero y el artículo 7, fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

...

Debido a razones excepcionales, como crisis sanitarias o económicas que afectara al país en su conjunto y se verifique la fracción I del artículo 6 de esta Ley, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo. En estos casos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, deberá dar cuenta a la Legislatura local de los siguientes aspectos:

I. a III. ...

...

...

Artículo 7.- Se podrá incurrir en un balance presupuestario de recursos disponibles negativo cuando:

I. Se presente una caída en el producto interno bruto nacional, en términos reales, o una crisis sanitaria, y lo anterior origine una caída en las participaciones federales con respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y ésta no logre compensarse con los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

II. y III. ...

Único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.forbes.com.mx/confirman-el-primer-caso-de-corona-virus-covid-19-en- mexico/

2 https://www.forbes.com.mx/economia-de-eu-crece-en-2019-pero-no-al-ritmo-que-pro metio-trump/

3 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/superavit-comercial-de-mexico-con-eu-a lcanza-cifra-sin-precedente-de-50-mil-338-mdd

4 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportaciones-tienen-peor-caida-en-11- anos-pero-cerraron-2020-al-alza-20210129-0019.html

5 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Economia-y-politica-en-los-estados-en-t iempos-del-covid-19-20200628-0068.html

6 Informe de las Finanzas Públicas y Deuda enero-diciembre de 2020.

7 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Los-ingresos-tributa-rios-crecieron-0. 7-en-el-2020-SAT-20210113-0019.html

8 https://diario.mx/nacional/crece-desigualdad-social-a-causa-de-pandemia-2021011 9-1753060.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.– Diputados y diputadas: Jorge Casarrubias Vázquez, Verónica Juárez Piña, José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Antonio Ortega Martínez, Jesús de los Ángeles Pool Moo, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 462 Bis 2 a la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega, Zulma Espinoza Mata e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados Zulma Espinoza Mata y Arturo Escobar y Vega, en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 462 Bis 2 a la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:

El SARS-CoV-2, covid-19, les ha costado la vida a millones de personas y ha causado múltiples estragos en la salud de la población de todo el mundo y, derivado de las medidas sanitarias para evitar su propagación, consecuentemente, ha generado grandes afectaciones en el ámbito económico y social al trastocar de manera profunda la forma habitual de realizar un sinnúmero de actividades.

La magnitud de la crisis provocada por la pandemia hizo que se aceleraran de manera extraordinaria los esfuerzos de la comunidad científica para encontrar la vacuna que permita inmunizar a las personas y de esa forma estar en condiciones de volver gradualmente a la normalidad.

Regularmente, una vacuna lleva muchos años para ser desarrollada, a veces más de una década. En el caso de la vacuna contra la covid-19 su desarrollo ha tardado menos de un año; esto se debe, además de la urgencia, a la disponibilidad de tecnologías modernas y a la experiencia acumulada recientemente en la producción de vacunas contra otros coronavirus como el síndrome respiratorio agudo grave y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (SARS y MERS, respectivamente, por sus siglas en inglés).

A la fecha existen ya vacunas seguras desarrolladas por diversos laboratorios de diferentes partes del mundo que garantizan una alta tasa de efectividad y que suponen una luz de esperanza al final del túnel para que la humanidad supere la pandemia.

El estatus de las vacunas relevantes para México al comienzo del año 2021 se presenta en la siguiente tabla: 1

En este contexto, se han realizado diversos esfuerzos en todo el mundo para lograr que la vacuna sea accesible para toda la población y para afrontar el reto logístico que implica inmunizar a miles de millones de personas alrededor del planeta.

Entre los esfuerzos llevados a cabo por la comunidad internacional para la obtención de la vacuna está el Acelerador de Acceso a las Herramientas contra la covid-19, un proyecto de colaboración global que se puso en marcha a finales de abril de 2020, el cual reúne a gobiernos, organizaciones sanitarias, científicos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y filántropos para acelerar el fin de la pandemia mediante el desarrollo y la asignación equitativa de las pruebas diagnósticas, las vacunas y los tratamientos que el mundo necesita. El Acelerador consta de cuatro pilares de trabajo: diagnóstico, tratamiento, inmunización y el fortalecimiento de los sistemas de salud. 2

En cuanto respecta al pilar de inmunizaciones, se creó el Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la covid-19, también llamado Covax. Este instrumento tuvo como meta principal crear una cartera amplia, diversa y activamente gestionada de vacunas candidatas contra la covid-19 para potenciar al máximo la probabilidad de éxito de varias de ellas, de manera que se disponga finalmente de las mejores vacunas y que el suministro sea suficiente y equitativo para los grupos que tienen la máxima prioridad a nivel mundial. 3

Nuestro país fue uno de los primeros en buscar contratos de compra-venta con las empresas fabricantes de vacunas con el fin de asegurar una cantidad suficiente para vacunar a toda la población mexicana. Igualmente, México fue promotor y pionero de iniciativas en las Naciones Unidad como lo es el mecanismo Covax para asegurar que los países menos favorecidos tuvieran un acceso justo y rápido a las vacunas contra la covid-19.

A la fecha México cuenta con el siguiente panorama de acuerdos que suman un total de 210 millones de dosis aproximadamente, según los cuales los fabricantes proporcionarán las vacunas a medida que estén disponibles: 4

Asimismo, el gobierno de nuestro país, al igual que lo han hecho otros gobiernos del mundo, ha establecido ya planes de vacunación que priorizan la inmunización de ciertos grupos poblacionales, por ejemplo, el personal médico que se encuentra en la primera línea de combate en contra de la covid-19, en primer lugar, y, posteriormente, los adultos mayores y otros grupos vulnerables por su condición de salud.

De acuerdo al Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19 presentado por el gobierno de México, 5 dependiendo de la disponibilidad de las vacunas por parte de los fabricantes, la inmunización se aplicará de la siguiente manera a los diversos grupos poblacionales en nuestro país:

Las pautas sobre cómo distribuir la vacunación seguidas por los diversos gobiernos del mundo están basadas en las sugerencias de comités de científicos y expertos en medicina e ingeniería que en términos generales aconsejan: primero, administrar la vacuna a los trabajadores de alto riesgo, a los centros de atención médica y al personal de primeros auxilios; luego, a los adultos mayores y a personas de todas las edades que tienen múltiples afecciones médicas con un mayor riesgo de contraer enfermedades; después, inmunizar a los trabajadores que tienen trabajos realmente importantes para la sociedad y tienen un alto riesgo de exposición, por ejemplo, maestros, personal escolar y otros trabajadores que realizan funciones que no pueden suspenderse; y, finalmente, estaría el resto de la población. La principal prioridad al seguir el orden sugerido es maximizar el beneficio social reduciendo las tasas de muerte, discapacidad y transmisión.

El pasado viernes 22 de enero, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, adelantó en su conferencia de prensa matutina que había instruido a la Secretaría de Salud para que emitiera un decreto que permita a cualquier empresa o gobierno local del país adquirir vacunas, 6 lo cual hasta hace unas cuantas semanas no era posible.

No obstante lo anterior, integrantes de la industria farmacéutica aclararon que para que esto ocurra deben pasar al menos tres meses, periodo en el que se espera que los distintos laboratorios hayan ampliado su capacidad de producción. “Las farmacéuticas a las que se les haya aprobado en el país el uso de su vacuna deberán cumplir con los contratos acordados con el gobierno y luego podrán vender a entes privados, o bien, a los gobiernos estatales”, señaló Arturo Morales Portas, Presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf). 7

Las dificultades para el acceso a la vacuna por parte de particulares han generado que algunas personas realicen intentos indebidos para ser vacunados sin que formen parte de los grupos que los planes de vacunación de las autoridades sanitarias han establecido como prioritarios.

Apenas comenzó la aplicación de la vacuna en el territorio nacional, los medios de comunicación dieron cuenta de un par de casos de servidores públicos en el estado de México 8 y en Coahuila 9 que, abusando de su posición, lograron acceder de manera indebida a ésta para ellos y para algunos de sus familiares. Tristemente, estos son sólo dos ejemplos de arbitrariedad y falta de empatía con los demás que pudieran seguirse presentando en nuestro país hasta en tanto no se facilite y agilice el acceso a las vacunas, lo cual, conviene aclarar, dependerá de la disponibilidad de dosis que garanticen los fabricantes.

Abusos como los señalados no pueden permitirse y merecen ser castigados, la vacuna en México es universal y gratuita, sin embargo, el acceso a la misma debe ser ordenado y de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad sanitaria.

El artículo 462 Bis 1 de la Ley General de Salud ya prevé aplicar de uno a nueve años de prisión y una multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización al que por sí o por interpósita persona cobre en una institución pública de salud la aplicación de una vacuna incluida en el Programa de Vacunación Universal o destinada a acciones ordinarias o extraordinarias de vacunación, así como al que, a sabiendas de ello, venda las vacunas que sean propiedad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, la Ley no prevé actualmente un castigo para quienes, aprovechándose de su posición, accedan a vacunas destinadas a acciones extraordinarias de vacunación como es el caso del Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19.

Por lo anterior, proponemos adicionar un artículo 462 Bis 2 a la Ley General de Salud para establecer que se aplicará de uno a nueve años de prisión y una multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización al servidor público que gestione, tramite, facilite o promueva el acceso indebido a vacunas, contraviniendo lo dispuesto por las autoridades sanitarias en los programas de inmunización extraordinaria en caso de epidemia grave, para sí o para su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa.

Para mayor claridad respecto a la modificación planteada se presenta a continuación el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un artículo 462 Bis 2 a la Ley General de Salud

Único. Se adiciona un artículo 462 Bis 2 a la Ley General de Salud, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 462 Bis 1. (...)

Artículo 462 Bis 2. Se aplicará de uno a nueve años de prisión y una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización al servidor público que gestione, tramite, facilite o promueva el acceso indebido a vacunas, contraviniendo lo dispuesto por las autoridades sanitarias en los programas de inmunización extraordinaria en caso de epidemia grave, para sí o para su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa.

Artículo 463. (...)

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 [1] Véase, Octavio Miramontes, Entendamos la vacuna contra covid-19 en México, Instituto de Física de la UNAM, 24 de diciembre 2020-29 de enero de 2021. Disponible en:

http://scifunam.fisica.unam.mx/mir/corona19/vac/index_vac.html

2 Véase, OPS-OMS, Acceso a la vacuna contra el covid-19 mediante el mecanismo Covax, 5 de octubre de 2020. Disponible en:

https://www.paho.org/es/noticias/5-10-2020-acceso-vacuna-contra- covid-19-mediante-mecanismo-covax

3 Ibidem

4 Véase, Octavio Miramontes, Entendamos la vacuna contra covid-19 en México, op. cit.

5 Ibidem

6 [1] Véase, México autorizará que empresas y gobiernos locales puedan adquirir vacunas covid: AMLO, El Financiero, 22 de enero de 2021. Disponible en:

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/mexico-autorizara-que-empr esas-y-gobiernos-locales-puedan-adquirir-vacunas-covid-amlo

7 Véase, Perla Miranda e Ivette Saldaña, IP prevé esperar tres meses para comprar vacunas, El Universal, 23 de enero de 2021. Disponible en:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ip-preve-esperar-tres-mese s-para-comprar-vacunas

8 Véase, #LordVacuna: el funcionario de Edomex que usó “influencias” para que su familia fuera vacunada contra el covid-19 y ahora será sancionado, Infobae, 30 de diciembre de 2020. Disponible en:

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/30/sera-sancionad o-el-funcionario-de-edomex-que-uso-influencias-para-que-su-familia-fuera-vacuna da-contra-el-covid-19/

9 Véase, Jannet López Ponce, En Coahuila se cuelan 29 funcionarios en vacunación contra covid-19, Milenio, 30 de diciembre de 2020. Disponible en:

https://www.milenio.com/estados/coahuila-cuelan-29-funcionarios- vacunacion-covid-19

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.– Diputadas y diputados: Zulma Espinoza Mata, Arturo Escobar y Vega, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona los artículos 2o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Ulises García Soto, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan el Apartado D al artículo 2o. y un tercer párrafo el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de la Madre Tierra, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

“Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, hoy aún plantaría un árbol”: Martin Luther King hijo.

La Madre Tierra comprende y reproduce a todos los seres vivos, ecosistemas, biodiversidad y demás individuos que la componen; y por lo tanto la hacen importante para nuestra subsistencia como sociedad, pues ella nos da las herramientas para vivir en complementariedad y armonía.

La Madre Tierra tiene raíz desde la cosmovisión indígena, pues nuestros pueblos indígenas reconocen a la Tierra, Agua, Aire y Fuego como aquellos elementos sagrados que le pertenecen y es por eso la importancia de que ahora nosotros la reconozcamos y la preservemos.

Hoy más que nunca debemos de cuidar a nuestra Madre Tierra, pues los pronósticos son deplorables, debido a que hay científicos que auguran que nuestro planeta entrara en un deterioro irreversible para el 2030 si no se hace nada al respecto y se continua con un calentamiento global acelerado. Es importante para el Estado mexicano que tome acciones respecto al tema, a fin de evitar el daño ecológico y como primera acción se debe reconocer a la Madre Tierra desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nuestros pueblos indígenas, reconocidos en el artículo segundo constitucional, son parte esencial para la conformación de nuestra nación y como baluartes de la Tierra y el equilibrio ecológico, el Estado debe reconocer y plasmar su visión sobre la Madre Tierra.

Incluir el precepto de la Madre Tierra, da paso a que se tomen acciones en distintos ámbitos; por ejemplo, desde la educación básica se nos deben enseñar el aprovechamiento de los recursos renovables, acciones para sustituir el uso de compuestos químicos que dañan el ambiente y evitar aquello que no puede tener una segunda vida útil. Asimismo, se generará una mayor conciencia de la responsabilidad que todo individuo tiene con su entorno. Además, será una piedra angular para seguir incorporando medidas de protección a la Madre Tierra, desde un punto de vista holístico.

Alrededor del mundo y en México, la Madre Tierra parte desde una cosmovisión indígena, pues son los pueblos originarios de México y Latinoamérica quienes han reconocido el verdadero valor de los dones sagrados que la tierra nos ha dado. Por ejemplo, en algunos países de centro y Sudamérica la “Pachamama” (Madre Tierra), es deidad para los pueblos indígenas, a la que se le debe de respetar y venerar por todos aquellos dones dados.

En el Estado de Veracruz, se realiza la ceremonia Xochitlali (Madre Tierra) en la que se le ofrecen flores, incienso y velas con el fin de pedir fertilidad agrícola. En el Estado de San Luis Potosí, la Madre Tierra es una de sus principales deidades y por eso tienen la tradición de enterrar el cordón umbilical de los recién nacidos para que el niño pueda recibir todos las riquezas que da la tierra. Por su parte, los mayas tienen dueños de cerros, animales, montes, etcétera, a los que elaboran plegarias y ofrendas a fin de pedir permiso para talar, sembrar, o realizar cualquier alteración a sus elementos. 1

Sin duda alguna, este tipo de acciones aún permiten mantener una conexión entre la tierra y los seres vivos, permitiendo conservar una relación de equilibrio e incluso de felicidad con la naturaleza.

La Organización de las Naciones Unidas, el 22 de abril de 2019 decretó que cada año, se conmemorara al Día Internacional de la Madre Tierra, en que se reconoce a la Tierra y sus ecosistemas que son los que nos proporcionan la vida, además tiene el propósito de generar conciencia sobre la importancia de proteger a la Tierra, para así construir un medio ambiente sostenible.

Desde esta misma tesitura la ONU ha hecho hincapié, que los países miembros deben promover la educación hacia el planeta y a los ecosistemas que nos rodean, a fin de que a través de la educación se puedan tomar medidas para combatir el cambio climático, y además inspirar a la población a reconsiderar como interactuamos con el mundo natural, pues vivimos en un mundo en donde el capitalismo ha sido parte de esta destrucción natural.

La ONU incluso ha mencionado la importancia de crear una legislación que protejan los derechos de la Madre Tierra, asimismo ha reconocido a países como Ecuador y Bolivia por los esfuerzos que han hecho para que en su legislación se reconozca a la Madre Tierra como sujeto colectivo de interés público. Un ejemplo, que es de felicitar es la Ley Marco de la Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien, en la que se establece los fundamentos del desarrollo integran para vivir con armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 2

México es un país diverso en ecosistemas y por eso lo hace un país rico en recursos naturales, pues tan solo en México se encuentra presente 12 por ciento de la diversidad terrestre del planeta, por lo que se considera a nuestro país “megadiverso”. Por lo mismo, la conservación y protección de los recursos naturales debe considerarse como un tema central para la cuarta transformación e incluso, un tema de seguridad nacional.

Gracias a la diversidad de ecosistemas en nuestro país, miles de turistas nos visitan para poder admirar la belleza de paisajes naturales que la Madre Tierra nos ha otorgado. Por tales motivos, el pueblo de México debe encontrarse agradecido, pues sin duda alguna, estos dones nos han servido para generar sustento y riqueza a toda nuestra población e incluso después de cientos de años de saqueos colonialistas y décadas del neoliberalismo depredador.

Vivimos en una época en la que debemos hacer conciencia para mitigar aquellos problemas que están acabado poco a poco con la Madre Tierra, por eso generar políticas ambientales debe ser primordial para cualquier Estado. Generar conciencia sobre el buen uso del aprovechamiento de los recursos naturales es tarea de todos y el reconocimiento a los dones que la Tierra nos dio debe ser un agradecimiento que desde la Carta Magna tiene que estar plasmado.

Argumentos

Los indígenas kogui, de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, imbuidos por su milenario respeto hacia la Madre Tierra, le hablan así a “hermanito menor” (los blancos): “... Si no llegamos de común acuerdo a aprender la Historia para respetar y cuidar todos los seres vivos, piedras, árboles, animales y gente, el final de este mundo se acerca. Por eso se habla mucho de aprender, de comprender la Historia, pues todavía es tiempo de vivir. No es tiempo todavía de acabamos, de terminar. Por eso hay que enseñar y aprender unos a otros; hermanito menor nos enseña y nosotros le enseñarnos. Sería un acuerdo espiritual y material...” 3

El objetivo de la presente iniciativa es incorporar a la Constitución Política el concepto de la “Madre Tierra” como objeto de derecho, y así reconocer una cosmovisión que liga a todos los individuos, seres vivos y a nuestro planeta, el cual debemos conservar y proteger a fin de poder seguir disfrutando de sus innumerables beneficios.

Como se ha señalado anteriormente, la ONU ha reconocido a la “Madre Tierra”, y por tanto, plasmar este precepto en nuestra constitución política, más que intentar plasmar un derecho o una obligación desde el punto de vista del positivismo jurídico, atiende a la necesidad insertar en nuestra norma suprema los más altos valores del ser Humano, que cabe señalar este es un concepto comúnmente concebido por los pueblos originarios de la nación.

Asimismo, es importante señalar que la presente iniciativa se aborda desde un punto de vista laico; y pretende ser un llamado a mantener la armonía entre nuestro entorno natural y los individuos, no solamente desde un punto de vista científico, en cuanto a los elementos físicos, químicos y biológicos que componen el medio ambiente, sino desde un punto de vista holísticos y hermenéutico, ya que solo con una comprensión amplia de la interrelación de los seres vivos y los elementos naturales podremos valorar nuestro ecos,nuestro hábitat, nuestro territorio nacional e incluso el planeta Tierra.

En la primera parte de la presente iniciativa se propone incorporar un apartado “D” al artículo 2 de la Constitución Política a efecto de incorporar el reconocimiento en nuestra norma suprema y como objeto de derecho a la Madre Tierra; de la siguiente forma: “ La nación mexicana reconoce a la Madre Tierra como sujeto colectivo de interés público, fuente de riqueza y bienestar para todos los seres vivos” . Esta reforma es pertinente en el mencionado artículo 2 de la Constitución debido a que versa sobre el reconocimiento de los pueblos y comunidades originarias de nuestra nación, en consecuencia, el concepto de la Madre Tierra debe ser incorporado junto los preceptos que atienden sobre la nación mexicana. Además, en el multicitado artículo 2 se hace una mención de los reconocimientos constitucionales, como en el apartado A, se prevé el reconocimiento al derecho a los pueblos y comunidades indígenas, a su libre determinación y autonomía. Por su parte, el Apartado C señala el reconocimiento a las comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de México. Es por todo lo anterior que adicionar un apartado D al artículo 2o. para reconocer el concepto de la Madre Tierra, resulta idóneo y pertinente.

De igual forma, la presente propuesta de decreto establece adicionar un párrafo al artículo 27 de la Constitución Política, ya que es de explorado derecho que este artículo nacido de la Revolución Mexicana versa sobre la Tierra y el interés social de su tenencia. De esta manera se propone incorporar: “ Los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra como los son el agua, la tierra, la flora, la fauna y todos los elementos naturales deben considerarse como dones sagrados otorgados al pueblo de México. El interés privado no estará por encima del interés superior de la Madre Tierra” .

La presente iniciativa de reconocimiento constitucional de la “Madre Tierra”, pretende que la nación mexicana recobre su corresponsabilidad con todos los elementos y riquezas naturales que se nos ha dotado como país, y que sobre estos no se anteponga el interés económico, rapaz y depredador que tiene al borde del colapso y la extinción a nuestros ecosistemas y a gran número de especies. Por todo lo expuesto se proponen las presentes reformas constitucionales con el siguiente:

Fundamento legal

El suscrito, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que adicionan el apartado D al artículo 2o. y un tercer párrafo al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de la Madre Tierra

Único. Se adicionan el apartado D al artículo 2o. y un tercer párrafo al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de la Madre Tierra, para quedar como sigue:

Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible.

...

...

...

...

A. a C. ...

D. La Nación mexicana reconoce a la Madre Tierra como sujeto colectivo de interés público, fuente de riqueza y bienestar para todos los seres vivos.

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

Los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra como los son el agua, la tierra, la flora, la fauna y todos los elementos naturales deben considerarse como dones sagrados otorgados al pueblo de México. El interés privado no estará por encima del interés superior de la Madre Tierra.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/La-Madre-Tierra-en-la-cosmovisi%C3%B3 n-ind%C3%ADgena-243210.html

2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/04/la-protec-cion-de-la-madre -tierra-a-debate-en-la-onu/

3 Una visión general de la relación del hombre con la naturaleza,

http://repiica.iica.int/DOCS/B0540E/B0540E.PDF

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.– Diputado Ulises García Soto (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscribimos, diputada Verónica María Sobrado Rodríguez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de la siguiente

De acuerdo con la publicación Los estereotipos de género y su utilización, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas:

“Un estereotipo de género es una opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar. Un estereotipo de género es nocivo cuando limita la capacidad de hombres y mujeres para desarrollar sus facultades personales, realizar una carrera profesional y tomar decisiones acerca de sus vidas y sus proyectos vitales.” 1

Dicho documento destaca también que asignar a una persona determinada, hombre o mujer, atributos, características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social masculino o femenino, afecta los derechos humanos y las libertades fundamentales ampliamente reconocidas.

Es preciso mencionar que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), estipula en su artículo 5 que:

“Los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.” 2

Sobre la violencia contra las mujeres y niñas, la CEDAW hace hincapié en que:

“La discriminación contra las mujeres y niñas por motivos de sexo y género comprende también la violencia por motivos de género, es decir, la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada. Es una forma de discriminación que inhibe seriamente la capacidad de la mujer de gozar y ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales en pie de igualdad con el hombre. Abarca los actos que infligen lesiones o sufrimientos de carácter físico, mental o sexual, la amenaza de dichos actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad, la violencia cometida en la familia o la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, o la violencia perpetrada o condonada por el Estado o sus agentes, independientemente del lugar en que se cometa. La violencia por motivos de género puede constituir una violación de disposiciones específicas de la Convención, aun cuando dichas disposiciones no mencionen expresamente la violencia. Los estados parte están obligados a proceder con la diligencia debida para prevenir, investigar, enjuiciar y castigar esos actos de violencia por motivos de género.” 3

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) refiere que el derecho internacional de los derechos humanos asigna a los estados la obligación de eliminar la discriminación contra hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Esta obligación exige que los estados adopten medidas para abordar los estereotipos de género y evitar su utilización, tanto en la esfera pública como en la privada.

En México, los artículos 41 y 42 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su capítulo sexto “De la Eliminación de Estereotipos establecidos en función del Sexo” señalan:

“Artículo 41.- Será objetivo de la Política Nacional la eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres.

Artículo 42.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

I. Promover acciones que contribuyan a erradicar toda discriminación, basada en estereotipos de género;

II. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres;

III. Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas;

IV. Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de las relaciones sociales;

V. Velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen igualitaria plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, promuevan el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres y eviten la utilización sexista del lenguaje, y

VI. Vigilar que el contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la cual se difundan las campañas a que se refiere esta Ley esté desprovisto de estereotipos establecidos en función del sexo de las personas.” 4

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el artículo 5o., fracción IV señala que la Violencia contra las Mujeres es:

“Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.” 5

Dicha ley, en su artículo 45, fracción XII, describe que:

“Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I. — XI. ...

XII. Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan apología de la violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción de estereotipos que discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres.” 6

Aunado a lo anterior y en lo que respecta a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el capítulo quinto “Del Derecho a la Igualdad Sustantiva”, la fracción III del Artículo 37 señala que:

“Las autoridades de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para garantizar la igualdad sustantiva deberán:

I. a II. ...

III. Implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad.”

La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989) es el primer instrumento jurídico internacional que reconoce a las niñas, niños y adolescentes como personas con derechos propios. En esta Convención se señalan los cuatro principios fundamentales que son la no discriminación, la primacía del interés superior del niño, la garantía de supervivencia y el desarrollo, y la participación infantil. Este tratado internacional se integra por 54 artículos que albergan los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todas las niñas y niños del mundo. La Convención es de carácter obligatorio para los Estados que la han ratificado; por lo que están obligados a armonizar sus leyes y políticas para que se garantice que la infancia disfrute de manera plena los derechos. 7

En nuestro país, la Consulta Infantil y Juvenil 2018 captó la percepción de la realidad cotidiana de niñas, niños y adolescentes en torno a varios temas, entre estos, los relacionados con la igualdad de género. Si bien vemos cómo se ha avanzado en materia de igualdad, aún existen actividades asignadas por roles y estereotipos que se deben ir desapareciendo para evitar la desigualdad. 8

En el estudio “ ¿Generan estereotipos de género los medios de comunicación? Reflexión crítica para educadores, las autoras María Pilar Rodríguez, María J. Pando-Canteli y Miren Berasategi refieren:

“Los medios de comunicación son simultáneamente reproductores y creadores de los modelos femeninos y masculinos, es decir, de lo que social y culturalmente es considerado adecuado del ser mujer y del ser hombre. En aspectos fundamentales de la vida social, la mayoría de la población no tiene un conocimiento directo por medio de su experiencia de cuestiones fundamentales ligadas a las construcciones de género y su imagen mental se va elaborando a través de los medios de comunicación.” 9

De tal forma que, derivado de todo lo descrito con anterioridad, es de suma importancia fortalecer el marco legal de nuestro país para la eliminación de estereotipos de género y de violencia contra las mujeres y niñas; específicamente en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que, en lo que respecta a los contenidos publicitarios destinados al público infantil, no se promuevan estas conductas que laceran los derechos, generan desigualdades y discriminación.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo Único. Se adiciona la fracción IX que modifica el artículo 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para quedar como sigue:

Artículo 246. En la publicidad destinada al público infantil no se permitirá:

I. a VIII. ...

IX. La reproducción de estereotipos de género y de violencia contra las mujeres y niñas.

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.ohchr.org/sp/issues/women/wrgs/pages/genderstereoty-pes.aspx

2 https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/-documentos/publicacio nes/2011/convenci%C3%B3n%20pdf.pdf?la=es

3 Ibídem.

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_140618. pdf

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_110-121.pdf

6 Ibídem.

7 Inmujeres (2007). El impacto de los estereotipos y los roles de género en México. Instituto Nacional de las Mujeres. México.

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100893.pdf

8: INE. Consulta Infantil y Juvenil 2018 (microdatos) niñas y niños entre 6 y 13 años.

9 https://www.deusto.es/cs/Satellite/deustoresearch/en/estereotipos-de-genero/doc umento

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.– Diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Es de vital importancia que el Estado mexicano asuma el compromiso de velar por los derechos humanos de sus ciudadanos, en particular del aquellos sectores de la población vulnerables, en particular por las niñas y niños desde su nacimiento y hasta los seis años de edad, con la finalidad de garantizarles vivir en un entorno que les permita un desarrollo integral en la etapa denominada primera infancia.

En este sentido la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha definido a la primera infancia, como un periodo que va del nacimiento a los ocho años de edad, y constituye un momento único del crecimiento en que el cerebro se desarrolla notablemente, durante esta etapa, los niños reciben una mayor influencia de sus entornos y contextos. 1 Durante este periodo de vida de las niñas y los niños, lo que sucede en su entorno es determinante para su desarrollo cognitivo, social, y emocional; influyendo en su capacidad de aprender, resolver problemas y principalmente su capacidad de relacionarse con los demás y de adaptación. 2

Ante esta situación, y en concordancia a las reformas en materia de derechos humanos emprendidas desde 2011, en la Ley Fundamental se plasmó que el Estado velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, con ello, en 2014, se promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual establece la responsabilidad del Estado mexicano no sólo como garante del pleno ejercicio de los derechos de menores, sino como agente promotor de su respeto y protección en los casos en que sean vulnerados. 3

Asimismo, para su debido cumplimiento, este tema se ha priorizado junto con diversas organizaciones no gubernamentales, en especial los relativos a la primera infancia en situación de vulnerabilidad, los casos de desplazamiento forzado, abandono, maltrato físico y sicológico, abuso sexual, explotación laboral, entre otros.

Por desgracia, en nuestro país aún es evidente la existencia de millones de niñas y niños que están privados de los elementos que fomenten su óptimo desarrollo en su primera infancia, tal y como ocurrió con la reducción y eliminación por parte de la actual administración a diversos programas sociales, como Prospera y estancias infantiles, al grado de que el titular del Ejecutivo federal, en un acto de vulneración a los derechos de la infancia de las niñas y niños, expresó que los pequeños sean cuidados por los hermanos mayores, por los tíos, abuelos o hasta por una amistad o vecina, en lugar de una estancia o guardería que cuenta con profesionales en el desarrollo de las capacidades cognitivas de las niñas y niños, entregado los recursos destinados a tal efecto, de manera directa a las madres de los niños para que hagan con esos recursos lo que deseen.

Con este tipo de medidas, lo que está ocurriendo en el país es un incremento en niñas y niños que no reciben los alimentos nutritivos, ni servicios de salud, están desprotegidos, expuestos al estrés y a la contaminación, y lo principal, el gobierno los priva de la estimulación positiva, perdiendo así oportunidades de aprender. Es conocido que las experiencias negativas pueden alterar las conexiones neuronales en el cerebro de un bebé, ocasionando repercusiones en la capacidad de crecimiento y de aprendizaje. 4

La mayoría de las niñas y niños que no disfruta de su primera infancia provienen de las comunidades más pobres, este sector de la población corren el riesgo de tener un desarrollo deficiente debido a la pobreza extrema y al retraso en el crecimiento. 5 No olvidemos, que la pobreza como factor asociado a los riesgos como enfermedades, desnutrición, un saneamiento deficiente y prácticas parentales hostiles, tienden a dificultar el desarrollo del infante. 6

Por tal motivo, es fundamental recordar que son principios rectores y orientadores de la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, entre otros, el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, y el acceso a una vida libre de violencia; la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de la niñez; el interés superior de la niñez; la no discriminación y la inclusión de los niños; la interculturalidad y la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades.

Por lo que, durante la etapa de la vida denominada “primera infancia”, es imperante que las niñas y niño sean atendidos por profesionales en primera infancia quienes, continuarán y fortalecerán la tarea de cimentar las bases del desarrollo y aprendizaje del pequeño. 7 Refuercen la estimulación con amor, juegos, comunicación, canciones y lecturas durante los primeros años de vida, ya que dicha labor a lo largo tendrá una importante función neurológica, debido a que dichas interacciones contribuirán a enriquecer su desarrollo cognitivo, físico, social y emocional. 8

Por ello, es trascendental que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinen para adoptar las medidas necesarias para cumplimentar los derechos de la infancia de nuestro país sin discriminación de ningún tipo o condición.

Nuestro país, como Estado mexicano, se ha comprometido en diversos foros e instrumentos internacionales a lograr las metas para el desarrollo del niño en la primera infancia, contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, con las medidas implementadas por el gobierno en turno, México está incumpliendo en garantizar un desarrollo pleno a las niñas y niños en la primera infancia, es decir, este sector de la población no tiene un lugar prioritario en sus planes políticos y económicos.

Entre los objetivos planteados por la Unesco, están: Invertir urgentemente en servicios para garantizar a los niños de corta edad, en particular a los más necesitados, un comienzo favorable en la vida; Ampliar el acceso a servicios eficaces y esenciales de desarrollo en la primera infancia en los hogares, las escuelas, las comunidades y las clínicas de salud; Velar por que las políticas en materia de desarrollo en la primera infancia favorables a las familias sean una prioridad nacional y un imperativo del sector privado; Brindar un liderazgo especialmente orientado a los programas de desarrollo en la primera infancia y coordinar las iniciativas con mayor eficacia, en todos los sectores; Fomentar la demanda de servicios de calidad para el desarrollo del niño en la primera infancia; Los padres y cuidadores son el factor más importante para dar a los niños el mejor comienzo posible en la vida.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una gran oportunidad de vincular el desarrollo en la primera infancia con los esfuerzos por conseguir la equidad, la productividad, la prosperidad y el crecimiento sostenible. Estos objetivos incluyen metas relacionadas con la malnutrición, la mortalidad infantil y la violencia, en torno a las cuales se esboza un ambicioso programa para el desarrollo del niño en la primera infancia, por lo que es urgente y significativo que el Estado mexicano comience a dar cumplimiento a estos lineamientos.

Fuente. Unesco, La primera infancia importa para cada niño, disponible en https://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNI-CEF_Early_Moments_Matter_ for_Every_Child_Sp.pdff

Por ello, el objetivo principal de la presente iniciativa es la constitucionalización del derecho a la primera infancia, es preciso señalar que una de las condición de esta medida, es la adecuación de este postulado con el principio del interés superior de la niñez, para evitar confusión o contraposición, ya que es entendido en sentido amplio, como la acción mediante la cual, el Estado está obligado a la protección y a garantizar los derechos de las niñas y niños desde su nacimiento.

Resulta fundamental asentar en la ley fundamental, la obligación del Estado de proteger el ejercicio de los derechos fundamentales brindándolos a cualquier manejo o manipulación política. Por ello, es indispensable establecer en la Constitución, en el párrafo noveno del artículo 4o., que el Estado, además de velar y garantizar el interés superior de la niñez, “esté pondrá énfasis en la primera infancia desde su nacimiento hasta su periodo escolar, transitando por los primeros años de vida y preescolar. El Estado coadyuvará e implementará las medidas y condiciones especiales que garanticen a las niñas y niños el goce de la primera infancia. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

Es oportuno, mencionar que el estado de Tlaxcala es un ejemplo de vanguardia en este tema, ya que en el año de 2018, reformó su Constitución, para plasmar el derecho de las autoridades estatales de velar por el derecho de primera infancia, 9 siendo la entidad federativa que sienta las bases para expandir este derecho a todo el territorio nacional, para lograr tal objetivo es indispensable reformar nuestra Carta Magna.

Al alcanzar la constitucionalidad del principio del derecho a la primera infancia, se fomentará la creación de políticas, programas estrategias y normas, las cuales garantizaran la prestación mínima de los recursos y servicios vitales para que desde la gestación del ser humano se establezca una equidad social que forje desde los más pequeños de la sociedad el progreso de una nación, ya que al impedirles su correcto desarrollo, el Estado estará obstaculizando sus oportunidades para el futuro. Esta situación supone un freno para el crecimiento económico y es una carga para los sistemas de educación, salud y bienestar. Asimismo, genera ciclos de privación y dependencia que pueden perdurar durante generaciones. 10

Por todo lo anteriormente expresado, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados, el proyecto de:

Decreto por el que se reforma el párrafo noveno al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el párrafo noveno al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

...

...

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado, además de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, deberá garantizar el desarrollo pleno de la primera infancia en los términos que señale la ley. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. El Estado coadyuvará e implementará las medidas y condiciones especiales destinadas a asegurar el goce de la primera infancia. Los derechos de los niños prevalecerán sobre los derechos de los demás.

...

...

...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, en un plazo de 90 días, realizará las adecuaciones necesarias a la legislación en materia de derechos de las niñas y niños, a fin de dar cumplimiento pleno a lo establecido en el presente decreto.

Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México armonizarán su marco constitucional a lo plasmado en este decreto, en un plazo de 180 días.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los congresos locales y la Legislatura de la Ciudad de México establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto.

Notas

1 Unesco, “La atención y educación de la primera infancia”, disponible en

https://es.unesco.org/themes/atencion-educacion-primera-infancia

2 El periodo comprendido entre la concepción y el inicio de la educación escolar brinda una oportunidad decisiva y única de influir en el desarrollo del cerebro de los niños. Unesco, La primera infancia importa para cada niño, Septiembre 2017, disponible en

https://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEF_Early_M oments_Matter_for_Every_Child_Sp.pdff

3 Cámara de Diputados, Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_040619. pdf

4 Britto, Pia R., “Nurturing Care: Promoting early childhood development”, The Lancet, n.º 10064, enero de 2017, pp. 91 - 102

5 Black, Maureen M., et al., “Early Childhood Development Coming of Age: Science through the life course”, The Lancet, n.º 16, 4 de octubre de 2016, p. 4.

6 Tanner, Jeffery C., “Later Impacts of Early Childhood Interventions: A systematic review”, Banco Mundial, Washington, DC, 2015, pp. 38 - 41.

7 Britto, Pia R., “Nurturing Care: Promoting early childhood development”, The Lancet, n.º 10064, enero de 2017, pp. 91 - 102

8 Milteer, Regina M., “The Importance of Play in Promoting Healthy Child Development and Maintaining Strong Parent-Child Bond: Focus on children in poverty,” Academia Americana de Pediatría, vol. 1129, n.º 1, enero de 2012, pp. 183 - 191

9 LXIII Legislatura, Congreso de Tlaxcala, “Etiqueta: Primera Infancia”, disponible en

https://congresodetlaxcala.gob.mx/tag/primera-infancia/

10 Durante este periodo de la vida, el cerebro crece con asombrosa rapidez, las conexiones se forman a una velocidad que no volverá a repetirse en la vida, lo que determina y afecta profundamente el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño, influyendo en su capacidad para aprender, resolver problemas y relacionarse con los demás. Esto influye a su vez en la propia vida de los adultos, al repercutir en su capacidad para ganarse la vida y realizar una contribución a la sociedad en la que viven e incluso afecta su felicidad en el futuro. Shonkoff, Jack P., “The Lifelong Effects of Early Childhood Adversity and Toxic Stress”, Pediatrics, n.º 1, enero de 2012, pp. 232 246

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.– Diputada Anilú Ingram Vallines (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Carlos Iván Ayala Bobadilla, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de los siguientes

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4° que, toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.

Que el SARS-Cov2 apareció en China en diciembre pasado provocando una enfermedad llamada Covid-19. Es un nuevo virus que se ha extendido a más de cien países en Asia, Europa, América, África y Medio Oriente.

Que en México, la Secretaría de Salud Federal anunció el año pasado en el mes de febrero, el primer caso de SARS-Cov2 (Covid-19) en la Ciudad de México con antecedente de viaje a Italia.

Que ante la situación de salud pública que se presenta por el aumento en los niveles de propagación del Covid-19, la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado en el que reconoció al brote de enfermedad por el virus SARS-Cov2 (Covid-19) como una pandemia, debido a los elevados niveles de propagación y gravedad.

Que para evitar la propagación masiva del SARS-Cov2 (Covid-19), la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció en marzo del año pasado, el cierre obligatorio de establecimientos y recintos que propician la aglomeración de personas, entre los que se encuentran: cines, teatros, museos, iglesias, deportivos, entre otros.

Que en el mismo mes de marzo del año 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el SARS-Cov2 (Covid-19). 1

Que debido al brote de Covid-19 en la Ciudad de México, distintos sectores de la población de la capital del país se han visto afectados económicamente.

Que con la pandemia Covid-19 la venta de vivienda en las principales ciudades del país se ha visto afectada por la pérdida de empleos y el impacto económico, lo que ha obligado a las familias a rentar.

Que la vivienda es un bien necesario y tangible para el ser humano, y es también un impulsor de crecimiento económico y del mercado interno del país, hoy en día se revalora su función como la más social de las infraestructuras y un lugar en donde sentirnos seguros.

Que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), cuenta con el programa social Arrendavit, que tiene como objetivo que los trabajadores que no cuentan con un crédito, puedan disponer de una vivienda cómoda o puedan pagar una renta accesible, mientras tanto avanza el tiempo para que dicho trabajador pueda comprarla.

Que, en términos generales, el Arrendavit es un servicio que permite rentar una casa en un conjunto habitacional participante, utilizando el saldo de la Subcuenta de Vivienda que funja como aval y garantía de pago mediante descuento de la renta del salario de nómina, sin perder tu derecho al crédito hipotecario.

Que el programa Arrendavit es una de las opciones más nuevas que ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para todos sus derechohabientes, entendiendo las necesidades laborales de ciertas personas que por la naturaleza de su trabajo, estilo de vida o simple decisión personal; no desean adquirir una vivienda, el Instituto les da la opción de rentar una casa-habitación o departamento utilizando su crédito del Infonavit. 2

Que ante dicha crisis sanitaria, es necesario que el Gobierno Mexicano, ponga en marcha un plan emergente que ayude a los mexicanos a soportar las cargas económicas debido a la falta de empleo ocasionado por la contingencia, para lo cual, se propone que las personas puedan utilizar sus recursos de la subcuenta de vivienda del Infonavit para el pago de renta de su vivienda, o en su defecto, que sea directamente el Instituto quien pague esa renta, por los siguientes:

Desde siempre, tener una vivienda es una condición indispensable para sobrevivir y desarrollarse como ser humano en términos de seguridad, autonomía e independencia. El derecho a la vivienda pretende dar satisfacción a la necesidad que tiene toda persona de tener un lugar adecuado para vivir. Es considerado como un derecho inalienable al individuo. Es concebido también como el resguardo del ser humano y de su familia que actúa como plataforma para su desenvolvimiento e influye en su progreso individual y colectivo.

La violación del derecho a la vivienda, amenaza por ejemplo al derecho a la integridad física y mental, como cuando se vive ante la imposibilidad de cubrir la renta de un alquiler; vulnera también el derecho al trabajo; pone en riesgo el derecho a la salud, a la educación y al libre desarrollo de las personas, los cuales son imposibles de ejercer en espacios hacinados sin condiciones mínimas de habitabilidad.

La estrategia mundial de la vivienda, preparada por la ONU, define vivienda adecuada como “un lugar para poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación, adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”.

Según consideraciones del Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 3 para que una vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo siete criterios, tales como

• Seguridad de su tenencia;

• Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, o bien, que cuente con agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de residuos:

• Asequibilidad, en el entendido que permita el disfrute otros Derechos Humanos;

• Habitabilidad, que garantice la seguridad física, proporcione espacio suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales;

• Accesibilidad, o más bien, considere las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados;

• Ubicación, que ofrezca acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales y no esté ubicada en zonas contaminadas o peligrosas; y, por último; y

• Adecuación cultural, pues debe respetar la expresión de la identidad cultural.

Si bien es cierto que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 en el artículo 4o., párrafo séptimo, se reconoce el derecho a las familias a disfrutar de una vivienda digna y decorosa y remite a ley secundaria establecer los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar este objetivo, no menos cierto es que nuestra legislación adolece de diversas inconsistencias que impiden calificar el derecho a la vivienda en México como un Derecho Humano y mucho menos, se puede afirmar que es un derecho fundamental para todos los mexicanos.

Según el Reporte anual de vivienda 2019, 5 emitido por el Infonavit, la situación de la vivienda en México es la siguiente:

La vivienda representa generalmente el componente más significativo del patrimonio de las familias, por lo que su adquisición, construcción o remodelación suele requerir de un esfuerzo financiero importante por parte de los hogares, quienes hacen uso de distintas fuentes de recursos, como son el ahorro que los hogares hayan acumulado y el crédito hipotecario que les otorgue el sistema financiero. El crédito hipotecario es la fuente de financiamiento más importante para la adquisición de vivienda.

Actualmente, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, señala que los trabajadores tienen derecho a elegir su vivienda, ya sea nueva o usada, para lo cual pueden destinar los recursos de la subcuenta de vivienda para que se aplique al pago del crédito solicitado, conforme a lo siguiente:

...

Artículo 41. El trabajador tendrá el derecho de elegir la vivienda nueva o usada, a la que se aplique el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda, misma que podrá o no ser parte de conjuntos habitacionales financiados con recursos de dicho Fondo.

Artículo 42. Los recursos del Instituto se destinarán

I. En línea uno al financiamiento de la construcción de conjuntos de habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores, mediante créditos que les otorgue el Instituto. Estos financiamientos sólo se concederán por concurso, tratándose de programas habitacionales aprobados por el Instituto y que se ajusten a las disposiciones aplicables en materia de construcción.

...

II. Al otorgamiento de créditos a los trabajadores que sean titulares de depósitos constituidos a su favor en el Instituto:

a) En línea dos a la adquisición en propiedad de habitaciones;

b) En línea tres a la construcción de vivienda;

c) En línea cuatro a la reparación, ampliación o mejoras de habitaciones; y

d) En línea cinco al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores.

...

III. Al pago de capital e intereses de las subcuentas de vivienda de los trabajadores en los términos de ley;

IV. A cubrir los gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto;

V. A la inversión de inmuebles destinados a sus oficinas, y de muebles estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines.

VI. A las demás erogaciones relacionadas con su objeto.

...

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es una institución tripartita en México, que cuenta con la participación del sector de los trabajadores, el sector empresarial y el gobierno.

Los participantes más importantes en el mercado financiero para ofrecer crédito hipotecario son los bancos comerciales y los organismos nacionales de vivienda, como el Infonavit o el Fovissste. Claramente, el Infonavit posee una participación importante en el mercado hipotecario y sus acciones ejercen una influencia relevante en el mercado de la vivienda, no obstante, el origen de crédito del Instituto se encuentra enfocada particularmente en la población de menores ingresos. En contraste, los bancos comerciales poseen una participación mucho mayor en el crédito otorgado a hogares con niveles de ingreso medio y alto. 6

Al cierre del segundo trimestre de 2019, el Infonavit era la institución que acumulaba mayor saldo de la cartera hipotecaria, con un monto de mil 458.3 miles de millones de pesos, seguido por el conjunto de los bancos comerciales con un saldo de 882.1 miles de millones de pesos. Entre 2014 y 2019, el crecimiento real del saldo de la cartera hipotecaria alcanzó un promedio de 4.5 por ciento anual, lo que destacó un crecimiento promedio del crédito otorgado por la banca comercial de 5.3 anual. 7

Fuente: Banco de México e Infonavit.

Los recursos de la subcuenta de vivienda, son ahorros de los trabajadores como resultado de su esfuerzo de su vida laboral y, por su importancia, cada trabajador debe participar en la toma de decisiones respecto al destino de los recursos. Es el medio previsto en los sistemas de seguridad social para garantizar un ingreso al trabajador y su familia ante eventos imprevistos y situaciones naturales que ocurren en la vida.

Actualmente, la pandemia por coronavirus ha causado distintos estragos en México y en muchas partes del mundo. En nuestro país, el Gobierno Mexicano declaró el 30 de marzo una emergencia sanitaria, por lo que se exhortó a que se interrumpieran las actividades consideradas no esenciales, y esto ha provocado un fuerte impacto en la economía nacional, pues entre otras cuestiones mucha gente se ha quedado sin empleo.

La pandemia no solo ha tenido como consecuencia el confinamiento, sino un duro golpe a la economía de gran parte de los ciudadanos del país y quienes viven hoy en día una difícil y complicada situación al buscar mantener la seguridad laboral de los trabajadores.

Actualmente la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en sus artículos 41y 42, regulan como una opción de rescate para las personas que no cuentan con una vivienda, a ocupar sus recursos de la subcuenta de vivienda para elegir una vivienda nueva o usada, para construcción reparación, ampliación o mejoras de habitaciones; sin embargo, dentro de estas modalidades no permite a los trabajadores ocupar sus recursos para el pago de la renta de vivienda por circunstancias de “suspensión de actividades laborales por caso fortuito, fuerza mayor o alguna contingencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, o en su defecto, que sea el propio Fondo Nacional de la Vivienda, quien pague directamente a las arrendadoras”, previo convenios de colaboración con el objetivo de celebrar alianzas estratégicas en beneficio de los trabajadores.

Hoy, México vive una situación de crisis económica a causa de la pandemia del COVID-19 que ha dejado a varios trabajadores indefensos, como, por ejemplo; reciben la mitad de su sueldo, o en su defecto, no reciben retribución alguna debido a que las empresas en las cuales trabajan permanecen cerradas por la misma situación por no generara ganancias, y peor aún, quedan totalmente desempleados.

Como se puede observar, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no contempla la opción de retiro de recursos cuando derive de una necesidad de caso fortuito, fuerza mayor o emergencia para los trabajadores.

Por lo expuesto surge la necesidad de reformar el artículo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el propósito de incorporar el fundamento legal que permita a los trabajadores utilizar sus recursos de la subcuenta de vivienda para destinarlos al pago de la renta de vivienda por circunstancias de suspensión de actividades laborales por caso fortuito, fuerza mayor o alguna contingencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, o en su defecto, que sea el propio Fondo Nacional de la Vivienda, quien pague directamente a las arrendadoras y con ello apoyarlos en su economía por causas ajenas a ellos.

Para esto, también puede ser viable que el pago de la renta se descuente vía nómina del trabajador y pueda fungir como garantía en caso de incumplimiento de pago ante el arrendatario.

Por todo lo expuesto y, ante esta expectativa, es que se hace necesario una reforma en materia de vivienda partiendo de su concepción como derecho humano de todos los mexicanos, por ello, el propósito de la presente iniciativa, va enfocada a apoyarlos en situaciones de emergencia, pero también que estos recursos se encuentren respaldados para un fin social cuando surja la necesidad, es decir, que los recursos de la Subcuenta de Vivienda puedan destinarlos al pago de la renta de vivienda por circunstancias de suspensión de actividades laborales por caso fortuito, fuerza mayor o alguna contingencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, o en su defecto, que sea el propio Fondo Nacional de la Vivienda, quien pague directamente a las arrendadoras, con la finalidad de generan alianzas cuando surjan este tipo de necesidades, lo cual sería clave para lograr un incentivo en el ahorro de los trabajadores a largo plazo y lograr un ingreso mínimo vital mientras dure la emergencia. Además, orientar nuestros esfuerzos para que a partir del reconocimiento como derecho fundamental se replanteen los instrumentos, mecanismos y apoyos que garanticen el derecho humano a una vivienda adecuada.

Por los argumentos expuestos, es dable señalar que, se requiere reformar el artículo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para quedar como sigue:

Con esta modificación de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se dará píe para armonizar diferentes ordenamientos jurídicos y crear alianzas estratégicas en beneficios de los trabajadores que pierdan su empleo por causas ajenas a ellos, además de que exista una vinculación entre las autoridades competentes, como el Fondo Nacional de la Vivienda y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con la intención de mantener el estatus ineludible en beneficio de los trabajadores.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción VI, y se recorre la subsecuente, al artículo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Único. Se adiciona la fracción VI al artículo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 42. Los recursos del Instituto se destinarán:

I. a V. ...

VI. Al pago de la renta de vivienda por circunstancias de suspensión de actividades laborales por caso fortuito, fuerza mayor o alguna contingencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, o en su defecto, que sea el propio Fondo Nacional de la Vivienda, quien pague directamente a las arrendadoras.

VII. ...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades competentes deberán adecuar su marco jurídico regulatorio en términos de lo establecido en el presente decreto dentro de un plazo máximo de ciento ochenta días a partir de su entrada en vigor.

Notas

1 Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas por implantar para mitigar y controlar los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el SARS-Cov2 (Covid-19).

2 https://micreditoinfonavit.com/tipos-de-credito/arrendavit/

3 ACNUDH, ONU Hábitat. El derecho a una vivienda adecuada, Ginebra, ONU, 2010.

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5 Reporte anual de vivienda 2019, Infonavit.

6 https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/6a22332f-f9fe-4f17-8d93-9efc9 59086b2/ReporteAnualVivienda2019.pdf?MOD= AJPERES&CVID=mW5tCKM

7 Reporte anual de vivienda 2019, Infonavit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.– Diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal María de los Ángeles Ayala Díaz, y las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 77; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 156; y se adicionan el numeral 6 del artículo 138, el numeral 3 del artículo 139 y, los numerales 6 y 7 del artículo 278, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

La emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 ha trastocado la forma de vida de la población a nivel mundial. Han cambiado las costumbres, la manera de impartir la educación, el mercado laboral, la convivencia social. Pero particularmente la salud y economía a nivel global se han visto seriamente dañadas.

Nuestro país no es la excepción. Actualmente en México existe una evidente lentitud en el avance del proceso de vacunación, así como el agravamiento de los contagios de Covid-19, lo que sin duda extenderá a más entidades el freno de la economía.

Según el reporte técnico de la Secretaría de Salud presentado el 25 de enero de 2021, el número de casos positivos confirmados por día fue de 8 mil 521; el número de defunciones confirmadas por día por Covid-19 fue de 659; el número total de casos positivos confirmados fue de 1 millón 771 mil 740 y; el total de defunciones confirmadas en México por Covid-19 fue de 150 mil 273.

Por otro lado, según el Inegi, el Índice Global de la Actividad Económica de México (IGAE) registró en el onceavo mes de 2020 un incremento de 0.9 por ciento en su comparación mensual, lo que fue su menor alza desde junio. A tasa anual, el IGAE registró un descenso de 3.5 por ciento, y con ello acumuló 17 meses en terreno negativo.

En este contexto, la falta de una estrategia clara para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social, por parte del gobierno federal, ha provocado que el confinamiento social se siga extendiendo, y que las empresas y negocios que no son considerados como esenciales se mantengan cerrados.

En este escenario de emergencia sanitaria, están por celebrarse las próximas elecciones el 6 de junio de 2021. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), se renovará la Cámara de Diputados; 15 gubernaturas; 30 congresos locales; mil 900 ayuntamientos y juntas municipales; se prevé la participación de 94 millones 800 mil ciudadanas y ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, para lo que será necesaria la instalación de 161 mil casillas y la contratación de más de 50 mil Supervisores y Capacitadores Electorales.

Sin embargo, en medio de la emergencia de salud y de crisis económica y social, el INE ha tenido que instrumentar diversas medidas extraordinarias encaminadas, principalmente, a facilitar a las ciudadanas y ciudadanos con credenciales para votar vencidas que puedan participar en las elecciones. De esta manera el órgano responsable de organizar las elecciones, busca subsanar los efectos que ha tenido la pandemia ocasionada por el Covid-19 en los procedimientos y tramites que los electores tienen que cumplir para estar en condiciones de emitir su voto en las elecciones de 2021.

De acuerdo al comunicado de prensa número 179 publicado por el INE, el 30 de julio de 2020, 1 el Consejo General del INE aprobó que las credenciales para votar que pierden vigencia el primero de enero de 2021, podrán ser utilizadas en las elecciones ordinarias o, en su caso, extraordinarias, que se celebren con motivo de los procesos electorales federal y locales 2020-2021.

En ese sentido, las credenciales para votar que estén en el supuesto referido deberán ser excluidas del padrón electoral y de la lista nominal de electores, el día siguiente de la celebración de comicios del domingo 6 de junio de 2021, o los extraordinarios que en su caso se deriven.

De acuerdo al corte del padrón electoral al 30 de junio de 2020, con esta medida se pretende garantizar el voto y derecho a identificación de 4 millones 565 mil 942 ciudadanas y ciudadanos cuya credencial perderá vigencia el día primero de enero de 2021.

Además, las consejeras y consejeros electorales determinaron por unanimidad ampliar los plazos de la campaña de actualización de la credencial para votar. Aparte de cumplir con regularidad las actividades de actualización del padrón electoral y la lista nominal antes de cada proceso electoral, para garantizar el derecho a votar al mayor número de ciudadanas y ciudadanos, en esta ocasión, considerando los efectos que ha tenido la pandemia ocasionada por el Covid-19, proponen modificaciones en los plazos de actualización de la credencial para votar e inscripción al Padrón Electoral.

Los plazos definidos por los consejeros del INE quedaron de la siguiente manera: para los casos de inscripción al padrón electoral y actualización de datos de la credencial para votar, el plazo concluirá, en vez del 15 de diciembre como se tenía previsto, hasta el 10 de febrero; mientras que para el caso de reposición o reimpresión por robo o extravío sin cambio de datos será hasta el 25 de mayo. Además, los ciudadanos podrán recoger su credencial para votar por actualización o inscripción hasta el 10 de abril, y por reposición sin cambio de datos hasta el 4 de junio.

Como se puede observar, si bien es cierto que el Consejo General del INE llegó a estos acuerdos para modificar los plazos y garantizar el derecho a votar al mayor número de ciudadanas y ciudadanos, también lo es que este tipo de medidas en un escenario de emergencia sanitaria o de pandemia no está previsto en la legislación vigente.

Es evidente que la magnitud de la crisis en diferentes vertientes por la que está atravesando el país, ha rebasado las herramientas y los recursos de todo tipo que se tenían disponibles para cumplir con las políticas y programas dirigidas a la población. De ahí la importancia de una reacción inmediata y de instrumentar medidas y estrategias que hagan frente y mitiguen los efectos de la crisis. Y precisamente uno de los elementos que se han visto superados es la legislación en diversas materias. Sin duda, la emergencia sanitaria ha mostrado que se requiere revisar y actualizar la legislación que regula diferentes ámbitos.

Y una de esas materias es la electoral; por ello las acciones que está implementando el INE para permitir que las y los ciudadanos emitan su voto en las próximas elecciones, a pesar de los efectos de la pandemia, son pertinentes y resultan necesarias a pesar de no estar previstas de manera expresa en la legislación electoral, toda vez que se está buscando garantizar el derecho de las y los ciudadanos a participar en las elecciones con su voto.

Es por ello que a través de la presente iniciativa se busca darle permanencia en la ley a este tipo de acciones y estrategias, tomando en consideración un escenario de emergencia sanitaria. En este sentido, la iniciativa propone que aquellos ciudadanos cuya credencial para votar haya perdido su vigencia durante una emergencia sanitaria, se les permita emitir su voto. Y se especifica que las credenciales para votar de esos ciudadanos deberán ser excluidas del padrón electoral y de la lista nominal de electores, el día siguiente de la celebración de las elecciones o los extraordinarios que en su caso se deriven.

También propone que los plazos para actualizar y solicitar la inscripción en el padrón electoral, sean ampliados el tiempo necesario cuando se realicen elecciones en situaciones de emergencia sanitaria o pandemia. Además, para el caso de reposición de la credencial para votar, cuando se haya extraviado, haya sido robada o sufrido deterioro grave, también se plantea que el plazo referido en la ley sea ampliado el tiempo necesario en un escenario de elecciones que se celebren en una emergencia sanitaria.

De esta manera se incorporan en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, disposiciones legales que buscan contribuir a darle certeza jurídica a procedimientos que no estaban previstos en un escenario de emergencia sanitaria. Y que, como lo muestran los hechos, no requirieron de la demanda de recursos adicionales por parte del INE para su instrumentación.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma el numeral 3 del artículo 156; y se adicionan el numeral 6 del artículo 138, el numeral 3 del artículo 139 y, los numerales 6 y 7 del artículo 278, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Único. Se reforma el numeral 3 del artículo 156; y se adicionan el numeral 6 del artículo 138, el numeral 3 del artículo 139 y, los numerales 6 y 7 del artículo 278, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 138.

1. a 5. ...

6. El plazo para actualizar el padrón electoral referido en el primer párrafo del presente artículo, será ampliado el tiempo necesario cuando se realicen elecciones en situaciones de emergencia sanitaria o pandemia.

Artículo139.

1. a 2. ...

3. Los plazos para solicitar la inscripción en el padrón electoral referidos en el presente artículo, serán ampliados el tiempo necesario cuando se realicen elecciones en situaciones de emergencia sanitaria o pandemia.

Artículo 156.

1 a 2...

3. A más tardar el último día de enero del año en que se celebren las elecciones, los ciudadanos cuya credencial para votar hubiera sido extraviada, robada o sufrido deterioro grave, deberán solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio. El plazo referido en el presente párrafo será ampliado el tiempo necesario cuando las elecciones se celebren en situaciones de emergencia sanitaria o pandemia.

4. a 5. ...

Artículo 278.

1. a 5. ...

6. En el caso de procesos electorales federal y locales que se celebren en situaciones de emergencia sanitaria o pandemia, los presidentes de casilla permitirán emitir su voto a aquellos ciudadanos cuya credencial para votar haya perdido su vigencia durante la emergencia sanitaria.

7. En el caso referido en el párrafo anterior, las credenciales para votar que estén en ese supuesto deberán ser excluidas del padrón electoral y de la lista nominal de electores, el día siguiente de la celebración de las elecciones o los extraordinarios que en su caso se deriven.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Nacional Electoral realizara las adecuaciones reglamentarias necesarias a más tardar a los 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. El Instituto Nacional Electoral emitirá, en su caso, los lineamientos generales correspondientes para el cumplimiento de lo previsto en el presente decreto, a más tardar a los 90 días posteriores a la entrada en vigor de éste.

Nota

1 Consultado en:

https://centralelectoral.ine.mx/2020/07/30/amplia-ine-vigencia-c redenciales-usadas-las-elecciones-2021/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.– Diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Nohemí Alemán Hernández, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Uno de los derechos fundamentales que toda persona tiene derecho a ejercer es la libertad o derecho de petición. Dicho derecho se encuentra regulado por el artículo 8 de nuestra Constitución. Sin embargo, no es el único precepto legal que lo regula, es por eso que en este trabajo se hará un análisis sobre el artículo 8o. y de aquellos que también lo regulan. 1

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son tres los artículos que se ocupan de regular (o al menos mencionar) el derecho de petición. El primero y el más conocido de los dispositivos constitucionales es el 8o., que a la letra dice:

“ Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”

Se advierte que en la primera parte del texto constitucional exige únicamente respeto al derecho de petición de los gobernados, o de los ciudadanos mexicanos tratándose de materia política. Sin embargo, la segunda parte del artículo 8o. se ocupa del derecho de respuesta: una garantía otorgada al ciudadano en virtud de la cual se exige que la autoridad haga recaer un acuerdo escrito y que éste se dé a conocer en breve término al peticionario. Puede ya advertirse la dicotomía constitucional en relación con un derecho de petición y otro de respuesta. 2

En tal tesitura, es válido afirmar que existen dos instituciones distintas reguladas ambas en el artículo 8: el derecho de los habitantes de la República Mexicana a hacer una petición a las autoridades, y el derecho de los mismos a obtener una respuesta a sus peticiones. Ello conlleva dos obligaciones expresamente consignadas en el texto constitucional: por una parte, la obligación de las autoridades para respetar el ejercicio de tal derecho de petición, y por otra, la obligación de dar respuesta a las peticiones formuladas por los ciudadanos. 3

Los otros numerales se ocupan de definir, de manera accesoria, los límites y alcances de la institución en el sistema constitucional mexicano, pero sin contravenir o alterar los postulados del artículo 8o. sobre sus requisitos. En conclusión, en el texto constitucional se prevé la existencia de dos instituciones distintas: derecho de petición y derecho de respuesta. 4

El derecho de petición constituye uno de los derechos menos perfilados de la carta fundamental y con una construcción dogmática menos desarrollada, como asimismo, con una insuficiente regulación legal, la que solo se refiere a ámbitos parciales del mismo. 5

El legislador ha previsto la necesidad de garantizar el derecho de petición no solamente frente al poder público sino también ante los particulares, precisamente porque como derecho fundamental debe ser oponible a todos, incluso ante organismos internacionales, el derecho de petición se protege ante todas las instancias y se debe de garantizar a todas las personas.

En síntesis, la presente iniciativa propone reformar el artículo 8o. de la Constitución Mexicana para que el derecho de petición se pueda ejercer por vías electrónicas, a fin de prevenir contagios y ayudar al ambiente ya que reduce el uso de papel.

A nivel internacional, el concepto de derecho de petición se encuentra establecido en diversos tratados e instrumentos de los cuales el Estado mexicano es parte, como a continuación se menciona.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 24, dispone:

“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivos de interés general, ya sea en interés particular, y el de tener pronta resolución”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, en su artículo 25, dispone:

“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 23, establece:

“Derechos políticos.

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

[...]”.

Las disposiciones antes mencionadas en los tratados internacionales en materia del derecho de petición establecen obligaciones específicas para el Estado mexicano, es decir, en síntesis, se concluye que el derecho de petición se ha establecido en general como un poder ciudadano y que a través de su ejercicio, se permite la concreción y expresión y efectividad de otros derechos, de ahí su importancia y su ponderación como derecho fundamental.

Es entonces que avanzar en la accesibilidad del derecho humano de petición es avanzar en su progresividad, más aún en la nueva llamada “nueva normalidad”, impuesta por la reciente pandemia de Covid-19, ha obligado a adoptar una serie de medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, entre ellas, el confinamiento, la distanciación social y la utilización de herramientas electrónicas para la interacción, por lo que exige también nuevas formas de relación e interacción entre gobierno y sociedad, que garanticen, no sólo la continuidad, sino también, la progresividad de la protección a los derechos humanos, es por esto que derechos humanos tan básicos, como el de petición, deben de encontrar mecanismos de ejercicio y protección acordes con los tiempos que estamos viviendo actualmente.

Es por lo anterior que la presente Iniciativa propone que se reforme el primer párrafo del artículo 8o. de la Constitución, con el objeto de que se incorpore que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, pudiendo presentarse por cualquier medio idóneo, incluyendo medios de comunicación electrónica u otro medio similar y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república.

En Morena, sabemos que el derecho de petición es una fuerte herramienta para garantizar la participación ciudadana y la atención en forma rápida y oportuna de las solicitudes, reclamaciones, quejas, entre otros, planteadas por las personas con miras a la defensa del interés público o particular, lo cual guarda lealtad con el concepto de Estado democrático y participativo.

Fundamento Legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, pudiendo presentarse por cualquier medio idóneo, incluyendo medios de comunicación electrónica u otro medio similar y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república.

...

Ùnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Cienfuegos Salgado, David, El derecho de petición en México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004.

2 Ibidem

3 Cienfuegos Salgado, David, El derecho de petición en México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004.

4 Cienfuegos Salgado, David, El derecho de petición en México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004.

5 Nogueira Alcalá, Humberto, El derecho constitucional de petición y su insuficiente regulación legislativa, Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile, vol. 15, núm. 2, 2008, pp. 87-106

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.– Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica).»

«Iniciativa que expide la Ley Federal de Protección al Usuario Digital; y reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federales de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección al Usuario Digital; y que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y Federal de Protección al Consumidor, de conformidad con la siguiente

Durante la última década, millones de mexicanas y mexicanos se han conectado a internet tal y como lo revela el Censo 2020 al informar que el porcentaje de viviendas en México con acceso a este servicio se duplicó; pasando de un 21.3% a un 51.2% desde la última medición. Lo que se encuentra en sintonía con la tendencia global de incrementar la conexión digital, luego de haberse establecido el derecho humano fundamental del acceso a internet, por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerarse un medio por el cual las personas ejercen su derecho a la libertad de opinión y expresión.

Así pues, el acceso a internet es fundamental para que las personas obtengan información cada vez más asequible, permitiéndoles hacer valer sus derechos, ejecutar sus obligaciones y participar en debates públicos sobre temas de interés general. Por ello, se reconoce que México fue pionero en actualizar desde 2013 su marco constitucional, al reconocer el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluidos la banda ancha y el internet, como derecho.

En ese sentido, la reforma constitucional en cuestión fue acompañada con una serie de regulaciones en materia de competencia económica y protección de datos personales en posesión de los particulares, además de radiodifusión y telecomunicación, en aras de construir un marco regulatorio para un entorno digital y globalizado. Con ello, se considera que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios de interés general, por lo que el Estado debe garantizar que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad y con acceso libre, garantizando el resto de derechos consagrados en nuestra Constitución.

Por lo tanto el internet, como un conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones en todo el mundo e interconectadas entre sí, y que proporciona los servicios de comunicación ya mencionados, es considerado como un bien de interés público o común dada su relevancia, al igual que el espectro radioeléctrico y orbital. Requiriendo con ello que el Estado, de acuerdo con su razón de ser y velando por completo para con el bien común y respetando su naturaleza, ajuste sus normas jurídicas a la situación real de las circunstancias para preservar y enriquecer los beneficios que brinda a la sociedad.

En consecuencia, se concluye la legitimidad que tiene todo marco jurídico que busque regular este tipo de bienes, así como su uso y explotación, buscando maximizar el bienestar social, considerando las cada vez más crecientes herra-mientas y actividades que se pueden desarrollar en el internet.

Por ejemplo, en la actualidad se programan plataformas con diversos propósitos públicos, privados, de comunicación y económicos, entre los que destacan la redes sociales, los servicios de entretenimiento y los servicios de comercio electrónico. Confluyendo en ellos intermediarios y usuarios, como un símil de alguna actividad social cotidiana, y que realizan actividades de intercambio como transacciones monetarias y transferencia de contenidos que merecen propiedad intelectual y publicidad; mismas que se les reconoce como acreedoras de regulación jurídica por tener la necesidad de garantizar los derechos de todos los participantes e integrantes de una comunidad.

Por lo tanto, quienes hacen uso del internet, mejor conocidos como usuarios digitales, resultan ser agentes con derechos reconocidos e irrenunciables de acuerdo a nuestra Constitución. Lo anterior obligando al Estado mexicano a que vele por los derechos de los usuarios digitales, procurando la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre éstos y las plataformas y servicios digitales, sean públicas o privadas, sobre cualquier término y condición que estas últimas hayan establecido unilateralmente para ofrecer sus actividades.

Siendo principios básicos que debe considerar la regulación que tome el Estado en las relaciones entre usuarios y servicios digitales los siguientes:

I. La protección de la vida, salud y seguridad de los usuarios contra los riesgos provocados por prácticas y servicios considerados peligrosos o nocivos;

II. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los servicios;

III. La información adecuada y clara sobre los diferentes servicios, así como sobre la contraprestación y riesgos que representen;

IV. La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos;

V. El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, garantizando la protección jurídica, económica, administrativa y técnica a los usuarios;

VI. El otorgamiento de información y de facilidades a los usuarios para la defensa de sus derechos;

VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de servicios.

VIII. La real y efectiva protección al usuario y sus datos en las transacciones efectuadas a través del uso de cualquier medio o plataforma;

IX. El respeto a los derechos, intimidad y esfera privada de los usuarios.

X. La protección de los derechos de usuarios vulnerables, y

XI. Los derechos y libertades consagrados en la Constitución, tratados y leyes vigentes.

Así pues, con el marco normativo que se establece en la presente propuesta de reformas y adiciones legales, se busca actualizar lo relacionado al entorno digital con miras a proteger los derechos de sus usuarios a fin de clarificar jurídicamente cómo deben entenderse la libertad de expresión, la protección de los datos personales, el impulso a la innovación y emprendimiento; así como los derechos que tienen los usuarios al hacer uso de servicios y contenidos digitales. Más aún en un contexto en el que son pocas las plataformas y servicios digitales quienes concentran la mayor cantidad de usuarios de internet.

Lo anterior considerando que, en cumplimiento con las normas de derechos humanos, las plataformas de internet deben respetar las leyes de los países en los que operan al establecer sus propias normas sobre la expresiones y actuaciones permitidas. Subsanando así, un vacío legal que tiene como resultado el que las empresas digitales tomen decisiones que influyan hasta en quién tiene la capacidad de hablar o comerciar, así como del contenido que puede compartirse en su plataforma; tal y como sucedió con la suspensión de cuentas de redes sociales del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a principios del año 2021.

Por ello, en aras de proteger los derechos de los usuarios digitales en México, entre los que destacan el de la libertad de expresión e información, así como el que tienen las personas de conocer los argumentos y la lógica por las que las empresas digitales toman sus decisiones, se deben contemplar mecanismos jurídicos para normar la reparación del daño, según su grado de responsabilidad, por alguna decisión que se considere atente cualquier derecho.

Así pues, esta propuesta se encuentra basada bajo el entendimiento de que en el internet se desarrollan fenómenos característicos de un contrato en común acuerdo entre dos partes, así sean intermediarios, que deben respetar los derechos y garantías individuales, al menos en territorio mexicano, a fin de garantizar la protección efectiva del ejercicio de los derechos y la confianza de los usuarios digitales. Lo anterior promoviendo un uso informado y seguro de las plataformas digitales, buscando corregir el espacio para cometer abusos y salvaguardar el bienestar de la población.

Por último, es necesario cuidar que no se infrinja la libertad de expresión, ni tampoco propagar contenido ilegal como la intimidación, acoso, discriminación o la explotación sexual infantil, así como de la infodemia o propagación de noticias falsas, al momento de crear un marco jurídico para las plataformas digitales. Sin duda, es necesario no regular el discurso permitido en internet, pero sí las prácticas de aclaración que tienen las empresas para la moderación de contenidos, en beneficio de la experiencia de los usuarios digitales. Lo anterior en aras de buscar establecer nuevos parámetros que garanticen que las empresas tomen decisiones de manera que se minimice el daño, respetando el derecho fundamental a la libre expresión y competencia. Lo cual se considera necesario para proteger el internet abierto y neutral, que eviten sofocar la libertad de expresión, ralentizar la innovación y crear incentivos equivocados para las plataformas digitales.

Como antecedente, el nuevo tratado comercial para América del Norte (TMEC) contiene un capítulo para el entorno digital. Asimismo, el Parlamento Europeo discute dos proyectos de ley para regular los mercados y servicios digitales. Además, la Asamblea General de la ONU, el 16 de diciembre de 2020, emitió una resolución que reafirma la importancia fundamental del derecho a la privacidad; por lo que esta propuesta, se enmarca en un contexto global en que se discute la forma de actuar de las grandes plataformas digitales, con el objetivo de garantizar el bienestar de la población y sus derechos.

En conclusión, la presente iniciativa no debe interpretarse bajo un objetivo de modelo restrictivo; sino que busca proteger a las y los mexicanos para que sus derechos como usuarios digitales de manera clara y explícita en las actividades que se desarrollan a través de plataformas digitales. Con ello, se da certeza jurídica a las personas, a fin de garantizar la salvaguarda de sus derechos, datos, bienes e información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección al Usuario Digital; y reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y Federal de Protección al Consumidor

Artículo Primero. Se expide la Ley Federal de Protección al Usuario Digital, para quedar como sigue:

Ley Federal de Protección al Usuario Digital

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto promover y proteger los derechos de los usuarios digitales procurando la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones con los proveedores de servicios digitales.

Son sujetos regulados por esta Ley, los proveedores de servicios digitales con independencia de su lugar de establecimiento o de residencia, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o., 7o., 14, 16, 17, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección al Consumidor, y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en ese orden.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Agente con poder sustancial: Aquél agente económico del sector digital, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

II. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Contenido ilegal: Cualquier información que, en sí misma o por su referencia a una actividad, incluida la venta de productos o la prestación de servicios, no se ajuste a la legislación vigente, independientemente del objeto o la naturaleza de esa ley;

IV. Instituto: Instituto Federal de Telecomunicaciones;

V. Moderación del contenido: Actividades realizadas por los servicios digitales destinadas a detectar, identificar y abordar el contenido ilegal o la información incompatible con sus términos y condiciones, proporcionada por los usuarios digitales, incluidas las medidas adoptadas que afecten a la disponibilidad, visibilidad y accesibilidad de ese contenido ilegal o esa información, como degradación, inhabilitación del acceso o eliminación del mismo, o la capacidad de los destinatarios de proporcionar esa información, como la cancelación o suspensión de la cuenta de un usuario digital;

VI. Profeco: Procuraduría Federal del Consumidor;

VII. Servicio digital: Son aquellos servicios públicos o privados, incluidos de intermediación, que se proporcionan mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de internet u otra red;

VIII. Servicio digitales de intermediación: Significa uno de los siguientes servicios:

a) De mero conducto: que consiste en la transmisión en una red de comunicación de información proporcionada por un destinatario del servicio, o la provisión de acceso a una red de comunicación;

b) De almacenamiento en caché: que consiste en la transmisión en una red de comunicación de información proporcionada por un destinatario del servicio, que implica el almacenamiento automático, intermedio y temporal de dicha información, con el único fin de hacer más eficiente la transmisión ulterior de la información a otros destinatarios que lo soliciten; y

c) De alojamiento: que consiste en el almacenamiento de información proporcionada por un destinatario del servicio y a petición de éste.

IX. Términos y condiciones: Especificaciones, independientemente de su nombre o forma, que rigen la relación contractual entre el proveedor de servicios digitales y los usuarios digitales; y

X. Usuario digital: Persona física o moral que utilice cualquier servicio digital.

Artículo 4. Son principios básicos en la protección del usuario digital:

I. Los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados suscritos y leyes vigentes;

II. La información adecuada y clara sobre los diferentes servicios digitales, así como sobre la contraprestación y riesgos que representen;

III. La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos;

IV. El otorgamiento de información y de facilidades a los usuarios digitales para la defensa de sus derechos;

V. El respeto a la intimidad y esfera privada de los usuarios digitales;

VI. El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, garantizando la protección jurídica, económica, administrativa y técnica a los usuarios digitales;

VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en la provisión de servicios digitales; y

VIII. La real y efectiva protección al usuario digital y sus datos en las acciones efectuadas a través del uso de cualquier servicio digital.

Artículo 5. Los usuarios digitales gozarán de los derechos previstos en esta Ley, en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión así como en las demás disposiciones aplicables en materia de protección a los datos personales.

Artículo 6. Son derechos de los usuarios digitales:

I. La protección de los datos personales en términos de las leyes aplicables;

II. La portabilidad de los datos personales e información que hayan generado a través de los servicios digitales;

III. A elegir libremente su proveedor de servicios digitales;

IV. A contratar y conocer las condiciones comerciales establecidas en los modelos de contrato de adhesión, a través de medios electrónicos, incluyendo la página electrónica del proveedor de servicios digitales, sin perjuicio de recibirlas por otros medios:

V. A la libre elección y no discriminación en el acceso a los servicios digitales;

VI. A que le provean los servicios de internet conforme a los parámetros de calidad contratados o establecidos por el Instituto;

VII. A ser notificado por cualquier medio, incluido el electrónico, de cualquier cambio en las condiciones originalmente contratadas;

VIII. A exigir el cumplimiento forzoso del contrato cuando el proveedor del servicio digital modifique las condiciones originalmente contratadas y en caso de que no las cumpla a rescindir el mismo;

IX. A la manifestación de las ideas, al acceso a la información y a buscar, recibir y difundir información e ideas en los términos que establece la Constitución y las leyes aplicables;

Artículo 7. Los derechos mínimos a que se refiere el artículo anterior, deberán difundirse de manera permanente por el Instituto y los agentes con poder sustancial, en sus respectivos portales de Internet y se entregará a los usuarios digitales al obtener el servicio que corresponda.

Artículo 8. En los contratos que celebren los prestadores de servicios digitales con los usuarios digitales se deberá observar que se podrán estipular en los contratos cláusulas que permitan modificar las condiciones de los mismos, únicamente cuando de manera expresa se establezca el aviso previo al usuario digital.

En caso de cualquier cambio en las condiciones contractuales, se deberá avisar al usuario digital por cualquier medio.

Artículo 9. Serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas que obliguen al usuario digital a renunciar a lo dispuesto en esta Ley, a la Ley Federal de Protección al Consumidor, o a ejercer una acción judicial individual o colectiva o lo sometan a la competencia de tribunales extranjero.

Artículo 10. Corresponde al Instituto expedir disposiciones administrativas de carácter general, lineamientos y procedimientos de evaluación, así como demás disposiciones, para el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 11. Corresponde al Instituto y a la Profeco promover, proteger, asesorar, defender, conciliar, y representar a los usuarios digitales frente a los agentes con poder sustancial, así como registrar y publicar los modelos de contratos de adhesión de conformidad con esta Ley, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo 12. Corresponde al Instituto regular, monitorear y vigilar la calidad de los servicios digitales con los indicadores, parámetros y procedimientos que al efecto establezca, debiendo informar a la Profeco de los resultados obtenidos para el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 13. El Instituto y la Profeco intercambiarán información relacionada con las quejas de los usuarios, el comportamiento comercial de los agentes con poder sustancial, la verificación del cumplimiento de sus obligaciones, así como las sanciones que impongan a fin de que determinen proceder en el ámbito de su competencia.

Artículo 14. El Instituto y la Profeco se darán vista mutuamente, cuando los servicios digitales incurran en violaciones sistemáticas o recurrentes a los derechos de los usuarios digitales, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones necesarias para su protección y restitución o, en su caso, para que el Instituto imponga las sanciones por incumplimiento de obligaciones a los prestadores de servicios digitales.

Artículo 15. El Instituto verificará que los usuarios digitales puedan celebrar y cancelar los contratos de adhesión, mediante mecanismos expeditos, incluidos los medios electrónicos. A través de dichos medios electrónicos se podrá cancelar el contrato a su término.

Artículo 16. Los servicios digitales deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en esta Ley, la Constitución y demás leyes vigentes.

Artículo 17. Los prestadores de servicios digitales están obligados a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, penalidades, compensaciones, cantidades, calidad, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones de la prestación del servicio conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el usuario digital o suscriptor y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna.

Artículo 18. Los agentes con poder sustancial deberán bloquear contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa de sus respectivos usuarios, sin que el bloqueo pueda extenderse arbitrariamente a otros contenidos, aplicaciones o servicios distintos de los solicitados por el usuario.

En ningún caso, este bloqueo podrá afectar de manera arbitraria a otros usuarios digitales. Asimismo, deberán tener disponible para los usuarios que lo soliciten, un servicio de control parental y publicar de manera clara las características operativas de este servicio y las instrucciones para que el usuario pueda operar las aplicaciones necesarias para el correcto funcionamiento del mencionado servicio.

Artículo 19. Los servicios digitales de intermediación no serán responsables del contenido que en ellos se transmita.

Artículo 20. Los servicios digitales velarán por la fácil comprensión por parte de sus usuarios de sus políticas internas, así como de sus términos y condiciones de uso.

Artículo 21. Los servicios digitales de intermediación tendrán conciencia de los límites y alcances del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de sus usuarios.

Artículo 22. Los agentes con poder sustancial deberán contar con un Código de Ética, que, bajo un principio de autorregulación, tendrán por objeto informar a los usuarios digitales la forma detallada como el propio prestador de servicio se compromete a respetar y promover todos y cada uno de los derechos consagrados en la Constitución, tratados suscritos y leyes vigentes, en caso de aplicar alguna moderación de contenido.

Los Códigos de Ética serán emitidos libremente por cada prestador de servicios digitales y no estará sujeto a convalidación o a la revisión previa o posterior del Instituto o de otra autoridad, ni a criterios, directrices, lineamientos o cualquier regulación o acto similar del mismo Instituto u otra autoridad.

Artículo 23. Los servicios digitales de intermediación en todo momento tendrán un trato y manejo de información personal y sensible sin consentimiento de acuerdo a la legislación aplicable.

Artículo 24. Los servicios digitales de intermediación tendrán medidas especiales para el tratamiento de delitos informáticos, amenazas, acoso o instigación.

Artículo 25. Los servicios digitales de intermediación deberán abstenerse de revelar información sensible o de carácter confidencial de sus usuarios.

Artículo 26. Cuando se preste un servicio digital que consista en la transmisión en una red de comunicación de información proporcionada por un destinatario del servicio, o la provisión de acceso a una red de comunicación, el proveedor del servicio no será responsable de la información transmitida, a condición de que el proveedor:

I. No inicia la transmisión;

II. No selecciona el receptor de la transmisión; y

III. No selecciona ni modifica la información contenida en la transmisión.

Los actos de transmisión y de acceso a los que se refiere el párrafo anterior comprenden el almacenamiento automático, intermedio y transitorio de la información transmitida en la medida en que tenga lugar con el único fin de realizar la transmisión en la red de comunicaciones, y siempre que la información no se almacene durante un período superior al razonablemente necesario para la transmisión.

El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los ordenamientos jurídicos de los Estados Unidos Mexicanos, exija al prestador de servicios que ponga fin o prevenga una infracción.

Artículo 27. Cuando se preste un servicio digital que consista en la transmisión en una red de comunicación de información proporcionada por un destinatario del servicio, el proveedor del servicio no será responsable del almacenamiento automático, intermedio y temporal de esa información, realizado con el único fin de hacer más eficiente la transmisión ulterior de la información a otros destinatarios del servicio que lo soliciten, a condición de que:

I. El proveedor no modifica la información;

II. El proveedor cumple con las condiciones de acceso a la información;

III. El proveedor cumple con las reglas relativas a la actualización de la información, especificadas de una manera ampliamente reconocida y utilizada por la industria;

IV. El proveedor no interfiere con el uso legal de la tecnología, ampliamente reconocida y utilizada por la industria, para obtener datos sobre el uso de la información; y

V. El proveedor actúa rápidamente para eliminar o inhabilitar el acceso a la información que ha almacenado al obtener conocimiento real del hecho de que la información en la fuente inicial de transmisión se ha eliminado de la red, o el acceso a ella ha sido inhabilitado , o que un tribunal o una autoridad administrativa haya ordenado dicha remoción o inhabilitación por tratarse de un contenido ilegal.

Artículo 28. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Artículo 29. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.

Artículo 30. Cuando se trate de resoluciones del Instituto emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida.

En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales.

Artículo 31. Los juicios de amparo indirecto serán sustanciados por los jueces y tribunales especializados establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión.

Artículo 32. Corresponderá a los tribunales especializados del Poder Judicial de la Federación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión, conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 3, 262 y 265 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. [...]

II. Agente con poder sustancial: Aquél agente económico que tiene poder sustancial en algún mercado relevante de los sectores digital, de radiodifusión o telecomunicaciones, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Competencia Económica;

III. [...] a LXI. [...]

LXI Bis. Servicio digital: Son aquellos que se proporcionan mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de internet u otra red, en los términos de la Ley Federal de Protección al Usuario Digital.

LXII.[...] a LXXI.[...]

Artículo 262. El Instituto deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores digital, de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales, e incluirán en lo aplicable, las relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes.

Para efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios digital, de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto.

Las obligaciones impuestas al agente económico preponderante se extinguirán en sus efectos por declaratoria del Instituto una vez que, conforme a la Ley, existan condiciones de competencia efectiva en el mercado de que se trate. El Instituto está facultado para declarar en cualquier momento agentes económicos preponderantes en los sectores digitales, de telecomunicaciones y radiodifusión.

Artículo 265. Para la declaración de agente económico como preponderante y la imposición de las medidas necesarias para evitar que se afecten la competencia y la libre concurrencia y con ello a los usuarios finales, tanto en el sector digital, de radiodifusión y de telecomunicaciones, el Instituto aplicará el siguiente procedimiento:

[...]

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 3, 6, 16, 20, 21, y 63 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. [...]

I Bis. Actividad digital: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable que genera al hacer uso de internet.

II a IV. [...]

V. Datos personales: Cualquier información, incluida su actividad digital, concerniente a una persona física identificada o identificable

VI. [...] a XIII. [...]

XIV. Responsable: Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales, ya sea como prestador de servicios o como intermediario.

XV. [...]

XV Bis. Servicios digitales: Persona moral de carácter privado que proporciona, mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de internet u otra red, bienes o servicios, incluidos de intermediación, en términos de la Ley Federal de Protección al Usuario Digital.

XVI [...] a XIX. [...]

Artículo 6. Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad, responsabilidad, limitación y minimización previstos en la ley.

Artículo 16. El aviso de privacidad, incluido el de los servicios digitales, deberá contener, al menos, la siguiente información:

I. [...] a VI. [...]

Artículo 20. Las vulneraciones de seguridad ocurridas en cualquier fase del tratamiento que afecten de forma significativa los derechos patrimoniales o morales de los titulares, serán informadas de forma inmediata por el responsable al titular, a fin de que este último pueda tomar las medidas correspondientes a la defensa de sus derechos.

Los responsables deberán informar sobre cualquier vulneración de seguridad a las instancias correspondientes.

Artículo 21. - El responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales deberán guardar confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el titular o, en su caso, con el responsable.

El responsable o terceros deberá procesar únicamente los datos personales mínimamente indispensables para sus fines comerciales y declarados en el territorio nacional, los cuales deberán ser adecuados, pertinentes y limitados.

Artículo 63. Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas llevadas a cabo por el responsable:

I. [...] a XVIII. [...]

XIX. No informar de manera inmediata al titular, una vulnerabilidad que afecte de forma significativa sus derechos patrimoniales o morales.

XX. Cualquier incumplimiento del responsable a las obligaciones establecidas a su cargo en términos de lo previsto en la presente ley.

Artículo Cuarto. Se reforman los artículos 2 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Consumidor: la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor al usuario digital, en términos de la Ley Federal de Protección al Usuario Digital, así como a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, únicamente para los casos a que se refieren los artículos 99 y 117 de esta ley.

[...]

II. Proveedor: la persona física o moral en términos del Código Civil Federal, que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios , incluidos los digitales en términos de la Ley Federal de Protección al Usuario Digital;

III. [...] a IV.[...]

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Ejecutivo federal deberá realizar la expedición y reforma de los reglamentos correspondientes dentro de los 180 días a la publicación de la reforma para adecuar las disposiciones reglamentarias al respecto.

Tercero. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá adecuar a la Ley Federal de Protección al Usuario Digital su estatuto orgánico, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Ciudad de México, Cámara de Diputados, a los 9 días del mes de febrero de 2021– Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (rúbrica).»

«Iniciativa que expide la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo del diputado Hirepan Maya Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Hirepan Maya Martínez, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía parlamentaria la siguiente iniciativa que expide la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, al tenor de la siguiente,

El artículo 25, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula que ”la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. ”

Las sociedades cooperativas son una modalidad de empresa social y solidaria, en la que ciudadanos en pleno uso de sus libertad y derechos constitucionales, se organizan para un fin común, productivo, de servicios y para el ahorro y préstamo a sus beneficiarios y población abierta. Además de las cooperativas de ahorro y prestamos, que ya tienen normatividad particular, conocemos las de pescadores, de panaderos, rurales ganaderas o agrícolas, y las que prestan servicios profesionales para limpieza en la modalidad conocida como outsourcing.

Durante los siglos XVII y XVIII llegaron a América diversas organizaciones cooperativas de origen religioso. En la primera mitad del siglo XIX, antes de que se fundara la cooperativa de Rochdale, ya existían cajas de ahorro y crédito en México y Venezuela. El signo ideológico de gran parte del cooperativismo importado durante el siglo XIX se adscribe al pensamiento utópico y a las corrientes socialistas y asociacionistas. 1

En particular, el cooperativismo agrícola moderno surgió a principios del siglo XX en Honduras, México, Argentina, Brasil o Uruguay, impulsado por emigrantes europeos. Sin embargo, no se desarrollaría y extendería significativamente a otros países hasta los años treinta y, sobre todo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los sesenta. Es entonces cuando Estados Unidos apoya con el Programa de la Alianza para el Progreso varias reformas agrarias en América Latina mediante las que casi todos los gobiernos adjudicaron tierras colectivas o individuales, lo que generó diferentes formas cooperativas en el ámbito rural: unas de explotación comunitaria de la tierra y otras de servicios.

La mayoría de estas cooperativas acabaron fracasando al no arraigar en sus comunidades, pues el proceso de creación y gestión les había sido totalmente ajeno y adolecía de carencias formativas importantes. En la misma época destacan otras iniciativas impulsadas por la iglesia católica y los sindicatos, muchas de las cuales perviven en la actualidad. 2

Un aspecto de crucial importancia en la caracterización de las cooperativas mexicanas es su naturaleza mercantil. Desde el siglo pasado la Constitución otorgó al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de comercio. Con el referido fundamento constitucional, en 1889 fue expedido el Código de Comercio que reguló a las sociedades mercantiles, entre ellas las cooperativas. En 1934, el Poder Legislativo Federal desprendió del Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la que conservó la clasificación de las cooperativas como entidades mercantiles regidas por una legislación especial. 3

La primera legislación mexicana que se ocupó de regular la vida de las sociedades cooperativas fue el Código de Comercio que entró en vigor el 1º de enero de 1980, 4 ordenamiento que las reguló como una especie dentro del género de las sociedades mercantiles. El título segundo, del libro segundo del Código de Comercio de 1890 fue derogado por la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la federación el 4 de agosto de 1934, cuyo artículo primero expresó: “Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles... VI. Sociedades Cooperativas”.

La naturaleza mercantil de la sociedad cooperativa no está reñida con el interés social que puede animarla y es precisamente el fin de justicia social que caracteriza a la sociedad cooperativa, por constituir una forma de organización social para el trabajo, lo que la distingue de los demás tipos de sociedades mercantiles. 5

Por más de cincuenta y seis años rigió en México la Ley General de Sociedades Cooperativas y su Reglamento, aprobadas en 1938, 6 durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, y que imponían a las cooperativas, entre otras circunstancias la obligación de estar integradas por miembros de la “clase trabajadora”, su incorporación imperativa de las federaciones y las de éstas a su vez a la Confederación Nacional Cooperativa.

El “sufrimiento” que padecían las cooperativas bajo la legislación cardenista era recompensado de diversas formas: exenciones fiscales, exclusividad en la captura y acuacultura de las especies reservadas, 7 privilegios para el otorgamiento de concesiones gubernamentales, fideicomisos públicos para créditos blandos, etcétera. 8

Así, de lo antes expuesto se desprende que durante la legislación cardenista, intentó estimularse el nacimiento y operación de sociedades cooperativas bajo esquemas de privilegio y tratamientos especiales que con el transcurso de los años fueron desapareciendo de manera paulatina, para asimilarlas cada vez más al régimen general del resto de las sociedades mercantiles, asimilación que tuvo su punto culminante con la publicación y entrada en vigor de la Ley General de Sociedades Cooperativas del 3 de agosto de1994.

Como antecedente, el Proyecto de Ley de Fomento Cooperativo, presentado como iniciativa el 21 de diciembre de 1990; este proyecto de ley establecía, entre otros supuestos, el reconocimiento de la libertad de adhesión como principio de integración; la no afiliación a partidos políticos, sectas u organismos religiosos; adquisición de la personalidad jurídica desde el momento de la asamblea constitutiva, y especialmente, la creación de un tribunal de lo contencioso cooperativo como órgano de solución para las controversias en la materia.

Por diversos factores tanto políticos como económicos, el proyecto de ley no prosperó, pero sirvió de base para la generación de la ley en vigor, tal y como lo reconocieron los diputados de la siguiente legislatura.

Para que pudiese ser aprobada la nueva ley de 1994 se sacrificaron importantes avances del proyecto original, de tal forma que, sin que mediara explicación alguna se suprimió el reconocimiento del derecho cooperativo como parte de la rama social de la ciencia jurídica; se suprimió también el órgano exclusivo para dirimir las controversias en la materia, con el argumento de la situación crítica por la que atravesaba el país. 9

Se requiere en el momento actual reforzar el Movimiento Cooperativista Mexicano, para que contribuya con su acción social en la intervención del Estado en la tarea de procurar un mejor nivel de vida a obreros, campesinos, y capas sociales empobrecidas de las ciudades, constituyendo una alternativa de organización económica para el trabajo autogestionado. La necesidad de estudiar y poner en práctica el Derecho Cooperativo mexicano, surge para reconocer la madurez de un marco jurídico para las sociedades y actos cooperativos, permitiendo su promoción actual y desarrollo como herramienta de la recuperación económica del país. 10

Las empresas cooperativas son creadas, dirigidas, administradas y fiscalizadas por la ciudadanía para realizar actividades económicas con el fin de satisfacer sus necesidades.

Sus integrantes se organizan e identifican sus necesidades colectivas ya sea para producir bienes y servicios o para consumir los mismos. Aportan su esfuerzo y su capital para crear una empresa que satisfaga sus necesidades. Son socios /as y dueños /as colectivos de esta empresa que han creado. En la empresa cooperativa la ciudadanía es gestora de los servicios que utiliza, consume los bienes producidos por la empresa de que es dueña, trabaja en la empresa de la cual es propietaria.

El Sector Social de la Economía está integrado por empresas cooperativas, empresas autogestionarias, corporaciones propiedad de las personas trabajadoras, proyectos económicos comunitarios, asociaciones y mutuales, entre otros. 11 El carácter de las empresas de este sector lo determinan sus fines sociales y no su forma de organización o gestión, ni la naturaleza de su producción. 12

Estas empresas están organizadas con estructuras democráticas y con procedimientos que promueven la participación y desarrollo de sus asociados /as. Los excedentes que generan de su operación anual regresan a la ciudadanía. Por su carácter no lucrativo y su operación basada en el desarrollo del ser humano, estas empresas contribuyen a democratizar la distribución de los ingresos y mejorar la calidad de vida de las personas participantes. Los medios de producción son de propiedad colectiva y por tanto las cooperativas son también mecanismos de distribución equitativa de la riqueza. 13

En la empresa cooperativa el poder decisional lo ejercen, en igualdad de condiciones, los seres humanos que integran la empresa, independientemente del capital que hayan aportado. Como el factor principal en la empresa es el trabajo, actividad humana, la distribución de poder decisional se asigna de manera igualitaria entre todas las personas que integran la empresa. Cada integrante de la matrícula de una cooperativa tiene igual oportunidad de participar en las decisiones de los asuntos de la empresa. 14

Para Frank Moulaert, probablemente el máximo exponente del discurso sobre innovación social en Francia, 15 la clave de la innovación social pasa por entender el papel de la comunidad y los grupos sociales en el desarrollo, en sentido amplio; donde existe una comunicación entre las instituciones económicas y las dinámicas de gobernanza de la sociedad, los modelos de desarrollo territorial y la planificación del territorio. Ese criterio es algo que tiene en cuenta a las personas, pero no aisladas, sino en las comunidades de personas como el centro de creación, de transformación de sus realidades, a partir de los contextos en que se desenvuelvan. 16

Este espacio para la innovación social que representan las sociedades cooperativas, ha resultado muy fructífero en la reflexión teórica sobre estas. “Las Innovaciones Sociales como procesos dirigidos a crear valor para la sociedad y, también, con la sociedad, mediante la puesta en marcha de prácticas y modelos que intentan satisfacer una necesidad o un reto social y que, además, producen cambios favorables en el sistema, a la vez que un mayor empoderamiento de la sociedad, nuevos conocimientos y capacidades y la generación de alianzas entre diferentes actores. ” 17

De algún modo, los proyectos cooperativos son procesos de innovación social. la Comisión Europea publicó una Guía de Innovación Social en 2013, donde definía dicho concepto como «innovaciones que son sociales, tanto en su fin como en su proceso» y que «no solo son buenas para la sociedad, sino que impulsan la capacidad de los individuos para actuar. »

Ya la ONU en su Asamblea General del 26 de julio de 2007, en el informe del Secretario General sobre las cooperativas y el desarrollo social, haciendo énfasis en su papel en la generación de empleo, afirma que, “las cooperativas facilitan el progreso económico y social de sus miembros mediante iniciativas de autoayuda y la asistencia en la lucha contra la pobreza. Los beneficios y el empleo generados por las cooperativas permiten que sus miembros alcancen la seguridad económica e impiden que millones caigan en la pobreza. Al ayudar a sostener las oportunidades de ingreso y empleo, especialmente en las zonas remotas donde las iniciativas del sector público y otras del sector privado tienden a ser débiles o a no existir, las cooperativas contribuyen a generar medios de vida sostenibles y a fomentar el desarrollo general de las comunidades locales donde funcionan. ”

“Diversos tipos de cooperativas facilitan la generación de empleo en distintos sectores y segmentos de la sociedad, —sigue el informe de la ONU—. Las cooperativas financieras, que prestan servicios financieros a sus miembros, ayudan a financiar nuevas y pequeñas empresas y contribuyen así a promover la creación de empleos. Las cooperativas agrícolas y de consumidores, entre otras, generan empleo directamente en la producción, comercialización, ventas, transporte y distribución e indirectamente mediante efectos multiplicadores. Las cooperativas de trabajadores también fomentan el empleo al permitir que los trabajadores calificados organicen y pongan en marcha negocios. ”

Algo relevante en el informe de la ONU es el empleo de población vulnerable: “Las cooperativas también ayudan a generar oportunidades de empleo para mujeres, los jóvenes, las personas indígenas, las personas con discapacidades y las personas de edad, que suelen ser objeto de discriminación y ser excluidas de las oportunidades de empleo. La experiencia ha demostrado que las empresas cooperativas y los programas de microfinanzas que han sido bien concebidos y son adecuadamente administrados son particularmente eficaces para promover el empleo y empoderamiento de la mujer. Como organizaciones de autoayuda las cooperativas también son pertinentes para proporcionar medios de vida después de un conflicto. ”

Este mismo informe de la ONU menciona, respecto al numero de empleos en cooperativas: “Las contribuciones de las cooperativas a la promoción del empleo pleno y productivo son múltiples. En primer lugar, las cooperativas proporcionan empleo directo a sus empleados. Además, según la AIC, se calcula que, por conducto de sus empresas de autoayuda y en virtud del compromiso que contraen con los miembros y sus comunidades, generan 100 millones de empleos en todo el mundo. En el Canadá las cooperativas, incluidas las de ahorro y crédito, emplean a más de 160. 000 personas; en Francia, 21. 000 cooperativas proporcionan empleo a 700. 000 personas; y en Alemania unas 8. 100 cooperativas emplean a 440. 000 personas. En Kenya 250. 000 personas son empleadas por cooperativas, mientras se calcula que en Eslovaquia las 700 cooperativas pertenecientes a la Unión de Cooperativas emplean a 75. 000 personas. En Colombia el movimiento cooperativo proporciona empleo a 109. 000 personas y a otros 379. 000 propietarios-trabajadores en cooperativas de trabajadores.”

Al cierre del primer semestre de 2019, según cifras Concamex, el sector de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo en México cuenta con más de 150 cooperativas, autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, distribuidas en 2,000 sucursales, y atiende las necesidades de más de 8 millones de socios. Las cooperativas en México son un motor económico indispensable para la nación: generan empleo, aportan al desarrollo de las comunidades y facilitan el acceso de la población a distintos servicios y productos financieros que les mejoran la vida. 18

En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares INEGI, 2018 el ingreso proveniente de cooperativas, sociedades y empresas que funcionan como sociedades representan el 4. 7% del ingreso corriente total.

La ENIGH 2018 estima un ingreso corriente total trimestral de los hogares de 1 723. 7 miles de millones de pesos. El ingreso corriente total trimestral de las áreas urbanas equivale a 6. 2 veces el de las áreas rurales, y representan respectivamente, el 86% y el 14% del ingreso corriente total nacional. La contribución del ingreso por trabajo es similar en las áreas urbanas y rurales con 67. 6% y 65. 1%, respectivamente del ingreso corriente trimestral en cada ámbito, pero no pasa lo mismo con las transferencias, las que representan el 14. 7% en las áreas urbanas y el 19. 3% en las rurales.

La Ley General de Sociedades Cooperativas vigente en México fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1994. Se compone de noventa y cuatro artículos y su última reforma fue publicada en el mismo instrumento de difusión el diecinueve de enero de 2018. Esta ley tiene 58 reformas y adiciones, donde entre otras cosas se refleja la preocupación del legislador por regular las cooperativas de ahorro y préstamo, cuando desde 2009 se promulgó la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Esto manifiesta una sobrerregulación para el caso de la ley general de 1994.

Con el objeto de modernizar la legislación de sociedades cooperativas, armonizar la norma mexicana con los acuerdos de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, de la que México forma parte junto con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, atendiendo las recomendaciones de expertos internacionales, y colocando esta modalidad de organización social para el trabajo en el centro de la promoción de una economía social y solidaria, se expide el siguiente

Decreto por el que se expide la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas

Articulo Único. Se expide la Nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, para quedar como sigue:

Nueva Ley General de Sociedades Cooperativas

Artículo 1o. El objetivo de la presente ley es dotar a las cooperativas y al sector cooperativo en general de un marco jurídico para su organización, funcionamiento y regulación.

La presente ley es reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo concerniente a las sociedades cooperativas y del sector cooperativo; es de orden público, interés social y de observancia general en el territorio nacional.

Artículo 2o. El Estado garantizará el libre desenvolvimiento y la autonomía de las cooperativas.

Artículo 3o. La sociedad cooperativa, como parte integrante del sector social de la economía, es una forma de organización social autónoma sin fines de lucro, integrada por personas que se unen voluntariamente aportando sus recursos y/o trabajo para realizar actividades licitas y satisfacer necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común, por medio de una empresa de propiedad conjunta democráticamente gestionada.

Las sociedades cooperativas son personas jurídicas privadas, de interés social.

Artículo 4o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Acta Constitutiva, al documento social en el que se establecen las bases constitutivas o estatutos sociales referentes a la constitución, organización y funcionamiento de la sociedad cooperativa;

II. Actos Cooperativos: a los actos realizados entre las cooperativas y sus socios o por las cooperativas entre sí en cumplimiento de su objetivo social y quedan sometidos al derecho cooperativo;

III. Ahorro, a la captación de recursos a través de depósitos de dinero proveniente de socias y socios de las sociedades cooperativas;

IV. Derecho Cooperativo, es el conjunto de normas especiales, jurisprudencia, doctrina y práctica basadas en los principios que determinan y regulan la actuación de las organizaciones cooperativas y los sujetos que en ellas participan.

V. Movimiento cooperativo nacional, al sistema cooperativo y a todas las organizaciones e instituciones de asistencia técnica del cooperativismo a nivel nacional. Su máximo representante será el Consejo Superior del Cooperativismo;

VI. Organismos Cooperativos, a las uniones, federaciones y confederaciones que sean integradas por las sociedades cooperativas;

VII. Préstamo, a la colocación y entrega de los recursos captados entre socias y socios de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo;

VIII. Remanentes, a la diferencia entre el total de ingresos menos el total de costos y gastos del ejercicio, los cuales se consignarán en el estado de resultados y en el balance general;

IX. Secretaría, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

X. Sector Cooperativo, a la estructura económica, social y jurídica que conforman las sociedades cooperativas, sus organismos de representación y de articulación económica y social, como parte integrante del Movimiento Cooperativo Nacional;

XI. Sistema Cooperativo, a la estructura económica y social que integran las sociedades y los organismos cooperativos; y

XII. Socia y/o socio, a la persona que de manera voluntaria forma parte de la sociedad y hubiese cubierto su aportación social en los términos de la presente ley y sus estatutos.

Artículo 5o. Para su funcionamiento, las sociedades cooperativas deberán observar los siguientes principios:

I. Adhesión abierta y voluntaria;

II. Gestión democrática de los socios;

III. Participación económica de los socios;

IV. Autonomía e independencia;

V. Educación, formación e información;

VI. Cooperación entre cooperativas;

VII. Compromiso con la comunidad;

VIII. Compromiso con el medio ambiente, la ecología y la sustentabilidad.

Los principios enunciados tendrán el sentido y los alcances universalmente reconocidos, conforme al derecho cooperativo internacional.

Artículo 6o. Deben reunir los siguientes caracteres:

1. Ilimitación y variabilidad del número de socios;

2. Plazo de duración indefinido;

3. Variabilidad e ilimitación del capital;

4. Independencia religiosa, racial y político partidario;

5. Igualdad de derechos y obligaciones entre los socios;

6. Reconocimiento de un solo voto a cada socio, independientemente de sus aportaciones;

7. Irrepartibilidad de las reservas sociales.

Artículo 7o. Las cooperativas se regirán por las disposiciones de esta ley, sus normas reglamentarias y, en general, por el Derecho Cooperativo. Supletoriamente se regirán por el Derecho Mercantil en cuanto fuera compatible con su naturaleza.

Derecho Cooperativo es el conjunto de normas especiales, jurisprudencia, doctrina y práctica basadas en los principios que determinan y regulan la actuación de las organizaciones cooperativas y los sujetos que en ellas participan.

Artículo 8o. Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus socios o por las cooperativas entre sí en cumplimiento de su objetivo social y quedan sometidos al Derecho Cooperativo.

Artículo 9o. Por razones de interés social o cuando fuera necesario para el mejor desarrollo de su actividad económica, siempre que no comprometa su autonomía, las cooperativas pueden prestar servicios propios de su objeto social a no socios, los que no podrán otorgarse en condiciones más favorables que a los socios. Los excedentes netos que deriven de estas operaciones serán destinados a educación cooperativa o a una reserva especial o a ambas, conforme prevea el estatuto o decida la asamblea.

Artículo 10. Conforme con su naturaleza las cooperativas pueden ser de trabajo asociado, de consumidores o usuarios y mixtas y dedicarse a prestar un servicio especializado o servicios múltiples.

Artículo 11. Las cooperativas pueden realizar toda clase de actividades lícitas en pie de igualdad con los demás sujetos de derecho privado. También con los entes estatales en actividades relacionadas con la prestación de servicios públicos.

Artículo 12. La denominación social debe incluir el vocablo “cooperativa” con el agregado de la palabra o abreviatura que corresponda a su responsabilidad. Debe indicar la naturaleza de la actividad principal o la mención “servicios múltiples”, en su caso.

Queda prohibido el uso de la denominación “cooperativa” a entidades no constituidas conforme a la presente ley.

Artículo 13. Las cooperativas pueden asociarse con personas de otro carácter jurídico a condición de que sea conveniente para su objeto social y que no desvirtúen su propósito de servicio ni transfieran beneficios fiscales que les fueran propios.

Artículo 14. Las cooperativas no pueden transformarse en entidades de otra naturaleza jurídica. Es nula toda decisión en contrario y compromete la responsabilidad personal de quienes la adopten.

Artículo 15. La constitución de la cooperativa será decidida por asamblea en la que se aprobará el acta constitutiva, se suscribirán aportaciones y se elegirán los miembros del consejo de administración y de la junta de vigilancia. El número mínimo de fundadores será de cinco socias o socios, salvo las cooperativas de trabajo asociado que podrán constituirse con diez socios. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo deberán constituirse cuando menos con veinticinco socios.

También pueden constituirse cooperativas en virtud de la escisión de otra preexistente que dé lugar a la formación de una o varias nuevas cooperativas que toman a su cargo parte del activo y del pasivo. En estos casos deben dejarse a salvo los derechos de terceros.

Artículo 16. La formalización del acto constitutivo se hará mediante documento público o privado con firmas autenticadas ante notario público, indicando el monto de las aportaciones suscriptas por los fundadores, del cual deberá integrarse al menos en un diez por ciento.

Artículo 17. El estatuto debe contener las siguientes disposiciones, sin perjuicio de las demás establecidas en esta ley:

1. Denominación y domicilio;

2. Designación precisa del objeto social;

3. Régimen de responsabilidad;

4. Capital mínimo, si se resolviera fijarlo;

5. Organización y funciones de la asamblea, del consejo de administración y de la junta de vigilancia;

6. Régimen económico: valor de las aportaciones; distribución de excedentes y formación de reservas y fondos permanentes;

7. Régimen disciplinario, causales y procedimiento para la sanción y exclusión de socios y procedimientos para resolver diferencias o conflictos transigibles;

8. Condiciones de ingreso y retiro de socios y sus derechos y obligaciones;

9. Normas sobre integración cooperativa;

10. Procedimiento de reforma de estatuto, disolución y liquidación.

Artículo 18. Copia del documento de constitución, con transcripción del estatuto y certificación del capital integrado, serán presentadas a la autoridad encargada del Registro Público de Comercio para que —previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales proceda a su inscripción dentro del plazo de sesenta días luego de lo cual expedirá el certificado correspondiente y hará la comunicación a la autoridad de aplicación. Previo a la inscripción el Registro Público de Comercio podrá exigir un estudio de factibilidad realizado por una organización cooperativa de grado superior.

Artículo 19. Las cooperativas se considerarán legalmente constituidas una vez inscriptas en el Registro Público de Comercio, con lo cual se satisface el registro de publicidad.

Artículo 20. Los actos celebrados y los documentos suscriptos a nombre de la cooperativa antes de su constitución legal, salvo los necesarios para obtener su inscripción en el Registro Público de Comercio, hacen solidariamente responsables a quienes los celebraran o suscribieran. Una vez inscripta la cooperativa dichos actos podrán ser convalidados si los ratifica la primera asamblea posterior.

Artículo 21. La inscripción de reformas estatutarias y de reglamentos que no sean de mera administración interna, tramitarán con el mismo procedimiento establecido para la inscripción de las cooperativas. Entrarán en vigor a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

Artículo 22. Pueden ser socios las personas físicas mayores de edad y las personas jurídicas que requieran utilizar los servicios de la cooperativa, siempre que reúnan los requisitos establecidos por el estatuto. El ingreso es libre, pero podrá ser supeditado a las condiciones derivadas del objeto social, sin discriminaciones de ninguna clase.

En todos los casos las cooperativas deben aceptar igual posibilidad de ingreso y reconocer idénticos derechos y obligaciones a todos los asociados y las asociadas sin distinción de género.

Igualmente podrán ser socios las organizaciones cooperativas de cualquier grado, las entidades sin ánimo de lucro, las agencias nacionales e internacionales de fomento y el Estado, aunque no utilicen sus servicios, siempre y cuando se asocien para apoyar el desarrollo empresarial de la cooperativa.

Los socios que se vinculen a la cooperativa para apoyar su desarrollo empresarial podrán tener hasta el treinta por ciento de los votos de la asamblea y, si el estatuto lo permite, podrán formar parte del consejo de administración o de la junta de vigilancia en un porcentaje no superior a una tercera parte de sus integrantes. En ningún caso podrán formar la mayoría para adoptar decisiones.

Cuando la naturaleza de la cooperativa lo permita, los empleados podrán ser socios de ella, pero no podrán votar cuestiones relativas a su condición en las asambleas ni formar parte de los otros órganos sociales, sin perjuicio de lo cual gozarán de un tratamiento no inferior al que la legislación otorga a los trabajadores de la misma actividad.

Artículo 23. La calidad de socio se adquiere mediante participación en el acto constitutivo o por resolución de la asamblea o del consejo de administración a pedido del interesado.

Artículo 24. La responsabilidad económica de los socios frente a la cooperativa y los terceros será determinada por el estatuto sobre bases de igualdad para todos y podrá ser ilimitada, limitada al valor de sus aportaciones o suplementaria, para lo cual se fijará el respectivo monto adicional de compromiso.

Artículo 25. Son deberes de los socios, sin perjuicio de los demás que establezcan esta ley y el estatuto:

1. Cumplir sus obligaciones sociales y pecuniarias de conformidad con la ley, el estatuto y los reglamentos;

2. Desempeñar los cargos para los que fueran elegidos;

3. Cumplir las resoluciones de la asamblea y el consejo de administración;

4. Abstenerse de realizar actos o incurrir en omisiones que afecten la estabilidad económica o el prestigio social de la cooperativa.

El estatuto podrá establecer la obligación de permanecer como socio durante un período razonable como así también el deber de utilizar los servicios de la cooperativa.

Artículo 26. Sin perjuicio de los demás que establezcan esta ley y el estatuto, los socios tendrán los siguientes derechos:

1. Participar con voz y voto en las asambleas sobre bases de igualdad;

2. Ser elegidos para desempeñar cargos en el consejo de administración, la junta de vigilancia y los comités auxiliares;

3. Utilizar los servicios sociales en las condiciones estatutarias;

4. Solicitar información sobre la marcha de la cooperativa al consejo de administración o a la junta de vigilancia;

5. Formular denuncias por incumplimiento de la ley, el estatuto o los reglamentos ante la junta de vigilancia.

Artículo 27. La calidad de socio se extingue por:

1. Fin de la existencia de la persona física o jurídica;

2. Renuncia presentada ante el consejo de administración y aceptada por éste;

3. Pérdida de las condiciones establecidas por el estatuto para ser socio;

4. Exclusión.

Artículo 28. El socio podrá desvincularse voluntariamente de la cooperativa en cualquier tiempo antes de que ésta se disuelva. A tal efecto debe presentar por escrito su renuncia con sujeción a las disposiciones que el estatuto establezca al respecto, el cual deberá señalar un plazo para que el consejo de administración se pronuncie.

Artículo 29. Los socios podrán ser excluidos o suspendidos en sus derechos por las causas previstas en el estatuto y reglamentos, previa comunicación de los motivos y oportunidad de defensa. La decisión debe ser adoptada por el consejo de administración y podrá ser apelada ante la asamblea, previa solicitud de reconsideración.

El estatuto establecerá el procedimiento para adoptar la suspensión o exclusión y los efectos con que se conceden los recursos.

Artículo 30. El estatuto puede limitar el reembolso anual de aportaciones por renuncia o exclusión a un monto no superior al 3 por ciento del capital integrado conforme con el último balance aprobado. Los casos que no puedan ser atendidos con dicho porcentaje lo serán en los ejercicios siguientes por orden de antigüedad. En todo caso, la devolución no podrá disminuir el capital por debajo del mínimo que hubiera establecido el estatuto.

Si la situación de la cooperativa lo aconsejara, la asamblea puede resolver la suspensión del reembolso de capital por un período no superior a tres ejercicios.

Artículo 31. Las aportaciones pendientes de reembolso devengarán un interés equivalente al cincuenta por ciento de la tasa bancaria corriente o de la tasa oficial de interés.

Artículo 32. Ninguna liquidación definitiva en favor del socio será practicada sin haberse descontado previamente todas las deudas que tuviera con la cooperativa.

En caso de retiro por cualquier causa, los socios sólo tendrán derecho a que les reembolse el valor nominal de las aportaciones integradas, deducidas las pérdidas que proporcionalmente les correspondiera soportar y sin perjuicio del revalúo, si fuere el caso.

Artículo 33. Los conflictos que se susciten entre las cooperativas y sus socios serán sometidos al proceso de mediación y/o de arbitraje que el estatuto determine. En caso de no preverse, o de fracasar la mediación, podrán ser llevados ante los juzgados federales.

Artículo 34. Los recursos propios de carácter patrimonial con los cuales pueden contar las cooperativas para el cumplimiento de su objetivo social son:

1. Las aportaciones de los socios;

2. Las reservas y fondos permanentes;

3. Los auxilios, donaciones o subvenciones de carácter patrimonial.

Artículo 35. Las aportaciones son indivisibles y de igual valor. Serán integradas en dinero o en especie o trabajo convencionalmente valuados, en la forma y plazo que establezca el estatuto.

Artículo 36. Las aportaciones integradas por los socios pueden ser adquiridas por la cooperativa con cargo a una reserva especial creada para el efecto, siempre que no afecte el patrimonio social y el financiamiento de la cooperativa.

Artículo 37. El monto total del capital constituido por las aportaciones será variable e ilimitado, sin perjuicio de poder establecer en el estatuto una cantidad mínima. El capital forma parte del patrimonio social.

Artículo 38. El estatuto puede establecer un procedimiento para que los socios suscriban e integren sus aportaciones en proporción con el uso real o potencial de los servicios de la cooperativa, siempre que cada uno cuente por lo menos con una aportación.

Artículo 39. Las aportaciones pueden constar en certificados u otro documento nominativo, representativos de una o más de ellas.

Los certificados pueden transferirse entre socios, con acuerdo del consejo de administración, siempre que cada uno cumpla con las exigencias del estatuto en materia de aportaciones. Si el cesionario no fuera socio deberá previamente asociarse a la cooperativa.

Artículo 40. Las cooperativas podrán revaluar sus activos conforme con la reglamentación que al efecto se dicte, la cual determinará el destino del saldo resultante.

Artículo 41. El estatuto determinará si las aportaciones pueden devengar algún interés, el cual no podrá ser superior al interés bancario corriente o a la tasa oficial de interés.

Artículo 42. Sin perjuicio de la reserva legal las cooperativas podrán, con cargo a los excedentes, crear e incrementar reservas especiales para amparar y consolidar el patrimonio, las que deberán ser expresamente aprobadas por la asamblea.

Artículo 43. Con el objeto de proveer recursos con destinación específica para la prestación de servicios de carácter asistencial, de bienestar social, educativo o de investigación, las cooperativas podrán crear e incrementar fondos especiales con aportes voluntarios u obligatorios de los socios o parte de los excedentes anuales, conforme establezca el estatuto.

Cuando los recursos de los fondos especiales no estuvieran destinados a consumirse, serán considerados patrimoniales.

Artículo 44. Las cooperativas podrán recibir de personas públicas o privadas todo tipo de auxilios, donaciones o subvenciones destinados a incrementar su patrimonio o a ser consumidos de conformidad con la voluntad del donante. En ambos casos estarán orientados al cumplimiento del respectivo objeto social.

Artículo 45. Las reservas, los fondos especiales y los auxilios, donaciones y subvenciones de carácter patrimonial constituyen patrimonio cooperativo irrepartible. No podrán distribuirse entre los socios a ningún título ni acrecentarán sus aportaciones individuales.

Artículo 46. Las cooperativas podrán asumir todas las formas de pasivo y emitir obligaciones a suscribir por socios o terceros conforme con las condiciones que establezca la reglamentación, sin perjuicio de las normas que regulan la actividad financiera.

Artículo 47. Las cooperativas llevarán contabilidad en legal forma y deberán contar con los libros necesarios a tal fin.

Artículo 48. El ejercicio económico será anual y se cerrará en la fecha establecida por el estatuto.

Artículo 49. A la fecha de cierre del ejercicio el consejo de administración redactará una memoria sobre la gestión realizada la cual, juntamente con los estados contables y un balance que demuestre el desempeño de la cooperativa en el campo social, será sometida a la asamblea con informes de la junta de vigilancia y del auditor.

Artículo 50. El excedente repartible es el que proviene de la diferencia entre el costo y el precio de los servicios prestados a los socios.

La asamblea determinará el destino del excedente repartible conforme con las siguientes pautas:

1. Diez por ciento, como mínimo, para reserva legal;

2. Diez por ciento, como mínimo, para educación y capacitación cooperativa;

3. Diez por ciento, como mínimo, para acción asistencial y solidaria en favor de los socios y de las instituciones o personas vinculadas a la cooperativa;

4. Las sumas que correspondan para la constitución de otras reservas especiales y al pago de interés a las aportaciones, en caso de establecerse;

5. El resto será repartido entre los socios en proporción a las operaciones efectuadas con la cooperativa o al trabajo realizado con ella.

El excedente que no provenga de la diferencia entre costo y precio de los servicios prestados a los socios será destinado a una reserva especial.

Previo al pago del interés a las aportaciones y del retorno al uso de los servicios, se destinará el importe necesario para pagar el interés a las aportaciones realizadas por los socios de apoyo conforme con la tasa que haya fijado la asamblea.

Artículo 51. La asamblea es la autoridad máxima de la cooperativa y sus decisiones son obligatorias para el consejo de administración, la junta de vigilancia y todos los socios, presentes o ausentes, siempre que se hubieran adoptado en conformidad con la ley, el estatuto y los reglamentos.

Artículo 52. La asamblea se reunirá en sesión ordinaria dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio económico para tratar los temas previstos en la convocatoria, dentro de los cuales deberán incluirse la memoria, los estados contables y la elección de los miembros del consejo de administración y de la junta de vigilancia.

La asamblea podrá reunirse en sesión extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran y tratar cualquier asunto de su competencia incluido en la convocatoria.

Artículo 53. La asamblea ordinaria será convocada por el consejo de administración o por la junta de vigilancia cuando aquél omitiera hacerlo en el plazo de ley. La asamblea extraordinaria se reunirá toda vez que lo disponga el consejo de administración o lo solicite la junta de vigilancia o un número de socios no inferior al diez por ciento, salvo que el estatuto estableciera uno menor. También puede convocarla la junta de vigilancia cuando el consejo de administración no respondiera o respondiera negativamente a su pedido o al de los socios. En último caso podrá hacerlo la respectiva cooperativa de grado superior a la que estuviera afiliada o la autoridad de aplicación cuando fuera necesario para regularizar el desenvolvimiento de la cooperativa.

Artículo 54. En todos los casos la convocatoria debe comunicarse adecuadamente a los socios con una anticipación no menor de quince días en la forma prevista por el estatuto, incluyendo el temario respectivo. Con la misma anticipación deberá informarse a la respectiva cooperativa de grado superior y a la autoridad de aplicación.

Dentro de los treinta días de realizada la asamblea debe remitirse copia del acta y de los documentos tratados en ella a la cooperativa de grado superior y a la autoridad de aplicación.

Son nulas las deliberaciones sobre temas ajenos al orden del día, salvo cuando fueran consecuencia directa de asunto incluido en él.

Artículo 55. Cuando el número de socios fuera superior a cien o éstos residieran en localidades distantes, la asamblea podrá ser constituida por delegados elegidos conforme con el procedimiento previsto por el estatuto y los reglamentos.

Artículo 56. La asamblea sesionará válidamente con la presencia de más de la mitad de los socios o delegados convocados. Si pasada una hora el quorum no se hubiere integrado, podrá sesionar con cualquier número de presentes.

Artículo 57. Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos, salvo los asuntos para los cuales esta ley o el estatuto exigieran un número mayor. Se requieren dos tercios de los votos para decidir fusión o incorporación, escisión, disolución y reforma del estatuto.

Solo podrá votarse por poder en asamblea de socios si el estatuto lo autoriza, en cuyo caso la representación debe recaer en otro socio, quien no podrá representar a más de dos. Esta posibilidad no rige para las asambleas de delegados.

Artículo 58. Es de competencia exclusiva de la asamblea, sin perjuicio de otros asuntos que esta ley o el estatuto le reserven:

1. Aprobar y modificar el estatuto y los reglamentos que le correspondan;

2. Fijar las políticas generales de la cooperativa y autorizar el presupuesto general, cuando lo determine el estatuto;

3. Elegir y remover a los miembros del consejo de administración y de la junta de vigilancia y a la auditoría;

4. Fijar las compensaciones de los miembros del consejo de administración y de la junta de vigilancia cuando haya lugar;

5. Resolver sobre la memoria y los estados contables previo conocimiento de los informes de la junta de vigilancia y del auditor, en su caso;

6. Decidir sobre la distribución de excedentes;

7. Resolver la emisión de obligaciones de carácter general;

8. Decidir acción de responsabilidad contra los miembros del consejo de administración y de la junta de vigilancia;

9. Decidir sobre la asociación con personas de otro carácter jurídico, públicas o privadas;

10. Resolver sobre escisión, fusión, incorporación o disolución de la cooperativa

Artículo 59. Los miembros del consejo de administración y de la junta de vigilancia podrán participar en las asambleas, pero no podrán votar en asuntos vinculados con su actuación ni representar a otros socios.

Los gerentes, asesores y auditores tendrán voz y si fueran socios tendrán las mismas limitaciones previstas en el párrafo anterior.

Artículo 60. Las impugnaciones de las decisiones de la asamblea tramitarán ante la justicia ordinaria y serán competentes los juzgados en materia administrativa.

Artículo 61. El consejo de administración es el órgano encargado de la administración permanente de la cooperativa.

Sus atribuciones serán determinadas en el estatuto, sin perjuicio de las establecidas por la ley. Se consideran facultades implícitas de este órgano las que la ley o el estatuto no reserven expresamente a la asamblea y las que resulten necesarias para la realización de las actividades en cumplimiento del objeto social.

Artículo 62. El consejo de administración se compondrá de un número impar de socios, no inferior a tres, determinado por el estatuto.

El estatuto establecerá los requisitos y las incompatibilidades para el cargo de consejero con igualdad de condiciones y oportunidades para la postulación de hombres y mujeres.

No podrán ser consejeros en el mismo ejercicio ni en el siguiente los cónyuges y parientes de los miembros de la junta de vigilancia y gerentes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Artículo 63. Los miembros del consejo de administración serán elegidos por la asamblea junto con los suplentes y durarán en sus funciones por un período que no podrá ser superior a tres ejercicios anuales. El estatuto establecerá la forma de elección y si son o no reelegibles.

Los suplentes reemplazarán a los titulares en caso de renuncia, revocación, ausencia o fallecimiento de éstos, conforme lo disponga el estatuto, y serán llamados a ocupar el cargo por el consejo de administración.

Artículo 64. La asamblea puede revocar en cualquier tiempo la designación de los miembros del consejo de administración, siempre que el asunto figure en el orden del día o sea consecuencia directa de asunto incluido en él. En este último caso será necesaria la mayoría de los dos tercios.

Artículo 65. El estatuto establecerá las reglas de funcionamiento del consejo de administración, el cual debe reunirse por lo menos una vez en cada mes y elaborar actas que serán suscriptas por todos los asistentes. El quórum para sesionar válidamente será de más de la mitad de sus miembros.

Artículo 66. La representación legal de la cooperativa corresponde al consejo de administración el cual podrá delegarla en uno o más de sus miembros o en gerentes, conforme establezca el estatuto.

Artículo 67. Los miembros del consejo de administración responden por violación de la ley, el estatuto y los reglamentos. Sólo pueden eximirse por no haber participado en la reunión que adoptó la resolución o mediante constancia en acta de su voto en contra.

Artículo 68. El estatuto o el reglamento podrán establecer un comité ejecutivo, integrado por algunos miembros del consejo de administración, para atender la gestión ordinaria de la cooperativa. Esta institución no modifica las obligaciones y responsabilidades de los miembros del consejo de administración.

Artículo 69. El consejo de administración podrá designar comités de carácter permanente o temporario, integrados por sus miembros o por asociados, y les determinará sus funciones. En todo caso, deberá integrarse un comité de educación.

Artículo 70. Por decisión de la asamblea puede ser compensado el trabajo personal realizado por los miembros del consejo de administración en el desempeño de sus cargos. Dicha compensación podrá realizarse además del pago de los gastos incurridos con el mismo motivo.

Artículo 71. El consejo de administración puede designar gerentes, encargados de la función ejecutiva, quienes pueden ejercer la representación legal si el estatuto lo establece. Estarán subordinados al consejo de administración, el cual podrá removerlos en cualquier tiempo con arreglo a la legislación laboral.

Artículo 72. Los gerentes responden ante la cooperativa por los daños y perjuicios que ocasionaren por incumplimiento de sus obligaciones, negligencia, dolo, abuso de confianza y por ejercicio de actividades en competencia. También responden ante los socios y los terceros por las mismas causas. Podrá exigírseles garantías por su desempeño.

El nombramiento de gerentes no modifica la responsabilidad de los miembros del consejo de administración.

Artículo 73. Las decisiones del consejo de administración podrán ser recurridas por los socios hasta agotar la vía interna y posteriormente podrá ejercerse, si fuera del caso, acción judicial de impugnación de la asamblea.

Artículo 74. La función de vigilancia de la cooperativa será desempeñada por la junta de vigilancia, sin perjuicio de la tarea que corresponde a la auditoría y la supervisión a cargo de la autoridad de aplicación.

Tiene a su cargo fiscalizar la actividad de la cooperativa y velar por que el consejo de administración cumpla la ley, el estatuto, los reglamentos y las resoluciones de la asamblea.

Ejercerá sus atribuciones de modo de no entorpecer las funciones y actividades de los otros órganos.

Artículo 75. Su función se limita al derecho de observación precisando en cada caso las disposiciones que considere transgredidas. Debe dejar constancia de sus observaciones o requerimientos y, previa solicitud al consejo de administración puede convocar a asamblea cuando lo juzgue necesario e informar a la respectiva cooperativa de grado superior y a la autoridad de aplicación.

Artículo 76. La junta de vigilancia se compondrá de un número impar de socios no inferior a tres, conforme lo determine el estatuto, con igualdad de condiciones y oportunidades para la postulación de hombres y mujeres. En cooperativas con menos de 25 socios, el órgano de vigilancia será unipersonal.

Artículo 77. Los miembros de la junta de vigilancia serán elegidos por la asamblea por un período no superior a tres ejercicios. El estatuto establecerá la forma de elección y si son reelegibles o no.

Artículo 78. Rigen para la junta de vigilancia las disposiciones sobre revocación, reglas de funcionamiento, suplentes, responsabilidad y compensación establecidas para el consejo de administración.

Artículo 79. Las cooperativas deben contar con un servicio permanente de auditoría externa a cargo de contador público matriculado. Podrán ser eximidas de esta obligación por la autoridad de aplicación cuando su situación económica, actividad o ubicación geográfica lo justifiquen.

La auditoría será designada anualmente por la asamblea.

El servicio de auditoría podrá ser prestado por cooperativa u organismo auxiliar especializado, con intervención de profesional matriculado.

Artículo 80. Las cooperativas podrán asociarse entre sí para intercambiar servicios, celebrar contratos de participación y acuerdos de colaboración, complementar actividades, cumplir en forma más adecuada el objeto social y, en fin, para llevar a la práctica el principio de integración cooperativa.

Artículo 81. Cuando dos o más cooperativas se fusionan, se disuelven sin liquidarse extinguiéndose su personalidad jurídica. La nueva cooperativa se constituirá haciéndose cargo del activo y el pasivo de las disueltas.

Artículo 82. Habrá incorporación cuando una cooperativa absorba a otra u otras, conservando la incorporante su personalidad jurídica y extinguiéndose la de las incorporadas. El activo y el pasivo de éstas se transfieren a la incorporante.

Artículo 83. Tanto en la fusión como en la incorporación deben quedar a salvo los derechos de terceros.

Artículo 84. La fusión e incorporación deben inscribirse en el Registro Público de Comercio.

Artículo 85. Por resolución de sus respectivas asambleas las cooperativas podrán constituir cooperativas de segundo o superior grado o asociarse a ellas. Estas se regirán por las disposiciones de la presente ley con las adecuaciones que resulten de su naturaleza.

Deben contar con un mínimo de 250 socios.

Artículo 86. Las cooperativas de segundo o superior grado se constituyen para prestar servicios a sus socios y podrán realizar, conforme con las disposiciones de esta ley y de sus respectivos estatutos, actividades de carácter técnico, económico, social, cultural y asumir la representación del movimiento cooperativo.

Artículo 87. Por delegación de la autoridad de aplicación las cooperativas de grado superior que ejerzan representación del movimiento cooperativo podrán realizar actividades de supervisión.

Asimismo, podrán encargarse de actividades de registro por delegación de la autoridad encargada del Registro Público de Comercio.

Artículo 88. Las cooperativas de grado superior podrán establecer en sus estatutos un régimen de representación y voto proporcional al número de socios con que cuenten las cooperativas asociadas o al uso de los servicios que éstas realicen. En este caso el estatuto debe fijar un mínimo que asegure la participación de todas las cooperativas asociadas y un máximo que evite el predomino excluyente de alguna de ellas.

Artículo 89. Las cooperativas se disolverán por:

1. Decisión de la asamblea;

2. Reducción del número de socios por debajo del mínimo legal durante un período superior a seis meses;

3. Fusión o incorporación;

4. Reducción del capital por debajo del mínimo establecido por el estatuto por un período superior a seis meses;

5. Declaración en quiebra;

6. Sentencia judicial firme;

7. Por otras causas previstas en otras disposiciones legales aplicables debido a la actividad de la cooperativa.

Artículo 90. Disuelta la cooperativa se procederá inmediatamente a su liquidación, salvo en los casos de fusión o incorporación. La cooperativa conservará su personalidad jurídica a ese solo efecto. Los liquidadores deben comunicar la disolución a la autoridad encargada del Registro Público de Comercio y a la autoridad de aplicación.

Artículo 91. La liquidación estará a cargo del consejo de administración, salvo disposición en contrario del estatuto o impedimento o imposibilidad para ejercer el cargo, caso en el cual la designación de la comisión liquidadora corresponderá a la asamblea o a la autoridad de aplicación, si la asamblea no la hiciera. La junta de vigilancia controlará el proceso de liquidación.

Artículo 92. El órgano liquidador ejerce la representación legal de la cooperativa. Debe realizar el activo y cancelar el pasivo actuando con la denominación social y el aditamento “en liquidación”.

Artículo 93. El remanente que resultare una vez pagadas las deudas y devuelto el valor nominal de las aportaciones integradas se entregará a la cooperativa de grado superior a la que estuviere asociada o, en su defecto, a otra cooperativa del lugar, con destino a educación y fomento cooperativo.

Cooperativas de trabajo asociado

Artículo 94. Son cooperativas de trabajo asociado aquéllas en que los socios se vinculan para satisfacer su necesidad de trabajo a través de actividades de producción de bienes o de prestación de servicios organizadas directamente por la cooperativa, la cual debe ser la propietaria o tenedora de los medios de labor, con autonomía técnica y empresarial, sin actuar como intermediaria laboral. El ingreso de socios estará limitado a la existencia de cargo o plaza para desempeñar la labor.

No sujeción a la legislación laboral

Las relaciones de trabajo y los sistemas de compensación se regularán conforme lo establezcan los estatutos o reglamentos especiales aprobados por la asamblea y no estarán sujetos a la legislación laboral aplicable a los trabajadores asalariados dependientes. No obstante, deberán observar las normas de seguridad social y de protección de riesgos del trabajo, garantizando a los socios un trabajo decente.

Bancos cooperativos, cooperativas de ahorro y crédito y de seguros

Artículo 95. Las cooperativas que tengan por objeto la prestación de servicios bancarios, de ahorro y crédito o de seguros, deberán ser especializadas y someterse a las disposiciones legales que regulan las actividades financiera y aseguradora, sin perjuicio de cumplir con las normas previstas en esta ley y sin afectar su naturaleza, principios y caracteres cooperativos.

Cooperativas de vivienda

Artículo 96. Las cooperativas que tengan por objeto construir, mantener o administrar viviendas, conjuntos habitacionales o de propiedad horizontal, deberán limitar el ingreso de socios al número de soluciones que ellas generen.

Clases

Estas cooperativas podrán ser de propietarios individuales de las unidades de viviendas o de propiedad colectiva. En este último caso la cooperativa será la propietaria de los inmuebles y los socios tendrán el derecho de uso de conformidad con el reglamento que se establezca y solo podrá constituir gravámenes que tengan por objeto garantizar préstamos para la compra de los terrenos y la construcción del conjunto habitacional con la mayoría calificada de la asamblea que determine el estatuto.

Cooperativas escolares y juveniles

Artículo 97. Las cooperativas escolares y juveniles constituidas por menores de edad se regirán por las disposiciones que dicte la respectiva autoridad educativa, con sujeción a los principios de esta ley.

Cooperativas constituidas en el extranjero

Artículo 98. Las cooperativas constituidas en el extranjero podrán operar en el territorio nacional si se hallan legalmente constituidas en su país de origen y observan los principios cooperativos incorporados en esta ley. La inscripción en el Registro Público de Comercio se realizará sobre la base de reciprocidad con el país de origen.

Acuerdos de integración regional

Artículo 99. Se reconoce la existencia de cooperativas binacionales o multinacionales dentro del marco de los acuerdos de integración económica regional con sujeción a reciprocidad de los demás países que sean parte del acuerdo y a las normas específicas que al efecto se establezcan.

Artículo 100. La autoridad de aplicación de la legislación cooperativa será la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 101. Compete a la autoridad de aplicación ejercer la supervisión de las cooperativas, sin perjuicio de las demás funciones que le otorga esta ley.

La supervisión se ejercerá sin perjuicio de la que corresponda a otros organismos oficiales en cuanto a las actividades específicas de las distintas clases de cooperativas, con los que actuará en coordinación. La supervisión que ejerzan otros organismos debe ser realizada con adecuación a la naturaleza propia de las cooperativas.

Artículo 102. Son atribuciones inherentes a la supervisión, sin perjuicio de otras que esta ley reconozca:

1. Requerir documentación y realizar investigaciones en las cooperativas;

2. Asistir a las asambleas;

3. Solicitar al juez competente la suspensión de las resoluciones de los órganos sociales cuando fueran contrarias a la ley, el estatuto o los reglamentos;

4. Solicitar al juez competente la intervención de la cooperativa cuando existieran motivos que importen riesgo grave para su existencia;

5. Solicitar al juez competente la disolución y liquidación de la cooperativa cuando cometiera infracciones cuya gravedad aconseje la cesación de su existencia;

6. Coordinar su labor con otros organismos competentes por razón de las actividades de las cooperativas;

7. Impedir el uso indebido de la palabra “cooperativa” a cuyo efecto podrá aplicar multas de hasta 1000 UMA a los infractores y ordenar la clausura de locales hasta que cese dicha conducta;

8. En general, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, cuidando de no entorpecer el regular funcionamiento de las cooperativas.

Artículo 103. Las funciones de supervisión podrán ejercerse mediante delegación a las cooperativas de grado superior u organismos auxiliares especializados del movimiento cooperativo.

Artículo 104. En caso de infracción a esta ley y las demás disposiciones vigentes en la materia, la autoridad de aplicación podrá imponer a las cooperativas o a los miembros del consejo de administración, de la junta de vigilancia y gerentes que resultaran responsables, las siguientes sanciones:

1. Llamado de atención;

2. Apercibimiento;

3. Multa de hasta 2500 UMA.

Artículo 105. Las sanciones se aplicarán previa instrucción de sumario en el que se asegurará el derecho de defensa y se graduarán teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, los antecedentes del imputado, su importancia social y económica y, en su caso, los perjuicios causados.

Artículo 106. Contra las resoluciones de la autoridad de aplicación que impongan sanciones podrán interponerse los recursos de carácter administrativo y judicial previstos por la legislación vigente.

Artículo 107. El Instituto Nacional de Cooperativas funcionará con sede en la Ciudad de México, y tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política nacional en materia de cooperativas.

Ejercerá las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende la ley:

1. Promover el desarrollo del movimiento cooperativo y brindar asistencia técnica a las cooperativas coordinando su actividad con las cooperativas de grado superior;

2. Coordinar con otros organismos oficiales competentes la ejecución de la política nacional en materia cooperativa;

3. Organizar un servicio estadístico y de información sobre cooperativas;

4. Realizar estudios e investigaciones sobre la materia de su competencia;

5. Administrar su presupuesto y otorgar subsidios y créditos a las cooperativas;

6. Dictar, dentro de marco de su competencia, las medidas que fueren necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 108. El Instituto Nacional de Cooperativas estará dirigido por un consejo directivo integrado por un presidente y cuatro representantes del Estado mexicano.

El presidente será designado por el presidente de la Nación, los representantes oficiales serán designados por las Secretarias del Trabajo, Economía, Turismo y Hacienda, directamente relacionados con el quehacer de las cooperativas.

Todo ello conforme con la reglamentación que al efecto se dicte, la cual establecerá asimismo la duración de los cargos y las reglas de funcionamiento y organización del cuerpo.

Artículo 109. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá, de común acuerdo con el Consejo Superior del Cooperativismo, con las confederaciones, federaciones y uniones, constituir fondos de garantía que apoyarán a las sociedades cooperativas en su acceso al crédito, mediante el otorgamiento de garantías que cubran el riesgo de los proyectos de inversión.

Las sociedades nacionales de crédito podrán efectuar descuentos a las instituciones de crédito y a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo para el otorgamiento en favor de las sociedades cooperativas, de créditos para la formulación y ejecución de proyectos de inversión, que incluyan los costos de los servicios de asesoría y asistencia técnica.

Para la evaluación de la procedencia de los descuentos, las sociedades nacionales de crédito deberán considerar primordialmente la demostración de la factibilidad y rentabilidad de los proyectos de inversión, la solidez de la organización y la presentación y desarrollo de los planes económicos y operacionales de los organismos cooperativos.

Artículo 110. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, en el ámbito de sus competencias, deberán implementar acciones de apoyo a las sociedades cooperativas. En particular, realizarán además de lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en coordinación con los organismos cooperativos, las siguientes actividades:

I. La celebración de convenios con los gobiernos estatales, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México, así como con el sector social y privado, para establecer los programas y acciones de fomento que tengan por objeto el desarrollo económico del sistema cooperativo;

II. Incentivar la incorporación de las sociedades y sus organismos cooperativos en los programas de fomento regionales, sectoriales, institucionales y especiales;

III. La celebración de convenios con los colegios de fedatarios públicos, con el objeto de apoyar la constitución de las sociedades cooperativas mediante el establecimiento de cuotas accesibles y equitativas;

IV. La revisión, simplificación y, en su caso, adecuación de los trámites y procedimientos que incidan en la constitución, organización, funcionamiento y fomento de las sociedades cooperativas;

V. Organización de sociedades cooperativas de producción y consumo en las organizaciones de trabajadores del país, así como programas de capacitación organizacional para la generación de autoempleo colectivo;

VI. Promoción de sociedades cooperativas en los sectores de producción primaria, agroindustrial, alimentaria, transformación industrial, bioenergéticos, servicios de vivienda, salud, cultura, arte y recreación, tecnologías de la comunicación y la información, comunicaciones, transporte y servicios turísticos, entre otros; y

VII. Acciones de difusión y comunicación social del Movimiento Cooperativo Nacional, así como de su importancia en el desarrollo económico y social del país.

Artículo 111. Con el objeto de atender lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a los gobiernos federal, estatal, municipal y de las Alcaldías de la Ciudad de México, la elaboración, ejecución, y evaluación de políticas públicas orientadas a promover y fomentar la actividad cooperativa y de los organismos cooperativos, así como la difusión de los valores y principios en que se sustenta.

Para tales efectos, el fomento cooperativo deberá orientarse conforme a las siguientes bases:

I. Apoyo a la organización, constitución, desarrollo e integración de las propias sociedades cooperativas y de sus organismos cooperativos, como medios para la organización social orientados a una mayor participación de la población en actividades económicas, el impulso del empleo digno y sustentable, redistribución del ingreso, la equidad de género y el desarrollo económico y social sustentable del país;

II. Promoción de la economía social y cooperativista en la producción, distribución, comercialización y financiamiento de los bienes y servicios que generan y que sean socialmente necesarios;

III. Desarrollar acciones que propicien mayor participación de las empresas del sector social en la economía nacional;

IV. Implantación de acciones de control, vigilancia y prevención de acciones de simulación que se realizan por medio del uso de sociedades cooperativas con la finalidad de evadir responsabilidades laborales, fiscales, económicas y sociales;

V. Apoyar con los programas operados por la autoridad educativa para el establecimiento de un sistema de educación y capacitación cooperativa, que genere mecanismos de difusión de la cultura del cooperativismo, basada en la organización social, humanista, autogestiva y democrática del trabajo, incluyendo el desarrollo de competencias técnicas y profesionales, las virtudes éticas y las habilidades organizacionales de las sociedades cooperativas.

Para el efecto, se apoyarán a las escuelas, institutos y organismos especializados en educación cooperativa y las actividades que en este sentido realicen las universidades o instituciones de educación superior en el país;

VI. Impulso a la proveeduría de bienes y servicios que produzcan las sociedades cooperativas a los diferentes niveles de gobierno, observando las modalidades y tendencias internacionales;

VII. Establecimiento de acciones que propicien que las empresas que se encuentren en crisis sean adquiridas por parte de sus trabajadores, por medio de su constitución en sociedades cooperativas;

VIII. Fomento de proyectos de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación;

IX. Respaldo al financiamiento de proyectos de investigación científica en materia cooperativa;

X. Impulso para el acceso a estímulos e incentivos para la integración de las sociedades cooperativas, entre otras acciones, a los apoyos fiscales y de simplificación administrativa;

XI. Incorporación del sector cooperativo en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y a las instancias de participación y de representación social de las diferentes dependencias y organismos de la administración pública federal, estatal, municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México;

XII. Prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica, legal y económica para la adecuada operación de las sociedades y sus organismos cooperativos;

XIII. Concesión o administración de bienes y/o servicios públicos a favor de las sociedades y sus organismos cooperativos, por medio de alguna sociedad cooperativa de participación estatal;

XIV. Impulso juntamente con las sociedades y sus organismos cooperativos, de proyectos de desarrollo social de las comunidades donde operan;

XV. Estímulo de la participación social en actividades de promoción, divulgación y financiamiento de proyectos cooperativos, de tal manera que se fomente la cultura del trabajo asociado, el consumo social y del ahorro, mediante sociedades cooperativas de producción, consumo y de ahorro y préstamo;

XVI. Fortalecimiento de la organización y desarrollo de los organismos cooperativos que forman parte del Movimiento Cooperativista Nacional, como instancias de articulación del sector de promoción y acompañamiento de la economía social y cooperativista;

XVII. Fomento de las acciones de coordinación y colaboración en materia cooperativa con la federación, los estados, municipios y las Alcaldías de la Ciudad de México; así como con países y organismos internacionales de carácter público, privado o social que fortalezcan el cooperativismo mexicano;

XVIII. Impulso a la promulgación de leyes estatales y locales de fomento cooperativo;

XIX. Todas aquellas que se consideren convenientes a efecto de fomentar el desarrollo de las sociedades cooperativas y de sus estructuras de integración económica y de representación gremial; y

XX. Los demás que establezcan las Leyes.

Primero. La presente ley entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 1994.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan a lo dispuesto por la presente ley.

Cuarto. A elección de las personas interesadas, los asuntos relativos al registro de sociedades cooperativas y demás que estén en trámite, se podrán continuar hasta su terminación de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas que se abroga, o cancelarse y, en caso procedente, iniciarse conforme a lo dispuesto en la presente ley.

Quinto. El Instituto Nacional de Cooperativas se conformará como organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía, asumiendo su constitución y operación en tanto se autorice la suficiencia presupuestaria por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a su organización y funciones.

Notas

1 Pineda, C. J.; Castillo, M. E.; Pardo, E. E. ; Palacios, N. V. Cooperativismo Mundial 150 años. Santafé de Bogotá: Consultamérica, 1994.

2 Coque Martínez, Jorge. Las cooperativas en América Latina: visión histórica general y comentario de algunos países tipo CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, núm. 43, noviembre, 2002 Centre International de Recherches et d’Information sur l’Economie Publique, Sociale et Coopérative Valencia, Organismo Internacional.

3 Dante Cracogna, Coordinador. La Legislación cooperativa en México, Centroamérica y el Caribe. Alianza Cooperativa Internacional para las Américas. –1a ed. – San José, Costa Rica: Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, 2009. 168 p.

4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 1889. Cámara de Diputados. LV Legislatura.

5 Valenzuela Reyes, María Delgadina. “La Nueva Ley de Sociedades Cooperativas: ¿Un nuevo acercamiento con el régimen general de las sociedades mercantiles?, en Revista de Derecho Privado, número 20, Sección de Legislación. Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.

6 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1938.

7 Conforme a la Ley Pesca, derogada, se encontraban entre las especies reservadas al camarón, el ostión, la langosta, y a la abulón, entre otras que, representaban la producción pesquera más importante del país.

8 Ortiz Porras, Carolina. “Cooperativas: una alternativa olvidada para el desempleo” en Revista Jurídica Jalisciense.

9 Organización Internacional de trabajo. Recomendación 127 emitida el 1° de junio de 1966, por la Conferencia General de la OIT. Documento proporcionado por la Biblioteca de la OTI en México, citado por Carolina Ortiz en “Oportunidades y Alternativas de la Nueva Ley General de Sociedades Cooperativas. Revista de Derecho Privado, número 24, Sección de Legislación. Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1997.

10 Arnaiz Amigo, Aurora. Derecho Cooperativo.

http/biblio.juridicas.unam.mx Consultado el 01 de junio 2020, 08: 22 am.

11 Espina Montero, A. (1989). La economía social y Europa. Propuesta e iniciativas, Boletín de Estudios y Documentación. Cooperativismo y Economía Social 5, 39-45.

12 Comisión de las Comunidades Europeas (1990). Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo: Las empresas de la economía social y la realización del mercado europeo sin fronteras. Boletín de Estudios y Documentación, Cooperativismo y Economía Social, 2, 45-91.

13 Lederman, E. (1991). Los proyectos de inversión en el sector social de la economía. Boletín de Estudios y Documentación. Cooperativismo y Economía Social 1, 55-70.

14 Esta es una descripción formal de la distribución de la autoridad decisional en las cooperativas. En la práctica pueden ocurrir procesos de poder entre los autores de la cooperativa que pudieran apartar el ejercicio de la autoridad decisional de lo expresado por la doctrina.

15 Yunier Hechavarría Aguilera, Jesús Cruz Reyes. La innovación social cooperativa, una apuesta por construir una nueva economía social y solidaria. Revista de Cooperativismo y Desarrollo Año 2016, Volumen 4, número 2

16 Edwards, M. (2012). ¿Qué es la innovación social? Recuperado de

http://www.tendencias21. net/innovacion/Que-es-la-innovacionsocial_ a45.html 02 de junio 2020, 10: 30 am

17 Bernaola, G. (2014). ¿Innovación social, de qué estamos hablando? Recuperado de

http://www.infocalidad.net/archives/opinion/innovacion-social-%C 2%BFde-que-estamos-hablando. 02 de junio 2020, 10: 40 am

18 Eliana Rodríguez | 12 07 2019. El crecimiento de las sociedades cooperativas en México. Recuperado

https://blog.cobiscorp.com/crecimiento-sociedades-cooperativas-e n-mexico. 02 de junio de 2020, 11: 30 am

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.– Diputados: Ignacio Benjamín Campos Equihua, Hirepan Maya Martínez (rúbricas).»