«Iniciativa que adiciona el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Carlos Iván Ayala Bobadilla, Diputado Federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de los siguientes

Fundamento Legal

Que la legislación nacional es el referente normativo en materia de vivienda, se desprende de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 4o. que establece que, “todas las familias tienen el derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”;

Que el artículo 123, en su fracción XII, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a contar con una habitación cómoda e higiénica;

Que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 136 establece que las empresas están obligadas a proporcionar a sus trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas y a hacer aportaciones para cubrir ese derecho;

Que el Decreto por el que se otorgan estímulos para promover la incorporación a la seguridad social, que entró en vigor el 1 de julio de 2014, el Gobierno Federal establece los términos y las condiciones en que otorgará un subsidio a quienes cumplan los requisitos previstos en este documento, con el objeto de que accedan a los servicios y prestaciones de las Leyes del Seguro Social y del Infonavit;

Que el Decreto que adiciona el artículo 43 Ter de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) , publicado en el Diario Oficial el 19 de marzo de 2014, el Instituto podrá celebrar convenios con las instituciones de seguridad social con objeto de definir los procedimientos de transferencia de las aportaciones acumuladas en la Subcuenta de Vivienda al pago de los créditos de los trabajadores debido a cambios en su régimen de seguridad social;

Que la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en su artículo 3°, señala que tiene por objeto administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda y generar un sistema a través del cual, los trabajadores puedan obtener crédito accesible para la vivienda adecuada.

Que la vivienda es un bien necesario y tangible para el ser humano, y es también un impulsor de crecimiento económico y del mercado interno del país, hoy en día se revalora su función como la más social de las infraestructuras y un lugar en donde sentirnos seguros.

Problemática

Desde siempre, tener una vivienda es una condición indispensable para sobrevivir y desarrollarse como ser humano en términos de seguridad, autonomía e independencia. El derecho a la vivienda pretende dar satisfacción a la necesidad que tiene toda persona de tener un lugar adecuado para vivir. Es considerado como un derecho inalienable al individuo. Es concebido también, como el resguardo del ser humano y de su familia que actúa como plataforma para su desenvolvimiento e influye en su progreso individual y colectivo.

El derecho a la vivienda digna es el que reconoce nuestro marco constitucional y que desde el ámbito internacional se configura a partir del derecho a un nivel de vida adecuado. Por su parte, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, considera algunos elementos que la presente iniciativa busca para garantizar a cualquier persona mexicana que radique en el extranjero, tenga el derecho de acceso al financiamiento de créditos de interés social que, por su propia naturaleza, deben ser baratos y suficientes.

Artículo 25

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

En el mundo, todos los días, las personas cruzan fronteras internacionales con el propósito de trabajar. La duración de su estancia en los lugares de destino y el eventual cambio de residencia permite distinguir, al menos de forma conceptual, a los trabajadores transfronterizos de los trabajadores migrantes temporales y a estos y aquellos, de los extranjeros residentes. La movilidad laboral internacional implica desplazamiento, cruce de fronteras con otras naciones y motivaciones de trabajo; comprende todos los movimientos de personas de un país a otro con el propósito de emplearse u ofrecer servicios.

Sin embargo, las crisis económicas globales que de manera impredecible se han generado por diversos motivos, entre ellos los que están asociados a la salud, la falta de empleo fijo, salarios y nivel adquisitivo bajo, alejan a los mexicanos del acceso a los derechos mínimos que deben gozar, en este caso, el derecho a la vivienda y a poder solventar el pago de la misma bajo las reglas establecidas en la legislación vigente para tal efecto.

Factores como percibir un mejor salario, oportunidades de crecimiento o aprender nuevos idiomas han influido en que cada vez más mexicanos opten por trabajos en el extranjero. En el crecimiento futuro de la economía de Estados Unidos, los latinos, especialmente los mexicanos, tendrán un papel protagónico, ya que estos constituyen el grupo de extranjeros más numeroso en Estados Unidos. Aunque en los últimos años disminuyó el ritmo de la migración de mexicanos, de una población de casi 57 millones de latinos en Estados Unidos, más de 63 por ciento es de origen mexicano; es decir, más de 36 millones de personas. i

De acuerdo a las cifras emitidas por la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, la condición de los mexicanos que viven en el extranjero, son las siguientes:

• De los mexicanos en el extranjero, 54% son mujeres y 46% son hombres.

• La mayoría de los migrantes mexicanos se encuentran en el continente americano (54%), seguido de Europa (40%), Asia (4%), Oceanía (2%) y (3.35%) en África.

• Los 10 países con el mayor registro de mexicanos en el exterior son: Canadá, España, Alemania, Reino Unido, Bolivia, Argentina, Países Bajos, Costa Rica, Chile y Panamá.

• Los mexicanos en Europa son 103,814 con una edad promedio de 34 años; 58% son mujeres y 42% son hombres.

• Los mexicanos residentes en África son, de acuerdo con los registros, 921, cuya edad promedio es de 33 años. El 54% son mujeres y el 46% son hombres.

• En Asia hay un total de 11,180 mexicanos residentes, de los cuales 49% son mujeres y el 51% son hombres, con una edad que oscila en los 35 años.

• Los mexicanos que residen en Oceanía son 4,098, 51% son mujeres y 49% son hombres con una edad promedio de 33 años.

La migración indocumentada como expresión de una especificidad de la integración multidimensional entre México y Estados Unidos tiene causas de índole económica, asociadas con diferencias salariales que son parte importante de la fuerza de trabajo mexicana que se emplea con salarios comparativamente atractivos en Estados Unidos, país que a su vez satisface su demanda de trabajo en determinadas ramas de la economía. Por ello, esta masa de trabajadores contribuye a la producción de bienes y servicios en un número significativo de estados en esa nación.

De acuerdo a la Federación para la Reforma de Inmigración Americana (FAIR), que es la entidad conservadora que promueve el control de la inmigración, advierte que de no existir reformas para detener la llegada al país de inmigrantes sin estatus legal y mejorar el sistema de ingreso legal de extranjeros, el total de indocumentados podrían alcanzar los 21 millones para el año 2025.

No obstante lo anterior, con números del censo y del Gobierno de Estados Unidos, el centro de estudios Pew, uno de los más relevantes del país en lo que se refiera a datos, señala que hasta 2017 había en el país 10,5 millones de indocumentados, de los cuales unos 4.9 millones son mexicanos. ii

Las crisis humanitarias, refugiados e inmigrantes, ponen en tela de juicio la universalidad de los derechos humanos y evidencian la necesidad de sistemas de justicia adecuados para lograr la satisfacción de necesidades básicas de la población mexicana, en especial como lo señala nuestra Carta Magna, el derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.

Como se puede apreciar, una de las razones de la migración mexicana a los Estados Unidos se origina principalmente por la enorme diferencia salarial entre los dos países y constituye una poderosa fuerza de atracción para los jóvenes y los trabajadores mexicanos. Aunque cada mexicano tiene sus propios objetivos por los cuales migran al país del norte, muchos lo hacen para tener una mejor calidad de vida en su país de origen. Sin duda la adquisición de una vivienda es algo que garantiza estabilidad .iii

Las dificultades de la economía mexicana y la inadecuación de políticas para generar un crecimiento económico relativamente estable y sostenido, no han permitido la generación de empleos formales, empujando a un creciente número de personas a la economía informal caracterizada por ingresos bajos e inestables.

Por ello, la presente iniciativa busca que los mexicanos que radican en el extranjero puedan adquirir un crédito hipotecario con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit) con independencia de haber tenido cualquier tipo de relación con el Instituto , solo con la condicionante de demostrar su capacidad financiera para obtener un crédito, mediante constancia de ingresos y, por ende, se encuentra empelado en el extranjero, y de considerarlo necesario el Instituto, el solicitante deberá pagar directamente el crédito al Instituto.

Argumentación

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de acuerdo al artículo segundo de su Ley de creación, es un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, y como tal su principal función es administrar los recursos del fondo que aportan los patrones y los trabajadores para la vivienda.

El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores se creó en cumplimiento al derecho constitucional de que todo mexicano tiene derecho a una vivienda digna. Ha sido desde su creación el principal promotor y apoyo para los mexicanos para la obtención de créditos de vivienda.

En 1972 se funda el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda y ese mismo año, el 21 de abril de 1972 se promulgó la Ley del Instituto. Consistió en reunir en un fondo nacional las aportaciones patronales del 5% del salario de cada uno de los trabajadores que tuvieran contratados para darles la oportunidad de obtener un crédito de vivienda o el derecho a que sus ahorros les sean devueltos.

Desde entonces el Infonavit ha sido el referente nacional en la colocación de soluciones financieras con crédito hipotecario, con una participación del 74% del mercado tradicional, hasta el año 2016.

Los Programas del Instituto se han diversificado y actualizado para un mercado cambiante, con el objetivo de atender las necesidades de vivienda, el desarrollo de mejores soluciones habitacionales y financieras, así como abatir el rezago habitacional existente.

El Instituto cuenta con una ley que norma su funcionamiento. Consta de 71 artículos más otros transitorios, cuyas ideas centrales se refieren al derecho de todos los trabajadores mexicanos de tener un crédito por parte del mismo y las políticas que se siguen para este fin. A lo largo de los años ha sufrido modificaciones para garantizar la existencia del instituto.

Situación actual de la vivienda en México

En México, existen proyectos habitacionales emblemáticos que podrían catalogarse como vivienda adecuada, de acuerdo a las directrices que ha establecido ONU-Hábitat. Ejemplos concretos pueden encontrarse en la Ciudad de México, como el multifamiliar Miguel Alemán que fue construido en 1949, o la Unidad Habitacional Independencia, edificada en 1960, y el Conjunto Tlatelolco, terminado en 1964. En todos ellos, hubo una participación decidida de las instituciones del Estado, acompañadas por los sectores privado y social.

La gran migración a las ciudades experimentada en la segunda mitad del siglo XX, hizo que la demanda por vivienda fuera mayor a lo que podía ofrecer un esfuerzo liderado únicamente por el sector público. De la necesidad anterior, es que a principios de los 70 surgen instituciones como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como una respuesta de los empresarios a las demandas del sector sindical por contar con una vivienda cerca de los centros de trabajo. El modelo tripartita sigue vigente hasta nuestros días.

En la década de los 80, las ciudades continuaron su crecimiento, muchas veces de forma irregular y sin planeación; la industria de la vivienda era incipiente, aunque en crecimiento. Únicamente los trabajadores del sector privado parecían tener garantizado un mecanismo de financiamiento a la vivienda. Ante esta situación, se crearon instituciones como el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo, establecido en 1985), enfocadas en atender a otra parte de la población, que hasta entonces carecía de los satisfactores de la seguridad social.

Hacia la última década del siglo XX, iniciaron grandes procesos de privatización y desmantelamiento del Estado. Bajo este paradigma se asumía que las fuerzas del mercado, por sí mismas, cubrirían las deficiencias de bienes y servicios que demanda la población, principalmente el derecho a la vivienda. Lo anterior supuso la adopción de un modelo de desarrollo de vivienda expansivo, horizontal y de bajo costo. Este modelo de vivienda, que fue altamente rentable en la primera década del siglo XXI, dejó fuera de la producción social de la vivienda, a comunidades organizadas. Se dejó de lado a cualquier política pública de gran escala dirigida a las necesidades de poblaciones con mayor marginación social y rezago. Se privilegió un modelo donde las grandes instituciones de vivienda (Infonavit y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOVISSSTE) se limitaron al otorgamiento de créditos. iv

Por ello, el mandato de esta administración es recuperar la rectoría del Estado en materia de vivienda. Lo anterior significa diseñar una política que no responda a intereses particulares, sino a los del pueblo de México. Con esto, se busca revertir la situación antes descrita para atender las necesidades actuales de la población mexicana, entre las cuales se considera un déficit de 9.4 millones viviendas en el país.

En México existe una baja penetración de crédito para la vivienda: en 2015, solo 20.8% de las viviendas particulares adquiridas o construidas por sus dueños fueron financiadas a través del Infonavit, Fovissste, Pemex o del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, mientras que 4.9% había utilizado un crédito de bancos, sociedades financieras de objeto limitado o de cajas de ahorro, significando que siete de cada diez viviendas fueron financiadas con recursos propios. v

En el periodo 2016-2018, la vivienda particular habitada pasó de 32.8 a 34.1 millones, representando un incremento de 3.9%, mientras que las viviendas habitadas en rezago habitacional incrementaron de 9.2 a 9.4 millones, aumentando 2%. Mientras que el Rezago Habitacional Ampliado en México representó 27.5% del total de viviendas particulares habitadas en el país, con una clara tendencia a la baja desde 2008. vi

La economía ha enfrentado episodios de mayor incertidumbre, en donde se combinaron deslizamientos en el tipo de cambio, una larga espera en la ratificación del T-MEC y el fin del ciclo de subidas en las tasas de interés de largo plazo, que se reflejaron posteriormente en las tasas hipotecarias. En este sentido, la banca comercial al cierre de 2019 mostró que el monto de financiamiento hipotecario se incrementó 3%. El mercado hipotecario colocó 53.6% de casas solas, 24.8% casas en condominio y 21.6% departamentos.

En 2019 se colocaron 521,961 créditos de los cuales 351,461 fueron hipotecarios y 170,500 para mejoramientos. La derrama de Infonavit al cierre de 2019 fue de $157,046 millones de pesos (mdp); asimismo en atención a su población objetivo el Instituto creó el programa “Con 7 mil si” aumentando el monto de crédito a 312 mil pesos, para beneficiar a los derechohabientes con ingresos de hasta 7,191 pesos mensuales para acceder a una vivienda de mejor calidad y mejor ubicada. vii

El 60.3 % de los créditos formalizados en 2019 fue para trabajadores con ingresos inferiores a $11,273 pesos. Estos trabajadores por su salario y rotación laboral usualmente no son sujetos de crédito en la banca comercial y su probabilidad de incumplimiento es superior. viii

Actualmente, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), cuenta con varias opciones para lograr obtener una vivienda, pero sujetos a una relación de carácter laborar; sin embargo, la presente propuesta busca que las personas que radican en el extranjero tengan acceso a obtener un crédito sin que medie o no algún tipo de relación con el Instituto, demostrando su capacidad financiera para obtener el crédito, mediante constancia de ingresos y que se encuentra empelado en el extranjero, y de considerarlo necesario el Infonavit, el solicitante deberá depositar directamente al Instituto, el pago de las aportaciones correspondientes para ser sujeto al crédito de vivienda, además, de que de manera directa podrá realizar el pago de su crédito hipotecario o el de algún familiar directamente al Instituto.

La problemática principal es que, actualmente los instrumentos financieros para vivienda están enfocados principalmente a la adquisición de vivienda y en particular para la población derechohabiente; sin embargo, esto excluye a las personas que laboran en el sector formal con ingresos limitados, las que laboran en el sector informal, o a quienes acceden a la vivienda a través de arrendamiento y a quienes construyen su vivienda en un lote familiar.

Actualmente, el Programa Nacional de Vivienda (PNV) 2019 - 2024 es el precursor en materia de vivienda de acuerdo a los criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que fomenta la seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. El objetivo general del PNV es garantizar el ejercicio del derecho humano a la vivienda adecuada con la participación de los diferentes actores públicos, privados y sociales, a través del rediseño del marco institucional y el desarrollo de esquemas financieros, cuyo enfoque planeado e integrado al territorio, prioriza la atención al rezago habitacional y a la población históricamente discriminada. ix

Actualmente la Ley del Instituto dl Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su artículo 41 señala:

El trabajador derechohabiente tendrá el derecho de elegir la vivienda nueva o usada con las características de su preferencia, o el suelo que sea destinado para construcción, reparación o ampliación de vivienda a los que se aplique el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda. Previo a ejercer su crédito de vivienda el trabajador derechohabiente tendrá derecho a recibir información suficiente sobre las condiciones jurídicas y financieras del mismo, así como recibir directamente y sin intermediarios el crédito mencionado, siempre y cuando cumpla con los requisitos que al efecto establezca el Consejo de Administración mediante reglas de carácter general. Se entenderá por trabajador derechohabiente a toda persona que sea titular de depósitos constituidos a su favor en el Instituto.

Con esta modificación, se garantiza el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas que, con independencia de tener o haber tenido una relación con el Infonavit, tengan el derecho de acceso para adquirir un crédito hipotecario con el Instituto cuando demuestren que radican en el extranjero, se trate de grupos en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad; así mismo se busca brindar una solución para atender la limitada asequibilidad de una vivienda adecuada a los mexicanos radicados en el extranjero, situación que actualmente afecta a diversos segmentos de la población; particularmente a personas que se encuentran en esa condición de mayor rezago habitacional.

Por ello, con la presente iniciativa, se busca fomentar e impulsar a los mexicanos que viven en el exterior, puedan adquirir una vivienda nueva o usada en México, mediante crédito hipotecario que sea otorgado a través del Infonavit, con independencia de haber tenido cualquier tipo de relación con el Instituto, bajo la única condicionante de demostrar que cuentan con capacidad financiera para obtener el crédito, mediante constancia de ingresos y demostrando que se encuentra empelado en el extranjero, y de considerarlo necesario el Infonavit, el solicitante deberá realizar directamente al Instituto, el pago de las aportaciones correspondientes para ser sujeto al crédito de vivienda, así como realizar los pagos del crédito desde su lugar de residencia y sin intermediario alguno. Con esta propuesta, se alienta a los mexicanos que radican en el en el exterior a construir su patrimonio familiar, fomentando que funjan como detonadores potenciales de la inversión inmobiliaria en nuestro país.

Aunado a lo anterior, con la llegada de la emergencia sanitaria por el coronavirus, muchas personas se han quedado sin empleo y se encuentran en la disyuntiva de no haber podido ejercer su derecho de acceso a la vivienda ante el Por ello, con esta opción de compra de vivienda para los mexicanos que residen en el extranjero, se busca también una inclusión financiera de compra, es decir, que los mexicanos que viven en el extranjero podrá comprar su casa en México, con el solo hecho de acreditar que reside en el extranjero y que, para ello, cuenta con capacidad financiera. Esta iniciativa permitirá que muchas familias puedan tener su patrimonio en México.

Ante la grave situación económica y sanitaria que viven los migrantes mexicanos en Estados Unidos debemos ocuparnos por lo que necesitan para enfrentarla, pues muchos de ellos no tienen acceso a servicios de salud y mucho menos a una vivienda digna. Por ello debemos considerar la posibilidad de que los inmigrantes e indocumentados que son los más vulnerables, tengan una alternativa de obtener una vivienda en su retorno al país.

La presente iniciativa busca que para que los mexicanos que radican en el extranjero puedan tener acceso a este derecho, es necesario cumplir con los presentes requisitos; además de aquellos que el propio Infonavit solicite en apego a su normatividad, siendo los siguientes:

• Ser mexicano, mayor de 18 años.

• Comprobar capacidad financiera.

• Empleo formal en el extranjero.

• Tener familiares en México.

• Pago del crédito, y de ser el caso, el pago de aportaciones.

La presente propuesta, obedece a la constante llegada de indocumentados mexicanos al extranjero, presionando la demanda de compra de viviendas en México.

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), estima que un significante número de migrantes están regresado a lo que fuera su hábitat antes de partir, y están comprando casas de interés social. La mayoría de las viviendas son compradas con una parte de los ingresos ahorrados por los migrantes, pero también -y preponderantemente- a través de créditos bancarios y del Infonavit. x

Esta iniciativa permitirá a las personas migrantes radicadas en el extranjero, la compra de una vivienda nueva o usada mediante crédito hipotecario, realizando los pagos del crédito desde el exterior y directamente al Instituto, sin que para ello existan intermediarios.

Con esto, el Infonavit asume un gran compromiso social con los mexicanos radicados en el extranjero, cuyo propósito es mejorar sus canales de vivienda con la población que radica en el extranjero.

Es así que, el propio titular en Infonavit ha señalado que se han encontrado problemáticas y prácticas en el Instituto que iban en detrimento del beneficio de los trabajadores, por ello se estableció el Plan Estratégico y Financiero 2020-2024, para “representar una verdadera entidad de seguridad social con resultados financieros rentables y que pueda ofrecer mecanismos innovadores para cumplir su propósito constitucional de otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores puedan adquirir vivienda”. xi

Por dichos argumentos, es que surge la necesidad de reformar el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el propósito de incorporar el fundamento legal que permita a los mexicanos que se encuentren en el exterior con independencia de haber tenido o no, una relación con el Infonavit, obtener un crédito hipotecario para una vivienda nueva o usada con las características de su preferencia, realizando los pagos de sus créditos directamente al Instituto y sin intermediarios.

Por todo lo expuesto y, ante esta expectativa, es que se hace necesario una reforma en materia de vivienda partiendo de su concepción como derecho humano de todos los mexicanos, por ello, el propósito de la presente iniciativa, va enfocada a apoyar a los mexicanos que radican en el extranjero, pero también esta reforma ésta respaldada para un fin social cuando surja dicha necesidad, es decir, que los mexicanos que se encuentren en el exterior y que por diversas circunstancias no han podido obtener un crédito de vivienda, hoy tengan el acceso a ese crédito hipotecario para elegir una vivienda nueva o usada, realizando los pagos de sus créditos directamente al Instituto y sin intermediarios desde el extranjero, con la finalidad de generan alianzas cuando surjan este tipo de necesidades. Además, orientar nuestros esfuerzos para que a partir del reconocimiento como derecho fundamental se replanteen los instrumentos, mecanismos y apoyos que garanticen el derecho humano a una vivienda adecuada.

Por los argumentos expuestos, se reforma el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Con esta modificación a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se dará píe para armonizar diferentes ordenamientos jurídicos y crear alianzas estratégicas en beneficios de los mexicanos que residan en el extranjero, además de que exista una vinculación entre las autoridades competentes, con la intención de mantener el estatus ineludible en beneficio de los trabajadores.

Por lo expuesto y fundado, se somete a esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes del artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Único. Se adiciona el párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes del artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue

Artículo 41. El trabajador derechohabiente tendrá el derecho de elegir la vivienda nueva o usada con las características de su preferencia, o el suelo que sea destinado para construcción, reparación o ampliación de vivienda a los que se aplique el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda. Previo a ejercer su crédito de vivienda el trabajador derechohabiente tendrá derecho a recibir información suficiente sobre las condiciones jurídicas y financieras del mismo, así como recibir directamente y sin intermediarios el crédito mencionado, siempre y cuando cumpla con los requisitos que al efecto establezca el Consejo de Administración mediante reglas de carácter general. Se entenderá por trabajador derechohabiente a toda persona que sea titular de depósitos constituidos a su favor en el Instituto.

Asimismo, los mexicanos que se encuentren en el exterior y que por diversas circunstancias tengan o no una relación con el Instituto serán sujetos a obtener un crédito hipotecario para elegir una vivienda nueva o usada con las características de su preferencia, acreditando capacidad financiera y comprobando sus ingresos en el extranjero, podrán realizar los pagos de sus créditos directamente al Instituto y sin intermediarios, siempre y cuando cumpla con los requisitos que al efecto establezca el Consejo de Administración mediante reglas de carácter general. Se entenderá por derechohabiente a toda persona que sea titular de depósitos constituidos a su favor en el Instituto.

...

...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades competentes deberán adecuar su marco jurídico regulatorio en términos de lo establecido en el presente Decreto dentro de un plazo máximo de ciento ochenta días a partir de su entrada en vigor.

Notas

i https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/opinion-migracion-240200/

ii https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2019-10-27/cuantos-indocumentados -viven-en-estados-unidos

iii Pew Research Center. Encuesta sobre la Comunidad de la Oficina Nacional del Censo, reveló que en Estados Unidos

iv https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/532237/Progra-ma_Nacional_de_Viv ienda_2019-2024.pdf

v https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/592535/Edicion EAVM2019_final-com.pdf

vi https://www.gob.mx/shf/articulos/estado-actual-de-la-vivienda-en-mexico-2019?id iom=es

vii Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)

viii Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)

ix https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/592535/Edicion EAVM2019_final-com.pdf

x Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI)

xi https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/67e528e7-f13d-4dbf-a68- b29a594351c3/Plan_Estrategico_y_Financiero_2020-2024.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n 771-.G

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.– Diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María del Pilar Ortega Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 6o., numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

La protección de los derechos humanos en México es fruto de una lucha social interminable por alcanzar la igualdad en el goce y disfrute de los beneficios constitucionales a favor de todas las personas, el cual difícilmente podría ser posible sin la influencia destacada del ámbito internacional. De esta forma, el 10 de junio de 2011, mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, 1 el catálogo de derechos fundamentales se amplió y dejó de estar limitado por los derechos humanos reconocidos en las leyes mexicanas para pasar a contemplar todos los beneficios que además de estar consagrados en la Constitución se encuentran establecidos en todos los tratados internacionales celebrados por el Presidente con aprobación del Senado, las leyes del Congreso de la Unión emanadas de la Constitución y, por supuesto, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A esto se le conoce como Bloque Constitucional, es decir, al cúmulo de ordenamientos jurídicos aplicables en el territorio nacional, con diversos orígenes y relacionados principalmente con los derechos humanos.

Ahora bien, el trabajo constituye uno de los derechos humanos y fundamentales más importantes que existen, y está reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Resulta de gran trascendencia en cuanto a que de manera histórica una de las principales razones por la cual los policías han sido vetados de ser beneficiarios de gozar y disfrutar los derechos laborales que contempla la Constitución. Sobre todo porque pese a la exclusión de la aplicabilidad de los derechos laborales, que no se refiere si no a que este tipo de sujetos gozará únicamente de aquellos derechos que contemplen los ordenamientos que rijan a las instituciones policiales de manera particular, y que dicho sea de paso, en muchas de las ocasiones estos ordenamientos se abstienen de contemplar las condiciones generales de trabajo mínimas para garantizar un nivel de vida digno a favor de estos sujetos, se está en el entendido de que son servidores públicos instruidos en las armas, y cuya ausencia pudiera provocar, entre otras cosas, una crisis de seguridad nacional e incluso, hay autores que sostienen teorías relacionadas con el hecho de que permitir el derecho de asociación y derechos como el de huelga a favor de los miembros de las instituciones policiales podría provocar un golpe de estado, o una grave ausencia que pudiera llevar al país a la suspensión del estado de derecho. 2

Derivado de lo anterior, en su momento se tomó la determinación de excluirlos de estos derechos laborales, sin embargo, no existe un sustento sociológico que acredité las caóticas teorías que sustentan la exclusión de estos servidores públicos, sobre todo porque como fuerza represiva, han sido reprimidos en su conciencia al momento de ser entrenados y su fuerza represiva depende directamente de las órdenes de sus superiores, por lo que, a quienes habría que vigilar son a los líderes impuestos de las instituciones que omiten respetar los derechos mínimos de este grupo de servidores públicos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al respecto, en el apartado B del artículo 123, específicamente en la fracción XIII menciona que: los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Los policías no sólo son servidores públicos, sino que son trabajadores que prestan un servicio personal, subordinado y mediante el pago de un salario a favor de un patrón con características particulares, como es el estado, sin embargo el reconocimiento de su calidad como trabajadores para el goce de sus derechos laborales, resulta indispensable, ya que entre la exclusión del apartado B del artículo 123 constitucional y el propio artículo 1 existe una gran contradicción, así como de lo que establece el bloque constitucional en distintos tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos que dispone en su primer artículo que:

“1. Los estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”

Ahora bien, en la presente iniciativa se prevé contemplar régimen seguridad social para el personal de las instituciones de seguridad pública. Se busca la homogenización de seguridad social para todo el personal civil de las instituciones de seguridad pública. La fracción XIII, apartado B, del artículo 123 es muy clara en establecer para los policías, ministerios públicos y peritos, derechos de seguridad social complementarios, es decir, superiores a los reconocidos en el apartado B a todos los trabajadores del Estado, en la práctica, las condiciones de los policías a nivel nacional es óptima en términos del respeto a sus derechos laborales y prestaciones de seguridad social más básicos: malos salarios, discrecionalidad en el ascenso y en la permanencia en las instituciones; corrupción al interior de las instituciones; una cultura paupérrima de respeto a las condiciones mínimas de trabajo; falta de regularidad salarial y los castigos corporales y económicos parecen una constante en toda la República y en todos los niveles de gobierno.

Algunos estados de la República, como Aguascalientes, Morelos, Nuevo León o Veracruz, han emprendido esfuerzos por consolidar a nivel estatal mandos únicos y policías acreditables, dotándolas de regímenes mínimos para los trabajadores del gobierno del Estado, y por otro lado considerando algunas prestaciones particulares como vivienda, seguros médicos y de vida superiores a los de la ley, sobreprimas de riesgo, etcétera. La percepción de los integrantes de las instituciones de seguridad pública del país, sobre todo a nivel estatal y municipal, es de incertidumbre por sus derechos humanos, laborales y de seguridad social. Por lo tanto, cualquier expansión al sistema de derechos y prestaciones de la seguridad social debe responder a la propia demanda de los efectivos policiacos a mejores condiciones de vida.

Por otra parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2015 elaboró un diagnóstico detallado sobre los sueldos y el catálogo de prestaciones que reciben las policías municipales y estatales en la que se expone la situación salarial y de seguridad social respecto de las instituciones de seguridad pública de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios. En donde se puede apreciar la enorme brecha salarial y de prestaciones dentro del régimen de seguridad social, situación que pone en una situación muy complicada a todas y todos los elementos de estas instituciones de seguridad pública. Veamos.

Fuente: SESNSP

Ahora bien, es cierto que en el mismo diagnóstico se expone el catálogo de las principales prestaciones de los policías estatales y municipales, sin embargo, esto no significa de ninguna forma que todas las policías cuenten con todos ellos, sino se trata de un acumulado. El objeto de la presente iniciativa es justamente garantizar que las y los elementos policiales cuenten con un esquema de seguridad social homologado para la federación, las entidades federativas y municipios.

Fuente: SESNSP

Fuente: SESNSP

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 3 Así, pues, la salud es un derecho humano básico, pero es indispensable, e incluso podríamos considerar como condición “sine qua non” para realizar actividades propias de la seguridad pública. Luego entonces, la prestación laboral de la seguridad social es fundamental para cualquier trabajador, y más aún cuando su actividad es de alto riesgo, como es el caso de los miembros de las instituciones de seguridad pública, en especial los elementos de los cuerpos de policía. Actividad enmarcada en la violencia y el exponer la propia vida en el servicio, el pertenecer a las instituciones de seguridad pública en una posición de desgaste físico y mental.

Las precarias condiciones laborales y la inexistente seguridad social causan más estrés que las condiciones y peligros que se afrontan en el trabajo como por ejemplo: sueldo insuficiente, exceso de trabajo, equipo insuficiente o deficiente, obtener por cuenta propia al menos un accesorio o material de apoyo o protección para desempeñar sus funciones, miedo a la violencia extrema o a morir de manera violenta. Ahora bien, ello impacta también de manera negativa en la calidad de vida de las familias de los miembros de los cuerpos de policía.

En este sentido, es menester tomar en cuenta la desaprobación que la sociedad tiene de los integrantes de los cuerpos de policía, ya que en el documento México: confianza en instituciones 2018, elaborado por la empresa de consultoría Consulta Mitofsky, la policía alcanzó una calificación de 5.5, ubicándose en el grupo de confianza baja. 4 Esto es preocupante, ya que la desconfianza ciudadana es la semilla de la desconexión entre sociedad e instituciones públicas, debilitando la cohesión social y el contrato social.

Por esta razón, la presente iniciativa tiene como finalidad sistematizar y establecer de manera explícita el catálogo de derechos y prestaciones de seguridad social mínimas y específicas para fortalecer el régimen de derechos del personal de las instancias de seguridad del Estado mexicano, mismo que deberá ser desarrollado en la ley y que mínimamente deberá atender:

1. Por primera vez, establecer dentro de la relación jurídica especial que existe entre el Estado y el personal de las instituciones de seguridad de carácter civil, garantías de prestaciones mínimas a fin de acotar al máximo la discrecionalidad y arbitrariedad de mandos para reconocer y respetar estándares laborales mínimos en todo el país para todos y cada uno de los miembros de estas instituciones.

2. Delinea la formalización de un esquema de portabilidad y movilidad laboral y de prestaciones entre los integrantes de las instituciones civiles de seguridad, así como entre distintos servicios nacionales de carrera, a fin de garantizar la suficiencia operativa y de derechos del personal adscrito a estas instituciones.

3. También se prevé un órgano responsable de regular al Sistema Nacional de Remuneraciones y Prestaciones que tenga como objetivos mínimos los siguientes:

a. Emitir los acuerdos necesarios para el eficiente cumplimiento de las prestaciones que determine la ley;

b. Administrar el Fondo Nacional de Vivienda para los integrantes de instituciones de seguridad pública en los términos que fije la ley;

c. Coordinar y supervisar los mecanismos mediante los que se implementará el Programa Nacional de Becas e Incentivos educativos para el personal de las instituciones de seguridad pública y sus hijos e hijas, en los términos que fije la ley, y

d. Vigilar y dar seguimiento al estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en los tres niveles de gobierno, para el óptimo funcionamiento del Sistema.

4. Se plantea establecer un programa de becas para las y los miembros de las instituciones policiales que el beneficio será extensible a sus hijas e hijos.

Para una mejor clarificación de las propuestas de modificación, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el contenido de la iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. ...

...

A. ...

B. ...

I. a XII. ...

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y peritos se regirán por sus propias leyes.

...

Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

...

Las y los integrantes de las instituciones policiales de carácter civil de la federación, las entidades federativas y los municipios tendrán derecho de acceder a un Sistema Nacional de Remuneraciones y Prestaciones para las y los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública de carácter civil, en los términos que establezca la ley.

Será obligación de la Federación, las entidades federativas y los municipios aportar los recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema a que se refiere el párrafo anterior.

La ley establecerá un órgano responsable de regular al Sistema Nacional de Remuneraciones y Prestaciones para las y los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública de carácter civil que tendrá como atribuciones mínimas las siguientes:

a) Emitir los acuerdos necesarios para el eficiente cumplimiento de las prestaciones que determine la ley;

b) Administrar el Fondo Nacional de Vivienda para los integrantes de instituciones de seguridad pública en los términos que fije la ley;

c) Coordinar y supervisar los mecanismos mediante los que se implementará el Programa Nacional de Becas e Incentivos educativos para el personal de las instituciones de seguridad pública y sus hijos e hijas, en los términos que fije la ley, y

d) Vigilar y dar seguimiento al estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en los tres niveles de gobierno, para el óptimo funcionamiento del Sistema.

XIII Bis. y XIV. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá realizar las adecuaciones necesarias a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de los ordenamientos legales aplicables.

Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizar las adecuaciones normativas correspondientes dentro de los 180 días siguientes a partir de la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el segundo transitorio del presente decreto.

Cuarto. La federación, las entidades federativas y los municipios, garantizarán los fondos y recursos necesarios para la implementación del presente decreto, para lo cual realizarán de forma inmediata los ajustes y previsiones presupuestales a efecto del cumplimiento de sus obligaciones.

Notas

1 A través de este reforma se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tales como el artículo 1o.; el segundo párrafo del artículo 3o.; el primer párrafo del artículo 11; el artículo 15; el segundo párrafo del artículo 18; el primer párrafo del artículo 29; el primer párrafo del artículo 33; la fracción décima del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 97; el segundo y tercer párrafos del apartado B del artículo 102.

2 González, Fernando (2017): Los Derechos Laborales de los Miembros de las Instituciones Policiales en México desde la Perspectiva de la Teoría del Constructivismo Jurídico, UAEMEX.

3 Organización Mundial de la Salud; Preguntas frecuentes; 2019; Disponible en línea en

http://www.who.int/suggestions/faq/es/

4 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): “Son las universidades las instituciones con mayor credibilidad para los mexicanos”; México.2019; Disponible en línea:

http://www.unamglobal.unam.mx/?p=52595

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.– Diputadas y diputados: María del Pilar Ortega Martínez, Felipe Fernando Macías Olvera, María Liduvina Sandoval Mendoza, Dulce Alejandra García Morlán, Juan Carlos Romero Hicks, Carlos Alberto Valenzuela González, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Justino Arriaga Rojas, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Ricardo Flores Suárez, Adriana Dávila Fernández, Janet Melanie Murillo Chávez, Jaquelina Martínez Juárez, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Víctor Manuel Pérez Díaz, Karen Michel González Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Silvia Guadalupe Garza Galván, Carlos Castaños Valenzuela, Saraí Núñez Cerón, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Sonia Rocha Acosta, Lizbeth Mata Lozano, Mariana Dunyaska García Rojas, Éctor Jaime Ramírez Barba, José del Carmen Gómez Quej, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Ángeles Gutiérrez Valdez, Gloria Romero León, Carlos Carreón Mejía, Guadalupe Romo Romo, Ana Paola López Birlain, Patricia Terrazas Baca, María Verónica Sobrado Rodríguez, María del Rosario Guzmán Avilés, Josefina Salazar Báez, Martha Elena González Estrada, María de los Ángeles Ayala Díaz, María Marcela Torres Peimbert, Martha Elena García Gómez. (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de consumo personal con fines lúdicos o recreativos de cannabis y THC, en conjunto conocidos como marihuana, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, René Juárez Cisneros, Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez Mier y Terán, y Claudia Pastor Badilla, diputados y diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, en materia de consumo personal con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente ” y del psicotrópico “THC”, en conjunto conocido como Marihuana, con base en la siguiente:

La legalización de la Marihuana en México constituye un asunto complejo, el cual, ha desatado un amplio debate entre diferentes sectores de la sociedad. No es un asunto menor, ya que representa un cambio de paradigma con distintos fines, incluidos su uso adulto, lúdico o recreativo.

Para ponerlo en su justa dimensión, según los resultados del Informe Mundial sobre las Drogas 2020, el Cannabis es la droga más consumida en el mundo, se calcula que solo en el 2018 por lo menos 192 millones de personas la ingirieron, seguido de opioides con 58 millones, anfetaminas y estimulantes de prescripción con 27 millones y cocaína con 19 millones. 1

El Informe sobre la Situación del Consumo de Droga en México y su Atención Integral, 2  dejó de manifiesto que la Marihuana es la droga ilegal más consumida en nuestro país. Hasta 2017, 8.6% de los mexicanos afirmaron que la han probado al menos una vez.

La última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, arrojó que el 18.6% de los estudiantes hombres y 15.9% mujeres inscritos en secundaria y bachillerato dijeron haber consumido alguna vez algún tipo de droga. La sustancia más consumida es la Marihuana con una prevalencia de 10.6%, en los hombres es de 12.9% y 8.4% en mujeres. 3

De manera general, representa el tercer tipo de droga más utilizada para el inicio, solo después del alcohol con el 45.8% y el tabaco con el 28.7%. Por sus características es la tercera droga de mayor impacto seguido del alcohol con el 39.3% y el cristal con el 22.9%.

A decir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 80% de los adolescentes imputados en el año 2018 fue por portación de Cannabis, de ellos la mayoría con el 94% poseía entre 5 y 100 gramos, no obstante, este número varía en adultos ya que el 38% llevaba entre 5 a 30 gramos y 10.4% entre 51 a 100 gramos. 4

La Encuesta Nacional sobre Cultura de la Legalidad y Agenda Legislativa 2019, 5 refiere que la proporción de ciudadanos a favor de la aprobación de iniciativas que permiten el uso tanto medicinal como recreativo de la Marihuana es de 45.2%, muy similar a los que están en contra (42.7%); mientras que 3.5% no está a favor ni en contra y 3.2% no sabe o no contesta.

De entre quienes respondieron que están a favor de la legalización para ambos usos, dos de cada tres (66%) tienen como principal razón que es medicinal o que cura enfermedades. Una segunda razón, que reúne a 15% de quienes se muestran a favor, se basa en la disminución de la violencia o en quitarles el poder a los cárteles de la droga, y la tercera, que asume uno de cada 10 personas a favor, es porque piensan que su uso se da de cualquier manera, es decir, que estarían de acuerdo en que las iniciativas se aprueben puesto que, aun siendo ilegal, se consume.

De los que están a favor, hay una proporción similar en cuanto al sexo pues 51% son hombres y 49% mujeres. Pero, entre quienes se muestran en contra, hay una diferencia importante: 56% son mujeres y 44% hombres. Respecto a la edad, en cada uno de los grupos intermedios (que van de los 26 a los 55 años) la proporción de personas que están de acuerdo y en desacuerdo es muy similar, no obstante, hay una interesante discrepancia entre los más jóvenes (de 18 a 25 años) y también entre las personas mayores (de 56 años o más). Destaca que entre quienes están a favor 20% son jóvenes de entre 18 y 25 años, y una proporción similar tiene 56 años o más, de los que se muestran en contra.

La Encuesta Nacional Legalización y uso de la Marihuana 2020, 6 concluyó que el 50.5% de la población consultada desaprobó la legalización del uso de la Marihuana contra un 46.3% que la aprobó, 3.2% no respondió. Cuando se consultó sobre sus fines, 86.6% se manifiesta a favor, de su uso medicinal, 25.2% por su utilización recreativa y 47.4% por fines industriales.

Es importante mencionar que el 53.3% de las personas dijo que con su aprobación habría más violencia, pero el 33.6% manifestó que en caso de necesitarla para un tratamiento y no contara con permiso para adquirirlo, lo adquiriría en el mercado negro.

En cuanto al gramaje el 50.9% opina que 28.35 gramos seria demasiado, 26.3% adecuado y 22.8% no lo sabe, además el 69.7% asume que nuestro país no está preparado para regular el uso de la Marihuana, 24.2 que sí lo está y 6.1% no lo sabe.

Uso adulto, lúdico o recreativo

La Real Academia de la Lengua Española, define la palabra lúdico o lúdica como “Adj. Perteneciente o relativo al juego”, es decir, como un adjetivo derivado por etimología del sustantivo latino ludus, que se refiere a acciones de recreación, entretenimiento, ocio y diversión. 7

También corresponde por etimología popular al latín “ludicer, ludicra, ludicrum” que significa ameno, divertido o característico al juego. No obstante, se le ha incorporado el término “uso adulto”, ya que solo aplica para personas mayores de 18 años.

A lo largo de la historia, existen indicios del uso lúdico del Cannabis. En el siglo XVII, en los países Bajos, por ejemplo, se consumía por placer y recreación, ya que el tabaco era un producto caro, por lo tanto, las personas le añadían uno más accesible como el cáñamo, que era vendido por los mismos comerciantes.

El consumo del Cannabis, se popularizó como pasatiempo de marineros, soldados, y artistas tales como pintores y escultores de todos los rangos y de diversos países. Actualmente en relación a este asunto, se está dando una tendencia a no judicializarlo o recriminarlo y fomentar un consumo responsable para uso meramente personal y para fines lúdicos, con el objeto de salvaguardar el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad y a las acciones para materializarlo.

Existe información que presupone que el consumo personal de Cannabis o Marihuana, no desata violencia o genera ingobernabilidad en la sociedad, de ahí la importancia de regular de manera efectiva esta actividad.

Experiencia internacional

En el ámbito del derecho internacional, fue hasta 1961 que surgió el régimen internacional de control de drogas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante la Convención Única sobre Estupefacientes, a la que México se sumó y entró en vigor a nivel nacional el 18 de mayo de 1967.

La Convención incluyó el Cannabis dentro de la lista de estupefacientes I y IV. 8  Ello implicó la prohibición de su producción, fabricación, exportación e importación, comercio, posesión y uso, con excepción de las cantidades necesarias para la investigación médica y científica. Se plantea que los Estados parte deberían crear organismos con facultades para designar las zonas de cultivo, expedir licencias a cultivadores, y de manera exclusiva importar, exportar y comerciarla.

La regulación del Cannabis o Marihuana ha atravesado contextos de progresividad jurídica, intermediación médica y luchas sociales en las últimas tres décadas. Con ello, países como Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Japón, China o la India han generado referentes sobre el cultivo, distribución y consumo, basado en la interacción de sus agentes económicos y la participación de la ciudadanía en la legalización de los distintos criterios.

Destaca que hasta el 2020, el mercado global del Cannabis estimaba un valor representativo por más de 20,5 billones de dólares, proyectando un crecimiento de más de 90 billones para el año 2026, e incrementando su valor en casi un 30%. Esto, a consecuencia del incremento en las regulaciones y el comportamiento de los consumidores enfocado a beneficios de salud y aplicación medicinal. 9

Pese a ello, globalmente aún persisten retos enfocados en la estructura regulatoria que emerge de la alta competencia y la expectativa de legislar en mayores países de acuerdo a su consumo y retos estratégicos de seguridad interior. Con ello, se prevé que los países que adopten leyes introductorias durante 2020 y 2025, contemplen el crecimiento y las vías económicas internacionales.

En este marco, los países han buscado modificar en primera instancia la tipificación del Cannabis o Marihuana para desprenderse de la Convención Única sobre Estupefacientes, firmada en Nueva York en marzo de 1961, transitando a la despenalización bajo la supervisión de las autoridades, a la vez que han pretendido construir aparatos de impartición de justicia e instituciones universales de salud. 10  Sin embargo, la regulación se ha construido sobre distintos modelos delegativos, adoptando prácticas internacionales en relación a sus marcos jurídicos.

En Estados Unidos, la legislación sobre el Cannabis constituye una de las más complejas, debido a la integración federal del país y la doble regulación. Actualmente, aunque a nivel nacional persiste la prohibición absoluta de su consumo, hasta 2020, doce jurisdicciones la habrían regulado para su uso lúdico, mientras que más de 30 la habrían legalizado con fines médicos. Esto quiere decir, que pese a la participación de agencias federales que regulan la disposición de origen y trazabilidad de los insumos, la regulación final para la venta y consumo se decide en la legislación local. 11

Un estudio del Instituto Nacional de Salud (PMC por sus siglas en inglés), indica que desde que la toma de decisiones se ha pluralizado para determinar su consumo y los usuarios finales que pueden acceder a ella, se han conducido diferentes pruebas para determinar la causalidad de violencia o incremento de otras enfermedades paralelas.

El estudio determina que, aunque existen grados de correlación entre el comportamiento ilegal de algunos usuarios y el consumo del Cannabis, no se puede determinar una causalidad satisfactoria que lo afirme. Esto, a consecuencia del padecimiento de enfermedades previas; por lo que se recomienda que esto se acompañe de fortalecimientos al sector salud. 12

En otros países como Canadá, de acuerdo con datos oficiales, el país construyó su primera legislación para uso recreativo durante el año 2018, convirtiéndose en el segundo país después de Uruguay y la primera economía del G7 en hacerlo de manera total, y aunque su acceso para propósitos medicinales ya se encontraba previamente regulado, esta última legislación significó un cambio sustancial para las políticas de criminalización y consumo para más de 40 millones de personas. 13

El caso de Canadá se asume como uno de los más exitosos, debido al desarrollo de sistemas separados a nivel provincial para regular la venta de Cannabis y establecer un modelo normativo que se pudiera replicar en las localidades. Sin embargo, también se han presentado distintos inconvenientes en la regulación de competencia en las actividades económicas del mercado recién legislado.

Hasta el 2020, la agencia Transform Drugs habría referido que existen casos de mejor implementación que otros a nivel estatal, y que esto daría continuidad a la afinación de preceptos legales que fomenten la comercialización desde la visión general del consumo en grupos poblacionales y permitan la participación económica de pequeños agentes.

Se ha observado que en los casos en los que las provincias han decidido la implementación estratégica de las políticas, se han diseñado mecanismos de acceso específicos para evitar la incidencia de menores de edad, a la par de políticas orientadas para blindar otros criterios de la gestión pública, como la venta ilegal o la incitación a la violencia.

En India prevalece una visión restrictiva de cualquier forma de utilización del Cannabis, aunque su legislación ha sido progresiva desde la década de los años 80 para reducir su criminalización. 14 Según datos, a partir de las reformas sobre su consumo y gramaje específico, algunas regiones han impulsado regulaciones permisivas para fines industriales, como la aplicación de la semilla y hojas del Cannabis para bebidas altamente comerciales. Esto ha llevado a que, a partir del 2014, India buscara avanzar en la normalización del consumo a través del Movimiento de la Gran Legislación de la India. 15

La regulación de los Países Bajos también destaca por su inclusión. De acuerdo con un estudio publicado por el Instituto Trasnacional de la Universidad de Amsterdam (TNI por sus siglas en inglés), la distribución y venta en ventanilla a consumidores finales ha marcado una trayectoria importante para los efectos en el resto del mundo.

Por tal motivo, ha modificado continuamente la restricción del acceso a personas mayores de edad, así como la cantidad máxima de transacción y la cantidad máxima que se podría manejar en existencia. Con ello, la política local ha comenzado a generar mejores políticas de control y manejo de incidencia a efectos terceros, como tráfico ilícito y seguridad regional. 16

Holanda se permite legalmente la venta de Cannabis o Marihuana y sus derivados en locales con licencia denominada “ coffee shops”. Australia en algunas ciudades y en su capital, está despenalizada la posesión de pequeñas cantidades y el cultivo de un número de plantas para uso personal.

En Italia, Suiza, Alemania, Bélgica España y Portugal el consumo esta despenalizado o bien representa faltas de carácter administrativo y no amerita sanción penal. Además, en Reino Unido, el consumo no ha estado penado, pero sí su posesión, recientemente se reclasificó de una droga clase B a una droga de clase C, es decir, bajó su nivel de peligrosidad para la salud.

Uruguay aprobó la ley que regula el mercado de esta planta, la producción y comercialización, la tenencia y los usos recreativos y medicinales, así como también las utilizaciones con fines industriales.

Situación nacional

En el caso de México, los especialistas coinciden en que una de las consecuencias de la política prohibicionista ha sido la “guerra contra las drogas” que han emprendido algunos gobiernos con la finalidad de erradicar el mercado ilícito de estupefacientes. 17

Ello ha traído consigo otros problemas como el incremento en los homicidios registrados; que los consumidores sean estigmatizados y que los gobiernos hayan priorizado un enfoque persecutorio en lugar de tratarlo como un problema de salud pública, es decir, con políticas públicas orientadas a la prevención e información sobre los riesgos de ciertas prácticas en el consumo de sustancias que resulten nocivas para la salud.

De igual manera, ha limitado el uso médico del Cannabis a pesar de que distintas investigaciones han adjudicado niveles de efectividad a los cannabinoides (CBD y THC) para la atención de esclerosis múltiple, dolor central neuropático, espasmos dolorosos en esclerosis múltiple, entre otros.

La búsqueda de opciones legales que contrarresten los efectos negativos de las drogas en la sociedad mexicana se ha convertido en un tema polémico, pues aún persisten dos grandes grupos de pensamiento: por un lado, los que optan por iniciar un proceso de despenalización de las drogas, como lo es la Marihuana y, por el otro, los que aun consideran que el país no está preparado para iniciar el proceso, por todos los efectos adversos que podría causar.

Especialistas jurídicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Libro “Marihuana: el debate entre la legalización y las políticas prohibicionistas en México” señalan que las sustancias o drogas generan una situación de dependencia sumado a determinadas circunstancias personales, familiares o sociales para que ocurra una dependencia total de las mismas. 18

En este contexto, en el año 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió como inconstitucional el sistema de prohibiciones administrativas relacionado con el autoconsumo de Marihuana regulado en la Ley General de Salud y que se limita injustificadamente el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. 19 Sin embargo, la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley General de Salud “no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas”.

Los ministros estimaron que los artículos de la Ley General de Salud que conforman el sistema de prohibiciones relacionado con el autoconsumo inciden en el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que, constituyen un obstáculo jurídico que impide a los afectados ejercer el derecho a decidir qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean realizar. Asimismo, al tiempo que también impide llevar a cabo lícitamente todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección a través del autoconsumo de la Marihuana.

En la misma sentencia se establece que el sistema de prohibiciones administrativas relacionadas con el autoconsumo persigue dos finalidades constitucionalmente válidas: la protección de la salud y la protección al orden público. Sin embargo, se consideró que el sistema de prohibiciones no era una medida necesaria, pues existían medidas alternativas igualmente idóneas para proteger la salud y el orden público que afectaban en un grado menor el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

La discusión sobre el uso lúdico del Cannabis o la Marihuana ante la SCJN se intensificó con interposición de diversos amparos promovidos por personas y organizaciones civiles para exigir el respeto al derecho al libre desarrollo de la personalidad. 20 Todos con la finalidad de combatir legalmente lo que llaman “política prohibicionista” que se estableció desde 1948 con las reformas al entonces vigente Código Penal Federal para tipificar como delitos los actos y acciones relacionados con el uso, producción y comercialización.

Los amparos en revisión que se registraron fueron los 237/2014, 1115/2017, 623/2017, 1163/2017, 547/2018 y 548/2018 que fueron analizados por los ministros que han integrado la Primera Sala de la SCJN y resolvieron la concesión del amparo a los quejosos en ejecutorias dictadas el 4 de noviembre de 2015, 11 de abril de 2017, 13 de junio de 2018 y 31 de octubre de 2018, respectivamente.

La declaración de inconstitucionalidad y concesión del amparo a los quejosos solo se refiere a la prohibición, prevista en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud que limitan la emisión de autorizaciones para permitir la realización de las actividades de autoconsumo de Cannabis como son siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transportación porque no se respeta el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Para precisar los alcances del amparo 237/2014, resulta necesario citarlo textualmente, entre sus principales consideraciones se encuentran los siguientes:

• “El consumo de Marihuana no causa daños o afectaciones a la salud o a la sociedad en su conjunto, la prohibición no será una medida idónea para proteger estos objetivos constitucionales”.

• “La evidencia analizada no logró mostrar que el consumo de Marihuana influyera en el aumento de la criminalidad, pues, aunque el consumo se asocia a consecuencias antisociales o antijurídicas, éstas pueden explicarse por otros factores, como al contexto social del consumidor o al propio sistema punitivo la droga.”

• “En términos generales, los estudios coinciden en que a partir de la evidencia que existe actualmente el consumo de Marihuana en personas adultas no supone un riesgo importante para salud, salvo en el caso de que se utilice de forma crónica y excesiva”.

• Por medio de la evidencia científica presentada a lo largo de la sentencia, la Corte concluyó que el consumo de Marihuana genera daños o afectaciones de distinto tipo; sin embargo, algunas de esas afectaciones no han sido corroboradas de manera concluyente, mientras que otras son poco probables o se basan en especulaciones. De este modo, resulta difícil determinar si el uso de Marihuana causa efectos negativos a la salud y al orden público.

• Se argumenta que, si bien la evidencia médica muestra que el consumo de Marihuana puede ocasionar daños a la salud, se trata de afectaciones que pueden calificarse como no graves, siempre y cuando no se trate de consumidores menores de edad. La Corte concluyó que el consumo de Marihuana no incentiva la comisión de otros delitos, pues, aunque el consumo y la criminalidad son situaciones asociadas entre sí, ello puede deberse a diversos contextos sociales de los consumidores o al propio sistema punitivo de la droga.

• Existen una serie de elementos que podrían constituir una medida alternativa a la prohibición absoluta del consumo lúdico y recreativo de Marihuana tal como está configurada por el sistema de prohibiciones administrativas, entre ellos:

I. Limitaciones a los lugares de consumo;

II. Prohibición de conducir vehículos o manejar aparatos o sustancias peligrosas bajo los efectos de la sustancia;

III. Prohibiciones a la publicitación del producto; y

IV. Restricciones a la edad de quienes la pueden consumir.

• Igualmente se estableció que, por un lado, la protección de la salud es un objetivo que legítimamente persigue el Estado al tratarse de un derecho fundamental reconocido en el artículo cuarto constitucional y, por el otro, la protección al orden público, el cual no se encuentra definido con exactitud en el texto constitucional, pero sí está estrechamente relacionado con el bienestar de la sociedad en general.

• En contraste con las escasas afectaciones en la salud y el orden público que protege el sistema de prohibiciones administrativas sobre el consumo de Marihuana regulado en la Ley General de Salud, se ubica la intensa afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad que supone dicha medida legislativa.

• La medida analizada constituye una intervención en el libre desarrollo de la personalidad porque conlleva una interferencia en la autonomía personal protegida por este derecho.

• Los artículos de la Ley General de Salud impugnados, ocasionan una afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que se alcanza con dicha medida.

• A lo largo de la sentencia, la Corte utilizó el test de proporcionalidad 21 para evaluar la inconstitucionalidad de dichas normas que establecen una política prohibicionista respecto de los derechos fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación, todos en relación con el principio de dignidad humana.

Una consecuencia directa de la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud es la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por la SCJN que otorga un plazo de 90 días naturales al Poder Legislativo para que emita una nueva legislación que modifique las disposiciones antes señaladas por ser violatorias del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Por lo anterior, el 4 de marzo de 2020, las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República aprobaron en lo general el dictamen del nuevo ordenamiento Ley para la Regulación del Cannabis, además de que se propusieron reformas y adiciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal.

Pero fue hasta el mes de noviembre de 2020 que el Senado de la República aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen que regula el uso de la mariguana, se pasó la Ley Federal para la Regulación del Cannabis a la Cámara de Diputados para que, de igual manera se discuta y vote la regularización del cultivo, producción, distribución, venta y su consumo para uso lúdico.

Lo aprobado por el Senado de la República despertó cuestionamientos de diversos especialistas. En las Audiencias Públicas sobre la Minuta en materia de Regulación del Cannabis”, celebradas en la Cámara de Diputados, a principios de diciembre de 2020, el Director del CIDE Región Centro, hizo un llamado para corregir de la minuta la reintroducción de la penalización de Cannabis (narcomenudeo) porque sería contradictorio a la esencia de la legislación; eliminar la parte que habla de “semillas de Cannabis legales” pues la mayoría de los productores del país son campesinos que no tienen capacidad de cumplir con las obligaciones administrativas y tecnológicas requeridas para registrar sus semillas como legales.

Por tal motivo, propuso que se sustituya por la legislación de patentes; y reintroducir candados a la integración vertical de la industria, esto es que no se permite que una empresa sea productor y comercializador. De otra manera, pocas empresas dominarían al mercado y podrían, por su poder económico, secuestrar al regulador.

Por su parte, el Presidente del Colegio de Abogados Humanistas, subrayó que la minuta tiene un camino a la liberación absoluta de la Marihuana en el país; que se trata de una legislación incompleta, ya que tiene una visión meramente mercantilista de la industria, a propósito de un concepto noble como el libre desarrollo de la personalidad que no debe estar sobre derechos de terceros y que, no se marcan las áreas de riegos, ni los mitigantes de riesgo en la normatividad.

Iniciativas para regular el uso lúdico de la Cannabis, presentadas en Cámara de Diputados y el Senado de la República.

1. Reforma el artículo 235 Bis de la Ley General de Salud. 22

Objeto: Regular el uso lúdico y recreativo de la Cannabis sativa, índica y americana. Para ello propone establecer que la Secretaría de Salud diseñe y ejecute políticas públicas, así como normar la investigación y producción nacional.

Proponente: Diputado Jorge Luis Montes Nieves del Grupo Parlamentario de Morena

Fecha de presentación: 31/07/2019

Estatus: Pendiente en comisión de Cámara de origen.

2. Expide la Ley General para el Control de Cannabis y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 23

Objeto: La iniciativa tiene por objeto regular el control de la Cannabis sativa índica o americana, las sumidades, floridas o con fruto, exceptuando las semillas, previo a la extracción de su resina y establece las reglas y licencias para plantar, cultivar, cosechar, producir, transportar, procesar y vender al menudeo Cannabis, con los siguientes tipos: I. para el cultivo para fines personales, entre otros.

Proponente: Diputado Mario Martín Delgado Carrillo del Grupo Parlamentario de Morena

Fecha de presentación: 15/10/2019

Estatus: Pendiente en comisión de Cámara de origen.

3. Reforma a los artículos 234, 235, 245, 479, 247, 456, 474, 477 y 478 de la Ley General de Salud. 24

Objeto: Armonizar la legislación en materia de salud que permita el uso de la mariguana de manera lúdica o recreativa, para ello se establece que la Secretaría de Salud, deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal y lúdico o recreativo de la Cannabis sativa, índica y americana o Marihuana y sus derivados farmacológicos; se determina que los productos que contengan derivados de la Cannabis en concentraciones del 1 por ciento o menores de THC y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e importarse, siempre y cuando cuenten con la autorización de la SSA.

Proponente: Senadora Indira Kempis Martínez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Fecha de presentación: 06/11/2018

Estatus: Pendiente en comisión de Cámara revisora.

4. Reforma y deroga diversos artículos y adiciona un artículo 247 Bis a la Ley General de Salud y modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 25

Objeto: Regula el uso lúdico y recreativo de la Marihuana, despenalizando los actos que comprenden el uso lúdico o recreativo del estupefaciente y de consumo personal del Cannabis sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas, así como del psicotrópico Tetrahidrocannabinol, los isómeros D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes estereoquímicas.

Detalla que se entenderá por actos con fines lúdicos o recreativos la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, empleo y en general todo uso relacionado con el consumo personal, excluyendo en todo momento los actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la venta, enajenación, distribución y/o transferencia; determina que el uso lúdico de la Marihuana no requerirá de autorización previa por parte de la Secretaría de Salud; y, estipula que el ejercicio de este derecho no podrá realizarse frente a menores de edad ni en lugares públicos.

Proponentes: Senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños del Grupo Parlamentario del PRI

Fecha de presentación: 08/11/2018

Estatus: Pendiente en comisión de Cámara revisora el 24-nov-2020

5. Que expide la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis.

Objeto: Regular la siembra, cultivo, cosecha, producción, transformación, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta, comercialización, portación y consumo de Cannabis y sus derivados, para fines personales, científicos y comerciales.

Entre sus preceptos establece que estará permitido sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de Cannabis en floración destinadas al consumo personal en propiedad privada, siempre y cuando la producción no sobrepase los 480 gramos por año; Crea el Instituto Mexicano de Regulación y Control de la Cannabis, el cual tendrá entre sus atribuciones, el establecer los lineamientos para las licencias; implementar el registro anónimo de auto productores para uso personal y autorizar la importación y exportación de Cannabis, entre otras.

Proponentes: Senadora con licencia Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila y Senador Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario de Morena.

Fecha de presentación: 08/11/2018

Estatus: Turnada a la Comisión de Seguridad Pública de Cámara de Senadores. 26

Propuesta de reforma

Bajo estas consideraciones, la presente iniciativa es clara en diferenciar el proceso de despenalización del Cannabis que apunta a la eliminación de los procesos penales por posesión de otros actos relacionados con la droga, como el cultivo o el tráfico, con la despenalización de las drogas, por ello el Cannabis o Marihuana seguirá considerándose como una sustancia ilegal.

Aunque son similares hay diferencias importantes entre la despenalización y la legalización del Cannabis. La despenalización contempla la eliminación de las sanciones penales que pueden ser severas y permanecer en el expediente de una persona, lo que afecta a su capacidad de funcionar en sociedad. La legalización refiere a eliminar las barreras y prohibiciones legales, que a menudo conduce a la creación de una industria regulada.

El problema de actitud prohibicionista, es que no es una posición propia sino adoptada a partir del criterio del gobierno estadounidenses, pues si bien la producción, comercialización, distribución y consumo del Cannabis genera problemas sociales, políticos, jurídicos y criminales en México, estos han sido diferentes a los que ha observado el devenir histórico de los Estados Unidos de América, donde el Estado exige que la droga no llegue a sus calles.

Hay quien circunscribe el tema única y exclusivamente al ámbito de la seguridad pública y del derecho penal y, por otro lado, hay quien intenta estudiarlo como un enfoque economista, pero sin entrar en su dimensión política, social y psicológica. 27

El tema de la despenalización ha visto un desarrollo jurídico relevantes a través de los criterios de la SCJN, en el sentido de que no puede tutelarse el principio del libre desarrollo de la personalidad, es decir el uso lúdico del Cannabis o Marihuana, existiendo un régimen punitivo.

El pronunciamiento de la SCJN determinó que el uso lúdico del Cannabis encuentra cobertura en el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y que su prohibición absoluta es inconstitucional. La resolución estriba en que introduce un elemento que hasta ahora había estado ausente en la discusión pública sobre la política del Estado mexicano relativa al uso de drogas y los derechos humanos.

Una vez precisado que el consumo del Cannabis está protegido por el libre desarrollo de la personalidad, la sentencia sostiene que la prohibición absoluta de su consumo persigue un fin constitucionalmente válido y, partiendo de esa premisa, analiza si es una medida legislativa idónea, necesaria y proporcional.

En la resolución se explica que la prohibición al consumo de esta sustancia persigue la protección de la salud y el orden público. No obstante, la sentencia sostiene que la medida legislativa analizada no es necesaria para proteger la salud y el orden público, pues existen otras medidas alternativas para alcanzar dichos objetivos que afectan en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 28

El uso lúdico o recreativo es el principal tema al abordar su legalización en los ordenamientos jurídicos, toda vez que de ello dependen las acciones que deberán implementarse para evitar graves problemas de salud en la población, así como de los efectos adversos a otros sectores vulnerables de la sociedad, como son las niñas, niños y los jóvenes.

Para entender mejor sobre el uso recreativo que tiene el Cannabis, cabe mencionar que esta se obtiene de la planta Cannabis sativa femenina, la cual contiene al menos 750 compuestos químicos y unos 104 cannabinoides diferentes, entre los que destacan el 9-tetrahidrocannabinol (THC), el cannabidiol (CBD) y el cannabinol (CBN), siendo el THC es el principal compuesto psicoactivo. 29

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el principal cannabinoide responsable de los efectos psicoactivos que buscan los consumidores de Cannabis es el THC, ya que la mayoría de los restantes cannabinoides son inactivos o débilmente activos, aunque algunos, como el CBD, pueden modificar los efectos psicoactivos del THC.

Los preparados de Cannabis más comunes son la Marihuana, el hachís y el aceite de hachís, siendo la Marihuana una forma herbaria del Cannabis preparada a partir de las flores y hojas del extremo superior de la planta desecadas, suele fumarse en un cigarrillo elaborado a mano, que puede incluir tabaco para facilitar la combustión.

Otro medio popular para consumir todos los preparados de Cannabis es a través de una pipa de agua, donde los fumadores suelen inhalar profundamente y contener la respiración para lograr la máxima absorción de THC en los pulmones, y en los últimos años ha crecido también el uso de vaporizadores. La inhalación al fumar o utilizar la vaporización da lugar a concentraciones máximas de THC en sangre al cabo de 15 a 30 minutos y disminuye en un plazo de 2 a 3 horas.

En tanto que el hachís es un término utilizado para denominar a la resina de Cannabis que puede mezclarse con tabaco y fumarse en un cigarrillo, pero también se puede cocinar con alimentos e ingerirlo, hay muchísimas utilidades para esta sustancia.

Encuestas elaboradas por la OMS sobre las características del consumo de Cannabis indican que en la mayoría de los países de ingresos altos y medianos la mayor parte de los consumidores lo fuman, puesto que sus características químicas y farmacológicas del Cannabis hacen que sea más fácil controlar las dosis cuando se consume de esta forma.

Cabe subrayar que el cultivo de diferentes variedades ha dado lugar a plantas y resinas con un contenido de THC notablemente mayor respecto a la última década, de entre 3% a 12-16% o más, por lo que su siembra y alteración genética es un punto a considerar para su posible legalización.

El Instituto Nacional sobre el Abuso de las Drogas (por sus siglas en inglés, NIDA) señala que las personas que consumen Cannabis experimentan euforia placentera y se sienten relajados, pero los efectos pueden variar entre una persona y otra, entre los que también pueden ser sensibilidad en la percepción sensorial, risa, percepción alterada del tiempo y aumento del apetito. 30

En este sentido, se deben llevar a cabo acciones eficaces para reducir su consumo. Los especialistas señalan, entre otras, cuestiones la necesidad de programas de prevención que deberán mejorar los factores de protección y revertir o reducir los factores de riesgo; y para ser eficaces, estos programas deben diseñarse para tratar riesgos específicos de la población o de la audiencia, como edad, sexo y cultura.

También, se proponen programas de prevención para las familias, ya que la educación y la información que los padres o cuidadores reciban sobre el consumo de Cannabis reforzarán lo que los niños están aprendiendo en otros ámbitos sobre sus efectos dañinos. A la vez, diseñar programas de prevención para lograr una intervención temprana como en los años preescolares, que se enfoquen a factores de riesgo como el comportamiento agresivo o la conducta social negativa. Estos programas para los estudiantes de educación básica deben dirigirse al mejoramiento del aprendizaje académico y socio-emotivo para tratar factores como la agresión temprana, el fracaso escolar y la deserción.

Los programas de prevención deben ser de largo plazo, con intervenciones repetidas, es decir, actividades que constantemente los refuercen para alcanzar las metas originales de prevención. Se deben contemplar el entrenamiento de profesores en la administración positiva de la clase y el reforzamiento de la buena conducta del estudiante.

Estas técnicas ayudan a fomentar la conducta positiva, el rendimiento escolar, la motivación académica y la formación de lazos fuertes con la escuela. Los programas son más eficaces cuando emplean técnicas interactivas, como las discusiones entre grupos de la misma edad y el juego de roles.

Los programas de prevención se enfocan generalmente en la familia, la escuela y la comunidad. Las investigaciones confirman los beneficios que se obtienen cuando los padres proporcionan reglas y disciplina consistente, hablándoles a los hijos sobre las drogas, vigilando sus actividades, conociendo a sus amigos, comprendiendo sus problemas y preocupaciones e involucrándose en su educación.

Los programas de prevención pueden orientarse a un grupo específico o a toda la escuela, y se concentran en las habilidades sociales y académicas de los estudiantes, incluidas la mejora de las relaciones con los compañeros, el autocontrol, el manejo de problemas y las habilidades para rehusar las drogas. De preferencia, los programas de basados en la escuela deben integrarse al esquema académico, ya que el fracaso escolar está fuertemente vinculado con el abuso de drogas como el Cannabis. Los programas integrados fortalecen los lazos de los estudiantes con la escuela y reducen la probabilidad de que la abandonen.

Los programas preventivos a nivel comunitario funcionan con organizaciones cívicas, religiosas, ejecutoras de la ley y otras gubernamentales para mejorar las acciones antidrogas y los comportamientos pro-sociales. Muchos programas coordinan esfuerzos de prevención mediante diferentes ambientes para comunicar mensajes en la escuela, el trabajo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación. 31

La OMS plantea que las intervenciones preventivas apoyadas en evidencia deben cubrir desde la prevención universal hasta la selectiva e indicada. También, destaca que las estrategias de prevención familiar son probablemente beneficiosas, pues en un estudio de prevención familiar integral en el que se realizó la capacitación de los padres, los hijos y la familia colectivamente, se encontró que era eficaz en lo que respecta a la reducción del consumo de Cannabis a lo largo de la vida y en el último año de la adolescencia.

Otro estudio señala que los programas de prevención en las familias eran más eficaces que los programas dirigidos solo a los jóvenes, pues en 7 de los 8 programas familiares que se examinaron en ensayos comparativos se encontraron efectos positivos durante un período de al menos dos años.

De igual manera, la OMS indica que se ha descubierto que los planes de estudios interactivos sobre las drogas son más eficaces que los programas no interactivos basados en conferencias.

Se ha observado, también, que los programas sociales interactivos dirigidos a jóvenes vulnerables son eficaces en la reducción del consumo de Cannabis, pues en los programas que ofrecen contenido para el desarrollo de aptitudes para la vida, la formación de equipos, la comunicación interpersonal y el aprendizaje introspectivo que incluya la autocrítica resultan ser eficaces en la reducción del consumo de Cannabis en jóvenes de alto riesgo.

Para efecto de terminar con el sistema de prohibiciones administrativas, la presente iniciativa se homologa con la resolución del Amparo en Revisión 237/2014, por tanto, deroga los artículos 235, último párrafo; 237; 245, fracción I; 247, último párrafo; y 248 de la Ley General de Salud.

Sin embargo, para regular de manera integral el consumo personal con fines lúdicos o recreativos se propone la incorporación de un Capítulo V BIS, el cual contendrá aspectos como la prohibición de estos actos a menores de 18 años y en establecimientos comerciales con acceso público y de alta concurrencia, donde puedan a afectar a terceros.

Fortalece las atribuciones de la Secretaría de Salud, quien tendrá facultades para diseñar políticas públicas que regulen el consumo personal con fines lúdicos o recreativos, y ejecutar medidas para regular el cultivo, cosecha, preparación, posesión, transporte y consumo de dicho producto.

De aprobarse, se establecerán medidas claras de prohibición, tales como actos de comercio, publicidad o promoción que fomenten su ingesta a menores de edad, pero también mecanismos de información, educación y prevención sobre las consecuencias y efectos perjudiciales vinculados al consumo del estupefaciente “Cannabis” y del psicotrópico “THC”, en conjunto conocido como Marihuana, así como de sus derivados.

Para el tratamiento y rehabilitación de niñas, niños y Adolescentes con adicción al estupefaciente “Cannabis” y del psicotrópico “THC”, en conjunto conocido como Marihuana, se dispondrá de programas, políticas y acciones encabezadas por la Secretaría de Salud.

De aprobarse en sus términos, quedará explícitamente prohibido todo acto de discriminación dirigidas a personas mayores de dieciocho años que realicen un consumo personal con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente “Cannabis” y del psicotrópico “THC”, en conjunto conocido como Marihuana, es decir, se plantea un esquema integral de salvaguarda el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad y las acciones o actividades necesarias para materializarlo.

Asimismo, se reforma el Código Penal Federal, a fin de que proteger los derechos de los consumidores y que no sean sancionados por el uso lúdico, siempre y cuando se apegue a lo establecido en el marco jurídico.

A fin de tener claridad en los cambios propuestos se presenta el siguiente cuadro comparativo.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa con Proyecto de:

Decreto por el que se derogan los artículos 235, último párrafo; 245, fracción I; 247, último párrafo; y 248, asimismo se adiciona un tercer párrafo al artículo 237 y un Capítulo V Bis, Del Consumo Personal con Fines Lúdicos o Recreativos de la Ley General de Salud, así como, se reforma el artículo 193 segundo párrafo, al artículo 194 se adiciona una fracción V, al artículo 195 se adiciona un último párrafo; al artículo 195 Bis se reforma el primer párrafo y se adiciona una fracción tercera y al artículo 196 se adiciona un segundo párrafo del Código Penal Federal

Artículo Primero. Se derogan los Artículos 235, último párrafo; 245, Fracción I; 247, último párrafo; y 248, asimismo se adiciona un Tercer Párrafo al Artículo 237 y un Capítulo V BIS, “Del Consumo Personal con Fines Lúdicos o Recreativos” de la Ley General de Salud, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 235. ...

I, VI. ...

Se deroga

Artículo 237. ...

...

En caso del cultivo, cosecha, preparación, posesión, transporte y consumo personal con fines meramente lúdicos o recreativos del estupefaciente “cannabis” y del psicotrópico “THC”, en conjunto conocido como Marihuana, la Secretaría de Salud expedirá su autorización, priorizando el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad y las acciones o actividades necesarias para materializarlo, siempre y cuando no se ejerza por menores de edad y se realice en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización.

Artículo 243-A. Para los efectos de esta Ley, se considerará consumo personal con fines lúdicos o recreativos el cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte para el consumo personal del estupefaciente “Cannabis” y el psicotrópico “THC”, en conjunto conocido como Marihuana, realizado por personas mayores de 18 años.

Artículo 243-B. Se permitirá el consumo personal con fines lúdicos o recreativos, a personas mayores de dieciocho años, conforme al derecho humano al libre desarrollo de la personalidad y las acciones o actividades necesarias para materializarlo.

Artículo 243-C Queda prohibido consumir el estupefaciente “Cannabis” y el psicotrópico “THC”, en conjunto conocido como Marihuana en establecimientos comerciales con acceso público y demás puntos de concurrencia masiva donde pueden acceder personas menores de dieciocho años.

Artículo 243-D. Queda prohibido realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución del estupefaciente “Cannabis” y del psicotrópico “THC”, en conjunto conocido como Marihuana, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros.

Artículo 243-E. Queda prohibido llevar acabo publicidad o promoción como medio para posicionar el estupefaciente “Cannabis” y el psicotrópico “THC”, en conjunto conocido como Marihuana, que fomente su compra o comercialización.

Artículo 243-F. Está prohibido todo acto de discriminación dirigidas a personas mayores de dieciocho años que realicen un consumo personal con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente “Cannabis” y del psicotrópico “THC”, en conjunto conocido como Marihuana.

Artículo 243-G. El incumplimiento a los preceptos de esta Ley, serán sancionados conforme a los artículos 193, 194, 195, 195 BIS y 196 TER del Código Penal Federal.

Artículo 245. ...

I. Se deroga

Artículo 247....

I, VI...

Se deroga

Artículo 248. Se deroga

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 193 segundo párrafo, al artículo 194 se adiciona una fracción V, al artículo 195 se adiciona un último párrafo; al artículo 195 bis se reforma el primer párrafo y se adiciona una fracción tercera y al artículo 196 se adiciona un segundo párrafo, todos del Código Penal Federal.

Artículo 193. ...

...

Tratándose del estupefaciente “Cannabis” y del psicotrópico “THC”, en conjunto conocido como Marihuana, su cultivo, cosecha, preparación, posesión, transporte y consumo se sujetará a lo dispuesto en el Capítulo V BIS, de la Ley General de Salud, así como por las políticas públicas diseñadas por la Secretaría de Salud en la materia.

Artículo 194. ...

I, IV. ...

V. El estupefaciente “Cannabis” y el psicotrópico “THC”, conocidos en conjunto como Marihuana, quedan exentos de lo dispuesto el presente artículo y su cultivo, cosecha, preparación, posesión, transporte y consumo se sujetará a lo dispuesto en el Capítulo V Bis de la Ley General de Salud, así como por las políticas públicas diseñadas por la Secretaría de Salud en la materia.

Artículo 195. ...

...

...

Tratándose del estupefaciente “Cannabis” y del psicotrópico “THC”, en conjunto conocido como Marihuana, su portación legal se sujetará a las cantidades establecidas en la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud, siempre y cuando dichas cantidades estén destinadas para su estricto consumo personal.

Artículo 195 Bis. Cuando por las circunstancias del hecho la posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización a que se refiere la Ley General de Salud, no pueda considerarse destinada a realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194, exceptuando siempre lo dispuesto en el Capítulo V BIS de la Ley General de Salud, se aplicará pena de cuatro a siete años seis meses de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.

...

I, II. ...

III. Cualquier producto derivado del estupefaciente Cannabis o del psicotrópico THC, estipulado en el Capítulo V BIS de la Ley General de Salud para su uso lúdico o recreativo, así como los derivados de farmacológicos de la Cannabis sativa, índica y americana o Marihuana.

Artículo 196 Ter....

Para el caso de instrumentos, objetos y productos químicos, productos químicos esenciales o máquinas de cultivo, extracción, producción, preparación o acondicionamiento de Cannabis, la autoridad se deberá referir a lo dispuesto en el Capítulo V BIS, así como lo establecido en el Artículo 247 de la Ley General de Salud, así como otras disposiciones de la misma Ley en referencia a la permisión del proceso productivo y distributivo de productos de Cannabis y THC.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y de las dependencias correspondientes que tengan intervención en la materialización de dicha reforma, en un plazo de 90 días emitirá los lineamientos que regulen el consumo personal con fines lúdicos o recreativos —el estupefaciente “Cannabis” y del psicotrópico “THC”, en conjunto conocido como Marihuana. Dichos lineamientos deberán prever lo siguiente:

a) Registro por parte de la Secretaría de Salud respecto del cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte para el consumo personal.

b) Mecanismos de información, educación y prevención sobre las consecuencias y efectos perjudiciales vinculados al consumo del estupefaciente “Cannabis” y del psicotrópico “THC”, en conjunto conocido como Marihuana, así como de sus derivados.

c) Acciones para el tratamiento y rehabilitación de niñas, niños y Adolescentes con adicción al estupefaciente “Cannabis” y del psicotrópico “THC”, en conjunto conocido como Marihuana.

Tercero. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y de las dependencias correspondientes que tengan intervención en la materialización de dicha reforma, deberá remitir en 1 año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, un estudio que contemple el impacto social de la implementación de dicha reforma y de sus lineamientos.

El H. Congreso de la Unión recibido el estudio al que hace referencia el párrafo anterior, podrá elaborar la legislación que regule el cultivo, cosecha, preparación, posesión, transporte y consumo personal con fines meramente lúdicos o recreativos del estupefaciente “Cannabis” y del psicotrópico “THC”, en conjunto conocido como Marihuana.

Notas

1 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2020). Informe Mundial sobre las Drogas 2020. 12/02/2021, de UNODC Sitio web:

https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2020 /06_26_Informe_Mundial_Drogas_2020.html

2 Secretaría de Salud. (2019). Informe sobre la Situación del Consumo de Drogas en México y su Atención Integral 2019. 12/02/2021, de Gobierno de México Sitio web:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/477564/Informe_so bre_la_situacio_n_de_las_drogas_en_Me_xico_.pdf

3 Secretaría de Salud. (2017). Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Drogas. 12/02/2021, Sitio web:

https://drive.google.com/file/d/1zIPBiYB3625GBGIW5BX0TT_YQN73eWh R/view

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas. 12/02/2021, de INEGI Sitio web:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020 /LUCHAVSDROGAS20.pdf

5 Instituto Belisario Domínguez. (2020). Encuesta Nacional sobre Cultura de la Legalidad y Agenda Legislativa 2019. 12/02/2021, de Senado de la República Sitio web:

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789 /4795/SA_5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

6 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. (2020). Legalización y uso de la marihuana 2020. 12/02/2021, de Cámara de Diputados Sitio web:

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/CESOP-IL-72-14-LegalizacionMar ihuana-110520.pdf

7 Real Academia Española. (2021). Diccionario de la Lengua Española. 12/02/2021, de RAE Sitio web:

https://dle.rae.es/l%C3%BAdico

8 ONU, Convención Única sobre Estupefacientes, 1961. Disponible en:

https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf,para consultar las listas de estupefacientes ver:

https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_ List/56th_Edition/YL_56_edition_SP.pdf

9 Cannabis Market by Application. Disponible en:

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cannabis-market -201768301.html

10 Organización de las Naciones Unidas. (1972). Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. 12/02/2021, de ONU Sitio web:

https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf

11 México Unido Contra la Delincuencia. (2020). Modelos de Regulación Legal del Cannabis en Estados Unidos. 12/02/2021, de MUCD Sitio web:

https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2020/06/Modelos-de-re gulacio%CC%81n-legal-del-cannabis-en-Estados-Unidos_MUCD_02junio2020.pdf

12 Int J Environ Res Salud Pública. (2020). Una revisión de casos de marihuana y violencia. 12/02/2021, de Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. Sitio web:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7084484/

13 Transform, Drug Policy Foundation. (2020). Cannabis Legalisation in Canada. 12/02/2021, de a Sitio web:

https://transformdrugs.org/assets/files/PDFs/canada-one-year-on- briefing-2019.pdf

14 Régimen Legal del Cannabis en el Mundo. La Regulación Del Cannabis En El Continente Asiático. Disponible en:

https://brotsanbert.com/2020/04/07/regimen-legal-cannabis-mundo- regulacion-cannabis-continente-asiatico-especial-mencion-autocultivo-iii/

15 Ibíd.

16 Dirk J. Korf. (2019). La regulación del cannabis en Europa: informe sobre los Países Bajos. 12/02/2021, de Universidad de Amsterdam Sitio web:

https://www.tni.org/files/publication-downloads/cr_ned_ sp_082019.pdf

17 Ávila Barreiro, Rodrigo y Rodríguez Carrillo, Juan Manuel. (2020). Apuntes sobre la regulación del cannabis en México. 12/02/2021, de IBD Sitio web:

http://ibd.senado.gob.mx/sites/default/files/Apuntes_sobre_la_re gulaci%C3%B3n_cannabis_Mexico.pdf

18 Alicia Hernández de Gante. (2015). Marihuana: el debate entre la legalización y las políticas prohibicionistas en México. 12/02/2021, de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Sitio web:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4299/4.pdf

19 Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2015). Amparo en Revisión 237/2014. 12/02/2021, de SCJN Sitio web:

https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/ sentencias-emblematicas/resumen/2020-12/Resumen%20AR237-2014%20DGDH.pdf

20 María Cristina Sánchez Ramírez. (2020). Cannabis. De las Resoluciones jurisdiccionales a la legislación. 12/02/2021, de Instituto Belisario Domínguez Sitio web:

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789 /4818/ML_181.pdf?sequence=1&isAllowed=y

21 Test de proporcionalidad, de ponderación, de balance, de racionabilidad o juicio de razonabilidad, es un instrumento metodológico y procedimiento interpretativo cuya finalidad es resolver conflictos que se susciten entre los contenidos esenciales de las disposiciones normativas fundamentales en México.

22 Diputado Jorge Luis Montes Nieves. (2019). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 235 BIS de la Ley General de Salud. 12/02/2021, de Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados Sitio web:

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/07/asun_3 890714_20190731_1564588929.pdf

23 Diputado Mario Delgado Carrillo. (2019). Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para el Control de Cannabis y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 12/02/2021, de Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados Sitio web:

https://cannabis.senado.gob.mx/images/pdf/iniciativas/senado/4.% 20Iniciativa%20Mario%20Delgado%20Ley%20General%20Cannabis.pdf

24 Senadora Indira Kempis Martínez. (2018). Reforma a los artículos 234, 235, 245, 479, 247, 456, 474, 477 y 478 de la Ley General de Salud. 12/02/2021, de Gaceta Parlamentaria del Senado de la República Sitio web:

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/11/asun_3 770746_20181106_1541506442.pdf

25 Senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños. (2018). Reforma y deroga diversos artículos y adiciona un artículo 247 Bis a la Ley General de Salud y modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 12/02/2021, de Gaceta Parlamentaria del Senado de la República Sitio web:

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/11/asun_3 772614_20181108_1541506293.pdf

26 Senadora con licencia Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila y Senador Ricardo Monreal Ávila. (2018). Que expide la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis.

27 Carlos Antonio Moreno Sánchez. (2015). Despenalización de las drogas en México. 12/02/2021, de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Sitio web:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4299/5.pdf

28 Ibídem

29 Organización Panamericana de la Salud. (2018). Efectos sociales y para la salud del consumo de cannabis sin fines médicos. 12/02/2021, de OPS Sitio web:

http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/ 2019/01/OPS-Consumo-Cannabis.pdf

30 National Institute on Drug Abuse. (2015). National Institute on Drug Abuse (NIDA) La marihuana. 12/02/2021, de NIH Sitio web:

https://d14rmgtrwzf5a.cloudfront.net/sites/default/files/1832-la -marihuana.pdf

31 Secretaría de Salud. Prevención de las adicciones y promoción de conductas saludables para una nueva vida Guía para el promotor de “Nueva Vida”. 12/02/2021, de Gobierno de México Sitio web:

http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/nueva_vida/nv1e_prevencion. pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.– Diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a fin de incrementar el salario mínimo del personal médico y sanitario en urgencias sanitarias, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 77, 78 y 102 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud con el fin de incrementar el salario al personal médico y sanitario tratándose de emergencias sanitarias, de conformidad con la siguiente

Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que la pandemia generada por el virus SARS-CoV2, (covid-19), es uno de los mayores retos que nuestro país y el mundo entero han enfrentado en el aún joven siglo XXI.

Según las cifras oficiales, a la fecha de la presentación de esta iniciativa, nuestro país reporta un millón 788 mil contagios y 152 mil 16 muertes por este maligno virus.

La actuación del gobierno del presidente López Obrador para atender la emergencia sanitaria y sus efectos económicos ha sido digna de reconocerse.

El 30 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (covid-19)”. Desde entonces, incluso desde antes, el gobierno definió acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, se anunciaron una serie de medidas económicas, entre otras acciones; así también, la Secretaría de Salud realiza diariamente conferencias de prensa para informar a la población sobre los avances de la epidemia en el país, así como la fase en la que nos encontramos.

Hoy en día, ante la emergencia sanitaria a consecuencia del coronavirus, las actividades académicas, laborales, legislativas, ejecutivas, judiciales y sociales, toda nuestra vida, en sí, dio un giro estrepitoso, hasta adecuarse a una realidad que tal vez, no tenga vuelta atrás.

Como es bien sabido, el retorno a “la nueva normalidad” lo que significa que la actividad laboral, comercial y no esencial como la conocíamos, no vuelva ser la misma, máxime que a partir de finales de diciembre se ha iniciado con la intensa campaña de vacunación en contra del virus SARS-CoV-2 covid -19, y quienes han sido los primeros en ser electos para su aplicación, por mandato presidencial, han sido el sector médico y sanitario de primera línea que atiende y combate a infectados por el citado coronavirus.

A la par de lo anterior, las secretarías del gobierno federal, en julio 2020, dieron a conocer los “lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral”, los cuales consisten en la capacitación del personal sobre mecanismos de contagio y síntomas; lavado de manos, práctica de etiqueta respiratoria, no escupir, limpieza de superficies y objetos y el respeto a la Sana Distancia; contar con dispensadores en gel al 70 por ciento, proveer productos sanitarios y equipo de protección a los trabajadores.

Como legislador, reconozco que resulta indispensable que nuestro país recobre la actividad laboral y económica como hasta antes de la declaración de emergencia sanitaria, marzo 2020, pero no a costa de la salud del personal médico y sanitario que han dado su vida por la atención hospitalaria de quienes llegan infectados. En ese sentido resulta importante la presente reforma a la Ley General de Salud a fin de que todo el personal médico y sanitarias, independientemente de contar con las medidas de higiene y protección que resulta necesario para evitar el contagio del coronavirus se les reconozca su enorme labor incrementándole su ingreso salarial hasta por el doble de su percepción cuando nuestro país enfrente una crisis sanitaria como la que hoy nos pone la pandemia del coronavirus.

Es importante tener claro que la emergencia por riesgo sanitario no ha terminado, por tales razones, las medidas de seguridad para prevenir el riesgo de contagio no deben dejar de aplicarse en los diferentes entornos de interacción social y menos aún en los espacios en los que la ciudadanía pasa la mayor parte del tiempo, es decir, los centros de trabajo, ya sean industriales, comerciales o administrativos, son un ejemplo de esos lugares en donde el riesgo de contagio es alto, porque la convivencia cotidiana puede generar el relajamiento de las medidas de salubridad.

Por estas razones, estas medidas deben formar parte de hoy en adelante y serán de observancia obligatoria para el personal que labora dentro del centro de trabajo, así como para los usuarios y consumidores de bienes o servicios que acudan a ellos. Porque también resulta imperativo que se inscriban dentro de la Ley General de Salud.

El postulado de los “lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral”, entre otras cosas, se refiere:

Normas básicas para personas en establecimientos y centros de trabajo

A. Para usuarios

1. Sana distancia

• De acuerdo con la superficie del establecimiento, se garantizará en todo momento que se respeta la sana distancia de 1.5 metros entre cada persona dentro del establecimiento, ya sea trabajadora y/o cliente.

• El cliente deberá esperar detrás de la línea que indica el espacio de espera para pedir los productos necesitados y/o para pagar, según lo estipule el establecimiento.

• En caso de que se forme una fila fuera del establecimiento en la que los clientes estén esperando para entrar, estos deberán mantener siempre un espacio de 1.5 metros de distancia entre cada persona.

• El cliente deberá evitar tocar productos que no vaya a comprar para disminuir la probabilidad de contagio.

• En caso de que sea posible, se favorecerá la entrega de los productos vendidos por parte de la persona trabajadora en la entrada de la tienda, evitando así que el cliente entre al establecimiento.

2. Elementos de Protección Individual (EPI)

• Solo se permitirá la entrada al establecimiento si el cliente porta un cubrebocas acomodado correctamente en el rostro.

• El cliente deberá limpiarse las manos con dispensadores de alcohol al 70 por ciento o gel desinfectante base alcohol al 70 por ciento al momento de entrar al establecimiento.

• Se habilitará y comunicará a los clientes sobre los sistemas que promuevan el pago sin contacto (tarjetas de crédito, plataformas virtuales, etcétera) en la medida de los posible.

B. Para Trabajadores

1. Elementos de Protección Individual (EPI)

• Se deberá distribuir entre las personas trabajadoras con funciones de atención al público, al menos el siguiente equipo:

1. Cubrebocas, de preferencia que sea lavable a fin de ser empáticos con el medio ambiente (capacitar sobre su limpieza y reemplazo); y

2. Protector facial/ googles / lentes de seguridad con protección lateral, superior e inferior de ojos.

• La persona trabajadora deberá portar el equipo de protección personal correctamente todo el tiempo.

• Se deberá evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son reservorios de virus y demás microorganismos (fómites).

• Se tendrán medidas sobre no compartir entre las personas trabajadoras: celular, utensilios de cocina, equipo de protección individual (EPI), papelería, plumas, etcétera.

• La persona trabajadora deberá hacer un lavado frecuente de manos, respetará la etiqueta respiratoria (estornudar o toser en un pañuelo que será desechado en bote de basura cerrado, o hacerlo en la parte interna del brazo) y mantendrá una distancia de 1.5 metros de los clientes o proveedores.

• El uso de guantes no deberá sustituir el lavado de manos en ningún momento. Se recomienda exclusivamente su uso para el manejo de dinero.

2. Promoción y protección a la salud

• Se tendrán medidas para que las personas trabajadoras cuiden la distancia social con sus compañeras y compañeros de al menos 1.5 metros.

• Los pañuelos desechables utilizados para limpiar la nariz o protección de boca, así como cubrebocas desechables deberán ser colocados en un recipiente identificado como “residuos sanitarios” con bolsa y con tapa, para amarrar y tirar así en el contenedor final de residuos.

• Se capacitará a las personas trabajadoras sobre medidas de protección de la salud (lavado frecuente de manos, etiqueta respiratoria, saludo a distancia y recuperación efectiva) y sobre las medidas que se implementarán en el centro de trabajo como parte de la estrategia de Nueva Normalidad.

• Se contará con guía de actuación para los casos en que una persona trabajadora manifieste síntomas de covid-19, con la finalidad de protegerle, así como al resto de las personas trabajadoras y su familia, que incluya: medidas básicas para manejo de sospechosos de contagio, contactos, confirmados y su reincorporación al trabajo.

• Se incentivará al personal con sospecha o confirmación de covid-19 a cumplir con el resguardo domiciliario correspondiente, que es la limitación voluntaria y temporal de la movilidad de una persona, para permanecer en su domicilio de residencia o en un sitio distinto al espacio público para evitar un ulterior contagio de la enfermedad en la comunidad. Este resguardo también puede ocurrir debido a la condición de vulnerabilidad de la persona, o debido al tipo de actividad que desempeña en el centro de trabajo. Durante el tiempo que dure este resguardo, la persona trabajadora deberá recibir su salario.

• En caso de registrarse un caso positivo entre personas trabajadoras del establecimiento, se deberá dar aviso inmediato a las autoridades a través del sistema Locatel y las herramientas digitales disponibles (SMS con covid19? al 51515 o visitar el sitio web https://test. covid19.cdmx.gob.mx/?).

• Se promoverá entre la población trabajadora los principios rectores de la “No Discriminación” para las personas que hayan tenido covid-19 o hayan convivido con algún familiar que lo tenga o haya tenido.

VI. Control de acceso y egreso a establecimientos

A. Para usuarios

• Se contará con jergas saturadas, tapetes sanitizantes o alternativas similares con hipoclorito de sodio con concentraciones de al menos 0.5 por ciento con productos registrados ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA) certificados para eliminar SARS-CoV-2 para los clientes que entren al establecimiento. No se recomienda el uso de arcos desinfectantes.

• Se repondrá el líquido desinfectante a las jergas o tapetes sanitizantes cada que lo requieran, en caso de jergas saturadas se asegura que estas, estén limpias y saturadas de la solución desinfectante. Puede colocarse una jerga limpia y seca para eliminar el exceso del líquido de las suelas de zapato.

• Se contará en los accesos con dispensadores de alcohol al 70 por ciento o gel desinfectante base alcohol al 70 por ciento.

• Se establecerán entradas exclusivas y salidas exclusivas de los establecimientos. En caso de que se cuente con un solo acceso, este se deberá de dividir por barreras físicas, a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida, inhibiendo así posibles acercamientos entre clientes.

• Se debe resguardar el acceso preferencial a las personas en situación de vulnerabilidad: personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o lactantes, personas en situación de discapacidad y personas con enfermedades crónicas.

B. Para trabajadores

• Se establecerán entradas y salidas exclusivas del personal, en caso de que se cuente con un solo acceso, este se deberá de dividir por barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida del personal.

• Los sanitarios deberán contar con lavamanos en condiciones adecuadas de operación (funcionales y que cuenten con agua y con jabón) y toallas de papel desechable o, en su caso, con dispensadores de alcohol al 70 por ciento o gel desinfectante base alcohol al 70 por ciento.

VII. Señalética y carteles de información básica

• Se colocarán infografías oficiales sobre medidas sanitarias para la emergencia en múltiples lugares visibles.

• Se señalizará el espacio del establecimiento con marcas en el piso, paredes y/o mobiliario, que indiquen espacios de espera o el flujo del recorrido del local, recordando la distancia mínima de 1.5 metros entre personas, dentro del establecimiento y fuera de este (previendo casos en que se formarán filas fuera del establecimiento de gente esperando su turno).

• Se deberá señalizar en el piso los espacios que deberán respetar los clientes para solicitar los productos o para pagar.

VIII. Limpieza de espacios y desinfección de superficies

A. Capacitación para el manejo de sustancias sanitizantes

• Se contará con protocolos de limpieza y desinfección diaria de áreas, superficies y objetos de contacto y de uso común, que incluya lavar con agua y jabón, y desinfectar con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5 por ciento u otra certificada para eliminar SARS-CoV-2.

• Si se usa cloro doméstico para limpiar, se usará a una concentración inicial de 5 por ciento. Lo anterior equivale a que, por cada litro de agua, se debe agregar 4 cucharaditas (10 ml) de cloro.

• Se retirarán objetos en desuso para facilitar la limpieza y desinfección de todas las áreas.

• Se desinfectarán los almacenes y bodegas de manera regular.

IX. Sistema de ventilación

A. Medidas temporales para evitar la concentración en espacios cerrados

• Se favorecerá la ventilación natural en los lugares que sea posible.

• Se revisará el funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado y de extracción, en caso de contar con los mismos, además de dar mantenimiento y cambios de filtro para su correcto funcionamiento.

X. Escalonamiento de horarios y días laborales

A. Implementación de horarios escalonados

- Las personas trabajadoras tendrán horarios laborales escalonados para evitar saturación en caso de que el comité o persona responsable de la implementación de las medidas para la Nueva Normalidad así lo considere.

XI. Normas básicas para la vigilancia, supervisión e identificación de posibles contagios

A. Comisión de Seguridad e Higiene

Los establecimientos deben designar un comité o una persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de las medidas para la Nueva Normalidad en el marco del covid-19.

B. Proceso para la identificación de posibles contagios y confirmados

Se identificará a personas trabajadoras que hayan estado en contacto con una persona infectada o con sospecha de infección y se enviarán a casa.

Se evitará el retorno de personas trabajadoras enfermas sin contar con la evaluación médica pertinente.

Se llevará el registro y seguimiento del personal en resguardo domiciliario voluntario y evaluar posibles casos de contagio.

C. Cierre del establecimiento por casos confirmados con covid-19, notificación de personas contagiadas

En caso de registrarse un caso positivo entre personas trabajadoras del establecimiento, se deberá dar aviso inmediato a las autoridades a través del sistema Locatel. En estas situaciones, el negocio debe permanecer cerrado por 14 días posterior a la identificación del caso.

D. Rastreos de contactos al interior de la industria

Se enviará a casa al personal con síntomas de la enfermedad. En caso de que presente dificultad para respirar, se deberá remitir al centro de atención médica más cercano. En caso de ser necesario, el personal con síntomas podrá ser remitido temporalmente al área de asistencia y aislamiento definida para el control de ingreso y egreso. Finalmente, se le deberá dotar de material educativo para prevenir contagios en el hogar.

E. Vigilancia y supervisión

El personal médico de la empresa y la Comisión de Seguridad e Higiene son quienes, con base en sus propias observaciones y las respuestas de los cuestionarios aplicados diariamente, vigilan la sintomatología de los colaboradores. Asimismo, supervisan las labores de limpieza y el cumplimiento de las medidas de prevención por parte de todas las personas que ingresan a las instalaciones.

En caso de presentarse un contagio, la persona se mantiene en confinamiento durante un periodo mínimo de dos semanas. El personal del turno de la persona contagiada debe a su vez permanecer en confinamiento durante dos semanas para garantizar que no presentan signos de la enfermedad.

Se aíslan las áreas donde estuvo la persona, se cierran por 48 horas y se sanitizan. La empresa debe notificar a las autoridades correspondientes (Sedesa) y tomar todas las medidas pertinentes para contener un brote, así como garantizar que la persona cuente con la atención médica adecuada y no perciba ninguna sanción o sea objeto de ninguna represalia por parte de su superior. Asimismo, debe continuar percibiendo la totalidad de su salario sin considerar los días de ausencia.

En síntesis, la propuesta representa que se garantice que las actividades laborales, educativos o recreativos cumplan a cabalidad con los Protocolos de Seguridad Sanitaria, y el resto de las actividades esenciales y no esenciales se sujeten a los ordenamientos dictados por el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Economía y el Seguro Social del Gobierno Federal.

No cabe duda que el mayor reconocimiento es para las y los trabajadores de la salud que han estado en la primera línea de batalla contra el virus, ofrendando su vida al servicio de la salud de las y los mexicanos.

Las y los médicos, las y los enfermeros, en México y en todo el mundo, han dado a la humanidad un ejemplo de vocación, compromiso y valentía, al exponer su propia salud y su vida en aras del cumplimiento de su noble deber.

En nuestro país, como parte de ese reconocimiento se han llevado a cabo acciones como el otorgamiento de los llamados bonos Covid a profesionales de la salud.

Por otro lado, vale la pena recordar que apenas en octubre pasado, esta Cámara de Diputados reformó el Código Penal Federal, la Ley General de Salud y la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, con el fin de sancionar los actos de agresión y discriminación que se cometan contra el personal del sistema nacional de salud. Así también, reformamos el Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, con la finalidad de otorgar la presea de manera excepcional al personal médico que ha prestado sus labores para atender a las personas que han padecido el virus SARS-CoV-2 (covid-19).

Bajo esa misma lógica de reconocimiento, pero también de apoyo al personal médico y de enfermería que atiende a personas infectadas por coronavirus, planteamos la presente iniciativa con el fin de incrementar su ingreso salarial hasta por el doble de su percepción cuando nuestro país enfrente una crisis sanitaria como la que hoy nos pone la pandemia del coronavirus.

Cabe aclarar que dicho incremento se otorgaría sin perjuicio de las prestaciones y estímulos a que tenga derecho la o el trabajador de la salud conforme a la legislación, los contratos colectivos de trabajo y demás disposiciones aplicables.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresamos nuestro reconocimiento y gratitud a todas y todos los médicos y enfermeros que han hecho frente a este terrible virus, pero también somos conscientes de que eso no es suficiente. Estas y estos profesionales de la salud no viven del aplauso y el reconocimiento público; tenemos que apoyarlos de verdad.

Es, por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Único. Se reforman las fracciones XI y XII del artículo 6o.; la fracción II del artículo 134 y la fracción I del artículo 136; se adicionan la fracción XXII Bis al artículo 3o.; la fracción XIII al artículo 6o.; un artículo 10 Ter; un segundo párrafo al artículo 11; la fracción I Ter al apartado B del artículo 13; un artículo 18 Bis; un segundo párrafo al artículo 148 y los párrafos segundo y tercero al artículo 181; todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- ...

I. a XXII....

XXII Bis. La verificación del cumplimiento de sanitización o higiene sanitaria en los centros laborales, dependencias públicas, centros comerciales, escuelas, considerando el uso efectivo de material preventivo como cubrebocas, guantes, jabones o geles antibacteriales para el aseo constante de manos, tratándose de epidemias, pandemias o crisis sanitaria;

XXIII. a XXVIII. ...

Artículo 6o.-...

I. a X. ...

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria ;

XII. Acorde a las demás disposiciones legales aplicables, promover la creación de programas de atención integral para la atención de las víctimas y victimarios de acoso y violencia escolar, en coordinación con las autoridades educativas , y

XIII. Tratándose de emergencias sanitarias, epidemias, o cualquier crisis de salud, será la máxima autoridad en turno. Mantendrá comunicación e información diaria con la población, representantes populares y municipios. Coordinará en tiempo y forma los controles de sanitización o vacunación, elaboración de reglamentos de cuidado y prevención que contenga dicha anomalía sanitaria.

Artículo 10 Ter.- Tratándose de epidemias y/o pandemias declaradas por las autoridades sanitarias, el personal médico, sanitario y todos aquellos que presten sus servicios en hospitales, centros de salud, brigadas de vacunación percibirán hasta el doble de su ingreso salarial desde el inicio hasta la erradicación de la crisis sanitaria.

Artículo 11. ...

I. a IV. ...

Se excluirán los convenios cuando se trate de pandemias, crisis sanitaria o epidemias. En esos casos, la Secretaría realizará coordinadamente con los titulares de los sectores privados y públicos las medidas higiénicas, sanitizantes y preventivas que se dicten para el caso específico;

Artículo 13. ...

A....

I. a X. ...

B. ...

I. y I Bis. ...

I Ter. La verificación del cumplimiento de sanitización o higiene sanitaria en los centros laborales, dependencias públicas, centros comerciales, escuelas.

II. a VII. ...

C. ...

Artículo 18 Bis. Tratándose de epidemias y/o pandemias declaradas por las autoridades sanitarias, el personal médico, sanitario y todos aquellos que presten sus servicios en hospitales, centros de salud, brigadas de vacunación percibirán hasta el doble de su ingreso salarial desde el inicio hasta la erradicación de la crisis sanitaria.

Artículo 134.- ...

I. ...

II. Influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, infecciones meningocóccicas, enfermedades causadas por estreptococos, así como el SARS y sus derivaciones;

III. a XIV. ...

Artículo 136.-...

I. Inmediatamente, en los casos individuales de enfermedades objeto del Reglamento Sanitario Internacional fiebre amarilla, peste , cólera , así como el SARS y sus derivaciones;

II. a IV. ...

...

Artículo 148.- ... 

Aunado a lo anterior, la Secretaría vigilará que los centros de labores públicos o privados se cuente con los materiales de higiene y aseo permanente, medidas de prevención, alejamiento o confinamiento que se deba poner el personal en caso de sospecha o caso comprobado. Asimismo, dictará los protocolos, las medidas higiénicas, sanitizantes y preventivas que se dicten para el caso específico.

Artículo 181.-...

La Secretaría supervisará que las autoridades sanitarias de las entidades federativas realicen las verificaciones de cumplimiento de sanitización o higiene sanitaria en los centros laborales, dependencias públicas, centros comerciales, escuelas, considerando el uso efectivo de material preventivo como cubrebocas, guantes, jabones o geles antibacteriales para el aseo constante de manos, tratándose de epidemias, pandemias o crisis sanitaria.

Aunado a lo anterior, el personal médico, sanitario y todos aquellos que presten sus servicios en hospitales, centros de salud, brigadas de vacunación percibirán hasta el doble de su ingreso salarial una vez declarada una emergencia sanitaria como epidemia y/o pandemias.

Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a dieciséis de febrero de dos mil veintiuno.– Diputada y diputado: Maribel Martínez Ruiz, Benjamín Robles Montoya (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia del Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 y se adiciona un artículo 43 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, en materia del Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior, al tenor de la siguiente

I. El 15 de mayo de 2019 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma constitucional en materia educativa, en la cual se establece en la fracción X del artículo tercero constitucional y el artículo transitorio décimo quinto que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, y que para dar cumplimiento a ello se deberán incluir los recursos necesarios en los presupuestos federal, de entidades federativas y municipios.

El texto del decreto constitucional subraya en la fracción X del artículo 3o. constitucional que:

Artículo 3.  ...

X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.

En el décimo quinto transitorio, el decreto reitera que:

Transitorios ...

Décimo Quinto. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, en términos de las fracciones VIII y X del artículo 3o. de esta Constitución; adicionalmente, se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura

II. La reforma por la que se modificaron los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, abrió un amplio horizonte para la transformación de la educación en México. En particular, para la educación superior. No sólo se estableció su obligatoriedad y gratuidad, sino que se decidió en ello garantizar la autonomía de las universidades que gozan de ésta, además de proponer en la mesa un gran debate sobre temas esenciales como la distribución de competencias, la designación de facultades claras, así como la creación de mecanismos de coordinación y colaboración.

III. El proyecto de Ley General de Educación Superior se construyó desde hace más de un año de una manera singularmente colaborativa y coordinada, pero sobre todo con la voluntad y consensos necesarios. Así el 9 de septiembre de 2020, con el apoyo de diversos grupos parlamentarios y con la firma de diputados y senadores, se presentó en el Senado la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Educación Superior.

Con la presentación de la iniciativa se culminó un arduo proceso en el que se trabajó de la mano de especialistas, autoridades, universidades y legisladores. Se realizaron más de 15 reuniones conjuntas entre el legislativo y la Secretaría de Educación Pública, 6 de ellas de carácter bilateral, que derivaron en más de 11 versiones distintas de documentos de trabajo en las que además participaron, la Subsecretaría de Educación Superior, la Universidad Nacional Autónoma de México, FIMPES, ANUIES, así como otras instituciones públicas y privadas, y especialistas en educación superior.

IV. El pasado 11 de diciembre de 2020, el Senado de la República aprobó de manera unánime el decreto por el que se expide la Ley General de Educación Superior, y se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, por parte del Senado de la República con 108 votos a favor, ninguno en contra, ni abstenciones en lo general, y con 101 votos en lo particular sin ninguna abstención o voto en contra.

V. Desde enero de 2021, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, circuló un dictamen para su análisis que refleja consensos entre los miembros del órgano legislativo. Dicho documento recupera de manera íntegra la propuesta original relativa a la creación del Fondo Especial que mandata el décimo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia educativa que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de mayo de 2019.

VI. En el texto desde el artículo 6, fracción VII, aparece la mención al Fondo Federal Especial para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. Si bien, todo el Título Sexto, denominado “Del financiamiento de la educación superior”, en su Capítulo Único, en el que se hace mención de la concurrencia en el financiamiento; aborda las generalidades respecto de cómo se allegarán recursos para los fines de esta ley, es en el artículo 64 del dictamen donde se señala lo siguiente:

“ Artículo 64. En el proyecto y Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal que corresponda se establecerá un fondo federal especial destinado a asegurar a largo plazo los recursos económicos suficientes para la obligatoriedad, de manera gradual, de los servicios de educación superior, así como la plurianualidad de su infraestructura, en términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los montos asignados a las instituciones públicas de educación superior, a partir del fondo federal especial, no podrán ser considerados, en ningún caso, como sustitutivos, parcial o totalmente, de los montos correspondientes a los recursos ordinarios. La asignación de los recursos para el fondo referido será anual y se orientaran por los criterios de transparencia, inclusión y equidad para proporcionar la prestación del servicio educativo de tipo superior en todo el territorio nacional”

VII. Desde el comienzo del proyecto de Ley General de Educación superior, diversos actores se manifestaron respecto del Fondo que mandata el décimo quinto transitorio de la reforma constitucional promulgada el 15 de mayo de 2019. En el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos (PEF) 2020, no se identificó dentro de la estructura programática 2020, la inclusión del algún Fondo Federal con estos objetivos, por lo que tampoco se reflejó en el PPEF 2020. Esto trajo como consecuencia que distintas organizaciones y liderazgos, entre ellas la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), alzaran la voz para que se considerara dicho fondo en el PEF 2020. La ANUIES presentó una propuesta en la cual considera que el Fondo debería ser dotado con 7,678 millones de pesos, adicionalmente propuso que el honorable Congreso de la Unión impulsara una reforma al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal.

VIII. Dentro del PEF 2020 se dotó de 350 millones de pesos a un Fondo denominado Fondo de Obligatoriedad de la Educación Superior a través del programa U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior. Sin embargo, el monto sólo representa el 4.5 por ciento de la cifra propuesta por la ANUIES de 7,678 millones de pesos. 1

IX. Para el PEF 2021 no se etiquetó presupuesto al programa U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior, por lo que no existe una partida presupuestaria que pueda cumplir con los objetivos del Fondo de Obligatoriedad de la Educación Superior, toda vez que se suponía a más tardar en diciembre de 2020 se aprobaría como indica el mandato del el Artículo Sexto Transitorio del decreto publicado el 15 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación por el que se expidió la reforma a los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, que “El Congreso de la Unión debe expedir las Leyes Generales en materia de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020.” 

X. A pesar de esto, es de observarse que aunque en el PEF 2020 se aprobaron en total 576.7 millones de pesos al programa U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cuarto trimestre de 2020 destacan tres puntos con relación al ejercicio de su gasto (ver tabla 1):

1) El avance del gasto en este programa (monto pagado / monto aprobado) es del 66 por ciento;

2) El monto modificado es 194.2 millones de pesos menor al monto aprobado y

3) El monto pagado es 3.36 millones menor al monto modificado

Tabla 1. Avance del gasto al cuarto trimestre de 2020 (millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP

XI. La educación se ha convertido así en una prioridad en el discurso público, así entonces observando los recursos que se le destinan en el caso del PEF 2021, destaca el hecho de que la función Educación presenta un incremento presupuestal del 0.43 por ciento en términos reales en el PEF 2021 respecto al PEF 2020, mientras que en su clasificación administrativa, el Ramo Educación Pública presenta un incremento presupuestal del .14 por ciento en términos reales en el PEF 2021 respecto al PEF 2020.

Sin embargo, destaca la caída real de -12.1 por ciento del presupuesto en la subfunción Educación para adultos en el PEF 2021 respecto al PEF 2020, así como el incremento presupuestal real en las subfunciones posgrado (5.6 por ciento) y educación media superior (1.9 por ciento).

El Programa Subsidios para organismos descentralizados estatales, del cual se dota de presupuesto federal a universidades estatales, presenta una reducción del -.32 por ciento en términos reales en el PEF 2021 respecto al PEF 2020, lo que representa una pérdida de 298 millones de pesos.

Al contrario, las Universidades Federales presentan incrementos presupuestarios en términos reales en el PEF 2021 respecto al PEF 2020, a excepción del Tecnológico Nacional de México. Destaca el incremento presupuestal de 54 por ciento a la Universidad Abierta y a Distancia de México.

Por Unidades Responsables, destaca la eliminación del presupuesto a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, así como caídas presupuestarias en términos reales en el PEF 2021 respecto al PEF 2020 en: Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (-99.7 por ciento); Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (-96 por ciento); Subsecretaría de Educación Superior (-81 por ciento); y Dirección General de Educación Indígena (-56.55 por ciento).

XII. Si bien es probable que el Dictamen de la Ley General de Educación Superior se apruebe a la brevedad en la Cámara de Diputados y con ello se concluya el proceso legislativo, es menester indicar que no se han presentado las condiciones reales en los ordenamientos pertinentes que habiliten y regulen el funcionamiento de un Fondo Federal con los fines que mandata el Décimo Quinto Transitorio de la reforma constitucional del 15 de mayo 2019, por lo que es importante que se establezcan en un primer momento las pautas claves a seguir en lo relativo a la composición del Fondo Federal, en tanto este se prevé como una figura de financiamiento concurrente, y por ello las modificaciones pertinentes a la Ley de Coordinación Fiscal.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 25 y se adiciona un artículo 43 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma el artículo 25, adicionándose una fracción IX, y se adiciona un artículo 43Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta ley, respecto de la participación de los estados, municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley, para los fondos siguientes:

[I-VIII]...

IX. El Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior

Artículo 43 Bis.  El Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior se dotará presupuestalmente del 0.23 por ciento de la Recaudación Federal Participable.

Dicha asignación se integrará, distribuirá, administrará, ejercerá y supervisará, de acuerdo a lo dispuesto por esta ley en lo relativo a los Fondos de Aportaciones Federales.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Esto se plasmó en el Anexo 36. Ampliaciones al Ramo 11 Educación Pública del PEF 2020, en el que se especificó que 350 millones de pesos del programa U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior ‛se destinarán al Fondo Federal Especial para garantizar la obligatoriedad de los servicios de Educación Superior establecido en el artículo décimo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019’.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.– Diputadas: Kehila Abigail Ku Escalante, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 5 A, 12 y 13 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XX al artículo 5 A; reforma el artículo 12, fracción I, y adiciona una fracción VI al artículo 13 de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente:

La seguridad social nace bajo la necesidad de apoyar a personas que se encuentran con alguna carencia, en este sentido, se enfoca más en los sectores más vulnerables como personas campesinas y obreras.

Es decir, es un término que se refiere al bienestar que se debe de otorgar a la ciudadanía, por ejemplo, a una mujer embarazada o un hombre discapacitado por algún accidente de trabajo, entre otros.

Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tuvo la obligación de fomentar entre todas las naciones del mundo, diversos programas que permitieran extender las medidas de seguridad social, buscando garantizar ingresos básicos y prestar asistencia médica completa a quienes más los necesiten.

Contemplándola como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales, evitando ocasionar una fuerte reducción o la desaparición total de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez o muerte.

Lo anterior, se derivó de los trabajos realizados por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, reflejándose en el Convenio sobre la seguridad social, en los siguientes artículos:

“ Artículo 10.

1. Las prestaciones deberán comprender, por lo menos:

(a) en caso de estado mórbido:

(i) la asistencia médica general, comprendida la visita a domicilio;

(ii) la asistencia por especialistas, prestada en hospitales a personas hospitalizadas o no hospitalizadas, y la asistencia que pueda ser prestada por especialistas fuera de los hospitales;

(iii) el suministro de productos farmacéuticos esenciales recetados por médicos u otros profesionales calificados; y

(iv) la hospitalización, cuando fuere necesaria; y

(b) en caso de embarazo, parto y sus consecuencias;

(i) la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal prestada por un médico o por una comadrona diplomada; y

(ii) la hospitalización, cuando fuere necesaria.

3. La asistencia médica prestada de conformidad con este artículo tendrá por objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la persona protegida, así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades personales.

4. Los departamentos gubernamentales o las instituciones que concedan las prestaciones deberán estimular a las personas protegidas, por cuantos medios puedan ser considerados apropiados, para que utilicen los servicios generales de salud puestos a su disposición por las autoridades públicas o por otros organismos reconocidos por las autoridades públicas.”

“ Artículo 34.

1. Con respecto al estado mórbido, las prestaciones deberán comprender la asistencia médica, tal como se especifica en los párrafos 2 y 3 de este artículo.

2. La asistencia médica comprenderá:

(a) la asistencia médica general y la ofrecida por especialistas, a personas hospitalizadas o no hospitalizadas, comprendidas las visitas a domicilio;

(b) la asistencia odontológica;

(c) la asistencia por enfermeras, a domicilio, en un hospital o en cualquier otra institución médica;

(d) el mantenimiento en un hospital, centro de convalecencia, sanatorio u otra institución médica;

(e) el suministro de material odontológico, farmacéutico, y cualquier otro material médico o quirúrgico, comprendidos los aparatos de prótesis y su conservación, así como los anteojos; y

(f) la asistencia suministrada por miembros de otras profesiones reconocidas legalmente como conexas con la profesión médica, bajo la vigilancia de un médico o de un dentista.

3. Cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, la asistencia médica deberá comprender, por lo menos:

(a) la asistencia médica general, comprendidas las visitas a domicilio;

(b) la asistencia por especialistas, ofrecida en hospitales a personas hospitalizadas o no hospitalizadas, y la asistencia que pueda ser prestada por especialistas fuera de los hospitales;

(c) el suministro de productos farmacéuticos esenciales recetados por médicos u otros profesionales calificados; y

(d) la hospitalización, cuando fuere necesaria.

4. La asistencia médica prestada de conformidad con los párrafos precedentes tendrá por objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la persona protegida, así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades personales.”

Finalmente, en su artículo 49, señala que:

1. En lo que respecta al embarazo, al parto y sus consecuencias, las prestaciones médicas de maternidad deberán comprender la asistencia médica mencionada en los párrafos 2 y 3 de este artículo.

2. La asistencia médica deberá comprender, por lo menos:

(a) la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal prestada por un médico o por una comadrona diplomada; y

(b) la hospitalización, cuando fuere necesaria.

3. La asistencia médica mencionada en el párrafo 2 de este artículo tendrá por objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la mujer protegida, así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades personales.

4. Las instituciones o los departamentos gubernamentales que concedan las prestaciones médicas de maternidad deberán estimular a las mujeres protegidas, por cuantos medios puedan ser considerados apropiados, para que utilicen los servicios generales de salud puestos a su disposición por las autoridades públicas o por otros organismos reconocidos por las autoridades públicas.”

Lo anterior refleja que la seguridad social es un derecho humano fundamental y un instrumento esencial para crear cohesión social. Siendo parte principal para el bienestar de los trabajadores, de sus familias y de toda la sociedad en general.

Además, forma parte indispensable de la política social de los gobiernos, contribuyendo a la dignidad humana, a la equidad y a la justicia social. Asimismo, es importante para la integración política, la participación de los ciudadanos y el desarrollo de la democracia.

Por otro lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 22, señala:

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud ocupacional como “la promoción y mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones mediante la prevención de las desviaciones de la salud, control de riesgos y la adaptación del trabajo a la gente, y la gente a sus puestos de trabajo”.

Lo anterior resulta relevante en virtud que, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que aproximadamente del 65 por ciento de la población de la región forma parte de la fuerza laboral, y el trabajador promedio pasa alrededor de dos-tercios de su vida en el trabajo.

En América Latina, las lesiones y muertes relacionadas con el trabajo ocurren “aproximadamente treinta y seis lesiones relacionadas con el trabajo por minuto y 300 trabajadores mueren diariamente debido a accidentes ocupacionales. Casi 800 mil muertes cada año alrededor del mundo se deben a lesiones ocupacionales y 11 millones a enfermedades ocupacionales.” 1

Las enfermedades más comunes vinculadas a riesgos ocupacionales se deben principalmente a la exposición de los trabajadores a condiciones y entornos laborales poco seguros e insalubres, por ejemplo, “A nivel mundial, los tres problemas más comunes de salud ocupacional son el dolor de espalda (37 por ciento), pérdida de la audición (16 por ciento), y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (13 por ciento).”

“Las enfermedades ocupacionales más frecuentes en las Américas son hipoacusia ocupacional, intoxicaciones agudas por plaguicidas, metales pesados, y enfermedades respiratorias y de la piel.”

“En los trabajadores agrícolas en América Central, por ejemplo, ha habido alrededor de 7 mil casos de intoxicaciones agudas por plaguicidas por año.” 2

Ante este escenario, lo interesante es conocer cuántos trabajadores tienen acceso a servicios básicos de salud. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud:

“Solo de 10 a 15 por ciento de los trabajadores en las Américas tienen acceso a servicios básicos de salud, estos utilizan un enfoque de atención primaria para proteger la salud de los trabajadores y prevenir lesiones y accidentes en el trabajo. Los servicios básicos de salud proveen a cada trabajador con tratamientos, información preventiva, cuidados, y rehabilitación independientemente de su sector económico, tamaño de la empresa, localización geográfica, o tipo de contrato de empleo.”

En México, la Constitución Política que actualmente nos rige sirvió como eje de la Seguridad Social. Hoy en día, se encuentra establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XI. Mismo que señala que la Seguridad Social se organizará conforme a diversas bases mínimas, entre las que destacan:

-Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales.

-Las enfermedades no profesionales.

-La maternidad.

-En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

-Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica.

No fue sino hasta el 19 de enero de 1943 cuando se emitió la Ley de Seguridad Social, creándose con ella el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior, con la finalidad de garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

La Ley de Seguridad Social vigente, en su artículo 2, señala:

“La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.”

Por su parte, el artículo 3, refiere que “La realización de la seguridad social está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados...”

Finalmente, la multicitada ley agrega que “El Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta Ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos.” Artículo 4.

Hoy en día nos encontramos frente a un escenario de confinamiento derivado de la pandemia por el Covid19. Misma que ha provocado diversos cambios en nuestra vida cotidiana, entre ellos, la nueva forma de trabajar desde casa, mejor conocido como teletrabajo.

Tema que tuvo a bien legislar las Cámaras del Congreso de la Unión y cuyo proceso se vio concluido con la publicación del decreto en la materia el pasado 11 de enero de 2021, en el Diario Oficial de la Federación. Definiendo al teletrabajo como:

“una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, en el centro de trabajo utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación, para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón.” 3

Al respecto, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, comentó que esta ley es todo un reto para el mundo del trabajo, haciendo énfasis en que “el teletrabajo creció de manera importante frente a la pandemia, hecho que fue resuelto por el legislativo y en donde se aprobó una ley que implica una discusión mayor, incluso con mesas de trabajo en el que participen los sectores a fin de poder aterrizar los conceptos ya definidos por el legislativo”. 4

De igual forma, esto representa un reto para la seguridad social, la cual no se puede ni se debe de quedar rezagada por el bien de la ciudadanía. Toda vez que, de seguir siendo administrada correctamente seguirá aumentando su productividad al ofrecer y proporcionar sus servicios de asistencia médica, seguridad de ingresos y servicios sociales.

Por tal motivo, la presente iniciativa tiene como objetivo, adicionar una fracción XX al artículo 5 A; reformar el artículo 12, fracción I, asimismo, adicionar una fracción VI, al artículo 13, todos a la Ley del Seguro Social para incorporar el concepto de persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de la seguridad social.

Lo anterior, derivado de la entrada en vigor de toda esta estructura de teletrabajo y atendiendo a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo en cuanto a las obligaciones del patrón respecto a la seguridad social que deben de otorgar bajo esta nueva modalidad.

Mismas que se refieren en el artículo 330-E: “En modalidad de teletrabajo, los patrones tendrán las obligaciones especiales siguientes:”

“VII. Inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de la seguridad social.”

Ante este escenario, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social busca homologar la reciente reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en materia de teletrabajo a lo que mandata la Ley del Seguro Social para garantizar y facilitar el aseguramiento de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, siendo los cambios normativos que se necesitan a raíz de los acontecimientos generados por el Covid-19 que han originado un cambio en la vida laboral y sin duda impacta en la seguridad social.

Para nuestro Grupo Parlamentario es importante proteger a las personas más vulnerables de la sociedad, por tal motivo, debemos de generar los mecanismos que ayuden a facilitar, promover y extender la cobertura de la seguridad social de una forma sana, segura, transparente y sin discriminaciones. Por ello, insistimos en la necesidad de impulsar las reformas que sean necesarias a favor de la certeza jurídica y la legalidad, siendo la intención de esta propuesta.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración de este honorable pleno la presente Iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona la fracción XX al artículo 5 A; se reforma el artículo 12, fracción I, y se adiciona una fracción VI al artículo 13 de la Ley del Seguro Social.

Único. Se adiciona la fracción XX al artículo 5 A; se reforma el artículo 12, fracción I, y se adiciona una fracción VI al artículo 13 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I a XIX. (...)

XX. Persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo: quien preste sus servicios personal, remunerado y subordinado en lugar distinto a las instalaciones de la empresa o fuente de trabajo del patrón y utilice las tecnologías de la información y la comunicación.

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

I. Las personas que de conformidad con los artículos 20, 21 y 330-E, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones;

II. a IV (...)

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio:

I. a III (...)

IV. Los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio,

V. Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas y municipios que estén excluidas o no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social, y

VI. Persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo.

(...)

(...)

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deberá reformar la normatividad correspondiente al presente Decreto en un plazo no mayor de 90 días a partir de su entrada en vigor.

Notas

1 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view= article&id=1527: workers-health-resources&Itemid=1349& limitstart=2&lang=es

2 Ibidem

3  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609683&fecha=11/01/ 2021

4 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/A-partir-de-manana-entra-en-vigor-la-n ueva-ley-de-home-office–20210111-0041.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.– Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Abril Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Abril Alcalá Padilla, Diputada Federal del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Como resultado de diversas iniciativas presentadas por distintos grupos parlamentarios, el pasado 1 de octubre de 2019 la Cámara de Diputados aprobó un Dictamen con Iniciativa con Proyecto de Derecho que reformó diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas, siendo aprobado por el pleno de la Cámara con 445 votos a favor, como parte de los esfuerzos llevados a cabo por el Estado mexicano para combatir la obesidad en las personas, causante de diversas enfermedades que generan problemas de salud y productividad entre la sociedad mexicana.

A nivel mundial y de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 1975 y 2016, la prevalencia mundial de la obesidad se ha casi triplicado. En 2016, más de 1,900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos, es decir, alrededor del 13% de la población adulta mundial (un 11 % de los hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos. 1

En el caso específico de México y acorde con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nos encontramos en el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Es decir, el 34% de la niñez en el país o lo que es, 3 de cada 10 niños y niñas entre 5 y 11 años, así como el 35% de los adolescentes entre 12 y 19 años padecen sobrepeso u obesidad. 2

En el caso de adultos, nuestro país ocupa el segundo lugar en obesidad en esta categoría a nivel mundial. Ello, ante un escenario en el que 7 de cada 1 O adultos, es decir, el 71.2% de la población mexicana padecen sobrepeso u la obesidad. Mientras que la diabetes mellitus, que en 2006 afectaba al 9.2% de la población mexicana, hoy ha alcanzado a aproximadamente el 9.4% de nuestra población, lo que equivale a más de 7 millones de personas).

En México, la obesidad se convirtió en el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades no transmisibles o crónico degenerativas; su presencia representa un fuerte indicador de crecimiento en las tasas de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica, problemas de articulaciones, apnea de sueño, depresión, quistes, infertilidad y dificultades reproductivas y estudios recientes la relacionan con la aparición y progresión de al menos 12 diferentes tipos de cáncer.

En los trabajos llevados a cabo por la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura, se consideraron las recomendaciones y evidencia de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la UNICEF y diversas experiencias exitosas; así como recomendaciones puntuales de los expertos referentes en la materia como son el Comité de expertos académicos nacionales del etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas para una mejor salud.

Todos ellos concluyeron que el etiquetado anterior, conocido como Guías Diarias de Alimentación (GDA) utiliza valores de referencia incorrectos y no se ha demostrado que sea comprendido por la población de nuestro país. Mientras que el etiquetado frontal de advertencia responde al contexto nacional de crisis de salud pública por la epidemia de sobrepeso y obesidad.

El etiquetado frontal de advertencia es una herramienta de prevención y promoción de la salud pública que entra dentro de una estrategia amplia, integral y basada en evidencia sólida. Diversos planes de acción internacionales incluyen la implementación de etiquetados frontales claros como un pilar fundamental dentro de una estrategia integral de salud pública para mejorar el estado de salud y nutrición. Algunos ejemplos son el Plan de Acción para la Prevención del Sobrepeso en la Infancia y la Adolescencia de la Organización Panamericana de la Salud0, que en su línea. de acción estratégica número 3, recomienda “Políticas fiscales, reglamentación de la publicidad y etiquetado de alimentos”.

Ante la preocupación de ofrecer alternativas para implementar un etiquetado pensado en combatir frontalmente el problema de obesidad bajo el esquema de advertencias, grupo de expertos nacionales independientes, a petición de la Secretaría de Salud, 3 publicó unas recomendaciones de etiquetado para nuestra población en donde concluyeron que el etiquetado GDA no funciona y debe ser reemplazado por un sistema efectivo, de fácil comprensión y con criterios correctos. Además, recomendaron implementar un etiquetado frontal de advertencia para ingredientes críticos en los alimentos similar al que se propuso en Chile, Brasil, Perú o Canadá por las siguientes razones:

1. Cuenta con la mejor evidencia científica sobre su factibilidad de comprensión;

2. Es el mejor comprendido en la población mexicana;

3. Al ser más simple, permite la toma de decisión en unos cuantos segundos;

4. Existe evidencia de que puede ser comprendido incluso por niños;

5. Es un sistema recomendado por la Organización Panamericana de la Salud y otras organizaciones internacionales y nacionales.

Una vez enviada la Minuta con el proyecto de Decreto en comento, el Senado de la República la aprobó por unanimidad, por lo que fue enviada al Ejecutivo Federal, el cual la publicó como reforma a la Ley General de Salud el día 08 de noviembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.

Existen dos hechos dentro del proceso legislativo que se llevó a cabo para la aprobación de las modificaciones legales a la Ley General de Salud y que son el origen de la presente iniciativa.

El primero es que entre las propuestas de modificación que presentaron las y los diputados promoventes, podemos discernir la utilización de dos modelos: el primero se trató de modificación a diversas disposiciones a la citada Ley General de Salud, en especial, el artículo 212 y el segundo, proponía la incorporación de un capítulo especifico de reglas generales bajo las cuáles se implementaría el etiquetado frontal. La Comisión de Salud optó por el primer modelo, por lo que fueron modificados los artículos 66, primer párrafo; 111, fracción II; 115, fracción VII; 159, fracción V; 212, primer y segundo párrafo; y se adicionaron los artículos 2o., con una fracción VIII; 114, con un tercer párrafo; 210, con un segundo párrafo; 212, con tercer y cuarto párrafos, recorriéndose el actual tercer párrafo para pasar a ser quinto párrafo y 215, con las fracciones VI y VII de la Ley General de Salud.

El segundo hecho a destacar es que, para el sistema de etiquetado, se optó por el modelo aplicado desde 2016 en Chile de octágonos en color negro, plasmados con frases de advertencia en color blanco, adheridos al producto.

Hecha la presente aclaración, es pertinente hacer algunas consideraciones. La República de Chile cuenta con su propia legislación en la materia, la Ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad. Se recurrió a una legislación particular, porque la Cámara de Diputados chilena, al diseñar el modelo comprendió la complejidad que tendría para empresas y consumidores, por lo que, a efectos de convertir en el etiquetado en un instrumento eficaz para reducir los niveles de obesidad, plantearon en una ley pequeña (11 artículos), disposiciones de carácter económico, reglamentario y educativo, tomando en consideración a los actores implicados, desde los pequeños, medianos y grandes productores de alimentos y bebidas así como a los consumidores, con énfasis en la población infantil.

En dicha ley, en su artículo primero, podemos leer la siguiente porción normativa: “Los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos deberán proceder, en lo relativo a la producción, importación, elaboración, envasado, almacenamiento, distribución y venta de tales alimentos destinados al consumo humano, en la forma y condiciones que para cada caso, dependiendo de la naturaleza del producto, exija la autoridad en virtud de los reglamentos vigentes. Será responsabilidad del fabricante, importador o productor que la información disponible en el rótulo de los productos sea íntegra y veraz. Asimismo, deberán asegurarse de que, en el ámbito de la cadena productiva en que ellos intervengan, el proceso de elaboración de los alimentos cumpla con buenas prácticas de manufacturación que garanticen la inocuidad de los alimentos.”

Conscientes de la problemática que presentarían los pequeños y medianos productores de alimentos, la implementación de la Ley ha sido gradual, partiendo la primera etapa en el 2016, su segunda etapa en el 2018 y la tercera etapa recientemente en junio de 2019.

Los resultados de su implementación, por lo tanto, han sido reportados en cuánto al proceso de implementación a la fecha. También existen evaluaciones preliminares actualmente, de grupos académicos nacionales en colaboración con universidades internacionales de alto prestigio, que se incluyen en este documento.

En general, las evaluaciones obtenidas de la implementación de la Ley se pueden identificar en diferentes aspectos, en cuanto al nivel de cumplimiento de la regulación por parte de los regulados, como a nivel de percepciones, valoración, comprensión de la calidad nutricional del producto y las conductas en las elecciones de compra de alimentos por parte de la población, en que ha disminuido la compra de productos menos saludables.

Desafortunadamente en México, el Congreso de la Unión se limitó a mandatar en la Ley General de Salud un etiquetado frontal, sin determinar una política integral y multifacética, dejando al etiquetado por sí solo, ya no como un instrumento dentro de una política más amplia, sino simplemente, como una medida más.

Derivado de las reformas a la Ley General de Salud, la Secretaría de Economía hizo modificaciones a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria.

En dicha NOM, se determinó la forma y composición del etiquetado frontal, definiciones, especificaciones y características que deberán contener los etiquetados de los productos que se vendan o se produzcan en Territorio Nacional, así como el tiempo de implementación que tendrán los productores de los productos alimenticios para adaptar sus procesos de producción y etiquetado. En la NOM, se determinó en un artículo transitorio que: “Los responsables de los productos preenvasados podrán emplear temporalmente adhesivos o calcomanías adheribles sobre la etiqueta de los productos, siempre que dichos adhesivos o calcomanías cumplan exactamente con las disposiciones contenidas en los incisos 4.5.3.4 al 4.5.3.4.7, 7.1.3 y 7.1.4, así como con lo previsto en el apéndice A (normativo). Esta alternativa sólo podrá ser utilizada hasta el 31 de marzo de 2021.”

A diferencia del modelo que se tomó como base, que empleó tres años para la adaptación del etiquetado, argumentando la protección de los pequeños y medianos productores, en México, la legislación en materia de Salud, incluyendo la normatividad transitoria, fue omisa en disponer de tiempos razonables para la implementación de la reforma. La NOM, desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación otorga 15 meses a los productores mexicanos, terriblemente afectados por la pandemia del Covid-19 que deprimió los mercados mundiales durante todo el 2020 para adaptar sus productos al etiquetado. Esto es una merma frontal y directa a sus negocios y oficios, por lo que se propone adicionar un capítulo que respetando los beneficios que traerá el etiquetado frontal, si es bien aplicado, concilie la situación económica que viven actualmente los pequeños y medianos productores de alimentos. Sobre este escenario, a continuación, clarifico los cambios que se proponen en el siguiente cuadro:

Con esto, se ejemplifica de manera explícita el argumento para proponer la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un capítulo a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Único. Se adiciona un capítulo a la Ley para el desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana empresa para quedar de la siguiente manera:

Artículo 27. Con la finalidad de proteger y salvaguardar a las micro, pequeñas y medianas empresas que produzcan, almacenen, envasen, importen, o exporten alimentos, los etiquetados frontales de advertencia a los que hace mención el artículo 212 de la Ley General de Salud, que dependiendo de la naturaleza del producto, podrán ser integrados, en la forma y condiciones que sean materialmente factibles para el productor.

Artículo 28. La Secretaría de Salud, en las reglamentaciones que emita en la materia, tomará en cuenta las condiciones de importación y exportación que sean más factibles e idóneas para cumplir con las disposiciones en materia de etiquetado frontal de alimentos.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los micro, pequeños y medianos productores de alimentos contarán con un plazo adicional de 3 años a partir de la publicación del presente decreto para cumplir plenamente con las especificaciones que en materia de etiquetado frontal de alimentos determine la Secretaria de Salud y la Secretaria de Economía.

Notas

1 Ver

htlps://www.who.in!leslnews-roomlfact-sheetsldelaillobesity-and- overweight

2 El Poder del Consumidor (2018). Lanza la Alianza por la Salud Alimentaria la campaña “Que este no sea su futuro”, un llamado urgente y verdadero de atención a la obesidad.

https://elpoderdelconsumidor.orgl2018/03/lanza-la-alianza-la-sal ud­ alimentaria-la-campana-este-no-sea-fuluro-llamado-urgente-verdadero-atencion-la -obesidad

3 INSP (2018). El etiquetado de alimentos y bebidas: la experiencia en México.

http://www.insp.mx/epppo/blog/4690-etiquetado.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.– Diputada Abril Alcalá Padilla (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, a cargo del diputado Gustavo Callejas Romero, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Gustavo Callejas Romero la LXIV Legislatura de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto de la fracción I del artículo 41, la fracción II del artículo 54 y el párrafo segundo del inciso f de la fracción IV del artículo 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Primero: Que de conformidad al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

En el mismo sentido se establece que:

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.

Puntualizando que:

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.

Sin embargo, de acuerdo con una encuesta realizada por Consulta Mitofsky, denominada “Confianza en Instituciones 2019”, las mexicanas y los mexicanos confían muy poco en los partidos políticos, ya que en una escala de 1 a 10, los encuestados ubican a los partidos políticos y a los diputados en penúltimo y último lugar respectivamente con 5.4 5.3 de calificación.

Segundo: Que de acuerdo con la definición que el Sistema de Información Legislativa ha puesto a disposición de todo el público, se entiende como partido político de la siguiente manera:

Son asociaciones de interés público que se conducen de acuerdo con ciertos principios e ideas con dos objetivos fundamentales: 1) canalizar y transmitir los intereses y demandas de la población para que sean consideradas en la toma de decisión gubernamental; y, 2) posibilitar la participación de la población en el proceso político por medio de la elección de los representantes populares que ejercen el poder político. 1

Por su parte la propia Constitución establece que:

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.

Actualmente existen 10 partidos políticos con registro nacional y 53 con registro local, mismo número de partidos nacionales que había en 2014. Para la elección intermedia de 2015 y después de la reforma político-electoral un año antes, por la que se aumentó el umbral de votación para mantener el registro, el Partido Humanista fue el único que no alcanzó la barrera mínima de 3 por ciento de la votación. De los 9 partidos que quedaron con posibilidad de contender en la elección de 2018, solo dos, el partido Nueva Alianza y Partido Encuentro Social no lograron obtener 3 por ciento de los votos requeridos para mantener su registro nacional, mientras que otros 6 partidos pudieron rebasar la línea de los 4 puntos porcentuales.

Tercero: Que siguiendo la línea de investigación que el Centro de Capacitación Judicial Electoral ha realizado en la publicación “Sistemas Electorales y de Partidos”:

El sistema electoral es el conjunto de reglas que estipula el procedimiento por el que los electores votan y los votos se convierten en escaños en el caso de los miembros del poder legislativo, o en cargos de gobierno en caso de la elección del poder ejecutivo (Nohlen 2008, 8).

Los sistemas electorales se componen de elementos o variables que los configuran (Nohlen 2008, 9-13):

1. Circunscripciones electorales

2. Formas de candidatura y de votación

3. Formas de conversión de votos en escaños

4. Barreras legales o umbrales. 2

De acuerdo a la misma publicación:

Existen dos grandes reglas de decisión para convertir los votos en escaños: la mayoritaria y la proporcional. En la decisión mayoritaria gana escaños el partido que obtiene el mayor número de votos. En la decisión proporcional obtiene escaños el partido que alcanza un determinado porcentaje de los votos. 3

De manera directa Dieter Nohlen, en el texto “Sistemas electorales y reforma electoral. Una introducción”, ha explicado que:

Existen dos principios de representación política, que a su vez evidencian objetivos propios. En el caso del principio de representación por mayoría, el objetivo consiste en producir el gobierno de un partido o de una coalición de partidos basado en una mayoría parlamentaria; en el caso de la representación proporcional, se trata por el contrario de reproducir lo más fielmente posible en el Parlamento las fuerzas sociales y los grupos políticos existentes en la población

Cuarto: Que Arturo García Jiménez, en su texto “Hacia una nueva perspectiva de la representación proporcional en México”, disponible en la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, realiza un pequeño recuento histórico de la manera en que se ha determinado la conversión de votos en escaños. Señalando lo siguiente:

Con las reformas a la Constitución federal se introdujo, en 1963-1964, la figura de los diputados de partido, y se asignaban 5 diputados a los partidos políticos que obtuvieran 2.5 por ciento de la votación emitida y cuyo tope máximo al que podían aspirar era el de obtener hasta 20 diputados, con lo que podemos afirmar que comenzó la transformación de la integración de los órganos de representación popular. No es hasta 1977 cuando el sistema de representación proporcional se introdujo en México con las reformas constitucionales y con la expedición de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, con las que la Cámara de Diputados quedaba conformada, además de los diputados de mayoría relativa, con 100 diputados de representación proporcional, y que ha experimentado diversas y substanciales modificaciones y reformas, destacándose las de 1986, 1990, 1993 y 1996. 4

Describiendo también que:

La reforma que en materia electoral recibió el sistema de representación proporcional a partir de 1990, con la creación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (en lo sucesivo Cofipe), se distinguió, principalmente, porque introdujo, en diversos artículos, una nueva fórmula de asignación que denominó de “primera proporcionalidad”, caracterizada por tres elementos: cociente rectificado, cociente de unidad y resto mayor; el primero, era el resultado de dividir la votación efectiva de la circunscripción plurinominal entre el número de sus curules pendientes de repartir multiplicado por dos; el segundo, era el resultado de dividir la votación efectiva, deduciendo los votos utilizados mediante el cociente rectificado, entre las curules que no se han repartido y, el tercero, era el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, después de haber participado en las distribuciones de curules mediante el cociente rectificado y el cociente de unidad. Sin embargo, para acceder al reparto de curules de representación proporcional, se estableció, como umbral mínimo, que debían obtener los partidos políticos 1.5 pot ciento de la votación. 5

Respecto a la pérdida del registro por no obtener un mínimo porcentual de votación efectiva, García Jiménez señala:

Todavía con mayor rigidez, tanto en las reformas de 1990 y 1993 como en las de 1996, se estableció, además, que el partido político que no obtuviera el umbral mínimo no podía participar en el procedimiento de asignación de curules de representación proporcional, una especie de sanción, y como consecuencia adicional, la pérdida del registro del partido político que no hubiere obtenido este mínimo de votación... 6

Quinto: Que, de acuerdo con el texto “El abanico de la representación política: variables en la integración de los congresos mexicanos a partir de la reforma 2014”:

El umbral es la proporción de votos mínima necesaria para conseguir un escaño. Por lo regular se utiliza en las elecciones por lista en distritos plurinominales. Puede ser aplicado a nivel distrital o nacional, y puede variar en función del actor político (por ejemplo, puede haber umbrales diferentes para partidos y coaliciones de partidos, para representantes de minorías o candidatos independientes). Su efecto puede ser reducir el número de partidos con representación parlamentaria y fomentar el proceso de consolidación de los partidos grandes (Nohlen 1994, 65-6). 7

En sistemas políticos cada vez más competitivos y complejos es indispensable revisar las reglas que permiten la asignación de escaños provenientes de la representación proporcional; ello debido a que cada vez existe un mayor abanico de opciones partidistas, que no solo son financiados con recursos públicos, sino que asumen variantes ideológicas, programas y proyectos, por tanto, están obligados a ser cada vez más profesionales y representativos. Por lo que hago la propuesta concreta de considerar aumentar el umbral de votación mínima para acceder a escaños de representación proporcional de 3 a 4 por ciento.

Cabe señalar que, en América Latina, previa a la adjudicación de escaños, solo Argentina, Bolivia y México aplican una barrera mínima legal.

Respecto al mínimo de votación emitida que se requiere para que un partido pueda conservar su registro, presento la siguiente información de legislaciones de países de América Latina, acotando a que no son necesariamente sistemas electorales similares entre sí, pero apuntando a que el porcentaje de votos que se requieren para que un partido político conserve su registro, oscila entre el 1 y 5 por ciento como se muestra a continuación.

Con la presente iniciativa también se elevará de 3 a 4 por ciento la barrera mínima para un partido político pueda conservar su registro, ello con el objetivo de incentivar el dinamismo partidista, elevar la calidad de la democracia y de sus procesos, así como el de fortalecer la gobernabilidad en un sistema político cada vez más robusto e incentivar el número efectivo de partidos; como se logró con la reforma político-electoral de 2014, en la que se pasó de 2 a 3 por ciento el umbral, y que Alicia Hernández de Gante y Adrián Gimate-Welsh han documentado en el texto “El debate legislativo en torno al umbral electoral”, con información de la doctora Flavia Freidenberg, de quienes presento la siguiente imagen en formato de tabla 8:

Es una demanda social elevar la calidad de debate, de propuesta y perfiles que presentan los partidos políticos; con la presente iniciativa no se pretende afectar o vulnerar la pluralidad partidista, por el contrario, se busca incentivar las elecciones competitivas y con ello elevar nuestra calidad de democracia.

Por todo lo expuesto, para tener un mejor panorama de la reforma que se propone, se acompaña el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto y fundado, el suscrito legislador propone a esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el párrafo cuarto de la fracción I del artículo 41, la fracción II del artículo 54 y el párrafo segundo, del inciso f de la fracción IV del artículo 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

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I. ...

...

...

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el cuatro por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro

II. ...

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III. ...

Apartado A. ...

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Apartado B. ...

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Apartado D. ...

IV. ...

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Apartado A. ...

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Apartado B. ...

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1. ...

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Apartado C. ...

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10. ...

11. ...

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Apartado D. ...

VI. ...

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54. ...

I. ...

II. Todo partido político que alcance por lo menos el cuatro por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos escaños de diputadas y diputados según el principio de representación proporcional;

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

Artículo 116. ...

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I. ...

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II. ...

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III. ...

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IV. ...

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6o. ...

7o. ...

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El partido político local que no obtenga, al menos, el cuatro por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales;

g)...

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V. ...

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VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Sistema de Información Legislativa, “Partido político”, en

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=178

2 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “Sistemas Electorales y de Partidos”, página 9,

https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/manual_sistemas.pdf

3 Ibídem, página 11.

4 García Jiménez, “Hacia una nueva perspectiva de la representación proporcional en México”, página 213,

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/93/11.pdf

5 Ibídem, p. 214.

6 Ibídem, p. 215.

7 Gilas, Karolina M., Christiansson Mikaela J. K., Méndez Pacheco A. Verónica, Caballero Álvarez Rafael, Sebastián Barajas, Ángel M. “El abanico de la representación política: variables en la integración de los congresos mexicanos a partir de la reforma 2014”, página 10,

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/5461-criterio s-jurisprudenciales-de-los-tribunales-federales-con-las-autoridades-locales-inv olucradas-en-tareas-de-seguridad-publica-coleccion-tepjf

8 Gimate-Welsh y Hernández de Gante, “El debate legislativo en torno al umbral electoral”, página 20.

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/59325/ 55347

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2020.– Diputado Gustavo Callejas Romero (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, y Federal de Sanidad Animal, en materia de fomento de la adopción de animales de compañía y prevención del maltrato, a cargo de la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Cecilia Anunciación Patrón Laviada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 numeral 1; 77 y; 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se permite presentar para su análisis y dictamen la siguiente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de Sanidad Animal y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en fomento a la adopción de animales de compañía y de prevención al maltrato animal.

Planteamiento del problema

El maltrato animal es un problema público en México. Es una cuestión de protección a los derechos humanos que se ven vulnerados por el trato que reciben los animales por los propios humanos. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México ocupa el tercer lugar mundial en cifras de maltrato animal. A pesar de la esperanzadora alza en la tasa de adopción animal en México, que ha llegado al 11%, únicamente el 30% de los perros de México tienen dueño. En México existen alrededor de 18 millones de perros, esto quiere decir que en México, el 70% de los perros no tienen un hogar, son como comúnmente se les llama “perros callejeros”. Sumado al 70% de los perros en situación de calle, el Inegi reporta que al año se reportan aproximadamente 60,000 muertes de animales por maltrato. La Semarnat reporta que al año recibe alrededor de 4,200 animales maltratados: 64% son perros y 18% gatos.

Las principales causas de abandono animal son: crías inesperadas, cambio de domicilio, factores económicos y la última de estas causas es el comportamiento del animal. La problemática se agudiza en los hechos, ya que no sólo es el maltrato animal en cuestiones de abandono, sino que los casos que se reportan son de acciones de tortura, violencia, abuso sexual y muerte. 7 de cada 10 perros son víctimas de las acciones antes mencionadas. El Inegi identificó que el 80% de las personas que maltratan animales son hombres y que estos mismos cuentan con un nivel de ingresos económicos alto. En el 71% de los casos donde se presenta maltrato animal por medio de los hombres existe, de igual manera, maltrato animal hacia la mujer.

Los animales domésticos son seres vivos, son seres que sienten amor y compasión. Por lo tanto, al ser seres vivos, merecen los mismos derechos básicos que tenemos como personas. Hay que salvaguardar la dignidad humana a toda costa, y en esta humanidad, entran de igual manera los animales.

Lamentablemente el maltrato animal es una realidad en nuestro país, es un grave problema que se ha minimizado y sigue creciendo a dimensiones impensables. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que al año mueren aproximadamente 60,000 animales por maltrato.

Es verdad que la legislación nacional ha avanzado en temas de protección a los animales, sin embargo, las prerrogativas, normas y leyes no han sido suficientes para erradicar este problema público: el maltrato animal.

El beneficio de respetar a los animales es incuestionable, en el tema específico de las mascotas, es penoso el dato que 70% de los perros en México sean callejeros. Esto significa que estos perros tienen que buscarse la vida por sí solos; no tienen alimento, agua, un techo, cariño. Tienen que sobrevivir, más no vivir.

En cuestiones familiares, la mascota se vuelve parte del hogar, de la familia; comparten el mismo techo y por ende se debería buscar la integridad de este ser. Aunque la mascota sea parte de la familia, los casos por maltrato, violencia, violación, abandono y muerte a mascotas en México es aterrador e implica la necesidad de acción para corregir el daño. Necesitamos como país un rumbo hacia la protección e integridad de sus derechos, en donde cuenten con una verdadera vida digna para que ya no sobrevivan en las calles y que, verdaderamente, empiecen a vivir.

El humano en vivir en sociedad, necesita de ciertas reglas que permitan la vida armónica en la sociedad, estas mismas reglas han ido evolucionando conforme diversos problemas se presentan ante la sociedad, a esto se le conoce como el dinamismo del Derecho.

Es por lo anterior, que los problemas de las sociedades modernas han evolucionado, contemplando nuevos problemas y nuevos sujetos y bienes tutelados del derecho por el interés jurídico, por la importancia que adquiere en la actualidad con la sociedad

Respecto a la posesión de animales de compañía y domésticos, su regulación ha cambiado conforme las necesidades, desafíos y evolución de la sociedad, que estos cumplen con funciones distintas con la del pasado y la comprensión del respeto a la diversidad, han permitido dar los primeros pasos a la legislación a la protección de estos seres.

En relación a su legislación, esta ha sido principalmente tomada por las entidades federativas, entendida por el sistema residual de nuestra federación, plasmada en el artículo 124 de la Constitución.

A diferencia del Código Civil Federal donde se les prevé a los animales como bienes muebles, en distintos estados como Jalisco, el Estado de México y la propia Ciudad de México se ha logrado favorecer a los animales, donde se contempla su nutrición, alojamiento y desarrollo natural, entre otras características.

Lo que se busca con una Ley Federal es tener observancia y precisar en los valores y principios que busquen garantizar el bienestar de los seres vivos, de manera institucional y social, así como su cuidado, ya sea en la vía pública como en propiedad privada.

La enorme necesidad de una Ley Federal es debido a que algunas legislaturas locales han hecho el esfuerzo, fruto de la presión de activistas y asociaciones civiles que defienden la dignidad animal, sin embargo, mientras no han tenido éxito. Mientras no exista una Ley de observancia general, se seguirá maltratando a aquellos que no se pueden proteger.

La federación, tiene prácticamente nula participación en las tareas de prevención, debido a la falta de un diseño normativo que permita su acción, en tareas que permitan disminuir las acciones dañinas a la sociedad.

En la NOM-051-ZOO-1995 respecto al trato humanitario de animales y la NOM-033-SAG/ZOO-2014 sobre métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres se ven ciertas competencias para crear este engranaje jurídico, devenido de la Ley Federal de Sanidad Animal (LFSA) en su título tercero, capitulo primero.

Artículo 19. La Secretaría establecerá mediante disposiciones de sanidad animal, las características y especificaciones que deberán observarse para procurar el bienestar que todo propietario o poseedor de animales debe proporcionarles, a fin de que los inmunice contra las enfermedades y plagas transmisibles que los afecten y les proporcione la alimentación, higiene, transporte y albergue y en su caso entrenamiento apropiados conforme a las características de cada especie animal, con el objeto de evitar su estrés y asegurar su vida y su salud (art 19 LFSA).

Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural corresponde el despacho de los siguientes asuntos

...

 IV. Vigilar el cumplimiento y aplicar la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal; fomentar los programas y elaborar normas oficiales de sanidad animal y vegetal; atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad, así como otorgar las certificaciones relativas al ámbito de su competencia; (artículo 35 LOAPF)

Artículo 16. Las medidas zoosanitarias se determinarán en disposiciones de sanidad animal las cuales podrán comprender los requisitos, especificaciones, criterios o procedimientos para:

...

XII. Sacrificar animales enfermos o expuestos al agente causal de alguna enfermedad; (artículo 16 LFSA)

En la LOAPF es la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales la que prevé el tema de animales, pero no prevé de una manera directa las tareas de prevención contra el maltrato animal.

En la LFS la competencia es prevista por la Sader, pero esta habla sobre el bienestar y no de manera específica sobre la adopción y prevención del maltrato animal.

Es de suma importancia sumar acciones que permitan atacar y prevenir el maltrato animal, de manera que permitan desaparecer las acciones que afectan a la sociedad y que representan una inadecuada relación con el medio ambiente y con los seres que nos rodean.

Una de estas soluciones, ronda sobre el propio problema que con anterioridad ya expuse: 7 de cada 10 perros son callejeros. Este es un dato verdaderamente penoso para México, y para el cual debemos tomar acción inmediata.

Por ello mismo, es indispensable el fomentar la adopción animal, para que con ello, se reduzca ese 70% de perros en situación de calle y que a final de cuentas encuentren un hogar que les brinde alimento, un techo, cuidados necesarios y amor.

Adoptar a un animal, y más a uno en situación de calle, implica el darle otra oportunidad: otra oportunidad para que se desarrolle en un ambiente familiar sano, sin sufrir por comida o techo y con el bienestar y confort que da una familia. Adoptar es crear conciencia individual y colectiva sobre el respeto a todos los seres vivos, es generar vínculos afectivos con otro ser que benefician a un México más afectuoso.

Adoptar un animal no solamente le da una segunda oportunidad a un ser vivo, sino que a su vez, ayuda a disminuir el maltrato animal y las penosas cifras antes mencionadas. Al adoptar se crea un vínculo entre el ser y la familia, por esto mismo, la adopción es vía principal hacia la solución de maltrato animal en México.

La familia es la base de la sociedad; es en donde se llevan a cabo las principales interacciones día con día de cada individuo. Por esto mismo, la adopción animal permite un enfoque integral en favor a la familia y a disminuir el maltrato animal. Los niños y niñas que crezcan con la conciencia de la adopción animal, serán personas íntegras a futuro que respetan la vida de todos los seres. Adoptar animales construye un mejor futuro para México.

Una Ley General es una herramienta normativa que permite una distribución armónica de competencias entre los tres órdenes de gobierno y diversas instituciones, lo que facilita el cumplimiento del objeto.

Hoy, bajo la vista del problema que representa el maltrato animal, es necesario que exista una legislación adecuada que unifique a las entidades federativas, instituciones y federación. Así mismo,  que dé facultades expresas a estas autoridades, a fin de garantizar las tareas de prevención en maltrato animal y fomentar la adopción de animales de compañía así como la regulación de la misma.

Si bien existe un dictamen a espera de su aprobación por parte de la Cámara revisora, de proyecto de Ley General de Bienestar animal, lo que se requiere es una Ley General con aptitudes específicas para regular y fomentar la adopción animal y prevenir el maltrato animal.

Es por lo anterior que se propone reformar la LOAPF, LFSA y el artículo 73 de la Constitución, para darle facultades expresas a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Secretaría  de Agricultura y Desarrollo Rural  facultades de combate al maltrato animal y fomento a la adopción animal, así como darle la facultad al Congreso de la Unión para expedir una Ley General que permita las tareas de prevención al maltrato animal y fomentar , y regular, la adopción de animales de compañía.

Por lo que se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Fundamento legal

Lo constituyen los artículos 71, fracción II, 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mismos que quedaron precisados desde el inicio de este documento.

Por lo expuesto, se presenta el siguiente proyecto de

Primero. Se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

De la I a la XXXIX-F...

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como de prevención al maltrato animal y fomento a la adopción de animales domésticos de compañía.

De la XXIX-H a la XXXI...

Segundo. Se adiciona las fracciones IV Bis, IV Ter y IV Quáter del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 35. ...:

De la I a la IV...

IV Bis. La promoción de información y difusión que genere una cultura cívica de protección , responsabilidad, respeto y trato digno a los animales, así como el desarrollo de programas de educación y capacitación en la materia, en coordinación con las autoridades competentes relacionadas con las instituciones de Educación básica.

IV Ter. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de criterios generales para el establecimiento de estímulos fiscales y financieros necesarios para el combate al maltrato animal.

IV Quáter. Establecer las Normas Oficiales Mexicanas e instrumentos normativos adecuados para regular los criterios de adopción de animales domésticos de compañía.

V a la XXIV...

Tercero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 21 de la Ley Federal de Sanidad Animal para quedar como sigue:

Artículo 21. ...

...

La Secretaría promoverá las acciones tendientes para fomentar y regular la adopción de animales domésticos, garantizando la integridad del animal.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión emitirá la Ley General de Fomento a la Adopción de Animales Domésticos de Compañía y Prevención al Maltrato Animal en un plazo no mayor de 120 días naturales a la publicación del presente Decreto.

Tercero. El Congreso de la Unión hará las adecuaciones normativas pertinentes en un plazo no mayor de 90 días naturales a la publicación del presente Decreto.

Cuarto. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural realizara adecuaciones a sus normatividad aplicable en un plazo no mayor de 60 días a la publicación del presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero 2021.– Diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Sergio Armando Sisbeles Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Sergio Armando Sisbeles Alvarado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

México vive uno de los momentos más críticos desde el inicio de la pandemia del Covid-19, ya que se están registrando cientos de contagios y fallecimientos diariamente. Para poner en su justa dimensión esta grave problemática, basta señalar que al pasado 6 de febrero se habían confirmado 1 millón 926 mil 80 casos totales de contagio y 165 mil 786 defunciones por esta causa. Las 10 entidades federativas que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Sonora, Puebla, Coahuila, Tabasco y San Luis Potosí, que en conjunto conforman cerca de dos tercios (67 por ciento) de todos los casos acumulados registrados en el país. La Ciudad de México tiene la mayor parte de los casos acumulados y representa por sí sola 26 por ciento de los casos registrados por entidad de residencia. 1

Es importante recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la cual México es miembro desde su fundación, ha efectuado diversos llamados a nuestro país por el manejo inadecuado de la pandemia del Covid-19. El más reciente fue el del 30 de noviembre de 2020, cuando su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo un llamado tanto a México como a Brasil a tomarse la pandemia “muy en serio”. 2

Según el sitio web de noticias de la Organización de las Naciones Unidas de esa fecha, el director de la OMS calificó el ritmo de incremento de casos y muertes como “muy preocupante”, e hizo notar que tanto el número de fallecidos como el de casos se dobló entre la semana del 12 de octubre y la del 20 de noviembre, pasando el primero de 2 mil a 4 mil y el segundo, de 31 mil a más de 60 mil.

Al 30 de enero de 2021, ya había en el país, de acuerdo con la Secretaría de Salud, 1 millón 857 mil 230 personas contagiadas, mientras que 158 mil 74 habían fallecido, aunque la esta última cifra se estima mayor, pues el 27 de enero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que de un conteo preliminar de actas de defunción resultó que, entre enero y agosto de 2020, un total de 108 mil 658 personas murieron a causa del Covid-19, 33 mil 641 más, que representan 45 por ciento, de los informados oficialmente por la Secretaría de Salud. Esto ubicó a la nueva enfermedad como la segunda causa de muerte en México en ese periodo, solo detrás de los padecimientos del corazón.

A partir de septiembre, se convirtió en la primera causa de muerte, según World Life Expectative, con datos de la OMS. 3 En las 24 horas entre el 29 y el 30 de enero se registraron 15,337 nuevos contagios y 1,495 defunciones. En aquella ocasión (30 de noviembre de 2020), Adhanom Ghebreyesus, dijo “creo que esto demuestra que México está en mal estado”.

La situación no ha mejorado, por el contrario, actualmente la pandemia se encuentra en su momento más crítico, registrándose nuevos “picos” de contagios y fallecimientos.

Cabe recordar que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote de Covid-19, reportado por primera vez el martes 7 de enero en China. El primer caso de Covid-19 se detectó en México el 27 de febrero de 2020. El 30 de abril, 64 días después del primer diagnóstico, el número de pacientes aumentó exponencialmente, alcanzando un total de 19 mil 224 casos confirmados y mil 859 (9.67 por ciento) fallecidos. 4

El 10 de julio de 2020, el representante de la Organización Panamericana de la Salud en México, Cristian Morales, dijo: “Tenemos una situación extremadamente compleja, porque siguen aumentando los casos de personas con Covid-19 y los fallecimientos, pero también por el impacto económico y social de la pandemia (...) y una cierta confusión en la población respecto del mantenimiento de las medidas de sana distancia en el marco de los colores rojo y naranja del sistema de semaforización”. 5

En este contexto, basta señalar dos ámbitos en los cuales ha habido contradicciones y lagunas informativas por parte del Gobierno Federal en lo relativo a la pandemia de Covid-19, que dan cuenta de que algo no está funcionando bien en lo que respecta a sus responsabilidades y obligaciones: el uso de cubrebocas y la prescripción de los medicamentos adecuados.

Mientras la OMS y científicos como el premio Nobel Mexicano, Mario Molina, habían venido recomendando el cubrebocas para elevar la protección contra el contagio del SARS CoV-2, 6 el gobierno federal aún ponía en duda su utilidad. En el transcurso de 2020, nuevos estudios aparecían apoyando las recomendaciones del cubrebocas, como uno de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido y otros de la Universidad Nacional Autónoma de México. 7 Incluso, epidemiólogos del Instituto Mexicano del Seguro Social hicieron un llamado a la sociedad sobre la importancia del uso correcto de cubrebocas. 8

No obstante, todavía el 30 de julio de 2020, y contrario a todo lo que los especialistas venían sosteniendo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, doctor Hugo López-Gatel Ramírez, decía que el cubrebocas “no es una barrera suficientemente eficaz y efectiva para impedir que una persona que no se quiere contagiar, sea contagiado”, y justificó la decisión del Gobierno Federal de no implementar el uso obligatorio del cubrebocas.

Al día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmaba estas declaraciones, rechazando su uso: “Me dicen los doctores Hugo López-Gatell, quien me orienta, y Alcocer que no es indispensable (usar cubrebocas), que hay otras medidas. Y pienso que lo mejor es la sana distancia y cuidarnos nosotros”. Finalmente, tras meses de exposición, el presidente informó, el 25 de enero de 2021, que se había contagiado.

En cuanto a la prescripción de medicamentos, el más reciente documento oficial sobre “Uso de medicamentos de eficacia no demostrada en pacientes con Covid-19 en hospitales de la República Mexicana”, con fecha de 5 de agosto de 2020, recomienda únicamente el uso de Paracetamol y advierte de la ineficacia de otros como la Ivermectina y la Azitromicina, cuya efectividad sí avaló recientemente la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

El 29 de enero, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, aseguró que la capital sí seguirá utilizando la Ivermectina en los quioscos, macroquioscos y centros de salud, para combatir el Covid-19, pues cada vez hay más evidencia de que su uso reduce la carga viral. “Estamos alineados con esta perspectiva; se usa en la pandemia como se usan muchos recursos por la emergencia. Y también hay una buena noticia de esta semana, que los institutos nacionales de Estados Unidos ya quitaron la restricción a ivermectina, ya están neutrales a su uso. Y también estamos allegando evidencia para que la OPS tenga más elementos para tomar una decisión sobre ivermectina”. 9

Sin embargo, ese día, el Panel Multidisciplinario de Expertos de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad pidió evitar el uso de Ivermectina como tratamiento contra el Covid-19.

Esta no es la única confusión respecto de los medicamentos. Sólo la más reciente. El año pasado, el 20 de septiembre, un grupo de manifestantes, respaldados por profesionales de la salud, se reunió en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, para exigir que se suministrara dióxido de coloro en los hospitales como tratamiento contra el Covid-19 y rechazar el uso del cubrebocas. El Colegio de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC sostenía en mayo del año pasado en su página web 10 que el dióxido de cloro era, para combatir el Covid-19, “un enfoque revolucionario, sencillo y eficaz”.

Por su parte, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, que apoya el uso de Ivermectina y Azitromicina, aseguró el 23 de enero pasado que otros medicamentos, como el dióxido de cloro, la dexametasona y la hidroxicloroquina producen una baja en la inmunidad de las personas y provocan que se agraven los pacientes.

Se ha evidenciado, durante el año que llevamos conviviendo con esta pandemia, que no existe una rectoría por parte del Estado ni una responsabilidad principal del gobierno federal en los casos de emergencias de salud pública, pues ni siquiera está contemplado el concepto en la Ley General de Salud ni, por tanto, existe en ella obligación alguna para el órgano ejecutor de este sector, la Secretaría de Salud, de tomar el control en tales casos, dictar los lineamientos para todo el Sistema Nacional de Salud y ejecutar las consecuentes acciones.

De allí la pertinencia de esta Iniciativa, la cual, tiene como objetivo central evitar a futuro la falta de coordinación y la dispersión de criterios que han imperado en la estrategia de combate al SARS-Cov2 y que han ocasionado confusión entre la población sobre la forma adecuada de prevenir y tratar la enfermedad que este virus ocasiona, introduciendo a la Ley General de Salud el concepto “emergencia de salud pública”, utilizado por la Organización Mundial de la Salud, para definir esta pandemia, y dándole al órgano ejecutor de sector, la Secretaría de Salud, la responsabilidad de crear los respectivos protocolos de atención, así como coordinar y supervisar su aplicación en el Sistema Nacional de Salud.

En tal virtud, en cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 4o. reconoce el derecho de todas las personas a la protección de la salud, y de Ley General de Salud, cuyo a artículo 3o., fracción XV, establece como materia de salubridad general la prevención de enfermedades transmisibles, se proponen reformas a la Ley General de Salud para

1. Introducir a la legislación en materia de salud el término emergencia de salud pública, utilizado por la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero de 2020, para referirse al brote de SARS Cov2 o Covid-19;

2. Obligar al Sistema Nacional de Salud a atender dichas crisis de manera planificada, homogénea y coordinada; y

3. Obligar a la Secretaría de Salud a elaborar los protocolos de atención médica que contengan todo el espectro de acciones preventivas y de atención a la población, así como a tomar la responsabilidad de coordinar los esfuerzos, unificar los criterios e instruir lo necesario a todo el Sistema Nacional de Salud.

En este sentido, la propuesta de la Iniciativa quedaría como se muestra a continuación:

Ley General de Salud

Decreto por el que se reforman los artículos 6o. y 7o. de la Ley General de Salud, y se adiciona el 7o. Bis

Primero. Se adiciona la fracción I Bis al artículo 6o. de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

(...)

I Bis. Atender de manera planificada, homogénea y coordinada las emergencias de salud pública.

Se entenderá por emergencia de salud pública un evento sanitario de carácter extraordinario e inesperado, que impacte seriamente en la salud pública a nivel nacional, como la propagación de una enfermedad.

(...)

Segundo. Se adiciona la fracción XIV Bis al artículo 7o. de la Ley General de Salud, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

(...)

XIV Bis. Elaborar protocolos de atención médica homogénea y coordinada en caso de emergencia de salud pública, que contengan todo el espectro de acciones preventivas y de atención a la población, desde el manejo de los pacientes, hasta la prescripción y administración de fármacos.

(...)

Tercero. Se adiciona el artículo 7o. Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 7o. Bis. La Secretaría de Salud tendrá la responsabilidad, en el marco del protocolo de actuación en emergencia de salud pública que elabore, de coordinar los esfuerzos, unificar los criterios e instruir lo necesario a todas las instituciones y personas que conforman el Sistema Nacional de Salud y verificar el cumplimiento de lo instruido.

Cuarto. Se introduce un transitorio único para su entrada en vigencia:

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/614431/Comunicado_ Tecnico_Diario_COVID-19_2021.02.06.pdf

2 https://news.un.org/es/story/2020/11/1484882

3 https://www.worldlifeexpectancy.com/

4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250750/#:~: text=El %20primer%20caso%20de%20COVID,(9%2C67%25)%20fallecidos

5 https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=ar-ticle&id= 1544: mexico-se-encuentra-en-una-situacion-extremadamente-compleja-por-la-pandemia-de -covid-19-dice-ops&Itemid=499

6 Organización Mundial de la Salud,

https://news.un.org/es/story/2020/06/1475562y

https://www.forbes.com.mx/noticias-mario-molina-nobel-quimia-aml o-cubrebocas/

7 https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/uso-de-cubrebocas-metodo-eficiente -para-prevenir-la-covid-19/

8 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202006/373

9 https://aristeguinoticias.com/2901/mexico/secretaria-de-salud-de-cdmx-defiende- uso-de-ivermectina-para-casos-positivos-de-covid-19/

10 http://cmclabc.org/noticia.php?id=389

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 10 de febrero de 2021.– Diputado Sergio Armando Sisbeles Alvarado (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Guadalupe Díaz Avilez, del Grupo Parlamentario de Morena

María Guadalupe Díaz Avilez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos y aplicables somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto decreto que reforma los artículos 27, fracción XIX, 28, párrafo séptimo, 47, 72, inciso C), fracción I, 90, párrafo segundo, 111, párrafo sexto, 115, fracción I, párrafo tercero, 116, fracción III, párrafo quinto, 117, fracción VII, 123, Apartado A), fracción XII, párrafo cuarto, Apartado B) fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

I. Planteamiento del problema

A lo largo de la historia la Constitución ha sufrido diversas modificaciones,  debido a la evolución socio-política y cultural del país en sus diferentes épocas, por lo que con el devenir histórico se ha requerido hacer diversas adecuaciones a dicho ordenamiento jurídico, ello con el objetivo de ir evolucionando tanto en la técnica legislativa, como en la técnica jurídica. La escritura se ha usado por miles de años por el hombre, la imprenta vino a facilitar la misma, posteriormente el uso de computadoras, en el uso de estos medios tecnológicos se han originado algunas omisiones de fondo y otras de forma, resultado de los diversos proyectos de modificación de la Carta Magna, sin embargo se ha caído en errores gramaticales, ortográficos así como sintácticos en su emisión, decreto y publicación en el Diario Oficial de la Federación, que si bien es cierto no afectan el espíritu de la ley, su relevancia es fundamental para la vida de la Carta Magna, es por ello que el corregir el texto legislativo es de gran relevancia, ya que nuestra historia yace en los orígenes de ésta, la estructura, la forma de gobierno de nuestro país, la identidad emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la técnica legislativa, gramática y lingüística son fundamentales, es por lo anterior que esta iniciativa propone ser analizada por la Comisión de Puntos Constitucionales, y a su vez al existir una reforma constitucional de fondo, sea aplicada la propuesta de reforma de forma.

II. Argumentos que la sustentan.

La historia de México, se ha plasmado a través de sus Constituciones, 104 años han pasado de la promulgación de la Constitución, ella ha dado vida a los documentos jurídicos de nuestra nación a través de la regulación de las normas y leyes.

Recordemos su gloria, la Constitución de 1917, se publica el 5 de febrero, es el Congreso Constituyente quien se reúne en Querétaro y tiene la encomienda de crearla en los meses de diciembre de 1916 y enero de 1917, un periodo muy breve a la luz del documento que se estaba redactando, del impacto político e ideológico que representaba la cruenta guerra civil que sufría el país, dividido por facciones con pretensiones que tenían que armonizarse en un proyecto social de conjunto, pero sin duda aceleradas por la urgencia de paz que requería México, así como del rumbo que seguiría la refundada nación. 1

En el contexto cultural, político e histórico, México ha transitado por un estado de transformación a lo largo de estos 104 años, los cambios históricos, económicos, y sociales han transformado al país, es nuestra constitución la pieza clave que nos ha acompañado a través de la transformación nacional, hasta llegar al siglo XXI, sus reformas han formado parte de la evolución del país; estas modificaciones o en su caso derogaciones ya forman parte del acervo cultural de nuestro país, las modificaciones a su ordenamiento jurídico tienen la certeza de ser requeridas por la vida jurídica nacional, adecuándose al contexto histórico y a las necesidades sociales del momento, en beneficio del crecimiento del país y reconocimiento de derechos, la regulación, búsqueda y realización de estos esfuerzos en nuestro máximo ordenamiento legal ha originado en el uso de la imprenta y tecnologías de información al momento de la publicación del decreto algunas observaciones gramaticales, enfrentándose ahora al reto de subsanar estas observaciones.

La forma en el derecho

Abandonando el abstracto campo de la Filosofía, en el ámbito del Derecho nos es familiar el concepto de “forma”; no así el de “sustancia”. El término “forma” tiene en el Derecho dos acepciones fundamentales: una usual o tradicional y otra más nueva y menos difundida, que es la que aquí interesa.

En el sentido tradicional, la forma está constituida por las características externas de los actos o negocios distintas del contenido de éstos, formado por las reglas jurídicas que en ellos se establecen. Frecuentemente la adopción de una determinada forma es un requisito de validez o eficacia del acto o negocio.

La escritura es quizá la forma más elemental, pero también se pueden considerar requisitos formales los relativos a la publicidad (de actos o normas), la notificación especialmente en el ámbito administrativo, la intervención de fedatario público, etcétera.

Otro sentido del término “forma” se refiere a los tipos de contratos o negocios jurídicos definidos sea por la práctica de los negocios sea por la ley.

En el segundo caso, el legislador les proporciona una denominación ( nomen iuris) y un régimen jurídico. Es este segundo supuesto el que nos interesa de manera especial. Larenz incluye a estas figuras en el concepto —“forma de pensamiento” ( Denkform des “ Typus”) lo llama este autor— general del “tipo”, las califica como “tipos normativos de configuración” ( normative Gestalttypen) y las denomina “tipos jurídicos estructurales” ( rechtliche Strukturtypen). 2

Por tal motivo y con la finalidad de garantizar mayor claridad a nuestro Máximo Ordenamiento Jurídico, se propone enmendar diversos artículos de nuestra Constitución que con el paso del tiempo fueron objeto de algunas omisiones de forma, mismas que no afectan o cambian el fondo ni la intención del legislador, por lo que derivado de lo anterior y con la finalidad de proseguir con la idea del legislador.

En esa tesitura, se propone la presente iniciativa.

III. Fundamento legal

Lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos y aplicables.

IV. Denominación del proyecto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 27 Fracción XIX, 28, párrafo séptimo, 47, 72, inciso C), fracción I, 90, párrafo segundo, 111 párrafo sexto, 115 fracción I, párrafo tercero, 116, fracción III, párrafo quinto, 117, fracción VII, 123, Apartado A), fracción XII, párrafo cuarto, Apartado B) fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V. Ordenamientos a modificar

Se modificarán los artículos 27, fracción XIX, 28, párrafo séptimo, 47, 72 inciso C), fracción I, 90 párrafo segundo, 111, párrafo sexto, 115, fracción I, párrafo tercero, 116, fracción III, párrafo quinto, 117, fracción VII, 123 Apartado A), fracción XII, párrafo cuarto, Apartado B) fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VI. Texto normativo propuesto

Por lo que hasta aquí se ha expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 27 fracción XIX, 28 párrafo séptimo, 47, 72 inciso C), fracción I, 90, párrafo segundo, 111, párrafo sexto, 115 fracción I, párrafo tercero, 116, fracción III, párrafo quinto, 117 fracción VII, 123, Apartado A), fracción XII, párrafo cuarto, Apartado B), fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 27, fracción XIX, 28, párrafo séptimo, 47, 72 inciso C, fracción I, 90 párrafo segundo, 111 párrafo sexto, 115 fracción I, párrafo tercero, 116, fracción III, párrafo quinto, 117, fracción VII, 123, Apartado A), fracción XII, párrafo cuarto, apartado B) fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 27.

I. a XVIII. ...

XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. ...

XX. ...

Artículo 28.

...

...

...

...

...

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.

Artículo 47. El estado de Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente el territorio de Tepic.

Artículo 72.

A. y B. ...

C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.

D. a I. ...

J. El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales.

Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente.

Artículo 90.

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo federal, o entre éstas y las secretarías de Estado.

...

...

Artículo 111.

...

...

...

...

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.

...

...

...

...

Artículo 115.

I.

...

Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.

...

...

II. a VIII. ...

Artículo 116.

...

I. y II.

III.

...

...

...

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos de los estados.

...

IV. a IX. ...

Artículo 117.

I. a VI. ...

VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia.

VIII. a IX. ...

Artículo 123.

...

A.

I. a XI.

XII

...

...

Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos.

...

XIII. a XXI. ...

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él.

XXII. Bis a XXI. ...

B.

I. a VIII. ...

IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley.

X. a XIV. ...

Artículo Primero. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Notas

1 Félix F. Palavicini, Tomo I, Cámara de Diputados, Mesa Directiva, Historia de la Constitución de 1917, páginas 6 y 7.

2 Palao Taboada Carlos, Forma y sustancia en el derecho,

https://www.uam.es/otros/afduam/documentos/forma-y-sustancia.pdf , páginas 3 y 4.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, a 16 de febrero de 2021.– Diputada María Guadalupe Díaz Avilez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para establecer el uso obligatorio de cubrebocas como medida de seguridad sanitaria, suscrita por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los diputados federales Mariana Dunyaska García Rojas, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Carlos Elhier Cinta Rodríguez, Adriana Dávila Fernández, Absalón García Ochoa, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Isabel Margarita Guerra Villareal, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, Jesús Guzmán Avilés, María del Rosario Guzmán Avilés, José Martín López Cisneros, José Rigoberto Mares Aguilar, Mario Mata Carrasco, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Ector Jaime Ramírez Barba, Mario Ramos Tamez, Guadalupe Romo Romo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verástegui Ostos, Enrique Ochoa Reza, Juan Ortiz Guarneros, María Sara Rocha Medina, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Julieta Macías Rábago, Mónica Almeida López, Verónica Juárez Piña Beatriz, Hugo Rafael Ruiz Lustre y Alfredo Femat Bañuelos, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIII, recorriendo en consecuencia la subsecuente, al artículo 404; y el artículo 415 Bis de la Ley General de Salud, para establecer el uso obligatorio de cubrebocas como medida de seguridad sanitaria, al tenor de la siguiente:

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, la enfermedad por coronavirus (Covid-19), cuyos síntomas son fiebre y/o tos, y alguno de los siguientes: dificultad para respirar, dolor muscular, dolor de cabeza, articulaciones o garganta; que tiene el potencial de causar enfermedad respiratoria grave (dificultad respiratoria) y muerte, es causada por un coronavirus (SARSCoV-2), que está en circulación en el mundo desde el 31 de diciembre de 2019, el cual se transmite de persona a persona.

Durante 2020 se identificó un número creciente de casos en diversos países, incluido México. La epidemia de Covid-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), el 30 de enero de 2020. El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró la actual epidemia de Covid-19 como pandemia. La posibilidad de enfermar por este evento es elevada, y no existen medidas de prevención específicas infalibles contra esta enfermedad.

De acuerdo con un estudio de la la Universidad de Johns Hopkins, con cifras actualizadas al 23 de enero  de 2021, México ocupa el 2o lugar en letalidad por el virus del SARS-CoV-2, que produce la enfermedad denominada Covid-19.

En nuestro país mueren 17 personas por cada 200 contagiadas y ya superamos las 150 mil víctimas mortales; en otras palabras,  tras cumplirse 11 meses de la crisis   sanitaria   la   tasa de letalidad  en las personas contagiadas es de 8.5 por ciento.

Es así que México supera los índices de mortalidad de naciones con mayor número de casos, como Reino Unido, Brasil, Estados Unidos e India. 1

De acuerdo con el reporte técnico  de la Secretaría de Salud al 25 de enero de 2021, México llegó a  1 millón 771 mil 740 casos confirmados y 150 mil 273 defunciones a causa de esta enfermedad. 2

Estas cifras colocan al país en un nuevo máximo histórico en el conteo de víctimas letales de esta enfermedad. Hasta el momento, el pico más alto de fallecimientos llegó el pasado 21 de enero, cuando se contabilizaron mil 803. En el país, la cantidad de muertos alcanzó su primer máximo histórico el pasado 30 de diciembre de 2020, cuando la cifra llegó a los cuatro dígitos, con mil 52 personas.

De acuerdo con la revisión de las cifras de la Universidad de Johns Hopkins, 10 países tienen el mayor número de decesos por causa de la Covid-19, sin considerar el tamaño de la población: Estados Unidos, con 417 mil 399; Brasil, con 216 mil 445; India, con 153 mil 339 casos; México, con 149 mil 84 (en la última actualización con que contaba la institución), y el Reino Unido, con 97 mil 518. 3

Entre estos países con más víctimas mortales de la enfermedad, México tenía la tasa de mortalidad más alta: 8.5 por ciento; Reino Unido, 2.7 por ciento; Brasil y Colombia, 2.5 por ciento; Alemania y Francia, 2.4 por ciento; España, 2.2 por ciento; Rusia, 1.9 por ciento; Estados Unidos, 1.7 por ciento, e India, 1.4 por ciento. De ellos, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Colombia e India reportan una tendencia a la baja en la cantidad de nuevos casos diarios. El resto: Alemania, México, Francia, Brasil y España continúan reportando alzas diarias de contagios. 4

Entre 173 países que analizó la institución, México ocupó el segundo lugar con la mayor tasa de mortalidad por cada 100 pacientes. El primer lugar es Yemen, con 29 por ciento.

Una pandemia puede describirse como un brote de enfermedad mundial. Dependiendo de las características de la enfermedad, puede propagarse fácilmente, hay poca o ninguna inmunidad a la enfermedad, no hay vacuna disponible, y hay una alta tasa de personas que se enferman y/o mueren.

Ante esta pandemia que tanto ha afectado al mundo entero, son varias las empresas internacionales que se han dado a la tarea de  buscar métodos para la creación de vacunas, que han venido desarrollando —algunas de ellas con mejores resultados que otros— con una gran demanda de compra por parte de las naciones afectadas por la pandemia. La demanda es tan grande y la capacidad de producción tan baja que se ha entrado en el mercado de la disputa por los medicamentos y vacunas que demuestran mayor efectividad.

En nuestro país, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha autorizado las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y recientemente la Sputnik para su uso de emergencia. Sin embargo la vacuna de Pfizer tuvo que reducir su producción, para reorganizar su fábrica. El plan de vacunación no ha logrado concretar ni un millón de vacunados de los 33 millones que deberían lograr para marzo de 2021, de acuerdo con las metas del gobierno federal.

En este escenario de constante crecimiento de la pandemia tanto a nivel mundial como nacional, y ante la incertidumbre aún sobre la efectividad de la vacuna, la duración de su efecto, el tiempo que México tardará en vacunar a toda su población y el inicio del decremento de los números de contagios y decesos ocasionados por Covid-19, es indispensable el mantenimiento de las medidas preventivas que con carácter de recomendación, sugiere la Secretaría de Salud 5 entre las que se encuentra:

-Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol gel al 70 por ciento.

-Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.

-No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.

-No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.

-Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc., ventilar y permitir la entrada de luz solar.

-Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38 grados C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etcétera).

-Evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias.

Además de estas medidas, el uso del cubreboca es tan importante, que la secretaría de salud desde el 20 de marzo de 2020 publicó en su página El uso del cubreboca Covid-19, 6 que incluye los siguientes temas:

-Cuando cambiar el cubreboca

-Cartel-Uso correcto cubreboca

-Manta- Uso correcto cubreboca

-Cómo usar el cubreboca

-El cubreoca no sirve cuando..

-Que sí y que no del cubreboca

-Cuando usar el cubreboca

-Tipo de cubreboca a usar

-Usa correctamente el cubreboca

Cabe señalar que desde junio de 2020, la OMS solicitó a los gobiernos de todo el mundo el uso generalizado de cubrebocas en áreas públicas a fin de  reducir los riesgos de transmisión de la Covid-19 y ayudar a disminuir la propagación de la pandemia. 7

Y dada la relevancia del tema, la OMS publicó en diciembre pasado (2020) nuevas recomendaciones sobre las mascarillas para protegerse durante la pandemia en las que especifica sobre su utilización en lugares cerrados, en casa, para niños, durante el ejercicio físico, explica cuáles son los tipos de mascarillas de tela que realmente funcionan, y cuáles no, así como su uso correcto. 8

Es evidente que aún cuando ya existen vacunas para prevenir la Covid-19 falta mucho tiempo para que todos los mexicanos puedan recibir su aplicación, además, desconocemos su efectividad y la duración de su efecto, por lo que debemos estar conscientes que las medidas de prevención descritas deberán emplearse por un largo periodo.

Por ello, en el contexto de una pandemia tan contagiosa y letal, que afecta a todo el mundo y en especial a los mexicanos en su vida, su salud, su economía, su vida familiar, laboral y social, para nosotros, como diputados federales de la LXIV Legislatura, es imprescindible impulsar aquellas adecuaciones  legales necesarias para prevenir aún más contagios y decesos.

Así, la presente iniciativa tiene como finalidad establecer en la Ley General de Salud el uso obligatorio del cubreboca como medida de seguridad sanitaria.

Para su mejor comprensión, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley  General de Salud

Decreto por el que se adicionan una fracción XIII, recorriendo en consecuencia la subsecuente, al artículo 404 y el artículo 415 Bis de la Ley General de Salud.

Único. Se adiciona una fracción XIII, recorriendo en consecuencia el subsecuente, al artículo 404 y el artículo 415 Bis de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 404. Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes:

I. El aislamiento;

II. La cuarentena;

III. La observación personal;

IV. La vacunación de personas;

V. La vacunación de animales;

VI. La destrucción o control de insectos u otra fauna transmisora y nociva;

VII. La suspensión de trabajos o servicios;

VIII. La suspensión de mensajes publicitarios en materia de salud;

IX. La emisión de mensajes publicitarios que advierta peligros de daños a la salud;

X. El aseguramiento y destrucción de objetos, productos o substancias;

XI. La desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y, en general, de cualquier predio;

XII. La prohibición de actos de uso;

XIII. El uso obligatorio de cubrebocas para el control de epidemias causadas por enfermedades respiratorias, y

XIV. Las demás de índole sanitaria que determinen las autoridades sanitarias competentes, que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud.

Son de inmediata ejecución las medidas de seguridad señaladas en el presente artículo.

Artículo 415 Bis. Las autoridades sanitarias competentes deberán ordenar el uso obligatorio de cubrebocas en caso de epidemia por enfermedades respiratorias o de otro tipo, en atención a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o de otras organizaciones internacionales en la materia, de las que México forme parte.

Único. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-segundo-en-letali-dad-por-virus-es tudio

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/608700/Comuni-cado_Tecnico_Diari o_COVID-19_2021.01.25.pdf

3 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-segundo-en-letali-dad-por-virus-es tudio

4 Ibidem

5 https://www.gob.mx/salud/documentos/covid19-recomendaciones-para-la-poblacion

6 [1][1] https://www.gob.mx/salud/documentos/uso-del-cubreboca? state=published

7 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-p ublic/when-and-how-to-use-masks

8 https://news.un.org/es/story/2020/12/1485002

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.– Diputadas y diputados: Mariana Dunyaska García Rojas, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Carlos Elhier Cinta Rodríguez, Adriana Dávila Fernández, Absalón García Ochoa, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Isabel Margarita Guerra Villarreal, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, Jesús Guzmán Avilés, María del Rosario Guzmán Avilés, José Martín López Cisneros, José Rigoberto Mares Aguilar, Mario Mata Carrasco, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Ector Jaime Ramírez Barba, Mario Ramos Tamez, Guadalupe Romo Romo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verástegui Ostos, Enrique Ochoa Reza, Juan Ortiz Guarneros, María Sara Rocha Medina, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Julieta Macías Rábago, Mónica Almeida López, Verónica Beatriz Juárez Piña, Hugo Rafael Ruiz Lustre, Alfredo Femat Bañuelos (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 52 y 55, y deroga el 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Óscar Eugenio Gutiérrez Camacho, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Óscar Eugenio Gutiérrez Camacho, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78, 102, numeral 1, y 285, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, conforme a la siguiente

El artículo 49 de la Carta Magna establece que en México existirá una división de Poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Poderes que, en su conjunto, representarán el Supremo Poder de la federación, pero, en lo individual, significarán un contrapeso del actuar de los otros. Bajo esta división es que se ha estructurado en México un Estado democrático, en donde los Poderes cuentan con funciones específicas encaminadas a garantizar un equilibrio de fuerzas y la unidad política del país.

Profundizando en el Poder Legislativo federal, nos encontramos con que este recae en el honorable Congreso de la Unión o Congreso General, el cual se divide en una Cámara de Senadores o Senado y una Cámara de Diputados. La primera, conformada por 128 senadoras y senadores, mientras que la segunda por 500 diputadas y diputados.

El actuar individual, así como el colaborativo entre ambos entes es de suma relevancia para garantizar el Estado democrático, ya que, por medio de la modificación del sistema jurídico mexicano, logran objetivos como: (i) el mejoramiento de la calidad de vida de las y los mexicanos; la consolidación de programas sociales; (ii) mantener el orden y seguridad en el país; (iv) el reforzamiento del estado de derecho; (v) el impulso de la participación y colaboración ciudadana; (vi) la transparencia y la rendición de cuentas; (vii) el desarrollo económico, social, político y cultural del país; entre otros. Si bien el actuar del Poder Legislativo federal siempre será cuestionable, el objeto de la presente iniciativa no se enfoca en lo funcional de las Cámaras, sino en la integración de una de estas.

Integración de la Cámara de Diputados

El numerando 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente.

Dicho precepto constitucional nos evidencia la intención del constituyente de que el cargo de diputada o diputado federal sea sujeto a un periodo de trabajo inferior al del titular del Poder Ejecutivo federal, con la intención de garantizar un correcto contrapeso, ya que todo sexenio presidencial se verá sujeto a la presencia de una Cámara de Diputados que, en dos ocasiones, sufrirá cambios internos, es decir, contará con fuerzas políticas diferentes y con pluralidades distintas de representantes populares.

Ahora bien, en artículos constitucionales siguientes, se indica que la conformación de dicha Cámara será por 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, por medio del sistema de distritos electorales uninominales, y por 200 diputadas y diputados electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

El principio de mayoría relativa puede ser entendido como un método de votación en el que la o el ganador de la contienda electoral es aquel que tenga mayor número de votos emitidos a su favor. Al ser 300 diputadas y diputados los que pueden ser electos bajo este principio, el país es dividido en 300 distritos electorales uninominales los cuales son resultado de dividir la población entre los distritos mencionados.

Por el otro lado, tenemos el principio de representación proporcional aplicable para las 200 diputaciones restantes, se constituye por 5 circunscripciones electorales plurinominales. Este método de elección de diputaciones toma como base el porcentaje de votos obtenidos por un partido político en una región del país.

Este último principio resulta cuestionable, si bien en un principio las modificaciones constitucionales de los años setenta, las cuales instauraron las diputaciones plurinominales, buscaron garantizar que las minorías contaran con voz y voto dentro de los procesos legislativos, la realidad nos ha sobrepasado.

En la actualidad y derivado de la lucha social y política de Morena, cualquier fuerza política cuenta con un nivel alto de posibilidad para resultar triunfante en los procesos electoral, desde una contienda por una presidencia municipal, hasta para el cargo de gobernante de una entidad federativa. Lo anterior se puede resumir en que, como nunca, en México existe una democracia participativa efectiva, donde el voto de la ciudadanía realmente tiene un valor y un efecto dentro de los procesos electorales, quedando atrás la simulación y el autoritarismo.

Es entonces que la existencia del principio de representación proporcional y, por efecto, la designación de 200 diputados federales bajo este principio resulta cuestionable.

Exceso de legisladoras y legisladores

En primer lugar, hay que partir de que resulta ilógico y excesivo que una Cámara de Diputados cuente con 500 integrantes, más aún cuando otros países, con mayor número de habitantes, tienen entes legislativos que no están constituidos por tantas y tantos representantes populares. Tal es el caso de Estados Unidos de América, país que cuenta con una Cámara de Representantes (el equivalente a la Cámara de Diputados en México) de 435 integrantes y una población, de acuerdo con cifras del 2014, de 318 millones de habitantes. Lo similar ocurre en Brasil, país que cuenta con una población aproximada de 190 millones de habitantes y su Poder Legislativo se conforma por 594 integrantes. Por último, Rusia pasa por la misma situación, la cual tiene una población de casi 145 millones de habitantes y un poder legislativo que no supera los 616 integrantes entre ambas Cámaras.

Es de señalarse que el hecho de que la actual Cámara de Diputados cuente con un exceso de legisladoras y legisladores, trae por efecto el entorpecimiento del actuar legislativo al obstaculizar la toma de decisiones dentro de la Cámara de Diputados, ya que, al existir un número excesivo de legisladoras y legisladores, la construcción de consensos en la toma de decisiones se dificulta y, por lo tanto, muchas veces la aprobación de leyes o reformas trascendentales en beneficio del pueblo mexicano resulta imposible.

Ante tal perspectiva, es que encuentra mayor cavidad la presente iniciativa, pues busca reducir la Cámara de Diputados y que esta guarde una verdadera razón proporcional al número de habitantes en territorio mexicano.

Una verdadera representación

De un entendimiento del principio de representación proporcional, podemos notar que este método de elección de legisladoras y legisladores no implica verdaderamente un proceso de democracia directa, es decir, las y los diputados plurinominales no fueron elegidos por la población, sino que fueron designados por los partidos políticos en función de los escaños que se les fueron asignados debido a los votos obtenidos a su favor.

Lo anterior es preocupante, puesto que, en la actualidad, 200 escaños son ocupados por una clase especial de representantes del pueblo mexicano, los cuales no necesariamente son conocidos por la ciudadanía o, peor aún, estos no conocen con exhaustividad a la población de la circunscripción que representan, así como sus necesidades principales.

En un Estado democrático como México, con tanta pluralidad de voces y tantas exigencias sociales, lo procedente es que los representantes populares sean aquellos que han sido electos y, más que nada, conocidos por las y los mexicanos. Las diputaciones plurinominales no son escaños democráticos, son escaños de designación partidista y, por efecto, no contribuyen al robustecimiento de la democracia en México.

Por último, las diputaciones plurinominales también perjudican, en cierto grado, la participación ciudadana dentro de los procesos electorales, ya que al existir cargos que son designados por los partidos y no por la voluntad del pueblo sobre un perfil específico de candidato, el desempeño del sujeto designado en la diputación no llega a satisfacer las perspectivas o necesidades del elector.

Política de austeridad

Motivados por la política federal de austeridad republicana, la eliminación de las 200 diputaciones plurinominales federales representaría un beneficio para económico el sector público, puesto que se le designarían menor cantidad de recursos al Poder Legislativo Federal, los cuales podrían ser canalizados al mejoramiento de programas sociales o la creación de nuevos, lo que implicaría un beneficio para la población mexicana y el desarrollo nacional.

Recordemos que el actuar del titular del Ejecutivo federal, ha evidencia que es posible hacer mucho con poco, en otras palabras, la Administración Pública Federal ha expuesto que, con una correcta y ética gestión de los recursos públicos, se pueden lograr beneficios significativos sin necesidad de incurrir en gastos extraordinarios.

A efecto de una mejor comprensión del proyecto, se plasma un cuadro comparativo del texto vigente y la reforma que se propone:

Por lo expuesto y fundado, convencido de los beneficios que representaría la eliminación de las 200 diputaciones plurinominales previstas en la Carta Magna, se somete a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman los artículos 52 y 55; y se deroga el artículo 54, todos de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales.

Artículo 54. Se deroga

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos.

II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;

III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella.

Se deroga.

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular.

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.– Diputado Óscar Eugenio Gutiérrez Camacho (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Idalia Reyes Miguel, del Grupo Parlamentario de Morena

Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, 76, 77, 78 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, diputada Idalia Reyes Miguel, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, presento ante esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, relativo a la facultad de iniciar leyes

El artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la facultad de iniciar leyes, se ha mantenido con pocos cambios y ha conservado el espíritu original que le otorgó el Constituyente de 1917. Más aún, este mismo cuerpo legislativo fundacional en realidad retomó las anteriores constituciones de la República para normar la prerrogativa mencionada. Es el caso de la Constitución de 1857 que establece, en su artículo 65, que el derecho de iniciar leyes compete al Presidente de la Unión, a los diputados al congreso federal y a las legislaturas de los estados, al mismo tiempo que en su artículo 66 indica que las iniciativas presentadas por el presidente de la República, las legislaturas de los Estados o las diputaciones de los mismos, pasarán a comisión, mientras las que presentaren los diputados se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates, letra prácticamente similar a la norma actual.

Con mayor anterioridad, el artículo 41 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 dice: “Cualquier diputado o senador podrá hacer por escrito proposiciones o presentar proyectos de ley o decreto en su respectiva Cámara”, mientras el artículo 52 indica que “se tendrán como iniciativas de ley o decreto: 1o. Las proposiciones que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tuviere por convenientes al bien de la sociedad, y como tales las recomendare precisamente a la Cámara de diputados; 2o. Las proposiciones o proyectos de ley o decreto que las legislaturas de los Estados dirijan a cualquiera de las Cámaras”.

Sobre la base de este contenido fundamental que se ha mantenido, el agregado más significativo es el que extiende la facultad de iniciar leyes a los ciudadanos “en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores”. En el mismo sentido, se han presentado propuestas para incluir en el proceso de creación de leyes a los órganos del Poder Judicial de la Federación, específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que implicaría adicional una fracción V al artículo 71. Sin embargo, las propuestas en esta última dirección no han prosperado.

Con respecto de la redacción original de 1917 también se sumó un párrafo que establece la naturaleza, requisitos y procedimientos relacionados con la iniciativa preferente como prerrogativa del Presidente de la República, que es aquella a la cual se le otorga un plazo máximo de 30 días naturales para ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de origen.

En el mismo sentido, el propio artículo 71 constitucional establece que corresponde a la Ley del Congreso determinar el trámite que debe darse a las iniciativas. Asimismo, el artículo 72 del mismo ordenamiento señala el procedimiento de discusión que deben seguir las iniciativas al interior de las dos cámaras y el papel del Poder Ejecutivo en el procedimiento legislativo, al mismo tiempo que remite a la Ley del Congreso como la norma para conocer la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

Al respecto, el Reglamento de la Cámara de Diputados dedica sus artículos 6, 76, 77, 78 y 102 a la facultad de iniciar leyes, dando expresión concreta a las disposiciones constitucionales. En la Fracción I del artículo 6 menciona a la facultad de presentar una iniciativa como parte de los derechos de los diputados y diputadas. En el artículo 76 establece el tiempo de hasta diez minutos para la presentación en el Pleno de una iniciativa que proponga una nueva ley o la abrogación de una existente, y el uso de hasta cinco minutos para la exposición de una iniciativa que proponga la derogación, reforma o modificación de una norma. Más sustancialmente, el artículo 77 indica el carácter irrestricto del derecho de los diputados a la iniciativa, quedando solamente sujeto a los requisitos y trámites establecidos en el Reglamento; igualmente, el mismo artículo señala el derecho a retirar una iniciativa, que corresponde solamente al autor(es) y establece la modalidad de iniciativa grupal.

Por su parte, el artículo 78 enumera los elementos indispensables de la iniciativa: encabezado o título de la propuesta, planteamiento del problema, problemática desde la perspectiva de género (en su caso), argumentos que la sustentan, fundamento legal, denominación del proyecto de ley o decreto, ordenamiento a modificar, texto normativo propuesto, artículos transitorios, lugar, fecha y nombre y rúbrica del iniciador.

Finalmente, el artículo 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece el proceso legislativo a que da pie la presentación de una iniciativa. En el caso de las presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo, Senadores y Legislaturas de los estados las iniciativas pasan directamente a la comisión que corresponda. Aquellas que son presentadas por los diputados o diputadas siguen una ruta distinta: deben registrarse ante la Junta de Coordinación Política a través de los grupos parlamentarios, instancia que las remite a la Mesa directiva para revisar que cumplan con los elementos establecidos en el artículo 78. En caso de que no se cumpla con lo anterior, el autor puede subsanar el documento previo aviso por parte de la Mesa Directiva. Una vez cumplido este procedimiento, la iniciativa deberá ser admitida por la Mesa e inscrita de inmediato en el Orden del Día para ser, posteriormente, turnada a la comisión respectiva a fin de que se le dictamine.

Con la declinación del autoritarismo mexicano -caracterizado su excesivo presidencialismo y la hegemonía absoluta del partido de estado- el Poder Legislativo cobró un nuevo protagonismo y, con ello, tomó mayor relevancia la facultad de los diputados y diputadas para iniciar leyes. Por citar un indicador, en las dos últimas décadas el número de iniciativas, tanto presentadas como aprobadas, se incrementó de forma significativa. Como refiere un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de las 138 iniciativas aprobadas en el periodo 1997-2000 se pasó a 275 en el 2000-2003, 524 en 2003-2006, 518 en 2006-2009 y 423 en el periodo 2009-2012. Por su parte, las iniciativas presentadas aumentaron de 609 en 1997-2000 a 1,207 (2000-2003), 2,826 (2003-2006), 2,725 (2006-2009) y 3,304 (2009-2012). Más significativamente, al interior de esta dinámica de crecimiento disminuyó la proporción de las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo al mismo tiempo que se incrementó la correspondiente a aquellas promovidas por los diputados y diputadas.

Este solo hecho da muestra de los problemas asociados con el nuevo protagonismo de la actividad legislativa. Para dar curso a un creciente volumen de propuestas provenientes de los legisladores se han tenido que actualizar las normas que rigen el proceso legislativo y la actividad de la Cámara en general, con la finalidad de agilizar los trámites y los procedimientos internos. Entre otras cosas, se reforzó el papel de la Mesa Directiva y de los Grupos Parlamentarios y se creó la Junta de Coordinación Política como órgano de gobierno que expresa la pluralidad de la Cámara. Además, en diversas ocasiones se ha modificado la estructura de las comisiones y comités y de la organización técnica y administrativa. En relación con la facultad de proponer leyes se ha procurado depurar la técnica legislativa detallando las características que deben cumplir las iniciativas, dictámenes y proposiciones así como los procedimientos para darles trámite (en el sentido detallado con anterioridad).

No obstante, persisten algunos problemas. Por ejemplo, el nivel de rezago en el dictamen de las iniciativas es considerable y no ha disminuido a pesar de los esfuerzos por agilizar el proceso legislativo. Esto se ha agravado por la existencia de rankings realizados por especialistas u organizaciones no gubernamentales que toman en cuenta el número de las iniciativas presentadas como parte de la medición del desempeño de los diputados y diputadas, sin ninguna consideración hacia el aspecto cualitativo, en tal forma que se ha desatado una carrera por no quedarse rezagado respecto de este indicador. Las comisiones difícilmente se dan abasto para darle curso a las propuestas recibidas. Para solucionar este problema se podrían establecer evaluaciones más estrictas en la etapa denominada por los juristas como “toma de consideración”, que es aquella establecida entre la presentación de la iniciativa y el trabajo en comisiones con la finalidad de evitar el estancamiento de las propuestas que no alcanzan viabilidad política o jurídica, carecen de viabilidad financiera o tiene defectos técnicos insalvables. Sobre todo, debería ser más estricto el procedimiento para ubicar la necesidad real de crear o modificar una ley y las demandas o necesidades sociales en que se fundamenta la propuesta. Al respecto, como señala Cabada Huerta, es necesario reconocer que en México “no existe previsión alguna sobre la valoración de las iniciativas de la autoría de los legisladores, tampoco están determinadas o, por lo menos consensuadas, las reglas de técnica legislativa elementales y, por si lo anterior no bastara, la estructura, capacidades materiales y de organización de las Cámaras del Congreso y de sus comisiones resulta insuficiente para llevar a cabo los estudios técnicos especializados necesarios. Es decir se carece de la norma que prevea la realización de la tarea y de los elementos materiales con los que se pudiera hacer frente a la misma”.

Más importante aún, existen problemas relacionados con la preponderancia de los Grupos Parlamentarios y la Junta de Coordinación Política al interior del proceso legislativo. Algunos especialistas han señalado que existe un sesgo hacia el predominio de la agenda partidista en detrimento de los intereses de los ciudadanos. Las iniciativas recibidas se cargan hacia los aspectos nacionales y sectoriales dejando de lado los temas con un enfoque local. Así, por ejemplo, González Tule ha señalado “que los intereses que defienden los diputados tienen un enfoque nacional y no local debido a elementos propios del diseño institucional en la arena electoral -el sistema de representación proporcional con listas cerradas y bloqueadas, el control sobre la nominación de candidatos y la no reelección consecutiva- así como de la dinámica interna en el Congreso -en lo concerniente a la normativa que regula la integración de sus principales órganos y la distribución de recursos”. En consecuencia, se ha suscitado “una mayor concentración del poder en la cúpula partidista y mayor capacidad de influencia de ésta sobre la toma de decisiones de sus miembros”, lo que repercute en la facultad de iniciar leyes.

Al respecto, el mismo autor encontró que, por ejemplo, en la LX Legislatura existió “una clara tendencia de apoyo a proyectos de carácter nacional (en un 63,1 por ciento), seguidos de los sectoriales (que alcanzaron un 35,5 por ciento)”, en detrimento de las iniciativas locales (1.5 por ciento). Esta tendencia es similar a la del resto de los países latinoamericanos pero contraria a la existente en los Estados Unidos de Norteamérica “donde los miembros de la Cámara de Representantes tienen a su distrito electoral como principal objetivo”. Esto no es precisamente un fenómeno negativo. Entre otras cosas, refleja que el Poder Legislativo tiene capacidad de generar propuestas de largo alcance y puede erigirse como un actor capaz de representar los intereses generales de la sociedad. Pero, por otra parte, expresaría el inconveniente de que los diputados y diputadas estarán prestando poca atención a sus clientelas electorales a nivel local. Adicionalmente, dado que la mayor parte de las iniciativas con enfoque local son presentadas a título individual y, en su mayor parte, desechadas, esta dinámica traduce el poco peso de las individuales frente a las decisiones de partido.

Como se ha señalado anteriormente, la reducción considerable de la “capacidad del legislador para actuar como emprendedor de política parroquial” estaría determinada, en el caso mexicano por la nueva configuración de fuerzas entre poderes, la combinación de un sistema de representación proporcional de listas cerradas y bloqueadas con el control sobre las nominaciones de los candidatos, la no reelección inmediata y las reglas que rigen la dinámica interna del Congreso.

En el último caso, es necesario señalar como determinante “las normas internas del Congreso a través de las cuales se dota a los líderes de las bancadas tanto de recursos económicos para distribuir entre sus miembros como de poder para determinar cargos y establecer la agenda”. Particularmente, “es notorio que la Junta de Coordinación Política controla gran parte de la agenda legislativa” y que el entramado institucional que rige a la Cámara “potencia el poder de las dirigencias y reduce los incentivos para actuar individualmente o fuera de la línea partidista”.

Como se podrá advertir, todo esto es resultado de la transición de un régimen político de partido único hacia un sistema partidista de responsabilidad gubernamental compartida, por lo que tuvo cierta funcionalidad para un periodo de tiempo específico. Sin embargo, en la actualidad, tomando en cuenta el nuevo giro democratizador que experimenta la vida política mexicana, será necesario hacer algunos ajustes con la finalidad de que los diputados y diputadas expresen los intereses inmediatos de sus electorales en una proporción mayor a la que tienen en la actualidad, dejando de expresar preponderantemente los intereses partidistas o de grupos de poder específicos al interior del parlamento.

En sentido, nuestra propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara de Diputados sería como a continuación se detalla:

Propuesta

Por todo lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, 76, 77, 78 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente

Decreto que reforma el artículo 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, relativo a la facultad de iniciar leyes

Artículo Uno. Se reforma el numeral 2 del artículo 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en sus fracciones I y II, para quedar como sigue:

Artículo 102.

1. ...

2. Las que presenten las diputadas y diputados, se sujetarán a lo siguiente:

I. Se deberán registrar ante la Mesa Directiva, a través de su Grupo Parlamentario o mediante trámite individual.

II . La Mesa Directiva revisará que la iniciativa reúna los elementos necesarios establecidos en el artículo 78 de este Reglamento; adicionalmente, la Mesa Directiva garantizará que todos los diputados y diputadas tengan igualdad de oportunidades en el ejercicio de su facultad de iniciar leyes y resolverá los recursos de inconformidad presentados al respecto por los legisladoras y legisladoras en un plazo máximo de tres días hábiles.

III. a VI. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, el día 16 de febrero de 2021.– Diputada Idalia Reyes Miguel (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, en materia de infraestructura pública para su atención, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada federal Socorro Irma Andazola Gómez, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 1 fracción I del artículo 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, en materia de Infraestructura Pública para su atención, al tenor de la siguiente:

Desde hace algunos años y hasta nuestros tiempos, se ha hablado mucho sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), tan abundante, que diversas organizaciones Nacionales e Internacionales tanto sociales como gubernamentales han impulsado iniciativas para su reconocimiento como un problema de salud del desarrollo psicosocial y su incorporación necesaria a la agenda pública.

Sin embargo, los esfuerzos pareciera que no han terminado por atender en su totalidad la problemática que el TEA trae consigo, entendiendo que no basta con la generación del discurso inclusivo y un marco legal que lo haga visible con expectativas de su atención, sino que en la práctica faltan acciones integrales desde políticas públicas hasta lo social, que se entrelacen y coadyuven para incorporar soluciones definitivas, como la existencia de una mayor infraestructura educativa pública, escuelas y centros de atención especializadas y capacitación en los diferentes ámbitos que atraviesan la condición del TEA.

Planteamiento del problema

En nuestro país, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) carece de la suficiente infraestructura pública, capacitación y educación integral, para que los problemas que esta condición trae consigo, sean atendidos de forma adecuada en sus diferentes etapas en el desarrollo de los individuos que lo padecen.

“Un obstáculo frecuente radica en los conocimientos insuficientes y las ideas equivocadas que tienen los profesionales sanitarios sobre los TEA”. 1

En las definiciones que se pueden encontrar en los tratados, pronunciamientos, discursos y legislación contemporánea, se identifican compromisos enfocados a atender los efectos y la problemática asociada al TEA, en función de diversas recomendaciones o caminos pertinentes como mecanismos o herramientas fundamentales para la solución o alternativas de solución de esta afección, esto incluye aspectos que van desde el diagnóstico temprano, el seguimiento y estrategias que todo el mundo dice adoptar.

Tal es el caso de lo que la Organización Mundial de la Salud expresó en un artículo publicado en su página oficial en noviembre de 2019 en su apartado denominado “Evaluación y conducta clínica”, a propósito del TEA, y que a la letra dice:

“Una vez que se haya identificado un caso de TEA, es importante que se les ofrezca al niño y a su familia información y servicios pertinentes, derivación a especialistas y ayudas prácticas de acuerdo con las necesidades particulares de cada individuo. No hay cura conocida para los TEA. Sin embargo, las intervenciones psicosociales basadas en la evidencia, como la terapia conductual y los programas de capacitación para los padres y otros cuidadores, pueden reducir las dificultades de comunicación y comportamiento social, y tener un impacto positivo en la calidad de vida y el bienestar de la persona”.

Las necesidades de atención sanitaria de las personas con TEA son complejas y requieren una serie de servicios integrados de promoción de la salud, atención y rehabilitación, así como la colaboración con otros sectores, tales como la educación, el empleo y la asistencia social.

Sin embargo, al parecer no ha sido suficiente por que la intención de su merecida solución, no ha producido los resultados óptimos para su seguimiento y atención necesaria y se ha quedado incluso, en el fortalecimiento de los marcos legales en diferentes países incluyendo a México.

Es necesario enfatizar, que si bien los esfuerzos han sido loables, no terminan por abarcar y satisfacer las necesidades de quienes padecen algunas de sus variantes y los problemas que trae consigo el TEA a nivel familiar y social que es donde se sufren los estragos y apreciación de una falta de atención para encontrar las soluciones que esa población ha esperado con la implementación de la política publica que si bien ha avanzado, no ha sido suficiente y en la que han puesto sus esperanzas.

Antecedentes y Argumentos

El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas instauró el día 02 de abril de cada año, para conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo., invitando a realizar acciones para sensibilizar y concientizar a más personas sobre las condiciones del espectro autista.

El autismo es una condición de vida, cuyas causas se desconocen, aunque se cree en la existencia de un factor genético asociado a un componente ambiental. El autismo afecta en mayor o menor medida la interacción social por medio de la comunicación, la conducta, el lenguaje y la integración sensorial de las personas.

El autismo no es una enfermedad, las personas que viven con él tienen una manera diferente de interpretar las palabras, los colores, las formas y los sonidos del mundo que nos rodea, por lo que con tratamiento terapéutico personalizado y especializado, se logra incrementar la calidad de vida. 1

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 160 niños presenta esta condición en el mundo y la incidencia se incrementa un 17% al año. Cada año se diagnostican más niños con autismo que con SIDA, cáncer y diabetes juntos. 2

El único estudio que existe en México, impulsado por Autism Speaks (2016) estima que 1 de cada 115 niños tiene autismo, es decir, casi 1% de la población infantil, sin embargo, la incidencia en la vida adulta, así como el conocimiento de su situación en la adolescencia se desconoce. 1

Por su lado, El 7 de noviembre de 2019 la Organización Mundial de la salud, publicó un artículo dedicado al TEA en el que ofreció los siguientes datos: 3

• Uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista (TEA).

• Los TEA comienzan en la infancia y tienden a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta.

• Aunque algunas personas con TEA pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida.

• Las intervenciones psicosociales basadas en evidencias, como la terapia conductual y los programas de capacitación para los padres, pueden reducir las dificultades de comunicación y comportamiento social, y tener un impacto positivo en el bienestar y la calidad de vida de las personas con TEA y de sus cuidadores.

• Las intervenciones dirigidas a las personas con TEA deben acompañarse de medidas más generales que hagan que los entornos físicos, sociales y actitudinales sean más accesibles, inclusivos y compasivos.

• Las personas con TEA sufren estigmatización, discriminación y violaciones de los derechos humanos. Su acceso a los servicios y al apoyo es insuficiente a nivel mundial.

Los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo.

Los TEA aparecen en la infancia y tienden a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta. En la mayoría de los casos se manifiestan en los primeros 5 años de vida.

Los afectados por TEA presentan a menudo afecciones comórbidas, como epilepsia, depresión, ansiedad y trastorno de déficit de atención e hiperactividad.

El nivel intelectual varía mucho de un caso a otro, y va desde un deterioro profundo hasta casos con aptitudes cognitivas altas.

Epidemiología

Se calcula que uno de cada 160 niños tiene un TEA. Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los distintos estudios. No obstante, en algunos estudios bien controlados se han registrado cifras notablemente mayores. La prevalencia de TEA en muchos países de ingresos bajos y medios es hasta ahora desconocida.

Según los estudios epidemiológicos realizados en los últimos 50 años, la prevalencia mundial de estos trastornos parece estar aumentando. Hay muchas explicaciones posibles para este aparente incremento de la prevalencia, entre ellas una mayor concienciación, la ampliación de los criterios diagnósticos, mejores herramientas diagnósticas y mejor comunicación.

Causas

La evidencia científica disponible indica la existencia de múltiples factores, entre ellos los genéticos y ambientales, que hacen más probable que un niño pueda padecer un TEA.

Los datos epidemiológicos disponibles demuestran de forma concluyente que no hay pruebas de una relación causal entre los TEA y la vacuna contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola. Los estudios anteriores que señalaban una relación causal estaban plagados de errores metodológicos.

Tampoco hay prueba alguna de que otras vacunas infantiles puedan aumentar el riesgo de TEA. Los exámenes de los datos sobre una posible asociación entre el riesgo de TEA y la presencia en las vacunas inactivadas del conservante tiomersal o de adyuvantes con aluminio han concluido firmemente que las vacunas no incrementan dicho riesgo.

Evaluación y conducta clínica

La intervención en la primera infancia es muy importante para optimizar el desarrollo y bienestar de las personas con un TEA. Se recomienda incluir el seguimiento del desarrollo infantil en la atención sistemática a la salud de la madre y el niño.

Una vez que se haya identificado un caso de TEA, es importante que se les ofrezca al niño y a su familia información y servicios pertinentes, derivación a especialistas y ayudas prácticas de acuerdo con las necesidades particulares de cada individuo. No hay cura conocida para los TEA. Sin embargo, las intervenciones psicosociales basadas en la evidencia, como la terapia conductual y los programas de capacitación para los padres y otros cuidadores, pueden reducir las dificultades de comunicación y comportamiento social, y tener un impacto positivo en la calidad de vida y el bienestar de la persona.

Las necesidades de atención sanitaria de las personas con TEA son complejas y requieren una serie de servicios integrados de promoción de la salud, atención y rehabilitación, así como la colaboración con otros sectores, tales como la educación, el empleo y la asistencia social.

Las intervenciones dirigidas a las personas con TEA y otros trastornos del desarrollo deben acompañarse de medidas más generales que hagan que sus entornos físicos, sociales y actitudinales sean más accesibles, inclusivos y compasivos.

Efectos sociales y económicos

Los TEA pueden limitar de manera significativa la capacidad de una persona para sus actividades diarias y su participación en la sociedad. A menudo influyen negativamente en los logros educativos y sociales y en las oportunidades de empleo.

Aunque algunas personas con TEA pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida.

Muchas veces los TEA suponen una carga emocional y económica para las personas que los padecen y para sus familiares. La atención a los niños con formas graves de TEA puede ser exigente, especialmente cuando el acceso a los servicios y el apoyo son insuficientes. Por consiguiente, se reconoce cada vez más que el empoderamiento de los cuidadores es un componente crítico de la atención a los niños con TEA.

Derechos humanos

Las personas con TEA a menudo son objeto de estigmatización y discriminación, que incluye la privación injusta de atención sanitaria, educación y oportunidades para participar en sus comunidades.

Las personas con TEA pueden tener los mismos problemas de salud que afectan al resto de la población. Además, pueden tener otras necesidades asistenciales especiales relacionadas con el TEA u otras afecciones comórbidas. Pueden ser más vulnerables a padecer enfermedades no trasmisibles crónicas debido a factores de riesgo como inactividad física o malas preferencias dietéticas, y corren mayor riesgo de sufrir violencia, lesiones y abusos.

Al igual que el resto de individuos, las personas con TEA necesitan servicios de salud accesibles para sus necesidades sanitarias generales, en particular servicios de promoción, prevención y tratamiento de enfermedades agudas y crónicas. Sin embargo, en comparación con el resto de la población, las personas con TEA tienen más necesidades sanitarias desatendidas y son también más vulnerables en caso de emergencia humanitaria y epidemias o pandemias.

Un obstáculo frecuente radica en los conocimientos insuficientes y las ideas equivocadas que tienen los profesionales sanitarios sobre los TEA.

Asimismo, en el artículo publicado también por la OMS en abril de 2016, 4 denominado “Preguntas y respuestas sobre los trastornos del espectro autista (TEA)”, resalta una de las respuestas a la pregunta ¿Qué es el autismo?, que en sí, significa una definición de gran importancia que aclara ciertos aspectos de ésta condición, al expresar que: “Los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de complejos trastornos del desarrollo cerebral. Este término genérico abarca afecciones tales como el autismo, el trastorno desintegrador infantil y el síndrome de Asperger. Estos trastornos se caracterizan por dificultades en la comunicación y la interacción social y por un repertorio de intereses y actividades restringido y repetitivo”.

Por lo que se infiere una gama (por decirlo así) de afecciones que marcan el nivel o grado de gravedad del espectro, en los individuos que lo padecen y que son definitivos en el grado de necesidades de atención a la discapacidad que estos ocasionan a los afectados.

Lo que, en la práctica se pudiera decir, determina las alternativas de solución, pero también de exclusión o discriminación social, tanto en los sectores educativos y de atención de seguridad social.

No olvidemos que esos grados de gravedad traen consigo diversos niveles que pueden o no, mostrar desde etapas tempranas la existencia del padecimiento e incluso, no mostrar rasgos claros del mismo, lo que complica el diagnóstico.

Por lo que por ejemplo, se considera trascendental traer a esta exposición, las palabras de la Neuróloga Pediatra del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud, Matilde Ruíz García quien en un programa de Diálogos en confianza 5 del canal 11 del IPN dijo: “Si un profesor identifica una conducta poco habitual en un infante que lo diferencia del resto, debe decírselo a sus padres”.

Es decir, el compromiso de atención de esta afección o condición, es de todos y todas, desde el núcleo familiar hasta los centros educativos tanto privados como públicos, pero en la práctica no se da en ese sentido. Lo más seguro, es que, no es que no se desee ayudar y formar parte de la solución, sino que no se tiene la infraestructura suficiente ni la preparación y/o capacitación en educación especial de forma profesional.

Por su parte México, en congruencia con los compromisos tácitos con su sociedad, se ha visto históricamente transitando en un camino para solucionar esta problemática que aqueja a una población cada vez más creciente y ha avanzado en la atención de esta afección en la que incluso ha adoptado diversas políticas públicas movidas desde las organizaciones de la sociedad civil hasta que en el año 2015 fue promovida, aprobada y promulgada la “Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista”

El objeto de este ordenamiento, fue y es impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales, a través de la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y los Municipios, y de la sociedad en general.

Con la promulgación de esta Ley General, se previó el marco jurídico que permitiera implementar acciones coordinadas en materia de salud, educación, capacitación, empleo, deporte y recreación, logrando la inclusión de estas personas a la sociedad, 6 algo que de por sí fue una buena intención.

Con estas frases, que hasta hoy se pueden leer en la página oficial de la Secretaría de Salud de nuestro país, se celebraba con bombo y platillo la promulgación del marco legal que se suponía debería ser suficiente para que las personas con la condición del Espectro Autista encontrarían solución junto con sus familias, al histórico rezago en la atención de sus diversas necesidades.

Sin embargo, desde aquel 30 de abril de 2015 conforme pasó el tiempo, no se ha avanzado lo que se esperaba en este tema de salud y pareciera que pasó de inmediato a ser letra muerta.

En aquel momento, ante legisladores, gobernadores, representantes de la sociedad civil y padres de familia, reunidos en el Patio de Honor de Palacio Nacional, la entonces titular de la Secretaría de Salud, destacó que dicha Ley establecía la creación de una Comisión Interinstitucional donde convergerían las dependencias gubernamentales para desarrollar estrategias y fortalecer políticas orientadas a atender las necesidades de este sector de la población.

El contenido de la iniciativa que creó la Ley en comento, incluyó conceptos, preceptos y propuestas de avanzada que le merecieron su aprobación que son defendibles hasta este momento en mérito de la causa y de la solución integral de esta problemática.

En su momento, el dictamen que sirvió para dar paso a la creación de la “Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista” expuso lo referente a los derechos defendidos y previstos en nuestra Constitución y que a la letra dicen:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1o. que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece...”.

Igualmente, señala que “...Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley...”.

Agrega “...Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas...”.

Y dentro de los argumentos de la iniciativa y el propio dictamen se enfatizó que la iniciativa propuesta, era consecuente con la tendencia mundial en cuanto a la promulgación de leyes especiales para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista.

Por lo que la validez de la norma jurídica que se propuso, se creó de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de discapacidad.

Sin embargo, en la vida diaria existen miles de familias que no han encontrado el apoyo que permita tratar con la suficiente atención y eficacia los casos de sus familiares que sufren de alguno de los trastornos del espectro autista, sobre todo en el tema de la inclusión.

Hoy se sabe por las anécdotas y experiencias vividas por las familias que lo padecen, el hecho de no contar con escuelas públicas suficientes que tengan profesionistas con la preparación necesaria para atender correctamente los casos que se lleguen a presentar en las aulas en los niveles básicos educativos que de forma “especial” se requieran y que incluso está prevista en la legislación mexicana y que debería de ser gratuita.

En otras palabras, las escuelas que existen en las que se cuenta con especialistas en la atención educativa a estudiantes con TEA, la mayoría son privadas, son muy costosas e insuficientes, lo que implica un grado de exclusión para este sector poblacional. Es por lo que se puede inferir y confirmar el hecho de que se debe adecuar y modernizar el marco legal de nuestro país en materia de educación, infraestructura y capacitación desde las aulas de aquellos y aquellas que han elegido ser docentes en los diferentes niveles de la educación en México, sobre todo a nivel básico que es la etapa en que se deben dar el diagnóstico y su primer tratamiento.

Por lo anteriormente expuesto, considero que es necesario proponer las reformas en materia de infraestructura suficiente como escuelas, centros de atención y habilitación de educación especial, para ese sector de la población que hasta ahora sigue vulnerable, por lo que propongo modificaciones a la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista en esta materia, que de aprobarse las diputadas y los diputados de esta Legislatura estaremos aprovechando la oportunidad de trascender con hechos, al proveer de un marco legal moderno que atienda de fondo las necesidades en materia de Infraestructura necesaria para la atención e inclusión efectiva de las personas con la condición del Trastorno del Espectro Autista.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, en materia de infraestructura pública para su atención.

Artículo Único. Se reforman las fracciones IV y IX del artículo 6 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, para quedar como sigue:

Artículo 6. Los principios fundamentales que deberán contener las políticas públicas en materia del fenómeno autístico, son:

I a la III ...

IV. Inclusión: Cuando la sociedad y el estado, en sus diferentes órdenes y niveles de gobierno actúa n sin discriminación ni prejuicios e incluye a las personas con la condición del espectro autista, considerando que la diversidad es una condición humana;

V a la VIII  ...

IX. Transparencia: El acceso objetivo, oportuno, sistemático y veraz de la información sobre la medición, magnitud, políticas, programas, evaluación y resultados de las acciones puestas en marcha por las autoridades participantes en la gestión y resolución del fenómeno autista, y

X ...

Artículo 10. Se reconocen como derechos fundamentales de las personas con la condición del espectro autista y/o de sus familias, en los términos de las disposiciones aplicables, los siguientes:

I a la XXII  ...

Para lo cual, el estado garantizará la existencia de infraestructura educativa y de salud suficiente en el territorio nacional y la operación eficiente de centros de educación especializada que sirvan de mecanismo de inclusión e incorporación paulatina a planteles educativos públicos y privados de los individuos con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spec-trum-disorders

2 https://www.gob.mx/conadis/es/articulos/dia-mundial-de-concien-ciacion-sobre-el -autismo?idiom=es

3 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spec-trum-disorders

4 https://www.who.int/features/qa/85/es/

5 https://www.youtube.com/watch?v=B8WVhKrMCF0

6 https://www.gob.mx/salud/prensa/se-promulga-ley-general-para-la-atencion-y-prot eccion-a-personas-con-la-condicion-del-espectro-autista

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.– Diputada Socorro Irma Andazola Gómez (rúbrica).»